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Dicta normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información tanto respecto a la elaborada en forma convencional cuanto la producida por procedimientos informáticos en computadoras.
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Dicta normas que regulan el uso de tecnologías
avanzadas en materia de archivo de
documentos e información tanto respecto a la
elaborada en forma convencional cuanto la
producida por procedimientos informáticos en
computadoras.
Sobre los efectos legales de los documentos
digitales obtenidos producto del microfilmado.
(Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el
14 de octubre de 1991)
Declara de necesidad pública el desarrollo de
telecomunicaciones y aprueban normas que
regulan la Promoción de Inversión Privada
Ley de organización y funciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual.
(INDECOPI).
Declarase de necesidad pública el desarrollo de las
Telecomunicaciones como instrumento de
pacificación y de afianzamiento de la conciencia
nacional, para cuyo fin se requiere captar
inversiones privadas, tanto nacionales como
extranjeras.
Declara en reorganización al Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual - INDECOPI.
Para efectos de disponer la descentralización de
las funciones de dicho Instituto y la ampliación de
la cobertura de los servicios que éste presta a
todo el país.
Modifica la Constitución Política del Estado, en
lo referido a las Garantías Constitucionales.
Reforma Constitucional del artículo 200
relativo al Habeas Data.
Por Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u
omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o
persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se
refiere el artículo 2º, incisos 5 y 6 de la Constitución."
En el Perú el uso de las tecnologías de avanzada en
materia de archivo de documentos e información está
regulada por un conjunto de normas legales orientadas
a:
Otorgar facilidades para elaborar microformas tanto por
procesos convencionales como informáticos en computadoras
Otorgar reconocimiento de valor legal a los archivos
conservados mediante microformas que permitan ahorro de
espacio y costos a las organizaciones, colaborando a su
eficiencia y productividad.
Aprovechar los adelantos de la tecnología en beneficio de
actividades empresariales, alentando las inversiones y
mejorando sus rendimientos.
Adecuado soporte para la
gestión y toma de decisiones
Incrementa la productividad y
la competitividad
Es dependiente de la
tecnología de la información y
las comunicaciones
Tiene aptitud para el rápido
acceso y difusión a distancia
Facilita el ingreso al contexto
de la internacionalización de
los intercambios comerciales.
DL Nº 681 - 14 de octubre de 1991
o Regula el uso de tecnologías de avanzada para el archivo de documentos
DS Nº 009-92-JUS – 27 de junio 1992
o Reglamento del DL Nº 681
Ley Nº 26612 - 21 de mayo de 1996
o Modificatoria del DL Nº 681
DL N° 827 – 05 de junio de 1996
o Amplían alcances del DL Nº 681 a las entidades públicas a fin de modernizar el
sistema de archivos oficiales
Resolución Nº 070-97/INDECOPI-CRT – 16 de enero 1998
o Aprueban el reglamento para la certificación de la idoneidad técnica del sistema
de producción y almacenamiento de microformas
DS N° 002-98-ITINCI – 21 de febrero de 1998
o Aprueban requisitos y procedimiento para otorgamiento de certificado de
idoneidad técnica para la confección de microformas
DS Nº 001-2000-JUS - 26 de marzo de 2000
o Reglamentan la ampliación del alcance del DL Nº 827 y se establecen requisitos
para la formación de los representantes de la fe pública
Ley N° 27269 – 28 de mayo de 2000
o Ley de Firmas y Certificados Digitales
RM N° 169-2000-JUS – 24 de junio de 2000
o Reglamento para supervisión de eventos de capacitación de fedatarios
juramentados con especialidad en informática
DL N° 1030 - 24 de junio de 2008
o Ley de los sistemas nacionales de normalización y acreditación- SNA
DS N° 052-2008-PCM – 19 de julio 2008
o Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales
DS N° 001 98 TR 22 de 1998
o Normas reglamentarias relativas a obligación de los empleadores de llevar Planillas
de Pago
Ley Nº 27291 - 24 de junio de 2000
o Ley que modifica el Código Civil permitiendo el uso de los medios electrónicos
para la comunicación de la manifestación de voluntad y la utilización de la firma
electrónica
Ley N° 27419 – 06 de febrero 2001
o Ley sobre notificación por correo electrónico
Ley N° 27658 – 30 de enero de 2002
o Ley marco de modernización de la gestión del estado
Ley N° 28186 - 05 de marzo de 2004
o Ley que establece los alcances del DL N° 681 – Conservación de documentos con
contenido tributario
Ley N° 27323 - 22 de julio de 2000
o Ley que establece funciones de la CONASEV y la SBS para autorizar e inscribir a
empresas e instituciones que recurren a servicios de microarchivos cuando estas
no cuentan con un microarchivo propio.
1) MICROFORMA: figura jurídica con un alto
componente informático, creada en
el Perú para que las imágenes de los
documentos digitalizados tengan el mismo
valor probatorio que un documento en papel.
2) MICRODUPLICADO: Reproducción exacta
del elemento original que contiene
microformas, efectuada sobre un soporte
material idóneo similar, en el mismo o similar
formato, configuración y capacidad de
almacenamiento; y con efectos equivalentes.
4) MICROARCHIVO: Conjunto ordenado, codificado y sistematizado de los elementos materiales de soporte o almacenamiento portadores de microformas grabados, provisto de sistemas de índice y medios de recuperación que permiten encontrar, examinar visualmente y reproducir en copias exactas los documentos almacenados como microformas.
LINEAMIENTOS SOBRE EL USO LEGAL DE LOS
PROGRAMAS DE ORDENADOR (SOFTWARE)
I.- Límites territoriales a las licencias de uso en nuestro país.
II. Software adquirido en el extranjero.
III. Consideraciones generales sobre el uso legal del software.
Es lícito utilizar software traído del extranjero con la licencia correspondiente, pero no puede ser comercializado sin autorización del titular del derecho de autor.
El usuario está facultado a reproducir el programa de ordenador en la memoria interna de un computador para su efectiva utilización.
Toda reproducción o utilización del software sin tener la licencia correspondiente esta sanción administrativa y/o judicial.
Las computadoras que se venden con software incorporado tienen que ser entregadas con las licencias respectivas, manuales de uso y soportes conteniendo el programa incluido en ellas.
El software no puede ser utilizado en un número mayor de computadoras que el autorizado en la licencia respectiva.
En el caso de redes se requiere contar con la licencia para todas las máquinas que utilicen el software.
Es ilícito alquilar software sin autorización del titular del derecho de autor.
Es lícita la reproducción de un software encontrado en el Internet siempre que el titular del derecho de autor lo autorice expresamente.
Sólo el INDECOPI, Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional, esta última con la orden respectiva, pueden verificar infracciones a los derechos de autor. Ninguna otra entidad, pública o privada, puede atribuirse esta facultad.
El INDECOPI y el Poder Judicial son las únicas autoridades que pueden sancionar por reproducción o uso indebido de software.
La Ley de Firmas y Certificados Digitales fue publicada en el Diario Oficial El Peruano l día 28 de mayo de 2000.
se manifiesta que su principal objeto es el regular la utilización de la firma electrónica, a la cual le otorga la misma validez y eficacia jurídica que el uso de la firma manuscrita.
El artículo 3º de la Ley de Firmas y Certificados
Digitales, establece que la “firma digital es aquella
firma electrónica que utiliza una técnica de
criptografía asimétrica.
Esta definición incluye varios términos:
· Firma digital.
· Firma electrónica.
· Criptografía asimétrica.
· Clave pública.
· Clave privada.
Artículo 7. Contenido del certificado digital
Los certificados digitales emitidos por las entidades
de certificación deben contener al menos:
1. Datos que identifiquen indubitablemente al suscriptor. 2. Datos que identifiquen a la Entidad de Certificación. 3. La clave pública. 4. La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta a un mensaje de datos. 5. Número de serie del certificado. 6. Vigencia del certificado. 7. Firma digital de la Entidad de Certificación
Artículo 9. Cancelación del certificado digital
La cancelación del certificado digital puede darse:
1. A solicitud del titular de la firma digital, 2. Por revocatoria de la entidad certificante o 3. Por expiración del plazo de vigencia 4. Por cese de operaciones de la Entidad de Certificación.
Artículo 12. Entidad de Certificación
La Entidad de Certificación cumple con la función de emitir o cancelar certificados digitales, así como brindar otros servicios inherentes al propio certificado o aquellos que brinden seguridad al sistema de certificados en particular o del comercio electrónico en general.
CRIPTOGRAFIA:
Desde que éramos niños buscamos a veces dialogar
en clave, con un cierto código que solo entienden
las personas que frecuentamos en nuestros juegos.
Cuantas personas recordarán la famosa clave
MURCIELAGO, que nos era enseñada en los Boys
Scouts y practicada para descifrar mensajes en
clave. Este sistema de clave era muy sencilla,
debido a que solo bastaba seguir la siguiente
instrucción de equivalencias:
M U R C I E L A G O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
CRIPTOGRAFIA:
Desde que éramos niños buscamos a veces dialogar en clave, con un cierto código que solo entienden las personas que frecuentamos en nuestros juegos. Cuantas personas recordarán la famosa clave MURCIELAGO, que nos era enseñada en los Boys Scouts y practicada para descifrar mensajes en clave. Este sistema de clave era muy sencilla, debido a que solo bastaba seguir la siguiente instrucción de equivalencias:
CAPITULO X. DELITOS INFORMÁTICOS Artículo 207
a) El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de datos, sistema o red de computadoras o cualquier parte de la misma, para diseñar ejecutar o alterar un esquema, u otro similar, o para interferir, interceptar, acceder ó copiar información en tránsito contenida en una base de datos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta a ciento cuatro jornadas. Si el agente actuó con el fin de obtener un beneficio económico, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas.
Ley 27.419 de 25 de enero de 2001, que modifica dos artículos del Código Procesal Civil y
posibilita el envío a través de correos electrónicos, de determinados actos procesales.
(Promulgada el 6 de febrero de 2001 y Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 7 de
febrero de 2001).
Artículo 163º. Notificación por telegrama o facsímil, correo electrónico u otro medio
En los casos del Artículo 157º, salvo el traslado de la demanda o de la reconvención,
citación para absolver posiciones y la sentencia, las otras resoluciones pueden, a pedido de
parte, ser notificadas.
Artículo 164º. Diligenciamiento de la notificación por facsímil, correo electrónico u otro
medio
Ley 27.444, Ley de Procedimiento Administrativo General, de 21 de marzo de 2001.Que
establece el marco jurídico para el uso del correo electrónico, documentos electrónicos y
expedientes digitales, en la tramitación de procedimientos administrativos vía internet.
La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la
actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general,
garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al
ordenamiento constitucional y jurídico en general.
Decreto Supremo nº 060-2001-PCM, del 22 de mayo del 2001, que crea el
“Portal del Estado Peruano”, como sistema interactivo de información a los
ciudadanos, a través de internet, el cual proporciona un servicio de acceso
unificado a los servicios y procedimientos administrativos que se realizan ante
las diversas dependencias públicas.
Resolución Suprema nº 292-2001-RE, de 16 de julio de 2001 que encarga
al INDECOPI la administración del nombre de dominio correspondiente al Perú
en Internet. Derogado por la Resolución nº 548-2001-RE.
Ley 27.489 de 11 de junio de 2001, que regula las centrales privadas de
información de riesgos y de protección al titular de la información.
(Promulgada el 27 de junio de 2001 y Publicada en el Diario Oficial "El
Peruano" el 28 de junio de 2001).
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos nº 096-2001-
SUNARP-SN en la que se autoriza la utilización de nuevas técnicas de inscripción en las Oficinas
Registrales del País, a través del software denominado "Sistema de Información Registral".
Resolución de Superintendencia de Aduanas nº 000103 de 2001, que establece a nivel
nacional el uso obligatorio del "Formato Electrónico de Documentos Internos" (FEDI), en la
tramitación interna de documentos que no estén relacionados con el despacho de mercancías.
La gestión y política institucional de la Aduana del Perú es orientar sus esfuerzos para convertirse en una
Aduana Virtual teniendo como enfoque estratégico el e-business, que más que una nueva herramienta, es
una nueva conducta institucional. Este cambio consiste en una reducción de papeles, gastos, tiempos
muertos y funciones burocráticas; además de difundir una conducta laboral que tenga acceso a la
información, con actitud competitiva, contacto directo entre las personas, y agilidad para la interacción.
Resolución Suprema nº 548-2001-RE, de 13 de diciembre de 2001, que deja sin
efecto artículos de la Resolución mediante la cual se encargó al INDECOPI la
administración del nombre de dominio correspondiente al Perú en Internet.
Decreto Supremo 011-2002-JUS, de 3 de abril de 2002, mediante el cual se
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Sistema Nacional de
Registros Públicos y la SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros Públicos)
permite obtener copias simples de las partidas electrónicas accedidas vía internet.
Proyecto de Ley de Uso de Software Libre en la Administración Pública de 9 de abril de
2002.
Ley 27.697 de Control de Comunicaciones, de 10 de abril de 2002. (Promulgada el 11
de abril de 2004 y Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 12 de abril de 2004).
Decreto Supremo nº 019-2002-JUS, de 15 de mayo de 2002. Reglamento de la Ley
de firmas y certificados digitales.
Decreto Supremo nº 031-2002-PCM mediante el cual se aprueban los Lineamientos
de Políticas Generales del Desarrollo del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado
Ley 27.419 de 25 de enero de 2001, que modifica dos artículos del Código Procesal Civil y
posibilita el envío a través de correos electrónicos, de determinados actos procesales.
(Promulgada el 6 de febrero de 2001 y Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 7 de
febrero de 2001).
Artículo 163º. Notificación por telegrama o facsímil, correo electrónico u otro medio
En los casos del Artículo 157º, salvo el traslado de la demanda o de la reconvención,
citación para absolver posiciones y la sentencia, las otras resoluciones pueden, a pedido de
parte, ser notificadas.
Artículo 164º. Diligenciamiento de la notificación por facsímil, correo electrónico u otro
medio
Ley 27.444, Ley de Procedimiento Administrativo General, de 21 de marzo de 2001.Que
establece el marco jurídico para el uso del correo electrónico, documentos electrónicos y
expedientes digitales, en la tramitación de procedimientos administrativos vía internet.
La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la
actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general,
garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al
ordenamiento constitucional y jurídico en general.
Decreto Supremo nº 060-2001-PCM, del 22 de mayo del 2001, que crea el
“Portal del Estado Peruano”, como sistema interactivo de información a los
ciudadanos, a través de internet, el cual proporciona un servicio de acceso
unificado a los servicios y procedimientos administrativos que se realizan ante
las diversas dependencias públicas.
Resolución Suprema nº 292-2001-RE, de 16 de julio de 2001 que encarga
al INDECOPI la administración del nombre de dominio correspondiente al Perú
en Internet. Derogado por la Resolución nº 548-2001-RE.
Ley 27.489 de 11 de junio de 2001, que regula las centrales privadas de
información de riesgos y de protección al titular de la información.
(Promulgada el 27 de junio de 2001 y Publicada en el Diario Oficial "El
Peruano" el 28 de junio de 2001).
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos nº 096-2001-
SUNARP-SN en la que se autoriza la utilización de nuevas técnicas de inscripción en las Oficinas
Registrales del País, a través del software denominado "Sistema de Información Registral".
Resolución de Superintendencia de Aduanas nº 000103 de 2001, que establece a nivel
nacional el uso obligatorio del "Formato Electrónico de Documentos Internos" (FEDI), en la
tramitación interna de documentos que no estén relacionados con el despacho de mercancías.
La gestión y política institucional de la Aduana del Perú es orientar sus esfuerzos para convertirse en una
Aduana Virtual teniendo como enfoque estratégico el e-business, que más que una nueva herramienta, es
una nueva conducta institucional. Este cambio consiste en una reducción de papeles, gastos, tiempos
muertos y funciones burocráticas; además de difundir una conducta laboral que tenga acceso a la
información, con actitud competitiva, contacto directo entre las personas, y agilidad para la interacción.
Resolución Suprema nº 548-2001-RE, de 13 de diciembre de 2001, que deja sin
efecto artículos de la Resolución mediante la cual se encargó al INDECOPI la
administración del nombre de dominio correspondiente al Perú en Internet.
Decreto Supremo 011-2002-JUS, de 3 de abril de 2002, mediante el cual se
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Sistema Nacional de
Registros Públicos y la SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros Públicos)
permite obtener copias simples de las partidas electrónicas accedidas vía internet.
Proyecto de Ley de Uso de Software Libre en la Administración Pública de 9 de abril de
2002.
Ley 27.697 de Control de Comunicaciones, de 10 de abril de 2002. (Promulgada el 11
de abril de 2004 y Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 12 de abril de 2004).
Decreto Supremo nº 019-2002-JUS, de 15 de mayo de 2002. Reglamento de la Ley
de firmas y certificados digitales.
Decreto Supremo nº 031-2002-PCM mediante el cual se aprueban los Lineamientos
de Políticas Generales del Desarrollo del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado
Resolución Jefatural nº 207-2002-INEI
Decreto Supremo Nº 060-2001 -PCM
Dominios del tipo: Dependiendo de la Identidad:
Nombre de dominio del tercer nivel
“min(acrónimo)”gob.
pe“ctar(acrónimo)”.gob.
pe
Ministerios Consejos Transitorios de
Administraciones Regionales
“reg(acrónimo)”.gob.
pe
Gobiernos Regionales
Resolución Jefatural nº 190-2003-INEI,
de 16 de junio de 2003(modifica normas
)
“acrónimo”com.pe
“servicio”.com.
pe
Empresas Públicas que
tienen personería de
Derecho Privado y
Público
Servicios públicos que presten las
entidades de la Administración
Pública
Las entidades de la Administración
Pública que no se encuentren
comprendidas en lo antes establecido
“servicio”.gob.
pe
“acrónimo”gob.pe
“muni(acrónimo)”.gob.
pe
Municipalidades Provinciales,
las Municipalidades Distritales
Publicada en el diario oficial El Peruano el 3 de
agosto de 2002 y entró en vigencia plenamente a
partir del 1 de enero de 2003.
¿Qué es el Acceso a la Información Pública?
El Estado tiene mucha información que atañe a todas las áreas
de la vida de la nación, como por ejemplo la salud, la
educación, el medio ambiente, las inversiones públicas, la
seguridad ciudadana, y la justicia, entre otras.
La Constitución Política del Perú reconoce el derecho de todas
las personas a obtener esta información para mejorar su
calidad de vida y sus posibilidades de participación tanto en la
actividad pública como en la actividad privada. La Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública ha establecido
reglas para que cualquier persona sepa cómo ejercer este
derecho.
El principio de publicidad
La ley de acceso a la información establece una nueva regla de obligatorio
cumplimiento por todos los funcionarios y servidores públicos: Toda la información que
poseen y producen dentro de una entidad pública puede ser conocida por cualquier
persona. Esta nueva regla termina con la idea de muchos funcionarios y servidores
públicos según la cual a ellos se les prohíbe hacer de conocimiento público los
documentos (la información) que hay en las entidades del Estado. Sólo en casos muy
específicos, y debidamente señalados en la ley de acceso a la información, los
funcionarios pueden excluir del acceso público a determinada información que está en
su poder.
¿Quién puede pedir información?
El derecho a solicitar y recibir información pública de cualquier entidad del Estado, es
un derecho fundamental de toda persona. Esto quiere decir que cualquier persona
puede ejercer este derecho sin distinción de raza, edad, nacionalidad, sexo, religión,
opinión y pensamiento, actividad, cultura, educación, ni de ninguna otra índole. Las
organizaciones civiles, inscritas o no en cualquier registro, pueden solicitar información
a través de sus representantes sin necesidad de acreditar dicha representación. Es un
derecho solicitar y recibir información pública sin expresión de causa, es decir, sin
justificación o explicación alguna. Esto quiere decir que todos los funcionarios y
servidores del Estado deben cumplir con su deber de entregar la información solicitada,
y asegurar el cumplimiento de este deber en las instancias inferiores a su cargo
¿Qué información es posible solicitar a una entidad pública?
Es toda información que las entidades públicas poseen o han producido y que se
conservan en:
Ejemplos de información que se puede solicitar:
estudios
dictámenes
datos estadísticos
informes técnicos
actas de reuniones oficiales
normas internas
¿Qué información no está obligada a brindar una entidad pública?
Para responder a un pedido de información, el Estado no tiene la obligación de dar
opiniones o justificaciones a través de sus funcionarios, ni tampoco está en la
obligación de crear o producir información con la que no cuente o no tenga la
obligación de contar, ni tampoco está obligado a hacer evaluaciones o análisis de la
información que posee
Obligaciones y Sanciones
Todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a
cumplir lo estipulado en la presente norma.
Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las
disposiciones a que se refiere esta Ley serán sancionados por la
comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados
penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que
hace referencia el Artículo 377° del Código Penal.
El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a represalias
contra los funcionarios responsables de entregar la información
solicitada.
Promulgada el 12 de diciembre de 2003 y
Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 13
de diciembre de 2003 Objeto de la Ley
Prohíbase el acceso de menores de edad a páginas web de
contenido y/o información pornográfica que atenten contra su
integridad moral o afecten su intimidad personal y familiar
Instalación de software especial
Fiscalización y sanciones
Las Municipalidades en coordinación con la Policía
Nacional fiscalizarán el cumplimiento de la
presente ley.
Asimismo, las municipalidades de acuerdo a sus
atribuciones impondrán las sanciones que
correspondan
Reglamentación
El reglamento de la presente ley será aprobado
mediante decreto supremo refrendado por los
Ministros de Educación y de la Producción en un
plazo no mayor de treinta (30) días.
EL DATO:
Se estima que en toda la red existen 27.000 pedófilos o pederastas,
más conocidos en el mercado como productores de pornografía
infantil, que comercializan todo tipo de material pornográfico de niños y
niñas. Cifras proporcionadas por la UNICEF muestran que
aproximadamente un millón de niños son fotografiados y filmados
anualmente para satisfacer una demanda que genera entre 2.000 y
3.000 millones de dólares al año.
