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Las luchas laborales en Colombia Coyunturas y perspectiva inmediata
Alvaro Delgado Guzmán Periodista e historiador Investigador, Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep. El repaso desprevenido de las principales luchas laborales colombianas del presente siglo nos proporcionó un aserto que merece un comentario: prácticamente todos los momentos de viraje estuvieron acompañados de un cambio relevante en el curso de la política nacional y, a la vez, del empleo de la fuerza.
Es lugar común decir que por la Costa Caribe penetraron los elementos de la transformación del país: los colonizadores del siglo XVI, las máquinas de "minear" del XVIII, las instalaciones completas de ingenios azucareros y plantas textiles de los siglos siguientes, y hasta los primeros educadores políticos de los trabajadores colombianos. Resulta sugestivo que el primer intento de acción obrera organizada se presentara también en la Costa y durante el único gobierno progresista habido antes de los liberales de los años treinta. La zona neurálgica del conflicto laboral en los tres primeros decenios del presente siglo estuvo localizada en el mismo escenario, con el río Magdalena como su eje. La primera oleada huelguística de pretensiones nacionales y el intento inicial de hacerse a una organización de cobertura nacional datan de fines del decenio de 1910, al término de una Guerra Mundial que arrojó sobre las costas americanas a decenas de activistas sindicales europeos. La década de 1920 está ocupada enteramente por la obsesión obrera de ganar autonomía política y conquistar una representación gremial de escala nacional. Tormentosas huelgas petroleras consiguen estremecer a la opinión pública y una efímera Confederación Obrera Nacional surge al calor de los escarceos socialistas, pero todos los esfuerzos terminan con la derrota final del movimiento bananero de 1928 y la desintegración del prestigio del régimen conservador al año siguiente, en la conocida jornada estudiantil del 8 de junio.
Si el movimiento sindical colombiano había incubado en las miserias de la guerra de 1899 y su trágico epílogo, la separación de Panamá, la crisis mundial de 1929 cambió el panorama completamente. Los fusiles de Carlos Cortés Vargas en la Zona Bananera y la crisis económica extinguieron la espontaneidad y el mutualismo de las acciones obreras. Los mismos obreros, como tales, desaparecen de la escena y en su lugar las calles de las ciudades se llenan de desocupados y hambrientos. Fue una forma de expresión de la nueva vida urbana del país. No eran ya los labriegos de la guerra de los Mil Días que se habían arrancado el uniforme para no delatarse y andaban en los caminos en busca de un
mendrugo de pan. Eran propiamente las gentes empobrecidas de las zonas urbanas, no pocas de las cuales habían nacido ahí mismo. Los liberales radicales y los socialistas de la época volvieron sus ojos a ellas, las acompañaron en las "marchas de hambre" de 1932, y solamente en la penetración de esas filas descompuestas encontraron de nuevo a los obreros.
Había terminado el proceso de germinación y desarrollo de las organizaciones sindicales, y de sus mismos protagonistas. El rápido ascenso de las fuerzas productivas nacionales era un hecho desde la década anterior, y las administraciones liberales se sintieron obligadas a identificarse con los nuevos vientos de la historia. En 1931 se expide la primera ley protectora de los sindicatos y, desde entonces y hasta 1948, cuando comienza en firme la Violencia, el crecimiento orgánico del mundo laboral y la institucionalización de sus luchas son fenómenos incontrovertibles.
En 1936 se crea la primera confederación sindical estable, la CTC, que rápidamente gana influencia e impulsa todo un proyecto político amarrado al Estado y sobre todo al gobierno de Alfonso López Pumarejo. Liberales, socialistas y comunistas se suben a ese tren de la democracia, solitario en nuestra historia contemporánea, y pese a sus discrepancias obligan al empresariado, siempre de la mano de las leyes, a reconocer la existencia de los sindicatos. En 1944-1948, en medio de gran auge económico, se creó más de la mitad de los sindicatos que aparecieron desde principios de siglo, y en julio de 1947 se conocieron los resultados del primer censo sindical del país, promovido por mentalidades progresistas. Los asalariados ganaban un lugar en el pensamiento colombiano.
A mediados de los años cuarenta, al estímulo de la lucha contra el fascismo y la victoria final de los aliados en la Guerra Mundial el avance de las fuerzas del trabajo fue general en el mundo. Esto pudo alarmar a los sectores moderados del liberalismo y al mismo López, y una nueva coyuntura de fuerza apareció en el horizonte. La huelga general que los estibadores pretendieron sostener a fines de 1945 a lo largo del tramo navegable del río Magdalena fue ilegalizada y desbaratada para sentar un precedente: el de que la autoridad no proviene de las fuerzas sociales, por altivas que ellas aparezcan, sino de los aparatos que manejan el Estado. En realidad, el conflicto en el río estaba tan aislado socialmente como el de la Zona Bananera diecisiete años atrás. La mejor prueba de ello fue que su desbandada coincidió con la pérdida del poder por el partido liberal. En 1945 culminó el matrimonio de ese partido y el movimiento obrero y acabó la era del sindicalismo heroico.
Los doce años transcurridos entre la derrota de los navieros y la caída del gobierno de Rojas Pinilla son los peores que ha soportado el sindicalismo colombiano. En 1946 se quebrantó definitivamente el esfuerzo unitario que se había mantenido desde 1919, y nació la organización sindical más caracterizada y coherente que ha tenido el país: la UTC. Afincada en un tipo de sindicalismo que es tolerado por el capital, el de base o empresa, en su haber pudo mostrar realizaciones del régimen tales como el ISS, el Sena, Paz del Río, las cajas de compensación familiar y el ICBF. Sin embargo, el reino de la Violencia, más que sofocar a una CTC corroída por la manipulación partidista y proteger a una UTC levantada frente al nuevo proceso de industrialización, enseñó a los trabajadores su intolerancia y el recurso de la fuerza. Pese a todo, el grueso del sindicalismo escapó de la tutela de los partidos. Rojas fracasó en el empeño de crear una organización obrera obediente a su fórmula corporativista; la Iglesia --que sólo trabaja para su proyecto universal-— le sacó el cuerpo a la retorcida Confederación Nacional de Trabajadores y avanzó al lado de la UTC, y los mismos dirigentes sindicales rojistas terminaron por volver la espalda al dictador. En los años finales de la dictadura militar, organizaciones enteras de la CTC renacieron con la ayuda solidaria de líderes que momentáneamente habían sido ganados por la prédica de sabor peronista. Finalmente, a partir del ingreso de Tulio Cuevas a la presidencia de la UTC en 1963, se opera la transformación más significativa: los sindicatos proclaman su derecho a desarrollar una política autónoma, independiente de los partidos políticos. Por eso durante el Frente Nacional el sindicalismo se convirtió en un fenómeno incómodo al cual, sin embargo, era conveniente asignarle un lugar en la vida social.
La huelga que alrededor de quince mil azucareros del Valle del Cauca adelantaron en julio de 1959 marca el inicio de un nuevo ciclo de luchas obreras. Como en 1928 y en 1945, la huelga fue derrotada y su incidencia marcó el descenso de los conflictos laborales en ese departamento, hasta entonces a la cabeza de la resistencia popular al avance de las ideas antidemocráticas. Pero, a diferencia del pasado, el movimiento sindical no se detuvo. Simplemente se trasladó a otros escenarios. Se concentró en Antioquia, Cundinamarca y Santander, y penetró en las comarcas de la periferia donde el desarrollo económico y político tomaba renovado impulso: Guajira, Arauca, Meta, Casanare, Cauca, Nariño... Hacia 1974, cuando se inicia el desmonte del Frente Nacional, el sindicalismo parecía haber alcanzado su máximo desarrollo como mecanismo de lucha social. El viraje de 1974 es muy sugerente. Sumergido en la crisis mundial del petróleo, el país inicia la declinación persistente de su planta industrial en favor de las inversiones en el sector terciario de la economía. Es el único momento de cambio en que
no aparece patente algún factor de fuerza externo, y sólo es dable observar el fortalecimiento impresionante del sindicalismo contestatario, ajeno a cualquier rasgo tradicional, y el ascenso sostenido del suceso huelguístico, que alcanzaría su máxima expresión en los años ochenta. Entre los años 60 y 70 el número de huelguistas aumenta apenas en 87%, pero en la década siguiente el volumen de los 60 se multiplica por ocho.
La década de los años ochenta conoció el cambio definitivo. La notoria desaparición de líderes de la manufactura, la construcción, la agricultura y la minería en los altos cargos confederales, con el consiguiente mayor peso comparativo de los empleados y los intelectuales de clase media, evidenció el distanciamiento del viejo sindicalismo gremialista. La concentración del poder en los sindicatos grandes y en las empresas y dependencias burocráticas del Estado distendió los amarres solidarios del movimiento entero. Jornadas de lucha como las de los azucareros, petroleros y cementeros de los años sesenta se volvieron impensables. En medio del fracaso de los intentos de crear sindicatos por rama económica, los asalariados de las empresas pequeñas y medianas no tuvieron ya quién defendiera sus intereses en el nivel nacional. La poderosa UTC, afectada por el fracaso de su proyecto de partido laborista y entregada a directores mediocres, acabó por enredarse en turbios negociados y se precipitó en una descomposición que a mediados de los ochenta la condujo a la muerte. Los sectores más lúcidos lograron sin embargo salvar del naufragio a la mayor parte del movimiento, y en un golpe de audacia erigieron en noviembre de 1986 la actual Central Unitaria de Trabajadores, la más representativa confederación laboral que ha tenido el país. La historia de la conquista de la organización nacional había recorrido una órbita completa desde sus pasos iniciales de 1919, pero el desastre final del mundo socialista y la irrupción rampante de la economía de mercado desarticularon las filas sindicales y colocaron una vez más al movimiento en situación de reflujo. En eso está hoy, buscando quizás una próxima coyuntura que no vaya acompañada de la fuerza y que permita la maduración de las nuevas tendencias que vienen abriéndose paso en la estrategia de los trabajadores, caracterizadas por el abandono de prácticas exclusivamente reivindicatorias y por el esfuerzo de fundir su lucha con la de las vastas capas de la población desposeída y los movimientos sociales contemporáneos: ecológicos, étnicos, culturales, de promoción de la vida y los derechos humanos.
Reflexiones sobre la crisis actual
del sindicalismo colombiano
Por Álvaro Delgado Guzmán Investigador del Cinep
Es posible que la situación que hoy enfrenta el movimiento sindical colombiano haya
tenido origen en los cambios operados en el conjunto del movimiento a mediados de la
década de 1980, cuando se produjeron dos sucesos de gran importancia: el colapso del
sindicalismo tradicional y el nacimiento de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Todo
lo que hoy subsiste como organización gremial de los asalariados, con sus nuevos y viejos
rasgos, hunde sus raíces en ese desenlace singular de la historia laboral colombiana.
En noviembre de 1986, después de cuatro décadas de férrea división, fue creada la CUT
con base en la disolución voluntaria de la Confederación Sindical de Trabajadores de
Colombia, CSTC, de orientación comunista, y su fusión con organizaciones de la
moribunda Unión de Trabajadores de Colombia, UTC y de buena parte del sector no
confederado. A partir de entonces, y por primera vez en nuestra historia, el sindicalismo
alternativo, independiente, no tradicional se convierte en el mayoritario. Ello provocó un
realinderamiento de las fuerzas sindicales alrededor de los nuevos núcleos aparecidos y de
los reductos del viejo modelo que se negaron a participar en la creación de la central
unitaria. La tradicional UTC y la comunista CSTC desaparecieron, se debilitó la
Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC —la más antigua confederación
nacional— y lo mismo le ocurrió al sector no confederado, que desde los años sesenta se
había formado principalmente con las deserciones que socavaron al sindicalismo tradicional
y con el paso de los años se había convertido en la parte más voluminosa y activa del
mundo laboral.
En la liza quedaron, fundamentalmente, la CUT y la CTC políticamente cercanas entre sí, y
del otro lado la Confederación General de Trabajadores Democráticos, CGTD, conformada
inicialmente por la Confederación General de Trabajadores, CGT, y el grupo sindical
comandado de larga data por el Moir, como una manera de erigir una entidad distinta y en
cierta manera competidora de la CUT. La CGTD tiene orientación social-cristiana,
emanada de la Confederación Mundial del Trabajo, CMT, tendencia que difiere de aquella
dominante en las otras dos centrales, que en general aparecen más cercanas a los postulados
socialdemócratas que desde los años setenta enarbola la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres, Ciosl. Al lado de estas fuerzas sigue perdurando un
sector no confederado de diversas tendencias ideológicas y que, en no pocas oportunidades,
actúa unitariamente con las tres centrales. La CUT por su parte, no ha podido resolver su
afiliación internacional. Ese aislamiento constituye el principal factor de retraso político de
la central y deja ver nítidamente el todavía largo trayecto que el sindicalismo colombiano
debe recorrer para derrotar la intolerancia política en su seno, desprenderse de viejos y
paralizantes esquemas doctrinarios y ponerse a tono con las valiosas experiencias
contemporáneas del sindicalismo pluralista latinoamericano.
El balance de la situación creada ofrece dos factores nuevos y decisivos para la marcha del
movimiento en la actualidad. El primero es que la CUT se ha convertido en la más
voluminosa y representativa confederación sindical de la historia del país, que rompe con la
herencia formal del pasado, en el sentido de que es una organización independiente de las
potestades de los patronos, el Estado, las iglesias y los partidos políticos. El equipo que
dirige las acciones en todos los niveles territoriales tiene una calidad política superior a la
de cualquiera otra entidad similar del pasado.
El segundo factor hace referencia a la capacidad de movilización de los trabajadores. Si la
pugna de doctrinas ideológicas e intereses políticos partidistas, aparentemente
irreconciliables, había signado la marcha del sindicalismo colombiano desde el nacimiento
de la UTC en 1946, a partir de 1986 la acción concertada de las organizaciones constituye
la pauta dominante. Considérese no más este hecho: las huelgas más voluminosas y
emblemáticas ocurridas en el país a partir de 1987 han tenido una dirección conjunta de las
distintas fuerzas gremiales. El factor de la acción unitaria, que ha desempeñado papel
decisivo para que el movimiento se haya sostenido en medio de una crisis sindical mundial
que pone en entredicho la misma existencia del movimiento, debe ser tenido en cuenta para
entender la capacidad movilizadora de los sindicatos frente a las políticas empresariales,
públicas y privadas. La menor dispersión comparativa de la organización sindical
colombiana es igualmente un punto a su favor. Efectivamente, hacia 1998 en cuatro países
de la región andina operaban 25 centrales sindicales, sin contar los no confederados: 13 en
Perú, 5 en Ecuador, 4 en Venezuela, 3 en Colombia.1
Los cambios que se precipitaron en 1986 no podían sin embargo, detener la marcha de las
transformaciones del espectro laboral impulsadas por las tendencias dominantes de la
economía en todo el mundo, y con más severidad en el subdesarrollado. Nos referimos al
énfasis del desarrollo puesto en el sector terciario de la economía, con el consiguiente
debilitamiento del sector industrial, que históricamente fue el campo donde la organización
de los trabajadores alcanzó la mayor fortaleza. En el caso colombiano, a la par con el ocaso
de la organización obrera en la industria, la construcción, la minería y el transporte, que
habían comandado la acción sindical hasta los años sesenta, siguió profundizándose la
brecha que desde los setenta se había abierto entre el sindicalismo del sector privado, de
mayor tradición y destreza, y el del sector público, el principal empleador nacional y donde
se concentraba el grueso de la población ocupada en servicios sociales.
El desglose del movimiento sindical no ha logrado todavía enriquecer factores de
democratización como los relativos a la representatividad del nuevo esquema. No sólo es
que los organismos de mando actuales afianzan su legitimidad ante todo en el sector
público, sino que ha ido desapareciendo la representación de las organizaciones menores,
que son las más numerosas y necesitadas de solidaridad política. El sindicalismo de hoy,
mucho más que el del pasado, afianza su poder sobre los sectores asalariados mejor
remunerados y con mejores ventajas prestacionales, y ese factor lo aísla objetivamente no
sólo del mayoritario mundo laboral más pobre, sino también de las extensas capas de la
población de escasos recursos económicos que han sido “trabajadas” culturalmente por
decenas de años en el concepto de que los sindicatos son organizaciones de trabajadores
privilegiados. Grandes organizaciones como Fecode y la Unión Sindical Obrera, USO,
prisioneras aún de fantasías gremialistas en un mundo cada vez más globalizado —y 1Rueda Catry, Marleen y otros. Tendencias y contenidos de la negociación colectiva. Documento de trabajo No. 88. Oficina Internacional del Trabajo, 1998, p.49.
excluyente de las regiones atrasadas del mundo—, han actuado de hecho por fuera de las
órbitas confederales, confiadas en una fuerza que no se proyecta sobre el conjunto de la
masa laboral más desprotegida, situación que contribuye a desfigurar la imagen del
sindicalismo, inclusive en sus propias filas.
1. El vía crucis del sindicalismo sectorial
El mismo carácter atrasado de la organización sindical colombiana, que durante decenas de
años ha sido constreñida por la ley y la costumbre de asentar su fuerza en el sindicalismo de
empresa —por contraposición al sindicalismo de rama económica, más democrático y
representativo—, ha venido ahora a cobrar a los trabajadores la deuda que ellos adquirieron
en los días de exaltación del sindicalismo gobiernista, claramente impresa en el articulado
del Código Sustantivo del Trabajo (1950). Desde los años sesenta los sindicatos de todas
las tendencias han venido planteando la necesidad de trasponer los rígidos marcos
conceptuales del Código y vencer la resistencia de los empresarios mediante la edificación
de un aparato sindical moderno, ampliamente representativo del factor trabajo y capaz de
mantener relaciones equiparables con los gremios del capital. Ese proyecto que tomó
impulso particular en los años setenta, retrocedió con la reestructuración empresarial
forzada por el modelo aperturista y hoy está de capa caída. De esa manera, la falta de
representación política real de un vasto sector sindicalizado constituye uno de los mayores
problemas para la recuperación del movimiento a partir de la crisis creada por la apertura
económica.
El sindicato de empresa obra como una losa atada al cuello de los proyectos
modernizadores del aparato sindical y ellos, o nunca logran arribar —industria de
materiales de construcción—, o llegan finalmente maltrechos a la otra orilla —industria de
la electricidad—. El asunto no es solamente que a directores y dirigidos les da pavor
desprenderse de ventajas adquiridas en decenas de años de acción sindical —propiedades
inmuebles y muebles, fondos bancarios, fueros y permisos sindicales, privilegios
extralegales, contacto personal con los empleadores y hasta vestigios del antiguo
paternalismo patronal—, sino que en la imaginativa de los asalariados el sindicato de
empresa está íntimamente ligado a las más importantes conquistas laborales alcanzadas en
el país. El sindicato de industria diluye y democratiza la posesión de bienes, limita poderes
localistas, opaca el protagonismo individual, debilita la intermediación de los grupos
partidistas y exige más elevada formación cultural y política de los líderes. Aunque para los
trabajadores es claro que el sindicalismo de rama económica es la única opción viable que
les queda para enfrentarse a las grandes corporaciones que dominan hoy el mundo laboral,
las disparidades de tamaño de las empresas, de volumen —fuerza— de los afiliados en cada
una, crean inevitablemente desequilibrios de poder y no pocos trabajadores que
inicialmente aprueban fusiones al sindicato de rama industrial se sienten luego engañados y
frustrados en sus aspiraciones.
El proyecto de sindicalismo de rama en la CUT se basa en una norma transitoria que dice
que las federaciones irán disolviéndose a medida que se vayan unificando los sindicatos, y
la verdad es que eso no se ha efectuado. Hay algunas que se han disuelto, pero casi por
sustracción de materia, para evitar la inminente desaparición de sindicatos de empresa. En
la CUT hay sindicatos textiles que no son miembros del sindicato de la rama Sintratextil, y
eso ocurre en todos los sectores: metalúrgicos, energéticos, de la alimentación, etc.
Sintraelecol llegó a suscribir varios “acuerdos marco-sectoriales”, pero los empresarios se
dieron las mañas para debilitar paulatinamente la negociación sectorial, hasta retornarla al
espacio de cada empresa.
Un ejemplo típico de resistencia a la modernización del aparato organizativo se presentó en
el sector metalmecánico, cuando el sindicato de G.M. Colmotores, Sintracol, decidió
fusionarse al de rama industrial, Sintraime. Las directivas, dice un dirigente de Sintracol,
“no dieron la claridad adecuada, no hicieron énfasis a qué tipo de sindicato nos íbamos a
fusionar y en el momento en que se dio el paso, hubo mucha confusión en las bases, porque
se llegó a criticar que nosotros estábamos llegando a darle vida a un sindicato que ya estaba
muerto”. Los grandes temen perder ventajas si se juntan con los pequeños y artesanales.
Desde el año de 1996 la USO se transformó en sindicato de industria, pero la entidad sigue
bajo la égida de la organización asentada en Ecopetrol, y aunque era de esperar que en ella
reinara la más elevada concepción nacional del movimiento, nos encontramos con que no
es así. Siguen prevaleciendo el sentimiento corporativista y el acomodo a las ventajas
prestacionales ganadas y, con la excepción de Luis Eduardo Garzón —hoy retirado de la
puja sindical—, hasta ahora no ha sido posible que un dirigente petrolero se decida a
aceptar un cargo en la lejana y mal remunerada dirección nacional de la CUT.
Finalmente, las diferencias ideológicas se atraviesan también en el camino del sindicalismo
sectorial. Tal es el caso del sector bancario, que ocupa a más de treinta mil empleados y que
desde principios de los años setenta ha marchado dividido en tres sectores: dos asociaciones
nacionales y algunos sindicatos de empresa.
2. El golpe del desempleo
No se ha hecho todavía un balance global de los efectos que han tenido sobre el
movimiento sindical la apertura económica, la expedición de la nueva Constitución
Nacional en julio de 1991 y el conjunto de reformas laborales que arrancaron con las leyes
50 de 1990 y 100 y 60 de 1993, continuaron con la aprobación por el Congreso del debatido
Acto Legislativo 01 de 2000 y culminaron con la serie de decretos de reestructuración del
Estado en desarrollo de las facultades extraordinarias que, de acuerdo con la Ley 797 de
2002, otorgara el Congreso al presidente Uribe. Parece claro que los aspectos positivos de
la nueva Carta —en materia de derechos humanos y sindicales, por ejemplo— pasaron
inadvertidos para los sindicatos, bajo el alud de perjuicios que arrastró la apertura de la
economía nacional a las inequidades del mercado internacional.
Si bien en los primeros 4 años la apertura agrandó el empleo por el camino de la
contratación temporal y precaria,2 de la segunda mitad de los años noventa en adelante el
desempleo alcanzó, como se sabe, las expresiones más críticas que haya conocido el país en el
último medio siglo. En mayo de 1999, cuando el índice de desempleo estaba a punto de
alcanzar el inconcebible 22 por ciento, Eduardo Sarmiento escribió: “La tasa de desempleo
2 Según Fedesarrollo, “La tasa de desempleo urbano se redujo por debajo del 8 por ciento en 1994, una de las tasas más bajas registradas en el país”. El Espectador, julio 16, 1995, p.4B.
de 19.5 por ciento de marzo es la peor de la historia registrada del país y probablemente del
siglo, y la más alta de América Latina”.3
La apertura tornó aún más precario el trabajo asalariado. Según los resultados de la Encuesta
Nacional de Hogares, sólo entre junio de 1996 y junio de 1997 “la industria perdió 119.410
empleos, la construcción 68.585 y el comercio 25.720, es decir, 213.715 puestos de trabajo.
Mientras tanto, de los 5.560.661 ocupados en las siete principales áreas metropolitanas,
995.543 eran subempleados, es decir, el 17.9 por ciento”.4 En respuesta a las estimaciones
oficiales de que la tasa de ocupación había subido entre septiembre de 1996 y septiembre
de 1997, otro conocido economista de corte neoliberal y entonces presidente de la
Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, Armando Montenegro, replicaba a
fines del 97: “...además de que existen casi 54 mil nuevos desempleados, la mayoría de los
nuevos empleos, esos que hicieron subir la tasa de ocupación, son de mala calidad: se trata
de trabajos informales, por cuenta propia y de servicio doméstico. En cambio, el empleo
formal, por contrato laboral, sigue cayendo en forma absoluta a tasas muy elevadas”.5 El
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, expuso casi lo mismo: entre
junio 1996 y junio 1997 “el número de ocupados se incrementó en 119.837, pero al mismo
tiempo se destruyeron 220.069 puestos de obreros y empleados que gozaban de un contrato
de trabajo y que estaban protegidos por la ley”. “Esta pérdida dramática de la calidad de los
empleos también se aprecia en la ocupación sectorial. En la industria, la construcción y el
transporte se han perdido 117.604 puestos —la industria perdió en un solo año el 8 por
ciento de sus trabajadores y empleados—”.6 Las cosas no han mejorado en el presente. El
desempleo total en febrero de 2003 alcanzó a 3.315.000 personas, 111 mil más que en
febrero de 2002, y la tasa alcanzó el 16,5 por ciento, todavía muy alta.
Un estudio publicado por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, sobre trabajo
informal en Bogotá7 estableció que en las diez áreas urbanas más pobladas del país los 1,9
millones de trabajadores informales encontrados en 1984 se habían convertido en 2,8 3 El Espectador, mayo 2, 1999, p.3C.4 El Tiempo, octubre 22, 1997, p.3A.5 El Tiempo, octubre 23, 1997, p.3B.6 Ibíd.7Maldonado, Carlos y Hurtado, Monserrat (editores). El sector informal en Bogotá. Departamento Nacional de Planeación, 1997, p.16.
millones en 1994 —habían crecido a un tasa anual de 3,6 por ciento—. Bogotá, Cali,
Medellín y Barranquilla concentraban ahora el 79 por ciento de los informales urbanos, y
Bogotá alojaba ya a 1.650.000 trabajadores informales, de los cuales apenas entre 10 mil y
15 mil estaban organizados de alguna manera. Peor todavía, había disminuido la
importancia relativa del empleo informal tradicional —cuenta propia, domésticos,
ayudantes familiares— y avanzaba la informalidad en el asalariado. La ausencia de
organización sindical en las filas de los informales podía observarse en las siguientes
estimaciones: “Los trabajadores del sector informal urbano perciben ingresos promedio del
orden del 60 por ciento de sus pares del sector moderno (...) Para 1994, según las encuestas
del Dane, el 74,3 por ciento de los trabajadores informales carecían de seguridad social
(82,1 por ciento en 1984); el 36,2 laboraba más de 48 horas semanales (39,3 por ciento en
1984); el 27,7 de los ocupados percibían menos de un salario mínimo (37 por ciento en
1984) y el 29 por ciento de los trabajadores asalariados de las microempresas carecían de
contrato laboral”.8
Las medidas de privatización de entidades estatales, cuando no de reorganización de las
mismas con base en la reducción de sus plantas de personal al amparo de planes de “retiro
voluntario” —Decreto 1660 de 1991—, se encargaron de complementar el
desmantelamiento de las empresas y la desindustrialización de la economía. Tales
operaciones golpearon por parejo al sindicalismo del sector público y del privado, pero en
el segundo —donde hay menos garantías para los derechos laborales y el capital tiene
mayor libertad de operación—, los estragos fueron más profundos. Numerosas
organizaciones sindicales cesaron o quedaron seriamente debilitadas. En el área estatal
solamente las más voluminosas y fuertes —el magisterio, en primer lugar— lograron
permanecer en pie, mientras en la salud pública desaparecían entidades históricas, se
imponía la contratación temporal y se dispersaban los sindicatos.
En febrero de 1997 las tres centrales obreras y los sectores no confederados inician
unificadamente una serie de acciones encabezadas por los empleados estatales contra las
políticas económicas y sociales del gobierno y los empresarios particulares. Esa nueva
8 Ibíd., p.13.
oleada de luchas, que se prolongaría hasta 2001, tiene la particularidad de que se presenta a
la opinión pública, por boca de sus dirigentes, como una acción política y no simplemente
reivindicatoria.
El nuevo ciclo de actividad sindical aparece signado por la profundización del desempleo, a
niveles históricos que llegaron a superar la tasa del 20 por ciento, y por la agudización de la
violencia contra los trabajadores y sus organizaciones. El predominio avasallador de fuerza
de trabajo estatal en las protestas —preferentemente educadores y empleados de la salud
pública—, puso una vez más al desnudo las dimensiones que ha alcanzado el reflujo
sindical del sector privado y en particular el industrial, en el seno del cual se estaban
concertando entonces convenios lesivos de los intereses inmediatos de los asalariados,
dirigidos ante todo a salvar la existencia de las empresas como fuentes de empleo.
Según estimaciones hechas en 1999 por la Escuela Nacional Sindical, ENS, además de la
baja actividad huelguística por pliegos de peticiones no dirimidos y del gran impacto del
desempleo en los sindicatos, “en el 99 se evidenció una posición de comprensión por parte
de los trabajadores y su organización ante la recesión económica y sus implicaciones en el
país, y una fuerte intencionalidad de los empleadores por desmontar parte de la convención
colectiva y las reivindicaciones laborales —estabilidad, modelos de contratación, derechos
y garantías sindicales—, así como por vincular mano de obra con modelos contractuales
inestables que lesionan la contratación. La ENS indicó que en el año el Estado presentó
proyectos de reforma tendientes a deprimir los derechos hoy existentes para la negociación
colectiva, fijó los incrementos salariales por decreto y permitió que, a solicitud del
empleador, se revisaran las convenciones. La ministra de trabajo, Gina Magnolia Riaño,
reconoció que muchos trabajadores convinieron con sus empresas en no aumentar los
salarios para, por esa vía, poder mantener sus puestos”.9 El presidente regional de la CGTD
en Antioquia, Carlos Bustamante, conceptuó que “los sindicatos reconocen que se están
acomodando a la situación económica del país, al disminuir sus beneficios imperantes en
las convenciones que terminaron su vigencia”.10
9 El Colombiano, febrero 12, 2000, p.2B; febrero 13, 2000, p.4B.10 Ibíd.
Estamos en plena reducción del régimen contractual por el camino del empleo temporal y
precario. “Los trabajadores se han visto forzados a preservar el empleo y han colaborado en
salvar las empresas”, admitía el secretario general de la CTC, Miguel Morantes, y el
presidente de la misma, Apécides Alvis, decía: “Al paso que vamos, se está asfixiando y
recortando el derecho a la contratación colectiva. Los sindicalistas vamos a sobrar en este
país”.11
En lo que prontamente se convertiría en un anticipo de las decisiones neoliberales del
gobierno de Uribe Vélez, el diario conservador La República reveló en abril de 2000 que el
artículo 65 del Proyecto de Ley 046 de 1999, sobre saneamiento fiscal y gastos de
funcionamiento, incluía “la eliminación de las convenciones colectivas de entes que
funcionan en departamentos, ciudades y municipios (...) De acuerdo con la propuesta
inicial, el Gobierno ordenaba directamente, mediante el Proyecto de Ley, la supresión de
las convenciones colectivas. Sin embargo, al ser conocida la propuesta, los sindicatos le
pidieron al Gobierno suprimir dicho artículo argumentando inconstitucionalidad en el
mismo. El Gobierno aceptó el argumento pero no echó pie atrás en su propósito de acabar
con las convenciones colectivas. De manera que, como no logró hacerlo directamente, se lo
dejó a los entes territoriales para que éstos, de forma autónoma, las eliminaran. Y es más,
les está dando un incentivo. Si acaban las convenciones colectivas, la liquidación de todos
sus trabajadores oficiales no castigará ni su capacidad de pago ni su capacidad de
endeudamiento”12 —los gastos por indemnizaciones pasarían al rublo de inversiones, sin
afectar el presupuesto de las entidades territoriales—.Todo estaba encaminado, según el
diario, a cortar de un tajo los convenios de trabajo firmados irresponsablemente por
funcionarios públicos sin soportes en el presupuesto y en las posibilidades reales del erario,
y de paso acabar con las conquistas extralegales de los servidores públicos. El artículo
contendría igualmente la desaparición de los denominados trabajadores oficiales —que
desde la reforma de 1968 gozan derechos de negociación y huelga—.
La Ley 617 de 2000, llamada de ajuste fiscal, entró a regir en enero de 2001, y en junio de
ese mismo año el Congreso aprobó el Acto Legislativo 01, que reformó el régimen de
11 Ibíd.12 La República, abril 27, 2000, p.2A.
transferencias presupuestales a los territorios nacionales. La expedición de la Ley 617,
dirigida principalmente a forzar la rebaja de las nóminas burocráticas, provocó la reacción
en cadena de los sindicatos de servidores públicos en todo el país, particularmente en las
principales ciudades. Como había sucedido en los primeros años de la reorganización
empresarial que siguió al inicio de la apertura económica, los planes de “retiro voluntario”
se pusieron a la orden del día y los sindicatos no pudieron evitar, una vez más, la feria de
indemnizaciones por despido no justificado. En Cali, Medellín, Bogotá y otros lugares se
acudió a crear apresuradamente nuevos sindicatos de toda índole para protegerse de los
despidos mediante el uso temporal de fueros sindicales, concedidos a los fundadores y
directivos de sindicatos. Más que una súbita multiplicación de organismos formales, de
cascarones sin alma que ocasionan estragos en las apropiaciones presupuestales del Distrito
Especial, el fenómeno tiene las características de un descuartizamiento de la organización
sindical, de consecuencias funestas para el inmediato futuro.
El saldo final de los años noventa había sido el ascenso del desempleo, del subempleo y de
una mayor precariedad del trabajo asalariado, esto es todo lo contrario de lo prospectado
por las reformas laborales desde 1990. Hernando Agudelo Villa, vieja figura del liberalismo
doctrinario, señalaba en octubre de 1997: “La política de desregulación del mercado laboral
que preconiza el neoliberalismo, como procedimiento para evitar rigideces que entorpecen
la creación de empleo, ha conducido, más que a lograr este objetivo, a sustituir la
legislación y las prácticas que garantizan los derechos laborales, producto de las conquistas
obreras, a recortar las prestaciones sociales y a debilitar los sindicatos y su capacidad de
negociación, lo cual se traduce en la pérdida de participación del trabajo en el ingreso
nacional.13
“Críticos de la flexibilización de la legislación laboral, como el director de la Fundación
para la Educación Superior, FES, Mauricio Cabrera Galvis, aseguran que esa expresión
‘sólo significa poder contratar y despedir trabajadores sin restricciones, pagar salarios
inferiores al mínimo legal, disminuir costos laborales de la empresas para que aumente la
demanda por trabajadores’. En una reciente columna en el diario económico Portafolio,
13 El Tiempo, octubre 5, 1997, Lecturas dominicales, p.5.
Cabrera decía que ‘si la receta de flexibilización laboral funcionara, el sector de la
construcción debería estar generando miles de puestos de trabajo, pues, como lo saben los
rusos —albañiles y maestros de obra—, es el sector con mayor flexibilidad e informalidad
en la contratación laboral. Y por la misma razón las pequeñas y medianas industrias,
pymes, —con un mayor grado de informalidad que la gran industria— deberían estar
boyantes y contratando cada vez más trabajadores’”.14
Luis Eduardo Garzón, ex presidente de la CUT, se permitió hacer la siguiente
consideración: “Las propuestas buscan afectar el ingreso, el descanso y la seguridad social
de miles de trabajadores colombianos, a costa de imponer un salario mínimo integral,
disminuir festivos y dominicales y los aportes parafiscales. ¿Cómo se puede pensar en
flexibilización en un país donde el 56 por ciento de la fuerza laboral vive del trabajo
informal, el 18 tiene contrato a tres o cuatro meses y el 19 está desempleada? Nos preocupa
que para generar empleo se abra otro hueco en el ingreso de los colombianos, que ya de por
sí es muy bajo, si se tiene en cuenta que el 75 por ciento de los trabajadores gana un salario
mínimo, el 15 gana entre uno y dos salarios mínimos y sólo el 8 devenga más de dos
mínimos. Los trabajadores no podemos ser los únicos dispuestos a hacer sacrificios. Ya se
cedieron muchas conquistas laborales con la Ley 50 y no se avanzó en materia de
generación de empleo”.15
3. La tragedia de la desindustrialización
Los efectos de la crisis nacional han sido peores aún en los sindicatos de trabajadores del
sector privado, donde hoy puede observarse una planta organizativa disminuida en una
proporción mayor que la del sector público, una notable desmovilización de sus filas y un
acentuado aislamiento político dentro del conjunto del movimiento sindical. El sector
sindical privado ha sido mayormente afectado por las políticas de reestructuración
empresarial, soporta un gravísimo debilitamiento numérico que impide el fortalecimiento
de sus directivas, es presa de la deslaborización y la precarización del contrato colectivo de
trabajo, y encima de todo eso la violencia armada y la amenaza del despido pesan 14 El Tiempo, abril 19, 1999, p.1B.15 El Tiempo, abril 21, 1999, última A.
enormemente sobre las decisiones individuales y colectivas de los asalariados y paralizan
cualquier plan de acción de corto o mediano plazo.
Como desde hace años el movimiento sindical desplazó sus escenarios políticos al sector
público, el conjunto del sindicalismo desarrollado en el seno del capital privado, incluido el
de las más grandes empresas industriales y comerciales del país, ha perdido todo poder de
convocación nacional y, peor aún, está cada vez más al margen de las decisiones que se
toman en los cuerpos de dirección nacional del sindicalismo. Prueba fehaciente de ello ha
sido el aislamiento y práctica indiferencia del conjunto del movimiento sindical con la
suerte corrida por los sindicatos de las empresas de materiales de construcción —
cementeras, en primer lugar—, las fábricas automotrices —Sofasa, principalmente—, las
del caucho y los plásticos, las empresas de palmas oleaginosas, Avianca, Bavaria, Coltejer,
Fabricato, Tejicóndor y hasta la misma Acerías Paz del Río, no pocos de ellos víctimas de
la guerra sucia. No es casual que de entre los 21 miembros del comité ejecutivo de la CUT
elegidos el 4 de octubre de 2002 solamente uno represente al sector industrial y dos a la
agroindustria.
La disminución de plantas de personal, la dispersión de firmas empresariales, los cierres y
desapariciones de empresas desde inicios de los años noventa han sido el dolor de cabeza
de las organizaciones laborales. Nada parece haber escapado a las sacudidas patronales que
exige el reacomodo de las empresas a las nuevas y perentorias exigencias de la
globalización de la economía. Los concordatos de acreedores y luego los rescates
propuestos por la Ley 550 han afectado a cerca de dos mil empresas del país, de acuerdo
con datos oficiales. A la sombra de la Ley 550 de 1999 —que reemplaza temporalmente a
la Ley 222 de 1985 y rige desde el primero de enero de 2000—, había acudido, hasta el 31
de diciembre de 2002, un total de 772 empresas, de las cuales 490 habían firmado acuerdos
con los acreedores y 151 habían sido liquidadas.
Entre las que acudieron, el 33 por ciento eran microempresas y empresas pequeñas, el 25
eran medianas y el 29 eran grandes, y los trabajadores afectados sumaban 60.168. En el
caso de las 490 empresas salvadas, las acreencias laborales representaron el 6 por ciento del
total, y unos 30 mil trabajadores fueron protegidos del despido. Según la Superintendencia
de Sociedades, sólo el uno por ciento de las empresas que se acogieron a la Ley 550
presentaban estados financieros e información contable adecuados. La Superintendencia de
Servicios Públicos señaló además que en las 23 empresas en reestructuración o en
liquidación en la actualidad hay corrupción y politiquería. Edgar Artunduaga, miembro de
la comisión senatorial encargada del asunto, denunciaba: “No hay claridad plena del Estado
al intervenir esas empresas. En algunos casos las empresas intervenidas han empeorado,
porque en la Superservicios también hay corrupción y allí hay gente interesada en arrasar
con lo que queda de las destruidas empresas públicas”.16
Decenas de grandes y medianas empresas han desaparecido y en su lugar han quedado
“cementerios industriales”, dicen los trabajadores. Donde existían industrias, como las
tradicionales de la Zona Industrial de Bogotá, hoy se levantan bodegas. Los dirigentes
sindicales estiman que actualmente el 60 por ciento de los sindicatos de Bogotá están muy
débiles y que en el 80 por ciento de las empresas donde todavía sobreviven, agrupan a la
minoría del personal ocupado.
Las que todavía quedan en pie atraviesan una situación muy difícil. El caso de Bavaria es
paradigmático. El otrora poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria,
actualmente en pleno retroceso por las políticas reestructuradoras del Grupo Santodomingo,
cree que allí ha pasado lo mismo que en Avianca, en Conalvidrios y en la rama financiera:
aplicación de una política consistente en “comprar renuncias a las organizaciones
sindicales, crear beneficios paralelos a la convención y ofrecer arreglos forzados para que la
gente se vaya”, a fin de contratar mano de obra con las empresas proveedoras. El nuevo
personal empleado entra con salario mínimo a reemplazar a los trabajadores que eran de
planta. Sostienen que desde 1991, por efecto de la Ley 50, los trabajadores no se pueden
afiliar a los sindicatos porque los contratan por tres, seis meses, un año, y si se afilian los
dejan cumplir el contrato y no se lo renuevan. Los trabajadores saben esto y prefieren
mantener su empleo y no afiliarse a un sindicato.
16 El País, marzo 12, 2003, p.3.
En el caso de Bavaria a los directivos del sindicato no les permiten el ingreso a la áreas de
trabajo. Un directivo de Sinaltrabavaria afirma: “Están reventando al movimiento sindical,
económicamente nos están reventando, no podemos subsistir y por eso precisamente la
Corte Constitucional nos dio la tutela, porque vio que estábamos en peligro de extinción.
Pero aún así, hace 2 años que la empresa no la cumple (...) El problema es que han sacado a
la mayoría de la gente del sindicato a un pacto colectivo, obligados prácticamente —eso
está denunciado—, y la poca gente que queda en el sindicato no da para obligar a la
empresa a sentarse a negociar”.
El grupo empresarial Santodomingo, mediante un préstamo internacional, viene comprando
plantas en Centro y Suramérica. Después de adquirir a Leona, ha cerrado 13 plantas y en la
de Leona está elaborando todos los productos que salían de las antiguas. Aproximadamente
3.500 trabajadores han sido despedidos de las fábricas. El consorcio se dedicó a concentrar
y racionalizar sus costos de producción y en ese camino desarrolla planes de retiro
voluntario de personal.
Los trabajadores que están saliendo no son reemplazados en las mismas condiciones,
porque la proyección que tiene Bavaria es operar principalmente con trabajadores a término
fijo. Los puestos que no necesita simplemente los elimina, pese a que tal proceder viola los
términos de la convención colectiva vigente. Por el cierre de plantas la empresa ha tenido
que desembolsar fondos, pero ese desembolso no ha sido muy significativo porque la
modalidad que utiliza es la venta de acciones a través de bonos que pone en el mercado, y
obviamente recupera dinero. Con él los empresarios vienen financiando el despido de
trabajadores y el pago de los derechos de la convención colectiva, porque saben que es una
inversión a 2 ó 3, años que se va a rescatar rápidamente.
Bavaria, a través de una cooperativa, contrata a la persona por un salario mínimo, muy
distante del que ese trabajador ganaba bajo el amparo convencional. La cervecera, según el
sindicato, no se endeuda para pagar la indemnización a sus trabajadores, como hacen otras
empresas; vende sus propias acciones y vuelve y las recupera, ejerciendo el poder
monopólico que ha acostumbrado en el contexto colombiano.
La desindustrialización es muy notoria en la rama de la alimentación. Hace unos 20 años el
sector azucarero, por ejemplo, ocupaba casi a 45 mil personas; en la actualidad, los pocos
ingenios azucareros que quedan emplean a menos de 14 mil, contando entre ellas a los
trabajadores temporales, a los ligados mediante contratistas y a los suministrados bajo
contratación todavía más precaria por las cooperativas asociativas de trabajo, que han
hecho carrera en ese sector.
Según los directivos del sindicalismo grasero, Sintraimagra, en ese sector la crisis presenta
dos rasgos: una recomposición del sector fabril bogotano y los acuerdos de libre comercio y
creación de “zonas especiales” que afectan a toda la cadena productiva. Por ejemplo, la
determinación de Unilever de cerrar su planta de margarinas perjudicó a Cartón de
Colombia, que producía para Unilever unos tres millones de metros lineales de material
corrugado. Otras empresas de la capital han tomado la determinación de trasladar sus
plantas a la Costa Atlántica, en particular a Barranquilla, por considerar que la posición
cerca de los puertos es beneficiosa y permite aprovechar a Colombia como plataforma de
distribución para toda América Latina, desde Panamá hasta Chile, para satisfacer a
convenios de corporaciones transnacionales.
Unilever es la segunda transnacional de alimentos, después de Nestlé, y se calcula que en
esa reestructuración se van a cerrar más o menos 100 fábricas y a perder unos 25 mil
puestos de trabajo a escala mundial. Hay una reducción de marcas y una focalización del
negocio. En Colombia está representada por Dissa, que maneja marcas como Maizena,
Knorr y Fruco. La corporación, aprovechando que una tradicional empresa familiar,
Jabones Varela, atravesaba grave crisis financiera, se apropió de ella y además, en julio de
2000, cerró una planta de jabones que tenía en Bogotá, con convención colectiva que
beneficiaba a cerca de 100 trabajadores, y decidió reestructurar la planta de margarinas
industriales, por lo cual se perdieron en 2002 otros 160 puestos de trabajo.
En la industria de bebidas gaseosas, que se creía invulnerable a las políticas neoliberales y
la globalización, la competencia de las firmas transnacionales —Coca Cola y Pepsi Cola,
principalmente— está en todo su furor y ha obligado a las envasadoras nacionales a tomar
medidas drásticas para sobrevivir. En menos de 10 años Postobón ha tenido que cerrar ya
nueve fábricas y unas cuatro más están en proyecto de liquidación, además de que hay en
marcha el proyecto de clausurar varias líneas de producción, todo como consecuencia de la
globalización del mercado.
El ejemplo de lo que ha ocurrido en la industria de materiales de construcción es bien
típico. El ingreso de capital transnacional en esa rama en la década de 1990 se tradujo en la
destrucción de capitales nacionales, el cierre de plantas y el despido masivo de
trabajadores, tanto del área productiva como de la administrativa. Esto ha reducido
drásticamente las filas sindicales, que en los tres decenios inmediatamente anteriores habían
estado a la cabeza de la movilización obrera del país. Los nuevos empresarios del cemento
entraron a aplicar en profundidad los métodos de contratación a término fijo, mediante
convenios de dos a tres meses, contratos por servicios y, últimamente, para trabajadores que
desarrollan las mismas actividades en las empresas, contratos civiles, que no permiten a los
asalariados ingresar al sindicato por el temor de que no les renueven el contrato. En el caso
concreto del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de
Construcción, Sutimac, hace 4 años la subdirectiva de Bogotá tenía más de 500 afiliados y
hoy sólo hay 70 u 80.
En los últimos 4 años Eternit Colombiana ha experimentado un cambio tecnológico muy
grande, y los 800 operarios que empleaba en 1984 han sido reducidos hoy a sólo 84 de
contrato indefinido. El grueso del personal es de contratación y subcontratación a término
fijo para labores esporádicas, algunos por uno o dos meses.
Aunque ciertos empresarios esgrimen la amenaza de liquidación de sus negocios para
arrancar contratos laborales menos onerosos, en las empresas cementeras los cierres han
sido de verdad. El Grupo Empresarial Antioqueño clausuró una planta y a mediados de
2002 anunciaba la desaparición de tres más —Cementos del Nare, Cementos El Cairo y
Cementos del Valle—. Sutimac estima que se trata de una política de chantaje a los
trabajadores que antes se presentó en Europa: “Si no rebaja sus peticiones, la planta se
cierra”. La experiencia dice que se bajaron las peticiones y la mayoría de las plantas fue
cerrada.
En Bogotá se cerraron unas 10 ó 12 plantas fabricantes de materiales de construcción que
daban empleo a más de mil trabajadores, y ahora el mercado de la capital se atiende sólo
con dos. Cementos Mexicanos, Cemex, despidió a más de mil servidores sólo en Bogotá.
La transnacional, que adoptó entre nosotros el nombre de Cemex Colombia, llegó al país en
1996 mediante la adquisición de un gran paquete de acciones de Cementos Diamante;
posteriormente compró otro gran paquete de Industrias e Inversiones Samper y hoy es casi
la única propietaria de ambas empresas. Con la planta que tiene en Caracolito, Payandé,
cercana a la planta de Buenos Aires que fue cerrada, surte el mercado nacional y ha cerrado
todas las demás, entre 12 y 15. A todo esto se añade la crisis del sector de la construcción,
que viene desde mediados de los años noventa.
La reconversión tecnológica en la industria cementera del país ha llevado a un aumento de
la producción y una rebaja de plantas. Cementos Diamante está produciendo hoy 1,8
millones de toneladas anuales, aunque tiene capacidad para producir 4,5 millones. Antes
daba empleo a 1.200 operarios de contrato por término indefinido y hoy son solamente 100,
en las plantas de Cúcuta, Bucaramanga y Caracolito El resto suman unos 800 de
contratación precaria, no pocos bajo la figura del out sourcing. En 1974 Cementos del Valle
tenía una capacidad de un millón de toneladas, que hoy llega a 1,5 millones. En ese año,
había allí 900 trabajadores y 715 de ellos eran obreros; hoy hay sólo 360, de los cuales 260
son obreros.
Las empresas cementeras están trabajando a una tercera parte de su capacidad debido a la
crisis que atraviesa el país. Cementos del Valle y una empresa como Goodyear, por
ejemplo, están utilizando apenas el 35 por ciento de su capacidad de producción; el resto
está cerrado. Y Cementos del Nare está reducida casi enteramente a su oferta de cemento
blanco, con muy poco del gris. Sutimac, el sindicato de industria, cuenta hoy apenas con
1.100 afiliados, de los 3.500 que eran hace unos años. Por eso la perspectiva de
sobrevivencia del sindicato se finca ahora en abrirse hacia otros sectores, como Eternit, las
ladrilleras y otras empresas menores, y además culminar el proceso de fusión con el
sindicato de la construcción, Sindicons.17
En el sector eléctrico la disminución de personal ha sido drástica y quizás ha afectado a la
mitad del mismo. En los últimos 3 años el sindicato de la rama, Sintraelecol, bajó el
número de afiliados nacionales de 18.500 a sólo 8.600. Salen de los empleados mediante
planes de retiro voluntario y pensiones anticipadas y nunca los reponen con trabajadores de
contrato colectivo. Con el ingreso de capital privado extranjero a la antigua Empresa de
Energía Eléctrica de Bogotá, EEEB; Endesa de España y Energis de Chile ofrecieron planes
de retiro voluntario que eran planes de “se va o se va”, según los directivos sindicales. Hoy
en día las nóminas de las tres empresas en que fue dividida la EEEB se han reducido a la
mitad.
La presión empresarial para que los trabajadores abandonen los sindicatos ha tomado
mucha fuerza en la industria del caucho, plásticos y similares. En la Fábrica Nacional de
Muñecos hay también “presiones por el lado económico”, como dicen los directores
sindicales. Consisten, según ellos, en que “si usted se retira del sindicato yo le incremento
su salario en el 5 o el 10 por ciento, o si usted no se retira del sindicato es posible que
tengamos que sacarlo de la empresa”. Las desvinculaciones del sindicato no se han hecho
esperar.
En el caso de Icollantas la política disuasiva de los empresarios ha marchado por la vía de
un “plan de beneficios”, cuya ejecución ha logrado ya reducir a sólo 95 los 840 afiliados
que tenía el sindicato hace 3 años. En la planta de Chuzacá la empresa “sonsacó” a la gente
con prebendas ofrecidas por fuera de los términos de la convención colectiva de trabajo, y
en general la misma idea se viene aplicando en otras dependencias.
Los dirigentes del caucho confirman que lo que más impide la movilización sindical es el
temor de perder el empleo. “Muchas de las cosas están atravesadas inconscientemente por
ese hecho y la política patronal ha logrado penetrar mucho en la gente, afirma un dirigente
17 Entrevista con Gilberto Pareja, dirigente de Sutimac. Junio 15, 2003.
sindical, que añade ‘hemos tenido pérdida del sentimiento de clase como tal. Me sorprendió
que eso puede pasar también en mucha parte. Ayer leía yo en Portafolio que el 70 por
ciento de los trabajadores, según la empresa [Icollantas], compró acciones que vendió
Michelin hace dos meses, o sea, una proporción supremamente alta, lo que indica más o
menos cuál es la capacidad del patrón de cooptar (sic) para sus fines. Anteriormente uno
pensaba que lo ideal era que los trabajadores fuéramos los dueños de las empresas, pero en
una multinacional que tiene más de 100 mil trabajadores a nivel mundial, que nosotros
estemos comprándole acciones, donde eso no representa ni el 0.001 por ciento del capital
real, es más una pantomima. Sin embargo, nos convencen todavía”.
Las transformaciones operadas últimamente en el transporte aéreo han perjudicado
hondamente a los sindicatos. Según éstos, la Aeronáutica Civil aprobó que Avianca, SAM y
Aces crearan la Alianza Summa con base en tres factores: compartir un código de reservas
y venta de tiquetes, fletar aviones en conjunto y cumplir normas únicas de mantenimiento.
La agencia administrativa no aprobó ninguna integración administrativa, pero lo que se
hizo en Summa es una fusión de empresas. Antes de que se formalizara el colapso
financiero de Aces —20 de agosto de 2003—, mediante arreglos de retiro forzosos,
Avianca se deshizo de sus servidores mejor protegidos convencionalmente y los reemplazó
por personal de Aces, que gozaba de menos garantías laborales.
En el sector bancario, la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB, prevé una
agudización de la actual crisis financiera, originada en las trapisondas del capital
transnacional. “Nosotros vemos que el sector financiero, a pesar de que el Estado le ha
invertido gigantescas sumas de dinero, va en camino de repetir lo que está pasando en casi
toda América Latina”, dice un dirigente de la UNEB. El Banco Santander está entregando a
sus empleados dos cartas: una de aceptación de una negociación y la otra de despido. Por
supuesto, a la gente le toca negociar su permanencia en el puesto en condiciones precarias.
La reducción de las plantas ha repercutido en la sindicalización: los 15 mil afiliados que
tenía la UNEB hace 5 años se han convertido hoy en 8 mil y pico.
Simultáneamente con la desindustrialización, como está bien documentado, crece el sector
informal de la economía. Carlos Torres, dirigente nacional de la CTC, estima que existen
federaciones departamentales en las cuales el 80 por ciento de sus afiliados pertenece al
sector informal. “En Risaralda tenemos 10 a 15 empresas con sindicato, pero el grueso de la
gente que está en la federación son trabajadores independientes, de plaza, de calles,
productores de pólvora, areneros, de cantinas”. En la industria del vestido prolifera el tipo
de labor que los dirigentes sindicales denominan “trabajo negro”. Es el trabajo que mujeres
y hombres realizan en su domicilio, que es pagado por unidad y resulta muy difícil de
contabilizar. Es una ocupación pésimamente remunerada e involucra a una cantidad de
gente que no se visibiliza. El fenómeno puede observarse con el desarrollo de los “satélites
industriales”: viviendas y pequeños talleres adonde las empresas mandan órdenes de
trabajo. Eso ocurre incluso con una empresa grande y consolidada como es Confecciones
Colombia, Everfit e Indulana, con 1.500 ó 2.000 trabajadores. En el pasado Everfit abrió
talleres rurales en los alrededores de Cartago, en El Retiro, en el oriente antioqueño, y,
como testimonia Gilberto Morales, veterano dirigente sindical del vestido, “cuando
nosotros menos pensamos encontramos que Everfit estaba produciendo yo no sé cuántos
miles de pantalones que no se producían en la fábrica; los hacían en otras partes, en casas,
en talleres, donde reunían a trabajadores y les daban trabajo. Esos trabajadores nunca
estuvieron en el sindicato. Posteriormente el sindicato se dio a la tarea de organizarlos, pero
era muy complicado. Y así no solamente con Everfit sino con todas las empresas. Hoy
todavía hacen esa práctica. Si ustedes ven la ropa que hay en el comercio, se encuentran
con que es hecha en talleres, digo yo, clandestinos, porque eso no tiene nombre; es decir, no
hay una empresa que muestre la cara diciendo: yo soy confecciones tales y estoy
produciendo esto (...) Eso se da hoy en confecciones, en la industria del cuero, en toda esta
rama, que es la que más se presta para eso”.18
Los dirigentes sindicales están convencidos de que el ingreso de Colombia en el Alca,
promovido para 2005, iniciará un nuevo capítulo de ruina para la producción nacional,
tanto industrial como agraria, y creen que no hay una réplica organizada del movimiento a
tal amenaza. Hernando Velásquez, presidente de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos y
18 Entrevista con Gilberto Morales, antiguo dirigente de la confección y el vestido. Junio de 2002.
Mineros de Colombia, Utrammicol, estima que “el sindicalismo tiene que proponer
medidas para saber cómo se defiende del modelo y para saber cómo le contesta a la
liberación de mercados. Pero para eso hay que hacer tres cosas en el movimiento sindical.
Primero, cambio de estructuras; segundo, cambio de actitud mental; y, tercero, formación
de dirigentes para las épocas y necesidades que tenemos hoy en día”.
Los trabajadores tienen claro que el país no puede escapar a las exigencias de las nuevas
tecnologías, que a la vez incrementan el desempleo. Lo que ocurre —reflexiona— es que
“si no aplicamos las nuevas tecnologías nos sacan de los mercados nacionales y mundiales,
porque las empresas que no sean competitivas saldrán del mercado”. Por eso la educación
del movimiento sindical tiene que cambiar los parámetros que traía hasta ahora.
Utrammicol, por ejemplo, adelanta con ayuda del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena,
un programa de desarrollo tecnológico, no sin encontrar resistencia de sectores del
movimiento. “Vamos a las empresas a calificar la mano de obra y algunos compañeros nos
han dado la respuesta de que, por calificar la mano de obra, nosotros somos neoliberales
(...) nosotros somos filiales de la CUT, respaldamos a la CUT, pero tenemos un criterio: les
venimos diciendo a los sindicatos que dentro del pliego de peticiones van a tener que
presentar un punto que diga ‘desarrollo tecnológico de la empresa’, porque si la empresa no
se tecnifica se les acaba, y el sindicato tiene que intervenir y discutir de frente cómo se va a
tecnificar la empresa, y por eso tiene que haber un ente regulador del desarrollo
tecnológico, porque si no, los empresarios privados nos traen tecnología pero para 3 ó 4
años, para una empresa coyuntural de ellos, y el país no necesita eso, necesita desarrollo
tecnológico estable. Nosotros hemos propuesto que el gobierno convierta el Sena en el ente
regulador en el sector privado para la transferencia de tecnología, pero que los sindicatos
participen en la empresa y hagan una mesa de trabajo donde digan: ‘Aquí necesitamos tal o
cual desarrollo tecnológico’. Porque el sindicalismo no está haciendo eso, por miedo al
desempleo. Lo que pasa es que si el sindicato no hace eso, la empresa lo hace sola.
4. Salvar a las empresas
Ante la ola de desindustrialización y los desastrosos efectos de la apertura económica, los
directivos sindicales del caucho y del plástico estiman que “hay que empezar a hacer
sacrificios, y si no se hacen los sacrificios las empresas se cierran. De pronto algunos
dirigentes no hemos creído en eso y se nos han venido cerrando las empresas
efectivamente. Digamos que cuando se tiene ya la experiencia hay que hablar claramente
con la gente y mirar a dónde vamos, o estamos abocados en definitiva a un cierre de la
empresa; nos quedamos sin empleo o buscamos algunas alternativas de concertación con
los mismos patronos”.
Los sacrificios laborales de los asalariados encaminados a salvar del colapso a sus fuentes
de empleo han sido más notables en el sector privado. En decenas de fábricas asentadas en
diferentes lugares del territorio nacional los trabajadores, por indicación de los sindicatos,
han permanecido meses y años enteros trabajando sin recibir salario o han acudido a la
toma de las instalaciones, todo en el empeño de forzar la reanudación de labores o, por lo
menos, salvar las acreencias laborales. En otros, más numerosos, han renunciado a
incrementos salariales o aceptado rebajar la planta de personal o la jornada de trabajo legal
para impedir que las empresas se cierren. En un tercer grupo, del que hace parte la conocida
fábrica de calzado Croydon, empresas en liquidación han sido recibidas por sus
trabajadores en dación de pago de sus obligaciones laborales y ellos hacen enormes
esfuerzos para mantener la producción y encontrar mercado para sus productos.
Una asimilación sindical de la crisis opuesta a la que ha prevalecido en la mayoría de las
empresas públicas puede encontrarse en el caso de Telecom. De acuerdo con varios
testimonios allegados, allí se practicaba un tipo de trabajo sindical de grupo, ajeno a la
situación de la empresa, a las realidades del sector y a la marcha de la tecnología. Meses
antes de que se produjera —junio de 2003—, la intervención gubernamental que dio el
primer paso efectivo para la privatización de la empresa, declarada inviable, un veterano
dirigente sindical de izquierda planteaba las cosas así: “El movimiento sindical cree que el
dirigente sindical y el afiliado deben dar la espalda al corredor donde se desenvuelven las
empresas, que el problema de la subsistencia, del desarrollo, de la consolidación de las
entidades donde nosotros estamos, en especial las estatales, es un problema del Estado, del
Gobierno y no nuestro. Yo diría que es todo lo contrario, nosotros somos realmente las
personas que nos mantenemos en ellas; los gobernantes son transitorios (...) Nosotros
debemos acompañarnos con propuestas, con una nueva actitud, con un nuevo compromiso
desde el punto de vista de la producción y de buscarle a Telecom un perfil ante la sociedad
colombiana mucho más proactivo; de lo contrario, vamos a ser también, como en muchas
empresas del Estado, corresponsables de su liquidación”.
5. Declive de la negociación colectiva
La negociación colectiva está de capa caída entre nosotros. Hay una inclinación acentuada
de los patronos a acabar con esa figura legal y transformar las relaciones laborales en
contratos civiles, lo cual encaja dentro de la imaginativa empresarial contemporánea:
empresa y negocio sin intermediación.
La modalidad de “cooperativas de trabajo asociado”, aparecidas durante la administración
de Ernesto Samper, se ha convertido en el gran verdugo de la negociación colectiva y la
organización sindical. Al contratar con ellas el empresario hace tres ahorros: tiene un costo
fijo de mano de obra, no paga prestaciones sociales y no lidia con sindicatos. La
transnacional Unilever, por ejemplo, en aplicación de su política de poner término al
contrato indefinido, ofrece al trabajador, candidato al despido, 8 millones de pesos por cada
año de servicio a la empresa; los operarios reciben sus millones y a cada grupo de 20 de
ellos la empresa le organiza una cooperativa de trabajo asociado. Esos mismos trabajadores
que ayer eran empleados directos, hoy hacen parte de la cooperativa, que como ente
jurídico es la que suscribe el contrato de trabajo. Las antiguas ligaduras laborales pierden
toda presencia, mientras la fábrica mantiene o incrementa su producción.
Los sindicalistas señalan que en la modalidad de las cooperativas de trabajo asociado el
trabajador ya no tiene un contrato laboral sino un contrato de tipo comercial y todos los
costos fijos que antes manejaban las empresas son trasladados al trabajador. Rubros como
los de mantenimiento de maquinaria, cargas parafiscales, cotizaciones para salud y pensión
de los trabajadores ya no son asumidos por la compañía sino por las cooperativas. Así, esta
figura ha sido hábilmente utilizada por los empresarios para deslaboralizar sus relaciones
con los asalariados.
Las consideraciones de la OIT sobre este tipo de relaciones laborales contemporáneas
aparecen expresadas así en uno de sus documentos: “Con la mundialización de la economía
y los progresos de la tecnología, el margen de maniobra de los Estados ha menguado
sensiblemente. Al mismo tiempo (...) el índice de sindicación (sic) baja y las asociaciones
patronales tropiezan con dificultades. Se pone en tela de juicio la utilidad de la negociación
colectiva. Por lo mismo, las relaciones laborales no parecen estar ya en condiciones de
cumplir plenamente su misión: se acentúa la desigualdad de los ingresos, y la pobreza, el
desempleo y el subempleo llevan a la exclusión social”.19 El informe añade que en esas
circunstancias los trabajadores ceden ante la amenaza real de cierre de las empresas o el
traslado de ellas fuera del país cuando se trata de fundar o reforzar el sindicato. Y los
gobiernos, por su parte, acceden a rebajar las cargas fiscales y parafiscales y aumentar las
regalías y beneficios a la empresas para impedir la fuga de capitales o de las mismas
empresas transnacionales.
Sintraime, el sindicato de la industria metalmecánica, cree que a partir de la Ley 50 de 1990
apareció la diferenciación entre antiguos y nuevos trabajadores de las empresas y los
salarios de los primeros comenzaron a distanciarse cada vez más de los que lograban
obtener sus compañeros de contratos temporales y, peor aún, los enganchados a través de
las cooperativas de trabajo asociado. Aunque la mayoría de los sindicatos del metal se
tornaron minoritarios respecto de las plantas de personal, el sindicato ha logrado que las
empresas reconozcan todavía a los empleados temporales los beneficios de la convención
colectiva y todas las prestaciones. En algunos casos esto da ocasión para que los
empleadores ofrezcan dádivas a los temporales y de una u otra manera los presionen para
que no accedan a la organización sindical. En el caso de las cooperativas los trabajadores
están sujetos a un salario de alrededor de $400.000, sin derecho a ninguna de las garantías
extralegales de que disfrutan los empleados de término indefinido y aquellos contratados a
término fijo. Si las cooperativas de marras siguen extendiéndose, piensan los sindicalistas,
19 Oficina Internacional del Trabajo. El trabajo en el mundo. Relaciones laborales, democracia y cohesión social, 1997-1998, 1999, p.73.
en casos como el de Colmotores “la contratación va a ser de las peores a nivel nacional,
porque a esta multinacional nos la van a volver un taller de servicios”.
Las forzosas garantías laborales de los antiguos empleados tratan de compensarse con el
mejor trato patronal hacia los nuevos, que no las gozan. El juego ha despertado rivalidades
entre los empleados, que en Colmotores, por lo menos, han llegado hasta a roces personales
entre trabajadores. “No lo podríamos generalizar —dicen los directivos sindicales—, pero
se percibe y se ha expresado de parte de los temporales en muchas ocasiones: ven al
antiguo como un estorbo, dicen que es mejor que ya se vayan a descansar, que se pensionen
y los dejen trabajar tranquilos”. El acto final del drama ocurrió el 24 de mayo de 2003: los
trabajadores descontentos con el sindicato firmaron un pacto colectivo con sus empleadores
y asestaron duro golpe al sindicato industrial, Sintraime, que quedó apenas con 234
afiliados, de los 1.350 que llegó a alojar.20
Avianca ha explotado a fondo las desigualdades sociales y las diferencias salariales que
creó la imposición del nuevo modelo empresarial. Crea entre el personal la imagen del
trabajador antiguo —conflictivo, exigente, perezoso, indiferente a los problemas de la
empresa que le da empleo—, y el trabajador nuevo —inteligente, culto, activo, solidario
con la empresa y, sobre todo, no organizado en el sindicato—. El enfrentamiento de
empresa y sindicato, que lleva ya años, ha provocado roces violentos entre el personal
recién ingresado y los empleados antiguos, que gozan de importantes ventajas
convencionales. El personal nuevo siente que los “viejos” son una carga para la empresa, y
tratan de aislarse de ellos. Los dirigentes del sindicato estiman que “se divide a la gente
entre nuevos y antiguos, entre contratistas y no contratistas, porque en Avianca existen
cantidades de contratistas y unos tienen unos beneficios y otros no tienen nada”.
En algunas empresas, como Transmilenio, el nuevo tipo de contratación se impone como
norma prácticamente exclusiva: trabajo temporal, máximo ahorro de burocracia, salarios
relativamente bajos, buena calidad del servicio, ausencia total de sindicato. Miguel Angel
Pérez, reconocido dirigente de los pequeños transportadores urbanos, dice de los choferes
20 Voz, junio 11, 2003, p.5.
del sistema que, “si bien trabajan 8 horas, se convierten en 10, porque ellos tienen primero
que llegar una hora antes para revisar el carro que van a recibir y tienen que salir una hora
después; además, trabajan turno de 4 horas y entre las primeras 4 horas y las otras 4 horas
más o menos, tienen un descanso de 3 horas, pero 3 horas en que ellos no pueden ir a la
casa a almorzar y se tienen que quedar a almorzar por allá y eso prácticamente son horas de
trabajo también, porque no pueden hacer nada más”.
El desconocimiento que no pocos empleadores tienen de los derechos laborales
establecidos en las leyes, en el Código Sustantivo del Trabajo y en la misma Constitución
Nacional ha enrarecido la atmósfera en que se desenvuelve la negociación colectiva en
nuestro medio, sometido por demás a las presiones que emanan de los escenarios de la
violencia política, el terrorismo y la impunidad.
Las posibilidades de concertación del conflicto se han reducido a ojos vistas. La mayoría de
los sindicatos estima que no hay realmente una política de concertación por parte de los
empresarios: “Ustedes entregan absolutamente todo, o renuncian a su puesto de trabajo por
cualquier cosa, o sencillamente las factorías se cierran”, es el resumen que hacen en el
sector del caucho y los plásticos.
Ciertos grupos sindicales ven las cosas de otra manera, porque “cada cual habla de la feria
según como le haya ido en ella”. Los directores de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos y
Mineros de Colombia, Utrammicol, por ejemplo, conceden importancia grande a la
flexibilidad en las negociaciones. “Tiene que aparecer la capacidad de concertar del
sindicato, que tiene que estar documentado, implicado y asesorarse económica y
estructuralmente, porque tienen que sentarse a concertar con las empresas para hacerlas
viables y que la empresa no desaparezca, porque, como no hay empleo, yo tengo que buscar
que la empresa esté para mantenerme empleado. Además, si desaparece una empresa yo
tengo que tener una visión grande; yo estoy afectando al país, y cada vez que desaparece
una empresa estoy abriendo el país a los mercados internacionales para que vengan a hacer
invasión de productos. Entonces, estamos preparando al sindicato para que tenga la
capacidad de concertación y abandone esa vieja idea de que concertar con el patrono es
entregarse al capitalismo. Es que la globalización nos está exigiendo que tenemos que
concertar para conservar el empleo, fortalecer la situación económica del país, mantener
vigentes las industrias y mantener mercados que nos puedan dar capacidad de consumo
externo y de importación. Por eso tiene que concertar el sindicato”.
En Utrammicol estiman que, como ocurre en todas las otras ramas de la producción, a ellos
les violan acuerdos convencionales. Sin embargo, señalan el caso de Cerromatoso, una
productora de níquel en manos del capital multinacional. “Toda su producción la exporta,
todo lo que vende lo vende en dólares; entonces, allá tenemos una muy buena convención,
allá se educan los hijos de los trabajadores, tienen de todo”. Hay empresas donde la
convención se ha reducido a un acuerdo sobre salarios. “No nos quitan las prestaciones,
pero no nos dan nada más. Se negocian salarios, porque las empresas están en dificultades y
hay otras en donde nos han quitado cosas (...) Y hay un caso especial que es Paz del Río,
pero por otras razones. Es una empresa que no se modernizó, que se quedó
tecnológicamente muy atrasada y es una empresa que estamos dejando a ver si podemos
actualizarla en el desarrollo tecnológico, para que vuelva a ser factible. En eso los
trabajadores que nosotros estamos orientando están cumpliendo un papel muy importante
para que la empresa se desarrolle. En términos generales nosotros hemos logrado mantener
los sindicatos”.
Los trabajadores metalmecánicos que se agrupan en Sintrametal tienen una experiencia un
tanto similar a la anterior. En Bogotá las relaciones con los empleadores han sido buenas y
se ha llegado a pactar aumentos salariales de 8 por ciento en promedio, que estiman nada
despreciable frente al incremento anual del 6 ó 7 por ciento del IPC. Los empresarios “no
se quejan, ya que sus empresas van adelante y hasta el momento ninguna empresa ha tenido
ninguna huelga (...) Hasta ahora la negociación colectiva es un derecho que se ha respetado,
no ha sido vulnerado y queremos que se siga respetando. Hemos logrado esos beneficios de
los trabajadores, beneficios muy propios, invitando a esos mismos patrones a hacer cursos y
mirando la capacitación que les dan a sus mismos trabajadores (...) aquí no hablamos
simplemente de sindicalismo, hablamos de cómo el trabajador tiene que orientarse de otras
formas que pueden servir a la propia familia, y eso se ha usado mucho dentro del sindicato,
como también dentro de la junta directiva de las mismas empresas”.
Los trabajadores de la alimentación son portadores de lecciones de negociación todavía más
sugestivas. Alfonso López Freile, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la
Alimentación, Afines y Similares, Fentralimentación, describe así el cambio: “En las
negociaciones de los pliegos de peticiones donde habíamos venido siendo cabeza y gestores
de los movimientos huelguísticos, como en el caso de Conalvidrios, el mismo Bavaria,
Gaseosas Colombianas, en todo lo que fue la línea Postobón, dándonos cuenta de que en
verdad Colombia estaba entrando en una crisis industrial muy grande, nuestra federación,
en sus plenos y en sus congresos, y los mismos trabajadores nos pusieron de presente que si
no cambiábamos, si no mejorábamos la relación con los empresarios, seguramente
podríamos hasta desaparecer más rápido de lo que nos tenían predestinado, y eso ha sido
así. Inclusive hemos flexibilizado la mano laboral y en el aspecto de la contratación, de las
negociaciones, hoy inclusive salimos haciendo negociaciones hasta de 4 años en el caso del
sector azucarero, por ejemplo”.
Nos interesamos por conocer qué efectos había tenido ese cambio de actitud y López Freile
acotó: “Nosotros decimos, en el caso de nuestro sector y en las empresas donde hacemos
presencia la persecución sindical en los últimos 10 años ha mermado, y ha mermado por lo
que ya le comentaba: los cambios que nosotros pudimos generar les dieron confianza a
muchos empresarios para respetar así mismo a los sindicatos y respetar a los afiliados. Hoy
podemos decir que nuestros sindicatos gozan de un gran respeto ante las empresas, que
muchas veces cuando hay que hacer cambios inmediatamente es tenido en cuenta el
sindicato para esos cambios”. Con excepción de Unilever Andina —antes llamada Cogra y
luego Cogralever—, que está en plan de eliminar la mediación sindical y el régimen
convencional, las buenas relaciones laborales han venido prevaleciendo en el sector de las
grasas, en Gaseosas Colombianas y en toda la línea de gaseosas, y así mismo en el sector
azucarero.
La OIT considera que la lucha por llegar a consensos laborales está al orden del día en
América Latina. “Las relaciones laborales —expresa uno de sus documentos—, no pueden
entenderse desde el [punto de vista del] conflicto, si se intenta progresar en condiciones
adversas. Un sistema de relaciones laborales enmarcado en la bilateralidad y en el consenso
dentro del centro de trabajo constituye un factor de estabilidad en las relaciones sociales y
favorece una situación en la que es posible ampliar la libertad civil, respetar el imperio de
la ley y garantizar el mayor grado de inversión, crecimiento y desarrollo”.21
La negociación del conflicto laboral se impone frente al antiguo uso discrecional de la
huelga. El conjunto del sindicalismo del sector privado, en todas sus vertientes políticas e
ideológicas, coincide en el criterio de que el escenario opuesto a la concertación —la
huelga— ha perdido, si no todo su valor, sí parte decisiva del mismo, por lo menos en áreas
clave de la vida económica nacional. No solamente eso. Los sindicalistas no creen que para
los trabajadores del mundo subdesarrollado en el futuro regresen los grandes días de la
parálisis laboral, con sus banderas rojas al aire y los jugosos convenios arrancados a la
odiada contraparte patronal. No es que la contradicción capital-trabajo vaya a dejar de
existir, sino que la fisonomía de sus expresiones será distinta.
21 Rueda Catry, Marleen y otros. Tendencias y contenidos de la negociación colectiva. Documento de trabajo No. 88. Oficina Internacional del Trabajo, 1998, p.51.
Héctor Bermúdez, conocido dirigente comunista, cree, por ejemplo, que en las condiciones
de globalización de la economía bajo la insignia del capital multinacional no hay
condiciones reales para la huelga de tipo tradicional. Lo que tendría valor en un momento
dado, afirma Bermúdez, “no es tanto el paro por el ‘plieguito’ en la empresa, con la huelga
tradicional, sino que son otros mecanismos de protesta, que no excluyen los paros ni los
movimientos (...) Yo pienso que se dan más las protestas generalizadas que buscan
reivindicaciones generales”. El movimiento sindical debe ir más allá, “tiene que hacer una
lucha mucho más política y mucho más global, porque hoy lo que puede funcionar son los
movimientos cívicos. O sea, el movimiento sindical tiene que incidir mucho en el
movimiento cívico para levantar reivindicaciones de fondo, como el derecho al empleo, los
derechos humanos, en fin (...) y serían válidas de pronto no tanto las huelgas, esas legales
que hay, sino serían válidos paros legales si tuvieran un carácter generalizado e inclusive
eso de los paros indefinidos”.
El ocaso de la huelga es una resultante de la desindustrialización del país, de la acelerada
transformación de la relación laboral en contrato civil, de la imposición de la forma de
trabajo temporal y precaria y, en última instancia, de la paulatina desaparición del contrato
colectivo de trabajo, todos los cuales acabaron por romper los lazos de solidaridad que
durante decenas de años habían presidido la acción y la organización de los trabajadores. Al
mismo tiempo, es producto de la imposición al país de un modelo económico
antidemocrático, que marcha de espaldas al mundo social y excluye la participación de los
sectores subordinados. Eso explica por qué la corriente que impulsaba la ampliación del
derecho de huelga desde los años sesenta y que dos décadas más tarde parecía avanzar con
paso firme de la mano de la OIT, fue frenada en seco desde la administración Gaviria y hoy
está totalmente dislocada, en medio de un país más intolerante y más violento. La tendencia
prevaleciente no es democratizar la protesta social sino ampliar todavía más la franja de
sectores y subsectores de la economía que para efectos de huelga son considerados
“servicios públicos”.
De nada han valido los conceptos emitidos por la OIT y por prestantes magistrados y
juristas colombianos: el Congreso se desentiende de la tarea constitucional de establecer
claramente qué se entiende por “servicio público esencial”, en cuyos predios estaría
prohibida la huelga. Por eso las huelgas en el sector financiero siguen siendo
fulminantemente ilegalizadas e intervenidas por la fuerza pública. La UNEB explica las
cosas así: “Hemos hecho varios intentos de huelga y nos ha tocado por las vías de hecho,
porque el Ministerio nos dice que nos va a mandar los funcionarios y un día antes nos dice
que ya no los puede mandar. Entonces, una huelga así es muy difícil de plantear, porque ya
se vuelve una cosa de orden público. En la huelga que hicimos en el Popular [en diciembre
de 2002. Nota del autor] el primer día tuvimos 70 dirigentes sindicales presos y a los
trabajadores los sacaron con revólver en la cabeza; nos sacaron de las cajas a los
trabajadores de esa oficina para poner temporales”.
Pero no todo es resultado de la represión oficial directa y de las amenazas ciertas de los
grupos armados ilegales. La huelga ha perdido terreno y se ha tornado poco menos que
imposible desde que los sindicatos se volvieron minoritarios en las empresas. La huelga
siempre ha sido expresión de las mayorías. Si la mayoría ordena cesar el trabajo, la minoría
que no acepta la decisión debe arriesgarse al choque con los piquetes de huelga que
protegen el derecho a no trabajar y no el derecho de la minoría a trabajar. El derecho al
trabajo involucra el derecho a suspenderlo. Ese ha sido el modelo de la legalidad burguesa
de la huelga a lo largo de la historia. Ahora todo ha cambiado. Las directivas sindicales
acostumbran pasar por encima de los consensos de la masa laboral afectada y en vez de
consultar el estado de ánimo y la situación real en que está el conflicto optan por imponer
órdenes de paro, cerrar a la fuerza accesos a oficinas e instalaciones, impedir por la fuerza
el ingreso de quienes no participan del movimiento, no porque estén en contra del sindicato
sino porque sencillamente no están de acuerdo con la orden impartida o porque ni siquiera
fueron consultados sobre la misma. El ex bancario Miguel Ángel Pérez resume su opinión
en esta frase: “Si la gente no quiere pelear, que no pelee, pero yo no voy a reemplazar a la
gente”.
6. Carácter de la crisis
El mayor debilitamiento del sindicalismo que observamos hoy había sido previsto por los
dirigentes sindicales desde mediados de los años noventa. Roberto Chamucero, hoy
presidente de Fenaltrase, sostuvo lo siguiente en entrevista realizada en marzo de 1994:
“El proceso de desmonte del Estado en Colombia se apresura desde el último año del gobierno
de Barco. Las conquistas de los trabajadores se habían producido no sólo por la capacidad del
movimiento sindical sino como efecto de ese equilibrio de poder internacional, que
desapareció con el hundimiento del socialismo. La represión de los ochenta es clasista y
dirigida a acabar con las organizaciones populares. Eso preparó nuevos golpes en los años
noventa, aprovechando el bajo perfil del movimiento sindical. Es que todo el movimiento
popular está en descenso. Marchamos hacia la internacionalización de la vida, la economía e
incluso la cultura. Eso significa que el capitalismo ha revitalizado su imagen —la
microempresa es parte del fenómeno—.
Las formas ideológicas cambian también: ya no sirve la cooperativa, el sindicato, el partido
político; lo que se necesita es hacer capital a como dé lugar. El dinero ha tomado el puesto
superior de la sociedad y se ha producido una inversión de valores: los sectores progresistas de
la sociedad han perdido la pelea ideológica; la izquierda no convoca y está derrotada
ideológicamente. La pérdida de la perspectiva política hace que la gente se corrompa. Por eso
la política de despidos con indemnización —retiro voluntario— fue decisiva. En la junta
directiva del sindicato del Dane, ejemplo de sindicalismo clasista por muchos años, no quedó
sino un dirigente que no se plegó a la oferta de la empresa. Todo eso explica el reflujo en que
está el movimiento. Hoy se trata de retener lo que se tiene y recuperar lo que se ha perdido; no
se trata de un proceso en expansión de la lucha.
“En el movimiento obrero hay diversidad de criterios pero el debate se está civilizando. Antes
había mucha radicalidad y la suerte de las empresas no importaba al movimiento. Hoy la
organización sindical se preocupa institucionalmente para emprender la lucha. Ahora
Fenaltrase no defiende el puesto de trabajo, sino la función social de la empresa en la
comunidad, la eficiencia de la empresa y del trabajador. Esa imagen anterior, negativa, del
sindicalismo fue manejada por el Gobierno en casos como Colpuertos y Ferrocarriles
Nacionales. Ahora, en lugar de cerrar las empresas, la idea es que ellas funcionen bien (...) No
se trata de defender a ‘troche moche’ la convención colectiva”.
En entrevista concertada en el mismo mes de marzo de 1994, Janeth Corredor, dirigente
nacional de Fenaltrase, hablaba del impacto de los cambios operados en el sector público en
los primeros años de la apertura económica:
“Hubo mucho entusiasmo por la nueva Constitución del 91; el hecho de que en la
Constituyente estuviera Aída Avella22 nos daba más interés. Presentamos una propuesta de
reforma de la Constitución para favorecer a los trabajadores del Estado. Hubo muchas mesas
de trabajo para elaborarla. Pero el marco de la reforma constitucional era el neoliberalismo. El
artículo transitorio número 20 —sobre reestructuración del sector público— sigue siendo
todavía objeto de debate. Así se materializó la tesis de empequeñecimiento del Estado. A la
sombra de eso el Gobierno sacó la Ley 60; con el Decreto 1660 de 1991 inventa lo de las
indemnizaciones por despido. Entonces el movimiento sindical estatal se dividió: unos decían
que eso era un chantaje y otros que era preferible irse con algo a irse sin nada. Se perdió la
pelea en el plano ideológico más que en el político. Se formaron verdaderas cofradías del
Decreto 1660; hubo gente que pidió al Ministro ser incluida en las listas de despidos masivos.
La Corte emitió fallo de censura del 1660 en que dice que no es justo el método y que además
desconoce la voluntad de los trabajadores. Pero ya había hecho mucho daño. Cuando llega el
artículo 20 transitorio de 1992 el movimiento estaba muy debilitado. En todo el año 93
pululaban las asambleas sindicales destinadas exclusivamente a calcular los montos de las
indemnizaciones. La idea es que el Estado salga de toda clase de servicios fundamentales y los
contrate con particulares. La idea es echar a todos los trabajadores débilmente capacitados y
profesionalizar el personal. Se supone que hasta el portero deberá ser un profesional.
“Cuando el movimiento estatal era fuerte se peleaba por mejores salarios para todos los
sectores. El Gobierno se alarmó al ver que el salario de abajo se nivelaba con el de arriba.
Ahora ‘elitizaron’ el salario, como ocurrió en el poder judicial. Con el salario que sobra de los
despedidos se reparte el reajuste de salarios para los que entran a reemplazarlos. Los que
22 Conocida dirigente sindical y política. Hoy en el exilio.
quedan trabajando mejoran sus ingresos hasta en un 300 por ciento, sin necesidad del
sindicato.
“El proceso rompió solidaridades y amistades que tenían decenas de años. Hubo gente que
antes de irse depredó las empresas; gente que no sólo se llevó elementos de trabajo sino
también documentos de asesoría. El Gobierno se vio obligado a derogar todo lo que había allí,
para no salir perdiendo más. Hay el caso del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, cuyo
banco genético fue vendido. ¡Y no hubo ni un mitin para impedirlo! En Cajanal teníamos
2.500 afiliados y quedaron 200 (...) Es el triunfo del individualismo y la obsolescencia de la
organización”.
Sintraincapla es filial de la CUT pero sus directivos desconfían de las capacidades de
negociación de la central y han hecho una lectura sugestiva de lo que le ha pasado al
movimiento sindical colombiano en los últimos años. “Gaviria —afirma uno de sus
dirigentes, en alusión al presidente César Gaviria—, fue el cerebro del desplome y nosotros
aterrizamos también, eso es cierto, aterrizamos porque en ese momento pensábamos que la
revolución estaba a la vuelta de la esquina y Gaviria nos demostró que no era cierto.
Entonces, a partir del momento hay un retroceso del movimiento sindical, pero además el
retroceso está dado también porque perdimos la política, perdimos el norte, o sea, nosotros
todavía estamos en esa época fundacional en donde estamos hablando de los problemas
económicos de la clase obrera pero no estamos hablando del problema de la clase obrera; es
decir, no estamos hablando de la subsistencia de la clase obrera como ente. Perdimos la
política”.
“¿Qué es lo que está en crisis? —se pregunta Héctor Bermúdez, presidente de la CUT
Bogotá y concejal de la misma ciudad, y se responde:— En crisis está el núcleo que se
llamaba clase obrera. ¿Por qué? Porque se agotó la incipiente industria que había en el país
y entonces hoy la manufactura viene de afuera. Hoy es importante la clase obrera en el
Japón porque produce muchas cosas; de pronto también en Francia. A pesar de eso, tiene
sus dificultades. Pero a raíz de la apertura y la globalización estos países que no lograron su
desarrollo, su gran cuestión no es la de la clase obrera sino una serie de trabajadores en la
informalidad que no tienen esa connotación. En los últimos tiempos, ¿dónde ha sido más
fuerte la lucha de los trabajadores? En los sectores de servicios, como la salud, la
educación... En fin, con un modelo de estos tan antihumano usted cierra los hospitales y
entonces aprovecha para no volverlos a abrir; usted cierra los colegios y al Gobierno le
importa un pito que la gente sea seis meses más bruta; eso no tiene problema”.
7. El papel de la violencia
A la ofensiva empresarial contra los sindicatos —típico caso de persecución sindical,
contemplado en la ley pero del cual nadie habla ya—, hay que añadir la conversión de esas
organizaciones en blanco predilecto de la guerra interna que soporta el país. Desde el
comienzo de los años ochenta, paramilitares y guerrilleros se sumaron a la campaña
antisindical mediante la eliminación de organizaciones y líderes que no se sujetasen a sus
designios. Hoy, decenas de juntas directivas sindicales actúan virtualmente en la
clandestinidad e incluso se ven obligadas a operar desde municipios distintos de los de su
sede legal, para escapar de la muerte. Sintrametal, una entidad de cubrimiento nacional,
confiesa que tiene mucha dificultad para lograr que algún trabajador acepte cargos en la
junta directiva “por el temor de ser borrados del mapa, tanto sus vidas como las vidas de
sus familiares”. Casi la totalidad de la subdirectiva de Cali, por ejemplo, ha sido
“boleteada” por paramilitares y guerrilleros.
Asesinatos de sindicalistas
Años 1991-1999
Año Totales De base Directivos
1991 109 91 18
1992 148 98 50
1993 216 190 26
1994 113 86 27
1995 181 149 32
1996 253 227 26
1997 156 117 39
1998 91 62 29
1999 69 50 19
Totales 1.336 1.070 266
Fuente: ENS. Cuadernos de derechos humanos, No. 8, p.48.
Amenazas, atentados, desapariciones y secuestros de sindicalistas
Años 1996-1999
Tipo de violación Total 1996 1997 1998 1999
Amenaza de muerte 1.273 -- 278 319 676
Atentado 74 42 9 10 13
Desaparición forzada 33 16 10 3 4
Secuestro 40 -- 9 9 22
Detención arbitraria 90 52 -- 9 29
Desplazamiento forzado 900 -- 342 530 28
Fuente: ENS. Cuadernos de derechos humanos, No. 8, p.48.
Entre el 6 y el 16 de febrero de 2000 una misión de contacto directo de la OIT visitó el país
con el encargo de verificar las denuncias de las centrales obreras y de varias ONG sobre
violación de derechos sindicales y campaña de exterminio del movimiento. Desde entonces,
los asesinatos y desapariciones de líderes han disminuido relativamente, debido más que
todo a las medidas de protección adoptadas por las organizaciones con ayuda del gobierno
colombiano y de entidades extranjeras, incluido el gobierno norteamericano. Pero el control
de los grupos armados no cesa y en cualquier oportunidad aparecen los nuevos muertos.
El informe de la ENS sobre derechos humanos de los trabajadores para 2002 revela que
entre el primero de enero y el 30 de noviembre se presentaron en el país 573 violaciones de
derechos humanos: 172 homicidios, 7 desapariciones, 164 amenazas de muerte, 26
secuestros, 17 atentados personales, 132 detenidos arbitrariamente y 80 exiliados. Respecto
de 2001, el total de violaciones a la vida, la libertad y la integridad rebajó en 40 casos,
aumentaron las violaciones por parte de las fuerzas insurgentes y hubo aparición de
violaciones en zonas geográficas que tradicionalmente no presentaban altos índices —
Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo—. “Contra la tesis que hace de la omnipresencia de la
guerra la causa de todos los males del país —afirma el documento—, tenemos que decir
que en 2002, como lo ha sido en los últimos años, del total de 537 violaciones registradas al
derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de los sindicalistas, el 77 por ciento tiene
como causa el ejercicio de la actividad sindical y sólo el 17 por ciento remite a acciones
directamente ligadas al conflicto armado que se vive en el país”. El 17 por ciento son
amenazas de muerte a grupos de trabajadores y acciones armadas contra sedes sindicales, y
del total de los asesinados en ese año, 155 (el 90 por ciento) pertenecían a la CUT (79 de
ellos a Fecode). Los grupos paramilitares aparecen como responsables del 16 por ciento de
los homicidios y la guerrilla del 12,7 por ciento. En la mitad de los casos no se conoce a los
responsables.23 Colombia volvió a “lucirse” en el plano internacional. De acuerdo con el
informe anual de la Ciosl para 2002, en ese año los trabajadores asesinados o desaparecidos
en el mundo entero sumaron 223, de los cuales 201 fueron en Colombia.24
En no pocos casos de violencia antisindical los sindicatos han señalado a las empresas
como instigadoras o por lo menos tolerantes de los atentados y crímenes contra los
trabajadores y sus sedes gremiales. “El pasado lunes 14 de abril la Corte del Distrito Norte
de Alabama, EU, hizo público que Sintramienergética —sindicato que representa a los
mineros del carbón de Colombia—, puede seguir con la demanda que interpuso el año
pasado contra su empleador, la Drummond, por los asesinatos de los líderes sindicales y
empleados de esta multinacional Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler,
ya que ve indicios de culpabilidad de la Drummond en esos asesinatos extrajudiciales —
perpetrados por grupos paramilitares— y en la violación de la libertad de asociación (...) La
Corte consideró que la Drummond ha violado los artículos 20 y 23 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el artículo 22 de la Convención Internacional sobre
Derechos Civiles y Políticos y las Convenciones 87 y 98 de la Organización Internacional
del Trabajo (...) Tras conocer la decisión de la Corte, Jeff Vogt, abogado asistente en el 23 El Mundo, enero 20, 2003, p.1B.24 El Colombiano, mayo 1, 2003, p.3D.
International Labor Rights Fund, dijo que ‘espero que esta decisión sirva de advertencia
para las multinacionales y transnacionales como la Drummond, particularmente las que
están operando en Colombia, para que se den cuenta de que no están por encima de la ley.
Que sepan que vamos a responsabilizarlas de su participación en la violación de derechos
humanos’”. Los demandantes estuvieron representados por el International Labor Rights
Fund y United Steel Workers of America —sindicato del metal de EU—.25 Las dos
entidades demandaron a Drummond, Coca Cola y Occidental Petroleum, y el director
ejecutivo de la primera afirma: “Estamos alegando que estas multinacionales tienen nexos
con los paramilitares y que usan a esos paramilitares para intimidar y asesinar a los líderes
sindicales”. Coca Cola y Drummond negaron la acusación, “pero en esos dos casos las
Cortes han tomado decisiones a nuestro favor”.26
8. La imagen de los sindicatos
25 Voz, abril 30, 2003, p.4.26 Voz, junio 4, 2003, p.5.
Los problemas internos de los sindicatos, las concepciones que abrigan y la imagen que
proyectan en su entorno constituyen lo que podría considerarse la parte subjetiva de la
actual crisis sindical. Desde que ella comenzó las organizaciones vienen empeñadas en
comprender críticamente su pasado y proyectar formas de supervivencia, pues casi nadie
cree en la desaparición ineluctable de los sindicatos. Están convencidos, eso sí, de la
imperiosa necesidad de su transformación en expresiones organizativas y políticas que,
como es lógico, irán definiéndose en el camino. En la controversia que ese ejercicio suscita
no prevalece el conflicto generacional, que de todas maneras es visible, y se observa más
bien el juego de tendencias políticas e ideológicas, particularmente entre una izquierda
pragmática, avezada en la lucha y dispuesta a participar en el cambio, y un sector
reformista, más liberal que democrático, al cual sus contrincantes identifican falsamente
como “la derecha”. La tendencia radical, que sigue esperando hacer de las organizaciones
sindicales fortines ideológicos intolerantes es francamente minoritaria en la actualidad, y la
verdadera derecha, identificada con las formas dictatoriales de Estado, es marginal en el
sindicalismo colombiano.
Más bien hay que decir que el movimiento sigue portando la tradición antidemocrática de
los partidos tradicionales. En sus mejores épocas entró a ser orientado por núcleos políticos
activos y eficaces, pero tan intolerantes como sus adversarios del bipartidismo. No crearon
una base participativa y deliberante, sino centros de autoridad un tanto demagógicos, y
cuando se produjo el cambio al modelo económico neoliberal las huestes sindicales,
aisladas durante decenios del conjunto del universo laboral y de la población menuda,
expertas apenas en el manejo de sus intereses gremiales y reivindicatorios, no tuvieron
fuerza política para organizar la resistencia. Por el contrario, el grueso de la masa laboral,
que echa toda la culpa de sus males a los dirigentes sindicales, optó por negociar con las
empresas su retiro del campo de lucha.
Cuando empezó a aplicarse la nueva legislación de corte neoliberal, el movimiento no pudo
reaccionar mayormente. “Los trabajadores se quedaron esperando que los dirigentes les
resolvieran el problema y terminamos echándonos la culpa entre nosotros mismos”, afirma
Héctor Bermúdez. Con la excepción de 5 ó 6 organizaciones sectoriales —magisterio, salud
pública, electricidad, rama judicial, agroindustria del banano—, las demás son fuerzas
dispersas y desiguales, que además socavan continuamente el escaso margen de acción de
aquéllas. En esas circunstancias no es posible unificar el movimiento sindical dentro de
objetivos fundamentales.
Las actuales directivas atraviesan crisis y aun parálisis porque no encuentran recepción y
apoyo de las bases, atemorizadas por el peligro de perder el empleo. “Hay capacidad de
análisis, hay capacidad política, pero debilidad en la convocatoria y debilidad en las formas
de respuesta”, confiesa un dirigente de la UNEB. Los sindicatos se han vuelto sinónimo de
problemas personales para los empleados, cuyo pensamiento define así el dirigente
bancario: “Del sindicato no quiero saber nada porque ahora no me está resolviendo los
mayores problemas y me causa más líos porque la empresa me ve ubicado con el sindicato
y lo que hace es despedirme”.
La precariedad de la labor educativa en el movimiento sindical es una gran traba para el
desarrollo de un sindicalismo de cara a los sectores populares y portador de propuestas
políticas. “No tenemos centros de capacitación serios; lo que hay son seminarios
coyunturales o institutos que tienen unas vidas efímeras o que, desde el punto de vista de lo
ideológico y de lo político, dependen de los aparatos organizativos políticos. De ahí se
desprenden comportamientos como el sectarismo, como las conductas rígidas, como las
reflexiones muy cerradas, estrechas. Los conceptos amplios, osados, que se requieren en
este momento no los practicamos porque traemos una conducta muy pequeña, una
concepción del mundo muy estrecha”, es la consideración que hace un dirigente sindical
comunista.
Juan Vicente Obrerón, secretario de educación de Sintraimagra, sostiene lo siguiente:
“Considero que el sindicalismo va como en declive, aunque ese es un fenómeno mundial,
no tanto por las políticas patronales como por las mismas consecuencias internas del
sindicalismo, de la gente que se acostumbra a un cargo, que se duerme dentro de ese cargo,
que no se preocupa por capacitarse. Es uno de los fenómenos más preocupantes. Yo he
estado muchas veces como secretario de educación y es una lucha muy intensa para lograr
que las juntas directivas aprueben un plan educativo eficiente, coherente. Uno ve cómo con
facilidad y folclóricamente se destinan ciertas partidas para cosas de parrandas —
digámoslo así para no darle tanta vuelta—, pero para conseguir platica para hacer un curso
o para mandar a unos compañeros a estudiar casi terminan es madreándolo a uno”.
Desde luego, la situación de atraso cultural y político que sufren unos sectores no puede
aplicarse al conjunto del movimiento. Lo que resalta en el panorama es tal vez todo lo
contrario: la aparición de equipos dirigentes que conocen los problemas del país, de sus
empresas y de su entorno inmediato —otra cosa es que acerca de eso saquen conclusiones
contradictorias e incluso ingenuas—. “Hoy se hace más investigación y el movimiento
sindical tal vez estudia más que en las épocas gloriosas”, opina Bermúdez y añade: “Hoy
estudian ya no sólo los sectores de izquierda, hoy estudia todo el mundo; hoy ya usted
encuentra dirigentes sindicales que manejan cifras. Allá en los años setenta se les
preguntaba cuánto era el presupuesto nacional y eso era un secreto del Ministro de
Hacienda”.
Lo que sigue fallando es la formación ideológica de los trabajadores y el cultivo de los
principios de solidaridad y honestidad política de los dirigentes. Aunque la corrupción
política ha sido fenómeno tradicional en las filas del sindicalismo colombiano, ningún
dirigente se atreve a denunciar hechos concretos y menos aún nombres comprometidos.
La generalidad de los líderes piensa que pasó definitivamente la época del sindicalismo de
empresa y que lo que hoy se impone es la organización por ramas de la economía, una
buena porción cree que no ha cesado todavía el papel de las tradicionales federaciones —
nacionales y de rama industrial—, y la totalidad de los directivos asigna papel decisivo a la
instancia superior, la confederación, de la cual depende fundamentalmente la orientación
política. No obstante, la idea más audaz consiste en convertir la forma confederación —
reunión de federaciones— en la forma central sindical, basada en la afiliación directa, tanto
de sindicatos —nacionales y por rama industrial, preferiblemente— como de trabajadores
individuales, sin mediación de sindicato alguno y pertenecientes tanto al sector formal de la
economía como al informal. Sólo bajo esta nueva expresión, se afirma, podría salvarse la
organización sindical en el futuro.
El cambio de la estructura orgánica reclama una transformación simultánea de las prácticas
políticas programáticas. Con la aparición del Frente Social y Político, nacido en la entraña
sindical, ha empezado a emerger una fuerza que desarrolla un programa alternativo,
independiente de los focos clientelistas del bipartidismo y gobernada por la idea de unidad
y democracia, que es la primera exigencia de cualquier empresa que se impongan los
sectores sociales subordinados. Sin embargo, las tradicionales disparidades grupistas no han
demorado en reaparecer. El Frente logró proyectarse en una alianza electoral endeble y
contradictoria, el Polo Democrático, pero para las elecciones municipales y
departamentales de octubre de 2003 el todavía fresco proyecto de poder democrático ya irá
dividido. Por un lado, un grupo denominado Polo Democrático Independiente, y por el otro
el mismo Frente Social y Político.
Ese tipo de confusiones debilita profundamente las articulaciones de la maquinaria laboral.
Las últimas elecciones directas en la CUT —octubre de 2002— fueron una oportunidad
para confirmarlo. Aunque los grupos de izquierda —que de ser mayoría pasaron a tener
apenas 9 de los 21 miembros del comité ejecutivo de la CUT—, sostienen que la central
tomó una orientación de derecha, proclive a los proyectos del gobierno de Uribe Vélez, la
verdad es que se produjo una renovación de los cuerpos directivos en favor de tendencias
reformistas, socialdemócratas, favorables a la negociación de los conflictos pero en manera
alguna claudicantes. La aparición de dirigentes y activistas ganados por ideas de derecha —
en la región bananera de Urabá y el Magdalena, que se sepa—, ha sido el fruto de la
violencia, de los métodos de fuerza utilizados por los grupos armados ilegales sobre los
sindicatos y la población de esas regiones, e igualmente de los persistentes errores
cometidos allí —como en el Magdalena Medio— por los grupos de izquierda, como lo sabe
todo el mundo.
La nueva dirección de la CUT es tan antidemocrática e intolerante como la anterior, aunque
puede resultar más propositiva y realista. Ostenta, sin embargo, una composición sectorial
nada confiable, así ella sea el reflejo de la debilidad extrema a que han llegado algunos
sindicatos, sobre todo del sector privado: la mayoría de los miembros del comité ejecutivo
pertenece al sector terciario de la economía, con peso abrumador del magisterio oficial y la
presencia de los sectores ligados a la producción, se desdibujó todavía más. Con un
agregado funesto: el ingreso en masa de los educadores fue resultado de un cálculo
electoral y no político —dar mayor cabida al sindicato más voluminoso de la central,
Fecode, así durante años su afiliación a la central no hubiese pasado de formal—, y de
contera se operó bajo una inspiración nada santa: prolongar la tenencia de fuero sindical a
líderes docentes que, por estatutos, no podían ser reelegidos a sus cargos en el sindicato
magisterial. Fecode se apoderó de la CUT sin amarla ni admirarla, y con un dejo de
desprecio en los labios. Esta es la impresión recogida de las entrevistas y contactos con
dirigentes de todas las vertientes políticas que el autor ha realizado en los últimos 10 años y
que han sido utilizados en la elaboración del presente documento.
Sea como fuere, las elecciones de 2002 han dejado una estela de desesperanza porque no
sirvieron para fortalecer la unidad y sobre todo la confianza política de las filas sindicales.
El problema es que la tarea que se planteó la CUT desde su fundación —convertirse en una
organización independiente, pluralista y democrática—, resultó contrapuesta por entero a la
marcha de los acontecimientos del país. Es una negación de las tendencias predominantes
en la nación y no tiene fuerza suficiente para torcerlas.
Una labor de esa naturaleza ni siquiera pertenece a alguna organización gremial: es propia
de un amplio movimiento político de los sectores democráticos nacionales, que no existe.
Por eso, si la CUT —en las actuales condiciones de crisis de la economía colombiana—,
abandona la senda contestataria y proyecta sus acciones a un escenario propositivo,
conciliador del conflicto pero al mismo tiempo amarrado a compromisos con amplios
sectores del pueblo trabajador y no sólo con el sector formal y “convencionado”, es posible
que encuentre nuevas formas de supervivencia y aun de recuperación. La presente no es la
única crisis que ha sufrido el movimiento, ni es necesariamente la peor, aún así los
trabajadores han sabido encontrar siempre los caminos para seguir adelante.
Entre tanto, el debate político interno sigue en pie. Los dirigentes sindicales coinciden en
señalar, en primer término, la conformación de grupos políticos y su inevitable
enfrentamiento en los organismos de dirección de la CUT. Los trabajadores son enemigos
históricos de las pugnas de grupos y por eso algunos exageran las consecuencias que ha
tenido la lucha interna, en muchos casos no regida por principios sino por conveniencias
partidarias. Como la mayoría de los afiliados no tiene compromisos partidarios —que son
fundamentalmente de izquierda y de centroizquierda—, se siente ultrajada y engañada por
la marcha de los acontecimientos y sigue creyendo que en la dirección de la CUT no hay
más que una pugna de grupos, no un debate de principios concernientes a toda la masa
asalariada.
La democratización del sistema electoral —elección directa de los afiliados en vez de la
tradicional elección por parte de delegados de las organizaciones—, no ha convencido
enteramente a las bases sindicales, pues en las dos oportunidades de elección directa hasta
ahora cumplidas, la abstención se acercó a la mitad del electorado potencial. No hubo el
entusiasmo que se podría esperar y muchos candidatos “seguros” se hundieron sin remedio,
mientras otros que estaban “caídos” reaparecieron con todas sus luces. La elección de
personas y no de listas, la exigencia de campaña personal propia y de presentación personal
de los candidatos en las diversas regiones, son actividades que demandan fondos, de los
cuales no todos disponen. Entonces surgen los interrogantes.
La lucha de ideas, que se presenta como lucha de tendencias partidarias, es conveniente
para los trabajadores porque fortalece sus criterios y sus organizaciones. Lo que hace daño
es la pugna sin principios y la inclinación recurrente a imponer puntos de vista en
obediencia de directrices partidarias. La más intransigente de esas tendencias es
precisamente la que no cree en el debate democrático y sigue empecinada en que la Central
Unitaria se rija por una sola concepción ideológica, cosa que contradice el espíritu de toda
organización sindical y echa por tierra el proyecto democrático unitario.
En el sector financiero, en algunos núcleos de la metalmecánica y la minería y en las filas
magisteriales y de la salud pública puede observarse una marcada preocupación por los
“principios clasistas”. Algunos, jóvenes y veteranos, están alarmados por el avance de las
ideas socialdemócratas y la reaparición de concepciones de derecha, proclives al gobierno
actual y aupadas, según ellos, por grupos paramilitares. Un dirigente bancario afirma que en
las últimas elecciones presidenciales —mayo de 2002— “hubo secciones de varios
sindicatos que apoyaron nítidamente a Uribe, le declararon respaldo. Y otra gran cantidad,
que creo que fue la mayoría del sindicalismo, apoyó a Serpa. Y se supone que deberían
haber apoyado a Lucho [Luis Eduardo Garzón, ex presidente de la CUT]. Solamente
quienes estábamos planteando la construcción de la propuesta alternativa, distinta a los
partidos tradicionales, respaldamos a Lucho. Muchos sectores del sindicalismo hicieron
campaña abierta por Serpa, que hasta uno se lo pasa, pero ya campaña con Uribe, ya ahí las
cosas son a otro precio y hay unas distancias muy grandes desde el punto de vista
filosófico, político y económico. Creo que ese tipo de fracturas se van a evidenciar en la
polarización interna”.
9. El sindicalismo que tenemos
¿Cuál es, pues, el tipo de sindicalismo que está desarrollándose en la actualidad en nuestro
medio?
El nacimiento de la nueva proyección alternativa a fines de 1986 se produjo en medio del
mayor caos político y organizativo de las filas sindicales tradicionales, y las diversas
corrientes debieron jugársela toda para concretar el proyecto de central unitaria que venía
andando desde la expulsión de los comunistas de la CTC en 1960. En 1986,
repentinamente, desaparecieron puntos de referencia e identidad política muy valiosos para
los trabajadores: de un lado, la referencia del sindicalismo tradicional, personificada en la
UTC, la más grande e influyente confederación sindical de las últimas cinco décadas
anteriores; de otro lado, la referencia de izquierda, más adiestrada y eficaz, que había
nacido como tal apenas en 1964 pero hundía sus raíces en la combativa CTC de los años
treinta. Ese modelo bipolar dejó de existir y nuevas y dispares fuerzas políticas entraron a
disputar el escenario. Por lo demás, el derrumbe del sistema socialista en 1989 cortó de un
tajo toda esperanza de edificar un mundo del trabajo supuestamente redentor de la
humanidad.
El cambio resultó todavía más complicado porque cuando el nuevo movimiento alternativo
estaba apenas iniciando su marcha se produjeron las primeras descargas de la “apertura
económica”. Entre 1990 y 2001 el sindicalismo fue en gran manera descoyuntado por las
políticas de mercado: desindustrialización de la “economía, desaparición de empresas de
todo tamaño, privatizaciones y achicamiento del aparato del Estado, precarización del
contrato de trabajo y fortalecimiento del empleo temporal, imposición de prácticas de
relación obrero-patronal directa, sin la mediación sindical.
Para completar el cuadro de dificultades, el conflicto armado interno del país alcanzó los
mayores niveles y por el mismo sendero transitó el uso de la violencia contra los sindicatos
y sus líderes. Téngase en cuenta además que la creación del nuevo modelo sindical viene
ocurriendo en medio del extendido descrédito de la actividad sindical por efecto no sólo de
la propaganda empresarial sino también de las prácticas antidemocráticas y las expresiones
de corrupción que el sindicalismo ha tolerado en algunas de sus instancias.
La transformación cultural de las filas laborales, la marcha hacia la conquista de otras
referencias e identidades políticas es lo que tenemos en la actualidad ante nuestros ojos.
Como en todo proceso social, ese camino no será recto ni siempre ascendente. Con todo, no
hay que dejarse llevar de las apariencias. La crisis social ha afectado al conjunto del
movimiento popular colombiano y no sólo al sindical, y el sindicalismo ha sido el sector
que ha podido responder al desafío con la mejor capacidad organizativa. Sigue al frente de
la movilización popular urbana del país, como antes de la “apertura”, así haya perdido la
iniciativa en el campo, por obra exclusivamente de la lucha armada. La idea de una
supuesta desaparición de los sindicatos habla con el deseo.
La labor de recuperación del movimiento sindical que tiene lugar en toda América Latina
marcha sobre una base política que no existía antes: el extraordinario movimiento en
defensa de los derechos humanos que agita a hombres y mujeres de todas las latitudes.
Estos mismos parámetros rigen para el diseño de las nuevas relaciones de trabajo en todas
partes y la Constitución Nacional de 1991 va en esa dirección, así los sindicatos no quieran
reconocerlo. La comunidad internacional, incluidos organismos gubernamentales, ha
rodeado de solidaridad las denuncias hechas por los trabajadores colombianos, y ello ha
llevado a los gobiernos colombianos a adoptar medidas de protección de líderes y sedes
sindicales e introducir cambios de la legislación laboral que favorecen los derechos de los
asalariados. Hay que recordar que Colombia es el segundo país latinoamericano
socialmente más inequitativo y que hace parte de los países del mundo más atrasados en
materia de libertad de asociación, negociación y huelga. Lo acompañan allí Chad, Liberia,
Etiopía, Malasia, Nigeria, Bangladesh, Corea, Japón, Bolivia y Ecuador. Más todavía, los
organismos internacionales de derechos humanos y la misma OIT consideran a nuestro país
como el que ofrece el mayor peligro para la actividad sindical.
No resulta, pues, nada fácil enderezar los aparatos de lucha. Al mismo tiempo, el
movimiento está obligado a explicarse —y explicar a los trabajadores— por qué razón
ciertas reformas económicas y laborales presentadas por los gobiernos de los últimos años,
tomadas en conjunto, se han impuesto sin que los sindicatos hayan podido impedirlo, a
pesar de haber desplegado importantes movilizaciones contra ellas. Los sectores de
izquierda argumentan que la coyuntura política internacional, a partir del derrumbe del
experimento socialista y la formación de un mundo unipolar, no favorece la acción de los
trabajadores, y que la desmejora de la situación política interna por el agravamiento de la
confrontación armada y el recrudecimiento de la violencia contra el sindicalismo tornan en
buena medida nugatorios los esfuerzos del mundo del trabajo para abrir un espacio de
acción democrático, primera condición para que el movimiento pueda escapar de la crisis
que soporta.
El sindicalismo opina que la crisis social del país ha sido ocasionada por la imposición del
modelo de desarrollo neoliberal por el capital transnacional, que los trabajadores no son los
culpables de esa situación y que por tanto no son los llamados a pagar los platos rotos.
Agregan que los sindicatos han cedido en sus pretensiones contractuales para impedir la
desaparición de muchas empresas y piden que los sacrificios se extiendan a los
empleadores y que éstos cesen en su práctica de exigir el rechazo de la organización
sindical como requisito para acceder al empleo.
Sin embargo, es posible que el movimiento no haya evaluado suficientemente algunos
factores de su vida interna que pueden estar dificultando la defensa de sus filas y
acentuando su aislamiento político. Mencionamos aspectos como los siguientes:
identificación con las demandas de amplios sectores populares no organizados, víctimas de
la exclusión capitalista; organización de trabajadores temporales, informales y
desocupados, y acompañamiento solidario a sus luchas; defensa intransigente de regímenes
laborales especiales y ventajas prestacionales extralegales que aumentan las dificultades
financieras de las empresas y hacen aparecer como privilegiados a quienes las usufructúan;
excesos de burocratismo y abusos de poder de los dirigentes respecto de los trabajadores de
base; manejo laxo de las responsabilidades éticas en las juntas directivas sindicales y
silencio de sus mandos nacionales ante denuncias fundadas de corrupción administrativa en
algunos sindicatos; falta de diversificación de los servicios sindicales prestados a sus
miembros; falta de una condena inequívoca de todos los factores de violencia política y
rechazo enfático y claro del uso de la violencia por cualquier actor social. Nos asalta, por
ejemplo, una preocupación ¿cuál es la composición actual del gasto de los sindicatos? Las
bases y la opinión pública tienen derecho de conocerla y ello sería de gran utilidad para
desvanecer malentendidos e infundios en torno a la situación financiera de las
organizaciones laborales, sobre todo las más grandes.
“El trabajo en el mundo. Relaciones laborales, democracia y cohesión social, 1997-1998”,
memoria de la OIT publicada en 1998, hace una interesante enumeración de algunas
debilidades que se observan en la organización sindical contemporánea, que vale la pena
recoger para nuestro caso. Las hemos seleccionado y ordenado de la siguiente manera:
a) Los sindicatos tienen poco contacto con las nuevas generaciones de
trabajadores, que enfrentan un doble problema: una mentalidad y cultura
desconocidas por los líderes sindicales y mayores dificultades para encontrar
empleo y permanecer en él. Para ellos el sindicato no representa una necesidad
política o moral sino un riesgo ante sus empleadores. Los jóvenes quieren ser
distintos de sus padres y abuelos, y tienen derecho a ello. Prefieren la
responsabilidad individual a la colectiva, porque anhelan sobresalir y ascender
laboralmente en forma tan rápida como puedan. El empleador está interesado
casi en lo mismo, pues el viejo trabajador le representa mayor carga y menos
rendimiento. Las empresas buscan sangre joven para extraer mayor plusvalía y
afrontar menos problemas laborales.
b) Hay burocratización de muchos líderes, más interesados en ejercer autoridad y
ganar ascenso político que en solucionar problemas de sus electores.
c) Algunos sindicatos no permiten las tendencias ni la oposición democrática en
sus filas. Toda disidencia es catalogada como patronalista, y eso envenena la
conciencia del joven, que no soporta el inmovilismo ni el unanimismo.
d) En los sindicatos falta actividad política, cultural, social, de esparcimiento y
deporte. En los cinco países de más alta tasa sindical —Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Suecia, Islandia—, existe seguro de desempleo administrado total o
parcialmente por los sindicatos. Algo similar pasa con el seguro social de los
sindicatos en Taiwan y Argentina y pasaba en Israel.
e) Es deficiente el ejercicio de la democracia en la composición de los entes
directivos. Las mujeres son mayoría o casi mayoría en campos como el
magisterio, la salud pública, la rama judicial y el sector financiero, pero su
acceso a los puestos directivos es más difícil y sinuoso que el de los varones. En
muchos casos las mujeres no se sindicalizan porque no encuentran un ambiente
creativo, respetuoso y acogedor en los sindicatos. Y lo mismo les pasa a los
jóvenes.
En el caso colombiano habría que añadir que algunas buenas ideas encaminadas a
modernizar las estructuras sindicales, aprobadas en congresos y reuniones plenarias de la
dirección de la CUT, no vienen poniéndose en ejecución. Nos referimos, por ejemplo, a la
afiliación individual de miembros, la afiliación de entidades no sindicales, la organización
de desempleados, las elecciones directas cada 4 años —las últimas de la CUT tuvieron
lugar en octubre de 2002, un año largo más tarde de lo establecido—, y falta instituir la
revocatoria de mandatos por los afiliados.
Ahora bien, el cambio democrático en las relaciones de trabajo internas no se va a producir
a corto plazo. La misma OIT ha acumulado suficiente experiencia para sostener que “es
bien sabido que las instituciones sociales basadas en principios asociativos necesitan más
tiempo para transformarse que las económicas (...) En estos momentos de incertidumbre
pululan las afirmaciones, las recomendaciones y las publicaciones. Se proponen nuevas
visiones de las relaciones sociales, que pretenden ayudar a los ciudadanos a administrar
mejor unos periplos cada vez más diversificados y más individualizados de su vida
profesional, lo cual influye sin duda en las organizaciones que nos ocupan. Pero es
imprescindible que esa plétora de ideas suscite verdaderas discusiones en los ambientes
patronales y sindicales, y que las conclusiones reciban una amplia adhesión. Es por lo
mismo indispensable que todos los trabajadores, incluidos los más pobres, puedan
expresarse por conducto de sus verdaderos representantes y que al establecer, cuando
proceda, las oportunas alianzas, los sindicatos confirmen su facultad de hablar en nombre
de todos”.27
El economista y filósofo Luis Jorge Garay ha señalado las dificultades para el cambio de
las relaciones sociales en Colombia, comenzando porque, según su criterio, “No tenemos
valores del capitalismo puro, sino una cultura mafiosa en la que prima el enriquecimiento
rápido, el consumo ligero, la no acumulación y un sentido privado que busca ventajas en
todo, y eso es lo opuesto a lo que necesitamos para globalizarnos”.28 Lo de cultura mafiosa
lo explica así: “Me refiero a que cada vez sectores más amplios de la población buscan
satisfacer sus intereses individuales, no mediante la invocación de la ley sino adoptando
como práctica común la violencia, la coacción o el poder de su influencia, en detrimento de
los intereses colectivos o de los derechos de otros grupos de la sociedad. El narcotráfico es
apenas una expresión de esta culturización (...) En la medida en que lo ilegal se va
consolidando hasta cubrir sectores y formas de expresión de la sociedad cada vez más
amplios, se va dando una destrucción social más profunda. Y este es el frente de la guerra
más importante que tenemos en Colombia”.29
27 Ibíd. p.55.28 Cambio 16, Colombia, mayo 18, 1998, p.32.29 El Tiempo, marzo 14, 1999, p.8A.
Garay30 sostiene que “Colombia vive una paradoja interesante, porque es la sociedad que
más se encuentra en destrucción, entre muchas otras de nuestro hemisferio. Como sociedad,
debe hacer un nuevo contrato social y redefinir las relaciones públicas, públicas-privadas y
privadas-privadas. Ojalá el sistema eclosionara totalmente, para ver si podemos renovarlo,
porque ya no está para hacerle remiendos”.
“Es evidente, escribía Jorge Child en 1994, que se está produciendo un cambio irreversible
en las relaciones de producción, que ya no se puede hablar en términos maximalistas
revolucionarios y que les corresponde tanto al capital como al trabajo acomodar sus fuerzas
para la construcción de una sociedad estable y justa. Si se desplaza la responsabilidad del
Estado a la sociedad civil en la administración de empresas y servicios públicos, el capital
tendrá que asumir esta responsabilidad y la comunidad su papel activo de veedora y fiscal
de su gestión. Un sistema capitalista que eluda estas responsabilidades sociales implícitas
en la privatización de empresas públicas se convierte en un capitalismo salvaje, que no hará
sino reproducir los viejos métodos de acumulación de capital y reactivar en forma agresiva
los conflictos sociales”.
“Si, por otro lado —agrega Child—, el trabajo no comprende su nuevo campo de
operaciones y se posesiona de su papel activo en la toma de decisiones de inversión y en la
vigilancia y rectificación de los proyectos en curso, es muy probable que regrese a un tipo
de lucha sindical clasista que desaprovecha las oportunidades de movilidad social que
puede ofrecer el nuevo sistema de producción”.31
10. Ver para creer
A estas alturas de la crisis ningún sindicalista piensa que el movimiento pueda sobrevivir si
no media una transformación de sus estructuras organizativas y sus programas políticos.
Nadie cree en la resurrección de las glorias pasadas y significativamente ninguno de los
dirigentes entrevistados por nosotros—salvo quizás los de la ACEB— entrevé para el país
un “futuro socialista” o algo parecido. Ahora bien, todos pregonan la necesidad de traspasar 30 Cambio 16, Colombia, mayo 18, 1998, p.31.31 Ibíd. p.121.
las fronteras del sindicalismo reivindicativo y abrir caminos hacia el reencuentro con los
vastos sectores del pueblo afectados por la imposición del nuevo modelo económico y
social, pero son muy pocos los que aplican.
El divorcio histórico entre el sector formal de la economía, usufructuario del contrato de
trabajo y portador tradicional de la iniciativa política y el vasto mundo de la informalidad y
el desempleo, sigue campante. No existe todavía la organización política que encauce el
cambio que se proclama y mientras persista esa situación, en nuestro criterio, serán vanas
las expectativas alimentadas. Las huestes sindicales siguen moviéndose sólo al impulso de
pequeñas agrupaciones partidistas, cada una poseedora de una verdad no compartida, y así
las coincidencias en la imaginación del futuro sean relevantes, no hay proyecto unitario que
las encamine.
Algunos sectores piensan que ante la imposición del modelo neoliberal toca amoldarse a las
circunstancias y resistir desde esas posiciones. “Nosotros —dice un dirigente de la CGTD
— tenemos aquí una convicción, que la hemos irradiado hacía los trabajadores: hay que
defender nuestra fuerza de trabajo, hay que buscar reivindicaciones, hay que lograr cosas
para mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo, pero independientemente de eso
también tenemos que luchar por defender nuestras fuentes de empleo, porque si
defendemos nuestras fuentes de empleo nos defendemos como trabajadores y nos
defendemos como organización. Es decir, si la fuente de empleo existe, existimos como
trabajadores y existimos como organización; si no existe, no existe nada”.
El lado pesimista viene del sector del caucho y productos plásticos: “Esto va a estar muy
enredado —piensa uno de sus líderes—. Así como vamos tendemos a desaparecer. Tal cual
como estamos en este momento, mejor dicho, la rueda de la historia, que llaman, nos pasa
por encima”. El mencionado dirigente agrega que hay que retornar a “la política como
centro del discurso, en el sentido de que nosotros también somos propuesta distinta, o sea,
nosotros no solamente peleamos por reivindicaciones económicas sino que peleamos por un
Estado diferente, por una nación distinta, por un concepto de solidaridad diferente, por un
concepto del poder también diferente. Eso fue lo que se nos refundió en el camino”.
Un directivo sindical de Icollantas nos decía: “Si nosotros no buscamos alternativas, como
afiliar a la mayoría de los compañeros, trabajar con organizaciones como Juntas de Acción
Comunal, comités de barrio o meternos realmente en lo que es el pueblo, que somos
nosotros, todos los trabajadores, y empezar a trabajar conjuntamente, en 10 años no existirá
el sindicalismo. Y yo diría que hay que fortalecerse, pero con gente capaz, porque a la CUT
nosotros nos afiliamos y realmente no la hemos sentido”. Un directivo del sindicato de la
industria procesadora de la madera tiene una opinión similar: “Las empresas aprovechan las
divisiones internas para fomentar el individualismo y el egoísmo personal y esto debilita la
lucha por el bien común. Es un problema cultural. Nosotros no estamos solos, está el país, y
todos los colombianos; no podemos seguir peleando sólo por nuestros intereses. Tenemos
que romper la imagen de que somos acaba-empresas. Para un dirigente sindical la cuestión
no puede limitarse a sus intereses: debe plantearse como una cuestión integral”.
Fecoltracom, filial de la CTC, tiene otro pensamiento: el de construir “un movimiento
sindical inteligente, propositivo, con iniciativa, que tenga fundamentalmente propuestas que
vinculen a toda la población colombiana, que no seamos excluyentes en defender nuestras
conquistas sindicales, en defender únicamente lo que nos afecta. Hacer un sindicalismo
como lo propuso la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, Orit, y la Ciosl,
un sindicalismo sociopolítico en donde la gente, en donde la opinión pública se dé cuenta
de que los sindicalistas tienen otra actitud, otra mentalidad, que no solamente están
defendiendo el salario sino que tienen propuestas para manejar este país, para dirigir en
forma honesta y transparente este país.
“Yo veo respecto a la situación del sindicato —señala un directivo de la UNEB— que debe
haber un replanteamiento radical y lo mismo del sindicalismo, en el sentido de hacer un
sindicalismo que no se fije solamente en los trabajadores con contrato a término indefinido
sino un sindicalismo que atienda diferentes áreas, como los jóvenes, las mujeres, los
pensionados, los ex empleados, los de la economía informal, las madres comunitarias”.
Miguel Ángel Pérez, ex dirigente sindical bancario y presidente de la Asociación de
Pequeños Transportadores, Apetrans, recoge una opinión bastante generalizada entre los
sindicalistas de Bogotá y estima que hoy la negociación colectiva no puede seguir siendo el
punto focal del sindicato, “porque hoy la negociación colectiva es regresiva”. Si todavía
fuera directivo sindical, añade, “firmaría sin temblarme la mano una convención a 6 años y
me quedaría 6 años tranquilo porque durante esos 6 años no me van a quitar las
prestaciones que tengo y pondría al sindicato a hacer otras cosas, a pensar en otras cosas, en
otros proyectos, de cómo el sindicato diseña políticas para el sector en el cual está, pero
como propuesta alternativa, proyecto alternativo de desarrollo, no solamente desde el punto
de vista laboral (...) poner al dirigente sindical a que mire otro panorama, porque ese
panorama de hoy es lo que le hace perder terreno”.
Miguel Acero, presidente del sindicato de Seguros Bolívar, tiene una opinión similar. Cree
que los sindicatos se olvidaron de hacer propuestas políticas a la nación. “Simplemente nos
limitamos a ver un cambio económico brusco, un cambio que no nos gusta a determinados
sectores o a determinadas personas, y realizamos una manifestación cualquier día y eso se
termina ahí. La economía nos ha dejado, la economía y los cambios del mundo neoliberal
nos han dejado rezagados y no hemos ido a la par en su avance”.
La subdirectiva de la CUT en Bogotá insiste por su parte en la idea de que el movimiento
abandone definitivamente las banderas simplemente reivindicativas y se lance a la lucha
política con el resto de la población. Estas son palabras de su presidente: “...al movimiento
le queda una alternativa en esta época, y es que hoy incide decididamente más allá de su
número, incide en el debate político general de este país y recoge banderas de muchos
sectores, o sea, se integra de verdad al movimiento social, o desaparece. Si el movimiento
sindical no va más allá y no levanta otras banderas y no ayuda a sumar fuerzas, no ayuda a
proyectar procesos democráticos —ese es el sentido de muchos de nosotros: crear procesos
democráticos amplios—, desaparecería o quedaría en unas condiciones muy precarias. El
movimiento sindical debe aprovechar esta crisis para elevar el nivel político de la gente,
para debatir temas de mucho más alcance: el problema del desarrollo del país, de la
economía, de cómo jugamos en la globalización., o sea, cómo saber manejar eso y tener un
sentido mucho más de país, de nación y de región; si no le jalamos a eso estamos fregados”.
11. Proyectos de la CUT
En la determinación de continuar esforzándose por cambiar el estilo de la lucha sindical, la
actual dirección nacional de la CUT se fijado un programa de 4 años destinado a alcanzar
metas puntuales. En entrevista realizada a fines de mayo de 2003 con Boris Montes de
Occa, secretario general de la central, éste presentó las cosas de la siguiente manera:
1. En torno a la tarea trazada por el último congreso en el sentido de cambiar la estructura
de la Central, en el segundo semestre de este año se debe reunir el congreso del sector
salud para discutir la unidad en sus filas. Fecode va a buscar que los 40 sindicatos
magisteriales que existen se conviertan en uno solo, de trabajadores de la educación.
UNEB y ACEB deben sentarse a discutir la creación de un solo sindicato de la rama
financiera. En el sector eléctrico, Sintraendes ya cubre todo el sector de energía, agua y
teléfonos, y alrededor de él puede establecerse un solo sindicato de industria. En las
telecomunicaciones hay convenio entre las centrales para que a través de la Unión
Sindical de Trabajadores de las Telecomunicaciones, USTC, —que ya se afilió a la
CUT—, se erija una sola organización industrial. La idea es que las 749 organizaciones
que tenemos se vuelvan siquiera unas 300. En Alemania a los 17 sindicatos de industria
que tenían los convirtieron en sólo cuatro.
2. La otra tarea es la formación de dirigentes. El obstáculo principal es que la CUT no
tiene los recursos financieros que demanda la creación de su escuela de formación.
Muchos sindicatos no le pagan a la Central las cuotas que están establecidas en los
estatutos, y entre los que cotizan hay evasión de obligaciones. Otros sindicatos, cuyas
direcciones no comparten la ideología de la CUT, se hacen los desentendidos en materia
económica. La USO tiene establecido el 3 por ciento del salario como cuota para el
sindicato, y del total se debe girar el 5 por ciento a la CUT. Por cada convención
colectiva que se firme la dirección nacional de la CUT debe recibir, por una sola vez, el
20 por ciento del incremento salarial alcanzado. Pero todo eso casi nunca se cumple.
Sólo en determinados momentos se acuerdan de enviar algo a la dirección nacional. El
sindicalismo sigue jugando al coyunturalismo. La concepción misma de la escuela es un
problema: queremos construir una escuela pluralista, no clasista, que sirva para
enriquecer y flexibilizar el pensamiento de los trabajadores. El año pasado los
sindicatos de Suecia ofrecieron financiar un proyecto de ese tipo durante 10 años, pero
llegó una delegación de ellos y se sorprendió con las tesis de la escuela clasista que
algunos tratan de imponer, y entonces dijeron: “La plata del gobierno sueco es para
formar dirigentes”. Hay que reelaborar el proyecto de la escuela. El debate sigue vivo y
hay que buscar la concertación de opiniones, sobre la base de una cultura de la
negociación y no de la contestación. Fortalecer el departamento de educación es vital
para afrontar la crisis: romper el corporativismo y crear un sindicalismo más político y
más social. Eso sólo es posible elevando la educación.
3. En el movimiento sindical circulan muchas revistas. Nosotros estamos interesados en
crear una sola revista de la Central, y ojalá en crear el periódico de la CUT, y en todo
caso meternos en los medios de comunicación. Ya tenemos página web y queremos
fortalecer la base de datos de correos. Tenemos que romper la resistencia de algunos
sectores directivos medios, que no están de acuerdo con la orientación nacional de la
CUT y se guardan en el bolsillo las circulares que enviamos para los sindicatos.
4. Necesitamos extender el ámbito de las afiliaciones a la Central. Necesitamos ir a los
desempleados, pero no se avanza en eso. Hay compañeros que están en contra de la
afiliación a la Central de desempleados e informales. Se oponen al ingreso de pequeños
y medianos propietarios, como los que se asocian en Acopi.
5. Pronto habrá noticias sobre la fusión de la CTC en la CUT y también sobre nuestras
iniciativas con Acopi. Vamos a crear las subdirectivas que nos faltan: Putumayo,
Casanare, Amazonas, Guaviare, Guainía y Vaupés. Allí hay sindicatos funcionando. Se
hablará con alcaldes y con otras autoridades para que nos colaboren en esa tarea.
6. Tenemos varias organizaciones afiliadas a los secretariados de la Ciosl y el debate sobre
la afiliación internacional de la CUT, aprobada en las últimas elecciones —octubre 4 de
2002—, va a proseguir y se va a concluir. No se puede trabajar cuando cada quien va
por su lado. A fines de 2004 habrá congreso de la CUT y ese congreso deberá ratificar
la afiliación. Pero hay que conceptuar el debate, no atenerse sólo al voto.
7. La salida del actual conflicto laboral es la negociación y no la confrontación. En el
gobierno de Samper, Fecode consiguió un reajuste salarial de ocho puntos por encima
de la cifra negociada con el resto de los trabajadores del país, además de una prima de
vacaciones del 50 por ciento del salario. Logramos tres sedes para recreación. Hoy se
tiende a recuperar lo conseguido, mediante la negociación. El paro en vez de la
negociación produjo descuentos de salarios de los días no laborados y eso debilitó al
movimiento.
8. Estamos por el rechazo al terrorismo y la violencia, vengan de donde vengan. Estamos
por los principios del Foro Social Temático, del movimiento contra la imposición del
Alca, por la alianza con la CTC, por la tarea de involucrar más a las mujeres en todas
estas luchas. Estamos por la confluencia democrática, por un proyecto de lucha contra
la guerra y por la democracia, hacia la creación de una gran coalición democrática
contra el referendo, en torno al Polo Democrático.
En entrevista con La República, el presidente de la CUT, Carlos Rodríguez, expuso el plan
de incremento de los efectivos de la central de 550 mil a un millón en 4 años, y de sus 749
sindicatos de toda condición a 18 sindicatos de rama, y agregó: “Nosotros necesitamos
relaciones fluidas y respetuosas con cualquier gobierno. El objeto siempre será encontrar
soluciones a los problemas de los trabajadores. A la actual administración ya le hemos
planteado la urgencia de un gran acuerdo nacional. Estamos dispuestos a contribuir en la
disminución de la tasa de desempleo y en la reorientación de la política económica. Esto se
logra sólo con la participación del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores por la
vía civilista y democrática”.32
32 La República, abril 26, 2003, p.4.