Los pactos sociales y el contrabando en la frontera ... · Si bien el contrabando en la frontera Norte de Santander (Colombia)- Estado Táchira (Venezuela) es facilitado y promovido

https://doi.org/10.29101/crcs.v26i81.9369

Recepción: 12/12/17

Aprobación: 18/02/19

e-ISSN 2448-5799, UAEM, núm. 81, septiembre-diciembre 2019, pp. 1-26

Los pactos sociales y el contrabando en la frontera colombo-venezolana

Social Contracts and Contraband: A study in the Colombian Venezuelan Border

Neida Albornoz-Arias https://orcid.org/0000-0001-7851-5985Universidad Simón Bolívar, Colombia, [email protected]

Rina Mazuera-Arias https://orcid.org/0000-0002-9888-5833Universidad Simón Bolívar, Colombia, [email protected]

Universidad Loyola Andalucía, España, [email protected]

Roberto Briceño-León https://orcid.org/0000-0002-8882-7787Universidad Central de Venezuela, Venezuela, [email protected]

Abstract: Present-day social contracts and border contraband on the Northern Santander Department (Colombia) and Táchira State (Venezuela) are promoted by various actors. A dynamic economy that responds to a problem encouraged by the difference between the economies of both countries, generating asymmetry in the differential exchange, cost of goods and services, and forming part of the social, cultural and economic relations in the border under study; there are many families that sustain their economy with this income. Consequently, the article analyzes these relationships from a first focus, with a Categorical Regression analysis in Optimal Scaling (CatReg) over two samples: 2,394 and 1,398 people, respectively. Results were shown in following significant independent variables with more importance in both contexts: armed groups outside the law are part of the border dynamics and the perception of an environment of illegality, and the behavior of border people not based on conventional rules.Key words: social contracts, space, territory, border, contraband.Resumen: Los pactos sociales y el contrabando en la frontera Norte de Santander (Colombia)-Táchira (Venezuela) son promovidos por diversos actores. Esta dinámica responde a un problema alentado por la diferencia entre los modelos económicos de ambos países, que genera asimetrías en el diferencial cambiario y costo de bienes y servicios, creando parte de la dinámica social, cultural y económica de esta frontera. Son numerosas las familias que sostienen su economía con estos ingresos. Por ello, el artículo emprende un primer análisis de estas relaciones con la aplicación de la Regresión Categórica, mediante el Escalamiento Óptimo (CatReg) en dos muestras de 2.394 y 1.398 personas. El resultado indicó que las variables independientes más significativas en ambos contextos son las siguientes: los grupos armados al margen de la ley son parte de la dinámica fronteriza, y la percepción de un ambiente de ilegalidad y comportamiento de las personas no basado en normas convencionales.Palabras clave: pactos sociales, espacio, territorio, frontera, contrabando.

Mª Genoveva Millán-Vázquez de la Torre https://orcid.org/0000-0002-6635-4456

Convergencia Revista de Ciencias Sociales, núm. 81, 2019, Universidad Autónoma del Estado de México

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Introducción

Las relaciones sociales y los pactos implícitos o explícitos que desarrollan los pobladores, o grupos de ellos, en un contexto geográfico, ocasionan que se fomenten e institucionalicen unas relaciones específicas de cooperación y reciprocidad. Estas motivan las acciones individuales de sus miembros, sin que exista una total conciencia de ello; no obstante, factores extrínsecos como el territorio y la cultura generan la aparición de cierto alineamiento social. Por ello resulta importante estudiar el espacio y territorialidad fron-teriza para comprender esos pactos como constructo de sus habitantes, pero enfocados a partir de las acciones de contrabando.

Toda frontera tiene distintas concepciones que pueden relacionarse con los conceptos espacio y territorio; por tanto, se comienza revisando la noción de estos elementos. Con base en la naturaleza del objeto de estudio, en el presente trabajo se examinan dichos elementos desde una perspectiva de enfoque sociológico.

Concebido más allá de una relación de emplazamiento o ubicación des-de la noción demográfica, donde existen relaciones de vecindad entre puntos o elementos, donde lo interesante es saber el tipo de relación y circulación, el espacio se entiende como el ámbito donde se hallan imágenes asociadas con relaciones grupales que se originan en distintas representaciones, y que dependen de los individuos, colectivos o de circunstancias. En este sentido, y según los criterios de Simmel (1977), todo espacio limitado, o con lími-tes, produce una o unas reacciones psicológicas diferentes de aquellas que son generadas por los espacios no limitados, o con límites abiertos, pues en este concepto de espacio se conjuga el sitio físico y las dimensiones sociales, culturales, históricas, económicas y simbólicas. Un todo modificado por la historia y donde lo más relevante son las relaciones de enlace e interacción de los integrantes del espacio.

Otros autores, como Vargas (2012: 321), sostienen que aquellas re-laciones que se producen en los espacios donde se involucran actividades humanas como las: agrarias, urbanas, topográficas, biogeográficas, de ser-vicios, de hábitats, entre otras, se dan sobre estructuradas organizaciones espaciales de extensión variada, las cuales comprenden escalas con magni-tudes que van desde el nivel local hasta el mundial. Allí cada espacio orga-nizado se conecta con otros a través de flujos de energía y materiales.

Al pasar a la dimensión territorio, Raffestin (1986) señala que este se encuentra en el centro de las representaciones de la complejidad que nos ro-dea. Resulta así, en primer lugar, como espacio geográfico, pero esto podría

Neida Albornoz-Arias, Rina Mazuera-Arias, Mª Genoveva Millán-Vázquez de la Torre y Roberto Briceño-León. Los pactos sociales y el contrabando en la frontera colombo-venezolana

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limitarse solo al medio físico, es decir, al que rodea y sustenta a una realidad humana. Luego, el término de territorio es una definición más amplia que el de espacio físico, porque combina el medio físico natural y el ordenado o humanizado, abarcando a las personas que se apropian de él. Estas premisas permiten dilucidar la confusión que se puede presentar al señalar al espacio y territorio como una sola expresión.

En consecuencia, el territorio es el espacio elegido simbólica e instru-mentalmente y ocupado por los actores sociales (individuales y colectivos), y considerado por igual como un área estratégica geopolíticamente o como jurisdicción político-administrativa (Bonnemaison, 2001; Sack, 1997).

Desde el punto de vista de Brenna (s.f.) y Geiger (1994), también se puede entender el territorio como un espacio o extensión terrestre delimi-tado, donde se propician relaciones de poder, de gestión y de control del Estado, de individuos, grupos u organizaciones, y que son expresadas como territorialidad. De allí se desprende un vínculo de afectividad, identidad y lealtad por parte de los actores territoriales, los cuales, si bien tienen inte-reses, percepciones, valores y actitudes distintas, pueden generar relaciones de colaboración y reciprocidad o de conflicto.

Según Quijada (2000), el territorio también es utilizado como elemento cultural e ideológico desde el nacionalismo, como elemento de cohesión so-cial y como marco económico y físico, donde se cimientan los mercados y se despliegan las estrategias geopolíticas.

La frontera también se presenta como un espacio geográfico en el cual la definición de territorio complementa la complejidad y dinámicas que le caracterizan, siendo para Quijada (2000) donde se establece el control estatal tanto del espacio como de la producción de la identidad nacional. Por fron-tera se ha considerado a la región que separa a dos o más países y comprende dos elementos: límite y borde.

El límite es la línea divisoria, y el borde es la zona contigua al límite. No obstante, la frontera transciende los aspectos del límite, por ser un área de integración y/o separación; una zona de transición entre los territorios, donde existen e interactúan diferentes normas, pactos o acuerdos que iden-tifican a cada territorio. Ahí, el límite representa una barrera y una mem-brana permeable como lo definieran y explicaran Sánchez (2015) y Taylor y Lawrence (2007). Por ello, parte de las dinámicas sociales, económicas y culturales que identifican a la frontera no pueden ser enmarcadas dentro del espacio geográfico o territorio que las describen, en virtud del impacto que generan más allá de los límites que la identifican.


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Desde este contexto teórico, el objetivo del presente artículo se centró en el estudio de los pactos sociales y las actividades de contrabando que se dan en la frontera formada por los límites orientales del Departamento Norte de Santander, en Colombia, con el límite occidental del Estado Táchira, en Venezuela. Para ello, se empleó el método de Regresión Categórica con Esca-lamiento Óptimo (CatReg), considerando 12 variables categóricas (algunas ordinales y otras nominales) y la variable dependiente: visualización de pac-tos sociales informales (acuerdos entre personas y/o instituciones) en la zona de frontera (categórica ordinal).

La herramienta estadística o software SPSS permitió describir, cuanti-ficar y determinar las relaciones entre las variables predictoras y la variable dependiente. Asimismo, se analizó la relación entre los pactos sociales y el contrabando, debido a que este último forma parte de la dinámica social, cultural y económica en la frontera referida. Un elevado número de familias sostienen su economía con los ingresos del contrabando; de ahí el interés de los investigadores por conocer la percepción de los encuestados sobre estos temas. Por último, los resultados estadísticos del estudio se presentan en tres tablas al final del artículo.

Si bien el contrabando en la frontera Norte de Santander (Colombia)- Estado Táchira (Venezuela) es facilitado y promovido por diversos actores, esta dinámica económica se da, con mayor intensidad, a partir de la quiebra de la economía de Venezuela, desde 2012, robustecida por la diferencia entre los modelos económicos de ambos países, los cuales generan asimetrías en el diferencial cambiario, costo de bienes y servicios, entre otras. Coincidiendo con Tejedor (2012), quien define a Colombia como un país con un modelo económico orientado al capitalismo y libre mercado, se contrapone Venezue-la con un modelo económico de índole socialista-comunista, con controles estatales de cambio de divisas, de los medios de producción y de precios.

Según Álvarez (2007), esto ha perjudicado la producción nacional, promoviendo la importación de bienes, al ser acompañada de una política de subsidios populistas en alimentos de la canasta básica, medicamentos y combustibles. En la actualidad, el quiebre económico venezolano ha oca-sionado una crisis política y social, donde predomina la inflación y escasez, originando una situación que continúa potenciando la práctica del con-trabando, a pesar de los esfuerzos de las autoridades de ambos lados de la frontera por controlarlo.


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Una de las más complejas y dinámicas fronteras internacionales en Latinoamérica

Para Rhi-Sausi et al. (2009), el establecimiento de Estados nacionales en América Latina propició la existencia de 36 fronteras a lo largo de 41.000 kilómetros. Las mismas son concebidas como espacios “interestatales”, donde convergen relaciones entre sus habitantes con las distintas instancias del Es-tado y donde las competencias deben ser compartidas en el ámbito de gobier-nos regionales y locales; mientras que lo concerniente a la línea fronteriza, queda reducido a solo un asunto de los gobiernos nacionales de cada país.

Sostienen por igual Rhi-Sausi et al. (2009) que cada espacio fronte-rizo posee características propias que le permiten construir, a su vez, una tipología propia. Es decir, cada frontera es una realidad única, y la frontera occidental entre Colombia y Venezuela no es la excepción. Allí se cruzan “universos simbólicos diferentes y desiguales” que hacen vida en ella y par-ticipan en una economía fronteriza, la cual se diversifica entre lo legal e ile-gal y donde intervienen “actores transfronterizos” (Carrión y Espín, 2011: 13). Entre otras problemáticas, en esta región se da el contrabando como una práctica comercial recurrente, promovida por distorsiones en el mer-cado, debido a la coexistencia de economías y relaciones jurídicas dispares, que generan acentuadas diferencias.

La totalidad de la frontera entre Colombia y Venezuela comprende una extensión de 2.219 kilómetros, y es la más larga de las fronteras colom-bianas. Desde el norte hasta el sur comprende a los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía, y por el lado venezolano a los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Autores como Carreño (2014) señalan que el tráfico de estupefacientes y el contrabando de gasolina, alimentos de la canasta básica, medicamentos, productos agroindustriales, entre otros, son los mayores negocios ilícitos que identifican a esta frontera.

En la región nororiental de Colombia se encuentra el Departamento Norte de Santander, el cual limita con el Estado Táchira (en Venezuela). Aquí, el comercio legal e ilegal con las ciudades fronterizas del Táchira como San Antonio, Ureña y San Cristóbal han sido históricamente la principal fuente de ingresos del departamento. Las dos primeras ciudades bordean la frontera y la tercera es la capital del Estado Táchira, la cual se conecta a dicha frontera por diferentes vías terrestres.

Sobre las relaciones socioespaciales en esta región, Carreño (2014) explica que desde la época colonial española siempre ha existido un flujo


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migratorio de personas (colombianos y venezolanos) de un lado hacia el otro, siendo una de las razones la económica. Esto ha originado una dinámica que se mueve entre las acciones legales e ilegales.

Dentro de las acciones ilegales se cuentan los delitos transnacionales, por ejemplo, lavado de dinero, tráfico de drogas, de personas, armas, de órganos y de tecnologías, entre otros. Como lo describen Niño et al. (2012), otra mues-tra de esta dinámica incluye la presencia de grupos organizados al margen de la ley, que operan mediante una acción concertada, utilizando violencia, corrupción u otros medios, para conseguir directa o indirectamente altos be-neficios económicos, entre los cuales se encuentra el contrabando.

En este tipo de contrabando pueden distinguirse dos modalidades: 1) el paso de pequeñas cantidades y 2) el de grandes cantidades de mercancías que no pagan aranceles o impuestos. En el caso de las pequeñas cantidades, estas se concentran en el tráfico de alimentos y productos de consumo ma-sivo, debido al diferencial en el tipo de cambio entre la moneda de Colom-bia y de Venezuela. Respecto al paso de grandes cantidades, está vinculado a grupos de carácter guerrillero, paramilitares, organizaciones criminales o a la delincuencia común, que se enfrentan por el control de los caminos o rutas informales para el tránsito de mercancías, y quienes “ostentan el monopolio así como las ganancias que se concentran en pocas manos” (Albornoz et al., 2016: 101).

Estos individuos y grupos actúan en complicidad con funcionarios o cuerpos de seguridad venezolanos que evidencian un comportamiento de “cooperación cooperativa”, en términos de Traxler y Spichtig (2011), y entre funcionarios públicos y contrabandistas en la frontera Norte de Santander y Táchira, caracterizando profundamente a esta dinámica socioespacial.

Los grupos paramilitares se originaron en Colombia en 1990, bajo la de-nominación de “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC), con el objetivo de combatir la guerrilla. Los paramilitares se apropiaban de los territorios para obtener beneficios económicos que les permitieran seguir ejecutando sus prácticas criminales. Parte de ellos, los conocidos por los calificativos de “urabeños” y “rastrojos”, operan en la frontera colombo-venezolana y se sus-tentan de beneficios del narcotráfico, el contrabando y la extorsión (BBC Mundo, 2015; Carreño, 2014; Niño et al., 2012).

De igual modo, están inmersos en el negocio del contrabando grupos guerrilleros, principalmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Ejército Popular de Liberación (EPL), que existen en Colombia desde el con-flicto interno iniciado en el siglo pasado y cuyas manifestaciones de violencia han afectado a todo el país (Niño et al., 2012; Rodríguez-Albor et al., 2016).


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El pacto social y su teoría como un instrumento eficaz para enfrentar el problema del contrabando en América Latina y el Caribe

Con el desarrollo de la humanidad, las sociedades han requerido instaurar normas y leyes que les permitan regular sus relaciones sociales, fijar responsa-bilidades e instaurar mecanismos que censuren o reprochen conductas ajenas a dicha relación. A tal efecto, el Estado erige reglas que hacen predecible el comportamiento de cada uno de los actores en la sociedad, lo cual, bajo una perspectiva de estabilidad, crea pactos para que dichas relaciones se den en armonía, a través del establecimiento de normas asentadas, en principio, en la Constitución política de dicho Estado. Son convenios que, según Bobbio (2005), se instituyen como acuerdos jurídicos entre individuos que buscan una convivencia pacífica.

Para Avdagic (2011), estos pactos han sido instrumentos para diseñar políticas efectivas de control social, regulación y comportamiento ciuda-dano. De igual manera, se han utilizado como herramientas para implicar a los grupos representativos de la sociedad en las reformas sociales (Habermas, 1989). Por ello, dado el alcance de esta noción de compromiso, autores como Daros (2005) señalan que el pacto social exige el mutuo respeto de las personas que lo hacen, y representa normas de respeto mutuo a la vida en libertad, simbolizando el intercambio político continuo entre los ac-tores sociales de manera autónoma. Son normas que, según Öberg et al. (2011), desarrollan interacciones.

Dichas normas son conocidas como instituciones, reglas de juego que generan cambio social (Drobak y Nye, 1997; North, 1994). Igualmente se refieren a las condiciones establecidas e impuestas por las personas que propi-cian la interacción social, económica y política, según los términos expuestos por Briceño-León (2016). Tales reglas pueden ser formales, como las estable-cidas en las Constituciones y leyes legalmente reconocidas y codificadas para el conocimiento público; o informales, que se encuentran en las costumbres, tradiciones y normas sociales (Coleman, 1994; Prats, 2007).

En cuanto a las normas formales, Posada et al. (2015) explican que estas funcionan como leyes que regulan la conducta entre los particulares, estable-ciendo lo que puede y no puede hacerse. Por su parte, las normas informales (sociales) se definen como los valores comunes de un grupo que influyen en el comportamiento de un individuo, a través de la internalización de las pre-ferencias de una sociedad (Mixon et al., 2015).

Del mismo modo, al concebir a una norma social como una regularidad, Plancarte (2015) señala que la misma puede emerger a partir de un proceso


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donde cierta práctica o acción comienza a realizarse de forma periódica. Es decir, se codifica a partir de que un individuo o grupo empieza a dejar estable-cida cierta conducta, en un contexto donde otras personas estarán dispuestas a igualar tal actitud. Este proceso se concretiza muchas veces por inercia o por creer que esa práctica tiene un sentido. Por ello, culturalmente, dicha práctica se hace periódica; no realizarla es “mal visto”, máxime cuando la san-ción aparece. Esto implica que tal práctica se convierta en una norma.

Desde la perspectiva del funcionalismo estructural de Parsons (1997), los sujetos sociales crean sistemas de interacción: cultural (pautas de con-ducta, símbolos, creencias), de personalidad (apropiación individual de las normas), social (división del trabajo y estratificación social). Por lo tanto, se asume que las normas sociales se determinan por la cultura y afectan las motivaciones individuales, siendo que algunos pueden incumplirlas; aunque la sociedad tipificará la conducta de esas personas como inconcebible, lo cual les obliga a corregirla (Collins, 1996). De acuerdo con Elster (1989: 16), las normas sociales difieren de las normas morales y jurídicas.

El término normas sociales implica una categoría de acción que incluye órdenes, prohibiciones y permisos, que se pueden diferenciar de otros tipos de consideraciones prácticas “ontológicas, epistemológicas y bases normati-vas” (Morrow, 2014). Existen cuatro características claves de las normas so-ciales que indican su carácter distintivo: 1) la función de la particularidad, 2) la práctica-arraigo, 3) la función de grupo intencional y 4) la función de rendición de cuentas de su creación.

Según la particularidad y práctica-arraigo, las normas sociales circulan dentro de los grupos específicos, organizaciones o sociedades, y son norma-tivas solo para los miembros de estos. Sin embargo, para Zorrilla (1992) el exceso de normas en una sociedad fomenta o incrementa la corrupción como mera violación de la legalidad. La violación de la norma o también llamada conducta desviada es una expresión de los fenómenos de homeostasis social, tal como ocurre en la mayor parte de los casos con el denominado mercado negro, informal o marginal. Para Calhoun et al. (2000), dichas desviaciones son el resultado de la interacción de la conducta individual, los problemas sociales y las condiciones sociales.

Por ende, los pactos surgen de acuerdos y se materializan a través de normas legales, morales o sociales. Los pactos sociales se plasman median-te normas sociales informales, ya sea legales o ilegales. Calderón (1999) considera que la emergencia de pactos sociales y, en especial los ilegales, se presenta no solo por las diferentes problemáticas que enfrentan los indivi-duos, sino también se sustenta en acciones de ingobernabilidad y problemas


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del mercado, que conllevan a las personas a crear acuerdos paralelos con los cuales satisfagan de algún modo sus necesidades.

Los pactos sociales pueden ser algo positivo para la sociedad cuando no incluyen la ilegalidad. Carmona (2006) sostiene que para los entes gu-bernamentales y las instituciones sociales en general estos pactos pueden llegar a ser una modalidad del desarrollo local, mediante el trabajo colecti-vo y la negociación, por lo cual podrían ser incorporados como elemento de refuerzo en la lucha contra el contrabando en las fronteras de América Latina y el Caribe.

Un caso específico de pactos sociales y contrabando en la frontera colombo-venezolana Metodología y procesamiento de datos

La investigación, desde un estudio de carácter exploratorio-descriptivo, ob-tuvo y analizó los datos a partir de una encuesta semiestructurada, aplicada a personas (jefes de hogar) de entre 18 y 69 años. La población para el Departa-mento Norte de Santander (Colombia) estuvo constituida por N = 830.872 habitantes (DANE, 2015); el tamaño de la muestra correspondió a n = 2.394, un nivel de confianza de 95%, y error máximo admisible de 2%. El tipo de muestreo fue estratificado, con afijación proporcional al tamaño de la pobla-ción de las áreas geográficas del departamento. En el Estado Táchira (Vene-zuela), la población correspondió a N = 317.594 habitantes (INE, 2012); el tamaño de la muestra a n =1.398, un nivel de confianza de 95%, y error máxi-mo admisible de 3%.

Para garantizar la representatividad de la muestra se utilizó como marco muestra el registro de unidades inmobiliarias en ambos contextos. Las carac-terísticas de dicha muestra se pueden observar en la Tabla 1.

Asimismo, se observó la conformación de pactos sociales informales (acuerdos entre personas y/o instituciones) en la zona de la frontera, y di-cha acción quedó definida como variable dependiente. Esta fue seleccionada al considerar que una de las características de las fronteras entre países en América Latina son las marcadas y diversas relaciones económicas, sociales y culturales –entre ellas, crímenes y violencia–, las cuales, según Carrión (2011), nacen y se propagan a partir de factores sociopolíticos, de asimetrías económicas y legales, de aspectos institucionales y ético-culturales.


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Caracterización de las variables

En el presente estudio se consideraron 12 variables independientes: 1) género, 2) edad, 3) nivel educativo, 4) condición de ocupación, 5) existencia de rela-ciones de cooperación entre los funcionarios de seguridad y los practicantes del contrabando, 6) la burocracia en los puestos de seguridad para controlar la mercancía de contrabando ha aumentado el pago de sobornos, 7) el Estado colombiano actúa de manera eficaz en el control de la mercancía de contra-bando, 8) hay confianza en las instituciones del poder público para limitar el flagelo del contrabando, 9) los grupos al margen de la ley son parte de la dinámica fronteriza, 10) grandes cantidades de mercancía de contrabando que se trafican gracias a las relaciones de cooperación con los funcionarios y los comerciantes informales, 11) se percibe un ambiente de ilegalidad, y 12) el comportamiento de las personas no se basa en normas en la frontera; el gobierno nacional y regional ha notificado y publicado la información acerca de los hallazgos, leyes, decretos y resoluciones relacionadas al contrabando.

Con la finalidad de describir, cuantificar y determinar las relaciones entre las variables predictoras y la variable dependiente, determinando la influen-cia o importancia de dichas relaciones sobre la variable dependiente, dada la naturaleza de evaluación cualitativa de las mismas, se aplicó la técnica esta-dística de análisis multivariante conocida como Regresión Categórica con Escalamiento Óptimo o CatReg (De Leeuw, 2005; IBM Knowledge Center, s.f.; Preisser y Koch, 1997; Van Der Kooij y Wetenschappen, 2007).

Análisis empírico En el modelo inicial se incluyeron todas las variables y se obtuvieron las con-tribuciones parciales a la explicación de la varianza de todos los coeficientes estandarizados de las variables transformadas, así como también el nivel de significación en el modelo, teniendo como resultado para el Norte de San-tander un R2 — .397 y (F = 72.587, p < .05), y cuatro variables no significa-tivas: 1) sexo, 2) la burocracia en los puestos de seguridad para controlar la mercancía de contrabando ha aumentado el pago de sobornos, 3) el Estado colombiano actúa de manera eficaz en el control de la mercancía de contra-bando y 4) hay confianza en las instituciones del poder público para limitar el flagelo del contrabando.

En el caso del Táchira, el resultado fue un R2 — .517 y (F = 69.003 , p < .05), no aportando significancia cinco variables: 1) sexo, 2) edad, 3) existen rela-ciones de cooperación entre los funcionarios de seguridad y los practicantes


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del contrabando, 4) hay confianza en las instituciones del poder público para limitar el flagelo del contrabando, y 5) el gobierno nacional y regional ha notificado y publicado la información acerca de los hallazgos, leyes, decretos y resoluciones relacionadas al contrabando.

Para optimizar el modelo, se excluyeron secuencialmente las variables que no aportan significancia (bajo el criterio de pasos sucesivos). Este pro-ceso se realizó de forma sistemática hasta obtener, en conjunto, todas las variables significativas que explican el mejor ajuste.

Validez del modelo y resultados

El resultado del análisis de la varianza (ANOVA) presenta la validez del modelo. En el caso del Norte de Santander, el estimador de la varianza de la regresión (63.521) es mayor que el estimador de la varianza del residuo (.606) y el valor del estadístico de contraste y el nivel crítico asociado (F= 104.813; p = .000). Esto indicó que el ajuste es estadísticamente significa-tivo (p < .05). En el modelo del Táchira, el estimador de la varianza de la regresión (48.702) fue mayor que el estimador de la varianza del residuo (.483) y el valor del estadístico de contraste y el nivel crítico asociado (F= 100.840; p = .000), mostrando que el ajuste resultó estadísticamente signi-ficativo (p < .05). El valor del coeficiente de determinación ajustado en el caso del Norte de Santander es R2 — .394 y en el Táchira, R2 — .517; esto indica que 39.4% y 51.7%, respectivamente, de la variabilidad de la variable dependiente está explicada por las variables predictoras consideradas en el modelo óptimo.

En la Tabla 2 se presentan los coeficientes de regresión parcial estan-darizados de las variables transformadas asociadas al modelo. Todos ellos muestran aportes significativos a los valores de la variable modelo (p < .05), señalando el cambio de las cuantificaciones que cada variable predictora produce en la variable dependiente.

Tanto en el Norte de Santander como en el Táchira, los dos coeficientes estandarizados de las variables transformadas predictoras de mayor aporte de correlación al modelo son: 1) los grupos al margen de la ley son parte de la dinámica fronteriza, 2) se percibe un ambiente de ilegalidad y el comporta-miento de las personas no se basa en normas en la frontera (véase Tabla 2).


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Diagnóstico a partir de los resultados

Al implicar los principios teóricos de los pactos sociales como: el respeto mu-tuo entre las personas, los compromisos de quienes pactan y el intercambio entre los actores que hacen vida en el territorio, queda evidenciado que en la frontera Norte de Santander-Táchira existen pactos sociales. De forma parti-cular, se detectaron normas sociales impuestas por los actores de la sociedad, las cuales funcionan para la convivencia, aceptación e intervención en con-ductas ilegales.

Se trata de la existencia de pactos o acuerdos informales (y en este caso ilegales) relacionados con el contrabando, así como acuerdos entre los ac-tores, donde los grupos armados ilegales –que hacen presencia en la zona– intervienen en este negocio, traficando las mercancías de un país a otro y controlando las zonas grises de paso fronterizo, conocidas como trochas (Carrión, 2011; Niño et al., 2012; Stein et al., 2015).

También se observó la influencia negativa sobre la variable dependiente de algunas variables predictoras (véase Tabla 2); en el Norte de Santander: 1) nivel educativo, 2) condición de ocupación, 3) el gobierno nacional y re-gional ha notificado y publicado la información acerca de los hallazgos, leyes, decretos y resoluciones relacionadas al contrabando. En el caso del Táchira: 1) la burocracia en los puestos de seguridad para controlar la mercancía de contrabando ha aumentado el pago de sobornos.

Lo anterior indica una percepción negativa, pues las personas consul-tadas en el Norte de Santander –indistintamente de su nivel educativo y condición laboral– consideran que hay pactos sociales informales en la zona (acuerdos entre personas e instituciones). Asimismo, opinan que el gobierno nacional y regional no ha notificado y publicado la información acerca de los hallazgos, leyes, decretos y resoluciones relacionadas al contrabando.

Esto refuerza lo expuesto por Niño et al. (2012), quienes explican cómo en los pactos establecidos entre los distintos actores que facilitan y promue-ven el contrabando en la frontera Norte de Santander-Táchira se encuentran autoridades militares y policiales, comerciantes, grupos armados al margen de la ley y quienes controlan las zonas grises por donde transitan las mer-cancías y los propios contrabandistas. Estos pactos son difíciles de controlar, debido a la impunidad en la práctica del contrabando, motivo por el cual este negocio permea la cultura y conlleva a la tácita aceptación social.

En el Táchira, la percepción negativa de los encuestados queda en evi-dencia al considerar que la existencia de pactos sociales informales en la zona (acuerdos entre personas e instituciones) no es producto de la burocracia en


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los puestos de seguridad para controlar la mercancía de contrabando y el au-mento del pago de sobornos (véase Tabla 2).

Lo anterior coincide con Castañeda (2015), quien señala que la per-cepción sobre la corrupción en una región está relacionada con el imagina-rio común que se crean las personas sobre el funcionamiento del Estado y sus instituciones, y no necesariamente con la experiencia o vivencia que se tenga con este problema. Stein et al. (2015) refieren, por igual, que el con-trabando representa una red de corrupción que permea todas las esferas de los actores involucrados.

Respecto a las medidas de importancia relativa de las variables predic-toras, para la variable dependiente se observó que en el Norte de Santander los siguientes predictores: 1) los grupos al margen de la ley son parte de la dinámica fronteriza, 2) se percibe un ambiente de ilegalidad y el compor-tamiento de las personas no se basa en normas en la frontera, y 3) existen relaciones de cooperación entre los funcionarios de seguridad y los practi-cantes del contrabando, suman .93, es decir, representan el 93% de la rele-vancia (véase Tabla 3).

Este último (imaginario de relaciones de cooperación entre funcionarios de seguridad y contrabandistas) coincide con lo ya expuesto por Arancibia et al. (2013), al señalar que los miembros de la sociedad comparten representa-ciones sociales, pero algunos de ellos tienen experiencias, intereses y necesi-dades que los acercan más al fenómeno que perciben, como es el caso de los pactos sociales frente al contrabando.

Dicha situación también influye en el ejercicio del buen gobierno, pues la existencia de una marcada corrupción genera por igual una amplia descon-fianza entre los habitantes de la zona hacia todo lo relacionado con el sector público (Albornoz y Mazuera, 2015).

Para el Estado Táchira, el conjunto de predictores: 1) los grupos al margen de la ley son parte de la dinámica fronteriza, y 2) se percibe un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no se basa en normas en la frontera, suman .97, es decir, representan 97% de la impor-tancia (véase Tabla 3).

Cabe destacar que la percepción coincidente de los habitantes del Nor-te de Santander y del Táchira acerca de la presencia de grupos armados al margen de la ley como parte de la dinámica fronteriza, fue el predictor más importante, lo cual concuerda con Alba et al. (2016), quienes manifiestan que el contrabando –al ser una actividad lucrativa ilegal– requiere un control de territorios, a lo cual el Estado es indiferente, y está relacionada con la corrup-ción o complicidad entre lo público y privado, y la presencia de organizaciones


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mafiosas que se encargan de articular la economía legal e ilegal, financiando organizaciones legales y manteniendo el control de territorios y zonas de circulación de mercancías.

Conclusión

El imaginario de los pactos sociales informales (acuerdos entre personas y/o instituciones), en la zona de la frontera, que promueven y facilitan el contra-bando, se plasmó en un estudio diagnóstico objetivo, a través de una encuesta de percepción aplicada a la muestra de habitantes del Departamento Norte de Santander (Colombia) y del Estado Táchira (Venezuela). Dicha encuesta se elaboró con la intención de evidenciar la percepción de la existencia de pactos sociales y sus causas, según las creencias de los ciudadanos. Todo ello, entendido como un aspecto clave para conocer la situación en cada país, con-forme lo explican Villoria y Jiménez (2012).

Se alcanzaron dos modelos de regresión que cumplen con todos los supuestos y, por lo tanto, pueden ser útiles para visualizar las variables que influyen sobre la opinión de la percepción de la existencia de pactos socia-les informales (acuerdos entre personas y/o instituciones) en la zona de la frontera (variable dependiente).

Estos modelos de regresión dejaron en evidencia que las variables predic-toras que explican la variable dependiente, tanto en el contexto del Norte de Santander como en el del Táchira, son: 1) los grupos al margen de la ley son parte de la dinámica fronteriza, y 2) se percibe un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no se basa en normas en la frontera.

Un hallazgo coincidente en el norte de Santander y en el Táchira fue identificar las variables con mayor importancia y comunes en ambos mode-los. Estas fueron: 1) la presencia de grupos al margen de la ley son parte de las dinámicas en la frontera, y 2) la percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no se basa en normas en la frontera. Es decir, la actividad ilegal del contrabando está ligada a grupos armados al margen de la ley, lo cual coincide con el concepto de anomia referido por Zorrilla (1992), como una conducta desviada de los actores sociales en la frontera Norte de Santander-Táchira, quienes a pesar de conocer las nor-mas (anomia subjetiva), las han internalizado superficialmente y, además, las violan impunemente.

Por ello, toda percepción de pactos sociales informales o acuerdos entre personas y/o instituciones relacionados con el contrabando en la frontera for-ma parte de una dinámica social que involucra a la población, ocasionando


15

que se perciban dichos pactos. Las personas conocen las actividades ilícitas, actores, riesgos y consecuencias, y algunos jóvenes, como lo indica González (2016), ven en estas actividades un ejemplo a seguir.

En conjunto, esto permite reflexionar sobre las representaciones sociales, las cuales son constructos que se comparten entre los miembros de la socie-dad. Es importante acotar que algunos de estos constructos son más cercanos a determinadas experiencias, por los intereses, necesidades o expectativas que tengan las personas frente al fenómeno que están percibiendo (Arancibia et al., 2013). Es el caso de los pactos sociales frente al contrabando, en los cua-les puede observarse que todos los ciudadanos de la frontera son sensibles al hecho y a los pactos que giran en torno a este; razón por la cual esta inves-tigación puede servir como punto de partida para otros trabajos, donde se profundice sobre esta realidad fronteriza latinoamericana.

Para el caso del Estado Táchira, dado que en su espacio resulta común encontrar productos circulando de manera ilegal en las calles, noticias sobre contrabando e involucrados en la práctica, vecinos y conocidos que hacen parte activa del ilícito, se ha creado una relación directa frente a esta percep-ción, donde la coyuntura política, el desabastecimiento, las formas de operar de los contrabandistas, las dinámicas sociales y familiares para conseguir los recursos básicos –así sean de contrabando–, han hecho que los pactos socia-les ilegales fronterizos sean percibidos de manera más contundente o clara.

Si bien existe un límite que separa ambas naciones, Colombia y Ve-nezuela, hay por igual un espacio prolongado donde confluyen dinámicas sociales, culturales, económicas (legales e ilegales). En él concurren dos le-galidades o pactos sociales diferenciados: los formales de ambos países y los informales o ilegales de cada lado, que pueden ser iguales o distintos.

Por la problemática que se vive en la frontera del oriente colombiano y del occidente venezolano, es necesaria y perentoria la cooperación transfron-teriza. Esta representaría una ayuda para las instituciones políticas, sociales y económicas legales, al evitar el desorden y la duplicidad de los esfuerzos, partiendo de la formulación de acertadas políticas de gobierno, acordes con la realidad local y regional, y de la definición de objetivos, establecimiento de funciones y propuestas de servicios entre ambas entidades, con base en lo expuesto por Rhi-Sausi et al. (2009).

En este contexto, la acción de los gobiernos locales juega un papel fun-damental por su cercanía con el ciudadano, motivo por el cual es necesario fortalecer las capacidades de gestión de estos actores locales y la productiva articulación universidad-municipio en un todo integral. Ello resulta un ver-dadero desafío, a mediano plazo, para lograr la conformación de un amplio


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espacio de aprendizaje, con la creación de mecanismos que demanda toda integración fronteriza, según lo planteado por Oddone et al. (2016).

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20

Anexo

Tabla 1

Características de la muestra, error estándar e intervalos de confianza

N %

Errores parciales estándar de la es-tratificación por zona geográfica

(%)

Límite inferior IC (%)

Límite superior IC (%)

Departamento Norte de Santander

Centro 69 2.9 0.34 2.3 3.6

Norte 118 4.9 0.44 4.1 5.9

Occidente 404 16.9 0.77 15.4 18.4

Oriente 1.550 64.7 0.98 62.8 66.6

Suroccidente 149 6.2 0.49 5.3 7.2

Suroriente 104 4.3 0.42 3.6 5.2

Total 2.394 100

Estado Táchira

Metropolitana 560 40.1 1.31 37.5 42.6

Montaña 147 10.5 0.82 9 12.2

Frontera 382 27.3 1.19 25 29.7

Norte 150 10.7 0.83 9.2 12.4

Sur 159 11.4 0.85 9.8 13.1

Total 1.398 100 Fuente: Elaboración propia. Error estándar e intervalos de confianza 95%. La estratificación del Departamento Norte de Santander y Estado Táchira se realizó considerando las carac-terísticas físico-espaciales, socioeconómicas y políticas, las cuales definen el funcionamiento espacial de cada uno de sus municipios.


21

Tabla 2

Coeficientes transformados del modeloD

epar

tam

ento

Nor

te d

e San

tand

er

Standardized Coefficients

df F Sig.Beta Std. Error

Nivel educativo -0.035 0.015 2 5.29 0.005

Condición de ocupación -0.039 0.016 5 6.26 0.000

Existen relaciones de cooperación entre los funcionarios de seguridad y los practicantes del contrabando.

0.112 0.024 2 22.75 0.000

Los grupos al margen de la ley son parte de la dinámica fronteriza. 0.360 0.029 1 151.67 0.000

Grandes cantidades de mercancía de contrabando es gracias a las re-laciones de cooperación con los funcionarios y los comerciantes in-formales.

0.071 0.024 1 8.37 0.004

Se percibe un ambiente de ilega-lidad y el comportamiento de las personas no se basa en normas en la frontera.

0.283 0.028 2 100.94 0.000

El gobierno nacional y regional ha notificado y publicado la informa-ción acerca de los hallazgos, leyes, decretos y resoluciones relacionadas al contrabando.

-0.030 0.015 2 4.03 0.018


22

Esta

do T

áchi

ra

Nivel educativo 0.033 0.018 2 3.41 0.033

Condición de ocupación 0.022 0.014 5 2.51 0.029

La burocracia en los puestos de se-guridad para controlar la mercancía de contrabando ha aumentado el pago de sobornos.

-0.041 0.017 2 5.72 0.003

El Estado Venezolano actúa de ma-nera eficaz en el control de la mer-cancía de contrabando.

0.047 0.020 1 5.58 0.018

Los grupos al margen de la ley son parte de la dinámica fronteriza. 0.482 0.029 1 283.15 0.000

Grandes cantidades de mercancía de contrabando es gracias a las rela-ciones de cooperación con los fun-cionarios y los comerciantes ilegales.

0.053 0.020 3 6.75 0.000

Se percibe un ambiente de ilega-lidad y el comportamiento de las personas no se basa en normas en la frontera.

0.320 0.028 1 126.94 0.000

Fuente: Elaboración propia. Variable dependiente: se visualizan pactos sociales informales (acuerdos entre personas y/o instituciones) en la zona de la frontera.

Standardized Coefficients

df F Sig.Beta Std. Error


23

Tabl

a 3C

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laci

ones

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Cor

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24

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Neida Coromoto Albornoz-Arias. Doctora en Ciencias Sociales y Jurí-dicas por la Universidad de Córdoba, España. Universidad Simón Bolívar, Colombia, Facultad de Administración y Negocios. Integrante del Grupo de investigación Altos Estudios de Frontera (ALEF), Universidad Simón Bolívar, Cúcuta, Colombia, y del Observatorio Social del Estado Táchira (OSET), Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, Venezuela. Líneas de investigación: estudios socioeconómicos, sociojurídicos y culturales de la frontera colombo- venezolana, cultura de paz. Publicaciones recientes: Al-bornoz Arias, Neida Coromoto y Mazuera Arias, Rina (2016), “Percepción de habitantes del Norte de Santander sobre limitaciones del buen gobier-no”, en Revista Venezolana de Gerencia, vol. 21, Venezuela: Universidad Del Zulia; Albornoz Arias, Neida Coromoto (2016), “Contrabando y conflic-tividad social en la frontera Táchira Norte de Santander”, en Aldea Mundo, vol. 42, Venezuela: Universidad de Los Andes; Albornoz Arias, Neida Coro-moto et al. (2016), Análisis del contrabando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad, Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar. Disponible en http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/1146

Rina Mazuera-Arias. Doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España. Universidad Simón Bolívar, Colombia. Facultad de Derecho. Inte-grante del Grupo de investigación Altos Estudios de Frontera (ALEF), Uni-versidad Simón Bolívar, Cúcuta, Colombia, y del Observatorio Social del Estado Táchira (OSET), Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, Venezuela. Líneas de investigación: estudios socioeconómicos, sociojurídi-cos y culturales de la frontera colombo-venezolana, cultura de paz, familia y sociedad. Publicaciones recientes: Albornoz Arias, Neida Coromoto y Ma-zuera Arias, Rina (2016), “Percepción de habitantes del Norte de Santander sobre limitaciones del buen gobierno”, en Revista Venezolana de Gerencia, vol. 21, Venezuela: Universidad Del Zulia; Albornoz Arias, Neida Coro-moto et al. (2016), Análisis del contrabando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad, Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar. Disponible en: http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/1146. 3); Alba Niño, Magaly et al. (2016), Percepción de los habitantes de las subregiones del Norte de Santander frente al contraban-do, Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar. Disponible en: http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/1131


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Mª Genoveva Millán-Vázquez de la Torre. Doctora en Ciencias Econó-micas y Empresariales, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Loyola Andalucía, España. Líneas de investigación: turismo y empleo. Publicaciones recientes: Millán, M. G., Amador, L. & Arjona, M. J. (2016), “The Protected Designation of Origin ‘Los Pedroches’ as a Cu-linary Route for Iberian Ham: Analysis of the Visitor Profile and Future Evolution”, en Cuadernos de Desarrollo Rural, vol. 13, núm. 77, Colombia: Universidad Javeriana; Millán, M. G., Velasco, M. T. y Ramírez, J. (2017), “El emprendimiento de la mujer rural española: análisis de la brecha salarial. Una realidad difícil de solucionar”, en Papeles de Población, vol. 23, núm. 92, México: Universidad Autónoma del Estado de México; Millán, M. G., Hi-dalgo, L. A. y Fuentes, J. M. A. (2016), “El paisaje agavero y la planificación turística sostenible. Un requisito para su permanencia como sitio patrimonio de la humanidad”, en Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. 20, núm. 537, España.

Roberto Briceño-León. Postdoctorado en el Centro Latinoamericano de Saint Antony’s College de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Sociología. Líneas de investigación: sociología de la violencia y sociología de la salud. Publicaciones recientes: Briceño-León, Roberto (2017), “¿Qué enseña el fracaso en la reducción de homicidios en Venezuela?”, en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 116, España: Barcelona Centre for International Affairs; Briceño-León, Roberto (2016), “La sociología de la Violencia: un campo nuevo”, en Espacio abierto: Cua-derno Venezolano de Sociología, vol. 25, núm. 4, Venezuela: Universidad del Zulia; Briceño-León, Roberto y Ávila Fuenmayor, Olga (2014), “De la participación comunitaria a la participación social: un enfoque de Ecosa-lud”, en Espacio abierto: Cuaderno Venezolano de Sociología, vol. 23, núm. 2, Venezuela: Universidad del Zulia.

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Los pactos sociales y el contrabando en la frontera ... · Si bien el contrabando en la frontera Norte de Santander (Colombia)- Estado Táchira (Venezuela) es facilitado y promovido