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Plan de acción inmediata para reactivar la vivienda socialEl impulso a los programas habitacionales que tiene a su cargo el Ministerio de Vivienda constituye una acción clave tanto para la recuperación de la actividad constructora, y de la economía en general, como para la implementación de una estrategia exitosa contra la ocupación ilegal del suelo y la edificación informal que afectan especialmente a las áreas urbanas en el país. En los últimos años, las metas alcanzadas por estos programas han ido decreciendo, incrementando la demanda insatisfecha de vivienda. En el presente informe, CAPECO propone desarrollar un conjunto de acciones urgentes para revertir esta tendencia.

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Desde hace varios años, CAPECO ha propugnado la necesidad de vincular el desarrollo de las ciudades con el fortalecimiento del mercado habita-cional, para lo cual ha planteado la iniciativa “Una mejor ciudad es po-sible”, que propone trabajar en cinco líneas estratégicas:(a) generación de suelo urbano a partir de un nuevo modelo de planificación urbana; (b) articulación de los programas de inversión en servicios públicos con los objetivos de la política nacional de vivienda; (c) sostenibilidad de los mecanismos de subsidios y créditos para vivienda; (d) simplificación de los procedimientos administrativos relativos a las habilitaciones urbanas y a las edificaciones; y (e) creación de una estrategia integral para la seguridad y competitividad de la actividad constructora.

Nuestro país necesita actualizar sus instrumentos de política de vivienda y desarrollo urbano para atender los nuevos desafíos que implican la bús-queda de potencial en las actividades productivas; el acceso de la población, especialmente la de bajos ingresos, a mejores condiciones habitacionales y sociales; y la sostenibilidad de las ciudades y su articulación territorial.

El Ministerio de Vivienda, Construc-ción y Saneamiento, como entidad rectora a nivel nacional, juega un papel preponderante en el logro de tales propósitos. En el año 2006, se aprobaron los planes nacionales de vivienda, saneamiento y desarrollo urbano que tuvieron vigencia hasta el año 2015, por lo que urge una actualización de tales instrumentos.

El Ministerio ha venido trabajando un nuevo Plan de Vivienda y Desarrollo

Urbano que debe partir de una eva-luación de lo alcanzado en el periodo de vigencia de los anteriores planes y trazarse objetivos hasta el año 2027. Con el propósito de alcanzar el máxi-mo consenso posible y de asegurar la vigencia de este plan, independien-temente de los periodos guberna-mentales, es importante generar un debate amplio entre actores públicos y privados, siendo uno de los espacios más apropiados para tal propósito el de la Comisión Consultiva de Vi-vienda y Urbanismo, que integran el Ministerio de Vivienda, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, la Asociación de Municipalidades, la Municipalidad Metropolitana y CAPECO.

En este contexto, uno de los facto-res clave de la gestión ministerial es el cambio de perspectiva y escala. En principio, luego de más de 15 años de implementación de una política urbano-habitacional basada en una visión comparti-mentada de las responsabilidades sectoriales, es necesario propi-ciar en el nuevo plan una visión sectorial articulada con acciones integradas que vinculen la pla-nificación urbana y territorial, la gestión y formalización del suelo, el acceso al agua y a la vivienda, y el incremento de la productividad de la construcción.

Complementariamente a esta ini-ciativa de largo aliento, es necesario atender desafíos de corto plazo. En los últimos tres años, los principales programas de vivienda del Estado (Mivivienda y Techo Propio) han sufrido una merma significativa en sus niveles de operación. El número de Créditos Hipotecarios Mivivienda se redujo 12% en el 2017 respecto al 2016 y 46% respecto al año récord de 2013, en el que se alcanzó poco más de 13 mil desembolsos de créditos. Por su parte, el programa Techo Propio, en sus dos principales modalidades, también ha tenido un comportamiento negativo.En la modalidad de construcción en sitito propio -dirigida a familias po-bres que tienen terrenos titulados y carecen de vivienda adecuada- se alcanzó a desembolsar subsidios para construir más de 46 mil unida-des en el año 2015, pero en los dos años siguientes hubo una caída, por lo que el nivel de desembolso apenas superó las 20 mil unidades en el 2017; es decir, una reduc-ción de 56%. En la modalidad de adquisición de vivienda nueva –a través de la cual los beneficiarios

Fuente: Mivivienda

D esafíos en el corto plazo

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V isióngeneral

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acceden a una vivienda en un pro-yecto inmobiliario- el mayor nivel de operación se dio en el año 2011, cuando alcanzó poco más de seis mil subsidios desembolsados.

Teniendo en cuenta que la demanda insatisfecha de vivienda supera las 700 mil unidades en las 40 ciudades más pobladas del país, y que el 90% de éstas corresponde a la vivienda social, los volúmenes de producción habitacional alcanzados por Techo Propio y Mivivienda resultan clara-mente insuficientes. No obstante, es imprescindible remarcar que desde el año 2002, cuando se puso en marcha la nueva política de vivien-da, los programas de vivienda social han provisto casi 400 mil unidades habitacionales, aproximadamente el 20% del total de viviendas construi-das en áreas urbanas; pero el 50% del mercado formal.

Aunque la razón que explica esta brecha es la dificultad para generar una oferta sostenible de vivienda, la caída de los cuatro últimos años se explica por cuatro malas decisiones tomadas por instituciones públicas vinculadas al mercado habitacional, que afectaron significativamente a la demanda:a) Las restricciones de acceso al crédito hipotecario dispues-tas por la Superintendencia de Banca y Seguros desde el año 2014 frente al temor infunda-do del supuesto estallido de una “burbuja inmobiliaria”, que afectó particularmente a los prestatarios que se acogieron a los programas de ahorro previo que promueven la mayoría de instituciones financie-ras que trabajan con recursos del Fondo Mivivienda.

b) La propuesta del Fondo Mivivienda de poner en mar-cha el programa de Leasing Habitacional en el año 2015, que teóricamente permitía acceder a una vivienda a familias de ingresos

medios y bajos en mejores condiciones que las que ofrecían los programas de crédito hipotecario: eliminación de la cuota inicial, intereses más bajos y meno-res exigencias en la evaluación de la capacidad de pago. Durante casi dos años, este programa generó una importante expectativa en una proporción significa-tiva de los potenciales beneficiarios, que postergaron sus decisiones de compra de vivienda a la espera del lanzamiento del leasing, lo que nunca ocurrió.

c) La interrupción del desembolso de subsidios del Programa Techo Propio motivada por la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas a apro-bar un presupuesto adicional solicitado por el Ministerio de Vivienda a mediados del 2016. Esto motivó que se dejaran de construir no menos de 15 mil unidades en la modalidad de construcción en sitio propio y 1500 en la de adquisición de vivienda nueva en dicho año. Además, esta decisión devino en una gran incerti-dumbre entre las empresas privadas que trabajaban en este programa respecto a su continuidad a largo plazo, retrasando sus decisiones de inversión.

d) La reducción de 70 a 38 UIT del precio máximo de las viviendas susceptibles de ser financiadas (y parcialmente subsidiadas) con el Crédito Mivivienda, que se dispuso a fines del 2016, lo que redujo a la tercera parte el número de viviendas en oferta, retrasó durante un semestre muchas decisiones de inversión en proyectos de vivienda social y dejó temporalmente fuera del mercado a cientos de familias de ingresos medios y bajos.

Tema de fondo

Fuente: Mivivienda

Decisiones gubernamentales improvisadas y percepciones equivocadas afectaron al mercado de vivienda social en los últimos cuatro años.

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Finalmente, es importante precisar que, de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan Nacional de Vivienda del año 2006, a Mivivienda y Techo Propio se suman otros dos programas: el de Mejoramiento Inte-gral de Barrios, que ejecuta obras de habilitación urbana y equipamiento comunitario en asentamientos hu-manos formalizados, y el de Vivienda Rural, que desarrolla inversiones de mejoramiento habitacional en centros poblados rurales y pobla-ción rural dispersa. De acuerdo con información del Ministerio de Vivienda, desde agosto del 2016 hasta diciembre del 2017, a través del Programa Mejoramiento Integral de Barrios se ha destinado casi S/. 920 millones para la ejecución de 279 proyectos a nivel nacional, la gran mayoría de los cuales está a cargo de gobiernos municipales. En ese mismo periodo, se construyeron poco menos de 5 mil viviendas rurales con una inversión de S/. 106 millones, en proyectos gestionados a través de núcleos ejecutores. En ambos casos, las intervenciones carecen de un carácter integral y de un adecuado seguimiento, limitando su impacto social y económico.

En este contexto, el Ministerio de Vivienda espera promover la produc-ción de poco más de 71 mil viviendas en el año 2018 y de 244 mil hasta el año 2021. Casi seis de cada 10 uni-dades a producir corresponderán al programa Techo Propio y casi 55 mil se destinarán al Plan de Reconstruc-ción con Cambios, de las cuales poco más de 6 mil se ubicarán en el área rural.En cuanto a la proyección de ejecución de programas de vivienda social al 2021, en el 2018 se prevé rea-lizar 100 proyectos de mejoramiento de barrios con una inversión de S/. 268 millones. Dentro del Plan de Reconstrucción se espera invertir S/. 1500 millones en casi 3400 proyectos de construcción de pistas y veredas, 90% de los cuales se ejecutarán por gobiernos regionales y locales.

Compuesto por metas factibles, sobre todo porque se cuenta con recursos económicos suficientes para alcanzarlas y porque, particularmente en el rubro de vivienda urbana, los operadores privados –promotores inmobiliarios, entidades técnicas e instituciones financieras– están en capacidad de producir el cuarto de millón de unidades habitacionales proyectadas. Sin embargo, para alcanzar este objetivo, es necesario que el Ministerio de Vivienda impulse medidas de largo, mediano y corto plazo. Es necesario implementar un Plan de Acción Inmediata destinado, sobre todo, a dinamizar la oferta habi-tacional en el ámbito urbano, asegurar la calidad de las viviendas a construir en el marco del Plan de Reconstruc-ción y optimizar las intervenciones de mejoramiento de barrios y de vivienda rural. Este Plan contempla los siguien-tes componentes:1. Constitución de una Comisión Multisectorial encargada de facilitar los trámites para el desarrollo de proyectos habitacionales que ofrezcan viviendas sociales. Esta Comisión, integrada por representantes de diver-sos ministerios y entidades públicas relacionados con el tema habitacional (incluidos la SUNARP, el MINCUL), deberá tener la facultad de “adoptar” proyectos para tramitar el otorga-miento de cambios de zonificación, factibilidades de servicios e inscrip-ción registral, entre otros.

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El Ministerio de Vivienda, a través del Programa de Generación de Suelo Urbano, se encargará del seguimiento de dichos trámites ante las munici-palidades, empresas prestadoras de servicios públicos y registros públicos, con los que se deberán suscribir acuerdos de colaboración para la pro-moción de la oferta de vivienda social. Con esta medida, se espera reducir los plazos para la implementación de estos proyectos, así como el riesgo de corrupción en su tramitación.

La creación de esta Comisión Multi-sectorial se deberá efectuar mediante Decreto Supremo y los procedimien-tos y requisitos para presentar los proyectos a su evaluación, y eventual “adopción”, se aprobarán mediante una Resolución Ministerial.

2. Creación de un Grupo de Tareas integrado por funcionarios de la Dirección de Políticas y Normas del Viceministerio de Vivienda y de la Procuraduría del Ministerio de Vivienda, con el propósito de identi-ficar barreras burocráticas ilegales o irrazonables que sean impuestas por municipalidades y otras entidades que emiten autorizaciones para la ejecu-ción de obras de habilitación urbana, e iniciar, de oficio, procesos de denuncia ante el INDECOPI para disponer la eli-minación o inaplicación de las barreras y la imposición de sanciones legales, tal como dispone la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edi-ficaciones. Con esta medida también se busca reducir los plazos y costos de tramitación de permisos y garantizar la predictibilidad de los procedimientos administrativos, así como reducir el riesgo de corrupción.

Fuente: Ministerio de Vivienda

P lan de AcciónInmediata

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Mediante Resolución Ministerial se deberá aprobar la constitución de este Grupo de Tareas y también se definirán los procedimientos y requisitos que deben cumplirse para que cualquier empresa o ciudadano pueda denunciar la imposición de barreras burocráticas.

3. Conformación de un Comité Técnico Especializado, integrado por arquitectos e ingenieros indepen-dientes y de amplia experiencia, que se encargue de emitir opinión cuando se presenten discrepancias en la apli-cación del Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edi-ficaciones, el Reglamento de Acondi-cionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible y, en general, toda norma que regule procedimientos técnicos y administrativos del sector construcción, tal y como dispone la Ley de Regulación de Habilitación Urbana y de Edificación.

De esta manera, se reducirán los espacios para la interpretación nor-mativa que se daban en los trámites de aprobación de proyectos y de licencias, favoreciendo la construc-ción de calidad, la seguridad jurídica y el cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos por ley.A través de un Decreto Supremo se tendrán que efectuar las modifica-ciones requeridas para insertar las funciones de este Comité Técnico Especializado en el marco adminis-trativo del Ministerio, y, mediante Resolución Ministerial, se aprobará el procedimiento para la presentación y atención de solicitudes que requieran de esta opinión vinculante.

4. Suscripción de Convenios de Cooperación con el Colegio de Ingenieros del Perú y el Colegio de Arquitectos del Perú, con el propósito de implementar -en el más breve plazo posible- los procesos de selección, capacitación, acreditación y segui-miento de Revisores Urbanos para la

verificación previa de proyectos de ha-bilitación urbana y de edificación, y de Inspectores Municipales de Obra para la verificación técnica de las obras.

Los Revisores Urbanos permitirán la agilización de los trámites de aprobación de proyectos y contribui-rán con la mejora de la calidad de la construcción en el país, asegurarán la tramitación eficiente de licencias y la inspección de las obras correspon-dientes a la construcción de las casi 36 mil viviendas a ejecutar en áreas urbanas dentro del Plan de Recons-trucción con Cambios, bajo la moda-lidad de construcción en sitio propio. Asimismo, con este convenio se busca cumplir con la disposición de la Ley N° 29090, que prescribe que todas las obras –independientemente de su tamaño- sean inspeccionadas por profesionales calificados y acredita-dos por los colegios profesionales, evitando posibles contingencias para el Ministerio de Vivienda.

Sobre este último aspecto, es impor-tante señalar los innecesarios riesgos que depara la disposición contenida en el Decreto Legislativo N° 1354, recientemente aprobado en el marco de la delegación de facultades otor-gada por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo, que señala que “las construcciones (a ejecutar) con

el Bono Familiar Habitacional en la modalidad de Aplicación de Cons-trucción en Sitio Propio”, dentro del Plan de Reconstrucción con Cambios, “quedan exceptuadas de los requisi-tos y procedimiento para la obtención de la licencia de edificación a la que hace referencia la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones”.

Esta excepción es innecesaria porque, de acuerdo con la Ley N° 29090, este tipo de construcciones obtienen licencia de edificación de forma automática con la sola presenta-ción del expediente suscrito por los profesionales responsables del diseño y la obra. Además, la gran mayoría de los documentos que conforman el expediente deberán prepararse igual-mente para que las entidades técnicas tramiten la asignación y posterior desembolso de los Bonos Familiares Habitacionales.

La disposición es riesgosa porque sin licencia será difícil que las municipa-lidades (con el apoyo de los colegios profesionales como se ha propuesto) efectúen la inspección de obras, con-dición indispensable para asegurar la idoneidad de la construcción y para tramitar la conformidad de la edificación, dificultando el proceso de formalización de la vivienda. Es

Cambio de Zonificación en Calle Domingo Orué de Surquillo a través de Comisión Multisectorial permitió en el año 2003 impulsar el desarrollo de proyectos de vivienda social (Fotografía: Urbania).

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urgente derogar esta disposición pues solo traerá consigo precariedad física y jurídica, todo lo contrario a lo que se pretende lograr con el Plan de Reconstrucción con Cambios.

5. Constitución de un Fondo Espe-cial para el financiamiento de proyectos de Inversión en Agua y Saneamiento dirigidos a proveer de estos servicios a proyectos inmobi-liarios que ofrezcan viviendas sociales en las 40 ciudades más pobladas del país. Con este se espera superar el cuello de botella implicado para el desarrollo de una oferta formal de vi-vienda social, en el que las empresas prestadoras de servicios no prioricen la ejecución de obras generales y secundarias de agua y desagüe por falta de fondos.

Los recursos que se destinen anual-mente a este fondo deberán compati-bilizarse con las metas de producción de vivienda en los programas Techo Propio y Mivivienda, estimándose preliminarmente que tales recursos no demandarán más del 3% del presu-puesto destinado por el Ministerio de Vivienda a obras de agua y sanea-miento. Las obras pueden ejecutarse a través del mecanismo de Obras por Impuestos, para lo cual se requiere simplificar los procedimientos que rigen dicho mecanismo, conside-rando que las EPS están habituadas a aprobar proyectos y obras, siendo innecesarios y redundantes muchos de tales procedimientos que han sido diseñados para su aplicación por parte de municipalidades y gobiernos regionales.

Para todo ello, además, deberá apro-barse un Decreto Supremo que fije los criterios de selección y priorización de proyectos en caso la demanda de financiamiento supere el monto asignado al fondo y las metas de producción de vivienda social.

6. Implementación de un Mecanis-mo de Asociación Público-Privado

para la ejecución de proyectos de renova-ción de redes de agua y desagüe en zonas que cuenten con potencial para el desarrollo inmo-biliario. De esta forma, se espera cubrir el déficit de inversión en este rubro, motivado por la insuficiencia de recursos y ausencia de prioridad que se otorga a la reno-vación de redes en las empresas prestadoras de servicios.

Mediante un Decreto Supremo se deberán aprobar las condiciones para la identificación y selección de proyectos, la presentación de inicia-tivas y la priorización de recursos del Ministerio de Vivienda, en caso se requiera un cofinancia-miento público.

7. Impulso a la Generación de Suelo Urbano para el desarrollo de pro-yectos que incluyan componentes de vivienda social mediante la transfe-rencia de terrenos del Estado a pro-motores privados que se encargarán de la construcción, comercialización y financiamiento de tales proyectos.

El propósito es asegurar una oferta habitacional sostenible en aquellas localidades donde exista notoria demanda insatisfecha.

Como primera medida, el Ministerio de Vivienda debe formalizar la trans-ferencia de los terrenos estatales que desde hace más de nueve años fueron adjudicados a promotores privados

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Eliminar trámite de licencia de edificación para viviendas a ejecutar en el Plan de Reconstrucción no simplifica nada y pone en riesgo calidad y formalidad de las obras (Fotografía: Fondo Mivivienda).

Importantes proyectos como Alameda de Ancón (11 mil viviendas sociales) se encuentran retrasados por falta de servicios de agua y saneamiento (Fotografía: Corporación Suyo).

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para el desarrollo de proyectos de vivienda social -y que no fueron entregados por la oposición arbitraria del gobierno del Presidente Humala-, perjudicando a pobladores de bajos ingresos y poniendo en tela de juicio la seguridad jurídica y la credibilidad de los procesos de asociación públi-co-privada impulsados por el Estado.Uno de los proyectos emblemáticos es el que se implementaría sobre un terreno ubicado en una zona no uti-lizada del Cuartel Hoyos Rubio en el Rímac, que permitiría la construcción de casi 4 mil viviendas Techo Propio en el plazo de cinco años. Además, este y los demás proyectos en trámi-te, tendrán que recibir el apoyo del Ministerio de Vivienda a través de la Comisión Multisectorial señalada en el numeral 1, para la tramitación de cambios de zonificación y el otorga-miento de factibilidades de servicios.

Adicionalmente, se deberá aprobar una Resolución Ministerial que modificará el Reglamento Nacional de Tasaciones con la finalidad de implementar un mecanismo especial para la tasación de terrenos estatales que se destinen a proyectos de vivienda social.

Se debería también considerar la viabilidad de constituir una Empresa de Generación de Suelo Urbano que gestione y habilite los terrenos del

Estado, incluidos los que se encuen-tran en uso por las Fuerzas Armadas y Policiales, que ya no sean útiles para la defensa nacional o el orden interno, con la finalidad de asegurar la oferta de vivienda social en el largo plazo. Ello demandaría la aprobación de una Ley de Suelo Urbano en el Congreso.

8. Apoyo a la implementación de Planes Urbanos y Territoriales. El Ministerio se había propuesto financiar la formulación y/o actuali-zación de los planes urbanos en más de 40 ciudades del país, para lo cual esperaba, mediante un concurso públi-co, contratar a los consultores que se encargarían de desarrollarlos. Había dispuesto para tal fin un presupuesto inicial de unos S/. 40 millones. Es necesario iniciar al más breve plazo estos procesos de selección, teniendo en cuenta que, a partir del próximo año, asumirán nuevas autoridades municipales. Los colegios profesiona-les y otros gremios deben ser convoca-dos para participar en los procesos de selección y en la Veeduría Ciudadana durante las etapas de discusión, imple-mentación y ejecución de los planes.También es necesario impulsar la formulación de Planes de Desarrollo Urbano-Territorial en algunas zonas específicas como las ciudades que atravesará el Tren de Cercanías, el Valle Sagrado, donde se pondrá en

marcha el Aeropuerto de Chinchero, las zonas de Lima Metropolitana que atravesará la Línea 2 del Metro, el Periférico Vial y algunas localidades en las que se desarrollarán me-ga-proyectos mineros, energéticos, portuarios etc. Se propone para estos casos, la adopción del Programa “Planes por Impuestos”. La gestión de estas iniciativas deberá coordi-narse con otros Ministerios y con las municipalidades respectivas.

9. Implantación de un Equipo de Sectoristas en el Fondo Mivivienda que tendrían a su cargo la identifi-cación, apoyo y seguimiento a los proyectos de vivienda social, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de metas de producción habitacional. De esta forma, los promotores inmo-biliarios que decidan incursionar en el segmento de vivienda social tendrán una vía rápida para comunicar la aparición de cuellos de botella que afecten el desarrollo de sus proyectos y tendrán como principal aliado para superar dichas trabas a su sectorista.

10. Optimización de la modali-dad de Construcción en Sitio Propio del programa Techo Propio. Mediante esta, las pequeñas empresas constructoras u ONG se encargan de la construcción de módulos básicos de vivienda (entre 30 y 35 m2) a familias

Transferencia de terrenos estatales, como el del antiguo Aeródromo de Collique, contribuye sensiblemente a la generación de oferta de vivienda social (Fotografía: Diario El Comercio).

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de muy bajos ingresos que cuentan con títulos de propiedad otorgados por COFOPRI y factibilidades de servicios públicos. A pesar de que ha sido el programa de vivienda social más exitoso en términos cuantita-tivos, el modelo actual de gestión implica serios riesgos.

La optimización implica cuando me-nos: (a) crear en el Fondo Mivivienda un programa de crédito complemen-tario que permita, en aquellos casos en los que existe capacidad de pago, construir una vivienda completa de 60 a 65 m2 (actualmente, la amplia-ción se hace informalmente); (b) ase-gurar la supervisión de la ejecución de las obras, para lo cual se debería generalizar el modelo de colaboración con los colegios profesionales que se sugiere para la reconstrucción; (c) adoptar mecanismos más transpa-rentes para la selección de beneficia-rios y de las pymes constructoras a cargo de las obras y para el desembol-so oportuno de subsidios y créditos; (d) asegurar el empleo de materiales de construcción de calidad.

CAPECO suscribió un Convenio de Cooperación con la Asociación Peruana de Entidades Técnicas (APET), que agrupa a una parte significativa de las pymes cons-tructoras que trabajan bajo esta modalidad, a través del cual se están preparando iniciativas para alcanzar estos objetivos.

11. Modificación del modelo de gestión de los programas de me-joramiento de barrios y de vi-vienda rural, buscando articulación de intervenciones (agua, vivienda, titulación, seguridad, oportunidades de desarrollo económico y empleo). Estos programas pueden ser claves en una estrategia de superación de pobreza si se diseñan de manera integral. Actualmente, el progra-ma de mejoramiento de barrios se basa en transferencias de recursos a gobiernos locales, sin la adecuada

selección de proyectos, supervisión ni medición de impacto; mientras que el programa de vivienda rural no está vinculado con los de saneamiento ru-ral, electrificación rural ni desarrollo productivo rural.

12. Impulso a la innovación tecnoló-gica en el sector construcción, para lo cual se propone: (a) la modernización de las normas técnicas incluidas en el Reglamento Nacional de Edifi-caciones, especialmente en diseño sismo-resistente, seguridad en las edificaciones, tecnologías de comuni-cación e información, evaluación de impacto ambiental y vial, y de insta-laciones sanitarias en urbanizaciones; (b) la transformación del modelo de gestión de SENCICO, impulsando su rol de investigación y vinculándolo con los objetivos del sector; (c) la adopción de la tecnología BIM para la gestión de obras en el sector y en el gobierno en general.

13. Puesta en marcha de una Estra-tegia Integral para la difusión de los programas de vivienda del Estado en-tre las familias potencialmente benefi-ciarias, con el propósito de difundir las nuevas iniciativas, dar a conocer las condiciones de acceso a los diferente programas, mostrar la existencia de oferta habitacional de calidad y de instituciones financieras dispuestas a darles crédito, además de promover el ahorro previo como instrumento para completar la cuota inicial y exponer las ventajas de la formalidad frente a

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los riesgos de la informalidad.Dentro de tal Estrategia Integral se debe contemplar la articulación de los planes de difusión del Ministe-rio de Vivienda y de sus entidades ejecutoras, así como la colaboración del Ministerio con los esfuerzos de promoción que desarrollan los promotores inmobiliarios y entidades financieras.

14. Implementación de un Mecanis-mo de Monitoreo y Coordinación de la aplicación de este Plan de Acción Inmediata a través de las Mesas de Trabajo con operadores privados y de la Comisión Consultiva del Vicemi-nisterio de Vivienda, donde están los colegios profesionales, los gremios empresariales y sindicales y los gobiernos locales, con el propósito de legitimar las iniciativas sectoriales.

ConclusiónLa puesta en marcha de estas catorce iniciativas sólo exige la aprobación de normas por parte del Ministerio de Vivienda y la suscripción de convenios de cooperación con instituciones vin-culadas al sector construcción. No se requiere efectuar cambios organizacio-nales significativos ni otorgar recursos adicionales al Ministerio. La voluntad política, la generación de confianza en la relación de los actores públicos y privados, y la búsqueda de consensos constituyen las condiciones fundamen-tales para propiciar este nuevo modelo de gestión estatal de la vivienda, la construcción y el desarrollo urbano.●

Programa de Mejoramiento de Barrios debe ejecutar proyectos integrales de urbanismo social como los que se desarrollan exitosamente en Colombia y otros países (Fotografía: Alcaldía de Medellín).

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