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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

I 0001229"

echa:21/07/2016-11:52:13

P A R L A M E N T A R I O

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa

para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente

Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de

Ley sobre reforma fiscal, lucha contra el fraude y la evasión fiscal y Cooperación

Fiscal Internacional para su debate en el Pleno.

En el Congreso de los Diputados, a 21 de julio de 2016

EL DIPUTADO

PEDRO SAURA GARCÍA

PORTAVOZ D RLAMENTARIO SOCIALISTA

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Grupo

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Reforma fiscal Carrera de San

28014 Madrid España no t iene una e levada presión f iscal agregada. De hecho , nuestros ingresos

públicos en relación al PIB se si túan en el 3 7 , 8 % frente al 4 5 , 2 % del promedio de los

países de la Unión Europea y no superaron el 41%, ni en plena burbuja inmobiliaria.

Nuestro problema es que esa presión fiscal se concentra mucho sobre pocos

contribuyentes y pocas bases imponibles. La consecuencia es que el sostenimiento

del gasto público recae de forma casi exclusiva sobre las rentas del trabajo,

fundamentalmente medias y bajas, que soportan directamente, e indirectamente a

través de las cotizaciones sociales, el grueso de la presión fiscal, en torno a nueve de

cada diez euros recaudados, según algunas estimaciones.

Necesitamos una nueva política fiscal que simplifique nuestro sistema tributario,

haciéndolo más eficiente y que promueva la transición hacia un nuevo modelo

económico, incentivando la inversión productiva, el emprendimiento y la innovación,

frente a otro tipo de actividades, que deben ser desincentivadas como la especulación,

la contaminación o aquellas que contribuyen al cambio climático.

Nuestro actual sistema fiscal descansa demasiado, como queda dicho, sobre la

tributación de la renta anual y del factor trabajo. Aspiramos a desplazar el peso de la

carga tributaria, en parte, hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos. Al

mismo tiempo, la fiscalidad debe recuperar el principio de equidad, tanto vertical, que

pague más quien más gana, como horizontal, es decir que a igual nivel de renta,

tributación similar independientemente de las fuentes de renta.

Nuestra Constitución establece entre los deberes de los ciudadanos el contribuir al

mantenimiento de las cargas generales del Estado de acuerdo con la capacidad de

pago de cada uno. Por eso establece un sistema tributario progresivo en el que aporte

proporcionalmente más, quien más riqueza tiene y no solo quien más renta gane. Sin

embargo, la actual descoordinación entre el IRPF, IS, y el Impuesto de Patrimonio

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impide gravar adecuadamente la riqueza, dando lugar a una doble no tributación que

permite que determinadas grandes fortunas y patrimonios no contribuyan de forma

adecuada al sostenimiento de los gastos públicos.

Que nuestro sistema fiscal precisa de una reforma en profundidad se ha puesto de

manifiesto, además, a raíz de las desafortunadas decisiones del Gobierno del PP en la

X legislatura, que aprobó una irresponsable bajada del IRPF a favor de los

contribuyentes de más altas rentas, así como una injustificada e inequitativa bajada del

Impuesto sobre Sociedades. Ello ha conducido a España a incumplir, una vez más, los

compromisos de reducción del déficit, exponiendo a nuestro país a la aplicación de

importantes sanciones, en especial en relación con el desembolso de los fondos

europeos. La Comisión Europea está estudiando también la exigencia de medidas

para efectuar un duro ajuste adicional, que podría poner en riesgo el mantenimiento

del Estado de bienestar en un contexto de elevada desigualdad. En este sentido

resulta claro que acometer, con urgencia, una reforma del sistema fiscal no es sólo

una exigencia de los principios de justicia y equidad tributaria, sino una necesidad

inaplazable para el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales.

Lucha contra el fraude v la evasión fiscal

Lograr una mayor equidad del sistema tributario, implica luchar de forma decidida

contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal e incorporar todas las manifestaciones de

capacidad económica, de manera efectiva al sistema tributario, como reclama la

Constitución. Ello ayudará a un reparto más justo de las cargas, a la sostenibilidad y

estabilidad del Estado del Bienestar y a una mayor competitividad de la economía

española y a la creación de empleo de calidad.

Pese al consenso existente en esta materia, el Gobierno del PP aprobó una "amnistía

fiscal" que ha tenido graves consecuencias económicas y éticas tanto para la sociedad

en su conjunto como para la Hacienda Pública. La injusticia de esta medida y el

secretismo en relación a sus beneficiarios, han provocado desde el principio un

rechazo generalizado en la ciudadanía española.

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Acabar con el fraude no ha sido una prioridad para el Gobierno si nos atenemos a las

decisiones tomadas durante la X legislatura y a tenor de la ausencia de medidas a lo

largo de la misma.

Y así, nuestro país tiene el nivel de recursos humanos más bajo de la UE de los 27 en

la Administración Tributaria, (5,7 inspectores por cada 10.000 habitantes, comparados

con los 17,5 de Francia o 14 de Alemania, por ejemplo), sólo superado por Italia.

Además, se ha reducido en 2.847 personas el número de efectivos de la AEAT. Por

ello, es necesario abordar una reforma integral de la Administración Tributaria que

incremente de forma efectiva y gradualmente los recursos humanos y materiales de la

misma.

Conocidas son también las constantes injerencias del Gobierno en la dirección de la

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), destacando los incesantes ceses

producidos desde enero de 2012 (cúpula de la Oficina Técnica de Control de la

Delegación Central de Grandes Contribuyentes, Dirección del Departamento de

Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, etc.), la pretensión de

condicionar las actuaciones inspectoras (caso CEMEX), la arbitraria, reprobable y

escandalosa negativa de la AEAT a prestar el debido auxilio a los órganos

jurisdiccionales (trama Gürtel), o la utilización política del Ministro de Hacienda y

Administraciones Públicas de datos con transcendencia tributaria, bien con fines

estrictamente partidistas, o bien como instrumento de coacción política.

En consecuencia resulta necesario adoptar, con carácter urgente, aquellas medidas

que permitan una corrección inmediata de los comportamientos que están propiciando

el citado deterioro de la administración tributaria y de la conciencia fiscal de los

ciudadanos, adoptando igualmente medidas eficaces para acabar con la evasión

fiscal, especialmente de las grandes empresas.

Cooperación Fiscal internacional

La globalización económica ha aportado elementos positivos para mejorar el bienestar

de los ciudadanos. Sin embargo, el hecho de que las grandes multinacionales

planteen sus estrategias de negocio globalmente, y la competencia fiscal se atribuya

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individualmente a cada jurisdicción, ha puesto en tela de juicio la adecuación del

sistema fiscal internacional para gravar los beneficios que estas empresas generan en

cada Estado. Este sistema, creado hace unos 80 años, ha quedado obsoleto ante la

nueva realidad económica. Se hace necesaria, por tanto, la Cooperación Internacional

en materia fiscal para que siga siendo eficaz. Ahora se está abordando precisamente

la lucha contra la evasión y elusión fiscal de las grandes empresas tanto por la

Comisión Europea como por el Parlamento Europeo. El diálogo sobre posibles

medidas para abordar este tema entre éstas instituciones y el Consejo, es cada vez

más intenso. De hecho, actualmente hay tres propuestas de directiva que incluirían la

aplicación de medidas anti elusión sobre las que el Consejo se tendrá que pronunciar

en breve y, el 6 de julio del presente mes y año, el Parlamento Europeo ha aprobado

una Resolución sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos

similares (TAXE 2) (2016/2038(INI)), que contiene importantes orientaciones y

decisiones para luchar con eficacia contra la evasión y elusión fiscal internacional.

La Comisión Europea estima que la magnitud de la evasión y la elusión fiscales se

cifra en 1 billón de euros al año, mientras que la OCDE calcula que la pérdida de

ingresos a nivel mundial se sitúa entre el 4 % y el 10 % del total de ingresos derivados

del impuesto de sociedades, lo que representa entre 75 000 y 180 000 millones de

euros al año (niveles de 2014). La Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo (CNUCED) considera que los países en desarrollo se ven

afectados de manera desproporcionada por la elusión del impuesto de sociedades,

que se calcula provoca unas pérdidas anuales de ingresos tributarios de 100.000

millones de dólares estadounidenses; dicha situación priva a estos países de los

recursos fundamentales para financiar los servicios más básicos y perjudica las

políticas de cooperación al desarrollo de la UE.

El problema de la evasión y elusión fiscal viene facilitado por la competencia a la baja

que provoca una competencia desleal entre grandes empresas multinacionales -que

se benefician de las fisuras del sistema fiscal internacional- y las pymes nacionales

que no pueden aprovechar estas fisuras para reducir su "coste/inversión fiscal". En

definitiva, las consecuencias negativas que conllevan estas prácticas para los

presupuestos de los Estados miembros y los ciudadanos son obvias, perjudicando la

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confianza en la democracia, erosionando las bases imponibles de los Estados

miembros y, por tanto, provocando una pérdida de ingresos fiscales que debilitan las

economías y la capacidad de los Gobiernos de proporcionar un nivel adecuado de

servicios públicos, inversiones y seguridad social.

Además, la citada Resolución de 6 de julio del Parlamento Europeo ha puesto de

manifiesto que sigue sin existir, pese a su urgencia, una definición y una lista comunes

para toda la Unión de jurisdicciones no cooperativas; que algunas entidades

financieras y empresas de auditoría o bufetes de abogados han desempeñado un

papel de intermediarias en la creación de estructuras legales complejas que han

desembocado en ios sistemas de planificación fiscal abusiva utilizados por empresas

multinacionales, tal y como se ha puesto de manifiesto con «LuxLeaks» y los papeles

de Panamá; que los Estados miembros y la Comisión deben aprobar más propuestas

legislativas sobre elusión del impuesto de sociedades dado que los Estados miembros

aún tienen margen para endurecer sus normas contra las prácticas abusivas a fin de

luchar contra la erosión de la base imponible; que debe avanzarse en la presentación

de una propuesta sobre una base imponible consolidada común del impuesto sobre

sociedades (BICCIS) antes de finales de 2016; que debe ponerse en marcha

rápidamente el marco legislativo necesario para iniciar el intercambio automático de

información sobre resoluciones fiscales; que los Estados miembros deben reforzar sus

administraciones tributarias con la disponibilidad adecuada de personal, con el fin de

asegurar una recaudación tributaria eficaz y de hacer frente a las prácticas fiscales

perniciosas; que los Estados miembros deben adoptar sanciones efectivas,

proporcionadas y disuasorias, incluso de carácter penal, contra directivos de empresas

implicados en evasión fiscal, así como la posibilidad de revocar las licencias

profesionales de los trabajadores y las empresas con participación demostrada en el

diseño de sistemas de planificación fiscal agresiva o evasión fiscal; que debe crearse

un nuevo Centro de coordinación y coherencia de la política fiscal de la Unión en la

estructura de la Comisión para garantizar un funcionamiento correcto y coherente del

mercado único y la aplicación de normas internacionales; que la OCDE y otros

organismos internacionales han de empezar a trabajar en un plan de acción BEPS II

ambicioso; que debe avanzarse y extenderse el proyecto piloto de intercambio

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automático de información sobre titularidad real entre autoridades fiscales, iniciado en

abril por los cinco Estados miembros más grandes de la Unión, creándose un registro

público de la Unión sobre la titularidad real dotado de normas armonizadas de acceso

a información sobre titularidad real; y, por último, que debe apoyarse la creación de un

organismo mundial, en el marco de las Naciones Unidas, bien dotado y con recursos

adicionales suficientes, con el fin de garantizar que todos los países puedan participar

en igualdad de condiciones en la elaboración y la reforma de las políticas fiscales a

escala mundial.

Dada la amplitud de los objetivos perseguidos, el Gobierno español, además de

colaborar activamente a nivel europeo e internacional en la lucha contra los paraísos

fiscales y la evasión fiscal, debería llevar a cabo una estrategia nacional, incluyendo

actuaciones eficaces para avanzar decididamente en dicha lucha, concretando

medidas contra la evasión y la elusión fiscal de las empresas multinacionales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reforma fiscal

• Crear una Comisión de Expertos/as que, en el plazo de seis meses,

presentarán sus conclusiones para una reforma en profundidad de nuestro

sistema tributario, que mejore la incorporación de la riqueza al sistema general

de tributación.

Mientras tanto:

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Establecer un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto

de Sucesiones como en el de Patrimonio, para evitar en la práctica, su

vaciamiento.

Estudiar la creación de un Impuesto Extraordinario sobre las Grandes

Fortunas, garantizando que se sometan a tributación efectiva todos los grandes

patrimonios, independientemente del vehículo financiero utilizado para

canalizar la riqueza.

Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de

ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, se revisarán

las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de

escasa justificación. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del

15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de las grandes

empresas que no haya generado bases imponibles que hayan tributado de

forma efectiva en otro país, de modo que contribuyan a recuperar la

recaudación y estabilizarla en el tiempo.

Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música.

Promover la modificación de la normativa armonizada europea para que se

puedan aplicar tipos reducidos a los libros, periódicos y revistas electrónicos o

digitales, considerando su carácter cultural, así como a bienes de primera

necesidad.

Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones

Financieras (ITF), tal y como ya han acordado once países de la Unión

Europea, entre ellos España. El ITF será un impuesto de base amplia, que

incluya el mayor número posible de productos financieros, acciones, bonos y

derivados, para desincentivar la especulación financiera.

Revisar la configuración de los impuestos especiales para hacer de los mismos

unos auténticos impuestos medioambientales, en línea con los principales

países europeos. Dicha fiscalidad medioambiental se pondrá en marcha en

concertación con las CC.AA.

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2. Lucha contra el fraude y la evasión fiscal

• Incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal

de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los

próximos cuatro años.

• Destinar al Presupuesto de la AEAT, para luchar contra el fraude fiscal, un

porcentaje real y automático de la recaudación bruta derivada de los actos de

liquidación y gestión recaudatoria.

• Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude

fiscal que se pudiera producir a través de tal Instrumento tributario.

• Modificar la figura del delito fiscal para para hacerla más efectiva. En todo caso,

se modificará el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos

fiscales sean considerados como graves (pena de prisión de 2 a 6 años y

prescripción a los 10 años) y aquellos que revistan especial gravedad, las

penas a imponer siempre serán en su mitad superior.

« Potenciar el papel del Servicio de Vigilancia Aduanera y la coordinación de la

AEAT con la Fiscalía, el SEPBLAC y las fuerzas de seguridad del Estado. En

particular se promoverá la creación de juzgados especializados en delitos

económicos, fraude fiscal y a la Seguridad Social, dotados con medios

adecuados y suficientes.

• Elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida, en particular,

se considerarán medidas puestas en práctica en otros países como la

ampliación de la limitación en el uso de efectivo en las transacciones

económicas y la estandarización de los sistemas de facturación de las

pequeñas empresa.

• Elaborar una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para

corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que

posibilitan la elusión fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la

evaluación de los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación

internacional.

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Adquirir el firme compromiso de no aprobar una nueva amnistía fiscal. Dentro

del marco de una reforma constitucional debe prohibirse de forma absoluta el

recurso general o individualizado a la amnistía fiscal.

Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaría, dentro de los

límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de

los defraudadores, acogidos a la amnistía fiscal.

Exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las

autoridades españolas los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales y,

en caso de que dichas entidades no colaboren con las autoridades españolas,

ser sancionadas económicamente e, incluso, en caso de reincidencia en la falta

de colaboración, retirada de la ficha bancaria en su caso.

Establecer un mayor control de las SICAV mediante: (i) Establecimiento de un

porcentaje de participación máximo para cada inversor; (ii) Se estudiará la

fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas

sin que tributen; (¡ii) Dotar legalmente a la AEAT de competencias para

supervisar e inspeccionar a las SICAV.

Revisar la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVES),

que se ha convertido en una fuente de elusión fiscal importante. Se endurecerá

el régimen de exención tributaria de los beneficios y dividendos de esta figura.

Hacer pública la identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos

tributarios que superen determinados umbrales. Además, se institucionalizará

la evaluación permanente de los incentivos fiscales, tanto desde el punto de

vista recaudatorio como desde la perspectiva de la eficiencia económica y su

impacto. Esto abarca también las memorias de los proyectos de ley que

incorporen incentivos fiscales.

Impulsar las modificaciones necesarias para que la legislación tributaria

contemple como infracción las prácticas de elusión repetitiva, no solo de los

clientes, sino también de las consultoras o comercializadoras, así como la

inclusión del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal.

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