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Grado en Derecho
Trabajo de fin de Grado (21067/22747)
Curso académico 2020-2021
MINERALES EN CONFLICTO:
LA GUERRA DEL COLTÁN EN LA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Elena Sánchez Moreno
N.I.A. 194029
Tutor del trabajo:
Angel Rodrigo Hernández
DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD
Yo, ELENA SÁNCHEZ MORENO, certifico que el presente
trabajo no ha sido presentado para la evaluación de ninguna otra
asignatura, ya sea en parte o en su totalidad. Certifico también que
su contenido es original y que soy la única autora, no incluyendo
ningún material anteriormente publicado o escrito por otras
personas exceptuando aquellos casos indicados a lo largo del
texto.
Como autora de la memoria original de este Trabajo de Fin de
Grado autorizo a la UPF a depositarla y publicarla en e-
Repositori: Repositori Digital de la UPF, http://repositori.upf.edu,
o en cualquier otra plataforma digital creada para o participada
por la Universidad, de acceso abierto por Internet. Esta
autorización tiene carácter indefinido, gratuito y no exclusivo, es
decir, soy libre de publicarla en cualquier otro lugar.
Elena Sánchez Moreno
Barcelona, 28/05/2021
RESUMEN. La República Democrática del Congo (RDC)
lleva inmersa en una espiral de violencia desde hace
décadas. Grupos armados y militares tratan de controlar las
minas del este del país para hacerse con el preciado mineral
del coltán.
Este trabajo pretende dar una visión general de la
problemática humanitaria que conlleva la alta demanda
actual de aparatos electrónicos que llevan en su interior
“minerales en conflicto”. Asimismo, se analizan las
vulneraciones en materia de Derechos Humanos cometidas
por los Estados implicados en la Guerra del Coltán y se
sintetizan las iniciativas puestas en marcha para regular la
importación de este tipo de minerales.
Palabras clave: coltán, República Democrática del Congo,
Guerra del Coltán, grupos armados, Minerales en conflicto,
diligencia debida.
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 2
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ADENTRAMIENTO EN LA REALIDAD
CONGOLEÑA ........................................................................................................................... 4
2.1. Historia reciente de la República Democrática del Congo .............................................. 4
2.2. La Guerra del Coltán ....................................................................................................... 7
2.3. Un sistema judicial con grandes deficiencias .................................................................. 9
3. RECORRIDO JURÍDICO DEL CONFLICTO ................................................................... 11
3.1. Estados beligerantes y su rol ......................................................................................... 11
3.2. La calificación del conflicto: Conflicto armado internacional ...................................... 15
3.3. Normativa internacional aplicable a la Guerra del Coltán ............................................ 17
3.4. La responsabilidad penal internacional de algunos de los participantes en el conflicto 19
4. MINERALES EN CONFLICTO: La regulación aplicable al coltán ................................... 21
4.1. Problemática en el este del país ..................................................................................... 21
4.2. Concepto y relevancia del coltán ................................................................................... 22
4.3. Iniciativas para la regulación del sector minero ............................................................ 23
4.4. Instrumentos de “soft law” aplicables ........................................................................... 26
4.5. La regulación de Estados Unidos (Ley Dodd- Frank) ................................................... 28
4.6. La regulación de la Unión Europea ............................................................................... 30
5. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 33
6. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 36
7. FUENTES DOCUMENTALES ........................................................................................... 37
8. JURISPRUDENCIA ............................................................................................................ 39
2
1. INTRODUCCIÓN
La República Democrática del Congo (RDC) es el segundo país más grande de África por
detrás de Argelia. Según el Banco Mundial, la población estimada en 2020 era de 84 millones
de habitantes. Es una República unitaria con un sistema semi-presidencial descentralizado
donde el Presidente es elegido cada 5 años (renovable una sola vez) y es quien nombra al
Primer Ministro entre la mayoría parlamentaria. Su capital y ciudad más poblada es Kinshasa.
En lo que se refiere a la división provincial del territorio, cambió con la Constitución de 2006,
pasando de 11 a 26 provincias (25 más la ciudad de Kinshasa). El idioma oficial es el francés,
aunque existen cuatro lenguas autóctonas que tienen el estatus de lengua nacional: Lingala,
Swahili, Tshiluba y Kikongo. Si bien no existe religión oficial, el 80% de la población es
cristiana. Asimismo, existen minorías animistas y musulmanas. Por otro lado, coexisten más
de 250 grupos étnicos en todo el país y su economía está basada en la agricultura.
En la cuenca del río Congo se localiza la segunda selva tropical más grande del mundo. La
RDC está cubierta en un 50% por diferentes tipos de bosque, desde sabana hasta bosque
tropical. Se trata de un territorio muy rico en recursos naturales. Se hallan reservas de cobre,
zinc, oro, coltán, cobalto, uranio y diamantes, entre otros. La explotación de los recursos
naturales en territorio congoleño ha sido constante a lo largo de los siglos; desde la
comercialización del marfil y el caucho por los europeos en sus primeras exploraciones hasta
el uranio utilizado en las bombas nucleares que marcaron el fin de la Segunda Guerra
Mundial.
La cantidad de recursos naturales de los que dispone el país contrasta notablemente con la
situación de pobreza en la que se encuentra la mayoría de la población congoleña.
Este trabajo tiene como objeto determinar cómo han contribuido los Estados adyacentes a la
RDC en la permanente situación de conflictividad en el territorio, así como señalar cuáles han
sido las vulneraciones en materia de Derechos Humanos que estos países han cometido en la
zona. Asimismo, la segunda parte del trabajo hace alusión a las obligaciones impuestas a
empresas importadoras de “Minerales en Conflicto”.
Los problemas jurídicos que serán tratados son, por un lado, los principios de Derecho
Internacional Público y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos
vulnerados por los Estados involucrados en el conflicto, y, por otro lado, las normativas
3
desarrolladas por los Estados Unidos de América (EUA) y la Unión Europea (UE) que
regulan las cadenas de suministro de las empresas importadoras de “Minerales en Conflicto”.
En lo que se refiere a la metodología empleada para realizar este trabajo, han sido usadas
fuentes documentales, fuentes primarias y secundarias, así como métodos inductivos y
deductivos. El trabajo parte con unas nociones básicas de la historia y la organización de la
RDC. Continúa con un recorrido jurídico del conflicto armado internacional de la Guerra del
Coltán analizando el grado de implicación de los Estados beligerantes y puntualizando la
normativa internacional aplicable, así como la responsabilidad penal internacional de algunos
participantes en el conflicto. La segunda parte del trabajo se centra en el coltán como “mineral
en conflicto”; desde la descripción de la problemática en el este de la RDC hasta las
iniciativas que se han llevado a cabo para la regulación del sector minero congoleño, tanto
mediante instrumentos de “soft law”, como regulaciones que han devenido vinculantes en los
EUA y en la UE.
En definitiva, este trabajo pretende exponer la espiral de violencia en la que se encuentra
inmersa la población congoleña a causa de la incesante disputa por el control de la extracción
de minerales como el coltán, quedando en evidencia la urgente necesidad de regulaciones
vinculantes para quienes intervengan en la cadena de suministros de estos minerales.
4
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ADENTRAMIENTO EN LA
REALIDAD CONGOLEÑA
2.1. Historia reciente de la República Democrática del Congo
Para comprender los conflictos que tuvieron lugar a fines del siglo XX en la República
Democrática del Congo, resulta trascendental analizar la evolución del país desde un punto de
vista étnico, histórico y bélico.
A finales del siglo XIX el Estado Libre del Congo era propiedad privada del Rey Leopoldo II
de Bélgica. Este dominio colonial fue establecido en la Conferencia de Berlín de 1885 y el
territorio fue posteriormente cedido a Bélgica (1908). A partir de entonces, el territorio pasó a
ser considerado una colonia de Bélgica con el nombre de Congo Belga. A mitad del siglo XX,
las Naciones Unidas presionaron a Bélgica para que el Congo Belga se transformase en un
Estado soberano. Cabe destacar que, Bélgica había firmado la Carta de las Naciones Unidas
(1945) que propugna el derecho a la autodeterminación de los pueblos. En un primer
momento, se previó la independencia del territorio africano entre los años 1980 y 2000. Sin
embargo, las declaraciones de independencia de excolonias francesas y revueltas internas en
el país impulsaron un adelantamiento en la fecha prevista para la independencia del Congo
belga: el 30 de junio de 1960. El primer presidente fue Joseph Kasa-Vubu, mientras que
Patrice Lumumba fue nombrado Primer Ministro. Tras sesenta y siete días de presidencia, P.
Lumumba fue cesado y posteriormente asesinado.
Mobutu Sese Seko tomó el poder en 1965 y asumió el cargo de Jefe de Estado. Este militar
era apoyado por potencias occidentales como EUA y Bélgica dado que era considerado un
aliado anticomunista. Instauró un régimen dictatorial, violento y corrupto cambiando el
nombre del país a República del Zaire en 1971. Durante su mandato (1965-1997), Mobutu
acogió a cientos de miles de hutus provenientes del vecino régimen ruandés1, que huían de su
país después de la llegada al poder de los tutsis. Tras el Genocidio de Ruanda en 1994 donde,
según datos de Acnur, aproximadamente un millón de tutsis murieron a manos de hutus en
menos de tres meses, cuando los tutsis se hicieron con el poder derrocando al gobierno hutu,
fueron ellos quienes buscaron venganza frente a sus predecesores y muchos de los hutus se
refugiaron en el país fronterizo.
1 El genocidio ruandés provocó el desplazamiento de más de 2.000.000 de personas. Este éxodo formó parte de
la llamada «Operación Turquesa», dirigida por Francia al crear una zona segura en el sureste de Ruanda.
Algunos se desplazaron hasta Burundi y Tanzania, pero la mayoría, unos 700.000 hutus ruandeses cruzaron la
frontera con la RDC instalándose en el Kivu del Norte, donde ya vivían 427.000 banyaruandas.
5
Mediante la Primera Guerra del Congo (1996-1997), la AFDL (Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre)2 puso fin al régimen mobutista el 16 de
mayo de 1997. Su líder, Laurent- Desiré Kabila, se autoproclamó presidente rebautizando el
país como República Democrática del Congo en 1997. L-D. Kabila fue apoyado por Ruanda y
Uganda en la lucha contra el régimen de Mobutu. Sin embargo, cabe matizar que cuando
Ruanda y Uganda lo escogieron como líder de la AFDL, no buscaban un gran líder político y
militar, sino que necesitaban a un congoleño conocido por su lucha militar contra Mobutu
para legitimar al nuevo grupo rebelde3. De esta manera, Ruanda expandió su control sobre el
aparato de Estado de la RDC. L-D. Kabila trató de mantenerse en el poder instaurando un
régimen basado en la coacción, el autoritarismo y la movilización del nacionalismo congoleño
mediante el uso de discursos xenófobos dirigidos a tutsis y ruandeses. Finalmente, en julio de
1998, ante el temor de un golpe de Estado, el presidente Kabila destituyó al general ruandés
James Kabarebe de su cargo de Jefe de Estado Mayor de las FAC4 y ordenó a los soldados del
APR5 que abandonaran el territorio congoleño. Esta fracturación de la alianza AFDL ocasionó
la Segunda Guerra del Congo (1998-2003). Esta guerra también es conocida como la “Guerra
Mundial Africana” o la “Guerra del Coltán” y será objeto de análisis profundo más adelante.
En este sentido, conviene avanzar que, tras la muerte L-D. Kabila, el 16 de enero de 2001, su
hijo Joseph Kabila asumió el cargo de presidente interino. Su educación y formación militar
realizada en varios países, le llevó a tener una mayor visión internacional que su padre6.
Apostó por un cambio radical de estrategia respecto de su predecesor mostrando en su primer
discurso la voluntad de abrir el esperado Diálogo Intercongoleño para alcanzar la paz,
legalizar partidos políticos y defender la liberalización de la economía.7 Consiguió así un
cambio de opinión e imagen del conflicto en la Comunidad Internacional. Sin embargo, no es
fácil descartar que esta estrategia se tratara de un mero “lavado de imagen” puesto que
durante su mandato (2001-2019), fueron varias las ONGs e instituciones, como El Comité de
Derechos Humanos de la ONU, quienes denunciaron la vulneración de Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales tales como la persecución a la oposición, a líderes religiosos,
2 La AFDL, Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de la RDC, estaba liderada por Laurent-
Désiré Kabila. Se trata de un movimiento rebelde contra Mobutu formada por cuatro partidos que contaba con el
apoyo de Ruanda, Uganda y Burundi. La fracturación de la AFDL propugnó la Segunda Guerra del Congo. 3 Farrès Fernández G., «La segunda guerra del Congo, rol de los principales actores regionales», (2010), Nova
Africa, (p.80). 4 Forces armées congolaises. Nombre del ejército nacional de la RDC desde Junio de 1997 hasta 2003, año en
que son creadas las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC). 5 Armée patriotique rwandaise. El FPR (Frente Patriótico Ruandés) creó esta rama militar del Ejército Patriótico
Ruandés (APR), formado por oficiales tutsis y soldados del ejército ugandés. 6 Hugo J-F., « La République démocratique du Congo: une guerre inconnue », (2006), París, Michalon, (p.34). 7 Reyntjens, F., «Briefing: the second war: more than a remake», African Affairs, (1999), nº 98, (pp. 241-250).
6
periodistas, etc., llegándose a declarar que “En las zonas de conflicto, la violencia sexual
sigue siendo utilizada como arma de guerra por los grupos armados y, en los últimos años,
también por la policía y las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo”8.
Joseph Kabila fue el elegido en las elecciones de 2011, que fueron tachadas de fraudulentas y
sirvieron de justificación para que en 2012 se iniciara la toma de la ciudad de Goma (capital
de la provincia de Kivu del Norte) por parte del grupo armado M23 9. La rebelión se desató
por el mandato de arresto emitido por la Corte Penal Internacional en 2006 del que era en ese
momento General de las FARDC, Bosco Ntaganda. Tras la sublevación, las fuerzas
gubernamentales abandonaron sin combatir, lo que impidió que la MONUSCO10 pudiera
intervenir, puesto que, por su mandato, únicamente podía actuar en solitario contra los
rebeldes en legítima defensa. En este punto, cabe mencionar que la retirada de las FARDC
implicó crueles episodios de violencia sexual contra mujeres y niñas de la población de
Minova, situada en la provincia de Kivu del Sur. Estos actos hicieron reaccionar a la
Comunidad Internacional que viene exigiendo que los culpables se sometan a Tribunales de
Justicia.
En cuanto a lo acontecido a nivel ejecutivo, según la Constitución de 2006, el último mandato
de Joseph Kabila tenía que concluir a finales de 2016. Sin embargo, basándose en la
necesidad de elaborar un censo de la población, Kabila las acabó retrasando hasta 2018,
donde Félix Tshisekedi consiguió la victoria y se convirtió en 2019 en el nuevo Jefe de
Estado.
8 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, «Observaciones finales sobre el cuarto informe
periódico de la República Democrática del Congo» (2017), CCPR/C/COD/CO/4. 9 El Movimiento 23 de Marzo debe su nombre a que el 23/03/2009 se firmó un tratado de paz entre miembros de
este grupo, por aquel entonces llamado Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), y el gobierno
congoleño donde los primeros se comprometían a convertirse en partido político y que sus soldados se integrasen
en las FARDC (Fuerzas Armadas de la RDC). El M23 está formado básicamente por tutsis vinculados a Ruanda
y se opone al “poder hutu” de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), así como a las
milicias Mai-Mai. Organizaban su propia administración local en las zonas ocupadas estableciendo un sistema de
recaudación de impuestos. Tras ocupar Goma en 2012, el M23 invadió la población de Sake para llegar hasta
Bukavu, capital de Kivu del Sur. 10 La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC reemplazó a la anterior MONUC en 2010. Se
trata de la misión más longeva y costosa de las Naciones Unidas. En febrero de 2021 la dotación de cascos
azules era de 18.316. Su objetivo es garantizar una mayor estabilidad entre la población civil frente a la
presencia numerosos grupos armados y milicias.
7
2.2. La Guerra del Coltán
La Segunda Guerra del Congo o Guerra del Coltán tuvo lugar oficialmente entre agosto de
1998 y julio de 2003. Se estima que este conflicto causó la muerte de más de cinco millones
de personas y forzó el desplazamiento de dos millones y medio de congoleños.
Existen varias hipótesis sobre el casus belli. En primer lugar, se podría tratar de una invasión
por parte de Ruanda y Uganda a la RDC con el pretexto de proteger a la población tutsi
asentada en el país. En segundo lugar, una hipótesis de carácter imperialista conduce a pensar
que Ruanda pretendía la anexión de los Kivus o de parte del Este de la RDC. Sin embargo, la
hipótesis más apoyada por los expertos es la de que el régimen ruandés buscaba aumentar la
presencia de ruandófonos11 en los Kivus para ejercer un mayor control económico explotando
las riquezas naturales del territorio12. En línea con esta última hipótesis se considera que el
objetivo principal del conflicto es la toma de control de yacimientos minerales que posee la
zona, principalmente, de coltán. Más adelante se analizará la razón por la que este mineral ha
despertado la codicia de los países vecinos a la RDC.
El deterioro de las relaciones entre los países de la alianza de AFDL llevó a que Laurent-
Desiré Kabila ordenara el abandono de las fuerzas extranjeras del territorio congoleño. La
mayoría de los efectivos no obedecieron y surgieron así los primeros enfrentamientos entre
antiguos aliados. Cabe recordar que el ejército congoleño por aquel entonces era totalmente
ineficaz. Por ello, fue imprescindible el apoyo de Zimbabue y Angola para que el régimen de
L-D. Kabila persistiera. En apartados posteriores se examinará el papel que jugó cada uno de
los países actores en el conflicto.
El 10 de julio de 1999 fue firmado el Acuerdo de Alto al Fuego de Lusaka por los actores
participantes en el conflicto. Las disposiciones principales de estos acuerdos se basaban en: (i)
el cese inmediato de las hostilidades; (ii) el compromiso a desarmar a todos los grupos
armados que actúen bajo su control; (iii) el despliegue de las Naciones Unidas para recoger
las armas (MONUC); (iv) dejar libre acceso a los prisioneros de guerra al Comité
Internacional de la Cruz Roja, y (v) dar comienzo al Diálogo Nacional Congoleño, del cual
deberá salir un nuevo marco político para la RDC. Con este acuerdo se garantizaba la
11 Los ruandófonos son el colectivo de mujeres y hombres que hablan Kinyaruanda, la lengua común de Hutus y
Tutsis en Ruanda, también utilizada en el este de la RDC, en Tanzania y en el sur de Uganda. En la Provincia de
Kivu Norte reside población ruandófona Hutu y Tutsi, en proporciones similares. En la Provincia de Kivu Sur
los ruandófonos son casi totalmente de etnia Tutsi y también son conocidos como Banyamulenge. 12 Willame J-C., « Les faiseurs de paix au Congo : gestion d'une crise internationale dans un État sous tutelle»,
Bruxelles, GRIP, 2007, (pp.98-217).
8
permanencia de L-D. Kabila en el poder, pero éste debía aceptar unas nuevas reglas del juego
que incluirían la creación de un nuevo ejército y la convocatoria de unas elecciones
democráticas. Además, en el acuerdo se aceptaba la persistencia en territorio congoleño de
ejércitos invasores hasta la resolución del conflicto intercongoleño.
En fecha de 16 de enero de 2001, el presidente L-D. Kabila fue asesinado y su hijo Joseph
Kabila asumió el cargo de presidente interino. Como se ha mencionado anteriormente, los
supuestos intentos democratizadores de J. Kabila quedaron cuestionados al constatarse que
numerosos Derechos Humanos y Libertades Fundamentales habían sido vulnerados durante
su mandato (2001-2019).
El Diálogo Intercongoleño consistió en un foro abierto oficialmente en octubre de 2001 en
Etiopía donde se reunieron 80 delegados que representaban al Gobierno congoleño, a la
oposición política, a la sociedad civil y a los dos grupos rebeldes de mayor importancia:
Reagrupamiento Congoleño para la Democracia (RCD)13, apoyado por Ruanda y Movimiento
de Liberación del Congo (MLC)14, apoyado por Uganda. El objetivo era regular los aspectos
políticos del Acuerdo de Lusaka, dado que el Alto al Fuego no se había respetado desde julio
de 1999. Aun así, tras numerosas crisis y dificultades se llegó al Acuerdo Global e Inclusivo
de Pretoria el 16 de diciembre de 2002, instando a todas las partes congoleñas a cumplir con
sus respectivos compromisos para que se pudiesen llegar a celebrar unas elecciones libres,
limpias y pacíficas en la RDC. Este último Acuerdo fue ratificado el 2 de abril de 2003 en
Sun City (Sudáfrica). Con estos acuerdos se puso el fin oficial a la guerra y se estableció el
Gobierno de transición, donde Joseph Kabila debía formar gobierno junto con cuatro
vicepresidentes que representarían al Gobierno, a la oposición no armada y a los dos grupos
rebeldes que habían participado en el Diálogo Intercongoleño. Esta distribución de poder
tendría vigencia de 2 años y concluiría con la celebración de las primeras elecciones generales
democráticas en el país desde su independencia en 1960. En esos comicios deberían participar
13 Nombre original del grupo armado: Regroupement Congolais pour la Démocratie. Se trataba de un grupo
rebelde congoleño activo en la parte oriental de la RDC cuyo objetivo era derrocar al gobierno de Kabila. Estaba
conformado principalmente por tutsis congoleños (banyamulenge y banyaruanda) que habían emigrado a la RDC
provenientes de Ruanda entre la Primera Guerra Mundial y 1960. Eran afines al régimen ruandés y habían
sufrido ataques xenófobos por los regímenes de Mobutu y Kabila, viéndose cuestionada su nacionalidad
congoleña o su derecho a posesión de tierras. A partir del 30 de junio de 2003, el RCD participó junto al PPRD
de Joseph Kabila y el MLC de J-P. Bemba en el gobierno de transición. 14 Nombre original del grupo armado: Mouvement pour la Libération du Congo. Escisión del RCD que estuvo
operativa entre los años 1998 y 2002, liderada por Jean-Pierre Bemba. Este grupo fue desmovilizado y
convertido en partido político en el año 2002 y participó en el gobierno de transición, donde J-P. Bemba fue
nombrado vicepresidente del Gobierno.
9
todas las fuerzas políticas “sin exclusiones”. El ganador de esas elecciones, celebradas en
2006, fue Joseph Kabila. En ese mismo año también se aprobó la Constitución del país.
Si bien la Segunda Guerra del Congo finalizó oficialmente en julio de 2003, lo cierto es que la
violencia en el país no ha cesado, especialmente en la zona del este (Provincias de Ituri, Kivu
del Norte y Kivu del Sur). Recientemente, la violencia interétnica, que estalló en diciembre de
2017, ha causado centenares de muertes, graves violaciones de los derechos humanos,
incluidos brutales actos de violencia sexual contra mujeres y niños que han conllevado el
desplazamiento de medio millón de personas a las provincias limítrofes. Según un informe de
2020 de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la República
Democrática del Congo, los abusos y violencia ejercidos en Ituri pueden constituir “crímenes
de lesa humanidad”. Dicha oficina constató que entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de mayo
de 2020, al menos a 531 civiles fueron asesinados en Ituri en el marco de conflictos
interétnicos15.
2.3. Un sistema judicial con grandes deficiencias
En la Constitución de la RDC de 2006, este Estado es definido como un “Estado de derecho,
independiente, soberano, unido e indivisible, social, democrático y laico”16. Los órganos
soberanos establecidos son el Presidente de la República, el Parlamento, el Gobierno y las
Cortes y Tribunales. El poder judicial se define como independiente del poder legislativo y
ejecutivo (artículos 149 y 151) 17 y es dirigido por el Consejo Superior de la Magistratura.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el sistema judicial
congoleño sufre graves disfunciones, llegando a ser unánime entre la población el sentimiento
de rechazo e insatisfacción respecto del mismo18. Este mal funcionamiento es debido
principalmente a cuatro causas: (i) las malas condiciones de trabajo de los magistrados; (ii) la
lentitud del sistema judicial congoleño; (iii) la corrupción, y (iv) la interferencia del gobierno
en los asuntos judiciales.
15 Joint United Nations human rights office OHCHR- MONUSCO, « Public report on the conflicts in Djugu
territory, Ituri province - December 2017 to September 2019». 16 Article 1, Constitution de la République Démocratique Du Congo, Kinshasa Février 2006. 17 Constitution de la République Démocratique Du Congo, Kinshasa Février 2006. 18 PNUD, « Rapport National sur le développement Humain 2008, Restauration de la Paix et Reconstruction »
(2008), (pp. 51-58).
10
Un Informe de la Auditoría organizativa del sistema judicial congoleño apunta que “los
edificios que albergan los tribunales y las oficinas suelen estar anticuados y, sin
mantenimiento ni suficiente iluminación. Faltan equipos de oficina y los Juzgados y
tribunales no reciben financiación alguna del Ministerio de Justicia o de la autoridad
provincial”19. Estas malas condiciones de trabajo vienen acompañadas por la escasez de
recursos a la que se enfrentan los futuros magistrados en su formación como profesionales, lo
que imposibilita desde un primer momento que se dote de calidad al sistema judicial
congoleño.
Por lo que hace a la lentitud de las decisiones judiciales, si bien en muchas provincias,
especialmente en las zonas más conflictivas del país, es cierto que el número de magistrados
es muy bajo en comparación con el volumen de trabajo, ocurre también que son los propios
magistrados los que prolongan los procedimientos jurisdiccionales; ante la pobreza, los
magistrados desarrollan técnicas de supervivencia consistentes en un dañino activismo
judicial siendo corrompidos, especialmente los fiscales mediante la persecución de casos
falsos20. En esta misma línea, se constata un nivel de corrupción generalizado, donde son los
propios litigantes los que acaban pagando el sueldo de los magistrados, muchas veces
mediante el intercambio de dinero por la libertad provisional. En este circuito, es frecuente
observar cómo los magistrados prestan servicios a los bufetes de abogados o incluso se
convierten en asesores ocultos. Claramente, estos hechos producen una distorsión de la
imparcialidad de los procedimientos judiciales.
En lo que se refiere a la injerencia del gobierno en el poder judicial, cabe señalar que es
denunciada frecuentemente. En la práctica, el Ministro de Justicia es quien, por propia
voluntad y sin la supervisión del Consejo Superior de la Magistratura, realiza el
nombramiento de magistrados. En consecuencia, muchos de los designados carecen de
experiencia y se retroalimenta así el círculo vicioso del ineficiente sistema judicial del país.
Con todo ello, existe un sentimiento de desprotección, impunidad, ineficacia y parcialidad
entre la población congoleña respecto del sistema judicial de su país.
19 Gallez, É. & Rubbers, B., « Réformer la justice de proximité en R. D. Congo. Une comparaison entre
tribunaux coutumiers et tribunaux de paix à Lubumbashi », (2015), Critique internationale, vol. 66, no. 1,
(pp.145-164). 20 PNUD, Op. Cit., (p.56).
11
3. RECORRIDO JURÍDICO DEL CONFLICTO
3.1. Estados beligerantes y su rol
Para determinar ante qué tipo de conflicto nos hallamos, se expone a continuación el papel y
el interés de los Estados intervinientes en la Segunda Guerra del Congo o en la también
llamada Guerra del Coltán. Hubo siete países implicados directamente: de un lado Uganda,
Ruanda y Burundi mientras que apoyando a la RDC se encontraban Angola, Zimbabue y
Namibia. Estos participantes tuvieron un rol principal a lo largo del conflicto, mientras que,
en un segundo plano, encontramos a Sudán, Chad y Libia.
Ruanda
El gobierno de Kigali había visto disminuida su influencia sobre el presidente Kabila. Tras
haber éste ordenado la expulsión de las fuerzas extranjeras del territorio congoleño, entre ellas
las ruandesas, el gobierno de Ruanda vio cómo se ponía en peligro su acceso a la explotación
de las riquezas naturales de los Kivu. Por otro lado, cuando el 2 de agosto de 1998 se inició en
Goma un motín emprendido por parte de opositores tutsis21 al régimen de Kabila, Ruanda los
apoyó militarmente justificándose en la voluntad de evitar un nuevo genocidio tutsi. Además,
el grupo rebelde RCD, apoyado por Ruanda, consiguió durante el conflicto hacerse con el
control de las principales ciudades de Kivu del Norte, de Kivu del Sur y de las provincias de
Équateur y Katanga.
De esta manera, con el pretexto de proteger sus fronteras y a sus “hermanos” banyamulenges,
Paul Kagame, al mando del Frente Patriótico Ruandés (FPR), intervino en la Segunda Guerra
del Congo exportando los conflictos interétnicos de Ruanda al territorio congoleño
promoviéndose la destrucción de las fuerzas hutu en las provincias fronterizas entre ambos
países.
Uganda
Fue el principal impulsor de la Segunda Guerra del Congo junto con Ruanda. Pretendía luchar
contra los grupos rebeldes ugandeses que operaban desde territorio congoleño. Para ello,
apoyó la creación del grupo armado MLC, donde se integraban aproximadamente 15.000
rebeldes. Conforme fue transcurriendo la Guerra, Uganda y Ruanda se fueron distanciando y
surgieron conflictos en la provincia de Ituri entre grupos armados apoyados por ambos países.
A fin de cuentas, a todos ellos les interesaba prolongar indefinidamente el conflicto para
poder seguir controlando militarmente las zonas de extracción de minerales, así como
21 Recibieron el apoyo del APR, del ejército ugandés (UPDF), el ejército de Burundi FAB (Forces armées
burundaises) y algunos soldados de las ex Fuerzas Armadas de Zambia (FAZ).
12
dominar el contrabando mediante la exportación ilegal, obteniendo de este modo
financiamiento suficiente para la compra de armamento y la perpetuación del conflicto. No
obstante, ambos países eran dependientes de la ayuda financiera exterior que les brindaba la
Comunidad Internacional. Así, desde un punto de vista crítico, las potencias occidentales
podrían haber presionado económicamente a los gobiernos de Kampala y Kigali para que
cesaran o redujeran la violencia.
Burundi
La participación de este país en el conflicto fue discreta. Bajo el gobierno de una minoría
tutsi, liderado por Pierre Buyoya22, se pretendía combatir la milicia hutu burundesa Fuerza
para la Defensa para la Democracia (FDD)23 y las Fuerzas Nacionales para la Liberación
(FNL)24. Por ello, Burundi desplazó tropas a territorio congoleño, pero éstas se mantuvieron
en el territorio fronterizo entre ambos países, es decir, en la costa del Lago Tanganyika, y,
más concretamente, en las ciudades congoleñas de Uvira, Baraka y Fizi.
Angola
La intervención de Angola en la Guerra fue decisiva a la hora de evitar la caída del régimen
de Kabila. Angola era una importante potencia militar en la zona que no se implicó en la
Segunda Guerra del Congo en búsqueda de beneficios económicos, sino por meras razones
estratégicas.
El país gobernado por José Eduardo dos Santos25 se encontraba inmerso en una guerra civil
desde hacía más de 20 años, donde el Ejército angoleño se enfrentaba a la UNITA.26 El
principal interés que tenía Angola en la Guerra del Coltán era terminar con las bases
operativas establecidas en la RDC por UNITA. Este grupo obtenía recursos para adquirir
armas a través de la venta de diamantes extraídos de la RDC en el mercado negro27. El
gobierno de Luanda temía que ante un derrocamiento del régimen de L-D. Kabila, UNITA se
pudiera beneficiar, dado que se instauraría en Kinshasa un gobierno afín al grupo angoleño;
por eso, se considera que su implicación en el conflicto fue de carácter estratégico.
22 Pierre Buyoya, Presidente de la República de Burundi (1987-1993, 1996-2003). Partido político: Unión para el
Progreso Nacional (UPRONA). 23 Nombre original del grupo armado: Conseil National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la
Défense de la Démocratie (CNDD/FDD). 24 Nombre original del grupo armado: Forces National pour la Libération (FNL). 25 José Eduardo dos Santos, Presidente de la República de Angola (1979-2017). Partido político: Movimiento
Popular de Liberación de Angola (MPLA). 26 UNITA. União Nacional para a Independência Total de Angola (Unión Nacional para la Independencia Total
de Angola). 27 Alonso Blanco J. et al., El Conflicto en el Congo, (2009), (p. 29).
13
Zimbabue
Zimbabue fue uno de los pocos defensores del régimen de L-D. Kabila desde el principio
hasta el fin del conflicto. De hecho, durante la Primera Guerra del Congo, el régimen de
Robert Mugabe28 financió económicamente a la AFDL de Kabila, y una vez llegó al poder,
también financió su régimen. Durante este tiempo se establecieron vínculos económicos entre
las élites de los dos países. Mugabe ejerció un rol clave para que la RDC entrara en la SADC
(Southern Africa Development Community)29. Este hecho cobra especial relevancia, dado que,
en virtud de los Acuerdos de defensa común en caso de agresión contemplados por esta
organización, Zimbabue justificó su apoyo a L-D. Kabila durante la Guerra del Coltán,
enviando 11.000 soldados y soporte aéreo a territorio congoleño30.
Namibia
La intervención de Namibia fue más bien discreta. Algunos autores han considerado que el
involucramiento del país en el conflicto estuvo marcado por razones personales del presidente
Sam Nujoma31, puesto que, además de mantener amistad con Kabila32, varios de sus
familiares y empresas ligadas a su partido participaban en la explotación de recursos
congoleños33. Dicha actuación en tierras congoleñas no tuvo respaldo ni de la opinión pública
ni de la oposición parlamentaria que ejercieron presión sobre el Gobierno para que retirara los
cuerpos expedicionarios de la RDC. Finalmente, en 2001 Nujoma ordenó la vuelta del
despliegue namibio a su país de origen.
Sudán
Este país intervino en el conflicto mediante la participación indirecta de grupos armados. A
pesar de que durante la Primera Guerra del Congo había apoyado al régimen de Mobutu frente
a la AFDL, en la Segunda Guerra del Congo, se puso del lado de L-D. Kabila debido a que
tradicionalmente, Sudán había sido enemigo de la vecina Uganda34, por ello, le interesaba
28 Robert Gabriel Mugabe, Presidente de la República (1987-2017) y primer ministro (1980-1987) de Zimbabue,
Partido político: Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF). 29 La SADC está compuesta por Angola, Botsuana, Comoras, Esuatini, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio,
Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Tanzania, Zambia, Zimbabue y la República Democrática del
Congo. 30 Lanotte O., « Guerres sans frontières en République Démocratique du Congo », Bruselas, GRIP, Les livres du
GRIP, 2003, (p. 178). 31 Samuel Daniel Shafiishuna Nujoma, Presidente de la República de Namibia (1990-2005). Partido político:
Organización Popular de África del Sudoeste (SWAPO). 32 La amistad entre Sam Nujoma y L-D. Kabila se remonta a la época de la solidaridad de los movimientos de
liberación de los años 60 y 70. Nkuku Khonde C., et. al.,«La République Démocratique du Congo postcoloniale:
du scandale géologique au scandale des guerres à répétition» (p. 45). 33 Alonso J., Op. Cit., (p.29). 34 Uganda y Sudán rompieron relaciones diplomáticas en abril de 1995. Kampala reprochaba a Jartum desde
hace años que apoyase a un movimiento rebelde en el norte del país, llamado Ejército de Resistencia del Señor
14
apoyar a los enemigos de ésta35. En esta misma línea, fueron varios los grupos armados que
pasaron de luchar contra Kabila en la Primera Guerra del Congo a luchar a favor de él en la
Segunda36.
Libia y Chad
Libia se implicó tanto en el combate bélico como en su resolución tratando de romper el
aislamiento internacional que llevaba desde los años ochenta. Financió y equipó al ejército de
Chad para que este país enviara a 2.000 hombres a territorio congoleño. Sin embargo, este
ejército fue el primero en retirarse del conflicto. La participación de Chad contó con el apoyo
de Francia, que, tras su fallida intervención en el genocidio de Ruanda, trataba de recuperar su
influencia en la zona. La presión francesa también fue articulada a través de la República
Centroafricana. Sin embargo, este país no tuvo una intervención notoria en el conflicto.
(Lord’s Ressistance Army), mientras que Jartum acusaba a Kampala de sostener la rebelión que existía en el sur
del país desde 1983, que finalmente conllevó el reconocimiento de la República de Sudán del Sur. 35 Alonso J., Op. Cit., (pp.53-70). 36 Tras la llegada al poder en Ruanda de Paul Kagame, al mando del Frente Patriótico Ruandés (FPR), se produjo
la unión entre las Fuerzas Armadas de Ruanda (FAR) y los paramilitares Interahamwe, que llevó como nombre
el de Alianza para la Liberación de Ruanda (ALiR). Este grupo fue atacado por la AFDL en la Primera Guerra
del Congo, mientras que en la Segunda se alinearon del lado de Kabila. Finalmente, el año 2001 el grupo ALiR
pasó a denominarse Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), y actualmente están presentes
en la provincia de Kivu del Norte. Cabe destacar que parte de los miembros de las FDLR fueron responsables del
genocidio de Ruanda de 1994.
15
3.2. La calificación del conflicto: Conflicto armado internacional
¿Nos encontramos ante un conflicto armado de carácter internacional o interno? La Real
Academia Española define el concepto de “Conflicto armado internacional” como el
“Conflicto desarrollado entre Estados o entre un Estado y un pueblo sometido a dominación
colonial, ocupación extranjera o régimen racista, en el que resultan aplicables las reglas
tradicionales del derecho de la guerra y las disposiciones del derecho internacional
humanitario”. Esta definición está basada en el artículo 2 común en los Convenios de Ginebra
de 194937. De acuerdo con esta disposición, en un Conflicto armado internacional (CAI) hay
un enfrentamiento entre “Altas Partes Contratantes”. Los Convenios de Ginebra han sido
ratificados por todos los Estados y por ello, son aplicables universalmente. El precepto
también anuncia que el Convenio será de aplicación en todos los “casos de ocupación total o
parcial del territorio de una Alta Parte Contratante”. En este punto, cabe recordar que la
Guerra del Coltán se inició en 1998 a partir de la entrada en territorio congoleño del ejército
ruandés, apoyado por el UPDF (Uganda Peoples’ Defence Forces). Además, como ya se ha
visto, a lo largo del conflicto se vieron involucrados directamente siete Estados. Por otra
parte, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dejado claro que el principio de no
intervención prohíbe a un Estado “intervenir directa o indirectamente, con o sin fuerza
armada, en apoyo de una oposición interna en otro Estado” (Nicaragua v. United States of
America)38.
En lo que se refiere a la Guerra del Coltán, la RDC había buscado soluciones ante la CIJ
presentando varias demandas simultáneas por la violación del Derecho Internacional
Humanitario dirigidas contra sus vecinos Ruanda, Uganda y Burundi. Las demandas fueron
admitidas a trámite el 23 de junio de 1999. No obstante, las causas presentadas contra Ruanda
y Burundi acabaron siendo archivadas y únicamente se acabó condenando a Uganda por la
violación grave por uso de la fuerza en el sentido del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones
Unidas y del principio de no intervención. Dicha condena se produjo el 19 de diciembre de
37 Artículo 2 - Aplicación del Convenio: Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de
paz, el presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que
surja entre dos o varias Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra.
El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte
contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar.
Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente Convenio, las Potencias que son Partes en el
mismo estarán, sin embargo, obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán, además, obligadas por el
Convenio con respecto a dicha Potencia, si ésta acepta y aplica sus disposiciones. 38 Caso relativo a Actividades militares y paramilitares contra el Gobierno de Nicaragua (Nicaragua contra
Estados Unidos). Informe de la CIJ de 1986, p.108, párr. 206.
16
200539 y estuvo fundada en la magnitud y la duración de la intervención militar ugandesa en
territorio congoleño.
En un primer momento, Uganda justificó las agresiones perpetradas al inicio de la Segunda
Guerra del Congo en la región de Ituri basándose en una actuación en defensa propia tras
recibir un ataque en territorio ugandés. Sin embargo, la CIJ constató (párr.131-135)40 que no
existían pruebas suficientes respecto de la participación del Gobierno de la RDC en dicha
ofensiva y que, por el contrario, provenía del grupo armado ADF (Fuerzas Democráticas
Aliadas)41.
De acuerdo con el derecho internacional consuetudinario, en virtud del artículo 42 del
Reglamento de la Haya de 1907, para llegar a la conclusión sobre si un Estado, cuyas fuerzas
militares están presentes en el territorio de otro Estado como resultado de una intervención es
o no una “Potencia ocupante” en el sentido del ius in bello, la Corte debe examinar la
existencia de pruebas suficientes para demostrar que dicha autoridad fue efectivamente
establecida y ejercida por el Estado interventor en las zonas en cuestión. Así, el Tribunal tuvo
que cerciorarse de que las fuerzas ugandesas en la RDC no sólo estaban estacionadas en
determinados lugares, sino que además habían sustituido su propia autoridad por la del
gobierno congoleño. En ese caso, cualquier justificación dada por Uganda para su ocupación
no sería válida 42. El Tribunal finalmente falló que Uganda actuó como una “Potencia
ocupante” en Ituri y que, de acuerdo con la obligación establecida en el artículo 43 del
Reglamento de La Haya de 1907, debería haber tomado todas las medidas a su alcance para
restablecer y garantizar el orden público y la seguridad en la zona ocupada respetando las
leyes vigentes en la RDC. En esta línea, se debían respetar las Normas internacionales de
derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario43.
Por tanto, procede calificar el conflicto objeto de este trabajo como “conflicto armado
internacional” puesto que, con la exposición del papel desarrollado por los países adyacentes
a la RDC, quedan evidenciadas las injerencias perpetradas en territorio congoleño a lo largo
de la Segunda Guerra del Congo por distintos países llegándose incluso a condenar a Uganda
39 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment,
I.C.J. Reports 2005. 40 I.C.J., Op. Cit., (párrafos 131-135). 41 Nombre original: Alliés Democratic Forces. Grupo armado de origen ugandés presente en las provincias de
Ituri y Kivu del Norte. En 2020, según la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la
RDC, alrededor de 850 civiles fueron asesinados a manos de esta milicia. 42 I.C.J., Op. Cit., (párrafo 173). 43 I.C.J., Op. Cit., (párrafo 178).
17
por la violación de sus obligaciones como “Parte ocupante” durante el conflicto, de acuerdo
con la CIJ.
3.3. Normativa internacional aplicable a la Guerra del Coltán
Para el conflicto que es objeto de este trabajo se deben tener presentes tanto las normas del
Derecho Humanitario Internacional (DIH), como las del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos (DIDH). A nivel internacional, una medida tomada con el fin de
implementar el DIH fue la creación de tribunales penales internacionales ad hoc establecidos
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A destacar, el Tribunal Penal
Internacional para Ruanda (1995-2015).
A continuación, se puntualizan los instrumentos de DIH y DIDH que la Corte Internacional
de Justicia tuvo en consideración en su decisión de 200544 a la hora de valorar las actuaciones
armadas perpetradas en el este de la RDC durante la Guerra del Coltán.
En primer lugar, el Convenio IV de la Haya de 1907, relativo a las leyes y costumbres de la
guerra terrestre45. Si bien es cierto que ni Uganda ni la RDC son parte, es vinculante para
ambos puesto que la CIJ ha establecido reiteradamente que “las disposiciones del Reglamento
de la Haya han pasado a formar parte del derecho consuetudinario” (Legal Consequences of
the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J.
Reports 2004, p.172, párr. 89).
En segundo lugar, los Convenios de Ginebra de 1949. La notificación de sucesión a los
Convenios de Ginebra por parte de la RDC se produjo en 1961 con efecto retroactivo a partir
de la fecha de independencia del país (30 de junio de 1960). La adhesión de Ruanda llegó en
el mismo 1961 y posteriormente, lo hicieron también Uganda (1964), Burundi (1974),
Zimbabue (1983), Angola (1984) y Namibia (1991). Actualmente, todos los Estado han
ratificado los Convenios de Ginebra y, por tanto, son aplicables universalmente, mas en
nuestro caso, cabe señalar que durante la Guerra del Coltán los siete estados implicados
directamente en el conflicto ya habían ratificado dichos Convenios.
Para la Guerra del Coltán es el IV Convenio de Ginebra46 el que resulta más relevante de los
cuatro Convenios de Ginebra, puesto que es el dedicado a proteger a las personas civiles en
tiempos de guerra, incluso en los territorios ocupados. Un inciso histórico que en este punto
44 I.C.J., Democratic Republic of the Congo v. Uganda, Op. Cit. 45 Concretamente, fueron vulneradas las obligaciones establecidas por los artículos 25, 27 y 28 y, en lo que
respecta a Uganda sobre sus obligaciones como una “Fuerza ocupante” se violaron los artículos 43, 46 y 47. 46 Según aprecia la Corte Internacional de Justicia en su decisión de 2005, fueron vulnerados los artículos 27, 32
y 53.
18
cabe hacer es que los Convenios de Ginebra adoptados antes de 1949 únicamente se referían a
quienes eran combatientes, pero no a personas civiles. Sin embargo, los hechos acaecidos en
la Segunda Guerra Mundial evidenciaron la necesidad de contar con un convenio protector
hacia los civiles. En este sentido, en el IV Convenio de Ginebra se definen las obligaciones de
ayuda humanitaria que tiene una Potencia ocupante respecto de la población civil.
En tercer lugar, el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I)47. En cuarto lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
19 de diciembre de 196648, ratificado por todas las partes implicadas en el conflicto. En
quinto lugar, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 27 de junio de
1981 49 a la que se adhirió la RDC (entonces República del Zaire) en 1987 mientras que
Uganda lo hizo en 1986. En sexto lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20
de noviembre de 198950. En séptimo lugar, el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del niño relativo a la participación de los niños en los conflictos
armados, de 25 de mayo de 200051, que entró en vigor en febrero de 2002. La RDC y
Burundi se adhirieron en 2001 mientras que Uganda y Ruanda lo hicieron en 2002.
Finalmente, la Corte Internacional de Justicia condenó a Uganda por ser internacionalmente
responsable por las violaciones de Normas internacionales de Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario llevadas a cabo por las UPDF (Uganda Peoples’ Defence
Forces, el ejército ugandés) y por no haber cumplido con sus obligaciones como “Fuerza
ocupante” en la región de Ituri. Las consecuencias legales impuestas a Uganda consistieron en
poner fin al apoyo a fuerzas irregulares operantes en la RDC y reparar los perjuicios causados
por el quebrantamiento de las obligaciones internacionales. Sin embargo, por aquel entonces
las demandas presentadas por la RDC contra Ruanda y Burundi fueron archivadas por falta de
competencia de la CIJ. La jurisdicción de la CIJ tiene su base en el consentimiento estatal, por
ello, es necesario que los Estados hayan prestado su consentimiento para someter ante la
Corte las diferencias entre ellos y, en este caso, Ruanda no había otorgado su consentimiento.
47 Respecto del Protocolo I la CIJ determinó la violación de los artículos 48, 51, 52, 57, 58 y 75. 48 La CIJ estableció la vulneración por parte de Uganda de los artículos 6 y 7. 49 La CIJ estableció que Uganda había vulnerado los artículos 4 y 5. 50 La CIJ determinó la vulneración por parte de Uganda del artículo 38, párrafo 2 y 3. 51 La CIJ estableció la vulneración de los artículos 1, 2, 3 y 6 de este Protocolo por parte de Uganda.
19
Años más tarde, ha sido la Corte Penal Internacional la encargada de hacer rendir cuentas a
las personas responsables de los crímenes cometidos en territorio congoleño durante la Guerra
del Coltán.
3.4. La responsabilidad penal internacional de algunos de los participantes en el
conflicto
La Corte Penal Internacional (CPI) fue creada por iniciativa de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en 1998 mediante el Estatuto de Roma y entró en vigor el 1 de julio
de 2002. Se trata del primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar
a los responsables de crímenes contra la humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra y,
tras la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma celebrada en Kampala en 2010, del
crimen de agresión en el caso de aquellos países que hubiesen ratificado dicha revisión. En su
tarea encomendada a investigar y procesar a las personas que cometan las violaciones más
graves de derecho internacional, cabe destacar cuatro nombres propios procedentes de la
Guerra del Coltán que fueron enjuiciados por esta Corte.
Primeramente, Thomas Lubanga. Fue la primera persona condenada por esta Corte el 14 de
marzo de 2012. Se trataba del exlíder de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC) y se le
acusó del uso de niños soldado en la región congoleña de Ituri.
En segundo lugar, el exlíder del Frente de Resistencia Patriótico de Ituri (FRPI), Germain
Katanga, fue condenado en mayo de 2014 al haber ejercido un papel clave en la planificación
y ejecución del ataque a la villa de Bogoro (Ituri) en el que 200 civiles fueron asesinados, las
propiedades de la población hema52 fueron saqueadas y las mujeres y niñas de la aldea fueron
secuestradas para servir a los combatientes. Se le condenó por crímenes de guerra y de lesa
humanidad.
En tercer lugar, quien fuera vicepresidente durante el Gobierno de transición y líder del MLC,
Jean Pierre Bemba, fue condenado por crímenes de lesa humanidad el 21 de marzo de 2016.
En cuarto lugar, el ruandés Bosco Ntaganda (apodado “Terminator”), quien resultó condenado
en 2019 por crímenes de guerra acaecidos entre julio de 2002 y diciembre de 2003. Se trata
del exlíder de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC) y fundador en
2012 del grupo rebelde congoleño M23 (Mouvement du 23-Mars). Durante años, Ntaganda
tuvo el control del tráfico ilegal en la zona minera de Kivu del Norte. Se le declaró culpable
52 Pastores de la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. Asimismo, existen asentamientos
hema en Ruanda y Uganda.
20
de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos de esclavitud sexual, asesinato,
violación y reclutamiento de niños soldado.
Con estas condenas se corrobora una vez más, la brutal violencia ejercida contra la población
congoleña a lo largo de la Segunda Guerra del Congo hasta la actualidad y la sistemática
vulneración de sus derechos fundamentales que queda reflejada en el informe realizado por el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos53. Este informe
iniciado en 2008 presenta un inventario de las violaciones más graves de derechos humanos y
del DIH perpetradas en territorio congoleño entre marzo de 1993 y junio de 2003. En él se
constatan innumerables violaciones del derecho a la vida, a la integridad física y a la
seguridad, deportaciones forzadas, esclavitud, saqueos y la destrucción de bienes y
propiedades.
Es importante destacar que dichos actos no solo fueron cometidos por grupos rebeldes
armados, sino también por el propio gobierno (L-D. Kabila). Durante la Segunda Guerra del
Congo, al tomar el control de las ciudades, las fuerzas gubernamentales y sus aliados solían
cometer violaciones, a menudo en grupo, que frecuentemente involucraban a menores.
Asimismo, la represión contra la oposición supuso la detención arbitraria de mujeres
sospechosas de ser tutsis que fueron acosadas, saqueadas y humilladas durante su detención,
especialmente en Kinshasa. Por otro lado, los habitantes de zonas controladas por rebeldes
eran testigos de constantes disputas entre distintos grupos armados que, en numerosas
ocasiones, luchaban por el control de la explotación de los recursos naturales sometiendo a la
población civil a actos de violencia, especialmente sexual.
53 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, «Rapport du Projet Mapping
concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises
entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo », Agosto 2010.
21
4. MINERALES EN CONFLICTO: La regulación aplicable al coltán
4.1. Problemática en el este del país
La República Democrática del Congo es uno de los países más ricos en recursos naturales a
nivel mundial. Destacan las reservas de cobre, cobalto, zinc, oro, uranio, coltán y diamantes.
Si bien la conocida como Guerra del Coltán tuvo lugar oficialmente entre 1998 y 2003, lo
cierto es que las tensiones y el conflicto armado no han cesado en el este de la RDC bien
entrado el siglo XXI. Sin embargo, la fiebre consumista existente hoy en día no parece
propugnar la pacificación de la zona, sino más bien lo contrario. Es posible establecer esta
relación puesto que la creciente demanda de aparatos electrónicos en todo el mundo favorece
que la extracción de minerales, como el coltán, el tantalio o el wolframio, sea cada vez más
rentable. Un conjunto de actores internos y externos es consciente de ello y tratan de sacar el
mayor rendimiento posible de la situación. Por un lado, los grupos rebeldes armados, quienes
no aceptan la legitimidad del Gobierno y tratan de apoderarse de las minas, controlarlas,
cobrar impuestos y dominar las rutas de contrabando exportando minerales de origen
congoleño a través de los países fronterizos, principalmente Ruanda y Uganda. Así, consiguen
financiación para comprar armas y someter a la población. Las milicias presentes en el este de
la RDC se han ido multiplicando a lo largo de los años. Según el jefe de la oficina del Comité
Internacional de la Cruz Roja en Goma, Carlos Batallas, en 2020 se contabilizaron 132 grupos
armados en la RDC. A su vez, estos grupos mantienen conexiones comerciales con empresas
interesadas en los recursos que explotan.
Según los datos del Ministerio de Minas congoleño, en 2019 el 85% de la producción minera
de la RDC estaba en manos extranjeras, concretamente en las compañías Randgold (anglo-
sudafricana), AngloGold Ashanti (Sudáfrica), Glencore (Suiza), Ivanhoe (Canadá) y Zijin
Mining, MMG y China Molybdenum (chinas). Las empresas son conscientes de las
numerosas debilidades del gobierno congoleño y tratan de sacar partido de la situación al
obtener concesiones baratas de explotación.
Por otra parte, las Fuerzas Armadas congoleñas usan la fuerza con el aval del Gobierno con la
intención de hacer frente a los grupos rebeldes instaurados en territorio congoleño. No
obstante, sus actuaciones no están exentas de incidentes violentos contra la población civil.
Como actor externo relevante cabe destacar el papel de la ONU. La MONUSCO pretende
garantizar la seguridad de los civiles frente a los grupos armados y milicias presentes en el
terreno. Sin embargo, su intervención ha sido objeto de polémica y críticas.
22
En definitiva, es la población congoleña la más perjudicada en el conflicto, especialmente la
de las regiones de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, ya que, es en esas provincias donde se
localizan las mayores reservas de coltán. Los civiles se encuentran sometidos a una violencia
permanente y sistemática tanto por las Fuerzas Armadas congoleñas como por los grupos
rebeldes y, a su vez, trabajan en condiciones precarias.
En este contexto entran en juego los “minerales en conflicto”.
Los minerales en conflicto son aquellos cuya extracción o comercialización se produce
sistemáticamente en un contexto de conflicto, pudiendo verse involucrada la violación del
Derecho humanitario o vulneraciones de derechos considerados crímenes de guerra. Sin
embargo, en la mayoría de las regulaciones internacionales, la definición de “minerales en
conflicto” se ciñe a cuatro minerales: estaño, tungsteno (extraído del wolframio), oro y
tantalio. Son los conocidos en inglés como las 3 T+G 54. Estos minerales se encuentran
prácticamente en la totalidad de los aparatos electrónicos que usamos actualmente en nuestro
día a día: computadoras, teléfonos móviles, consolas, baterías, condensadores, tabletas,
bombillas…
En clave de teléfonos móviles, el estaño es usado para soldar los circuitos, el wolframio
permite que vibren, el oro es usado para cubrir el cableado y el tantalio faculta el
almacenamiento de la electricidad en el aparato para que suene.
4.2. Concepto y relevancia del coltán
El tántalo o tantalio es un elemento metálico que se identifica con el símbolo químico Ta.
Aparece en la naturaleza principalmente como pentóxido de tántalo (tantalita, 𝑇𝑎2𝑂6) junto
con el niobio (columbita, 𝑁𝑏2𝑂6).
El coltán se trata de una composición mineral sólida formada por columbita y tantalita, de ahí
su nombre. El coltán se extrae, a mano o bien mediante herramientas rudimentarias a partir de
sedimentos fluviales y erosivos. Su aspecto se asemeja a la de una grava o arena grisácea.
Resulta útil puesto que permite almacenar grandes cantidades de electricidad en un tamaño
reducido. El 80% de los yacimientos mundiales de coltán se localizan en la RDC y la mayor
parte de la producción es destinada a teléfonos móviles, ordenadores, consolas de videojuegos
e incluso detectores de humo y automóviles. La zona del este de la RDC cobra especial
54 Por sus siglas en inglés: tin, tantalum, tungsten, gold.
23
importancia puesto que el coltán de los Kivu es conocido por el alto porcentaje de tantalio que
contiene55.
La explotación minera es la base de la economía en el este de la RDC, donde más del 60% de
la población depende directa o indirectamente de ella para sobrevivir. La cadena de
suministro del coltán parte de la extracción del mineral en las minas del este del país y
posteriormente es trasladado hasta las casas de compraventa de las grandes ciudades como
Goma antes de ser exportado. No existe un mercado internacional donde compradores pujen
por el precio del coltán, como sí ocurre en el caso del cobre, el aluminio o el estaño, que, por
ejemplo, cotizan en la Bolsa de Metales de Londres. Así, el mercado del coltán es de poca
transparencia; al no existir precios oficiales, éstos son negociados entre comprador y
vendedor directamente. Los compradores de coltán lo trasladan entonces hasta fundiciones
asiáticas, situadas principalmente en Tailandia, Malasia, China e India, donde se refina el
mineral. En estas fundiciones, el coltán proveniente de la RDC se mezcla con otros minerales
que llegan del resto del mundo, lo que dificulta seguir su rastro. Finalmente, los principales
destinatarios finales son Estados Unidos, Holanda, Alemania, Bélgica y Kazajistán.
4.3. Iniciativas para la regulación del sector minero
Desde 2010 han sido varias las iniciativas propuestas, tanto a nivel gubernamental como a
nivel privado, las que pretenden formalizar el sector minero en el este de la RDC. En lo que se
refiere al marco legal de la minería a nivel interno, la RDC aprobó en 2018 un Nuevo Código
Minero, que pretende evitar la explotación de las minas por parte de grandes operadoras
internacionales y grupos rebeldes, así como propugnar una regulación más estricta a nivel
medioambiental. Por lo general, el conjunto de iniciativas hacen especial hincapié en (i) la
certificación de conformidad de extracciones de minerales “libres de conflicto”; (ii) la
“trazabilidad” de los minerales tras salir de la mina; (iii) el proceso de “diligencia razonable”
al cual se encuentran sometidas las empresas implicadas como “compradores finales” de estos
minerales que deberán cerciorarse de que no usan minerales en conflicto, y (iv) la cartografía
de los emplazamientos mineros, en lo que se refiere al conocimiento exhaustivo de los
emplazamientos de producción56. Estos conceptos son complementarios. Ahora bien,
corresponde a políticos y empresas distinguir las diferencias entre estas estrategias en
55Comisión de Justicia y Paz en la Bélgica francófona, “El sector minero artesanal en el Congo Oriental:
condiciones de los emplazamientos y perspectivas”, (2012). 56 Global Witness, « L’avenir du commerce de minerais congolais dans la balance: opportunités et obstacles
associés à la démilitarisation », 18 de mayo de 2011, (pp. 5-7).
24
términos de importancia, alcance y rapidez de impacto y decidir en qué orden de prioridad
aplicarlas.
La diligencia debida es el proceso mediante el cual las empresas implicadas en la cadena de
suministro se aseguran de no comerciar con minerales en conflicto. En el contexto de la lucha
contra el comercio de estos minerales, la ventaja principal de esta estrategia es que se aplica a
toda la cadena de suministro dirigiéndose únicamente a los elementos perjudiciales de la
actividad comercial. Así, se protege el comercio legítimo y es de aplicación rápida y menos
costosa que otros procesos más complejos, como pudiera ser el de certificación.
Mediante la certificación se pretende garantizar que los minerales extraídos del este de la
RDC respeten una serie de normas sociales, medioambientales y jurídicas obligatorias que
aseguren el carácter “libre de conflicto” de la explotación.
La división de Inspección y Certificación de Minas de la ICGLR (Conferencia Internacional
de los Grandes Lagos)57 se encarga de asegurar que los minerales que entran en la cadena de
suministro provienen de minas libres de conflicto y satisfacen un mínimo de estándares
sociales. Un inspector de minas del gobierno visita las minas certificadas una vez al año y sus
conclusiones son contrastadas con una auditoría independiente anual. Las minas pueden ser
clasificadas como: (i) minas verdes, cuando no hay presencia de milicias ni explotación
infantil ni mujeres embarazadas; (ii) minas amarillas, cuando se infringen uno o más criterios
importantes y, en ese caso, el operador de la mina dispone de seis meses para resolver la
situación, y (iii) minas rojas, que tienen prohibida la extracción de minerales hasta la siguiente
inspección, puesto que existen graves infracciones de uno o más criterios importantes58.
De acuerdo con las normas de diligencia debida empleadas por la ONU y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es responsabilidad de las empresas
afectadas excluir los “minerales en conflicto” de sus cadenas de suministro, mientras que, en
el sistema de certificación son los gobiernos de los miembros de la ICGLR quienes deben
controlar que el conjunto de normas establecidas sea respetado. No obstante, cabe tener
presente las dificultades que se tienen en esta región para crear instituciones competentes que
puedan controlar de manera efectiva el cumplimiento de las normas. En consecuencia, el
57 En inglés International Conference on the Great Lakes Region. Fue fundada el año 2000. Su objetivo principal
es promover la paz (principalmente la prevención del genocidio) y el desarrollo económico de la zona. Su sede
se encuentra en Bujumbura, Burundi y forman parte doce Estados miembros: Angola, Burundi, República
Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Sudán,
Tanzania, Uganda y Zambia. 58 The Mineral Certification Scheme of the International Conference on the Great Lakes Region, (ICGLR),
(pp.11-17).
25
régimen de certificación será más lento que la diligencia debida para las cadenas de
suministro. Ahora bien, los procesos de diligencia debida y certificación pueden ser
complementarios. Por ejemplo, la certificación de la ICGLR exige a las empresas que lo
deseen obtener que realicen un ejercicio de diligencia debida en su cadena de suministro de
acuerdo con las normas de la OCDE. Además, la certificación puede ayudar a acreditar que
las empresas cumplen con sus responsabilidades en el ámbito de diligencia debida a la hora de
demostrar el control sobre su cadena de suministro y el proceso de auditoría59.
Otra iniciativa por la que se han hecho esfuerzos para llevar a cabo el control de “minerales en
conflicto” es la trazabilidad. Se trata del conjunto de acciones y procedimientos técnicos que
permiten identificar y registrar un producto desde su origen hasta su comercialización. La
trazabilidad permite rastrear la cadena de producción y otorgar certeza del origen y de las
distintas etapas del proceso productivo al consumidor final.
En materia de trazabilidad del coltán, se promovió el proceso de validación de las fundiciones
de tantalio a través de las llamadas “fundiciones libres de conflicto” (Conflict- Free Smelter-
CFS) promovida por la Global e-Sustainability Initiative y Electronics Industry Citizenship
Coalition60.
Otra opción puesta encima de la mesa ha sido el sistema de etiquetado del coltán. Una
empresa que la ha puesto en práctica es Minerals Mining, dedicada a la producción de, entre
otros minerales, el coltán y que acredita su actividad industrial libre de conflicto a través del
etiquetado de EICC- Electronic Industry Citizenship Coalition61. No obstante, centrarnos
exclusivamente en el etiquetado a la hora de valorar si un producto contiene o no “minerales
en conflicto” puede resultar engañoso. El etiquetado pone el foco de atención en la extracción
del mineral. Sin embargo, puede ocurrir que las etapas posteriores de la cadena de suministro
sí estén controladas por grupos armados.
59 Global Witness, Op. Cit. (p.7). 60 Ambas son organizaciones compuestas de sociedades privadas de información y comunicación que promueven
cambios en las cadenas de suministro mundiales para la mejora de las condiciones laborales y medioambientales. 61 El Código de Conducta de la Electrónica Industry Citizenship Coalition establece normas para garantizar que
las condiciones de trabajo en la cadena de suministro de la industria electrónica sean seguras, que los
trabajadores sean tratados con respeto y que las operaciones empresariales sean responsables con el medio
ambiente y se realicen de forma ética. Se incluyen todas aquellas organizaciones que diseñen, comercialicen,
fabriquen o suministren bienes y servicios para producir productos electrónicos.
26
4.4. Instrumentos de “soft law” aplicables
Como instrumentos de soft law relevantes para la problemática del coltán en el este de la
RDC, son de especial interés, por un lado, los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos, como un conjunto de directrices dirigidas a las empresas en términos
generales en lo que se refiere a su responsabilidad en materia de derechos humanos y, por otro
lado, también lo es la Guía de Diligencia Debida de la OCDE cuya aplicación se ciñe a los
“minerales en conflicto” como es el coltán.
En 2011 la ONU aprobó los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos (en inglés Guiding Principles on Business and Human Rights)62. Estos Principios
se basan en: (i) el deber de los Estados de proteger los derechos humanos dentro de su
jurisdicción; (ii) la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos allí donde
trabajen, y (iii) la necesidad de mejorar el acceso a la reparación de las víctimas de abusos
relacionados con las empresas. Como aspecto relevante introducido en esta regulación cabe
destacar que, por primera vez, las empresas y no únicamente los Estados o la Comunidad
Internacional son considerados como sujetos de obligaciones y responsabilidades respecto de
los derechos humanos. No obstante, la voluntariedad que estos principios otorgan a las
empresas a la hora de definir su grado de responsabilidad, resta eficacia a los objetivos de esta
regulación.
Por otro lado, la Guía de Diligencia Debida de la OCDE para Cadenas de Suministro
Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo63 se trata de una
iniciativa de gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de
regiones en conflicto. En 2010, a través de un grupo de trabajo formado por gobiernos, ONGs
y empresas, junto con el Consejo de Seguridad de la ONU (por medio de su Grupo de
Expertos en la RDC) se elaboró un marco para que las empresas realizasen la diligencia
debida en sus cadenas de suministro, fijando cinco pasos: (i) establecer un sistema de
seguimiento de los minerales desde su mina de origen; (ii) identificar y evaluar los riesgos de
que la cadena de suministros contribuya a la financiación de grupos rebeldes o unidades
militares; (iii) llevar a cabo estrategias para hacer frente a los riesgos identificados, es decir,
emprender medidas concretas; (iv) encargar auditorías independientes que evalúen la
diligencia debida de las empresas, y (v) divulgar públicamente las medidas adoptadas por las
62 UN (2011). Office of the High Commissioner for Human Rights, Guiding Principles on Business and Human
Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework. 63 OECD (2011), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas, OECD Publishing.
27
empresas, incluidas sus evaluaciones de riesgo y auditorías. Si bien esta normativa está
centrada en cuatro minerales (estaño, tungsteno, tantalio y oro), entre sus recomendaciones se
hace referencia también a otros minerales extraídos de zonas conflictivas de la RDC como
pudieran ser cobalto o uranio.
En este sentido, los Estados miembros de la ICGLR adoptaron las normas de la OCDE como
herramientas de la “Iniciativa Regional sobre la Lucha contra la Explotación Ilegal de los
Recursos Naturales” haciendo un llamamiento a las multinacionales que se abastecían con
minerales de esta región para que se sometiesen a dichas directivas. Por su lado, el Ministerio
de Minas de la RDC publicó una circular el 6 de septiembre de 2011 en la que se obligaba a
todos los operarios de minas del país a ejercer la diligencia razonable de la ONU y la OCDE
en todas las fases de la cadena de suministro64. Sin embargo, estos mandatos no fueron
puestos en práctica por aquel entonces.
La Guía de la OCDE es voluntaria y no vinculante. Por ello, no es posible imponer sanciones
a quienes incumplan las recomendaciones. Así, corresponde a los Estados y a sus Puntos
Nacionales de Contacto65 promover la eficacia de las directrices marcadas por la OCDE.
64 Las cadenas de suministro en industrias mineras incluyen a todos los actores intervinientes desde la extracción,
el transporte, la comercialización, la fundición y/o el refinado de los minerales, hasta su uso para la fabricación
de componentes electrónicos, su ensamblaje y la comercialización de los productos manufacturados. Las
empresas operantes desde la mina hasta la refinería o fundición se denominan “upstream” o “río arriba”,
mientras que las que operan desde la refinería/fundición hasta el consumidor final son las denominadas
“downstream” o “río abajo”. 65 Los Puntos Nacionales de Contacto actúan como órganos de deliberación y su función consiste en promover y
facilitar la resolución extrajudicial de posibles conflictos relacionados con el incumplimiento de las
recomendaciones establecidas en las Directrices de la OCDE sobre Minerales de Conflicto. Los conflictos son
resueltos mediante un procedimiento en el que el Punto Nacional de Contacto media e intenta llegar a un
consenso entre las partes. En España el Punto Nacional de Contacto (PNC) se estableció en 2001 y su
composición y funcionamiento fueron definidos en 2014 a través de la Orden Ministerial PRE/2167/2014 de 11
noviembre de 2014. Se encuentra adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio, dentro del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
28
4.5. La regulación de Estados Unidos (Ley Dodd- Frank)
Guiado por las pautas de la OCDE, el Congreso de los EUA adoptó en julio de 2010 la ley
comúnmente conocida como Dodd-Frank66. Esta ley pretendía reformar Wall Street y
reforzar la protección de los consumidores estadounidenses frente a las prácticas abusivas de
los servicios financieros. La sección 1502 de la ley prevé que, a partir de 2012, aquellas
empresas que coticen en bolsa y cuyos productos contengan coltán, wolframio, estaño u oro,
tienen la obligación de informar anualmente a la Security and Exchange Comission (SEC)
sobre si estos minerales provienen de la República Democrática del Congo o de algún país
limítrofe67. En caso de que así sea, las empresas deben dar a conocer las medidas de
“diligencia debida” (due diligence) que han adoptado para asegurarse de que la obtención de
dichos minerales no ha sido llevada a cabo bajo el control de grupos armados. El concepto de
“bajo el control de grupos armados” es definido explícitamente por la ley. Por un lado, se
refiere al control físico de minas y a la presencia de trabajos forzados en la extracción, el
transporte o la venta de estos minerales y, por otro lado, incluye también la extorsión y el
control de instalaciones o rutas comerciales en cualquier tramo de la cadena de suministro.
Ante la aprobación de la ley Dodd-Frank, el presidente Kabila decidió suspender desde
septiembre de 2010 hasta abril de 2011, las exportaciones de los minerales extraídos en el este
del país, concretamente los procedentes de las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur y
Maniema. El presidente congoleño pretendía reducir la presencia de grupos armados en estos
territorios a la vez que preparar al sector minero artesanal congoleño para la puesta en marcha
de la ley estadounidense. Ello tuvo un impacto socioeconómico negativo para la población
congoleña, quienes apodan la ley estadounidense como “Ley Obama”. Los que eran directa e
indirectamente dependientes del sector minero veían sus ingresos reducirse dada la baja
producción a la vez que, quienes extraían minerales en zonas libres de conflicto, no disponían
de formas suficientes para acreditar la ausencia de milicias. La paralización de la exportación
legal fue aprovechada por los grupos armados, especialmente por las Fuerzas Democráticas
para la Liberación de Ruanda, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y
las milicias Mai-Mai que aumentaron el contrabando hacia el extranjero.
66 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, H.R. 4173,111 Congress (2009-2010) of the
United States of America. 67 Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, el Congo, la República Centroafricana y Sudán del Sur.
29
La certificación y la trazabilidad impulsadas por la ley Dodd-Frank propugnaron reformas en
el Derecho minero congoleño tales como previsiones de control y transparencia. De esta
manera, se pretende dotar a los trabajadores de un mayor conocimiento de cuáles deben ser
sus condiciones y derechos laborales. No obstante, para obtener la certificación de “mina
verde” se requiere que los mineros se constituyan en cooperativa y, no todos disponen del
dinero suficiente como para unirse a una. Esto supuso que, en vez de canalizar el esfuerzo de
extracción, el mercado se dispersara.
En terreno estadounidense, durante los primeros años tras la aplicación de la ley Dodd- Frank,
la SEC impuso la obligación de que los informes elaborados por las empresas fueran
evaluados por auditorías externas a través de la Guía de Cumplimiento de las Pequeñas
Entidades. Sin embargo, dicha obligación fue revocada por una decisión del Tribunal de
Apelaciones de 2014 que, instó a la SEC a emitir una nueva guía en la que una empresa sólo
debería someter sus actividades de diligencia debida a una auditoría voluntaria si elegía
libremente describir sus productos como “libres de conflicto en la RDC”. Además, Global
Witness y Amnistía Internacional comprobaron mediante su informe “Digging for
transparency”68 que, en 2014, la mayoría de las empresas estadounidenses desconocían si sus
productos estaban vinculados a actividades de grupos armados. Los primeros informes
presentados ante la SEC carecían, en términos generales, de un verdadero esfuerzo por parte
de las empresas en identificar los riesgos en su cadena de suministro y en ponerse en contacto
con fundiciones y refinerías, limitándose exclusivamente a contactar con su proveedor directo.
Estos son dos de los puntos débiles de esta ley; por un lado, la ausencia de la obligación de
someterse a una auditoría externa e independiente y, por otro, la no predeterminación de
sanciones para aquellas empresas estadounidenses que elaboren informes incompletos o
inexactos.
68 Global Witness and Amnesty International: ‘Digging for transparency, how companies are only scratching the
Surface of conflict minerals reporting’, (2015).
30
4.6. La regulación de la Unión Europea
El Parlamento Europeo decidió poner freno a los “minerales en conflicto” teniendo de
referencia la ley Dodd-Frank. El texto del Reglamento europeo 2017/ 821 69 se acabó
aprobando tras seis años de negociación y no ha sido hasta enero de 2021 cuando ha entrado
en vigor al haber finalizado el periodo de transición fijado de cuatro años. En un inicio,
existían los partidarios anti-legislativos, quienes estaban a favor de una certificación
voluntaria sólo para una pequeña parte de la cadena de suministro. Por otra parte, estaban
quienes pretendían desarrollar un reglamento como norma obligatoria tanto para importadores
de materias primas como de productos que contienen “minerales en conflicto”. En este punto,
cabe mencionar que la ciudadanía jugó un papel importante para favorecer la aprobación del
mencionado Reglamento.
La regulación europea define el concepto de “minerales en conflicto” a partir de la
determinación del tipo de mineral y de las áreas geográficas conflictivas o de alto riesgo que
serán objeto de reglamentación. Son considerados “minerales en conflicto” los ya
mencionados 3 TS + G, que deben encontrarse en un porcentaje mínimo. Se dejan fuera
minerales con características similares, como el cobalto (cuya demanda se ha incrementado
significativamente en los últimos años, especialmente en el mundo automovilístico eléctrico).
Aunque los minerales objeto de regulación deberán ser revisados cada tres años, no deja de
ser una delimitación significativamente restrictiva.
En lo que se refiere al ámbito de actuación geográfica, la UE era consciente de la
estigmatización que se había producido de los territorios mencionados en la ley
estadounidense al haber creado una lista cerrada de países. Por ello, la UE optó por la revisión
y actualización periódica de las áreas consideradas como “zonas de conflicto y de alto riesgo”.
De esta manera, se pretende mejorar la normativa estadounidense que, si bien fue pionera, ha
tenido ciertas consecuencias negativas en el territorio congoleño. La definición de “zonas de
conflicto y de alto riesgo” incluye, por un lado, aquellas zonas en situación de conflicto
armado o de posconflicto frágil y, por otro lado, zonas de inestabilidad política con
deficiencias de gobernanza como, por ejemplo, los Estados fallidos en los que se cometen
continuas violaciones del Derecho Internacional y de los derechos humanos.
69 REGLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 17 de mayo de
2017, por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que
respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas
de conflicto o de alto riesgo.
31
La regulación europea impone obligaciones a los actores participantes en la cadena de
suministro de estos minerales, concretamente “desde el desplazamiento y procesamiento de
los minerales desde el lugar de extracción hasta su incorporación en el producto final” 70.
Por lo tanto, se observa en este punto una significante delimitación; el mineral se debe
incorporar al producto final, y, consecuentemente, la regulación sólo se aplicará a
importadores directos de minerales con sede en la UE, excluyéndose a las empresas
importadoras de componentes electrónicos que ya han sido previamente fabricados fuera de la
UE. De este modo, el Reglamento europeo resulta menos ambicioso que las guías establecidas
por la OCDE dado que se ignora a las empresas que participan en la manufactura y venta del
producto final, que son las que tienen una mayor visibilidad para el consumidor. En este
sentido, la regulación europea es también más restrictiva que la Ley Dodd- Frank puesto que,
en esta última, el ámbito personal abarca a toda empresa que haya utilizado minerales en
conflicto directa o indirectamente a través de sus proveedores en productos manufacturados,
siempre que el mineral sea necesario para la funcionalidad o la producción del producto.
Las disposiciones de diligencia debida contenidas en la regulación europea serán de carácter
voluntario o bien obligatorio en función del volumen de importaciones del mineral que realice
la empresa en cuestión. Se define un sistema de umbrales donde pequeñas y medianas
empresas importadoras quedan exentas de dichas obligaciones, mientras que, aquellos
operadores que superen los volúmenes de importación establecidos en el Anexo I del
Reglamento sí las deberán cumplir. Estos volúmenes mínimos se publican en base a la
información que los Estados Miembros facilitan a la Comisión Europea sobre sus volúmenes
anuales de importación en sus respectivos territorios. La Comisión utilizará estos datos para
modificar periódicamente las cifras de los umbrales del Anexo I.
La exclusión de los pequeños importadores se fundamenta en la importante carga burocrática
que les supondría. Sin embargo, desde un punto de vista crítico, es posible que esto fomente
la aparición de muchas y pequeñas empresas que importen cantidades inferiores de minerales
pero que, al persistir una alta demanda de éstos, se mantenga la contribución al
financiamiento de grupos armados.
70 Artículo 2, apartado c) del REGLAMENTO (UE) 2017/821, de 17 de mayo de 2017.
32
Otro ámbito de exclusión de las obligaciones del Reglamento europeo se refiere a los
importadores de la UE que puedan deducir razonablemente que los metales importados
derivan únicamente de material reciclado o de deshechos. Si bien deberán publicar las
medidas de diligencia debida de la cadena de suministro, el resto de las disposiciones del
Reglamento no les será de aplicación.
La UE quiso hacer hincapié mediante su regulación en la figura de las fundiciones y
refinerías. Las considera un eslabón importante de las cadenas de suministro de minerales,
pues suelen ser la última fase en la que puede garantizarse la diligencia debida al comunicar y
verificar información sobre el origen del mineral y la trazabilidad. Tras esa primera fase de
transformación, deviene prácticamente imposible rastrear el origen de los minerales puesto
que son mezclados con otros procedentes de diferentes lugares. La Comisión debe desarrollar
una lista de los nombres y direcciones de las fundiciones y refinerías responsables a escala
mundial71. De esta manera, se pretende aportar transparencia y seguridad a los agentes
económicos de las fases finales en lo que se refiere a las prácticas de diligencia debida.
Si bien la regulación europea fue tardía, resulta ambiciosa en muchos aspectos y supone un
probablemente pequeño, pero importante paso, al menos, en lo que se refiere a la declaración
de voluntad por parte de la UE de hacer frente a los problemas humanitarios y
medioambientales surgidos por la codicia de muchos agentes en la explotación de recursos
naturales.
71 Artículo 9 del REGLAMENTO (UE) 2017/821, de 17 de mayo de 2017.
33
5. CONCLUSIONES
El origen de la profunda conflictividad existente en la RDC se remonta probablemente a
finales del siglo XIX. Por aquel entonces, el Estado libre del Congo era objeto de explotación
indiscriminada y sistemática de recursos naturales por parte del Rey Leopoldo II de Bélgica.
Para mantener el control sobre la población nativa, la administración central belga instauró un
régimen de terror en el país africano. Poco a poco, la población local fue reclamando una
mejora de su situación hasta que el 30 de junio de 1960 se declaró la independencia del país.
Sin embargo, ello no supuso el fin de la violencia. Militares y rebeldes luchaban por alcanzar
el poder y quienes lo conseguían como Mobutu Sese Seko instauraban regímenes violentos y
corruptos. Los conflictos interétnicos de Uganda y especialmente Ruanda, fueron exportados
a la RDC y estos países hicieron todo lo posible para poner en el poder a alguien afín a sus
regímenes. Ello supuso la Primera Guerra del Congo (1996-1997) y llevó a Laurent- Desiré
Kabila a ser presidente de la RDC. No obstante, el temor a perder el acceso a las riquezas
naturales del este de la RDC por parte de los países limítrofes hizo que se desatara la Segunda
Guerra del Congo, la conocida como Guerra del Coltán o la también llamada Guerra Mundial
Africana. Oficialmente, este conflicto armado internacional tuvo lugar entre 1998 y 2003.
Aun así, las tensiones en terreno congoleño no han cesado hasta el día de hoy. En el este de la
RDC, concretamente en las regiones de Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Maniema, se
concentran más de 200 grupos rebeldes armados que tratan de hacerse con el control de la
explotación de diversos minerales, entre ellos el coltán.
El coltán es una composición mineral formada por columbita y tantalio. El extraído del este
de la RDC es conocido por el elevado porcentaje de tantalio que posee. La avaricia desatada
por este mineral ha llevado a organizaciones como la OCDE o incluso a gobiernos como el de
los EUA y la UE a regular la importación de los denominados “minerales en conflicto”. En
general éstos son el estaño, el tungsteno (extraído del wolframio), el oro y el tantalio. El auge
en la demanda de este tipo de minerales se explica por el constante desarrollo tecnológico y la
política de productos desechables o de baja duración fomentada desde finales del siglo XX.
En 2011, la OCDE marcó una pauta de acciones basadas en la diligencia debida, que iba
dirigida a todas aquellas empresas cuya cadena de suministro incluyeran minerales
procedentes de regiones en conflicto. Si bien esta Guía de la OCDE es voluntaria y no
vinculante, sirvió de inspiración para la redacción de legislaciones como la estadounidense y
la europea.
34
Por su lado, la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos estableció un sistema de
certificación por el que las minas de la RDC se clasifican en verdes, amarillas o rojas según el
nivel de respeto que se tiene a los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
A nivel estatal, fueron los EUA los primeros en promover una regulación vinculante en
materia de “minerales en conflicto”. En 2010 se aprobó la Ley Dodd-Frank, cuya sección
1502 obligaba a toda empresa que hubiese utilizado “minerales en conflicto” a través de sus
proveedores, a informar anualmente a la Security and Exchange Comission sobre si estos
minerales eran procedentes de la RDC o algún país limítrofe. En caso afirmativo, deberían
publicar las medidas de “diligencia debida” adoptadas para asegurarse que en la cadena de
suministro no habían intervenido grupos armados. En un primer momento, la ley tuvo un
impacto negativo en los trabajadores congoleños dado que la producción minera disminuyó
significativamente, y, por otro lado, quedó constatado que la mayoría de las empresas
estadounidenses desconocían si sus productos estaban vinculados a grupos armados. El hecho
de que la regulación no contenga preestablecidas las sanciones para aquellas empresas que
realicen sus informes de manera incompleta es uno de los puntos débiles de esta ley. Sin
embargo, no se debe quitar mérito al intento de hacer frente a la problemática humanitaria y
medioambiental por parte del gobierno estadounidense de aquel entonces.
En Europa no ha sido hasta enero de 2021 que ha entrado en vigor el Reglamento europeo
2017/821, de 17 de mayo. Los “minerales en conflicto” cubiertos por esta regulación son en
un primer momento los mismos que los de la Guía de la OCDE y la Ley Dodd-Frank, pero
serán revisados cada tres años. A diferencia de la ley estadounidense, la regulación europea
no fija una lista cerrada de países en lo que se refiere al ámbito geográfico del que deben
proceder los minerales, sino que crea una definición amplia y revisable de las “zonas de
conflicto y alto riesgo”. Sin embargo, una limitación significativa de esta regulación es que se
exime a las pequeñas y medianas empresas de la obligación de rendir cuentas sobre la
diligencia debida prestada en sus importaciones de “minerales en conflicto”. Esta exención
está basada en la carga administrativa que conllevaría a este tipo de empresas demostrar las
medidas de diligencia debida tomadas. No obstante, es posible que esto promueva la creación
de muchas y pequeñas empresas que importen cantidades menores de minerales pero que, al
persistir una alta demanda de éstos, se mantenga la financiación de grupos armados, que es
precisamente, lo que en un inicio la regulación pretende evitar.
35
En futuras líneas de investigación, sería interesante examinar cómo las empresas importadoras
de “minerales de conflicto” con sede en la UE han tratado de cumplir con la regulación
europea estos primeros años de aplicación e ir observando si aumenta la concienciación
social, siendo ésta es trasladada al mundo empresarial. Por ahora, empiezan ya a desarrollarse
tecnologías alternativas “libres de conflicto” como es el teléfono holandés “Fairphone”.
En materia de Derechos Humanos, a lo largo del trabajo se ha ido analizando cómo los
ciudadanos congoleños conviven con la violencia sistemática y la violación de sus derechos
más fundamentales desde hace décadas. Milicias, grupos rebeldes e incluso las Fuerzas de
Seguridad del Estado (las FARDC) han aprovechado la corrupción generalizada del país y del
poder judicial para violar los derechos inherentes en las personas en varias zonas del país,
especialmente en el este. Varios han sido los Estados que han contribuido directa o
indirectamente a perpetrar injerencias en territorio congoleño e incluso se ha llegado a
condenar por parte de la Corte Internacional de Justicia a Uganda por la violación grave por
uso de la fuerza y el principio de no intervención reconocido en la Carta de las Naciones
Unidas.
La complejidad del conflicto no permite diferenciar entre dos partes claras que puedan
negociar. Nos encontramos ante una problemática que va más allá de lo conocido como una
guerra civil clásica. A pesar de todos los esfuerzos realizados a nivel legislativo para regular
la trazabilidad del coltán, la realidad es que mientras la riqueza generada por las extracciones
no revierta en la sociedad congoleña, mediante políticas adecuadas dirigidas desde el
gobierno, el problema está lejos de solucionarse. Desde un punto de vista crítico, por mucho
que la ONU y la Comunidad Internacional hagan esfuerzos en condenar los terribles crímenes
acaecidos e incluso desplacen tropas hasta el territorio, parece imposible acabar con esta
espiral de violencia generalizada sin que se establezca una estructura sólida del aparato estatal
congoleño. Para ello, es primordial que quienes dirigen el país se comprometan a negociar
con los grupos rebeldes y también con los países que contribuyen a su financiación.
Asimismo, es esencial un compromiso verdaderamente democrático donde se dote de
seguridad a la ciudadanía, disminuya (o idealmente) desaparezca la corrupción generalizada y
se ponga punto final a la brutal violencia, especialmente sexual, a la que se somete a la
población.
36
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