LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL Y EL PROCESO DE PAZ EN

COLOMBIA Sofía Ríos Fernando Giraldo Partido Comunista Colombiano Clandestino Frente Urbano y Rural Jacobo Arenas FURJA

El desarrollo de los diálogos entre FARC-EP y el gobierno nacional en La Habana (Cuba) para

allanar una serie de respuestas a problemáticas de tipo social, económico, cultural y político que

padece el país, ha despertado el interés por parte de múltiples actores sociales en Colombia y a

nivel internacional, pues constituyen sin duda alguna, una nueva posibilidad de implementar una

serie de transformaciones al Estado que permitan avanzar en el camino de la reconciliación y la

reconstrucción nacional. Movimientos sociales, partidos de izquierda, expresiones progresistas y

democráticas, sectores académicos y múltiples organizaciones sociales y populares que en la

última década defendido las banderas de la paz con justicia social, han manifestado su apoyo a

través de acciones concretas, como la movilización social del pasado 9 de abril. La cual constituye

la expresión más reciente del clamor popular por la paz con justicia social.

Este respaldo popular se acrecienta con optimismo en grupos sociales que han sido maltratados

por la acción guerrerista y la intensidad del conflicto armado colombiano en las últimas décadas.

Los presos políticos imputados o condenados en las cárceles del país; exiliados y refugiados en el

exterior; los campesinos despojados por el accionar de grupos paramilitares y megaproyectos

extractivistas; las familias de los desaparecidos y víctimas de las ejecuciones extrajudiciales; las

poblaciones periféricas de la Colombia profunda así como la mayoría de colombianos, afirman su

deseo e ilusión de vivir en un país, en un territorio de paz con justicia social en el que el interés

colectivo y altruista prime sobre la acción de un Estado transformado. Sin embargo es necesario

objetivar dicho anhelo y apreciar las condiciones actuales del campo político colombiano para

develar como el actual gobierno nacional no está interesado en aplicar una serie de

transformaciones necesarias en sus estructuras que garanticen el retorno del pueblo en armas al

campo político institucional.

En este artículo mencionaremos algunos elementos que dan cuenta de esta situación política

actual de país. A la luz de aspectos sustanciales como son los megaproyectos, el paramilitarismo y

la política internacional pretendemos poner al descubierto el talante del gobierno de Santos y su

real interés en la mesa de conversaciones de la Habana.

Megaproyectos y extensión del extractivismo

Mina de explotación de oro. Marmato Caldas

En el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y

duradera, suscrito entre las FARC EP y el Gobierno Nacional, se estableció como primer punto de

discusiones la política de desarrollo agrario integral, para impulsar la integración de las regiones y

el desarrollo social y económico equitativo del país. El tema de la tierra y el desarrollo agrario,

sumado a la violencia estatal y el cierre del juego político, ha sido una de las principales

problemáticas que generó el alzamiento en armas en la década de 1950 por parte de los

campesinos, así como la multiplicación y consolidación de grupos insurgentes desde la década de

1960. La aparición de las FARC-EP y su Programa Agrario Guerrillero de 1964 dan cuenta de esa

lucha campesina que se ha ido consolidando como proyecto político y militar a nivel nacional.

En Colombia actualmente la tierra continua un proceso ascendente de concentración con un

índice de Gini de 0,875 (PNUND, 2011), ubicándose como uno de los países con mayor desigualdad

en la tenencia de la tierra. Lo que pone de relieve la aguda situación del campo colombiano y a su

vez, la legítima y justa resistencia del pueblo en armas por un país con tierra para el que la trabaja.

A finales de mayo del presente año, desde La Habana se anunció que las delegaciones de las FARC-

EP y el Gobierno Nacional pasarían al segundo punto de la agenda pactada asociado al tema de la

participación política. Pero se reiteró por parte de las FARC-EP que aún quedaban asuntos

pendientes del primer punto asociados principalmente con la minería y el latifundio.

El impulso de la minería hace parte de las políticas centrales de desarrollo que ha definido el

gobierno de Santos, dándole continuidad al proceso de flexibilidad normativa (Ley 685 de 2001;

Ley 1382 de 2010), iniciado a comienzos de la década del 2000. Lo que implica mayores beneficios

a la minería transnacional a gran escala a la vez que se ilegaliza la pequeña minería y/o minera

artesanal. En el actual Plan de Desarrollo Minero se establece que “en el año 2019 la industria

minera colombiana será una de las más importantes del continente y habrá ampliado

significativamente su participación en la economía Nacional”. Solo entre 2002 y 2009 las

concesiones en zonas de paramo pasaron de 77.000 a 122.000 hectáreas y el área titulada para la

explotación minera pasó de 1 millón a 8.5 millones.

La minería como eje de desarrollo para el gobierno de Santos se traduce en la prolongación de un

modelo basado en la extracción de los recursos naturales no renovables que dejan fuertes

impactos para la nación. Actualmente cerca del 40% del territorio nacional se encuentra solicitado

por compañías para la explotación minera. Ello implica la ocupación del territorio; el

desplazamiento forzado de comunidades; así como la construcción de infraestructura para el

transporte de la minera (ferrocarriles, helipuertos, carretas privadas) que poco o nada le sirve a las

comunidades. En materia económica esta actividad no genera ni el 1% de empleo, sumado a que

las compañías pagan muy bajos impuestos y regalías. El caso de Cerro Matoso evidencia esta

situación, a la cual el gobierno le acaba de renovar la licencia por 40 años más.

Desplazamiento, rompimiento del tejido social, represión, criminalización, desterritorialización,

aumento de la pobreza y del paramilitarismo son consecuencias generadas por la actividad minera

desplegada en todo el territorio nacional. A esto se le suman un impacto ambiental que se expresa

en la generación de conflictos por el agua, la afectación de los suelos, flora, fauna y clima, así

como graves impactos en la salud de las comunidades. Esta situación de precariedad ambiental

generada por la actividad minera no es ni controlada ni regulada por el Estado.

Actualmente el gobierno facilita el impulso y desarrollo de proyectos mineros a gran escala en el

país. El proyecto de explotación minera a cielo abierto en el municipio de Marmato Caldas o el de

La Colosa en Cajamarca Tolima son algunos de los más emblemáticos en la actualidad. En

Marmato, se estiman reservas de oro entre 7.5 a 9.7 millones de onzas y 57 millones de onzas de

plata, que generaría la explotación a cielo abierto, y en consecuencia el desplazamiento forzado de

más de 4.000 habitantes. Mientras que el proyecto de Cajamarca implicaría “una devastación

ecológica y privaría de agua a 4 millones de colombianos que dependen de sus fuentes hídricas”,

tal y como lo advirtió el Comandante de las FARC – EP Iván Márquez el 17 de octubre de 2012 en

Oslo Noruega.

Advertimos entonces como el tema del desarrollo minero definido por el actual gobierno,

constituye la perpetuación del extractivismo como modelo de desarrollo para el país. Un modelo

que se impuso desde la invasión de los españoles a América hace más de 500 años y que

actualmente se prolonga y acentúa, generando el despojo; el desplazamiento forzado; la

represión; la desterritorialización y la corrupción. El mantenimiento de esta apuesta de desarrollo

obliga al sostenimiento de la resistencia popular y armada que hacen las FARC EP quienes a través

de su accionar político militar, han impedido que la “locomotora minera” se aplique a fondo en

paramos, zonas protegidas y andes colombianos.

Por esta razón la mesa de diálogos de La Habana al hablar de desarrollo rural integral y definir

puntos para su reinvención, debe atender necesariamente la exigencia del pueblo colombiano a

redefinir el modelo de desarrollo basado en el extractivismo. La minería, sus implicaciones y

alternativas a este modelo deben estar sobre la mesa de negociaciones si se quiere atender

realmente las causas que motivan el alzamiento en armas. Si se quiere definir una paz con justicia

social que logre el desarrollo social y económico del campo colombiano, el replanteamiento del

modelo extractivista es un asunto transversal.

Paramilitarismo y acentuación de la persecución política El proceso de desmovilización de los grupos paramilitares emprendido por Álvaro Uribe Vélez

durante sus ocho (8) años de gobierno, cada vez se pone en entre dicho, advirtiendo que no hubo

desmonte de sus estructuras militares ni políticas. Fue más bien un proceso que buscó generar un

impacto mediático sobre la opinión pública y cierta sensación de seguridad y de pacificación que

no tuvo el resultado esperado.

Múltiples informes de

organizaciones nacionales e

internacionales han

evidenciado como el accionar

de dichos grupos sobre las

poblaciones, organizaciones

sociales y líderes políticos no

solo continúa sino que se

acentúa. Así lo evidenció

recientemente el CINEP1 al

revelar que en el 2011 se

presentaron 85 víctimas de

ejecuciones extrajudiciales,

mientras que para 2012 fueron

52. (Verdad Abierta, 2013). La

existencia de exterminio al

opositor político y anulación de

movimientos sociales a través

de la deslegitimación y la

represión legal se ha

consolidado.

1 Centro de Investigación y Educación Popular

Fosa Común 2011. Inti Maleywa

Esta consolidación del accionar paramilitar va de la mano con la relación estrecha e histórica que

han tenido estos grupos con la policía nacional y las fuerzas militares. Muestra de ello son las

recientes declaraciones del jefe paramilitar Henry López Londoño alias “Mi Sangre”, quien asevera

que:

“es imposible que en Colombia una iniciativa como la de las autodefensas surgiera si

no estaba coordinada con la Fuerza Pública. Varias veces he dicho que lo que se dice

del ex general Mauricio Santoyo (ex jefe de seguridad en la Casa de Nariño durante el

gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y condenado en Estados Unidos por sus

nexos con el paramilitarismo) es un juego de muñecas en comparación con lo que sé

de otros generales.

La Policía ponía a nuestro servicio las zonas que ellos tenían bajo su control: eran

permisivos con nosotros, nos brindaban seguridad, nos avisaban de algún operativo.

Ellos estaban pendientes de todo lo que nos ponía en riesgo para alertarnos. Yo me

senté con oficiales de la Policía de Medellín y Bogotá. Me senté con gente del Gaula,

DIJIN y SIJIN. Varios de ellos ya me conocían del Bloque de Búsqueda en Medellín,

cuando perseguíamos a Pablo Escobar.

Se trabajó también con el RIME 5 del Ejército, pero lo mío siempre fue con la policía”

(Verdad Abierta, 2013).

Las violaciones a los DDHH, ejecuciones extrajudiciales y la agudización de la crisis humanitaria en

general son el resultado de un alianza macabra entre paramilitares y fuerza pública diseñada para

defender el establecimiento que les ha resultado bastante efectiva a las elites políticas y

económicas colombianas.

Más que desmovilización de grupos paramilitares a lo que asistimos en la actualidad es a una

removilización o reorganización de los grupos paramilitares, que el gobierno insiste en denominar

Bandas Criminales Emergentes (BACRIM) y de ese modo desactivar su carácter paraestatal.

Ciudades como Medellín, Cali y Riohacha están asediadas en su totalidad por su accionar. En el

2012 se nota un incremento de estos grupos, que pasaron de tener presencia en 209 municipios a

tenerla en 337 municipios (Rey Marcos & Pineda Ariza, 2013). Este proceso de dominación sobre

las ciudades y parte del territorio nacional va de la mano con la intensificación de amenazas a

periodistas (Ricardo Calderón y periodistas del Cesar), investigadores (León Valencia y Ariel Ávila),

sindicalistas (Caso Educal y Sintraelecol en Caldas) entre otros, reiterando de esta manera un

proceso de imposibilidad de participar libre y legalmente en el campo político colombiano.

Esta apuesta removilización paramilitar aparece como un factor que debe abordarse en la mesa de

conversaciones de La Habana. Su desmonte debe ser una condición sine qua non para cualquier

proceso de reconstrucción nacional que pretenda garantizar los derechos para el ejercicio de la

política de movimientos sociales y múltiples expresiones populares de la sociedad en general. Un

escenario sin la resistencia armada de las FARC-EP sin desmontar las estructuras paramilitares, lo

que provocaría seria la consolidación de estas estructuras paraestatales en todo el territorio

nacional. Muestra de ello fue la recién tregua unilateral de dos meses (diciembre - enero)

declarada por las FARC-EP, en el que el accionar paramilitar se incrementó, generando el

desplazamiento de 2.548 personas en este periodo, ocasionando un incremento del 281%,

afectando a 5325 personas, comparado con el mismo periodo del año pasado (Rey Marcos &

Pineda Ariza, 2013).

Vemos entonces como la actividad de los grupos paramilitares, impulsada y mantenida hasta la

actualidad por el Estado colombiano, representa un tema que se debe atender necesariamente en

cualquier esfuerzo que pretenda cimentar y ampliar el escenario político institucional. El tema de

la participación política y las garantías para el ejercicio de la oposición pasan necesariamente por

el reconocimiento de la acción estatal y su compromiso al desmontar dichas estructuras. Incluso

es importante advertir como esta apuesta tiene un vínculo estrecho con el primer punto de la

agenda de La Habana asociado al Desarrollo Rural, pues solo el desmonte del paramilitarismo y la

mano negra que cubre la acción estatal puede acabar con el despojo y garantizar el retorno de

más de 5 millones de desplazados y más de 500 mil refugiados. Pero hoy en el país, aún no hay

garantías para eso. Muestra de ello es que en tres años que tiene la ley de restitución de tierras

han sido asesinados 53 líderes campesinos; para febrero de este año 683 reclamantes de tierra

estaban altamente amenazados, especialmente en departamentos de influencia paramilitar como

el Cesar, Córdoba, Antioquia y Choco. Adicional a ello 54 jueces y magistrados especializados en

restitución de tierras han sido gravemente amenazados (Semana, febrero 2013). Una búsqueda de

la paz en el que el Estado no garantice el respeto y bienestar del pueblo colombiano, tal y como lo

pretende el gobierno actual, no será una paz estable, justa, ni mucho menos duradera.

Política internacional en detrimento de la paz

El gobierno de Juan Manuel Santos recientemente ha realizado una serie de alianzas y acuerdos

con grupos de países y agencias internacionales como la OCDE, la Alianza del Pacifico y la OTAN. Lo

que da cuenta del mantenimiento de una política internacional de Estado que pretende hacer de

Colombia la punta de lanza o puerta de entrada para mantener el intervencionismo político y

económico en los países de América Latina y el caribe. A finales de mayo el vicepresidente de los

Estados Unidos Joe Biden visitó el país, para reiterar este papel estratégico que Colombia tiene

sobre la región.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE funge como el club de 34 de

algunos de los países más poderosos del planeta en el campo económico (los BRICS2 no participan

allí), desde donde se diseñan políticas y estrategias de corte neoliberal que buscan estimular la

inversión extrajera, el libre mercado y la reducción de la acción del Estado como institución

estatal. Colombia al lado de Chile y México son los únicos países de América Latina que participan

en dicho club.

2 Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica

Precisamente Chile y México, además de Perú y Costa Rica también hacen parte de la recién

reimpulsada Alianza del Pacifico. Esta alianza, es un bloque comercial que estimula la integración

económica regional a partir de criterios como libre mercado, desgravación arancelaria e

intensificación de los flujos comerciales, es decir, la continuación de las reglas del juego

económico contempladas en los Tratados de Libre Comercio TLC. Esta Alianza tiene además por

objeto hacerle contrapeso a los proyectos de integración latinoamericana guiada por principios

como la solidaridad, la consolidación de mercados internos y autodeterminación como son

MERCOSUR, UNASUR, ALBA3 y CELAC4. Lo que se traduce en un reimpulso al proyecto de

integración regional bajo criterios del libre mercado diseñado por los Estados Unidos desde la

década de 1990 conocido como el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas ALCA. En este

contexto Colombia se reafirma como un agente estratégico para la apuesta de Estados Unidos de

reforzar su influencia en América Latina y recuperar el control de las economías y los mercados

internos de nuestros países.

Esta consolidación de la relación de Colombia y los Estados Unidos trasciende el campo económico

y se afianza en los campos militar y político. Así lo evidencia la suscripción del acuerdo entre

Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN para intercambiar información

clasificada y la búsqueda de un ingreso a dicha organización, que es la responsable de la invasión

a Afganistán, Irak y más recientemente a Siria. Como puerta de entrada de los intereses

estadounidenses en la región, Colombia asume nuevamente un papel provocador en la región,

retornando de este modo a la política internacional del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La recién

entrevista de Enrique Capriles y Juan Manuel Santos para provocar al Gobierno Bolivariano de

Venezuela es solo la reafirmación de dicha estrategia.

El afianzamiento del modelo neoliberal sugerido por las potencias económicas; la dependencia a

los lineamientos de los Estados Unidos; así como su protagonismo para desestabilizar y fragmentar

la región, son acciones que dan cuenta de una política internacional de Colombia que va en

detrimento de su soberanía e intereses nacionales. Al asumir este protagonismo en el escenario

regional, el gobierno de Santos da cuenta del desinterés en replantear su rol internacional que

permita generar confianza y respaldo regional e internacional en el marco del proceso de

conversaciones que se adelantan en La Habana.

En este mismo sentido, en el pasado mes de mayo el Centro Noruego de Construcción de la Paz

publicó un informe en el que se advierte una estrategia del gobierno nacional para cerrar el

espacio a organismos internacionales de la ONU y ONGs especializadas en atención humanitaria

que hacen presencia en el país (Rey Marcos & Pineda Ariza, 2013). Argumentado un eventual

escenario de post acuerdo para la finalización del conflicto armado y la puesta en marcha de su

estrategia de recuperación territorial, el gobierno ha venido cerrando progresivamente a las ONGs

que han desarrollado actividades humanitarias. Haciendo eco de esta iniciativa, la ayuda

económica proveniente del exterior para la atención humanitaria en el 2012, se redujo en un 16%

3 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America 4 Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe

en relación al 2011 (Rey Marcos & Pineda Ariza, 2013). De este modo el gobierno reduce la

incidencia de organismos humanitarios internacionales, quienes muchas veces son la única

posibilidad de asistencia y protección de comunidades en lugares apartados del país ante el

abandono del Estado. Esto sucede a la vez que, se incrementan el desplazamiento forzado, el

despojo, la persecución política y en general la agudización de la crisis humanitaria, tal y como lo

hemos mencionado en este texto. Esto tampoco es un buen gesto que genere confianza en el

proceso de paz.

Consideraciones finales

Vemos entonces como la tenencia de la tierra, la defensa del territorio, la exclusión y persecución

política y el afianzamiento de un modelo de desarrollo basando en el libre mercado y el

extractivismo, no solo se mantienen sino que se acentúan como política de gobierno del Estado

Colombiano. Estas son alguna de las razones que provocaron el alzamiento de la resistencia

armada colombiana y la constitución y mantenimiento del proyecto político - militar de las FARC-

EP. Si un proceso de dialogo entre el gobierno nacional y las FARC-EP pretende allanar el camino

de reconciliación y reconstrucción nacional hacia una Nueva Colombia es necesario abordar y

replantear estos asuntos de manera integral.

Al asumir un proceso de conversaciones con las FARC-EP sin intensión de replantear el modelo

extractivista, la exclusión política y su dependencia a los Estados Unidos, queda en evidencia el

real interés del gobierno de Santos en este proceso: desactivar el proyecto político y militar de las

FARC-EP para profundizar su proyecto tecnócrata, neoliberal y desestabilizador de la región. Sin

una eventual presencia y actividad de las estructuras de las FARC-EP en el territorio nacional, el

gobierno de Santos podría jalonar a fondo su proyecto extractivista sin resistencia política, social

ni armada. Sin una presencia de la FARC-EP en calles y montañas de la Colombia profunda, el

gobierno nacional y sus estructuras mafiosas incrementarían su ánimo guerreristas así como su

accionar paramilitar y mafioso y se extendería a todo el territorio nacional. Esto con un sólido

respaldo internacional que representa Estados Unidos y demás alianzas (OTAN, OCDE Alianza del

Pacifico) en detrimento de la observación y participación de agencias internacionales de carácter

humanitario.

El gobierno de Santos difunde a través de los medios de comunicación su confianza sobre el éxito

del avance y cristalización exitosa del proceso de paz. Incluso ha establecido tiempos y plazos para

este objetivo. En una reciente declaración en un foro en Londres denominado invertir en la nueva

Colombia, que tenía por objetivo estimular la inversión extranjera en el país, afirmó: "tengo

confianza en que vamos a llegar a un acuerdo, las guerrillas no tienen alternativa. Francamente, es

ahora o nunca" (El Espectador, junio 2013). Se equivoca el presidente Santos en pensar que se

puede lograr un proceso de paz donde no se pongan en consideración el modelo de desarrollo y la

reinvención de nuestro territorio en aras de la Nueva Colombia. Las FARC-EP han resistido heroica

y dignamente y lo seguirán haciendo hasta que se implementen cambios reales en las estructuras

sociales, económicas y políticas del país. La de las FARC-EP como pueblo en armas es una

inquebrantable apuesta por la paz con justicia social que no conoce de tiempos, concesiones y

desmovilizaciones.

Mientras el gobierno socava las confianzas en la mesa de negociaciones sin intención de cimentar

las bases de la reconciliación y la reconstrucción nacional, desde el Partido Comunista Colombiano

Clandestino reafirmamos nuestra apuesta que ha sido y seguirá siendo la defensa de nuestro

territorio, las banderas de la paz con justicia social y no la paz de los sepulcros como lo pretende el

gobierno actual. Paz claro que sí!!, pero con justicia social y dignidad en nuestro territorio

nacional.

¡Desde Marquetalia hasta la victoria! ¡Somos FARC Ejército del Pueblo!

Frente Urbano y Rural Jacobo Arenas FURJA ¡Hemos jurado vencer y venceremos!

Bibliografía

Rey Marcos, F., & Pineda Ariza, L. F. (2013). Colombia: entre la crisis humanitaria y la esperanza de

la paz. Madrid. Mayo 2013

Semana, Febrero 2013.

Verdad Abierta. (23 de mayo de 2013). www.verdadabierta.com.