Participación política de los desmovilizados de las FARC, informe tecnico.pdf

Informe Te cnico La posible participacin poltica

de los desmovilizados de las FARC La expresin participacin poltica pueda aludir a realidades muy diversas, la

mayor parte de las veces la encontramos, tanto en contextos acadmicos como

cotidianos, haciendo referencia a participacin electoral. En este caso se har

referencia al caso colombiano, enmarcndose en el contexto sobre el cual se

hace una de las exigencias que manifiesta el grupo Farc al estado colombiano.

ste informe puede contemplar otros mecanismos para participar en poltica

dentro de la sociedad ms a all de la accin electoral, segn las fuentes que se

citan. La situacin de esta participacin se convierte en un problema poltico con

dimensiones ticas, que implica a toda la sociedad, la cual est potencialmente

afectada y debe someter el caso a criterios morales y socio-polticos.

13-5-2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

MAESTRA EN POLTICAS PBLICAS

SEMINARIO: ANLISIS DE POLTICAS PBLICAS

y DEMOCRACIA

Luis Fernando Alarcn Urrutia

Informe tcnico Mayo 13 de 2014

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La participacin poltica de los desmovilizados de las FARC, implica revisar diversas

dimensiones y traer las variadas posiciones o miradas desde las cuales se construyen los

argumentos sobre ste problema poltico entre las FARC y el estado colombiano. Es necesario

poner argumentos morales sobre la situacin y analizar hasta dnde el sistema de gobierno,

las esferas de poder y justicia, la sociedad colombiana y otros actores potencialmente

afectados estn dispuestos a facilitar los mecanismos para que pueda llevarse a cabo la

peticin de participacin poltica que reclama el grupo denominado Farc. As mismo, es

necesario tener en cuenta, la posicin de quienes puedan cuestionar la realidad de ste

problema y atribuyan otro tipo valores1 o intereses por parte de los involucrados al

considerarlos nicamente como victimarios.

Desde los aspectos morales o ticos la informacin que se encuentra y que est basada

en fuentes reconocidas es reducida. Lo anterior no puede considerarse como un

desconocimiento a dicha dimensin, sino que en su mayora el marco de referencia para el

anlisis de la situacin se basa en aspectos normativos de tipo jurdico.

Se espera entonces, tratar de definir la naturaleza de la situacin problemtica. Luego

se proceder a desarrollar los dems puntos del esquema analtico: identificacin de las

consecuencias y de los beneficiarios o vctimas; identificacin de las causas (Roth, 2014:141-

142) y finalmente una propuesta argumentada de solucin.

1. Presentacin / Definicin del problema

La situacin problemtica enfrenta puntos a favor y en contra sobre la participacin de las

FARC en la poltica. Se debe por una parte al escenario de polarizacin poltica alimentado

desde el Gobierno anterior, que se manifiesta ahora en el veto que figuras pblicas plantean a

la participacin poltica de guerrilleros que se desmovilicen, juicios basados en criterios

ticos y morales. Este problema y los factores que lo rodean requieren una explicacin para

su comprensin, en una sociedad anestesiada frente a la violencia y radicalizada en medio de

odios, privilegios e insensibilidad ante los problemas sociales en el pas (Buitrago, 2013: 177).

Por otro lado, un aspecto que es necesario analizar es el programa de reinsercin y

reintegracin poltica (participacin poltica) de los antiguos combatientes a la vida pblica.

La idea de los programas de Desarme, Desmovilizacin y Reinsercin (DDR) es que los ex

combatientes desmovilizados se organicen polticamente y participen en las contiendas

electorales luego de reinsertarse a la vida civil. En Colombia esta participacin poltica ha

tenido muchos problemas pues los desmovilizados que han intentado no han tenido la

capacidad de desarrollar un proyecto poltico plenamente democrtico (Espinal, 2008: 13).

En este sentido, se requiere dar una real reintegracin y reinsercin poltica a los

desmovilizados para que puedan desarrollar su accin poltica normalmente desde luego bajo

1 Los valores: segn MULLER son las representaciones ms fundamentales sobre lo que es bien y lo que es mal,

lo deseable o lo que est por descartar. El debate equidad vs. igualdad es, tpicamente, un debate sobre los

valores, como lo era el debate sobre crecimiento o preservacin del ecosistema en los aos 90 (Muller, 2006:99).


2

las reglas del Estado de Derecho. Pensar, si es moralmente aceptable la participacin poltica

de los desmovilizados.

Existen dificultades jurdicas con las que habr que lidiar. Mientras avanzan los

procesos de negociacin para que esto se d, el pas deber definir cules delitos considerar

conexos al delito poltico, qu hacer con los guerrilleros que tengan condenas, cuya

participacin en poltica prohbe la Constitucin, y qu tratamiento dar a quienes hayan

cometido graves violaciones del derecho internacional.

Tambin, una parte de la sociedad no est dispuesta a perdonar sus crmenes a

cambio de su desmovilizacin. As las cosas, el problema no estara exclusivamente en hacer

modificaciones a la institucionalidad democrtica, sino en modificar sustancialmente la

cultura, elemento que parece se discute poco y mucho menos, hace parte de los debates

pblicos y privados en Colombia. (Ayala, 2013: 61). Se requiere avanzar hacia una sociedad

posconflicto, eliminar una de las grandes causas sealadas, las prcticas ilegales de

financiamiento y avanzar a un estado de verdad, justicia y reparacin en cuanto a las vctimas

y victimarios.

2. Identificacin de las consecuencias y de los beneficiarios o vctimas

Durante la ltima dcada, tanto la Poltica de Seguridad Democrtica como el Plan Colombia

han priorizado el fortalecimiento del Estado en trminos de seguridad, control territorial y

fortaleza militar. Ello se debe a la idea de concebir la superacin de la violencia armada en

trminos de ausencia de conflicto (Sierra, Escobar, & Pirn, 2013:6). Mientras avanza dicha

superacin de la violencia emergieron dilogos para tratar de darle solucin y garantas a los

derechos civiles y polticos en un marco del posconflicto luego de los acuerdos.

Sin embargo hay temas bastante complicados. Algunos actores afirman que los

dilogos de paz tambin son una ocasin para los desmovilizados tratar de lograr impunidad

para sus crmenes de lesa humanidad y sus crmenes de guerra. (El Colombiano, ob. cit. por

Nez, 2013: 18). Desde el punto de vista normativo, la ley denominada Marco Jurdico para

la Paz ha sido criticada por muchas entidades de derechos humanos porque garantiza a la

guerrilla que no todos sus delitos de lesa humanidad sern investigados y que no todos los

autores de los crmenes investigados sern procesados judicialmente; adicionalmente, esa

misma ley establece que los autores de los crmenes que sean investigados, procesados y

condenados al final podrn ser beneficiarios de la suspensin de las penas. Esta ley ha sido

calificada por organizaciones defensoras de derechos humanos como una ley de impunidad

(Nez, 2013: 18).

En el mismo sentido, otra crtica seala que el propsito de las Farc es que la firma de

un acuerdo de paz al final de los dilogos de La Habana tenga como requisito esencial que el

Estado acepte que ninguno de sus integrantes sea objeto de ningn tipo de persecucin o

investigacin judicial, por ningn tipo de delito. Es decir, ni siquiera aceptan comparecer


3

ante los jueces con la garanta de que no cumplirn las condenas a las que eventualmente

puedan ser objeto, como lo establece el Marco Jurdico para la Paz (Nez, 2013: 18).

Pero hoy, ms all de las pretensiones particulares de los grupos guerrilleros, no se

trata solamente de dictar sentencias condenatorias y privativas de la libertad, sino de buscar

mecanismos alternativos que faciliten poner fin a conflictos armados, sin llegar a la

impunidad. Reconocer los derechos de las vctimas, olvidados en indultos y amnistas

pasados, y los derechos de los desmovilizados, son ahora la prioridad (Buitrago, 2013: 181).

Esto incluye que muchos de los jefes de los grupos guerrilleros puedan aspirar a cargos

pblicos a travs de nuevos movimientos y ejercer oposicin poltica. En teora se dejan las

pocas del bipartidismo excluyente y de intolerancia poltica.

Por lo anterior, se hace necesario analizar los intereses de las partes y superar todos

los prejuicios personales en contra para entender el juego que se resuelve luego de una

negociacin de beneficios adquiridos, en la que pareciera se estara otorgando privilegios. Sin

embargo, esta consideracin sobre los desmovilizados no es tan sencilla cuando se est

tomando en cuenta la posicin de una vctima, quien no podr despojarse tan fcil de una

concepcin negativa, al llevar consigo una serie de secuelas e imgenes personales de

violencia que se deben reparar antes de tomar una posicin reconciliable. Con un sentir as, la

vctima no estara dispuesta a ver, y le parecera injusto que en un escao del Congreso o en

cualquier otro escenario de representacin popular estn quienes le hicieron dao.

Quizs con la mira puesta en la anterior posibilidad, el Congreso de Repblica expidi

el acto legislativo 1 de 2012, denominado, Marco jurdico para la paz, en el cual, entre otros

aspectos, se facult al Congreso de la Repblica para que mediante Ley Estatutaria

estableciera cules sern los delitos considerados conexos al delito poltico para efectos de la

posibilidad de participar en poltica. Cabe anotar que el mencionado acto legislativo, dej

claro que no podran ser considerados conexos al delito poltico los delitos que adquieran la

connotacin de crmenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemtica

(lvarez, 2013: 9).

No obstante, como seala lvarez ya hay voces que desde algunos sectores de la

opinin se levantan para afirmar que el Marco jurdico para la paz habra implicado una

sustitucin de la Constitucin y que por tanto la Corte Constitucional podra, si

eventualmente acogiera esa tesis, declararlo inexequible, lo cual dara al traste con la

posibilidad de revivir jurdicamente la conexidad. No obstante lo anterior, es preciso

recordar que la terminacin del conflicto armado supone la instauracin de mecanismos de

justicia transicional, que como su nombre lo indica, estn encaminados a facilitar los

procesos de paz y reconciliacin, lo que supone asegurar a quienes renuncian a seguir

confrontando al Estado por la va armada, condiciones que les faciliten su reincorporacin a

la vida democrtica y su participacin en la misma (lvarez, 2013: 9-10).

La paz y la reconciliacin son metas deseables para nuestra sociedad, conviene

sealar que en este caso, el derecho penal, en vez de convertirse en un obstculo, debe por el


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contrario facilitar esos caminos y en esa direccin la posibilidad de que se establezca la

conexidad para algunos delitos, sin que ello signifique impunidad. lvarez cita al el profesor

Reyes Echanda diciendo que en el fondo no se est consagrando impunidad alguna, sino

que se est aceptando una realidad y es la que el combate, para que sea tal, conlleva otros

resultados. Adems, cabe agregar que en virtud de tratados internacionales que obligan a

Colombia y a lo previsto en el Marco Jurdico para la paz, no podrn ser objeto de este

tratamiento privilegiado los delitos que adquieran la connotacin de crmenes de lesa

humanidad y genocidio cometidos de manera sistemtica (lvarez, 2013:10).

La reintegracin poltica est asociada tambin con las condiciones que facilitan la

participacin poltica por parte de los desmovilizados y han logrado convertirse en

interlocutores ante la sociedad y los grupos que representan. Los componentes bsicos de la

reintegracin poltica son: fortalecimiento de la gobernabilidad y liderazgos polticos; el

reconocimiento como sujeto poltico; competencia y participacin poltica y reparticin del

poder (Joaqun, 2010: 6).

La experiencia colombiana de la reintegracin de ex mandos medios de las Farc

muestra como consecuencia la invisibilidad en la participacin poltica por parte de los ex

mandos medios, que est asociada con las dificultades para lograr espacios de reconciliacin

con las comunidades receptoras y parece estar enmarcada en un mbito de sometimiento en

sociedades urbanas ajenas, las cuales parecen estar lejos del conflicto y esto se refleja en un

proceso que se lleva a cabo en territorios y comunidades sobre los cuales no ejercieron

control, no sufrieron el efecto de sus acciones en el pasado, y donde han optado por

permanecer en la invisibilidad. Esta invisibilidad y el hecho de que se encuentran lejos de sus

comunidades de origen han dificultado verdaderos procesos enmarcados en los elementos

considerados en la literatura como exigidos en los procesos de reintegracin econmica,

social y poltica. Por tanto es difcil alcanzar una plena reconciliacin cuando los ex mandos

medios tienen que abandonar sus comunidades para llevar a cabo su reintegracin en

comunidades ajenas a sus costumbres y modos de vida. (Joaqun, 2010: 8).

3. Identificacin de las causas (cadenas de causalidad)

En Colombia la poltica ha generado numerosos conflictos, que con frecuencia sobrepasan la

capacidad de la sociedad para controlarlos. Esta tendencia se agrav, por cuanto su

recurrencia facilit el surgimiento de grupos de delincuencia organizada, como las guerrillas,

los narcotraficantes y los paramilitares, que se mantienen y reproducen por la facilidad con

que delinquen frente a los pocos riesgos que corren. Persisten factores sociales que generaron

condiciones favorables para que los procesos histricos desembocaran en la situacin

mencionada. La permanencia de esos factores fue facilitada por la forma como evolucion la

sociedad, en especial por el papel que desempearon los grupos dirigentes en la

modernizacin capitalista, ocurrida desde mediados de los aos cuarenta del siglo pasado. Al

respecto, Buitrago seala seis factores que son sobresalientes:


5

1. Regionalizacin acentuada, dispersa y con tendencia endgena, que ha dificultado

una integracin poltica para la formacin de una nacin claramente definida. En este

ambiente, no se han creado referentes nacionales fuertes y estables. Esta debilidad

poltica de la nacin ha impedido el fortalecimiento de estructuras nacionales, como el

Estado, los partidos polticos y la sociedad civil.

2. Debilidad poltica del Estado, que se expresa en la poca capacidad para generar

credibilidad en sus instituciones, es decir, legitimidad. Esta situacin se concreta en la

limitada posibilidad de administrar los conflictos sociales para que no desemboquen

en violencias. La debilidad estatal se ocult durante ms de un siglo en un

bipartidismo premoderno, absorbente y sectario. La Iglesia catlica, tambin

absorbente y premoderna, sirvi de complemento a la sustitucin distorsionada de

funciones estatales.

3. Fragilidad de la sociedad civil, con pocas organizaciones hasta hace unas seis

dcadas, casi todas en representacin de intereses de las lites. La proliferacin

posterior de esas organizaciones ha sido dispersa, y adems tienen escasa capacidad

de expresarse para crear efectos destacados. Las dificultades para ejercer liderazgos,

debido a amenazas derivadas de la delincuencia organizada, han limitado tambin el

fortalecimiento de la sociedad civil.

4. Concentracin extrema de la riqueza y el ingreso, y consecuente polarizacin entre

pobreza y riqueza sin cambios significativos. Esta situacin fue amortiguada por el

crecimiento de clases medias producto de la tarda modernizacin capitalista y la

urbanizacin acelerada. Pero esta amortiguacin tendi a estancarse desde los aos

noventa. La exclusin social de gran parte de la poblacin es el corolario de este

factor.

5. Reproduccin permanente del campesinado pobre y excluido, debido a la existencia

de amplias fronteras agrarias, aisladas y dispersas, que mediante colonizaciones

espontneas, consecuencia de la presin de los terratenientes, cumplieron el papel de

vlvula de seguridad para los conflictos sociales hasta hace pocas dcadas. Esa clase

campesina facilit, al menos entre 1965 y 1985, la existencia de guerrillas.

6. Incapacidad de formular polticas sociales integrales pero tambin de

implementar las aprobadas para incorporar a sectores excluidos y romper la

tendencia de concentracin de la riqueza y el ingreso. Esto ha facilitado la continuidad

de acumulacin de capital sin regulaciones y la permanencia de privilegios, entre los

que sobresalen los de los terratenientes. Su representacin poltica

sobredimensionada, frente la poblacin diversificada, ha contribuido a esta

incapacidad de integracin.

En un ambiente que inclua los seis factores mencionados, a mediados del siglo

pasado comenz un tardo y catico proceso de modernizacin capitalista en la sociedad. Sus

dos dcadas iniciales exhibieron el sectarismo bipartidista, en el perodo conocido como La


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Violencia, que provoc masacres e inesperados cambios sociales, adems de alimentar la

debilidad del Estado. Comenz entonces una dispersa, rpida y desorganizada urbanizacin,

y una inestable diversificacin de la sociedad (Buitrago, 2013: 178).

En medio de la violencia, y con el fin de acabar con ese caos, sectores liberales de las

clases dirigentes forzaron un proyecto de modernizacin del Estado a travs del rgimen del

Frente Nacional, entre 1958 y 1974. Esta modernizacin poltica2 se apoy en un bipartidismo

excluyente, que careci de proyecto de nacin al reflejar los intereses de unas lites cobijadas

an por el exclusivo modelo oligrquico latinoamericano ahora agotado (Buitrago, 2013:

178).

Este modelo de integracin social supuso, adems, que al suprimir la oposicin

democrtica se limaban las asperezas polticas del bipartidismo y se disminuan los

conflictos. Pero la diversificacin social creci por fuera de un establecimiento limitado en su

influencia a partir de la prdida de las ideologas de pertenencia al bipartidismo, creando sus

propios medios de protesta y oposicin. La inestabilidad social desbord as el control de las

normas legales, a medida que su aplicacin equipar las protestas sociales con la subversin

nacida de los rezagos de La Violencia, los estmulos de la Guerra Fra y la ausencia de una

oposicin regulada. La estabilidad formal de las instituciones sirvi de amortiguador, e hizo

pensar que los problemas sociales eran controlables con la continuidad de facto del Frente

Nacional y la improvisada pero persistente represin oficial (Buitrago, 2013: 178-179).

La Violencia bipartidista entre liberales y conservadores fue el marco de la primera

desmovilizacin masiva de combatientes ilegales que cont con la intervencin del Estado.

En las guerras civiles del siglo XIX las tropas se disolvan o se integraban a las fuerzas

vencedoras y los estragos, fruto de los enfrentamientos, eran reparados por autogestin de

la poblacin civil (Vargas & Rubio, 2004:190).Tras la profundizacin de los enfrentamientos,

el gobierno en cabeza del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), expidi el decreto 1823

de 1953 para amnistiar a los insurgentes, lo que llev al desarme y desmovilizacin de 3.540

guerrilleros de los Llanos y de 3.000 guerrilleros de otras zonas del pas. Este proceso no fue

el fruto de una negociacin o de un pacto de paz sino de presiones militares o, como lo

advierte el maestro Orlando Fals Borda, engaos que llevaron a los frentes campesinos a

deponer las armas (Llanos y Tolima) (Sarrias, 2006:54).

Por esta razn, no se contemplaron expresamente programas en beneficio de los

desmovilizados, aunque se impuls el Instituto de Colonizacin e Inmigracin y se organiz

la Oficina de Rehabilitacin y Socorro para ejecutar el decreto y subsanar las regiones

2 El proceso de modernizacin social y poltica integr y transform antiguos problemas no resueltos en la

sociedad en particular el de tierras, a los que se les agregaron los producidos por los nuevos cambios, sin que se plantearan soluciones efectivas. En bsqueda de soluciones, los grupos dirigentes trataron de incorporar

sin xito los conflictos sociales al nuevo rgimen, para articular los intereses dispersos en la sociedad. Mediante

este rgimen, la burocratizacin y el clientelismo sustituyeron al sectarismo como motor de reproduccin del

bipartidismo, al expandir el aparato del Estado como medio de integracin frente a la diversificacin de intereses

y el aumento de conflictos (Buitrago, 2013: 178).


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afectadas. Los gobiernos siguientes continuaron las medidas represivas frente a las

organizaciones irregulares, contemplando nicamente mecanismos jurdicos como la

amnista y el indulto para propiciar desmovilizaciones individuales. Este fue el caso de la

administracin de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), quien impuls el decreto 2582 de

1958 como una medida unilateral para amnistiar e indultar a los subversivos y de Julio Csar

Turbay (1978- 1982), quien sigui la misma poltica (Sarrias, 2006:54).

Los gobiernos siguientes continuaron las medidas represivas frente a las

organizaciones irregulares, contemplando nicamente mecanismos jurdicos como la

amnista y el indulto para propiciar desmovilizaciones individuales. Este fue el caso de la

administracin de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), quien impuls el decreto 2582 de

1958 como una medida unilateral para amnistiar e indultar a los subversivos y de Julio Csar

Turbay (1978- 1982), quien sigui la misma poltica (Sarrias, 2006:54).

La situacin cambi con el presidente Belisario Betancur (1982-1986), quien con su

proyecto de paz y apertura democrtica, consigui la aprobacin de la Ley 35 de 1982 para

amnistiar a los combatientes de las diversas organizaciones guerrilleras, tras el

reconocimiento de su carcter poltico. Adems, los decretos 3286 y 3289 permitieron la

creacin del Plan Nacional de Rehabilitacin (PNR) para promover obras pblicas en zonas

afectadas por los enfrentamientos armados. Bajo estas circunstancias, se desmovilizaron

aproximadamente 700 guerrilleros de las Farc-EP, el EPL y el M-19 de forma individual, con

subvenciones que incluyeron dotacin de tierras, apoyo para vivienda rural, crditos y

algunos compromisos en atencin social como educacin y salud.

En 1989, la administracin de Virgilio Barco (1986-1990) decidi hacer una paz

negociada en donde el perdn jurdico, amnista e indulto, no era lo primero sino lo ltimo y

lo subsidiario, siendo lo principal el contenido poltico de los acuerdos (Pardo, 200, p.11).

As, el gobierno nacional y el Movimiento 19 de abril (M-19), suscribieron el Pacto Poltico

por la Paz y la Democracia bajo el cual se desmovilizaron alrededor de 900 combatientes.

Para su ejecucin se aprob la Ley 77 de 1990 que otorgaba amnistas e indultos, y el decreto

314 de 1990 que creaba el Consejo Nacional de Normalizacin. Este fue el inicio de una serie

de acuerdos de paz entre los distintos gobiernos y algunas guerrillas y milicias que se

desmovilizaron entre 1990 y 1998. Fueron alrededor de 4891 desmovilizados de 11 de los

grupos. Cada uno de estos grupos estableci un acuerdo de paz particular con el gobierno

nacional, que inclua diversos beneficios jurdicos, polticos y socioeconmicos para

garantizar su regreso a la vida civil. (Sarrias, 2006:55-57).

Por otro lado, el contexto social y poltico en el que confluy el pas en los aos

ochenta estimul el crecimiento del narcotrfico, mediante las necesidades campesinas en las

zonas de colonizacin, su proteccin interesada por parte de la subversin y la penetracin

mafiosa en la economa nacional. El narcotrfico se convirti en potenciador de problemas

existentes, como la debilidad del Estado y la consecuente impunidad, la corrupcin

estimulada por el clientelismo y el aumento del gasto pblico, la acumulacin capitalista

desregulada y la diversificacin de la violencia (Buitrago, 2013:179).


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La ineficacia militar frente a la subversin indujo a los terratenientes a organizar

grupos de paramilitares, con la anuencia del Ejrcito. Surgieron alianzas segn regiones e

intereses de grupos y sectores sociales, legales e ilegales, y aumentaron la delincuencia y las

acciones terroristas, entre las que sobresale el exterminio de la Unin Patritica3. Las

confrontaciones resultantes desembocaron en la ambivalente coyuntura de 1989 a 1991, que

culmin con una nueva Constitucin que reconoci una sociedad emergente, afirm la

descentralizacin y permiti la apertura del modelo de desarrollo (Buitrago, 2013:179).

En el plano de los acuerdos generales, el Pacto Poltico por la Paz y la Democracia,

entre el gobierno y el M-19, fue la base para la Asamblea Nacional Constituyente y la

Constitucin de 1991 en la que participaron representantes de todos los grupos

desmovilizados hasta ese momento. Adems, se estableci el voto obligatorio y el reemplazo

de las papeletas por un tarjetn electoral suministrado de forma igualitaria. Asimismo, se

crearon mecanismos de favorabilidad poltica para todos los grupos- que les permitieran

acceder a Circunscripciones Especiales de Paz (Sarrias, 2006:55-59).

El temor por parte de quienes detentan privilegios, a que el nuevo rgimen de la Carta

del 91 se tradujera en un sistema poltico ms democrtico, indujo el inicio de cambios

constitucionales e hizo resurgir los conflictos polticos en el establecimiento, el cual se

reacomod de acuerdo con las condiciones creadas por la apertura econmica y el

narcotrfico en expansin. La injerencia de Estados Unidos se hizo ms ostensible, motivada

por el fin de la Guerra Fra y su concepcin prohibicionista y represiva contra las drogas. As,

este problema se volvi prioritario para la seguridad hemisfrica (Buitrago, 2013:179).

Paralelo a los procesos de negociacin y desmovilizacin colectiva, se desarrollaron

algunas medidas para favorecer la desercin de ms guerrilleros. Csar Gaviria (1990-1994)

decret el estado de conmocin interior permitiendo as que los desertores se acogieran a

programas de proteccin a testigos y obtuvieran perdones judiciales. Estas disposiciones

fueron formalizadas posteriormente en el decreto 1385 de 1994, el cual reglament las

desmovilizaciones individuales al establecer la posibilidad de conceder indulto a la persona

que resolviera abandonar voluntariamente las armas. Igualmente, en el gobierno de Andrs

Pastrana (1998- 2002) se estimularon fuertemente las deserciones en especial de menores-

de los frentes de combate, llegando a 1.650 personas desmovilizadas en su administracin

(Vargas & Rubio, 2004: 205).

A partir de 1990 se crearon los mecanismos para facilitar a las organizaciones

armadas desmovilizadas las condiciones sociales, econmicas y de seguridad para que

puedan dejar efectivamente las armas y hacer trnsito a la vida civil. Se han llegado entonces

a procesos de desarme, desmovilizacin y reinsercin que tienen bsicamente tres objetivos:

uno poltico que implica la participacin poltica de miembros de los grupos desmovilizados;

3 Ese partido naci precisamente tras los acuerdos de La Uribe en 1984, y en su primera incursin electoral, en

1986, alcanz seis senadores, nueve representantes, 18 diputados y ms de 300 concejales. Pero a partir de 1986

una mano negra comenz a asesinar a sus miembros incluidos dos candidatos presidenciales.


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uno de seguridad ciudadana y convivencia; y uno econmico, con el cual se busca el retorno

de los excombatientes a la vida productiva (Borrego, 2003:2).

Pero, la debilidad del Estado se expres entonces en confusas alianzas para doblegar

al grupo ms desafiante de narcotraficantes, el cartel de Medelln, incluso con el apoyo de sus

competidores, el cartel de Cali, lo cual confluy en una confrontacin indiscriminada del

Gobierno con narcos y guerrillas. Ese enfrentamiento trajo consigo la dispersin del

narcotrfico, a medida que el establecimiento disimulaba sus vnculos con los

narcotraficantes y stos buscaban la proteccin de guerrillas y paramilitares, sus nuevos

socios antagnicos. Estos ltimos grupos se expandieron a la sombra de la incapacidad

estatal para confrontar a una subversin ya degradada (Buitrago, 2013:179).

La fragilidad poltica del gobierno de Samper, entre 1994 y 1998, derivada del

descubrimiento de vnculos del establecimiento con los narcotraficantes, inhibi la

posibilidad de retomar los intermitentes procesos de paz iniciados en 1982 y de buscar el

control civil sobre la poltica militar de orden pblico intentado en el Gobierno anterior. Esta

situacin fortaleci las guerrillas, al amparo de los rditos brindados por el narcotrfico, el

secuestro y la extorsin, y adems, los partidos de izquierda mostraron incapacidad para

definir una oposicin democrtica. Por su parte, los paramilitares tambin se fortalecieron,

secundados por sectores empresariales y la permisividad de la Fuerza Pblica. El Ejrcito

sufri entonces sus mayores derrotas frente a la subversin. Se impuls as el sometimiento

del control territorial y de las autoridades locales a la competencia entre guerrillas y

paramilitares. La disyuncin poltica entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y

locales adquiri mayor visibilidad (Buitrago, 2013:179).

El final de la larga estabilidad macroeconmica y la expansin del conflicto armado

interno reforzado por el desastre del Cagun mostraron que la violencia haba dejado de ser

funcional para muchos intereses dominantes. En el proceso del Cagun entre Gobierno y

guerrilla, la arrogancia de las Farc les hizo creer que eran invencibles frente a la escasa

capacidad poltica oficial, arruinando la mejor oportunidad de su larga historia para alcanzar

una paz. Pero en ello influy tambin la desconfianza estimulada por el exterminio de la

Unin Patritica. Con ello, la sociedad asumi enormes costos en vidas y recursos, y aumento

de la delincuencia y el narcotrfico, adems de frustrarse la posibilidad de fortalecimiento de

la democracia (Buitrago, 2013:179).

En estas circunstancias, la dirigencia del pas, inmersa en una sociedad atomizada y

con organizaciones polticas con poca legitimidad, amedrentada por el terrorismo y con

escaso liderazgo, claudic ante el modelo de intervencin del Plan Colombia liderado por la

poltica hemisfrica de Estados Unidos. La presin oficial de este pas oblig a la Fuerza

Pblica a reorganizarse y adquirir mayor capacidad operativa, aunque con distorsiones

derivadas de la poltica punitiva contra las drogas (Buitrago, 2013:180).

Entre 2000 y 2010 el fortalecimiento del poder pblico, como urgencia en pos de

aspirar a la superacin del escenario de conflictos violentos, ha sido una constante de los


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diferentes gobiernos colombianos. El desprestigio del proceso del Cagun influy en el

contundente triunfo del candidato presidencial que ofreca mano firme contra la subversin.

El prolongado gobierno de Uribe, inaugurado en 2002, se enfrent con decisin pero con

poca claridad a los problemas polticos, econmicos y de seguridad del pas (Buitrago,

2013:180).

Tanto la Administracin Pastrana (1998-2002) como, sobre todo, la Administracin

Uribe (2002-2010), han incorporado en sus diferentes mandatos polticos la prioridad que

supone el fortalecimiento institucional del Estado como vector fundamental en la superacin

de la cruenta realidad que azota a Colombia. (Sierra, Escobar, & Pirn, 2013:7). La cifra de

combatientes desmovilizados de manera colectiva e individual entre 2002 y 2006 fue colosal:

casi 40.000 (Sarrias, 2006:60).

En el campo de la seguridad, pese a la falta de precisin en la publicitada Poltica de

seguridad democrtica, el Presidente supo aprovechar los cambios operativos anteriores

para arreciar la ofensiva militar en contra de las Farc y confrontar sus medios terroristas,

bandoleriles y de sabotaje. La obsesiva presin presidencial por resultados medidos en

muertes enemigas indujo a actos delictivos por parte de la Fuerza Pblica. Por su parte, los

paramilitares recibieron trato preferencial frente a las guerrillas, amparados por sus alianzas

con dirigentes polticos regionales. La improvisacin oficial en el largo y publicitado proceso

de su desmovilizacin hizo ms visibles sus alianzas polticas y provoc la fragmentacin y

posterior reproduccin de antiguos grupos, aumentando la inseguridad en comarcas y

ciudades (Buitrago, 2013:180).

El recuento anterior, de un pas que ha llevado su historia en medio de violencias,

sirve de apoyo para tratar el de la participacin poltica por parte de eventuales

desmovilizados de la guerrilla (Buitrago, 2013:180). Sin embargo, problemas tales como

inequidad social, pobreza, parapoltica, connivencias de sectores polticos y del Estado con

narcotrfico y actores armados, persistencia de la violencia guerrillera, paramilitarismo

creciente, violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional

Humanitario (DIH) y/o desplazamiento forzado, ha surgido y persisten como desafos por

superar, ms all de la seguridad, si se pretende aspirar a una verdadera consecucin de la

paz en Colombia (Sierra, Escobar, & Pirn, 2013:6).

Por otra parte, otros autores observan que las Farc no han entrado a los dilogos de

paz de manera desinteresada y resueltas a llegar a un acuerdo asumiendo los costos

necesarios, derivados tanto a su casi nula representatividad social y poltica, como a su

insignificancia militar estratgica. Estn creando, un juego calculado y metdico para sacar el

mayor provecho de los dilogos de paz, y resueltas a continuar la lucha armada si no se les

satisface en su integridad las demandas que exigen (Nez, 2013: 19).

Parece ser que desde la anterior mirada, hasta ahora las Farc no han tomado la

decisin de abandonar la lucha armada. No se sienten derrotadas, al contrario, se sienten

victoriosas porque el Estado, segn ellas, ya hizo su mximo esfuerzo, y no las pudo derrotar.


11

En consecuencia, para las Farc la urgencia de hoy es recuperar la parte que perdieron, antes

de tomar en serio la decisin de abandonar la lucha armada en un futuro hipottico. Por ello

se niegan a hablar de negociacin e insisten en que solamente son dilogos de paz. Claro,

la negociacin implica que cada parte cede un poco en aras de llegar a un acuerdo; pero para

las Farc el nico que est obligado a entregar en estos dilogos es el Estado, mientras que

ellas se niegan a adquirir cualquier compromiso. Su inters es recuperar terreno, ms no

entregar ni comprometerse a nada (Nez, 2013: 19).

Con respecto a la debilidad de la democracia, la precariedad del Estado, la fuerza de la

violencia poltica, la corrupcin, el clientelismo y en general a las prcticas cotidianas en

amplios sectores sociales de este pas, tienen un profundo arraigo cultural que hace que los

cambios institucionales excepcionales y transitorios que hoy exigen las Farc, resulten inocuos

sino entendemos que Colombia, como pas y como nacin, deber hacer ingentes esfuerzos

para modificar sustancialmente las prcticas, los referentes y los valores culturales sobre los

cuales se ha legitimado tanto la violencia ejercida por las Farc durante ms de 50 aos, como

la que ejercen de tiempo atrs, contra las grandes mayoras, quienes han cooptado el Estado y

los partidos polticos para profundizar los privilegios de una clase dominante (Ayala, 2013:

61).

5. Propuesta argumentada de solucin

En la hora actual, en que el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC se encuentran

negociando un eventual acuerdo de paz, uno de los temas que se ha puesto de nuevo sobre la

mesa es la posibilidad de que los comandantes guerrilleros que hagan parte del acuerdo y

firmen la paz con el gobierno, se integren a la vida civil y eventualmente participen

activamente en poltica, con miras a acceder cargos de eleccin popular o a otros cargos

dentro de la estructura del Estado colombiano. En este escenario aparece el tema de la

conexidad en materia penal como una posible salida jurdica para que los delitos conexos

queden subsumidos en el delito poltico y por tanto reciban el tratamiento privilegiado que al

mismo le brinda la Constitucin poltica de 1991, lo que abrira la posibilidad de que los

guerrilleros desmovilizados puedan participar en poltica, elegir y ser elegidos, en fin, de

ocupar cargos dentro de la estructura del Estado colombiano (lvarez, 2013: 9).

Como ya se ha citado, el Congreso nacional aprob un Acto Legislativo tambin

conocido como el Marco Jurdico para la Paz4 diseado para facilitar las negociaciones de

paz mediante el establecimiento de instrumentos jurdicos de justicia transicional. El tercer

artculo del Marco Jurdico para la Paz que abre la puerta a la participacin en poltica de

miembros desmovilizados de aquellos grupos armados que acuerden un cese al fuego y

suscriban un acuerdo para la terminacin del conflicto. As, para una transicin exitosa, es

evidente la necesidad de que la ley estatutaria que desarrolle el Marco Jurdico para la Paz

evite definir una vinculacin mediante el establecimiento de una lista exhaustiva de delitos.

4 El acto legislativo, Marco Legal para la Paz, ha sido avalado por varios organismos nacionales consultados y a

pesar de las fuertes crticas que ha recibido por parte de otros actores, parece apropiado como mecanismo para

lograr un equilibrio entre la bsqueda de una paz negociada y la satisfaccin de los derechos de las vctimas.


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Se debe proponer la adopcin de una serie de criterios que permiten un anlisis caso por caso

de la posibilidad de participar en poltica. De cualquier modo, debe tenerse en cuenta que, a

diferencia de las experiencias de Sudfrica e Irlanda del Norte, el entendimiento tradicional

del delito poltico en el contexto colombiano es especialmente relevante para efectos de la

concesin de amnistas o indultos. Si bien la idea de la participacin en poltica de las Farc es

difcil de asimilar, y ha sido ampliamente criticada por sectores de la opinin pblica, lo

cierto es que este aspecto constituye un elemento esencial para una transicin exitosa hacia la

paz (Delgado, 2013: 269).

Hace poco ms de una dcada, la expresin justicia transicional era desconocida en

la sociedad colombiana. Se trataba de un concepto de reciente elaboracin en la academia

internacional, que en el medio nuestro generaba curiosidad entre algunos expertos en temas

de derechos humanos y estudios de paz. Adems, la justicia transicional poda resultar

extraa debido a que, dadas las caractersticas del contexto social en Colombia, el cambio

poltico se asociaba a la idea de una negociacin del conflicto que permitiera hacer un

trnsito de la guerra a la paz a travs de mecanismos como las amnistas y los indultos. Sin

embargo, en pocos aos la sociedad colombiana pas de la esperanza de un proceso de paz

con las Farc durante el gobierno de Andrs Pastrana (1998-2002), a la frustracin generada

por el fracaso de tales negociaciones, y ms an, al ascenso de un discurso de seguridad y

guerra contra el terrorismo en virtud del cual se transformaron las representaciones sociales

sobre el conflicto poltico, los actores en contienda, y las respuestas estatales a las

necesidades polticas percibidas. Una dcada despus de que el gobierno de Alvaro Uribe

(2002-2010) iniciara los acercamientos que llevaron a la desmovilizacin de las Autodefensas

Unidas de Colombia (AUC), las expresiones justicia transicional y derechos de las

vctimas se han constituido en elementos del lenguaje corriente en el escenario poltico en

Colombia (Snchez, 2013: 138).

Para la superacin sostenible de la violencia armada en Colombia, con o sin

negociaciones, la nocin de paz positiva es imprescindible. El xito militar muestra su

precariedad frente al necesario fortalecimiento del Estado de Derecho en un escenario de

urgencias sociales, polticas y econmicas (Sierra, Escobar, & Pirn, 2013:6). La participacin

poltica es una condicin para una paz duradera y estable en Colombia (Delgado, 2013: 267).

De lo que se trata ahora es de entender que la guerra es el fracaso de la poltica en su

bsqueda de paz, pues hoy su objetivo central es evitar la guerra institucionalizando los

conflictos y negociando los intereses presentes en la sociedad. Esta premisa debera ser el eje

de las conversaciones en La Habana en un marco de negociacin y no slo de dilogos

unilaterales, ya que dicha negociacin no debera ser un sometimiento por parte de las Farc

sino un proceso de negociacin con todos los actores y un marco renovado se justicia y paz.

De ah la necesidad de buscar la participacin poltica de quienes se desmovilicen, pero no

mediante amnistas o indultos, sino a travs de recursos internacionales y nacionales

expresados en modelos de justicia transicional (Buitrago, 2013:180).

Las perspectivas constructivistas, y concretamente la sociologa del campo social,

brindan herramientas que permiten explicar procesos histricos, as como comprender


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conflictos asociados con el diseo y uso de mecanismos de justicia transicional en Colombia.

En segundo lugar, estas perspectivas tericas permiten tener en cuenta la agencia de los

actores sociales, as como las limitaciones estructurales, los marcos institucionales y las

expresiones culturales en la vida cotidiana, como parte de la construccin de sentidos y

prcticas de justicia transicional (Snchez, 2013:148).

De manera similar a lo que ocurre en los campos sociales (Bourdieu, 2000 cit.

Snchez, 2013:148). la justicia transicional es un espacio de disputa complejo en el que

diferentes actores, con diferentes intereses, discursos y recursos, luchan alrededor de la

conceptualizacin, el diseo y aplicacin de mecanismos orientados a promover la paz y

responder a las demandas de justicia, en el contexto de una transicin poltica (Teitel, 2000;

Hagan y Levi, 2005; McEvoy, 2008). Pero las implicaciones sociales de los procesos de

transformacin poltica van ms all de los simples diseos institucionales, pues las tensiones

polticas y culturales continan presentndose, tanto en espacios institucionales como no

institucionales (Snchez, 2013:148). Snchez hace nfasis en un modelo de abajo hacia arriba

bottom-up con el fin de observar y contemplar todas las perspectivas en estos procesos entre

las esferas organizacionales y las esferas institucionales; reconociendo el rol de actores no

estatales en la construccin de un discurso democrtico sobre los derechos de las vctimas y

responder a las demandas de rendicin de cuentas luego de violaciones masivas de derechos

humanos en pocas de cambio poltico.

El actual panorama internacional es diferente al de hace poco ms de dos dcadas,

cuando Colombia apareci ante el mundo por causa del narcotrfico y la violencia. En ese

tiempo, las lites continuaban con indultos y amnistas cada vez que se agotaba uno de los

tantos conflictos armados (Buitrago, 2013: 180). El objetivo de la participacin es abrir

nuevos espacios que permitan controlar los factores de inseguridad que subsistan en el pas.

Esta meta responde a la necesidad de fortalecer el Estado, para que adquiera la capacidad de

institucionalizar los conflictos y negociar los intereses, en lugar de ser un factor ms de

conflicto (Buitrago, 2013: 177).

Lo anterior implica reconocerlos, mediante la divulgacin de la verdad y la bsqueda

de reparacin por parte de los victimarios, hace parte de los medios transitorios de justicia.

Tambin debe haber garanta de no repeticin, incluida una rendicin de cuentas por parte

de las Farc. As mismo, entre la multitud de casos que hacen imposible su investigacin,

seleccionar algunos destacados es imprescindible para llegar a una justicia razonable, en aras

de una paz. Esto hace parte de una labor pedaggica de humanizacin del conflicto, no slo

para las vctimas sino para una sociedad anestesiada ante las tragedias, en la que priman

ideologas radicales y vendettas (Buitrago, 2013: 181).

Pero como seala Buitrago el problema ms grave no es jurdico, sino poltico e

ideolgico. Si bien las Farc se han ganado un repudio generalizado por sus desmanes y

crmenes, y por su descaro al negar hechos repudiables en contra de las leyes, ste se ha

acrecentado por conveniencia poltica del Gobierno anterior y por la del ahora expresidente y

sus huestes. Quienes repudian esta guerrilla sin que medien intereses polticos, y


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comprendan la trgica situacin de la sociedad colombiana, su reaccin frente a un eventual

xito en las negociaciones sera de tranquilidad y de aceptacin a la participacin poltica de

desmovilizados.

Adems de formas de participacin poltica5 y otras medidas que seran refrendadas

por la voluntad popular mediante mecanismos adecuados previstos en la Constitucin, sera

conveniente una reforma de fondo para inducir un sistema de partidos efectivo y

democrtico, que es inexistente. Habra que incluir all un nuevo sistema electoral, as como

reformas al rgimen poltico para hacer ms funcional la democracia. Sin esos cambios no

tendra presentacin abrir las puertas a una participacin de guerrilleros desmovilizados en

un campo minado por el clientelismo, la corrupcin, las alianzas con criminales, y, lo peor,

por ciertos delincuentes que ejercen la poltica. En ese caso, sera ofrecerles en bandeja de

plata a los exguerrilleros la tentacin de continuar delinquiendo (Buitrago, 2013: 181).

Es necesario abrir la caja negra e indagar que opinin tienen otros actores que no han

sido convocados al escenario de accin. Sin duda para que llegase por lo menos a iniciar un

proceso legtimo de poltica pblica sobre dicha participacin de los desmovilizados se

requiere que se integren al proceso.

Siguiendo lo anterior, otro artculo presenta una reflexin sobre los vacos existentes

en la garanta de los derechos de las mujeres vctimas del conflicto armado y la necesidad de

incluir el anlisis de gnero en las medidas para garantizar los derechos a la verdad, la

justicia, la reparacin y la no repeticin. Se sostiene que pese a los estndares internacionales

y a las experiencias de otros pases en Colombia el proceso de justicia transicional no ha

tenido en cuenta las realidades, las representaciones, las necesidades y transformaciones de

los roles de las mujeres como vctimas sobrevivientes del conflicto armado. Este estado de

ceguera ha llevado a que en el momento actual de dialogo de paz con una de las guerrillas

colombianas, la participacin de las mujeres y el reconocimiento de sus afectaciones

diferenciales estn ausentes. Se concluye afirmando que, de continuar esta ausencia, que

lleva a la impunidad, Colombia no podr alcanzar una paz sostenible y duradera, porque

reproducir la misma lgica de dominacin que durante siglos ha reprimido la voz de las

mujeres (Lpez, 2013:124).

La participacin poltica de las Farc, en el contexto de unos acuerdos de paz firmados

y refrendados en el Congreso de Colombia, demandar de los colombianos un exigente

cambio cultural, en aras de aceptar que ex guerrilleros de las Farc lleguen a la mxima

corporacin legislativa, para desde all, luchar por hacer los cambios que no lograron hacer

con las armas (),Un cambio cultural que podra entenderse como una verdadera revolucin

cultural, que por supuesto incluira a los propios desmovilizados de las Farc, pero tambin a

quienes hoy hacen parte del Estado. El respeto al otro, a la Otredad, a la diferencia, es un

5 Las formas de una posible participacin poltica son muy diversas y podran caber en los recursos que brinda la

justicia transicional. Unos pocos ejemplos sobre la materia: nuevos movimientos y partidos; cupos transitorios en

rganos de representacin popular; conmutacin de penas por beneficios a las vctimas o a la sociedad; penas

cortas con posibilidades posteriores de participacin; e indultos a penas por delitos menores.


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principio y valor democrtico que no slo ha sido violentado por las propias Farc, sino por

actores de la sociedad civil, interesados en mantener las histricas condiciones de

ilegitimidad del orden social establecido (Ayala, 2013: 59).

Que las Farc hagan poltica, ms all de las circunstancias y de los hechos jurdico-

polticos previamente definidos en el marco para la paz (Acto Legislativo 1, 2012) y los que se

logren consensuar a travs de los mecanismos de justicia transicional, demandar una

verdadera revolucin cultural en el pueblo colombiano, en especial en aquellos sectores que

an desconocen las condiciones en las que se dio el levantamiento armado y en aquellos

ciudadanos que se resisten a examinar, con juicio, la legitimidad de un estado dbil, violento

y excluyente como el que hemos construido todos los colombianos, bien por accin o por

omisin; de igual manera, el esfuerzo cultural va dirigido hacia aquellos que an desestiman

los problemas que ofrece tener una sociedad desordenada, indisciplinada y con graves

dificultades en lo que alude a procesos de socializacin. El marco en el que se configure el

referencial para lograr el propsito que aqu se ha expuesto, puede variar en relacin con los

actores y redes que se conformen durante el proceso de diseo institucional de una poltica

pblica.

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Participación política de los desmovilizados de las FARC, informe tecnico.pdf