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uchas reformas han definido el continuo de la construcción de las reglas electorales mexicanas; sin embargo, la última es la más

política, pues modificó aspectos centrales del régi-men político y desplazó el epicentro del esquema or-ganizativo de los procesos electorales de un modelo federal a uno nacional.

Resultado de los compromisos del Pacto por Mé-xico, posfechados para entrar en vigor en 2018, los cambios de régimen más importantes son la posi-bilidad de los gobiernos de coalición, la reelección del tercer nivel de gobierno y de los legisladores, la independencia plena del Ministerio Público, la apro-bación de la estrategia de seguridad por el Senado y del Plan Nacional de Desarrollo por la Cámara de Diputados, entre otros.

En la ciudad de México, estos cambios deberán reflejarse en una nueva arquitectura gubernamental. Lamento que no se haya encontrado el camino para aprobar la reforma política del Distrito Federal que diera paso a una Constitución local, que abriría una gran avenida para modificar un régimen de compe-tencias y un esquema de gobierno que data del si-glo pasado. Mientras esto pasa y luchamos para que así suceda, me concentro en las implicaciones de los cambios electorales.

El nuevo modelo significa retos organizacionales de corto plazo para todos los partidos políticos nacio-nales y locales, derivados de las leyes generales que han definido un nuevo sistema nacional de partidos y elecciones más transparente y equitativo.

Nuevas reglas

El primer cambio significativo es que la normativi-dad electoral local se armonizó con lo dispuesto por * Presidente del pri en el Distrito Federal.

las leyes generales, lo que obligó a la Asamblea Le-gislativa, sobre todo al partido que tiene la mayoría, a corregir excesos.

A su vez, los partidos tuvimos que modificar nues-tros estatutos para responder a estos cambios. A con-tinuación enuncio las transformaciones más relevan-tes, así como la forma en que el pri en el df cumple con la disposición, la atiende y valora.

1. Creación de un nuevo sistema de fiscalización del financiamiento y del gasto de partidos, precandi-datos y candidatos. La nueva normativa, diseñada y operada por el ine con criterios de contabilidad ho-mogénea, evaluará el gasto casi en tiempo real pues será manejada en línea, con requisitos de operación que harán más transparente el uso de los recursos pero complicarán su ejercicio en campañas. Asimis-mo destaca que, conforme se aprobó en la reforma,

el rebase de los topes de campaña más allá del cinco por ciento será considerado causal de nulidad de la elección.

Se trata de una tarea de suma relevancia que, a par-tir de esta elección intermedia, realizará el ine, y no la delegará. Su cumplimiento impactará sustancialmen-te en las precampañas, que eran un hoyo negro de ex-cesos e impunidad por parte de los aspirantes del prd. Aún recordamos las precampañas de los dos actuales senadores de mayoría del Distrito Federal, a quienes con la nueva ley no sólo habría que sancionar, sino estarían sujetos a proceso penal.

2. Nueva ley de delitos electorales. Endurece las penas, y en muchas de ellas se transita de sanciones que generaban una multa a delitos que no permiten la libertad bajo fianza.

El pri realizó un programa especial denominado “Mes de la capacitación electoral”, que reprodujimos

Misma cancha, nuevos árbitros

MAURICIO LÓPEZ VELÁZQUEZ*

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en sesiones en cada uno de nuestros comités delega-cionales no sólo para difundir los cambios a las nor-mas electorales, sino también para explicar lo que se puede hacer y advertir sobre lo que no se puede en precampaña, campaña y durante la jornada electoral.

3. Determinación de que los partidos sean sujetos obligados directos de la Ley de Acceso a la Infor-mación Pública y Protección de Datos Personales. Ante ello, en el pri capitalino suscribimos una car-ta compromiso con el Info-df y solicitamos la ase-soría y acompañamiento del ine y de Transparencia Mexicana para crear la primera oficina de Acceso a la Información Pública de un partido local, la cual queremos certificar.

Asimismo, nos abocamos a construir manuales de operación de las áreas financiera y administrativa, así como disposiciones reguladoras de archivos, que nos permitan cambiar la cultura patrimonialista de la información y de manejo discrecional del uso de los recursos. Un dato: a la llegada de la dirigencia que encabezo, la evaluación de las obligaciones de trans-parencia en el portal de internet era de menos de 94 puntos. Ya se habían derivado multas por no cumplir ni atender las solicitudes del Info-df. Hoy, la evalua-ción es del cien por ciento de cumplimiento.

4. Disposición constitucional de la equidad de gé-

nero en las contiendas electorales. Establece que los partidos deben otorgar a las mujeres el 50 por cien-to de sus candidaturas a legisladores, mientras que la disposición del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal manda seguir el mismo principio en las can-didaturas para jefas delegacionales. El pri, convenci-do promotor de estas disposiciones, cumplirá de dos maneras.

Para candidaturas de distritos locales y federales aplicará dos métodos de postulación: elección por convención de delegados en la mitad de los distritos y comisión de postulación en los restantes. Dicha co-misión deberá ser una cámara de compensación de género para cumplir con la cuota, a partir de elemen-tos objetivos que motiven y fundamenten sus resolu-ciones.

En el caso de las candidaturas a jefas delegacio-nales, el Consejo Político del partido resolverá, pre-figurándose una fase previa como requisito que com-prenderá exámenes y estudios demoscópicos como elementos para la valoración correspondiente.

Para que la selección de candidatos del pri esté apegada a derecho y sea transparente, impulsamos acciones adicionales encaminadas a blindar los pro-cesos de selección para que no se infiltren intereses ilegales o ilegítimos. Con ello damos respuesta al re-

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clamo de la sociedad, derivado del contubernio del ex alcalde perredista de Iguala, Guerrero, con el cri-men organizado. Por ello, las y los aspirantes debe-rán suscribir una carta compromiso mediante la cual autoricen al partido a que lleve a cabo una investiga-ción sobre su situación patrimonial o fiscal, entorno social, actuación como servidor público, así como responsabilidades penales o administrativas. De esta forma, deberán someterse a las evaluaciones y prue-bas necesarias para corroborar que no han cometido actos antijurídicos relacionados con el uso de recur-sos de procedencia ilícita ni tienen vínculos con la delincuencia organizada, ni son adictos al consumo de estupefacientes.

5. Determinación de que la propaganda electoral se circunscriba a impresos y textiles. Además, será obligación de los partidos y candidatos retirarla; de no hacerlo, se les cobrará por esta tarea. Ante esta disposición, las empresas que elaboran y colocan propaganda ofrecen, con un costo adicional, retirarla en tiempo y forma.

6. Votación mínima de tres por ciento del total válido emitido en la elección local. Los partidos que no obtengan este mínimo no tendrán derecho a pre-rrogativas y financiamiento local, independiente-mente de que conserven su registro nacional. Ello ha llevado a que los partidos políticos con históricos de votación muy cercanos a esta cifra, valoren su estra-tegia electoral de alianzas o de competir solos en este proceso de junio de 2015.

7. Reglamentación de las candidaturas indepen-dientes. Ello posibilita que los ciudadanos postulados a un cargo de elección popular por esta vía obtengan recursos públicos y tiempo en radio y televisión. El pri respeta y valora este mecanismo que garantiza el derecho de los ciudadanos a ser votados y, en ese sentido, declara que no promoverá ni ayudará al re-gistro de falsos candidatos independientes, como lo están promoviendo algunos gobernantes del prd en delegaciones según la tesis equivocada de que “las votaciones intermedias son una lucha de estructuras y cuanto más se fragmente el voto opositor, mejor”.

Nuevo árbitro y juez

El segundo cambio es más que significativo: los pro-cesos electorales en el df serán organizados por una autoridad electoral nacional, el ine, y un organismo público local electoral, el iedf, en un esquema concu-rrente y compartido que distribuye responsabilidades. Este esquema surge en respuesta a la demanda de que todos los procesos electorales, locales y federales, tengan garantizados niveles de calidad satisfactorios y cumplan con los principios rectores de certeza, in-dependencia, legalidad, imparcialidad y objetividad.

A partir de lo anterior, el nuevo órgano electoral local fue renovado en su totalidad. No fue reelec-to ninguno de los integrantes del iedf electo por la Asamblea Legislativa. Los cuestionamientos a la au-toridad electoral local habían llegado hasta tal nivel de desgaste que los partidos opositores la conside-raban como ventanilla de trámite, pues los asuntos relevantes se terminaban litigando y, la mayoría de las veces, resolviendo en los tribunales electorales, cambiando el sentido de la resolución.

En tanto, la renovación del Tribunal Electoral lo-cal corrió, por primera vez, a cargo del Senado de la República. La elección tendrá también nuevo tipo de jueces, pues ahora contaremos con una Sala Re-gional Especializada, como primera instancia, que se encargará de resolver los procedimientos especiales sancionadores.

El pri parte del cien por ciento de confianza en las autoridades electorales locales. No es un cheque en blanco, es una definición de partida: de la impar-cialidad, solidez y consistencia de sus resoluciones dependerá que mantengan esa confianza. Esperamos que sus órganos revisores sean un acicate a su buen desempeño.

Nuevos actores

Tres nuevos partidos hacen su arribo a la contienda del Distrito Federal. Desde que hay elecciones loca-les, los antecedentes señalan que ningún partido ha mantenido el registro en su primera participación, en buena medida, porque no han alcanzado el um-bral nacional. En el actual escenario, el único que presenta expectativas de lograrlo es Morena, que, al no poder coaligarse ni construir candidatura común con otro partido político, probablemente fragmente el voto de la izquierda y genere mayor competencia en delegaciones y distritos.

La misma cancha

Si bien habrá nuevas reglas, nuevos árbitros y nue-vos actores, estaremos en la misma vieja cancha que, además, es dispareja en lo federal. El prd se opuso a la redistritación federal que debía haberse realiza-do con base en el Censo de 2010. Su oposición tenía motivaciones de expectativa, pues con esos datos el Distrito Federal habría perdido tres de los 27 distritos federales que tiene.

Un proyecto para la ciudad

Los estudios recientes nos señalan que la agenda del gobierno de la ciudad y de la mayoría de los jefes delegacionales no tiene sello distintivo. Pareciera

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que se han dedicado a administrar la ciudad que te-nemos y no a trazar el proyecto de la que queremos. Las elecciones son siempre un espacio para definir y plantear las soluciones a los problemas de la gente, y esto sólo se puede hacer cambiando el rumbo del actual gobierno, es decir, disputándole la hegemonía al prd en la capital de la República y leyendo correc-tamente la crisis de confianza de los ciudadanos hacia los partidos. En este contexto, seguramente tres te-mas serán parte de la agenda de la ciudad:

1. Seguridad. Los capitalinos perciben aún la in-seguridad pública como el principal problema del Distrito Federal. Debemos replantear la actual estra-tegia de cuadrantes y cámaras de video, que se ha agotado. Debemos ir más allá, fortalecer la coordina-ción y apostar por la inteligencia.

2. Economía y empleo. La ciudad de México no crece y no genera empleo, a pesar de sus excelentes condiciones para la inversión. No existe un proyecto económico de mediano y largo plazo. Estamos des-perdiciando la oportunidad de orientar la capacidad económica y el potencial de la ciudad.

3. Movilidad. La ciudad de México es caótica y las políticas públicas siguen incentivando el uso de su majestad, el automóvil. Actualmente el gobierno del Distrito Federal carece de una visión sustentable para invertir en la red de transporte público. Propo-nemos más metros de metro y menos asfalto. Para el pri df, una ciudad moderna es aquella en la que to-dos viajan en un transporte público seguro, eficiente y limpio, y no en donde todos se mueven en auto particular.

Conclusión

La historia electoral mexicana muestra que la cons-trucción de la democracia y de sus reglas es proceso nunca acabado y siempre perfectible; en este sentido,

la reforma política es un paso importante para fortale-cer nuestra convivencia democrática. Las leyes gene-rales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en materia de Delitos Electo-rales marcarán un momento nuevo en las elecciones en México, y representan retos y oportunidades para todos los partidos frente a un proceso electoral inédi-to, por las nuevas reglas, e histórico, por el número de elecciones concurrentes que la hacen la más grande jamás organizada.

Entre los retos se encuentran algunos vacíos en esta normatividad, que pueden generar conflictos dentro de los partidos políticos. Otro, fundamental, será evitar la institucionalización del conflicto poste-lectoral, para lo que será imprescindible la respon-sabilidad de los partidos de no utilizar los nuevos recursos de impugnación como trámite habitual. La impugnación y la denuncia mediática no deben ser nunca estrategias de campaña electoral.

En este escenario, también identificamos oportu-nidades.

Los partidos políticos podremos formar coalicio-nes totales, parciales y flexibles, lo cual es una res-puesta adecuada para una ciudad como el Distrito Federal, caracterizada por su diversidad cultural y territorial, que crea condiciones para coincidir con alguna fuerza política en una delegación aunque no necesariamente en otra.

La singularidad y complejidad de las próximas elecciones exige a los partidos políticos, a sus mili-tantes, candidatos y dirigentes, actuar con responsa-bilidad. Debemos estar listos y tener un compromiso inquebrantable para cumplir con los nuevos requisi-tos del proceso electoral. Al mismo tiempo debemos elevar la mira, entender el enojo y el malestar ciuda-dano, para hacer que las elecciones sean parte de la solución y no un mero trámite de renovación de los poderes locales

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