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Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, Julio - Septiembre 2019, pp. 107-124

José Luis Sánchez-Hernández: Universidad de Salamanca | [email protected] Moro-Gutiérrez: Universidad de Salamanca | [email protected]

Los órdenes de justificación como marco analítico para el estudio de las prácticas

económicas alternativasOrders of Worth as an Analytical Framework for

Understanding Alternative Economic Practices

José Luis Sánchez-Hernández y Lourdes Moro-Gutiérrez

doi:10.5477/cis/reis.167.107

Palabras claveCapitalismo• Comunidad• Órdenes de justificación• Prácticas económicas alternativas• Sostenibilidad

ResumenEste artículo emplea la teoría de los órdenes de justificación para estudiar las prácticas económicas alternativas que cuestionan el capitalismo. Los datos proceden de un cuestionario aplicado a participantes en 55 experiencias de seis ciudades españolas, y del análisis de once casos en Salamanca mediante entrevistas semiestructuradas, observación directa y seguimiento de sus espacios virtuales. Estas iniciativas alternativas construyen comunidades igualitarias, autogestionadas, autónomas y respetuosas con la naturaleza. Sin embargo, para garantizar su funcionamiento interno y satisfacer las exigencias del entorno normativo, deben introducir métodos industriales y comerciales de índole empresarial que son legitimados a través de compromisos con los argumentos domésticos y ecológicos.

Key wordsCapitalism• Community• Orders of worth• Alternative economic practices• Sustainability

AbstractThis article draws upon the theory of orders of worth to study those alternative economic practices that bring into question capitalism. Data from a survey administered to people engaged in 55 alternative experiences located in six Spanish towns are discussed, along with an in-depth analysis of eleven cases from the city of Salamanca, where semi-structured interviews, field observation and the regular monitoring of virtual spaces were used. These alternative initiatives build egalitarian, self-managed and autonomous communities, strongly focused on a respect for nature. However, they are compelled to incorporate market and business practices in order to ensure their internal operation and satisfy the demands from the legal environment. These corporate-like procedures are thus legitimised through compromises with domestic and ecological arguments.

Cómo citarSánchez-Hernández, José Luis y Moro-Gutiérrez, Lourdes (2019). «Los órdenes de justificación como marco analítico para el estudio de las prácticas económicas alternativas». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 167: 107-124. (http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.167.107)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es


108 Los órdenes de justificación como marco analítico para el estudio de las prácticas económicas alternativas

IntroduccIón1

Durante la última década de crisis económi-ca y social se han extendido en los países avanzados determinadas iniciativas econó-micas, etiquetadas como prácticas económi-cas alternativas (Conill et al., 2012), que cuestionan el modelo capitalista convencio-nal basado en la propiedad privada de los medios productivos, en la empresa como fórmula organizativa, en el empleo asalariado como fuente de rentas, en la competencia en los mercados como espacio de interacción y en el beneficio individual como objetivo del proceso económico.

El Community Exchange System [en línea], principal plataforma electrónica global para la gestión de monedas sociales y bancos de tiempo, registra 201 iniciativas del primer tipo y 43 del segundo en España, equivalen-tes al 28,3% y el 22,9% del total mundial. El Mapa de Innovación Social de Cataluña [en línea] cartografía 550 experiencias (bancos de tiempo, monedas sociales, grupos de consumo, huertos urbanos, espacios auto-gestionados, cooperativas energéticas), mientras el Ayuntamiento de Barcelona, cuya Área de Trabajo, Economía y Planifica-ción Estratégica asume el apoyo a estas ini-ciativas, ha identificado 250 ejemplos (Fer-nández y Miró, 2016). El Plan Estratégico de la Economía Social y Solidaria de la Ciudad de Madrid [en línea] menciona 90 casos dentro de un extenso panorama de coope-rativas y organizaciones del Tercer Sector. El proyecto municipal MARES DE MADRID [en línea], cofinanciado por la Unión Europea,

1 Este trabajo se encuadra en el proyecto de investiga-ción «Espacios y prácticas económicas alternativas para la construcción de la resiliencia en las ciudades espa-ñolas» (2016-2018), Programa Estatal de I+D+I-RETOS (MINECO-FEDER, referencia CSO2015-65452-R). Este proyecto participa en la Red de Excelencia «RETURBAN-Retos para las ciudades del siglo xxi: una agenda de investigación para la construcción de espacios urbanos sostenibles e innovadores» (2017- 2019). Plan Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Ex-celencia, referencia CSO2016-81718-REDT.

persigue la transformación urbana, social y ambiental a través de formatos alternativos de movilidad, alimentación, reciclaje, ener-gía y cuidados.

La literatura sobre estas experiencias económicas presenta dos rasgos caracte-rísticos, uno de carácter teórico y otro de índole metodológica. Primero, estas alter-nativas se han estudiado desde posiciones críticas con el capitalismo. Los textos apo-yados en la teoría del valor-trabajo (Jonas, 2010; Lee, 2010; Mason, 2016; Banet-Wei-ser y Castells, 2017) contraponen, como fórmulas de distribución del valor, las alter-nativas colaborativas y autogestionadas con la relación salarial capitalista. La litera-tura sobre bienes comunales (de Angelis, 2010; Noterman, 2016) reivindica la gestión colectiva de recursos y equipamientos esenciales (agua, suelo, alimentos, vivien-da, espacio público) para combatir la priva-tización neoliberal. Una tercera corriente subraya la contribución de estas prácticas, especialmente las ligadas a la alimentación (Alonso et al., 2014; Barbeta, 2014), a la construcción de un modelo socioeconómi-co sostenible. Las teorías del decrecimiento (Latouche, 2013; Kallis, 2017) y de los ni-chos de transición (López et al., 2014; Nico-losi y Feola, 2016) denuncian la depredación de la naturaleza a manos del capitalismo y ven en estas prácticas una prueba de la via-bilidad de soluciones económicas menos intensivas en carbono.

Segundo, predomina el estudio de caso local que analiza una iniciativa concreta, o varios ejemplos del mismo tipo ubicados en una ciudad: mercados de productores en Madrid (Méndez y Monteserín, 2017); gru-pos de consumo agroecológico en Madrid (Michelini et al., 2017), Barcelona (Barbeta, 2014) o Valencia (Moragues, 2017); espacios autogestionados en Barcelona (Yates, 2015) o huertos urbanos en Alicante (Espinosa et al., 2017). Menos numerosos son los inten-tos por caracterizar una práctica para toda España, como los grupos de consumo

José Luis Sánchez-Hernández y Lourdes Moro-Gutiérrez 109


(Alonso et al., 2014), las monedas sociales (Hughes, 2015) o los bancos de tiempo (Va-lor y Papaoikonomou, 2016). Los panora-mas sobre la economía alternativa en una ciudad se limitan a Barcelona (Conill et al., 2012; Fernández y Miró, 2016; Suriñach, 2017), Valencia (Salom et al., 2017) y Valla-dolid (Pascual et al., 2018). Respecto a las técnicas de investigación, predomina el re-curso a las entrevistas semiestructuradas, seguidas de lejos por los grupos de discu-sión y los períodos de observación partici-pante. El uso de cuestionarios es minoritario y se aplican a participantes en una experien-cia concreta, salvo en el caso de Conill et al. (2012).

Este artículo propone un enfoque teórico y empírico diferente. En vez de analizar la alternatividad desde posiciones discrepan-tes con el capitalismo, se asume con Polan-yi (1944) que todo proceso económico es de naturaleza social y está sujeto al mismo con-junto de racionalidades que las demás acti-vidades sociales. La teoría de los órdenes o regímenes de justificación desarrollada por Boltanski y Thévenot en De la Justification (1991)2, también conocida como teoría de las convenciones, constata la pluralidad de argumentos que utilizamos para evaluar las conductas de personas y organizaciones y juzgar la congruencia de las situaciones donde unas u otras interactúan. No participa de una valoración negativa del capitalismo y, de hecho, se ha empleado para demostrar que la empresa capitalista busca la rentabi-lidad a través de la eficiencia técnica y la competencia en los mercados, pero su prác-tica cotidiana incorpora también acciones que fortalecen la confianza entre sus em-pleados, la reputación de su marca, su com-promiso con la comunidad o su aportación a la sostenibilidad.

2 No existe traducción el español de este libro, pero sí al inglés, aunque bastante tardía: On Justification. Eco-nomies of Worth. Princeton: Princeton University Press, 2006.

La aplicación de un marco teórico co-mún al estudio de mecanismos de organiza-ción económica que se reclaman antagóni-cos (la empresa capitalista y sus alternativas) permitirá identificar no solamente los pun-tos de divergencia, enfoque dominante has-ta ahora, sino también los de confluencia, todavía poco considerados (Argüelles et al., 2017). A través de la teoría de los órdenes de justificación, este artículo caracteriza la combinación específica de racionalidades que distingue a las prácticas económicas alternativas (PEA) de las empresas capita-listas. Ambas apelan a una batería de argu-mentos —los órdenes de justificación— po-tencialmente útiles para todo tipo de actores y situaciones. La alternatividad de las PEA radicaría, así, en la construcción de una je-rarquía propia de órdenes de justificación, distinta a la que aplica el modelo capitalista, pero elaborada a partir del mismo elenco de argumentos y, por tanto, más compleja que las referencias rituales a la cooperación, la participación y la sostenibilidad (Barbeta, 2014; Moragues, 2017).

En el plano empírico, esta investigación trasciende los enfoques local (todas las PEA de una ciudad) y sectorial (una misma PEA en varias ciudades). No pone el acento sobre dinámicas locales ni sobre variantes especí-ficas (alimentación, intercambio…), sino so-bre los argumentos y soluciones que las PEA en conjunto oponen a los esquemas organi-zativos capitalistas. Por tanto, se analizan seis modalidades de PEA en seis ciudades españolas, hasta sumar 55 casos a los que se han aplicado técnicas empleadas hasta ahora por separado.

El primer apartado presenta la teoría de los órdenes de justificación. El segundo propone una definición de las PEA. El terce-ro expone la metodología y argumenta que estas prácticas conceden prioridad a los órdenes de justificación doméstico, ecoló-gico y cívico, sin ignorar por completo los órdenes industrial, comercial, público y de la inspiración que guían la praxis capitalis-



ta. Las conclusiones recogen los aspectos fundamentales y proponen nuevas líneas de trabajo.

La teoría de Los órdenes o regímenes de justIfIcacIón

La teoría de los órdenes de justificación sos-tiene que las personas recurrimos a diversos tipos de argumentos para juzgar la pertinen-cia de la conducta propia, de la conducta ajena y de las situaciones que componen la vida cotidiana. Nuestra necesidad de dotar de sentido a las acciones que conforman las relaciones interpersonales habría dado lugar, según esta sociología pragmática, a la cons-trucción interactiva de unos marcos de refe-rencia denominados órdenes o regímenes de justificación. Se trata de subconjuntos cohe-rentes de valores, normas, convenciones, actos y objetos mediante los cuales los indi-viduos construyen, en un proceso iterativo, expectativas fiables sobre lo que se espera de ellos y lo que pueden esperar de los de-más en las situaciones en que participan a diario. Proporcionan criterios para evaluar el mérito de las personas y para calificar las si-tuaciones y la calidad de los objetos que las constituyen. Operan como reductores de la incertidumbre, legitiman el comportamiento propio y sustentan el juicio que merecen los comportamientos ajenos.

El texto fundacional distingue seis órde-nes de justificación: de la inspiración, indus-trial, del mercado, doméstico, de la opinión (o la fama, o público) y cívico; Lafaye y Thé-venot (1993) añadieron después el orden ecológico. En el primero de ellos, el sujeto no invoca un orden terrenal (es decir, social) para justificar sus acciones, sino que las le-gitima como inspiradas por fuerzas sobrena-turales, únicas ante las cuales se siente res-ponsable. En el orden industrial, dominado por los objetos técnicos y los métodos cien-tíficos, las personas son juzgadas por su cualificación profesional y sus actos deben

contribuir al funcionamiento eficaz de unos sistemas de producción de los que se espe-ra un rendimiento estable. En el régimen del mercado, la acumulación de riquezas es el patrón de referencia y la competencia por conseguirlas se convierte en conducta ple-namente aceptable para satisfacer el afán individual de lucro. En el orden doméstico, se exige respeto a los vínculos interpersonales en un contexto de proximidad física donde el individuo no puede ser concebido al margen de su pertenencia a una red de personas de-positarias de la confianza del grupo. Al con-trario, en el régimen público son acciones legítimas las que otorgan reconocimiento al individuo fuera de su círculo íntimo, en el te-rreno de la fama y la aprobación por parte de un elevado número de desconocidos. El or-den de justificación cívica enjuicia las perso-nas y las acciones según su contribución al bien común y al desarrollo de un espacio público (material o institucional) que garanti-ce la libre participación ciudadana. Por últi-mo, se apela al orden ecológico cuando se censura el impacto de las acciones indivi-duales o colectivas sobre la naturaleza, o se ensalza su aportación a la sostenibilidad am-biental.

La empresa mercantil sirve a Boltanski y Thévenot para demostrar que la vida de las organizaciones no está sujeta a un único or-den de justificación. Toda compañía necesita conciliar los imperativos centrales de cada uno de ellos: debe ser inspirada (o innovado-ra, en términos actuales), eficaz, rentable, cohesionada, prestigiosa, comprometida y sostenible. La gestión de exigencias tan plu-rales, cuando no opuestas, es fuente de con-flictos internos y externos que se resuelven mediante acuerdos o compromisos inesta-bles entre órdenes de justificación divergen-tes. De la Justification dedica muchas pági-nas a enumerar las críticas que desde cada orden se dirigen a los demás y los acuerdos que pueden alcanzarse mediante la articula-ción negociada de argumentos procedentes de diversos órdenes.



Por motivos de espacio no se puede dar aquí cuenta íntegra de esta discusión, pero sí de su trascendencia para el estudio de la economía en su marco social. Los circuitos de valor (integrados por productores, distri-buidores, consumidores y reguladores) ope-ran como marcos cognitivos de interacción social donde se negocian los atributos que deben incorporar los productos. La evalua-ción de su calidad ya no depende solamente de cualidades industriales (duración, fiabili-dad) y comerciales (precio, utilidad). Intervie-nen, en proporción creciente, criterios do-mésticos (tradición, origen local), públicos (marca, logotipo), cívicos (respeto a la nor-mativa, compromiso con la comunidad) y ecológicos (reciclaje, bienestar animal). Por tanto, las empresas transmiten al consumi-dor un discurso que incorpora todos estos componentes, aunque cada una lo adecúa a las particularidades de su producto y de su nicho de mercado.

Esta teoría ha amparado una nutrida línea de investigación sobre la gestión de este plu-ralismo. La corporación debe alcanzar com-promisos que conjuguen elementos de los distintos órdenes de justificación; pero tam-bién debe comunicar tales compromisos a la sociedad para cumplir con la regulación y con las expectativas de unos consumidores crecientemente segmentados y exigentes (Alonso, 2009). Cloutier y Langley (2013) re-visan investigaciones que analizan estos compromisos en compañías dedicadas a la generación de energía nuclear, el cuidado de personas mayores, la elaboración de que-sos, la asesoría legal o la evaluación de ser-vicios turísticos. Los cambios organizativos de estas empresas para adaptar su producto y su imagen a las tendencias del mercado se interpretan como un proceso de adopción de argumentos domésticos y ecológicos. Jagd (2011) revisa otras contribuciones que apli-can estas ideas a organizaciones públicas (hospitales, universidades, escuelas) y en-cuentran que su estructura interna no esca-pa a las exigencias de los órdenes industrial,

comercial y público, aunque su misión está imbuida de propósitos cívicos.

En cuanto a los circuitos de valor como espacio social de negociación de la calidad de los productos, la teoría de los órdenes de justificación se ha utilizado para interpretar las transformaciones del sistema agroali-mentario de los países desarrollados (Ponte, 2016, para una revisión), puesto que la ali-mentación es una de las necesidades huma-nas más modeladas por factores naturales y culturales. Esta literatura arranca de la crítica a los alimentos elaborados por las corpora-ciones globales y distribuidos por las cade-nas de supermercados. Este régimen ali-mentario industrial, del mercado y de la fama sería responsable del deterioro de la artesa-nía tradicional, del comercio de proximidad, de la salud humana y del medio natural. La respuesta consiste en una justificación de la calidad alimentaria elaborada con argumen-tos domésticos, cívicos y ecológicos, encar-nada en redes alimentarias alternativas (Whatmore y Thorne, 1997), fundamentadas sobre la proximidad geográfica entre pro-ductores y consumidores, la distribución equitativa del valor y la sostenibilidad del cir-cuito.

Este artículo avanza en esta línea de in-vestigación al aplicar la teoría a mecanismos de organización económica que no tienen el grado de formalización de las corporaciones ni la complejidad de las cadenas de valor, sino que comparten los objetivos domésti-cos, cívicos y ecológicos de las redes ali-mentarias alternativas.

ProPuesta de defInIcIón de Las PráctIcas económIcas aLternatIvas

La bibliografía revisada enumera hasta se-senta modalidades alternativas de organiza-ción económica. Sin embargo, no ofrece una definición que facilite su identificación empí-rica, tarea que se aborda en este apartado



partiendo de los tres términos del concepto prácticas económicas alternativas.

El término prácticas designa formas orga-nizativas muy poco institucionalizadas, ca-rentes casi siempre de personalidad jurídica. A lo sumo, sus miembros constituyen aso-ciaciones para satisfacer exigencias básicas como el alquiler de un local de encuentro o el contrato del suministro eléctrico. Su órga-no rector es la asamblea, abierta a todos los integrantes y donde las decisiones se toman por consenso, no por mayoría.

Estas prácticas son económicas porque producen, distribuyen o consumen bienes o servicios, o bien financian estas funciones. Como el capitalismo, pretenden satisfacer necesidades humanas. No obstante, las PEA proponen soluciones cooperativas (no com-petitivas) para cubrir necesidades expresa-das a través del mercado, pero también otras que permanecen recluidas en el ámbito do-méstico y, desde la óptica capitalista, no for-man parte de la economía porque se satisfa-cen sin mediación de transacciones mercantiles. La economía alternativa conce-de prioridad al valor de uso (reutilización, reparación, trueque, obsequio) frente al valor de cambio (precio, crédito) y aspira a servir a las personas en toda su integridad, no a con-vertirse en un fin que deba ser alimentado mediante el crecimiento permanente de la producción.

La noción de alternatividad es relacional: se es alternativo respecto de algo que se tie-ne por convencional o mayoritario, en este caso, el capitalismo, particularmente su ac-tual versión neoliberal, global y financiariza-da. Cabe identificar tres actitudes críticas hacia el capitalismo: oposición (anticapitalis-mo), transformación (neocapitalismo) y su-peración (postcapitalismo).

El anticapitalismo practica una oposición activa porque se nutre de las críticas marxis-ta, anarquista, feminista y ecologista, que conciben al capitalismo como un sistema explotador, opresor, excluyente y depreda-

dor. Las tendencias transformadoras, sin cuestionar la propiedad privada o la asigna-ción de recursos a través del mercado, pro-ponen esquemas organizativos capaces de corregir los efectos más perniciosos del ca-pitalismo sobre la sociedad o la naturaleza. El postcapitalismo cuestiona el capitalocen-trismo, cosmovisión que dominaría nuestra forma de pensar la economía y según la cual el capitalismo es el único sistema económico viable en el mundo contemporáneo. Esta co-rriente recuerda que, en la vida diaria, satis-facemos muchas necesidades gracias a prácticas no competitivas ni mercantiles que deben difundirse para detener la penetración social de las relaciones capitalistas.

A esta discusión debe añadirse una di-mensión geográfica. El concepto de varieda-des del capitalismo (angloamericano, asiáti-co, continental europeo; Hall y Soskice, eds., 2001) recuerda que no se trata de un sistema monolítico e independiente de las especifici-dades de las sociedades y culturas donde arraiga. Esta distinción no puede eludirse en una definición de la alternatividad: si el capi-talismo adopta configuraciones geográfica-mente diferenciadas, sus alternativas pue-den diferir según el contexto institucional. Es el caso de las empresas cooperativas, aso-ciadas en los Estados Unidos a la izquierda radical (Noterman, 2016) y carentes de esa connotación en la Europa mediterránea, por ejemplo en el sector agrario.

Las prácticas económicas alternativas pueden definirse, entonces, como mecanis-mos de coordinación económica que se ri-gen por principios de autonomía, reciproci-dad y democracia directa, promueven valores no competitivos (sostenibilidad, coopera-ción, equidad) y pretenden eliminar, transfor-mar o superar la variedad de capitalismo he-gemónica en su marco geográfico de actuación. Caben dos modelos de organiza-ción espacial: operar en un ámbito local (ba-rrio, ciudad) con espacios físicos de encuen-tro para los participantes, o bien formar redes regionales, nacionales o internaciona-



les sin necesidad de contacto presencial en-tre los integrantes.

Este trabajo se centra en el primero, de-jando fuera experiencias como el comercio justo o la banca ética, por dos razones princi-pales. Primera, la voluntad de construir comu-nidades democráticas y sostenibles se tradu-ce en la formación de grupos pequeños que buscan la proximidad física para estimular la confianza y minimizar los desplazamientos (Conill et al., 2012; Moragues, 2017; Suriñach, 2017). Segunda, su ideal de una economía con valores las convierte en objeto de estu-dio idóneo para una teoría de vocación ho-lística, interesada por las situaciones mate-riales creadas en los espacios de encuentro donde se negocian, bajo condiciones débil-mente formalizadas, los compromisos entre órdenes de justificación que exige el funcio-namiento congruente de cada iniciativa.

La PLuraLIdad de órdenes de justIfIcacIón en Las PráctIcas económIcas aLternatIvas

Metodología

Esta investigación se ha desarrollado en seis ciudades españolas según una meto-dología coordinada. Se confeccionó prime-ro un inventario de las PEA de carácter co-presencial operativas en cada ciudad, abarcando las categorías propuestas por Conill et al. (2012), a partir del conocimiento de cada equipo local de investigación sobre su ciudad y del rastreo adicional en Internet. Se seleccionaron como objeto de estudio las seis modalidades más frecuentes y di-fundidas a fin de recoger, para cada una, datos de distintas localidades y reducir así el efecto del contexto local sobre los resul-tados globales.

Después se confeccionó un manual me-todológico para cada tipo de PEA, com-puesto por una definición de los criterios que debe cumplir cada caso individual, una ficha de toma de datos, un guion de entre-

vista semiestructurada y un cuestionario es-tandarizado: estas tres últimas herramientas constan de preguntas comunes a las seis clases de PEA y de otras específicas para cada una. El trabajo de campo consistió en entrevistas con las personas designadas al efecto por los participantes en cada PEA. Durante las entrevistas se cumplimentó la ficha de datos (fecha de fundación, número de implicados, actividades organizadas y su frecuencia…) y se solicitó la distribución del cuestionario a los participantes, con la op-ción de rellenarlo en un impreso o a través de un formulario en línea.

Entre mayo y diciembre de 2017 se reca-baron datos de 55 experiencias: cuatro ban-cos del tiempo (BT), ocho centros sociales autogestionados (CSA), veintiún grupos de consumo agroecológico (GCA), trece huertos urbanos (HU), siete mercados de producto-res o de trueque (MPT) y dos iniciativas de moneda social (MS). Están representadas todas las fases del ciclo económico (produc-ción, distribución, consumo y financiación), más un espacio de ocio y encuentro (CSA). Los casos se distribuyen entre Valladolid (24), Salamanca (11), Zaragoza (6), León (5), Alicante (5) y Oviedo (4).

Sobre un total de 4.202 personas impli-cadas en estas PEA, se obtuvieron 389 cuestionarios, de modo que los resultados son estadísticamente significativos para un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% (tamaño mínimo de muestra requerido de 349 respuestas). La muestra está integrada por un 53% de mujeres, la edad media se sitúa en 48,1 años y el 92,5% posee nacionalidad española. Su nivel edu-cativo (tabla 1) es elevado (61,9% con estu-dios universitarios o postuniversitarios), congruente con un alto grado de inserción laboral (66,7% de ocupados) y la pertenen-cia a hogares con un nivel de renta medio o medio-alto: el 43,7% declara ingresar entre 20.000 y 40.000 euros anuales, siendo 26.730 euros el promedio español en 2016, según el INE.



Los resultados de estos cuestionarios ayudarán a situar en un contexto más amplio el contenido de las once entrevistas semies-tructuradas grabadas en Salamanca a PEA de los seis tipos, previo consentimiento de los interlocutores. Su duración oscila entre 40 y 70 minutos y se transcribieron literal-mente para codificar después los pasajes referidos a los siete órdenes de justificación con el software N-Vivo. Las restantes 44 en-trevistas, también transcritas, no se utilizan por tres razones. Primera, porque dada la perspectiva transversal de este trabajo, el nivel de saturación se alcanza con estas once entrevistas, según se ha constatado tras la lectura de las demás transcripciones. Segunda, porque durante el trabajo de cam-po los autores tuvimos oportunidad de ob-servar o participar en distintas actividades de estas once PEA, accediendo a una abun-dante información contextual de la que care-cemos para los otros casos. Esta participa-ción estuvo siempre sujeta a la autorización previa de las asambleas de las PEA cuando se trataba de actividades para sus integran-tes, como los repartos de pedidos o las pro-pias asambleas. Asistimos a las actividades abiertas (ferias, mercados, mesas redondas) como parte del público, recogiendo folletos informativos y tomando fotografías y notas de campo debidamente transcritas en un diario. Tercera, porque toda esta información se ha completado con la observación quin-cenal de los espacios virtuales de estas once

PEA, que alojan abundantes datos sobre su trayectoria, objetivos y actividades. El mate-rial recabado por métodos presenciales o virtuales ha sido fundamental para enrique-cer el contenido de las once entrevistas y situar la acción alternativa en espacios físi-cos y sociales concretos, así como para constatar el significado de las situaciones materiales en la construcción de los compro-misos entre órdenes de justificación, como subraya el marco teórico.

Resultados

Asumiendo cierto grado de simplificación, entendemos que los órdenes de justificación industrial y del mercado, complementados con el público y el de la inspiración-innova-ción, sustentan el funcionamiento de las em-presas capitalistas contemporáneas. Ello no impide reconocer la difusión de las políticas de responsabilidad social corporativa, im-pregnadas de valores cívicos y ecológicos, y de técnicas de gestión de recursos humanos orientadas al fortalecimiento de los lazos in-terpersonales en las plantillas (orden domés-tico) con vistas, eso sí, a aumentar su pro-ductividad y su compromiso con la firma (Valenzuela y Molina, 2013).

Las PEA se reclaman alternativas frente a este arquetipo. Los datos demuestran que también apelan a los siete órdenes de justifi-cación. No en vano tienen un propósito eco-nómico y comparten el contexto social y

taBLa 1. Perfil de las personas participantes en 55 prácticas económicas alternativas en España

Estudios completados (n=378)

% Actividad (n=378) %Renta anual del hogar (euros)

(n=343)%

Primario 14,0 Jubilado 15,9 < 10.000 15,5

Bachillerato 11,6 Estudiante 11,6 10.000-20.000 30,9

Formación profesional 12,4 Desempleado 5,8 20.000-40.000 43,7

Universitario (graduado o licenciado)

45,2 Empleado 66,7 40.000-60.000 7,6

Máster o doctorado 16,7 > 60.000 2,3

Fuente: Explotación de los datos del cuestionario.



espacial con firmas capitalistas. La diferen-cia radica, pues, en la dispar combinación de órdenes de justificación dominante en cada modelo.

La justificación doméstica

El reducido tamaño medio de las PEA (76,4 miembros para los 55 casos, 37,7 en Sa-lamanca) es fundamental para forjar una co-munidad de iguales basada en la confianza interpersonal y la participación directa en la toma de decisiones, una reivindicación capi-tal de los participantes (tabla 2, afirmación 11). La asamblea (entre mensual y semanal), a la que son convocados todos los integran-tes para supervisar la marcha de la iniciativa, facilita el contacto regular y el ejercicio de una democracia fundamentada en el con-senso. Es unánime el rechazo a la votación para resolver las discrepancias: se opta siempre por la deliberación para alcanzar la

unanimidad y evitar sentimientos de exclu-sión entre los asistentes.

Estas asambleas se celebran en la sede de la PEA. El espacio alternativo constituye parte integral de la comunidad y aparece de-corado con motivos alusivos a su actividad. Varios interlocutores admiten que su peque-ña superficie limita el crecimiento del colec-tivo o la mejora de su funcionamiento. Sin embargo, la adhesión de nuevos miembros no se cita como prioridad, hasta el punto de que los GCA establecen un número máximo de participantes, rebasado el cual se proce-de a fundar un nuevo grupo.

Este sentido de comunidad se refuerza con la celebración de actividades comple-mentarias (comidas comunitarias, mercados de trueque, talleres formativos) o visitas a los productores de los GCA para desmercantili-zar la relación y establecer lazos personales.

taBLa 2. Actitudes de los participantes en las prácticas económicas alternativas

AfirmacionesMedia de las puntuaciones

Para mí es importante…

1 ayudar a otras personas y mostrarme generoso con ellas 4,0

2 tener éxito personal y que los demás reconozcan mis logros 2,2

3 ganar mucho dinero y tener muchas cosas 1,5

4 tener autonomía para desarrollar mis propias ideas 3,8

5 cumplir las normas establecidas en cada situación 2,8

6 cuidar mi salud y mi alimentación 4,0

En mi opinión…

7 la organización de la economía debe basarse en las empresas privadas 1,7

8 la competencia entre las personas es buena porque estimula el esfuerzo y la innovación 2,3

9 se puede confiar en la mayoría de las personas, no solo en amigos y familiares 3,4

10 el crecimiento económico y la creación de empleo son más importantes que la protec-ción del medio ambiente

1,7

11 es necesario desarrollar formas de democracia más participativa 4,4


Nota: Respuestas a la pregunta «Señale con una “X” su grado de conformidad con las siguientes afirmaciones, mediante una puntuación de 1 a 5, donde 1 es “Nada de acuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo”».



Ahora bien, la contribución de los miem-bros a la autogestión es objeto de debate interno. Los participantes sostienen que es importante ayudar a otras personas y que estas son merecedoras de confianza (tabla 2, afirmaciones 1 y 9). No obstante, los en-trevistados admiten cierta división entre unos pocos participantes muy comprometi-dos y otros que asumen las tareas mínimas obligatorias, con la consiguiente dificultad para asegurar el funcionamiento del grupo.

La justificación cívica

El vínculo doméstico construido sobre la asamblea y la sede sustenta un espacio cívi-co o ciudadanía alternativa sujeta al cumpli-miento de ciertas normas aprobadas por unanimidad. Las modalidades mayores y más estructuradas (BT, GCA, MS) disponen de reglamentos escritos, accesibles en sus webs, que definen a los integrantes como «socios» o «miembros», titulares de unos de-rechos y deberes en ese espacio colectivo. Propuestas antiautoritarias como los CSA rechazan esta forma de coerción, pero mues-tran en su web las normas de comporta-miento o exhiben en la sede listas de con-ductas que juzgan inapropiadas. En este espacio cívico alternativo es posible desarro-llar una existencia autónoma respecto de los

modelos socioeconómicos convencionales, aspiración altamente valorada entre los im-plicados (tabla 2, afirmaciones 4 y 5).

Los HU, MPT y CSA están funcionalmen-te ligados a su sede física (solar, plaza, local) y añaden al espacio participativo la voluntad de transformar las relaciones sociales en su entorno inmediato a través de su cometido principal (HU, MPT), o de las propuestas de contracultura que acogen los CSA, cuyos locales suelen cederse para encuentros de colectivos ecologistas, feministas o anticapi-talistas. Los BT, interesados en la recupera-ción de las redes vecinales de ayuda mutua, quieren desmercantilizar las relaciones de proximidad con su sistema de intercambio de servicios entre iguales. Los GCA, final-mente, expresan su compromiso con el man-tenimiento de la población rural adquiriendo alimentos a productores independientes de los grandes supermercados.

Las respuestas al cuestionario corrobo-ran este propósito transformador. El motivo más citado para participar en la PEA es me-jorar la sociedad, seguido de la crítica a la economía convencional (tabla 3, respuestas 4 y 5). Entre las ventajas personales que re-porta dicha participación, la construcción de una alternativa económica ocupa el se-

taBLa 3. Motivos de participación en prácticas económicas alternativas

MOTIVOS (nº menciones) Nº %

1 Puedo acceder a bienes y servicios gratuitos o más baratos 124 11,75

2 Me permite participar en actividades diferentes 111 10,52

3 Me relaciono con gente diversa 151 14,31

4 Contribuyo a mejorar la sociedad 259 24,55

5 Cuestiono la economía convencional 224 21,23

6 Ayudo a transformar mi barrio 91 8,63

7 Me gusta dedicar mi tiempo a esta actividad 95 9,00

Total 1.055 100,00


Nota: Respuestas a la pregunta «¿Por qué participa en esta actividad? Elija un máximo de TRES motivos».



gundo lugar y la mejora de las condiciones locales de vida el tercero (tabla 4, respues-tas 5 y 7). En segundo plano queda el inte-rés por transformar el barrio donde se loca-liza la PEA. Estos resultados concuerdan con la definición de las PEA como instru-mento para avanzar hacia una sociedad di-ferente.

Esta vertiente interna y externa de la jus-tificación cívica alternativa no exime del cumplimiento de otras obligaciones cívicas impuestas por el Estado y el capitalismo, como el pago del alquiler y mantenimiento de los locales. Las iniciativas más complejas (BT, MS, MPT) han constituido asociaciones legalizadas que firman los correspondientes contratos. Otras PEA emplean locales cedi-dos por sindicatos o parroquias, y les com-pensan por los gastos con dinero en efectivo detraído de su actividad; otra opción consis-te en que un participante ostente la titulari-dad del contrato y abone las mensualidades con fondos generados por la PEA o aporta-dos equitativamente por los implicados (CSA, HU). Cuando el espacio cívico alterna-tivo topa con normas comunes a toda la ciu-dadanía, se hace preciso alcanzar compro-misos que concilien la fidelidad al ideario

original con el cumplimiento de ciertas obli-gaciones ineludibles.

La justificación ecológica

La construcción de un modelo socioeconó-mico respetuoso con la naturaleza es un ob-jetivo nuclear de las PEA: la protección del medio ambiente se considera más importan-te que el crecimiento económico y la crea-ción de empleo (tabla 2, afirmación 10) y la principal ventaja asociada a participar en una PEA es la de cuidar el medio ambiente (4,2 puntos, tabla 4).

Los implicados en HU, GCA y MPT de-sean consumir alimentos de proximidad ob-tenidos por medios naturales que excluyan el sufrimiento animal y los tratamientos quí-micos: el cuidado de la salud mediante la alimentación recibe una valoración tan alta como la colaboración con los demás (4,0 puntos, tabla 2, afirmación 6). Cuestionan, sin embargo, los sellos ecológicos oficiales por-que el coste de la certificación es demasiado gravoso para productores pequeños y com-prueban el manejo agrológico de los produc-tores en visitas periódicas. Los alimentos vendidos en los MPT suelen carecer también de estos certificados y reivindican su proce-

taBLa 4. Valoración de las ventajas asociadas a la participación en prácticas económicas alternativas

Ventajas Media de las puntuaciones

1 Ahorro dinero 2,6

2 Cubro mis necesidades materiales 2,8

3 Mejoro mi autoestima personal 3,1

4 Me siento más integrado/a en el barrio 2,8

5 Mejoro las condiciones de vida en mi entorno 3,9

6 Combato la exclusión social en mi entorno 3,1

7 Contribuyo a crear una alternativa al sistema económico dominante 4,1

8 Cuido el medio ambiente 4,2


Nota: Respuestas a la pregunta «¿Qué importancia tienen para usted las siguientes ventajas de participar en esta actividad? Señale con una X la casilla correspondiente, mediante una puntuación de 1 a 5, donde 1 es “Nada importante” y 5 es “Muy importante”».



dencia local o artesana. Los HU funcionan como espacios de socialización y transmi-sión de saberes tradicionales entre personas mayores de origen rural y jóvenes urbanos deseosos de consumir hortalizas sin añadi-dos químicos. Estos argumentos combinan la justificación ecológica con la doméstica para contestar a las estrategias capitalistas que mercantilizan la crítica a los alimentos industrializados. Los CSA, por su parte, son espacios antiespecistas, acogen comedores veganos para recaudar fondos y programan talleres de reparación y reciclado de bicicle-tas, ropa o muebles.

Sin embargo, el ideal ecodoméstico de un abastecimiento integral de alimentos natura-les y locales suministrados por pequeños agricultores también padece restricciones. Los GCA de Salamanca adquieren alimentos en provincias como Valencia, Murcia, Grana-da, Cáceres, Burgos o Palencia porque la oferta de proximidad es insuficiente y las condiciones naturales impiden la producción local de cítricos, arroz o pescado. Los CSA reconocen carecer de fondos para adquirir alimentos orgánicos y los reemplazan por frutas y verduras compradas en el comercio del barrio, compromiso que sustituye la jus-tificación ecológica por la doméstica.

La justificación industrial

Las PEA procuran funcionar de manera efi-ciente. La periodicidad de sus asambleas establece una rutina de cumplimiento más o menos obligado. Los pedidos de los GCA se tramitan en un impreso normalizado y se re-cogen siempre el mismo día y hora en la sede. El proceso es supervisado por un gru-po rotatorio de voluntarios que centraliza los pedidos y transmite el encargo a los produc-tores. La MS distribuye un boletín electrónico mensual de ofertas de bienes o servicios para su pago en ecos. Los CSA publican en sus blogs el calendario semanal de apertura y actividades. Los HU siguen un diseño previo de distribución de los cultivos, periodicidad del riego y tratamiento de las plantas. Los

MPT reservan al comité organizador la dis-posición de los puestos de venta y la provi-sión de la infraestructura de funcionamiento.

De nuevo, las iniciativas de mayor dimen-sión requieren procedimientos estandariza-dos de gestión: BT y MS se apoyan en plata-formas digitales que conectan a oferentes y demandantes, les permiten acordar los térmi-nos del intercambio, registran las transaccio-nes efectuadas y calculan el saldo de cada usuario. El BT dispone de un sistema de che-ques que los usuarios deben entregar en la secretaría, gestionada por una asociación que supervisa la calidad de los intercambios me-diante una llamada telefónica al receptor.

Sin embargo, la reticencia de los partici-pantes ante la deshumanización inherente a los métodos industriales frena su implanta-ción: la determinación de un número máxi-mo de miembros que garantice la confianza mutua es la salvaguarda más extendida. Las entrevistas refieren debates como la eventual sustitución de los nombres por nú-meros en las cestas de un GCA: aunque se reconocía que agilizaría la distribución de los pedidos, implicaba una pérdida de reco-nocimiento personal que no fue aceptada por la asamblea.

La justificación pública

Las PEA no pretenden aislarse del resto de la sociedad, pese a la primacía de los argu-mentos domésticos. Su afán de transforma-ción social y ambiental se plasma en accio-nes orientadas a divulgar su tarea y cultivar una buena reputación.

Diez de las once PEA analizadas mantie-nen uno o más espacios virtuales (blogs, páginas de Internet o Facebook) donde in-forman sobre sus objetivos y actividades. Incluyen, además, enlaces a las páginas de otras PEA de Salamanca, indicio de la exis-tencia de una red de personas que dinami-zan la escena alternativa local: el 49,6% de los encuestados señaló participar en otra de las modalidades de PEA contempladas



en esta investigación. Estas páginas tam-bién permiten a terceras personas comuni-carse con la PEA mediante una dirección de correo electrónico, alojada en un servidor comercial o gestionada por comunidades digitales sin ánimo de lucro (autistici.org, riseup.net). También se han documentado acciones de difusión convencionales, como la distribución de folletos en las actividades ordinarias o la apertura de estas a toda per-sona interesada, sobre todo en los CSA y las ferias de la MS. El cuidado diseño de la cartelería de las sedes transmite una ima-gen creativa y original.

Con todo, esta divulgación parece enfo-cada hacia las personas involucradas en esa escena local, que conformarían una comuni-dad alternativa extendida. En las entrevistas se reconoce cierta discreción en la organiza-ción de actividades con repercusión pública que pudieran atraer la atención de las auto-ridades municipales, dado el carácter alegal y no lucrativo de los ejemplos estudiados (salvo los MPT). Además de los argumentos domésticos y de la crítica a los procesos in-dustriales, los principios cívicos internos comprometen la proyección pública de las PEA, en detrimento de su capacidad para captar recursos indispensables.

La justificación del mercado

La relación con el mercado, espacio de la competencia y la rentabilidad, concentra las tensiones derivadas de la inserción de las PEA en una sociedad capitalista. Los partici-pantes no están preocupados por el éxito personal ni la riqueza material (tabla 2, afir-maciones 2 y 3). Desaprueban la competen-cia como patrón de conducta social y la em-presa privada como protagonista de la economía (tabla 2, afirmaciones 7 y 8). Solo el 11,75% admite participar en una PEA para beneficiarse de precios baratos (tabla 3, res-puesta 1), así que el ahorro de dinero o la cobertura de necesidades materiales no re-presentan ventajas significativas (tabla 4, respuestas 1 y 2).

En consonancia con estos planteamien-tos de una economía para las personas, las PEA que manejan una divisa propia (MS y BT) establecen límites a los saldos deudores o acreedores de los participantes. Pretenden que la moneda no se acapare, sino que cir-cule en un flujo continuo de intercambios que sostenga la iniciativa y alimente el espí-ritu de comunidad. La moneda recupera su función como medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor, pero se la despo-ja del atributo neoliberal de instrumento es-peculativo.

También se admite el beneficio ajeno en las transacciones con los productores (GCA, MPT), pero la fijación de precios no resulta de una negociación entre las partes. Las asambleas aceptan los precios que pi-den los productores porque, apelando al argumento doméstico, asumen que se trata de una cantidad justa que, a los costes ob-jetivos, añade una ganancia digna, pero in-compatible con el lucro. De hecho, algunos productores no fueron admitidos en los GCA por su afán de aumentar las ventas o por reclamar precios que las asambleas re-chazaron por excesivos.

Ahora bien, este mercado eco-cívico-doméstico no es replicable en determinadas facetas críticas para la supervivencia de las PEA. Estas deben ser rentables, en el senti-do de generar un flujo de ingresos en mone-da legal que excede la cantidad imprescin-dible para financiar su función principal. Dichos ingresos proceden de cuotas perió-dicas abonadas por los socios o de activi-dades organizadas al efecto y que, en oca-siones, se anuncian en la esfera pública para atraer asistentes y fondos adicionales. Estas opciones implican una transferencia directa de renta personal desde los miem-bros a la iniciativa, congruente con su com-promiso con la comunidad, pero al mismo tiempo significan una aceptación tácita del beneficio que reclaman los actores econó-micos externos.



En caso de disponer de un local alquila-do, tales aportaciones voluntarias resultan crónicamente insuficientes para sufragar los gastos fijos. La observación de campo y de los espacios digitales detecta soluciones mercantiles para rentabilizar la sede, como su alquiler para actividades formativas alter-nativas, o el espacio público donde desarro-llan su actividad, caso del patrocinio de puestos en los MPT. La reticencia ideológica a la relación salarial tampoco es óbice para el abono de pequeñas cantidades a las per-sonas que cargan con tareas de gestión, fi-nanciadas con una tasa adicional sobre el importe del pedido semanal (GCA).

La justificación de la inspiración

Este contexto, tan condicionado por argu-mentos de naturaleza colectiva, alberga cier-tos resquicios para la libertad individual, co-rrespondiente con el orden de la inspiración y reclamada por los participantes. Mejorar la autoestima personal es una ventaja bien va-lorada (tabla 4, respuesta 3) y los motivos que expresan el deseo de disfrutar del propio tiempo (tabla 3, respuestas 2, 3 y 7) son se-cundarios frente a las de índole socioeconó-mica, pero no irrelevantes.

Las PEA constituyen un espacio autóno-mo y autogestionado. El rechazo a la domi-nación entre personas, más el derecho de todo participante a que se discutan sus pro-puestas en las asambleas, aseguran un en-torno estable donde cubrir esas aspiraciones de autorrealización y transformación. Así lo reconocen los implicados cuando, pregunta-dos por su satisfacción con el funcionamien-to de la PEA, otorgan una valoración media de 4,0 puntos sobre 5, con un máximo de 4,2 (CSA) y un mínimo de 3,8 (HU).

No obstante, la institución del consenso como principio de toma de decisiones le-vanta una barrera estructural a la traducción de ideas nuevas en medidas concretas re-lativas al funcionamiento de la PEA o a su relación con el entorno. Varios de los casos estudiados se desgajaron de otras PEA por

discrepancias sobre la orientación que es-tas iban adquiriendo. La búsqueda de la unanimidad puede representar un obstácu-lo para reajustar la jerarquía de órdenes de justificación ante retos como los altibajos del número de participantes, la introducción de otros métodos de gestión, la ampliación de la variedad de productos/servicios cana-lizados o el cumplimiento de requisitos ad-ministrativos. El rechazo del liderazgo y la jerarquía transfiere el poder al grupo a ries-go de desaprovechar, hasta cierto punto, el poder transformador que puedan albergar determinadas personas y propuestas.

Una compleja jerarquía alternativa de órdenes de justificación

Las justificaciones doméstica, ecológica y cívica conforman el núcleo argumentativo de las PEA, pero no garantizan por sí solas su viabilidad. Deben recurrir a los órdenes más próximos al capitalismo (mercantil, in-dustrial y público) para subsanar las compli-caciones que emergen cuando los esque-mas alternativos topan con sus límites internos o con la presión externa. Como postula la teoría, estas contradicciones se legitiman mediante compromisos elabora-dos con argumentos tomados de los órde-nes preponderantes.

El crucial orden doméstico no basta como principio rector: superado un tamaño mínimo elemental, se requieren reglamentos internos para conciliar la autogestión asam-blearia con la fijación de unas contribucio-nes individuales imprescindibles, a la vista de la dispar aportación voluntaria de algu-nos miembros. La ciudadanía alternativa que dibujan estas reglas no exime del cum-plimiento de obligaciones cívicas exógenas que impiden la autonomía total de la PEA y que se satisfacen gracias a soluciones de compromiso diseñadas para minimizar el impacto de la heteronomía sobre sus funda-mentos antiautoritarios. El tamaño exige una gestión estandarizada que entraña cier-



ta despersonalización, combatida con el argumento doméstico de la limitación del número de miembros.

Las convicciones ecológicas arman el segundo pilar de las PEA, pero las restriccio-nes industriales (oferta estrecha) y comer-ciales (precios altos) al abastecimiento sos-tenible se soslayan apelando, de nuevo, a argumentos domésticos, ahora de confianza con el productor distante, pero tradicional, o con el tendero convencional, pero del barrio.

El orden del mercado tiene una presencia muy débil en las PEA, hecho congruente con su concepción cooperativa y opuesta a la competencia y al lucro. El excedente ele-mental que requiere todo circuito de valor se legitima, otra vez, mediante argumentos do-mésticos, como la comunidad de objetivos con los suministradores. Cuando está en juego la supervivencia de la PEA, puede abrirse la puerta a conductas comerciales, muy infrecuentes de todos modos. Una ac-ción decidida en el ámbito público podría solventar estas carencias; pero ganar miem-bros cuestiona la base comunitaria y compli-ca la continuidad de los proyectos por falta de recursos y por el riesgo de atraer la aten-ción de las autoridades. El orden doméstico se impone así al público y al cívico-externo para alumbrar un compromiso que preserva la reputación ante la comunidad alternativa extendida que integran las PEA de una mis-ma ciudad, a costa de pasar casi desaperci-bidas ante el resto de la sociedad y perder impacto transformador. Algo similar sucede en el terreno de la inspiración: las PEA son innovadoras como propuestas económicas y crean un contexto propicio a la realización personal, pero cada individuo debe aceptar los límites que el consenso impone a las ini-ciativas particulares.

Este entramado de compromisos hacia dentro y hacia afuera del proyecto alternati-vo demuestra, con Diprose (2017: 842), que «no existe un espacio externo totalmente ajeno al capitalismo», al menos todavía. Así

parecían pensar los participantes cuando se les solicitó que seleccionaran la afirmación más ajustada a sus aspiraciones. El 49,6% optó por «Intento corregir los aspectos más injustos del capitalismo actual», frente al 25,6% que prefirió «Rechazo totalmente el capitalismo como sistema económico y so-cial» y el 24,8% que suscribió «Trabajo por construir unas relaciones económicas que me permitan vivir al margen del capitalismo». La preeminencia de lo comunitario, social y ecológico sobre lo estrictamente económico y la adopción inevitable de conductas comu-nes con la empresa convencional explicarían esta actitud moderada y reformista.

concLusIones

Este trabajo ha demostrado que las PEA conjugan argumentos relativos a todos los órdenes de justificación, igual que las empre-sas capitalistas y las organizaciones públicas no lucrativas. El marco teórico es capaz, pues, de conectar la actividad económica con el contexto social en distintos niveles de complejidad: corporaciones privadas, orga-nismos públicos, circuitos de valor y, ahora, prácticas alternativas localizadas.

El proyecto alternativo elabora una jerar-quía propia de órdenes de justificación. Consiste en una economía de las personas y no de las organizaciones (prácticas), auto-gestionada por la comunidad (orden do-méstico) de manera autónoma (orden cívi-co-interno) y sostenible (orden ecológico). Se distancia de la firma capitalista por sus fines transformadores y sus principios de participación, equidad y sostenibilidad, pero se le aproxima cuando su funciona-miento interno y su inserción externa re-quieren estandarizar procedimientos, ase-gurar cierto excedente monetario y afianzar su reputación. Los argumentos domésticos y ecológicos se traducen en relaciones de proximidad alternativas a los circuitos glo-bales que alejan a productores y consumi-



dores, en la línea marcada por las redes alimentarias alternativas.

El análisis de las PEA desde la teoría de los órdenes de justificación supera la visión binaria que opone capitalismo y alternativa como categorías excluyentes. Dibuja un pa-norama gradualista donde caben múltiples modalidades de coordinación económica que se diferencian por su combinación con-creta de órdenes de justificación. Esta lectu-ra gradualista, no dicotómica, tiene implica-ciones sustanciales en el terreno de la potencialidad transformadora de las PEA. Hasta ahora, autores escépticos, como Lee (2010), consideran su pequeño tamaño como causa de su escaso impacto. Sin em-bargo, la decidida apuesta de algunos go-biernos municipales, en España y otras ciu-dades europeas, por estas prácticas alternativas puede abrir nuevas oportunida-des al movimiento de transición (Transition Network [en línea]). Las medidas públicas de apoyo a huertos urbanos, bancos de tiempo o centros autogestionados no necesitan re-vestirse de argumentos habitualmente tilda-dos de anticapitalistas o antisistema, sino que pueden apelar a los órdenes doméstico, ecológico y cívico como prioridades políticas y ciudadanas, sin eliminar las facetas indus-trial y mercantil, más próximas a la lógica capitalista, pero necesarias para dotar de consistencia a las propuestas alternativas. Esta evolución desde la ecocomunidad (Bar-beta, 2014) hacia la alianza con el poder, in-cluso con el más cercano a la ciudadanía, generará un debate tan inevitable como vivo en el seno de estas comunidades autóno-mas y antiautoritarias, debate que la investi-gación académica debe abordar en próxi-mas aportaciones.

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RECEPCIÓN: 13/03/2018REVISIÓN: 29/11/2018APROBACIÓN: 13/02/2019

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, July - September 2019, pp. 107-124

José Luis Sánchez-Hernández: Universidad de Salamanca | [email protected] Moro-Gutiérrez: Universidad de Salamanca | [email protected]

Orders of Worth as an Analytical Framework for Understanding Alternative

Economic PracticesLos órdenes de justificación como marco analítico

para el estudio de las prácticas económicas alternativas

José Luis Sánchez-Hernández and Lourdes Moro-Gutiérrez

doi:10.5477/cis/reis.167.107

Key wordsCapitalism• Community• Orders of worth• Alternative economic practices• Sustainability

AbstractThis article draws upon the theory of orders of worth to study those alternative economic practices that bring into question capitalism. Data from a survey administered to people engaged in 55 alternative experiences located in six Spanish towns are discussed, along with an in-depth analysis of eleven cases from the city of Salamanca, where semi-structured interviews, field observation and the regular monitoring of virtual spaces were used. These alternative initiatives build egalitarian, self-managed and autonomous communities, strongly focused on a respect for nature. However, they are compelled to incorporate market and business practices in order to ensure their internal operation and satisfy the demands from the legal environment. These corporate-like procedures are thus legitimised through compromises with domestic and ecological arguments.

Palabras claveCapitalismo• Comunidad• Órdenes de justificación• Prácticas económicas alternativas• Sostenibilidad

ResumenEste artículo emplea la teoría de los órdenes de justificación para estudiar las prácticas económicas alternativas que cuestionan el capitalismo. Los datos proceden de un cuestionario aplicado a participantes en 55 experiencias de seis ciudades españolas, y del análisis de once casos en Salamanca mediante entrevistas semiestructuradas, observación directa y seguimiento de sus espacios virtuales. Estas iniciativas alternativas construyen comunidades igualitarias, autogestionadas, autónomas y respetuosas con la naturaleza. Sin embargo, para garantizar su funcionamiento interno y satisfacer las exigencias del entorno normativo, deben introducir métodos industriales y comerciales de índole empresarial que son legitimados a través de compromisos con los argumentos domésticos y ecológicos.

CitationSánchez-Hernández, José Luis and Moro-Gutiérrez, Lourdes (2019). “Orders of Worth as an Analytical Framework for Understanding Alternative Economic Practices”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 167: 107-124. (http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.167.107)


108 Orders of Worth as an Analytical Framework for Understanding Alternative Economic Practices

IntroductIon1

During the financial and social crisis of the past decade, a series of economic initiatives have become widespread in advanced countries that have been labelled as alterna-tive economic practices (Conill et al., 2012). These practices challenge the conventional capitalist model that is based on: private ownership of the means of production; the company as an organisational unit; salaried employment as a source of income; market competition as a space for interaction; and the pursuit of individual profit as the objec-tive of the economic process.

The Community Exchange System [on-line], the main global electronic platform for the management of social currencies and time banks, has recorded 201 social curren-cy initiatives, and 43 time banks initiatives in Spain, which represent 28.3% and 22.9 % of the total worldwide. The Social Innovation Map of Catalonia [online] (Mapa de Inno-vación Social de Cataluña) has mapped 550 experiences (time banks, social currencies, consumer groups, urban allotments, self-managed spaces, energy cooperatives), while Employment, Economy and Strategic Planning Area of the Barcelona City Council, which supports these initiatives, has identi-fied 250 examples (Fernández and Miró, 2016). The Strategic Plan for the Social and Solidarity Economy of the City of Madrid [online] (Plan Estratégico de la Economía Social y Solidaria de la Ciudad de Madrid) mentions 90 cases, within a broad spectrum of cooperatives and third sector organisa-

1 This paper is part of the “Alternative economic spaces and practices for the construction of resilience in Spanish cities” (2016-2018) research project, Spanish R & D & I Programme - CHALLENGES (MINECO-FEDER- referen-ce CSO2015-65452-R). This project is part of the Net-work of Excellence “RETURBAN - Challenges for 21st century cities: a research agenda for the construction of sustainable and innovative urban spaces” (2017-2019). Spanish Plan for the Promotion of Scientific and Tech-nical Research of Excellence, reference CSO2016-81718-REDT.

tions. The Mares de Madrid [online] munici-pal project, which is co-funded by the Euro-pean Union, pursues urban, social and environmental transformation through alter-native mobility, food, recycling, energy and care systems.

The literature on these economic experi-ences has two distinctive features, one theo-retical and the other methodological. Firstly, these alternatives have been studied from perspectives that are critical of capitalism. The research supported by the labour theory of value (Jonas, 2010; Lee, 2010; Mason, 2016; Banet-Weiser and Castells, 2017) places collaborative and self-managed alter-natives as forms of value distribution in con-trast to the capitalist wage-labour relation-ship. The literature on communal goods (de Angelis, 2010; Noterman, 2016) argues for the collective management of essential re-sources and equipment (water, land, food, housing, public space) to combat neoliberal privatisation. There is a third trend that high-lights the contribution of these practices, especially those linked to food (Alonso et al., 2014; Barbeta, 2014), to the construction of a sustainable socioeconomic model. De-growth (Latouche, 2013; Kallis, 2017) and transition niche (López et al., 2014; Nicolosi and Feola, 2016) theories denounce the depredation of nature at the hands of capi-talism and see these practices as evidence of the feasibility of less carbon-intensive economic solutions.

Secondly, there has been a predomi-nance of local case studies that analyse a specific initiative, or several examples of the same type located in a specific city: produc-er markets in Madrid (Méndez and Monte-serín, 2017); agroecological consumption groups in Madrid (Michelini et al., 2017), Bar-celona (Barbeta, 2014) and Valencia (Mor-agues, 2017); self-managed spaces in Bar-celona (Yates, 2015), and urban allotments in Alicante (Espinosa et al., 2017). There have been fewer attempts to characterise a given practice for the whole of Spain, such

José Luis Sánchez-Hernández and Lourdes Moro-Gutiérrez 109


as consumer groups (Alonso et al., 2014), social currencies (Hughes, 2015), or time banks (Valor and Papaoikonomou, 2016). The overviews provided on alternative econ-omy in a city have been limited to Barcelona (Conill et al., 2012; Fernández and Miró, 2016; Suriñach, 2017), Valencia (Salom et al., 2017) and Valladolid (Pascual et al., 2018). As far as research techniques are concerned, the use of semi-structured inter-views predominates, followed a long way behind by group discussions and participant observation periods. The use of question-naires is in the minority, and they are admin-istered to participants who can report on a specific experience, except in the case of Conill et al. (2012).

This article proposes a different theoreti-cal and empirical approach. Instead of ana-lysing the alternative nature of these from positions divergent from capitalism, follow-ing Polanyi (1944) it is assumed that all eco-nomic processes are of a social nature and are subject to the same set of rationalities as other social activities. The theory of the re-gimes of justification or orders of worth de-veloped by Boltanski and Thévenot in De la Justification (1991)2, also known as conven-tion theory, confirms the plurality of argu-ments used to evaluate the behaviours of people and organisations, and judge the congruence of the situations where they in-teract. It does not engage in a negative as-sessment of capitalism and, in fact, it has been used to demonstrate that the capitalist companies seek profitability through techni-cal efficiency and market competition; but that their daily practices also incorporate ac-tions that strengthen trust between their em-ployees, their brands’ reputation, their com-mitment to the community, and their contribution to sustainability.

2 There is no Spanish translation of this book, but there is an English translation, albeit published long after the original: On Justification. Economies of Worth. Princeton: Princeton University Press, 2006.

The application of a theoretical frame-work common to the study of mechanisms of economic organisation that claim to be an-tagonistic (capitalist companies and their al-ternatives) will identify not only the points of divergence, the dominant approach so far, but also the points of confluence, still little considered (Argüelles et al., 2017). This arti-cle uses the orders of worth theory to char-acterise the specific combination of ratio-nalities that distinguishes alternative economic practices (AEPs) from capitalist companies. Both appeal to a series of argu-ments —orders of worth— that are poten-tially useful for all kinds of actors and situa-tions. The alternative nature of AEPs would thus lie in constructing a hierarchy of orders of worth, different from the one applied by the capitalist model, but developed on the basis of the same arguments. Therefore, it is more complex than ritual references to coop-eration, participation and sustainability (Bar-beta, 2014; Moragues, 2017).

On an empirical level, this study goes be-yond the scope of local approaches (focused on all the AEPs in a city) and sectoral ap-proaches (focused on a given AEP in several cities). It is not centred on local dynamics or on specific variants (food, exchange ...), but on the arguments and solutions that the AEPs as a whole use to oppose capitalist or-ganisational schemes. Six types of AEP have been analysed in six Spanish cities, which add up to 55 cases, in which techniques have been used thus far applied separately.

The first section presents the theory of orders of worth. The second proposes a def-inition of AEPs. The third describes the meth-odology and argues that these practices pri-oritise domestic, ecological and civic orders of worth, without completely ignoring the industrial, commercial, public and inspiration orders that guide capitalist praxis. The con-clusions summarise the most important as-pects in the study, and propose new lines of work.



the theory of orders of worth or regImes of justIfIcatIon

The theory of orders of worth maintains that people resort to various types of arguments to judge the appropriateness of their own be-haviour, of others’ behaviour and of daily life situations. According to this pragmatic soci-ology, our need to give meaning to the ac-tions that comprise our interpersonal rela-tionships has given rise to the interactive construction of frames of reference called orders of worth or regimes of justification. These are coherent subsets of values, norms, conventions, acts and objects by which indi-viduals construct, in an iterative process, re-liable expectations about what is expected of them and what they can expect from others in the situations in which they participate on a daily basis. They provide criteria for evalu-ating the people’s merits and to qualify situ-ations and the quality of the objects that con-stitute them. They act as reducers of uncertainty, legitimise each individual’s be-haviour and are used as a basis to assess other people’s behaviour.

The seminal text distinguished six orders of worth: inspired, industrial, market, domes-tic, opinion (or fame, or public), and civic; Lafaye and Thévenot (1993) later added the ecological order. In the inspired order, sub-jects do not invoke an earthly (i.e., social) order to justify their actions, but legitimises those actions as inspired by supernatural, unique forces, to which the subject feels re-sponsible. In the industrial order, dominated by technical objects and scientific methods, people are judged by their professional qual-ifications, and their actions must contribute to the efficient functioning of production sys-tems, from which stable performance is ex-pected. In the market regime, the accumula-tion of wealth is the benchmark, and competition to accumulate it becomes fully acceptable behaviour to satisfy the individu-al’s desire for profit. In the domestic order, respect for inter-personal bonds is demand-

ed in a context of physical proximity where the individual can only be conceived of as belonging to a network of people who are worthy of the group’s trust. On the contrary, in the public regime, legitimate actions pro-vide recognition to the individual outside of their inner circle, in the field of fame, and ap-proval by a large number of strangers. The civic order judges people and actions ac-cording to their contribution to the common good and to the development of a (material or institutional) public space that guarantees the free participation of citizens. Finally, there is an appeal to the ecological order when the impact of individual or collective actions on nature is censured, or when contribution to environmental sustainability is praised.

Boltanski and Thévenot used the exam-ple of business organisations to demonstrate that their life is not subject to a single order of worth. All companies need to reconcile their central imperatives: they must be in-spired (or innovative, in current terms), effec-tive, profitable, cohesive, prestigious, com-mitted and sustainable. Managing such diverse —or even opposed— demands is a source of internal and external conflicts that are resolved by reaching unstable agree-ments or compromises between divergent orders of worth. De la Justification devoted many pages to listing the criticisms that each order directs at other orders, and the agree-ments that can be reached through the ne-gotiated articulation of arguments from vari-ous orders.

A full account of this discussion cannot be given here for reasons of space, but its importance for the study of social economy will be discussed. The circuits of value (which consist of producers, distributors, consum-ers and regulators) operate as cognitive frames of social interaction, where the attri-butes that the products must contain are ne-gotiated. The evaluation of their quality no longer depends only on their traits, whether industrial (duration, reliability) or commercial (price, utility). Other criteria are increasingly



coming into play, including domestic (tradi-tion, local origin), public (brand, logo), civic (respect for regulations, commitment to the community) and ecological (recycling, animal welfare) types of criteria. Companies convey a discourse to consumers that incorporates all of these components, although each one adapts it to the individual characteristics of its product and its niche market.

This theory has supported an extensive line of research on how this type of pluralism is managed. Corporations must reach com-promises that combine elements of the dif-ferent orders of worth; but they must also communicate such compromises to society in order to comply with the applicable regula-tions and with the expectations of increas-ingly segmented and demanding consumers (Alonso, 2009). Cloutier and Langley (2013) conducted a literature review that analysed these compromises in companies engaged in the production of nuclear power, the care of the elderly, cheese manufacturing, legal advice, and the evaluation of tourist services. The organisational changes these compa-nies undergo in order to adapt their product and image to market trends were interpreted as a process in which domestic and ecolog-ical arguments were adopted. Jagd (2011) reviewed other contributions that applied these ideas to public organisations (hospi-tals, universities, schools) and found that, while their mission was imbued with civic purposes, their internal structure did not es-cape the demands of the industrial, market and public orders.

The theory of the orders of worth has been used to interpret the transformations of the agrifood system that have occurred in developed countries (Ponte, 2016, for a re-view) to analyse the circuits of value as a so-cial space for negotiating the quality of prod-ucts. This is due to the fact that food is one of the human needs that is most strongly modelled by natural and cultural factors. This literature stems from a critique of the food produced by global corporations and distrib-

uted by supermarket chains. It argues that these industrial food, market and fame re-gimes are responsible for the deterioration of traditional handicrafts, local trade, human health and the natural environment. The an-swer provided relies on a justification of the high quality of the food produced using do-mestic, civic and ecological arguments, em-bodied in alternative food networks (What-more and Thorne, 1997), based on the geographical proximity between producers and consumers, the equitable distribution of value, and sustainable circuits.

This article furthers this line of research by applying this theory to economic organ-isation mechanisms which are not for-malised to the same degree as corpora-tions, or that lack the complexity of value chains, but which share the domestic, civic and ecological objectives of alternative food networks.

ProPosal for a defInItIon of alternatIve economIc PractIces

The reviewed literature lists up to sixty alter-native forms of economic organisation. How-ever, it does not provide a definition that fa-cilitates its empirical identification. This section addresses this task based on the three terms included in the concept of alter-native economic practices.

The term practices designates organisa-tional forms with a very low level of institution-alisation, very often lacking legal personality. At the most, their members are associations that meet basic requirements such as having rented a meeting place or entered into a con-tract for electricity supply. Its governing body is an assembly, open to all members, where decisions are made by consensus, not by majority.

These practices are economic because they produce, distribute or consume goods or services, or finance these functions. Like capitalism, their purpose is to satisfy human



needs. However, AEPs provide cooperative (non-competitive) solutions not only to cover market-based needs, but also other needs that are confined to the domestic sphere and, from the capitalist perspective, are not part of the economy, because they are met without any business transactions. The alter-native economy prioritises use value (reuse, repair, barter, gift) over exchange value (price, credit), and aims to serve people as a whole, rather than becoming an end that must be fed through the permanent growth of pro-duction.

The notion of alternative is relational: it is alternative with respect to something that is considered conventional or mainstream, in this case, capitalism, particularly its current neoliberal, global and financialised version. It is important to identify three critical attitudes towards capitalism: opposition (anti-capital-ism), transformation (neo-capitalism) and the desire to overcome it (post-capitalism).

Anti-capitalism actively opposes capital-ism because it is nourished by Marxist, anar-chist, feminist and environmentalist critiques, which see capitalism as an exploitative, op-pressive, exclusionary and predatory system. Transformative trends, without questioning private property and the allocation of re-sources through the market, propose organ-isational schemes capable of correcting the most pernicious effects of capitalism on so-ciety and nature. Post-capitalism questions capitalocentricism, a worldview that domi-nates our way of thinking about the econo-my, according to which capitalism is seen as being the only viable economic system in the contemporary world. This movement recalls that, in daily life, many needs can be satisfied thanks to non-competitive or non-business practices that must be disseminated to stop the social penetration of capitalist relations.

This discussion should also incorporate a geographical dimension. The concept of varieties of capitalism (Anglo-American, Asian, continental European; Hall and Sos-

kice eds., 2001) is a reminder that capital-ism is not a monolithic system, which oper-ates independently of the specifics of the societies and cultures where it is rooted. This distinction cannot be avoided when at-tempting to define alternativity: if capitalism adopts geographically differentiated config-urations, its alternatives may differ accord-ing to the institutional context. This is the case with cooperative companies. In the US they are associated with the radical left (Noterman, 2016), but they lack this conno-tation in Mediterranean Europe, for example in the agricultural sector.

Alternative economic practices can be defined, then, as: mechanisms of economic coordination that are governed by principles of autonomy, reciprocity and direct democ-racy; promote non-competitive values (sus-tainability, cooperation, equity); and seek to eliminate, transform or overcome the hege-monic variety of capitalism in its geographical field of action. There are two spatial organ-isation models: either operating in a local area (neighbourhood, city), with physical meeting spaces for participants; or forming regional, national or international networks without the need for face-to-face contact be-tween members.

This study focuses on the first of these and leaves out experiences such as fair trade and ethical banking, for two main reasons. First, because the will to build democratic and sustainable communities translates into the formation of small groups that seek phys-ical proximity to stimulate confidence and minimise displacement (Conill et al., 2012; Moragues, 2017; Suriñach, 2017). Second, because their ideal of a values economy makes them the ideal object of study for a holistic theory. This theory is interested in the material situations created in the meeting spaces where, under weakly formalised con-ditions, compromises between orders of worth that demand the congruent function-ing of each initiative are negotiated.



the PluralIty of orders of worth In alternatIve economIc PractIces

Methodology

This study was carried out in six Spanish cit-ies, using a coordinated methodology. An inventory of AEPs that do not require the joint presence of participants which were operat-ing in each city was drawn up, according to the categories proposed by Conill et al. (2012). This was done on the basis of the knowledge that each local research team had of their city, and of some additional on-line searches. The six most frequent and widely disseminated forms of AEPs were se-lected as the object of study, in order to col-lect data from each one, from different cities and towns, thus reducing the effect of the local context on the overall results.

Afterwards, a methodological handbook was prepared for each type of AEP, which included a definition of the criteria to be met by each individual case, a data collection form, a semi-structured interview script, and a standardised questionnaire. The last three tools consisted of questions that were com-mon to the six classes of AEPs and of other questions that were specific to each of them. The fieldwork involved administering inter-views to the people designated by the par-ticipants in each AEP. During the interviews, the data sheet was completed (establish-ment date, number of people involved, ac-tivities they organised and their frequency...). This was followed by a request that the ques-tionnaire would be distributed among the participants, with the option of responding either on a paper form or online.

Between May and December 2017, data were collected from 55 experiences: four time banks (TBs), eight self-managed social centres (SMSCs), twenty-one agro-ecologi-cal consumption groups (AECGs), thirteen urban allotments (UAs), seven farmers’ mar-kets or barter markets (FBMs) and two social

currency initiatives (SCIs). All phases of the economic cycle (production, distribution, consumption and financing) were represent-ed, plus a leisure and meeting space (SMSC). The cases were distributed among Valladolid (24), Salamanca (11), Zaragoza (6), León (5), Alicante (5) and Oviedo (4).

Out of a total of 4,202 people involved in these AEPs, 389 questionnaires were ob-tained. The results are statistically signifi-cant at a confidence level of 95% and a margin of error of 5% (with a minimum re-quired sample size of 349 responses). The sample was composed of 53% women, the average age was 48.1 years old, and 92.5% had Spanish nationality. Their educational level (Table 1) was high (61.9% had univer-sity or post-university studies), consistent with a high proportion of them being active in the employment market (66.7% of par-ticipants were in employment), and belong-ing to households with a medium or medi-um-high income level: 43.7% reported that they earned between 20,000 and 40,000 euros per year (the Spanish average in 2016 was 26,730 euros, according to the Spanish Statistics Institute, INE).

The results from these questionnaires helped to situate the content of the eleven semi-structured interviews with the six types of AEPs in Salamanca in a wider context. These interviews were recorded with the consent of the participants. Their duration ranged from 40 to 70 minutes, and verbatim transcriptions of the interviews were used to encode the sections referring to the seven orders of worth using N-Vivo software. The remaining 44 interviews, also transcribed, were not used for three reasons. First, satu-ration level was reached with these eleven interviews, given the cross-cutting perspec-tive of this study, as was observed after reading the other transcripts. Second, be-cause the authors had the opportunity to observe or participate in different activities in these eleven AEPs during the fieldwork. In this way, a wealth of contextual information



was provided that was not available for the other cases. This participation was always subject to the prior authorisation of the AEP assemblies when it was about members’ ac-tivities, such as the distribution of orders or the assemblies themselves. The authors at-tended the open activities (fairs, markets, round tables) as members of the public, col-lected information leaflets and took photo-graphs and field notes which were duly tran-scribed in a journal. Third, because all this information had been completed with the bi-weekly observation of the virtual spaces of these eleven AEPs, which hosted abun-dant data about their trajectory, objectives and activities. The material gathered by us-ing face-to-face or virtual methods was es-sential in enriching the content of the eleven interviews, and to situate the alternative ac-tion in concrete physical and social spaces. It was also important in terms of verifying the meaning of the material situations in the de-velopment of compromises between orders of worth, as underlined by the theoretical framework.

Results

Essentially, the industrial and the market or-ders of worth, complemented by the public and inspiration-innovation orders of worth, support the functioning of contemporary capitalist companies. This does not prevent the recognition of how corporate social re-

sponsibility policies are widespread. They are imbued with civic and ecological values and human resource management tech-niques, aimed at strengthening interpersonal ties among the workforce (domestic order of worth). However, this is intended to increase their productivity and their commitment to the firm (Valenzuela and Molina, 2013).

The AEPs assert themselves as being al-ternative to this archetype. The data show that they also were in line with the seven or-ders of worth. They also have an economic purpose and share social and spatial spheres with capitalist firms. The difference lies, then, in the different combination of dominant or-ders of worth in each model.

The domestic order of worth

The small average size of the AEPs (76.4 members for the 55 cases, 37.7 in Salaman-ca) was found to be a basic requirement in forging a community of equals, based on in-terpersonal trust and direct participation in decision-making, one of the key claims made by the participants (Table 2, statement 11). The assembly (which was held either on a monthly or a weekly basis), to which all the members were invited to supervise the initia-tive’s progress, facilitated regular contact and the exercise of a consensus-based de-mocracy. Voting was never used to resolve discrepancies: problems were discussed in order to achieve unanimity and avoid feelings of exclusion among attendants.

taBle 1. Profile of participants in 55 alternative economic practices in Spain

Level of education attained (n = 378)

%Employment

status (n = 378)%

Annual household income (€) (n = 343)

%

Primary school 14.0 Retired 15.9 < 10,000 1.5

Baccalaureate 11.6 Student 11.6 10,000-20,000 30.9

Vocational training 12.4 Unemployed 5.8 20,000-40,000 43.7

University (diploma or degree) 45.2 In employment 66.7 40,000-60,000 7.6

Master’s degree or doctorate 16.7 > 60,000 2.3

Source: Based on the survey data.



These assemblies were held at the AEPs’ premises. The alternative space was an inte-gral part of the community and was deco-rated with motifs related to its activity. Sev-eral respondents admitted that its small size limited the growth of the group or the im-provement of its way of working. However, seeking new members was not mentioned as a priority, to the extent that the AEPs estab-lished a maximum number of participants, above which a new group was created.

This sense of community was reinforced by organising complementary activities (communal meals, barter markets, training workshops), and visits to AEP producers to de-commodify their relationship and estab-lish personal ties.

However, the contribution of members to self-management was often subject to inter-nal debate. Participants argued that it is im-portant to help other people and that they are

worthy of trust (Table 2, statements 1 and 9). But they also admitted to a certain division between a few very committed participants and others who carried out the minimum number of compulsory tasks, which hindered the group’s smooth running.

The civic order of worth

The domestic link built on the assembly and headquarters supported a civic space or al-ternative citizenship, subject to compliance with some unanimously approved rules. The main, most structured initiatives (TBs, AEC-Gs, SCIs) had written regulations which were accessible on their websites and defined the members as “partners” or “members”, with a number of rights and duties in connection with the collective space. Anti-authoritarian movements such as the SMSCs rejected this form of coercion, but displayed some rules of behaviour either on their website or display

taBle 2. Attitudes of participants in 55 alternative economic practices in Spain

StatementsAverage scores

For me it is important to…

1 help other people and be generous 4.0

2 obtain personal success and have my achievements recognised by others 2.2

3 earn a lot of money and own many things 1.5

4 have autonomy to develop my own ideas 3.8

5 comply with the rules established in each situation 2.8

6 look after my health and my diet 4.0

In my opinion…

7 the organisation of the economy should be based on private companies 1.7

8 competition among people is good because it stimulates effort and innovation 2.3

9 you can trust most people, not just friends and family 3.4

10 economic growth and job creation are more important than protecting the environment 1.7

11 it is necessary to develop more participatory forms of democracy 4.4


Note: Answers to the question “Rate your degree of agreement with the following statements by allocating a score of 1 to 5 (marking them with an ‘X’), where 1 means ‘Totally disagree’ and 5 means ‘Strongly agree’”.



at their premises lists of appropriate and in-appropriate types of behaviours. This alter-native civic space encouraged an autono-mous existence with respect to conventional socio-economic models, a highly valued as-piration among those involved (Table 2, statements 4 and 5).

The UAs, FBMs and SMSCs were func-tionally linked to their physical headquarters (plot, square, premises) and included the will to transform social relations in their immedi-ate environment either by conducting their main task (UAs, FBMs), or through the coun-terculture proposals hosted by SMSCs, whose premises tended to be used for gath-erings of ecologist, feminist and anti-capital-ist groups. The TBs, which were interested in recovering mutual aid neighbourhood net-works, wanted to de-commodify proximity relations by implementing a system of ex-change of services between equals. The AECGs showed their commitment to main-taining the rural population by purchasing food from producers who are independent from large supermarkets.

The answers to the questionnaire cor-roborated this transformative purpose. The most cited reason for participating in AEPs was to improve society, followed by a criti-

cism of conventional economy (Table 3, an-swers 4 and 5). The personal advantages that their involvement brought included con-structing an economic alternative (second place) and improving the local conditions of life (third place) (Table 4, answers 5 and 7). The interest in transforming the neighbour-hood where the AEP was located took sec-ondary. These findings are consistent with the definition of AEPs as an instrument for moving towards a different society.

This internal and external aspect of the alternative civic order of worth did not involve compliance with other civic obligations im-posed by the State and capitalism, such as paying rent and maintaining the premises. The most complex initiatives (TBs, SCIs, FBMs) were found to be law-abiding organ-isations that had signed the contracts as le-gally required. Other AEPs used premises provided by unions or parish churches, and compensated them for the expenses using cash from their activity. Another option was for one individual to enter into contracts (in their name) and make monthly payments us-ing funds generated by the AEP or made up of equal contributions by participants (SMSCs, UAs). When the alternative civic spaces were faced with standards common

taBle 3. Reasons for participating in 55 alternative economic practices in Spain

REASONS (number of mentions) Nº %

1 I can access free or cheaper goods and services 124 11.75

2 It allows me to participate in different activities 111 10.52

3 I can interact with different people 151 14.31

4 I contribute to improving society 259 24.55

5 I challenge mainstream economy 224 21.23

6 I help to transform my neighbourhood 91 8.63

7 I like to spend my time engaging in this activity 95 9.00

Total 1,055 100.00


Note: Answers to the question “Why do you participate in this activity? Choose a maximum of THREE reasons”.



to all citizens, compromises had to be reached to reconcile being aligned with their original ideology and fulfilling some inescap-able requirements.

The ecological order of worth

The construction of a socio-economic model that respects nature was a core objective of AEPs: protecting the environment was con-sidered more important than economic growth and job creation (Table 2, statement 10), and the main advantage associated with participating in an AEP was protecting the environment (4.2 points, Table 4).

Those involved in UAs, AECGs or FBMs wanted to consume local foods obtained by natural means that excluded animal suffering and chemical treatments. They valued health care through food as highly as collaboration with others (4.0 points, Table 2, statement 6). However, they questioned official environ-mentally friendly accreditations because the cost of certification and periodic visits to check standards was too high for small pro-ducers. The foods sold in the FBMs usually lacked these certificates and their local and artisanal sourcing was emphasised. The UAs analysed worked as spaces for the socialisa-

tion and transmission of traditional knowl-edge between elderly people of rural origin and urban young people eager to consume vegetables without chemical additives. These arguments combine the ecological and the domestic orders of worth in order to challenge the capitalist strategies that com-modify the criticism of industrialised foods. The SMSCs are antispecist spaces, host vegan canteens to raise funds, and they put on repair and recycling workshops for bicy-cles, clothes and furniture.

However, the ecodomestic ideal of a comprehensive supply of natural and local foods supplied by small farmers also suffers from restrictions. The AECs in Salamanca reported that they acquire food from prov-inces such as Valencia, Murcia, Granada, Cáceres, Burgos and Palencia, because the local supply is insufficient and the natural conditions prevent the local production of citrus, rice and fish. The SMSCs interviewed recognised that they lack the funds to buy organic food and replace it with fruits and vegetables bought in local stores, a commit-ment that substitutes the ecological order of worth for the domestic one.

taBle 4. Assessment of the advantages associated with participating in alternative economic practices

Advantages Average scores

1 I save money 2.6

2 I cover my material needs 2.8

3 I improve my personal self-esteem 3.1

4 I feel more integrated into the neighbourhood 2.8

5 I improve the living conditions in my environment 3.9

6 I fight social exclusion in my environment 3.1

7 I contribute to create an alternative to the dominant economic system 4.1

8 I protect the environment 4.2


Note: Answers to the question “How important are the following advantages for you in participating in this activity? Rate the following with a score of 1 to 5, where 1 is ‘Not important’ and 5 is ‘Very important’ (mark the numbers with an ‘X’)”.



The industrial order of worth

The AEPs in the study sought to be efficient. The periodicity of their assemblies estab-lished a more or less obligatory compliance routine. There was a standard procedure to process the orders of the AECGs, which were always collected on the same day and time from the premises. The process was su-pervised by a rotating group of volunteers that centralised the orders and transmitted them to the producers. The SCs distributed a monthly electronic bulletin of offers of goods or services for payment in ecos. The SMSCs posted a weekly schedule of open-ing hours and activities in their blog. The UAs designed their crop distribution, periodicity of irrigation and treatment of the plants. The FBMs specifically allocated tasks related to the layout of the stalls and the provision of the operating infrastructure to the organising committee.

Again, larger initiatives required stan-dardised management procedures: TBs and SCIs relied on digital platforms that connect-ed bidders and claimants together, allowed them to agree on the terms of the exchange, recorded the transactions made and calcu-lated the balance of each user. The BTs had a system of cheques that users were required to deliver to the secretary, managed by an association that supervised the quality of the exchanges by means of a telephone call to the receiver.

However, the disinclination of participants to the dehumanisation inherent to industrial methods hindered their implementation: es-tablishing a maximum number of members that guaranteed mutual trust was the most widespread safeguard mechanism. The re-spondents reported the existence of debates such as one on the possibility of replacing names by numbers in the baskets of an AECG; while it was recognised that this would expedite the distribution of orders, it implied a loss of personal recognition that was not accepted by the assembly.

The public order of worth

AEPs do not seek to isolate themselves from the rest of society, despite the primacy of do-mestic arguments. Their desire for social and environmental change is reflected in actions aimed at spreading their work and cultivating a good reputation.

Ten of the eleven AEPs analysed hosted one or more virtual spaces (blogs, webpag-es and/or Facebook) where they provide information about their objectives and ac-tivities. They also include links to the web-pages of other AEPs in Salamanca, which indicate that there is a network of people who promote a dynamic local alternative scene: 49.6% of respondents indicated that they participated in another form of AEP of those included in this study. These webpag-es also allowed third parties to communi-cate with the AEPs through an email ad-dress, hosted on a commercial server or managed by non-for-profit digital communi-ties (autistici.org, riseup.net). Conventional dissemination actions were also document-ed, such as distributing brochures about their regular activities and inviting people who might be interested in their activities, especially in SMSCs and in CSI fairs. The impeccably designed posters featured in their premises conveyed a creative and orig-inal image.

However, the dissemination of their ac-tivities seemed to be focused on the people involved in the local scene, which made up an extended alternative community. In the interviews some discretion was identified in the organisation of public activities that could attract the attention of local govern-ment authorities, given the unregulated and non-profit nature of the initiatives studied (except for the FBMs). In addition to domes-tic arguments and criticism of industrial pro-cesses, internal civic principles compromise the public penetration of AEPs, to the detri-ment of their ability to obtain essential re-sources.



The market order of worth

The relationship with the market, the space for competition and profitability, is the focus of the tensions derived from AEPs being im-mersed in a capitalist society. The partici-pants were not concerned about personal success or material wealth (Table 2, state-ments 2 and 3). They disapproved of compe-tition as a pattern of social behaviour and of private companies as dominating the econo-my (Table 2, statements 7 and 8). Only 11.75% admitted participating in an AEP to benefit from cheap prices (Table 3, answer 1), so saving money and covering material needs did not represent significant advan-tages (Table 4, answers 1 and 2).

In line with these approaches based on a people’s economy, the AEPs in the study that had their own currency (SCIs and TBs) estab-lished limits to the participants’ debit or cred-it balances. The purpose was preventing cur-rency from being hoarded, and ensuring that it circulates in a continuous flow of exchang-es that sustains initiative and nourishes com-munity spirit. In this way, currency recovers its function as a method of payment, a unit of account and a deposit of value, but it is stripped of the neoliberal attribute of being a speculative instrument.

Other people’s profit was also allowed in the transactions with producers (AECGs, FBMs), but prices were not established as a result of a negotiation between the parties. The assemblies accepted the prices set by producers because, appealing to the domes-tic argument, they assumed that it was a fair amount that enabled them to obtain decent earnings, considering the objective costs, but was incompatible with profit. In fact, some producers were not admitted to the AECGs because of their desire to increase sales or to demand prices that the assem-blies rejected as excessive.

However, this eco-civic-domestic market cannot be replicated in certain critical as-pects for the survival of AEPs. AEPs must be

profitable, in the sense of generating a flow of revenues in legal currency that exceeds the amount necessary to finance their main purpose. These revenues come from regular fees paid by members or from activities or-ganised for that purpose which are occasion-ally are advertised to the public to attract attendees and additional funds. These op-tions involve a direct transfer of personal in-come from the members to the initiative, consistent with their commitment to the community, but at the same time they mean a tacit acceptance of the profit demanded by external economic actors.

With rented premises, such voluntary contributions are chronically insufficient to cover the fixed expenses. Field observation and an analysis of the digital spaces revealed that business solutions were used to make the premises profitable, such as renting them out for alternative training activities, or the public space where they carry out their activ-ity, in case of the sponsorship of stalls by the FBMs. The ideological reluctance to a salary relationship does not prevent small pay-ments being made to people who are in charge of management tasks, funded by ap-plying an additional fee on to the amount of the weekly order (AECGs).

The inspired order of worth

Even though this environment is highly con-ditioned by collective arguments, it provides some leeway for individual freedom required by participants, in line with the inspiration or-der. Improving personal self-esteem was found to be a highly valued advantage (Table 4, answer 3), and reasons that expressed a wish to enjoy one’s time (Table 3, answers 2, 3 and 7) were secondary to those of a socio-economic nature, but not irrelevant.

AEPs are autonomous, self-managed spaces. The rejection of domination between people, plus the right of all participants to have their proposals discussed in the assem-blies, ensure a stable environment to allow for aspirations of self-realisation and transforma-



tion. This was recognised by those involved when, asked about their level of satisfaction with how the AEP worked, they gave an aver-age rating of 4.0 points out of 5, with a maxi-mum of 4.2 (SMSCs) and a minimum of 3.8 (UAs).

However, the establishment of consensus as a decision-making principle causes a structural barrier to the translation of new ideas into concrete measures related to the operation of AEPs or their relationship with their environment. Several of the cases stud-ied were separated from other AEPs due to discrepancies in the direction they were tak-ing. The search for unanimity may represent an obstacle to readjusting the hierarchy of orders of worth in the face of challenges such as: the ups and downs in the number of par-ticipants, the introduction of other manage-ment methods, the extension of the variety of products/services offered, and compliance with administrative requirements. The rejec-tion of leadership and hierarchy transfers power to the group, but to a certain extent, these practices may risk wasting the trans-forming power that certain people and pro-posals can bring.

A complex alternative hierarchy of the orders of worth

Domestic, ecological and civic orders of worth form the argumentative core of AEPs, but do not guarantee their viability by them-selves. They must resort to the orders closest to capitalism (market, industrial and public) to overcome the difficulties that arise when alternative schemes meet their internal limits or external pressure. As the theory posits, these contradictions are legitimised through compromises that rely on arguments taken from the prevailing orders of worth.

The crucial domestic order on its own is not enough as a guiding principle. Beyond an elementary minimum size, internal regula-tions are required to reconcile assembly self-management, with the setting of essential

individual contributions, in view of the very different levels of activity provided by some members. The alternative citizenship defined by these rules does not excuse the fulfilment of exogenous civic obligations that impede the total autonomy of AEPs; these obliga-tions are fulfilled thanks to compromise solu-tions designed to minimise the impact of heteronomy on their anti-authoritarian foun-dations. Size demands standardised man-agement, which involves a certain degree of depersonalisation, often addressed by re-sorting to the domestic argument of limiting the number of members allowed.

Ecological convictions form the second pillar of AEPs. The restrictions, both indus-trial (narrow offer) and commercial (high pric-es), to accessing sustainable supply are avoided by appealing to domestic argu-ments. These are related to trusting distant —but traditional— producers, and conven-tional —but local— shopkeepers.

The market order of worth has a very weak presence in AEPs, which is consistent with its cooperative basis, opposed to com-petition and profit. The elementary surplus that all circuits of value require is legitimised, again, by domestic arguments, such as hav-ing shared objectives with suppliers. Busi-ness-like behaviour may be introduced when the survival of an AEP is threatened, but this is very infrequent. A determined action in the public sphere could solve these shortcom-ings. But attracting members brings the community base into question and compli-cates the continuity of projects, due to a lack of resources and the risk of attracting the at-tention of the authorities. The domestic order of worth thus prevails over both the public and the civic-external ones in order to give rise to a compromise to preserve an AEP’s reputation within the extended alternative community in the same city; and yet, this may be at the cost of passing almost unno-ticed by the rest of the society and losing their transformative impact. Something simi-lar happens in the field of inspiration: AEPs



are innovative as economic proposals and create a context conducive to personal fulfil-ment, but each person must accept the limits that consensus imposes on individual initia-tives.

This framework of compromises within and outside of the alternative project shows, in line with Diprose (2017: 842), that “there is no pure outside to capitalism”, at least yet. This is what the participants seemed to think when they were asked to select the state-ment that best suited their aspirations. Some 49.6% opted for “I try to correct the most unfair aspects of current capitalism”, com-pared to 25.6% who preferred “I totally reject capitalism as an economic and social sys-tem” and 24.8% who subscribed to “I work to build a type of economic relationship that allows me to live outside of capitalism”. The pre-eminence of community, social and eco-logical aspects over strictly economic con-siderations, and the adoption of behaviour that is inevitably alike to that featured by con-ventional businesses could explain this mod-erate and reformist attitude.

conclusIons

This study has shown that AEPs combine arguments related to all orders of worth, as do capitalist businesses and non-profit pub-lic organisations. The theoretical framework is therefore able to connect economic activ-ity with social context at different levels of complexity: private corporations, public bod-ies, circuits of value and, now, localised alter-native practices.

The alternative project constructs its own hierarchy of orders of worth. It consists of an economy of people and not of organisations (practices) that is self-managed by the com-munity (domestic order) autonomously (civic-internal order) and sustainably (ecological order). These initiatives take distance from capitalist firms, given their transformative purposes and their principles of participa-

tion, equity and sustainability, but come clos-er to mainstream businesses when their in-ternal functioning and their external insertion require standardised procedures, ensuring a certain monetary surplus and a strengthen-ing of their reputation. The domestic and ecological arguments are translated into proximity relationships that are alternative to the global circuits that distance producers and consumers, along the lines marked out by alternative food networks.

Using the theory of orders of worth to analyse AEPs goes beyond the binary view that places capitalism and alternative into mutually exclusive categories. It paints a continuum-based picture, where multiple forms of economic coordination are differ-entiated by their specific combination of orders of worth. This, non-dichotomous, continuum-based interpretation has signifi-cant implications in terms of the transforma-tive potential of AEPs. Until now, skeptical authors such as Lee (2010) considered their small size to be the cause of their low im-pact. However, the determination and com-mitment to these alternative practices by some local governments, both in Spain and in other European countries, can open new opportunities to the transition movement (online Transition Network). Public mea-sures to support urban allotments, time banks and self-managed social centres do not need to take on arguments usually la-belled as anti-capitalist or anti-system; they can appeal to the domestic, ecological and civic orders as political and civic priorities, without eliminating the industrial and market elements, which are closer to the capitalist logic, but necessary to provide consistency to alternative proposals. This evolution from the eco-community (Barbeta, 2014) towards an alliance with power, even with that clos-est to citizens, will generate a lively, inevi-table debate within these autonomous and anti-authoritarian communities, a debate that academic research should address in future projects.



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