Los Nuevos Escenarios de la Comunicación Audiovisual

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J o r n a d a I n t e r n a c i o n a l - B u e n o s A i re s , A rg e n t i n a 2 3 y 24 d e O c t u b re d e 2 0 0 8

Edición Gerencia de Comunicación Audiovisual TELAM S.E.

Compilación y ProducciónAdriana Ghitia

Jornada Internacional - Buenos Aires, Argentina 23 y 24 de Octubre de 2008. “Los nuevos

escenarios de la comunicación audiovisual y el fortalecimiento de la democracia”. Comite

de Federal de Radiodifusion (COMFER) Buenos Aires Octubre de 2008, ARGENTINA.

ISBN 9787-950-33-0679-6

1. Coleccion Comunicación TELAM S.E.

Gerencia de Comunicacion Audiovisual

Se permite la reproducion total o parcial de este libro citando la fuente.

Las opiniones y comentarios expresados que se recogen en este libro son responsabilidad de los participantes y no representan necesariamentes la opinion de los editores.

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“Los nuevos escenarios de la comunicación audiovisual y el fortalecimiento de la democracia”

COMFERComite Federal de Radiodifusión

TELAM S.E.Agencia de Noticias de la República Argentina

AgRAdECiMiEnTOS

Lic. Mercedes Marcó del Ponty Cdor. Roberto Feletti del Banco de la Nación Argentina

Emilio Cartoy Díaz de TEA Imagen

Gloria Beretervide

A todo el equipo del COMFERque hizo posible la concreción de esta jornada:Coordinación General, Dirección Nacional de Supervisión y Evaluación, Prensa, Sistemas, Infraestructura, Instituto Superiorde Enseñanza Radiofónica y Automotores (ISER)

Colegio Público de Abogados

Ustincil in ercing erat lam quis dignim veros nonse dolobore faciduis

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indiCE

Prólogo Sergio Fernández novoa ................................................. 11

Apertura Luis Lazzaro (Argentina) .................................................... 15 gabriel Mariotto (Argentina)..............................................19 daniel Rosso (Argentina) .....................................................23

Concentración mediática y pluralismo democrático damián Loreti (Argentina) ................................................ 29 Manuel Chaparro Escudero (España) ................................33 Rick Rockwell (Estados Unidos) ......................................... 45 Miguel Rodríguez Villafañe (Argentina) ........................... 55

Participación social y diversidad cultural

néstor Busso (Argentina) ...................................................73 Rosa María Alfaro (Perú) ...................................................77 gerardo Lombardi (Venezuela) .......................................... 87 Lonna Thompson (Estados Unidos ..................................... 97

Legislación internacional en comunicación audiovisual Laura Calógero (Argentina) ............................................. 107 João Brant (Brasil) ........................................................... 109 José María Carbonell (España) ......................................... 121 gustavo gómez (Uruguay) ............................................... 131

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PRÓLOgO

por Sergio Fernández Novoa Vicepresidente de la Agencia de Noticias TELAM

“Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad”, escribió Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar en marzo de 1977. Horas después de conocerse el texto fue secuestrado y continúa desaparecido. Tres años más tarde, la dictadura puso en vigencia el decreto ley 22.285 que regula el desenvolvimiento de los medios de comunicación en Argentina. Desde el retorno de gobernantes electos por el voto popular, la norma se modificó –la mayoría de las veces- a favor de la concentración y en contra de la pluralidad. La pugna por democratizar el sistema de medios en la Argentina está abierta.

En ese contexto, esta publicación adquiere un valor significativo. Contiene un calificado material referido a una problemática de enorme incidencia en la vida de la sociedad actual, como son los medios de comunicación y el rol que les compete, dado su inmenso poder a la hora de producir sentidos y construir la realidad. Así las cosas y con la organización del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), expertos de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Perú, España y Venezuela, expusieron conceptos que enriquecen análisis y debates alrededor de una cuestión cada vez más trascendente a la hora de lograr igualdad de oportunidades en el acceso a la información y la libre expresión de ideas.

El encuentro tuvo lugar en octubre de 2008, año en el que se profundizó en Argentina la discusión pública sobre la necesidad de elaborar y promulgar una ley de servicios de comunicación audiovisual que cambie por fin la norma que se pergeñó bajo la concepción de la Dictadura Militar. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó a todos los sectores que tienen que ver con la comunicación y puso sobre el tapete el desafío de construir una nueva etapa en la regulación de los medios.

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Asimismo, la mandataria orientó el rumbo político de la discusión, ya que la primera de las reuniones fue con la Coalición por una Radiodifusión Democrática*, que impulsa 21 puntos que definen el tenor que debe contener la nueva legislación: el combate a los monopolios, la inclusión de todos los sectores de la sociedad a través de un reparto equitativo del espectro radioeléctrico, la multiplicidad de voces, el límite a las cadenas permanentes, el fortalecimiento de los medios públicos, el aprovechamiento de la digitalización de los medios electrónicos para reconfigurar el mapa de medios, la exigencia de cuotas de producción regional, nacional y latinoamericana, entre otros.

Los lectores encontrarán en estas páginas un nutrido caudal de ideas e información alrededor de “los nuevos escenarios de la comunicación audiovisual y el fortalecimiento de la democracia”. Un debate trascendente en tiempos en que el desarrollo de las tecnologías brindan la posibilidad de una comunicación universal pero que, a su vez, la concentración en pocas manos de los principales medios sitúa en tela de juicio a la democracia.

Tal aseveración no es exagerada. Según un estudio de los académicos Guillermo Mastrini y Martín Becerra, en Argentina sólo cuatro grupos vinculados al negocio de la comunicación deciden acerca de la producción y distribución del 83% de los mensajes que circulan por el territorio nacional. Esta ausencia de pluralidad en la propiedad lleva a la falta de pluralidad en los sentidos que ofrecen los medios. Por ello, resulta imprescindible la obtención de cambios profundos en el sistema de medios a favor de la mayoría de la población.

* La Coalición por una Radiodifusión Democrática se reunió por

primera vez en mayo de 2004 y está integrada por más de un centenar

de organizaciones. La componen trabajadores de la comunicación,

medios pequeños y medianos, públicos, universitarios, cooperativos y

comunitarios, organismos de derechos humanos, estudiantes, entidades

académicas y organizaciones sociales y sindicales.

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En esa línea, es importante que un organismo otrora oscuro como el Comfer, ofrezca realizaciones que permitan echar luz sobre un tema que ocultan los propios medios. Y que cuando emerge conlleva trampas tales como decir que el intento de modificar el statu quo imperante atenta contra la libertad de prensa. actual, Muy por el contrario, en el contexto la verdadera libertad de expresión corre serio riesgo, al igual que la posibilidad de acceso a la información por parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos.

De allí la importancia de que la agencia de noticias nacional colabore en la difusión de estos temas y que el conjunto de las instituciones del Estado coloquen al alcance de todos los argentinos los elementos que les permitan involucrarse en el debate sobre qué medios desean y necesitan.

Nos queda por señalar que es este el primero de una serie de trabajos que pretenden aportar a la democratización de la comunicación y, a través de ella, a construir una sociedad mejor.

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Luis Lazzaro Coordinador General del COMFER Secretaría de Medios de Comunicación

A las autoridades y amigos del Poder Ejecutivo que nos acompañan.

A las legisladoras y legisladores nacionales y provinciales presentes.

A los funcionarios de la Secretaría de Medios de Comunicación, del Sistema Nacional de Medios Públicos, de la Agencia Telam.

A los representantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

A los representantes de empresas y organizaciones ligadas a la comunicación y muy especialmente a los distinguidos visitantes y expositores internacionales que nos honran con su participación en este evento.

A todos: muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos.

En junio pasado visitamos con Gabriel Mariotto los Estados Unidos, en el marco de una ronda de entrevistas y visitas que organizó la Embajada Argentina en Washington. Nos llamó la atención la amplitud y la fuerza del debate que se había producido en la sociedad civil, en los círculos académicos y en el Congreso norteamericano a partir de las propuestas de la FCC para reformar el sistema de gestión de medios en las principales ciudades de los Estados Unidos.

Coincidimos con Gabriel y con Martín Granovsky, presidente de Telam –quien también participó de la visita- en la importancia de darle visibilidad en la Argentina a esos debates, que también atravesaban América Latina y Europa.

Mucho más cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos había convocado a trabajar y a debatir para proponer los lineamientos de un nuevo escenario jurídico que democratizara y generase mecanismos de inclusión social y posibilidades de acceso a los bienes y servicios de

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la comunicación en los nuevos escenarios tecnológicos.

Allí surgió la idea de esta Jornada, en la que nos parecía fundamental incorporar las miradas latinoamericanas y europeas, signadas por denominadores comunes de preservación de la diversidad cultural, protección de las voces locales, competencia y prevención frente a las prácticas de la concentración, fortaleza de los actores públicos y presencia decidida de las voces sociales.

Para que las oportunidades que ofrece la nueva era digital sean aprovechadas para la inclusión y el pluralismo. Para que este escenario no quede limitado a la única voz del control remoto del mercado.

Estos son los ejes que queremos poner en debate a lo largo de estos 3 paneles que comienzan hoy: la diversidad, la participación social y el pluralismo

Agradecemos a Lonna Thompson, de la Asociación de la Televisión Pública de los Estados Unidos y al profesor Rick Rockwell, de la Escuela de Comunicaciones de la American University, quienes nos recibieron muy cordialmente durante la visita a Washington.

Al doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y periodista, Manuel Chaparro, un verdadero experto en medios públicos y locales.Al Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y Presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña, Josep María Carbonell. Ambos de ese país tan entrañable para los argentinos como España.

A Rosa María Alfaro, una pionera en el análisis del impacto social de los medios y directora de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación de Perú.

Al Director de Radio “Fe y Alegría” de Venezuela y presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Gerardo Lombardi. Uno de los hombres que piensan la comunicación en clave popular y latinoamericana.Al amigo Joao Brant, con quien compartimos en 2007 el Primer Encuentro de los Medios Públicos del Mercosur en Canal 7, Buenos

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Aires, con varios títulos académicos y miembro de la Coordinación de la entidad civil Intervozes, de Brasil.

A nuestro vecino y amigo, Gustavo Gómez, docente universitario en Uruguay y Director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC.

Y finalmente a casi un hombre de la casa y compañero de innumerables mesas de debate y jornadas. El Dr. Miguel Rodríguez Villafañe, presidente de AIDIC, Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información y la Comunicación. Profesor de Derecho constitucional y derecho a la información.

Estamos seguros que los aportes de estos amigos, con altísima calificación profesional, con un fuerte compromiso democrático y una gran sensibilidad social nos ayudarán a recorrer mejor pertrechados los desafíos de la política pública para que la comunicación y los medios puedan ponerse al servicio de la construcción de ciudadanía con participación democrática y federal.

Agradecemos también a los coordinadores que nos acompañan en esta jornada, todos ellos representantes de tradiciones académicas y de militancia en los campos de la comunicación y el derecho como el Dr. Damián Loreti, Vicedecano de la Facultad Ciencias Sociales de la UBA, Néstor Busso, titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y promotor de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y a la Dra. Laura Calógero del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Muy especialmente a las autoridades del Banco de la Nación Argentina, Lic. Mercedes Marcó del Pont y su vicepresidente, Roberto Feletti, por la gentileza en habernos facilitado este magnífico Auditorio para la realización de la Jornada.

Finalmente a los funcionarios del Comité Federal de Radiodifusión y en especial a los colaboradores de la Coordinación General, cuyo compromiso hizo posible el éxito de este encuentro.

A todos muchas gracias.

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gabriel Mariotto Interventor del COMFER Secretaría de Medios de Comunicación

Buenas tardes, es una honra para el Comité Federal de Radiodifusión recibir a tantos compañeros, intelectuales, luchadores de distintas latitudes del mundo que vienen a aportar sus visiones en pos de una comunicación más democrática que la sociedad argentina está planteando en distintos escenarios, una deuda de 25 años que la democracia tenía con los medios de comunicación. Bienvenidos entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, va a ser muy enriquecedor para todos nosotros escuchar las experiencias que traen ustedes a partir de sus miradas, de sus investigaciones y del contexto en el cual han podido realizar sus aportes.

Parece extemporáneo, a veces, cuando se plantean escenarios democráticos de comunicación en los cuales queremos opinar desde una actitud plural y democrática sobre cómo debería ser ese escenario; parece extemporáneo, como fuera de foco, plantear la necesidad de contar con una nueva ley, mientras dicen por ahí que “la mejor ley es la que no está escrita”.

Veamos entonces qué nos muestra la legislación comparada. Países que tienen distintas miradas filosóficas reconocen la necesidad de contar con un Estado muy fuerte en materia de libertad de expresión. Y cuando nosotros opinamos parece que tuviéramos posiciones intervencionistas y retrógradas. Nosotros decimos que no, que el objetivo es la libertad de expresión; que en la búsqueda de ese objetivo se reconocen actores, actores privados, actores sociales y que hay un actor que no puede dejar el rol que le compete, que es el Estado. Lo planteamos desde un lugar de integración, un lugar donde se definan las funciones sociales y las normas que nos involucran a todos.

Entonces, como desde posiciones muy conservadoras, extremadamente conservadores, se dice que “la mejor ley es la que no está escrita”, nosotros venimos a encontrarnos como intelectuales y como compañeros de distintos lugares del mundo, desde distintas posiciones

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ideológicas, desde distintas, incluso, apreciaciones comunicacionales, para poner en el centro de la escena ese debate. Sabemos que de un debate honesto van a surgir ideas fuerza que aportarán al camino que nos trazamos, el de lograr una comunicación democrática.

Frente a la diatriba, a la tergiversación, frente a opiniones generadas en la defensa de intereses económicos tan fuertes, pero disfrazadas de independencia y objetividad, nos encontramos, muchas veces, peleando con una espada de tergopol. Entonces la legislación comparada nos va a ayudar a dar este debate. Queremos dar el debate. Tenemos posiciones que no son coincidentes muchos de nosotros, pero todos aspiramos a que al cabo de 25 años de democracia, la Argentina encuentre un sistema comunicacional que haya sido producto del debate y el consenso. No quisiéramos llegar a un escenario donde los ciudadanos no sepan cuándo se proyectó, ni quién lo hizo y por qué está así. Se presenta prácticamente como un hecho natural que la Argentina tenga este sistema comunicacional. Entonces hay muchas cosas por debatir.

La Argentina tuvo una ley de correos y telégrafos en la segunda década del siglo XX; tuvo un Manual de Instrucciones para la Radiodifusión en 1946, tan delirante, que no podía dar el servicio meteorológico porque era poner en ridículo a las Fuerzas Armadas, entre otras cosas. Tuvo una Ley de la Democracia en el segundo gobierno del General Perón, que fue la única sancionada en democracia; tuvo la ley de la dictadura de Rojas y Aramburu que fue la antesala de la televisión abierta; y finalmente el Decreto Ley 22.285 de 1980 dictado en un tiempo donde “lo más moderno que se conocía en ese entonces era el fax”, como dice la Sra. Presidenta de la Nación. Y el sistema de televisión por cable era embrionario y era heredero de aquel sistema tan defectuoso conocido como la propaladora. Desde entonces hasta hoy: la nada. Más que la nada. Hubo algunas reformas, que se hicieron a través de Decretos de Necesidad y Urgencia en la década del ‘90, que favorecieron la concentración, que impidieron la posibilidad de acceder a la comunicación a grandes sectores de la comunidad.

Es así como llegamos a la realidad actual. ¿Cuánto tendrán para aportarnos los luchadores de otras latitudes? Porque en las reuniones a las que se refería Luis Lazzaro durante nuestro viaje a los Estados

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Unidos, aquellos que allí querían concentrar más aún la comunicación se horrorizaban al ver la fotografía de la Argentina de hoy en materia de concentración de medios.

Hoy es un momento de celebración para nosotros, después de 25 años de democracia, estos debates se reproducen en todo el país: gremios, organizaciones de derechos humanos, sociedades de fomento, cooperativas, universidades, centros culturales, el Café Cultura Nación, la Secretaría de Cultura, bibliotecas populares, radios comunitarias; todas llevan adelante debates sobre el nuevo diseño comunicacional.

Qué importante es que en la agenda política del Poder Ejecutivo, por primera vez y con la valentía de la Sra. Presidenta de la Nación, aparezcan estos temas. Hay compañeros como Martín Granwosky y Sergio Fernández Novoa, de la agencia TELAM, que llevan adelante estas banderas en todo el país, que llevan adelante más allá de su función, la militancia por una comunicación democrática. Compañeros como Tristán Bauer, desde el Sistema Nacional de Medios Públicos, no sólo desde la pantalla, sino también llevando adelante este debate a múltiples lugares. Hace muy poquito asistimos a la presentación que hizo, precisamente en Canal 7, la Secretaría de Medios con un compromiso como nunca se ha visto, generando condiciones para el debate de la nueva Ley.

Por su parte, la fuerza de la sociedad participando activamente en el diseño de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, entre cuyas propuestas figura la reserva del 33% de las frecuencias para el sector social.

Esta causa ha generado una gran participación en todas partes. Es realmente un escenario soñado en un contexto latinoamericano también auspicioso, donde ya no hay sólo compañeros en grupos de comunicación alternativa, hay Estados que asumieron el compromiso de democratizar la comunicación. Las universidades públicas están dando permanentemente este debate; se encuentra aquí Damián Loretti de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la cual sus cátedras y sus agrupaciones participan activamente. Veo también a Martín Becerra, de la Universidad de Quilmes, al compañero Turconi de la

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Universidad de La Plata, todas las universidades del conurbano están también trabajando intensamente. Digamos que esta fuerza, esta fuerza militante que tiene por lo menos 25 años de lucha por una radiodifusión democrática, como FARCO, como las distintas asociaciones de radios libres, es una masa crítica importante.

Ya no hay un discurso único, hasta los medios del establishment aceptan que las nuevas tecnologías hacen necesario este debate. No se puede dar cuenta de lo nuevo con un marco jurídico que data de 1980, no sólo por su espíritu restrictivo, sino por su espíritu más cercano a la Edad de Piedra que a los tiempos que corren. Por eso la Argentina hoy mira al futuro, asimilando tantos años de lucha, y con esa experiencia, y no con la ingenuidad que quizás tuvo el boxeador Gatica cuando se plantó en el ring frente a Ike Williams y le presentó la mandíbula y lo durmieron de una piña; sino con mucha inteligencia, con mucha capacidad, con una red de construcción política. Este debate va a servir de sustento para nuestros legisladores en el parlamento, para que den cuenta de esta deuda que tiene la democracia con la radiodifusión. Muchas gracias.

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daniel Rosso Subsecretario de Comunicación Secretaría de Medios de Comunicación

Buenas tardes. En nombre de la Secretaria de Medios de la Nación les doy la bienvenida y agradezco su presencia en este encuentro, esta masiva presencia. Veo mucha gente amiga presente aquí.

Este encuentro se da en una particular coyuntura política en la Argentina, en América Latina y en el mundo. Un escenario que estamos viendo este último tiempo, en estas últimas semanas en los medios, que nos muestran que el sistema de acumulación privado a nivel mundial y sus instituciones no logran autoregularse. Ha estallado una crisis que ni siquiera tiene explicaciones públicas, quizás tampoco tenga explicaciones privadas. Es un proceso que se desarrolla en un estado de crisis permanente y donde ese Estado, tan cuestionado durante la década del ´90, tan cuestionado, tan degradado, ingresa -en última instancia- como por arte de magia, como salvador.

Ante esa situación nosotros estamos, por lo menos en Argentina, ante un conjunto de encrucijadas. Primero, como todos sabemos, y producto del neoliberalismo de los ´90, contamos con un sistema de medios privados sumamente concentrado que produce el 80 por ciento de los contenidos que se distribuyen a nivel nacional. Es decir, un sistema de cuatro cadenas que producen el 80 por ciento de los contenidos nacionales.

Esto muestra que la esfera pública, absolutamente necesaria para cualquier democracia que quiera funcionar, está sostenida, en la Argentina, en cuatro cadenas que controlan el 80 por ciento de los contenidos. Y esto ocurre a tal punto, que se produce en nuestro país una paradoja: la esfera pública, el lugar donde se debate lo público, está sostenida sobre un sistema privado concentrado. De tal manera, la esfera pública es prácticamente una esfera privada, contrariamente a lo que se supone que es una esfera pública, tal como fue pensada en la antigua Grecia y en todos sus desarrollos posteriores, como el lugar en donde todos los ciudadanos en su condición de ciudadanos, podían acceder a ella, discutir, polemizar y fijar agenda, entre otros.

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Hoy, esa esfera pública que está sostenida en un esquema de propiedad privada concentrada, fija las reglas sobre qué agenda se discute, quién ingresa en la discusión y cuáles son los argumentos. Entonces, la primera paradoja, la primera encrucijada que encontramos como Estado en la Argentina, es que se pide la intervención del Estado, hay una demanda de intervención del Estado, pero en un contexto en donde la esfera pública tiene base privada.

Esto no es un tema menor en términos políticos debido a las consecuencias que genera esta situación. Hoy tenemos un Estado que interviene, y cada vez interviene más, pero como la lectura de su intervención, la interpretación sobre su intervención y la ubicación de esas intervenciones en el relato global la hace esa esfera pública de base privada, es un Estado que en la medida que interviene tiende a ser deslegitimado.

Es la gran encrucijada con la que nos encontramos como Estado democrático en la Argentina, que podría resumir así: un Estado al cual se le pide intervenir y que decide intervenir, pero que en el mismo hecho de intervenir lo hace en el marco de una esfera pública de base privada donde estos actores privados tienden a deslegitimarlo todo el tiempo.

Entonces, aquí lo que se abre es una discusión que podría sintetizar de esta manera: si el centro de la verdad de una democracia es la esfera pública, el Estado podrá regular en esta esfera e intervenir en el diseño del modelo de democracia; es decir, lo que nosotros vamos a discutir hoy, y que venimos discutiendo, no es simplemente sobre comunicación en términos técnicos: estamos discutiendo sobre un modelo de democracia, porque esta esfera pública de base privada construida durante los ´90 era absolutamente apropiada para el modelo de democracia de los ´90. El modelo de democracia de los `90, según lo definió muy bien Guillermo O’Donnel era un modelo que se denominaba la democracia delegativa. Esto es: era un modelo en donde las grandes discusiones de los temas políticos y económicos eran delegadas a una esfera reducida que era la esfera de la clase política, que se suponía era una especie de instancia técnica que discutía estos temas. Por lo cual, la esfera de

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lo público, la esfera de los medios, naturalmente se transformó en un lugar de entretenimiento, en el lugar de las agendas blandas, esto es, de las biografías sentimentales, sólo las discusiones deportivas, los crímenes de distinto tipo, entre otros. Eso era natural, porque si los temas políticos y económicos estaban delegados a la clase política, era natural que la esfera pública quedara en el lugar del entretenimiento.

Ahora, nosotros tenemos un Estado que interviene y esa intervención no se puede hacer en el marco de una democracia delegativa. Porque si tenemos los medios con dichas agendas blandas y al mismo tiempo nos planteamos discutir los temas de gran densidad política y económica, nos encontramos frente a un problema estructural. Esto se puede ver estos días con el tema de las AFJP. En pocos días la discusión sobre las AFJP pasó de la preocupación sobre “mil jubilados que cobrarían por debajo del mínimo imponible para la supervivencia”, a ser un problema “de estabilidad financiera, de crisis bursátil, de una clase política irresponsable que alista al país con la crisis internacional”. Y esa es la interpretación que prevalece.

Entonces, necesitamos una esfera pública que, lejos del modelo delegativo de la década de los ’90, sea una esfera pública que pueda albergar estas grandes discusiones. Por lo cual, el espacio que requiere un modelo de democracia signado por el retorno a la intervención del Estado no es, por supuesto, el espacio público que controlan hoy los medios. Este es, como decía, un subproducto de la democracia delegativa, un modelo de democracia que reinó durante años de neoliberalismo, y por lo tanto, cuando nosotros hablamos hoy de regulación lo que estamos diciendo simultáneamente es: cómo contribuimos con la regulación a instituir un espacio público, una esfera pública, que sea apta para aludir al espacio de un modelo de democracia que no sea el modelo de los ’90, sino un modelo que pueda discutir temas estructurales, que pueda generar multiplicidad de voces, que pueda generar movilización masiva y que, por lo tanto, pueda poner a la política en el centro de la escena.

Lo que estamos diciendo es que hoy la función de la regulación de la esfera pública y, por lo tanto, la regulación de la comunicación es la gran apuesta política por delante. No es, por supuesto un tema técnico, es el gran tema político de la próxima etapa porque sin nueva

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regulación lo que nosotros hoy tenemos, y claramente vemos la tensión, es un Estado que interviene en una esfera pública que es propio de un modelo de democracia anterior, el modelo de democracia delegativa.

Nosotros tenemos que lograr, mediante un nuevo modelo de regulación estatal, poner en línea la intervención del Estado, sus políticas públicas, con un modelo de democracia y una esfera pública que sean aptos para albergar los temas densos y de gran voltaje político que se derivan de esta intervención estatal.

Así que, por supuesto, la presencia de todos ustedes para nosotros es fundamental porque necesitamos del procesamiento de estas discusiones, necesitamos más crítica argumental, necesitamos contar con múltiples argumentaciones para llevar adelante un batalla que no es sencilla en absoluto, porque se da la paradoja que tenemos que dar esas discusiones dentro de un sistema de medios que controla la esfera pública, pero que los controla desde una base privada. Muchas gracias.

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Concentración mediáticay pluralismo democrático

Moderador

damián Loreti Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires (UBA) ARGENTINA

Panelistas

Manuel Chaparro Escudero Vicedecano de CC Comunicación Universidad de Málaga Doctor en Ciencias de la Información Universidad Complutense de Madrid ESPAÑA Rick Rockwell Profesor de periodismo y comunicación Experto en los sistemas de medios en América Latina American University, Washington DC ESTADOS UNIDOS Miguel Rodríguez Villafañe Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información y Comunicación (AIDIC) Profesor de Derecho Constitucional y Derecho a la Información ARGENTINA

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damián Loreti ARGENTINA Moderador

Un breve contexto, y perdón por algunas apreciaciones locales a los invitados extranjeros, pero es casi elemental hacerlas.

En términos de contexto regulatorio, la Argentina tiene una norma dictada por la dictadura militar, de 1980. Tiene algunas modificaciones hechas por la ley llamada de Reforma del Estado de 1989, fundamentalmente, para los criterios de algunos, para facilitar, encarrilar, los procesos de privatización de los medios de comunicación que estaban en manos del Estado en esa época, y le agregaron una cláusula que permitió al poder Ejecutivo, en su momento, permitir una cierta regularización de medios que hasta ese momento estaban funcionando fuera de la legislación vigente.

Esta ley fue modificada en varias oportunidades. También, a criterio de muchos, no de todos pero si de muchos, fue seriamente empeorada, permitiendo procesos de concentración sin discusión previa, aumentando un 600 por ciento, en una sola noche el número de licencias que un licenciatario podía tener. Y además se hizo durante un proceso, cuando digo durante es en el medio del tránsito, del trámite de un proceso de regularización de espectro de frecuencia modulada.

Luego tuvo algunas alternativas de modificación, poquitas. Y en este contexto regulatorio tenemos, además, instancias de medios de comunicación regulados con un andamiaje jurídico apoyado sobre la ley, pero casi ajeno. Por ejemplo: todo el andamiaje jurídico de frecuencias moduladas, todo el andamiaje jurídico de la televisión por cable; sacando una mención que justifica esa regulación.

En términos fácticos, sólo por dar algún dato ilustrativo, sólo ocho ciudades de la Argentina tienen más de una oferta de televisión abierta. En ese contexto, el derecho al pluralismo es casi un eufemismo.

En términos más actuales, aunque Argentina tuviera una excelente

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Ley de Radiodifusión (que aclaro no la tiene, ni tampoco tiene 207 reformas, sino que hay 208 normas, que algunas ponen en práctica la ley de Radiodifusión, como por ejemplo quien sustituye la firma del Interventor) me permito decir que aunque tuviéramos una excelente ley, es necesario cambiarla. Por una enorme cantidad de cuestiones que han llevado a que la mayoría de los países estén reflexionando cambiar su ley de radiodifusión. La Unión Europea acaba de dictar una directiva en su parlamento europeo, la 65 de 2007, donde dice una de las cosas que yo quiero introducir en el debate: cambia el sentido de discutir “televisión” por “comunicación audiovisual en línea” y “comunicación audiovisual sobre catálogo”. Es un modo distinto de entender la comunicación social electrónica, que además tiene que ver con las regulaciones de concentración.

Estamos en el marco del sistema interamericano de Derechos Humanos, cuyo relator de Libertad de Expresión Eduardo Bertoni, en 2004 hizo un informe sobre la situación de la concentración; y estamos en ese mismo marco de declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala en su punto 12 que la concentración que genera monopolios u oligopolios a la comunicación social afecta la democracia y atenta contra la libertad de expresión –eso es casi un dogma-.

En nuestro continente, en el mismo contexto, hay un artículo -13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos- que garantiza, junto con el 13.1, el derecho humano de todos de recibir y difundir informaciones y opiniones por cualquier tarea.

Para cambiar el contexto invitaría –esto no está armado y si algo se nos escapa les pido disculpas-, a reflexionar a los panelistas sobre, en materia de concentración, algunos tópicos. Estados Unidos lo ha hecho hace poco, Canadá no hace tanto; México, con algunos problemas en el Superior Tribunal de Justicia tratando la Ley Televisa también tuvo retrocesos; pero digo: las circunstancias de los cambios de tecnologías y algunos movimientos de mercado y de contenidos, llevan a discutir nuevas cosas.

Yo los invitaría a discutir cosas vinculadas a, por ejemplo: si las

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empresas de comunicación solamente deben dedicarse a ello o a otros negocios. Si los mecanismos de control de concentración tienen que ver con la cantidad de medios o de licencias que cada concesionario debe tener, de modo lineal o con más ingredientes: ¿es lo mismo tener doce licencias de FM de baja potencia que doce AM en ciudades capitales de provincias?.

Hay que trabajar sobre desconcentración de derechos de contenidos y mecanismos de fomento de pluralismo informativo. ¿Es pensable, todo esto, sin discutir cuál es el destino del dividendo digital sin los mecanismos de participación para su mejor aprovechamiento?

Hay que discutir sobre la propiedad cruzada. De nuevo. Hay que hacer, como dicen los relatores de libertad de expresión, una previsión de tres franjas de actividad radiodifusora: público (estatal no gubernamental), privado-comercial y privado-comunitario.

¿Tienen algún rol que cumplir los medio públicos en materia de concentración en fomento del pluralismo? Y no está mal tener algún tipo de previsión respecto a si la concentración económica de los medios de comunicación o la concentración funcional de los medios de comunicación –que no es lo mismo-, deben mantener también, previsión destinada al pluralismo y la defensa de los intereses de los trabajadores de los medios. Señores panelistas, éste es su debate.

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Manuel Chaparro Escudero ESPAÑA

Periodista. Universidad de Málaga, Director Asociación de

Emisoras Municipales de Andalucía de Radio y Televisión

(EMA-RTV). Doctor en Ciencias de la Información de la

Universidad Complutense de Madrid y profesor titular de la

Universidad de Málaga. Ha trabajado en el Departamento de

Medios Audiovisuales de la UNED y tiene amplia experiencia

como director de emisoras, entre ellas Radio América y Radio

Aljarafe. Presidente de la Asociación para la Investigación

de Medios, Desarrollo de Estrategias y Análisis (IMDEA)

y miembro del Consejo Asesor de la revista Comunicar.

Fundador en 1984 de la Asociación de Emisoras Municipales

de Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV). Es autor

de varios libros, entre ellos: “Radio pública local”, “Radio

Televisión Alternativa”, “La democratización de los medios”

y “Sorprendiendo al futuro: comunicación para el desarrollo e

información audiovisual”.

Cuatro quintas partes de la humanidad viven en condiciones de extrema pobreza, pero cada vez menos la foto de la pobreza tiene que ver con una geografía exclusiva de lo que se ha venido llamando, con poco acierto, el Sur. La pobreza, la miseria está cada vez más presente en los países definidos como ricos y es producto de la incapacidad de crear condiciones justas y la negligencia a la hora de poner en marcha políticas de redistribución de la riqueza.

La rica Europa esconde más de sesenta millones de pobres. En EE.UU la cifra alcanza los cuarenta millones. Pero a diferencia de otros territorios los medios masivos han encontrado la forma de invisibilizar los problemas, de crear imágenes de abundancia y dedicarse a trabajar la información y los contenidos en la búsqueda del negocio y el beneficio fácil. Este mapa de pobreza tiene mucho que ver con la ausencia de una auténtica democratización del espectro radioeléctrico. De manera mayoritaria el uso de espectro está en manos de grandes corporaciones privadas comerciales y sistemas públicos que con escaso éxito representan los auténticos intereses ciudadanos.

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No puede haber cambios reales en el mapa de la desigualdad y la pobreza sin una toma de conciencia, sin un empoderamiento ciudadano en el ámbito de los medios y, por tanto, sin tribunas libres que representen sus verdaderos intereses. Construir sistemas democráticos implica garantizar el Derecho de Comunicación a sus ciudadanos, fomentar la participación social en la toma de decisiones a través de ellos y romper con los viejos paradigmas instaurados bajo la doctrina neocolonial de perseguir como único objetivo garante de la felicidad el crecimiento económico.

Cada vez que se convoca un foro para debatir la democratización del espectro radioeléctrico, sólo cabe proponerse con urgencia: “Hagámoslo”. Los postulados defendidos por el Informe de expertos dirigidos por Sean McBride para la Unesco y presentado a comienzos de los 80 siguen hoy siendo plenamente vigentes y de aplicación urgente.

Tenemos la conciencia acerca de la necesidad de democratizar los medios y esa es la razón de que este debate no se pueda eternizar. No vale la discusión permanente de las ideas, la confrontación dialéctica, para luego concluir que no se pueden poner en marcha por utópicas o por evitar enfrentarse a la poderosa estructura de poder generada por nuestro modelo económico. En más de una ocasión he compartido la ilusión de trabajar en favor de un cambio real en la estructura de medios, en medio de debates enriquecedores y con prospectivas reales: Guatemala, Chile, Brasil, El Salvador, Méjico, Bolivia y en la misma Europa. Sin embargo, en muy pocos casos se ha conseguido que los proyectos lleguen a buen puerto. Hay un sentimiento de frustración cada vez que se plantea el problema, como si supiéramos que tras el debate y las resoluciones, el poder de las grupos de comunicación consigue imponer sus intereses frente a las voluntades políticas de llevarlo a cabo.

La situación de Argentina no es muy diferente a la de la mayoría de países con la diferencia, en estos momentos, de que ahora confluyen los intereses de los movimientos ciudadanos con la agenda gobierno. Esta es una oportunidad única para dar un paso significativo.

Los 21 puntos que se recogen en el Manifiesto Ciudadano por una Ley de Radiodifusión para la Democracia suponen para Argentina un

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punto de inflexión relevante para iniciar los cambios necesarios. Tal vez, convendría reforzar en ellos postulados que definan como básico el reconocimiento del Derecho de Comunicación antes que el derecho de información, que se ha desdibujado en una libertad de información que funciona bajo el amparo de la libertad de empresa. La libertad de empresa no homologa la libertad de expresión ya que sólo promueve la comunicación como un valor mercantil más. El hecho de que el espectro radioeléctrico sea patrimonio del conjunto social debe incidir en promover políticas que reconozcan el derecho de acceso de la ciudadanía a la creación y gestión de medios audiovisuales. Como bien público, el principal objetivo debe ser facilitar el servicio público por encima de los legítimos intereses mercantiles.

En segundo lugar, sería necesario reconocer que el problema a la hora de negociar y poner en marcha Políticas Públicas de Comunicación (PPC) es la permanente permeabilidad existente entre el poder político y el poder económico que maneja los medios. Esta permeabilidad de intereses es la que contamina y genera el principal déficit democrático. Corregir esta situación exige la creación de entidades independientes de mediación y consejos audiovisuales que traten de poner un muro entre ambas instancias de poder, el poder ejecutivo y el poder económico-mediático.

Las au to r idades aud iov i sua l e s , como en te s r egu ladores independientes y autónomos han demostrado ser eficaces en muchos países y constituyen una salvaguarda en el cumplimiento legislativo. Modelos como los de Canadá, Francia o el Reino Unido son referentes en este tipo de organismos, dependientes en lo económico del Estado pero autónomas en sus decisiones.

Evidentemente, el déficit democrático ha venido marcado fundamentalmente por el abandono de las PPC. Europa, que impulsó un modelo de medios públicos ejemplar al final de la II Guerra entre las potencias coloniales, precisamente para socializar comportamientos democráticos, para socializar nuevos hábitos, para acabar con los conflictos entre naciones que provocaron dos grandes guerras que destrozaron al mundo, y que fueron motivadas, en parte, por sus intereses comerciales de apropiación de recursos

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de terceros. La creación de los grandes medios públicos estabilizó a las democracias.

A partir de los ochenta con el comienzo de las políticas neoliberales, con la thatcherización de la sociedad, el nuevo modelo que surge en Europa interviene en favor de la liberalización de las telecomunicaciones abriéndolas a la gestión privada. Los modelos liberales rompieron con la tradición de unas políticas públicas que habían demostrado su eficacia, más que una liberalización se asistió a una desregulación. Los medios privados que no existían hasta la fecha, invadieron estos espacios con cierta legitimidad pero de una manera abusiva, sin la reglamentación adecuada y una ausencia de mecanismos eficaces de control.

El gran problema que tenemos hoy en Europa en materia de regulación de medios es el divorcio existente entre las viejas estructuras de poder y la lucha ciudadana por recuperar las políticas públicas que permitan abrir el espectro a los medios de la sociedad civil, al Tercer Sector. Frente a la opinión interesada del mercado, las PPC nada tienen que ver con un control o con una fiscalización censora, sino simplemente con establecer reglas el juego común para todos que obliguen a un equilibrio real en el ejercicio de un derecho básico.

En la realidad Latinoamericana, el marco legislativo de la mayoría de los países define los estatus de legalidad desde la consideración de que las empresas privadas responsables de los contenidos audiovisuales realizan una actividad mercantil más, sin obligación de garantizar, ni tener que ofrecer un servicio público por el uso de un bien, el éter, que es patrimonio de todos. Esto implica asimilar la explotación de los medios audiovisuales con el resto de los sectores industriales, contribuyendo al empobrecimiento de los fines sociales y a la ausencia de una auténtica pluralidad.

Desde esta perspectiva cuando hablamos de libertad de expresión parece que hablamos únicamente de libertad de mercado y ni siquiera de Derecho de Comunicación, de garantía de derechos. Un gran condicionante para la acción política de un país y los derechos ciudadanos. Si no hay libertad de mercado parece que no puede haber libertad de expresión, un gran error evidentemente. Una cosa es el

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mercado y otra cosa es la libertad de expresión y el ejercicio de un derecho universal cuando se ocupa un espacio que es patrimonio de todos. Es necesario garantizar el acceso universal y el buen uso para hacer posible la pluralidad de opiniones. No tiene nada que ver con el concepto de libertad de mercado.

Cuando la legislación se flexibiliza, cuando es débil, el objetivo único del medio audiovisual, es ocupar un espacio exclusivamente de mercado. Las mercantilización de los contenidos que nace de esta debilidad es el resultado de lo que hoy analizamos como un grave problema democrático.

En Europa, como en gran parte del mundo, está creciendo la preocupación sobre la cada vez mayor concentración que se está produciendo en el ámbito mediático. La percepción que llegamos a tener es que todos los medios manejan una misma agenda movida por los mismos intereses empresariales y corporativos. El negocio comienza fijando target de audiencias y continua con la defensa de intereses políticos corporativos orientados a mantener e incrementar su poder incidiendo en la agenda política. Cuando hablamos de pluralidad sobre la base de tres, cuatro o cinco grupos mediáticos, algo habitual en muchos países, es una falacia que exista una auténtica pluralidad. Los intereses representados son los propios, los de los grupos que los amparan. La redundancia de las agendas y la orientación política que reflejan así lo demuestran. No son más que estructuras de poder que trabajan con el objetivo de ensanchar su campo de influencia en la persecución de un objetivo económico y de dominación empresarial.

Nuestros medios, reflejan en sus contenidos imaginarios de mercado que no responden a las necesidades de la sociedad. Todos dirigen su discurso a los mismos imaginarios y esta forma de actuar no facilita la capacidad de cambio necesaria para mejorar la gestión de los problemas reales de nuestro mundo desde otras lógicas y no contribuyen, tampoco, a la construcción de ciudadanía. El discurso de los medios parte de la aceptación de un modelo económico-social que no funciona. Algo que hoy se hace evidente cuando afrontamos una grave crisis económica mundial, una crisis de un modo de vida no sostenible, la crisis de un modelo que ha demostrado su

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incapacidad para solucionar los problemas y que sólo encuentra su supervivencia en la aportación incongruente de enormes sumas de fondos públicos, de fondos que son de los ciudadanos y que ahora sirven para tapar los desmanes de la especulación.

Por ello la reglamentación, el marco legal que se construya, tiene que ir más allá de lo que hemos ido hasta ahora. El marco legal no debe representar una pluralidad aparente sino una pluralidad real que exige medios públicos fuertes y bien administrados desde la observancia de la diversidad de un país. Una pluralidad real exige medios privados comerciales democráticos y medios ciudadanos o comunitarios que compitan en igualdad de condiciones. Todos deben tener las mismas competencias y ser igualmente competentes, en, cobertura, financiación y contenidos. Si el poder ciudadano no está representado en sus tribunas públicas, al igual que el poder económico y el poder político, no podemos hablar de pluralidad y de democracia real. Es necesario construir marcos legales que defiendan el legítimo Derecho de Comunicación.

Con los ejemplos que hemos tenido hasta ahora en la legislación de algunos países, en los que se ha dado entrada a los medios del Tercer Sector, lo que observamos es que no se ha dado en igualdad de condiciones. En la mayoría de los países los medios del Tercer Sector están condenados al fracaso. En un modelo verdaderamente democrático, los medios ciudadanos deberían ser los primeros en tener asegurada su financiación con dinero público, porque tenemos derecho a estas tribunas. Si el poder político está legitimado para tener medios que socialicen agendas o acciones de gobierno en positivo, por qué la sociedad no puede tener tribunas que les digan a nuestros gestores públicos y políticos qué tipo de sociedad queremos, cómo vemos los problemas y cómo queremos que se interpreten. Algo que sólo es posible desde una igualdad de condiciones en el acceso.

Nuestros impuestos deben de servir para garantizar medios estatales y contribuir también a financiar medios ciudadanos que se constituyen en los medios de los públicos. Es una hipocresía pedirles a estos medios que se financien con publicidad cuando el mercado de la publicidad está en manos de quienes tienen los medios comerciales y lógicamente, éstos, no van a contribuir a financiar a quienes consideran una competencia.

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A quienes se posicionan en contra de la financiación pública de los medios ciudadanos argumentando el peligro de la pérdida de independencia, hay que decirles que sólo de esta manera y mediante organismos de control independientes se puede garantizar un blindaje contra la tentación de manipulación o presión política, algo que no garantiza el mercado publicitario.

Hace falta tomar conciencia de hasta qué punto un sistema de financiación pública puede ser un garante de independencia, un garante de competencia y un garante de competitividad dentro de un sistema más completo. Lo que tenemos hasta ahora es evidentemente un secuestro de la opinión pública, los medios dominantes nos dicen cómo es la “realidad”, pero su realidad se aleja de los enfoques más cotidianos y cercanos a las necesidades de la ciudadanía. Los medios expresan y orientan el comportamiento ciudadano, pero los ciudadanos no opinan. Para la mayoría de los medios participación es sinónimo de abrir el teléfono o sacar el micrófono a la calle. Participación es trabajar con los ciudadanos, producir con ellos y estar con ellos. Los medios privados comerciales tienen una lógica que les aleja de esta orientación social, lúdica y democrática.

En la información audiovisual existe otro problema importante que tiene que ver con la comunicación. Los medios que hoy tenemos, no son medios de comunicación. Son medios de información y de difusión. En la comunicación debe existir un diálogo entre iguales y una capacidad de gestión de la agenda informativa de manera abierta. Este es el trabajo de los medios ciudadanos: la comunicación real participativa. La mayoría de los medios masivos transmiten información, no catalogaremos de qué tipo, ni de qué intenciones, pero transmiten una información a veces útil, muchas veces banal, y siempre orientada ideológicamente a intereses especulativos. Divulgan noticias pero no comunican, porque la comunicación es horizontal y es democrática. Y significativamente, los medios ciudadanos que cumplen la misión de comunicar son los que carecen de un marco legal. Es básico para una democracia que existan medios que comuniquen desde la horizontalidad y que sean medios dialógicos de propiedad abierta y representativa de los colectivos sociales.

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La comunicación que hemos tenido hasta ahora en los medios de información masiva ha incidido en una perspectiva de la realidad que es y ha sido etnocéntrica, que es exclusivamente economicista y que además viene de modelos exógenos. Son tres “E” malditas: etnocéntrica, economicista y exógena. Y esta información es la que ha construido un modelo social, que a nadie se le escapa, que no funciona, que no es igualitario ni es equitativo.

Los medios creados después de la Segunda Guerra Mundial, se empeñaron en construir un nuevo imaginario para el mundo que se llamó desarrollo y cuyas consecuencias son hoy el reflejo de las calamidades del mundo. Estados Unidos marcó la política a seguir para la divulgación e imposición de un nuevo concepto para crear el imaginario del desarrollo como objetivo universal, pero también como nueva práctica de dominación colonial para satisfacer su propio mercado.

El modelo de sociedad desarrollada basa su única esperanza en la necesidad de alcanzar un crecimiento económico permanente sin otro fin, algo que no está en la naturaleza humana y algo que no nos hemos puesto a pensar en que no es ni siquiera necesario para alcanzar la felicidad. El desarrollo siendo un modelo social reproducible a otras áreas geográficas u otros países, es imposible que sea universalizable, de ahí el fracaso por extender el modelo de sociedad desarrollada al conjunto de países. Estamos universalizando la pobreza. El uso de los recursos que hacen los países enriquecidos deja sin oportunidad al resto del mundo. Desde la aparición de las políticas de desarrollo la pobreza en el mundo ha aumentado.

Lo que estamos viviendo es una mentira consecuencia de un imaginario que han contribuido a crear los medios de información. Desde el inicio de las prácticas de desarrollo, marcadas por el FMI, el Banco Mundial y la OMC, el diferencial entre ricos y pobres lejos de ir decreciendo no ha dejado de aumentar hasta alcanzar cifras dramáticas.

Si pensamos en la comunicación como una herramienta de transformación social, como una herramienta de auténtico cambio de comportamiento deberíamos empezar a construir medios que orientasen nuevos imaginarios que pusieran fin al despropósito del desarrollo.

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Y como hay que ser propositivo yo recojo algunas opiniones como la de Michael Braungart y William Mc Donough. Ninguno de los dos procede del campo científico de la comunicación, vienen de la química, de la ingeniería, de la arquitectura. Ambos se han dedicado a estudiar nuestro modelo de sociedad y los errores cometidos para producir los dramas humanos que hoy vivimos y las consecuencias sobre el ecosistema que habitamos y que representa una amenaza de terribles consecuencias para la humanidad.

Latinoamérica ya cuestionó el modelo de desarrollo, los críticos de la dependencia económica se encontraron entre los pioneros en los años setenta. Ellos criticaron un modelo de desarrollo exógeno y contrario a los intereses de sus países. Pero en su respuesta quisieron fabricar un modelo endógeno con las mismas claves del modelo exógeno. Es decir, se trataba de perseguir un modelo local de crecimiento sostenido propio y a salvo de la dominación de los mercados internacionales y fundamentalmente de los Estados Unidos. Algo que no es posible porque falla el concepto base: desarrollo igual a crecimiento especulativo permanente.

Para Braungart y Mc Donough, las tres “E” tienen una diferencia notable y se deben basar en la construcción de un modelo: Ecológico, Económico y Equitativo. Para ellos, como para otros críticos de la economía, el modelo desarrollista implica destrucción y no garantiza la mejora de las condiciones de vida. Nuestro modelo se basa en el beneficio de pocos y el perjuicio de la mayoría. Es simplemente especulativo. Este modelo especulativo se ha trasladado a la forma de explotar la naturaleza. La utilizamos con un mero afán de enriquecimiento que no provee de perspectivas a generaciones futuras y sólo beneficia a un empresariado cada vez más reducido. Fabricamos más basura que bienes y este coste no se repercute en el valor real de los productos.

Los modos de producción son también otra causa de preocupación importante. Fabricar mucho y barato significa una necesidad de contar con mano de obra mal retribuida y no perder tiempo en reparar los daños, muchas veces innecesarios que se provocan en los ecosistemas.

El modelo en el que trabajan en el campo práctico con la industria y

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el urbanismo no se basa en un modelo desarrollista, sino en proveer de herramientas y conocimiento para construir y recuperar habilidades y técnicas más naturales, en favorecer un ecosistema auténticamente humano en consonancia con una esencia natural. Para ellos, como para Georgescu Roegen, Rist, Latouche, Pallante, Esteva... , el concepto de sostenibilidad aplicado a la economía no existe. La sostenibilidad defendida como alternativa a la esquilmación de los recursos no es más que una excusa de seguir aplazando lo inevitable, el colapso del planeta por la explotación desmedida e injustificada.

El nuevo imaginario que tenemos que construir cuando nos comunicamos debe permitir el intercambio real de ideas, debe ser Ecológico, de respeto al medio ambiente. Económico, porque debe producir beneficios que repercutan socialmente, y por ello debe ser Equitativo. Estos tres valores forman, constituyen un fractual en el que su combinación desde diferentes perspectivas es esencial y en el que los tres deben jugar un papel igualmente relevante.

No puede haber un modelo económico que no sea equitativo en su forma de plantear el trabajo, en su forma de generar los procesos de fabricación, en sus formas de construcción. Tiene que ser ecológico y al mismo tiempo debe generar beneficios económicos que permitan mantener salarios justos y mejorar las condiciones de producción de manera permanente.

El nuevo modelo social a comunicar se tiene que construir localmente para ver cómo pueden incidir en lo global. Carecen de sentido, salvo por lo especulativo, la mayoría de los intercambios comerciales en que se producen bienes para poblaciones distantes a miles de kilómetros, teniendo luego que importar las materias no producidas. Este desgaste ecológico es absurdo y decimonónico, propio de etapas coloniales.

Lo que esta en discusión es algo que tiene que ver con la economía evidentemente, pero lo que estamos discutiendo aquí es economía de la comunicación, es economía de la información, son estructuras de poder, y hay que combatirlo con leyes para que incidan en la creación, en la generación de nuevos modelos de comunicación que favorezcan estos nuevos imaginarios.

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En este nuevo imaginario la apuesta contra el fracasado discurso del desarrollo debe también fundamentarse en la necesidad de un decrecimiento económico sin traumas de una parte minoritaria de la sociedad que acumula recursos hasta la obesidad. Las economías del mal llamado mundo subdesarrollado no pueden crecer porque los recursos que necesitan para ello no están a su disposición. Los recursos humanos y materiales se concentran en un número escaso de países y de poblaciones opulentas incapaces de repartir la riqueza de la que se han apropiado. En la medida en que hay enriquecimiento por encima de cotas razonables existe el empobrecimiento de una gran parte de la humanidad. Para Latouche, la construcción de un nuevo modelo social exige tres cambios de comportamientos básicos que están relacionados con la Reestructuración del aparato productivo en función del cambio de valores hacia las prioridades sociales. La Redistribución de las riquezas y el acceso al patrimonio natural entre el norte y el sur, y en el interior de cada sociedad. La Relocalización, empezando por producir localmente en la lógica de satisfacer a la población y empresas locales. Por último, Reducir: disminuir el impacto sobre la biosfera de nuestra manera de producir y consumir.

Si los medios de las sociedades latinoamericanas, no empiezan a hacer este discurso crítico, por más que se quieran emular modelos exógenos, no se va a conseguir construir una sociedad realmente democrática. Los países del norte no tienen la solución. Los países que se desafían a sí mismos, queriendo construir un modelo al alcance de una cosmovisión natural tienen la llave de un modelo compatible con el respeto a la naturaleza y la dignidad humana.

Es básico que lo que está pasando hoy en América Latina, con discusiones como esta, sobre una construcción democrática en la estructura de medios, triunfe. Solamente de esa manera los que estamos obligados a cambiar, los que vivimos en Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón… los que hacemos apropiación de la mayoría de las riquezas sin distribuirla, debemos empezar a ver también que estamos obligados a cambiar nuestro modo de vida para permitir que otras sociedades vivan y se construyan en igualdad de condiciones.

El desafío auténtico de los medios está en fabricar los nuevos

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imaginarios de una sociedad que debe encontrar un nuevo camino para afrontar los retos futuros y el de los gobiernos en democratizar verdaderamente el acceso a los medios desde la consideración que se garanticen el servicio público.

Lejos de ser una utopía este ideal representa hoy la única oportunidad de promover nuevos modelos sociales acorde a nuestros valores humanos. Muchas Gracias.

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Rick Rockwell ESTADOS UNIDOS

Profesor Asociado de la American University. Coautor del

libro Media Power in Central America (2003) que ganó el

premio de la revista American Library Association “Choice”.

Ha colaborado con varias publicaciones: Latin Politics,

Global Media (2002); Negotiating Democracy (2007). Autor

y coautor de 19 capítulos de libros, reportes gubernamentales

y artículos periodísticos sobre libertad de expresión,

derechos humanos y comunicación –particularmente en

Latinoamerica-. Entre 2003 y 2004 asesoró a la senadora

Maria Cantwell en política de telecomunicaciones. Cuenta

con 25 años de experiencia en periodismo, tarea que comenzó

en América Latina en los ’80, en particular en Guatemala y

Nicaragua. Fue consultor del proyecto Drugs & Democracy

para la Washington Office on Latin America. Colabora con

el blog para estudiantes de honor de la American University

(www.ivorytowerz.com).

Debo saludar a Argentina por haber iniciado un proceso de reforma en las telecomunicaciones. Argentina seguramente tiene sus razones para iniciar este proceso. La presidenta Fernández y los líderes del COMFER son los que tienen el compromiso de llevar a cabo esta importante y difícil tarea. La reforma argentina no sólo es importante para Argentina, sino para toda Latinoamérica.

Por cierto, Argentina es uno de los líderes en América Latina por su ingreso a la comunicación del Siglo XX. Los avances en tecnología de celulares y de internet están más presentes en este país que en cualquier otro lugar de Latinoamérica. El grupo Clarín, la corporación mediática líder en la Argentina, es una de las corporaciones mediáticas más poderosas de América Latina. El diario Clarín es el diario de mayor circulación en Latinoamérica. El sitio web del diario en español es el sitio de noticias más visitado en el mundo. Por lo tanto los medios en Argentina son muy influyentes. Argentina es un modelo no sólo para América Latina, sino para el mundo. Pero aquí en Buenos Aires

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todos deben ya saber sobre ello si hay alguna noticia que les tenga que comentar hoy, es que aquellos que siguen la comunicación global están mirando, estamos mirando a vuestro país. Porque Argentina es líder en América Latina y un brillante ejemplo para el mundo, y Argentina y su reforma puede construir un modelo diferente al de Estados Unidos, y al de cualquier otro lugar, tal cual escuchamos a mi colega exponer de manera tan apropiada.

Ciertamente en los Estados Unidos podemos discutir sobre un sistema de comunicación y un mercado sin regulaciones por parte del Estado. Y por cierto el mundo ha visto en estos últimos tiempos como nosotros pagamos un precio muy alto por creer que sólo el mercado sabía que era lo mejor. Y Argentina ciertamente sabe bastante sobre ello también.

Ya que algunos de nosotros trabajamos como periodistas, como consultores del Congreso de los Estados Unidos en telecomunicaciones y como investigadores de los sistemas de comunicación de América Latina, mi recomendación es que, si bien sus telecomunicaciones tienen ciertamente que tomar en cuenta a las empresas privadas y a las corporaciones, hay más actores que deberían ser considerados tal cual escuchamos recién cuando se discutió sobre la reforma de las telecomunicaciones. Yo estoy aquí para decir que el Estado también debe tener qué decir en la estructura del sistema de comunicaciones. Pero como ya sabemos, algunas veces los Estados, ya sean de derecha o de izquierda, pueden abusar del poder y sofocar el discurso crítico. Argentina, desafortunadamente sabe más que el resto acerca de esta cuestión. Y a pesar de que los periodistas y los medios se opusieron durante el período oscuro en el cual Argentina cayó en la represión, todavía el brillante ejemplo de la lucha de la sociedad civil está plasmado en las fotos del tiempo presente, un ejemplo de ello está afuera de este lugar en el cual debatimos ubicado en la Plaza de Mayo, con las Madres de Plaza de Mayo.

Por lo tanto, en mi opinión los grupos de la sociedad civil, amplificados por sistemas de medios justos y diversos, son centrales en la construcción de la democracia. Y la democracia por su esencia en los tiempos modernos, debe representar y empoderar a los ciudadanos comunes -sin ningún poder- de manera tal que ellos hagan uso de ese poder.

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Demasiado a menudo en este hemisferio y en Europa también, la libertad de expresión se da por sentada. Demasiado a menudo, los gobiernos no entienden la naturaleza fundamental que tienen las condiciones y los efectos comunicacionales para la democracia. Esta comunicación está haciendo más que conectar a los gobernantes con los gobernados, más importante es que está creando canales en los que el gobierno tiene que escuchar, sí tiene que escuchar a los gobernados, y más importante es que las democracias fuertes tienen que tener mecanismos por los cuales el pueblo busque reparación y ayuda de los gobernantes Algunas veces eso significa intervenir a favor del pueblo para lidiar con otras instituciones fuertes, en especial corporaciones y multinacionales. Las corporaciones multinacionales por su peso en el sistema económico a menudo tienen acceso inmediato a los poderosos y llegan al oído del gobierno, mientras que el pueblo no. Este es el cambio principal en el panorama económico y político ocurrido durante la generación pasada.

En los comienzos del S.XX los medios fueron a menudo dirigidos a los ciudadanos, aunque los medios a veces pudieran ser grandes diarios o parte de grandes corporaciones. No estaban tan concentrados en su estructura como hoy en día, tampoco las corporaciones mediáticas eran tan grandes y poderosas. Tal como vimos, desde los ’80 y tal vez antes, viene ocurriendo esta lenta consolidación de los medios en muchas partes del mundo. Esta consolidación ganó con Menem durante la ola de privatizaciones de 1990. Ahora no es poco común en muchos de los países de este hemisferio ver estos sistemas concentrados de medios. Los sistemas de medios o un puñado de corporaciones mediáticas poderosas controlan el mercado. A veces estos sistemas de medios se encuentran también afectados por enormes intereses económicos foráneos, por ejemplo, Goldman Sachs, una firma de inversión de los Estados Unidos tiene un considerable interés minoritario en el grupo Clarín, y empresas de comunicación españolas también invirtieron en el sistema de medios argentino. La parte positiva de estas conexiones en un mundo globalizado es la infusión de capital hacia la Argentina, de esta manera está construyendo a la Argentina como un líder global.

Sin embargo, hay preocupaciones legítimas sobre nuestro sistema de medios tan fuertemente concentrado -a veces con cuestiones que provienen de más allá de sus fronteras-, sobre como esos medios

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corporativos se resisten a representar al pueblo en esos sistemas democráticos y sociedades. Hay preguntas legítimas sobre si esas corporaciones anteponen sus intereses. Tal como escuchamos, la noticia es un producto, entonces ¿ponen las ganancias primero, o el servicio público primero? ¿Consideran lo que es mejor para la sociedad, para la democracia, o para la ¿dominación subliminal del pueblo? ¿O, se ve a todos como clientes y no como ciudadanos? Y aún más, esas corporaciones están estrictamente interesadas en entretener a las masas y cosechar considerables ganancias a través de ello, o quieren instruir al público? ¿Van a ayudar a educar al público? ¿Van a ayudar a la gente a convertirse en mejores ciudadanos? ¿Van a ayudar al público en temas de salud u otros asuntos cotidianos? ¿Van a tratar de servir al público de una manera interesante, de modo que ese progreso sea inevitablemente visto como una preocupación? Y así van, ignorados por el público, mientras compran entretenimiento en el mercado de ideas de las telecomunicaciones.

Mi sugerencia es que cualquier reforma de las telecomunicaciones debe resaltar que ante todo el objetivo de los medios en una democracia es servir al interés público. A veces el interés público no ofrece a las corporaciones las mejores condiciones para obtener ganancias, a veces el interés público no tiene que ver con mantener el poder de un político en particular o a un partido político. A veces el interés público está más allá de las preocupaciones del grupo gobernante en el poder, está en el interés del Estado.

La idea del interés público es vista a menudo como una idea que proviene de los Estados Unidos, desde los estadounidenses, directamente desde las leyes de los Estados Unidos, entonces naturalmente yo puedo ver como ustedes están cansados de este concepto en particular. Pero debo decirles que, a pesar que este concepto esté pegado a las leyes de los Estados Unidos, y puede cargar entonces las verdaderas semillas culturales de nuestro imperialismo, no deben preocuparse porque el concepto es un parásito abyecto en los Estados Unidos.

Entonces, nuevamente, pueden preguntarse por qué estoy yo hablando esto frente a ustedes, no sólo de una idea importante, sino de una idea fallada, tal vez más difundida en los Estados Unidos. En Argentina

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ustedes pueden entender que una cuestión es lograr la aprobación de nuestra reforma de telecomunicaciones y otra muy diferente hacerla cumplir. En los Estados Unidos la agencia regulatoria, como el COMFER, que se encarga de la radio, la TV y el sistema de telecomunicaciones, esta agencia nunca, y déjenme reforzar el término nunca, nunca le cuestionó la licencia a una estación o red por no servir el interés público. En más de 75 años de experiencia, nunca una licencia fue negada. Entonces, las leyes son importantes seguramente, la reforma es importante seguramente, pero también es importante que las leyes empoderen al Estado para intervenir e interactuar con las poderosas corporaciones de medios. Y esas leyes deben alentar tales acciones, porque si van a discutir la reforma, quiero advertirles nuevamente, basado en la experiencia de los Estados Unidos.

Hace 12 años, los Estados Unidos convirtieron en ley una nueva reforma de telecomunicaciones. Recuerden, esto ocurrió durante la era de las privatizaciones, y nuevamente fue un fracaso. La ley de hecho provocó cambios, que es lo que supongo se espera de cualquier reforma: cambio, un cambio mas lento de lo que escucho en mi país en estos días, pero el cambio que impulsó la reforma de telecomunicaciones le dio más poder a las corporaciones mediáticas y aceleró las fuerzas de la consolidación de los medios. Fue tanto así, que hablamos abiertamente de la oligarquía de los medios en los Estados Unidos.

Ahora, esto no es una idea nueva, seguramente Noam Chomsky y otros investigadores de la política y medios han escrito sobre el crecimiento de la oligarquía de los medios en los Estados Unidos, por lo menos durante veinte años y, tal como el presidente Hugo Chávez en Venezuela, me gusta leer a Chomsky de vez en cuando. Lo que no se discute en los medios de los Estados Unidos es cuán correcto estaba Chomsky y no va a discutirse tampoco ahora en mi país, porque los que cuidan la entrada, los poderosos, la vieja guardia que controla los medios no lo ven como un tema constructivo.

Les doy, entonces, el mejor ejemplo del -alguna vez vibrante- sistema democrático, el sistema de los Estados Unidos, como un ejemplo de lo que pasa cuando el pluralismo en los medios se tritura, como un ejemplo de lo que pasa cuando el Estado se vuelve cómplice de la

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económicamente poderosa vieja guardia y olvida el interés público, como un ejemplo de cómo nuestro altamente concentrado sistema de medios produce un entretenimiento maravilloso, pero dejémosle el triunfo a la democracia.

Cuando nuestro presidente actual quiso ir a la guerra en Irak, los medios más importantes de los Estados Unidos fallaron en hacerlo responsable del costo de la guerra, fallaron en buscar respuestas acerca de la duración de la guerra, guerra que se planeó para la reconstrucción de Irak, fallaron en encontrar evidencia clara de las mentiras presentadas como hechos por la Administración, fallaron en abogar fuertemente contra el presidente y su administración por haber torcido la Constitución; y ahora, aunque al 80%, al 80% del país no le guste ni el presidente ni sus políticas, aunque a un alto porcentaje le gustaría ver al presidente impugnado o hecho legalmente responsable, los medios escasamente mencionan el tema. Esta es una falla de los medios, una falla de mi país y una falla de la democracia. Por ello, ahora que siento que mi propio país ha fallado, estas fallas están allí para que todos las veamos.

Ahora que estamos criticando a los Estados Unidos, tenemos también que discutir la estructura de la comunicación en América Latina y el tema de reformar el sistema aquí. Durante mucho tiempo estudié los sistemas de medios de América Central y México y durante los últimos dos años comencé a mirar a Venezuela más de cerca; escribí un libro sobre el sistema de medios en América Central, publiqué varios capítulos y estudios en otros libros sobre México y Venezuela.

Todos estos sistemas nos dan una causa, porque con unas pocas excepciones proveen ejemplos de sistemas de medios corporativos altamente consolidados. Mis estudios han demostrado que en muchos países hay una considerable concentración mediática, muchas veces se trata de países conservadores gobernados por oligarquías económicas, sin importar los mecanismos democráticos que estén presentes; y sí, con unas pocas excepciones como Costa Rica y otros en América Central donde realicé la mayoría de mis estudios, y está la excepción de Nicaragua, con sus propios problemas de comunicación. Pero, la historia de la región en América Latina muestra que los Estados y

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gobiernos frecuentemente se alinean con medios corporativos altamente concentrados como una forma de mantener el poder, y frecuentemente como una forma de mantener el poder conservador, del lado derecho del espectro político.

Para testimoniar sobre los problemas de la concentración de medios y los medios corporativos en América Latina, la American University, en la que trabajamos, nos encomendó un análisis de contenido. Estudiamos mas de 400 horas de programas de noticias de cadenas de televisión latinoamericanas. Estudiamos diez cadenas de televisión incluida la argentina TELEFE y la original TELESUR.

TELESUR como no es comercial fue una de las excepciones entre nuestros descubrimientos, está focalizada en noticias, política, cultura y sociedad. Sin embargo, las otras nueve cadenas contenían mayormente historias sensacionalistas y chismes; esto es lo que muchos en América latina llaman “la nota roja”; en esas cadenas y programas de noticias la idea no es informar, ni sostener el punto de vista de un rico ciudadano, sino entretener.

Seguro que tenemos problemas similares de sensacionalismo en los Estados Unidos y nuestros propios investigadores creen que América Latina adquirió estos problemas importando los modelos sensacionalistas de la televisión de los Estados Unidos.

Mantengamos ahora el foco en América Latina y en Argentina. Nuestro estudió demostró que el 30% del contenido de las noticias de TELEFE estaba dedicado al entretenimiento y al chisme; además un 20 % de las noticias de TELEFE eran sobre la violencia, frecuentemente sobre crímenes locales en Buenos Aires o accidentes de tránsito. Entretenimiento, chisme y violencia, esos tres temas dominaban las noticias dejando muy poco tiempo para la cobertura política o de importantes asuntos públicos tales como la salud u otros tópicos, dedicando, menos del 10% del tiempo a las noticias como se observó en TELEFE. Encontramos una devoción similar por el sensacionalismo en otros países. ¿Qué tiene el gobierno que hacer en términos de la educación de los ciudadanos?

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Pienso que esta reforma comunicacional es un salida lógica. Hoy, hablé aquí del fracaso en muchas formas, no necesito presionar tanto porque el período de la reforma es un tiempo auspicioso pero, ¿qué ejemplos hay para la reforma y qué rol debe jugar el Estado? Primero, pienso que debe estar legalmente reconocida ya que estamos tratando con recursos limitados como las ondas de aire para la radio, televisión, teléfonos celulares y tal vez para WI-FI y WI-MAX. No hemos hablado mucho de internet y de la conexión vía internet, y cualquier reforma debería considerarlas de ahora en más. La emisión de señales de internet obviamente debería ser considerada y el Estado tiene un rol que jugar en representación del pueblo porque esos recursos son financiados.

Sin embargo, el marco legal debe crear un sistema equilibrado entre el Estado, las Corporaciones y la Sociedad Civil para decidir las condiciones del sistema de comunicación; el balance no puede inclinarse a favor del Estado u otros intereses, así como lo muestra la historia de abuso de poder en varios países. El sistema también necesita de financiación adecuada y de la habilidad para hacer cumplir sus decisiones. Deben figurar salvaguardas en la ley para asegurarse que los intereses corporativos no la alteren. Pero también, requiere del período apropiado, del debido proceso en el sistema legal, antes que otros recursos, tales como las ondas, sean removidas de su administración. Nuevamente, la necesidad de equilibrio entre estas fuerzas de poder es importante.

Un modelo para proveerlo, tal como lo escuchamos, es el del Reino Unido y la BBC, que es generalmente considerado el mejor sistema de medios promedio del mundo y que es altamente respetado por su exactitud y por balancear el poder. Aunque la BBC es un medio sponsoreado por el Estado, es frecuentemente muy crítico del gobierno inglés. ¿Acaso la BBC pudo impedir que el Reino Unido apoyara la guerra en Irak? No, pero la fuertemente crítica cobertura hizo que la guerra fuera impopular en Gran Bretaña desde el principio. Los medios fueron incapaces de frenar la participación en una guerra cuestionable, pero cumplieron la función de balancear al gobierno, mientras que los medios corporativos fueron menos críticos.

La BBC se solventa por el impuesto directo, que provee fondos suficientes para sus operaciones y, en ese sentido el gobierno está

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menos preocupado acerca de sus fondos ya que está unido a una serie de receptores de radiodifusión y vendido en las e-news del Reino Unido. De esta manera, le resulta más difícil al gobierno central hurgar en el presupuesto, la cuerda de salvataje real de cualquier operación mediática.

Seguramente, las diferencias culturales y económicas en Argentina significan mucho a la hora de lograr un mecanismo de fondos similar, pero tal como escuchamos de mi colega Manuel Chaparro la ley debe existir para financiar de alguna manera a los medios públicos y para financiar a los medios de los ciudadanos, esto es necesario.

En los Estados Unidos estamos trabajando para alcanzar un sistema de medios más plural y queremos escuchar más a otros colegas de noticias reportando sobre el mayor pluralismo del sistema de Venezuela, tal vez del mundo, que fue considerado como una difusión del poder mediático. Seguramente, el presidente Chávez en sus esfuerzos contra el poder conservador que siempre esta tratando de bloquear sus reformas, seguramente algunas de las intervenciones del presidente Chávez en el sistema de medios no hubieran recibido condena internacional mas allá de los Estados Unidos. Déjenme señalar que el presidente Chávez puede haber intervenido en el sistema de medios de Venezuela de una forma tal que algunos sienten que podría ser abuso de poder, pero que finalmente se mostró como necesaria Lo que estuvo mal en el caso venezolano es el colapso de la norma legal, estaciones que tenían sus licencias sin la audiencia justa, pero al final el resultado es que puede haber sido necesaria para el Estado venezolano.

Permítanme cortar a mi parte final. Nuevamente quiero agradecer por haberme permitido desarrollar una conversación franca sobre estos asuntos y pienso que, dada la oportunidad, puede haber brindado elementos cuando necesiten explorar no sólo cómo sus agencias federales puedan lanzar un sistema corporativo de medios, sino también considerar cómo empoderar a grupos de la sociedad civil, cómo pueden generar mejores conexiones para ellos en internet, cómo pueden brindarles financiamiento, no sólo para las estaciones de bajo y medio poder, sino para que esas personas minoritarias en el sistema de medios puedan realmente producir programas que todos puedan ver.

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Esta es una muy importante conferencia internacional para discutir la dura reforma de la comunicación y, si la comunicación es la enfermera del cuerpo de la democracia, muchas veces damos estas conexiones por sentadas y no discutimos sus importantes mecanismos hasta que ya es muy tarde y los fracasos están allí para que todos los veamos Incluso las democracias vitales tienen crisis nerviosas, Estados Unidos es un buen ejemplo. Tengo esperanzas de que esta discusión guíe a toda América Latina, y más allá de ella, hacia un modelo nuevo a tener en cuenta y, mientras discutimos la democratización de la comunicación, sé que Argentina va a hacer la diferencia. Muchas gracias.

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Miguel Rodríguez Villafañe ARGENTINA

Abogado. Presidente de la “Asociación Iberoamericana de

Derecho de la Información y de la Comunicación” (AIDIC).

Ex-Juez Federal. En tres oportunidades recibió el Premio

“Abogacía Argentina” conferido por la Asociación Argentina

de Entidades Periodísticas (ADEPA) y la Federación Argentina

de Colegios de Abogados (FACA) en reconocimiento a sus

trabajos sobre libertad, justicia, democracia, federalismo,

derechos humanos y libre expresión de ideas. Profesor de

Derecho Constitucional y Derecho de la Información y de la

Comunicación en universidades argentinas y de otros países.

Miembro fundador e integrante de la Mesa Ejecutiva de la

“Comisión de Control y Defensa de la Libertad de Expresión

y del Derecho Social a la Información” (COMIPREN) de

Córdoba. Miembro del Foro de Periodismo Argentino

(FOPEA). Fundador y Director -2002/2008- de la Sala de

Derecho de la Información y de la Comunicación del Colegio

de Abogados de Córdoba.

En estas Jornadas Internacionales me toca el privilegio de hablar como argentino, ya que los otros participantes que nos acompañan como disertantes son extranjeros. En esto no puedo dejar de significar que aprecio la apertura de Gabriel Mariotto, actual interventor del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), al invitarme, sabedor que soy muy crítico al hablar de éstos temas. Vengo luchando desde hace tiempo por los cambios imprescindibles que se tienen que realizar en materia de radiodifusión. En ello también valoro lo que se está haciendo al poner a la consideración general la temática, por parte de la Presidenta de la Nación y por la Secretaría de Medios.

Estamos discutiendo un tema central, que va más allá de una norma. En realidad lo que se debe terminar discutiendo es un modelo de democracia. Porque si sacamos ese eje nos confundimos, en una sociedad donde los hombres y las mujeres piensan, creen y sienten que la realidad es la que los medios masivos de comunicación dicen que es.

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La tecnología de la comunicación ha permitido una vivencia de globalidad, pero se pretende generar una ciudadanía de consumo, sin tiempo, sin historia, ni espacio. Y, desde dicho impulso, se busca hacernos creer que somos ciudadanos del mundo, en una realidad virtual, en la que manda una lógica comercial por sobre el abrazo leal y fraterno, de una humanidad que se tiene que asumir integralmente. En dicho contexto, en el que la sociedad de control tiene en el aspecto tecnológico-comunicacional el centro del llamado biopoder, es importante reflexionar sobre la concentración mediática, la convergen-cia tecnológica y la gestación del pluralismo democrático.

En primer lugar hay que señalar como nuevo que las tecnologías de la información y la comunicación permiten el aumento cuantitativo y cualitativo del procesamiento de la información, en alta velocidad. En esta conjunción, en la que técnicamente no existe distinción entre voz, texto, datos y vídeo, nace otro medio de comunicación, más potente que la mera suma de cada uno de sus componentes.

La proyección es masiva y las actividades humanas se incorporan a la lógica de la convergencia desconociendo aspectos sociológicos preexistentes.Todo ello en una carrera desenfrenada por tener lo nuevo, porque la tecnología nunca se muestra como lo último.

Nos encontramos con el problema de tener que plantearnos la mejor manera de hacer respetar el derecho de cada comunidad a la autodeterminación conceptual, ante la globalización de la comunicación. Estas tecnologías han modificado y modifican en su esencia las maneras de comunicarse y transforman los derechos de la ciudadanía.

Asimismo, la libertad de expresión y las nuevas tecnologías pueden usarse para colonizaciones mentales. Todo lo que no tiene nada que ver con el bien común y que, indudablemente, permite la manipulación por los poderes de turno. En la sociedad del biopoder se pretende decirnos lo que debemos hacer y pensar.

Resulta paradójico que haya leyes que se cumplen inmutablemente,

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como si hubieran sido dictadas legítimamente, tal es el caso de las leyes del mercado, mientras que las leyes reales y democráticas, parece su vigencia dependiente de algo a construir y no se cumplen como corresponde.La realidad ha desplazado los consensos del ámbito de la “plaza”, en donde la libertad de expresión tiene un valor especial y los ha llevado al “mercado”, en donde rige la lógica comercial y por ende la capacidad adquisitiva.

Por lo que, al analizar la legislación en materia de radiodifusión tenemos que tener en cuenta que estamos buscando es la reconstrucción de la ciudadanía. Los medios de difusión nos deben permitir ser humanos, porque sólo siendo humanos, que significa poseer tiempos y lugares desde donde nos podamos referenciar, vamos a lograr entender el pasado común, explicar el presente y existirá un sentido para el futuro. Así seremos tratados como persona y no sólo como clientes, usuarios o consumidores ya que en ello, indudablemente, hay que tener capacidad económica para ser tenidos en cuenta.

La dinámica de las leyes de mercado tienen en su ADN el desarrollo de oligopolios y monopolios. De ninguna manera el mercado quiere que haya pluralismo, sólo la democracia quiere que haya pluralismo de ideas y de pensamiento. El pluralismo es una necesidad de la información, no una exigencia del mercado. El mercado querría que todos nos vistiéramos igual para poder vendernos el mismo sándwich, la misma gaseosa y el mismo estilo de vida. A su vez, la competencia no es el único modo de relacionase entre las personas porque apocopa injustamente el encuentro humano. Además, en ello, siempre pierden los más débiles.

No podemos dejar de tener presente que la comunicación y la información son, por sobre todas las cosas, un bien social. Por lo tanto, el Estado no puede ser indiferente, como máximo representante del bien común.Las constituciones de la Provincia de Córdoba, del año 1987, y de la Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del año 1991, han establecido, expresamente, que “la información y la comunicación constituyen un bien social”.

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Estos bienes sociales, son centrales en el análisis que vamos a hacer, ya que el tema es propio del derecho público. Hay que superar que se quiera ubicar la regulación de los medios de difusión en el ámbito exclusivo del derecho privado. Siempre que se quiere hablar de estaciones de radio y televisión hay sectores que pretenden sólo utilizar el código civil.

El acceso a la información es de una particular importancia personal y social. Hombres y mujeres tienen el derecho a informarse y también la obligación de hacerlo, bajo pena de automarginarse por omisión de la vida en sociedad. Además, ello es necesario para poder, responsablemente, opinar, disentir, aportar, controlar, lograr consenso, participar y comprometerse en democracia.

Lo antes referido es tan vital que, a veces, desde los centros urbanos no se llega a percibir su importancia, en toda su dimensión, porque se tiene cierta facilidad para acceder a distintos medios de información. Sin embargo, a medida que se llega a la Argentina profunda, se evidencia la necesidad de contar con información, medios de comunicación que la brinden y posibilidades reales de acceder a los mismos, en especial, a la radio y a la televisión.

Se necesitan pilas para las radios en el país profundo. Baste para ilustrar esta última afirmación una anécdota que viví cuando era juez federal electoral de la Provincia de Córdoba, en el año 1987. Con motivo de la constitución de un circuito electoral en las Altas Cumbres, cerca de la cumbre del cerro Champaquí (2.800 mtros. de altura), se realizó un acto en la escuela existente allí, de nombre Ceferino Namuncurá. En la ocasión se reunieron diversos pobladores de esa zona agreste de las sierras cordobesas, junto a las autoridades provinciales que me acompañaban. En un momento dado, un serrano aprovechó la situación y dirigiéndose a un responsable del programa de asistencia social denominado Plan Alimentario Nacional (P.A.N.), que se encontraba presente, le dijo: “que las cajas que le entregaban para ayudarlo en su pobreza, estaban incompletas y tenían una importante carencia”.Y ante la pregunta natural respecto a que entendía él que era necesario agregar, para sorpresa de todos, que pensamos que se trataba de alguna queja respecto a la ausencia de algún tipo de comestible, manifestó que “en

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las cajas no venían pilas”. A lo que agregó, “No tengo electricidad en mi rancho y las pilas son caras y difícil de conseguir en la zona. Sin pilas me es imposible escuchar la radio y por tanto, no sé lo que está pasando”. En su sentido común profundo, este cordobés de nuestras sierras tenía en claro que junto al alimento que recibía, necesitaba contar con otros alimentos que eran también fundamentales, para su información, formación, cultura y recreación. Su radio funcionando constituía el vehículo que lo hacía sentir integrado a la comunidad con la que construye la historia común.

La situación referida obliga a pensar, que en los bolsones solidarios o en la ayuda que se brinda a sectores alejados de la electricidad, se tiene que contemplar la posibilidad de entregarles aparatos de radio, para garantizar que todos cuenten con él y para fijar el tipo de pila a proveer. También, una cantidad razonable de pilas, para ayudarlos a acceder, desde una radio funcionando, a derechos humanos básicos que corresponde que se les tutele.

Asimismo, en Argentina, los más débiles económicamente están, también, gravemente discriminados para acceder a la TV. Vengo denunciando desde el interior del interior de nuestro largo y ancho país, que el cincuenta por ciento del pueblo argentino, no tiene acceso a televisión gratuita. Repárese que existen solo diez ciudades con más de un canal de TV por aire gratuito. Muchas que tienen un solo canal de dicho tipo y muchísimas localidades o lugares, en los que no se puede captar ninguna señal de televisión, sin una inversión de envergadura para poder recibir la imagen y el sonido. Lo que obliga a los usuarios a costear altas antenas, decodificadores de señales satelitales o contratar servicios de TV por cable. Gastos, estos últimos, prácticamente imposibles de pagar para un gran sector empobrecido de nuestra sociedad. A estos sectores se los pone en el absurdo de no poder ver ningún canal de TV, cuando el vecino que puede abonar accede, fácilmente, desde 60 a 150 canales por TV paga.Ese derecho humano inaccesible para un gran número de personas los obliga, en muchos casos, a situaciones que los pueden empujar, incluso, al delito de robar el cable, por no tener alternativas accesibles.

Estas últimas situaciones no escapan también a la soledad en el tumulto de los propios habitantes de grandes ciudades, como Buenos Aires.

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Un porteño, a veces, en muchos aspectos es más ignorado que un ciudadano que vive en un pueblo pequeño. Al menos en el pueblo el sistema tiene escala para la persona común y puede ver con más facilidad a su intendente o a sus dirigentes y directamente dirigirse a ellos en lo que entienda necesario. Sin embargo un porteño tiene que limitarse a ver las cosas por televisión. En realidad, no tiene probabilidad de participación directa y menos de tener posibilidades de ser oído en sus requerimientos específicos de información y comunicación.

La comunicación se ha desplazado de ser un medio esencialmente de transmisión de información, propio de la era analógica, a la producción de contenidos, propio de la era digital. Este avance dado, a veces no es advertido, y trae como consecuencia que muchas veces nos quedemos discutiendo la tecnología de comunicación más moderna y el acceso a la misma, a los efectos de transmitir información o entretenimiento, sin reparar en la necesidad paralela de trabajar sobre los contenidos que se transmiten. Ello dado que, si se pretende una ventaja en la convergencia digital para cada país, la misma no radica en la infraestructura, sino especialmente en los contenidos que se difundan.

De lo contrario la tecnología de la comunicación, a la que no se le agregue contenidos propios, puede conducir a verdaderas invisibilidades mediáticas de aspectos centrales a tener presente para el bien del país. Cabe referir en este aspecto que gracias al proyecto del canal “Encuentro” y la impronta impresa por Tristán Bauer, se puede tener perspec-tivas propias de temas que nos atañen. Así, se sabe que hay tribus de aborígenes autóctonas en nuestra zona del Chaco y Formosa, que están perdiendo las posibilidades de tener su alimento cotidiano porque son cazadores y recolectores y ahora todas las tierras se están desmontando para destinarlas a la soja. Nadie muestra dichas situaciones, si no fuera el canal “Encuentro”.

Es tan importante esta situación, que yo les digo a mis amigos cooperativistas que no estoy peleando por una radiodifusión cooperativa, para dar películas como “Rambo” a menor costo. Tampoco programas que degraden o hagan involucionar. Ojala pudiéramos discutir el contenido de algunas propuestas televisivas que directamente atacan el sistema neuronal de las personas. Tal es el caso de programas como “El

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Muro”, que se da en un horario central, en el que el contenido esencial implica caerse al agua o romper un muro de telgopor.

Por eso es fundamental que haya presencia plural y estatal en materia de comunicación e información, para evitar invisibilidades que tapen aspectos fundamentales de la realidad o que se obligue a tener propuestas que no ayuden a respetarnos, sin opciones alternativas.

Como peregrino incansable en la búsqueda de igualdad y equidad en el acceso a las licencias de radiodifusión, para lograr un pluralismo democrático real en el espectro radioeléctrico, desde hace muchos años que comencé a trabajar en dicho objetivo.

Cabe recordar que la ley de radiodifusión 22285 de 1980, de la dictadura militar, impidió, en su artículo 45, que las entidades no comerciales accedieran a licencias de radiodifusión. La modalidad autoritaria no soportaba que hubiera instituciones con dinámica democrática y filosofía solidaria que llegaran a manejar medios de difusión. Más esa inaceptable discriminación continuó, para dolor de la Argentina, durante el periodo democrático, inaugurado a fines de 1983. Se daba la razón en los despachos oficiales a los reclamos de cooperativas, mutuales, fundaciones y otras ONGs., pero, en derecho y en los hechos, la única solución que se proponía o toleraba por el COMFER era que, por ejemplo, las cooperativas se trasvestieran y se transformaran o constituyeran en empresas comerciales para poder brindar radiodifusión.

Fue una verdadera afrenta a las asociaciones sin de fines de lucro. Se obligó a correr el riesgo de desnaturalizar la esencia que las justificaba, porque, desde la formalidad legal y operativa, se debía funcionar con razonamientos distintos a los que motivó la creación de la institución de la economía solidaria. Todo ello, con el grave peligro que, a través de dichas formas legales, se colonicen, entre otros aspectos, los fines y la filosofía. Resultaba y resulta difícil ser una sociedad sin fines de lucro y manejar el medio de difusión que la trasciende, estructurado solo para la rentabilidad económica.

Hubo que luchar mucho en contra de las discriminaciones. Así, en

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el año 2003 logré que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la inconstitucionalidad del artículo 45 viejo de la ley de radiodifusión, porque marginaba a las entidades sin fines de lucro para acceder a las licencias. El máximo tribunal del país dio la razón a las mutuales y las cooperativas. Se dijo, en dicha jurisprudencia, que las cooperativas y mutuales de todo tipo, podían ser titulares de licencias de radiodifusión, sin ningún tipo de condicionamientos que desvirtúen su naturaleza y objetivos.

Sin embargo el COMFER siguió impidiendo el acceso a las licencias suspendiendo la entrega de los pliegos para brindar servicios complementarios, especialmente para dar TV por cable.

Luego, en el año 2005, logré que también la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la inconstitucionalidad de las resoluciones del COMFER, por las cuales se suspendía la venta de los pliegos. No obstante ello, el COMFER continuó impidiendo que las entidades no comerciales como cooperativas y mutuales pudieran ser titulares de licencias de radiodifusión. En el tema, desde el comienzo de la democracia a la fecha, durante 25 años no se reformó la ley y el llamado Comité Federal, que no es ni comité ni federal, lleva intervenido todo ese tiempo ininterrumpidamente. Allí se ha hecho un culto de la excepcionalidad y del incumplimiento de las normas, ya que por la sola voluntad del Interventor de turno, no se aplicaba la ley vigente, ni se cumplían los mandatos judiciales, si favorecían a la entidades sin fines de lucro.

Por ley 26053, de fecha 15 de septiembre de 2005, se dictó un nuevo artículo 45. En la norma, se continúo afectando, gravemente, la libertad de expresión y la posibilidad de concretar medios alternativos de radiodifusión de envergadura, en manos de entidades no comerciales. La norma sancionada, desde un barniz que busca disfrazar el fondo jurídico, establece que se permite en general, que cualquier persona física o jurídica, regularmente constituida en el país, puede acceder a licencias de radiodifusión. Pero luego, se excluye a las cooperativas de servicios públicos de la posibilidad de acceder a licencias de radiodifu-sión, en lugares en donde hay otro prestador con licencia.

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En la historia de nuestro país, el movimiento cooperativo, en su búsqueda de dignidad para los hombres y sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, se constituyó en un polo valioso de empuje para encarar y superar, con obras, las tremendas discriminaciones de infraestructura de servicios que padecían distintos lugares de nuestro extenso nacional. Fueron las cooperativas representativas de la economía solidaria, en gran medida, las que acortaron la brecha del atraso y permitieron concretar mejoras tecnológicas y de calidad de vida a diversas zonas. Ellas, como cooperativas de servicios públicos, lograron que, en muchas localidades, haya energía eléctrica, teléfono, agua corriente, alumbrado público, redes de gas y cloacas, entre otros valiosos emprendimientos. Y, en lo que aquí importa resaltar, fueron estas cooperativas las que aseguraron, por ejemplo, un acceso solidario y en calidad a las señales de televisión, al instalar antenas comunitarias. Desde ellas, primero por aire y luego a través de cable, se logró unificar en igualdad y accesibilidad, un servicio a disposición de todos los que quisieran sumarse a él. Fue tal el avance que, en determinado momento, a fines de los años 70´, la oferta de opciones de canales de televisión que brindó el cooperativismo, en algunas poblaciones pequeñas, eran muy superior a la que tenían los habitantes de grandes ciudades. La voluntad del cooperativismo en acercar opciones de fuentes de información, entretenimiento y formación fue vital en el interior del país y colaboró vigorosamente en el crecimiento de opciones de oferta de televisión y radio.

En realidad, el fenómeno de la televisión por cable en Argentina, empezó desde el interior y en pequeñas poblaciones y se extendió luego hacia los grandes centros urbanos y en ello, el movimiento cooperativo tuvo un protagonismo central. Estos emprendimientos, sumados a otros servicios cooperativos y mutuales, en materia de radiodifusión, como las radios comunitarias que se instalaron en frecuencia modulada, ayudaron a ir dando igualdad de acceso a la información y participación ciudadana. Además, integraron positivamente el territorio patrio.

Con el nuevo artículo 45 se impidió, una vez más, que los emprendimientos llevados a cabo por el esfuerzo de toda una comunidad, puedan garantizar el pleno ejercicio de derechos humanos, como el de

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información, expresión, educación, recreación, entre otros, en todos los lugares en los que la economía solidaria haya fructificado.

A su vez, el verdadero miedo de otorgar licencias está en el hecho que dichas cooperativas son entidades que tienen escala económica para enfrentar eficazmente a los monopolios.A esta norma también logré que la justicia federal de Jujuy la declarara inconstitucional.

Por su parte el Estado se ha dejado condicionar por los intereses de monopolios y oligopolios en materia de medios de difusión.El monopolio tiende a sustituir el diálogo con el soliloquio, y, lo peor de todo, es que no nos vamos dando cuenta. Porque el monopolio opera como la fábula de la rana que se salva si la tiran a una olla de agua caliente, ya que la rana al tocar el agua a gran temperatura salta en el acto fuera del recipiente. Mientras que si tiran la rana en una olla de agua fría y empiezan a calentar de a poco el agua, la rana se muere porque no se da cuenta que la están cocinando.

Es fundamental discutir este tema de los monopolios y tener en cuenta que cuando se habla de ellos hay que saber distinguir también que hay diversos tipos de monopolios u oligopolios que afectan la libertad de expresión. En esto existen los monopolios de la propiedad, de los contenidos, de la publicidad, de los insumos, de la tecnología, de la financiación, etc. Para esta última variedad hubo que salir de apuro en la crisis del año 2001 a dictar una ley de defensa de los bienes culturales.

La lógica del mercado en la globalización tiende a concentrar y excluir. Nosotros sabemos de su capacidad destructora y que ahora ya se ha sentido en los Estados Unidos. En dicho país, por primera vez se están dando cuenta que el muro de Berlín se cayó para los dos lados. Y esto, indudablemente, tiene un efecto importantísimo en el análisis que tenemos que analizar.

A su vez, se debe cuidar de no confundir convergencia tecnológica, con concentración y su paso siguiente de posiciones dominantes y monopolio.

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Estados Unidos fue contrario a los monopolios. Así, en la década del ’40 le exigió a muchas empresas cinematográficas de Hollywood que vendieran sus cines, porque entendió que ello se podía prestar a un monopolio, dado que se podía obligar a los ciudadanos norteamericanos a ver películas malas, a sólo efecto de lograr rescatar los costos de producción.

Sin embargo, ahora no ha podido con Bill Gates que a través de su empresa Microsoft, eliminó al sistema “Navigator” para navegar por Internet, con políticas monopólicas llevadas a cabo a favor de su sistema “Explorer”.

Repárese también lo que costó que determinados sectores no obstaculizaran que el canal 7 llegara a otros lugares del país de manera gratuita. Tal es el caso de los planteos judiciales que se hicieron para no permitir que dicho canal se emitiera por aire, sin costo para el receptor, en las ciudades de San Rafael y Mendoza.

En una lógica en la que se ha instalado el concepto del desarrollo constante, en función de lo cual cada día hay que producir más y abrir nuevos mercados, en el aspecto tecnológico hay que cuidarse de consumir lo necesario y no que nos obliguen a cambiar constantemente de instrumentos tecnológicos. Cada vez más la nueva tecnología obliga a cambiar de instrumentos e incluso hay programas informáticos que no se pueden correr en determinadas computadoras porque no son de última generación.

Si bien a la nueva tecnología se la muestra como democrática y sin dueño como el Internet, en los hechos tiene proveedores, de software y hardware y sobre todo tiene los llamados “accesos”, que son llaves intangibles pero decisivas.Tal es el caso del llamado Punto de Acceso Nacional (National Access Point - NAP), punto este que debe ser garantizado por el Estado, ya que dicho acceso no es interconexión, constituye una aptitud tecnológica que puede ser condicionada por terceros con bloqueos o trabas para llegar a las redes mundiales. El NAP puede operar como un grave escollo, si además de ser manejado por empresas que no son el Estado, operan con lógicas de monopolios u oligopolios.

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Así se dio en Argentina, un conflicto entre proveedores de Internet que afectó a los usuarios. Sucede que cuatro empresas redujeron el ancho de banda de conexión con el NAP en la Argentina lo que generó problemas para navegar en la Red; las negociaciones para llegar a un acuerdo podrían perjudicar a algunas compañías y a sus clientes. Miles de usuarios argentinos de Internet se vieron afectados en su acceso a la Red como consecuencia de un conflicto entre empresas proveedoras de este servicio. El problema se generó cuando compañías como Telecom, Telefónica, Prima e Impsat comenzaron a reducir el ancho de banda de su conexión con el NAP de CABASE (Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea). Este punto de acceso fue creado hace seis años para interconectar a todos los proveedores de Internet en la Argentina y de esa manera lograr una mayor velocidad de navegación para los usuarios a nivel nacional. Como consecuencia de esta decisión, los usuarios que no son clientes de estas empresas presentan serios inconvenientes en la agilidad de acceso a las páginas web que se encuentran albergadas en ellas y lo mismo ocurre de manera inversa. La nueva ausencia del Estado para regular los servicios de Internet o la falta de atención gubernamental sobre las decisiones comerciales de los grandes grupos empresariales, son también los elementos que se conjugan y encierran la puja de poder entre las empresas

Tampoco las tecnologías son inocentes a una propuesta política. Por ello dando una charla a directores de radios de la Universidad Tecnológica Nacional, les pedí que estudien las lógicas de la radio y televisión digitales, para tener software con valor agregado, al tiempo de optar por un sistema. De esa manera evitar que sólo los dueños del conocimiento vengan a tomar nuestros técnicos y profesionales para aprestarlos sólo para adaptar enchufes de algo que siguen manejando otros. Tenemos que poder conocer y discutir cuáles son las mejores opciones para el país en la materia.

Para legislar sobre las nuevas tecnologías se tiene que conocer sobre las mismas y tener opciones tecnológicas soberanas en la temática.

Asimismo, hay que tener presente que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) no son neutras a objetivos

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políticos y económicos, por lo que se debe conocer sobre las mismas para saber adoptarlas y legislar su uso. No podemos ignorar que éstas también, pueden tener su lado oscuro. Baste recordar lo que señala el periodista norteamericano Edwin Black, en su libro “I.B.M. y el Holocausto”. En dicho libro se sostiene que, atento la ignorancia sobre la existencia y capacidad de una nueva tecnología de clasificación de datos, la gente participó y colaboró en los censos realizados por los nazis. La información obtenida, utilizando las tarjetas perforadas de I.B.M., con una velocidad desconocida en ese momento, permitió a Adolfo Hitler ordenar y cruzar una enorme cantidad de información para identificar a judíos y organizar, rápidamente, la inadmisible y cruel persecución de los mismos.

No se trata de pensar que todo tiene fantasmas, pero hay decisiones en materia de TICs que deben ser transparentes y abiertas al debate público.

En ese aspecto, en Argentina, con urgencia, se debe socializar la discusión para decidir, con el aporte de todos los sectores, sobre el sistema de televisión digital a adoptar. Existen tres opciones: la europea, la estadounidense o la japonesa. No es una determinación meramente técnica, ya que hay que analizar los efectos que dicha opción traerán para el país. Repárese que la nueva tecnología televisiva implicará el cambio de millones de aparatos de TV, de equipos y accesorios para la transmisión por televisión, etc. Habrá que negociar la decisión, en defensa nuestros intereses. Hay que lograr que la nueva tecnología signifique inversión en Argentina, nuevas fuentes de trabajo y no el cierre de empresas que no tuvieran autorización de fabricar aparatos bajo otro sistema. Se debe optimizar el valor agregado nacional y evitar aumentar, innecesariamente, la deuda externa. Y tantos otros aspectos, que se tendrán que evaluar para optar por un sistema de televisión digital.

A su vez, es de vital importancia trabajar en la producción de contenidos propios para difundir y también, se tiene que invertir en investigación y desarrollo tecnológico, en materia de TICs. En esto último, hay que rescatar, como muy positivo, como ya se ha dicho, la producción de contenidos educativos y culturales realizados, especialmente, en la Argentina, por el canal de televisión

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“Encuentro”, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la tarea que viene desarrollando la empresa estatal Inversiones Aplicadas (INVAP), perteneciente a la Provincia de Río Negro, que ahora, lleva adelante el diseño y desarrollo del primer satélite de comunicaciones de Argentina.

Los desafíos en materia de TICs son estratégicos para el país y deben ser asumidos con eficacia, en todas sus derivaciones y la legislación debe ser adecuada.

En base a lo dicho es imprescindible que Argentina invierta en investigación tecnológica y desarrollo en materia de comunicaciones.La confusión que siempre se da, cuando se analiza la situación de las comunicaciones, es la de concentrar el análisis al campo de la prestación de los servicios, sin integrar la preocupación al campo de la investigación y desarrollo. Incluso, los estudios sobre el derecho de las comunicaciones no se han ocupado de esos aspectos y han profundizado sólo en el cuadro regulatorio de los servicios, en una perspectiva parcial de la realidad antes referida, lo que afecta la posibilidad de adoptar decisiones eficaces en la temática.

Es imprescindible, atento a lo desarrollado en el logro de una nueva ley de radiodifusión, hay que hacer un gran pacto de políticas de Estado entre todas las fuerzas políticas, sin miedo a los monopolios y en un enfoque integral en la problemática.La convicción es central, baste pensar que el viejo artículo 45 de la ley 22.285 y el nuevo según la ley 26053 se han logrado demoler judicialmente, en lo que tenían de inconstitucional, por organizaciones democráticas y pequeñas, una mutual y una cooperativa de Córdoba y de Jujuy.

Asimismo, de manera reciente, atento a la impronta dada a la gestión por el actual Interventor del COMFER Gabriel Mariotto, el 21 de octubre de 2008, se hizo lugar a la transferencia de licencia de TV por cable que tenían testaferros, a favor de las coopera-tivas de “Electricidad y Servicios Públicos de Mattaldi” y “Eléctrica Jovita” de las localidades homónimas de la Provincia de Córdoba.

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Todo lo logrado era el corolario de largos trámites de transferencia de la licencias, con lo que se pudo blanquear titularidades. Mas es solo otro hito en el inclaudicable camino por lograr la participación integral y frontal del cooperativismo y todas las organizaciones sin fines de lucro, al frente de licencias de radiodifusión, sin ningún tipo de condi-cionamientos que desvirtúen su naturaleza y objetivos.

Tenemos que aprender a ponernos felices, y esto a veces yo lo reitero, porque a veces tenemos la lógica de sufrimiento y terminamos en el fondo haciendo monumentos de los monopolios. Somos muchos los que pensamos que es factible hacer una ley de radiodifusión para la democracia, en la que estemos incluidos todos, más allá de monopolios y oligopolios que quieran dominarnos.

Aprendamos a disfrutar que hay cosas que tienen valor pero que no tienen precio, queda ser coherentes y constantes y no permitir que nos pongan precio a nuestros valores. Muchas Gracias.

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Participación socialy diversidad cultural

Moderador

néstor Busso Coalición por una Radiodifusión Democrática ARGENTINA

Panelistas

Rosa María Alfaro Educadora, comunicadora y docente universitaria Presidenta de la ONG Calandria Directora Ejecutiva de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación PERÚ gerardo Lombardi Licenciado en Educación Presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) Subdirector Nacional de la Red de Radio “Fé y Alegría” VENEZUELA Lonna Thompson Vicepresidente Senior y Consejera General Association of the Public Televisión Station (APTS) ESTADOS UNIDOS

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néstor Busso ARGENTINA

Estoy aquí en nombre de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que, como la mayoría de ustedes saben, se formó hace algo más de cuatro años, en el 2004 y presentó las bases para una nueva Ley en los “21 puntos por el Derecho a la Comunicación”.

En FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos planteábamos cómo hacer para promover el cambio de la ley de radiodifusión de la dictadura. Nos dábamos cuenta de que solos no podíamos, no teníamos la fuerza suficiente, pero había otros sectores que querían lo mismo, quizás con diferencias.

Se nos ocurrió la idea - hoy podemos decir “feliz idea” - de convocar a distintos sectores sociales, distintos sectores del campo popular, para plantear no sólo el rechazo a la ley vigente, sino las bases para la nueva ley, y así surgieron 21 puntos. Y coincidió, en realidad fue coincidencia, que se cumplían 21 años de recuperación de la democracia. El 27 de agosto de 2004, Día de la Radio, hicimos la presentación pública de esos 21 puntos en un programa radial que se hizo en red para un conjunto muy grande de radios populares, comunitarias y del sistema de medios públicos desde el auditorio de Radio Nacional.

Remarco esto y la fecha, porque alguien ha escrito por ahí, que la Coalición fue una construcción oficialista del último año para dar el debate sobre la nueva Ley de Radiodifusión. La Coalición se construyó hace 4 años y hoy mantiene esos 21 puntos que ya están en la agenda pública. Reclamamos de este Gobierno el envío al Congreso de un proyecto de Ley.

La idea central: construir fuerza social y política para cambiar la ley. Nos preguntan a los integrantes de la Coalición, ¿ustedes creen que el gobierno va realmente a cambiar la Ley?, y nosotros a respondemos “eso pregúntenle al gobierno y a funcionarios del gobierno”. Lo que nosotros queremos y por lo que estamos trabajando, es para construir

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fuerza social y política para hacer posible una nueva ley. Quiera o no quiera el Gobierno, nosotros trabajamos para que una nueva Ley sea posible. Esta es la idea y esta es la idea que mantenemos, frente a algunos que dicen que la ley no va salir. No sé si va a salir o no va a salir, no es que salga o que no salga, es qué fuerza tenemos nosotros para hacer que salga; porque la ley es siempre el producto de una correlación de fuerzas.

Durante este año, a partir de la audiencia con la Presidenta Cristina Fernández, las organizaciones sociales y cooperativas, sindicatos, universidades, organismos de Derechos Humanos, asociaciones de radiodifusores y radios comunitarias integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que acordamos y presentamos los 21 puntos básicos para la nueva Ley, hemos multiplicado los debates, seminarios, foros, mesas redondas, en los barrios, los sindicatos, las universidades, Concejos Deliberantes y Legislaturas provinciales. Ya se han expedido en apoyo a los “21 puntos” Legislaturas Provinciales, como Río Negro, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires y numerosos Concejos Deliberantes. Inclusive la Cámara de Diputados de la Nación votó por amplia mayoría la adhesión a los 21 puntos. Recorrimos todas las provincias y llegamos a cientos de miles de personas ampliando el debate sobre la nueva Ley.

Bueno, vamos al tema panel. Participación social y diversidad, ese es el tema. Y me parecen cuestiones centrales porque son objetivos fundamentales de la ley que queremos. Creemos que es función esencial del Estado garantizar la participación social en un sistema de medios, en la diversidad y en la pluralidad. Me parece que ésta debería ser la preocupación central del Estado, frente a la concentración que tenemos hoy en Argentina, pero también en otros países de Latinoamérica y del mundo.

Concentración no es sólo concentración en la propiedad de los medios. A mi entender hay cuatro formas en que se manifiesta la concentración. Primero la propiedad: unas pocas empresas que manejan muchos medios; en segundo lugar la pauta publicitaria, porque en una economía tan concentrada como las nuestras unas pocas empresas son las que manejan la gran pauta publicitaria, que es direccionada a unos pocos

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medios que actúan como sus voceros. En tercer lugar la concentración geográfica. Los medios de Buenos Aires con múltiples repetidoras y con alcances nacionales, en detrimento de emisoras de radio, de televisión e incluso de periódicos de carácter local. Y en cuarto lugar, y ayer ya se decía algo respecto a esto, la producida por la convergencia tecnológica. Cada vez más las pocas empresas que controlan las nuevas tecnologías son productoras de contenidos, y entonces no sólo controlan tecnología sino también contenidos.

Me parece que esto es el desafío: cómo superar estas formas de concentración para garantizar y promover la participación ciudadana, la diversidad y el pluralismo.

Le damos la palabra a los miembros del Panel.

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Rosa María Alfaro PERÚ

Educadora, comunicadora y docente universitara. Es

presidenta y fundadora de Calandria, una organización

no gubernamental peruana, donde viene trabajando desde

hace 23 años. Es directora ejecutiva de la Veeduría

Ciudadana de la Comunicación (un observatorio de medios)

y consultora internacional. Ha enseñado por muchos años

en la Universidad de Lima en el Perú. Es integrante de la

red de profesionales y la red universitaria del Consorcio de

Comunicación para el Cambio Social.

Compartiré con ustedes algunos aprendizajes, que espero sean útiles al proceso que Argentina vive hoy con respecto a los medios. En Perú venimos operando desde la sociedad civil organizada en relación con la ciudadanía dispuesta a participar, con apoyo de diversos sectores, incluso empresariales. Logramos presentar una propuesta de ley de radio y televisión, como iniciativa legislativa ciudadana, refrendada por 85.000 personas y más de mil instituciones incluyendo comunidades populares e indígenas. Después de una revisión de la propuesta por el organismo estatal pertinente, se presentó al Congreso de la República para su discusión. Antes, se expuso a la Asociación de Radio y Televisión, a varios partidos políticos y a periodistas, recogiendo sugerencias. Tuvimos como aliados a congresistas de diversos partidos, expertos, la Asociación Nacional de Anunciantes, estudiantes voluntarios de facultades de comunicación y periodismo, ONGs y otros actores. Algunos abogados constitucionalistas nos ayudaron a elaborarla, además de múltiples recomendaciones recibidas de los ciudadanos. Para ello usamos las calles como espacios de debate sobre los medios y la ley a presentar, procediendo luego a recolectar esas firmas que exige toda Iniciativa Legislativa Ciudadana. La ley aprobada tomó en cuenta 36 artículos nuestros y otros más, con algunos de ellos no concordábamos.

El impacto público fue significativo, los propios ciudadanos llamaban a los medios a dar su apoyo a la propuesta presentada. Ganamos al

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sector que sostenía que no había mejor ley que la que no existía. Fue resultado de un gran debate público que potenció un proceso de democratización del campo mediático. Ahora, además de la ley reguladora conseguida, contamos con un Consejo Nacional de Radio y Televisión plural, una autorregulación obligatoria en cuanto a códigos de ética y sistemas de autocontrol, apertura a la propiedad más amplia y ordenada que antes. Hoy estamos en plena discusión sobre otra ley específica referida a medios del Estado. Pero, no podemos olvidar que la corrupción visibilizada de algunos empresarios mediáticos recibiendo dinero del gobierno del ex presidente Fujimori fue la mejor oportunidad para intervenir y hacer justicia. Lo interesante y novedosos fue que la propuesta no fue hecha por gobiernos ni políticos sino por la colectividad. Vimos nacer otro modo de reconstruirnos a nosotros mismos como sociedad.

Fuimos ambiciosos al preparar una propuesta de ley íntegra, al inicio nos parecía imposible. La discutimos también con expertos y políticos de otros países, especialmente de aquellos que habían pasado por experiencias similares, como por ejemplo la BBC. Sin embargo, el mejor fruto fue el haber gestado un movimiento que llamamos Veeduría Ciudadana de la Comunicación y que hoy continúa en su rol de vigilancia del cumplimiento de la ley, debatiendo sobre la programación ofrecida con ayuda de cientos de estudiantes de comunicación de varias regiones del país. Las investigaciones que luego realizamos, como las conclusiones que construimos en los Parlamentos Mediáticos celebrados en el propio Congreso de la República con la participación de los ciudadanos, los compartimos con medios, apelando a la frase: “Los medios sí pueden mejorar” que denotaba una visión más positiva. Esa experiencia nos llevó a otra ambiciosa en su sentido de articulación, pues fundamos la Red Latinoamericana de Observatorios de Medios, con un año y medio de vida y la participación de nueve instituciones de ocho países, habiendo analizando como primer trabajo compartido el tratamiento del desarrollo en 41 periódicos latinoamericanos, contrastándolo con la opinión ciudadana. El desarrollo aparece así como una comprensión ambigua e incompleta de lo que estamos buscando ser. Y estamos explorando otros caminos que nos permitan promover el tratamiento de los objetivos del milenio en el campo mediático.

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Una primera lección de este proceso nos llevó a contravenir el famoso lema de Santo Tomás de Aquino del “ver para creer”. Desde ella es imposible una ruta de cambio pues todo nos habla de imposibles. Pero cuando se valora la propia capacidad de la gente y de uno mismo, se puede visionar facultades y rutas posibles de transformación antes no vistas. La creatividad audaz nos hace correr aquellas cortinas pesadas y oscuras del pesimismo para imaginar creativamente lo que somos capaces de hacer y ser. En esa línea podemos encontrar personas recuperables, áreas nuevas de intervención, experiencias innovadoras, actitudes ciudadanas a favor; leyes previas que te pueden servir, instituciones con cualidades para apoyar, debilidades en los supuestamente fuertes, etc. Te valoras a ti mismo y a los demás como sujetos y objetos del desarrollo. Pero cuando la posición es dudosa del “voy a ver, yo no creo en nada porque nada es posible”, te encierras y no puedes conseguir innovación alguna.

La segunda, es que los comunicadores en Latinoamérica hemos venido enfatizando en exceso el discurso crítico, tanto en ONGs, radios comunitarias o alternativas y mundo universitario o académico. Decir que los medios están mal aparece como una verdad autosuficiente y categórica. Si la finalidad es sólo el análisis de lo que está mal, ésta no ayuda a gestar otras profesionalidades capaces de imaginar, diseñar e implementar cambios. Se origina inclusive oposiciones entre teoría y práctica, pues la primera no lleva a la segunda. Muchos estudiantes con una buena formación crítica de los medios, cuando ingresan al campo profesional son subsumidos por la lógica cotidiana del periodismo o del entretenimiento mediático. Lo aprendido no les sirvió para innovación alguna, ni gestó capacidades para diseñar estrategias a implementar. Así ambos niveles se divorcian y desconocen, son aparentemente incompatibles. Hemos apostado a esa crítica como discurso autosuficiente. Sin embargo, ésta sí tiene sentido cuando forma parte o sustento parcial de una propuesta transformadora, que no es fácil de elaborar, tampoco implementarla. Cuando sólo criticamos no producimos innovaciones, necesitamos más bien comprometernos con atrevimientos creativos y de incidencia significativa. Esa vieja oposición entre teoría y práctica debe repensarse encontrando sus articulaciones. Toda reflexión debiera crear un nuevo hacer estratégico. Esas dicotomías antagónicas -según Chantal Moufee- entre lo malo real

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y lo bueno imposible, que hemos venido trabajando en Latinoamérica, comienzan a superarse. El punto de partida como análisis debe estar unido a lo que se quiere transformar, teniendo claro el cómo hacerlo desde una perspectiva inclusiva y eficiente que se corrige y renueva continuamente.

Tercero. No hemos incorporado ni renovado la nueva importancia de la participación ciudadana en procesos de cambios mediáticos. El tema no puede restringirse a expertos y líderes comunicativos alternativos. Debe ser asunto de la gente común y corriente para que asuma responsabilidades al respecto. Por ello es clave superar el concepto implícito que muchos manejamos sobre el público, identificándolo sólo como víctima engañada que sabe poco de medios, sin voz, debiendo entonces protegerlo. La presencia ciudadana en la comunicación se ha dado en Latinoamérica desde medios alternativos, educativos o comunitarios, a partir de unos cuarenta años de vida. Se trabajó el derecho de acceder a medios y se consiguió. Pero hoy no se trata solo de darle voz a los que no tienen voz, sino de exigirles que piensen, que vuelvan a escuchar al otro, que lo que se hace no necesariamente está bien, se trata de ayudarlos a construirse como ciudadanos, capaces de protestar, de proponer, de poseer una cultura democrática. Para mí esa es la relación más importante entre lo comunicativo y lo cultural, una ciudadanía que se apropia de una cultura democrática resolviendo sus propios conflictos, distanciándose del populismo. Hay que redefinir la democracia con ellos, sobre sus derechos y responsabilidades. Chantal Mouffé en ese sentido cuestiona la visión simplista del sujeto, anunciando que tanto problemas como fraccionamientos nos habitan a todos. “Un individuo aislado puede ser el portador de esta multiplicidad: ser dominante en una relación y estar subordinado en otra. Podremos entonces concebir al agente social como una entidad constituida por un conjunto de posiciones de sujeto que no pueden estar nunca totalmente fijadas en un sistema cerrado de diferencias; una entidad constituida por una diversidad de discursos entre los cuales no tiene que haber necesariamente relación, sino un movimiento constante de sobredeterminación y desplazamiento”. Ello supone un proceso educativo e interactivo permanente.

Las políticas públicas de comunicación deberían incluir este esfuerzo

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histórico Latinoamericano, y no tratarlos como diferentes sino como incluidos por el derecho a comunicar y hacerse ciudadanos reales. Pero la participación ciudadana no puede circunscribirse sólo a medios conseguidos y administrados por el pueblo. Requerimos verlos también como público de los medios del Estado y de los privados. Deben ser jueces, demandantes, polémicos y capaces de producir propuestas. Mutar de sus medios a lo mediático general. Se trata de incluir al ciudadano en estos 21 puntos que ustedes elaboraron. No se trata de presentarlos o difundirlos sino de ponerlos en discusión, para que se apropien de los mismos. Así la creatividad se desarrolla en una línea de participación ciudadana más de fondo como base de una nueva inclusión público política. Al mismo tiempo hemos comprobado que cuando los ciudadanos son protagonistas hay mayor sensibilidad de los medios para escuchar sus cuestionamientos y propuestas.

Cuarto. Las buenas rutas de transformación son siempre procesos largos y difíciles de construir. Pero, a la vez tienen su lado apasionante. Es clave identificar lo que se quiere conseguir y los pasos estratégicos a dar para llegar al objetivo, poco a poco y aprovechando toda oportunidad posible. Contar con muchos aliados y voluntarios genera movimientos participativos que sostienen propuestas y le otorgan viabilidad. Es ir más allá de protestar. Más aún si se sustenta en leyes apropiadas por la gente, ya conocidas y debatidas durante varios meses o años. De esa manera, se genera no sólo apoyo sino mejoras en la cultura democrática del país, ganando eficiencia en conseguir logros. Recordemos que una ley no es un objetivo en sí mismo, tampoco una solución. Es parte formal y básica de un camino largo y complejo. Se trata de ayudar a los públicos a mirarse y reconocerse a sí mismos desde el ver, oír y leer, construyendo demandas que los ayuden a presionar o exigir mejores medios. Por ello, construir leyes participativas es una tarea doblemente estratégica que hay que saberla conducir. Todas las otras leyes a su vez debieran generar políticas de comunicación construyendo demandas específicas. Hay que aprovechar de ellas para crear debate y opinión, haciendo más eficiente su cumplimiento. Por ello, la demora no importa si es fructífera en debate y acción, sería un error sacarla muy rápido sin que se haya asentado en la sociedad. Ella debe ser el espíritu colectivo. Esta visión estratégica es muy importante en el cambio de la transformación mediática.

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Quinto. Para ello, los medios deben ser siempre un tema de agenda pública, con ley o sin ella. El día que los hayamos colocado como materia de discusión en los propios medios y desde sus públicos, podemos afirmar que estamos avanzando. Nosotros comenzamos recurriendo a periódicos y radios cuando se cuestionaba la televisión y planteabas cambios, entonces nos apoyaban, igual sucedía cuando el objeto era otro medio, los otros y la comunicación alternativa te ayudaban. Los aliados momentáneos son imprescindibles y pueden convertirse luego en estratégicos. Cuando no era posible conseguirlos utilizábamos más las plazas públicas o las calles para debatir con la gente, con metodologías sencillas pero altamente motivadoras. Entonces, sí era viable que el medio se convirtiera en tema de la gente. Conocían de medios, dada su experticia cotidiana. Cuando hacemos consultas ciudadanas, diferentes a una encuesta, pues se apela a su sinceridad y confianza en clima de coloquio, la gente nos dice “no se vayan, queremos seguir hablando de la televisión, queremos seguir diciendo más cosas, vuelvan por favor, que es fundamental hablar de estas cosas”. Si logramos que los ciudadanos sientan que éste es un tema público que requiere de su participación, estamos adelantando y generando otros espacios de democratización. Nadie puede hacer transformaciones solo, ni el mejor de los gobiernos. Se construye con alianzas y diálogos, entre unos y otros grupos, estudiantes, jóvenes, niños. Todos podrían formar parte de un proceso de presión para conseguir otra calidad mediática. La audacia es siempre indispensable. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con asociaciones de anunciantes, porque en el Perú es una institución abierta en la búsqueda de acuerdos. Cuando presentamos la propuesta de ley en el Congreso, fuimos con dos empresarios que compartían nuestra perspectiva. Ello obligó a que la propuesta ciudadana sea entendida como necesidad pública, no como ardides ideológicos o partidarios.

Sin embargo, no es suficiente conseguir ser un tema público. Deben existir políticas públicas de comunicación que sostengan cualquier intervención como los 21 retos que Ustedes se están planteando. No es un añadido sino parte de la política misma. La comunicación no puede ser postiza o agregada forzadamente, como publicidad o propaganda en línea de “marketing” o de populismos excitadores. La comunicación

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debe ser parte esencial del propio concepto y acción de gobernar. Es importante gestar sentidos de pertenencia del ciudadano al Estado, es suyo y tiene derecho a exigir y proponer. Aunque no es lo mismo gobierno que Estado, aunque suelan estar cerca. Y como son parte del Estado pueden y deben participar cotidianamente alentado por gobernantes y gobernados. Ello significa reorganizar al Estado en sus sentidos comunicativos.

Sexto. Es importante recordar que el destino de los medios no se decide exclusivamente en cada país, sino desde instancias e innovaciones globales. Guillermo Mastrini, estudioso argentino, ha presentado ponencias y ha escrito mucho al respecto, mientras que nosotros solemos actuar y presionar a los medios desde una perspectiva local restringida. Debiéramos diseñar transformaciones de mayor interacción entre países. Es importante relacionarnos con diversos actores incluida la propia OMC, (Organización Mundial de Comercio) fundamentando otras posiciones, desde un movimiento también global, sea cívico o constituido por diversos actores. La OMC sigue subrayando que lo mediático hay que tratarlo solo como consumo ciudadano y no como bien público, menos aún como derecho humano. Tampoco se reconoce su importancia en el desarrollo del ámbito cultural, social y político. Es clave una discusión latinoamericana al respecto, con el apoyo de instituciones globales poniendo la identidad de un medio como bien público, sea privado o público. El mundo digitalizado está siendo mirado desde el aspecto económico, incluso lo tecnológico es tratado desde la perspectiva exclusiva del consumo como negocio, hoy en crisis. Comprobamos que las transformaciones son complejas. Por ello decidimos formar una Red Latinoamericana de Observatorios de medios que viene funcionado desde hace año y medio. En esta perspectiva debemos avanzar más.

Séptimo. Debemos trabajar por una regulación basada en principios éticos, comunicativos y legales, que comprometan a medios y ciudadanos, cuya formulación no sea tan normativa y específica, pues podrían generar autoritarismos políticos o servir a intereses específicos. Es más importante la autorregulación, que todos los medios asuman, y logren producir sus códigos y tribunales de ética, que haya personas que participen como defensores de lectores, oyentes

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y televidentes, es decir, se trata de pensar el sistema comunicativo de manera más integral e incluyente. Ustedes están viviendo un momento en que podrían hacerlo, asegurando que no sea simplemente un problema de abajo o de arriba, sino que sea un proceso de producción de lo que los argentinos quieren como propuesta mediática. El derecho a la comunicación es fundamental, vale para todos. Pero, para el periodismo, aún ésta sólo referida a su propia libertad de expresión, que también debiera ser de los ciudadanos. Si bien para el periodismo es un derecho profesionalizado, también hace falta redefinir ese principio en equilibrio con la responsabilidad ética y social del periodismo. Desde hace tres años venimos trabajando proyectos de construcción participativa de códigos de ética en cada medio como un compromiso social compartido y luego auto vigilado. Propuesta que incluye no sólo a los periodistas y empresarios sino al personal en general y especialmente al ciudadano lector, oyente y televidente.

Entonces, cual es la ruta? Se trata de establecer mejores relaciones entre sociedad civil, ciudadanía, empresariado y Estado, definiendo otro tipo de gobernabilidad que trate no sólo el sentido del marco regulatorio de los medios, sino también el tipo de sociedad a que se apuesta. Es importante definir qué tipo de diálogo queremos establecer y cómo se va tejiendo poco a poco. La cuestión estratégica y las políticas públicas de comunicación son importantes de crear y aclarar. La mayoría de los Estados de Latinoamérica no cuentan con elementales políticas públicas de comunicación, pero sí administran propuestas que los hagan quedar bien ante sus electores, sin preocuparse si la ciudadanía está informada o no de lo que sucede en cada país y sobre los futuros posibles. Entonces, necesitamos reconstruir las relaciones entre los de arriba y los de abajo, como una interacción permanente y no en contraposición. Los gobernantes suelen lanzar propuestas intempestivas y a los tres días se arma tal laberinto que deben retroceder. Entonces, cómo establecer ese movimiento de ida y vuelta, del Estado a la ciudadanía y de la ciudadanía al Estado. Porque tampoco todavía hay Estados democráticos suficientemente desarrollados. Por ahí camina la cuestión estratégica desde ese punto de vista. Se trata, siguiendo a Fraser, de una posición post-socialista en el sentido de renovación profunda de su definición

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La pluralidad necesaria a toda democracia no es enfrentamiento entre enemigos que se eliminan, más bien es diálogo y debate. El antagonismo no respeta pluralidad alguna, ni legitima conflictos y diferencias, los oculta o desaparece. En ese sentido, y siguiendo a Chantal Mouffé, más bien hay que recurrir al agonismo, el debate, la confrontación, los diálogos plurales y entremezclados, los caminos para llegar a acuerdos comunes e identificar con claridad las diferencias. Los conflictos deben ser un beneficio y nunca un estorbo. Muchas Gracias.

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gerardo Lombardi VENEZUELA

Licenciado en Educación, Magister en Gerencia de Empresas

y locutor comercial. Es Presidente de la Asociación

Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). En la

actualidad es Director de la Región Occidente del Instituto

Radiofónico Fe y Alegría; Director de la Región Guayana

(Encargado) del Instituto Radiofónico Fe y Alegría; Sub-

Director Nacional del Instituto Radiofónico Fe y Alegría;

Asesor del Departamento de Comunicación de la Conferencia

Episcopal Latinoamericana (CELAM); Miembro de OJO

ELECTORAL, organización no gubernamental de observación

y veeduría electoral; Miembro Honorario del Centro de

Educación Popular “Jesús Rosario Ortega” Chevoche de Santa

Rosa de Agua, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela

Buenas tardes, en el marco de esta nueva visita que hago a Argentina, siento que hay como dos grandes debates que me llaman la atención, por un lado este gran debate sobre la nueva ley de radiodifusión y el otro gran debate, es quién va a ser el técnico de la selección argentina. Y me llama poderosamente la atención como se debaten entre Bianchi, Bilardo, Maradona, y eso está muy bien cubierto por los medios y eso es primera plana y unos cuantos minutos de televisión y unos cuantos minutos de radio y me llama más poderosamente la atención que este gran debate de la ley no está cubierto por esos mismos medios. Me llama más la atención como los medios que cubren ese otro gran debate, que no le resto importancia, son los mismos medios de siempre, los mismos medios que hemos estado acostumbrados a consumir y los que nos han reducido a consumidores, pero por otro lado veo que hay otros medios que sí están cubriendo este otro gran debate. Veo que la información de este gran debate ha salido en TELAM, ha salido en FARCO y no es menor esto, no es menor que los medios de siempre nos mareen en la media cancha, con nombres y agendas, y no cubran nombres y otras agendas, que otros medios de comunicación sí estamos interesados, no sólo en cubrir, sino en participar en el debate.

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Y esta observación casual, de la mera casuística del momento, porque si estuviera Argentina primera en la clasificatoria no estaría el debate, pues es probable que la agenda de esos medios hubiera sido muy parecida, con otra historia y con otros nombres, pero también es muy casual que muchas radios y muchos medios en la Argentina estuvieran dando los debates de fondo en una sociedad como la argentina. Y los debates de fondo en definitiva son el modelo de sociedad que estamos construyendo y estamos buscando y esos modelos de sociedad son coherentes con sus modelos comunicacionales, un modelo comunicacional vertical, de la dictadura, en pleno siglo 21, con redacción de años oscuros del siglo 20 y con vocación del siglo 19, no puede ser coherente con un país que mira hacia delante queriendo construir un futuro mejor, incluyente donde participe la población cada vez más, una participación política, democrática e incluyente.

Por lo tanto no es menor que hoy se esté dando un debate para sacudirse uno de los tantos sucios que nos siguen quedando de años atrás, de la dictadura, no es menor el debate que se está dando puesto que lo que está en juego es el modelo de sociedad que se quiere construir. Pienso en este sentido y en este marco importante en el que se da este debate, también rescato varias cosas que observo y quiero devolverlas como quien quiere poner un espejo a un grupo de gente, a un país, a una sociedad que está buscando caminos mas democráticos.

En primer lugar me llama muchísimo la atención que el órgano rector, el COMFER, sea uno de los grandes patrocinantes del debate. Esto no suele pasar en América Latina, tengo que decir que en el caso de mi país Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL, órgano homólogo a la COMFER) sí ofrece espacios de estos, de discusión, no es casual, pero en la mayoría de los países por no decir en todos los demás, estos debates son casi subversivos o secretos, como subversivo es mantenernos días y días con la agenda del debate sobre el técnico de la selección argentina de fútbol.

Por otra parte constato que los que están impulsando esta ley, tienen claro que lo que está en juego es el modelo de sociedad y para eso no son cuatro juristas iluminados, que los hay dentro de ese grupo, los que están presentando una letra que pudiera ser muerta más adelante;

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sino que me llama poderosamente la atención que para abofetear más duro a la dictadura y proponer el más lindo camino democrático, se ha conformado una coalición de movimientos sociales y de gente muy diversa, gente que en la calle se consigna opositora, pero frente a un modelo de comunicación, se une, firma y acompaña.

Y para mí que no veo los toros desde la barrera, que estoy altamente implicado en lo que pase en la Argentina, ya después les explicaré la relación que tenemos con FARCO, no soy objetivo evidentemente ni pretendo, soy muy subjetivo en decir que me llama poderosamente la atención porque me parece una estrategia muy acertada, de no sólo hacer esos lobbies a los que se refería Rosa María Alfaro, sino que, esto está agarrando cuerpo de movimiento social por una ley de radiodifusión más democrática y pertinente al siglo 21 argentino. Son sectores que en la calle se oponen, pero aquí firman, son gremios, la Iglesia Católica pronunciándose a favor, los diputados de la provincia de Buenos Aires pronunciándose a favor, gente del gobierno, gente de oposición, gente de la izquierda, y alguna gente de otras expresiones ideológicas, entonces eso me llama poderosamente la atención.

También me llama la atención no ver a los medios de comunicación comerciales que en si mismos no son malos, no son el diablo, lo cuestionable de esos medios son los intereses que están detrás y los intereses de muchos de esos dueños que están detrás. Pero también estaría casi seguro que habría algunos dueños un poco mas conscientes, que sería interesante, que también tuvieran una participación un poco más activa, aunque en mi país se dice que el que le pega a su familia se arruina, pero es momento de que esos medios comerciales, sus dueños y sus intereses definan cuál es su familia ¿la del 80, o la del 2008, o 2009?

Por otra parte me llama poderosamente la atención también el cierto retardo, y lo digo con cariño y con aprecio, el cierto retardo del Ejecutivo Nacional en la presentación de esta ley al Congreso, en mi país se dice matar el tigre y tenerle miedo al cuero, creo que después del decidido apoyo que ha dado el Ejecutivo, valdría la pena dar un decidido envión al Congreso, para que haya un decidido debate y una decidida aprobación. Me llaman poderosamente la atención estos aspectos, que

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no me puedo ir sin señalarlos con cariño, con respeto y con admiración, cariño, porque me siento altamente involucrado de corazón, respeto, porque creo que es un planteamiento de fondo y admiración, porque no es un planteamiento de cuatro locos, ni locas sino de un grupo de la sociedad que está planteándole al país un modelo comunicacional que repito, estoy seguro que es coherente con un modelo de país que quieren construir.

En esta segunda parte quisiera presentar dos experiencias, quizás la gente que no apoya la ley entre otras razones, es porque tiene miedo, tiene miedo a salirse del esquemita de la agenda del entrenador de la selección, porque, y esa gente ¿qué va a hacer entonces? Primero no tienen plata y para meterse en los medios hay que tener plata, segundo, toda la vida han sido de pelo largo, ahora usan tatuajes y hasta aritos, pareciera que son de otro mundo y no, en América Latina hay un montón de gente que tienen modelos comunicacionales que me gustaría presentar. Me gustaría presentar al menos dos experiencias, mi experiencia de Venezuela y algunas experiencias que vamos viendo en América Latina a través de ALER.

Yo vengo de “Fe y Alegría” que es una asociación sin fines de lucro impulsada y promovida por los padres jesuitas en Venezuela. Somos 180 colegios más o menos, 18 radios, somos 350 centros de capacitación laboral juvenil, hay varias escuelas agropecuarias, hay tres institutos universitarios. Tenemos unas 5.000 personas que están en proceso de profesionalización, son docentes en ejercicio que no sacaron su licenciatura en su momento y ahora la están haciendo a través de un convenio entre “Fe y Alegría” y unas universidades. Somos 13.000 trabajadores, de esos 13.000, 100 son curas y monjas, el resto somos laicos y laicas. Somos 13.000 personas que no se mantienen de la nada, en el programa de educación radiofónica y de radio, somos unos 450 trabajadores que estamos distribuidos en el país. Desarrollamos programas de alfabetización porque el Estado no llega a todas partes, a pesar de los grandes esfuerzos, de este gobierno y de gobiernos anteriores, todavía no llega a toda la población, por cierto es mentira eso de que Venezuela tiene alfabetización cero, no es cierto, hay mucha gente que todavía no sabe leer ni escribir, que no tiene la primaria y

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que no tiene las necesidades educativas básicas cubiertas, por cierto muchos de ellos son alumnos nuestros.

“Fe y Alegría” trabaja desde hace 53 años con las escuelas y 33 años con el Instituto Radiofónico, tiene una propuesta de edu-comunicación utilizando los medios y priorizando la radio. Nosotros tenemos un programa de alfabetización para gente mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir, hasta le damos la oportunidad de tener un técnico medio para tener un oficio y su bachillerato. Esto lo hacemos con dos horas de programación a 25.000 personas en el país, de esos dos terceras partes tienen entre 15 y 25 años, y también dos terceras partes son mujeres. Así que el Instituto Radiofónica “Fe y Alegría”, el IRFA, es mujer y es joven. Todo este tramado de educación y comunicación es realizado en el marco de un convenio con el Estado. El 60 por ciento del financiamiento de esta propuesta edu-comunicativa es cubierto por el Estado. Hay que tomar en cuenta varios entendidos, el primer entendido es que “Fe y Alegría” es una institución privada, sin fines de lucro que trabaja con la educación pública, y el Estado tiene que apoyar iniciativas de este tipo. En segundo lugar, porque demostramos eficiencia, dado que un alumno nuestro cuesta hasta diez veces menos que uno atendido por el Ministerio de Educación o las misiones. También creo que es importante resaltar que el IRFA ofrece la posibilidad a los muchachos y muchachas, que no pudieron estudiar porque el sistema educativo los expulsó, de adquirir una capacitación laboral básica y además adquieren un titulo medio reconocido por el ministerio.

Todo esto tiene una gran ancla que es la radio, es una red de radios que en muchos temas somos pequeños, y los pequeños algún día podemos crecer, y podemos crecer hacia afuera en el servicio. Quiero presentar esta experiencia nuestra porque creo que en Argentina también hay problemas de atención educativa, porque creo que hay zonas donde el Estado llega menos, o no llega, porque creo que hay zonas donde hay una radio que se plantea opciones educativas y opciones informativas, y esta segunda dimensión de lo informativo es también la otra cara del trabajo que hacemos en Venezuela. Esa franja horaria de un par de horas, evidentemente está volcada al programa educativo formal, pero en las otras 22, tenemos una propuesta de programación que intenta ganar cada vez más audiencia, pero utilizando otro esquema de programación.

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En Venezuela, la parte informativa está altamente segmentada, podemos dividir a los medios en los que están a favor del gobierno y los que están en contra del gobierno y eso genera además agendas tan opuestas como la agenda del canal público, Venezolana de Televisión, que yo lo llamo en algunos círculos y como esto no lo están cubriendo los grandes medios, lo puedo decir, yo lo llamo “Discovery Chávez”, porque pareciera que es un país donde todo es maravilloso, donde todo lo que allí pasa es la gran revolución y realmente no, hay problemas, en VTV no hay problemas. Y por otro lado, están los canales que Chávez llama del infierno, como por ejemplo RCTV Internacional o Venevisión o Televen o Globovisión o al que se le ocurra nombrar algún domingo en “Aló Presidente”, pero para esos medios el país arde por los cuatro costados y bueno y con el perdón, lo puedo decir aquí, porque si lo digo allá, también lo puedo decir acá, las dos cosas son mentira. O sea, no es mi país un “Discovery Chávez”, ni mi país es un infierno, en mi país hay una libertad de expresión casi grosera, y cuando digo casi, es porque parte de la grosería parte del mismo gobierno, no es posible, que el discurso electoral sea llamando al opositor “desgraciado”, “imbécil” y el otro le responde es que “tú eres un loco de carretera”. Esas son las grandes discusiones a través de nuestros medios en este momento, así que la libertad de expresión es casi grosera. En medio de esta polarización, donde la premisa es de qué lado estás, para un medio como “Fe y Alegría”, no es decir estoy, ni con este, ni con el otro, estoy con el que ofrezca, el que proponga salidas creativas a este país, que están por cierto de este lado y de este otro lado.

Mantener una línea editorial independiente, mantener una línea editorial equilibrada, responsable, honesta y subjetiva, subjetiva porque tenemos un basamento claro, nuestro lugar epistemológico, desde donde significamos el mundo, son los sectores populares y desde una perspectiva cristiana, entonces es desde ahí, con esos lentes, con esos colores y con esos matices, es que tratamos de abordar la realidad venezolana. Los más radicales dicen, que somos guabinosos, que no tenemos posición, y los más opositores dicen que somos pro-gobierno. Con lo cual frente a esta gran polarización tener medios en nuestras manos, que puedan mostrar que el diálogo es posible, que una construcción incluyente, no boba, ni ingenua porque hay intereses radicalmente opuestos, pero que es posible

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el diálogo desde el respeto y el diálogo desde la construcción colectiva, es para nosotros una opción informativa.

En el año 2002, como anécdota, cuando los empresarios, algunos militares y algunas elites, dieron el golpe de Estado al presidente Chávez, los medios de comunicación tuvieron una infeliz participación, que fue aislarse y no transmitir lo que estaba pasando. En ese marco, nuestra red “Fe y Alegría” se jugó por el camino que para nosotros era el correcto, que era el camino del diálogo y de la información confirmada, viniera de donde viniera. Tuvimos entrevistas muy célebres de los golpeados y los golpistas conversando al aire, tuvimos además la posibilidad de que la población expresara, tuvimos casi lo que cualquier medio puede soñar, que es casi la totalidad de la audiencia. Y en esto sí creo que los medios comunitarios tenemos pretensiones hegemónicas, queremos que todos nos escuchen porque el modelo de sociedad que tenemos entre manos es muy interesante y los incluye a ellos. Este evento de cobertura informativa, tuvo el reconocimiento oficial y formal por parte de los dos grupos que estaban en oposición en ese momento. El día que estabamos recibiendo el Premio Nacional de Periodismo de manos del presidente Chávez en el 2002, no nos pudimos quedar a la fiesta en Miraflores, porque en la noche fuimos a recibir el premio del principal gobernador de la oposición que estaba firmando el decreto del golpe, por la misma cobertura periodística. En realidad el reconocimiento que más nos halaga es el reconocimiento que nos ha hecho la gente y la población, porque nos escuchó y dio credibilidad a lo que transmitíamos; pero no es menor este dato de los premios.

Por ultimo quiero presentar una experiencia a nivel latinoamericano, que es la experiencia de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, que puede también iluminar, iluminar a algunos temerosos de la nueva ley que pueden todavía quedar en la Argentina, que puedan temer a un nuevo marco regulatorio de las comunicaciones, o mejor dicho, ponerle un caminito desde la comunicación, a esa nueva sociedad que queremos construir. ALER es una asociación civil sin fines de lucro también, que agrupa a 120 radios y centros de producción en 17 países de América Latina y es nuestro espacio de construcción continental. Aquí en Argentina tenemos varias emisoras afiliadas y además esas emisoras están

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afiliadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, y FARCO es ALER en Argentina.

Para nosotros ALER es un espacio de construcción de redes y de redes alternativas, de comunicación, educación y desarrollo de las localidades. Las grandes cadenas de medios comerciales tienen una red satelital para que los grandes iluminados y opinadores del continente hablen sobre América Latina, eso es aceptado y entonces el debate de quién es el técnico de la selección Argentina, trasciende la frontera y vemos como otros países opinan también. Pero cuando opinan los indígenas, de Ecuador, de Perú y de Bolivia, cuando expresan sus posiciones, sus vidas, su cultura, su cosmovisión, su manera de ver la realidad no salen en esos grandes medios, entonces desde ALER estamos impulsando varias redes y yo quiero mencionar al menos dos que pueden ser significativas para acá.

Una es la red Kiechua Satelital, los indígenas, los hermanos quechuas y quichuas decidieron hace diez años tener una programación común vía satélite en quichua y en quechua donde expresan, se informan, muestran lo que son, de un lado y de otro y además nos transmiten al resto como son y que piensan, es una red que tiene el gran mérito de haberse mantenido en estos diez años y sobre todo con un modelo organizativo propio de su cultura, propio de sus comunidades y han rotado las sedes, han expresado desde la forma misma de organización lo que son como pueblo y como cultura. Esa red sólo es posible, si es promovida, si es estimulada por los movimientos sociales, pero evidentemente, también si tienen el apoyo de organismos gubernamentales y sobre todo de gente que lo quiera hacer. Entiendo que en Argentina también hay redes de radios indígenas, así que la experiencia de la red Kiechua satelital puede ser una experiencia que puede iluminar la búsqueda que estamos haciendo desde acá.

Hay otra red, que es la red de migraciones, en la última asamblea de ALER que fue en 2005, se llegó entre los afiliados a una pretensiosa definición, América Latina no era desde el Río Bravo hasta la Patagonia, sino hasta donde llegara algún latinoamericano, con lo cual las fronteras de América Latina no son solo geográficas, sino culturales y sino veamos lo que pasa en Estados Unidos. Sino veamos lo que pasa en

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Europa. Desde hace varios años en ALER estamos altamente implicados y preocupados por este incremento del flujo migratorio y estamos tratando de hacer un aporte desde la comunicación. Hay programas muy emblemáticos como “Callos y Guatitas” que es el nombre que reciben en Ecuador los callos madrileños, ese plato sabroso de panza de vaca y garbanzo; “Callos y Guatitas”, que es un programa realizado entre el Ecuador y España, muestra el punto de vista de los ecuatorianos que comen el mismo plato allá y acá, muestra lo que deja y lo que recibe, muestra la sociedad que deja y la sociedad en la que se inserta. Sociedades que tienen transformaciones, transformaciones culturales, económicas, etc. Sino veamos que la segunda fuente de ingreso de divisas del Ecuador son las remesas de dólares, después del petróleo. Esta experiencia de red de migración y radio puede servir al modelo que buscamos en Argentina, es decir de manera no menos pretenciosa que la Argentina llega hasta donde llega un argentino, es decir -sí sé que hasta el cielo, está bien para los que se sonríen- pero en definitiva, un argentino que sale influye culturalmente en la sociedad que le recibe, pero también deja una marca en la sociedad que deja.

La posibilidad de que medios alternativos, alternativos repito a la agenda única del seleccionador argentino, podamos tener una discusión y una construcción colectiva, una construcción global con un pie en lo local y un pie en lo global, es una posibilidad que puede hacerse teniendo unos marcos que favorezcan que haya otra comunicación que sí es posible. Que lo que subvierte el orden de la sociedad no es una ley de futuro, sino es la oscuridad de la ley del pasado. Puede haber más ejemplos, mas anécdotas, pero como en el fútbol, aquí no dan ni siquiera el suplementario, yo voy a ir terminando diciendo lo siguiente, quiero repetir y dejar claro que la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, apoya el camino para la aprobación de esta ley, y que acompaña y se honra de poder trabajar con las radios de FARCO en la construcción de una nueva Argentina y de un modelo de sociedad mas democrático. Muchas gracias al COMFER, muchas gracias a los y las presentes.

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Lonna Thompson ESTADOS UNIDOS

Abogada. Vicepresidente Senior y Abogada General de la

Asociación de Estaciones de Televisión Pública (APTS por

sus siglas en inglés). Es supervisora de Asuntos legales de

la Asociación, y representa los intereses de los miembros

de las estaciones en regulaciones y procedimientos de la

Corte. Es responsable de proveer apoyo legal a la función

legislativa de APTS y servicios al staff de enlace para la

Junta de Síndicos. Una de las prioridades es asegurar que las

estaciones de televisión pública tengan un rol preponderante

en la educación digital, los servicios rurales y la seguridad

del país. Antes de unirse a APTS en 1994 fue abogada en

comunicaciones en la actividad privada por 10 años. Recibió

su titulo de la Universidad Georgetown Centro de Leyes, posee

un Master en Estudios de la Comunicación de la Universidad

de Massachusetts en Amherst y es Licenciada en Inglés de la

Universidad Lebanon Valley en Pennsylvania.

Estoy muy contenta de estar aquí hoy y deseo agradecer especialmente al Sr. Gabriel Mariotto y al Sr. Luis Lazzaro por haberme invitado. Es un honor estar y hablar con estos distinguidos panelistas. Yo he aprendido mucho en estos últimos días de mis amigos del COMFER y de los otros panelistas que han estado aquí en este debate público, y es un gran honor estar con ellos.

Me gustaría hablar sobre la TV pública y sobre nuestra estructura en los Estados Unidos. Después me gustaría hablar sobre nuestros servicios de Televisión Pública Digital y sobre cómo servimos e interactuamos con el público en los Estados Unidos.

Déjenme contarles primero sobre mi organización, la Asociación de Estaciones de la TV Pública. En Estados Unidos hay cuatro organizaciones principales que trabajan con la TV y la Radio públicas. La Radio Nacional Pública (NPR, por sus siglas en inglés) trabaja con la radio; el Sistema de Televisión Pública PBS trabaja con la programación

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televisiva y el sistema satelital, y la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés) que recibe y canaliza el financiamiento federal. Luego está la APTS, mi organización. Lo que nosotros hacemos es abogar por las organizaciones del sistema de difusión pública.

Nosotros apoyamos a estas organizaciones, defendemos sus intereses ante entidades externas y apoyamos el desarrollo y crecimiento de un sistema independiente de televisión no-comercial al servicio del público de Estados Unidos. Además, APTS aboga ante el Congreso, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y otras agencias en dos cuestiones importantes. La primera es el financiamiento, porque necesitamos incrementar el financiamiento constantemente. La segunda son las reglas de la FCC que permitirán a nuestras estaciones de TV prosperar en la era digital.

Veamos ahora los tipos de licencias: las estaciones de TV pública son de propiedad y control local. Eso significa el gobierno federal no controla el sistema y también significa que la PBS no constituye una red similar a las cadenas comerciales –ABC, CBS, NBC y FOX-, y no opera como estas cadenas ya que la misión fundamental de la TV pública es informar, educar e inspirar.

Las estaciones públicas de TV son miembros de PBS, pagan cuotas para recibir programación y para el uso de las redes satelitales y terrestres. Los licenciatarios son en su mayoría licenciatarios de la comunidad. A menudo me preguntan qué es un licenciatario comunitario, y para ilustrar este concepto voy a emplear un ejemplo local. Supongamos que la ciudad de San Luis, Missouri necesita una segunda estación de TV. Entonces, la comunidad local se reúne, forma un consejo directivo, con miembros de la misma comunidad, y este consejo supervisa y desarrolla la programación de la nueva estación. Es decir, la característica fundamental de los licenciatarios comunitarios es que su organización y sus mecanismos de toma de decisiones emanan de la misma comunidad.

Nosotros somos afortunados en los Estados Unidos porque cuando el espectro electromagnético se dividió a comienzos de los ’50 se

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reservaron canales para la TV pública en todo el territorio nacional, y para cada comunidad de los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando la comunidad siente que precisa su propia estación de TV, el espectro y el canal están disponibles y reservados, pero deben ser operados por un licenciatario de TV pública, sin fines de lucro. Otro grupo que puede operar canales de televisión pública son las universidades, y también existen algunas redes estatales y escolares para niños -desde el Jardín de Infantes hasta los 12 años- y sistemas escolares no universitarios.

Con relación a las fuentes de financiamiento de la TV pública, el gobierno federal, y los gobiernos locales y estatales son fuentes muy importantes. Sin embargo, la mayor parte de nuestro financiamiento proviene de los miembros y donantes voluntarios de la comunidad. El financiamiento federal no llega a un dólar por año, por ciudadano, por tanto el financiamiento mayoritario proviene de los estados, socios, donaciones, comunidades, universidades, escuelas y fundaciones. Creo que esto es importante porque el público realmente controla el sistema. Las estaciones y redes de televisión pública no son propiedad comercial y el público posee y controla el sistema.

Las estaciones forman un sistema descentralizado en términos de programación y organización porque la PBS no es una red. Hay 356 estaciones a lo largo del país, y existen aproximadamente 700 repetidoras. Asimismo, estamos interconectados en un 100% a través del satélite de la PBS. En otras palabras, se trata de un sistema que abarca todo el territorio nacional a través de sus emisoras principales y repetidoras, las cuales transmiten la señal incluso a las áreas rurales del país en donde no se recibe la televisión comercial.

El 99% de la población de Estados Unidos recibe la señal de la TV pública. Esto es muy importante porque en muchas áreas rurales, particularmente en la zona oeste de nuestro país, no se recibe la señal de las emisoras comerciales porque la inversión que se requeriría para instalar la infraestructura necesaria para transmitir no se puede justificar desde el punto de vista económico: no hay suficiente audiencia. Por lo tanto, en muchas reservaciones indígenas y territorios del oeste solamente se recibe la televisión pública.

En este momento estamos atravesando la transición digital y quiero

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comentarles brevemente qué estamos haciendo al respecto. En términos de financiamiento, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los donantes -los privados y las fundaciones sin fines de lucro- han aportado 1.5 billones de dólares para la transición digital. En términos de nuestra programación digital, la transmisión digital inicia el 17 febrero 2009. Sin embargo, 97% de nuestras estaciones ya ha realizado la transición y están operando en digital, la mayoría transmite en Alta Definición (HD) 24 horas al día y 7 días a la semana, y por lo menos una o dos o estaciones más transmiten en definición standard y canales multicast. Otras estaciones retransmiten en definición standard durante el día y cambian a HD por la noche, y hay estaciones que lo hacen las 24 horas al día durante la semana laboral.

Nuestro país ha adoptado el estándar ATSC y nuestras estaciones están combinando HD, digital multicast y digital datacast. Nosotros utilizamos el espectro de radiodifusión para transmitir los datos a escuelas, para usos públicos vinculados a la seguridad, para áreas rurales donde no existen banda ancha o conexiones a Internet, y también para usos móviles que permiten recibir la señal en cualquier momento y lugar.El Standard ATSC es escalable; nos permite prestar servicios de transmisión de datos y adaptarnos a audiencias múltiples. Además, su flexibilidad se presta para la transmisión de la señal a teléfonos móviles. Actualmente estamos observando un gran crecimiento la telefonía celular, y por esto consideramos que la señal digital es muy importante para la TV pública por dos razones. La primera es que la capacidad de realizar multicasting que nos permite alcanzar nuevas audiencias. La TV pública tuvo dificultades para atraer a los adolescentes y adultos jóvenes. Se nos considera los mejores en programas infantiles (para niños de hasta 11 años) y somos muy populares entre los de mediana edad o mayores, como yo. Sin embargo, debemos trabajar más para atraer a los adolescentes y adultos jóvenes (treinta y tantos años). Nuestra esperanza es utilizar la tecnología digital para alcanzar a dicho sector. Hemos notado que la audiencia en cuestión es muy móvil. Mis tres hijos, por ejemplo, tienen veinte y tantos años. Ellos quieren recibir sus videos en cualquier momento y lugar, y utilizar la tecnología móvil. Para servir a este grupo, la TV pública debe crecer en el área de la tecnología móvil.

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La otra cuestión importante es generar nuevos ingresos. Nosotros consideramos que al utilizar el espectro para datacasting, y otros servicios, la televisión pública puede generar nuevos ingresos. Los sistemas escolares pagan por usos educativos, para sus maestros, para el entrenamiento de los docentes, para trabajos de campo con componentes audiovisuales, y para evaluar a sus estudiantes. El sistema de televisión pública puede proporcionar diversos servicios al dividir el ancho de banda disponible entre la señal HD y otros usos. Esto se ha hecho de la siguiente forma: se utilizan aproximadamente de 11 a 13 Mbps para la transmisión de la señal HD (con 2 Mbps adicionales destinados para HD de alta calidad). Igualmente, se han destinado aproximadamente 2Mbps por canal para la señal estándard, entre 1 y 2 Mbps para el datacasting digital y entre 2.5 y 5 Mbps para el video móvil. En otras palabras, la forma en que hemos dividido el ancho de banda nos permite proporcionar otros servicios además de la televisión digital de alta definición.

Nuestra programación puede verse en HD y en definición standard de alta calidad; los usuarios pueden verla en sus aparatos de TV, y también en un celular, porque tenemos un canal digital dedicado a celulares. Asimismo, podemos utilizar el espectro para datacasting y otros servicios, los cuales podemos proporcionar cuando el ancho de banda no se dedica exclusivamente a la señal digital. Así, por ejemplo una maestra puede bajar sus planes de clase de la internet para tenerlos listos en su laptop en cualquier momento.

Asimismo, hemos desarrollado servicios de multicasting. El 85% de nuestras estaciones proporcionan un canal infantil; el 75% tiene dos canales educativos formales, y también transmitimos canales con programación educativa que se dirige a escuelas locales y estatales. En Florida, por ejemplo, PBS mantiene un canal que se dirige a las escuelas de todo el estado. Este servicio es posible gracias a un acuerdo con el gobierno estatal. Por otra parte, también tenemos canales locales y estatales que se especializan en la cobertura de la legislatura local y estatal, los asuntos públicos, las contiendas políticas y los eventos culturales y deportivos locales. Otras alternativas consisten en la transmisión de programas sobre la política pública nacional, programas

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educativos, y canales culturales. Es decir, la forma en que nosotros utilizamos el espectro nos permite transmitir una combinación de programación nacional de la PBS y la programación local producida por las emisoras.

Rápidamente me quiero referir al datacasting digital. Hemos dedicado este servicio principalmente a la educación, y puede utilizarse para proporcionar servicios de subtitulado para sordos, o de descripción de video para los no-videntes. Asimismo, transmitimos en múltiples idiomas, y particularmente, para los hogares hispanos, en español. También proporcionamos herramientas educativas, como por ejemplo el contenido curricular interactivo, guías de estudio para docentes y estudiantes, materiales de entrenamiento, servicios de biblioteca, internet y excursiones virtuales.

Otro uso importante del datacasting es el de proporcionar servicios de banda ancha a las zonas rurales. El acceso a la banda ancha es limitado en las zonas rurales de Estados Unidos, y en muchos lugares estamos retrasados en comparación con otros países en lo que se refiere a banda ancha y acceso a internet. A pesar de que la TV digital pública es sólo de transmisión de una vía, nosotros tenemos la capacidad de operar una banda ancha y enviar datos a las áreas más rurales del país que no están conectadas a internet. Nosotros podemos prestar este servicio porque nuestra señal llega al 99% de la población, y de hecho, la transmisión de datos por medio de nuestra red a las escuelas rurales tiene un valor superior a los $600 millones de dólares anuales. El uso más reciente del datacasting es en el terreno de la seguridad pública y la APTS, mi organización, realizó, junto al Departamento de Seguridad Interna Nacional y las estaciones de TV pública del país, un acuerdo de cooperación para utilizar el espectro de la TV pública para enviar datos de alerta a todo el país. El mensaje puede ser creado por el Departamento de Seguridad Interna Nacional, o cualquier otra agencia gubernamental, y es transmitido al satélite de la PBS para ser re-transmitido a las estaciones de TV pública. Las estaciones públicas pueden transmitir estos mensajes a estaciones comerciales, a proveedores de cable, a teléfonos celulares, e incluso pueden transmitir estas señales en clave para mensajes intergubernamentales clasificados.

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Esto ha sido muy importante para la TV pública porque nos ha ayudado a convencer a los parlamentarios, en particular hoy en día, de que proporcionamos servicios importantes. Nosotros no sólo transmitimos programación de alta calidad; también proporcionamos servicios educativos y de seguridad pública. Un ejemplo de esto es nuestra estación de TV Pública en Las Vegas. Gracias a un acuerdo entre las agencias locales de seguridad pública y la estación KLVX de Las Vegas, se transmiten mensajes relacionados con la seguridad pública. Por ejemplo, si ocurriera una amenaza terrorista, un incendio, u otro evento en los casinos, estas estaciones pueden transmitir automáticamente los planos a la agencias de seguridad pública como la policía o los bomberos, con sólo conectarse a la red de KLVX. Por lo tanto la interacción es inmediata. Este servicio también incluye el sistema escolar del municipio de Las Vegas, mapas de todas las escuelas primarias y secundarias, en caso de que ocurriera algún problema de seguridad pública y los oficiales tuviesen que entrar inmediatamente en las escuelas. Al atender estas necesidades nosotros reutilizamos de manera creativa los recursos de las estaciones de TV pública, para que estas se conviertan en algo más que valiosos proveedores programación televisiva. Nuestro objetivo es también involucrarnos con el servicio a la comunidad.

La última iniciativa es nuestro video móvil abierto. Las estaciones públicas son parte de la Coalición de Video Móvil Abierto. Actualmente estamos desarrollando el standard y se ha completado el standard candidato, el cual está bajo revisión. Esperamos poder iniciar la revisión final durante el próximo año. Nosotros esperamos que con el nuevo standard podremos proporcionar servicios de triple play (HD, multicast, móvil) y competir con la TV comercial. Continuaremos proporcionando servicios de alta calidad en alta definición, multicast, transmisión de datos y movilidad para otros usos.

Les voy a mostrar el video de uno de sus servicios SD, multicast desarrollado hace tres años. Hay mucho contenido nuevo, y, aunque el contenido de este video es anterior, le da un sentido a lo que la televisión pública hace: escuchar al público y responder a sus necesidades. Este es un nuevo servicio que se desarrolló, un video para la población de habla hispana.

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Se los quería mostrar porque pienso que esto es muy importante, esto es un canal multicast Y como dije, este video tiene ya tres años; se trata de un canal que transmite 24 horas al día y 7 días a la semana. Este canal combina programación de buena calidad de todo el país, y es el tipo de colaboración que caracteriza a la televisión pública. Nosotros necesitamos desarrollar estas ideas en la era digital y constantemente le reiteramos al Congreso y a la FCC sobre la necesidad de contar con regulaciones positivas que nos ayuden a crecer. Al mismo tiempo necesitamos interactuar constantemente con el público para representar verdaderamente lo que el público necesita y quiere ver. Esto concluye mis observaciones y acepto preguntas. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.

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Legislación internacionalen comunicación audiovisual

Moderadora

Laura Calogero Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ARGENTINA

Panelistas

Joao Brant Graduado en Comunicación Social Maestrías en regulación y políticas de comunicación Miembro de la coordinación Ejecutiva de Intervozes – Colectivo Brasil de Comunicación Social BRASIL

Josep María Carbonell Lic. en Filosofía Universidad Autónoma de Barcelona Presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña ESPAÑA

Gustavo Gómez Docente Universitario Director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe (AMARC-ALC) URUGUAY

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Laura Calógero ARGENTINA Moderadora

Desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal agradecemos al COMFER por la participación en esta jornada. Estamos dispuestos y muy interesados en colaborar con la reforma de la ley de radiodifusión llevando la democratización al proceso comunicacional con la redacción de una nueva ley que conjugue todas las ideologías y todas las necesidades.

No nos olvidemos nunca que el derecho a la información tiene dos caras, aquella de la emisión de la información y aquella de la recepción. Hoy por hoy nosotros tenemos una ley de radiodifusión obsoleta, perteneciente a un régimen dictatorial que limita muchísimo el canal comunicacional. Hoy necesitamos darle voz a los que no tienen voz. Hoy debemos darle la participación a las comunidades, debemos darle la participación a aquellas poblaciones alejadas de la Capital Federal, que tengan la posibilidad de sentirse representadas y que puedan mantener el estilo federal de gobierno que nos rige a nosotros en la Argentina, y básicamente que puedan expresar sus ideas libremente y sin la necesidad de estar acotadas por determinados regímenes de comunicación social.

Nosotros, desde el punto de vista de la legislación, estamos en contra de cualquier tipo de monopolio, de oligopolio que maneje la prensa, la comunicación, y es vital respetar algunas pautas de comunicación entre las comunidades, que como ya dijimos, están más alejadas desde el aspecto económico de la posibilidad de comunicarse con la sociedad.

Hoy tenemos en este panel a representantes de distintos países: João Brant de Brasil, Josep Carbonell de España, y Gustavo Gómez de Uruguay, quienes tratarán sobre legislación internacional en comunicación audiovisual. Muchas Gracias.

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João Brant BRASIL

Graduado en Comunicación Social (Radio y TV) de la

Universidad de São Paulo, con masters en regulación y

políticas de comunicación en la London School of Economics

and Political Science (LSE). Ha trabajado en la TV USP, en el

proyecto Cidade do Conhecimento y en el periódico Em Tempo,

y fue colaborador de la revista Caros Amigos por cuatro

años. Es miembro y actualmente parte de la coordinación

ejecutiva de Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação

Social- grupo que reúne activistas de todo Brasil y lucha

para hacer efectivo el derecho a la comunicación. Actúa en

la formulación y defensa de políticas públicas democráticas y

por el fortalecimiento de la comunicación popular. Es coautor

del libro “Comunicação digital e a construção dos commons”,

donde discute las nuevas modalidades de regulación del

espectro electromagnético.

Buenas tardes a todos y a todas, en principio me gustaría agradecer la invitación al COMFER y a la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Me han propuesto hacer una presentación crítica sobre la legislación brasilera en el campo de la radiodifusión. En realidad yo pienso que lo central, en este momento que vive Argentina de discusión de un nuevo proyecto de radiodifusión es traer información para que pueda servir de alerta, no necesariamente de referencia positiva, porque como ustedes van a ver la situación en Brasil tiene pocos elementos que tal vez puedan funcionar como referencia positiva, pero tal vez justamente las fallas, los problemas de la legislación brasilera puedan mostrar algunos errores para que no sean cometidos también aquí en Argentina.

Voy a presentar aquí algunas ideas mías, no solo mías, compartidas por muchos, principalmente sobre pluralidad y diversidad, porque me parece un tema fundamental, y voy a desarrollar cómo transformar estos conceptos, estos principios, en textos legales.

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Para comenzar daré un panorama general y por más que sean muy técnicas algunas partes de la presentación, me parece importante tratar sobre el texto legal brasilero. El panorama general del marco regulatorio de la radiodifusión brasilera tiene cuatro elementos fundamentales. El primero de ellos es la Constitución Federal de 1988, fue una constitución hecha después que finalizó la dictadura militar en 1985, a partir de 1986 se conformó una Asamblea Constituyente que acaba promulgando la Constitución en 1988.

El principal texto de regulación de la radiodifusión brasilera es el Código Brasilero de Telecomunicaciones que fue realizado en 1962. Por lo tanto nuestro problema es en cierta forma mejor que el de Argentina, porque más allá de que el código sea muy antiguo, por ejemplo la TV blanca y negra estaba llegando a Brasil en esa época, éste fue hecho antes de la dictadura militar, por lo tanto tiene menos carga dictatorial. Al año siguiente se produjo un reglamento que restringe esa ley y, ya durante la Dictadura Militar en 1967, se hicieron modificaciones y agregados, en los cuales se colocaron, entre otros, límites a la propiedad.

La Constitución de 1988, justamente por estar saliendo de un proceso de Dictadura Militar, se fundó en la afirmación de la libertad, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la prohibición explícita a la censura, afirmando también el derecho a réplica y a mantener el secreto de la fuente. Estos principios constitucionales, como veremos más adelante, son fundamentales porque organizan el marco regulatorio brasilero fundado en la idea de libertad. Sin embargo, no pudieron garantizar que esta idea de libertad fuese efectiva para todos. Como sabemos esa libertad, sin que haya otros mecanismo de incentivo a la pluralidad y a la diversidad, termina transformándose en la ley de la selva y esa no es la libertad que queremos.

Otros principios constitucionales que surgieron en la Constitución de 1988 fueron: la prohibición de monopolios y oligopolios directos e indirectos en los medios de comunicación, no sólo en la radiodifusión, sino también en la prensa escrita; la prioridad a finalidades educativas, artísticas, culturales e informativas; la obligación de un porcentaje de programación regional y el apoyo a la producción independiente. Lo que quiero resaltar con relación a la Constitución brasilera es que,

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más allá de la relevancia de los principios vinculados a la comunicación que sostiene, la mayoría no han sido reglamentados, es decir se tornan en letra muerta, no hemos conseguido transformar estos principios en normas aplicables. Volveré a tratar sobre este tema más adelante.

Continuando con la Constitución, las concesiones que antes eran otorgadas sólo por el Poder Ejecutivo pasan a ser aprobadas también por el Congreso Nacional, la Cámara y el Senado. La Constitución afirma aún dos puntos que me parecen fundamentales: el primero es la complementariedad entre los sistemas privado, público y estatal, aquí se entiende a lo público, por lo menos en aquel momento, como lo público no estatal –los medios comunitarios, ciudadanos-; el segundo refiere la creación de un Consejo de Comunicación Social de carácter consultivo que generó una gran pelea en la Constitución del 88 al intentar constituir un consejo con participación de la sociedad para que el tratamiento de las licencias pasasen por él. Los empresarios frenaron esa propuesta y quedó este término medio que en realidad nadie había propuesto. Por un lado, estaban quienes sostenían la existencia de un consejo para tratar el otorgamiento de las licencias y quienes sostenían que no era necesario, al final quedó este consejo de carácter consultivo auxiliar del Senado Federal.

Voy a tratar ahora el tema de la pluralidad y la diversidad, que refiere a ideas de otros y mías, porque como ustedes han visto, más allá de que la Constitución prohiba a los monopolios y oligopolios, no afirmó como valores, como principios, a la pluralidad y a la diversidad. Esto me parece un problema serio en la medida que la prohibición de monopolios y oligopolios no garantiza poner límites a la concentración. Es un instrumento esencialmente económico, pero no estamos hablando necesariamente de límites a la concentración, estamos hablando de límites a los monopolios y oligopolios, los límites a la concentración no significan en sí mismos la promoción de la pluralidad y la diversidad. Son tal vez una condición necesaria, más no suficiente para que exista pluralidad y diversidad en los medios de comunicación.

Entonces, yo considero necesario trabajar aquí con tres conceptos de la economía política de la comunicación que nos ayuden a entender por qué son necesarios medios positivos de promoción de la pluralidad

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y la diversidad. Porque el mercado en sí mismo no da cuenta de la pluralidad y la diversidad. En primer lugar, la información es un bien intangible y no constituye un rival, esto significa que “mi consumo no hace que otros dejen de consumir”. Para dar un ejemplo, si yo tengo un reloj y quiero entregarle ese reloj a otra persona, me quedaré sin él. Con la información no ocurre esto, no sólo no es tangible, yo les estoy transmitiendo una serie de informaciones que al final ustedes tendrán y yo también. Esto hace que el mayor costo de producción de la información sea el costo fijo, el de la primera unidad, y el costo de la reproducción es marginal, es un costo ínfimo que tiende a 0.

Esto genera una tendencia a una economía de escala y a la concentración. Voy a dar un ejemplo simple, si hoy sólo hago una TV comercial y produzco un programa en un determinado formato y lo transmito a cien personas o a un millón, mi costo de transmisión es el mismo, pero al transmitirlo a un millón tengo un retorno en publicidad mucho mayor. Si yo tengo una TV comunitaria que se está iniciando y que quiere transmitir, no tengo la capacidad de llegar al mismo público, voy a tener prácticamente el mismo costo para producir el programa, pero voy tener un retorno infinitas veces menor. Esto genera lo que los economistas denominan una barrera de entrada permanente a este mercado. Estoy trabajando con algunos conceptos de la economía para decir que, incluso desde el punto de vista liberal y económico, la economía de la información tiene una tendencia a la concentración en monopolios y oligopolios de una manera natural, por la propia naturaleza de su funcionamiento. Y esto significa que nosotros necesitamos de elementos activos para combatir y contener esa concentración, esa tendencia, y para estimular la entrada de nuevos actores en esos espacios, en esos mercados. Si hablamos, por ejemplo, de una fábrica de zapatos o de relojes, puede haber algún fabricante que salga con un modelo nuevo y que consiga disputar en igualdad de condiciones, y para ello basta la calidad. Esto es un error que no se verá reflejado, y nosotros tenemos que cuidar que la legislación incentive a los pequeños productores, inclusive económicamente, para que ellos puedan avanzar.

Por lo tanto la pluralidad y la diversidad no van a florecer naturalmente en el mercado y ¿por qué son valores importantes? Nosotros estamos

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diciendo que los medios de comunicación son hoy una de las principales arenas de discusión pública, de debate público, son esenciales para el ejercicio de la democracia, por lo tanto las diferentes voces, las diferentes opiniones, los diferentes perfiles y miradas tienen que estar representados en los medios. Esto no es una cuestión de favor, o de pensar que la TV será más agradable, es una condición para el ejercicio de la democracia. Por lo tanto la pluralidad y la diversidad constituyen principios esenciales no sólo vinculados a los medios en sí mismos, sino al papel que éstos tienen en la democracia, y yo no estoy hablando sólo de información desde el punto de vista formal, estoy hablando de valores, de cultura, de miradas sobre la vida, de modos de vestir, de todo aquello que constituye la cultura en su sentido más amplio. Y aquí quiero citar tres definiciones que me parecen esenciales para saber de qué estamos hablando: 1) pluralidad en el sentido de más canales en más manos, por lo tanto estamos hablando de la pluralidad externa como una condición para la existencia -más allá de que no garantice en sí misma la pluralidad interna- de la diversidad interna; 2) la diversidad externa, un grado importante de diferenciación entre un canal y otro, me parece que puede ser un criterio incluso de evaluación para nuevas licencias; 3) la cuestión de la diversidad interna que trata sobre la diversidad en un mismo canal, y aquí retomo a un investigador llamado Philip Napoli que trabaja con tres conceptos de diversidad que considero importante citar: primero diversidad de formatos y géneros; segundo la diversidad de ideas y puntos de vista; y tercero de características demográficas, aquí estamos hablando de género, de raza, de etnias, de ubicación geográfica, de lugar. Estos tres conceptos me parecen centrales para la afirmación de la diversidad.

Vuelvo a la legislación de Brasil, la cual voy a desarrollar por ítems, el primero de ellos es el límite a la propiedad, tanto desde el punto de vista cualitativo, como cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, la legislación brasilera hasta 2002 limitaba la participación de personas jurídicas y prohibía en un 100 porciento la participación de capital extranjero. Por cierto esto cambió debido a una Enmienda Constitucional de 2002, después de una ley que reglamentó ese artículo y desde entonces existe una apertura a compañías abiertas y a un 30 porciento de capital extranjero. Por cierto existe también una prohibición para que

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los diputados y senadores sean propietarios de medios de radiodifusión. Más allá de que exista esta prohibición, un tercio de los senadores detenta claramente medios de comunicación, se conocen los nombres, y en el caso de la Cámara de Diputados creo que el 10 porciento está registrado. Eso sin contar las esposas, hermanos e hijos que poseen medios de comunicación y que no aparecen en estos listados oficiales.

Esto es así porque la Constitución es un poco imprecisa y esta es una de las características que voy a reafirmar aquí en varios puntos de la presentación sobre la legislación de Brasil Los conceptos están siempre en disputa, hay mucha imprecisión en los textos, y este es un cuidado que tendré para que no exista disputa sobre las interpretaciones y se pueda saber exactamente cual fue la intención del legislador al trabajar el texto. Y está planteada también, en una ley de 1962, la prioridad de entregar licencias a las universidades, pero esa preferencia no se ha implementado en la práctica. Acabamos de tener un caso en Goias donde una universidad apeló el otorgamiento de una licencia a una empresa y quien ganó la licencia fue la empresa. Y la justicia usando un argumento absurdo no falló a favor. Estos son algunos de los límites a la propiedad desde el punto de vista cualitativo.

Desde el punto de vista cuantitativo, hay tres maneras clásicas de determinar el límite de la propiedad: en primer lugar, la propiedad de los medios en sí misma, la cantidad de medios en manos de un concesionario; en segundo lugar, el tema de las audiencias, del rating; en tercer lugar, la participación en el mercado publicitario. La legislación brasilera sólo utiliza el límite a la propiedad, el número de emisoras que cada propietario puede tener y apenas desde el punto de vista de la concentración horizontal, es decir la concentración en el mismo mercado. No hay límites a la propiedad cruzada y a la propiedad vertical de los medios de comunicación.

Los límites que existen son, en el caso de la TV hasta 10 emisoras, 5 en VHF y hasta 2 por estado. En general ese límite se respeta, pero el gran problema es que no hay límites a la formación de redes. Es decir hoy no hay ningún tipo de limite para que la cabecera de redes afiliadas llegue a todo el país. Por lo tanto en el caso de la Red Globo, esta tiene sólo 5 emisoras propias que constituyen el límite, pero llega al 99% de

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los hogares con programación prácticamente idéntica, salvo en algunas franjas regionales, de 1 o 2 horas de noticieros en la programación diaria. Esto ocurre porque no hay límites legales a la formación de redes.

En el caso de la radio hay un límite de 6 FM, también hay límites más detallados para AM, y para las nuevas licencias, según un Decreto que salió en 1996 se colocó un límite de 1 licencia por localidad, por tipo de servicio. Esto significa que si yo tengo un canal de radio en mi ciudad, no puedo tener otro en la misma ciudad. Mientras tanto, y de manera flagrante, este límite no se respeta y hay incluso acciones judiciales para intentar aplicar ese límite, pero eso no ha sucedido.

Con relación a la división del espectro, no hay reglamentación, ustedes recuerdan que les hablé sobre la Constitución que trata sobre el tema de la complementariedad de los sistemas público, privado y estatal. Mientras tanto, no hay ninguna reglamentación que defina qué es lo público, qué es lo privado y qué es lo estatal, mucho menos una mínima reserva de espectro para cada uno de estos sectores.

Lo que sucede es que, históricamente, el sistema brasilero se construyó a partir del modelo comercial con fines de lucro. El caso es que tenemos dos reservas específicas, la reserva de una TV educativa para municipios de más de 100.000 habitantes, sin embargo estas TV’s educativas fueron apropiadas por los gobiernos de los estados, y desde entonces, desde las décadas de los ‘60-’70, los gobiernos tienen en las capitales, en las grandes ciudades, un canal llamado público, pero que en la realidad es absolutamente gubernamental. Con algunas excepciones la TV Cultura de San Pablo tiende a ser más pública, así como la TVE, la televisión pública de Río de Janeiro, que ahora se ha transformado en EBC/TV Brasil después de la fusión con Radiobras.

La segunda reserva es una reserva desde el punto de vista negativo, las radios comunitarias sólo tienen derecho a una frecuencia en FM, esto significa que, en la práctica, hay una reserva de espectro para las comerciales. Si se dice que las radios comunitarias sólo tienen derecho a una frecuencia, significa que más de 30 están reservadas para las emisoras comerciales. Y las concesiones de radio y TV me parece una tema fundamental, en primer lugar, la ley afirma claramente que

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las frecuencias no son propiedad de particulares, son del Estado, un bien público y son concedidas para su uso por tiempo determinado, tiempo de 10 años para la radio y 15 años para la TV, renovables innumerables veces.

Uno de los problemas de la Constitución brasilera es que estableció algunos parámetros muy rígidos en el tema de la renovación que desarrollaré más adelante. Desde 1995 las nuevas licencias, con excepción de las educativas, atraviesan un proceso de licitación, es decir un proceso público de apertura, un llamado público que coloca el mayor peso en el aspecto económico. Hay un estudio que muestra que el 93,48 porciento de las decisiones entre más de un oferente se basaron en la oferta económica que fue presentado por una determinada empresa. Esto quiere decir que el peso de evaluación del proyecto es muy pequeño frente al peso de la propuesta económica que presentaron.

En úl t imo lugar encontramos la t ransparencia , que es tá absolutamente limitada. Todavía existe una cierta transparencia porque algunos sistemas del Ministerio de Comunicaciones y de ANATEL (Agencia Nacional de Telecomunicaciones) son abiertos y se pueden ser consultados. A través de esos sistemas, por ejemplo, nosotros supimos que ANATEL reconoce la existencia de solamente 24 emisoras en la ciudad de San Pablo, aunque hayan 39 con licencias que están funcionando.

Voy a citar algunos números para aportar claridad sobre el grado de descontrol que tiene este mercado en Brasil hoy. Al hacer un mapeo del espectro se verificó la existencia de 39 radios con algún tipo de licencia funcionando en la capital de San Pablo. Entre esas 39, 36 tienen las licencias vencidas, algunas vencieron hace más de 18 años. Entre esas 39, 22 tienen licencias entregadas en realidad para otros municipios, pero operan desde San Pablo, y así alcanzan un público mucho mayor que el previsto.

Y hay por lo menos dos grupos que detentan 6 o 7 frecuencias, licencias, flagrantemente ilegales. Ellos divulgan que son dueños de estas siete radios, no es ningún secreto, son hechos públicos, pero no

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hay ningún tipo de acción hoy por parte del gobierno brasilero en este sentido. Por más que este tipo de información esté disponible, los sistemas están confeccionados de tal manera que no se pueden entender, se precisa hacer mucho esfuerzo, gastar mucha energía para trabajar con esos datos y, entre otros, no es posible cruzarlos.

En el proceso de renovación de licencias existe una combinación de cinco factores que hacen que desde nuestra lectura, la renovación en Brasil hoy sea automática. El primero de ellos: las disposiciones constitucionales, la Constitución prevé que una licencia sólo no será renovada si las 2/5 partes del Congreso votan nominalmente contra su renovación. Esto nunca sucederá porque no hay diputado que se exponga, que pueda decir claramente “yo nominalmente voto contra determinada concesión”. Fuera del plazo de 10 o 15 años, la concesión sólo puede ser revocada por decisión judicial. Y esta es también una garantía que los radiodifusores consiguieron colocar en la Constitución.

En segundo lugar, existe un tiempo muy largo de tramitación, hoy en Brasil el proceso que debería durar un año y medio, dura siete años y medio en promedio, siete años y medio para renovar una radio FM. Si la licencia debería durar diez años y ella demora siete años y medio en ser analizada, ¿en qué condición pasa estos años? Aquí la ley establece en un párrafo, de un artículo, de un decreto, una licencia precaria sin plazo, dice si no hay una respuesta en 120 días por parte del gobierno, la emisora obtiene una licencia precaria, y hoy la gran mayoría de esas emisoras trabajan con licencia precaria, por eso cuando hablaba de esas 36, entre 39 emisoras de San Pablo, con licencias vencidas, todas ellas tienen una licencia precaria, es decir que no están ilegales.

Un cuarto tema a tratar lo constituye la ausencia de fiscalización y evaluación, no hay hoy un proceso de evaluación para la renovación de las licencias y el Ministerio de Comunicaciones, que es responsable de la fiscalización, reconoce que no tiene condiciones para fiscalizar, lo cual significa que no hay elementos para discutir en la renovación si esos concesionarios cumplieron o no con las especificaciones legales y constitucionales de los últimos 10 o 15 años.

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Y un último punto, que no es menos importante, no hay ninguna otra posibilidad de que haya otro oferente, no se ha abierto otra licitación desde hace 15 años, simplemente se discute si se va a renovar o no esa emisora, y sólo si se atraviesa todo ese trámite de no renovación, se discute la apertura de esa licitación. Esto quiere decir que en vez de licencias, de concesiones por tiempo limitado, nosotros tenemos licencias hereditarias, tenemos licencias “in eternum” en nuestras emisoras.

Voy a desarrollar rápidamente algunos puntos que me parecen fundamentales. Con relación a los contenidos, cuáles son las especificaciones de la legislación brasilera. En primer lugar, tenemos una clasificación indicativa con vinculación de la faja etaria a los horarios de los medios, esto quiere decir que la protección de niños, niñas y adolescentes se consiguió implementar recién este año y los radiodifusores aceptaron colocar la señal de calidad, pero no aceptaron su vinculación a las fajas horarias. Ellos querían que se pudiera pasar un programa para personas mayores de 18 años a las 6 de la tarde y hubo un movimiento muy fuerte para tratar de impedirlo, y se consiguió mantener la vinculación a la faja horaria.

En segundo lugar, la producción regional e independiente. Está prevista en la Constitución, pero hasta hoy no fue reglamentada. Hay un proyecto de ley, hace 17 años en el Congreso, y éste va de un lado a otro, fue aprobado en la Cámara en 2003, pero no fue aprobado en el Senado hasta hoy. Esto significa que hace 20 años que no se respeta la Constitución porque no fue aprobada su reglamentación.

No hay ningún tipo de restricción al proselitismo religioso, esta me parece una cuestión fundamental Yo sé que los obispos brasileros andan por las tierras de toda América Latina con el mismo tipo de programación. Me parece que la legislación se tiene que ocupar, no significa prohibir este tipo de contenido, pero se tiene que preocupar y reglamentarlo. Las iglesias son muy fuertes económicamente y si no hay algún tipo de reglamentación habrá un avance aún mayor en los canales que hoy existen. Y existe una práctica frecuente y no prohibida directamente, de sub-alquiler o alquiler de horarios para venta de espacios, hecho que contradice completamente el espíritu de la concesión pública.

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Hay tres especificaciones más con relación al contenido, en primer lugar un mínimo del 5 porciento del contenido de noticias, más un máximo de 25 porciento de publicidad comercial y 5 horas semanales para programas educativos. Estos porcentajes en general se cumplen, hasta porque me parece que es muy fácil que sean cumplidos, no me parece un gran desafío para una emisora poder hacerlo.

En cuanto a la publicidad, no me explayaré aquí, pero no hay reglas para la distribución de publicidad oficial, existe una restricción horaria para anuncios de bebidas y medicamentos, estos también están prohibidas en las emisoras comunitarias.

Sobre la arquitectura institucional, que me parece un punto importante, no existe en Brasil un órgano que regule la radiodifusión. Existe la ANATEL (Agencia Nacional de Telecomunicaciones) que se encarga apenas de las cuestiones de regulación general del espectro, pero no del otorgamiento de cada una de las frecuencias, y de las cuestiones de las telecomunicaciones. Las responsabilidades y las decisiones están concentradas en el Ministerio de Comunicaciones que sencillamente no tiene estructura para la fiscalización y la regulación.

No existen mecanismos de diálogo, participación y control social, y el Consejo de Comunicación Social en un principio fue constituido de manera totalmente auxiliar al Senado y en realidad está vaciado de atribuciones, no tiene una función real. A pesar de ello, hace dos años, el Consejo que funcionó entre 2002 y 2004 hizo buenos estudios referidos a la regionalización y la concentración de medios, pero algunos políticos del Congreso brasilero presionaron para que no se aprobase la nueva composición del Consejo, y hasta hoy no lo está.

Por último quisiera hablar sobre la situación actual, existen hoy algunas propuestas de cambio, una de ellas para la radiodifusión comunitaria, la posibilidad de descriminalización de la radiodifusión comunitaria sin licencias que es pasible de cuatro años de prisión, hay algunas propuestas de cambios en la ley. Hay un informe que propone cambios al proceso de otorgamiento de licencias que está en una Subcomisión de una Comisión de la Cámara de Diputados y tiene muy pocas chances de avanzar.

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Hay un proyecto de ley No.29 que trata sobre la apertura del mercado de la TV por cable a las operadoras de telecomunicaciones y sobre las cuotas de contenido nacional e independiente. Hay una propuesta que la sociedad civil viene impulsando, y que tiene una gran aceptación en Brasil, sobre una Conferencia Nacional de Comunicación con la participación de delegados que representen al sector empresarial, a la sociedad civil organizada y al gobierno para discutir un nuevo reglamento para el sistema de radiodifusión

Podrán apreciar en los contenidos que desarrollé que hay muchas reglas burocráticas y pocas reglas importantes, hay una ausencia de regulación, existe una fragmentación del sistema de comunicación y de las leyes, y tenemos un sistema económicamente liberal que mira hacía los agentes privados con fines de lucro. Esto es lo que quería comentarles, muchas gracias.

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Josep Maria Carbonell ESPAÑA

Presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC),

fue diputado del Partit dels Socialistes (PSC) en el Parlament

entre 1995 y 2004, donde presidió la Comisión de Control de

la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) y la

de Relaciones con la UE, y fue el portavoz del partido en temas

culturales. También fue miembro de la Comisión Ejecutiva

del PSC (1996-2004), jefe del gabinete de Presidencia de

la Diputación de Barcelona (1985-1995) y miembro del

Consejo de Administración de Caixa Catalunya (1992-2000).

Es Licenciado en Filosofía de la Universidad Autónoma de

Barcelona y profesor de la Universidad Ramon Llull.

Sintetizaré mi intervención en cinco puntos. No les voy a presentar la realidad catalana ni la realidad española, más bien trataré de exponer unas reflexiones relacionadas con la regulación audiovisual desde la perspectiva del marco regulatorio europeo. Las reflexiones giran en torno a las cuestiones que las diferentes asociaciones de autoridades independientes de regulación nos planteamos sobre la regulación audiovisual, si bien algunas otras las plantearé yo, a título personal. Los cinco puntos en los cuales centraré mi intervención son los siguientes: ¿Por qué la regulación audiovisual? ¿En qué contexto histórico se plantea hoy la regulación audiovisual? ¿Qué valores pretende proteger y desarrollar la regulación audiovisual? ¿Quién es el sujeto administrativo que hace la regulación audiovisual?. Por último hablaré sobre los desafíos que se plantean en la regulación. Insisto en que mi visión será, sobre todo, desde el marco europeo.

Recuerdo el gran debate sobre la regulación que se desarrolló en los años ’30 a ambos lados del Atlántico, concretamente en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Fue un momento decisivo en el que nacieron la BBC (British Broadcasting Corporation) y la FCC (Federal Communications Commission) que nos ofrecen dos modelos diferentes de regulación que marcaron a los dos continentes. En el año 1934, mediante The Act of Regulation se creó la FCC en Estados Unidos

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En principio, fueron dos respuestas al problema de cómo regular un nuevo medio: la radio, pero luego también se aplicó el mismo modelo a la televisión. Piensen ustedes que para la prensa, la anulación de las licencias que debían obtener de los Estados para tener su periódico, supuso una victoria de la democracia. Fue una victoria de la libertad de expresión.

Por el contrario, en el ámbito de la nueva comunicación en Europa se planteó la necesidad de unas licencias, de unas autorizaciones, de una regulación propia de la nueva forma de comunicación. En ese momento, como ya he dicho anteriormente, era la radio pero después fue la televisión que tenía unas características muy particulares. Era una comunicación que utilizaba un bien público escaso, el espectro radioeléctrico, y por lo tanto, no todas las voces podían estar presentes. Era un tipo de comunicación unidireccional con una incidencia muy importante en la comunicación de masas. Estas razones fueron, fundamentalmente, las que moldearon dos sistemas de regulación que de una u otra manera han llegado hasta nuestros días.

En Estados Unidos, en el año 1934, ganaron los que defendían que los operadores radiofónicos fueran privados. El pacto fue la creación de la FCC y una legislación que obligaba a realizar emisiones de servicio público a los operadores privados, los cuales mantenían una posición privilegiada al estar ocupando el espacio radioeléctrico. Es la famosa doctrina que obligaba, repito, a realizar emisiones de servicio público a los operadores privados.

En Gran Bretaña la respuesta fue otra: se creó la BBC. El planteamiento partía de la consideración esencial de la comunicación de masas. Se consideraba tan estratégica en el moldeado de la democracia que era necesario que fuera un operador público el que realizara las emisiones de servicio público. La BBC nunca planteó un operador estatal vinculado y sujeto al Ejecutivo, sino que desde su inicio, la BBC fue entendida como un medio público independiente del Ejecutivo, con una financiación independiente del mismo, con un canon que la BBC recoge de los hogares británicos, constituyendo un modelo en la comunicación desde entonces. Así pues, nos hallamos ante la existencia de dos modelos: uno con operadores

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privados que acceden al espacio público; otro, con monopolios públicos en el campo de la radio y la televisión.

Estos modelos, a partir de los años ’80 sufren cambios muy profundos. En Estados Unidos la fairness doctrine se cumplió hasta 1980 cuando un presidente de la FCC, Mark Fower, nombrado por el presidente Reagan, suprimió las obligaciones de servicio público que debían tener los operadores privados que ocupaban el espacio radioeléctrico. Mark Fower utilizó una famosa frase que yo siempre repito porque constituye el núcleo central del sentido de la regulación: “por qué tenemos que regular la televisión sino es más que una tostadora con imágenes, es un electrodoméstico más, por qué debería haber una regulación para esta tostadora que lo único que hace es traer unas imágenes a nuestro comedor?”

A partir de entonces, en los años ’80, en Estados Unidos se inicia un proceso de supresión de la fairness doctrine, un proceso de concentración de medios, de liberalización y privatización de los medios. Ahora no querría detenerme en las últimas posiciones de la FCC y su regulación para las emisiones por cable y para las emisiones por aire; pero en todo caso, la FCC ha renunciado a un modelo de intervención en aquellos operadores. Y por otro lado, en Estados Unidos, como hemos visto, la PBS (Public Broadcasting Service), la televisión pública que es muy particular, es una televisión con escasos medios, como lo ha explicado Lonna, y con una posibilidad muy limitada de acceso al espacio público.

En Europa, el modelo de la BBC se desarrolló en el norte y en el centro con gran éxito: la televisión alemana, la belga, las transmisiones públicas nórdicas. En otros países, como España, se pervirtió el modelo y de una televisión pública independiente se pasó a una televisión estatal sujeta en ese momento a la dictadura. En otros países, se optó por una televisión pública en régimen de monopolio muy vinculada al poder político, que es el gran problema de muchas televisiones públicas europeas.

En todo caso, en Europa, a partir del año 1985-86, o sea estamos hablando de los últimos quince o veinte años, irrumpen las televisiones

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privadas. Hasta entonces la mayor parte de la oferta radiofónica y televisiva en Europa eran de monopolios públicos. En España a partir de 1990, en Francia en 1986, en Gran Bretaña, la ATT es un poco anterior, se crea un modelo mixto de televisiones públicas y de televisiones privadas que coexisten. Ese es el modelo que se mantiene actualmente a pesar de las dificultades, de las tensiones.

Hay varios proyectos de reforma de las televisiones públicas. La que está en agenda actualmente es el proyecto de reforma de la televisión pública francesa de Sarkozy. Defiende la idea de suprimir la publicidad para seguir un modelo más próximo al de la BBC. Pero muchos, y yo me incluyo, pensamos que Sarkozy prefiere ira hacia el modelo de la PBS americana, es decir, hacia una televisión pública sin publicidad, una televisión pública con pocos recursos, de mucha calidad, pero con una audiencia muy pequeña para que la audiencia más importante y la incidencia más importante sea para las televisiones privadas.

Este es un tema que, debo decirles, en Europa está en el corazón del debate: ¿qué modelo de televisión pública?, ¿qué implica hacer radio y televisión pública?, qué mecanismos existen para garantizar que sean televisiones públicas, del pueblo, y no del Ejecutivo, que es el tema medular, la fuente de las críticas más razonadas hacia las televisiones públicas.

El primer tema, por lo tanto, es el por qué de la regulación y de los dos modelos regulatorios. El segundo tema que desarrollaré es en qué contexto estamos. Estamos en un contexto, en primer lugar, de una explosión sin precedentes de los medios de comunicación. Yo en esto debo insistir porque lo que estamos viviendo en los medios de comunicación es una explosión, un cambio sin precedentes.La digitalización y, por otro lado, el desarrollo extraordinario de las comunicaciones electrónicas nos llevan a un escenario impensable. Los que están al frente de las radios, de las televisiones, de los periódicos, han de estar muy atentos a todos los cambios que se producen, porque los formatos cambian. Cambian, también, muchos aspectos, aparecen nuevos medios, desaparecen otros, los new-medias aparecen, es un momento de una explosión sin precedentes. Es una gran posibilidad para la libertad de expresión y para los ciudadanos.

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Pero esta gran eclosión, y esta es la paradoja –la gran paradoja es mi segundo punto- es que esta explosión se produce al lado de una concentración sin precedentes de los medios de comunicación, de un proceso de concentración que no tiene parangón. Y esta es la gran paradoja: la gran posibilidad de creación de medios, de explosión, de emergencia de muchos medios, y a la vez, la existencia de un proceso de concentración.

A mi me gusta citar un libro de Bagdikian el cual, muchos de ustedes seguro que conocen, “The New Media Monopoly”. En su primer libro, en el 1983, decía que los veinticuatro mil medios existentes en los Estados Unidos estaban en manos de cincuenta compañías. Y este mismo libro, en el 2003, decía que los treinta y cuatro mil medios en los Estados Unidos no estaban en manos de cincuenta, sino en manos de cinco compañías. Esto para mí es una metáfora clara de este doble proceso que estamos viviendo con intensidad.

Es un proceso de concentración vertical y horizontal. Es un proceso que va desde la producción en Hollywood hasta la distribución de la señal en las múltiples ventanas de comunicación que se están creando y desarrollando, tanto en el entretenimiento como en la información. Y debo decirles, que cada vez es más importante el entretenimiento en los imaginarios y los valores que, al final, nos llegan a nuestro comedor.

Un tercer aspecto que refiere a la situación de contexto, ayer lo comentó uno de nuestros panelistas: la comunicación cada vez está siendo menos un bien social para ser un bien económico, un bien de mercado. Y este es un cambio de los últimos veinte años. Desde Belgrado, cuando en el año 1980, en la Asamblea de la UNESCO, se aprobó el informe Mc Bride donde se presentaba la comunicación como un bien social, hemos pasado a la etapa de Murdock, como metáfora de nuestro tiempo, en la que la comunicación es, fundamentalmente, un bien económico. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿vamos a dejar en el mercado, y en sus reglas, un bien tan importante, tan estructurante para nuestra sociedad?. ¿Vamos a dejar que la comunicación sea “first the business”, primero el mercado?. Este es uno de los retos que debe plantearse un legislador cuando se propone sostener el interés público en una ley de comunicación.

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El cuarto aspecto de contexto es la convergencia. ¿La convergencia qué significa? La convergencia básicamente significa el proceso de acercamiento entre las redes de comunicaciones electrónicas y los contenidos. Habrá un momento en que sin la banda ancha no nos llegará la información, no nos llegarán los conocimientos, en la que la regulación de las comunicaciones electrónicas, es decir, las antiguas telecomunicaciones, será fundamental. La “net neutrality” es un aspecto central que seguramente estará presente en la regulación futura en Argentina, la capacidad de la no discriminación de los contenidos en la red. Pero, así mismo, la misma red de regulación audiovisual –luego entraré en la regulación europea- está cambiando, en Europa ya no hablamos de radiodifusión hablamos de comunicación audiovisual, porque radiodifusión supone aún, una forma de entender la transmisión hertziana, analógica o digital, y esto ha cambiado extraordinariamente. Por esto es necesario tener un marco de convergencia en el momento de establecer el marco regulatorio.

El quinto aspecto es el contexto que tenemos en Europa, y creo que también en otros países y regiones, el contexto de la desregulación. Hemos visto que la desregulación en el mundo financiero nos ha llevado prácticamente a un caos. Veremos si el Grupo de los 20 en Washington vuelve a establecer un nuevo marco normativo, ya que una parte de la crisis financiera viene de toda la desregulación que se había creado porque era la mejor manera de poder.

En el campo audiovisual y de comunicación electrónica, también estamos viviendo este proceso de desregulación. Y yo debo advertirles que si seguimos en este estado de desregulación, les repito que podemos llevar el caos también al campo de la comunicación: el mundo de peleas por las frecuencias. La ley de la selva no puede regular un bien tan importante como son las comunicaciones.

El sexto aspecto lo constituye la privatización, esto expresamente en Europa. En Europa es distinto que en América Latina, porque ustedes vivieron un proceso de privatización muy alto. En Europa realmente había una cultura: el modelo de radio y televisión es un modelo muy tributario de su modelo social. El modelo de radio y televisión es un modelo que nace, fundamentalmente, después del pacto de refundación

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europea después de la Segunda Guerra Mundial, y es un pacto entre la Democracia Cristiana y la Social Democracia. Un pacto donde hay mercado libre pero el Estado tiene un rol razonable, proporcional, sobre ámbitos importantes en la vida social, económica, política y educativa. Y por eso el modelo de televisión era un modelo tributario de ese modelo social pactado después de la Segunda Guerra Mundial.Hoy en Europa ese modelo ha entrado en crisis y es, en parte, lo que estamos debatiendo ahora. Quizás esta crisis actual de los mercados financieros pare, ayude a reflexionar a los patriarcas de las políticas privatizadoras que nos han llevado a este caos.

El tercer tema que quiero tratar rápidamente refiere a qué valores queremos proteger con la regulación. En Europa hemos aprobado en diciembre la Directiva de Servicios Audiovisuales, que es la ley europea de obligado cumplimiento por los estados miembros, y es una directiva que sustituye a la anterior conocida con el nombre de “Televisión sin Fronteras”. Esta Directiva establece el marco del modelo televisivo europeo; establece lo valores que comparten los estados miembros de la Unión Europea, las reglas, las cuotas de producción propia europea. ¿Para qué? Para salvar la industria audiovisual europea, y también para salvar el imaginario europeo y que no sea todo Hollywood y los productos de Hollywood los que copen el mercado mundial. Una limitación en la publicidad, tanto cuantitativa como cualitativa; la protección del horario infantil, que en Europa, salvo en España, es un valor muy interiorizado en la sociedad; y hay muchos aspectos más que no puedo desarrollar por limitaciones de tiempo.

Por primera vez esta Directiva hace una división entre televisión clásica, televisión lineal y televisión no lineal –pero si quieren luego entramos en esta discusión-; y luego hay otra, la Directiva de Comunicaciones Electrónicas, que sustituye a las directivas en telecomunicaciones. Y hay una convergencia cada vez más importante entre el marco regulatorio de las comunicaciones electrónicas y el marco regulatorio de los contenidos.¿Qué valores es necesario proteger? El pluralismo, el acceso de diferentes voces a la esfera pública, y cuando en Europa hablamos de pluralismo, hablamos de pluralismo interno, de exigencia a los operadores públicos; y de pluralismo externo, que ha de ser observado por los operadores privados que acceden al espacio público.

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La identidad cultural, la cohesión social, la protección infantil. Estos serían, a grosso modo, los valores más importantes que intentamos proteger a través de la regulación europea. Obviamente, la regulación no debe ser nunca entendida como una limitación de la libertad de expresión, al contrario, es una aliada de la misma y del derecho de los ciudadanos a una información veraz.

La Constitución Española, en el artículo 20, reconoce y protege al lado de la libertad de expresión, un valor muy importante, el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz. Y esta es una tarea que también hacemos los consejos en toda Europa, desde la más liberal, Gran Bretaña donde la OFCOM (Office of Communications) es una de las autoridades ejemplares. Si ustedes quieren imitar un modelo de regulación, les invito que estudien muy bien la OFCOM que es la autoridad de regulación que hoy marca las agendas internacionales de regulación, o la AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) en Italia y otras en diferentes países.

El cuarto tema, ¿qué hacemos los reguladores?, ¿cómo somos los reguladores? El Consejo Audiovisual de Cataluña, por ejemplo. Nosotros somos autoridades administrativas independientes que hacemos cumplir el marco regulatorio a los operadores. Administrativas porque somos administración, pero somos independientes porque no estamos sujetos a ningún gobierno. En nuestro caso, los miembros son elegidos por el Parlamento, por dos tercios, por seis años no renovables y no cesables, para mantener las mayores condiciones posibles de independencia. Siempre sabiendo que la independencia es difícil, que es una meta a conseguir. Por razones de tiempo no puedo extenderme en cómo funcionan los consejos, pero quería expresar esta idea de que en toda Europa existen autoridades de regulación independiente, menos en España, en toda Europa y en Cataluña. Sí en toda Europa, incluso era condición para que los países del Este de Europa entraran en la Unión Europea. La existencia de este tipo de autoridades de regulación era una condición de garantía de la calidad democrática de estos países.

Y finalizo rápidamente con algunos desafíos que tenemos los reguladores en nuestra agenda de preocupación. Primero, la convergencia, cada

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vez más los reguladores de contenidos, como nosotros, cada vez más exigimos estar en el campo de la regulación de las redes porque existe una implicación muy grande entre redes y contenidos.

En segundo lugar, la necesidad de la coordinación de las autoridades de regulación a niveles regionales. En Europa tenemos un marco, una ley europea, tenemos una coordinación de los consejos. Hemos de ir un poco más allá de la regulación de los consejos, yo he propuesto la creación de un macro consejo europeo para acompañar el cumplimiento de la ley europea.

En tercer lugar, y muy importante: hemos de redefinir lo que significan las televisiones públicas. Yo soy un defensor de las televisiones públicas porque son televisiones, en Europa, con grandes presupuestos, que pueden ofrecer una programación de alta calidad que puede llegar a ratings del 25 y 30 por ciento, y que tienen la gran ventaja de que no están sujetas a las necesidades del mercado, ni condicionadas por los agentes publicitarios.

Ahora bien, esas televisiones públicas, en este contexto, deben observar unas condiciones: no pueden ser televisiones estatales sujetas a los gobiernos, no pueden ser unas televisiones en la cuales trabaje la élite profesional de periodistas mientras otros periodistas se estén muriendo de hambre en los medios privados, como ocurre en algunos países; no puede ser que algunas televisiones públicas tengan presupuestos astronómicos injustificables; y no puede ser tampoco, que en algunos países, se produzca la partidización de estas televisiones, y pienso en un país muy cercano a ustedes: Italia.Realmente es importante la existencia de las televisiones públicas, pero salvaguardando algunos valores, hay que recuperar la comunicación como un bien social.

Y por último, la alianza con la audiencia. Es muy importante y me ha interesado mucho en la intervención anterior la importancia que desde los consejos se ayude a desarrollar una audiencia activa. En Gran Bretaña, hay una asociación :“Viewers Association” que tiene 80 mil afiliados, que es el primer asociado a la OFCOM y a la BBC. Es importante que los ciudadanos tengan conciencia del papel de la

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televisión y que la audiencia tenga un papel activo en los contenidos.

Y finalizo diciendo que no sé si ustedes podrán hacer o no la ley que pretenden, no lo sé. Yo lo deseo, lo deseo mucho, porque hay una íntima relación entre la calidad de la democracia y la calidad del sistema de comunicación audiovisual.

Yo soy un admirador de Norberto Bobbio, y Bobbio siempre dice que la democracia es un largo proceso inagotable donde el poder público ha de ser público, es evidente; y los poderes públicos han de ser los menos posibles y deben ganar visibilidad, que es una tarea que no se acaba nunca, que es una tarea permanente, y que, en mucho países, pasa por lograr un sistema de medios con mayores condiciones de acceso y participación. Muchas gracias.

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gustavo gómez URUGUAY

Director del Programa de Legislaciones y Derecho a

la Comunicación de la Asociación Mundial de Radios

Comunitarias para América Latina y el Caribe (AMARC-

ALC). Experto en investigación, asesoría y advocacy sobre

políticas públicas y marcos regulatorios en radiodifusión,

TICs e industrias culturales, y en temas relacionados con

la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.

Es docente en la Licenciatura en Comunicación Social de

la Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio

Larrañaga” (UCUDAL). Ha investigado y asesorado sobre

políticas públicas y marcos regulatorios en radiodifusión

en numerosos países de América Latina y El Caribe. Integró

la Comisión Nacional de TV Digital Terrestre Abierta de

Uruguay (2007) y asesora al Ministerio de Industria, Minería

y Energía del gobierno uruguayo (2008). Es miembro del

Consejo Honorario para la Sociedad de la Información y el

Conocimiento de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno

de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del

Conocimiento – AGESIC- de Uruguay (2007-2008).

Buenas tardes. He decidido concentrar el tiempo de mi exposición en contarles lo que está pasando cruzando el Río Uruguay, respecto a la legislación en materia de radiodifusión. En particular sobre algunas decisiones que incluso son de estos días y de estas últimas horas.

Me parece que puede ser interesante, a los efectos del debate sobre una nueva ley en Argentina, mirar qué es lo que esta pasando en gobiernos progresistas de la región que se han planteado la democratización de las comunicaciones.

Me gustaría mencionar brevemente, por ejemplo, lo que está pasando en Ecuador con una Constitución que ha incluido aspectos importantísimos en los que, por suerte y como Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) hemos logrado colaborar; o en el

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proyecto de Constitución de Bolivia, con el reconocimiento del derecho a la comunicación y los medios comunitarios, entre otros.

No obstante, voy a concentrarme en resumir la situación en Uruguay, de cara al desafío que tenía el Frente Amplio para democratizar las comunicaciones, uno de los objetivos del programa del gobierno progresista cuando asume en marzo de 2005.

Muy rápidamente voy a presentar el diagnóstico inicial: un país con una concentración de medios muy grande (en especial en TV), con una marco legal fragmentado, una legislación que viene también de la dictadura como en Argentina, de carácter muy general, de ocho artículos solamente, y por lo cual, la práctica ha sido avanzar en sucesivos decretos que de a poco han ido conformando un marco regulatorio de radiodifusión.

Por último, decir que la dictadura, poco antes de irse, deja todo el manejo de las comunicaciones en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional.

Con esos desafíos comienza el gobierno de Tabaré Vázquez porque a pesar de todos los años de gobiernos democráticos nunca se cambió la ubicación institucional de la regulación de la radio, la televisión y las telecomunicaciones desde lo que nos dejaron los dictadores. Es increíble, siguió siendo un tema más asociado a la seguridad nacional que a un tema de libertad de expresión, cultura o identidad nacional.

Creo que es justo decir que no ha habido una política coherente, articulada, explícita, por parte del gobierno de Tabaré Vázquez en materia de comunicación en estos años, y que muchos de los cambios que voy a relatar, son producto del último año, o menos del último año de gestión, cuando ya estamos cerca de cumplir la última etapa de un gobierno que termina en marzo del 2010.

Pero han sido cambios interesantes, y a mi juicio, positivos. Voy a dejar las cosas negativas para las preguntas, así como para responderles por qué Uruguay vetó a Kirchner para presidente de UNASUR... eso lo dejo para después, de forma de no predisponerlos contra esta exposición...

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Digo, en serio, poner lo positivo, porque necesitamos buenos referentes en la región y necesitamos saber si en otros lados se está haciendo algo positivo, como forma de alentar a redoblar un debate que ha surcado todo este país y que necesita ser impulsado para que ese fuego no se apague.

Entonces, veamos decisiones importantes en materia de legislación de radiodifusión.

Dentro de las primeras resoluciones, se trasladaron las políticas de radiodifusión del Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Industria, Energía y Minería. No es lo mejor, pero al menos se sacó de la órbita de la “seguridad nacional”.

Y a fines del año 2007, algunos cambios notorios en la legislación que van produciendo cambios en la situación heredada “por aproximación”. En lugar de hacer un detalle de las leyes sólo haré una referencia. Voy a los contenidos, a los derechos y a los principios con los que esa nueva legislación va conformando una nueva realidad.

En lugar de abordar una discusión de una ley de radiodifusión general, Uruguay lo que ha hecho es un avance por aproximación, es decir, tal vez consciente o inconscientemente, respecto al desafío y a los poderes que podrían boicotear un proceso de revisión de toda la legislación, se estableció una estrategia de avances graduales para revisar el marco regulatorio.

El primer logro es la aprobación en diciembre del 2007 de una Ley de Radiodifusión Comunitaria, con la “radiodifusión” entendida en sentido amplio de radio y televisión. Más allá que su nombre indica que está dirigida a un sector específico, es una ley que comienza a innovar en lo que este gobierno está planteando como objetivos de regulación, estableciendo algunas definiciones básicas y algunos principios del marco regulatorio de radiodifusión que quiero compartir con ustedes.

Primero. Establece que la radiodifusión es un soporte técnico para el ejercicio, preexistente a cualquier intervención estatal, del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información,

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sacando la radiodifusión de un aspecto mercantil y poniéndola como un asunto de derechos humanos.

Segundo. Define el espectro radioeléctrico como un patrimonio común de la humanidad sujeto a la administración del Estado y al acceso equitativo a las frecuencias como un principio general de la administración de este recurso público.

T e r c e ro . E s t ab l e c e que t oda l a l eg i s l a c i ón que vend rá posteriormente a ésta, deberá ser consecuente con tres principios básicos de regulación: Promoción de la pluralidad y la diversidad (expresamente reconocido como objetivo de la administración); la no discriminación y, por lo tanto, la igualdad de oportunidades en el acceso a las frecuencias radioeléctricas; y la transparencia y publicidad de los procedimientos, permitiendo un control efectivo a los ciudadanos de todo el procedimiento.

Esto, por supuesto que trasciende la radiodifusión comunitaria y establece los primeros pilares de una concepción distinta de regulación en materia de radiodifusión, aún cuando no tenemos una ley general de radiodifusión.

Otro concepto importante que se incluye en la legislación uruguaya, es el reconocimiento de que en la radiodifusión coexisten tres sectores: se establece oficial y explícitamente que en la radiodifusión se complementen tres sectores, con lógicas distintas: el sector público, el sector comercial y el sector comunitario.

Y no cualquier reconocimiento, porque en referencia a la legislación comparada, se ha dicho en estas Jornadas con acierto, que en muchos lugares se reconoce la radiodifusión comunitaria, pero de una manera tan discriminatoria que casi era mejor que estuvieran ilegales.

En Uruguay el reconocimiento es amplio. Expresamente se menciona que no existen limitaciones previas y arbitrarias de cobertura, potencia u otras. También respecto al derecho de acceder a una diversidad de fuentes de financiamiento, incluida la publicidad oficial y la privada, con la única limitante de que todo ingreso debe ser reinvertido

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enteramente en la operativa de la emisora, causal que podría conducir a revocar el permiso. Se trata de un tema de debate fuertísimo con los empresarios pero no hay que confundir que no haya fines lucrativos, con que no puedan acceder a recursos comerciales, y otros, para sostener el emprendimiento.

Otro concepto importante que se establece en el marco regulatorio es respecto a aprovechar la oportunidad para hacer un reequilibrio del reparto del acceso al espectro radioeléctrico.

Es decir, como pasa en toda América Latina, con ese modelo norteamericano de sistema de medios primordial que existe en nuestros países, nos encontramos con un sistema basado en lo comercial, con un sector de medios públicos subsidiario, muy pobre, competitivo en muy pocas excepciones y con un casi inexistente sector comunitario, social, sin fines de lucro.

El gobierno uruguayo, en la ley de radiodifusión comunitaria que les nombraba, establece por primera vez que un tercio de todo el espectro disponible en cualquiera de las bandas de radiodifusión (vuelvo a decir, AM, FM, VHF y UHF), deberá ser reservado para medios comunitarios o sin fines de lucro.

Es un planteo muy fuerte, aunque no dice qué hacer con el resto. Yo sé que acá en Argentina se plantea la idea de los tres tercios. Como esto era una legislación de radiodifusión comunitaria se avanzó estableciendo que al menos un tercio del espectro en todas estas bandas, debería ser reservado para la radiodifusión comunitaria u otras emisoras sin fines lucrativos.

Además de estar establecido en la ley, por suerte en el mes de septiembre se vio ratificado por una resolución de parte del organismo regulador que es la URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación).

Cuando se habla de la transición hacia la digitalización, en la televisión, como ustedes saben hay que utilizar el espectro de UHF para disponer las nuevas emisiones de televisión digital. Nosotros ya tenemos ocupado gran parte del espectro de UHF con emisiones de televisión

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paga, concretamente a través del grupo Clarín. En este momento sólo quedan nueve canales disponibles en UHF para la transición digital, y tomando en cuenta la ley, y planteándose aprovechar la oportunidad para reequilibrar el sistema de medios en cuanto al aprovechamiento equitativo del espectro, la administración establece en la resolución de setiembre que les mencionaba un cambio en el reparto de ese espectro disponible.

Actualmente en Montevideo la estructura de TV abierta es de tres medios comerciales y un medio público. Con la nueva decisión, se pasa a cuatro medios comerciales, dos medios públicos (o sea se duplica la capacidad de los medios públicos) y se reservan tres frecuencias para medios no comerciales. Es decir, pasamos de tres-uno a cuatro-dos-tres, muy cerca de los tres-tres-tres que se está pidiendo en Argentina. Se trata sin dudas de un gesto político que ratifica lo que ha sido aprobado en la ley de radiodifusión comunitaria.

Otro cambio muy importante tiene que ver con el procedimiento de concesiones de frecuencias, establecido en la ley de radiodifusión comunitaria, para el sector comunitario, pero también ahora a partir del 4 de agosto por un decreto presidencial, para la radio y televisión comercial.

Se establece por primera vez en nuestra legislación la transparencia en el otorgamiento de frecuencias. Sólo como una breve referencia histórica: hasta el momento en Uruguay el otorgamiento es discrecional, es decir, no existe ni siquiera subasta económica para evaluar quien accede a la frecuencia. No hay concursos, sino que simplemente se presentan interesados, cumplen los requisitos y luego discrecionalmente y casi sin fundamentación el gobierno de turno elegía a quien le parecía.

En este gobierno se cambia a un esquema de concursos abiertos y públicos tanto para el sector comunitario como para el sector comercial, con dos aspectos importantes en materia de transparencia.

Primero, al principio de esta administración se aprueba una ley donde se establece que un año antes de las elecciones y seis meses después de las mismas, ningún gobierno puede entregar frecuencias de radio

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y televisión. Esto es para evitar las tentaciones que el poder tiene al otorgar frecuencias de radio y televisión, de entregarlas como premio a sus amigos. Es decir una veda relacionada con las elecciones en la cual el gobierno no puede otorgar frecuencias. Esta veda empieza en Uruguay el día mañana (24 de octubre).

Segundo, se realizan procesos de consulta pública, que incluyen la presentación de las propuestas de los interesados en acceder a una frecuencia a través de la página web del organismo regulador, con información respecto a quiénes son, cuáles son sus antecedentes y qué propuestas presentan para lograr la concesión.

Ni la licitación económica, como se hace en Brasil, en Bolivia o en muchos países centroamericanos; ni la carga de la variable económica, como pasa en Chile o en Perú, donde la oferta de dinero es un factor importante para evaluar quién accede. Por tanto un sistema de acceso que beneficia al que tiene más plata, es decir permite que ejerza el derecho a la libertad de expresión solamente el que tiene más dinero.

El concurso se establece en función de criterios de proyecto y de función social, por lo tanto, en caso de que haya más interesados que frecuencias disponibles, la selección de los interesados en una frecuencia comercial se realiza en función de cinco criterios, que relato rápidamente.

Aspectos relacionados a la diversidad: se elige prioritariamente a los que introduzcan diversidad en la oferta televisiva o radial en la localidad donde está hecho el llamado. También se favorecerá a aquel que no tenga ya medios, es decir, si se presentan en igualdad de oportunidades, se valoran positivamente las propuestas de empresarios nuevos que quieran entrar a competir, frente a empresarios que ya están en la radiodifusión.

Por otra parte se valorarán las propuestas que tiendan al fortalecimiento de la producción cultural local y la ampliación de empleos directos. Es decir, aquella propuesta que en lugar de ser una repetidora de una emisora de la capital o que tenga un esquema de automatización de música, aporte una oportunidad para

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contratación de mano de obra local o para la producción creativa y cultural local.

Y por último, se valorarán las propuestas que contemplen el otorgamiento de espacio gratuito para las organizaciones sociales, es decir, las iniciativas que estén dispuestas a ofrecer voluntariamente espacios para las organizaciones sociales y la producción independiente.

Por último y novedoso en materia de procedimientos competitivos, la inclusión de la participación ciudadana en todo el proceso.

Primero, el proceso de otorgamiento empieza con la presentación de interesados en igualdad de oportunidades sin requisitos excesivos; sus propuestas deben ser ampliamente publicitadas, lo que comienza con la publicación en la página web de la URSEC durante treinta días para la observación de cualquier ciudadano, ya sea para apoyar o para impugnar la propuesta, como una consulta pública.

También se realiza una audiencia pública en la localidad donde va a operar ese nuevo operador, sea comunitario o comercial. Cada interesado debe presentar ante la comunidad cuál es el proyecto y comprometerse con ella a cumplirlo si gana el concurso. Y esto es muy importante porque cambia la relación incluso del Estado como regulador.

El empresario se compromete con la propia comunidad, para ganar su derecho a acceder a una frecuencia, y esto cambia la relación del radiodifusor con el Estado, porque el Estado pasa de ser un censor que impone condiciones, a ser un representante de la sociedad exigiendo que se cumplan los compromisos que el nuevo operador voluntariamente se comprometió a cumplir. Nadie se está metiendo en control de contenidos, nadie está obligando a una programación determinada, pero si se presentó en función de estos criterios y ganó, y si ganó es porque tenía mejores propuestas que los demás, por lo tanto, tanto la población que participó de la audiencia pública, como el propio Estado que participó como facilitador de ese encuentro entre la audiencia y el futuro operador, pueda actuar como garante de esos derechos.

Por último, en relación a la participación ciudadana, la creación de

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Consejos Asesores, tanto en radiodifusión comunitaria como comercial. Esto es, la institucionalización de organismos que no deciden a quién se les otorga frecuencias, pero organismos de amplia participación plural que evalúan la presentación de las propuestas en forma paralela a lo que hace el gobierno.

Son organismos, con algunas diferencias según el sector del que se trata, pero donde siempre hay una minoría de representantes estatales. En el caso de la radiodifusión comercial, la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI) son diez consejeros; solo dos son del gobierno, un representante de la universidad pública, uno de las universidades privadas, uno de las asociaciones de periodistas, otro de los productores independientes del audiovisual, uno de la sociedad de actores, uno de las organizaciones de libertad de expresión, y también, por supuesto, representantes de los medios empresariales.

Esta Comisión tiene el cometido de fiscalizar todo el procedimiento de otorgamiento para darle transparencia, para controlar que no haya desviación de parte del gobierno de su potestad legitima de otorgar frecuencias, pero además, puede opinar respecto a los interesados que se presentaron.

Al final de mi intervención quiero transmitirles algunas decisiones de último momento, al límite de la entrada en vigor de la veda que empieza mañana, para mostrar si se está aplicando debidamente la legislación aprobada. Porque muchas veces la legislación queda en el tintero y no se aplica.

A partir de la ley de radiodifusión comunitaria se inició un proceso de regularización de decenas de emisoras comunitarias que transmitían desde el año 94 sin autorización. Puedo decirles con propiedad que en el día de hoy se están firmando los primeros 38 permisos para radios comunitarias en todo el país, las cuales van a estar regularizadas y reconocidas en su derecho, al amparo de la ley de radiodifusión comunitaria. Emisoras que hace 14 años que estaban transmitiendo y exigiendo que les reconocieran su derecho a existir, están siendo autorizadas esta semana por parte del gobierno nacional.

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Por otra parte, se ha llegado a completar el proceso de otorgamiento para tres nuevas radios comerciales, cumpliendo todo este nuevo procedimiento que les contaba, es decir, transparencia, consultas públicas, audiencias públicas, opinión de la comisión asesora y aprobación del Poder Ejecutivo.

Es importante destacar que el Ministerio de Industrias adoptó un criterio (que espero que se mantenga) aceptando sin discusión las propuestas que llegaron desde los organismos asesores. Aunque no tiene obligación, porque no es vinculante la decisión, en los hechos está haciendo como si lo fuera, atento a la pluralidad e idoneidad de la integración de esas comisiones y así ha recomendado la decisión del Presidente de la República de las propuestas tal como llegaron casi sin análisis.

Por último, se va a aprobar en esta semana una reasignación de frecuencias para el Servicio de Radiodifusión Nacional, las radios públicas. Es decir, hay una incipiente política de revisar y fortalecer los medios públicos reasignando frecuencias para una efectiva cobertura a nivel de todo el territorio nacional. Por un lado asignando nuevos canales en localidades importantes del país donde no había servicios públicos pero también utilizando frecuencias que fueron revocadas a medios comerciales.

Durante este gobierno se han revocado concesiones a medios comerciales sin ninguna clase de lío. Entre otras, se han revocado cuatro permisos en dos mercados importantes como los de Montevideo y Punta del Este a un grupo económico por fraude impositivo. Una de esas radios va a ser reasignada para fortalecer el servicio público de radiodifusión nacional en la ciudad de Montevideo.

Todo este informe que estoy haciendo no supone decir que no falten cosas por hacer. De hecho, creo que sigue siendo necesario abordar la revisión del marco general de radiodifusión. En ese sentido en Uruguay se plantea para el próximo mes de noviembre la presentación de unas bases para una ley de servicios de comunicación audiovisuales en sintonía con lo que plantea el presidente del CAC.

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No va a ser una nueva ley que sustituya la ley de radiodifusión de la dictadura, sino una nueva ley sobre servicios de comunicación audiovisuales. Las bases van a presentarse públicamente el 17 de noviembre en Montevideo. Y en este sentido quiero felicitar el trabajo de un argentino que ha colaborado muchísimo como consultor en todo el proceso de elaboración. Espero que pueda ser público... pero este argentino fue contratado por un acuerdo entre la URSEC y el PNUD, como parte de las políticas de readecuación de la normativa de telecomunicaciones y radiodifusión.

Está aquí presente y se trata del Doctor Damián Loreti, que ha elaborado una propuesta que va a ser puesta en conocimiento de la población en esa fecha, por lo menos en sus bases fundamentales. Lo hará con la compañía del ministro de Industria, Ing. Daniel Martínez, un representante del organismo regulador, y además con la presencia de la Dra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.

Esto es así porque queremos que desde el comienzo tenga claramente una fuerte impronta, tal como es el mensaje de aquí respecto al proyecto de ley que estudia el gobierno argentino, discurso que comparto y aplaudo, ya que estamos hablando de temas de libertad de expresión, y estamos hablando de herramientas para fortalecer el pluralismo y la diversidad.

Felicito el trabajo de Damián, porque es un trabajo excelente. Esto no quiere decir, y no quiero alentar falsas expectativas, que se va a aprobar esta ley en este periodo de gobierno. Nadie lo está planteando... pero sí se quiere adelantar, ante la eventualidad de que la izquierda pueda ganar un nuevo gobierno para el 2010, un debate que puede ser dado con suficiente tiempo, sin presiones, para que haya una masa crítica suficiente como para tomar en el próximo período de gobierno tomar las decisiones que hagan falta.

Para terminar quiero comentarles un par de noticias más.La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) ha desarrollado en el último año y medio una investigación para encontrar las mejores prácticas en materia de legislación sobre radiodifusión comunitaria

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en unos 30 países de todo el mundo. La semana próxima, el 28 de octubre, vamos a estar presentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las conclusiones de esa investigación.

También, y es un material que ha estado al alcance de ustedes en las mesas de entrada, una propuesta de “Principios para un Marco Regulatorio Democrático para la Radio y la TV Comunitaria” que cuando lo lean verán que es ampliamente complementaria con los excelentes y completos 21 puntos que la Coalición ha presentado hace años como contenido de una ley de radiodifusión.

Se trata de catorce principios que esperamos que orienten la formulación de una legislación democrática, ya sea una ley genérica de radiodifusión como una específica para medios comunitarios. De hecho estoy tratando de convencer a mi colega Josep Carbonell para que en Cataluña, que va a discutir en los próximos meses una nueva legislación en materia de radiodifusión comunitaria, puedan tomar ese documento como una referencia.

En este caso de los principios, la expectativa nuestra al ir a la Comisión Interamericana es que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión los tome oficialmente como un estándar interamericano. No queremos que sea un documento de referencia académico más. Y para ello agradezco el apoyo de organizaciones muy importantes que han participado en algunas instancias de la elaboración de estos principios, y nos va a acompañar institucionalmente en la presentación, como el caso de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, aquí presente. En nombre de Gerardo Lombardi, mi agradecimiento a ALER.

La segunda noticia tiene que ver con otra investigación muy relacionada con lo que estamos hablando, respecto a como se regula la concesión de frecuencias de radio y televisión en América Latina. Ya los invito en forma anticipada, porque parte de las actividades las haremos en Buenos Aires, en una conferencia en la Universidad de Buenos Aires.

Vamos a contar con la presencia del Relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidad y la Relatora de Libertad de Expresión de la OEA, porque vamos a presentar las conclusiones de esa investigación

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que recoge lo que esta pasando en México, en Centroamérica y en siete países más de América del Sur. Al siguiente día vamos a trabajar en estas conclusiones de forma de, en este caso, alimentar el debate sobre el acceso a los medios como un tema que definitivamente debe ser quitado de la discusión mercantil y tecnológica para posicionarse definitivamente en la agenda de la libertad de expresión.

Para terminar ahora sí, quiero plantearles un alerta. Algo decía João Brant en su intervención.

Es un alerta sobre una situación que ha mostrado señales en varios países pero que ahora ya se ha hecho pública como iniciativa de la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR), que reúne a todas las gremiales de radiodifusores comerciales de Iberoamérica, que acaba de plantear en su asamblea en México que se refrenden automáticamente todas sus concesiones en todo el continente.

De prosperar, significaría un golpe terrible al pluralismo y la diversidad porque esta iniciativa congelaría la actual estructura de medios, la actual estructura concentrada de medios.

Y cuidado que es una iniciativa que está vestida de “libertad de expresión”, y yo creo que parte del alerta es para decir que no se trata de libertad de expresión, que justamente es todo lo contrario.

Tenemos que convencernos que no podemos regalarles el discurso a estos sectores concentradores y concentrados... no podemos regalarles el discurso de la libertad de expresión. El discurso de ellos es la libertad de empresa. Y el discurso de la libertad de expresión debe ser apropiado por nosotros, resignificada por nosotros, para que no se confunda más con el derecho a la impunidad de unos pocos.

Si aceptamos que prospere esta iniciativa de renovación automática para todos los medios, olvidémonos de hacer algún cambio. Esta es una pelea que no podemos dejar pasar. Muchísimas gracias.

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Los Nuevos Escenarios de la Comunicación Audiovisual