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Movimientos Socio Ambientales El proceso de neo-liberalización ha generado nuevas geografías de la inversión minera, y de los diez países del mundo que han sido objetos favorecidos de la inversión minera entre 1990 y 2001, cuatro de ellos se encuentran en América Latina (Bridge, 2005). La inversión minera en Perú se quintuplicó duran te los 1990, y según Bridge (2005: 418) Perú y Chile (junto con Indonesia) han sido los países donde la neo liberalización ha tenido mayor impacto en atraer nuevas inversiones mineras. Tales datos no parecen sugerir que la inversión minera está encontrando mayor fricción más bien sugiere una relativa ausencia, o por lo menos debilidad crónica, de los movimientos socio- ambientales frente a estos flujos de capital. Sin embargo, apoyar a los movimientos y activistas socio-ambientales y promover sus vínculos con activistas del Norteamérica, Europa y Australia sigue siendo una de las apuestas principales de redes transnacionales quienes trabajan el tema de las industrias extractivas. Las organizaciones del Norte han enfocado gran parte de su trabajo en el apoyo a los movimientos y organizaciones sociales locales y nacionales quienes resisten las formas en que se está dando la inversión en las industrias extractivas. Estas formas de resistencia van desde un rechazo abierto y completo de la minería hasta un intento de presionar para que se den formas de actividad minera que permiten no solo acumulación de capital, sino también un desarrollo local y nacional que genera beneficios para un espectro amplio de la sociedad, que asegura que las funciones básicas del medio ambiente se mantengan íntegras, y que – a la larga – ayudan a construir instituciones a través de las cuales las diferencias de opinión y los conflictos puedan ser manejados.

Movimientos Socio Ambientales y Políticos

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Los conflictos sociales se han acentuado bastante en nuestro país en los últimos años, esto originado por ciertas inclinaciones políticas. Hoy los proyectos mineros se están paralizando con todo esto, es necesario hacer un análisis riguroso de cómo se desarrollan estos movimientos socioambientales para poder buscarles la óptima solución.

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Movimientos Socio Ambientales

El proceso de neo-liberalizacin ha generado nuevas geografas de la inversin minera, y de los diez pases del mundo que han sido objetos favorecidos de la inversin minera entre 1990 y 2001, cuatro de ellos se encuentran en Amrica Latina (Bridge, 2005).

La inversin minera en Per se quintuplic duran te los 1990, y segn Bridge (2005: 418)Per y Chile (junto con Indonesia) han sido los pases donde la neo liberalizacin ha tenido mayor impacto en atraer nuevas inversiones mineras. Tales datos no parecen sugerir que la inversin minera est encontrando mayor friccin ms bien sugiere una relativa ausencia, o por lo menos debilidad crnica, de los movimientos socio- ambientales frente a estos flujos de capital. Sin embargo, apoyar a los movimientos y activistas socio-ambientales y promover sus vnculos con activistas del Norteamrica,

Europa y Australia sigue siendo una de las apuestas principales de redes transnacionales quienes trabajan el tema de las industrias extractivas. Las organizaciones del Norte han enfocado gran parte de su trabajo en el apoyo a los movimientos y organizaciones sociales locales y nacionales quienes resisten las formas en que se est dando la inversin en las industrias extractivas. Estas formas de resistencia van desde un rechazo abierto y completo de la minera hasta un intento de presionar para que se den formas de actividad minera que permiten no solo acumulacin de capital, sino tambin un desarrollo local y nacional que genera beneficios para un espectro amplio de la sociedad, que asegura que las funciones bsicas del medio ambiente se mantengan ntegras, y que a la larga ayudan a construir instituciones a travs de las cuales las diferencias de opinin y los conflictos puedan ser manejados.

Movimientos polticos

En los conflictos mineros el Estado peruano supone muchos actores. Sus diversas instancias y agencias, lejos de comportarse bajo un principio ordenado de subsidiaridad, muestran diversas estrategias, acciones y propsitos y exhiben un marcado contraste entre sus funciones reconocidas en la Constitucin y los reclamos de las comunidades locales frente a su comportamiento en el desarrollo de los conflictos.

En general, la preocupacin central del Estado frente a los conflictos mineros parece enfocarse, por un lado, en el mantenimiento del orden pblico y, por el otro, en evitar que las protestas desalienten la inversin minera. Para ello, ms que la represin, busca lograr el consentimiento de la poblacin y su conformidad, para lo que est dispuesto a mediar y a proporcionar informacin, pero poco dispuesto a un dilogo que suponga la posibilidad de que un proyecto minero no llegue a ejecutarse.