Lineamientos programáticos 2015-2020

Movimiento de Participación Popular | Frente Amplio

Yo jamás dejaría de poner el sello de mi aprobación a cual-quier obra que en su sello llevase esculpido el título de pública felicidad”.

José G. Artigas al Cabildo de Montevideo, 12 agosto 1815

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I - INTRODUCCIÓN

“El enemigo principal sigue siendo el imperialismo que para poder dominar necesita y por ahora logra, por un lado, someter a los pueblos de sus respectivos Estados centrales y por el otro, contar con sectores econó-micos y sociales aliados (oligarquía) en cada uno de los Estados depen-dientes…

Dada la etapa del desarrollo mundial y la interrelación que los proce-sos económicos, sociales y políticos que la globalización ha generado y el nuevo escenario que se está dando de consolidación de bloques de poder mundial, que hacen a la instauración de un mundo multipolar –o por lo menos tendiendo a quebrar la hegemonía unipolar de EEUU- es imposible entender el proceso de liberación nacional aislado, dependiente solo de las relaciones internas de un país en particular, por lo que reivindicamos hoy más que nunca la vigencia del concepto “continentalidad de la lucha”. Actuar entonces en el seno de un Estado dependiente instala la cuestión nacional en nuestra estrategia y defi ne el conjunto de aliados posibles”.1

En tal sentido, el tercer gobierno del Frente Amplio, no resulta una simple continuidad del segundo. Por un lado han quedado tareas in-conclusas que necesitamos continuar, y por otro, el mismo hecho de haber profundizado los cambios, nos hace chocar con las limitaciones a continuar avanzando en términos superestructurales, sociales y eco-nómicos. Con más o menos contradicciones, este tendrá que ser sin duda diferente, pues:

a) El primer gobierno del Frente Amplio constituyó un gran es-fuerzo de reconstrucción nacional, surgido de las cenizas que dejara el proceso que desembocó en una de las crisis más agudas de nuestra historia. Se impulsó el crecimiento económico con distribución del in-greso, avanzando en la inclusión social. Se salvó lo que quedaba del

1 MPP, IX Congreso “Por los Compañeros”. Coyuntura y Estrategia, pág. 25

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aparato productivo hecho pedazos, se montó la indispensable institu-cionalidad para atender la emergencia social y echamos a andar como país.

b) En el segundo gobierno del Frente Amplio, con Mujica presi-dente, afi rmamos ciertas plataformas básicas para la construcción de un modelo económico y social que atienda tanto al desarrollo de las fuerzas productivas, como a nuestros objetivos estratégicos de des-concentración del poder nacional y regional. Por ejemplo:

i. En política exterior se fortaleció la dimensión política, comercial y de cooperación del país en el ámbito internacional, priorizando la integración regional, y las relaciones con los países de América Latina. Ello se complementó con la profundización de vínculos con los princi-pales mercados del mundo y con otros países en desarrollo. La imagen del presidente fue el elemento fundamental para alcanzar estos resul-tados favorables.

ii. Se avanzó en consolidar una política económica que cumpliera con un plan político de asignación de recursos a las prioridades nacio-nales, recaudar con más efi ciencia y control del desempeño de varia-bles económicas en función del programa de gobierno.

iii. El gasto público social continuó creciendo en sus facetas más vinculadas a la inclusión social de los sectores más postergados.

iv. Se avanzó sustancialmente en la elaboración de políticas de seguridad vinculadas a la convivencia ciudadana.

v. En general, una cargada agenda de derechos inclusivos, indi-viduales y colectivos, marcó las pautas de este gobierno (identidad, matrimonio igualitario, salud sexual y reproductiva, derechos de afro-descendientes, de los trabajadores, etc.).

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vi. Asimismo se conformaron los consejos sectoriales tripartitos (trabajadores, empresarios y gobierno), como elemento básico para la planifi cación apuntando a la diversifi cación productiva. En este ámbi-to se está diseñando una visión estratégica para el fi nanciamiento del desarrollo y acuerdos comerciales con la región.

vii. Al mismo tiempo se fue concretando una transformación de la matriz energética, y avanzado en la cuestión logística (por ejemplo, el puerto de aguas profundas que de hecho permitirá seguir caminando con la estrategia de integración delineada en este segundo período).

Todos estos hechos y muchos otros, junto a nuevos pasos en el sistema educativo (Universidad Tecnológica, Universidad de la Edu-cación, descentralización de la Universidad de la República y Centros Regionales de UTU, etc.) sientan las bases para cambios estructurales más profundos. Caracteriza a este segundo gobierno también, y muy especialmente, apuntar al cambio cualitativo de las Relaciones Socia-les de Producción, en tanto que dio apoyo político, técnico, material y fi nanciero a formas de propiedad estatal transferidas a proyectos de gestión colectivas de trabajadores.

En síntesis: desde el 2005 veíamos acertadamente la necesidad de refundar la nación aún bajo el sistema del capital, mejorando la ca-lidad de vida de nuestra gente; desde el 2010 continuamos avanzando y sentando ciertas bases para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo productivo cada vez con mayor justicia social. En el 2015 y para continuar cambiando vemos, aun en un marco capitalista, la ne-cesidad de:

1) La transformación estructural para el desarrollo de las fuerzas productivas, superando los rasgos del subdesarrollo, relativos a la he-terogeneidad entre los sectores de la producción y la no diversifi cación de la producción misma, lo que implica profundizar la diversifi cación de la producción y homogeneizar su desarrollo intrasectorial.

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2) Desarrollar formas más socializantes de producción, que apun-ten a transformar radicalmente las estructuras productivas y distributi-vas en el marco de la construcción de la patria grande y como garantía de la mayor felicidad de nuestra gente.

3) En esta etapa de construcción más igualitaria en la que esta-mos combatiendo la exclusión social, seguiremos trabajando para te-ner un estilo de vida respetuoso de la naturaleza y sus equilibrios, des-echando tanto las prácticas de destrucción irresponsable del medio ambiente, como la visión ambientalista paralizante de la producción responsable. El ordenamiento del territorio se impulsará entonces en base a criterios de sustentabilidad social, económica y ambiental, y será central en el planeamiento de las actividades productivas.

La tarea del hoy sigue siendo profundizar aun más el proceso de acumulación democrático popular de izquierda de los últimos 40 años. El bloque social de los cambios, que posibilita la confrontación con el modelo conservador aun sigue estando en permanente construcción.

II - EJES CENTRALES

1) Desconcentración, distribución y desarrollo de fuer-zas productivas

Las políticas de redistribución del ingreso han sido encaradas du-rante la última década, tal vez como nunca antes en la historia del Uru-guay. Es necesario partir de este reconocimiento central. En cambio, la distribución de la riqueza generada por la producción de un país también tiene que ser un proceso histórico por el cual se crean y desa-rrollan las fuerzas productivas. A esto nos referimos cuando alertamos sobre la necesidad fundamental de que la distribución esté integrada

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al proceso productivo. Las claves de esta etapa serán: más desarrollo productivo y más distribución para la desconcentración del poder.

Pasar de un tipo de economía a otro implica desarrollar y trabajar con las fuerzas sociales que lo harán posible. Es el trabajo el que cam-bia la realidad objetiva y subjetiva de las sociedades; el hecho de ir hacia una economía basada en el desarrollo de las fuerzas productivas cuya meta estratégica es la desconcentración del poder.

Ahora bien, el extractivismo y el desarrollo no son la misma cosa. La conducción de los procesos económicos de producción tiene que ser disputada a los actores transnacionales, y eso implica el fortale-cimiento de nuestras propias fuerzas sociales y productivas. Generar mayor distribución de la riqueza, para seguir destinando recursos para la inclusión y lograr una sociedad basada en la justicia social, implica continuar apuntalando esa nueva economía que hoy tiene instrumen-tos para su desarrollo (como el FONDES, la CND, la UTEC) que antes no existían.

La diversifi cación de la matriz productiva, la intensifi cación de la producción agropecuaria e industrial y el desarrollo de la infraes-tructura exige atender simultáneamente la sostenibilidad ambiental y conservación de los recursos naturales, con el fi n de evitar o minimizar los impactos negativos asociados.

Nuestro ciclo de transformaciones coincidió en gran medida con un escenario económico internacional caracterizado por el alto precio de las materias primas y commodities. Las economías agroexportado-ras como la uruguaya se insertaron adecuadamente en ese contexto global. Pero hay que estar atentos por si ese ciclo de la economía capi-talista global concluye o se modifi ca.

Al tiempo que se están generando las bases para el desarrollo de ese nuevo marco productivo y económico, para reducir los fl ancos de

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vulnerabilidades externas, no hay que temer a dar la discusión sobre la necesidad de avanzar con medidas para gravar más a las rentas del capital. No será posible destinar más recursos para el desarrollo de po-líticas públicas si no nos planteamos avanzar en el plano impositivo.

Una agenda de gasto público social y de redistribución del ingre-so, que pretenda una provisión universal de los bienes públicos bási-cos obliga a un replanteo de la presión tributaria. Especialmente a tra-vés de los impuestos a la renta del capital, por ejemplo, aumentando el IRAE de 25% a 30% a través de franjas por facturación que permita diferenciar a los que tienen mayor capacidad contributiva; nivelar la tasa del IRPF a los dividendos con el 12% que pagan las restantes ren-tas; impuesto a las transferencias de fondos al exterior a la tasa del 5%. En el mismo sentido es necesario cambiar la política de exoneraciones tributarias, que hoy implican un importante sacrifi cio fi scal.

Debe garantizarse el acceso, con calidad creciente, a los bienes públicos universales a toda la población, que no dependa de la dis-tribución del ingreso, apostando a un mayor bienestar social y a des-mercantilizar la vida. A la par se fortalece al Estado y se contrapone a la exacerbación del consumo y al capitalismo como productor de consumidores.

Hay cosas demasiado importantes como para dejárselas libradas a la supuesta asignación del libre mercado. Las políticas activas para acceso a la vivienda, la energía, la salud, la cultura y la educación, tie-nen que responder al desarrollo y a la socialización de las fuerzas pro-ductivas. En esa perspectiva estratégica es que hay que considerar al gobierno y a la lucha por lograrlo y sostenerse en él.

Las formas de propiedad y autogestión de los trabajadores, que junto a las empresas públicas, integran una propuesta sistémica de al-ternativa al capitalismo, que es posible desarrollar en la etapa actual. Por ello la importancia del FONDES y la necesidad de promover una

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banca de fomento para el desarrollo de nuevas formas de producción

En el desarrollo de fuerzas productivas que contribuyan a forjar un nuevo modelo de desarrollo es imperativo mantener e impulsar las Empresas Públicas como modelos productivos que asumen roles cre-cientes de soberanía en la gestión de los recursos

estratégicos, y en la inversión en proyectos cuyo fi nanciamiento encuentran límites presupuestales.

Asimismo, es necesario desarrollar políticas de direccionamiento de la Inversión Extranjera Directa, en especial en la reversión del proce-so de transnacionalización y extranjerización de la tierra, en los marcos de nuestro modelo de desarrollo, y fomentar políticas diferenciadas hacia la producción familiar y las empresas nacionales, contrarrestan-do el avance de las trasnacionales.

También se hace necesario revisar el marco que regula las Zonas Francas, ya que muchas empresas, la mayoría de servicios, trabajan bajo este régimen como forma de eludir los aportes al Estado, y no derraman “los benefi cios”, sino que el Estado aporta a su acumulación capitalista, por ejemplo en la construcción y mantenimiento de la in-fraestructura que hace a su funcionamiento.

Todo lo anterior implica que en las organizaciones sociales que nuclean las fuerzas sociales del cambio, debamos contribuir a su for-talecimiento político e ideológico, incrementando el relacionamiento estratégico con el Frente Amplio y aumentando la participación en la descentralización del Estado en los territorios

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2) Profundización de la integración regional

Para un país como el nuestro, concretar determinados procesos de transformaciones solo será posible si existen acuerdos a nivel de bloques subregionales o de la región en su conjunto. La integración es en primer lugar un proyecto político estratégico y durante el gobierno de Pepe, esta estrategia tuvo resultados importantes: se concretó el ingreso de Venezuela al Mercosur, se incorporó Bolivia, se iniciaron tra-tativas con Ecuador y se fi rmaron acuerdos de asociación con Surinam y Guyana. Un posicionamiento estratégico que se extiende desde el Caribe hasta al extremo sur del continente.

Estos pasos, junto al desarrollo de UNASUR como espacio de con-certación política en América del Sur, constituyen un avance de la ins-titucionalidad de la integración regional, que es muy relevante ante la profunda reconfi guración del sistema geopolítico global. Se trata de ampliar los márgenes de maniobra para la actuación a nivel nacional, desde una posición de bloque regional. Por ello, es adecuado plan-tearse la profundización de todos los procesos de integración regional en los cuales participa Uruguay (Mercosur, UNASUR, CELAC, ALBA), sin hacerlos competir entre ellos sino complementando sus potencialida-des.

Cómo parte de su visión política de liberación nacional, el MPP tiene la responsabilidad de dar el debate y contrarrestar la visión de la derecha que indica que estos espacios son “clubes de amigos” con afi nidades ideológicas o políticas. El avance de estos procesos de inte-gración se constata mediante la creación de institucionalidad regional, por ejemplo, el Banco del Sur, el futuro Centro de Resolución de Con-troversias dentro de UNASUR, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). También procurando acuerdos comerciales es-pecífi cos (por ejemplo el Acuerdo Automotriz con Brasil), para conti-nuar diversifi cando el comercio exterior y buscando oportunidades de complementación, que no es lo mismo que negociar Tratados de Libre Comercio.

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Hay que enfocar la integración regional no sólo como resultado de las políticas de los gobiernos o de su institucionalidad específi ca (las cancillerías, etc.). También está la acción que despliegan las relacio-nes internacionales de las organizaciones políticas, los movimientos sociales, la cultura, los sindicatos y las articulaciones regionales de los sectores populares y de izquierda.

3) Marco de desarrollo conectado a la región

Como nunca antes la política exterior del Uruguay debe registrar una transformación de dimensiones estratégicas en su entorno in-mediato. Uruguay tiene fronteras con un país emergente que es una potencia global: Brasil. Esta realidad implica la posibilidad de consti-tuirse en la puerta de entrada a un espacio comercial, de desarrollo, de cooperación y diálogo político privilegiado con los demás actores emergentes. Se marcó un rumbo durante este período. Dicha posibi-lidad, de ser aprovechada, tendrá connotaciones para el país como la que tuvo y tiene la infl uencia de la economía-puerto en el Uruguay contemporáneo.

El desarrollo de infraestructuras que hemos detectado como ne-cesario para el proyecto de país productivo con justicia social, tiene un carácter regional que hará posible una reconfi guración productiva en lo interno, con conexiones a lo externo (puerto de aguas profundas, interconexión energética, hidrovía, desarrollo ferroviario, etc.). Este fortalecimiento en logística e infraestructuras del país debe darse en el marco de proyectos regionales de integración, apoyando por ejemplo a Bolivia y Paraguay que no cuentan con salida al mar. En ese contexto es que presenta la posibilidad de desarrollar Políticas de Complemen-tación Productiva y políticas específi cas en territorios de frontera.

Por otra parte, la región posee los recursos naturales, energéticos,

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de biodiversidad, agua y materias primas minerales, que el sistema ca-pitalista requiere para continuar su funcionamiento y acumulación. Y si no existen marcos regionales de desarrollo seguiremos siendo pro-veedores de nuestros recursos para los actores dominantes de turno, sin resolver los temas de desigualdades sociales que siguen siendo la característica de América Latina.

Sobre todas las cosas es necesario mantener el criterio que instaló la política exterior durante el gobierno de Pepe: desarrollar y fortalecer las relaciones bilaterales con Argentina y Brasil. No dejar de negociar nunca, ni dejar la silla vacía, que es la peor estrategia negociadora para un país como Uruguay. Implica privilegiar la cercanía y la identidad co-mún que tenemos con amplias regiones de los países limítrofes.

4) Defensa de la soberanía

Los países latinoamericanos hemos ganado en soberanía en esta década, profundizando la integración y avanzando en autodetermina-ción en políticas de desarrollo nacional sostenida en clave regional.

La experiencia de los dos períodos del Frente Amplio demuestra que los gobiernos de los partidos tradicionales dejaron instalados me-canismos que limitan aún hoy nuestros márgenes de maniobra para aplicar políticas de transformación social, política y económica. Por ejemplo, los Tratados de Protección de Inversiones, fi rmados durante los 90 y primeros años del siglo XXI. Reorientar estos mecanismos lleva su tiempo, pero en defi nitiva implica una acción política consciente y deliberada que debe encararse para seguir profundizando los cambios y salvaguardar nuestra soberanía.

En paralelo a esto, es imperativo no concretar acuerdos que nos li-

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miten la soberanía y reduzcan los márgenes de maniobra, para mante-ner el poder de decisión respecto a la capacidad de invertir, aumentar la producción, dar empleo e ingresos a las familias uruguayas.

La sustancia de la soberanía radica en quien controla el territorio. “Control del territorio” es una mirada a las relaciones de poder que se desarrollan en los diferentes espacios sociales. El control del territorio es el resultado de un proceso socioeconómico e histórico por el cual determinados grupos sociales logran establecer e imponer un cierto “orden social”, una determinada lógica de producción y reproducción de la vida.

En la región abundan experiencias de Estados nacionales que han perdido el control del territorio a manos del narcotráfi co, la economía ilegal o incluso a manos de las transnacionales que operan con la ló-gica de señores feudales de la nueva era. Por ello no delegamos en ningún otro actor el control del territorio en el que radican nuestras riquezas y nuestros recursos naturales, que son la base sobre la cual planteamos el proyecto de desarrollo para el país.

Soberanía en el mar

Nuestro mar hoy tiene una superfi cie similar a la terrestre. Se pre-sentaron informes y estudios geológicos y jurídicos en el ámbito de la ONU que nos permiten estar próximos a ampliar los derechos de explotar los recursos de la plataforma marítima hasta las 350 millas, lo que supondrá que nuestro mar podrá alcanzar una superfi cie 40% mayor que la terrestre.

Nuestras aguas tienen riquezas pesqueras pero hoy sabemos que en el lecho de la plataforma continental poseemos gas, petróleo y mi-

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nerales. Estos recursos estratégicos son preciosos y las nuevas tecno-logías junto al agotamiento de las tradicionales fuentes de los mismos harán rentables su explotación en un futuro próximo, constituyéndose en una clave fundamental para nuestros proyectos de desarrollo na-cional.

El mar y nuestros ríos nos permiten, desde nuestros orígenes al presente, el transporte, el comercio, vincularnos con el mundo y en es-pecial con los vecinos. Es un factor principal para quienes trabajamos por la integración con los países de la región. Recordemos también que los imperios han usado el control del mar para dominar el comer-cio, protegiendo sus intereses en lugares estratégicos y bloqueando al desarrollo de bastas regiones. Hoy asistimos a un gran crecimiento de la actividad de tráfi co marítimo por los volúmenes récord de expor-taciones de alimentos. El puerto de aguas profundas al servicio de la región abrirá posibilidades para los países mediterráneos y ricas regio-nes de los países vecinos.

Para ejercer allí nuestra soberanía, que se cumplan nuestras le-yes, proteger estas riquezas, hacer valer nuestros derechos y los de las generaciones venideras, habrá que tener presencia en estas aguas. Presencia de gente de mar, civiles y militares, que se capaciten en las nuevas actividades que allí se han de desarrollar, presencia de buques y aeronaves militares y de fl ota mercante y pesquera que aporte al bienestar de nuestra población. Habrá, por tanto, que favorecer la in-dustria de construcciones y reparaciones navales, formando cadenas industriales regionales.

También es necesario favorecer la formación de los jóvenes que tendrán en el mar y las actividades conexas su lugar de trabajo, desa-rrollar el conocimiento nacional en nuevos campos como la extracción de minerales y energéticos en plataformas off shore y brindar la logís-tica y seguridad para que se puedan desarrollar con el mayor compo-nente nacional y regional.

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5) Profundización de las políticas sociales, descentrali-zación política y participación ciudadana

Las políticas sociales vinculadas a la inclusión e integración de los sectores más postergados tuvieron un desarrollo de gran impacto en los primeros gobiernos del Frente Amplio. Es necesario ampliarlas, profundizarlas y perfeccionarlas en el próximo período.

Los gobiernos frenteamplistas han avanzado en políticas de De-rechos Humanos vinculadas a los asesinatos, a la desaparición forzosa de personas e infringir graves lesiones a detenidos y/o perseguidos políticos, temas en los que debemos continuar profundizando en aras de la justicia.

Resta un salto grande en las políticas sociales, integrando factores económicos y no económicos que contribuyan a menguar la fractura social. Las políticas públicas sociales se deben encaminar a conformar, a unifi carse, en la Renta Básica Universal (RBU), sumando todas las prestaciones sociales (contributivas y no contributivas) para potenciar sus benefi cios.

Se requiere rever la tabla de remplazo jubilatorio, elevando el por-centaje sobre el que se fi jan las jubilaciones, siendo de elemental justi-cia social, y atendiendo especialmente las necesidades de la población mayor.

Los gobiernos departamentales y el gobierno nacional del Fren-te Amplio en sus dos períodos, han introducido importantes cambios con avances sustantivos en la descentralización política y participación ciudadana. La tarea de hoy es extender y profundizar este proceso des-de los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) y desde las organizaciones sociales.

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III - LINEAMIENTOS PARTICULARES

Economía Social y Solidaria (Ess)

La ESS debe ser central en el tercer período de gobierno de nues-tra fuerza, por ser un pilar en la construcción de un sistema social, económico y cultural alternativo al capitalista y por lo tanto debe ser levantada como una de las principales señas de identidad del Progra-ma y de la nueva Plataforma Electoral, siendo el objetivo estratégico fundamental incluir un Eje de Desarrollo de la ESS como uno de los pilares del Modelo de Desarrollo Nacional Sustentable que respalde la acción a largo plazo del FA, identifi cando esta propuesta como una de las señas de identidad de la izquierda en el gobierno.

Como líneas estratégicas prioritarias:

1) Para el logro de este objetivo habrá que consolidar un Plan Nacional de Desarrollo de la ESS que sea resultado de la alianza en-tre gobierno y movimiento social. El impulso a la autogestión deberá ser acompañado por un incremento en la capacidad de planifi cación general de la economía que sea compatible con los cambios que se quieren impulsar en la sociedad. En ese sentido, hay que abrir espacios de interacción del Estado con la ESS para construir en conjunto las dis-tintas políticas.

2) Se hace prioritario recrear una nueva institucionalidad, con capacidad para articular los diversos instrumentos existentes y otros a crear, una institución con posibilidad de diálogo directo con minis-terios, empresas públicas y gobiernos departamentales; de modo de consolidar una política pública que tenga potencia y relevancia en el próximo período de gobierno. Dentro de este punto es necesaria la consolidación institucional por medio de Ley del FONDES (Fondo Na-cional de Desarrollo).

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3) Concretamente es necesaria la creación de una banca de fo-mento para el desarrollo que atienda las necesidades de fi nanciamien-to de las empresas de economía social y solidaria, y de las medianas y pequeñas empresas. Esta banca tendrá que proveer la asistencia inte-gral de los emprendimientos autogestionados de trabajadores y pro-ductores familiares, como proyectos de desarrollo estratégico agroin-dustriales y de acceso a la tierra.

4) Estudiar y concretar mecanismos de certifi cación de los em-prendimientos, así como el otorgamiento de sellos o marcas de ESS, a la vez de construir un sistema de indicadores que permitan identifi car y medir a los emprendimientos desde su integralidad y diversidad.

5) Instrumentar políticas públicas para promover la intercoopera-ción y la generación de redes que consoliden al movimiento de la ESS como un actor social de los cambios. La nueva ley que abarque a la ESS deberá establecer condiciones que preserven los principios éticos de la misma.

6) Introducir los principios e instrumentos de la ESS en la currícula de todos los niveles de enseñanza, enfatizando el aprendizaje en for-ma colectiva, el trabajo en equipo y la solidaridad.

7) Las tecnologías desempeñan un papel central en los procesos de cambio social: es necesario generar redes de investigación en que coparticipen los saberes académicos y los saberes acumulados de los trabajadores de la ESS, de modo de seleccionar tecnologías adecuadas a la preservación de principios de calidad de vida: trabajo no alienado, distribución de la renta, preservación ambiental, etc.

8) Es necesario consolidar una política al menos regional de la ESS. Si esta va a ser un actor central de los cambios, deberá coordinarse y buscarse todas las sinergias posibles en la región.

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Industria y Energía

Uruguay viene desarrollando y consolidará durante las próximas décadas una profunda transformación de su estructura económica, social y productiva. Al infl ujo de altos niveles de inversión extranje-ra directa (IED), se destaca que en este proceso hemos acentuado un modelo basado en la explotación de materias primas con bajos niveles de valor agregado. Aún queda un largo camino por recorrer para con-solidar una IED que genere encadenamientos en industrias y servicios de base y que agreguen valor en sectores como el forestal-celulosa-madera o el minero.

El desarrollo real de las fuerzas productivas, en clave de la prin-cipal contradicción IMPERIO-NACIÓN, requiere la diversifi cación de la matriz productiva más allá de las ventajas comparativas tradicionales, y un incremento en la cantidad de productos ofertados en los merca-dos internacionales.

Se destaca un aspecto muy signifi cativo en el desarrollo de algu-nas actividades como la sojera en la cual en contraste con la región, so-mos el país que menor tributo ha aplicado a una actividad fuertemente rentable, altamente concentradora del capital y la tierra, y fuertemente desgastante de nuestros recursos naturales estratégicos como los cur-sos del agua y la tierra.

En Argentina se tiene una fuerte presión tributaria y recientemen-te en Paraguay, el gobierno del Partido Colorado con el apoyo del Fren-te Guasú, logro un primer nivel de aprobación con 10% de tributos a las actividades primarias, lo que deja a Uruguay muy mal parado en términos comparativos. Estos cuantiosos recursos permitirían el desa-rrollo de un modelo, orientado al desarrollo de las fuerzas productivas, a través de distintas herramientas de políticas ya iniciadas en este pe-ríodo de gobierno. En nuestro país, la creación de un Fondo Nacional de Desarrollo (FONDES) constituye, desde la perspectiva del fomento

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a la autogestión, cooperativismo y fi nanciamiento al desarrollo pro-ductivo, un primer paso hacia el apalancamiento e impulso a sectores intensivos en conocimiento y proyectos productivos de contenido so-cial.

En el año 2008, con el objetivo de consolidar el proceso de cre-cimiento económico con justicia social iniciado durante el primer go-bierno del Frente Amplio, se crea el Gabinete Productivo. En el año 2010, la propuesta de conformación de los Consejos Sectoriales (ám-bitos tripartitos de coordinación entre gobierno, trabajadores y em-presarios) para la defi nición de políticas sectoriales, se enmarca en la búsqueda de mejoras en la coordinación de responsabilidades entre los sectores público y privado. Los Consejos Sectoriales se constituyen así en una herramienta clave en la defi nición del Uruguay Productivo, dotando de un signifi cado coherente, en un mismo plan estratégico, al conjunto de programas ya existentes.

En este sentido se busca proyectar y pensar una estrategia pro-ductiva que se mueva desde la creación de nuevos organismos para atender diferentes aspectos relativos al desarrollo productivo, hacia el ordenamiento de las instituciones ya existentes bajo una nueva lógica, con un Gabinete Productivo enfocado más en la defi nición de políticas de desarrollo industrial en base a objetivos de mediano y largo plazo por sector (y cadenas de valor), que en la superación de restricciones, cuellos de botella y fallas de mercado.

La agenda de política comercial vinculada al desarrollo de nues-tros sectores productivos, deberá defi nirse en el Gabinete Productivo.

En lo que respecta al MERCOSUR en clave de CONTINENTALIDAD DE LA LUCHA es estratégico el desarrollo conjunto que debemos apun-talar. En términos concretos, Brasil se ha consolidado junto a China, du-rante los últimos cinco años, como nuestro principal socio comercial. Al infl ujo de este crecimiento en el intercambio comercial, nuestro país

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se encuentra en la actualidad negociando diversos aspectos estratégi-cos de su agenda externa que hacen a la profundización de los lazos con los países vecinos (infraestructura: carreteras, ferrocarril, hidrovía, energía y renovación de acuerdos comerciales y de cooperación en las áreas de ciencia y tecnología).

Respecto al rol fi scalizador, un Estado desarrollista no establece únicamente los marcos regulatorios adecuados para el desarrollo de nuevos sectores productivos, sino que debe tener también la capaci-dad para hacerlos cumplir. En los últimos cuatro años se han concreta-do distintos avances normativos en lo que refi ere al impulso a la herra-mienta de compras públicas como motor de desarrollo de las PYMES nacionales. En este sentido es necesario evaluar el impacto de estas medidas y corregir lo que fuera necesario.

La defi nición de decretos que promuevan aquellos sectores con-siderados estratégicos constituye otra herramienta clave de política industrial, en este caso se destaca el sector energético. La oportunidad del sector energético de desarrollar fuerzas productivas a nivel nacio-nal-regional, no ha sido sufi cientemente explotada, como fuente de independencia e integración regional, como freno al fl ujo de riqueza al exterior de la región y como instrumento de distribución de riqueza.

Durante los gobiernos del Frente Amplio se comenzó y desarrolló la segunda etapa de aprovechamiento de las fuentes de energía natu-rales uruguayas. La primera, comenzada en las primeras décadas del siglo pasado, culminó con la completa utilización de los ríos aptos para la generación de energía eléctrica, en la década del 80. En esta segun-da etapa, comenzó, el aprovechamiento masivo de la energía eólica, el avance del uso de la biomasa, y la utilización de los biocombustibles.

En el caso de la energía eólica y solar, en el transcurso de los dos períodos de gobierno del FA, se han desarrollado condiciones estruc-turales y coyunturales de mercado que hacen disponibles equipamien-

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tos a bajo costo, lo cual hace visualizar en términos muy inmediatos buenos indicadores de rentabilidad de las inversiones. En consonancia se han tenido signifi cativos avances en el sector energético, principal-mente, impulsados por condiciones de mercado.

Se ha tenido una fuerte participación del sector privado en el sec-tor eléctrico, en alguna medida condicionados por la urgencia de la implementación y las restricciones de gestión de inversiones y obras por parte del sector público. Esto debe ser analizado en profundidad en clave de LIBERACIÓN NACIONAL, dado el condicionamiento que puede generar a futuro. Es así que la mayoría de los emprendimientos de energía eólica serán propiedad de empresas privadas extranjeras, construidas básicamente con equipamiento de tecnología y fabrica-ción extranjeras y no regionales, con capitales extranjeros, y los be-nefi cios económicos (durante los 20 años de vida útil) serán para los inversores y fi nanciadores del exterior. Como excepciones, y presen-tando componentes más alineados al modelo pretendido, se destacan iniciativas de integración regional, caso del parque eólico Electrobras-UTE, herramienta potencial para el desarrollo de independencia tec-nológica a nivel nacional y regional.

La posibilidad de que tengamos hidrocarburos, genera la nece-sidad de elaborar una estrategia, que abarca aspectos que exceden al sector energético. Es decir, de este hecho deberán emerger, elementos geopolíticos, de defensa, de integración, de potenciales de desarrollo, que posiblemente cambien fuertemente el Uruguay que conocemos. Refl exionar, planifi car y elaborar una estrategia nacional para tal caso, es una obligación ineludible de una fuerza de izquierda. Igualmente, la construcción de la regasifi cadora y la incorporación del Gas Natural Licuado (GNL) en la matriz energética, debe ser analizada en profundi-dad en términos del rol del Estado en distintos usos y las oportunida-des o vulnerabilidades que se puedan tener.

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Agroindustria y Desarrollo Rural Sostenible

Los pobladores rurales son el objetivo principal y prioritario de las políticas de desarrollo igualitario en el territorio rural.

Reafi rmar que la tierra, el agua y los recursos genéticos produc-tivos son bienes sociales de carácter estratégico al servicio del desa-rrollo sostenible e inclusivo del país; recursos escasos que deben ser objeto de regulaciones soberanas, para asegurar su uso sustentable transgeneracional y evitar su concentración y extranjerización.

Defi nir de interés nacional al agro y la agroindustria alimentaria, estableciendo planes estratégicos participativos dirigidos a innovar y alcanzar la integración real e igualitaria de diversos modelos organiza-tivos de la gestión productiva.

Impulsar el desarrollo rural integral con políticas diferenciadas para la producción agropecuaria familiar y los asalariados rurales, so-porte social a los planes de seguridad y soberanía alimentaria y de de-fensa nacional de territorios estratégicos.

Reafi rmar el interés general de los bienes comunes y las materias primas, con prioridad de acceso para el uso social, y para apalancar planes estratégicos complementarios y sustentables de integración y desarrollo productivo, en bloques multilaterales regionales.

Destinar más recursos a los ya destinados y avanzar aún más en el fortalecimiento del Instituto Nacional de Colonización y su presencia en el territorio.

La institucionalidad para la descentralización democrática de las políticas públicas en el territorio rural, deberá promover la participa-

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ción activa, y crecientemente califi cada, de las organizaciones sociales de los pobladores locales, lo que debe manifestarse en un fortaleci-miento de las políticas de desarrollo rural a través de los consejos agro-pecuarios departamentales y las mesas de desarrollo rural.

Combatir prácticas imperialistas de imposición de modelos de consumo y de distorsión de mercados; junto a mayores regulaciones a transnacionales.

Infraestructura para el Transporte y Logística

La infraestructura, la logística y el transporte no son elementos desconectados de la estrategia general del país. Todo lo contrario. Deben ser el soporte que nos permita seguir profundizando una es-trategia de desarrollo que diversifi que nuestra estructura productiva, estimulen y posibiliten el cambio estructural, faciliten la integración con nuestros países vecinos y permitan mejorar la competitividad de nuestra producción y mejoren las condiciones de vida de nuestra po-blación.

En este sentido es imprescindible en el próximo período de go-bierno el desarrollo infraestructural del Uruguay, con una clara visión de integración regional e internacional que apunte al desarrollo de la multimodalidad y complementariedad de los diferentes modos de transporte (fl uvial, marítimo, ferroviario, carretero, de pasajeros y aé-reo) con un fuerte desarrollo del sector logístico, asociado a posibilitar mayor efi ciencia tanto en el uso de la infraestructura, como de unida-des de transporte más efi cientes en el uso de energía.

La puesta en funcionamiento del Puerto de Aguas Profundas en la costa oceánica de nuestro país es imprescindible, así como el desa-

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rrollo de la Hidrovía Uruguay-Brasil, asegurar una adecuada navega-bilidad del río Uruguay en nuestro litoral y la complementación con el modo ferroviario, son algunos de los ejes estratégicos de nuestro desarrollo logístico futuro.

A su vez debemos continuar profundizando el trabajo realizado en los procesos de coordinación institucional de políticas, que permi-tan concretar avances en mejorar la efi ciencia del transporte de pa-sajeros, tanto a nivel departamental, interdepartamental, como en el área metropolitana de Montevideo.

Esto último y el cada vez más intensivo uso de las redes viales, está fuertemente vinculado a la necesidad de seguir desarrollando y profundizando políticas de Estado sobre seguridad vial priorizando las políticas de autoridad a los efectos de continuar disminuyendo los si-niestros de tránsito y salvando la vida de muchos compatriotas.

En este marco se deberán analizar innovaciones institucionales que nos permitan contar con una mejor y adecuada capacidad institu-cional en la planifi cación, elaboración, implementación y coordinación de políticas sobre infraestructura, transporte y logística. También es necesario discutir la contribución al fi nanciamiento de la infraestruc-tura que hacen quienes la utilizan y se benefi cian de ella, como asegu-rar la disponibilidad de un adecuado nivel de recursos para el mante-nimiento de la infraestructura vial existente, así como la oportunidad y necesidad de crear un fondo para generar nuevas infraestructuras y evitar los rezagos en intervenciones mayores, imprescindible para continuar el crecimiento económico y el desarrollo de nuestro país en los próximos años.

Propuestas:

A nivel Institucional. La creación del Gabinete de Infraestructura a los efectos de planifi car y coordinar el desarrollo de la infraestructu-

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ra de nuestro país. Comenzar a desarrollar e implementar un Plan Na-cional de Infraestructura, logística y transporte para el Uruguay de los próximos 20 años incorporando la visión del desarrollo estratégico de país así como la mirada de los principales actores del sector. Delinear y aprobar una Ley Marco de Transporte que legisle sobre la actividad del sector. Continuar desarrollando el INALOG como instituto especia-lizado en la metería logística. Analizar la necesidad de constituir un fondo de fi nanciamiento para el mantenimiento de la infraestructura vial nacional y departamental con el objetivo de “que pague menos el que menos usa”. Discutir la posibilidad de generar un Fondo de fi nan-ciamiento de nueva infraestructura con un porcentaje de las utilidades derivadas de una futura explotación petrolera.

Modo Ferroviario. Consolidar la reestructura del Modo Ferroviario logrando la plena disponibilidad del FFCC para el transporte de car-gas (granos, madera, combustibles, contenedores, minerales). Culmi-nar la Interconexión Ferroviaria Uruguay - Brasil. Culminar las obras de infraestructura ferroviarias dispuestas y en etapa de ejecución con fondos del FOCEN I Rivera - Pintado y FOCEN II Piedra Sola – Paysandú – Quegay – Salto – Salto Grande. Implementar las obras que reacondi-cionen los ramales Río Branco – Montevideo y Algorta –Fray Bentos. Estudiar la viabilidad de la Conexión Fray Bentos – Palmira – Conchillas a nivel ferroviario con el objetivo de construir el anillo ferroviario cen-tral que conecte el litoral de nuestro país con el este del Uruguay.

En materia Portuaria. Lograr la puesta en funcionamiento del puerto de aguas profundas logrando su construcción y operación. Continuar desarrollando la terminal logística en Punta de Sayago. Pro-piciar el desarrollo de la navegabilidad del río Uruguay. Concretar el desarrollo del futuro puerto seco de Rivera. Culminar el desarrollo del puerto de La Paloma, incluyéndolo en el Sistema Nacional de Puertos, potenciando su desarrollo. Seguir desarrollando el proyecto de la Hi-drovía Uruguay - Brasil (en Laguna Merín) concretando la instalación de terminales especializadas y analizando la viabilidad de construcción de un futuro ramal ferroviario. Incentivar la puesta en funcionamiento del Proyecto de Zona de Actividades Logísticas en el Oeste de Mon-

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tevideo en desarrollo por la Intendencia de Montevideo, en conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas y AFE, así como el desarrollo de la futura Unidad Alimentaria de Montevideo.

A nivel Vial. Continuar el proceso de mejora de nuestras principa-les rutas por donde transita nuestra producción así como por las cua-les se desarrolla el turismo con el incremento de la inversión pública e intentando desarrollar mayormente el proceso de asociación público - privada.

En materia de seguridad vial. Suscribimos las propuestas que ha logrado desarrollar la Comisión de Seguridad Vial del FA. Entre ellas se destacan: asignación de recursos presupuestales y utilización de los 15 minutos diarios para campañas de bien público permanentes en medios audiovisuales (evitar que sean esporádicas y dirigirlas a los seis principales factores de riesgo: velocidad, alcohol y otras drogas, cin-turón, casco, luces encendidas y distracciones). Política de autoridad: creación de una Policía Nacional de Tránsito y búsqueda de mecanis-mos de control nacional sobre gobiernos departamentales garanti-zando la vigilancia y la fi scalización del tránsito. Educación vial: Fuerte impulso a la capacitación de docentes en los tres niveles de la educa-ción formal, incorporando la seguridad vial. Desarrollo de programas de capacitación y prevención en seguridad vial destinadas a trabaja-dores con organizaciones empresariales y sindicales (énfasis en usua-rios de motos) como extensión de la seguridad laboral. Instalación y promoción de instalación de señalización vial adecuada (incluido el nomenclátor). Permiso Único Nacional de Conducción por puntos. Re-gistro Nacional de Conductores, infracciones, infractores y vehículos. Consolidación del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) para optimizar la respuesta sanitaria tras los siniestros de tránsito. Ins-pección Técnica Vehicular para todos los vehículos (incluidas motos). Auditorías viales. Planifi cación territorial. Evitar las “travesías” de rutas por centros poblados y promover el diseño de vías amigables con pea-tones y ciclistas.

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Es necesario atender la logística comunitaria a través de empresas constructoras del Estado, de modo de cubrir nichos de mercado que a las empresas privadas no les es rentable asumir.

Los aportes a la comunidad en materia de obra pública deben continuar el proceso iniciado de democratización e igualdad de opor-tunidades, asegurando cristalinidad en los procedimientos. Es impor-tante promover la participación de la gente a través de su voto para defi nir la obra comunitaria del Estado en el territorio.

Transformación del Estado

El Estado es una herramienta privilegiada de transformación de la sociedad. Deberá jugar un rol muy activo en materia de construcción, mantenimiento y manejo de las infraestructuras básicas, necesarias para el desarrollo económico y social, ambientalmente sustentable.

El Estado uruguayo actuará como planifi cador y ejecutor de polí-ticas públicas sectoriales tendientes a la concreción efectiva de los de-rechos, al desarrollo y a la progresiva liberación nacional. Lo expuesto implica el desarrollo de la planifi cación económica a nivel nacional y de la forma más participativa posible, tarea que corresponde sea coor-dinada por la OPP. La coordinación entre todos los actores estatales en la formulación y ejecución de políticas públicas es una herramienta fundamental.

Específi camente, el Estado deberá conducir el proceso de diver-sifi cación de la matriz productiva y energética, apuntando a agregar cada vez más valor, generando tecnología nacional por medio del co-nocimiento, lo que involucra a todo el sistema educativo. Ese rol proac-tivo deberá refl ejarse, en articulaciones y en la promoción de las trans-

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formaciones sociales, además del impulso a la gestión democrática del territorio

Es necesario, desde el punto de vista institucional u organizacio-nal, promover el fortalecimiento de las estructuras funcionales y orga-nizativas del Estado, pero sin renunciar dogmáticamente a la utiliza-ción de instrumentos jurídicos regulados por el derecho privado, sean sociedades anónimas estatales, fi deicomisos o personas públicas no estatales.

El Estado uruguayo de hoy, construido y deconstruido por déca-das de gobierno de los partidos tradicionales, expresa una angustian-te fragmentación de su institucionalidad que fi nalmente se presenta como antagónica a las condiciones necesarias para la aplicación de los objetivos perseguidos por la izquierda. En consecuencia, es necesario promover una profunda transformación, que entendemos debe ser construida con la presencia y asistencia de sus actuales trabajadores. La educación para un nuevo modelo general de gestión del Estado constituye una herramienta, y creemos una oportunidad, para que los trabajadores estatales puedan contribuir en la estrategia de remover los obstáculos al desarrollo que ejercen los organismos estatales. La necesaria sinergia con los trabajadores, en el marco del ejercicio respe-tuoso y maduro de los mecanismos de negociación colectiva, permiti-rán iniciar el combate a las burocracias del status quo que no sirve ni al gobierno, ni a los trabajadores, ni a la gente. La profesionalización de los funcionarios como responsables servidores públicos y la creación de horizontes de realización personal con carreras en base a méritos inequívocamente cuantifi cables, deben conformar el campo fértil para la transformación democrática del Estado.

La necesidad de continuar construyendo una sociedad diferente, multicultural, con igualdad de oportunidades y derechos, amerita un cambio de la Constitución que así lo asegure y profundice.

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Es necesario prestar especial atención al fortalecimiento de los medios de comunicación del Estado. Es imprescindible alcanzar la co-bertura efectiva de todo el territorio nacional con radio y televisión estatales.

Impulsar las reformas institucionales que sean necesarias a los efectos de la transformación de la administración de Justicia, incluyen-do, y de ser necesario, la reforma constitucional correspondiente.

Y en particular, para el mejoramiento del funcionamiento del pro-pio Estado:

1) Avanzar en el camino de direccionar las compras del Estado para impulsar el desarrollo de la industria nacional, el agro y especial-mente de las empresas de propiedad y autogestión colectiva de traba-jadores rurales y urbanos. Pues, las compras del Estado deben transfor-marse en un fuerte empuje hacia el desarrollo.

2) Se agrega específi camente y en relación al presupuesto de go-bierno, como elemento sustancial de la planifi cación nacional, que no puede seguir construyéndose sobre una “línea base” inexistente, pues la real debe tomarse objetivamente y para su transformación.

3) Avanzar en la coordinación entre los Institutos Superiores de Pensamiento Estratégico de los Ministerios del Exterior y Defensa, en-tre otros.

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Educación

Sintetizamos líneas programáticas concibiendo a la educación como un derecho, basada en el principio de laicidad (aceptación del pensamiento diferente, respeto por la diversidad de ideas) y teniendo en cuenta la necesidad de constante dinamismo en tanto que se en-cuentra inmersa en un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico, más humano y sustentable en tanto que más distributivo de la riqueza generada, siendo parte de la misma el conocimiento, la ciencia, la téc-nica y la tecnología que se desenvuelve y utiliza.

Lineamientos que encierran en sí mismos avances en una visión aún de más largo plazo, basados en las ideas socialistas (reafi rmadas en nuestro último congreso), en la construcción por tanto del hombre nuevo, como aquel individuo social y dinámico necesario para la edifi -cación de una sociedad sin explotados ni explotadores. Lineamientos que se enraízan en aquella máxima artiguista de “formar hombres li-bres”, inspirando en los jóvenes “aquella magnanimidad propia de al-mas civilizadas” para llegar a impulsar en ellos el entusiasmo que “hará ciertamente la gloria y la felicidad del país”.

Lineamiento 1. Continuar fortaleciendo y desarrollando la educación pública y estatal.

Lineamiento 2. Jerarquizar el desarrollo de la Formación en Educación en todas sus modalidades, particularmente apuntalando la fundación de la Universidad de Educación.

Lineamiento 3. Desarrollar un sistema nacional de Educación Pública Terciaria, profundizando la participación.

Lineamiento 4. Fortalecer y avanzar en la universalización de la enseñanza media, con fuerte énfasis en la educación técnico tecno-

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lógica y la formación profesional en el marco de un nuevo modelo de desarrollo nacional, buscando la continuidad hacia la educación ter-ciaria y la formación permanente, focalizando recursos allí donde son más necesarios.

Lineamiento 5. Desarrollar la educación en el medio rural con el aumento y mejora tanto de las propuestas como el acceso a las mis-mas.

Lineamiento 6. Transformación democrática participativa del sistema nacional de educación, a través de la reformulación e imple-mentación de los Consejos de Participación y otros mecanismos desti-nados a la toma de decisión.

Lineamiento 7. En conjunto con los actores involucrados, trans-formación de la carrera docente en el sistema ANEP, promoviendo la ti-tulación del cuerpo docente en la educación media, el pasaje de grado por oposición, méritos y antigüedad, la concentración horaria en un mismo centro con una carga horaria de 30 horas que incluyan docen-cia directa, evaluación, planifi cación, tutorías y apoyo al estudiante. Favorecer la presencia de docentes con mayores capacidades en los centros educativos de contextos sociales y económicos más excluidos.

Lineamiento 8. Potenciar políticas educativas como Compro-miso Educativo, Tránsito Educativo, Maestros y Profesores Comunita-rios, así como la presencia de equipos multidisciplinarios en los cen-tros de la periferia de Montevideo, Canelones y aquellos centros con mayores necesidades.

Lineamiento 9. Universalizar el sistema de centros educativos de tiempo completo o tiempo pedagógico extendido, coordinando recursos humanos, materiales y fi nancieros con otras instituciones pú-blicas que operan actualmente en la educación no formal. Lo expuesto incluye al sistema que cubre la primera infancia, aunque sin descuidar

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otras políticas que atiendan al fortalecimiento del núcleo familiar.

Lineamiento 10. Promover la construcción de nuevos centros educativos con sistemas constructivos innovadores que permitan aco-ger el crecimiento de la matricula en la enseñanza media, teniendo en cuenta el crecimiento y migración poblacional.

Fortalecer políticas de inserción en lo que refi ere a los niños y adolescentes privados de libertad, buscando modernizar el equipa-miento y formar en ofi cios a los efectos de reducir las horas de encierro otorgando las herramientas necesarias para la más rápida inserción so-cial. En tal sentido deberá promoverse la autonomía de los centros de reclusión, permitiendo y agilitando la coordinación con las entidades educativas públicas y también privadas.

Para llevar adelante estos lineamientos, se hace necesario desti-nar RECURSOS ANUALMENTE CRECIENTES EN TÉRMINOS CONSTANTES para la educación pública estatal, llegando a un piso mínimo del 6% del PBI.

Cultura

La Cultura en la sociedad no se limita exclusivamente a los con-tenidos que puede gestionar el Ministerio ni tampoco es materia ex-clusiva de los artistas o la educación. La fractura social que generaron las políticas neoliberales, profundizaron las diferencias culturales. Es precisamente, en los aspectos de la pérdida de valores de convivencia donde lo cultural se convierte en una de las batallas más trascenden-tes. Hay una respuesta cultural desde lo institucional que debe pro-fundizar la inclusión social y en ese sentido los Centros MEC son un germen potencial por su contenido descentralizado, territorial y de

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cercanías, a la que habrá que sumar otros como Tarjeta Cultural para acceso universal a productos culturales.

Conformar un verdadero Ministerio de Cultura, que se dedique especialmente a la promulgación y ejecución de la política cultural en el sentido estricto de la palabra.

Ideológicamente debemos seguir desarrollando los contenidos de Identidad Cultural en todas las expresiones artísticas y de comu-nicaciones, el reconocimiento a la Diversidad Cultural y la construc-ción de una nueva subjetividad que exprese, en las manifestaciones artísticas, la construcción de un Uruguay en vías de desarrollo hacia la Liberación Nacional y el Socialismo.

La cultura nos debe incluir como ciudadanos, formar y actuar en la disminución de las brechas sociales existentes.

La cultura nos debe incluir como región para que nos reconozca-mos en la diversidad y riqueza de la misma.

La cultura debe ser parte de nuestra imagen hacia el mundo y es necesario potenciarla en todos sus niveles.

Salud

Se deberá potenciar y consolidar al Ministerio de Salud Pública como órgano de formulación de políticas sanitarias y conducción del SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud).

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Avanzar implantando políticas que garanticen la calidad en el sector salud, a través de organismos específi camente diseñados a tales cometidos. En tal sentido se requiere la conformación de un Sistema Nacional de Acreditación y Control de la Calidad.

Se impulsará la inclusión de ASSE a la JUNASA.

Se propone la existencia de mecanismos de regulación de precios de mercado de compra - venta de servicios en el SNIS, con la fi nalidad de cumplir con eliminar el lucro dentro del sistema y minimizar, de esta forma, riesgos presupuestales dentro del sector público.

Defi nir política y técnicamente la complementación público - pri-vada en el SNIS y crear los instrumentos específi cos para su desarrollo. En ese sentido se propone crear una fi gura que los administre.

Incrementar el presupuesto público en Salud aunque con un me-canismo diferente al “FONASEO de ASSE”. Estamos de acuerdo en con-tinuar con el fortalecimiento de la equidad en el fi nanciamiento del sistema, pero vía presupuestal no vía incorporación al FONASA.

Incorporar a otras instituciones formadoras de recursos humanos del Estado, la posibilidad de formar técnicos y licenciados en las dife-rentes especialidades de la salud (imagenología, laboratorio, farmacia, registros médicos, neumocardiólogos, administrativos, etc.). Defi nir “fondos territoriales” para la formación de recursos humanos en salud, de manera de asegurar así su ejecución descentralizada (en las regio-nales de la Universidad de la República u otras instituciones públicas).

Se propone una revisión de los criterios de construcción de las cápitas actuales del FONASA y la ejecución de un estudio técnico so-bre su aplicabilidad al sector público. No existe hasta el momento nin-gún estudio técnico dentro del sector público que lo avale. Para ello

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se propone la instrumentación de una “cápita social” diferenciada de los criterios de la cápita actual sin perjuicio de la misma, teniendo en cuenta aspectos como situaciones de vulnerabilidad, epidemiológicas y territoriales.

Proponer la creación de un Programa Nacional de Prevención y Asistencia del Trauma, enmarcado en un Sistema Nacional de Trauma.

Reconsiderar la devolución de aportes por FONASA, en tanto que se rompe con el criterio solidario de aportes al sistema

Es necesario pensar la distribución regional de los servicios de salud de cara a atender correctamente nuestros territorios fundamen-talmente de frontera, cooperar con los recursos e investigaciones exis-tentes al día de hoy y fomentar la investigación conjunta y aplicada a nuestras poblaciones y necesidades.

Reivindicar la rebaja de los aportes patronales por parte de ASSE, llevándolos a igual porcentaje que los restantes entes autónomos y los prestadores privados.

Separar en el presupuesto de ASSE las inversiones para construc-ciones edilicias de 1er., 2do. y 3er. nivel y su funcionamiento, a los efec-tos de priorizar planes donde prevalezca el primer nivel de atención.

Vivienda y Hábitat

Fortalecer los cambios operados en la Política Habitacional, ini-ciados en el 2005, y profundizados a partir del 2010, requiere la con-tinuidad de las políticas públicas, garantizando las coordinaciones in-

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terinstitucionales. En particular, las situaciones de emergencia, cuyo origen es multicausal y multidimensional, exigen este abordaje. Esto permitirá lograr el equilibrio entre la respuesta a la inmediatez de una sociedad demandante y una en construcción, con cambios estructura-les y con apuesta al desarrollo sostenible.

Frente a la emergencia habitacional se profundizarán y perfeccio-narán los mecanismos y planes ya existentes, como el Plan Nacional de Relocalizaciones, el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Plan de Acciones de Mitigación, el Plan Juntos, con programación interins-titucional a los efectos de alcanzar la reversión de las situaciones de emergencia.

Desarrollar e impulsar proyectos colectivos autogestionarios para la ejecución de programas de vivienda, con políticas diferenciales para las cooperativas sociales.

Ratifi car el sistema cooperativo como uno de los programas más efi caces desde el punto de vista de una economía social y solidaria, con generación de integración social.

Continuar con:

* el Programa de Autoconstrucción con asistencia técnica, sobre la base de integrar esfuerzos del Estado y de las familias;

* los préstamos para refacción, mejorando las condiciones de ha-bitabilidad para las familias;

* el plan de integración sociohabitacional Juntos;

* el fomento de los sistemas constructivos alternativos en la órbi-

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ta del Ministerio, que se desarrollarán simultáneamente a la capacita-ción de mano de obra involucrada;

* el Programa de Garantías de Alquiler en general, y en particular dirigido a los sectores vulnerables de la población, como solución ha-bitacional temporal;

* la promoción de la inversión privada en viviendas de interés so-cial, que ha permitido aumentar y renovar el stock habitacional exis-tente, facilitando el acceso de los sectores medio bajos y medios, a tra-vés de los instrumentos asociados;

* vivienda rural para trabajadores asalariados y productores ru-rales de menores recursos, facilitando la construcción o refacción de las mismas, edifi caciones productivas, servicios comunitarios, infraes-tructura (agua, electricidad, saneamiento), capacitación y asistencia técnica;

* el Programa de Mejoramiento de Barrios;

* los benefi cios sanitarios y ambientales que proporcionan las so-luciones de saneamiento, en todas sus modalidades, hacen necesaria su universalización. Para ello se continuará trabajando en soluciones alternativas para saneamiento y se implementarán redes en las locali-dades que carecen de ella.

Se consolidarán los avances realizados en materia de ordena-miento territorial, la elaboración de los instrumentos en sus distintas escalas, garantizando el cumplimiento de los derechos y deberes te-rritoriales de la propiedad, asegurando además la sustentabilidad am-biental en el territorio.

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El ordenamiento territorial es un instrumento para la articulación de las políticas públicas habitacionales y de suelo. La cartera de tierras e inmuebles existentes y su ampliación es la base para el desarrollo de dichas políticas, permitiendo la ejecución de los distintos programas en suelo urbano, dando respuesta a la población.

Junto al estudio e implementación de diferentes formas de te-nencia para las distintas soluciones del sistema público de vivienda, al-quiler, propiedad pública, derecho de superfi cie, se deberá avanzar en regulaciones para inmuebles abandonados sobre la base de atender el interés social y redefi nir el alcance de los derechos de la propiedad.

Continuar generando condiciones para la participación ciudada-na responsable, en las diferentes escalas (Comisión Asesora de Vivien-da, las comisiones de seguimiento de los asentamientos en proceso de realojo, las comisiones administradoras de los complejos habitacio-nales y los grupos de familias que participan en el programa de auto-construcción).

Pensar para los sistemas de construcción alternativos, políticas de transferencia de materiales (tierra, madera, etc.), que puedan estar dis-ponibles en la comuna, que eviten los efectos de la infl ación.

Abordar temas relativos a la propiedad de los inmuebles que per-mitan a mediano plazo avanzar en la resolución de la problemática, impulsando regulaciones para propiedades abandonadas sobre la base de atender el interés social y redefi nir el alcance de los derechos de la propiedad. Se agrega la necesidad del estudio e implementación de diferentes formas de tenencia para las distintas soluciones del Sis-tema Público de Vivienda (alquiler, propiedad pública, derecho de su-perfi cie, etc.).

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Convivencia Seguridad Ciudadana

La Estrategia por la Vida y la Convivencia plantea abordar la in-seguridad pública como problema, la convivencia como solución y la derrota al miedo como objetivo de la sociedad a partir de garantizar los derechos humanos y la seguridad de sus habitantes. La política de seguridad no puede construirse sobre el temor, ni ser respuesta intem-pestiva a este. Este enfoque está centrado en tres defi niciones claves: el ejercicio de la autoridad, la práctica de la reciprocidad y el desarrollo de la convivencia.

La política integral de seguridad pública que se aplica hoy debe ser profundizada y debe ser respetada en sus cinco dimensiones, pues así se podrá garantizar la seguridad de los habitantes, combatir el de-lito común y el crimen organizado, consolidar una represión califi cada e inteligente al delito. Estas dimensiones son:

i) la mejora permanente de la gestión y la institucionalidad (Poli-cía Nacional y Ministerio del Interior);

ii) promover instrumentos de mediación y políticas de fortaleci-miento de la convivencia social;

iii) políticas para la gestión del espacio público y el ordenamiento de las ciudades;

iv) políticas hacia las personas privadas de libertad y gestión de un modelo penitenciario moderno;

v) adecuación normativa basada en el pleno ejercicio de los dere-chos humanos.

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Se destaca además la necesidad de profundizar la gestión de re-cursos humanos policiales; reestructura de los sistemas organizativos; desarrollo de sistemas de información; invertir en tecnología y en la dignifi cación del Policía como fi gura social fuerte que le garantice al habitante del territorio la presencia del Estado como celador de sus derechos.

Se requiere centralidad de las políticas sociales y educativas. El desarrollo de una política de seguridad integral demanda superar la fragmentación social. Se propone territorializar la estrategia por la vida y la convivencia. Coordinadamente, la educación debe contribuir en aplicar instrumentos para el desarrollo humano, consolidar la libertad, la solidaridad y la tolerancia. La aplicación conjunta de políticas so-ciales y educativas serán herramientas para transformar nuestra socie-dad, mientras se sensibiliza y hace consciencia en que la erradicación de la pobreza y la discriminación benefi cian a toda la sociedad.

Derechos de los pueblos que han sido históricamente relegados y excluidos

En la región, se han dado importantes avances en lo que respecta a los derechos de determinados pueblos históricamente relegados y excluidos, como es el caso de los afrodescendientes. Países con gobier-no de izquierda como Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela, han avanza-do en el reconocimiento constitucional de los mismos y han elaborado estrategias y planes políticos para combatir el racismo y las desigual-dades raciales.

Las respuestas obtenidas desde el poder político uruguayo hacia las necesidades del diseño, implementación y aplicación de políticas públicas y acciones afi rmativas dirigidas a la población afrodescen-diente siguen siendo insufi cientes. Aunque es importante destacar

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que Uruguay a partir de los dos gobiernos de izquierda ha avanzado en la implementación de políticas y programas.

Pero aun cuesta comprender en la izquierda que las contradiccio-nes son de clase y también a nivel de raza - etnia que transversalizan y son un componente importante a la hora de comprender los niveles de pobreza y las brechas de desigualdad que aún persisten en nues-tro país. Por tanto es de relevancia avanzar en este tercer período de gobierno Frenteamplista en reformar la Constitución, consagrando la incuestionabilidad de los Derechos Humanos en toda su dimensión, como el reconocimiento explícito de la diversidad social, racial - étnica y cultural de la sociedad uruguaya y la historia que la produjo.

Es imprescindible concretar en esta etapa histórica lo conquista-do por la sociedad civil en las distintas instancias regionales e interna-cional, donde los Estados reconocieron la presencia de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, adoptando en la Decla-ración y Plan de Acción de la III Conferencia Mundial contra el Racismo propuestas y recomendaciones para eliminar la existencia de la discri-minación racial y promover políticas de equidad e igualdad de oportu-nidades para esta poblaciones.

Defensa Nacional e Inserción Internacional

La defensa es un derecho y un deber de todos los ciudadanos, civiles y militares. La defensa de la soberanía e independencia, la in-tegridad territorial y los recursos estratégicos de nuestro país, para su bienestar social, está indisolublemente unida a su política de inserción internacional. La línea de acción fundamental en este sentido es una política hacia y con la región, antiimperialista en el más amplio senti-do, contra los intereses imperiales presentes y futuros en las expresio-nes nacionales e internacionales que el devenir histórico determine.

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Nuestro trabajo principal será en UNASUR y su organismo espe-cífi co para los asuntos de la Defensa el Consejo de Defensa Sudameri-cano (CDS). Conjuntamente con las patrias hermanas de América del Sur transitaremos los caminos que contribuyan a elaborar una doctri-na propia de Defensa Nacional, Militar y todo lo tendiente a la defensa cooperativa para ejercer la soberanía sobre los recursos naturales y es-tratégicos comunes.

Defensa Nacional y Defensa Militar

Para contribuir a los grandes lineamientos de integración Latinoa-mericana, en el ámbito de lo nacional debemos profundizar en las po-líticas de Defensa Nacional y Militar.

Las Fuerzas Armadas son el elemento profesional y permanente del factor militar y deben tener la capacidad y la doctrina propicia para integrarse con el pueblo todo para una auténtica defensa militar de nuestro país. En este sentido tendremos que profundizar el concepto artiguista del “Pueblo reunido y armado”.

En tal sentido proponemos avanzar en el debate nacional sobre leyes orgánicas de cada una de las Fuerzas Armadas y la general de ellas. Se tendrá que debatir la naturaleza, forma y estructura, así como otras formas de instrucciones voluntarias y populares.

Indice

I- Introducción......................................................................................................................5

II- Ejes Centrales...................................................................................................................8

1) Desconcentración, Distribución y Desarrollo de Fuerzas Productivas.................................8

2) Profundización de la Integración Regional......................................................................12

3) Marco de Desarrollo conectado a la Región.....................................................................13

4) Defensa de la Soberanía.................................................................................................14

5) Profundización de las Políticas Sociales,

Descentralización Política y Participación Ciudadana.........................................................17

III- Lineamientos Particulares............................................................................................18

Economía Social y Solidaria...............................................................................................18

Industria y Energía............................................................................................................20

Agroindustria y Desarrollo Rural Sostenible......................................................................24

Infraestructura para el Transporte y Logística...................................................................25

Transformación del Estado................................................................................................29

Educación.........................................................................................................................32

Cultura..............................................................................................................................34

Salud.................................................................................................................................35

Vivienda y Habitab.............................................................................................................37

Convivencia y Seguridad Ciudadana..................................................................................41

Derechos de los Pueblos que han sido históricamente relegados y excluidos.....................42

Defensa Nacional e Inserción Internacional........................................................................43

Defensa Nacional y Defensa Militar....................................................................................44

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