LA TIERRA, LOS TERRITORIOS Y EL CRUCE DE CONFLICTOS EN URABÁ:

La persistencia del lugar campesino en el Corregimiento de Macondo

(1960 - 2014)

Luis Miguel Sánchez Zoque

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas

Departamento de Trabajo Social

Bogotá, Colombia

2014

LA TIERRA, LOS TERRITORIOS Y EL CRUCE DE CONFLICTOS EN URABÁ:

La persistencia del lugar campesino en el Corregimiento de Macondo

(1960 - 2014)

Luis Miguel Sánchez Zoque

Trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al título de:

Especialista en Acción sin Daño y Construcción de Paz.

Coordinadora Especialización:

Martha Nubia Bello Albarracín

Línea de Investigación:

Tierras y Grupos étnicos

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas

Departamento de Trabajo Social

Bogotá, Colombia

2014

En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños y animales y toda clase de enseres domésticos, atravesaron la sierra buscando una salida al mar, y al cabo de veintiséis meses desistieron de la empresa y fundaron Macondo para no tener que

emprender el camino de regreso”.

Cien Años de Soledad. Gabriel García Márquez.

Es casi inevitable pensar en la motivación de los fundadores para nombrar así al Macondo del Urabá

La característica principal del pensar es que interrumpe toda acción, toda actividad ordinaria, cualquiera que ésta sea. Por más equivocadas que pudieran haber sido las teorías de los dos mundos, tuvieron como partida experiencias genuinas, porque es cierto que, en el momento en que empezamos a pensar, no importa sobre qué, detenemos todo lo demás y, a su vez, este todo lo demás interrumpe el proceso de pensamiento; es como si nos moviéramos en mundos distintos. Actuar y vivir en su sentido más general de inter homines esse, “ser entre mis semejantes” -el equivalente latino de estar vivo-, impide realmente pensar

(Arendt, H.; 1989)

Resumen

Aplicación de los enfoques de Sensibilidad a los conflictos y construcción de paz

al estudio del caso de restitución individual y colectiva de la tierra, en el

corregimiento Macondo, municipio de Turbo en la región del Urabá Antioqueño.

El estudio tiene por objetivo dar recomendaciones a cualquier actor que se

proponga dar inicio o continuidad a la intervención en este caso, abordando

desde una perspectiva histórica el cruce de conflictos que confluyen en el

territorio y que representan dificultades para la reparación integral de las víctimas

en un escenario de posconflicto y reconciliación, demostrando así que las

acciones de construcción de paz pueden presentar poca sensibilidad a otros

conflictos si no se actúa con base en una lectura adecuada del contexto.

Palabras clave: Acción sin daño, construcción de paz, sensibilidad a los

conflictos, Macondo, territorio, Comunidades negras, Tumarado.

Abstract

Implementation of approaches to conflict sensitivity and peacebuilding case study

of individual and collective restitution of land, in the village Macondo, municipality

of Turbo in the Urabá region of Antioquia. The study aims to give advice to any

actor who proposes to begin or continue the intervention in this case, addressing

historical perspective crossing conflicts that shaped the land and represent

difficulties to a comprehensive compensation of victims in post-conflict and

reconciliation stage, demonstrating that the actions of peacebuilding may have

little sensitivity to other conflicts if nothing is done based on a proper reading of

the context.

Keywords: Do no harm, peacebuilding, conflict sensitivity, Macondo, territory, Black Comunities, Tumarado.

Contenido

1. Introducción ................................................................................................... 4

2. La relación entre la intervención social y el contexto: La dinámica de los conflictos ............................................................................................................ 8

3. El contexto histórico de Macondo y su influencia sobre la coyuntura .......... 14

4. Análisis de la intersección de conflictos en Macondo (Ver anexo 3: Mapa de conflictos). ....................................................................................................... 22

6. Recomendaciones para intervenciones sensibles a los conflictos del corregimiento Macondo ................................................................................... 34

7. Anexos ......................................................................................................... 38

8. Bibliografía ................................................................................................... 46

1. Introducción

En Colombia, la academia, la sociedad civil y el Estado, desde posiciones divergentes han abordado la problemática del conflicto armado asumiendo la tarea de construir con cierta fragmentación y oposición, líneas de investigación, observatorios, políticas públicas y programas de atención, abogacía, acciones de exigibilidad, que han resultado en la cualificación progresiva y precaria aún, de las medidas de respeto, garantía y restitución de los derechos humanos en el país. De corrido, históricamente las comunidades rurales han asumido casi exclusivamente por sus propios medios la apropiación de recursos para la realización de sus proyectos de vida, entre los cuales la Tierra y el Territorio sigue contando con un valor de uso importante para grupos sociales diversos, en una competencia con unas reglas de juego que favorecen desigualmente a los grupos según su disposición de capitales económicos y políticos. Más allá de Colombia, a nivel de América Latina, los países de la zona tropical del planeta, somos considerados como un bien geoestratégico a nivel global para la explotación de recursos en la magnitud que presenta actualmente la producción capitalista. En Colombia la búsqueda de la propiedad de la tierra tuvo diferentes momentos de apogeo en la reivindicación de la propiedad campesina sobre la tierra en unos casos y en otros la lucha por la socialización de ese medio de producción. Las décadas de 1930, 1970, 1980 fueron especialmente fructíferas en la conformación de movimientos como las Ligas Campesinas, los Comités Locales y Sindicatos agrícolas hasta la dirección nacional del movimiento en cabeza de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

El presente ejercicio reflexivo emergió de la experiencia personal, en la participación como asesor social de un equipo encargado de adelantar el proceso de restitución de tierras en dos zonas microfocalizadas del Urabá Antioqueño, que presentan una serie de complejidades que requirieron de una dedicación completa por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión para la Restitución de Tierras y Territorios (de ahora en adelante: UAEGRTD), que actúa en el marco de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En este proceso con orientación jurídica se adaptan y aplican metodologías y técnicas de investigación social en calidad de "pruebas sociales" al proceso de restitución de derechos bajo el enfoque de Justicia Transicional. En este proceso de “transición de un escenario de conflicto armado a uno de paz tienen encuentro diferentes procesos locales de poblamiento de la región de Urabá, alimentados por migraciones que desembocaron en nuevas relaciones entre grupos socioculturalmente diversos, similares en las prácticas por la relación con las fuentes naturales, la economía campesina, los usos diferenciales de los territorios que se fueron construyendo a pesar de las también múltiples etapas de exaltación de los conflictos, al punto de hacer aflorar las violencias. El entramado Histórico de la región constituye el abono (humus) de los acontecimientos de coyuntura actual, y la línea de tiempo del encadenamiento y escalamiento de los conflictos que allí estaban contenidos, ahora, en poco tiempo, cuando se percibe lo que teóricamente se ha descrito como conflicto latente manifiesto (COSUDE:2008) se presenta una superposición de conflictos. Los anteriores esquemas de acción y previsión de la acción se comienzan a hacer impredecibles, las prácticas reconocidas por su funcionalidad a la violencia armada parecen aflorar de repente y las cosas se ponen en suspenso permanente. De esa manera el proceso de restitución material y simbólica de los derechos se ve afectada por el afloramiento de los conflictos sociales, ambientales, políticos y económicos que se han venido amalgamando en el tiempo, para configurar el estado actual de cosas, cuyas raíces históricas no son fácilmente diferenciables.

1.1 la subjetividad y la doble condición de un investigador

La posición en el espacio social desde donde se elaboró este proyecto, es la de los profesionales del campo humanitario y específicamente en cargos subalternos del sistema burocrático construido para la atención a las víctimas del conflicto, sistema que tiene su referente inicial en el Sistema de Atención a la Población en Situación de Desplazamiento, creado mediante la Ley 387 de 1997. De esta manera, este grupo de profesionales con vocación práctica, participan y han constituido el factor trabajo en la puesta en marcha de las políticas públicas, dentro y fuera del Estado, teniendo como fuente principal de reflexión la experiencia con las comunidades afectadas por el conflicto armado interno.

Una de las preguntas que generó mayor número de decisiones y constituyó un dilema, fue la posibilidad de llevar a cabo una investigación acerca de un caso en el que el investigador participó directamente, recolectando información, representando a la institución en condición de trabajador activo de la UAEGRTD. ¿Cómo podría manejar las fuentes levantadas por mí mismo?, En una mirada más interna, si tenemos en cuenta que un aspecto importante para la adaptación de intervenciones con territorios y comunidades a sus propios contextos es la capacidad de autocrítica de la organización, y en este caso se corre el riesgo de caer en juicios de valor a favor o en contra del propio trabajo, es decir, se es juez y parte. En esa condición, la presentación del investigador no es unívoca ni clara, en una entrevista, en el encuentro para la conversación se es académico o científico y a la vez político en el sentido de la orientación práctica de su campo laboral, por tanto para las entrevistas con representantes de organizaciones o instituciones se tuvo, así no fuera deseable, una marca identitaria de representante de una institución.

Para dar un giro en la búsqueda se decidió en primer lugar, interpretar como sistema la evaluación que resulta de estudiar los efectos de la intervención de los actores en el territorio y no una evaluación formal de la gestión de la UAEGRTD ni de algún otro actor individual. Al elegir este camino se toma distancia de la orientación encontrada en las fuentes consultadas para definir el Enfoque de Sensibilidad a los conflictos, que ofrecen metodologías e instrumentos para la planeación de proyectos sensibles a los conflictos y evaluar resultados de intervenciones sociales al interior de una organización o experiencia. El compromiso que resulta de mi posición como juez y parte, no fue impedimento para analizar el caso, visibilizando la subjetividad en el proceso de investigación y limitando el uso de fuentes documentales a la información disponible públicamente y restringiendo las fuentes institucionales de la UAEGRTD a un rol de referencia, especialmente en cuanto a la información del contexto.

Más allá de un análisis de la implementación de una parte del macroproceso del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado (SNARIV) como instrumento de Políticas Públicas de Derechos Humanos en Colombia, este trabajo se enfocó en comprender el proceso de construcción de territorialidad desde los grupos sociales que poblaron el corregimiento Macondo, motivado por el contacto directo con sus relatos, emociones y significaciones desprendidas por el desarraigo, por su constante, persistente y decidida intención de permanecer y recuperar la tierra, sumado a la "observación participante" del escalamiento de los viejos conflictos levemente identificados en un principio y la emergencia de otros que eran latentes, la aparición de los nuevos causados por el inicio del proceso de restitución y las expectativas que generaron.

Con esta base, el ejercicio investigativo se apoyó en la Sociología y la Geografía Históricas, la geografía crítica, para acercarse al contexto de Macondo desde las nociones de "comunidades de reproducción" (Fals: 2000; T.I) el proceso de construcción social del territorio (Appadurai: 2006), e interpretadas personalmente con base en las nociones asociadas de "Política del Lugar" y "localización" (Escobar: 2000) que provienen de la corriente latinoamericana de la perspectiva decolonial sobre el desarrollo y la historia.

Proponiéndonos ofrecer recomendaciones basadas en el análisis general del contexto en esta microzona de restitución en la región de Urabá, dirigido a las organizaciones, víctimas, instituciones y personas interesadas o con responsabilidad en llevar a cabo intervenciones sociales allí, el primer capítulo propone una interpretación de las nociones de conflicto y sensibilidad a los conflictos con base en la categoría territorio. En primer lugar se problematiza el concepto de conflicto y se realza su carácter múltiple y por tanto, en reconocimiento de los diferentes tipos de conflictos que se pueden encontrar, se nombra en plural “conflictos”. También se resalta el vínculo y cruce entre los conflictos y los sistemas de dominación.

En segundo lugar se identifican y caracterizan los conflictos en el contexto del corregimiento Macondo. Se abordó la problemática desde la perspectiva histórica, con base en el enfoque cualitativo de la investigación social, tomando como punto de referencia para la interpretación de este contexto, la Caracterización General del conflicto elaborado por Conflict Assessment Guide (Vásquez; 2010:35), pertinente para un estudio de caso como el propuesto, que se enfoca en analizar las relaciones entre estructuras, los actores y las dinámicas que se presentan en la interacción de estos con los factores presentes como posibles catalizadores de impactos positivos o negativos sobre los conflictos.

Se reconstruyó una línea de tiempo a partir de la información de acceso público sobre el caso que contiene referencias a los hechos relatados por la comunidad, con el fin de establecer Hitos en las décadas pasadas y en los últimos años, para reseñar y visualizar la posición relativa de los actores vinculados dependiendo de los cambios en el contexto a nivel vereda, local, regional o nacional, la confluencia temporal y territorial de los hechos que sean relacionados con los conflictos por la tierra y el territorio en Macondo. Se consignó esta información en la plataforma de georreferenciacion de eventos que se ha puesto en marcha para hacer monitoreo de los acontecimientos pasados y recientes relacionados con hechos del conflicto armado, disponible en http://land.redhumus.org.

Este trabajo recoge una aproximación a la recopilación de experiencias de reconocimiento del contexto, integrando al análisis las nociones de desvinculación moral, superposición de conflictos, que la intervención influye y es influida por el contexto, donde las implicaciones éticas del abordaje de los conflictos sociales dan lugar al cambio en la lectura bidimensional a una integral sobre el territorio, los significados a través de los cuales los actores sociales lo construyen y el carácter de las interacciones que lo producen como realidad construida, histórica y por ello cambiante, que a su vez puede ser influida en forma positiva o negativa dependiendo del manejo que las intervenciones en implementación de políticas públicas den al complejo entramado de conflictos latentes y acumulados que permanecen como parte del contexto actual.

1.2 ¿Por qué una mirada ética sobre las intervenciones sociales?

El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas por el carácter de su misión tiene como objetivo aportar a la construcción de paz, razón por la cual su trabajo es sobre el conflicto armado. Sin embargo es pertinente preguntarse si a la vez, el Estado como totalidad, en la puesta en marcha de su trabajo e interacción con otros conflictos territoriales tiene un menor grado de respuesta o sensibilidad, por lo cual, frente a este tipo de conflictos con menor impacto que el “gran” conflicto colombiano estaría en cambio trabajando entorno, en pero en ningún caso sobre esos conflictos que se expresan en el territorio. En otras palabras, se puede trabajar sobre la construcción de paz dejando de lado la sensibilidad a los conflictos (Woodrow P. & Chigas D;2009: 4,10,11).

Para responder a esa pregunta sería necesario un trabajo más profundo y focalizado que el abordado en este trabajo, que analice el grado de sensibilidad a los conflictos y la interacción de las diferentes políticas públicas puestas en marcha hacia el trámite o atención del conflicto armado. Sin embargo, con el recorrido reflexivo en este ensayo, podemos plantear también como pregunta abierta, ¿El Estado colombiano en la implementación de las diferentes líneas de política pública agraria ha roto el principio de continuidad, generando inseguridad jurídica entre las comunidades rurales, especialmente en lo referido a la titulación de baldíos de la nación, generando contradicciones y daños causados por las fallas en la protección de las zonas de conservación, reservas forestales, territorios étnicos? ¿El Estado cuenta con mecanismos para responder por los impactos negativos que resulten de su intervención histórica? De esta manera, la pregunta ética sobre las intervenciones sociales revisten importancia en el sentido de “hacernos responsables de nuestra acciones y de sus consecuencias” brindar garantías de respeto a unos mínimos éticos que toda acción debe ofrecer, entre ellos, la dignidad, la libertad y la autonomía de los sujetos con quienes se trabaja. Toda previsión y/o transformación de una intervención que busque la participación y transparencia, sensibilidad cultural, flexibilidad e innovación, contextualización y procesos y procedimientos sensibles responde a la lógica del enfoque de Acción sin Daño y sensibilidad a los conflictos, constituyendo las bases para acciones encaminadas a la construcción de paz (Rodríguez; 2011:124 y ss).

De otro lado, es común escuchar por parte algunos actores sociales que los planteamientos desde la perspectiva ética y los enfoques de acción sin daño y construcción de paz añaden complejidades innecesarias y que en últimas el marco de los derechos humanos es suficiente para garantizar la mitigación del daño; se hace necesario entonces justificar por qué la pregunta ética sobre el curso de implementación de una política pública o proyecto, no significa restar autonomía a las víctimas del conflicto o cualquier otra comunidad, en otras palabras ejercer una “discriminación positiva” o tratar a los sujetos como “enajenados mentales”. Su valor reside en convertir las preguntas que hace en rutas o estrategias reflexivas de acción, siendo necesario detenerse en la marcha para poder pensar.

2. La relación entre la intervención social y el contexto: La dinámica de los conflictos

Para centrar la mirada sobre esta interacción abordaremos las dimensiones ética, epistemológica y técnica de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario a través de la Ley de Víctimas, contextualizado en el proceso de restitución de tierras como componente de los procesos de reparación integral. Del análisis que del cruce de conflictos en el corregimiento Macondo se apropie un sistema u organización y de la comprensión del carácter histórico de los factores estructurales que determinan una situación concreta en un tiempo determinado e influyen en la interacción con ese contexto, dependerá el impacto de las acciones que dicho sistema emprenda para cumplir su misión. Así, se requiere profundizar en las implicaciones que tienen los acontecimientos como hitos significantes en un colectivo, pues un estudio únicamente del contexto actual no permitirá una aproximación informada y reflexiva, que contemple la genealogía y desarrollo de los factores y ciclos particulares de los tipos de conflictos que confluyen en la situación actual del corregimiento y las comunidades que han permanecido en él ni de quienes por causa de su desplazamiento forzado tienen la pretensión de restitución de sus derechos territoriales y de una reparación integral. (Conflict Sensitivity; 2004)

De esta manera, con base en un enfoque de Sensibilidad a los Conflictos y de Acción Sin Daño, entendemos el contexto del corregimiento Macondo como el entorno geográfico, social, cultural, geopolítico y ambiental resultado de las dinámicas históricas y relacionales entre los factores estructurales y coyunturales en los niveles local, regional, nacional e internacional (Conflict Sensitivity; 2004: 9); dinámicas que se manifiestan en la situación actual de un lugar concreto o paisaje construido por actores sociales diferenciados y las interacciones y conflictos entre ellos a través del tiempo, que en su conjunto determinan las condiciones de habitabilidad, calidad de vida y nivel de satisfacción de necesidades y derechos en un territorio. Desde este punto de vista la lectura de la intersección de los conflictos presentes en el contexto del corregimiento Macondo se distancia del Análisis de Contexto realizado por la Unidad de Restitución de Tierras, cuyo propósito es “reconstruir las dinámicas políticas, sociales, económicas y culturales que propiciaron el proceso de despojo o abandono del predio o predios solicitados en la restitución“ (URT; 2013: 4), dado que se abordaron los elementos del contexto del corregimiento de Macondo, tomando los factores históricos que lo constituyen sin centrarse en las causales de tiempo, modo y lugar que dieron origen al despojo de tierras en la zona, por estar suficientemente documentado, buscando identificar en cambio los factores que determinan y constituyen las condiciones locales para la paz en el territorio y las relaciones entre ellos, la intervención de los actores y sus posiciones relativas a nivel de relaciones de poder a través del tiempo, centrándose en el surgimiento e intersección entre los diferentes tipos de conflictos que se fueron decantando en la historia del corregimiento y sus habitantes. Se tendrán como categorías de análisis del contexto los actores, las dinámicas, causas de los conflictos y la situación humanitaria de la región, entendiendo que los conflictos hacen parte de las relaciones humanas y por tanto pueden ser identificados en sus relaciones con el territorio y los actores.

Este tipo particular de lectura del contexto tiene como uno de sus fundamentos epistemológicos las consecuencias aportadas por la postura decolonialista, a partir de lo que algunos autores latinoamericanos han llamado “traducción colonial”, un concepto que resalta la permanencia en el tiempo de sistemas históricos de dominación, sobre los cuales se fundamenta el enfoque diferencial y las acciones afirmativas. (Lugones; 2010: 106) En este sentido, la perspectiva decolonial llama la atención sobre la actualización de las condiciones prácticas de esos sistemas de dominación de clase, género, etnia y cosmovisión que siguen operando en el presente con el rastro de una lógica etnocentrista y eurocentrista, que se manifiesta con mecanismos cotidianos en el ahora, en nuestro tiempo donde se activa la colonialidad. (Quijano; 2006: 226). De esta manera el concepto muestra la posibilidad real de actualizar el potencial de causar daños en una relación social, al mostrar la facilidad con que opera esta “traducción” en lo interpersonal. Estas formas en que se expresan los sistemas de dominación pasan también por lo lingüístico y otros múltiples campos, donde existen espacios de resistencia o “agenciamiento” pero a la vez, fuertes posibilidades en toda relación de atropellar esas formas a veces sutiles de resistencia, lo cual nos lleva al plano de la violencia simbólica que se puede ejercer en una relación con un grupo o personas así se tengan las mejores intenciones. Por tanto, una lectura decolonial del contexto social e histórico de la región de Urabá y el corregimiento Macondo, nos permite ubicar algunos elementos de la intervención de los actores sociales y especialmente de las instituciones del Estado, en categorías relacionales de importancia desde el enfoque de Acción Sin Daño como los mensajes éticos implícitos que muestran la distancia entre los objetivos propuestos y la práctica, la distancia entre las políticas públicas enfocadas en la garantía de derechos como la Ley de Víctimas y el modelo económico que funciona en las regiones, los posibles impactos negativos sobre el contexto de intervenciones que buscan un “cambio social dirigido” desde los términos de la modernidad sobre comunidades campesinas que históricamente han sido ubicadas como modos de producción o formaciones histórico sociales consideradas como pre-modernaso atrasadas.

En consecuencia la distancia entre la Ley y su aplicación, se puede evidenciar al preguntarnos ¿Por qué la normatividad sobre reservas forestales, que no se aplicó en el pasado por parte de las autoridades con competencia como el antiguo INCORA y las Corporaciones Autónomas Regionales del Chocó y de Antioquia, ahora, cuando se busca responder de manera efectiva a la reparación de las víctimas del conflicto armado, estas y otras normativas que han surgido a través del tiempo, sí deben aplicarse en estricto sentido como impedimentos para la restitución de tierras? y a la vez, ¿Qué garantías existen de que en el contexto actual, sí se apliquen las normas sobre Reservas Forestales frente a cualquier actor como los terceros intervinientes (partes interesadas en oposición a las víctimas en el proceso judicial de restitución de tierras), en caso que los jueces agrarios decidan no restituir o compensar a las víctimas del despojo?

En otras palabras, si las comunidades campesinas de las veredas del corregimiento Macondo no van a poder gozar efectivamente del derecho a la restitución de su territorio por causa del conflicto territorial, cómo se protegerá entonces esta zona declarada como Reserva Forestal y Territorio Colectivo de Comunidades Negras, cuando el estado actual del paisaje agrario cuenta con dos títulos mineros en el Cerro Cuchillo, ganaderías extensivas a sus alrededores y caseríos que persisten en la zona, a la vez con una inequitativa estructura de tenencia de la tierra que históricamente ha llevado a la población a ejercer una presión sobre las zonas de frontera agrícola, tomas o “recuperaciones” de tierras.

2.1 Relación entre conflicto y los conflictosSin pretender hacer un estado del arte de la noción de Conflicto, se puede mencionar sobre esta noción documentada ampliamente en el campo de las ciencias sociales, algunas de las posturas más representativas entre las cuales se destacan los trabajos clásicos de Lewis Coser sobre la Teoría del Conflicto Social y su relación con el cambio social (1970), Karl Von Klausevitz (1905) centrado en el concepto de guerra y polìtica para quien “guerra es la continuación de la política por otros medios”, la visión del materialismo histórico que aborda el conflicto social como parte de la estructura de la sociedad capitalista y la lucha de clases, las reformulaciones hechas por teóricos de la Escuela de Frankfurt especialmente en los trabajos sobre la transformación de los conflictos en los procesos de urbanización y emergencia de la sociedad de masas, cuyos desarrollos destacan la perspectiva de un diálogo basado en el consenso, donde es posible eliminar las diferencias sociales en la Teoría de la Acción Comunicativa de Jurgën Habermas (1987), así como los desarrollos del estructural funcionalismo, que elabora una concepción de tipologías polares que analiza el cambio social desde el punto de vista de la relación entre los Sistemas Sociales. Se destaca el cambio de perspectiva que introdujo la sociología comprensiva y la Teoría de la Acción Social elaborada por Max Weber (1922), para quien el conflicto está relacionado con el sentido de la acción social desde una definición de la acción humana como racional en principio.

El concepto de Conflicto para la lectura sobre el contexto del corregimiento Macondo se alimenta de los desarrollos planteados por el enfoque de Acción Sin Daño (Vasquez: 2010), el concepto de conflicto elaborado por Lewis Coser (Coser: 1970) y la noción estandarizada por la organización Conflict Sensitivity Group (CSG: 2012). En primer lugar se requiere hacer la distinción entre conflicto y violencia, entendiendo la conflictividad como parte de la dinámica en las relaciones sociales entre personas y grupos, hallándose la diferencia con la violencia en el uso o no de recursos que afecten derechos de otros, que incluso lleven a la aniquilación física de otros para la obtención de recursos o satisfacción de los intereses en juego. El concepto también está asociado a la relación entre conflicto y cambio social en el sentido de su dinámica de transformación de las estructuras sociales, entendiendo que todo proceso de cambio (donde se incluyen las intervenciones de organizaciones sociales y estatales en la aplicación de mandatos o políticas públicas) genera o activa conflictos (GTZ; 2010), (Coser; 1970); las acciones de introducción de cambios en proyectos de desarrollo y cooperación para el desarrollo también tienen vínculos con la dinamización de los conflictos. En cuanto a la naturaleza del conflicto, se entiende aquí como el resultado de relaciones sociales y entre elementos del contexto, constituido por las interpretaciones que hacen los actores sobre la disponibilidad de recursos simbólicos y materiales y la posición relativa de los otros y no sobre los hechos mismos, de allí se desprende la necesidad de comprenderlos desde el punto de vista intersubjetivo; en consecuencia, el conflicto resulta de actores que definen una situación con puntos de vista divergentes, que actúan sobre la base de las incompatibilidades entre sus distintas percepciones (CSG; 2012: 9). Los conflictos presentan tipologías con base en sus características, los tipos de actores que intervienen, los recursos que se encuentran en juego, por tanto, podemos encontrar conflictos de tipo social, ambiental, cultural y étnico, político-económico los cuales en muchas ocasiones se reflejan e interrelacionan entre sí en un contexto y un territorio dado. Los conflictos también tienen un ciclo vital, presentando fases y escalas, donde la

relación con el espacio-tiempo, los cambios de percepción y línea de acción de los actores puede llevar a que sean latentes o abiertos. En la dinámica social los conflictos no se presentan diferenciados, por lo cual otra característica de los conflictos es su intersección y los diferentes niveles en que se expresan, específicamente con la variación de los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales.

Otra distinción que emerge de los planteamientos en el estado del arte desde el enfoque de sensibilidad a los conflictos, es precisamente pensar en plural (García et al. GTZ; 2006), reconociendo la diversidad de conflictos que se presentan en diferentes etapas y estados en un contexto dado (tiempo-espacio-relaciones), lo cual permite diferenciar entre estos diversos conflictos y El conflicto armado, el cual abordamos, reconociendo sus proporciones y afectación sobre el territorio y la población como uno de los conflictos que han emergido históricamente en este corregimiento, incorporando en este análisis la superposición o intersección entre conflictos y de ellos con el conflicto armado. De igual manera, la diferenciación de tipos de conflictos permite distinguir entre todos los factores del contexto que interactúan como conectores o divisores sociales, los generados o relacionados con el conflicto armado y los generados por factores históricos y estructurales.

La definición del concepto de conflicto y de sensibilidad a los conflictos es necesaria no sólo en términos de lo académico, principalmente en el campo de la intervención, tiene consecuencias epistemológicas y éticas ya que el tipo de noción de conflicto que contempla una organización y la forma en que la relaciona con las áreas sensibles en su misión, está estrechamente relacionada con su forma de interactuar en un contexto, de esta manera se puede actuar en torno al conflicto, (Vásquez; 2010: 13) ignorándolo en las diferentes etapas de intervención, también se puede actuar en el conflicto previendo y evitando las situaciones que provocan un impacto negativo desde y hacia el contexto conflictivo; también se puede actuar sobre el conflicto, a través de una postura política que busque impactar positivamente sobre las causas estructurales de dichos conflictos (Lederach citado por Vásquez; 2010:28)

El enfoque de Sensibilidad a los Conflictos (Garcia et. Al GTZ; 2006) es una perspectiva conceptual y metodológica que desde los campos de la ética y la epistemología interpela acerca del grado de reconocimiento e interacción de los actores sociales que habitan un territorio con los conflictos de diferente tipo que tienen repercusiones sociales y subyacen en el colectivo, que en el caso del análisis de las respuestas institucionales y sociales desde el enfoque de Acción Sin Daño, constituye una mirada necesaria si no, obligatoria. En otras palabras “aún a sabiendas del carácter de urgencia de las acciones humanitarias, es preciso no sacrificar el conocimiento de la realidad sobre la cual se actúa. Comprender el contexto institucional, político, comunitario, cultural, social y económico es imprescindible para descifrar, lo mejor posible, la complejidad del mismo a partir de las interacciones que allí se determinan.” (Vásquez; 2010:13).

Esta perspectiva contempla la incidencia que tiene el análisis detallado de las condiciones particulares de los grupos y comunidades involucradas, sobre el diseño de los programas y proyectos de intervención, por tanto implica una comparación explícita de las dimensiones socioculturales, económicas, políticas, que hacen parte de las relaciones entre los diferentes actores presentes en un territorio, a la luz de las implicaciones de las acciones adelantadas por la organización sobre el conjunto de estos factores.

2.2 Territorio, localidad y territorialidad

La imbricación entre territorio y tiempo representa para los grupos sociales no sólo una ubicación espacio-temporal sino simbólica en el mundo, por tanto hace parte de las coordenadas socioculturales que son determinadas por las relaciones entre los grupos en la estructura social, mientras que la existencia de los grupos está más determinada por las condiciones prácticas de favorabilidad u hostilidad del ambiente natural para la vida humana, lo que constituye la fuente de adaptaciones que los grupos deben generar para habitar un espacio geográfico. De esta manera, las comunidades campesinas en la zona aledaña a Macondo fueron construyendo un sentido del lugar a partir de sus duras experiencias “domando la naturaleza” de este entorno selvático al que le imprimieron décadas de trabajo. La dinámica detrás de la apropiación social de un espacio que, constituye desde el punto de vista del constructivismo social, la consolidación de un “lugar” es estudiada por el antropólogo Arjun Appadurai (2006), para quien la “localidad” o el “sentido de lugar” implica una construcción simbólica que referencia y nombra al espacio físico, que se convierte en un ingrediente fundamental en el delicado proceso de generación de “vecindades” y proximidades sociales que van más allá de las proximidades geográficas, develando redes sociales. Así, al depender de la actividad relacional humana, la permanencia del lugar en el tiempo está sujeta a las transformaciones que ocurran en las dimensiones social, política, económica y ambiental de un sistema de vecindades. En consecuencia, la existencia del “lugar” dependerá de la capacidad de un grupo social para apropiarse del espacio y con ello, de trasmitir y reproducir en el tiempo “sujetos localizados” que cuenten con las habilidades necesarias para dar paso a la reproducción de las condiciones materiales y simbólicas que garanticen la pervivencia de ese “topos” construido en el tiempo, reinventando en el sistema de intercambios la producción de nuevas actividades y objetos materiales y simbólicos que denoten la existencia de un espacio social personalizado mediante los dispositivos culturales que localizan a los individuos con base en su pertenencia o vinculación a un ciclo vital, una actividad económica, una categoría de trabajo, un rol específico. (Appadurai 1996: 179). El fenómeno del habitar, trae también una diferenciación con rasgos identitarios, como al demarcación de un “ellos” y un “nosotros”, proceso que requiere de largos periodos de tiempo que permitan el “asentamiento” y la consolidación de una comunidad a través de ese proceso de estabilización de las “vecindades”. Una comunidad puede tardar décadas en consolidarse como un lugar diferenciable de otros lugares, actividad que también implica el establecimiento de “vínculos emocionales entre la gente y “Su” Tierra; es decir, la producción de localidad en tanto “estructura de sentimiento” Appadurai (1996:181).

Para avanzar hacia la demostración de nuestro objetivo, retomaremos aquí la definición dada por Appadurai para la noción de “localidad”:

(…) es una dimensión relacional y contextual, es una cualidad fenomenológica constituida por una serie de vínculos entre los sentidos de inmediatez social, las tecnologías de interactividad y relatividad de conceptos : (…) esta cualidad fenomenológica que expresa en sí misma un cierto tipo de agencia , socialidad y reproductibilidad, resulta ser el principal predicado de la localidad como una categoría o sujeto. (Appadurai; 1996).

De esta manera, la noción que este trabajo busca integrar a la reflexión sobre la construcción de un territorio y la territorialidad como una versión permanente de localidad, contempla el movimiento, la historicidad de los lugares construidos, su dinámica a su vez, permeada por las relaciones existentes en un contexto local y sus vasos comunicantes con los contextos de mayor envergadura.

“El proceso de apropiación de nuevos espacios esta mediado por las relaciones de poder y parafraseando a Giménez el proceso de apropiación seria entonces consubstancial al territorio. Este proceso mediado por conflictos, permite explicar de que manera el territorio es producido, regulado y protegido en interés de los grupos de poder, es decir la territorialidad es indisoluble de las relaciones de poder” (Appadurai citado por Suarez; 2012: 6).

En contraste, el sentido de la "atopia" como un fenómeno que se ha extendido sobre múltiples espacios de la vida social a través de la globalización, evidencia una tendencia de negación o desaparición del “lugar” como tema o problema de estudio y preocupación desde la academia con el auge de las posturas críticas al lugar, hasta la opinión pública en las percepciones influidas por la vida cotidiana enlazada a fenómenos como las migraciones y las redes virtuales, apareciendo con mayor protagonismo nociones ligadas a la desterritorialización, la simultaneidad, la coopresencia e incluso el “no lugar”. Sin embargo otras propuestas que destacan la necesidad de acercamientos entre la antropología, la historia y la geografía, se enfocan en señalar la importancia que sigue teniendo el “topos” en las relaciones entre las diferentes dimensiones de la vida social, entre ellas las relaciones de poder económico, político y la vivencia de las alteridades, como un medio de constatación antropológica de las implicaciones que tiene en el mundo que persistan las grandes tensiones por la “experiencia del desarrollo” (Escobar; 2005: 159). Esa tensión ha implicando para quienes ejercen estas reivindicaciones, quedar relegados a un tiempo anterior a la modernidad como lo ha significado la perspectiva eurocéntrica del mundo (Quijano: 2000).

El hecho es que el lugar todavía sigue siendo importante en las vidas de muchas personas, quizás la mayoría, si lo entendemos como experiencia de una locación en particular con alguna medida de anclaje (inestable, sin embargo), con un sentido de fronteras (permeables, sin embargo) y de conexión con la vida cotidiana, aun si su identidad es construida, atravesada por el poder, y nunca fija. Hay una “lugarización” que cuenta más de lo que queremos reconocer, que lo hace a uno ponderar de si la idea de “retornar al lugar” –para usar la expresión de Cassey- o la defensa del lugar como un proyecto –en el caso de Dirlik- no son tan irrelevantes después de todo. (Escobar; 2005: 158)

3. El contexto histórico de Macondo y su influencia sobre la coyuntura

Macondo se encuentras ubicado en una zona limítrofe entre los departamentos de Antioquia y Chocó en la región del Urabá Antioqueño (Ver Anexo 1). Geográficamente la región del Urabá está compuesta por dos subregiones complementarias conocidas como el Urabá antioqueño y el Darién Chocoano. Está integrada por los municipios que corresponden a los departamentos de Antioquia (11), Chocó (2) y Córdoba (3). En la Historia reciente, esta región presenta en su proceso de poblamiento 3 movimientos que se destacan: El primero se presentó a principios del siglo XX por grupos de colonos cartageneros, sabaneros bolivarenses, sinuanos y chocoanos, quienes a su vez fueron precedidos por compañias extranjeras. Muchos de los caseríos fundados en este proceso persisten actualmente y la diversidad cultural y étnica que caracterizó esta etapa constituye un referente para las formas de interacción, generación y tramitación de conflictos sociales en la región. Algunos, como el corregimiento Macondo quedo reducido y su paisaje ha sido drásticamente modificado, mientras a nivel simbólico, se presentan luchas de poder en el día a día de la zona, también se hacen demostraciones de fuerza. Uno de los primeros cambios que trajo esta primera ola migratoria a la región vecina a Macondo fue el inicio de la explotación maderera en los caseríos de La Larga y la Baldosa, lugares donde existió un ferrocarril corto para el transporte de madera, más al occidente cerca de la frontera con Panamá, en Sautatá existió el primer ingenio azucarero de Colombia con un ferrocarril de 17,5 kilómetros. Esta actividad desarrollada durante más de un siglo aportó a los daños ambientales que actualmente se observan en la región. (Parques Naturales; 2005: 8).

La siguiente ola migratoria se presenta en los años 60, influida por la construcción de la carretera Medellín-Turbo y la constitución de las plantaciones industriales de banano, cuyos propietarios fueron empresarios de Medellín y Bogotá apalancados financieramente por compañias extranjeras, entre las cuales se destaca la multinacional Frutera de Sevilla (ORTIZ, CUBIDES;1998, 71). Este proceso de poblamiento desencadenó una rápida y desordenada urbanización que se amplió durante la tercera ola migratoria de los años 80, en el contexto de proletarización.

3.1 Modelo económico, proletarización y cambios recientes en la tenencia y uso del suelo

La lucha por la tierra llevó a un movimiento de la ocupación de los colonos desde las zonas mediterráneas, concentradas por los inversionistas bananeros, hacia el piedemonte de la serranía de Abibe cercano al departamento de Córdoba. De esta manera los despojos de tierras de origen baldío al campesinado se presentaron desde los años 60, proceso que en las décadas de los 70 y 80 motivaron el movimiento de “recuperación de tierras” tanto en el sur como en el centro del Urabá Antioqueño. La zona sur con un mayor uso del suelo para la ganadería, donde está ubicado el corregimiento de Macondo se caracterizó por ser una zona de expansión de la frontera agrícola por parte de colonos la cual comenzó a ser disputada posteriormente con los terratenientes locales, inversionistas y narcotraficantes que hicieron presencia atraídos por las grandes zonas inundables que colindan con el Cacarica chocoano y el proyecto de la autopista de las Américas.

La concentración ganadera, al igual que la bananera, es el resultado de procesos que se iniciaron a comienzos de los años 60. De las 50 mayores incas bananeras de Turbo, 31 provienen de baldíos titulados sólo en el primero quinquenio de los 60, pese a que la municipalidad data de 1847; en la actual jurisdicción de Apartadó, la titulación de baldíos que darían lugar a 26 de las 35 mayores fincas, es de la misma época, cuando, además, apenas si existía Apartadó como caserío. (CUBIDES,ORTIZ:1998, 70ss)

Desde la primera mitad de la década del 60, las FARC se hicieron presentes en la región, expandiéndose desde un foco fundacional en el “sector rural de Chigorodó, en veredas de Apartadó y del norte de Turbo.”, presencia que se fortaleció a partir de 1974 con la consolidación del V frente de esa organización. La presencia del EPL (resurgimiento en Urabá por disidencia de las FARC encabezada por alias Bernardo Gutiérrez) durante la década de los años 80 constituyó una frontera ubicada en el límite bananero de Turbo, el corregimiento de Currulao.(CUBIDES,ORTIZ:1998, 77), no obstante, las FARC extendieron su dominio hacia los municipios del Darién Chocoano y al sur de de la subregión, enlazando con los dominios de los frentes 18 en Córdoba, y los frentes 34 (creado en 1986) y 35 en Chocó. En esta dinámica territorial de los actores armados, el corregimiento de Belén de Bajirá pertenenciente a municipio de Mutatá figura como su centro de atención entre la década del 80 y 90.

Voces de la academia dicen que en Colombia, a mayor violencia mayor será la concentración de tierras, de ahí que Antioquia y Valle sean los municipios con mayor desigualdad en el acceso a la tierra y el territorio en Colombia, presentando altos índices de violencia especialmente desde los años 70 hasta el presente: “y señala que el Valle y Antioquia tienen los mayores niveles de concentración, con un índice de Gini de 0.8429 y 0.8583 respectivamente” (Cepeda et al; 2013).

Los cuatro municipios bananeros de Urabá, a saber, Apartadó, Turbo, Carepa y Chigorodó, hacen parte de los municipios de mayor violencia por asesinatos, en primer rango tanto en el período 1987-1989 como en el de 1990-1992, en la clasificación de Echandía-Escobedo-Queruz, Apartadó y Chigorodó, junto con Tarazá y Segovia en Antioquia, Muzo en Boyacá y Valle del Guamuez en Putumayo, constituyen los municipios con más elevada tasa de homicidios en todo el país. (CUBIDES,ORTIZ:1998, 70ss)

Fue en la región del Urabá Antioqueño donde se recrudeció el fenómeno de la violencia sociopolítica desde mediados de la década de 1980 llegando a los más altos índices durante la década de 1990, cuando la desmovilización del grupo insurgente Ejército Popular de Liberación generó persecución por parte de las FARC a los reincorporados, mientras el paramilitarismo se estaba consolidando de la mano del narcotráfico desde el bajo cauca antioqueño y el departamento de córdoba.

En complemento, todo el Urabá y el Darién chocoano históricamente han sido objeto de megaproyectos de nivel internacional por su posición geoestratégica, despertando interés tanto por empresas multinacionales como por organizaciones basadas en el aprovechamiento de economías ilegales como el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico y tráfico de armas. Entre los proyectos de este tipo se hallan el proyecto Autopista de las Américas (Ley 121 de 1959), Canal seco o ferrocarril que conectaría colombia con centroamérica a través de Panamá (“Revive propuesta de...”, 2011, 14 Feb), canal interoceánico Atrato – Truandó, puente terrestre interoceánico, Iinterconexión eléctrica Colombia-Panamá, central hidroélectrica Tilupo y puerto de Urabá en Turbo (Parques Naturales; 2005).

3.2 La latente ruptura del vínculo social

El fenómeno de violencia sociopolítica instalado en la región de Urabá a través de los periodos de dominio y lucha armada, ha dejado sus repercusiones en la cultura política y el ejercicio de los derechos en la vida cotidiana, de esta manera para Suárez (2007) en su análisis del fenómeno del exterminio político y la interpretación cultural de las masacres en Urabá, identifica la existencia de hilos muy delgados que sostienen el orden social y la transformación pacífica de los conflictos, cuya fragilidad consiste en que la polarización y estigmatización de la población civil por su posición problemática frente los actores armados, determina en gran medida el vínculo social, elemento identificado por el autor como determinante en la irrupción o no de la violencia como medio para la resolución de los conflictos. Esta característica implica un papel determinante que cumple el conocimiento o desconocimiento de las prácticas, símbolos, actitudes que generan conexión o división entre los actores sociales por parte de cualquier organización o institución que trabaje en ese contexto.

El supuesto básico para descifrar los contextos detonantes y agravantes de las masacres en medio de la guerra, se apoya en la idea de que la enemistad absoluta y la relativa no son características estáticas sino dinámicas dentro de la guerra. Por lo tanto, la hipótesis de investigación sugiere que el contexto detonante de las masacres tanto en las guerras ideológicas como en las identitarias es el tránsito de una enemistad relativa a una absoluta. Cuando hay un tránsito de este tipo, el fracaso de la enemistad relativa anterior se proyecta en un agravamiento del sentimiento de hostilidad y odio extremo al enemigo en la enemistad absoluta posterior que justifica su aniquilación con el argumento de que La Paz (enemistad relativa) se convirtió en un recurso estratégico del enemigo para la continuación de la guerra (enemistad absoluta) y no para su terminación. (Suárez; 2007: 29)

3.3 Ubicación geoestratégica y poblamiento inicialLa zona centro del Urabá Antioqueño, conocida como “eje bananero”, conformado por los municipios de Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Carepa y Turbo, también fue poblada por familias de colonos o compradores de mejoras que en su mayoría ocuparon las tierras entre los años 1960 y 1990, formalizando sus ocupaciones a través de la aplicación de la Ley Agraria con las titulaciones efectuadas por el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) , institución que funcionó hasta el año 2003 cuando fue creado el INCODER)1.

De forma similar a lo ocurrido en toda la región de Urabá, la colonización del corregimiento de Macondo fue protagonizada por campesinos sin tierra, provenientes del valle del Sinú en el departamento de Córdoba y la zona limítrofe entre ese departamento y el norte de Antioquia (conocidos comúnmente en la región como “Chilapos”), otros eran originarios del Chocó, Sucre y Bolívar, en su gran mayoría guiados en su proceso de colonización por la la estructura de la familia extensa como patrón de poblamiento del territorio (GAC-UAEGRTD; 2013). Hacia el occidente en el departamento del Chocó, la zona tiene contacto con las cuencas de los ríos Largaboba y Tumadadocito, ríos que comunican con la cuenca de la Larga en el Darién Chocoano, zona poblada por comunidades negras quienes habitaban los sistemas hídricos en inmediaciones de Riosucio.

Macondo es un corregimiento del municipio de Turbo Antioquia, zona circundante al Cerro Cuchillo en límites con el departamento del Chocó y sobre el particular existe un conflicto limítrofe político administrativo entre los Departamentos de Antioquia y Chocó, diferendo territorial que continúa y a través de los años influyó en alguna medida en las dificultades de jurisdicción para que uno u otro departamento se responsabilizara de la presencia institucional en la zona. 2

El caserío de Macondo es fundado aproximadamente 14 años después de la llegada de los primeros colonos a la zona, se levantó sobre las ruinas de un campamento maderero abandonado, obra en la que participaron las familias que habían comenzado a organizarse como Juntas de Acción Comunal con el fin de facilitar el reconocimiento

1 “El Incoder es una entidad que nació en 2003, luego de que el Gobierno Nacional ordenara, por medio del Decreto 1300 de 2003, la supresión del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA).” Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. http://www.incoder.gov.co/Mision/Mision.aspx Consultado en Mayo de 2014.

2Consejo de Estado Sentencia nº 27001-23-31-000-2001-00458 - del 22 de Noviembre de 2007 - Marco Antonio Belilla. “En el Informe Preliminar del IGAC se dice que “el corregimiento de Belén de Bajirá fue creado por la Honorable Asamblea Departamental de Antioquia mediante la Ordenanza núm. 47 de 30 de noviembre de 1975…” y siempre ha venido siendo asistido por el Municipio de Mutatá y el Gobierno Departamental de Antioquia en relación con educación, salud, servicios de acueducto y alcantarillado, mantenimiento de vías terciarias. Según se advierte a folio 294, el Departamento Administrativo de Planeación del Chocó dio su visto bueno favorable para la creación como Municipio de Bajirá, entre otras razones, porque “El Chocó rescata un Territorio que hasta el momento su vida jurídica y administrativa depende de Antioquia”…”. Lo anteriormente reseñado pone de manifiesto que con la creación del Municipio de Belén de Bajirá , a través del acto acusado, se pretendió poner fin a una controversia limítrofe entre los Departamentos de Antioquia y Chocó, lo cual constituye violación del artículo 150, numeral 4, de la Carta Política, dado que es al Congreso de la República a quien le corresponde definir la división del territorio. Tan cierto es que en este caso lo que está de por medio es un conflicto limítrofe, que el mismo ya está siendo objeto de trámite ante la instancia que constitucionalmente corresponde. Consecuente con lo anterior debe la Sala revocar la sentencia apelada para disponer, en su lugar, la nulidad del acto administrativo acusado.

político por parte del municipio y de esta manera acceder a recursos públicos y acceso a servicios para el corregimiento. De esta manera se produjo la fundación de Macondo (1974) por parte de las familias Murillo, Manga, Calle entre otros, generando un antecedente para la fundación, a principios de la década de 1980, de otros núcleos urbanos que conforman la zona de la carretera Panamericana, Barranquillita, Blanquicet, Nuevo Oriente y Puerto Rico (POT-Turbo; 2012). Cada vereda se encargó de la construcción y mantenimiento de caminos y el primer puente sobre el río León que fue usado para sacar la madera para su transporte por camino carreteable. Cada vereda inicio la adecuación de escuelas, llegando a funcionar escuelas en las veredas Guacamayas, Bella Rosa, Eugenia Media, Cuchillo Blanco. Algunas pocas escuelas sobrevivieron en el tiempo por causa del recrudecimiento de los hechos de violencia. En el caso de la primera escuela, en la vereda Guacamayas, fue reconstruida en ladrillo y tejas de zinc, reinaugurándose el 16 de Marzo de 1991 con intervención en mano de obra de los habitantes de las veredas circundantes, quienes también participaron en el traslado de dichos materiales a pie o en bestias desde Belén de Bajirá; se contaba con maestros aportados por el municipio de Turbo. En la actualidad, la edificación después de años de abandono es usada como vivienda por una de las familias que actúan como administradores para los propietarios actuales de los predios donde se encuentra.

3.4 Uso y explotación del suelo

Durante la década de 1970, con la región en consolidación como zona de colonización abierta se inicia el proyecto de construcción de la Troncal de las Américas (ideado desde finales del siglo XIX), conocida también como vía panamericana, la cual se trazó para comunicar el subcontinente suramericano con centro y norteamérica. El proyecto en su segundo tramo llegaría a contar con 43 kilómetros trazados entre el sector de El Tigre sobre la autopista Medellín-Turbo hasta el sector de Lomas Aisladas en los límites con el departamento del chocó hacia el noroccidente del corregimiento Macondo. Para el mismo periodo se expide el Código de Recursos Naturales que incluye al área del corregimiento en la zona de reserva regional de la Ronda del Río León.

A nivel de la comunidad, cada familia comenzó la explotación con unas 5 hectáreas de extensión en promedio, las cuales fueron ampliándose con el paso del tiempo. Las extensiones de tierra reclamadas por las víctimas varían entre 0,16 Has y 250 Has, de las cuales sólo el 15% representan predios mayores a 100 Hectáreas (POT Turbo; 2006). El entorno natural del corregimiento era una típica zona de colonización, por sus características geofísicas de amplias zonas de humedales, bosques, quebradas y ríos, que opuso feroz resistencia a los grupos de familias, condiciones frente a las cuales hombres y mujeres debieron enfrentar la escasez de alimentos de pancoger supliéndolos con la cacería. También debieron sortear enfermedades tropicales como el dengue, paludismo, picaduras y heridas provocadas por picaduras de insectos, serpientes y animales salvajes al menos hasta la década de 1980. Con el paulatino proceso de “civilizar la tierra”, se fue transformando el paisaje de selva por el de minifundios en plena explotación, contando en general con una zona de habitación y huerta casera, otra de explotación agropecuaria y una de reserva de bosques maderables los cuales fueron conservados por algunas familias incluso hasta la década del 90.

Reproduciendo prácticas propias de la economía campesina y lo acostumbrado en sus lugares de origen, con el proceso de estabilización y crecimiento económico de las veredas, los campesinos pudieron acceder a créditos y convenios de trabajo para dedicar sus tierras a la ganadería vacuna, porcina y ovina (de carneros), siembra de arroz, maíz, plátano, ñame, cebolla larga, ají, entre otros y el aserrío. Sacaban las cargas por dos medios principales: los ríos Tumaradocito, Quebradas Cuchillo, Cuchillo Negro, La Eugenia y El Tigre a través de chalupas y posteriormente a través de lanchas de motor.

En la zona circundante, desde finales de la década de 1970 hubo presencia de inversionistas que anticipándose al proyecto de la troncal de las Américas comenzaron a adquirir grandes extensiones de tierra sobre el área colindante con el trazado de la vía, grupo social que estableció un segmento de hacendados ricos que compartían actividades comerciales con los campesinos como la ganadería, a través de la vinculación con el Fondo Ganadero de Antioquia. En este contexto también se da la presencia de grupos de narcotraficantes relacionados con la casa Castaño desde los años 80, con especial presencia de estos hacia la zona de Lomas Aisladas donde se ubicaban laboratorios y centros de acopio de narcóticos. El área fue escogida por Pablo Escobar, Cuco Vanoy, casa Castaño entre otros para para la compra de propiedades, y fue usado como lugar de refugio. (Observatorio DDHH; 2010)

Adicionalmente a la construcción de vías, el proceso organizativo se centró en la conformación de las Juntas de Acción Comunal con la elección periódica de líderes, practicando la “mano prestada” conocida como “ganar tiempo” en la primera etapa de colonización, mientras las familias conseguían recursos para pagar trabajadores por jornal. Algunos de ellos mencionan la abundancia de alimentos en sus parcelas, razón por la cual era común que un vecino le permitiera a otro cosechar una parte de sus cultivos sin un límite de tiempo definido para el retorno del préstamo en especie otorgado, hecho que redundaba en altos niveles de seguridad alimentaria en el área rural y en los caseríos. En este periodo, el INCORA entra en la zona con brigadas de medición y titulación de predios de origen baldío, proceso que se dio entre los años 1984 y 1995 (UAEGRTD; 2013).

Aproximadamente en el año 1990, con apoyo de Corpourabá, una ONG Holandesa facilitó donaciones además de la financiación del cable para el transporte de productos agrícolas o “garrucha” la cual fue levantada por la misma comunidad y contaba con una extensión de 11 Km extendidos entre la vereda Guacamayas y el casco urbano de Belén de Bajirá, del cual se beneficiaban campesinos de todo Macondo y corregimientos vecinos. Este proyecto incluyó la conformación de un Grupo Ecológico Juvenil, que inició labores de reforestación y adquirió por compra, a través de la titularidad de 6 representantes de la comunidad, un terreno de 10 hectáreas en las cuales se iniciaron cultivos comunales y un proyecto piscícola. Esta infraestructura funcionó hasta el año 1996 cuando se dieron los primeros desplazamientos forzados masivos.

Para la ganadería vacuna, fue un común denominador el trabajo con cabezas aportadas bajo la modalidad de “aumento” por parte del Fondo Ganadero de Antioquia, consistente en el adelanto del ganado a los campesinos para su posterior devolución con rendimientos una vez se hubiera comercializado.

3.5 Hechos victimizantes y de despojo

La presencia de grupos armados es advertida por algunos solicitantes desde el año 1967 sin embargo, no fue permanente en aquél entonces y no generó daños visibles, dinámica que se siguió presentando aproximadamente durante toda la década del 70. Hacia los años 80, las FARC hacen presencia y en la misma época entra el Ejército en la zona, se crea el batallón ubicado en el cerro cuchillo y comienzan a presentarse combates aislados (GAC-UAEGRTD;2013). El ELN, la Corriente de Renovación Socialista incursionaron en algunos momentos, sin embargo no hubo asentamiento permanente de grupos guerrilleros por la zona.

El asesinato de dos hermanos posiblemente a manos de la guerrilla de las FARC en 1987, quienes pertenecían a una de las primeras familias colonizadoras y fundadoras del caserío de Macondo, causó gran conmoción en la comunidad, ya que no eran comunes estos hechos. Otro fundador fue asesinado por la misma guerrilla a principios de los años 90, hechos victimizantes que sumados a otros perpetrados por ese actor armado generaron gran impacto sobre la comunidad.

3.5.1 Paramilitarismo

La región del Urabá Chocoano – Antioqueño y Córdoba, se constituyó en el área de influencia del Bloque Bananero de las AUC comandado en asocio con la “Casa Castaño” por Freddy Rendón Herrera alias “El Alemán, Raúl Emilo Hasbún Mendoza alias “Pedro Bonito”, Ever Veloza alias “HH”, Jesús Ignacio Roldán Pérez alias “Monoleche” y Elkin Castañeda Naranjo alias “Hermógenes Maza”.

En respuesta al plan de la Casa Castaño (Semana; 2005, Junio 5) por consolidar territorialmente la zona de influencia del megaproyecto de la Troncal de las Américas o carretera panamericana, se crea en el año de 1996 el Bloque Alex Hurtado del Bloque Bananero de las AUC comandado por Raúl Hasbún alias “Pedro Bonito”, quien lideró a Dalson López Simancas alias “Lázaro” o “Mono Pecoso” para que dirigiera las acciones de un comando conocido como “Los 40”, grupo que hizo presencia por primera vez en el mes de Abril de ese año en los Corregimientos de Macondo, Belén de Bajirá y Blanquicet, operando con acciones violentas en las veredas Guacamayas, El 40, Bajirá, Riosucio, Brisas, Bejuquillo, Porroso, Mutatá, Caucheras, Blanquicet, Barranquillita, El Tigre, Filo Cuchillo, Lomas aisladas y veredas circunvecinas (“La tierra fue un botín de guerra...”; 2011, Enero 27). Este proceso dejó como efecto el despoblamiento de la zona por parte de campesinos y parceleros. Uno de los casos más documentados en relación con las violaciones a los derechos por parte de este grupo, es el de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan) (IPC;2010).

Durante los años 1996 y 1997 se hicieron comunes los patrullajes por la zona, el control de la movilidad en el territorio a través de peajes o puntos de control. El Miedo comenzó a imponerse: Se evidenció una situación de violencia generalizada, donde se hicieron cotidianas las amenazas a vecinos en un principio y luego las amenazas directas a las familias, riesgo de reclutamiento de los niños, niñas adolescentes.

Las víctimas fatales no se hicieron esperar, contando en este periodo el asesinato de otro número importante de víctimas. También se registraron secuestros, desapariciones y víctimas que fueron enterradas a la orilla de los caminos, se dejaron expuestas o sepultadas en las bases de torturas que instalaron en diferentes zonas del corregimiento y sobre la vía panamericana.

Según ha documentado la Fiscalía 17 Delegada ante el Tribunal Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, corroborado con las declaraciones hechas por las víctimas en ese mismo proceso, los hechos de violencia estuvieron precedidos por ofrecimientos de compra de las tierras en un promedio de 200.000 pesos por hectárea, negociaciones que fueron llevadas a cabo por intermediarios de diverso origen, cuyas compras se formalizaron en medio de los asesinatos, torturas y desapariciones.

Una vez, las familias salen desplazadas de la zona, inician las denuncias por desplazamiento y despojo, teniendo como consecuencia ataques armados contra los reclamantes (al menos 22 líderes han sido asesisinados después del año 2007). Dos de ellos, eran Manuel Mausa y Juan Agustín Jimenez Vertel víctimas de despojo en la zona. Éste último había ganado un proceso judicial mediante el cual la víctima había demandado directamente a su despojador. (“Asesinado reclamante de tierras...”, 2010, Nov 27)

El espacio geográfico presenta huellas y marcas del poblamiento previo al desplazamiento que a pesar de la intervención posterior, con movimiento de linderos, englobe de terrenos, derrumbe de casas originalmente construidas, construcción y/o adaptación de administraciones o “mayorías” de haciendas, permite comprobar, la intervención y apropiación de las comunidades sobre el territorio. En la actualidad el paisaje agrario fue transformado radicalmente encontrándose grandes concentraciones de tierra integradas por los predios que en el pasado pertenecieron a las familias campesinas, siendo la explotación ganadera y maderera las actividades predominantes en la zona, donde también se puede observar la presencia de búfalos y cultivos de maderas de alta valoración económica como la Teca.

Aproximadamente desde 2007 algunos solicitantes han retornado por su cuenta a los predios que les pertenecieron, sufriendo hostigamientos y desalojos por parte de la inspección de policía del municipio de Turbo, llegando incluso a la quema de las viviendas construidas con materiales temporales sin seguimiento de los protocolos establecidos por la Corte Constitucional para este tipo de diligencias a población víctima. En el mes de Mayo de 2014 la Defensoría del Pueblo emitió un Informe de Riesgo sobre el municipio de Turbo (Antioquia), donde se relaciona al corregimiento de Macondo y sus vecindades entre las zonas con incremento en la presencia y hostigamientos de actores armados vinculados al conflicto.

4. Análisis de la intersección de conflictos en Macondo (Ver anexo 3: Mapa de conflictos).

La definición de intervenciones sensibles a los conflictos guarda diferencias con la de procesos de construcción de paz, en el sentido de los fines e impactos que se propone un enfoque y otro. La construcción de paz implica objetivos e impactos deseados dirigidos a los factores estructurales que causan los conflictos buscando una paz sustentable, en un sentido diferente la sensibilidad a los conflictos no está enfocada en influir directamente sobre las causas estructurales de los conflictos pero requiere interpretar y actuar en consecuencia con el contexto para potenciar los factores que cohesionan mientras se disminuyen los que aumentan las tensiones y la emergencia de las violencias; en ese sentido, la construcción de paz es un enfoque que va más allá que la sensibilidad a los conflictos, aunque este último puede y debe ser incorporado a cualquier intervención social incluso las encaminadas a la construcción de paz. Así, puede ocurrir que en su discurso y misión un actor declare uno de estos enfoques pero en sus prácticas esté aplicando otro o cambiando el sentido original o instrumentalizando los objetivos fijados en principio. (Woodrow & Chigas; 2009:5).

El discurso de la política para la atención y reparación a las víctimas puede estar enfocada en la construcción de paz desde sus principios y objetivos, pues su teoría de cambio está orientada a impactar algunas de las causas estructurales y consecuencias de la reproducción del conflicto armado en Colombia por generaciones, como es la informalidad en la tenencia de la tierra entre las comunidades campesinas más pobres, la especulación y concentración de tierras así como la impunidad como expresión de las inequidades en el acceso a la justicia para los sectores históricamente vulnerados en sus derechos. Hecha la necesaria aclaración sobre el énfasis de esta política pública sobre las consecuencias del conflicto armado, de forma simultánea, existe la posibilidad que el Estado en su conjunto no aplique la suficiente comprensión de los contextos y territorios en que se implementa, o al menos que no actúe en coherencia con el grado de reconocimiento que se tiene de ese contexto.

En el campo humanitario se han construido diferentes metodologías de análisis de los conflictos y sus estrechas relaciones con los proyectos de intervención y su implementación en el ciclo de las políticas públicas hace parte de un debate actual sobre el tránsito de enfoques desde las entidades de cooperación internacional y sus copartes locales, así como en organizaciones de la sociedad e iniciativas regionales de paz. Existe al menos una treintena de metodologías construidas a partir de la experiencia en el campo en lugares diversos del planeta, siendo las más comunes las de aplicación del enfoque en el ciclo de proyectos con especial énfasis en la evaluación de un proyecto o una organización, respondiendo con cada variación a las condiciones particulares de cada contexto y nivel de intervención. Entre las herramientas existentes la práctica común en el campo es adecuar eclécticamente a las necesidades locales los elementos comunes entre metodologías con objetivos similares, aunque esta práctica ha dificultado la construcción de perspectivas metodológicas más robustas, la naturaleza flexible del enfoque orienta la definición de herramientas a través de la contextualización de las nociones generales (Woodrow & Chigas; 2009). Dado que nos propusimos hacer un análisis de los conflictos y sus intersecciones, se seleccionaron como fuentes para adaptación, las metodologías orientadas al análisis en un nivel local y regional, dejando sólo como referencia las orientadas al análisis de macro contextos nacionales, los cuales en la mayoría de los casos se enfocan en el

trabajo de directivos y diplomáticos o de proyectos con una escala nacional. Entre las metodologías de referencia encontramos, PCIA: Análisis de impacto sobre La Paz y el conflicto propuesto por Kenneth Bush, PCA: Evaluación de La Paz y los conflictos de Thania Pfaffenholz . PBN: Identificación de necesidades de paz. (Citado por García; 2006: 46) y (Vasquez; 2010:19).

Como fuentes principales para nuestro propio análisis de los conflictos presentes en el contexto del corregimiento Macondo se tomaron: Caracterización General del conflicto elaborado por Conflict Assessment Guide citado por Vásquez; 2010:35), pertinente para un estudio de caso como el propuesto, que se enfoca en analizar las relaciones entre estructuras (factores históricos de relaciones entre las dimensiones de la realidad social), los actores (las diferentes posiciones, intereses, relaciones de poder) y las dinámicas que se presentan en la interacción de estos con los factores presentes como posibles catalizadores de impactos positivos o negativos sobre los conflictos. En segundo lugar se estudiaron las metodologías “Working with conflict: skills and strategies for action - Responding to conflict – PB ”, FAST methodology - Swiss Peace - DEV / FP (Conflict Sensitivitiy; 2004: Cap2. P. 34) y la matriz de análisis de conflictos sociales planteada por Clara Inés Atehortúa y Luz Dary Ruiz (2003; 34). Se tuvo como referencia también algunas preguntas orientadoras propuestas por las metodologías de Análisis de paz y conflictos, requerimientos para la consolidación de La Paz y Análisis de necesidades para la construcción de paz.

Con la perspectiva histórica como herramienta de aproximación, se reconstruyeron los hechos ocurridos en Macondo haciendo énfasis en los hitos que dan cuenta de eventos significativos para la comunidad (UAEGRTD-Dir Social; 2013), los procesos organizativos, hechos victimizantes y acciones del Estado y otros actores en relación con los conflictos que se han identificado (Ver Anexo 2: Línea de Tiempo del caso Macondo). Los conflictos que confluyen en el territorio de Macondo, a primera vista pueden parecer indiferenciados, incluso, derivados de los efectos del conflicto armado, sin embargo al caracterizarlos, podemos observar que se encuentran en niveles distintos de manifestación, que su yuxtaposición no permite observar las etapas de ciclo en que cada uno se encuentra y entrecruza, especialmente cuando los comparamos con los factores estructurales con que se retro alimentan y la jerarquía que presentan entre ellos. El análisis se centró como se ha dicho, en los conflictos, pasando por la caracterización del contexto, objetivo para el cual se requirió tomar el conjunto de hechos documentados en la línea de tiempo y relacionarlos entre sí.

Los conflictos presentados aquí son los identificados por su manifestación en la etapa actual del proceso de restitución, dejando fuera otro tipo de conflictos que pueden confluir en la zona de influencia del corregimiento de Macondo, incluso los que aún teniendo relación con las categorías identificadas, hayan sido perdidos de vista desde nuestra experiencia y profundización sobre el caso. Para la aproximación al análisis del cruce de conflictos, se seleccionaron de la línea de tiempo hechos significativos que constituyen Hitos en el devenir histórico y que confluyen en el proceso de restitución y que influyen de forma determinante sobre las condiciones para una reparación efectiva de las víctimas en el territorio de Macondo, con lo cual buscamos antes comprender cada conflicto en su dinámica propia, fijando la mirada en las tendencias históricas que marcan una estructura, los actores involucrados y sus posiciones, cómo se ha manifestado este conflicto en la coyuntura del proceso de restitución y qué proyecciones podemos encontrar. Del análisis del mapa de conflictos (Ver anexo 3) se resalta que se encuentran abiertos o manifiestos los relacionados con la tenencia de la tierra y con lo ambiental, permitiéndonos relacionar un proceso que ha venido de tiempo atrás como la

extracción de recursos maderables, llevando a través de la tala indiscriminada al daño ambiental. Este proceso de deterioro se profundizó con la concentración de tierras luego del despojo, sin embargo no tiene una explicación directa o exclusiva con la entrada del proceso de restitución, pues el fenómeno ha respondido a una dinámica territorial relacionada con las formas de explotación de recursos usadas tanto por comunidades campesinas como por grandes terratenientes en la zona. En la etapa actual las víctimas han hecho múltiples denuncias ante Corpourabá, las cuales no han tenido ningún resultado. De esta forma, la percepción tanto de los campesinos como de los terceros y habitantes que permanecieron en el territorio, son distintas en cuanto a los bosques, llevándolos a interpretar la situación con base en los esquemas relacionados de intersección de conflictos con lo político y el modelo económico. Los intereses en juego están relacionados con el acceso a recursos y valores, elementos que han estado presentes en la estructura social de la región que sin embargo se vuelven vitales y las luchas por la consecución o la continuidad en el control pueden constituir un riesgo para escenarios futuros de reconciliación por los antecedentes de ruptura del vínculo social manifestados en actos de violencia como las masacres en la década anterior.En cuanto a las tipologías identificadas, teniendo en cuenta que los diferentes conflictos en la interacción están interrelacionados y se influyen entre sí, se halló mayor relación e intersección entre los conflictos con predominio de percepciones sobre los capitales (económico y político principalmente) como los conflictos por el modelo económico, el socio político y de tenencia de la tierra, mientras se agrupan en conflictos de valores como el ambiental, el jurídico y el étnico.

5.1 Hitos

Los criterios para definir los hitos surgen de los planteamientos generales del presente documento a nivel de enfoques de análisis, entre los cuales están: Que sean significativos para los actores claves considerados en el caso, que representaran momentos donde se manifestaron los cruces de conflictos en el territorio de forma más clara, ejemplificaran las diferentes percepciones y saberes de los actores sobre el contexto y la posición de los otros, permitieran que fueran identificables los efectos en términos de daños provocados por la intervención de diferentes actores en el proceso de restitución.

Ya que existen hechos relevantes que ocurrieron de forma casi simultánea, se buscó agrupar en un mismo hito, hechos cercanos en el tiempo que guardaran relación entre sí, para construir en forma de tipos ideales, constelaciones de hechos que permitieran relevar el sentido que guardan los eventos centrales con el momento histórico concreto. De la misma manera, se propuso describir de forma lo más detallada posible la relación entre los hechos y las categorías adaptadas al caso para facilitar el análisis a través de la comparación de los hitos entre sí, con base en una adaptación de las metodologías estudiadas para favorecer el análisis histórico, así, se usaron matrices de comparación entre los hitos, de tal manera que se pudieran identificar los cambios demostrables en las posiciones, intereses, percepciones y necesidades (integrando el análisis PIN o análisis de Iceberg con la perspectiva histórica) si bien se corre el riesgo de cierto esquematismo, esta es una aproximación a la construcción de herramientas de análisis integrado que den cuenta del carácter dinámico de las posiciones (Vásquez; 2010: 41). La dificultad en este caso radica en que no se recolecto información de fuente primaria con la cual

alimentar las herramientas de análisis construidas, teniendo el riesgo de incluir percepciones poco fundamentadas sobre los hechos, sin embargo, para los propósitos y alcances declarados en este trabajo resulto de utilidad la información previamente recolectada en campo para dar cuenta de los cruces de conflictos con la intención de usarla en esta reflexión para llegar a nuestro objetivo con base en otras fuentes como organizaciones o instituciones que hayan trabajado de otra manera con la misma población.

Para contrastar la selección hecha, se consultó a 5 personas que representan actores claves en el proceso con el fin de consultar la periodización y selección de Hitos hecha bajo los criterios establecidos, como una estrategia informal de triangulación. De esta manera, se consultó la opinión de estas personas pidiendo que enumeraran a partir de sus experiencias personales, cuáles hechos en toda la historia de la zona o el caso, son representativos para ellos, socializando con posterioridad la línea de tiempo construida para que incluyeran o excluyeran hechos de la misma. Los actores consultados fueron dos funcionarios que tienen a cargo el proceso de restitución en el territorio, un líder de una organización de víctimas y despojado de Macondo, una segunda víctima de Macondo que no tiene vinculación con ninguna organización y es fundador del corregimiento y un representante de una organización internacional que ha acompañado a las víctimas en terreno.

Con base en los aportes de las personas consultadas se seleccionaron finalmente como Hitos 1) el Ferrocarril de La Larga y el Primer poblamiento, 2) La declaración de Reserva Forestal del Pacífico y Titulaciones del INCORA 3)Acumulación por desposesión y Titulación del Territorio Colectivo de comunidades negras después del desplazamiento en el corregimiento 4) La etapa de reparación, momentos en que se ubican los antecedentes históricos del escenario presente.

Aunque ocurrieron en momentos distintos, un hecho a principios del siglo XX y el otro en la década del 60, la construcción del ferrocarril entre La Larga y La Baldosa marcó el inicio de un modelo explotación económica del territorio que ha trascendido al momento actual al igual que el poblamiento inicial en las décadas del 60 y 70. Por otro lado, la avanzada del INCORA para la titulación de los supuestos baldíos (por las restricciones que ya regían para la época), cuando se buscaba beneficiar al fondo ganadero de Antioquia al facilitar la titulación como un requisito para la obtención de créditos para cría de ganado al aumento, por parte de los campesinos colonos, hechos que se presentaron hacia la década de 1980.En un tercer momento está el proceso de acumulación por desposesión (Harvey citado por Lombana;2012: 42) que se produjo como resultado de la expulsión de la población que habitaba la zona, momento en el cual se produjo la Titulación del Territorio Colectivo de La Larga-Tumaradó. Un cuarto momento, caracterizado por un paralelo entre el proceso de reparación gestionado por las comunidades campesinas despojadas con el acompañamiento de organizaciones de víctimas y de cooperación internacional, los retornos sin acompañamiento a las tierras despojadas, mientras se presentan acciones de revictimización por parte del mismo Estado a través de sus jueces).

En la etapa actual, iniciada con el inicio del estudio formal de los casos por parte de la Unidad de Restitución de Tierras se seleccionaron como Hitos la 1) Microfocalización del corregimiento Macondo, 2) Primeras decisiones sobre los casos 3) Capturas de terceros intervinientes (otros hechos: decisión en contra de víctimas por juez, retornos sin acompañamiento, policivos).

5.1.1 Hito Titulaciones

Las familias campesinas del corregimiento Macondo, del Municipio de Turbo en el Urabá Antioqueño en zona limítrofe con el departamento del Chocó, fueron obligadas a vender forzadamente sus predios o abandonarlos por ocasión del conflicto armado en su mayoría durante el periodo comprendido entre 1985 y 2000, siendo afectados por hechos victimizantes, principalmente cometidos por las FARC-EP, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá adscritas con posterioridad a las Autodefensas Unidas de Colombia. Estas familias pobladoras de la zona a partir de la década de 1960 en calidad de colonos ocupantes de baldíos, solicitaron ante el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria la titulación de los predios ocupados, obteniendo a partir de 1985 titulaciones para un grupo importante mientras para otros no habría título por la negligencia del INCORA por haber dejado inconcluso el proceso o no haber notificado y por tanto nunca registrado un título. Con anterioridad, el Estado a través del INDERENA reglamentó (Decreto 2811 de 1974) el código de recursos naturales, protegiendo juridicamente un área que comprende la totalidad del corregimiento en mención, la Zona de Reserva Forestal Protectora de la Ronda del Río León. Así, el reconocimiento del Estado de la expectativa de propiedad sobre la tierra por parte del campesinado no fue cumplido para un porcentaje aproximado del 30% de solicitantes de restitución que nunca recibió títulos de sus tierras por omisión del INCORA, conservando la calidad de ocupantes de baldíos de la nación y en la actualidad, frente a las restricciones territoriales tanto de tipo ambiental como étnico para la restitución, el grupo de ocupantes presenta la mayor desprotección, al punto que debieron ser notificados de la exclusión de su caso mientras no exista algún tipo de solución, como el realinderamiento de la zona de reserva y un acuerdo en consulta previa con las comunidades negras que actualmente ostentan el carácter de propietarios colectivos de toda la zona.

5.1.2 Hito concentración por desposesión y titulación del territorio colectivo

La victimización y riesgo para el campesinado de la región del río León apareció tempranamente, aproximadamente en 1983 y se agudizó con la creación del frente 34 de las FARC desde 1986, de hecho, los primeros desplazamientos ocurridos en Macondo se presentaron por acción de este grupo armado. Debido al reclutamiento forzado, control social e interferencia organizativa, ajusticiamientos públicos que impactaron fuertemente a la comunidad ya que fueron asesinados a partir de 1987 reconocidos líderes campesinos y hubo una seguidilla de muertes de al menos dos líderes liberales, un concejal, un inspector de policía, administradores de fincas tanto por guerrillas como por paramilitares a su llegada en 1995-1996. La propaganda armada de la guerrilla se enfiló contra los militantes de partidos tradicionales, participando también en la división de la comunidad. Posteriormente la confrontación entre guerrillas y paramilitares desde mediados de los años 90, provocaron las masacres, los desplazamientos masivos en esta zona y una vez consolidado el poder paramilitar la violencia sociopolítica se convirtió en el ambiente instalado que permanece después de la desmovilización. En el año 2000 con posterioridad al despojo de tierras en el corregimiento, los representantes legales de

las comunidades afrodescendientes con presencia ancestral en los territorios de la zona del Río La Larga en el departamento del Chocó, solicitaron al INCODER la Titulación de su Territorio Colectivo obteniendo en respuesta la Resolución 028805 del 11 de Noviembre de 2000 a través de la cual se reconoció la formalización de sus derechos territoriales en virtud de la protección otorgada por la Ley 70 de 1993 (que a su vez respondía a la incorporación del Convenio 169 de la O.I.T al ordenamiento jurídico colombiano, que regula desde el Derecho Internacional los Derechos de las comunidades que derivan su identidad y pervivencia de su relación ancestral con el territorio), sobre una zona que como resultado de la intervención de esa institución, anexó al Territorio Colectivo de Comunidades Negras las áreas pobladas por comunidades campesinas hasta la margen del Río León, decisión que afectó al corregimiento Macondo y otras zonas de colonización aledañas y los derechos sobre la tierra y el territorio tanto de las comunidades que permanecieron en esta zona como de las que debieron desplazarse y actualmente tienen expectativa de restitución.Los cambios drásticos en el paisaje agrario estuvieron caracterizados por la desaparición de caseríos, escuelas e iglesias en al menos 4 veredas (“Temor en Blanquicet y Macondo”, 2010, Abril 29).

5.1.3 Hito proceso de exigibilidad de reparación integral y revictimización

Motivados por el deseo de retornar y tras la desmovilización del Bloque Bananero de las AUC en el año 2004, las víctimas de Macondo comenzaron a gestionar ante los tribunales de Justicia y Paz (Ley 975 de 2004, modificada mediante Ley 1592 de 2012), apoyadas por organizaciones locales, nacionales y de cooperación. Así lograron instaurar procesos penales ante la Subunidad de persecución de bienes de la Fiscalía de Justicia y Paz. La promulgación de la Ley de Víctimas en 2011 provocó un mayor atraso al que venía dándose en los procesos por la falta de claridad sobre la ruta a seguir a partir de ese momento con la normativa anterior. Este salto a los ojos de las víctimas se vió como una dilación más en el proceso. De forma paralela un grupo de campesinos inició retornos sin acompañamiento, en calidad de invasores de predios privados para las autoridades municipales (“Temor en...”, 2010, Abril 29), (“Urabá, la tierra de las disputas...”, 2013, Marzo 3), siendo desalojados en múltiples oportunidades con abuso de autoridad. En la actualidad, como una reacción a las notificaciones de exclusión de una parte de la comunidad del Registro Único de predios despojados y principalmente por las dos capturas por parte de la Unidad de Análisis de contexto de la Fiscalía en cooperación con la Unidad de Restitución de Tierras, de tereceros intervinientes vinculados por crímenes de lesa humanidad el 3 de diciembre de 2013 y el 26 de marzo de 2014, aproximadamente 70 familias se encuentran ocupando algunos predios en Macondo y serán desalojados nuevamente. (“Entrevista a José María Calle”, 2011, Julio 22), (“Los desplazados que...”, 2013, Agosto 6), (“Empiezan capturas...” 2013, Dic. 3), (“Capturados por...”, 2014, Marzo 26), (“Despojadores a juicio...”, 2014, Junio 6).

En el proceso judicial con el marco de Justicia y Paz, 14 familias despojadas de la vereda Guacamayas perdieron el juicio para recuperar sus tierras, siendo además multados, señalados de mentir y posiblemente vinculados a procesos judiciales en su contra por decisión de un magistrado especializado y la Corte Suprema de Justicia (“Niegan restitución...”, 2014, Abril 22).

5.1.4 El Nuevo proceso de restitución en el marco de la Ley 1448

Uno de los procedimientos que establece la Ley en el proceso de es la realización de una Resolución de Microfocalización de una zona en que la Unidad de Restitución de Tierras deberá intervenir, en dicho acto (UAEGRTD; 14 Dic 2012), la entidad encuentra como afectaciones territoriales la existencia de una parte de la vereda California incluida en las zonas de Reserva Forestal del Pacífico contempladas por la Ley 2 de 1959, pertenencia del corregimiento al Área Local Protegida de la Ronda del Río León, pertenencia del corregimiento al Territorio Colectivo de Comunidades Negras de “La Larga – Tumaradó” y existencia de dos títulos mineros con licencia de exploración.

Por tanto, parte de los conflictos sociales que complejizan el actual proceso de restitución y reparación de los derechos vulnerados tanto a las comunidades campesinas como a las afrodescendientes están relacionados con el deficiente control y contradicciones que genera el sistema jurídico colombiano y sus transformaciones en el tiempo, la inoperancia y negligencia del Estado para ejercer un ordenamiento de los procesos de poblamiento de zonas de especial protección ambiental y cultural, la deficiente protección a la integridad física y bienes de la población, generando un escenario donde las condiciones objetivas de uso, explotación, habitación y gestión del territorio, que resulta de las relaciones sociales de diferentes grupos sociales y étnicos con la tierra y el territorio fueron afectadas con daños que requieren de acciones de reparación por parte del Estado.

Este caso es representativo de otros que han venido emergiendo en la aplicación de las medidas de protección y reparación de las graves violaciones e infracciones infringidas contra poblaciones colombianas en el marco del conflicto armado. El punto de partida de la actual intervención frente a la comunidad víctima del corregimiento de Macondo, es el de la aplicación de las medidas de reestablecimiento de derechos por cuenta de las normas y principios internacionales de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, integrantes del bloque de constitucionalidad3.

Teniendo en cuenta este marco normativo inicial de actuación para adelantar el proceso de restitución, se halla una primera restricción para el ejercicio de derechos de las víctimas de despojo en el corregimiento de Macondo, situación por la cual se podrían generar afectaciones por la intervención de las Instituciones en este proceso, por cuanto la comunidad habitó una zona declarada como Reserva Forestal Protectora. Así, al UAEGRTD, sólo podría incluir a los propietarios (es decir, quienes cuenten con Titulos del INCORA debidamente registrados ante las oficinas de instrumentos públicos), dejando

3 Así, el Estado Colombiano con base en la incorporación de principios del Derecho Internacional dentro del Bloque de Constitucionalidad tiene la obligación de resarcir a las víctimas del conflicto armado con base en el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, principios que retoma la Ley 1448 de 2011 (Artículos 76 y 105 y Art. 1 Decreto 4829 de 2011) respondiendo a las exigencias hechas por la Corte Constitucional en esa materia (Corte Constitucional; Sentencias T- 821 de 2007 y T-159 de 2011, Auto de Seguimiento 008 de 2009, entre otras). De igual manera, la Ley de Víctimas reconoce a los sujetos individuales y colectivos que haya sufrido daños por cuenta del conflicto armado interno desde 1985 (Art. 3) y tipifica el despojo de tierras y las modalidades que pueda tomar (Ley 1448/11; Art. 74, 75)

sin protección al restante 30% de víctimas de la misma comunidad que no recibieron los títulos por parte del INCORA en su momento, quienes corren el riesgo de ser excluidas del Registro de Tierras Despojadas por una restricción jurídica, aunque en sus usos, cohabitación y vecindad este grupo sea reconocido con los mismos derechos por toda la comunidad.

Si bien los Derechos de los propietarios y poseedores deberán ser reconocidos por el Estado, los de los ocupantes también tendrían que ser igualmente reconocidos con base en el principio de confianza legítima. A pesar de esta alternativa de solución al impedimento de restitución de los Derechos Territoriales, el ordenamiento jurídico colombiano otorga un nivel mayor de protección a los Derechos Ambientales por encima de los derechos a la tierra de particulares con arreglo a la función social y ecológica de la propiedad si se toman en su dimensión individual. Con una mirada desde los derechos colectivos sí existen niveles de protección de derechos equiparables en alguna medida a los reconocidos para pueblos indígenas, afrodescendientes y demás grupos étnicos como el mismo Convenio 169 de la OIT, El Pacto Inernacional por los Derechos Económicos Sociales y Culturales, “el Pacto de la Cláusula 8 J sobre Biodiversidad,‐ Punto 14.60 Agenda 21, el Protocolo de Cartagena, Carta del Campesino ONU 1979”.

En el mencionado Convenio 169, que contempla un capítulo de Tierras y Territorios el artículo 15 menciona “Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos” que en algunos casos ha sido homologado a otros colectivos con fuerte relación con la tierra como el campesinado. Esta posibilidad, al igual que las denominadas “Reservas Forestales de la Sociedad Civil” podrían constituir una forma de otorgar la propiedad a ciertas comunidades para que de forma autónoma propongan Planes de Manejo Ambiental bajo características de uso bajo los parámetros de la economía campesina y así construir un camino para sortear los impedimentos para la titulación de estas áreas de protección ambiental.

En el contexto del proceso de restitución de tierras, estas protecciones presentan un alto nivel de complejidad para su aplicación, principalmente ante las restricciones presentes en la misma Ley de Víctimas en lo concerniente a los criterios que limitan la restitución y para los casos para los cuales aplica la compensación, así como la definición de los Derechos Mayores sobre el territorio. Ni siquiera la Carta del Campesino (FAO; 1981) podría aplicarse en este caso de restitución, si bien sí podría aplicar para determinar las pretensiones de restitución para orientar al Juez Agrario a futuro y puntualizar sobre las responsabilidades del Estado colombiano frente a las difíciles condiciones en que debieron vivir estas comunidades durante más de 30 años, viéndose fuertemente golpeados por enfermedades tropicales como la malaria, la fiebre amarilla, la desprotección a nivel social, sin servicios de salud ni educación, inexistentes vías de acceso, inequidad en el acceso a los servicios de justicia que generaron un estado de vulnerabilidad general que de forma indirecta permitió y facilitó la vulneración de derechos por parte de grupos armados ilegales.

Así las cosas, de lo que decida la Unidad de Tierras y presente ante los jueces, así como las actuaciones complementarias que se requieren del INCODER y el Ministerio de Medio Ambiente y en general del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, posiblemente los casos de propietarios sean aceptados y compensados con predios en otras zonas del país por causa de las restricciones ambientales mientras que los ocupantes serían excluidos directamente en el proceso administrativo adelantado por

la Unidad, situación en la cuál se dejaría entre paréntesis o se disolvería el proceso de retorno colectivo con el cual se han mostrado fuertemente interesados los y las solicitantes de restitución de este corregimiento, dedicando sus esfuerzos de múltiples maneras a través de acciones de exigibilidad con apoyo de Organizaciones Defensoras de Derechos humanos como la Comisión Intereclesial de Justicia y paz, la Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Forjando Futuros, entre otras.

Teniendo en cuenta la deficiente capacidad de intervención del Estado, por las actuaciones y omisiones pasadas y recientes por parte de la Corporación Autónoma Regional de Urabá (Corpourabá), el Ministerio de Medio Ambiente, La Alcaldía de Turbo, Gobernación de Antioquia, INCODER entre otras, la protección ambiental de esta zona de reserva ha sido desestimada por el Estado a tal punto, que se mantiene y profundiza el proceso de concentración de la tierra, daño y explotación ilegal a los recursos ambientales de esta zona aledaña al cerro cuchillo sin que ninguna autoridad intervenga en el corregimiento a pesar de las múltiples denuncias y comunicaciones de los pobladores, solicitantes de restitución, organizaciones de Derechos Humanos, Instituciones públicas como la misma Unidad de Tierras, que han puesto en conocimiento la destrucción de zonas de bosques por cuenta de los actuales propietarios y poseedores, que con anterioridad al inicio del proceso de restitución y de forma continuada después del inicio de este, han procedido de forma ilegal a talar amplias zonas de bosques, proceso que con el paso del tiempo representaría drásticos cambios en el paisaje rural, condiciones físicas de la tierra y el acceso al agua, dejando como rastro “un peladero” en caso de que les sean restituidas las tierras a los campesinos despojados.

En este contexto, el alto nivel de impunidad que se respira en la zona, catalizado por la próxima liberación de los paramilitares que participaron en la victimización de la población por cuenta del proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, dejaría un sinsabor en la población resistente y desarraigada al presenciar que el Estado que permitió inolvidables hechos de violencia a los ojos de una base militar en la cima del cerro, ahora impida por causas jurídicas de protección ambiental (con una controvertida lectura social), que las víctimas retornen mientras que está en duda su capacidad para proteger el territorio, siendo visible la explotación y abuso del mismo por parte de los terceros ocupantes de los predios. Una vez fuera resuelta la restricción ambiental para la restitución de tierras para la población campesina, un proceso de caracterización en curso de las comunidades del Territorio Colectivo de Comunidades Negras de La Larga Tumaradó a cargo del grupo de asuntos étnicos de la Unidad de Tierra, las investigaciones y revisiones del proceso de adjudicación, dejarían más claro el panorama frente a este territorio, ya que actualmente se contempla la posibilidad de un error en la definición de los límites del dicho territorio de comunidades negras, con lo cual podría solicitarse el realinderamiento para excluir la zona poblada por las comunidades campesinas, que en caso contrario generaría una confrontación entre los derechos territoriales de unos y otros, conflicto que hasta el momento parece perjudicar a las comunidades campesinas por las fortalezas en el sistema de protección de derechos de los territorios de las comunidades afro dentro del ordenamiento jurídico colombiano. A pesar de ello, ya se están presentando situaciones incipientes de confrontación entre estos grupos, toda vez que las diferentes comunidades toman acciones frente a las noticias que llegan de las discusiones y notificaciones que hacen partícipes a los Consejos Comunitarios Mayores y Menores por un lado y a las comunidades campesinas en la zona del Urabá Antioqueño en límites con el Chocó Biogeográfico.

5.2 Sobre la interacción con el contexto

Desde una perspectiva de las víctimas, el Estado como deber ser es visto como un sólo cuerpo, que dadas las variaciones en la definición de las políticas públicas agrarias y de desarrollo rural ha traído como consecuencia que una comunidad sea dividida en el proceso de reparación por lógicas jurídicas que son distantes de su cotidianidad. La exposición en algunos casos a un largo proceso judicial que trae finalmente perjuicios es una insatisfacción de sus expectativas, no sólo en relación con la restitución sino mucho más allá, en relación con sus proyectos de vida, dado que representa una dedicación de vida a esa materialización del trabajo. El Centro de Toledo para la paz (CITPAX) llevó a cabo una serie de informes resultado del acompañamiento a víctimas en el Urabá antioqueño, entre quienes estaban víctimas de la vereda Guacamayas en Macondo. La organización concluyó a partir de entrevistas a profundidad, que la reconstrucción del proyecto de vida no ha sido posible en términos de reparación y transformación de la condición de las familias, pues ninguno de los tres pilares iniciales que son para ellos, el retorno a la tierra, la protección a la vida y las posibilidades de siembra y productividad se han hecho realidad, así la interacción con el Estado ha sido lesiva.

el resultado han gastado su vida productiva buscando una reparación por parte del Estado, han repetido continuamente el relato de los hechos victimizantes ante diversos funcionarios e instituciones, han sido estigmatizados públicamente por algunos de esos funcionarios y miembros de la sociedad civil. (CITPAX; 2013: 26)

Otro elemento de la interacción está relacionado con las relaciones de poder a través del lenguaje, las diferencias entre el mapa de relaciones sociales y el mapa político con fronteras invisibles sobre el territorio chocan entre sí. Al comparar las cartografías sociales levantadas con la comunidad de Macondo y la cartografía de fuente oficial, las diferencias son sustanciales en cuanto, el territorio del corregimiento es comprendido por sus habitantes en una extensión más amplia que la determinada por los límites políticos del municipio, de esta manera, aunque según los datos oficiales de catastro municipal y el IGAC, el corregimiento de Macondo está integrado por la cabecera y las veredas de al norte del cerro cuchillo, Bella Rosa (La Danta es el nombre local), Villa Eugenia, al oriente del cerro veredas Cuchillo Negro Eugenia abajo, Eugenia media, Villa Eugenia, Eugenia arriba, Guacamayas, al occidente del cerro las veredas Cuchillo Blanco, California, su área de influencia y relaciones abarca las veredas el Caimán, La Línea, La Pala, corregimientos vecinos como Blanquicet y Nuevo Oriente, entre otras. De esta manera, las instituciones se basan en información oficial y esta muchas veces contiene errores y además no contempla los procesos complejos de relaciones de vecindad, ni magnitudes y tipologías de violencia y/o despojo. De esta manera la definición de las áreas a microfocalizar no responde a un criterio resultado de un análisis del contexto, sino a una convención formal que no corresponde a las dinámicas poblacionales ni de despojo.

En cuanto al impacto del proceso mismo, la restitución tal como está contemplada en la Ley de Víctimas busca generar cambios en las estructuras de poder una vez se implementa en el territorio y necesariamente, esta acción directa sobre el contexto genera o activa conflictos latentes o abiertos. (COSUDE; 2006:4) En este caso, la reacción de una parte de los terceros, que cuentan con capacidad de influencia y

representación política ha sido activa en su papel de opositor, llegando a utilizar diferentes medios para ejercer presión sobre las instituciones y la población víctima. Por otro lado, los representantes de las organizaciones de víctimas han señalado directamente a los empresarios y terratenientes de orquestar de forma legal e ilegal persecución a ellos, señalándolos incluso de estar detrás de las amenazas contra sus vidas mientras desestiman que grupos armados como los Urabeños o las Autodefensas Gaitanistas (“Amenazan en Urabá...”, 2014, Mayo 28) estén interesados en oponerse directamente a los procesos de restitución, opinión que de manera informal comparten en cierta medida representantes de las instituciones con competencia o las organizaciones de cooperación, pues, Macondo, a diferencia de la zona norte de Urabá, no hace parte de los corredores estratégicos de contrabando o transporte de sistemáticas ilegales.

Desde la perspectiva decolonialista, en este caso encontramos a una comunidad que reclama su derecho y continúa produciendo el lugar a través de la continuidad en la construcción de sentidos, narrativas, identidades y ecologías, (Escobar; 2007: 166 y ss) en oposición a las lógicas del modelo económico hegemónico, las políticas públicas que promoviendo este modelo contradicen la política de prevención y atención a las víctimas del conflicto. Es una traducción colonial, porque está política del lugar que han ejercido estas comunidades desde el momento en que comenzaron a poblar la zona, ha sido contrarrestada en su efectividad en términos de poder por las acciones contradictorias y desempoderantes del Estado, al afirmar un fenómeno de colonización con las titulaciones y revocarlo con los impedimentos que surgen de las protecciones ambientales y cambios en las reglas de juego sobre la titulación de baldíos, también por las fallas en el ejercicio de la autoridad para proteger a la población de los actores armados y al territorio de la sobre explotación y el deterioro ambiental, las restricciones actuales a la restitución mientras se otorgan licencias de exploración minera. De esta manera las narrativas desterritorializantes (Escobar; 2007: 167) se imponen sobre las narrativas del lugar del campesinado a través de múltiples agentes con el Estado a la cabeza en este momento. A la vez, la traducción colonial se expresa en la imposición de la regulación sobre el lugar significado por la comunidad lo que implica su negación a la reivindicación de derechos, retorno y reparación integral por "ficciones jurídicas" mientras, por causa de una democracia restringida y una imposibilidad práctica de dominio y ejercicio de autoridad por parte del Estado, no se tienen garantías para la protección ambiental del cerro cuchillo y sus inmediaciones, la protección de la población civil frente a la no repetición de hechos violentos, la intermediación del Estado frente a los conflictos sociales presentes. En conclusión, este escenario siembra incertidumbre en todos los actores, incluso los que cuentan con una posición dominante, lo cual de traduce en un impacto negativo sobre las necesidades locales de paz y dificulta la consolidación de capacidades para la construcción de un escenario de reconciliación y pos conflicto, especialmente porque se perpetúan las causas de los conflictos evidenciados y no de cuenta con escenarios claros para su resolución efectiva, dejando un gran margen para a reaparición de alternativas violentas por parte de los actores sociales.Por los errores y omisiones del Estado se facilitó el proceso de descampesinización, que ha tenido múltiples causas o “fuerzas” (CITPAX; 2013), proceso que es funcional a la dinámica de “acumulación por desposesión”, que a su vez se retroalimenta con el ciclo de proletarización, fenómeno observado en las décadas del 60 y 80 en Urabá y otras regiones, donde el anterior proceso de despojo se caracterizó por la formación de una masa de trabajadores dependiente. Si el Estado refuerza o no detiene esas fuerzas, está actuando bajo un esquema de traducción colonial (Quijano; 2007) pues reproduce el supuesto que la economía campesina no es moderna y que la agroindustria, la ganadería o cualquier otra actividad hegemónica generará desarrollo rural, des estimulando la economía campesina. Una de estas acciones, ha sido la llegada de los servicios públicos

por cuenta de la presencia de las concentraciones ganaderas. Previo al despojo no había llegado la energía eléctrica, y aún en las zonas pobladas que permanecen, este servicio es precario o inexistente. Sin embargo, es detrás de las insistencias de los campesinos que se evidencia la existencia de "Sentidos del lugar" que han sido construidos para explicar el carácter vinculante con lo universal que tienen también estas expresiones de apego al territorio, a la insistencia o la terquedad por volver al “llamado de la tierra” (profundizado por la experiencia del desarraigo y la impunidad) compartida en este caso por parte de las generaciones más jóvenes en un relativo relevo generacional que contraviene la tendencia general.

6. Recomendaciones para intervenciones sensibles a los conflictos del corregimiento Macondo

6.1 Principios de continuidad del Estado, progresividad en los derechos y coordinación armónica

La coordinación armónica y operación de las instituciones del Estado respetando los principios de continuidad, progresividad que no desconozcan los conflictos provocados históricamente por errores en el Estado como un sólo cuerpo éticamente responsable en su conjunto, son una necesidad para la construcción de paz. Actuar con base en los criterios técnicos establecidos por el mismo sistema de atención, restando a la reacción por causa de la agenda inmediatista impuesta por presiones de todo tipo, expuestas de cara a los medios de comunicación y que en contextos de campaña electoral es más aguda. Así, los diferentes tipos de presión que es necesario diferenciar, pueden estar generando afectaciones para un adecuado desempeño y toma de decisiones por parte de las entidades del gobierno, especialmente el Ministerio de Agricultura.En relación con el punto anterior, realizar socialización y análisis intersectorial previo con anterioridad a la emisión de actos administrativos de competencia de un sector o institución así la ley permita esa autonomía. Tal es el caso de las macrofocalizaciones y las resoluciones de microfocalización de zonas de restitución de tierras, actos que requieren de la proyección de posibles efectos y escenarios a enfrentar en un territorio, ejercicio con el cuál se podrían prevenir afectaciones evitables, como el inicio de estudio de casos en zonas cuya viabilidad de restitución o no puede conocerse previamente a través del análisis cartográfico.Disminuir el grado de incertidumbre e inseguridad jurídica por la distancia que existe entre los parámetros establecidos por un marco normativo o un programa de políticas públicas a través del tiempo, como la dimensión de las tierras adjudicables, cuyas variaciones en el tiempo han agregado inestabilidad jurídica a los derechos otorgados por el mismo estado al ser modificados en las reformas posteriores. Tal es el caso de la discordancia entre la dimensión de las tierras otorgadas en el marco de la Ley 135 de 1961 y la Unidad Agricola Familiar como medida de distribución de la tierra establecida a partir de la Ley 160 de 1994, diferencia que en la actualidad limita la dimensión del área a restituir, como si la población campesina se encontrará frente a dos o más Estados.Ofrecer una respuesta socialmente validada frente a las restricciones e implicaciones que tiene el Código de recursos naturales, con sus límite temporal arbitrario del año 1976 que en la actualidad se aplica y desconoce titulaciones otorgadas después de ese año a propietarios beneficiados por la ley de reforma agraria después de ese año que por error u omisión del INCORA, se les hubiera asignado territorios dentro de zonas de reservas forestales. La medida de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) establecidas como estándar a partir de la Ley 160 de 1994, reportando un cambio en la normatividad que implica enormes dificultades para la restitución y formalización de tierras, pues entre la variedad de

casos, que también se hallan en Macondo y el Urabá, se encuentran situaciones en que se provocan conflictos comunitarios o imposibilidad de titular áreas inferiores a una UAF, en casos donde un predio fue dividido en partes iguales y medido con cabuya por comunidades cuya medida no era la norma (en muchos casos inexistente para el momento de poblamiento) dada la precariedad en el acceso a áreas suficientes de tierra.Aplicación de acciones afirmativas para grupos étnicos guardando un equilibrio frente a los derechos de otras comunidades.Incluir en todos lo procesos que busquen aplicar el enfoque de sensibilidad a los conflictos, aportar a la construcción de paz la mirada histórica sobre los otros conflictos en los territorios. Si la misión del Estado en el momento actual es coherente con los principios de cooperación armónica y especialmente la responsabilidad de la reparación transformadora, se tendrá que incluir en los actos administrativos y judiciales la obligación de resolver en derecho las fallas históricas del Estado en diferentes sectores, de lo contrario se continuará con la cadena de revictimizaciones. Este asunto tiene implicaciones difíciles de resolver como el conflicto jurídico y social provocado por los choques entre el código de recursos forestales de 1974 y las políticas agrarias y de desarrollo rural.Otra medida necesaria es la articulación de las competencias y funciones establecidas tanto por los Decretos 4800, 4801, 4829, y los Decretos con fuerza de Ley para Pueblos indígenas (Decreto 4933), Pueblos afrodescendientes (Decreto 4935), ya que del análisis de conflictos se concluye que estos dos marcos normativos pueden llegar a enfrentar social y jurídicamente las comunidades campesinas y negras en la región del Río León, las instituciones e incluso a los equipos encargados de su implementación al interior de una misma institución.

6.2 Comprensión de los contextos socioculturales, sus raíces históricas para la toma de decisiones en proyectos de construcción de paz.

Desconocer o hacer un mínimo esfuerzo por comprender el contexto cultural, que pasa por lo lingüístico puede llevar a fallos en la estrategia jurídica provocados por una interpretación unidireccional o parcializada de la complejidad de las relaciones o de los significados. Una de esas dificultades se evidencia en las practicas de distribución y uso de la tierra que se manifestaron en diferentes regiones del país durante todo el siglo XX y que en Macondo también se puede evidenciar. El desconocimiento de las redes sociales e incluso el significado de los nombres dados a las prácticas organizativas campesinas, como un “frente de trabajo” puede conducir a errores, que en un proceso judicial representan meses e incluso años para resolverse.

Reconocer que las omisiones también causan daños aún peores que la invervención desacertada. Comprendiendo los efectos de la falta de intervención de las autoridades, genera rupturas en los contextos culturales en que se presentan los conflictos y esos impactos pasan por los posibles daños en el proyecto de vida que puedan causar no sólo a las víctimas sino a las

comunidades que habitan cualquier territorio de intervención, el deterioro del entorno ambiental que hace parte de los indicadores de condiciones de calidad de vida (Concepto de Solastalgia de Ben Albrecht).

6.3 Análisis Histórico del cruce de conflictos y acción en consecuencia

Para los proyectos enfocados en impactar las causas estructurales del conflicto armado y hacia la construcción de paz, se recomienda actuar sobre los conflictos territoriales de la misma manera, haciendo más coherente la intervención sobre el territorio. De esta manera, ejercicios como el Análisis de Contexto (reglamentado en la Ley de Víctimas) deberían articularse a los análisis situacionales, ya que una visión más amplia de cómo los factores estructurales afectan la coyuntura actual, son información relevante para facilitar a un juez especializado en restitución de tierras, la toma de decisiones en derecho, teniendo una mayor calidad en la información.

Responsabilidad de las organizaciones de de la sociedad civil y de cooperación que acompañan a las comunidades, estableciendo mecanismos o acciones afirmativas que busquen transformar claramente los factores de “traducción colonial” que aún están presentes en el actuar institucional, para que se reconozca el papel como sujetos políticos con memoria y proyección en las comunidades de base. Los ejercicios de planeación sobre el territorio siguen dándose a espaldas de todos los ciudadanos como lo ejemplifican proyectos como el Diamante del Caribe y Santanderes (“Diamante Caribe...;2014, Junio).

Las intervenciones que se den en Macondo requieren reconocer en espacios humanitarios de diálogo entre las percepciones y posiciones que surgen por esas dinámicas históricas.

6.4 Proyecto Plataforma de construcción de paz

Dando claridad a la diferencia de nivel entre el enfoque de sensibilidad a los conflictos, objeto del presente trabajo y las implicaciones que tiene el enfoque de construción de paz, que por demás requiere un análisis más detallado de las necesidades locales de paz, nos atrevemos a plantear las bases de una propuesta que aporte a este propósito mayor, que construya desde un nivel estratégico y aplique principios de construcción de paz como las infraestructuras de paz, sostenibilidad, interdependencia y aplique los enfoques diferenciales (Jure; 2010: 11).Teniendo en cuenta la visible movilización social de la población víctima del Urabá Antioqueño por la reivindicación de sus derechos y la puesta en marcha de la Ley de Víctimas como infraestructura para ese propósito, todo ello en medio de la reactivación de las estructuras armadas ilegales tanto de grupos paramilitares post-desmovilización como de las FARC, la mayor articulación entre los diferentes actores sociales que juegan el papel de constructores de paz en la región a partir

de una plataforma conjunta puede constituirse en un aporte al proceso de fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de los conflictos multimodales que presenta dicho territorio.

La propuesta inicial parte de la construcción colectiva de un Sueño que será definido a través de la participación en espacios de encuentro y colaboración: La comunidad víctima y receptora de la región de Urabá viven en paz integradora. Con base en este objetivo indirecto hipotético (por cuanto su construcción debe ser colectiva) tendrá como referentes las Teorías del Cambio social que entienden la construcción de la sociedad y de la historia como un resultado de la acción colectiva y sus principales agentes son los movimientos sociales.

Con base en el horizonte epistemológico esbozado anteriormente, se plantea como resultado directo la consolidación sostenible de una plataforma intercultural de trabajo colaborativo entre las comunidades, las ONGs y las instituciones encargadas de la implementación de las Políticas Públicas en la región de Urabá.

7. Anexos

7.1 Anexo 1: Ubicación geográfica del corregimiento Macondo.

Mapa 1: Ubicación geográfica de Macondo

7.2 Anexo 2: Línea de Tiempo del caso Macondo.

La Línea de tiempo para realizar el análisis del caso Macondo fue creada en diciembre de 2012, cuando se inició la gestión de restitución en la Unidad de Restitución de tierras. Es una plataforma virtual en software libre. Está alojado en la dirección web http://land.redhumus.org y contiene en contexto reportes sobre los hechos relacionados con la problemática de tierras y territorios en todo el país, constituyendo una base de datos abiertos de uso público para el monitoreo de esta problemática. Extraemos la línea de tiempo de esta plataforma:

1980

1/01/1980

1/01/1982

1/01/1983 FARC, ELN, CRS, EPL

1/01/1983

Periodo de censos y titulaciones

1/01/1985

1/01/1985

2/10/1986

1/01/1987

1/01/1988

Conformación de Juntas de Acción Comunal Se construyen caminos, puentes, escuelas veredales.

Exploración de oro por extranjeros

Grupo de extranjeros buscan ayuda de locales para explorar por oro en el cerro

Presencia grupos guerrillerosAumento de inversionistas en La panamericana

Se advierte la presencia de inversionistas y narcotraficantes

1/1/1984 0:00:00

Titulaciones INCORACable aéreo a Bajirá y gestiones comunitarias

Comienza construcción de cable de 11km hasta Bajirá con recursos comunitarios. Se inician gestiones para obtener recursos públicos e infraestructura Estatal

Toma guerrillera en BajiráFARC asesina Hermanos Murillo

Hecho que marcó a la comunidad y el inicio de una época de violencia generalizada

Construcción Base Militar en Cerro Cuchillo Batallon Voltíeros N. 34

Jefatura militar de Urabá

Presidente Virgilo Barco declaró la zona como “zona de emergencia y escenario de operaciones militares. (URT;2013)

1990

1/01/1990

1/08/1990

1/01/1991

29/05/1994

3/08/1994 Ley 160 de 1994

1/01/1995

1/01/1996 Mayor número de casos individuales y masivos

26/03/1996

1/04/1996 Raúl Hasbún, Lázaro.

15/04/1996

10/07/1996 Efectuada por paramilitares

Ejército Bombardea Cerro Cuchillo y abuso de autoridad con vereda la Eugenia

Después del ataque aun objetivo indeterminado, ataca a las familias en la falda del cerro

Fundación Cootraglobam

12 familias de los corregimientos Macondo y Blanquicet conformaron la Cooperativa de Trabajadores Agrarios de Blanquicet y de Macondo

Proyecto de piscicultura y recursos ONG para cable aéreo

La presencia del Estado es precaria. Desde Riosucio viene brigadas de salud

Puente minado en elecciones y ataque de ejercito a población civil

Las FARC dinamitan un puente veredal en Vereda Cuchillo Negro, el ejército hiere y tortura un campesino en represaliaCrea Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria

Brigada VXII del Ejercito bajo manod Rito Alejo del Rio

En este periodo se presenta la operación Génesis y multimpes denuncias de connivencia del ejército con paramilitares

Desplazamientos y ventas forzosas

Despojo de Finca "Gran Chaparral"

Paramilitares despojan materialmente la finca más grande del corregimiento, posterirmente asesinan a su dueño Gilberto Velásquez en Medellín y es sitio frecuente para Vicente Castaño en Urabá

Presencia de paramilitaresDesplazamiento masivo en La Eugenia

En un momento de asesinatos y desapariciones un grupo de familias se desplaza

Masacre de Villa Arteaga en Mutatá

2000

14/11/2000

24/11/2004

1/01/2007

20/07/2008

22/11/2008 Representante de Cootrablobam

5/12/2008

2010

22/03/2010

22/03/2010

29/09/2010

24/11/2010 Reclamante de tierras de Macondo y Blanquicet

2011 8/09/2011

2012

26/03/2012

1/12/2012

8/12/2012

14/12/2012

Titulación Territorio Colectivo de Comunidades Negras

INCODER titula el Territorio Colectivo de Comunidades Negras de La Larga-Tumaradó incluyendo a Macondo

Concentración de tierras y deforestación

Profundización de la deforestación con procesos de concentración de tierras

Desmovilización Bloque Bananero AUC

El frente Alex Hurtado de las AUC, cuyos miembros participaron de los hechos victimizantes en Macondo se acogen a la Ley de Justicia y Paz.

Devolución El Caimán.

Devolución de tierras en El Caimán por Cuco Vanoy a través de Mateo

Víctimas de Macondo y Blanquicet inician retornos sin acompañamiento

Camesinos crean Mesa de Trabajo Campesino para el Programa de Recuperación de Tierras. Se inicia la movilización de despojados por la recuperación de sus tierras. Recuperación no fue exitosa.

Asesinan a Juan Agustín Jimenez Vertel

Después de haber ganado la demanda contra su despojador es asesinado.

Asesinan a Benigno GilAsesinan Jaime Antonio Gaviria

Era miembro de la mesa y testigo del homicidio de Benigno Gil

José María Calle acampa por dos años

Uno de los fundadores de Macondo y despojado de su tierra, ingresa con 22 campesinos y permanece durante 2 años en una enramada a las afueras de su finca, mientras el despojador permanece en su casa.

Retorno sin acompañamiento de 22 campesinos

Jose Maria Calle es uno de los campesinos que retornan por sus medios

Denuncia de terceros de Macondo por Angelino Garzón, y el Ministro de Agricultura

El vicepresidente y el ministro dirigen carta a la Fiscalía pidiendo investigar a despojadores

Asesinan a Oscar Maussa

W Radio entrevista a Nelson Urrego

El narcotraficante confeso radicado en Panamá y vinculado a tercero de la zona sostiene entrevista a medios nacionales

Magistrado llama mentiroso a reclamante y niega restitución

EN el marco de Justicia y Paz, el magistrado Olimpo Castaño nego restitución a Victor Manuel Correa y le impuso pagar los gastos del juicio

URT y Forjando Futuros firman Convenio

La entidad y la organización acuerdan apoyo para la documentación de 160 casos de despojo en Antioquia.

Nuevo desalojo de campesinos retornados

COn la quema de las viviendas y enseres, los campesinos retornados son desalojados por la inspección de polícia de Turbo

Resolución de Microfocalización en Macondo

La UAEGRTD emite la resolución RDA 001/12 e inicia el proceso de investigación

2013

7/06/2013

22/07/2013

2/08/2013

14/08/2013

1/09/2013

17/09/2013

8/10/2013

11/10/2013

20/10/2013

15/11/2013

30/12/2013

2014

9/01/2014

4/02/2014

26/03/2014

15/04/2014

22/04/2014

Forjando Futuros y Tierra y Vida denuncian nuevas amenazas

Panfletos y amenazas telefónicas son dirigidos a las dos organizaciones defensoras de víctimas

MAPP-OEA denuncia hostigamientos contra campesinos

En la zona de Macondo, campesinos que no fueron despojados, denuncian hostigamiento por parte de personas de la comunidad vinculadas con terceros.

Desalojo a familia campesina retornada

El señor Esteban Mora es desalojado después de retornar sin acompañamiento

Defensoría solicita suspensión de policivos

La Defensoría del Pueblo insta a la Alcaldía de Turbo a cesar los desalojos en Macondo

Tierra y Vida sostien reunión con campesinos de Macondo

En el contexto de elecciones parlamentarias la representante de la organización se reúne con solicitantes proyectando respuestas insatisfactorias para campesinos

MAPP-OEA denuncia presencia de actor armado en Macondo

Los representantes en Urabá de la organización internacional denuncian movimiento de gurpos armados desconocidos en la zona occidental del cerro cuchillo, con base en información de campesinos.

Nuevos hostigamientos contra campesinos retornados

Algunos campesinos retornados que permanecen en la vereda La Eugenia denuncian ofrecimientos y chantajes para desistir

Siguen las talas indiscriminadas y otros hostigamientos

Campesinos denuncian nuevamente de talas y ofrecimiento de dinero a cambio de desistir por parte de terceros con posesión de las tierras,

10/12/2013 0:00:00

Campesinos de Macondo remiten carta a URT

Campesinos de Macondo escribe a URT planteando su percepción sobre el conflicto

Uno de los terceros quema vivienda de mujer retornada

Un tercero de la vereda La Eugenia quema vivienda de mujer retornada sin orden o acompañamiento de la autoridad competente.

Tercero convoca reunión con solicitantes

Un tercero de la vereda Eugenia Media convoca a un grupo de solicitantes para convencerlos de desistir en sus pretensiones.

Primer paramilitar es liberado

El primer integrante del Bloque Bananero recupera su libertad por proceso de Justicia y Paz

Abuso de autoridad en desalojo

El desalojo realizado por la inspección de policía de Turbo fue denunciado por excesos de la fuerza pública contra campesinos retornados

30 familias retornan nuevamente sin acompañamiento

Motivados por hechos recientes las familias retornaron masivamente

Otra Captura de acusados de despojo en Macondo

Adriano Palacios y otros vinculados con despojo en Macondo fueron capturados en Urabá

40 familias más retornan sin acompañamiento a Macondo

Sumando alrededor de 70 familias y motivados por capturas, campesinos de Macondo retornan sin acompañamiento

Magistrado niega restitución a 12 campesinos de Guacamayas

En el marco de Justicia y Paz, El magistrado Olimpo Castaño llamó mentirosos a los campesinos, negó la restitución y envió copias a la Fiscalía para investigar a los solicitantes.

7.3 Anexo 3: Mapa de conflictos en el caso Macondo.Mapa de conflictos y actores en el momento actual (2004 - 2014)

CAMPO Modelos económicos

Sociopolítico Tenencia de la tierra Ambiental Jurídico Étnico

Estructura Configuración espacial capitalista en la zona centro-sur de Urabá con ganadería extensiva, explotación de recursos o economías ilegales.

Construcción de megaproyectos por posición geoestratégica de enclave. (CUBIDES, ,ORTIZ;1998)

Violencia Sociopolítica con estigmatización sobre la población como “base social de guerrillas”, zona de abandono de acción del Estado.

Control relativo de grupos armados y fuerzas del Estado, en pugna por el control sobre territorios estratégicos.

Proceso de Colonización motivado por escasez en los medios de producción donde la tierra tiene un valor social alto. Niveles desiguales de formalización. Procesos cíclicos de acumulación por desposesión. Harvey citado por LOMBANA; 2012)

Proceso de colonización temprana en áreas estratégicas de conservación y de acceso al agua, expansión de frontera agrícola y ganadera, que genera daños ambientales.

Profundización del deterioro ambiental y titulos mineros en concesión.

Diferendo territorial entre departamentos de Chocó y Antioquia, cambios en códigos de recursos naturales y política agraria, además de omisiones y/o irregularidades de entidades del Estado que conducen a inseguridad jurídica, ruptura de los porincipios de confianza legítima y continuidad del Estado.

Procesos migratorios atraen diferentes grupos sociales y étnicos que cohabitan zonas en proceso de integración a grandes conglomerados.

Coyuntura Consolidación de un modelo de explotación capitalista en la zona del eje bananero que se retroalimenta con la zona de expansión ganadera y nuevos modelos de negocio. Redes de economía ilegal vigentes que usan la tierra como activo económico.

Continuidad y emergencia de prácticas de estigmatización y uso de la violencia para generar homogeneización política y social, con el territorio como epicentro de las luchas. Persecución de víctimas retornadas por terceros con anuencia de autoridades.

2 Procesos de investigación Judicial en el marco de la Justicia Transicional que en principio conducen a la restitución de derechos sobre la tierra.

Deterioro ambiental creciente y uso de la extracción de recursos naturales para el ejercicio del poder.

Operacionalización de jerarquías de sistemas de protección de derechos y marcos normativos, que condicionan el comoponente de restitución de la reparación y otros derechos.

Aparición de oposiciones entre 34 Comunidades del Territorio Colectivo de La Larga-Tumaradó y campesinado colono por intervención jurídica. Reconocimiento de derechos étnicos de comunidad afro sobre la base de territorios despojados a otras comunidades.

Estado (Incipiente, latente, abierto o manifiesto)

Latente Latente Abierto Abierto Latente Latente

Actores y rol (Involucrado, afectado, interesado) y Posiciones

Terratenientes: Continuidad de adecuación de infraestructura, ganadería extensiva, expansión territorial sobre servidumbres Campesinado; Economía campesina en resistencia dentro de franjas territoriales asignadas o delegadas.

Políticos de profesión y élites locales: Concertación para sostenimiento de hegemonías; Organizaciones de víctimas: Visibilización, incidencia política y participación en contienda política. Campesinado: Movilización y gestión.

Víctimas Solicitantes de restitución (afectados): Participación en el proceso, Vías de hecho con retornos sin acompañamiento; Continuidad en el proceso de denuncia, Campesinado (interesados): Observación como medida de protección. , Terratenientes y empresarios (involucrados): No acción evidente; Opositores terratenientes: (involucrados)Defensa y justificación, señalamiento y estigmatización a víctimas , terceros campesinos (involucrados): Aceptación y abandono de algunos, Campesinado sin tierra en su búsqueda (interesados): Alerta, Víctimas de la región (interesados): Expectantes, cercanos desde un espacio de protección, Fiscalía, Unidad de Restitución de Tierras, Unidad de Víctimas y SNARIV: Cumplimiento de competencias. Alcaldía de Turbo: Oposición a las víctimas y defensa de intereses de terratenientes.

Viejos y nuevos Terratenientes (involucrados): Continuidad de explotación; Opositores: Tala indiscriminada como ejercicio de poder; Autoridades: Alcaldía de Turbo: Indiferencia , Corpourabá: indiferencia, (involucrados), víctimas solicitantes(afectados): Denuncia, campesinado resistente. (involucrados): Desconocida.

Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio del Interior, Unidad de Restitución de Tierras, INCODER: Cumplimiento de competencias, concertación, negociación, estudio de caso; Empresas mineras concesionarias (involucrados); Etapa de exploración (Faltan datos), Víctimas solicitantes (afectados): Denuncia, movilización, vías de hecho, disminución de participación.

Comunidades Afrocolombianas: No se conoce; Consejo de Comunidades Negras de la Larga-Tumaradó (involucrados: Apertura de diálogos con posición privilegiada; Comunidades negras de base (afectados): No se conoce; Víctimas solicitantes (afectados): Manifestaciones oposición a comunidades negras, negación.

Problemas (valores, intereses, recursos, medios, Hechos, Derechos

Recursos, valores,

Recursos, valores, intereses

Derechos, recursos, valores, hechos

Recursos, derechos

Derechos, valores,

Valores, derechos, hechos, recursos

Conectores Actividades e identidad productiva basada en las pequeñas parcelas, principalmente

Deseo compartido de la solución al conflicto y una vida en paz.

Identidad, origen e historias de colonización compartidas por familias extensas de migrantes en diferentes oleadas.Creencias religiosas

Necesidad de uso de suelos fértiles y acceso a agua. Necesidad

Diferentes actores interesados en dirimir el conflicto, marco jurídico fortalecido,

Familias extensas y orígen histórico común por las migracione

dedicadas al plátano.Deseo compartido de convivencia basado en el minifundio y el deseo de la independencia económica.- Visión de Urabá como la tierra de las oportunidades.

compartidas que movilizan hacia una percepción de futuro basado en la esperanza.

de ambiente sano y bienestar.

progresiva claridad en las vías de resolución.

s.

Divisores Proletarización y posible desistimiento del deseo de independencia económica por contexto económico desfavorable para el pequeño productor.

-Polarización e historia reciente de negación del otro diferenciado por un contexto de violencia sociopolítica.- Despolitización: Aprendizaje colectivo sobre improcedencia práctica de participación política.

Estereotipos y etiquetas sociales que impiden el acercamiento.Desesperanza arraigada por los hechos de violencia vividos, heridas que no han sanado

Uso iracional de recursos como arma para el ejercicio del poder por parte de opositores. Modelo económico marco y jurídico e intervención institucional favorable a la destrucción ambiental.

Las víctimas son fragmentadas y diferenciadas en su acceso a la justicia.

Los recursos en juego para cada parte genera posiciones opuestas y necesidad de diferenciación y toma de distancia social qu refuerza prácticas de segregación.

Escenarios prospectivos

Consolidación de modelo económico con franjas de economía campesina en posición subordinada.

Continuidad de la estigmatización política. Paulatino traslado de las luchas sociales al campo ideológico y político,con un orden y limitación de l uso de la violencia frágil pero estable.

Retorno de desmovilizados de las AUC a retomar posiciones de dominancia, ineficaz acceso a la justicia y altos niveles de impunidad, continuidad o aumento de vías de hecho y retornos sin acompañamiento. Posible revictimización y judicialización de algunos solicitantes. Desarraigo

Deterioro porgresivo de medio ambiente, daño ambiental y posible vía de compensación a campesinos,

Reconocimiento de derechos a propietarios, negación o aplazamiento de reconocimiento de derechos a poseedores y ocupantes.

Delimitación de territorios, continuidad en las relaciones, alivio de las tensiones- En caso que no se ratifique el territorio colectivo. Si se ratifica, el conflicto puede crecer.

INTERSECCIÓN DE CONFLICTOS en COYUNTURA

Se mantiene la concentración de tierras, se judicializan victimimarios y testaferros, se da continuidad a proyectos lucrativos para el capital, a partir del uso de los terrenos despojados, usufructuando la modalidad de concentración por desposesión.

No se reconocen derechos de una parte de las víctimas, necesidades de respeto derechos territoriales comunidades negras, obligación de conservar reserva forestal

8. Bibliografía

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