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1
MEMORIA DE UNA CAMPAÑA NEGATIVA.
LA PRENSA DE MORELIA DEL SIGLO XIX.
VICTOR AVILA RAMIREZ
- ¿En qué se parece un político a los gatos?
- en que hacen sus porquerías y las tapan con tierra
Periódico El Caniculario
El motivo del presente artículo obedece, en cierto sentido, a una idea que se
generalizó en el proceso electoral efectuado en el año 2006. Analistas políticos y
periodistas, previo al 2 de julio, sostuvieron que en México las “campañas negativas”
habían llegado para quedarse. Independientemente de la valoración ético-política que nos
merezca tal afirmación, desde la historia podemos observar que las luchas electorales nunca
han sido tersas, y que las campañas del lodo siempre han estado ahí, no en la versión que
actualmente conocemos de competencia de partidos y con tal profusión de medios, pero la
descalificación y la diatriba ha sido un fenómeno consustancial a la obtención del poder.
En esta perspectiva, voy a referirme a una elección, probablemente la más
representativa del periodo de la república restaurada, y que resume de manera
paradigmática el resquebrajamiento de un grupo político dirigente.
En julio de 1875 se efectuaron elecciones en Michoacán para renovar el Congreso
de la Unión y los poderes del estado. El calendario electoral coincidía para ambas
representaciones políticas. Sin embargo, se atribuyó a la situación de inestabilidad
provocada por la revuelta religionera como causa indirecta de que la elección, en términos
reales, se instrumentara en dos etapas al no poder reunirse la totalidad de los colegios
electorales en la fecha ordinaria. Por consecuencia, el Congreso de la Unión se vio en la
necesidad de expedir un decreto convocando a elecciones extraordinarias en aquellos
distritos en que no fue posible su celebración y de este modo evitar que se quedasen sin
representación nacional. De los quince distritos oficialmente reconocidos por el gobierno
El presente trabajo se desarrolló en el seminario permanente del Cuerpo Académico de Historia de México,
en la LGAC Historia Social, Política y de la Cultura. Agradezco la colaboración de Moisés Martínez Pedrasa,
hoy licenciado en Historia, en la búsqueda hemerográfica, y al profesor José Manuel Morales Palomares por
la revisión.
2
federal, o de los dieciséis según el gobierno del estado, en seis no se reunieron los colegios
electorales.1
En este año no se observó el acostumbrado movimiento electoral de los llamados
círculos políticos, y se dio a conocer una candidatura única, respaldada por el Círculo
Liberal de Morelia, expresión estatal del partido liberal. En consecuencia, todo indicaba
que se trataría de una elección de unidad, resultado de un pacto entre la elite política, y la
“campaña electoral”, o mejor dicho, los trabajos electorales transcurrirían sin mayor
novedad, salvo los acechos a la tranquilidad pública en ciertas zonas del estado por las
llamadas hordas latroreligiosas. Podría suponerse que esto sería así, porque la candidatura
de unidad se imponía como lo más deseable, ante la inconformidad social que desató el
decreto mediante el cual se elevaron a rango constitucional las leyes de reforma. Sin
embargo, esa aparente unidad de la elite, pronto se haría trizas.
Por las fuentes consultadas, se deduce que la candidatura única fue producto de la
negociación entre dos grupos políticos. Uno lo constituía la camarilla de los inmaculados
de la montaña, que detentaban el control político desde el año de 1867, y que era
comandada por el ex gobernador Justo Mendoza. El otro, era la expresión de una variopinta
coalición de liberales con diferentes orígenes y antecedentes, que se identificaba,
relativamente, con el gobernador Rafael Carrillo.
El acuerdo inicial del Círculo Liberal consistió en que la representación política a la
Legislatura del Estado quedaría en manos de la coalición (7 de 13),2 la representación al
senado para los inmaculados (Justo Mendoza y Manuel A. Mercado como propietarios) y
ambos grupos se comprometieron con la candidatura de Carrillo para ser reelecto como
gobernador. En cuanto a la representación al Congreso de la Unión, nunca se hizo pública
una lista de candidatos. Pero este hecho no era nuevo, ya que desde la elección del año de
1 La Fraternidad, Morelia, Imprenta del gobierno del Estado, 15/julio/1875, núm. 11. El periódico oficial en
este sentido fue muy parco en la información, por el contrario, el periódico La Fraternidad hizo notar que no
se habían instalado los colegios electorales de los distritos de Maravatío, Puruándiro y la Piedad, y que no
hubo elecciones primarias en Pátzcuaro, Tancítaro, Jiquilpan, Zamora y Purépero. Para el gobierno en cambio
sí se verificacon en Jiquilpan y Maravatío, y en la práctica se desapareció al distrito de Purépero por un
artificial segundo distrito para Morelia). 2 Los candidatos que se identificaban con el círculo de Mendoza fueron: Eduardo Ruiz, Medardo Burgos, José
S. Arévalo, Teodosio Alvírez, Ramón Farías y José María Velázquez. Los independientes, por designarlos de
algún modo: Miguel Meza Vargas, Manuel G. Lama, Juan B. Rubio, Luís Iturbide (hijo), y los de oposición:
Pudenciano Dorantes y Néstor López. Cabe aclarar que los independientes en comicios anteriores tuvieron
conflictos con Justo Mendoza.
3
1873 había sucedido lo mismo. Se puede conjeturar que ello obedeció a una cuestión de
tacto político a consecuencia de la complicada y dividida elección de 1871, pues en esa
ocasión se dejó sentir una grave inconformidad por parte de los electores de los distritos del
interior del estado, en el sentido de que la elite moreliana imponía candidatos en aras de la
unidad del partido liberal, pero que en el fondo coartaba la libertad electoral para que cada
distrito nominara a sus propios representantes, incluso pretendieron una reforma electoral
que hiciera posible que la distribución de escaños en la cámara fuese por distritos
uninominales y no por la votación general obtenida en el estado como circunscripción
electoral única, es decir, que se adoptase la misma fórmula de representación política que se
practicaba en el plano federal.
Para los integrantes del Circulo Liberal, que después devendrían en oposición, el
hecho de que la representación política nacional quedase en manos de los ministeriales
inmaculados, constituyó un desacuerdo soterrado. Los primeros aspiraban a tener una cuota
en el reparto de escaños federales, mientras que los segundos bien pudieron considerar que
ceder la mayoría en el Congreso Estatal había sido una concesión más que suficiente. Sin
embargo, presionar para lograr un nuevo equilibrio hubiera significado romper lo ya
negociado, con la agravante de la proximidad de las elecciones.
La circunstancia que generó incertidumbre y tensión en la elite política, y que a la
postre se convirtió en el factor que desencadenó el conflicto político,3 la constituyó el
hecho de que los colegios electorales no se reunieron en su totalidad (con la subsiguiente
polémica sobre si faltaron seis u ocho), y la publicación de la convocatoria a elecciones
extraordinarias (en conjunto, la denominada crisis electoral). Pero en esta ocasión, el
conflicto estallaría en una lógica distinta a la forma usual hasta entonces conocida, la
descalificación de la elección por fraudulenta: impugnación de los colegios electorales por
haberse instalado sin quórum, falta de requisito legal en el electo, y obstáculos reales o
supuestos a la libertad electoral, aunque tales señalamientos, la mayoría de las veces,
formaban parte de una estrategia de negociación política de puestos públicos o bien, para
hacerse notar y así lograr un mejor posicionamiento en una futura elección.
3 “Porque escribimos” en La Escoba, periódico liberal, Morelia, Imprenta del Gobierno del Estado,
2/septiembre/1875, núm. 1. Para sus redactores, lo sucedido en Michoacán se explicaba en función de la
renovación de los poderes locales y federales que derivó en lo que denominaron una crisis electoral que se
polarizó por la “ausencia de paz y las ambiciones personales”.
4
Lo novedoso del conflicto radicó en la tentativa de recomponer la representación
política a través de un cambio de candidatos para modificar la correlación de fuerzas
existente. Sin embargo, una vez instalados los colegios electorales, y de acuerdo a las
prácticas electorales decimonónicas, lo normal a esas alturas del proceso era dar por
concluido el trabajo político de uniformar la opinión de los electores (como se decía),
alrededor de una lista de antemano pactada, la que se suponía sería refrendada por dichos
colegios.
Conocidos los resultados electorales de algunos distritos, tanto oposicionistas como
ministeriales inmaculados se sintieron traicionados, y con acritud se recriminaron su mutuo
proceder. La oposición se hizo visible al aglutinarse en torno al Supremo Tribunal de
Justicia (STJ). Los ministros guardaron una prudente distancia –a excepción de Luís
Couto–, aunque en estricto sentido fueron desafectos a la camarilla de Justo Mendoza y W.
González. De entre los que se encontraban con algún cargo en el Supremo Tribunal, y que
se distinguieron por su activismo, tenemos a: Carlos González Urueña, Antonio Mora,
Pudenciano Dorantes, como las figuras más representativas por su trayectoria política, pues
habían sido diputados y desempeñado puestos de relieve en la administración, y en un
plano de menor importancia se mencionaba a Francisco Montaño Ramiro, Félix Lemus
Olañeta y Gil Urbizu, a los que se sumaba el diputado local Néstor López.
Otro factor que influyó en el desarrollo del conflicto fue la idea de promover la
declaración del estado de sitio en Michoacán y de este modo sofocar la rebelión de los
religioneros. La camarilla de Justo Mendoza de tiempo atrás, presionaba a Rafael Carrillo,
y un tanto desilusionados, estimaron que éste no sería la persona indicada en quien debería
recaer el mando militar y político,4 pues su ejercicio administrativo ya había dado pruebas
suficientes de ineficiencia,5 y por si fuera poco, los ministeriales no obtuvieron los
resultados que esperaban de las elecciones por la falta de energía y compromiso de Carrillo.
Aunque también, hay que hacer notar que hubo serias dudas, aun dentro del grupo proclive
al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, sobre la conveniencia política de tal medida. Para
4 “Estado de sitio” en El Atalaya, Morelia, Imprenta del Gobierno del Estado, 10/abril/1875, núm. 1. La nota
hacía referencia a que por la situación de inestabilidad en el estado, se sabía que se iba a aplicar tal
declaración designando como jefe en el mando a Francisco W. González, los redactores consideraron que, de
ser cierta la noticia, estaban de acuerdo. 5 “…nos permitimos indicarle que, mientras no se despoje de su blandura y no haga á un lado ciertas ideas”,
propias de otros tiempos no habrá paz y progreso. “Esperanzas” en Ibíd., 1/mayo/1875, núm. 4.
5
otro sector de liberales michoacanos, hacer efectiva la declaración del estado de sitio no
significaba otra cosa que dar un golpe de mano, y así, sin mediar elecciones, que los
mendocistas conservaran el poder.
Antes, durante y con posterioridad al proceso electoral, la prensa divulgó que se
pretendía hacer a un lado a Rafael Carrillo,6 a quien en el fondo no le entusiasmaba
demasiado una segunda postulación ni tampoco seguir a cargo del ejecutivo. La posibilidad
de que Francisco W. González, pudiera ser gobernador fue la causa real que desató la
confrontación de la elite política, hasta llegar al grado de la diatriba y la descalificación. Sin
embargo, justo es de reconocer que en aquella coyuntura, independientemente de los
dicterios circulantes, el personaje de mayor experiencia y talento político era W. González
y un poco atrás Macedonio Gómez, ambos compadres de Vicente Villada. Éste, desde La
Revista Universal que se editaba en la ciudad de México, había puesto en entredicho la
gestión de Carrillo,7 pero sus motivos se cifraban en un hecho aun más truculento. Villada
seguramente conocía que el autor intelectual del Plan de Nuevo Urecho fue el general
liberal Vicente Riva Palacio, quien lo había confeccionado con el propósito de
desestabilizar al gobierno de Michoacán, a través de los religioneros,8 en la escalada que se
gestaba contra la presidencia de Lerdo de Tejada.
Bajo esa óptica, la tentación de un cambio político era algo que aconsejaba el
pragmatismo. Por tal motivo, es posible suponer que se haya llegado a considerar que el
estado de Michoacán necesitaba de un probado liberal anticlerical que lo gobernara, y a los
ojos de Juan José Baz (colaborador cercano del presidente Sebastián Lerdo de Tejada),
6 “Las elecciones”, en La Fraternidad, 30/junio/1875, núm. 9. Este periódico previamente a la próxima
instalación de los colegios electorales (11 de julio), alertó de que corría el rumor de que no era posible su
reunión porque no había seguridad para los electores a causa de la guerra religionera. Arguyó que un
gobierno provisional, aunque previsto en la Constitución para situaciones de emergencia, no era una medida
saludable. En suma, defendía que el proceso electoral para la renovación de los poderes locales debería
llevarse a cabo a toda costa, incluso repitiéndolas donde no hubiera sido posible realizarlas. 7 El Progresista, periódico oficial, Morelia, Imprenta del Gobierno, 22/abril/1875, núm. 405. En el artículo
“La revista” se da contestación a un escrito de Vicente Villada sobre las medidas que había tomado el
gobierno para lograr la tranquilidad pública y juzga como imposibles de realizar algunas que proponía el autor
de referencia. 8 “Bien sabido es que ambiciones frustradas y ódios personales han llevado al héroe de Zitácuaro á redactar un
periódico de oposición”, no es extraño que su redactor apoye a los religioneros, ya en otra ocasión introdujo
entre los liberales michoacanos la desunión. El Atalaya, 29/mayo/1875, núm. 8. El periódico oficial en su
gacetilla reprodujo una nota del periódico El Monitor que decía: “Un plán descabellado. De esta capital ha
salido un plán redactado por una persona que aspira a los más altos puestos en política; ese plán debe normar
la revolución organizada por los latro-religiosos de Michoacán, para desconocer el gobierno de la República”,
y mas adelante agregaba, “Decimos esto porque se nos cuenta que el autor del plán es un individuo que se ha
jactado de ser patriota y liberal”. “¿Quién será? en El Progresista, 25/febrero/1875, núm. 389.
6
nadie mejor que su conocido amigo, en tiempos del huertismo, Francisco W. González, que
además de combatir con energía a los religioneros, sería un político leal al gobierno del
presidente.
La prensa de la ciudad de México, no dejaba de tener presente a W. González cada
vez que se hacía alusión a la difícil situación por la que atravesaba el estado. El Federalista,
reseñó una carta dirigida a su redacción, proveniente de Morelia, en donde se adulaba el
protagonismo político del multicitado personaje. Sin embargo, los desmedidos elogios para
el posible salvador de la entidad sonaban a ironía. El artículo sostenía que, a pesar de la
revolución clerical, la infatigable actividad desplegada por W. González “logró que las
elecciones se verificaran en la mitad de los colegios electorales” y agregaba:
Es de sentirse sin embargo, que no ha habido elecciones para los poderes del
Estado, si bien esto tendrá una buena recompensación, porque, sabemos, aunque
[se] pensaba en la reelección del sr. Carrillo, no habiéndose logrado este objeto, se
piensa hoy elevar a la primera magistratura de Michoacán al sr. Lic. Francisco W.
González cuyos talentos políticos y administrativos hace tiempo que son conocidos
porque dicho señor ha sido el primero y mas distinguido consejero de las
administraciones de los Sres. Huerta, Mendoza y Carrillo, en las que nada se ha
hecho sin su intervención. El Sr. Carrillo apoyará con todo su prestigio este
nombramiento…9
Una vez efectuadas las elecciones secundarias ordinarias (el 11 de julio), el tema de
debate en la prensa giró en torno a si había habido elecciones o no para la renovación de los
poderes del estado. A los redactores del periódico La Fraternidad, que sostenían como
candidato a Rafael Carrillo, los abatía una preocupación que hicieron extensiva a los
ciudadanos: que corrían ciertos rumores en torno a una posible segunda convocatoria a
elecciones estatales, bajo el argumento de la “falta de número”, “ya que no votó la mayoría
de los distritos electorales”,10
pues al parecer en ocho no se reunieron los colegios
respectivos. Porqué se tomó como criterio el número de colegios electorales, es algo difícil
de determinar, en la medida que el marco normativo electoral nada especificaba con
respecto a ese punto. Es de suponerse que fue así, porque la regla de oro de legitimidad en
9 “Las elecciones en Michoacán” en El Federalista, México, 24/julio/1875, núm. 1498, Tomo VI.
10 La Fraternidad, 15/julio/1875, núm. 11. La preocupación de sus redactores era doble. Por un lado, seguían
sosteniendo a Carrillo al mismo tiempo que temían se impulsase a Francisco W. González como gobernador,
pero por otro, también apostaban a un cambio de candidatos en lo concerniente a la representación al
Congreso de la Unión.
7
las prácticas electorales decimonónicas la constituía el criterio de mayoría absoluta (50%
más uno).
La posición del periódico La Fraternidad fue difusa y contradictoria, pero al menos
son netamente diferenciadas dos posiciones: a) como no había habido elecciones lo
aconsejable era su aplazamiento hasta que se lograse la pacificación en el estado, b) si bien
no se instalaron ocho colegios, lo que se imponía era convocar inmediatamente a elecciones
extraordinarias. El periódico oficial, por su parte, fue dosificando la información sobre los
resultados electorales estatales, publicando las actas de ocho colegios y de dos, solamente
consignó los nombres de quienes habían sido favorecidos con el voto popular (las actas de
elección sobre los diputados federales no se publicaron). Lo anterior, sucedió en el lapso
del 15 al 27 de julio, en esta última fecha el Congreso del Estado sesionó para decretar la
convocatoria a elecciones extraordinarias en seis distritos.
Más tarde, cuando se tuvo conocimiento del decreto federal para celebrar elecciones
extraordinarias, los redactores de La Fraternidad anunciaron que dejarían de circular por
breve tiempo, pero no sin antes advertir sobre los nuevos rumores que circulaban: “algunos
liberales, desleales a su compromiso, y faltos de buena fé, se proponen aprovecharse de este
accidente, para desviar el voto de los colegios electorales, e inclinar la elección de
gobernador á favor de personas indignas”.11
En efecto, la Legislatura del Estado convocó a elecciones extraordinarias, incluso
antes que el Congreso de la Unión, en el caso particular michoacano para elegir gobernador
y diputados locales en los distritos faltantes (seis), pero en el artículo segundo se dejó
asentado que en caso de haber elecciones federales, las estatales se pasarían a los días 24 y
25 de agosto,12
fechas que tuvieron que modificarse mediante un segundo decreto, al
conocerse la disposición de la diputación permanente del Congreso de la Unión de
convocar a elecciones extraordinarias en seis distritos michoacanos, para completar la cuota
de representación nacional que le correspondía al estado.
11
Ibíd., 4/agosto/1875, núm. 14. Este periódico fue considerado como el órgano del partido liberal en
Michoacán, pero sus redactores se convirtieron en oposición. Es conveniente advertir que no es clara la
relación entre los redactores de este periódico y el posteriormente editado como La Picota, pero hay
suficientes indicios de que un número significativo de ellos estuvieron en uno y en otro. 12
Decreto 87 (27/julio/1875) en El Progresista, periódico oficial, Morelia, Imprenta del Gobierno,
29/julio/1875, núm. 433. Decreto de la diputación permanente del Congreso de la Unión (29/julio/1875) y
decreto 89 (5/agosto/1875) de la legislatura del Estado de Michoacán, en Ibíd., 9/agosto/1875, núm. 436.
8
Con la misma fecha en que apareció la denuncia de La Fraternidad, Francisco W.
González envió un remitido a los periódicos El Federalista y al oficial de Michoacán (4 de
agosto de 1875), con el objetivo de hacer puntuales rectificaciones sobre la carta que reseñó
el primero. Por principio de cuentas hace la aclaración de que a él no le corresponde el
mérito de que las elecciones se hayan podido efectuar en Michoacán sino al partido liberal,
siendo eso posible en la mayoría de los distritos “y no solo en ocho como equivocadamente
se dice en la carta”, en consecuencia, para W. González, era indudable que habría poderes
locales constituidos. El hecho de que en algunos distritos se fueran a celebrar nuevos
comicios no tenía para el autor de la carta aclaratoria, “una segunda mira sino para darle á
la elección ya hecha mayor fuerza y para que se conozca que la opinion pública la favorece
completamente”. No obstante la reflexión persuasiva y efecto tranquilizador que W.
González quiere trasmitir, en oblicuo lenguaje agregó: “mi candidatura para el gobierno de
Michoacán ni existe ni ha existido hasta ahora…”13
En cuanto al papel que se le asignaba como director de la política de Huerta,
Mendoza y Carrillo, W. González sostiene que se trata de una falsedad completa, pues sólo
fue de los dos primeros “un colaborador de sus ideas”. Respecto al gobierno de Carrillo, a
quien respeta por ser un hombre con independencia de criterio, la prueba de que no tiene
“ninguna influencia en su administración, es la marcha que ella sigue en muchos puntos,
enteramente contraria á mi conocido modo de pensar”.14
La idea de cambiar de candidato para gobernador en los seis distritos faltantes,
teóricamente era posible al no existir registro de candidaturas. Carrillo llevaba 329 votos,
de tal manera que con una asistencia asegurada de 60 electores en promedio por los
distritos faltantes (80 era el indicador para un distrito de 40,000 habitantes) y si éstos se
manifestaban unánimemente podría revertirse la votación obtenida por Rafael Carrillo. Para
la elite política cambiar la orientación del voto, en tanto que se concebía más como una
práctica colectiva que una individual, no constituía una agravante para la democracia –
salvo romper un delicado pacto-, sin embargo, la empresa era difícil y altamente riesgosa.
Por otra parte, las prácticas electorales de la elite moreliana ponen de manifiesto la
tesis de que el sufragio sólo era un recurso más del juego político (una puesta en escena), y
13
El Progresista, 9/agosto/1875, núm. 436. Las cursivas son nuestras. 14
Ídem.
9
formaba parte de las disputas inter-elite, pero no era la expresión que condensara la
participación de la sociedad en la designación de sus autoridades.15
En el caso michoacano,
el voto era movilizado por los círculos políticos de la capital con sus redes de amigos en los
distritos, aunque de manera orgánica y efectiva a través de los prefectos, jueces de letras,
administradores de rentas, la burocracia del gobierno y ayuntamientos, jefes de policía de
las tenencias, y sobre todo, para el área urbana por los jefes de manzana.
No es posible, en este espacio, exponer a detalle todo lo acontecido en cada distrito
con respecto a los diferentes planos de la elección, pero del análisis con que se cuenta se
puede sostener que los candidatos a la legislatura estatal nunca estuvieron a discusión, ni la
del propio Carrillo en sentido estricto, salvo por el regateo de la elite política moreliana que
le cuestionó su falta de compromiso político. En consecuencia, el hecho de que no se
hubieran instalado los colegios electorales de Tancítaro, Zamora, La Piedad, Puruándiro,
Purépero y Pátzcuaro, no fue a causa de las garantías deficientes para proteger la seguridad
de los electores o de la indiferencia ciudadana, sino a que, precisamente, en esos distritos
las fuerzas políticas estuvieron polarizadas y no hubo arreglo en cuanto a los diputados
federales a elegir y se optó por no instalar los colegios respectivos, a nuestro entender, lo
que buscaba la oposición era equilibrar la representación nacional en el mágico número de
ocho miembros, aun haciéndose cómplice de un inexistente 2° distrito por Morelia.
Parece claro que la idea del cambio de candidato a gobernador formaba parte de un
chantaje político, aunque utilizado con diferentes intenciones por ambos bandos. La presión
ejercida por la camarilla de Mendoza rompió el cerco de influencia de la oposición sobre
Carrillo, y éste, convencido o no, terminó por desplazarlos. Desde el momento en que se
acordó ir a elecciones extraordinarias solamente en seis distritos (dato crucial), el periódico
oficial reprodujo notas de la prensa nacional en que se alababa la administración de Carrillo
y se le felicitaba por su reelección, (incluso de la “Revista Universal”, espacio propicio de
los ministeriales inmaculados), aun antes de llevarse a cabo elecciones en los distritos
faltantes, lo que también, por otra parte, explicaría el ambiguo remitido de Francisco W.
González descartándose como candidato alterno. Esta afirmación, no significa que las
posibilidades de W. González a la jefatura de gobierno estuvieran canceladas, por el
15
La tesis es de Hilda Sabato, “Elecciones y prácticas electorales en Buenos Aires, 1860-1880”, en Antonio
Annino, Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, Uruguay, FCE, 1995. pp. 140 y 141.
10
contrario, lo único que se quiere decir es que la vía de acceso no pasaba por la contienda
electoral, y sí, tal vez, por el Congreso del Estado o mediante una futura convocatoria.
De acuerdo al sistema político de la época, se puede sostener que la hegemonía
política se cifraba en el control sobre el ejecutivo del estado, la legislatura local y federal, y
en menor medida del poder judicial (las cámaras durante el porfiriato perdieron su papel
protagónico y las prefecturas adquirieron una relevancia fundamental). La reelección de
Carrillo expresaba la frágil unidad de los liberales michoacanos, la cámara de diputados
locales significaba, en su integración mayoritaria, un perfil político no identificado con la
camarilla de Mendoza y W. González, mientras que la diputación michoacana al Congreso
de la Unión reflejaba el sentir de estos últimos. En este escenario, grupo que lograra romper
ese equilibrio se traduciría en un cambio de correlación de fuerzas a su favor. Por esto, la
fracción de los liberales que devinieron en oposición, pretendieron incidir sobre la elección
de diputados federales con el objetivo de construir un nuevo equilibrio político que
desplazara a la camarilla hasta entonces gobernante. El nuevo equilibrio se alcanzaría a
plenitud con la cooptación de la titularidad del ejecutivo en la siguiente renovación
electoral.
INMACULADOS TORNASOLADOS CONTRA INMACULADOS DE MANDIL
El punto de eclosión de la confrontación lo constituyó la elección municipal, pues se
hizo coincidir la fecha de elecciones primarias extraordinarias con la renovación popular de
los ayuntamientos del estado (15 de agosto), y las secundarias tendrían lugar el 29 del
mismo mes (según el decreto federal), trasladándose la elección de diputados locales y
gobernador para los días 31 y primero de septiembre respectivamente, y el día 7 el
Congreso del Estado se instalaría como colegio electoral para realizar el cómputo y la
calificación. La elección de autoridades del ayuntamiento de Morelia definió claramente las
posiciones de los bandos en conflicto, pues inmediatamente al evento de referencia
aparecieron los periódicos La Picota y La Escoba, mientras que La Fraternidad al
expresarse cada vez más con mayor aspereza contra la camarilla de Mendoza, dejó de
circular al perder la subvención del gobierno.16
Para los oposicionistas el fraude era el sello
16
Es a partir de la elección municipal que se menciona que en el Supremo Tribunal de Justicia se esconde una
oposición sistemática, juicio que se desprendió de la energía con que actuó el juez de lo criminal, Pudenciano
Dorantes. Para los redactores de La Fraternidad, el juez sólo cumplió con su deber al haber una denuncia de
por medio, por tanto, estimaron que se ultrajaba al poder judicial, porque era falso que el tribunal se hubiese
11
de los ministeriales de la montaña, y para éstos, el uso faccioso de la justicia caracterizaba
a los primeros en sus ambiciones políticas.
Para los conservadores, las fuerzas contendientes en el escenario político estaban
divididas en masones, semicatólicos y católicos netos, desde luego, a estos últimos los
representaban aquéllos. Definido el escenario político, los conservadores arengaron con
vehemencia a los ciudadanos para que el sufragio se otorgara a personas católicas y, al
mismo tiempo, les recomendaron que para poder “librarse de ciertas artimañas es necesario
y en Santa Paz que el Pueblo procure no separarse de las mesas electorales de lo contrario,
todo esta[rá] perdido pues nuestros contrarios en un abrir y cerrar de ojos pueden comerse
cuantas boletas no sean favorables [para su partido]”.17
Llama la atención la forma en que los conservadores definen a los grupos políticos y
la manera en que pretendieron atraerse el voto estando de por medio la revuelta religionera.
La identificación masón y protestante para con el partidario de las leyes de reforma tenía
antecedentes en la sociedad moreliana. El motín de agosto de 1871 tuvo como factor de
movilización social la interpelación “mueran los masones”, en esa fecha la ciudad de
Morelia vivió algunos días de enfebrecida alteración del orden público, y las dos o tres
personas pacíficas, que, según se decía, eran protestantes, tuvieron que abandonar la ciudad
por la presión de la turba que los buscó hasta en sus domicilios para colmarlos de injurias e
intimidarlos, como fue el caso de un conocido tendero del Barrio de San Juan.
Antonio Mora, colocó el acontecimiento referido en una perspectiva política de
mayor alcance, como así quedó plasmado en el editorial que escribió en el periódico El
Voto Libre, al manifestar las delicadas y graves tareas pendientes que tenía el partido
liberal: “con la punta de su espada escribió los derechos del hombre y la reforma, le falta
aun que imprimir estos principios en el corazón de todos los mejicanos…” porque los
constituido en una facción con miras políticas. Sin embargo, los de la Fraternidad tomaron partido al señalar
que los integrantes del ayuntamiento se sintieron frustrados cuando advirtieron que el sufragio no los
favorecía, a pesar de los trabajos que con antelación prepararon, decidieron entonces torcer la voluntad
popular cometiendo toda clase de abusos. “El poder judicial del Estado”, en La Fraternidad,
14/septiembre/1875, núm. 19. En cuanto al hecho de que dicho periódico dejara de circular, sus redactores
adujeron que por el recorte a sus salarios como empleados públicos, les era imposible costear su impresión. 17
“Elecciones” en El Sacristán, Morelia, Imprenta Vda. e hijos de Arango, 20/junio/1875 y 28/junio/1875,
núm. 24 y 25. Es conveniente aclarar que el periódico se estaba refiriendo a las elecciones primarias
ordinarias y no a las del ayuntamiento, sin embargo, lo importante para nosotros es la caracterización que se
hizo del escenario político en su entramado electoral.
12
enemigos del progreso a través de “los perturbadores aprovechan la masonería y el
protestantismo para fomentar el terror”,18
y así preparar una asonada clerical.
El periódico El Monaguillo, que evidentemente no estaba a favor de ninguno de los
bandos, sostuvo que se había organizado una poderosa oposición en el STJ pero con la mira
puesta en la Tesorería General del Estado y no en las elecciones del ayuntamiento, para los
redactores de este periódico lo que el pueblo quería era “que tanto oposicionistas como
ministeriales se vayan”.19
La camarilla mendocista de última hora y de manera soterrada, impulsó una
candidatura al ayuntamiento y se valió de cuanto medio estuvo a su alcance.20
Contra el
albazo, la oposición denunció falsificación, sustracción y suplantación de boletas en varias
casillas electorales y promovió un juicio contra el presidente del ayuntamiento, Manuel
Alvírez González, ante el juez de lo criminal Pudenciano Dorantes. A expensas del proceso
instruido y la nula colaboración del ayuntamiento para practicar el desahogo de pruebas, el
juez sentenció la formal prisión de los regidores por resistencia a la autoridad.
Manuel Alvírez González no corrió la misma suerte que sus compañeros del
ayuntamiento, probablemente por la circunstancia de haber sido electo diputado federal en
los comicios recientes, al entenderse que era poseedor de fuero. Además de que el
presidente municipal, por reglamento, no estaba obligado a votar en las sesiones de cabildo,
como así se comportó en la sesión en que no se admitió la petición del juez de que se le
aceptara un expediente electoral que por su conducto hacía llegar el presidente de una
casilla. Ante lo insólito de los denodados esfuerzos del justiciero electoral, Alvírez formuló
una queja al gobernador, denunciando la intromisión del poder judicial en asuntos fuera de
su jurisdicción.21
Por su parte, los munícipes, en calidad de reos promovieron un juicio de
18
“Sofismas políticos” en El Voto Libre, Morelia, Imprenta de Octaviano Ortiz, 22/septiembre/1872, núm. 5.
“Sueño peligroso” en Ídem. El mensaje, en última instancia, a quien estaba dirigido era a Carrillo, para
advertirle que “agentes sediciosos frecuentan los barrios mas poblados y miserables de la ciudad” circulando
noticias alarmantes sobre nuevos impuestos, “vejaciones y ataques al culto católico” y que los funcionarios de
su administración, en su letargo, no veían la tremenda asonada que se preparaba. 19
El Monaguillo, Morelia, Imprenta Vda. e hijos de Arango, 9/septiembre/1875, núm. 6. 20
“Elecciones” en La Fraternidad, 18/agosto/1875, núm. 16. Se sostiene que las elecciones de ayuntamiento
no fueron lo pacíficas que esperaba el partido liberal, pues una pequeña fracción conformó, ante sí misma y
de última hora, una candidatura propia con el objetivo de participar. 21
ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE MORELIA (AHMM), Comunicaciones con las autoridades
superiores, Libro 161 (1872-1875). La nota-informe relata lo acontecido desde el día que se presentó por
primera vez el juez Dorantes. Ante los hechos, el cabildo tomó la determinación de no aceptar el expediente
que el juez remitía por no ser el conducto legal, además de “arrojar al ayuntamiento un agravio, pues venía
13
amparo por violación de garantías, el cual les fue concedido y se le ordenó al juez de letras
la suspensión del acto reclamado.
Para el juez federal, los ayuntamientos, según el derecho público, eran libres e
independientes en materia electoral, y los jueces de primera instancia no podían inmiscuirse
sino hasta después de haberse hecho la declaración de validez o nulidad de la elección de
los alcaldes. Bajo este supuesto, las penas aplicables por el juez serían la suspensión de los
derechos ciudadanos y la destitución, de ser el caso, del empleo público, pero no la formal
prisión, porque además, aceptando que hubiera habido infracción a la ley, no hubo
resistencia armada, condición para la pena corporal, en consecuencia, se estaban violando
las garantías individuales de los munícipes.22
El fallo del juez federal de distrito, Gabino Ortiz, se ventiló en la prensa de la época.
Se le cuestionó como el “mas desafinado de los anales de la justicia federal” por su
“pobreza de fundamentos”, pues para el juez “la desobediencia á la justicia no es un delito
que merezca la pena corporal”, por tanto, ya no se podrá ejecutar la formal prisión a los
delincuentes23
y que dicho fallo violaba la soberanía del estado.24
La revisión del caso por
la Suprema Corte de Justicia de la nación, ratificó la sentencia del juez federal de distrito.
El juez federal, Gabino Ortiz, solicitó al pleno del tribunal ordenara al juez Dorantes
cumpliera a cabalidad la sentencia por él dictada, la votación del pleno estuvo dividida pero
fue favorable a los quejosos (Couto, Manuel Valdez y Antonio Mora, como ministro
asociado, votaron en contra de la solicitud del juez federal, Vicente Domínguez, Ángel
Garmendia, Pascual Ortiz, y García Leiva, a favor).
El objetivo político del juez Dorantes fue aprovechar la elección municipal para
llamar la atención pública sobre lo que pudiera ocurrir en la próxima reunión de los
sellado dicho pliego lo cual indicaba una desconfianza…” que hería la dignidad y decoro de la corporación.
Comunicación núm. 6 (31/agosto/1875). En la sesión de cabildo de fecha 24/agosto/1875, se discutió el
asunto, el presidente Manuel Alvírez informó que había consultado con el gobernador la primera petición del
juez Dorantes de examinar los expedientes de la elección, y que aquél había dado la instrucción de que se le
permitiera la inspección pero sin abrir los paquetes para evitar escándalos. Así se procedió y el juez levantó
un inventario mediante acta. El presidente le manifestó al juez que tal proceder constituía una injuria a la
corporación, a lo que éste repuso que así obraba porque se había formulado una denuncia de que se estaban
“suplantando boletas” sin decir quien denunciaba. En la sesión de 27/septiembre/1875, se discutió la petición
del juez de que se le enviara el expediente de la elección municipal y se determinó que por conducto del
gobernador se le dirigiera una excitativa para que el representante judicial normara sus procedimientos a
derecho. Actas de cabildo en borrador, Cuaderno núm. 1 (1875), caja 245 “C” (Ref. anterior). 22
“Juzgado de distrito” en El Progresista, 25/octubre/1875, núm. 458. 23
Suplemento al núm. 4 de La Picota, 11/noviembre/1875. 24
La Fraternidad, 14/septiembre/1875, núm. 19.
14
colegios electorales convocados y, a través del escándalo periodístico, responsabilizar a
Justo Mendoza y Francisco W. González de posibles maquinaciones en los comicios.
Exhibir al ayuntamiento en funciones, proclive a los ministeriales de la montaña, como
perpetrador de falsificación de boletas equivalía a señalar a los prefectos de los distritos
como agentes de las mismas prácticas, en la medida que los ayuntamientos estaban
subordinados a su autoridad, además de que a esa instancia de gobierno le correspondía
administrar los viáticos a los electores pobres de la comarca para que asistieran a la
cabecera del distrito electoral, así como registrar sus credenciales y presidir la instalación
de los colegios.
La descalificación política que estaba atrás del litigio electoral municipal, en aquel
climático momento en que estaba a punto de decidirse la representación política, se constata
en las afirmaciones de Carlos Gonzáles Urueña, quien llevado por un arrebato ante lo soez
de la contienda confesó:
… yo tengo un pecado que no me perdonarán jamás aquellos hombres: haber hecho
cuantos esfuerzos he podido hace catorce años para nulificar en política á D.
Francisco W. González y á su inmunda camarilla, porque creo que uno y otra son
la causa de todos los males que ha sufrido Michoacán. Recuérdese lo que pasó en el
último periodo de la administración de Huerta.25
González Urueña invitaba a recordar que en la Legislatura de 1861, conformó un
bloque de diputados que se enfrentó a un autócrata como gobernador: Epitacio Huerta, y
tuvieron que separarse del Congreso en medio de una enorme tensión política, propiciando
una crisis de legitimidad, lo que les valió ser declarados incursos en las penas de la ley por
haber abandonado sus funciones sin causa justificada. Pero tampoco habría que olvidar que
en su papel de prefecto del departamento de Morelia, antes de ser electo diputado local, fue
el artífice, al lado de W. González, de la victoria electoral del huertismo sobre la oposición
de aquel entonces, ahora calificada como inmunda camarilla (Santos Degollado, Rafael
Carrillo, Justo Mendoza, Macedonio Gómez, Pascual Ortiz de Ayala, Luís Iturbide [padre],
Antonio Espinosa, Vicente Domínguez, José María Manzo Ceballos, los Alvírez González).
También habría que recordar que, cuando por breve tiempo se hizo cargo de la redacción de
La Bandera Roja, emitió simuladas críticas sobre Melchor Ocampo como inconsecuente.
Además, también tendría que tenerse presente que, en la coyuntura de mediados del año de
25
Ibíd., Remitido de Carlos González Urueña, 14/septiembre/1875, núm. 19.
15
1859 en que se le pidió la renuncia a Huerta, González Urueña fue un solícito defensor de
su permanencia y justificó las expulsiones del estado que aquél decretó sobre Mendoza,
Menocal y Argueta y alabó su enérgica política contra los liberales de los términos medios.
Desbordadas las pasiones, cada uno de los bandos recurrió a la prensa para explicar
sus razones y justificar su conducta. Así, los mendocistas editaron La Escoba y la
oposición, La Picota. Los primeros estimaron que su misión periodística era evidenciar a
supuestos liberales, que sólo fomentaban la desunión de los michoacanos en momentos en
que peligraban la paz y las instituciones.26
Los segundos, en un suelto que anunciaba la
próxima aparición de su periódico, sostuvieron que su programa consistía en: hacer respetar
la ley, la libertad electoral, la moralidad en la administración, la paz, pero consideraron
como un deber el denunciar que “mientras no sean privados de toda ingerencia en la
política local y general D. Francisco W. González, Justo Mendoza, Manuel Alvírez
González, Macedonio Gómez, Ángel Padilla”,27
dicho programa no se podría cumplir, de
ahí que los de La Picota definan como tarea prioritaria influir en la opinión para que
Michoacán se libere de tan funesta presencia.
Atrincheradas las posiciones los ataques fueron frontales, no se guardaron las
formas del código implícito del periodismo de la época: la advertencia o amenaza velada.
Lo anterior, se puede ilustrar en palabras de Carlos González Urueña: “conozco á fondo la
vida pública de todos aquellos hombres: si siguen molestándome, la publicaré, sin perdonar
las feas manchas que hay en ella…”28
A pesar del dicho admonitorio, las afrentas recibidas
no tardaron en llegar, se pasó directamente al terreno de las personalidades, como se decía.
Los conservadores católicos encontraron las condiciones en ese año, en primer
lugar, para no ser el único y preferido blanco de ataques de los liberales como causantes de
las desgracias de Michoacán, y en segundo lugar, que estaban dispuestos a descender al
lodo denunciando inconsecuencias e ignominias si se seguía atacando al arzobispo (los
católicos podrían soportar que se les dijera fanáticos ultramontanos, abortos de la
naturaleza, miserables traidores, pero no que se insultase a la jerarquía eclesiástica) y
lanzaron la amenaza: podríamos probar con una cartita “ciertas cosillas relativas a ciertas
26
La Escoba, periódico liberal, Morelia, Imprenta del Gobierno del Estado, 2/septiembre/1875, núm. 1. 27
La Picota, Morelia, Imprenta Viuda e hijos de Arango, 11/septiembre/1875, núm. Suelto. 28
La Fraternidad, Remitido de Carlos González Urueña, 14/septiembre/1875, núm. 19.
16
inclinaciones imperialistas en que incurrió uno de los Sres. Redactores de *** uno de los
periódicos progresistas *** de Morelia”.29
Para los redactores de La Escoba se trataba de “barrer la basura” que se amontonaba
con los díscolos, los manchados, los ingratos, los farsantes desvergonzados, los
defeccionadores, los aduladores, los serviles, los ávidos de poder, los ídolos de barro y con
los miserables traidores, que se entregaban por completo a la difamación y la calumnia
porque los resultados electorales no los favorecieron. En resumen, para los editores de La
Escoba, sus adversarios se autonombraban representantes de la moralidad y el civismo, y
eran el ejemplo contrario, pero sobre todo, unos desagradecidos, pues fueron rescatados de
la nada por el gobierno republicano, y nada eran, a lo más, “mendigos que ahora traen
levita”, “inmaculados de criolina” y Carlos González Urueña, su jefe.30
UN MONTARAZ ILUSTRADO
A Luís Couto (considerado uno de los principales redactores de La Picota) se le
calificó de falso patriota, pues se decía combatiente republicano y, sin embargo, fue a pedir
al emperador Maximiliano reparación de daños a sus propiedades, que supuestamente
habían causado los liberales. También se puso en entredicho la firmeza política de Couto,
ya que como diputado y gobernador prefirió refugiarse en su casa que afrontar situaciones
difíciles,31
además de cuestionarle el manejo de caudales públicos, pues nunca hizo el
finiquito correspondiente que como Tesorero General del Estado y comisario pagador de la
brigada de Vicente Riva Palacio estaba obligado a presentar. Por otra parte, a Couto se le
cuestionó que hiciera trabajo electoral a hurtadillas, pues escribió cartas a jueces de primera
instancia censurando candidatos y recomendando los suyos, mientras que en las reuniones
que al efecto celebraba el Círculo liberal de Morelia, nada dijo. El proceder del ministro
del tribunal obedeció, según los de La Escoba, a que no pudo ser redactor en jefe de La
Bandera de Ocampo ni tampoco director de la política en el estado.32
Los redactores de La Picota salieron a la defensa de Luís Couto, atribuyendo las
miserables calumnias a Justo Mendoza y Manuel Alvírez González. Para los defensores de
la honorabilidad de Couto, las falsas acusaciones tenían por origen el alma rencorosa de
29
El Sacristán, Morelia, Imprenta Vda. e hijos de Arango, 21/marzo/1875, núm. 20. 30
La Escoba, 14/noviembre/1875, núm. 5, y 11/diciembre/1875, núm. 6. 31
“La Fraternidad y la Picota” y “Gacetilla” en Ibíd., 25/septiembre/1875, núm. 3. 32
Justo Mendoza, “La prisión del Ayuntamiento”, en Ibíd., 10/septiembre/1875, núm. 2.
17
Mendoza, en la medida que Couto no había sido obsecuente con peticiones de dudosa
probidad que aquél le había solicitado. Los enemigos de Mendoza, hicieron público que
éste, en estado de ebriedad, le había ordenado al ministro del STJ se hiciera cargo del
juzgado de letras de Zitácuaro, que además se había negado a proporcionar “treinta pesos
cada mes á una mujer” a requerimiento de Mendoza durante la intervención francesa, y
también que desoyó la indicación de exculpar a un empleado defraudador, quien había
sustraído dinero de la caja de la tesorería. Aparte de no ver satisfechos sus caprichos, se
consideró que Mendoza, en el fondo lo que perseguía era la renuncia de Couto como
Tesorero General para colocar a su cuñado, Manuel Alvírez, a lo que se opuso el
Congreso.33
En cuanto a la especie de que Couto había reclamado una indemnización al
emperador Maximiliano, por daños a sus propiedades causados por las tropas invasoras (no
las republicanas), los redactores de La Picota sostuvieron que había sido un estratagema
esparcido por Couto para facilitarse un obligado viaje a la ciudad de México por negocios
familiares, pero al contrario de lo que asentaba la invectiva, su patriotismo fue tal que al
rechazar con vehemencia el puesto de comisario imperial de Michoacán, ofertado por el
archiduque, se vio acosado por su gendarmería.34
La evidencia documental con que se cuenta aclara un poco en qué consistieron los
llamados daños y si hubo elementos para reclamar una indemnización. El general Vicente
Riva Palacio recibió varias cartas sobre el asunto en cuestión, cuando estuvo de gobernador
y comandante militar en el estado de Michoacán. Couto, a principios del año de 1865, se
dirigió al general para solicitarle se aligerara la carga de contribuciones de las haciendas de
la región de Zitácuaro, en particular la de Laureles, ya que ésta había sido objeto de un
impuesto de 500 pesos dictado por el comandante Carlos Castillo y una semana antes, lo
mismo había hecho y por la misma cantidad, el prefecto José María Alzati. Ante tales
exigencias, Couto se quejó señalando que las haciendas eran víctimas de excesos, que
incluso se remontaban hasta administraciones de gobernadores anteriores, y le recuerda que
no ha de “ignorar [usted] que los franceses en su presencia en este distrito, multaron á todos
33
“El Sr. Magistrado Don Luís Couto” en La Picota, 1/octubre/1875, núm. 2. 34
Ídem.
18
los propietarios, tocándole á Laureles dar sin recurso dos mil pesos”.35
Sobre la base de
estos antecedentes, Couto propuso que la cantidad fuese reducida a 250 pesos y a la vez,
exigió el pago de 41 mulas que los republicanos se habían llevado.
La hacienda de Laureles en enero de 1866 volvió a ser objeto de discordias, a raíz
del decreto del 21 de diciembre de 1865 que gravó la producción del azúcar y piloncillo. En
consecuencia, los administradores o propietarios de haciendas cañeras debían hacer la
declaración correspondiente para el cobro de derechos y firmar un convenio con La
Comisaría General de Hacienda del Ejército Republicano del Centro, o en su defecto, con la
comisaría del estado.
El general Riva Palacio, recibió cartas del administrador de rentas del distrito
Pantaleón Heimburguer, del guerrillero republicano Darío Alzati, de José Velarde (posible
comisario en el distrito), y del visitador de rentas Severiano Bernal. La cuestión central fue
la discrepancia de criterios sobre la aplicación del decreto y sus consecuencias.
Por otra parte, José Velarde recibió una nota de la Secretaría de Gobierno, a cargo
de Justo Mendoza, en que se le instruía que suspendiera “los procedimientos que había
adoptado contra la hacienda de Laureles”,36
porque la declaración fiscal presentada por el
administrador era muy inferior a lo que debería ser. A Velarde le parecía que con esta
gestión se buscaba suspender los efectos del decreto y pidió instrucciones para obrar de
conformidad.
La información más precisa sobre el negocio la ofreció Severiano Bernal, un
empleado subalterno que por tener ese carácter se dirigió a Riva Palacio de manera no
oficial. En primer lugar refiere, que a su parecer el administrador de Laureles declaró una
cantidad inferior a la que por lo regular se obtenía en cada zafra sobre la producción del
azúcar y piloncillo, pero como el decreto que imponía contribuciones sobre dicha
producción, no otorgaba facultades a los empleados para rechazar las manifestaciones
formuladas por los administradores, se le tuvo que admitir.
Así pues, se procedió a tasar las cantidades y los plazos del convenio, a lo que el
administrador repuso que no contaba con numerario para finiquitar el primer pago y solicitó
una espera para establecer con Velarde un arreglo definitivo que fuese satisfactorio para
35
Couto a Riva Palacio (8/marzo/1865) en Biblioteca del Museo Michoacano, Fondo Vicente Riva Palacio,
Legajo I, carta núm. 9. 36
Velarde a Riva Palacio (26/enero/1866) en Ibíd., Legajo II, carta núm. 155
19
ambas partes. Se cumplieron los tiempos y a la oficina nada se ingresó, porque según un
representante de la hacienda, el señor Velarde nada resolvió, pero el apoderado propuso un
nuevo plan de pagos, el cual se aceptó por las circunstancias apremiantes a causa de la
guerra, aunque con el riesgo de ser amonestados por Agustín Linarte, comisario general del
ejército en materia de hacienda, ya que no se tenían facultades para otorgar prórrogas.37
Se cumplió con el primer pago, pero luego se presentó la comunicación de la
Secretaría de Gobierno en que se ordenaba se suspendiera todo el procedimiento, por
considerar que la comisaría había hecho una cotización muy baja. Para Bernal en dicha
orden mediaba la calumnia, ya que vecinos del lugar le aseguraban que en el asunto estaba
la mano de Couto, a lo que Bernal daba credibilidad, pues aquél tenía por costumbre
entorpecer los trabajos de la hacienda pública, como lo demostraba el hecho de que era
deudor de 13 mensualidades de contribuciones como propietario de la hacienda del Bosque,
además, en su carácter de empleado, refiere el visitador, se le había denunciado como
clandestina la venta de dicha hacienda a favor de Couto. A éste, se le pidió oficialmente la
escritura de venta y verbalmente respondió que los franceses se la habían robado. Por
último, Bernal estima que cree estar cumpliendo con su deber, “pero si mis trabajos no
merecen la aprobación de V.”,38
que así se lo hiciera saber para omitir todo procedimiento
contra Couto, y si por el contrario le manifestaba su apoyo, y ante alguna acción de Couto
contra la ejecución de sus obligaciones como empleado, el visitador de rentas propuso que
estaba dispuesto a rendir informe justificado, para que la opinión sobre el general Riva
Palacio quedase a salvo de la maledicencia. Al parecer, por las evidencias con que se
cuenta, el afamado general, novelista e historiador nunca contestó.
El prurito sobre la aplicación correcta del decreto, escondía desde nuestra
perspectiva otros intereses. Por un lado, se favorecía a los hacendados con la suspensión
momentánea del decreto de marras por el enredo burocrático, y por otro, una disputa de
jurisdicciones entre la comisaría general del ejército republicano y la del estado de
Michoacán. En este conflicto habrá que tener presente que Justo Mendoza, secretario de
gobierno, fue pariente político de la familia Alvírez González, propietarios de una hacienda
en la región cañera de Puruarán. Sin embargo, las fuerzas republicanas no podían operar sin
37
Severiano Bernal a Riva Palacio (26/enero/1866), en Ibíd., Legajo II, carta núm. 156. 38
Ídem.
20
recursos y aguardar a que se pusieran de acuerdo los burócratas, ante ese apremio, la
separación de ambas entidades recaudadoras favorecía a algunos hacendados y perjudicaba
a otros. Para Agustín Linarte debía haber un solo criterio de aplicación y una única
instancia recaudadora, y así se lo manifestó a Riva Palacio con antelación a los hechos,
recomendando que ambas comisarías estuvieran reunidas aunque fuese interinamente,39
idea que no convencía del todo a Mendoza.
Los redactores de La Picota recusaron como una vulgar mentira la aseveración de
que Couto no hiciera frente a las situaciones difíciles, y estimaron como prueba
incontrovertible, el hecho de que siendo el aludido diputado federal en el año de 1857, ante
el golpe de Tacubaya, aquél de manera rauda se dirigió a Zitácuaro para organizar una
fuerza armada con el propósito de defender la Constitución y a Juárez.40
Esta afirmación en el artículo defensor de la honorabilidad de Couto no deja de
causar cierta extrañeza, tanto el ministro como González Urueña formaron parte del primer
congreso constitucional de la unión, y ante la posibilidad de ser amonestados aquellos
diputados que sin causa justificada se habían ausentado del Congreso, González Urueña
presentó la proposición, siendo aprobada, que entre tanto Couto se reintegraba al pleno, se
llamara a su suplente (Joaquín Degollado).41
En consecuencia, lo expresado sobre el
patriotismo combatiente de Couto carece de sustento.
Obligado por las circunstancias, Couto, envió unos remitidos al periódico oficial,
con el objetivo de hacer un desmentido público, al considerarse víctima de las iras y
difamación de los editores de La Escoba, máxime que ignoraba el motivo de tanto encono,
y también, para diferenciarse del tono y la tonada de sus defensores. Aclaró en primer
término, que no era redactor de La Picota, y en seguida refiere que llevó escrupulosas
cuentas cuando estuvo como subordinado del general Vicente Riva Palacio, y que la glosa
de las mismas correspondía a la federación. Es más, agregó para el escrutinio público, que
en el desempeño del cargo fue frecuente que lo hiciera sin salario alguno, derivando su
situación personal en verdaderamente crítica, pues el enemigo lo había dejado pobre,
pobrísimo. Para el calumniado, el fin de la guerra significó la posibilidad de retirarse a la
39
Agustín Linarte a Riva Palacio (7/enero/1866), en Ibíd., Legajo II, carta núm. 109 40
“El Sr. Magistrado Don Luis Couto” en La Picota, 1/octubre/1875, núm. 2. 41
Felipe Buenrostro, Historia del primer congreso constitucional de la República Mexicana (1857), Tomo I
México, Imprenta Políglota, 1874, p. 160, sesión del 22/octubre/1857.
21
vida familiar, su viva e íntima satisfacción, pues confiesa que “restituido al lado de mi
familia permanecí, hasta que los malhadados vaivenes políticos, aunque de diverso género,
me arrancaron, casi por fuerza, del goce de los placeres sencillos, á que estuve habituado
toda mi vida, para arrojarme en el oscuro torbellino de una política que nada tiene de
apacible y casi nada de justa ni decente”.42
Por último, en su descargo, solicitó testimonio al contador de glosa (Manuel
Castañeda) y a su ex colaborador (Juan Antonio Lerdo de Tejada), sobre su rendición de
cuentas como Tesorero General del Estado, los interpelados lo concedieron y le exculparon
de cualquier acusación. Ambos personajes sostuvieron que el único documento faltante en
la integración del informe fue el recibo de honorarios que como ex gobernador Justo
Mendoza no había hecho entrega, por encontrarse en la ciudad de México en sus funciones
de diputado federal.43
Respecto a su actuación política, Couto hizo referencia a hechos pasados pero de
enorme relevancia para la comprensión de la historia política del estado. Hace público que
Berriozabal, ministro de guerra en 1863, lo hizo venir a Morelia sin darle a conocer el
motivo y que al llegar se enteró de que Luís Iturbide había rechazado el nombramiento de
gobernador, que de haber sabido el oculto propósito para el cual fue requerido en la ciudad,
nunca se hubiese presentado, pero debido a la insistencia del ministro y por amistad hacia
él, además de la situación comprometida en que se encontraba Michoacán a causa de la
guerra y el vacío de poder, Couto argumenta que prácticamente no tuvo mas alternativa que
aceptar el cargo que se le proponía.44
Pero poco tiempo después se vio precisado a renunciar, porque Juárez había
emitido un reglamento que restringía “hasta la mezquindad” las facultades de los
gobernadores. Para Couto, Michoacán era un estado de condiciones excepcionales como
para ser gobernado con aquel tipo de reglas, y ante la negativa de Juárez de que el estado no
se sujetara a dicho reglamento, en tal circunstancia seguir al frente del ejecutivo carecía de
sentido, pues todo debía ser aprobado por un presidente a más de cien leguas de distancia.
No obstante, para el ex gobernador, en el balance que hace de su breve administración, ésta
tuvo buenos resultados, gracias a que aplicó una prudente política a pesar de que algunos la
42
El progresista, Morelia, Imprenta del Gobierno del Estado, 11/octubre/1875, núm. 454. 43
Ibíd., 30/septiembre/1875, núm. 451, cartas de Manuel Castañeda y Juan A. Lerdo de Tejada. 44
Ibíd., 18/octubre/1875, núm. 456.
22
desaprobaron, pero considera que los logros obtenidos confirman lo acertado de sus
decisiones, tan es así que consiguió la paz en el estado al convencer a la fuerza
insubordinada de Los lanceros de la libertad para que reconocieran al gobierno y se
reintegraran a las filas federales. En el feliz desenlace también intervinieron Nicolás de
Régules, Bruno Patiño y José María Ibarrola.45
Couto sostiene que sus detractores aprovechan la ocasión para señalarlo como
desertor de los puestos públicos en circunstancias difíciles, y antes de pasar a explicarse, se
queja con amargura: “siempre las malas pasiones, siempre los ódios personales han de
decidir de la suerte del infeliz Michoacán”.46
Del cargo de timorato sale al paso diciendo
que su actuación en el año de 1852 constituye una prueba fehaciente de que no rehuye los
problemas difíciles, pues como diputado cayó junto con la legislatura defendiendo la
Constitución de Michoacán contra aquellos que querían imponer a José de Ugarte como
gobernador, y agregó en su defensa, que nunca ambicionó puestos públicos por ser algo
contrario a su personalidad, al definirse en bucólicos adjetivos como: “uraño, montaraz,
cerril salvaje, intolerante, insociable: soy, en suma, un misántropo sin forro”.47
Quizás, esa
misantropía lo haya llevado a no cumplir con sus obligaciones de contribuyente.
MENDIGO DE LEVITA SEGURO LIBERAL DE MISA
En la semblanza que se hizo de la trayectoria de Carlos González Urueña se le
cuestionó que de adulador del gobierno de Epitacio Huerta haya pasado a ser su detractor,
sobre todo cuando éste perdió poder. Y que tampoco podría causar asombro que con tal de
obtener un empleo, González Urueña haya coqueteado con el imperio, pues sólo así podría
entenderse que, durante los acostumbrados esparcimientos de Maximiliano, aquél también
se paseara por el “bosque de Chapultepec para implorar una mirada soberana”.48
Tiempo
después regresó a Morelia con “el rabo entre las piernas” pues había traicionado a la
república,49
y fue Carrillo, compadecido, quien del ostracismo lo rescató. Los redactores de
La Escoba recomendaban a quienes no conocieran la conducta pérfida de González
Urueña, que evitaran tenderle la mano a un alacrán, y después, contritos, sentenciaron: “es
45
Ídem. Couto sostiene que aceptó ser gobernador bajo el establecimiento de un convenio con Berriozabal,
consistente en tener libertad para negociar con los insurrectos y el manejo de la renta pública a cambio de
sostener una fuerza armada y bien equipada. Pero Juárez desaprobó el convenio, sobre todo en lo segundo. 46
Ídem. 47
Ídem. 48
“La Fraternidad y la Picota” en La Escoba, 25/septiembre/1875, núm. 3. 49
“Gacetilla” en Ibíd., núm. 3
23
una lástima que las rameras escriban sobre honor”.50
En conclusión, el fiscal 2° del tribunal
no era un moralizador ni reformador sino un traidor, y aparte de ingrato, un farsante
desvergonzado pues cada domingo se convertía en liberal de misa, y que su actual
resentimiento se debía a que no pudo sacar de diputado federal por el distrito de Pátzcuaro a
su hermano político, Francisco Montaño Ramiro, joven inexperto que mandó todos sus
ahorros para sobornar electores, con lo cual quedaba demostrado, a partir de los trabajos
electorales del fiscal 2° en ese distrito, su deslealtad para con el círculo liberal de
Morelia.51
Lo que los liberales morelianos de oposición pretendieron, en esta coyuntura, fue
una renovación del grupo gobernante (una especie de turno en el poder ejecutivo del
estado), y consideraron la reelección de Carrillo como el punto de inflexión para lograr su
objetivo. Sin embargo, el excesivo protagonismo de González Urueña terminó por
evidenciar sus ambiciones políticas: suceder a Carrillo en la siguiente contienda electoral,
al mismo tiempo que el costo político de su lucha se traducía en quemar prácticamente
todas sus posibilidades futuras. Pudenciano Dorantes más cauto, tuvo un mejor cálculo,
nunca se integró al cuerpo de redactores de La Picota y tampoco, por ejemplo, contestó los
ataques recibidos, ni siquiera la insidia de la época lo alcanzó en el sentido de que se le
asociara con aquéllos en la composición de libelos (no conocemos referencia periodística
que contradiga lo aquí dicho). Así pues, Dorantes mantuvo un bajo perfil, quizás haya
mediado en ello, por otra parte, que había sido electo diputado local, al igual que Néstor
López, su futuro secretario de gobierno.
La elite política ante una disyuntiva, forzada, de tener que escoger o aceptar una
candidatura a gobernador entre Dorantes o González Urueña, preferiría la primera de no
haber más opción, como ocurrió en el porfiriato (la desdibujada candidatura de Manuel A.
Mercado fue la expresión de una exangüe oposición sin el concurso de los notables
lerdistas sobrevivientes). Pero aun así, la falta de arreglo; de consensos entre la elite
50
La Escoba, 14/noviembre/1875, núm. 5. 51
“Mienten y muy que mienten” en Ibíd., 25/septiembre/1875, núm. 3. Anterior a la fecha en que se le hace
esta acusación a González Urueña, La Fraternidad en su gacetilla, desmintió como falsos rumores los que
circulaban acerca de que el fiscal 2° estuviera trabajando un distrito para ser elegido diputado federal,
30/junio/1875, núm. 9. Pero las contradicciones eran frecuentes a lo largo de las páginas del periódico, en otro
número, González Urueña le escribe a Couto, el posible redactor en jefe, que a él le constaba que había
renunciado a la candidatura de diputado federal en un distrito, donde la mayoría de los electores le rogaban
que aceptara el cargo. Ibíd., Remitido, 14/septiembre/1875, núm. 19.
24
moreliana subsistía, no obstante la política de conciliación nacional que impulsaba Porfirio
Díaz. En Michoacán, la política conciliatoria no rendía los frutos esperados, pues Dorantes,
en sus afanes de venganza política, labró un rosario de agravios e inconformidades. Por eso
fue que Díaz, impuso de candidato a gobernador en la elección del año de 1885, a su
compadre, el general oaxaqueño Mariano Jiménez, bajo la expectativa de un largo mandato
(tan es así, que el Congreso del Estado, en la elección del año de 1889, ¡olvidó! reformar,
de nueva cuenta, la Constitución para permitir la reelección, por otro lado, la muerte del
general a comienzos del año de 1892 se interpuso en los deseos del presidente), además de
que la oposición, ahora sí, mostró mayor energía al apoyar a un neoporfirista: José Vicente
Villada, pero de antiguos y cercanos nexos con los inmaculados lerdistas. Díaz,
previamente, había dado los pasos necesarios para lograr su propósito, nombró a Mariano
Jiménez comandante de las fuerzas armadas en Michoacán, y la legislatura le otorgó la
ciudadanía michoacana, condición indispensable para ocupar la primera magistratura del
estado.
EL JUEZ JUPITER
Pudenciano Dorantes, que a la postre sería gobernador (1881-1885), le endilgaron
los epítetos de presuntuoso e ignorante, hombre de escaso talento, y que por lo mismo, el
extravío lo atosigaba, pues en todo veía agravios a su persona. Para sus adversarios,
Dorantes se había convertido en el instrumento del círculo de los manchados: “empeñado
en impedir las elecciones municipales”.52
Su soberbia era producto de los ataques de bilis
que padecía, la que hizo patente cuando se presentó al ayuntamiento el día de la
computación. La corporación sesionaba en calidad de colegio electoral con los regidores
suplentes ya que los titulares estaban en chirona a consecuencia del juez Dorantes. El juez
roca, el juez Júpiter, el juez calsonudo, a gritos demandaba que se aceptara un criminal
expediente que remitía en representación de un presidente de casilla, ante la negativa,
rompió la cubierta del expediente de marras y lo puso sobre la mesa, y con voz arrogante
regañó a los presentes tachándolos de ignorantes.53
Finalmente, los redactores de La Escoba previnieron al gobierno de que desconfiara
de aquellas autoridades tan celosas de su deber. Como se podría verificar en el caso de una
52
La Escoba, 2/septiembre/1875, núm. 1. 53
Ibíd.,10/septiembre/1875, núm. 2.
25
mujer que fue condenada a purgar un año de prisión prestando servicios en el hospital civil,
pero debido a su mala conducta el administrador la puso a disposición del prefecto, sin otra
alternativa, el jefe político tuvo que enviarla a la prisión de mujeres. Enterado el juez
Dorantes ordenó nuevamente su traslado al hospital, sin tener facultades para ello, pues
correspondía al gobierno la vigilancia de los presos sentenciados y un juez no puede
disponer a su arbitrio de aquéllos, especialmente tratándose de “una reo de diez y seis años,
y la malicia de las gentes es tanta, que pueden murmurar de una persona tan grave como el
Sr. Dorantes”.54
Desde luego, la pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto se trataba de la
grave murmuración de la gente metida a periodista?
DE TINTERILLO FALDERO A LICENCIADO EN DISPENSAS
Félix Lemus Olañeta, el moderno maromero,55
así llamado por sus numerosas
protestas y retracciones, alcanzaría el cargo de diputado, no en la república restaurada pero
sí en el porfiriato, fue considerado un tinterillo que vivía a expensas de la desgracia de los
indígenas, al que por sus buenos servicios el Supremo Tribunal de Justicia tituló de
abogado, ganándose el mote en el foro de: el licenciado dispensas,56
por su uso constante
en los negocios a su cargo. Tan impopular era su persona que ni siquiera pudo ser candidato
a diputado suplente, pero eso le suele suceder, decían sus críticos, a quien se humilla ante
ídolos de barro (Carlos González Urueña).57
Este último, tiempo después, en un diferendo
con Lemus Olañeta, confesó que todo cuanto éste era, a él se lo debía.
Los redactores de El Caniculario comentando acerca de la representación política
en el Congreso, jocosamente escribieron: ciertos amigos no pudieron ser miembros de la
legislatura y uno, “hasta lloraba por verse, siquiera de candidato”,58
pero fue compensado
en el erario público, no reprobamos las aspiraciones, pero si que sean justas y por medios
lícitos. Aunque el escarnio mayor corrió a cuenta de los redactores de La Escoba: “Ese
pobre tinterillo/ Ese perro falderillo/ hasta en ladrar desdichado/… tiene el antojo canino/
de morder algun destino”.59
UN FATUO ENTRE LOS FAUNOS
54
“Esto se llama cumplir”, en Ibíd., núm. 2. 55
La Escoba, 10/septiembre/1875, núm. 2. 56
La Escoba, 14/noviembre/1875, núm. 5. 57
Ibíd., núm. 1 y 5. 58
El Caniculario, 30/septiembre/1875, Morelia, Vda. e hijos de Arango, núm. 1. 59
“Ojeadas”, en La Escoba, núm. 3.
26
Antonio Mora, fue caracterizado como un desleal y falto de palabra, pues rompía
sus compromisos declarándose de oposición cuando veía frustradas sus posibilidades de ser
diputado federal, aun así, no dejaba de cultivar relaciones con algunos ministeriales
buscando su apoyo.60
Se le reprochó que se dijera liberal progresista y no se había casado
por lo civil, era a fin de cuentas un petulante pretencioso, un fatuo que se comportaba de
acuerdo al humor con que amanecía. Al licenciado Mora se le cuestionó que se
aprovechaba de los cargos públicos que había tenido, visitador general de escuelas, para
promover sus negocios de abogado, en vez de cumplir con sus obligaciones. Durante el
imperio se organizó una logia y el aludido se destacó como su activo promotor invitando,
nada más y nada menos, que a los jefes republicanos.61
Por otro lado, a Mora le revierten la acusación que se le dirigió a Justo Mendoza,
por parte de los de La Picota, como el autor de la muerte indirecta del político y periodista
de Tacámbaro. Los de La Escoba sostuvieron que por la promesa de una curul, Mora
“desempeñó en una época el papel de verdugo para matar á D. Antonio Espinosa”.62
Lo
cierto del caso, sin haber más evidencias, fue que Espinosa murió de tifoidea con
complicaciones de gangrena, pero para los redactores de La Picota, la penuria en que aquél
se encontraba para conseguir medicamentos quizás haya acelerado su deceso, y le
reprocharon a Mendoza que no haya tenido conmiseración, pues si bien Antonio Espinosa
tuvo “faltas y locas ambiciones”, éstas tampoco eran ajenas en Mendoza.63
Para ayudar a la
familia del finado Espinosa, se abrió una suscripción de donativos, a la que no se
inscribieron Mendoza ni W. González, en cambio, Antonio Mora sí lo hizo.64
Al promotor de la logia imperial, igual que a los demás, se le exhibe como un
resentido, pues el prefecto de Puruándiro se opuso a su candidatura como diputado al
Congreso de la Unión y desde entonces la hidrofobia lo consumía.65
En las cervecerías
acostumbraba zaherir a Rafael Carrillo, cuando éste le dio un empleo, dejó de hacerlo. A
los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia los invitan a que hagan memoria sobre
60
Justo Mendoza, “La prisión del Ayuntamiento”, en La Escoba, 10/septiembre/1875, núm. 2. 61
“Mienten y muy que mienten”, en Ibíd., núm. 3. 62
Ibíd., 25/septiembre/1875, núm. 3. Antonio Espinosa fue un connotado político que en las elecciones del
año de 1871 comandó la oposición contra la camarilla de Justo Mendoza, en ese momento Antonio Mora
estuvo coaligado con este último y fue premiado con un escaño en la legislatura local. 63
La Picota, 18/septiembre/1875, núm. 1. 64
El Progresista, 22/septiembre/1873, núm. 240 y 2/octubre/1873, núm. 243. Espinosa falleció el 20 de
septiembre de 1873. 65
La Escoba, 14/noviembre/1875, núm. 5.
27
quién, en tiempos recientes, los había calificado como un cuerpo de momias, pues en
opinión de Mora: Pascual Ortiz de Ayala era un inepto, Manuel Valdez un mandria,
Vicente Domínguez un traidor y Vicente García Leyva un indolente (aficionado al juego de
billar). Y para dar la estocada final a la vida privada de Mora se le advirtió que no
presumiera de control de apetitos y de abstemio, pues también se embriaga, “hasta el punto
de que no va rectamente hacia su domicilio, que frecuentemente no es su hogar”.66
EL PODER DE LAS LAGRIMAS DE UNA MUJER HERMOSA
El nivel de la confrontación había llegado a la bajeza, la vida privada se ventilaba en
público, pero con anterioridad a los ataques a Mora, los redactores de La Picota insinuaron
que Mendoza, aparte de crápula, era un lascivo, pues dijeron que valiéndose de su cargo
había exonerado a un empleado defraudador de la tesorería ante los ruegos de clemencia de
la hija del inculpado, el móvil: “¿cómo resistir[se] á las lágrimas de una mujer hermosa?”.67
Los opositores a Mendoza sostuvieron que mediante un corte de caja ordenado por
Luís Couto se corroboró un faltante de 64 pesos, pero que la acción de la justicia no siguió
su curso porque Mendoza dispuso la suspensión de toda providencia y más tarde le pidió la
renuncia al tesorero, y lanzaron la pregunta a la voz pública sobre quién, por su conducta,
debería ser juzgado: “¿el tesorero honrado ó el comprensivo exgobernador?”.68
Al comprensivo ex gobernador le dedicaron unos versos: “Ese viejo rabo-verde /
Que a todos insulta y muerde, / Juzgándose inmaculado, / Cuando es tornasolado: / Ese
golilla que viste / Del magistrado la toga / Y por los beodos aboga / ¿Cree que nada le
resiste? / ¡Vaya un chiste!”.69
El escándalo fue mayúsculo. Mora (el supuesto versificador) ni se inmutó, no así
Justo Mendoza. Quizás hayan influido razones de noble cuna, el primero fue hijo del
mayordomo de carros del ayuntamiento, en cambio, doña María Jesús Alvírez González y
Mobellán de Mendoza, no descendía de ningún palafrenero.
Como se puede observar, la vulgaridad contradecía al espíritu ilustrado. El periódico
El Caniculario, cuando hizo su aparición conminó, sin resultados, a que las partes se
condujesen con circunspección y el debido respeto: la oposición y los ministeriales se han
66
“Hasta aquí”, en La Escoba, 11/diciembre/1875, núm. 6. 67
“El Sr. Magistrado don Luís Couto”, en La Picota, 1/octubre/1875, núm. 2 68
Ídem. 69
“Miradillas”, en La Picota, núm. 2.
28
puesto en el lodo, lo que nos avergüenza es que se digan liberales, que hayan sido
funcionarios públicos que no hace mucho predicaban la unión y la moralidad y hoy, el
vocabulario de los presidiarios es lo que los distingue, la sociedad no merece tal infamia,
(no obstante la recomendación, dicho periódico se definió como el “azote de la perruna
gente”). Y sus redactores le recriminaron a La Picota que los cargos imputados a Mendoza,
causaban pena, pues aun concediendo que fuesen ciertos, formulados con tan soez lenguaje
se ofendía a la sociedad. En el mismo tenor se pronunció El Demócrata al comentar el
segundo número de La Picota (pero en sus páginas fue bastante crítico y mordaz con
algunos prefectos y administradores). Preocupados sus redactores, hicieron un llamado al
partido liberal y al gobierno para que se reconviniera con prudencia a los autores de
aquellos impresos cuyo nivel sólo denigraba a las instituciones, y sentaba un mal
precedente para la libertad de prensa.70
Justo Mendoza interpeló a Juan Antonio Lerdo de Tejada para que diera testimonio
sobre la supuesta causa de exoneración del empleado defraudador.71
La respuesta de Lerdo
de Tejada constituye un interesantísimo manejo de la coyuntura política y un cálculo bien
meditado del alcance de sus palabras. Éste, fue hijo de Francisco Lerdo de Tejada, Tesorero
General y jefe de hacienda federal en los tiempos del huertismo (1858-1862), por tanto, un
enemigo de los mendocistas. En la elección de 1871, la probidad de su padre se puso en
entredicho por los periódicos El Telégrafo y El Sufragio, la causa: su nominación para
diputado federal por el distrito de Morelia. En esa elección los liberales michoacanos se
habían divido en Juaristas y Lerdistas (Antonio Mora y Justo Mendoza en este momento
estuvieron coaligados). Juan Antonio Lerdo de Tejada se dirigió a Mora, considerado por la
voz pública como el redactor en jefe del Sufragio, y le demandó, apelando a su honor de
caballero, el nombre del autor del artículo infamante, en caso de negativa, le advirtió que se
vería en la penosa necesidad de dar a la publicidad la carta que le enviaba, en razón de que
un articulista que guarda el anonimato refugiándose en el editor responsable, aparte de
calumniador era un cobarde.72
70
“La Picota y La Escoba” en El Caniculario, 30/septiembre/1875, núm. 1. “La Escoba y La Picota”, en El
Demócrata, 5/octubre/1875, núm. 1. 71
Por el momento no tenemos conocimiento dónde se haya publicado la carta de Mendoza, pues no hay
testimonio de la misma dentro del acervo hemerográfico local, posiblemente la dio a luz en la Revista
Universal. 72
Remitido de Juan A. Lerdo de Tejada, en Los principios, Morelia, Tip. de I. Arango, 2/julio/1871, núm. 40.
29
Mora contestó que no tenía ningún caso confirmar o desmentir los rumores acerca
de si su persona era realmente el redactor en jefe de El Sufragio, pues el periódico Los
Principios se había dedicado a calumniarlo. En cuanto a que se apelara al honor de
caballero para exigir una respuesta, de ser así, no tendría esa cualidad a quien se quiere
convertir en delator, y que si no fuera porque entendía que el señor Lerdo de Tejada se veía
“lastimado en sus sentimientos filiales”, tomaría como un insulto su misiva, sobre todo
cuando el que le contestaba era incapaz “de violar las conveniencias sociales”.73
Ante la sagaz respuesta, Juan Antonio Lerdo tuvo que reconocer que no obtendría
ninguna explicación, ya que Mora la había sabido eludir “con todo tino y acierto”, y
confiesa que ésa fue su verdadera intención y no la de encontrar a un denunciante, pues
sabía con certeza íntima que el anónimo autor no era otro sino su interlocutor, pero
resignado ante su fracaso, el defensor filial, dio por terminada la agria polémica
sentenciando que Antonio Mora pertenecía a aquella clase de hombres, que entre los
derechos que otorga la ley y las obligaciones que impone el honor, optaban cómodamente
por lo primero.74
Pero muerto Juárez, el panorama político para los lerdistas michoacanos era de
bonanza. De tal manera que Juan Antonio Lerdo de Tejada emplazado por las
circunstancias, tenía que responder a la interpelación de Justo Mendoza, sin ser servil y sin
olvidar agravios, para poner a salvo su carrera pública, máxime que de la facción huertista
ya prácticamente nada quedaba y de que tampoco podía labrar su futuro a la sombra de su
padre.
El remitido en que se da contestación a Justo Mendoza, basa su argumentación en
hechos que Juan Antonio Lerdo de Tejada corroboró en archivos.75
Sostiene que cuando
Couto ocupó la Tesorería General del Estado, él fue su contador y, a mediados de
noviembre de 1868, se recibió una carta de Severiano Bernal, visitador general de rentas, en
que se denunciaba que un escribiente de esa oficina, en calidad de agente de cobros había
empeñado una letra perteneciente a fondos públicos del estado en la ciudad de La Piedad.
El defraudador admitió su culpa, aunque con atenuantes, siendo remitido a prisión y a
disposición del juez de lo criminal para que se le instruyera proceso por peculado. El 6 de
73
Carta de Mora a Juan A. Lerdo de Tejada (20/junio/1871) en Ídem. 74
Remitido de Juan Antonio Lerdo de Tejada en Ídem. 75
El Progresista, 30/diciembre/1875, núm. 469.
30
abril de 1869, se recibió en la tesorería un auto del juez Celso Romero en que se fallaba por
sobreseimiento el juicio de peculado.
El expediente se trasladó al ejecutivo para su conocimiento y a lo que diera lugar, en
dicho documento, cita Juan Antonio Lerdo, recayó un acuerdo autorizado por usted:
“Queda removido el empleado y en consecuencia dejará de abonársele haber alguno desde
esta fecha…”76
Por lo que respecta al asunto, motivo de la interpelación, si le constaba que
una hija de dicho empleado influyó en Mendoza para que fuera revocada la orden de
prisión, manifestó el interpelado: siendo el empleado de alrededor de 20 años, “no era
posible suponer aquel caso” (desmentido para los de La Picota). En resumen, no había
habido sustracción de fondos de la caja de la tesorería porque Lerdo de Tejada, en su
calidad de contador, era el único que tenía acceso a la misma. Dicho en otros términos, al
empleado defraudador se le había instruido proceso por peculado de fondos de la tesorería
de Instrucción y Beneficencia Pública y no por robo a la caja de la Tesorería del Estado,
como sostuvieron los redactores de La Picota.
Puestas las cosas en su sitio, resultado del examen de hechos que le constaban a
Juan A. Lerdo de Tejada, la posición de Couto se tornó comprometida. Pero su antiguo
contador pasó a exculparlo, pues debido tal vez a un error de memoria por la absoluta
confianza que en él depositó para el manejo de la caja, Couto, “persona de mi alta
estimación y á quien debo mil consideraciones”, estaba confundiendo el presente caso con
otro, cuando recién se hicieron cargo de la tesorería, en que le ordenó aplicar un corte de
caja, y en el que tampoco hubo descubierto alguno.
Sin embargo, la acuciosidad de Lerdo de Tejada para documentar su respuesta, es
aparente o insuficiente, pues para el año en que da cuenta pormenorizada de los hechos, es
difícil de creer que un hombre vinculado permanentemente a los puestos de la Tesorería del
Estado y la Hacienda Federal (generalmente como contador de glosa), no haya tenido
conocimiento de la actuación de los responsables del manejo de fondos públicos. En abono
a la presente observación que aquí se hace, se cuenta con el testimonio del juez y librero
Celso Romero, quien exhortado por el STJ a rendir un informe justificado sobre su
actuación en el proceso seguido contra Ramón Gaona, el empleado defraudador, dijo: Aquí
76
Ídem.
31
en Morelia, el presente juicio causó gran escándalo, pues “circuló de una manera rápida
principalmente entre todos los empleados”.77
En un intrincado proceso, en el que se debatió competencia jurisdiccional entre
jueces sobre procuración de justicia, la primera sala de lo penal del Supremo Tribunal de
Justicia emitió un fallo en el sentido de que la sentencia por sobreseimiento dictada por el
juez de primera instancia de Morelia, no era revisable (porque dicho juez se había
extralimitado es sus facultades) y que el sumario debía regresar al inferior para que
únicamente se practicaran las primeras diligencias y que el juez competente para abocarse a
la causa sería el del distrito de La Piedad,78
donde tuvo lugar el cuerpo del delito.
Ramón Gaona, el escribiente defraudador, en su defensa sostuvo que la
responsabilidad le correspondía al administrador de rentas de aquel lugar, José María de
Portugal, pues había sido éste quien hizo efectivo el cobro del empeño de la letra ante la
petición del indiciado y que si tuvo que recurrir al administrador, esto obedeció a que se
encontraba en una situación de apremio ya que carecía de emolumentos para permanecer
en La Piedad.79
A Portugal se le instruyó juicio por complicidad, siendo finalmente
absuelto, pero aun así, el funcionario debió ser suspendido del cargo y remitido a prisión
mientras se dictaba sentencia, aunque con derecho a fianza.
Sin embargo, a Portugal se le abrió otro proceso por peculado en el juzgado federal
de distrito, obra en archivo la carátula del expediente, lamentablemente, no ha sido posible
su localización.80
Pero además, en el encabezado de la carátula, no es Portugal el único
indiciado, sino también Severiano Bernal, el visitador general de rentas que puso la
denuncia que abrió curso al proceso contra Gaona. De Bernal, como figura pública se sabe
poco, más tarde ocuparía el puesto de tesorero de la oficina de Instrucción y Beneficencia
Pública, pero en los inicios de su carrera se le conoció como un administrador seductor,
77
Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Michoacán (en adelante AHPJEM), Morelia, S1ªP,
1869, Leg. 4, Exp. 6. 78
El juez de letras de la Piedad, Alejo Flores, suscribió una carta de adhesión al imperio y fue juez de paz
durante el mismo, arrepentido, se hizo fiel seguidor del mendocismo. 79
AHPJEM, Morelia, S1ªP, 1869, Leg. 4, Exp. 23. 80
AHPJEM, J1°PMorelia, 1868, Caja 3, Exp. s/n (37), Causa instruida contra José María de Portugal y
Severiano Bernal por ocupación de rentas federales. Cabe hacer la aclaración que el juicio fue instruido en el
Juzgado federal del distrito de Michoacán en el año de 1869, según reza la carátula.
32
pues trabó relaciones con una viuda y la hija de ésta, con la primera se casó y a la segunda
embarazó, razón por la cual se le instruyó proceso por adulterio incestuoso.81
El periódico La Picota hizo un manejo sesgado del caso referido, porque no
pudieron ignorar que Luís G. Alvírez y Ángel Padilla actuaron como fiscales en el asunto y
que los ministros de la primera sala del tribunal avalaron sus proposiciones. Alvírez
cuestionó el proceder del juez Celso Romero porque no era de su competencia instruir la
causa citada (se extralimitó), y en su consideración, el acto de Gaona podría tipificarse
como de robo pero, independientemente de su personal apreciación, correspondería al juez
de La Piedad calificar el ilícito cometido (16 de julio de 1869). Padilla revisó el juicio
seguido por el juez Alejo Flores contra Gaona y Portugal por peculado y complicidad,
mediante el cual se dictó sentencia de prisión para el primero (fue compurgado) y de
absolución al segundo, en razón de que éste no dispuso del dinero ni lo aplicó a un fin
distinto. El fiscal Padilla concluyó su dictamen solicitando a la primera sala, la ratificación
de la sentencia definitiva del inferior en los mismos términos (6 de enero de 1871).82
En
conclusión, no hubo exoneración ni robo a la caja de la tesorería aplicable al escribiente de
marras.
Portugal estuvo casado con una de las hijas de un notable del medio moreliano y
reconocido funcionario público: Luís Ojeda. Éste, padre político de Portugal, como se
estilaba decir en el argot de la época, a la vez lo fue de manera carnal de varios expertos en
la contabilidad de aquel entonces.83
En las inmediatas administraciones del porfiriato, Luís
Ojeda (hijo) ocupó la administración de rentas de Morelia, y, en el gobierno de Pudenciano
Dorantes con especial énfasis, algunos personajes ligados al lerdismo en diferentes
coyunturas, en particular Ángel Padilla (redactor de La Escoba) y Antonio Mora (redactor
de La Picota), padecieron su rigor fiscal persecutorio, a grado tal que tuvieron que recurrir
a la justicia federal en busca de amparo. Lo cierto del caso fue que Portugal nunca estuvo
en prisión, pero independientemente de esto, la lógica haría suponer que de administrador
de rentas pasara a ocupar puestos de mayor jerarquía o mantener la misma condición, y sin
embargo se le ha localizado como un simple receptor de rentas en un apartado pueblo, y
81
AHPJEM, J1°PMorelia, 1859, Caja 3, Exp. 72 82
AHPJEM, Morelia, S1ªP, 1869, Leg. 4, Exp. 23. 83
AHMM, Caja Padrones de 1861, Exp. s/n, Padrón de impuestos sobre manifestaciones de la propiedad,
cuartel 4°, manzana13.
33
también se le volvió a fincar proceso por sospechas de peculado, aunque el fallo del juez
fue de sobreseimiento.84
Para alimentar la especulación quedará, si Ramón Gaona, un
oscuro escribiente, procesado por la suma de 64 pesos (equivalente a dos meses de salario),
fue tan solo un “chivo expiatorio” de la elite política.
LA CORTE DEL ORANGUTAN
La oposición no se quedaba atrás en el manejo de la diatriba. Conocida era la afición
al mezcal de parte de Justo Mendoza y la patrulla (mote popular con que era conocido el
séquito mendocista en sus andanzas bohemias por circos, teatros y cantinas). Por tal motivo
los denominaron una “pandilla de borrachines de levita y aun de bastón”,85
“hombres que
han elevado la embriaguez a rango de virtud”,86
y que ahora pretenden fundar la sociedad
de la templanza, pero “estos ciudadanos no están manchados, porque se lavan por dentro y
por fuera con alcohol”.87
No son otra cosa que sanguijuelas del erario,88
que conciben los
puestos públicos como recompensas a los servicios electorales que prestan.89
La corte de favoritos del gobierno se hizo a la sombra del orangután (mote de Justo
Mendoza), que aparte de ser feo, como hombre público “fué nulo como gobernante y cero
como soldado”.90
En sus correrías por la montaña, cuando la intervención francesa, era el
primero en poner pies en polvorosa, de ese tamaño era el valor del Napoleón de Amatlán,
también conocido como el coronel tapanco, para afrontar situaciones difíciles.91
Pero éste,
no se acostumbraba a su condición de hombre que bajaba de la montaña, así que buscó el
confort y se apropió de una finca, acondicionándola a cuenta del erario.92
Francisco W. González contaba como mejores méritos ser un “corruptor del voto
público”, un terrorista, un “enemigo de la moral y la justicia”,93
era sobre todo un
rencoroso con ínfulas de imprescindible, que atacaba gratuitamente la honorabilidad de los
84
AHPJEM, Morelia, S1ªP, 1880, Leg. 4, Exp. 179. 85
El Demócrata, 9/noviembre/1875, núm. 6 86
La Picota, 15/octubre/1875, núm. 3 87
La Fraternidad, 14/septiembre/1875, núm. 19. La sociedad de la templanza la constituían Gabino Ortiz
(presidente), Justo Mendoza (vicepresidente), Francisco W. González, Manuel Alvírez, Rafael Ahumada,
Ángel Padilla (como vocales) y Gabriel Alvírez (secretario). La Picota, 1/octubre/1875, núm. 2. 88
La Fraternidad, núm. 19 89
La Picota, 11/septiembre/1875, núm. Suelto que anuncia su próxima aparición. 90
“Justo Mendoza”, en La Picota, 1/noviembre/1875, núm. 4. 91
Mendoza se salvó de ir al cadalso cuando fueron sorprendidos en Amatlán los generales José María
Arteaga, Carlos Salazar y otros oficiales por las tropas imperialistas, para ello hubo de esconderse en el
tapanco de una casa. 92
“El Sr. Magistrado don Luís Couto” en La Picota, 1/octubre/1875, núm. 2. 93
“¿Quiénes somos?”, en Ibíd., núm. 1
34
ministros del tribunal, quien si no otro, cuestionaba el editorialista de La Fraternidad,
podría ser la fuente de los dicterios: todo individuo que no sirva de bestia de reata a los
partidarios de W. González son unos manchados, díscolos, y oposicionistas perversos. Pero
no hay que olvidar que “la luna no se afecta porque le ladren los perros”.94
En la pendiente inclinada de la adjetivación, los redactores de La Picota no pararon
en escrúpulos. Ángel Padilla era un bocón vitriólico, Macedonio Gómez un acechador,
Eduardo Ruiz un bolero al servicio de W. González y de Mendoza y a lo más: un
escritorcillo de bodegón, el prefecto Rafael Ahumada un experto en chicharronadas menos
en su deber, Manuel Alvírez González tenía mas parecido a una embarazada que a un
munícipe, por sus incontenibles “ganas de saborear la plata del erario”, sólo así podría
entenderse que hubiera dispuesto de 600 pesos que pertenecían a la instrucción pública para
lograr ser diputado por un inexistente segundo distrito electoral de Morelia,95
el prefecto
Manuel Treviño un cobarde, ladrón y asesino (quien debía su nombramiento a Eduardo
Ruiz y Aristeo Mercado).96
En suma, los inmaculados y W. González eran una inmunda
camarilla, un círculo funesto, causante de la desgracia y todos los males de Michoacán.
El coronel Manuel Treviño, prefecto del distrito de Apatzingán, editó un suplemento
exigiendo la presentación de pruebas a Vicente Villada sobre las acusaciones que le
imputaba. El prefecto de los malos antecedentes hace público que Villada (el Marat
inmaculado) no gozaba de aceptación entre los vecinos del distrito, como lo probaba el
hecho de que no resultó elegido diputado, aun cuando se presentó personalmente en calidad
de inspector de la guardia nacional, ridículo cargo con el que encarcelaba y perseguía a
quienes no eran dóciles con sus miras.97
MAQUIAVELO EN MICHOACAN
94
“Los ministros del Supremo Tribunal de Justicia y sus gratuitos enemigos”, en La Fraternidad,
14/septiembre/1875, núm. 19. 95
La Picota, núm. 1 y 4. 96
Eduardo Ruiz en un remitido (5/septiembre/1875) al periódico oficial, aclara cual fue su papel en la
designación de Manuel Treviño. Relata que los vecinos de Apatzingán buscaron su intermediación para que el
gobernador nombrase como prefecto a Treviño, a Ruiz, sabedor de las convicciones patrióticas de aquél,
además de fiel soldado de la república y hombre conocido y apreciado en la región, le pareció una solicitud
sensata que debía de apoyarse dada la situación de intranquilidad del distrito por la revolución. Y de paso le
recuerda a Villada, autor de los epítetos que utilizaron los redactores de La Picota, que durante la intervención
francesa Treviño estuvo bajo sus órdenes distinguiéndolo con su confianza. El Progresista,
13/septiembre/1875, núm. 446. 97
El Progresista, Suplemento, 20/septiembre/1875, núm. 448.
35
La elección de Manuel Alvírez González como diputado federal le mereció a La
Picota la edición de un extenso y documentado suplemento, en el que a manera de resumen
vertieron sus propios comentarios. Para este periódico las elecciones recién celebradas
fueron un fiel reflejo del círculo funesto, pues los falsos demócratas se atrevieron a formar
un colegio chiquito para satisfacer las patrióticas aspiraciones de una familia, dejando sin
representación a un distrito. Para la oposición, fue un hecho que W. González había
pactado con la comisión de gobernación del Congreso de la Unión, el segundo distrito
electoral de Morelia a cambio de no convocar nuevamente a elecciones en el distrito de
Purépero.98
El pleno del Congreso de la Unión,99
conoció el dictamen emitido por la comisión
de gobernación, favorable a que se convocara nuevamente a elecciones extraordinarias en
el distrito de Purépero, acompañado del voto particular del diputado Enríquez, que sostenía
que la representación política por Michoacán estaría completa con 15 diputados al haberse
ya convocado a elecciones, por tercera vez, para el distrito de Zamora,100
porque en el
supuesto de que se aprobara el dictamen que presentaba la comisión, se tendrían 16.
En la cámara, se oyeron los argumentos de Francisco W. González, integrante de la
comisión, en el sentido de que a Michoacán le correspondía tener 16 diputados como
resultado del aumento de su población. Según sus complicadas cuentas, los datos oficiales
del último censo (618,240 habitantes) más dos rectificaciones que se hicieron en un par de
distritos, la suma total resultante rebasaba los 620,000, con lo cual, según la ley electoral,
habría que agregar un diputado más, por la fracción superior a los 20,000 habitantes que
quedaba, después de haber sido dividido el estado en circunscripciones electorales de
40,000 habitantes de todo sexo y edad.
El diputado Enríquez contra argumentó señalando que no iba a contradecir los datos
proporcionados por su compañero de banca, pero que estaba vigente la ley convocatoria
98
Suplemento al núm. 4 de La Picota, 1/noviembre/1875. La defensa en la tribuna del dictamen por parte de
la diputación michoacana fue una simulación, pues lo acontecido en la cámara fue un arreglo de antemano
pactado. Los de La Picota se basaron en el dicho del diputado Frías y Soto, quien había confesado lo del
pacto. 99
Diario de los debates de la Cámara de Diputados. 8ª Legislatura, Tomo I, Primer periodo ordinario,
México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1875. pp. 142 y 143, sesión 7/octubre/1875. 100
En los distritos de Purépero y Zamora no se verificaron las elecciones extraordinarias a que habían sido
convocados, por tanto, se llamó a una tercera elección en este último distrito, y tampoco se efectuaron.
36
para el 7° congreso,101
y a ella se atenía, pues le parecía bastante lógica, de lo contrario
cada gobernador aumentaría el número de distritos de su estado a su criterio, trayendo por
consecuencia que se falsease la representación nacional.
Más allá del argumento de si la población de Michoacán había aumentado (de ser
así, implicaba reconfigurar el mapa electoral), o de que estuviera vigente la ley
convocatoria del 7° Congreso, o de que se estaba limitando la soberanía de los estados
(intervención de Macedonio Gómez). El punto de fondo del debate consistió en el criterio
de la representación en proporción a la población por distrito electoral, aun si hubiesen sido
correctos los datos censales de González, y correspondiera un diputado más a Michoacán,
de ahí no podría seguirse que a Morelia se le asignasen dos. (En todo caso, la división
económica política ofrecía mejores argumentos, por ejemplo, con el intermitente distrito de
Los Reyes).
Si el censo, al que aludía W. González, de 1868 arrojaba la cantidad de 43,306
habitantes para el distrito electoral de Morelia y el de 1882 la suma de 53,944 y, por otra
parte, tomando en cuenta el número de boletas que se repartieron entre los años de 1872 a
1876: 10,000 para cada elección (el dato sirve como prueba indirecta pues no se cuenta con
censos oficiales para ese periodo), dicha cifra representaba, teóricamente, a los ciudadanos
comprendidos en un distrito de 40,000 habitantes con derecho a votar. Entonces,
independientemente de las rectificaciones realizadas, faltarían para el año de 1875,
partiendo de la media aritmética de 48,625 habitantes, 11,376 para alcanzar la fracción que
daba derecho a otro diputado para el distrito de Morelia.
Si el pleno de la cámara cayó en una trampa, producto de un pacto espurio, habrá
que reconocer el indiscutible talento maquiavélico de W. González para urdir la trama. El
dictamen se desaprobó por 100 votos contra 24 a su favor, y la diputación michoacana se
rasgó las vestiduras defendiendo la soberanía estatal en contra de la mayoría del Congreso
de la Unión, una simulación para los redactores de La Picota, pero en ambas resoluciones
(ya sea el voto particular o la proposición del dictamen), W. González salía ganando, y así,
Manuel Alvírez se convirtió en diputado federal por un inexistente 2° distrito de Morelia.
101
Diario de los debates de la Cámara de Diputados. 8ª Legislatura… pp. 143 y 144. La discusión continuó
en la sesión del 8 de octubre de 1875, p. 148. La convocatoria de 23 de mayo de 1873 estableció en su artículo
2° que los estados elegirían el mismo número de diputados del actual congreso, y en el artículo 4° que en lo
sucesivo no era necesario expedir convocatoria para celebrar elecciones generales. El Progresista,
2/junio/1873, núm. 208.
37
Hecho que vendría a sumarse al rosario de resentimientos de la oposición contra su antiguo
aliado, Rafael Carrillo, al ser éste el responsable de la división del estado en distritos
electorales. Sin embargo, es pertinente señalar el sintomático silencio inicial que guardó la
oposición sobre el mapa electoral, máxime si se toma en cuenta que Félix Lemus Olañeta
fungió como escrutador de la mesa del colegio electoral del 2° distrito y Jesús García
Tinajero, distinguido notable que, además de ser el administrador del periódico La
Fraternidad, fue elector por el mismo distrito. Ambos, en la instalación y sesiones
subsiguientes del colegio, nada dijeron sobre la espuria circunscripción electoral.
Después de la calificación de la elección y la declaración de los electos por el
Congreso del Estado, los rumores no cesaron.102
Los de La Picota siguieron alertando sobre
el peligro inminente de que W. González sería nombrado gobernador por el Congreso (las
licencias otorgadas al titular del ejecutivo, primero por un mes y luego por cuatro, avivaron
la especulación): “Se dice que algunos diputados de la legislatura trabajan porque se
nombre gobernador interino del Estado, durante la ausencia del sr. Carrillo, á D. Francisco
W. González, suponemos que aquellos señores perdieron hasta el sentido común”.103
Ante el temor y la incertidumbre, las críticas sobre el odiado enemigo se
recrudecieron, lo menos que le espetaron fue que si no se le aceptó como prefecto menos
aun como gobernador, que “los liberales lo aborrecen, los conservadores lo detestan”, y le
advirtieron a la camarilla intrigante, que su eventual designación provocaría la guerra entre
los liberales, que se recordara que W. González había sido el inventor del huertismo,
(aseveración hecha para contrarrestar la acusación de que el poder judicial estaba dominado
por antiguos partidarios del general Epitacio Huerta104
). Es más, se dio a entender que W.
González prácticamente había cogobernado con aquél entre 1858 y 1862, y malévolamente
recalcaron que en aquellos días había desterrado a Justo Mendoza y mandado apalear a
Macedonio Gómez a través de un esbirro,105
pasando a segundo plano la responsabilidad de
102
La Picota, 18/septiembre/1875, núm. 1. “Públicamente se dice que Francisco W. González y sus amigos
trabajan activamente cerca del presidente de la república, en el sentido que se declare á Michoacán en Estado
de sitio”. A Carrillo se le concedió licencia por un mes a partir del 20 de noviembre para que pasara a la
ciudad de México y atendiera “asuntos del servicio público”, y se le prorrogó hasta el 28 de abril de 1876,
sustituyéndolo Aristeo Mercado. Decretos 10 y 15 de la Legislatura XVII 1ª, en Recopilación de Leyes,
Decretos, Reglamentos y Circulares del Gobierno de Michoacán, anotada por Amador Coromina, Tomo
XXIII, Morelia, Imprenta Vda. e hijos de Arango, 1887. pp. 11 y 87. 103
La Picota, 15/octubre/1875, núm. 3. 104
“¿Quiénes somos?” en Ibíd., núm. 1. 105
La Picota, 15/noviembre/1875, núm. 5.
38
Huerta. La insidiosa indulgencia, tuvo a manera de respuesta, la mordaz noticia de que el
general Huerta había recibido el sacramento de la comunión,106
y arrepentido de su
anticlericalismo, por aquella lucha de impíos, con creces expiaba sus pecados del pasado.
UNA OVEJA EN LA JAURIA
Los oposicionistas rompieron con Carrillo por su inveterada indecisión, y tampoco
se salvó de los exabruptos de la contienda, aparte de administrador inepto, se le consideró
responsable del infortunio michoacano por su falta de carácter, o complicidad con la
patrulla (los mendocistas), a quienes no supo parar a tiempo y fue complaciente “con el
círculo que mató su prestigio”.107
Los detractores de los inmaculados de la montaña se
sintieron cercanos y con influencia sobre Carrillo, hasta la fecha de las elecciones. Después,
éste sería objeto de un cúmulo de reproches que no reflejaban otra cosa que un agudo
resentimiento contra el que consideraron su aliado, y que, a pesar del apoyo de que fue
objeto, los había desplazado políticamente favoreciendo a sus archienemigos. Carrillo,
incapaz de poner coto a las intrigas de la camarilla de W. González, permitió “que fueran
excluidos de las juntas á que… fue convocado [el partido liberal] para tratar los asuntos
electorales, á la mayoría de los ciudadanos independientes que… no les convenían”.108
La severidad con que juzgaron los redactores de La Picota al candidato que los
decepcionó, llegó al exceso: “cuando se carece de valor civil para afrontar una situación
anómala y penosa, es necesario abdicar”,109
en suma, la otrora alabada bonhomía que
poseía el gobernador como mejor prenda, convirtió a “Carrillo [en] una estoica nulidad”.110
El gobernador Carrillo con licencia ni en su retiro momentáneo, dejó de estar sujeto
al cómico chungueo. Los redactores de El Demócrata, sin ser favorecedores del interino
Aristeo Mercado, dieron cuenta de un inverosímil hecho:
El Sr. Agustín Tena sostuvo dimes y diretes con el sr. Carrillo, de lo que resultó un
duelo terrible, que tuvo lugar en los márgenes del río grande… una causa oculta en
las profundidades del misterio, hizo que a los primeros tiros, sesara el singular
combate y de gusto por este fausto desenlace, se han dado los dos duelistas un
fraternal abrazo… que terminó en banquete.111
106
El Demócrata, 28/diciembre/1875, núm. 13. 107
La Picota, núm. 5 108
“Hipocresía”, en La Picota, 1/noviembre/1875, núm. 2 109
Ibíd., 15/noviembre/1875, núm. 5. 110
“Falsos apóstoles de la libertad y la democracia”, en La Picota, 15/octubre/1875, núm. 3. 111
El Demócrata, 28/diciembre/1875, núm. 13.
39
Todo fue felicidad al calor de los brindis, el ex presidente del Supremo Tribunal de
Justicia Pascual Ortiz de Ayala así como el magistrado Vicente Domínguez otras
cualidades, aparte de la litis, pudieron presumir, el primero cantó un aria y el segundo
exhibió sus dotes de bailarín en ajustados zapatos. Lo increíble de la anécdota, es que el
decano de los liberales Agustín Tena (Mariano de Jesús Torres dixit), por su edad y mentor
de Carrillo, y éste por su educación, se hayan batido a duelo. Lo que sí es dable suponer es
que pudieron tener una acre discusión política, en la que mediaron los reproches de traición,
ingratitud, connivencia y falta de entereza.
El gobernador Carrillo sufrió el embate de ambos grupos, unos y otros criticaron su
falta de estrategia y energía para combatir a los religioneros, pues no se entendía porqué
Carrillo no removía a los prefectos cobardes112
que eran incapaces de asumir el control del
territorio michoacano brindando seguridad, lo que evidenciaba, por otro lado, que de nada
habían servido las facultades extraordinarias que le fueron concedidas en los ramos de
hacienda y guerra.113
Conservar a prefectos inútiles para perseguir gavillas sólo podría
explicarse en función de su habilidad para escamotear el voto en los colegios electorales.114
El periódico El Atalaya, que también redactaron los de la camarilla de Mendoza por el mes
de abril con el propósito de preparar su reelección al Congreso de la Unión, sostuvieron que
112
La Picota, núm. 3 y 15/noviembre/1875, núm. 5. Le reprochan a Carrillo que se le aconsejó a tiempo e
insistentemente, como “necesaria la pronta remoción de los prefectos cobardes”, pues nada bueno podría
esperarse de Rafael Ahumada (Morelia), Albino Fuentes Acosta (“arbitrario e inepto” en Puruándiro), Jesús
Rodríguez (Uruapan), Miguel Saucedo, Manuel Treviño (Apatzingán), Antonio M. Fernández (Ario de
Rosales), Narciso Garcilazo (Coalcomán), Zitácuaro (Juan Pérez), Pátzcuaro, en suma, buena parte de la
prefectura del estado, a excepción de José García Parra (Tacámbaro), Andrés Villegas Rendón, Eduardo Gil
Villamil, aunque resulta contradictoria la distinción, pues este último fue prefecto de Pátzcuaro, y Villegas
Rendón se le había nombrado para el mismo cargo en Zitácuaro por el mes de octubre y a principios de año en
Jiquilpan. También hubo rechazo sobre el coronel Juan Velasco en sustitución de Ahumada por el mes de
septiembre. En fin, resultado de la refriega política renunciaron al finalizar el año: Antonio M. Fernández,
Jesús Rodríguez y el interino Vicente Alcaraz (Puruándiro) y se nombraron para sustituirlos a Jesús Garibay,
Gerardo Chávez, y Máximo Ramos, en el orden respectivo. García Parra al comenzar el mes de noviembre
fue sustituido por Apolinar Juárez. La relación entre este periódico y La Fraternidad a fin de cuentas resultó
estrecha, porque el segundo consideró urgente “que se cambien algunos prefectos que parece por su cobardía
que están de acuerdo…” con los religioneros, 3/junio/1875, núm. 5. 113
La legislatura del Estado le otorgó al ejecutivo facultades extraordinarias desde el 2 de mayo de 1875,
prorrogándoselas hasta el 15 de septiembre, pero prácticamente se gobernó con dichas facultades hasta el 16
de octubre de 1876, con algunos lapsos de intermitencia. Véanse, Decretos 74 (2/mayo/1875), 81
(29/junio/1875) de la Legislatura XVI, y 5 (5/octubre/1875), 12 (13/diciembre/1875), 16 (29/diciembre/1875)
y 30 (26/abril/1876) de la Legislatura XVII 1ª, en Recopilación de Leyes…Tomos XXII y XXIII, op. cit. 114
La Picota, núm. 5
40
al gobierno le había llegado la hora de actuar y ya no de esperar: “las facultades de que hoy
disfruta el gobierno, juzgamos que, no se quedarán escritas, que hará uso de ellas…”115
Sin embargo, impulsar una candidatura alterna –mas bien ardid, a medio proceso
electoral, o bien, que posteriormente Carrillo presentara su renuncia, hubiera significado
abrir un flanco más en el de por sí agrietado partido liberal michoacano, algo que, además,
Sebastián Lerdo de Tejada no se podría permitir dado que un significativo número de
estados de la república estaban presentando problemas entre el ejecutivo y sus respectivos
congresos. A expensas de lo anterior, Lerdo de Tejada fue severamente cuestionado porque
aprovechaba, o inducía, ese tipo de conflictos para remover a los gobernadores que no le
eran afines y así colocar a sus adictos con la mira de asegurar su reelección para el año
siguiente.
Finalmente, la intervención del ejército federal para someter a los religioneros, un
repliegue táctico de la jerarquía católica michoacana (el periódico El Pensamiento Católico
dejó de circular por el mes de junio) y el pronunciamiento en curso de Porfirio Díaz, dieron
cierto respiro, que no tranquilidad, al estado de Michoacán y no hubo necesidad de remover
al ejecutivo. Pero la descomposición de la elite política era un hecho. Los redactores de El
Demócrata fueron premonitorios al sentenciar que ante la inmoralidad política que
prevalecía, se estaban “laxando los vínculos sociales y vendremos á parar en la más
completa disolución”.116
En el mes de noviembre del año de 1876, al día siguiente de la partida de Sebastián
Lerdo de Tejada de Morelia, a su paso rumbo al exilio, renunció Carrillo, y la elite se
consideró independiente al nombrar, a través del Congreso, un gobernador interino (Manuel
G. Lama), pero lo dejaron solo porque la legislatura pasó a disolverse, al cabo de una
semana los civiles se retrajeron y una junta militar se declaró porfirista, sustituyendo al
gobernador anterior por Epitacio Huerta, luego, ante el avance del general Antillón, quien
reconocía a José María Iglesias como presidente de la república, la junta militar y la elite
optaron por ser iglesistas (Couto estuvo a cargo del ejecutivo), breve tiempo después, la
misma junta, nuevamente se convirtió al porfirismo (Felipe Neri Chacón como gobernador,
pero ahora arropado por la elite conservadora y no la liberal), hasta llegar a la coexistencia
115
El Atalaya, Morelia, Imprenta del Gobierno del Estado, 8/mayo/1875, núm. 5. 116
El Demócrata, 9/noviembre/1875, núm. 6.
41
forzada con el arribo de Manuel González como jefe del gobierno. Lo ocurrido tuvo lugar
en el impresionante lapso de dos meses.
Como conclusión de estas páginas, podemos sostener la hipótesis de que el nivel de
confrontación de la elite política moreliana, haciendo uso de la prensa (a la que sólo ella
podía tener acceso) como un recurso para denigrar a sus integrantes en la lucha del poder,
que además fue una práctica generalizada en la mayor parte del país, no solamente
desprestigió a la fracción gobernante sino que también contribuyó a corroer la legitimidad
del orden institucional republicano, lo que hizo aceptable, aun a costa de la ruptura de la
legalidad, un cambio de régimen, es decir, transitar de la competencia abierta inter-elite a
otro de índole unanimista.
Así pues, la afirmación de que la caída de Sebastián Lerdo de Tejada se debió más a
la prensa que a las balas porfiristas, no es una gratuidad. Del examen histórico-político de
la situación michoacana, teniendo presente a la prensa como una instancia de negociación
política de la práctica del sufragio, y ante su fracaso, puede afirmarse que la llegada al
poder de Porfirio Díaz, no fue lo impopular que se nos ha hecho creer, con seguridad no
para su primera presidencia, y quizás tampoco para la segunda, pero el orden sin libertad,
tuvo un costo, el autoritarismo, que se vio reflejado en la involución del sistema electoral, y
por ende, en la no ampliación de la ciudadanía política.