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Neoliberalismo y crisis…

análisis del medio rural latinoamericano 11

Neoliberalismo y crisis agroalimentaria: adaptación y resistencia de los ejidatarios mexicanos1

María Cristina Steffen Riedemann2 y María Tarrío García3

Resumen

Este trabajo aborda las estrategias productivas trazadas por ejidatarios productores de granos para lograr la competitividad y participar con éxito en el libre mercado implantado por las políticas gubernamentales desde 1989. También estudia las formas de resistencia al modelo neoliberal emprendidas por las organizaciones que han forjado los ejidatarios y las alternativas campesinas que defienden. Destaca en especial que, así como se ha globalizado la agricultura industrial comandada por los agronegocios trasnacionales, también el movimiento campesino ha alcanzado un grado de inter-nacionalización que le permite fortalecer las luchas nacionales. Con la finalidad de contar con los elementos que permitan contextualizar el análisis, el trabajo presenta una reflexión sobre los cambios recientes en el sistema agroalimentario mundial y la crisis agroalimentaria. Expone, a su vez, las limitaciones e insuficiencias de las políticas gubernamentales para el campo que se establecieron en México durante los últimos veinte años a instancias de las instituciones internacionales, así como los efectos de éstas en los pequeños productores y algunas de las estrategias impulsadas por los ejidatarios para defender su subsistencia.

Palabras clave: Neoliberalismo, crisis agroalimentaria, ejidatarios.

1 Recibido 10-08-2010. Aceptado 27-09-2010

2 Departamento de Sociología, UAM-Iztapalapa, [email protected]

3 Departamento de Producción Económica, UAM-Xochimilco, [email protected]

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Neoliberalism and agrifood crisis: adaptation and resistance of mexican ejidatarios

Abstract

This work elaborates on the productive strategies proposed by ejidatarios dedicated to the production of grains, to achieve competitivity and to participate successfully in the free market instrumented by government policies since 1989. The work also studies the forms of resistance to the neoliberal model carried out by organizations created by ejidatarios, and the peasant alternatives they defend. the fact that just as industrial agriculture, led by transnational agribuissiness, has become globalized, the peasant movement has reached an international level which allows it to strengthen national struggles, outstands. In order to have elements that would allow for a con-textualization of the analysis, this work presents a reflection on the recent changes in the world agrifood system its crisis. Limitations and insufficiencies of government policies on the countryside established in Mexico over the last twenty years and promoted by international institutions, are also highlighted, along with their effects on the small scale producers and some of the strategies promoted by ejidatarios to defend their livelihood.

Key words: Neoliberalism, agrifood crisis, ejidatarios

1. Introducción

Luego de vivir cerca de cinco lustros bajo las reglas de juego del sistema neoliberal, el sector agroalimentario mexicano, subordinado a los lineamientos impuestos por los organismos financieros internacionales, experimenta un deterioro progresivo que se expresa en una creciente dependencia alimentaria, en el abandono de tierras de cultivo, en la caída del nivel de ingreso de los productores y en el incremento de la migración. Son los ejidatarios, de manera especial los que producen granos a pequeña escala, quienes han sido de los más golpeados y quienes enfrentan las consecuencias del modelo de libre mercado. A pesar del inocultable descalabro que éste ha ocasio-nado en el campo y en la sociedad rural, agravado por la crisis mundial en curso y



la violenta oscilación de los precios de los alimentos en el mercado internacional, el gobierno mexicano y las autoridades del sector rural siguen sosteniendo que no existe una forma alternativa de desarrollo económico y social a la impuesta por las instituciones internacionales, para las cuales la agricultura campesina existente en los países del tercer mundo debe ser desplazada porque frena el progreso.

En las últimas décadas las formas impuestas que han afectado a los ejidatarios

mexicanos, incluyen el despojo de sus parcelas amparado en las reformas de 1992 a la Ley Agraria y la supresión o reducción drástica y progresiva de los subsidios al crédito y a los insumos para la producción; y los apoyos a la comercialización que deberían compensar los bajos precios internacionales. Por el contrario, los programas gubernamentales de fomento a las actividades productivas en el campo son cada vez más escasos y con menor ámbito de influencia, pues casi todos se destinan a las zonas de agricultura comercial y se focalizan hacia un número reducido de productores que en su mayoría son grandes empresarios.

A lo anterior se agrega la inestabilidad de los programas que pretenden dar res-puestas coyunturales a problemas estructurales y, por lo tanto, la ausencia de políticas de mediano y largo plazo que pudieran promover el desarrollo sustentable del sector rural y otorgar algún grado de certidumbre a los ejidatarios.

A pesar de las condiciones adversas que conlleva el nuevo modelo neoliberal para los pequeños productores, algunas organizaciones de ejidatarios productores de maíz, trigo, sorgo, frijol, arroz y demás productos comerciales, han adoptado estrategias que han permitido su sobrevivencia ante la difícil competencia que representa el mercado internacional y el dominio cada vez mayor del mercado nacional por parte de las grandes empresas comercializadoras de granos tanto nacionales como trasna-cionales. Considerando lo anterior, este trabajo estudia las crecientes dificultades que enfrentan los ejidatarios productores de granos para garantizar su reproducción social, mediante el análisis de los efectos que han tenido en ellos los principales programas públicos orientados al sector rural. Y, por otra parte, las estrategias impulsadas por las organizaciones ejidales, que comprenden su adaptación a las condiciones del libre mercado, su resistencia a políticas que los aniquilan y sus propuestas alternativas que les permitan subsistir como campesinos.

A fin de presentar los resultados de este trabajo, la exposición se inicia con una reflexión sobre la situación del sistema agroalimentario mundial en la actualidad,

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con énfasis en la crisis que lo afecta. Más adelante, luego de una referencia histórica a los orígenes del sistema alimentario mexicano actual y cómo se manifiesta hoy la crisis, se abordan las características y resultados de algunas de las principales políticas públicas para el campo y los programas que las impulsan, teniendo como referencia central a los pequeños productores de granos, cultivos ampliamente predominantes en el campo mexicano y, en la mayoría de los casos, única fuente de subsistencia de los ejidatarios. A fin de profundizar en los efectos de estos programas en dichos productores, en este apartado se hace constante referencia al caso de ejidatarios del sur del estado de Guanajuato, con quienes se ha mantenido contacto durante cerca de veinte años. El apartado siguiente se inicia con una reflexión sobre las formas organizativas que han generado los campesinos a escala mundial para enfrentar su difícil situación. Luego se estudian algunas experiencias de organización de los ejidatarios graneleros orientadas a incrementar su productividad y el mejoramiento de las condiciones de comercialización de sus granos, con la finalidad de participar en el mercado en mejores condiciones de competitividad. Y finalmente se examinan los movimientos de resistencia más significativos que han encabezado en la última década, para defender su derecho a seguir siendo campesinos y productores de ali-mentos básicos para la población nacional.

2. El sistema agroalimentario mundial y la crisis alimentaria

Trabajos de numerosos investigadores de la problemática agroalimentaria elaborados en los tiempos recientes señalan que para entender el origen de la crisis alimentaria que ha afectado al mundo en los últimos años, no basta con analizar las causas co-yunturales que la hicieron estallar, sino que hay que ir a la raíz del problema, es decir, a la causa estructural de la que se derivan los factores coyunturales.

El factor de carácter estructural que está en la base de la crisis alimentaria en el mundo, señalan, es la intensificación progresiva de la industrialización de la agri-cultura, que ha implicado la globalización de la cadena agroindustrial de producción y comercialización, y la integración vertical de la producción a través de distintas formas de agricultura bajo contrato que consagran la estrecha vinculación entre los agricultores y los proveedores de insumos y compradores de los productos, de tal manera que son los agronegocios los que toman las decisiones acerca de qué y cómo cultivar. Estas decisiones no toman en cuenta la obligación de proporcionar



alimentación tanto a las familias de los productores como al conjunto de la población mundial, sino alcanzar las tasas de ganancia a las que aspira el agronegocio. Por su parte, el uso comercial de la investigación científica y biotecnológica también busca profundizar el control del capital sobre la producción agrícola, impidiendo que la propiedad de los productos generados por ésta pase a manos de los pequeños agricultores, fomentando así el crecimiento de una enorme masa de productores que pierden su autonomía y se convierten en trabajadores subordinados al agronegocio, pero sin ningún tipo de contrato colectivo que defienda sus derechos. Este proceso, destacado por diferentes investigadores en los años noventa del siglo pasado, entre ellos Magdoff y Lewontin (Magdoff et al. 1998: 5; Lewontin, 1998: 78), ha cobrado actualmente especial intensidad, provocando una profunda crisis del sistema alimen-tario mundial y la destrucción de los sistemas alimentarios de los países subordinados.

En años recientes, investigadores como Holtz-Giménez (2008:4), Magdoff y tokar (2009: 1, 7), bello y baviera (2009: 4), Mc Michael (2009ª: 150) y McMichael (2009b: 7-10) han profundizado en los análisis referentes a la situación del sistema alimentario mundial. En las observaciones de algunos de ellos se fundamenta la caracterización que se hace en este trabajo de los aspectos fundamentales de la crisis agroalimenta-ria. Holt-Giménez (2008: 3) señala dos de los programas de desarrollo económico impuestos a los países subordinados por los países capitalistas dominantes, que han utilizado dichos programas como instrumentos para llevar a cabo esta destrucción. Uno de ellos es la “revolución verde” impulsada desde los años cincuenta del siglo XX y dirigida por centros de investigación agrícola de organismos internacionales. Ésta se destinó a modernizar la agricultura de los países “en vías de desarrollo”, y condujo al control de las nuevas semillas y agroquímicos requeridos por ésta, por parte de las empresas trasnacionales. Tuvo como resultado una drástica pérdida de la biodiversidad, de los mantos freáticos, la erosión y salinización de los suelos y el desplazamiento de los campesinos a las tierras de menor potencial productivo. El otro programa es el de ajuste estructural enmarcado en el modelo neoliberal de libre mercado, impuesto por los organismos financieros internacionales a partir de los años setenta del siglo pasado, cuya culminación se concretó con la creación en 1995 de la organización Mundial del Comercio (oMC), mediante la cual Estados Unidos y los países europeos mantuvieron los subsidios a su producción, mientras a los países subordinados se les impuso la total apertura comercial. Para el campo esto significó el fin de los precios de garantía y por ende de la protección a la producción nacional, la supresión de los apoyos a los pequeños productores, a los centros de investigación y a los procesos de reforma agraria. El ingreso descontrolado de granos importados

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de Estados Unidos de América y países europeos a los países subordinados, que se venden en el mercado internacional a precios inferiores a su costo de producción, ha ocasionado la ruina de la agricultura y el empobrecimiento de los pequeños produc-tores de los países subordinados del sur, la destrucción de su biodiversidad y de sus recursos naturales y ha provocado la expulsión de sus tierras de grandes sectores de estos pequeños productores agrícolas empobrecidos. Se ha señalado que de 1950 a 1997 la población rural en el mundo disminuyó en cerca de 25% y que actualmente 63% de la población urbana mundial habita en los márgenes de las caóticas ciudades del sur global. Se estima que hacia finales del siglo veinte entre 20 y 30 millones de campesinos habían perdido sus tierras como consecuencia de la imposición de las políticas neoliberales (McMichael, 2009b: 5,7).

De esta manera continentes enteros se han sometido a la expansión de las grandes empresas trasnacionales que controlan desde la producción de semillas, plaguicidas y fertilizantes, hasta las almacenadoras, procesadoras y supermercados. Así, Cargill, ADM y bunge controlan hoy 90% del mercado mundial de granos, Monsanto la quinta parte de la producción de semillas y bayer, Syngenta y bASF 50% del mercado de agroquímicos. En 2007 cinco supermercados controlaban casi 50% del mercado en Estados Unidos de América, de los cuales el más poderoso es Wal-Mart, fenómeno que también encontramos en los países subordinados, en donde además han provocado la desaparición de los mercados locales y del pequeño comercio alimentario. La evidente incapacidad estructural del sistema capitalista para producir los alimentos de manera sana y sustentable y para solucionar los problemas de la población rural, es un tema que las instituciones y las empresas trasnacionales no están dispuestas a abordar.

En este contexto, desde mediados de 2006 convergen factores coyunturales que provocaron el alza considerable de los precios de los granos básicos que desembocó en lo que se ha denominado crisis alimentaria global. La agudización brutal de esta crisis se ejemplifica con el hecho de que entre fines de 2007 y comienzos de 2008, el precio del maíz se duplicó, el del trigo se incrementó en 50% y el del arroz en 70% (McMichael, 2009b: 1). Numerosos investigadores, entre ellos los ya citados, han analizado los mencionados factores coyunturales. También las instituciones internacionales como el banco Mundial (2008:2), la FAo (2008: 4, 6, 7,10), la oMC y las del Estado mexicano que se ocupan del sector rural, coinciden en este señalamiento, a diferencia de su actitud con la razón estructural de la crisis antes descrita que ellos evitan mencionar o no quieren reconocer. Más bien insisten en profundizar las políticas que desde hace muchas décadas han producido esta crisis



(Grain, 2009: 1). Estas causas coyunturales de la crisis alimentaria global son, por una parte, el incremento del precio del petróleo, que se duplicó entre 2007 y 2008 y que arrastró al de la energía y de los fertilizantes utilizados en los procesos agrícolas de producción, y la drástica reducción de la reserva mundial de granos, consecuencia de las políticas neoliberales que sustituyeron a los cultivos alimentarios de los países subordinados por productos exportables: en 2008 la reserva mundial fue la menor en 25 años. La utilización de 5% de la producción mundial de granos en la fabricación de agrocombustibles, es otro elemento influyente. también se ha señalado que el incremento del consumo de carne a escala mundial ha ocasionado que un creciente volumen de granos se destine a la alimentación del ganado, sustrayéndolo al consumo humano directo (Holt-Giménez, 2008: 2,3). Finalmente, una de las causas de corto plazo más determinantes en el alza de los precios de los granos es la especulación financiera internacional, con la entrada del capital financiero especulativo en las bolsas de los contratos a futuro de los cereales y otros alimentos. El derrumbe del mercado inmobiliario de Estados Unidos, llevó a la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión con los alimentos, “mercancía” imprescindible para la subsistencia de los seres humanos (Vía Campesina, 2008: 3,4; rosset, 2008). Los efectos en los pequeños productores rurales de la política de ajuste estructural impulsada en México desde mediados de los años ochenta del siglo pasado y de la crisis alimentaria que estalló en 2006, es el tema que se aborda en el siguiente apartado.

3. Las políticas y programas para el campo y su impacto en los ejidatarios

En los años cuarenta del siglo pasado, bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho, México se convirtió en un paradigma de la modernización de la agricultura, cuya expresión más acabada se dio en 1945, cuando el gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller inauguraron un programa conjunto de investigación agrícola que generaría la tecnología que posteriormente se conoció como “revolución verde”. Su aplicación en el país significó la creación y consolidación de un número reducido de grandes empresas agrícolas que, utilizando todos los avances tecnológicos en los nuevos distritos de riego, sobre todo en el norte del país, concentraron la riqueza producida en el campo, en desmedro de la gran masa de productores campesinos. Por lo tanto, esta modernización de la agricultura agravó la desigualdad en el campo. Aunque se incrementó la producción de manera significativa gracias a estos nuevos enclaves de agricultura comercial, lo cual favoreció el proceso de industrialización del país,

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la gran masa campesina quedó al margen de esta bonanza. En 1970, como lo señala Hewitt, treinta años después del inicio de la modernización de la agricultura, “más de cuatro quintos de todos los campesinos con tierra de México” no podían satisfacer las necesidades de su familia sólo con los ingresos provenientes de la parcela (Hewitt, 1999: 17, 32, 99, 114).

En 1989, cerca de cuarenta años después de que Ávila Camacho lanzara su iniciativa de modernización de la agricultura, Carlos Salinas de Gortari impulsó la industrialización de la agricultura con un nuevo programa de modernización del campo, esta vez enmarcado en el modelo neoliberal adoptado por el gobierno unos años antes. Las reformas a las políticas para el campo de esta modernización compren-dieron, en primer lugar, la cancelación del proceso de reforma agraria iniciado por la revolución en 1917, mediante una reforma a la Ley Agraria, presentada por Salinas y aprobada por el Congreso en 1992, que decretó el fin del proceso de reforma agraria y abrió las puertas a la privatización de la tierra del sector social y su incorporación al mercado de tierras. Por otra parte, de manera abrupta y más radical que en cualquier otro país, se abrió el sector agropecuario al mercado internacional abandonando la protección y fomento a la producción nacional y suprimiendo la política de seguridad alimentaria; este abandono afectó especialmente la producción de granos, ya que el gobierno mexicano aceptó la premisa de las instituciones internacionales referente a que México no tiene ventajas comparativas en la producción de ellos. De manera concomitante, el Estado se retiró de la esfera de la producción y suprimió la mayor parte de los subsidios al crédito, fertilizantes, agroquímicos y comercialización (Steffen y Echánove, 2003: 83). Esta nueva propuesta de modernización que persiste hasta hoy, ha implicado la profundización de la desigualdad social en el campo al propiciar el cada vez mayor enriquecimiento de un pequeño grupo de agroempresa-rios trasnacionales y nacionales, y el empobrecimiento de los ejidatarios y pequeños productores en general. A continuación se describen las principales políticas públicas diseñadas para imponer la nueva etapa de modernización del campo.

3.1. La política agraria

Aunque son muchos los temas importantes que se destacan al evaluar los efectos que ha tenido en los ejidatarios, comuneros y trabajadores rurales la reforma de 1992 a la Ley Agraria, las siguientes consideraciones se centran en lo que significa para ellos



el fin del reparto agrario y en la posible inserción de las tierras ejidales y comunales en el mercado. Con respecto al primer tema, se puede señalar que, según un estudio publicado en 2001 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), basado en la Encuesta Nacional de Empleo levantada por INEGI en 1999, en el país existían más de 5, 708,186 jornaleros agrícolas (Sedesol, 2001, Anexo estadístico). Cuatro años más tarde la Secretaría de Agricultura, fundamentada en la Encuesta de Empleo de 2003, sostenía que los jornaleros eran 4,415,832 (Sagarpa, 2006: 47). Y en 2007 la Confederación Nacional Campesina (CNC) insistía en una cifra semejante a la señalada para 1999 (CNC, 2007: 1). A pesar de una factible inexactitud de las cifras aportadas por las encuestas mencionadas y de que una parte de los jornaleros tiene pequeñas parcelas (cuyo escaso potencial productivo no les permite sobrevivir), las instituciones reconocen que el número de trabajadores sin tierra es superior al de los ejidatarios y comuneros que, según el IX Censo Ejidal 2007, suman 4,210,899. Para este gran sector de los jornaleros el fin del reparto agrario constituye la imposibilidad de acceder a la tierra y, por ende, de mejorar sus condiciones de vida. Este hecho es una de las causas del brutal crecimiento de la migración en la última década.

Un estudio reciente sobre los efectos en el campesinado mexicano de la reforma de 1992 a la Ley Agraria (robles, 2008: 10-29), concluye que en 2007, quince años después de implantada, se estaba muy lejos de alcanzar el objetivo oficial que bus-caba incorporar a los ejidos y comunidades al mercado de tierras para, por esta vía, combatir el minifundismo y tecnificar al campo. Según los datos que arrojan el VII Censo Ejidal levantado en 1991 y el IX Censo Ejidal realizado en 2007 analizados por el autor, el minifundismo se ha agudizado en el campo mexicano, ya que en dicho periodo la superficie de ejidos y comunidades se incrementó sólo en 2.5%, mientras que el número de ejidatarios y comuneros creció 19.5% (Cuadro 1). Esto no como resultado de nuevas dotaciones, sino sobre todo por la división de las parcelas ejidales entre miembros de la familia. Por otra parte, también se redujo el nivel de tecnificación de los núcleos agrarios, que cuentan con menos infraestructura tanto para sus labores agrícolas como pecuarias (robles, 2008: 10).

Cuadro 1. Ejidos y comunidades: número, superficie y número de ejidatarios y comuneros 1991-2007.

Año # Ejidos y comunidades Superficie total (ha) # de Ejidatarios y comuneros1991 29,983 103,290,099 3,523,6362007 31,518 105,949,097 4,210,899

Fuente: Elaboración propia con datos de robles (2008: 15-16)

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Con respecto a la inserción de las tierras ejidales y comunales al mercado, hay que señalar que desde antes de la reforma a Ley Agraria existían las transacciones de tierras en el sector social, pero por estar prohibidas por la Constitución no se llevaba un registro legal de ellas. Se ha señalado que a comienzos de los años noventa más del 50% de las tierras de mejor calidad de los ejidos y comunidades estaba rentada. La contrarreforma agraria de 1992 profundizó esta tendencia al propiciar la recon-centración de la tierra de alto potencial productivo en manos de grandes productores comerciales, caciques y funcionarios gubernamentales (De Ita, 2006: 161, 162). Robles señala que los resultados del Censo Ejidal 2007 muestran que en dos tercios de los núcleos agrarios hay venta de tierras; es decir, en 20,990 ejidos y comunidades se registró este tipo de operación que abarcó una superficie de 3, 097,000 hectáreas. Sin embargo, al darse a menudo la compra-venta de la tierra de manera irregular, sin inscribir la transacción en el registro Agrario Nacional, no hay certeza de quiénes son en realidad los propietarios (robles, 2008: 26, 27). Aunque la superficie de poco más de 3 millones de hectáreas involucrada en las operaciones de venta representa sólo 2.9% de los más de 105 millones del sector social, no hay datos acerca de qué tipo de tierras se trata. Tampoco existen datos certeros acerca de las dimensiones de la renta de la tierra ejidal.

Sin embargo, información obtenida en entrevistas a ejidatarios y una somera revisión hemerográfica de los últimos tres años permiten aproximarse al fenómeno de la venta y renta de las tierras del sector social que apunta a una expansión de éstas, especialmente en las que disponen de riego, que tienen mayor biodiversidad, bosques, que cuentan con recursos minerales o aquellas que se encuentran en las playas y cerca de los centros urbanos (becerril, 2007: 11). Por ejemplo, el Módulo de riego IV de Valle de Santiago, Guanajuato, cuenta con 2,587 usuarios y abarca una superficie de 12,750 hectáreas, de las cuales cerca de 80% estaba rentada en 2009 (Módulo de riego IV, 2009). En este mismo sentido, Faustino Delgado, de la Dirección de Agronegocios del FIrA, señala que si a inicios de los años noventa 10% del total de la tierra ejidal estaba rentada, en 2008 lo estaba más de 50% y 5% había cambiado de propietario; incluso en el caso del noroeste del país, 70% culti-vaba bajo renta ( Delgado, 2008). otra forma de apropiación de las tierras ejidales por parte de los empresarios privados consiste en corromper a autoridades ejidales para que los incluyan en el padrón de ejidatarios, como sucedió en abril y mayo de 2009 en ejidos cercanos a Mérida, Yucatán (Chan, 2009; Cob, 2009). El auge de la fabricación de agrocombustibles es también un acicate para la apropiación privada de tierras ejidales como en Sonora, por ejemplo, en donde la empresa bioFields



compró 22 mil hectáreas en el ejido Puerto Libertad para producir etanol con algas cultivadas, combustible que se destinará prioritariamente a Estados Unidos y Japón (ramírez, 2009).

3.2. El crédito

En febrero de 1990 el gobierno reestructuró el sistema de crédito para el campo. El nuevo sistema se fundamentó en la opción macroeconómica neoliberal de restringir el gasto público, en la exigencia de que el campo se autofinanciara, en el traspaso a la iniciativa privada de la responsabilidad de financiar las labores productivas y en instaurar una política de crédito regida por la recuperación financiera.

Con este fin el banrural eliminó los subsidios a las tasas de interés; otorgó recursos sólo a los ejidatarios y comuneros que dispusieran de superficies de cultivo con buen potencial productivo, retirándose de las zonas de alta siniestralidad; e instauró una severa política de recuperación de las carteras vencidas y de supresión del crédito para los deudores del banco (SArH, 1990: 31,32). El banrural desde 1990 presionó a los ejidatarios para que vendieran su maquinaria, implementos agrícolas y enseres domésticos para pagar sus adeudos. Al aprobarse las reformas a la Ley Agraria en 1992, el banco empezó a embargar maquinaria y a llamar a subastas públicas para venderla, recurriendo incluso al embargo de cosechas. Desde entonces, muchos de los ejidos más productivos del país perdieron su maquinaria, viéndose obligados a de-pender de la renta de ésta para realizar sus labores productivas (Steffen, 1992: 38,39).

La decisión de que banrural dejara de ser un banco de fomento y de que se rigiera por la recuperación financiera, condujo a una drástica reducción del crédito que ha afectado profundamente a ejidatarios y comuneros. La superficie promedio que el banco acreditaba cada año hasta 1989 era de alrededor de 7 millones de hectáreas, y en 1990 había caído a 1,951,000, es decir, disminuyó cerca de 73%, desplome que se intensificó a más de 85% entre 1991 y 1995 (CUADro 2). Según el VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal levantado en 2007, la superficie agrícola del país ocupaba 31.5 millones de hectáreas (INEGI, 2009b: ). De manera que, al observar el Cuadro 2, se constata la radical escasez de crédito que ha afectado al campo; si antes de 1990 sólo se acreditaba cerca de 23% de la superficie agrícola, en 1990 cayó a 6.4%, y en 2006 la banca oficial acreditó 8.8%.

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Cuadro 2. Superficie acreditada por Banrural 1980-2006.

Año Superficie en hectáreas

1980 5,507,000

1985 7,174,000

1990 1,951,000

1991 1,236,000

1992 1,198,000

1993 1,045,000

1994 1,129,000

1995 1,251,000

1996 1,851,000

1997 2,178,000

1998 2,115,000

1999 2,105,000

2000 2,236,000

2001 1,520,000

2002 1,833,000

2003 297,000

2004 2,730,000

2005 3,562,000

2006 2,661,000

Fuente: tercer Informe de Gobierno 2003, Anexo Estadístico; CNA 2008: 109

Por otra parte, es interesante señalar que según datos del Censo Agropecuario 2007, en ese año existían 5’548,845 unidades de producción en el campo mexicano, de las cuales 4’069,957 tenían actividad agropecuaria o forestal (INEGI, 2009: Cua-dro 1). De estas últimas, indica el Censo, 146,437 disponían de crédito, es decir, el equivalente a sólo 3.6% de las unidades de producción con actividades productivas (INEGI, 2009: Cuadro 107).

Como concluye un estudio reciente de la CEPAL (CEPAL, 2007: 11), en México el sector primario “participa cada vez menos del crédito total”; la Financiera rural “ha reducido tanto las cuotas de los avíos como el monto total de los créditos refac-cionarios que otorga”; tanto Finrural como FIrA tienen como prioridad atender la



agricultura de riego del norte del país, a los grandes productores y a algunos medianos, excluyendo a la mayoría de éstos y a los pequeños.

De la situación descrita se infiere que el no disponer de crédito oportuno es uno de los principales problemas de los ejidatarios. De éstos, quienes tienen buen potencial productivo y un historial de buenos pagadores, pueden obtener financiamiento a través de su constitución como intermediarios financieros de Finrural. Una minoría organizada en Fondos de Autoaseguramiento Campesinos puede acceder al crédito que éstos ofrecen a una parte de sus socios. Los que tienen capacidad para aportar garantías líquidas y contar con un aval, acuden a Cajas Populares privadas en donde deben mantener un depósito. Y la mayoría recurren al crédito informal, que obtienen bajo condiciones onerosas con los comerciantes, prestamistas e intermediarios que adquieren su producción (Unión de Ejidos 16 de Abril, 2007; Fondo de Aseguramiento Domingo Ledezma, 2009).

El caso de ejidatarios de temporal de escaso potencial productivo se inscribe en la última modalidad señalada en el párrafo anterior. Eventualmente, las instituciones públi-cas impulsan programas de crédito orientado a este tipo de productores. Un ejemplo, es el Programa de Insumos baratos (hoy denominado Adquisición de Insumos Agrícolas) puesto en marcha en 2007 en Guanajuato bajo la responsabilidad de las presidencias municipales. Consistía en la entrega de $700.00 por hectárea a los productores tem-poraleros, con la finalidad de que pudieran adquirir los insumos, no a un precio más reducido, sino de manera oportuna. La permanencia en el programa se condiciona al pago oportuno del crédito cada año. Pero es un programa de alcance muy reducido y sin garantía de continuidad. En el caso del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en 2007 se entregó este subsidio a 1,280 productores, cifra que en 2009 se había des-plomado a 699 (CoPLADEM, 2010). Ejidatarios de El Salitre señalaban que muchos de ellos quedaron fuera del programa cuando perdieron toda la cosecha y no pudieron pagar como consecuencia de la terrible sequía del ciclo primavera-verano 2009. Como uno de ellos decía con amargura: “Para acá no llega el perdón” (Andrade et al., 2010).

3.3. Procampo

El Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) se creó en 1993 con la finalidad de compensar la supresión de los subsidios a los insumos para la produc-ción y los precios de garantía, y garantizar la competitividad de los productores

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nacionales en el mercado internacional. Consiste en un apoyo monetario pagado directamente al productor por hectárea cultivada, lo cual hace de él un subsidio redistributivo al que acceden incluso los productores de autoconsumo que dis-ponen de menos de cinco hectáreas. La superficie beneficiada ha oscilado anual-mente en torno a 13 millones de hectáreas cultivadas por menos de 3 millones de productores. Un estudio sobre los efectos del tLCAN en el sector agropecuario destaca la concentración de los subsidios en el año 2001, cuando se apoyaron 13.6 millones de hectáreas de 2.7 millones de productores. En efecto, en esa fecha los productores que tenían menos de dos hectáreas y que representaban 48.3% del total de beneficiarios, disponían sólo de 13.2% de la superficie elegible según el Programa. Y los que poseían más de 10 hectáreas, que representaban 8% del total de beneficiarios, contaban con 44.6% de la superficie elegible (rosenzweig, 2005: 47). Años más tarde se mantenía esta polarización: en el año agrícola 2007 la superficie apoyada fue de 13 millones de hectáreas y benefició a 2 millones 420 mil productores. Los que sembraban hasta cinco hectáreas representaron 76% del total de los productores involucrados en el programa, con una superficie equivalente a 33% de lo subsidiado, pero sólo recibieron 34% de los recursos financieros. En el otro extremo, quienes sembraron más de 30 hectáreas y que sólo son 2% del total de productores, controlaron 26% de la superficie y recibieron 23% de los apoyos entregados (Sagarpa, 2008: 8, 9).

Es decir, como el programa no establece límites de superficie subsidiada por productor, desde su implantación el apoyo se ha concentrado en los productores que cuentan con los predios más grandes (De Ita, 2000: 43, 44, 45).

La conclusión anterior se ratifica en una reciente evaluación del papel que des-empeñan los subsidios del Estado en la producción agrícola nacional. Allí se aborda el papel de Procampo y se concluye que siendo el programa agrícola más dirigido a los productores de maíz y el más inclusivo, “no sólo excluye a la mayoría de su población objetivo, sino que está sesgado para favorecer a los productores más adi-nerados” (Fox y Haight, coord., 2010: 8).

Por otro lado, si bien una parte importante de los ejidatarios, como los tempora-leros de Valle de Santiago ya mencionados, son beneficiarios de Procampo, reciben el subsidio tarde, no pueden comprar la semilla con este recurso y deben recurrir al dueño de la bodega que les compra el grano, quien se las proporciona a crédito con un interés que oscila entre 2 y 3 por ciento mensual (Andrade et al., 2010).



Cuando se publicaron las nuevas reglas de operación del Procampo, el 8 de abril de 2009, investigadores y campesinos insistieron en denunciar la mala distribución de este subsidio, el uso político que de él se ha hecho y cómo ha conducido a incrementar el enriquecimiento de agroempresarios, funcionarios, políticos y narcotraficantes. Esto ha acontecido en lugar de que el Programa creara las condiciones para que los productores mexicanos se capitalizaran y elevaran los rendimientos en sus cultivos para alcanzar niveles de competitividad en el mercado mundial de alimentos, objetivo pregonado por el Programa (ver información de prensa 2009 en www.inforural.com.mx).

3.4. La comercialización: El programa de apoyos directos al productor por excedentes de comercialización

En 1991 el gobierno creó Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), cuyo objetivo fue implantar programas que compensaran temporalmente al productor nacional por las deficiencias estructurales existentes en el país y por las asimetrías con los subsidios recibidos por los competidores extranjeros (Steffen, 2003a: 138-140). A partir de su creación, Aserca ha sido la encargada de impulsar una variedad de programas y subprogramas de apoyo a la comercialización, pero orientados sólo al universo de los 300,000 productores que la Secretaría de Agricul-tura considera que disponen de excedentes para comercializar. Los programas más significativos han sido el de Apoyos Directos al Ingreso objetivo y el de Apoyos para la Agricultura por Contrato en sus dos vertientes: la orientada fundamentalmente al trigo y al sorgo y la de Compras Anticipadas de Maíz blanco (Aserca, 2008: 18).

3.4.1. El subprograma de apoyos directos al ingreso objetivo

Subsidia a productores de granos y oleaginosas. Si el precio de mercado que ellos obtienen es inferior al ingreso objetivo determinado por Aserca, ésta le proporciona directamente la diferencia. Dicho ingreso objetivo se calcula con base en el precio en el mercado internacional, las ofertas de los compradores durante la cosecha, los precios pactados en la agricultura por contrato, y las condiciones que presenta el mercado regional (DoF, 2003: 36-37). Sin embargo, quienes en realidad imponen los precios son Cargill, ADM, bachoco, Arancia, Maseca y Minsa gracias al control monopsónico que ejercen en el mercado de granos.

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Con respecto a los volúmenes subsidiados, en 2004 equivalieron a 38% del total producido y en 2005 a 48% (Aserca, 2005: 11-12; Aserca, 2006: 14). En 2007, debido al incremento de los precios de los granos en el mercado internacional, el programa disminuyó drásticamente su cobertura y en 2008 casi no operó.

Es un subsidio muy inequitativo, ya que privilegia a los estados del norte del país, en

donde predomina la agricultura comercial. En 2004 éstos acapararon 62% de las toneladas apoyadas, y en 2005 concentraron 72%. Jalisco, Guanajuato y Michoacán conjuntaron en 2004 cerca de 29% del volumen apoyado y en 2005 un 16%. Si se suma la participación de ambos bloques, en 2004 acapararon 91% de las toneladas y en 2005, 88%.

Con respecto a los productores apoyados anualmente por el Subprograma, son

muy pocos (ver Cuadro 3), ya que ni siquiera representan la mitad de los productores excedentarios oficialmente reconocidos.

Cuadro 3. Productores receptores de apoyos directos al ingreso objetivo, 2001- 2007.

Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Productores beneficiados 118,752 100,721 129,271 184,246 118,010 133,382 11,757

Fuente: (Aserca, 2006ª: 100-102; Aserca, 2008b)

Por otra parte, los trámites para recibir el apoyo son engorrosos y los pagos se retardan. En Guanajuato, por ejemplo, los ejidatarios que vendieron el sorgo en octubre de 2001 recibieron el apoyo en julio de 2002; por el trigo cosechado en mayo de 2002, los ejidatarios recibieron el apoyo directo a fines de agosto; por el maíz que vendieron en octubre de 2004 los ejidatarios accedieron al subsidio en mayo de 2005. El retardo en la entrega de los apoyos a la producción, característica común a todos los programas de este tipo, ha ocasionado la constante protesta de los productores, quienes señalan que el apoyo complementario al precio de sus granos llega demasiado desfasado y conduce a convertirlos en deudores morosos cuando han cultivado con crédito.

El alza de los precios de los granos en el mercado internacional desde mediados de 2006, hizo considerar a las autoridades la posibilidad de suprimir este programa. El descenso posterior de los precios y la incertidumbre provocada por la crisis, desataron la movilización de los productores para mantenerlo, logrando que se reestructurara.



Así, en enero de 2009 la Sagarpa decidió su permanencia y publicó nuevos montos de apoyo al ingreso objetivo, pero éstos son considerablemente inferiores a los costos de producción, como lo señalan los productores.

3.4.2. El subprograma de apoyos para la agricultura por contrato

Existe desde 2001 para el maíz amarillo, y consiste en que el productor vende al comprador antes de cosechar el producto, mediante la celebración de un contrato de compra-venta a término, bajo condiciones específicas de volumen, calidad, tiempo, lugar y fecha de entrega, fórmula para fijar el precio y condiciones de pago (Aserca, 2005ª: 4; Sagarpa, 2007). Al productor participante, Aserca le entrega un apoyo directo al precio al término de la cosecha y un porcentaje, que puede variar del 50 al 100% del costo de la cobertura en el mercado de futuros para productor y comprador. Los precios se determinan de acuerdo a los vigentes en la bolsa de Chicago.4 Puesto que todo se cotiza en dólares, el precio final al productor en moneda nacional se calcula con base en el tipo de cambio del dólar en el día de la entrega física del grano al comprador (Aserca, 2005ª: 4-6).

A partir de 2005, Sagarpa incluyó en este esquema al sorgo y trigo. En 2007 el volumen total apoyado de sorgo, trigo y maíz amarillo alcanzó 5’532,358 toneladas (Aserca, 2008: 47-48), en circunstancias de que en ese año sólo la producción de sorgo y trigo alcanzó casi 10 millones de toneladas y la de maíz amarillo cerca de un millón y medio. Cifras oficiales mencionaron que ese año los productores que recibieron este apoyo fueron 41,022, número que está muy por debajo de los 300,000 productores susceptibles de recibirlo según definición oficial.

Las cifras disponibles para los ciclos posteriores no son definitivas, pero se mantiene la tendencia a subsidiar a una baja proporción del volumen producido. En el ciclo o/I 2007-2008, información oficial señaló que se habían apoyado 7’548,206 toneladas de sorgo, trigo y maíz amarillo (www.aserca.gob.mx/sicsa/programas). En el P/V 2008, Sagarpa programó apoyar un máximo de 1’500,000 toneladas de los mismos granos, más soya (Sagarpa, 2008a:10). Y en el o/I 2008/2009, otorgaría subsidios hasta para el 70% de la producción de sorgo programada, para un millón de toneladas de trigo crista-lino y, sin límites de volumen, para el maíz amarillo y trigo panificable (Aserca, 2009).

4 Precio del grano en agricultura por contrato es igual a: precio de la bolsa en el mes más cercano a la entrega; más la base de la zona consumidora (precio del producto en zona consumidora menos el precio a futuro en la bolsa); menos la base regional (costos de fletes, almacenaje y financiero para llevar el producto a la zona consumidora).

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La participación de las organizaciones ejidales para la producción ha sido limitada. De hecho, la Sagarpa ha preferido fomentar la de organismos privados que funcionan como intermediarios entre productores y empresas compradoras, desplazando a las genuinas organizaciones ejidales. Por otra parte, sólo de manera eventual este programa ha dado a los productores la prometida certeza de contar con un mercado seguro y oportuno para sus granos, contraviniendo así su principal objetivo. Una situación especialmente grave se dio en Guanajuato con el sorgo del ciclo primavera-verano 2008. Los ejidatarios habían firmado contratos con las empresas en que los precios establecidos iban desde US$254.00 a US$328.00 por tonelada, cuando un dólar equivalía a $10.33. Pero en octubre, durante la cosecha, cuando se debía entregar el grano a los empresarios, el cambio oficial había subido a más de $13 por dólar, y éstos se negaron a cumplir el contrato, pretextando falta de recursos para cubrir el nuevo precio del dólar. Esto llevó a que, más de un mes después de la cosecha, las bodegas y patios de las organizaciones de los pequeños productores estuvieran saturadas de granos que los empresarios manifestaban estar dispuestos a recibir sólo si los productores aceptaban un tipo de cambio inferior al oficial, lo que Aserca aseguró rechazar por ilegal. Sin embargo, luego de una intensa presión de los empresarios, Sagarpa incluyó un adendum en los contratos, permitió la negociación del precio del dólar por debajo del cambio oficial y el 23 de diciembre recomendó a los ejidatarios que sacrificaran parte de sus ganancias. Así, la Unión de Ejidos 16 de Abril de Valle de Santiago, por ejemplo, entregó el sorgo a bachoco, que cotizó el dólar a $11.90 en lugar de $13.50, que era el precio oficial vigente, y a texco, que lo cotizó en $12.30. Esto condujo a que la Unión pagara a sus socios $2,950.00 por tonelada en lugar de los $3,437 prometidos, con el consiguiente descontento de éstos. El Módulo de riego IV de Valle de Santiago mantuvo en bodega hasta marzo de 2009 más de 10,000 toneladas que había con-tratado, a pesar de que aceptó un dólar a $12.50.

La certeza de contar con mercados seguros se rompió también en 2009, cuando la Integradora Agropecuaria del Centro, S. A. de C.V. (IAGroCEN), conformada por 33 agrupaciones de productores y cuya creación fue respaldada por el gobierno del estado de Guanajuato, incumplió los contratos que hizo con sus asociados para comercializar tanto el trigo como el sorgo. Acopió los granos y no los pagó, defrau-dando a más de 9 mil campesinos. Todavía a mediados de 2010 éstos no recibían el pago de sus granos, y hasta julio de este año tampoco lograban una acción efectiva del gobierno que les permitiera resarcirse de sus pérdidas (Unión de Ejidos 16 de Abril, 2010; González, 2010).



3.4.3. Las compras anticipadas de maíz blanco

Es un esquema creado en 2007 para comercializar la cosecha de maíz blanco de Sinaloa en el nuevo contexto del alza de su precio en el mercado internacional. Sus objetivos son garantizar el abasto de maíz blanco a las empresas consumidoras, ofrecer un precio competitivo para la cadena maíz-tortilla, promover la compra de coberturas de precio por productores y compradores subsidiada con 100% y 50% de su costo, respectivamente, y otorgar apoyos para fletes y cabotaje a los comprado-res. Los participantes firman un contrato de compra-venta a futuro, con referencia al mercado internacional, que para el productor constituye un precio piso y para el comprador un precio techo que le permite cumplir con el contratado aunque éste haya bajado, gracias a la cobertura (Sagarpa, 2007). A diferencia del subprograma de agricultura por contrato analizado antes, en este caso el precio al productor se fija en pesos mexicanos según el cambio oficial vigente al firmar el contrato (Sagarpa, 2007).

también en este caso, los subsidios se concentran en los estados con agricultura comercial: en los ciclos o/I en Sinaloa y en P/V en Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

El Cuadro 4 muestra que, por ejemplo, en el ciclo o/I 2006-2007 se apoyaron 3’523,765 toneladas de un total de 4.4 millones producidas en Sinaloa. En el P/V 2007 participaron 13 estados, pero el volumen subsidiado sólo fue de 1’714,694 toneladas. Jalisco, segundo productor de maíz a nivel nacional, recibió apoyos para algo más de un millón de toneladas de las más de 2 millones que produce anualmente (Aserca, 2008: 48-53). Si se recuerda que anualmente en el país se producen alrededor de 23 millones de toneladas de maíz blanco, se comprueba el reducido alcance del programa.

Cuadro 4. Compras anticipadas de maíz blanco 2006-2009.

Ciclos agrícolas Toneladaso/I 2006/7 3’523,765P/V 2007 1’714,694

o/I 2007/8 3’850,000P/V 2008 2’200,000

o/I 2008/9 3’850,000

Fuente: elaboración propia con información de Aserca (www.infoaserca.gob.mx 2007-2009)

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Además de beneficiar a muy pocos productores, estos programas funcionan de manera deficiente y con la constante presión de los grandes consumidores que impo-nen las condiciones para comprar, bajo amenaza de adquirir los granos en el mercado internacional si el precio asumido por los ejidatarios les parece excesivo. De esta manera, los contratos son violados con la complicidad de las autoridades de gobierno, ocasionando graves problemas a los ejidatarios y pequeños productores en general. Por otra parte, una falla de origen, común a todos los programas de apoyos directos a la comercialización de los granos, es el retraso con que se publican las reglas de operación y el retardo con que se entregan los subsidios, que alcanzan periodos de hasta más de un año (Steffen, 2009:11-20).

Para el ciclo agrícola otoño-invierno 2009/2010 este programa se sustituyó con la modalidad de agricultura por contrato empleada para el trigo, sorgo y maíz amarillo, de tal manera que en la actualidad la comercialización de maíz blanco se rige según la misma normativa que rige a los tres granos mencionados.

Sin embargo, hay que resaltar que a pesar de los numerosos y cambiantes trámi-tes que deben realizar las escasas organizaciones ejidales que pueden postular a los subsidios otorgados a través de la agricultura bajo contrato, sus dirigentes y socios manifiestan que cuando pueden acceder a ella y Sagarpa y compradores respetan las normas establecidas, constituye un beneficio. Esto se manifiesta en que logran obtener mejores precios que los vigentes en los mercados locales y regionales, como lo demostró la Unión de Ejidos 16 de Abril con datos de 2007 y 2008. Es decir, en el ciclo P/V 2008 recibieron un promedio de $150 más por tonelada de maíz que en el mercado libre; en el o/I 2007/2008 alcanzaron hasta más de $1,000 más por tonelada de trigo; en el P/V 2008 cerca de $800 más por el sorgo y unos $110 más por el maíz.

La insuficiencia de estos programas de apoyo a la producción analizados bre-vemente en párrafos anteriores, ha motivado la movilización de los ejidatarios y la formación de organizaciones que construyen propuestas alternativas a las políticas oficiales, y que buscan alianzas con los campesinos organizados de otros países y continentes.



4. Organización campesina: adaptación y resistencia

4.1. Alternativas campesinas: el contexto internacional

Los campesinos de América, Asia, África y Europa saben desde mucho antes de que se implantara el neoliberalismo, que la penetración de las formas capitalistas de producción en el campo, es decir la expansión de la agricultura industrial, sólo conduciría a su expulsión de la tierra, a la expropiación de los recursos genéticos, a la destrucción de los recursos naturales y a la producción de alimentos nocivos para la salud humana. La historia muestra las recurrentes formas de resistencia que a lo largo de más de un siglo han protagonizado los campesinos en el mundo. Estas luchas generaron un acervo de experiencias que contribuyeron a crear las condiciones para la formación de una organización campesina de carácter mundial, la Vía Campesina, que unificó la lucha de organizaciones de los distintos continentes que sufren los daños ocasionados por las mismas políticas neoliberales implantadas indiscrimina-damente en cada uno de ellos. La coordinación entre ellas comenzó en abril de 1992 en Managua con organizaciones campesinas, indígenas y de pequeños productores de Centroamérica, Norteamérica y Europa. En 1993 se realizó la Primera Conferencia de Vía Campesina en bélgica, constituyéndose como organización Mundial. tres años más tarde se realizó la Segunda Conferencia en México con la participación de 69 organizaciones de 37 países (Vía Campesina, 2002: 1). Cuando en 2008 se realizó la Quinta Conferencia en Mozambique, contaba con más de 150 organizaciones de 68 países de América Latina, América del Norte, Caribe, Europa, Asia y África (Vía Campesina, 2009: 9,10; Desmarais, 2007:17; borras, 2008: 260).

Vía Campesina nació cuestionando que fuera inevitable la hegemonía de la agricul-tura industrial capitalista, y sostiene que son los campesinos y pequeños agricultores el elemento principal en la producción alimentaria, ya que constituyen más de un tercio de la población mundial y dos tercios de los productores de alimentos (bello, 2009: 9,10). La defensa de la soberanía alimentaria es el eje central de su programa, concepto creado por Vía Campesina y que ella define como “el derecho de los pue-blos a los alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica. Se trata del derecho de los pueblos a decidir el propio sistema de alimentación y producción. Esto coloca a quienes producen, distribuyen y consumen alimentos en el centro de los sistemas y de las políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas” (Vía Campesina, 2009:

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16). Por lo tanto, defiende el derecho humano a la alimentación, a la reforma agraria, a la biodiversidad y los recursos genéticos, a la agricultura campesina sostenible y al comercio justo (Vía Campesina, 2002; Desmarais, 2007:176,200).

Cuando se desató la reciente crisis alimentaria atribuida por gobiernos e institu-ciones internacionales a la expansión de los agrocombustibles, a la mayor demanda mundial de alimentos, al calentamiento global e incremento del precio del petróleo, Vía Campesina puntualizó que si bien esas eran causas coyunturales de la crisis, la razón fundamental era el resultado de muchos años de políticas públicas que debi-litaron las producciones nacionales de alimentos que fueron sustituidas por cultivos comerciales para compañías trasnacionales, mismas a las que se debía comprar los alimentos faltantes (Vía Campesina, 2008: 1).

De esta manera, si bien el mundo está inserto en el torbellino de una crisis estruc-tural alimentaria global, también se cuenta con un movimiento campesino mundial, el movimiento social más numeroso y contestatario del modelo neoliberal desde que éste se implantó, que levanta como alternativa la defensa de la soberanía alimen-taria, una estrategia adecuada para poder alimentar a toda la población mundial y que tendría que ser el objetivo central de cualquier sistema agroalimentario. En esta iniciativa participan organizaciones campesinas mexicanas cuyas luchas se analizan a continuación.

4.2. Un esfuerzo de adaptación de los ejidatarios

La crisis en que viven los pequeños productores ejidales de granos, los ha conducido a construir diferentes estrategias que involucran desde la emigración y el trabajo asalariado, hasta el ingente esfuerzo por mejorar sus condiciones de producción para poder permanecer como productores campesinos en un mundo que los desecha.

La organización de los ejidatarios orientada a mejorar las condiciones de pro-ducción tuvo un impulso significativo con la profundización de la reforma agraria realizada por Lázaro Cárdenas en los años treinta del siglo pasado, cuando además de dotarlos con tierras de riego creó las instituciones para concederles crédito, ma-quinaria, semillas, etc. Gracias a ello el sector social contribuyó con más del 50% del valor de la producción agropecuaria nacional. Sin embargo, esta situación fue efímera,



ya que desde inicios de los años cuarenta, en concordancia con la revolución verde, el Estado redujo los programas destinados a los productores ejidales y los orientó a los grandes productores. tres décadas más tarde, para enfrentar la crisis agrícola de los años sesenta, Echeverría buscó fortalecer al ejido como unidad productiva con la reforma de la Ley de Crédito Agrícola y al Código Agrario, que definió al ejido como una institución política y económica cuya prioridad era el desarrollo rural. Esto permitió un crecimiento de la organización de los ejidatarios, que llegaron a crear 181 uniones de ejidos que agrupaban a unos 3 mil ejidos. Muchas de estas organizaciones desaparecieron, pero cerca de quinientas, formadas por campesinos con vieja tradición de lucha, propiciaron el surgimiento de lo que años más tarde constituyó el movimiento campesino en lucha por la apropiación del proceso produc-tivo que, en 1985, culminó con la fundación de la Unión Nacional de organizaciones regionales Campesinas Autónomas (UNorCA). La propuesta de autonomía de la UNorCA implicaba la defensa de una economía rural basada en la organización de la producción campesina y en la riqueza cultural que tiene este sector social (Steffen y Echánove, 2005: 211-213).

La organización ejidal para mejorar las condiciones de producción sufrió un duro golpe cuando a mediados de los años ochenta el gobierno decide implantar el modelo neoliberal, con la cauda de políticas hacia el sector rural que implicaron la supresión de la mayor parte de los subsidios a la producción y el fin del reparto agrario. La res-puesta por parte del Estado a las protestas campesinas ocasionadas por su exclusión, ha sido plantear la necesidad de que se reconvierta la agricultura campesina para que, mediante la capacitación e incorporación de tecnologías de punta, pueda competir en el mercado mundial. Muchos ejidatarios que conservaron sus organizaciones resolvie-ron adaptarse a estos cambios, buscando su participación en los mercados altamente competitivos controlados por empresas trasnacionales. Con este fin, los ejidatarios organizados que disponen de tierras de buen potencial productivo, y gracias a ello del acceso a los escasos programas de subsidio a la producción, han generado estrategias que combinan los cambios en el patrón de cultivos, en las tecnologías que emplean y en el uso de agroquímicos para incrementar la productividad necesaria para competir; y, por otra parte, han asumido diferentes modalidades para comercializar sus produc-tos impulsadas por programas gubernamentales (Steffen y Echánove, 2003: 94-103). Sin embargo, como consecuencia de la reducida superficie de la que disponen los ejidatarios, aunque alcancen una elevada productividad no pueden competir con las trasnacionales, ni logran garantizar su sobrevivencia como productores agrícolas, lo cual les ha obligado a asumir múltiples actividades, incluyendo las extraparcelarias.

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Los años noventa vieron la evolución de estas organizaciones en su decisión de que los ejidatarios se adaptaran a la economía de mercado. Para poder permanecer en el mercado en condiciones aceptables, han fundamentado su permanencia en la lucha por la implantación de políticas públicas que garanticen la superación de la crisis del sector agropecuario, y sobre todo la de los productores campesinos. Algunas de estas organizaciones se han debilitado y otras se han consolidado, como por ejemplo la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A. C. (ANEC). Amparada en la UNorCA, esta orga-nización se constituyó en 1995 con la finalidad de enfrentar los problemas de la comercialización de los granos, profundizados con la apertura al mercado internacional, y lograr la comercialización directa y organizada de las cosechas campesinas. Con este objetivo, ANEC impulsó la creación de empresas comer-cializadoras campesinas a nivel local, regional y estatal que fueran capaces de compactar la oferta para contar con mejores condiciones de competencia en el mercado. Posteriormente se desligó de UNorCA y amplió su campo de acción. En 1997, a fin de enfrentar la privatización del mercado, la apertura comercial y la desregulación de la economía, ANEC impulsó la creación de Servicios Integrales de Almacenamiento y Comercialización de México, S.A. de C.V. (Siacomex), empresa que ha tenido un crecimiento sostenido desde entonces (S/A, 2008: 8). Además de Siacomex, ANEC promovió, para proporcionar autonomía financiera a los productores, la fundación de una Sociedad Financiera de objeto Múltiple (Sofom ANEC) (ANEC: 2007: 14). otra de sus creaciones es la empresa Servi-cios Integrales para el Desarrollo Campesino, S.C. (Servir), que presta asistencia para contribuir al fortalecimiento de empresas formadas por productores y para promover el desarrollo del sector agropecuario, más específicamente de la agri-cultura campesina (www.laneta.apc.org/anec).

Actualmente la ANEC está constituida por 60,000 pequeños y medianos produc-tores de granos básicos; cuenta con 160 empresas comercializadoras campesinas locales, 13 empresas integradoras en 17 estados de la república y 160 unidades de almacenamiento. Su capacidad anual de comercialización llega a 600,000 toneladas de maíz, 200,000 de sorgo, 50,000 de trigo, 25,000 de frijol y 20,000 de arroz. Para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus socios, ANEC ha ampliado de manera fundamental sus objetivos y su campo de acción, promoviendo la agricultura campesina sustentable y familiar; la expansión de mercados agroalimentarios justos e incluyentes socialmente responsables; la soberanía alimentaria y el derecho a la



alimentación; la defensa de los recursos naturales; el fomento de la organización au-togestiva a nivel local y regional; y la promoción de políticas públicas que privilegien el desarrollo de la agricultura, la alimentación y el desarrollo rural con campesinos y campesinas (ANEC, 2007: 4-6).

El creciente número de campesinos asociados a esta organización, el volumen considerable de granos que comercializa y la diversificación de actividades que desarrolla en beneficio de sus asociados, permiten considerar a esta empresa cam-pesina como exitosa. Sin embargo, como parte de un sector rural inserto en una economía de mercado controlada por las grandes trasnacionales agroalimentarias, enfrenta la constante competencia de éstas y la reticencia del Estado para entregar subsidios a los ejidatarios equivalentes a los que otorga a dichas trasnacionales. Decisión ésta consecuente con su concepción de desarrollo para el sector rural fundada en la expansión de la agricultura industrial. Esta realidad implica una lucha cotidiana entre la organización y el Estado, y entre ejidatarios y Estado en general, que ANEC, aunque ha tenido un papel fundamental, no libra sola, sino en alianza con otras organizaciones campesinas que se coordinan para defender sus derechos. Una expresión reciente es el Consejo Nacional de organizaciones Campesinas, A.C., que agrupa a siete organizaciones nacionales: ANEC, AMUCSS, CNoC, CEPCo, MAÍZ, FDCCH y rED MoCAF. A su vez, este Consejo Nacional establece alianzas con otras organizaciones de carácter nacional. Por otra parte, ANEC, como otras organizaciones nacionales,5 ha establecido vínculos internacionales y es parte de la Coordinadora Latinoamericana de organizaciones Campesinas (CLoC) y de Vía Campesina.

Un sector considerable de los ejidatarios, como en el caso de los afiliados a ANEC y de otras de las organizaciones mencionadas, se ha involucrado en el in-tento de integrarse a la economía de libre mercado, haciendo esfuerzos ingentes por competir, en condiciones dramáticamente desiguales, en los mercados controlados por las trasnacionales. Sin embargo, el espectacular incremento de la productividad en los cultivos y las adecuadas formas de comercialización que practican, no han sido garantía para asegurar la permanencia de muchos de ellos en el mercado e incluso en la producción agrícola. De hecho, la eficiencia productiva no emancipa a los pequeños agricultores, insertos como están en un mundo rural regido por los monopolios (bartra, 2009: 10).

5 UNorCA, CNPA, CIoAC, CoDUC, AMUCSS, FDCCH.

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4.3. Experiencias de resistencia de los ejidatarios

La brutalidad del modelo que excluye a la mayoría de los productores del campo ha llevado a que, de manera paralela a los esfuerzos de adaptación al libre mercado, las organizaciones ejidales encabecen periódicamente movilizaciones y diferentes tipos de acción directa de masas para hacer valer su derecho a seguir siendo campe-sinos. Una manifestación de su resistencia que cobró especial relevancia a inicios del presente siglo fue el movimiento El Campo No Aguanta Más, que estalló en noviembre de 2002. En esa fecha doce organizaciones campesinas independientes6 emitieron el manifiesto Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano, que planteaba como demandas centrales la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tLCAN) y el retiro de éste del maíz y frijol; una reforma al sistema de financiamiento rural; el incremento del presupuesto para el campo; la implantación de una política de seguridad alimentaria que garantizara alimentos sanos a la población con base en la producción nacional; la modificación al artículo 27 constitucional; y el reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos indígenas (El Campo No Aguanta Más, 2002). La amplitud del movimiento, al cual también se sumaron El barzón, el Congreso Agrario Permanente e incluso la CNC, más el apoyo de diferentes organizaciones sociales, obligó al gobierno a negociar. Negociación que llevó en abril de 2003 a la firma del Acuerdo Nacional para el Campo. Sin embargo, este acuerdo descartó las principales demandas del movimiento, pues excluyó la renegociación del tLCAN y el retiro de éste del maíz y frijol, las reformas al artículo 27 constitucional y el respeto a los derechos de los pueblos indios; tampoco consideró el aumento al presupuesto para asegurar un cam-bio estructural en el campo. En cambio, destinó recursos para programas de corto plazo y apoyos sólo para algunas organizaciones (rubio, 2004: 110), sembrando así la semilla de la división al interior del movimiento campesino. La evidencia de este tropiezo y posiciones diversas de las organizaciones campesinas participantes ante el Acuerdo con respecto a la relación con el Estado, llevaron al movimiento a una disgregación y, por consiguiente, a un reflujo.

6 Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Asociación Nacional de Empresas Comer-cializadoras de Productores del Campo (ANEC); Coordinadora Estatal de Productores Cafetaleros de oaxaca (CEPCo); Central Independiente de obreros Agrícolas y Campesinos (CIoAC); Coalición de organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CoDUC); Coordinadora Nacional de organizaciones Cafetaleras (CNoC); Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCHIH); Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (FNDCM); red Mexicana de organizaciones Campesinas Forestales (rED MoCAF); Unión Nacional de organizaciones en Forestería Comunitaria (UNoFoC); Unión Nacional de organizaciones regionales Campesinas Autónomas (UNorCA).



Sin embargo, las organizaciones más consolidadas nunca abandonaron sus objeti-vos y han continuado encabezando movimientos que han cristalizado en significativas movilizaciones. Una experiencia relevante es la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la reactivación del Campo Mexicano que se inició el 25 de junio de 2007, ante la inminencia de la total apertura comercial a partir de enero de 2008, según lo establecido con la firma del tLCAN. Numerosas organizaciones campesinas, de consumidores, urbanas, de ambientalistas, de mujeres, de derechos humanos, científicos e intelectuales la impulsaron, pero entre ellas destacan el Consejo Nacional de organizaciones Campesinas (CoNoC), que agrupa a siete organizaciones,7 la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y el barzón-Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros. La frase “Sin Maíz no hay País”, tomada del nombre de una magna exposición montada por personalidades y oNG en el Museo de Culturas Populares de la Ciudad de México en 2003, se convirtió en la consiga inicial del movimiento, luego ampliada a SIN MAÍZ No HAY PAÍS, SIN FrIJoL tAMPoCo. ¡PoN A MÉXICo EN tU boCA! Las principales deman-das que la campaña Sin Maíz No Hay País enarboló, y que sostiene hasta el día de hoy, son sacar al maíz y frijol del tLCAN; prohibir la siembra de maíz transgénico en México; aprobar el derecho constitucional a la alimentación por la Cámara de Diputados y la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional por la Cámara de Senadores; luchar contra los monopolios del sector agroalimentario; crear una reserva estratégica de alimentos; promover el consumo de alimentos campesinos; promover la inscripción del maíz y sus expresiones cultu-rales en la Lista de la UNESCo de Patrimonio oral e Intangible de la Humanidad; reconocer los derechos de los pueblos originarios; proteger los territorios campesinos y sus recursos naturales; conservar los bosques de manera sustentable; garantizar el principio de la equidad de género; reconocer los derechos humanos, ciudadanos y laborales de los jornaleros agrícolas y trabajadores migrantes (Marielle, 2007: 98-99; ANEC, 2007: 18).

En su primera etapa, que se extendió hasta marzo de 2008, la campaña realizó numerosas acciones: juntar un millón de firmas que respaldaran su planteamiento; presencia constante en los medios de comunicación; siembras simbólicas de maíz en la Ciudad de México; expansión a los estados; conciertos; movilización campesina ante la Secretaría de Economía; feria campesina en el Zócalo; cinco días de ayuno por la independencia alimentaria; muro humano contra el TLCAN en el puente Las

7 ANEC, AMUCSS, CNoC, CEPCo, MAIZ, FDCCH, rED MoCAF y UNoFoC.

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Américas de Chihuahua; y la gran Marcha Nacional Campesina el 31 de enero de 2008 (S/A., 2007: 4), que fue uno de los momentos culminantes de la Campaña. De junio de 2008 a junio de 2009 vivió su segunda etapa, que, motivada por la profunda crisis alimentaria y económica que vivía el país, denominó “Alimentos campesinos para México. El hambre no espera”, enfatizando la presión para que el derecho a la alimentación alcanzara rango constitucional. La etapa actual, sin postergar los obje-tivos fundamentales del movimiento, ha definido como eje central la lucha contra el cultivo de transgénicos y el uso de la tierra y los alimentos para fabricar agrocom-bustibles (Pérez, 2009: 16).

Para difundir sus planteamientos y recoger las experiencias campesinas del país, Sin Maíz No Hay País impulsó otras acciones durante la segunda fase de la Campaña, como la realización de la Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria y de las Asambleas Comunitarias, Intercomunitarias, regionales y Estatales por la Soberanía Alimentaria a fines de 2008 (Sin Maíz No Hay País, 2008: 32). Entre sus acciones más significativas, sostenida de manera constante, está la elaboración de propuestas de políticas públicas para el campo alternativas a las del Estado, para instaurar la soberanía alimentaria tal como lo hace la Vía Campesina Internacional, preservar la agricultura campesina y romper con el injusto reparto de los recursos públicos que se destinan al sector agropecuario en desmedro de los campesinos.

5. Reflexión final

La expansión del capitalismo en la agricultura rompió fronteras geográficas e irrum-pió en la agricultura campesina a escala mundial. Hoy está totalmente integrada al capitalismo global dominante, ya que los campesinos se han convertido en consumi-dores que dependen de las corporaciones trasnacionales que les venden los insumos a precios en constante incremento, y son presa de los oligopolios que controlan la comercialización de los alimentos en el mundo. Resultado de este modelo excluyente es el sistema agroalimentario mundial insustentable y depredador de la naturaleza.

El banco Mundial, la FAo y demás organismos afines, a pesar de la evidencia del fracaso del modelo alimentario que ellos pregonan, sostienen que no existe una vía para promover el desarrollo en el campo diferente a la implantada en los países dominantes. Sin embargo, como lo señala Samir Amin (Amin, 2008: 15), la agricultura



familiar moderna vigente en los países de capitalismo dominante constituye una vía excepcional, imposible de extender a más de un tercio de la humanidad conformada por los campesinos de los países del sur. A pesar de que la agricultura familiar mo-derna demostró su capacidad para adaptarse, el modelo de desarrollo capitalista, por su esencia misma, imposibilita que los campesinos puedan de manera simultánea ser competitivos y respetuosos del equilibrio ecológico mundial. Por lo tanto, la única manera de resolver el problema de la pobreza predominante en la agricultura campesina de los países del sur, sería desaparecerlos mediante su exterminio físico (genocidio, como dice el autor) o confinarlos en tugurios en las periferias urbanas.

Puesto que el capital aún no ha culminado la imposición de estas últimas op-ciones, a pesar de los enormes esfuerzos involucrados y manifiestos en el despojo de sus tierras, en la supresión de apoyos a la producción, en la represión contra sus organizaciones sociales, económicas y políticas, los campesinos siguen existiendo y no hay señales que permitan suponer que desaparecerán en un futuro próximo.

El problema estructural y los problemas coyunturales actualmente presentes en el sistema agroalimentario mexicano, son semejantes a los del sistema agroalimentario mundial, ya que está inserto en éste. Y la crisis agroalimentaria mexicana tiene los mismos rasgos que la que aqueja a los demás países de capitalismo subordinado. Una coyuntura marcada por el desplazamiento de las semillas criollas a causa de la expansión de los transgénicos; por el uso para producir agrocombustibles en las tierras adecuadas para el cultivo de alimentos; y por la cada vez mayor apertura co-mercial que permite el ingreso indiscriminado de alimentos importados controlados por trasnacionales, aniquilando la producción nacional.

A lo anterior se suma el resultado de las políticas “modernizadoras” del campo que se arrastran desde los años cuarenta del siglo pasado, que implican el fin de la reforma agraria; la profundización del minifundio y, como contrapartida, la concentración encubierta de la propiedad en pocas manos, no registrada legalmente; la ausencia del crédito formal; y el otorgamiento de subsidios a la producción y comercializa-ción cada vez más magros, focalizados en las zonas de agricultura comercial, en los grandes productores y en las grandes empresas trasnacionales que monopolizan el comercio de los granos.

En este contexto, ¿pueden empresas campesinas, como las mencionadas en este trabajo, competir en un mercado como el descrito y lograr su autonomía? Como res-

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puesta a este interrogante están las aseveraciones de Samir Amin citadas en párrafo anterior y un análisis de bartra (2009: 10) cuando señala que la eficiencia productiva no implica la autonomía de los pequeños productores, porque al estar intervenidos los mercados por los monopolios no existe libre concurrencia. De modo que, a pesar de los arduos esfuerzos sostenidos por las organizaciones campesinas, los campesinos no pueden alcanzar la sustentabilidad y autonomía mientras persista la decisión del gobierno de ampliar y fortalecer el modelo de agricultura industrial predominante a nivel mundial.

Las limitantes estructurales de estas organizaciones forjadas por los ejidatarios para intentar adaptarse a las exigencias del libre mercado, los impulsaron a participar en distintos movimientos de resistencia y en la creación de la organización internacional de los campesinos y pequeños agricultores, Vía Campesina: ante la trasnacionalización de la agricultura, la internacionalización de las organizaciones campesinas. Desde su fundación en 1993, Vía Campesina ha sido un actor influyente en el escenario global. Es así por su internacionalismo y, según lo sostiene bello (2009: 9), por haber logrado la identificación de los intereses de la clase campesina con los intereses universales de la sociedad, lo que fue una característica de los antiguos movimientos obreros. Esta coincidencia se produce gracias a que Vía Campesina enarbola una propuesta alternativa a la agricultura industrial impuesta por el capitalismo que arrastra dile-mas insolubles, como la producción de alimentos perjudiciales para el conjunto de la humanidad y la progresiva e irreversible destrucción de los recursos naturales y la naturaleza en el mundo.

La propuesta alternativa a la agricultura capitalista industrial de la Vía Campesina y organizaciones aliadas, como se mencionó, se centra en una soberanía alimentaria que defiende el derecho de los pueblos a acceder a alimentos nutritivos y cultural-mente adecuados, producidos de forma sostenible y ecológica, y el derecho a decidir sus propios sistemas alimentario y productivo. En síntesis, defiende el derecho a la autonomía para organizar el sistema alimentario: los que producen, distribuyen y consumen alimentos constituyen el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, y no las imposiciones del mercado y de las empresas que sólo buscan el incremento de su capital, malbaratando la riqueza ecológica y explotando a los trabajadores con salarios miserables.

Por esta alternativa luchan y resisten de manera activa y propositiva los campesinos y sus organizaciones mencionadas en este trabajo, junto a campesinos de todos los



continentes, productores de todos los alimentos. Puesto que no hay posibilidad de adaptación sostenible y consolidada al actual sistema agroalimentario mundial que conduce a la aniquilación de la humanidad y, en cambio, sí existe una alternativa garante de la sana reproducción del ser humano y de la conservación de la naturaleza, una y otra vez han organizado la resistencia. Entre las expresiones más significativas en el país en los últimos años, están las grandes movilizaciones de El Campo No Aguanta Más y de Sin Maíz No Hay País, que, en común con Vía Campesina, de la cual forman parte, han levantado como eje de la lucha el derecho a implantar la so-beranía alimentaria. Sin embargo, este no es un camino fácil, sino una ruta sembrada de múltiples barreras que van desde la supresión de los apoyos institucionales a los ejidatarios, pasando por la expulsión de la tierra, la cooptación de algunos de sus dirigentes, hasta la represión abierta que incluye los asesinatos y la criminalización de las protestas sociales tan cotidianos en la actualidad.

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