Público Amnistía Internacional Federación Rusa · Recientemente, la noche del 23 al 24 de noviembre, Oleg Orlov, presidente del Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial y tres

Noviembre de 2007 Índice AI: EUR 46/053/2007

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Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España

Público

Amnistía Internacional

Federación Rusa: Los defensores y defensoras de los derechos humanos, en situación de riesgo en el Cáucaso septentrional

Índice AI: EUR 46/053/2007 Amnistía Internacional Noviembre de 2007

ÍNDICE

Introducción ..................................................................................................................... 1 Violaciones de derechos humanos en el Cáucaso septentrional ................................... 3 Intentos de silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y profesionales de la abogacía ........................................................................................ 4

Secuestro de Oleg Orlov y de tres periodistas de REN TV ........................................ 5 Amenazas contra el defensor de los derechos humanos Magomed Mutsolgov ........ 5 Intentos de abrir una causa criminal contra una abogada de derechos humanos ..... 6

Acusaciones de “terrorismo” y “extremismo” contra defensores y defensoras de los derechos humanos .......................................................................................................... 7

Tortura y malos tratos contra el defensor de los derechos humanos Osman Boliev . 8 Presunta publicación de comunicados de prensa incitando al odio étnico ................ 9

Restricciones del derecho a la libertad de reunión ....................................................... 10 Dispersión por la fuerza de un acto en memoria de Anna Politkovskaya ................ 10 Dispersión de manifestaciones contra la desaparición forzada ............................... 11

Persecución contra una organización de derechos humanos y activistas políticos ..... 12 Stanislav Dmitrievskii y otros miembros de la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena .................................................................................................................. 12

Recomendaciones ......................................................................................................... 15 Recomendaciones a las autoridades de la Federación Rusa: ................................. 15 Recomendaciones a otros gobiernos: ....................................................................... 16 Recomendaciones a la Unión Europea y a sus Estados miembros: ........................ 16

Índice AI: EUR 46/053/2007 Amnistía Internacional Noviembre de 2007

Federación Rusa: Los defensores y defensoras de los derechos humanos, en

situación de riesgo en el Cáucaso septentrional

Introducción

Anna Politkovskaya, periodista y defensora de los derechos humanos rusa, fue

asesinada el 7 de octubre de 2006 en Moscú. Había informado sobre la situación en

el Cáucaso septentrional y viajado repetidas veces a Chechenia, Ingushetia y otras

repúblicas de la región para reunirse con personas cuyos derechos habían sido

violados y escribir sobre ellas. Debido a estas actividades fue víctima de acoso e

intimidación. En Chechenia la detuvieron, 1 y había sido amenazada con sufrir

consecuencias más graves si continuaba con su labor. Muy probablemente la

mataron porque no quiso interrumpirla.

El asesinato de Anna Politkovskaya no es un incidente aislado. Otros defensores y

defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y periodistas que ponen de

relieve la situación de los derechos humanos en el Cáucaso septentrional y defienden a las

personas cuyos derechos han sido violados, siguen siendo sufriendo acoso e intimidación.

Recientemente, la noche del 23 al 24 de noviembre, Oleg Orlov, presidente del Centro Ruso

de Derechos Humanos Memorial y tres periodistas de la cadena de televisión rusa REN TV –

Artem Vysotskii, Karen Sakhinov y Stanislav Goriachikh– fueron secuestrados en su hotel de

Nazran, en la república de Ingushetia, y sometidos a malos tratos (véase infra).

Amnistía Internacional siente preocupación porque las autoridades de la Federación

Rusa no están abordando con eficacia la actual crisis de derechos humanos en el Cáucaso

septentrional, donde prevalece la impunidad y siguen perpetrándose violaciones de derechos

humanos tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

“Confesiones” obtenidas mediante tortura pueden utilizarse para imponer largas penas de

prisión en juicios que no cumplen las normas internacionales de justicia. Por ello, en el

Cáucaso septentrional, Rusia incumple la obligación que le impone el derecho internacional

de los derechos humanos de respetar y proteger el derecho a la vida, a no sufrir torturas ni

otros malos tratos, a la libertad y seguridad personales y a un juicio justo. En esas

circunstancias, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los profesionales de la

abogacía y los periodistas independientes desempeñan un papel fundamental en la promoción

de la protección de los derechos humanos, observando y documentando las violaciones de

derechos humanos que se produzcan.

1 La detuvieron arbitrariamente en febrero de 2001 y también en febrero de 2002. La liberaron debido a

las protestas que su detención generó de inmediato en Rusia y en todo el mundo. En junio de 2004

durante varias horas no se le permitió abandonar el domicilio de Ramzan Kadyrov, entonces vice-

primer ministro de Chechenia, a quien había entrevistado.

2 Federación Rusa: Los defensores y defensoras de los derechos humanos, en situación de riesgo en el Cáucaso septentrional

Amnistía Internacional, noviembre de 2007 Índice AI: EUR 46/053/2007

Según la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos,

mientras los Estados tienen “la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y

hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”, todas las

personas tienen derecho a “presentar a los órganos y organismos gubernamentales y

organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su

funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda

obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las

libertades fundamentales”.2

La Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos y otras

declaraciones y directrices regionales e internacionales instan a los gobiernos a imponer

límites al trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y

profesionales de la abogacía sólo en la medida en que sea necesario para proteger los

derechos y las libertades de otras personas. La Declaración reitera el derecho de toda persona

a denunciar o pedir resarcimiento si sus derechos han sido violados, y establece que toda

persona tiene el derecho a “ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro

asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades

fundamentales” (artículo 9). Además, los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de

los Abogados establecen los deberes, responsabilidades y derechos de los profesionales de la

abogacía. El principio 16 pide a los gobiernos que garanticen que estos profesionales pueden

cumplir sus obligaciones y responsabilidades sin sufrir intimidación, obstáculo ni acoso.

Cuando estos principios y directrices no se respetan, existe el peligro de que los derechos

humanos básicos y las libertades fundamentales se violen con impunidad.

Para que los defensores y defensoras de los derechos humanos, los profesionales de la

abogacía y los periodistas puedan desempeñar su trabajo, es esencial que se respete también

su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, el cual consagran tanto el

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades

Fundamentales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La

Federación Rusa es Estado Parte en ambos tratados.

Amnistía Internacional, mediante su labor de investigación sobre el terreno y sus

contactos con numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y

profesionales de la abogacía que trabajan en el Cáucaso septentrional, ha identificado una

pauta preocupante que sugiere que estas personas son perseguidas y sometidas a violaciones

de derechos humanos debido a su trabajo. El presente informe contiene ejemplos de los

obstáculos a los que se enfrentan quienes trabajan para proteger los derechos humanos en el

Cáucaso septentrional, y destaca algunos casos ilustrativos de violaciones de los derechos

humanos cometidas contra quienes intentan salir en su defensa.

2 Título completo: Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las

Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales

Universalmente Reconocidos (Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos),

artículos 2 y 8, respectivamente.


3


Violaciones de derechos humanos en el Cáucaso septentrional

La situación en Chechenia y en el resto del Cáucaso septentrional ha mejorado algo en los

últimos años. Se han reconstruido carreteras y viviendas, se han abierto negocios y se han

reanudado los vuelos a Grozni, la capital de Chechenia. La comunicación con el resto de

Rusia es más fácil gracias a los cibercafés y a la red de telefonía móvil que opera en la

actualidad en todo el país.3

Al mismo tiempo, en Chechenia las fuerzas de seguridad siguen cometiendo

violaciones de derechos humanos. Abusos perpetrados en el pasado, tales como

desapariciones forzadas, tortura –incluyendo violación y malos tratos– y ejecuciones

extrajudiciales siguen impunes, al igual que los que se cometen en la actualidad. Además,

cada vez es más difícil hablar abiertamente de las violaciones de derechos humanos, debido al

miedo de las víctimas a denunciar y a la represión de que son objeto los defensores y

defensoras de los derechos humanos y los periodistas. Una periodista relató a Amnistía

Internacional cómo un funcionario encargado de hacer cumplir la ley se había puesto en

contacto directamente con ella y le había aconsejado que destruyese el material que había

reunido si deseaba seguir viviendo en Chechenia sin sufrir ningún daño. En general, el

gobierno ejerce un férreo control sobre la prensa y la televisión.

En los últimos años la violencia se ha extendido a otras repúblicas del Cáucaso

septentrional, tales como Ingushetia, Osetia del Norte, Kabardino-Balkaria y Daguestán.

Amnistía Internacional ha investigado numerosos casos de desaparición forzada, ejecución

extrajudicial, tortura y malos tratos en Ingushetia en los últimos años. A lo largo de 2007, la

situación de seguridad en esta república ha sufrido un grave deterioro. Según algunos sitios

web de Ingushetia, 4 últimamente se vienen produciendo entre 20 y 25 explosiones e

incidentes con disparos al mes. Hombres armados no identificados han perpetrado numerosos

ataques contra civiles: algunos miembros de familias de etnia rusa han sido víctimas de

homicidio y varias personas resultaron heridas al explotar una bomba cuando se oficiaba el

funeral por una de las víctimas. En este tipo de ataques también han muerto varios miembros

de una familia de etnia romaní, dos hombres coreanos y una familia de Daguestán. Al mismo

tiempo, grupos armados han lanzado ataques contra miembros de agencias encargadas de

hacer cumplir la ley en Ingushetia, a menudo con consecuencias mortales.

A lo largo del año al menos tres hombres murieron en la ciudad de Nazran por

disparos efectuados por agentes encargados de hacer cumplir la ley; aunque las autoridades

3 Hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de los proveedores de telefonía móvil rusos no incluían el

territorio de Chechenia en su servicio a los usuarios de otras partes del país. 4 En el momento de redactar este informe el acceso a uno de estos sitios de Internet,

www.ingushetiya.ru, se encuentra bloqueado para los usuarios de Ingushetia. Anteriormente ha

habido intentos de cerrarlo.

http://www.ingushetiya.ru/



han afirmado que estos individuos habían opuesto resistencia armada, testigos de los

homicidios aseguran que fueron ejecutados sumariamente. Se ha informado de casos

semejantes en las localidades de Malgobek y Karabulak.

Según informes, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están realizando

controles de identidad y detenciones en Ingushetia sin identificarse. Amnistía Internacional ha

recibido informes que indican que en ocasiones los funcionarios encargados de hacer cumplir

la ley llevan máscara y que las personas detenidas en esas circunstancias pueden luego ser

víctimas de desaparición forzada o de homicidio, a veces tras haber sufrido torturas. Según

informes, en una incursión aparentemente realizada con fines punitivos en el pueblo de Ali

Yurt en julio de 2007, los agentes rodearon a los habitantes y los golpearon; además,

detuvieron a siete hombres y los condujeron al edificio del Servicio Federal de Seguridad de

Magas, donde, según los informes, los sometieron a malos tratos.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, entre enero y principios de

agosto de 2007 al menos 20 personas fueron secuestradas o víctimas de desaparición forzada

en la república de Daguestán. Familiares de estas personas creen que los responsables son los

organismos encargados de hacer cumplir la ley locales.

A lo largo de los últimos años Amnistía Internacional ha tenido noticia de varias

personas detenidas en Osetia del Norte, a las que presuntamente se sometió a tortura y malos

tratos en centros de detención no oficiales, como el Departamento para la Lucha contra el

Crimen Organizado del Ministerio del Interior en Valdikavvkaz, Osetia del Norte. Según los

informes, se las recluyó en régimen de incomunicación y se las torturó para obligarlas a

“confesar” un delito.

Intentos de silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y profesionales de la abogacía Las personas que intentan informar sobre las violaciones de derechos humanos descritas

anteriormente corren un riesgo elevado de convertirse ellas mismas en víctimas de violaciones

de derechos humanos. Numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos,

periodistas y profesionales de la abogacía han informado a Amnistía Internacional de que

funcionarios del gobierno los han amenazado con que ellos o sus familiares “sufrirán las

consecuencias” si continúan realizando su trabajo, o incluso si denuncian que han recibido

amenazas. Por ello, en este documento Amnistía Internacional sólo puede dar nombres en

algunos casos como ejemplo de una situación más general. En este clima de intimidación,

algunos periodistas que escriben desde la región utilizan pseudónimos.5 Varios abogados de

derechos humanos han sufrido intimidación, amenazas y acoso. Defensores y defensoras de

5 Es el caso, por ejemplo, de algunos periodistas que escriben para el Instituto de Crónicas de Guerra y

Paz (IWPR).


5


los derechos humanos han sido objeto de intimidación y amenazas, y las organizaciones que

trabajan en este campo han sufrido numerosas inspecciones en aplicación de la ley sobre

organizaciones no gubernamentales. Esta ley entró en vigor en 2006 y parece que se está

interpretando arbitrariamente para intimidar a las personas que defienden los derechos

humanos.

Secuestro de Oleg Orlov y de tres periodistas de REN TV

La noche del 23 al 24 de noviembre de 2007, Oleg Orlov –presidente del Centro Ruso de

Derechos Humanos Memorial– y tres periodistas del canal ruso de televisión REN TV –Artem

Vysotskii, Karen Sakhinov y Stanislav Goriachikh– se encontraban durmiendo en un hotel de

Nazran, en Ingushetia, cuando varios hombres armados, enmascarados y vestidos con

uniformes de camuflaje los despertaron y los obligaron a acompañarlos. Los hombres

armados se llevaron todas sus pertenencias del hotel, incluidos ordenadores, dinero, libretas,

ropa y teléfonos móviles; les cubrieron la cabeza con bolsas de plástico, y los amenazaron con

dispararles. Luego los condujeron a un lugar desconocido, donde los golpearon y los

abandonaron al cabo de dos horas. Como en el hotel no les habían dado tiempo para vestirse

ni ponerse los zapatos, tuvieron que caminar descalzos hasta la comisaría de policía más

próxima, en el pueblo de Nesterovskaia, donde pidieron ayuda.

La agencia de noticias rusa Interfax citó fuentes policiales según las cuales el

secuestro había sido perpetrado por “el ejército”.

La mañana del 24 de noviembre, los cuatro hombres fueron conducidos a la comisaría

central de policía de Nazran, donde explicaron cómo les habían secuestrado y maltratado. Allí

los examinó un médico, que recomendó la hospitalización urgente de Artem Vysotskii. Sin

embargo, la policía no lo dejó marchar y sólo permitió que los tres periodistas abandonaran la

comisaría en torno a la una de la tarde. Oleg Orlov fue autorizado a abandonar la comisaría

antes, en torno a las once y media de la mañana.

En el momento de redactar este informe, el comité investigador de la Fiscalía de

Ingushetia había abierto una investigación criminal en virtud de los artículos siguientes del

Código Penal de la Federación Rusa: “quebrantamiento violento del derecho a la intimidad”

(artículo 139.2); “intromisión de funcionarios en la práctica legal del periodismo” (artículo

144.2); “robo con violencia, planeado y cometido por un grupo de personas, sin riesgo para la

vida y la salud” (artículo 161.2.a y g). Por tanto, hasta la fecha la causa criminal no incluye

“secuestro” (artículo 126) ni “amenaza de muerte o de daños graves a la salud” (artículo 119).

Amenazas contra el defensor de los derechos humanos Magomed Mutsolgov

Magomed Mutsolgov comenzó a trabajar en favor de los derechos humanos cuando su

hermano, Bashir Mutsolgov, fue víctima de desaparición forzada en diciembre de 2003,

después de que unos enmascarados armados lo detuvieron a la puerta del domicilio familiar

en Karabulak, Ingushetia. Junto a otros familiares de víctimas de desapariciones forzadas,

creó la organización de derechos humanos MASHR (“Paz”), registrada oficialmente en 2005

como la Organización Regional Pública No Comercial “MASHR”. La organización



proporciona apoyo a familiares de personas que han sido objeto de desaparición forzada y a

víctimas de tortura y malos tratos, incluyendo ayuda para presentar recursos ante las

autoridades. También publica información sobre las víctimas de violaciones de derechos

humanos en Ingushetia y organiza actividades en su favor.

A principios de mayo de 2007, el sitio web ingushetiya.ru, registrado en Ingushetia,

publicó una carta anónima de alguien que decía ser funcionario encargado de hacer cumplir

la ley. Esta persona afirmaba haber oído casualmente conversaciones entre colegas suyos en

las que se insinuaban intentos de fabricar una causa penal contra Magomed Mutsolgov, “por

todos los medios posibles”, incluyendo la colocación de narcóticos o munición en sus

bolsillos. Cuando ese mismo mes Amnistía Internacional habló con Magomed Mutsolgov

sobre la carta, éste afirmó que tenía razones para sospechar que él y su oficina estaban siendo

vigilados. También mencionó que le habían hablado de una directiva interna recibida por

funcionarios de Ingushetia en la que se le declaraba persona non grata en el edificio del

gobierno y se instruía a los funcionarios para que no se reunieran con él allí. Magomed

Mutsolgov ha recibido otras amenazas indirectas, al parecer debido a su trabajo. En

septiembre de 2007, un joven a quien había ayudado con su apelación ante las autoridades

después de haber sufrido presuntamente torturas, le contó que había oído decir a quienes lo

detuvieron que “se ocuparían de Magomed Mutsolgov”.

A principios de noviembre de 2007, Magomed Mutsolgov informó a Amnistía

Internacional de que un desconocido lo había visitado en su domicilio en Karabulak y le había

dicho que había oído a sus contactos que Magomed Mutsolgov debía estar muerto antes del

31 de diciembre de 2007. Magomed Mutsolgov ha afirmado no saber si estas amenazas son

intentos de intimidarle o si deben tomarse en serio. Está tomando precauciones, pero asegura

que no dejará de realizar su trabajo en favor de los derechos humanos.

Según Magomed Mutsolgov, desde 2006 la agencia de inspección tributaria, el

Servicio de Registro Federal y la Fiscalía de la república han inspeccionado las actividades de

MASHR en repetidas ocasiones. El Servicio de Registro Federal, que la ha investigado dos

veces en 2007, ordenó a Magomed Mutsolgov cambiar el nombre de la organización y volver

a registrarla con el de Organización de Derechos Humanos Regional Pública No Comercial

“MASHR”. Aunque Magomed Mutsolgov reconoce el derecho de las autoridades a

inspeccionar las actividades de su organización, cree que la frecuencia de las inspecciones y

la exigencia de volver a registrar la ONG apuntan a un intento de obstaculizar su trabajo de

derechos humanos y de impedir que MASHR continúe con su labor en el futuro.

Intentos de abrir una causa criminal contra una abogada de derechos humanos

Irina Kodzaeva es miembro del colegio de abogados de la república de Osetia del Norte.

Durante los últimos años ha representado a varias personas acusadas de pertenecer a grupos

armados y que denunciaron que las torturaron para obligarlas a firmar una “confesión”. El 28

de agosto de 2007 no se le permitió ver a uno de sus clientes, Nazir Shamsudinovich

Muzhakhoev, quien había sido trasladado de un centro de detención preventiva de


7


Valdikavkaz, en Osetia del Norte, a uno de detención temporal dependiente del Ministerio del

Interior de la república para ser interrogado en relación con cargos de participación en actos

de “terrorismo”. Los investigadores dijeron a Irina Kodzaeva que su cliente había decidido

que ella dejara de ser su representante legal. La abogada temía que no fuera cierto, ya que no

le mostraron ningún documento que confirmase esta decisión de su cliente. También tenía

razones fundadas para temer que su defendido fuese sometido a tortura y malos tratos, ya que

otros clientes suyos lo habían sido en circunstancias similares.

Irina Kodzaeva afirma que cuando intentó acceder a la parte del edificio del

Ministerio del Interior donde suponía que su cliente permanecía recluido, uno de los

investigadores la golpeó en la cabeza y la apartó de la entrada. Ella se golpeó la cabeza con el

marco de la puerta y más tarde se comprobó que había sufrido una conmoción.

Posteriormente Irina Kodzaeva presentó una solicitud formal para que la Fiscalía iniciase

diligencias penales contra el investigador. Sin embargo, la Fiscalía no quiso hacerlo por

considerar que no podía probarse que se hubiese cometido un delito. Al mismo tiempo, el

investigador presentó una denuncia contra ella ante la Fiscalía, alegando que la abogada lo

había agredido. La Fiscalía concluyó que había pruebas suficientes para iniciar una causa

criminal contra ella por obstaculizar la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir

la ley y utilizar la violencia contra ellos.

Acusaciones de “terrorismo” y “extremismo” contra defensores y defensoras de los derechos humanos En el clima de inestabilidad del Cáucaso septentrional, donde desde hace años las autoridades

llevan a cabo de forma habitual “operaciones antiterroristas” y reprimen cualquier clase de

disidencia, los defensores y defensoras de los derechos humanos que se enfrentan a las

autoridades y exigen que los derechos humanos sean respetados, incluidos los derechos de las

personas acusadas de “terroristas”, pueden ser acusados ellos mismos de actividades

“terroristas” o “extremistas”. Estas acusaciones se utilizan a menudo para desacreditarlos y

obstaculizar su trabajo. Amnistía Internacional ha observado que los defensores y defensoras

de los derechos humanos sufren de manera sistemática violaciones de derechos humanos

simplemente por defender los derechos de otras personas.

Amnistía Internacional también siente preocupación porque la ley de 2002 contra las

actividades extremistas, incluidas las últimas reformas, introducidas en 2007, se utiliza para

restringir el derecho a la libertad de expresión, incluido el trabajo de los defensores y

defensoras de los derechos humanos y de los periodistas. Las definiciones que contiene la ley

de lo que constituye “extremismo” son poco precisas y se prestan a ser interpretadas con

arbitrariedad.



Tortura y malos tratos contra el defensor de los derechos humanos Osman Boliev

Osman Boliev, defensor de los derechos humanos y ex presidente de la ONG Romashka

(“Margarita”) de la república de Daguestán, había trabajado con la abogada rusa Karinna

Moskalenko, de la ONG Centro de Protección Internacional, para preparar y enviar

solicitudes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Osman Boliev ha contado a Amnistía

Internacional que en noviembre de 2005 lo detuvieron y torturaron para obligarlo a “confesar”

que era un agente extranjero y que “simpatizaba” con el terrorismo.

Según su relato, el 15 de noviembre de 2005 la policía local de tráfico de Jasavyurt,

Daguestán, le pidió que acudiese a la comisaría de este servicio policial para ser interrogado

sobre la posible implicación de su vehículo en un accidente. A su llegada, le ordenaron que

subiese a otro vehículo en el que esperaban varios agentes de policía. Osman Boliev ha

explicado a Amnistía Internacional:

Inmediatamente me esposaron y me pusieron una capucha. Me privaron de oxígeno

hasta que perdí el conocimiento. Me desperté en una sala donde me ataron a una

silla. Empezaron a golpearme y a darme patadas y me retorcieron el brazo. Caí al

suelo y saltaron sobre mí, pisándome la cabeza, mientras me exigían que admitiese

que era un agente y que les dijese qué servicio secreto me había entrenado. Querían

que les dijera para quién trabajaba. Yo les respondí: “Soy defensor de los derechos

humanos, trabajo para todas las personas. Si tienen un problema pueden recurrir a

mí.” Pensaron que me estaba burlando de ellos, y los golpes y las patadas se

intensificaron […] Me amenazaron con matar a mi familia si no colaboraba con ellos

y con enviarme a Chechenia, hacerme explotar y presentarme como un terrorista

suicida […] Luego trajeron una granada y dijeron que la habían encontrado en mi

poder. No entendía lo que decían porque me habían golpeado en los oídos y tenia

todo el rato un un zumbido en la cabeza[…] Me torturaron durante casi tres días

pero no sé cuánto tiempo permanecí allí, ni si era de día o de noche [...] Durante

todo el tiempo estuve esposado. Ya no sentía las manos […] Me tiraban de los

brazos para llevármelos a la espalda y saltaban sobre mí.

El 17 de noviembre Osman Boliev, que ya no podía andar, fue llevado ante un juez

para que autorizara la prolongación de su detención. Cuando declaró ante el juez que lo

habían torturado y describió lo que le habían hecho, el secretario del tribunal abandonó la sala,

al parecer incapaz de soportar su descripción. Sin embargo, el juez no adoptó ninguna medida

para garantizar que las denuncias de tortura fuesen investigadas. Osman Boliev fue entonces

puesto bajo detención preventiva y acusado oficialmente de posesión ilegal de munición.

Según ha contado a Amnistía Internacional, un abogado que lo visitó llamó a una ambulancia

y fue entonces cuando recibió tratamiento médico básico.

A pesar de las protestas de ONG rusas e internacionales contra su detención, Osman

Boliev continuó recluido hasta el 13 de febrero de 2006. Para entonces su salud se había

deteriorado considerablemente debido a las presuntas torturas y a que no había recibido

tratamiento médico adecuado. Cuando empezó a padecer problemas respiratorios y cardiacos


9


lo liberaron en espera de juicio. En mayo de 2006 un tribunal de Jasavyurt lo absolvió, pero

en junio ya se estaban preparando nuevas acusaciones contra él.

Cuando se entrevistó con Amnistía Internacional en julio de 2006, Osman Boliev

temía que se estuviera preparando una nueva acusación falsa contra él y que lo detuvieran de

nuevo. Desde entonces Osman Boliev ha huido de la Federación Rusa y ha encontrado asilo

en otro país. Aunque se abrió una causa criminal en relación con su detención arbitraria y

tortura, según la información de que dispone Osman Boliev, el caso se ha cerrado porque “no

se encontraron indicios de delito”. Los ex compañeros de Osman Boliev en Romashka

recibieron presiones de las autoridades para que pusiesen fin a sus actividades, y la ONG fue

clausurada a comienzos de 2007 con arreglo a las disposiciones de la ley que rige el

funcionamiento de las ONG, al no haber recibido las autoridades informes de ninguna

actividad realizada por la organización.

Presunta publicación de comunicados de prensa incitando al odio étnico

El Comité Checheno de Salvación Nacional, ONG radicada en Ingushetia, observa e informa

sobre la situación en el Cáucaso septentrional, especialmente en Chechenia. Desde 2004

funciona bajo la amenaza de su clausura, ya que las autoridades la acusan de divulgar

información no probada de carácter “extremista” sobre la situación en la región. La ONG

emite comunicados de prensa e informes acerca de desapariciones forzadas, de casos de

detención y tortura y de las condiciones que imperan en los centros de alojamiento temporal

en Ingushetia para las personas desplazadas internas procedentes de Chechenia. También

organiza programas de formación para abogados de derechos humanos y mesas redondas

sobre la situación de los derechos humanos en la región.

En agosto de 2004 la Fiscalía de Ingushetia concluyó que 12 comunicados de prensa

emitidos por el Comité Checheno de Salvación Nacional eran de carácter “extremista” y

tenían por objeto incitar al odio entre personas de etnia chechena y de otras nacionalidades.

Los comunicados de prensa en cuestión contenían información acerca de detenciones

arbitrarias y presuntas torturas y malos tratos de personas de etnia chechena en Ingushetia. Se

emitieron después de que grupos armados perpetraran un ataque contra edificios del gobierno

en Ingushetia en junio de 2004, tras el que las autoridades detuvieron a varios chechenos que

residían en centros de alojamiento temporal en Ingushetia, acusándolos de participar en el

ataque.

Amnistía Internacional ha visto los comunicados de prensa y no considera que tengan

carácter “extremista”. 6 En un principio, un tribunal de Nazran, Ingushetia, no encontró

razones para considerar los comunicados de prensa como material “extremista”. Sin embargo,

en febrero de 2005, el Tribunal Supremo de Ingushetia anuló esta decisión y ordenó al

tribunal que examinase de nuevo el contenido de los comunicados. Ruslan Badalov,

6 El Comité Checheno de Salvación Nacional fue una de las primeras organizaciones que publicó

información que indicaba que las autoridades de Ingushetia estaban implicadas en violaciones de

derechos humanos.



presidente del Comité Checheno de Salvación Nacional, pidió a varios expertos

independientes que analizasen los comunicados de prensa. Entre ellos se encontraba la ONG

Consejo de Expertos Legales Independientes, que trabaja para ofrecer opiniones de expertos

en varios casos de presuntas violaciones de derechos humanos, incluida la violación del

derecho a la libertad de asociación. Ruslan Badalov también encontró a miembros de la

Academia Rusa de las Ciencias y de institutos lingüísticos de universidades del Cáucaso

septentrional dispuestos a facilitar análisis y opiniones de expertos en relación con el

contenido de estos comunicados de prensa. Todas estas opiniones se presentaron al tribunal de

Nazran. A principios de noviembre el tribunal todavía no había adoptado una decisión.

Ruslan Badalov contó a Amnistía Internacional que en agosto de 2007 el Servicio de

Registro Federal había ordenado que se llevase a cabo la segunda inspección en un año de las

actividades de su organización. Con arreglo a la ley de ONG que entró en vigor en 2006, las

autoridades sólo en circunstancias excepcionales pueden inspeccionar más de una vez al año

los documentos y actividades de una ONG registrada. Las actividades y las finanzas de la

organización se habían revisado recientemente, y toda la documentación solicitada había sido

enviada a las autoridades sólo diez días antes de que se recibiese la nueva orden de

investigación. Ruslan Badalov afirmó haber recibido una comunicación del departamento

ingush del Servicio de Registro Federal, según la cual este organismo había recibido

información que apuntaba a que el Comité Checheno de Salvación Nacional podía haber

violado la ley de ONG y, por tanto, era necesario llevar a cabo otra inspección. En el

momento de redactarse este informe, Ruslan Badlav no había recibido más información

acerca de cuáles podían ser estas supuestas violaciones.

Restricciones del derecho a la libertad de reunión Las autoridades rusas han reconocido en reuniones con defensores y defensoras de los

derechos humanos y representantes de otros gobiernos, como los Estados miembros de la

Unión Europea (UE), que durante el último año la respuesta policial a manifestaciones,

concentraciones, reuniones y asambleas no ha sido siempre la adecuada en toda la Federación

Rusa. También han expresado la intención de mejorar el trabajo de los departamentos

gubernamentales que se ocupan de las reuniones y manifestaciones públicas para proteger

mejor el derecho a la libertad de reunión. El siguiente incidente es indicativo de los problemas

que deben abordarse.

Dispersión por la fuerza de un acto en memoria de Anna Politkovskaya

Tras el asesinato de Anna Politkovskaya el 7 de octubre de 2006, en todo el mundo, incluida

la Federación Rusa, se celebraron actos en su memoria. Sin embargo, cuando en Nazran,

Ingushetia, activistas de derechos humanos se reunieron el 16 de octubre de 2006 para

celebrar un acto conmemorativo, la policía y hombres vestidos de civil los dispersaron

violentamente. Al parecer, pisotearon retratos de Anna Politkovskaya y golpearon a las

personas que se habían concentrado. Uno de los hombres vestidos de civil asestó un puñetazo

a una de las participantes, Ekaterina Sokirianskaia, miembro del Centro de Derechos


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Humanos Memorial, provocándole una conmoción y fractura del tabique nasal. Un

investigador de la Fiscalía de Nazran interrogó a Ekaterina Sokirianskaia sobre la agresión y

posteriormente, el 7 de noviembre de 2006, emitió la decisión de no abrir una causa criminal.

Esta decisión fue anulada posteriormente por el fiscal adjunto de Nazran y devuelta a la

Fiscalía del Distrito para que volviese a ser examinada. Ésta decidió abrir diligencias penales.

En el momento de redactar este informe, cuando ha transcurrido más de un año desde la

agresión, ninguna persona ha comparecido ante la justicia.

Tras el acto conmemorativo la policía detuvo a al menos cinco personas, tres mujeres

y dos hombres, todas ellas activistas locales de derechos humanos. Se las acusó de delitos

administrativos. Cuando Amnistía Internacional se puso en contacto con el departamento de

policía de Nazran esa tarde, se le informó de que los detenidos habían tenido acceso a un

abogado. Sin embargo, al mismo tiempo, la ONG Memorial informó a Amnistía Internacional

de que se había impedido al abogado acceder a los detenidos. Según Memorial, los activistas

permanecieron detenidos seis horas, el doble del periodo máximo permitido en el Código

Administrativo de la Federación Rusa.

Posteriormente un tribunal estableció que cuatro de los activistas no habían violado

ninguna ley. Al quinto, Magomed Mutsolgov, organizador oficial del acto conmemorativo y

presidente de la organización de derechos humanos MASHR (véase supra), se le impuso una

multa de 1.000 rublos (38 dólares estadounidenses) por haber violado el procedimiento para

organizar una concentración. Magomed Mutsolgov explicó a Amnistía Internacional que

había seguido al pie de la letra el procedimiento, informando a las autoridades del evento con

antelación. Recurrió la sentencia y la multa pero sigue esperando la decisión definitiva.

Memorial presentó una denuncia ante un tribunal de Nazran, en relación con la detención

ilegal de varios participantes. El tribunal municipal de Nazran y el Tribunal Supremo de

Ingushetia han rechazado la denuncia.

Dispersión de manifestaciones contra la desaparición forzada

Durante los últimos años un número significativo de personas han sido víctimas de

desaparición forzada o secuestro en Daguestán, según los informes. Un grupo de amigos y

familiares de estas personas, denominado Madres de Daguestán por los Derechos

Humanosllevó a cabo una concentración el 10 de agosto de 2007 frente al edificio del

gobierno en Majachkalá, capital de la república de Daguestán. Su objetivo era pedir que se

adopten medidas para poner fin a los secuestros y desapariciones. Varias personas que

participaban en la concentración también comenzaron una huelga de hambre para llamar la

atención sobre la situación de los derechos humanos en la república, en especial sobre el

problema de los secuestros y las desapariciones forzadas. Los organizadores de la

concentración explicaron a Amnistía Internacional que, de acuerdo con la ley, habían

anunciado su intención de celebrar la concentración a las autoridades y habían proporcionado

la información necesaria 10 días antes del evento.

Según algunos testigos, entre 30 y 40 mujeres y hombres se reunieron a lo largo de la

tarde del 10 de agosto frente al edificio del gobierno, portando pancartas. Sin embargo, la



policía hizo su aparición e informó a uno de los organizadores de que la concentración no

estaba autorizada y de que debían marcharse. A pesar de que los organizadores dijeron a los

policías que tenían permiso para celebrar el acto, uno de los agentes ordenó a sus colegas que

dispersaran a los participantes.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, la policía comenzó

entonces a golpear a hombres y mujeres haciendo uso de sus porras y los sacó a la rastra de la

plaza. Al menos una de las mujeres, Gulnara Rustamova, recibió un golpe en la cabeza y

sufrió una posible conmoción. Tres días más tarde informó a Amnistía Internacional de que

todavía se sentía mareada y tenía dificultad para recordar algunas cosas.

Según Gulnara Rustamova, el número de policías era muy superior al de

manifestantes.

Gulnara Rustamova contó a Amnistía Internacional que la policía había detenido

presuntamente a tres hombres y los había conducido al departamento de policía del distrito de

Sovietskii en Majachkalá. Según los informes, uno de los hombres no había participado en la

concentración, sino que era un testigo que intervino para detener los golpes de la policía. Lo

liberaron ese mismo día. El segundo detenido, Murtuz Shakhrulaev, fue puesto en libertad al

día siguiente, y el tercero, Izmail Butdaev, el 12 de agosto.

La hermana de Izmail Butdaev informó a Amnistía Internacional de que éste no había

tenido acceso a un abogado durante su detención y de que las autoridades habían afirmado

que lo habían liberado en el plazo de tres horas permitido por la ley en tales casos, aunque su

hermano permaneció en el departamento de policía más tiempo. Lo acusaron de “negarse a

obedecer órdenes de la policía” (artículo 318.1 del Código Penal de la Federación Rusa).

El 15 de agosto, un tribunal de Majachkalá absolvió a Izmail Butdaev y declaró que

las Madres de Daguestán por los Derechos Humanos no habían violado la ley que regula las

reuniones, concentraciones, manifestaciones y procesiones. Según los informes, el tribunal

estableció que la policía no había actuado conforme a la ley. Amnistía Internacional no ha

tenido conocimiento de que se haya iniciado ningún procedimiento disciplinario o penal

contra la policía por dispersar la concentración utilizando medios violentos, infligir malos

tratos a los participantes, practicar detenciones arbitrarias o quebrantar el derecho

constitucional a celebrar reuniones públicas. Las Madres de Daguestán por los Derechos

Humanos siguen pidiendo información acerca de la suerte y el paradero de sus familiares.

Persecución contra una organización de derechos humanos y activistas políticos

Stanislav Dmitrievskii y otros miembros de la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena

Stanislav Dmitrievskii, originario de la ciudad de Nizhnii Novgorod, ha sido objeto de una

presión creciente por sus críticas implacables a la situación de los derechos humanos en el

Cáucaso septentrional y por su activismo político. Comenzó su trabajo de derechos humanos


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durante el primer conflicto checheno (1994–1996), y en 1999 fundó junto con varios

activistas rusos y chechenos la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena. Esta organización

prestaba apoyo a víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaba ayuda médica

para las víctimas del conflicto e informaba acerca de crímenes de guerra y violaciones de

derechos humanos.7 Junto a otras ONG de derechos humanos de Nizhnii Novgorod, también

publicaba el boletín Pravozashchita.8

Durante varios años Amnistía Internacional ha seguido muy de cerca la situación de

la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena y tiene conocimiento de varios casos de

miembros del personal y voluntarios de la ONG que han sufrido violaciones de derechos

humanos, entre ellas tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. 9 Varios

miembros chechenos de la ONG decidieron abandonar la Federación Rusa después de haber

recibido graves amenazas. El 9 de enero de 2004, agentes encargados de hacer cumplir la ley

se llevaron de su domicilio en Argun, Chechenia, a Aslan Davletukaev, voluntario de la

Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena. Su cuerpo fue encontrado, mutilado, el 16 de

enero de 2004 cerca de la ciudad de Gudermes, Chechenia. Su familia sigue esperando que

los responsables de su muerte comparezcan ante la justicia.

En 2005 Stanislav Dmitrievskii fue acusado de fomentar la enemistad étnica y racial

por publicar artículos en Pravozashchita escritos por dirigentes separatistas chechenos. El 3

de febrero de 2006 fue declarado culpable de “incitación al odio o la enemistad racial o

étnica” en aplicación del artículo 282.2 del Código Penal ruso. Un tribunal de distrito de

Nizhnii Novgorod le impuso una condena condicional de dos años y un periodo de libertad

vigilada de cuatro. Durante este periodo de cuatro años, Stanislav Dmitrievskii tiene que

informar a las autoridades de cualquier cambio de residencia o planes de viaje, y tiene que

presentarse periódicamente ante las autoridades locales. Amnistía Internacional no considera

que el material publicado por Stanislav Dmitrievskii contuviera incitaciones a la enemistad

étnica y racial; si Stanislav Dmitrievskii hubiese sido encarcelado, Amnistía Internacional lo

consideraría preso de conciencia.

Tras su condena, un tribunal de Nizhnii Novgorod ordenó el cierre de la Sociedad

para la Amistad Ruso-Chechena en octubre de 2006. Según la ley rusa sobre ONG, una

persona que ha sido declarada culpable de delitos considerados de índole “extremista” no

puede ser miembro de una ONG y mucho menos presidirla.10

En enero de 2007, el Tribunal Supremo de la Federación Rusa confirmó esta decisión.

Tras la audiencia en el Tribunal Supremo, Stanislav Dmitrievskii explicó a Amnistía

7 Una organización nominalmente distinta, la Agencia de Información Ruso-Chechena, era la

encargada de publicar los informes. 8 Pravozashchita significa defensa de los derechos, expresión que se utiliza a menudo como

equivalente de la protección de los derechos humanos. 9 Véase, por ejemplo: Russian Federation: The Risk of Speaking Out (Índice AI: EUR 46/059/2004).

10 Sección 2.4 de la ley federal sobre organizaciones públicas.



Internacional que la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena acudiría al Tribunal Europeo

de Derechos humanos de Estrasburgo para pedir justicia. Dijo:

La decisión del Tribunal Supremo es peligrosa para la sociedad civil y para Rusia en

su conjunto. Es una decisión política e ilustra claramente que a las autoridades rusas

no les importa la sociedad civil. Transmite una señal equivocada y no le ha pasado

desapercibida a la comunidad internacional. En nuestra apelación hemos

demostrado que la resolución inicial del tribunal de Nizhnii Novgorod fue ilegal. La

decisión del Tribunal Supremo nos plantea una serie de problemas administrativos,

pero no detendrá nuestro trabajo en favor de los derechos humanos.

El 17 de agosto de 2007, el tribunal de distrito de Sovietskii, en Nizhnii Novgorod

decidió imponer unas restricciones más estrictas a Stanislav Dmitrievskii. La decisión del

tribunal se produjo en respuesta a un recurso presentado por la sección de Nizhnii Novgorod

del Departamento Central de Ejecución de Penas. El recurso se había presentado después de

que Stanislav Dmitrievskii organizase y participase en una “marcha de disidentes” en Moscú

en abril de 2007, acto por el que fue declarado culpable de violar el Código Administrativo de

la Federación Rusa. Los organizadores de la marcha habían previsto celebrar una

concentración en la Plaza de Pushkin en Moscú, que las autoridades no habían autorizado.

Stanislav Dmitrievskii fue detenido cerca de la plaza de Pushkin, antes del comienzo de la

manifestación, mientras repartía ejemplares de la Constitución rusa. Esta decisión, si llega a

aplicarse, significaría que cualquier violación del Código Administrativo podría conducir al

levantamiento del carácter condicional de la condena de Stanislav Dmitrievskii y a su

consiguiente encarcelamiento. Incluso una simple infracción administrativa, como cruzar la

calle con el semáforo en rojo para los peatones, podría provocar su ingreso en prisión.

Stanislav Dmitrievskii recurrió contra la decisión del tribunal de distrito y el 26 de octubre de

2007, el tribunal municipal de Nizhnii Novgorod admitió su recurso y ordenó que el caso

fuese revisado por otro juez del tribunal de distrito. Finalmente, el 23 de noviembre, éste

decidió una vez más imponer restricciones a Stanislav Dmitrievskii.

En abril de 2007, varios ex miembros de la Sociedad de Amistad Ruso-Chechena

crearon una nueva organización, la Fundación de Apoyo a la Tolerancia de Nizhnii Novgorod,

mientras intentaban registrar de nuevo la primera en Finlandia y continuaban con el trabajo de

la Agencia de Información Ruso-Chechena.11

A finales de agosto de 2007, la Fiscalía confiscó

los ordenadores de la Fundación e inició un procedimiento penal en relación con el posible

uso sin licencia de los programas utilizados en ellos. La Fundación había previsto celebrar

una conferencia internacional sobre derechos humanos y democracia la víspera del

aniversario del asesinato de Anna Politkovskaya, pero a mediados de septiembre la sección

local del banco donde tenía sus cuentas comunicó a su tesoreroque ya no podían aceptarla

como cliente. Según Oksana Chelysheva, presidenta de la Fundación y directora de la

Agencia de Información Ruso-Chechena, el banco había recibido informes de que la

Fundación era sospechosa de ser una “organización extremista”. El 5 de octubre, día en que

11

La Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena fue registrada oficialmente en Finlandia en octubre de

2007.


15


estaba prevista la conferencia, se comunicó a los organizadores que la sala reservada

previamente para su celebración no estaba disponible. Al día siguiente, la Fiscalía de Nizhnii

Novgorod llevó a cabo un nuevo registro de los locales de la Fundación. La policía confiscó

el vehículo de uno de los voluntarios de la organización durante varias horas bajo sospecha de

que era robado, aunque el propietario estaba sentado en su interior y podía facilitar la

documentación que confirmaba su titularidad. El 6 de octubre, cinco representantes de

organizaciones internacionales de derechos humanos, que se encontraban en Nizhnii

Novgorod para asistir a la conferencia, permanecieron varias horas detenidos por el Servicio

Federal de Migración, y se les impusieron multas por violación del código administrativo.

En aquel momento se supo que las autoridades rusas habían presionado a la

presidencia española de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)

para que no registrase a la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena como participante en

una conferencia de la OSCE prevista para el 13 de septiembre de 2007 en Viena. La

delegación rusa afirmó que la ONG se había visto implicada en actos de terrorismo y

extremismo y amenazó con abandonar la conferencia si participaba. Cuando Oksana

Chelysheva tomó la palabra en la Reunión de Aplicación sobre Cuestiones de la Dimensión

Humana, organizada por la OSCE en octubre de 2007 en Varsovia, la delegación rusa

abandonó la sala en señal de protesta.

Recomendaciones De acuerdo con la legislación nacional y las obligaciones internacionales de la Federación

Rusa, debe respetarse a las personas que intentan observar y documentar las violaciones de

derechos humanos y proporcionar asistencia a las víctimas de tales violaciones. Debe

reconocerse su trabajo como un elemento esencial en la protección de los derechos humanos

en la Federación Rusa.

Recomendaciones a las autoridades de la Federación Rusa:

Que respeten y protejan el derecho de los defensores y defensoras de los derechos

humanos y de los profesionales de la abogacía a realizar su trabajo sin obstáculo,

intimidación o acoso, de acuerdo con la Declaración de la ONU sobre los Defensores

de los Derechos Humanos y los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los

Abogados.

Que garanticen el respeto del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación,

consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Que emitan directrices claras para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

acerca del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, de acuerdo con las

normas internacionales.



Que garanticen que todas las violaciones de derechos humanos contra defensores y

defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y periodistas son

investigadas sin demora y de modo exhaustivo, independiente e imparcial, y que las

personas sospechosas de tales violaciones comparecen ante la justicia.

Que se abstengan de proferir amenazas y de presentar denuncias y acusaciones no

probadas, como tachar de “terroristas” o “extremistas” a defensores y defensoras de

los derechos humanos que se limitan a ejercer pacíficamente su derecho a la libertad

de expresión.

Recomendaciones a otros gobiernos:

Que recuerden a las autoridades de la Federación Rusa su obligación de proteger el

derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, especialmente en el Cáucaso

septentrional.

Que, en sus visitas a la Federación Rusa, mantengan reuniones con defensores y

defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y periodistas,

especialmente del Cáucaso septentrional.

Recomendaciones a la Unión Europea y a sus Estados miembros:

Que apliquen en su totalidad las Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de

los Derechos Humanos.

Documents

Público Amnistía Internacional Federación Rusa · Recientemente, la noche del 23 al 24 de noviembre, Oleg Orlov, presidente del Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial y tres