ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MAPFRE PRAICO INS. CO, et als vs. Estado Libre Asociado
Civil Nm.: C AC2011-3572
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE ARECIBOSALA SUPERIOR
MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY, RELIABLE FINANCIAL
SERVICESDemandantesv.
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO; ET ALSDemandados
CIVIL NM. C AC2011-3572 (302)
SOBRE:
IMPUGNACION DE CONFISCACION
OPOSICION A Mocin DE SENTENCIA SUMARIA AL HONORABLE
TRIBUNAL:
COMPARECE el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado
por el abogado que suscribe, y muy respetuosamente expone, alega y
solicita:
1. El 25 de febrero de 2015 la parte demandante present ante la
consideracin de este Ilustrsimo Tribunal el escrito Mocin de
Sentencia Sumaria. Mediante dicho escrito la parte demandante
solicita se le declare con lugar la impugnacin de la confiscacin y
se dicte sentencia sumaria fundamentada la misma en la doctrina de
impedimento colateral por sentencia por no existir delito que
justifique la confiscacin. El antedicho escrito fue recibido en
nuestras oficinas el 2 de marzo de 2015.ARGUMENTACION Y DERECHO
APLICABLE
I. Ley Uniforme de Confiscaciones de 20112. Mediante la Ley
Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley 119-2011, segn enmendada,
el legislador le confiri autoridad a ciertas instrumentalidades del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico para confiscar bienes que son
utilizados con fines ilcitos. El propsito principal, es que sirva
de disuasivo a la actividad criminal que socava la paz y sosiego de
nuestra sociedad.3. La mejor fuente para examinar la intencin del
legislador, sus fundamentos y consideraciones constitucionales que
tuvo al momento de promulgar sus leyes lo encontramos en la
Exposicin de Motivos de la propia Ley.4. El propsito primordial de
la Ley 119, supra, fue aclarar finalmente la confusin que se ha
creado en la implementacin de los procedimientos de impugnacin de
confiscacin y esclarece de una vez y por todas, la naturaleza in
rem de estos procedimientos. En la Exposicin de Motivos de la nueva
Ley, nuestro legislador deja plasmada claramente y sin lugar a
ambigedades su intencin de instituir un verdadero procedimiento de
confiscacin in rem. Es particularmente notable el hecho de que en
dicha Exposicin se consigna, incluso, la jurisprudencia sobre la
cual el legislador fundamenta su voluntad. Expresa el legislador:La
Asamblea Legislativa, a travs de la Ley Nm. 93 de 13 de julio de
1988, segn enmendada, conocida como Ley Uniforme de Confiscaciones
de 1988, le confiri autoridad a ciertas instrumentalidades del
Estado Libre Asociado para confiscar bienes que son utilizados con
fines ilcitos. Dicha Ley ha sido objeto de mltiples enmiendas e
interpretaciones judiciales que han causado confusin en la
implantacin de tal estatuto, lo cual, a su vez, ha afectado el
proceso de confiscacin y ha causado la prdida de cuantiosos
recursos.Histricamente se ha reconocido que el acto de confiscacin,
debido al temor que infunde la prdida de la propiedad, es un
disuasivo a la actividad criminal que socava la paz y sosiego de
nuestra sociedad. El propsito de esta Ley es establecer las normas
que regirn el procedimiento a seguir en toda confiscacin.[]
En nuestra jurisdiccin, la confiscacin es una accin civil o in
rem, distinta y separada de cualquier accin in personam. La
confiscacin que lleva a cabo el Estado se basa en la ficcin legal
de que la cosa es la ofensora primaria.El procedimiento in rem
tiene existencia independiente del procedimiento penal de
naturaleza in personam, y no queda afectado en modo alguno por
ste.Los procedimientos de confiscacin civil pueden llevarse a cabo
y culminarse antes de que se acuse, se declare culpable o se
absuelva al acusado. Incluso, pueden llevarse aun cuando no se haya
presentado ningn cargo. Esto debido a que la accin civil se dirige
contra la cosa en s misma, en general, la culpabilidad o inocencia
del propietario es irrelevante en cuanto a la procedencia o no de
la confiscacin civil. Goldmith-Grant Co. V. United States, 254 U.S.
505 (1921). Calero-Toledo v. Pearson Yatch Leasing Co., 416 U.S.
663 (1974). United States v. One Assortment of 89 Firearms, 465
U.S. 354 (1984). (nfasis suplido)
5. La anterior intencin del legislador de separar la accin civil
de confiscacin del procedimiento criminal o administrativo queda
estatuido en subsiguientes artculos de la Ley. En particular el
Artculo 2 dispone en cuanto a la poltica pblica establecida
mediante la Ley Uniforme de Confiscaciones que: En aras de cumplir
con la poltica pblica aqu establecida, y teniendo presente la
premura con que debe ser atendida una confiscacin, se sostiene y
reafirma la naturaleza in rem de las confiscaciones, independiente
de cualquier otra accin de naturaleza penal, administrativa o de
cualquier otra naturaleza. (nfasis suplido)
6. Igualmente, contina reflejando la voluntad legislativa lo
dispuesto en el Artculo 8 de la Ley:Artculo 8. Confiscacin
Proceso.
El proceso de confiscacin ser uno civil dirigido contra los
bienes e independiente de cualquier otro proceso de naturaleza
penal, civil o administrativa que se pueda llevar contra el dueo o
el poseedor de los bienes ocupados bajo las disposiciones de
cualquier ley que autorice la confiscacin de bienes por parte del
Estado. (nfasis suplido)
7. Ms an, bajo el Art. 15 de la Ley el legislador refuerza su
voluntad de establecer el carcter in rem de la confiscacin civil,
invistiendo el proceso de una presuncin estatutaria de legalidad y
correccin independientemente de cualquier otro caso penal,
administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado a los
mismos hechos. Tan frrea es la voluntad del legislador en tal
sentido, que dispone expresamente que el demandante tendr el peso
de la prueba para derrotar la legalidad de la confiscacin.8. En
stos casos, una vez la parte que interesa la aplicacin de la
presuncin establece el hecho bsico, corresponde a la parte adversa
derrotar la presuncin mediante preponderancia de la prueba. (nfasis
nuestro)
9. Tan reiterada es la voluntad del legislador, que en el
Informe Conjunto Positivo sobre el P. del S. 2317, el cual se
convirti en la Ley Nm. 252 de 15 de septiembre de 2012, en lo
pertinente precisa que:De otra parte, ciertamente la nueva
legislacin pretendi definir, claramente, la naturaleza in rem o
civil de la confiscacin, tomando en consideracin que el Poder
Ejecutivo tiene autoridad para ordenar la confiscacin. Por ello,
segn indic el propio Departamento de Justicia en lo aqu pertinente,
la Asamblea Legislativa tuvo cuidado en describir con claridad y
precisin la naturaleza del procedimiento de confiscacin establecido
en la nueva ley, de manera que se mantenga distanciado el proceso
penal en persona y el proceso civil in rem de confiscacin- a travs
de todo el texto de la ley. (nfasis nuestro)
10. Ciertamente la parte demandante trata de inducir a error a
este Tribunal mediante su interpretacin incorrecta de la referida
Ley, al expresar que la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011,
supra, no trajo nada nuevo en relacin a la accin in rem y al negar
que la ley no especifica que al proceso de confiscacin le es de
aplicacin el impedimento colateral. Dicha interpretacin es
incorrecta ya que la ley Nmero 119 derog la anterior ley de
confiscaciones. En un anlisis de los requisitos procesales
dispuestos en la Ley Uniforme de Confiscaciones, Nuestro Tribunal
Supremo ha expresado que el Legislador no hace cosas intiles, como
tampoco enmienda ni modifica un estatuto con cambios superfluos.
Santiago Melndez v. Superintendente de la Polica, 151 DPR 511
(2000). Bajo la nueva Ley, la confiscacin civil se configura como
una accin dirigida contra la cosa en s misma, por lo cual la
culpabilidad o inocencia del propietario o el poseedor del bien es
irrelevante al proceso.11. Es por ello, que con la aprobacin de la
Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, segn enmendada, la
normativa jurisprudencial del impedimento colateral por sentencia,
la cual surgi bajo la derogada Ley Uniforme de Confiscaciones de
1988, ha sido expresamente revocada por disposicin legislativa. 12.
La propia ley dispona la confiscacin de propiedad nicamente cuando
sta se utilizara en relacin a la comisin de delitos graves y de
ciertos delitos menos graves. Por tanto, siendo ste el fundamento
para la confiscacin, no poda subsistir la confiscacin civil en
ausencia del requisito estatutario de la comisin de un delito. De
ah el impedimento colateral por sentencia cuando los cargos
criminales se desestimaban en sus mritos.En el caso de autos,
result improcedente la aplicacin automtica de la doctrina de
impedimento colateral por sentencia al pleito civil de confiscacin.
El hecho de que en el caso criminal en contra del Sr. Padilla
Algarn se determinara no causa, no implica que en el procedimiento
civil de confiscacin se tenga que devolver automticamente el bien
confiscado.
(..)
Como expusiramos, la confiscacin tiene dos modalidades, la penal
y la civil. La primera es parte del proceso criminal dirigido
contra el alegado autor del delito. La segunda es el proceso civil
en el que se va directamente contra la cosa a ser confiscada. Esta
es una etapa separada procesalmente del encausamiento criminal
contra el presunto autor del delito.
(.)
A tenor con el Art. 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones,
supra, una vez presentada la contestacin de la demanda en el caso
de confiscacin, el Tribunal ordenar una vista sobre legitimacin
activa para establecer si el demandante ejerca dominio y control
sobre la propiedad en cuestin antes de los hechos que motivaron la
confiscacin. As tambin expone el citado artculo que se presumir la
legalidad y correccin de la confiscacin inmediatamente de cualquier
otro caso penal, administrativo o cualquier otro procedimiento
relacionado a los mismos hechos.
Resulta claro que el demandante tiene el peso de la prueba para
derrotar la legalidad de la confiscacin. () nfasis nuestro.13.
Expuesto lo anterior, resulta inevitable la conclusin que el
sobreseimiento o archivo del caso criminal bajo la Regla 247 de las
Reglas de Procedimiento Criminal en los casos criminales
relacionados a la presente impugnacin de confiscacin es irrelevante
en cuanto a la procedencia de la confiscacin. 14. Recientemente el
Tribunal Apelativo en un caso sobre impugnacin de confiscacin,
Josean Padilla Algarn v. Junta de Confiscaciones del ELA,
KLAN201200708 se seal:En el caso de autos, result improcedente la
aplicacin automtica de la doctrina de impedimento colateral por
sentencia al pleito civil de confiscacin. El hecho de que en el
caso criminal en contra del Sr. Padilla Algarn se determinara no
causa, no implica que en el procedimiento civil de confiscacin se
tenga que devolver automticamente el bien confiscado.
(..)
Como expusiramos, la confiscacin tiene dos modalidades, la penal
y la civil. La primera es parte del proceso criminal dirigido
contra el alegado autor del delito. La segunda es el proceso civil
en el que se va directamente contra la cosa a ser confiscada. Esta
es una etapa separada procesalmente del encausamiento criminal
contra el presunto autor del delito.
(.)
A tenor con el Art. 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones,
supra, una vez presentada la contestacin de la demanda en el caso
de confiscacin, el Tribunal ordenar una vista sobre legitimacin
activa para establecer si el demandante ejerca dominio y control
sobre la propiedad en cuestin antes de los hechos que motivaron la
confiscacin. As tambin expone el citado artculo que se presumir la
legalidad y correccin de la confiscacin inmediatamente de cualquier
otro caso penal, administrativo o cualquier otro procedimiento
relacionado a los mismos hechos.
Resulta claro que el demandante tiene el peso de la prueba para
derrotar la legalidad de la confiscacin. () nfasis nuestro.
15. En el caso de epgrafe el vehculo marca Honda, modelo Civic
del ao 2003 con tablilla EWK-954 fue confiscado por haber sido
utilizado en violacin al Artculo 19 de la Ley Numero 8. Hecho que
no ha podido ser controvertido por la parte demandante en el juicio
civil. En otras palabras, el demandante no ha rebatido la presuncin
de legalidad de la confiscacin. De no cumplir con el quantum de
prueba requerido a satisfaccin del Tribunal, procede la
desestimacin de la demanda que nos ocupa.16. Por ltimo, segn ha
establecido el Tribunal Supremo, la doctrina de impedimento
colateral por sentencia no aplica de manera automtica a
procedimientos de impugnacin de confiscacin relacionados a los
mismos hechos de una accin penal previamente adjudicada. Suarez v.
E.L.A., 162 D.P.R. 43 (2004); First Bank v. E.L.A., 156 D.P.R. 77
(2002). Esto es debido a que dicha doctrina no afecta el hecho
principal de que el proceso de confiscacin es de naturaleza in rem,
o sea, que va dirigido contra la cosa misma y no contra el dueo de
la propiedad, su poseedor, encargado o cualquier otra persona con
inters legal sobre la misma. Josean Padilla Algarn v. Junta de
Confiscaciones del ELA, supra.III. Conclusin
17. La Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, establece
una presuncin de legalidad y correccin de la confiscacin e impone
al demandante el peso de la prueba para derrotar dicha
presuncin.
18. La parte demandante no ha presentado evidencia alguna que
controvierta o derrote dicha presuncin. POR TODO LO CUAL, muy
respetuosamente solicitamos de este Ilustrsimo Tribunal que en
atencin al derecho expuesto declare No Ha Lugar la Solicitud de
Sentencia Sumaria presentada por la parte demandante y se declare
Sin Lugar la demanda de epgrafe, junto a cualquier otro
pronunciamiento que en derecho proceda.RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.En
San Juan, Puerto Rico a 13 de marzo de 2015.
CERTIFICO: Haber enviado copia fiel y exacta del escrito que
antecede al Lcdo. Luis R. Rivera Martnez, a la siguiente direccin:
RR6 Box 11358, San Juan, Puerto Rico 00926.
CESAR MIRANDA RODRIGUEZ
Secretario de Justicia MARTA ELISA GONZLEZ Y.
Secretaria Auxiliar de lo Civil
ILIA I. REICHARD MORAN
Nm. RUA 15,365
Directora de Asuntos LegalesJose M. Tous Cardona
Nm. RUA. 10,427
AbogadoDivisin de Confiscaciones y Fianza Criminal
Oficina de Litigios Generales
Departamento de Justicia
P.O. Box 9020192
San Juan Puerto Rico, 00902-0192
Tel. 721-2900, Ext. 2214; Fax. 725-2475
[email protected]
El Art. 1 de la derogada Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988,
dispona: Toda propiedad que sea utilizada en relacin a la comisin
de delitos graves y aquellos menos graves en que por Ley se
autorice la confiscacin, cuando tales delitos graves y menos graves
estn tipificados en el Cdigo Penal del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, en las leyes de sustancias controladas, de armas y
explosivos, en las leyes contra el crimen organizado, en las leyes
de juegos prohibidos, bebidas alcohlicas, leyes fiscales, leyes
contra la apropiacin ilegal de vehculos, leyes de vehculos y
trnsito y de embarcaciones, as como en otras leyes y aquella
propiedad que est sujeta a una sentencia de confiscacin que as lo
autorice, ser confiscada a favor del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
7
