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“PLANES NACIONALES QUE ABORDAN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”
INTERCAMBIANDO CONOCIMIENTOS PARA LA ACCION PÚBLICA
Memorias del I Taller Regional
20, 21 y 22 de noviembre de 2012 Ciudad de Panamá
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COORDINACIÓN DEL EVENTO Área Práctica de Género del Centro Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ivonne Urriola, Analista de Género Campaña del Secretario General “UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres - ONU Mujeres” Isabel Miguel Emperador, Analista de Programas FACILITACIÓN Guillermina Martin, Área Práctica de Género del Centro Regional del PNUD AUTOR DE LAS MEMORIAS Sebastián Essayag, Consultor Internacional
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ÍNDICE
I. INTRODUCCION
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II. MARTES 20 DE NOVIEMBRE A. EL CONTEXTO REGIONAL E INSTITUCIONAL B. INVESTIGACIÓN REGIONAL: “METODOLOGÍAS DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS SOBRE POLÍTICAS Y/O PLANES NACIONALES QUE ABORDAN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”
C. PONIENDO EN COMUN EL CONOCIMIENTO
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III. MIERCOLES 21 DE NOVIMEBRE A. LOS ENFOQUES PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES B. EL CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES C. NUDOS CRÍTICOS Y FACTORES Y ESTRATEGIAS PARA AVANZAR
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IV. JUEVES 22 DE NOVIEMBRE A. ¿VOLVER A EMPEZAR?: RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN B. ¿QUÉ PRECISAMOS PARA AVANZAR? ¿A QUÉ NOS
COMPROMETEMOS? C. EVALUACIÓN Y CIERRE
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ANEXOS ANEXO I: LISTADO DE PARTICIPANTES ANEXO II: MAPEO DE POLITICAS Y/O PLANES NACIONALES ANEXO III: AGENDA ANEXO IV: NECESIDADES Y OFRECIMIENTOS
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I. INTRODUCCION
El Área de Política Género del Centro Regional del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, con el apoyo del Fondo para el Logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) está actualmente impulsando el proyecto
regional “Innovación, conocimiento e Igualdad de Género para América Latina”. El mismo
contribuye a la identificación de nuevas “formas de hacer” y a la búsqueda de soluciones para
el logro del ODM 3 en las metas de trabajo decente, participación política y violencia contra las
mujeres. La Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la
violencia contra las mujeres (en más, la Campaña del Secretario General), lanzada el 28 de
febrero de 2008, busca aumentar la conciencia pública, la voluntad política y los recursos
políticos para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres a través del logro de
resultados en todos los países para el año 2015.
El capítulo para América Latina y el Caribe de la Campaña del Secretario General, cuenta con
tres pilares de trabajo: “Alto a la Impunidad”; “Ni una Más” y “La Responsabilidad es de Todos
y Todas”. En el marco del primero, la formulación e implementación de políticas y/o planes
nacionales de acción contra la violencia hacia las mujeres es considerada no solo un resultado
clave a alcanzar sino que los mismos son herramientas de alto valor técnico y político para
que los Estados puedan cumplir con la meta de erradicar la violencia contra las mujeres. Por
su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) (1995) adherida y ratificada por la totalidad
de los países de la región que forman parte de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) instó a los Estados Parte a adoptar leyes y políticas en materia de violencia contra las
mujeres y a crear marcos político-institucionales favorables para su efectiva implementación.
Sin embargo, el Segundo Informe Hemisférico del Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (MESECVI) reconoce que, a pesar de los esfuerzos que los Estados
están realizando en materia de formulación de políticas y/o planes nacionales para erradicar
la violencia contra las mujeres, la misma “(...) sigue siendo un obstáculo al desarrollo humano, a
la democracia y a la paz en los países de la región” (MESECVI, 2012:9). Y en este contexto, no
contamos en la región con suficiente información ni conocimiento sistematizado en torno a las
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experiencias de formulación, implementación e incluso -en algunos casos- de evaluación de
las políticas y/o planes nacionales para abordar la violencia contra las mujeres. Es por ello
que hemos iniciado un proceso diseñado en dos fases.
La primera fase tiene como principal objetivo identificar, relevar y sistematizar información y
conocimiento en torno a las políticas y/o planes nacionales que abordan la violencia contra las
mujeres en una muestra representativa de países de la región. La segunda fase, por su parte,
busca retroalimentar, validar y compartir el conocimiento entre los Estados con el propósito
de enriquecer los hallazgos y aprendizajes. Ambas fases se nutren mutuamente en un proceso
iterativo de construcción de conocimiento. Es así, como en el marco de la segunda fase
comentada, organizamos el I Taller Regional: “Planes Nacionales que abordan la
violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. Intercambiando
conocimientos para la acción pública” (en más, el Taller Regional), celebrado en la Ciudad
de Panamá durante los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2012.
El Taller Regional contó con la presencia de representantes de los gobiernos de una muestra
de 14 países de la región de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina,
Barbados, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú,
República Dominicana y Trinidad y Tobago. Las participantes son funcionarias con un perfil
técnico de alto nivel que prestan funciones en las instituciones rectoras en materia de
políticas de género, de asuntos de las mujeres o de violencia contra las mujeres en sus
respectivos países. Para conocer más sobre las participantes, invitamos a los/las lectores/as a
revisar el ANEXO I al final del presente documento.
Los objetivos del Taller Regional fueron: a) crear un espacio físico, comunicacional,
participativo y de producción colectiva de conocimiento en el que las participantes compartan
sus valores, saberes y experiencias con el fin de desarrollar sus capacidades técnicas, producir
nuevos conocimientos y lograr visiones comunes; b) intercambiar experiencias en torno a las
fases de diseño, implementación y evaluación de las políticas y/o planes nacionales para
abordar la violencia contra las mujeres (lecciones aprendidas, buenas prácticas, experiencias
innovadoras, fortalezas y desafíos y las estrategias adoptadas para enfrentarlos) y puedan
aplicarlas críticamente en el ámbito de las instituciones en las que se desempeñan; d)
presentar los hallazgos preliminares de la Investigación Regional sobre “Metodologías de
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transferencia de conocimientos sobre políticas y/o planes nacionales que abordan la violencia
contra las mujeres en América Latina y el Caribe” (en más, la Investigación Regional),
actualmente en curso; e) crear una red de contactos que permita el intercambio futuro de
información y conocimiento acerca de las experiencias nacionales y f) abrir un espacio para la
generación de compromisos bilaterales y multilaterales para abordar la violencia contra las
mujeres en la región.
Para impulsar los objetivos señalados el Comité Organizador planteó una agenda de trabajo
detalle puede conocerse en el ANEXO III al final del presente documento. La metodología para
las sesiones de cada día combinó, por un lado, presentaciones y exposiciones para cada uno de
los temas tratados según la agenda prevista y, por el otro, se crearon espacios de discusión,
reflexión y debate.
El primer día tuvo como objetivo situarnos en contexto. Durante este día se abordó la
dimensión cuantitativa de la violencia contra las mujeres en la región, sus principales causas y
consecuencias, las expresiones de las violencias, el estado de situación respecto de la
institucionalidad de género en la región y las principales tendencias y nuevas articulaciones
de las políticas públicas. Se realizó una presentación de la Investigación Regional y “pusimos
en común el conocimiento”: cada participante compartió con el resto del grupo el “estado del
arte” de las políticas y/o planes nacionales que abordan la violencia contra las mujeres en sus
países con el propósito de que todas puedan conocer qué se ha hecho, cuánto se ha avanzando
y qué falta por seguir trabajando.
El segundo día se presentaron las iniciativas de la Campaña del Secretario General, la Oficina
Regional de ONU Mujeres y el Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe en
las que se enmarca este taller; los enfoques que asumen los planes y/o políticas para el
abordaje de la violencia contra las mujeres; el ciclo de vida de las políticas públicas y su
vinculación con la Investigación Regional y un análisis de las experiencias de cada país en
torno a los actores, acciones y estrategias de intervención para cada fase, se trabajó en grupos
sobre los nudos críticos (desafíos o cuellos de botella) y los “factores de éxito” o estrategias
para avanzar en la elaboración, implementación y monitoreo y evaluación de los planes de
violencia contra las mujeres en la región.
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El tercer día, y a partir de lo producido colectivamente en los dos días anteriores, las
participantes reflexionaron en torno a las recomendaciones principales para mejorar la
implementación de las políticas y/o planes nacionales para abordar la violencia contra las
mujeres bajo la pregunta: ¿qué haríamos si podríamos volver a empezar? Se abrió un espacio
para dialogar sobre qué es lo que cada una necesita y a la vez puede ofrecer para avanzar en la
implementación de las políticas y/o planes. Finalmente, se llevó a cabo una ronda de
evaluación y cierre del Taller Regional.
Las memorias que aquí se presentan constituyen una síntesis de las discusiones más
significativas como un primer ejercicio de reflexión colectiva acerca de las experiencias en un
conjunto limitado de países, sin descontar la riqueza de conocimiento que existe en otros
países de la región. El Comité Organizador confía en que este documento resulte de utilidad
para el conjunto de hombres y mujeres involucrados/as en seguir trabajando en pos de la
erradicación de la violencia contra las mujeres en la región.
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II. MARTES 21 DE NOVIEMBRE
A. EL CONTEXTO REGIONAL E INSTITUCIONAL
Esta sesión tuvo un doble objetivo. Por un lado, situarnos en contexto en torno a las
dimensiones cuantitativas y la magnitud de la violencia contra las mujeres en la región de
América Latina y el Caribe. Por otro lado, encuadrar la problemática en el marco de la
institucionalidad de género a nivel regional atendiendo a las principales tendencias y nuevas
articulaciones de las políticas públicas.
La primera de las presentaciones estuvo a cargo de la Sra. Nadine Gasman, Directora de la
Campaña del Secretario General en América Latina y el Caribe quien puso de relieve la
magnitud de la violencia contra las mujeres representando uno de los Derechos Humanos más
violentados en todas las sociedades a nivel global. Con base en el estudio “Violencia contra las
Mujeres en 12 países de América Latina: Información comparativa de encuestas de salud
reproductiva y encuestas demográficas y de salud” (OPS, 2012) conocimos datos alarmantes.
1. En Bolivia el 52% de las mujeres, entre 15 y 49 años, reportaron haber sido objeto de
violencia física infringida por parte de su pareja alguna vez en su vida, y en los últimos 12
meses, siguiéndole Colombia y Perú con un 39%; Ecuador con un 31%, Nicaragua con un
27%; Guatemala con un 25%; El Salvador con un 24% y Haití con un 13%.
2. En Haití la prevalencia de mujeres que son objeto de violencia sexual infringida por
cualquier agresor, incluyendo a sus parejas, asciende a un 27%, esto es casi 1 de cada 3
mujeres sufrieron algún tipo de violencia sexual en algún momento de sus vidas. En el
resto de los países la prevalencia se calculó entre el 18 y 10%.
3. En la mitad de los países estudiados la mayoría de los casos denunciados por violencia
sexual fue infringida por sus parejas con un rango que oscila entre el 5% en República
Dominicana y el 15% en Bolivia.
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4. En referencia a la primera relación forzada, destaca el caso de Jamaica en el que el
porcentaje de mujeres que reportaron que sus primeras relaciones sexuales fueron no
deseadas asciende a un 45%.
5. Alrededor de la mitad de las mujeres centroamericanas reportan haber sido objeto de
violencia durante su vida adulta y casi siempre las ha agredido el hombre que escogieron.
En los últimos años el número de denuncias está aumentando hasta llegar a ser, en muchos
países, la segunda causa de denuncia después del hurto, sin contar los casos de mujeres
que no denuncian actos de violencia infringidos por sus parejas por motivos asociados a la
vergüenza, falta de recursos o de confianza en el sistema de Justicia, entre otros.
6. Respecto de las estadísticas de casos de femicidio/feminicidio en América Latina y el
Caribe, los datos son abrumadores: en Guatemala se registraron 675 casos en 2010; 705
casos en 2011 y 512 casos en el período enero y septiembre de 2012; en El Salvador hubo
580 casos en 2010, 647 casos en 2011 y 196 casos en el período comprendido entre enero
y abril de 2012. En Honduras es la segunda causa de muerte en mujeres en edad
reproductiva. En 2009, los cinco países con mayor cantidad de casos fueron Colombia (125
casos); Perú (117 casos); República Dominicana (79 casos); Chile (52 casos) y Uruguay (35
casos). Y 2 de cada 3 mujeres asesinadas en Centroamérica mueren por razón de género.
El análisis se profundizó al componer el cuadro de factores que profundizan la vulnerabilidad
a la que se ven expuestas las mujeres en la región por motivos asociados a la migración, tal el
caso, por citar un ejemplo, de la frontera México-Guatemala, en el que el 70% de las mujeres
migrantes sufrieron algún tipo de violencia y el 60% reportaron haber sido víctimas de
violencia sexual. Las mujeres indígenas están sometidas a una triple discriminación, por ser
mujeres, indígenas y pobres, y el acceso a los servicios de atención (médicos, de justicia y
sociales) está limitado, por falta de “adecuación cultural”. Otros casos, nos comentaba la Sra.
Gasman, los constituyen las mujeres lesbianas y las mujeres trans quienes son objeto de
violencia continua hasta de asesinatos.
Luego de esta “fotografía” que nos señala la grave situación de la violencia en la región, la
colega profundizó acerca de las consecuencias y los impactos negativos que las diversas
expresiones de violencia ejercen sobre la salud de las mujeres y sobre el desarrollo económico
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y productivo de los Estados. En relación al impacto sobre la salud se distinguieron entre
aquellos impactos fatales, como por ejemplo el femicidio/feminicidio, el suicidio, la
mortalidad materna y el VIH/SIDA y aquellos otros impactos con afecciones sobre la salud
física, como fracturas, fibromialgias, afecciones gastrointestinales, problemas de salud sexual
y reproductiva, como Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), embarazos impuestos o
complicaciones en el embarazo o abortos. Finalmente, se mencionaron efectos sobre la salud
mental que pueden ir desde la depresión, el abuso de sustancias, estrés post traumático,
ansiedad, desordenes del sueño y/o de la alimentación, entre otros. La Sra. Gasman abordó los
impactos sobre el desarrollo económico y productivo e intergeneracional de la violencia.
Finalmente, la Sra. Nadine Gasman hizo referencia a que es preciso que en la actualidad nos
refiramos a “violencias” (en plural) debido a la variedad de expresiones existentes. Si bien no
son “nuevas”, han adquirido mayor visibilidad y responden a una época caracterizada por un
contexto socio-cultural y político particular1. Aquellas “viejas formas” son ahora “traducidas”
a los “nuevos contextos” atravesados por fenómenos propios de la época en que vivimos,
como el narcotráfico, el crimen organizado, la trata y tráfico de personas, el crecimiento de las
organizaciones transnacionales de pandillas criminales, como por ejemplo las maras, que
“marcan un nuevo territorio” a través del uso de la violencia. Así, estos “nuevos contextos”
siguen perpetuando las relaciones de poder entre varones y mujeres y han forjado un
ambiente en el que se observa un aumento sobre la magnitud, gravedad y ensañamiento de las
violencias y, en este sentido, resulta imperativo que esta redefinición en torno a las nuevas
expresiones de violencia sea abordada seria y responsablemente en las políticas y/o planes
nacionales.
A continuación, la Sra. Carmen de la Cruz, Responsable del Área de Práctica de Género del
Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, abordó las nuevas de la
institucionalidad de género en un contexto regional caracterizado por la heterogeneidad
económica, política, institucional, cultural, social y legal.
1 Para mayor información acerca de las “nuevas expresiones de violencia” invitamos a las/los
lectores/as a visitar: YOUTUBE unetelac.org Nuevas expresiones en el marco del Taller Regional
“Nuevas Expresiones de la Criminalidad contra las Mujeres" que se celebró en la Ciudad de Panamá, del
24 al 26 de abril.
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La experta señaló que en el contexto regional actual los Estados están realizando importantes
esfuerzos para la elaboración de nuevas políticas, integrales e integradas, participativas y de
carácter intersectorial para abordar la violencia contra las mujeres. Incluso, en algunos
Estados de la región, estos avances han operado en el marco más amplio de procesos
modernizadores, como los procesos de reforma y modernización del Estado, que instauran
una redefinición de las relaciones entre el Estado y sociedad civil, crean una nueva
institucionalidad de género, o bien fortalecen la ya existente, abren nuevos debates, articulan
nuevas demandas y formulan nuevas agendas.
La Sra. Carmen de la Cruz compartió con el auditorio avances y nudos en referencia a las
políticas públicas que abordan los derechos de las mujeres en la región. En cuanto a los
avances la experta reconoció la emergencia de nuevos liderazgos que favorecen la
construcción de nuevas agendas que incorporan progresivamente las nuevas demandas
sociales y la transversalización del enfoque de género. En la región se observan marcos
normativos renovados y políticas públicas y/o planes nacionales que incluyen las nuevas
expresiones de violencia como así también la implementación de programas específicos para
atender las cuestiones de género y la violencia contra las mujeres brindando progresivamente
una respuesta cada vez más integral a las víctimas/sobrevivientes. Asimismo, otro de los
progresos destacables en la región se refiere al fortalecimiento de la institucionalidad de
género y a la institucionalización de nuevas y mejores prácticas, más inclusivas y
participativas, que impactan en el diseño e implementación de las políticas y/o planes
nacionales de igualdad de género y lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En cuanto a los nudos, la colega señaló cinco dimensiones para el análisis.
En cuanto a la dimensión organizacional, se observa al interior de las organizaciones la
existencia de configuraciones burocráticas y un entramado institucional que a menudo
obstaculizan la implementación de las políticas públicas de género aunado a un escaso
desarrollo de capacidades de los equipos técnicos y de los cuadros políticos que no permiten
una “traducción política” adecuada de las demandas sociales. En este sentido, se puso énfasis
en la necesidad de profundizar los esfuerzos por desarrollar “nuevas capacidades para la
acción”.
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En la dimensión institucional, la funcionaria señaló dificultades de los mecanismos de
articulación intersectorial e interinstitucional y entre políticas sectoriales y transversales y
distancias entre la institucionalidad de género y los espacios institucionales en los que se
toman las decisiones. En cuanto a la dimensión distributiva, se puso el acento en que las
políticas fiscales y (re)distributivas son una “puerta de entrada” para transversalizar las
políticas de género y que es necesario profundizar esta dimensión.
En relación con la dimensión de la comunicación e información, la funcionaria señaló la
necesidad de profundizar los esfuerzos para poder contar con información estadística debido
a que tal información resulta ser un insumo crítico para nutrir los procesos de toma de
decisiones y la elaboración de las políticas públicas. En el ámbito de la comunicación
intersectorial, se hizo mención a que se siguen identificando multiplicidad de enfoques en
torno a la conceptualización de las políticas de género que a menudo obstaculizan la
comunicación interinstitucional e intersectorial, al no “hablar un mismo idioma” e impactan
negativamente en la eficacia y eficiencia de las políticas públicas.
Finalmente, en relación con la dimensión de la gestión de conocimiento, la Sra. De la Cruz,
precisó la necesidad de fortalecer los espacios de intercambio y deliberación pública para
profundizar la interlocución entre Estado y sociedad civil para enfrentar el desafío de mejorar
la articulación de las demandas sociales ya que sin dicha articulación no hay transversalidad
posible. Estos espacios son clave para poder identificar y compartir las buenas prácticas y
establecer vínculos para transformar las demandas sociales en respuestas efectivas por parte
de los Estados y como mecanismo de reaseguro para la continuidad de las políticas.
***
Ambas presentaciones fueron enriquecidas con los aportes, reflexiones y preguntas de las
participantes. El debate se abrió en torno al tema de la prostitución forzada. La misma fue
identificada como una expresión de violencia contra las mujeres en sostenido aumento en los
países de la región y que debe ser distinguida de la prostitución voluntaria o del trabajo sexual
ya que es una forma legítima y decente de trabajo, reivindicada por diversos sectores sociales
en la región. Los Estados deben garantizarles a las/los trabajadores/as sexuales las
condiciones de seguridad necesarias para que las/los alejen de la violencia, de la transmisión
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del VIH/SIDA y otras ITS, la persecución y para que el trabajo sexual sea considerado un
trabajo decente
Sin embargo, este u otros son temas “difíciles de discutir” debido a la impronta generada por
las tradiciones culturales y religiosas en muchos de los países de la región que constituyen
obstáculos culturales enraizados en creencias y construcciones simbólicas que profundizan la
desigualdad entre varones y mujeres y su vinculación con la violencia. En este sentido, es
necesario iniciar un debate profundo desde los Estados y en concertación con sociedad civil
en torno a la necesidad de una transformación social profunda para abordar seriamente la
violencia contra las mujeres y su relación con la universalidad de los derechos y la no
discriminación. “No se puede entender la igualdad sin entender antes la diversidad” y en esta
ecuación social recae el concepto de la universalidad de las políticas.
En la misma línea argumental, se reconoció además la importancia que tienen los factores
identitarios, de los grupos tradicionalmente excluidos -que existieron siempre, solo que ahora
alzan sus voces- como por ejemplo los movimientos de mujeres indígenas o
afrodescendientes, y que sus demandas deben también formar parte integral de las agendas
institucionales. En este contexto las participantes debatieron en torno a la
despatriarcalización y la descolonización, temas que serían luego abordados en las sesiones
ulteriores. Ambas cuestiones han marcado la desigual relación de poder entre hombres y
mujeres. “Descolonizar el género significa recuperar la memoria de las largas luchas de las
mujeres contra un patriarcado que se instauró aún antes de la invasión colonial. Estas
realidades culturales, hoy visibilizadas, exigen una transformación de nuevos modelos de
articulación del Estado con la institucionalidad de género y en su relación con la sociedad civil”.
El gran desafío entonces es diseñar políticas públicas para las mujeres diversas, un colectivo
social plural, heterogéneo, cuyas demandas deben ser reconocidas por los actores político-
institucionales en un diseño “a la medida de” sus necesidades específicas.
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B. INVESTIGACIÓN REGIONAL: “METODOLOGÍAS DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS SOBRE POLÍTICAS Y/O PLANES NACIONALES QUE
ABORDAN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE”
El objetivo de la sesión fue compartir con las participantes los lineamientos metodológicos y
hallazgos preliminares en torno a la Investigación Regional a cargo del Consultor
Internacional, Sr. Sebastián Essayag.
Luego de analizar las categorías conceptuales que se desprenden del título de la investigación,
el consultor compartió con el auditorio los lineamientos metodológicos del estudio
comenzando con una descripción del objetivo central: “sistematizar el conocimiento en
materia de políticas y/o planes nacionales que abordan la violencia contra las mujeres en una
muestra de países de la región de América Latina y el Caribe con el propósito de compartir
conocimiento con otros países de la región y así fortalecer sus capacidades institucionales y
contribuir a la erradicación del flagelo”. Luego, se hizo un breve repaso de los objetivos
específicos y productos de conocimiento que forman parte de la consultoría.
Las políticas y/o planes nacionales constituyen las unidades de análisis del estudio. En el
conjunto de países que conforman la muestra no todos ellos poseen un plan de acción
nacional específico para bordar la violencia contra las mujeres ya que en algunos casos, o bien
aun no han sido formulados, no ha sido aprobados por los gabinetes o están aún atravesando
el proceso de formulación y/o validación. Sin embargo, la totalidad de la muestra cuenta con
políticas que abordan diversas expresiones de violencia -incluidas aquellas expresiones de
violencia contra las mujeres- y de un conjunto de instrumentos legales que conforman sus
marcos normativos que permiten encarar el análisis. Volveremos sobre este punto más
adelante.
El consultor hizo un primer abordaje de las diversas expresiones de violencia que son
incluidas en las políticas y/o planes nacionales y remarcó que al hablar de mujeres, una vez
más, reforzando la idea de lo plural y diverso, estamos refiriéndonos a un colectivo social
heterogéneo, no solo desde una perspectiva generacional, que incluye a niñas, adolescentes,
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mujeres adultas y adultas mayores, sino también en referencia a la diversidad racial, étnica,
lingüística, económica, situaciones diversas de vulnerabilidad y exclusión social, mujeres que
viven en zonas rurales o en territorios aislados de los centros urbanos, mujeres con
discapacidad, entre otras categorías.
Se compartió con el grupo una primera versión del mapeo del conjunto de políticas y/o planes
nacionales que abordan la violencia contra las mujeres en una muestra de 26 países de
distintas subregiones de América Latina y el Caribe y adelantó algunos hallazgos que serían
profundizados en la sesión del día siguiente.
Se compartió con el auditorio las características de la muestra. La misma se construyó bajo
criterios no probabilísticos debido a que el enfoque de la investigación es de tipo cualitativo lo
cual permite indagar acerca de las características propias de cada caso con el propósito de
identificar sus particularidades, patrones comunes, analogías, contrastaciones para luego
realizar un análisis comparativo sin la pretensión metodológica de extrapolar al universo los
hallazgos de los casos analizados. El alcance del estudio ha sido exploratorio debido a la
escasez de investigaciones previas hechas en la materia.
El muestreo está compuesto por 26 países de la región de América Latina y el Caribe. Para la
construcción de la muestra se subdividió a la región en subregiones, quedando conformado el
mapa del estudio de la siguiente manera: Subregión del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay; Subregión Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela; América Central y
México: El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México; Caribe
hispanoparlante: República Dominicana; Caribe anglófono: Antigua y Barbuda, Barbados,
Belice, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Surinam, Trinidad y Tobago, Granada y Guyana.
En relación a los hallazgos preliminares de la Investigación Regional, el consultor explicó que
existen países que abordan de manera específica la violencia contra las mujeres en políticas
públicas y/o planes nacionales y otros en que tal abordaje opera el marco más amplio de otro
conjunto de políticas públicas ya sea bajo el formato de programas o como uno de sus ejes
estratégicos.
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En el primer grupo, esto es de aquellos países cuyas políticas y/o planes nacionales abordan
de manera específica la violencia contra las mujeres, se ubican los casos de Brasil:
atravesando el proceso de formulación de su segundo Pacto Nacional para Enfrentar la
Violencia Contra la Mujer (2012-2015); Colombia: en proceso de validación del Plan Integral
para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias (2012 -2022); Perú: atravesando
el proceso de ejecución de su segundo Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer (2009-
2015); Honduras: que cuenta con el Plan Nacional contra la Violencia Hacia La Mujer (2006-
2010) y actualmente está atravesando la fase de formulación del segundo Plan Nacional
contra la Violencia hacia la Mujer a partir de una reformulación del primero; México:
implementando el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres (2010-2012); Venezuela: en proceso de implementación del
Plan Nacional Socialista sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2010-
2013); Guatemala: actualmente en proceso de implementación del Plan Nacional de
Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (2004-2014)
(PLANOVI) y Costa Rica: atravesando la fase de ejecución del Plan Nacional de Atención y
Prevención de la Violencia contra las Mujeres en las Relaciones de Pareja y Familiares por
Hostigamiento Sexual y Violación, o PLANOVI Mujer (2010-2015).
El caso de Nicaragua merece una referencia especial debido a que cuenta con un Plan
Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual (2001–2006) pero, debido a
que por razones políticas la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia
hacia la Mujer estuvo inactiva en el período comprendido entre 2007 y 2012, el plan caducó, y
en dicho periodo no se formuló uno nuevo ni se reformuló el anterior. Así, por mandato de la
Ley 779, sancionada en 2012, la mencionada institución cuenta con 180 días para elaborar
una Política de Prevención de la Violencia de Género a nivel nacional y reformular el Plan
Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual.
En el segundo grupo de países, encontramos diversos matices. Las políticas y/o planes que
abordan la violencia intrafamiliar, como el caso del Plan Nacional de Acción para la
Prevención de la Violencia Intrafamiliar en Chile (2011-2012), actualmente atravesando el
proceso de reformulación para el período 2012-2013 y transitando hacia un modelo que
incluye nuevas expresiones de violencia, como la violencia basada en género. Las políticas y/o
planes nacionales que abordan la violencia doméstica como el Plan Nacional de Lucha contra
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la Violencia Doméstica (2004-2010) en Uruguay, el Plan Nacional Contra la Violencia
Doméstica y Políticas de Convivencia Ciudadana (2004-2014) en Panamá y la Política
Nacional en Violencia Doméstica (2008-2013) en Guyana. Y aquellas políticas o planes
nacionales que o bien abordan la violencia en sus diversas expresiones en el marco de
políticas de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, como el caso de Bolivia, que
cuenta con un Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades (2009-2020) y con el
Programa Nacional de Lucha contra la Violencia en Razón de Género (2009-2020).
También la evidencia empírica permitió confirmar casos en que el abordaje de la violencia
contra las mujeres opera en el marco de políticas y/o planes nacionales de Equidad de Género
como el Plan Nacional de Equidad de Género para el período (2006-2016) o PLANEG II en
República Dominicana y el Plan de Acción Integral de Género (2006-2010) en Surinam. O
bien aquellas políticas y/o planes nacionales que abordan la violencia contra las mujeres en el
contexto de la Erradicación de la Violencia de Género o Políticas de Género y/o Desarrollo,
como los casos del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez,
Adolescencia y Mujeres en Ecuador; el Plan Nacional Estratégico para la Erradicación de la
Violencia Basada en el Género (2010-2015) en Antigua y Barbuda; el Plan Nacional de
Acción sobre Violencia de Género (2010-2013) en Belice; el Plan Nacional de Acción
Estratégica para Eliminar la Violencia Basada en Género en Jamaica; el Plan de Acción
Multisectorial en Violencia Sexual y Violencia Basada en Género en Saint Kitts and Nevis; el
Plan de Acción Nacional para Erradicar la Violencia Basada en Género en Granada y la Política
Nacional sobre Género y Desarrollo (2009) en Trinidad y Tobago.
El consultor señaló que existe un solo caso de la muestra en el que la violencia contra las
mujeres es abordada en el marco de una política pública de carácter específico, como el caso
del Plan Nacional de Acción contra el VIH/SIDA (2008-2013) en Barbados. La violencia
contra las mujeres (en especial referencia a mujeres en situación de mayor vulnerabilidad,
como el caso de las prostitutas, las mujeres migrantes, las mujeres que forman parte de
minorías raciales o étnicas, entre otras) es abordada en la esfera doméstica pero siempre en
referencia al contexto de la epidemia del VIH/SIDA como un factor que profundiza la situación
de vulnerabilidad frente a la violencia ejercida sobre las mujeres, siendo la violencia a la vez
causa y efecto de la transmisión del virus.
18
Por su parte, hay dos casos que no cuentan aún con un plan nacional para abordar la violencia
contra las mujeres. Estos son los casos de Argentina y El Salvador que están atravesando
sendas etapas de formulación: de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el caso de El Salvador y del Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el caso de
Argentina. Sin embargo, cabe señalar que ambos países cuentan con un marco normativo y
políticas públicas que permiten enmarcar -a la vez que le otorgan legalidad y legitimidad- las
acciones que ambos Estados llevan a cabo en materia de prevención, atención, sanción y
reparación de la violencia contra las mujeres en sus respectivos países.
En este sentido, El Salvador ya ha sancionado la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres (sancionada en 2010 y que entró en vigencia a partir de enero de
2012) y Argentina, por su parte, cuenta, entre un importante conjunto de normas específicas
para atender diversas expresiones de violencia contra las mujeres y demás políticas públicas
de carácter general que la incluyen, con la Ley 26.485 “De protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales”, ley marco a partir de la cual se diseñan estrategias y acciones
para abordar la violencia contra las mujeres integralmente.
La tabla que resume esta y otra información sobre la muestra de los 26 países que fueron
analizados se incluye en el ANEXO II al final del presente documento.
***
C. PONIENDO EN COMÚN EL CONOCIMIENTO
Con base en un breve cuestionario enviado a las participantes con anticipación a la realización
del Taller Regional, el objetivo de esta sesión fue que las participantes presentaran “qué se ha
hecho”, “qué se ha logrado” y “qué falta para avanzar” en torno a la implementación de las
políticas y/o planes para abordar la violencia contra las mujeres en sus respectivos países
simulando una rueda de prensa. Los principales logros, estrategias y retos que cada vocera
comentó se resumen a continuación:
19
ARGENTINA inició el proceso de formulación del Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el marco de la Ley “De
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” (2009). Se están creando las
condiciones político-institucionales a nivel provincial y municipal para que la formulación del
Plan Nacional guarde coherencia con las políticas y/o planes sub-nacionales. En este contexto
la Nación ha iniciado diálogos con las autoridades provinciales y municipales para fortalecer
las áreas de género en los niveles sub-nacionales. También se han incorporado nuevas
expresiones de violencia en la legislación.
ANTIGUA Y BARBUDA está atravesando el proceso de formulación del primer borrador del
Plan Nacional Estratégico para la Erradicación de la Violencia Basada en el Género. En este
marco, se iniciaron consultas intersectoriales y con la sociedad civil para retroalimentar y
validar el Plan Nacional. Desde la institucionalidad se creó un centro de atención para delitos
sexuales (Sexual Assault Center) en articulación con la policía, justicia y salud. Un gran desafío
es seguir aunando esfuerzos para que los equipos técnicos y la institucionalidad puedan
avanzar en la última fase de validación del Plan Nacional para su aprobación oficial en 2013.
BARBADOS En forma articulada entre la institucionalidad de género y demás sectores se
elaboró una agenda para la formulación del Plan Nacional que incluye un área específica de
violencia de género. Entre los retos más significativos destacan obtener más recursos
económicos, mejorar su administración para la sustentabilidad de los programas y sancionar
una ley de trata y tráfico de personas.
BOLIVIA formuló el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades que incluye la lucha contra
la violencia de género. Se han celebrado convenios entre el Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades y la institucionalidad nacional y municipal para la producción de estadísticas
como fuente del Registro Único de Violencia Intrafamiliar. Se ha avanzado en transversalizar
el enfoque de despatriarcalización y descolonización en las políticas y programas y se ha
logrado conseguir el financiamiento para el Sistema Integral Plurinacional de Prevención,
Atención, Sanción y Eliminación de la Violencia en razón de Género. También se creó un único
centro para atender a las víctimas y sobrevivientes de violencia y evitar la revictimización,
20
entre otros logros. Resta profundizar la articulación intersectorial y profundizar los esfuerzos
para la deconstrucción de patrones culturales entre los principales retos.
GUATEMALA formuló el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia
Intrafamiliar y contra las Mujeres (2004-2014), actualmente en ejecución, y ha diseñado
estrategias de articulación para integrar la participación ciudadana en la ejecución del mismo
(conversatorios). Se sancionó en 2008 la Ley de Feminicidio y se incluyeron nuevas
expresiones de violencia en el marco jurídico. Se han iniciado procesos de fortalecimiento de
la institucionalidad de género y de coordinación inter e intrainstitucional para reducir la
duplicidad de acciones y gastos. Se han adecuado los reglamentos y protocolos de atención a
las víctimas/sobrevivientes. Queda como desafío validar el nuevo Plan Nacional.
CHILE sancionó la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar (2005) y formuló el Plan de Violencia
Intrafamiliar. Asimismo, se profundizaron las acciones de atención y protección de las
víctimas/sobrevivientes y se realizaron importantes avances en torno al femicidio: se diseñó e
implementó el Circuito de femicidio y se elaboraron protocolos de atención para las víctimas
colaterales de femicidio y de femicidio frustrado. También se creó una casa de acogida
especial para la atención de las mujeres víctimas de trata y tráfico. Se abrieron 96 casas
ambulatorias y 24 refugios y un Centro de Reeducación a los Agresores. Se implementaron
campañas para la prevención de la violencia durante el noviazgo (“pololeo”). El liderazgo de
las acciones ha estado en manos del SERNAM en articulación con los demás sectores. Queda
como desafío fortalecer la intersectorialidad, en especial con el sector salud, profundizar la
transversalización del enfoque de género en las políticas públicas e instrumentos legales,
obtener mayores recursos presupuestarios y profundizar los esfuerzos por mejorar los
procesos de monitoreo y evaluación de las políticas.
EL SALVADOR sancionó la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley Especial Integral para una
Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2010). Se elaboró el Informe Nacional para una Vida
Libre de Violencia y se creó el Consejo Nacional de Trata de Personas y una propuesta de
anteproyecto de ley de trata de personas y, por mandato legal, se instaló un albergue para la
atención de las mujeres víctimas de trata y tráfico. Se creó el Gabinete Nacional de Prevención
de la Violencia coordinado por el Poder Ejecutivo y una Comisión Técnica Especializada que
formula un instructivo con los lineamientos para las unidades especializadas. Entre los
21
principales retos destacan el fortalecer el rol político-institucional del ISDEMU, que hoy
representa una instancia de tercer nivel en la estructura jerárquica a nivel institucional con
baja incidencia en los procesos de toma de decisiones y articular los datos estadísticos de los
diversos sectores y crear un Registro Único de Víctimas/Sobrevivientes, entre otros.
HONDURAS formuló la Política Nacional de la Mujer (2002-2004), el Primer Plan de Igualdad
de Oportunidades (2002-2007), el Segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género de
Honduras (II PIEGH, 2010-2022) y se han establecido alianzas entre la institucionalidad con la
sociedad civil para cubrir las demandas de atención a las víctimas/sobrevivientes. Como parte
de los logros se han desarrollado estudios e investigaciones sobre violencia de género. Entre
los principales desafíos está lograr una mayor asignación presupuestaria para la
implementación de las acciones, más claridad en la asignación de responsabilidades,
desarrollar las capacidades de los equipos técnicos, trabajar más en el ejercicio de las nuevas
masculinidades y mejorar el posicionamiento con los grupos de mujeres para generar más
incidencia en la construcción de nuevas agendas en materia de violencia.
PANAMA formuló el Plan Nacional de Violencia Doméstica (2004-2014), creó el Comité
Especializado para la Violencia contra las Mujeres, se construyeron 26 redes para hacer
operativo el Plan Nacional, se implementaron campañas de difusión y sensibilización sobre la
violencia contra las mujeres y acciones de capacitación a medios masivos de comunicación. Se
instalaron 3 albergues para la atención integral a las víctimas. Una clara identificación de
acciones, responsables por su ejecución y la articulación intersectorial han sido claves en el
proceso de implementación de las acciones. Obtener mayores recursos presupuestarios y
construir una matriz de evaluación para la medición de resultados e impactos de la ejecución
del Plan Nacional son los principales retos.
NICARAGUA sancionó la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779/2012).
En su marco de creó un modelo de atención integral de prevención y atención a las víctimas
de violencia doméstica. También se implementó una Política de Primera Infancia, se crearon
las Escuelas de Valores para hombres y mujeres y se implementó un programa de visitas casa
a casa en hogares donde habiten niños/as entre 0 y 6 años para la detección temprana de
casos de violencia doméstica. El fortalecimiento de la articulación intersectorial y el desarrollo
de protocolos y procedimientos para abordar la violencia doméstica intersectorialmente han
22
sido las principales estrategias de intervención. Queda por delante seguir aunando esfuerzos
para obtener más recursos económicos, desarrollar un sistema que permita evaluar los costos
de la violencia y desarrollar modelos de atención únicos para evitar la revictimización.
TRINIDAD Y TOBAGO formuló el primer borrador del Plan Nacional para atender la violencia
basada en género y la violencia doméstica. Se legisló sobre trata y tráfico de personas, abuso
sexual y acoso sexual. Se desarrollaron campañas de educación, se crearon 11 casas de refugio
(trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil) y 2 están actualmente en construcción. Se
instaló una línea telefónica de atención a víctimas/sobrevivientes. Queda aún pendiente
aprobar el Plan Nacional por parte del Gabinete, fortalecer los mecanismos de articulación
para brindar un servicio unificado, desarrollar un registro único de datos, fortalecer los
compromisos entre las instituciones para compartir información, y generar mayor incidencia
para lograr apoyos políticos en posiciones estratégicas dentro y fuera de la institucionalidad
que permitan impulsar las políticas.
REPUBLICA DOMINICANA sancionó la Ley de Migración Ilícita y Trata y Tráfico de Personas,
formuló el Plan Nacional de Equidad de Género (PLANEG II) para el período 2006-2016, en el
marco del cual una de sus metas es la erradicación de la violencia contra las mujeres. Se
formuló el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar y el Plan
Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente. También se sancionó la Ley de Violencia
Intrafamiliar, la Ley que crea y regula las casas de acogida a mujeres violentadas y sus hijas e
hijos y se modificó el Código Penal en lo concerniente a la discriminación contra la mujer. Se
creó la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia (CONAPLUVI). Se instaló
una línea telefónica de atención a víctimas/sobrevivientes y se crearon diversos Centros de
Atención Integral Los logros son producto de la creación de mecanismos de articulación
interinstitucional, descentralización a nivel de las provincias y el diálogo entre el Estado y la
sociedad civil. Quedan como desafíos disminuir el alto índice de femicidio, identificar buenas
prácticas para disminuir la alta impunidad (baja cantidad de sentencias firmes), crear un
Registro Único de Datos y desarrollar protocolos para los ejes de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia a nivel nacional.
PERU formuló el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer (2002-2007), sancionó la
Ley de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres (2007), formuló el Plan Nacional
de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres (2006-2010), el Plan Nacional de
23
Igualdad de Género (2012) y el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer (2009-2015),
entre otras políticas públicas. Se creó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel y una instancia,
la Mesa Intersectorial, que permitió la implementación de los ejes del Plan Nacional. El país
cuenta con 5 planes regionales en 26 instancias regionales y 9 planes provinciales en 196
provincias. Se designaron representantes en cada ministerio que realizan un seguimiento de
las 114 acciones a nivel ministerial y se asignaron recursos específicos a nivel intersectorial.
Se creó el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME) considerado una buena práctica en la
región y se está aplicando un modelo de gestión por resultados para evaluar el costo de la
violencia contra las mujeres. También se desarrollaron Planes Operativos Anuales (POAs) con
asignación de responsabilidades para cada Ministerio. Queda como desafío aumentar la planta
de RRHH y aunar los esfuerzos hacia una conceptualización compartida entre los diversos
sectores acerca de la violencia y lograr que los 6 Ministerios con competencias en la materia
tengan una asignación presupuestaria específica para el abordaje de la violencia contra las
mujeres.
JAMAICA inició un proceso de reformulación legislativa. Se reformuló el primer artículo de la
Constitución Nacional con base en las prescripciones de la CEDAW. En la actualidad se está
trabajando en acciones de incidencia para la inclusión de la figura de género. Se creó el Comité
Nacional para el Tráfico de Personas en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, el
Centro de Investigación en Delitos Sexuales y Abuso Sexual. Se creó una comisión articuladora
para un abordaje integral de la violencia contra las mujeres. Se iniciaron acciones de
fortalecimiento institucional, desarrollo de capacidades a funcionarios/as y elaboración de
protocolos con el área de Defensa. También se instalaron puntos focales de género en el
ámbito de la institucionalidad para incorporar la transversalización del enfoque de género.
Restan obtener más recursos presupuestarios, empoderar a las mujeres (reparación de la
violencia), desarrollar protocolos con la Fiscalía, Policía y el Área de Estadísticas, promover
las consultas con la sociedad civil y lograr una mayor articulación con otras políticas de
carácter general y con otros planes.
La primera rueda de prensa giró en torno a las causas que están dilatando los tiempos para la
ejecución de ciertos planes nacionales, tales los casos de Argentina, Antigua y Barbuda,
Barbados o El Salvador. Las respuestas aludieron a que se está trabajando en forma articulada
con las provincias y municipios para lograr los acuerdos y consensos necesarios y la creación
24
y/o fortalecimiento de la institucionalidad de género y de los mecanismos de articulación para
crear las condiciones que permitan una adecuación entre el Plan Nacional y las instancias sub-
nacionales. También se señaló que desde las oficinas de asuntos de género, y con el apoyo de
diversos sectores sociales, se está incidiendo para que la aprobación de los planes sea un tema
de las agendas gubernamentales en un contexto en el que se sigue observando cierta falta de
voluntad e interés político.
En la segunda rueda de prensa, las periodistas focalizaron sus preguntas en conocer más acerca
de las experiencias de los países, en especial en torno al eje de atención a las
víctimas/sobrevivientes y de prevención secundaria a través de acciones de reparación
económica. Hubo mucho interés por parte de las periodistas en conocer más de cerca la
experiencia chilena en torno a los refugios específicos para las mujeres víctimas de trata y a los
refugios para hombres. Las participantes discutieron acerca de las diversas mecánicas para
operar los call centers (líneas telefónicas para la atención de víctimas/sobrevivientes de
violencia) a partir de las experiencias nacionales. Las periodistas también manifestaron su
interés en conocer la experiencia innovadora de “Ciudad Mujer” en El Salvador.
En la tercera rueda de prensa, las periodistas y voceras debatieron en torno a la necesidad de
transitar de la formulación y sanción de leyes de primera generación, que focalizan sobre la
violencia doméstica y la violencia intrafamiliar, hacia leyes de segunda generación, más
inclusivas e integrales, que buscan prevenir, atender, sancionar y reparar las diversas
expresiones de violencia fuera del ámbito doméstico. Se remarcó la necesidad de que exista una
mayor articulación entre los Planes de Igualdad de Oportunidades y los planes de violencia y se
puntualizó acerca de las dificultades en las lógicas institucionales, principalmente en torno a los
mecanismos de articulación intersectorial e interjurisdiccional. También se refirieron a la
importancia de legitimar las políticas y/o planes nacionales a través de consultas a las
organizaciones de la sociedad civil y a las propias víctimas/sobrevivientes.
25
MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2012
A. LOS ENFOQUES PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
A continuación, la Sra. Ivonne Urriola, inició la segunda parte de esta primera sesión en la que,
junto con la Sra. Isabel Miguel, analizaron los enfoques para el abordaje de la violencia contra
las mujeres en el marco de la Investigación Regional presentada el día anterior. El punto de
partida fue el análisis del enfoque que asumen las políticas y/o planes nacionales basados en
los Derechos Humanos y la igualdad de género, recogido en tratados internacionales y
regionales ratificados por los Estados. En este marco, la colega señaló que el enfoque de
derechos busca cortar con anteriores prácticas del desarrollo centradas en la identificación y
satisfacción de las necesidades básicas de la población “beneficiaria” para reemplazarlas por
prácticas basadas en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos
inherentes. El objetivo de este nuevo paradigma no es ya la satisfacción de necesidades sino la
realización de derechos. Esta distinción es clave ya que los derechos implican obligaciones
mientras que las necesidades no.
Aadoptar los enfoques de género y de derechos implica reconocer todas las expresiones de
violencia y factores que influyen en la experiencia que las mujeres tienen de la violencia: etnia,
raza, edad, discapacidad, situación socio-económica, origen nacional, condición de inmigrante,
refugiada o mujer viviendo con VIH/Sida, lugar de residencia (urbano/rural), idioma, estado
civil, orientación sexual, opinión política, etc. También implica reconocer que se trata de una
violación de Derechos Humanos y una forma de discriminación; supone incorporar medidas
centradas en la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia; impulsar
procesos de transformación sistemática en las distintas instituciones y en el sistema de
creencias, a fin de enfrentar las formas en que se reafirma y perpetúa el problema y generar
procesos de empoderamiento y de participación de las mujeres como actores en las decisiones
y acciones que le atañen, más que sólo “usuarias” de los servicios e intervenciones.
26
Con base en este marco conceptual, en la Investigación Regional, se pudo constatar que no
todas las políticas y/o planes nacionales revisados incluyen disposiciones que tomen en
cuenta la diversidad de las mujeres, o acciones contempladas para prevenir la violencia en
todos sus ciclos de vida. Al analizar los enfoques de las políticas y/o planes nacionales, se
consideraron tres dimensiones de análisis. Una primera que se refiere a la coherencia de tales
instrumentos con los compromisos internacionales adoptados por los Estados. Una segunda
dimensión de análisis se refirió a las expresiones de violencia contra las mujeres, tanto en el
ámbito privado como público, contenidas en las políticas y/o planes nacionales. Una tercera
dimensión se refiere a la integralidad de la respuesta institucional a la violencia contra las
mujeres, esto es al conjunto de acciones en relación a los ejes de prevención, atención, sanción
y reparación o rehabilitación de la violencia contra las mujeres. Los planteamientos en este
sentido han sido variables entre las políticas y/o planes nacionales abordados en la
Investigación Regional.
***
Posteriormente, se abrió una discusión sobre los avances en materia de legislación en cada
uno de los países. Algunas representantes compartieron con el resto del grupo aquellas leyes
más significativas que fueran sancionadas en los últimos años haciendo una distinción entre
aquellas de primera y segunda generación y las expresiones de violencia que las mismas
abordan. Estas intervenciones fueron complementadas con material que las participantes
compartieron con el resto del grupo en una mesa destinada para tal fin dentro del salón donde
se realizó el Taller Regional. En ese espacio las participantes pudieron intercambiar
documentación muy valiosa sobre las diferentes legislaciones nacionales y demás
documentos.
A continuación se desarrollaron dos actividades. Una primera que tuvo como objetivo
identificar los actores que en sus propios contextos nacionales y sub-nacionales ponen
barreras u obstáculos para la sanción de instrumentos legales que contemplen, por un lado,
una mayor integralidad en la respuesta a las víctimas/sobrevivientes (atento a los ejes de
prevención, atención, sanción y reparación o rehabilitación de las víctimas/sobrevivientes), y
por el otro, una mayor inclusión de las diversas expresiones de violencia en las políticas y/o
27
planes nacionales. La facilitadora les solicitó a las participantes que además reflexionaran
acerca de los argumentos que sostienen tales identificaciones.
Tras un trabajo en grupo, las participantes compartieron en plenaria sus discusiones.
Resaltaron el papel que juega la sociedad civil (en especial las las organizaciones y
movimientos feministas) y actores político-institucionales (en particular aquellos que se
inscriben en el marco de gobiernos cuyas plataformas políticas son de corte más progresista)
para fortalecer las políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres e incidir sobre la
sanción de legislación en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Sin embargo existen
actores que no resultan ser aliados para un cambio favorable en esta dirección. Sobre éstos se
puso la atención.
Entre ellos cabe destacar, aunque no de manera exhaustiva para la totalidad de los países, a la
Iglesia, en especial en torno a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, como el
aborto no punible o terapéutico; a los medios de comunicación, los cuales dependiendo de la
matriz ideológica de los grupos económicos a los que responden (oligopolios o monopolios en
algunos casos), influyen sobre la opinión pública y ejercen presión para que determinados
proyectos de ley, más inclusivos, integrales e integrados, no sean finalmente sancionados.
También fueron mencionados los/las legisladores/as, en especial de aquellos partidos
políticos más conservadores, quienes no solo responden a las decisiones que se toman en las
cúpulas de sus partidos políticos de pertenencia, sino que a la vez crean alianzas y mantienen
diálogos con grupos de poder u organizaciones de la sociedad civil y se transforman en grupos
de presión. Entre ellos se señaló a la corporación médica, a jueces y juezas quienes no siempre
rinden cuentas de sus actos; a los Ministerios o Secretarías de Economía, Finanzas y Hacienda
quienes diseñan los presupuestos y definen, en un campo de tensiones, las asignaciones de
recursos para erradicar la violencia contra las mujeres.
Otros actores señalados fueron los grupos ultra-conservadores como la Prelatura de la Santa
Cruz y Opus Dei (Iglesia Católica) quienes ejercen presión sobre los/las legisladores y sobre el
ámbito ejecutivo no solo para incidir sobre cambios en la legislación –favorables a sus
posturas religiosas- sino también para el “entronque” de funcionarios/as no afines a sus
intereses e ideologías. Se mencionaron a los/las representantes de agrupaciones políticas o
partidos políticos de raigambre más conservadora o ubicados “a la derecha” del espectro
28
político; funcionarios/as en el ámbito del Poder Ejecutivo, quienes ponen barreras para
avanzar en la reglamentación de legislación ya promulgada. También se hizo mención, en
especial en la región del Caribe, al rol obstaculizador que juegan las mujeres de las clases
sociales más altas quienes, unidas a grupos de poder y presión, y por su vinculación con el
ámbito empresarial (por ejemplo, por ser las esposas de los altos directivos en el ámbito del
sector privado) inciden sobre legisladores/as para que no se sancionen determinadas leyes
que promueven la inclusión de figuras, como por ejemplo, la del acoso sexual en el ámbito
laboral, a pesar de su género.
B. EL CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
El objetivo de esta sesión fue revisar las políticas y/o planes nacionales de los países que
conforman la muestra de la Investigación Regional a la luz del ciclo de vida de las políticas
públicas (primer nivel de análisis de la Investigación Regional). Con base en las fases de
formulación, implementación y evaluación de las políticas, se compartió con el auditorio una
mirada transversal de los actores participantes, las estrategias de intervención, las
capacidades institucionales y las acciones (segundo nivel de análisis) para cada una de las
fases. Estas variables se abordaron a partir de los ejes de prevención, atención, sanción y
reparación o rehabilitación de la violencia contra las mujeres (tercer nivel de análisis).
El objetivo de la presentación fue que las participantes retomaran las categorías conceptuales
compartidas para que, en grupos, las colegas, reflexionaran acerca de cómo han sido las
experiencias en sus propios contextos nacionales, en especial en relación a las acciones,
buenas prácticas, experiencias innovadoras, etc. para los ejes de prevención, atención, sanción
y reparación de la violencia contra las mujeres. Cabe señalar que muchas de las acciones que
se detallan a continuación coinciden con los hallazgos de la Investigación Regional. A
continuación se resumen los aportes fruto de las discusiones al interior de cada grupo y
compartidas en plenaria.
29
En materia de prevención las principales acciones estuvieron vinculadas a la creación de
alianzas y redes entre comunicadores sociales y actores político-institucionales para
sensibilizar y visibilizar la violencia contra las mujeres; campañas de sensibilización,
divulgación, difusión y promoción a través de medios radiales, televisivo, prensa, Internet, en
el ámbito educativo, desde la institucionalidad o en red; acciones de detección primaria o
alerta temprana en un trabajo articulado con las áreas de salud, educación y juventud; líneas
de atención telefónica gratuita las 24hs los 365 días del año para prevención primaria y
secundaria; desarrollo de capacidades dirigidas a diversos públicos, en especial a jueces y
juezas, legisladores/as, funcionarios/as de los diversos sectores estatales, al personal médico
y no médico del sector salud y educadores/as quienes, asimismo, actúan como agentes
replicadores en el ámbito educativo; campañas dirigidas a hombres y la construcción de
módulos de masculinidades; facilitación o visitas casa por casa (experiencias innovadoras en
Nicaragua y Perú); creación de la Policía Comunitaria y la Escuela de Valores de Libre Acceso a
la Comunidad (Centroamérica), entre tantas.
En el eje de atención, las principales acciones se refirieron a la instalación de líneas de
atención telefónica gratuita las 24hs los 365 días del año para brindar una respuesta integral a
las víctimas/sobrevivientes (asesoramiento jurídico, apoyo emocional, etc.); la creación de
casas de acogida y refugios (ambulatorios o no) para la atención integral a las
víctimas/sobrevivientes (se destacó la experiencia innovadora de Chile que cuenta con casas
de acogida para mujeres víctimas de trata y para hombres); centros especializados para
brindar atención legal; las experiencias innovadora del Modelo de Atención Integral en
Honduras (creado con el apoyo de UNFPA) o de “Ciudad Mujer” en El Salvador, por citar solo
algunos ejemplos, la formación de equipos multidisciplinarios en el marco de la
institucionalidad y con el apoyo de la sociedad civil para la atención integral de la violencia;
elaboración de protocolos de atención específicos (Justicia, Salud, Educación, Policía, etc.) y
unificados; entrevistas únicas para evitar la revictimización; entre otras.
En el eje de la sanción, los avances giraron en torno al endurecimiento de las penas para los
casos de femicidio/feminicidio; reformas sobre los códigos penales; sanción de la violencia
psicológica; modificación del vocabulario de las leyes para evitar el sesgo sexista; la creación
de Juzgados Especializados (algunos de ellos cuentan con Cámaras de Gesell), entre otras. En
el eje de la reparación, se destacó la asistencia psicológica, jurídica, social y económica a las
30
víctimas/sobrevivientes; los programas de reparación específicos como el Programa “Semilla”
en Bolivia o “Argentina Trabaja” en Argentina; otorgamiento de recursos para micro-
emprendimientos con prioridad a las víctimas/sobrevivientes en Nicaragua o bonos para
madres solteras; la elaboración de protocolos para la reparación moral de la violencia sexual
en Jamaica; los convenios para acceso preferencial a la restitución de derechos a través de
programas específicos, como por ejemplo el acceso preferencial que tienen las
víctimas/sobrevivientes a una vivienda en Chile o de medicamentos e insumos médicos en
varios países de la región; acciones sobre los hombres a través de la implementación de
terapias obligatorias de apoyo psicológico, entre otras iniciativas.
C. NUDOS CRÍTICOS Y FACTORES Y ESTRATEGIAS PARA AVANZAR
A continuación, bajo el formato de una reunión de “Café Mundial” se invitó a las participantes
a desarrollar un trabajo en grupos para identificar los nudos o desafíos que obstaculizan la
implementación de las políticas y/o planes nacionales. A continuación se describen las
principales conclusiones.
DIFICULTADES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERJURISDICCIONAL
(DESCENTRALIZACIÓN).
Este nudo impacta negativamente en la construcción de agendas, el diseño de programas, la
formulación de políticas y/o planes, la implementación y el monitoreo y evaluación de las
acciones debido, por un lado, a la insuficiencia de instancias de ejecución (institucionalidad de
género) en los niveles sub-nacionales (regional, provincial y municipal o local), a la falta de
voluntad política, recursos y capacidades instaladas en materia de género. La falta de
mecanismos de articulación limita las posibilidades para establecer diálogos, “hablar un
mismo idioma”, entre los diversos sectores y niveles del Estado (salud, educación, justicia,
policía, etc.) y diseñar acciones “a la medida de” las necesidades sub-nacionales.
Complementariamente, existe una gran cantidad de planes de los diferentes niveles
jurisdiccionales que se “cruzan” pero no se unifican.
31
En este sentido, una de las estrategias identificadas para “desatar estos nudos” es crear
mecanismos de articulación con participación de los diversos sectores, desarrollar incentivos
que inviten al diálogo y, con él, la negociación política en interfaz nacional/sub-nacional.
Además de voluntad política, es preciso contar con “aliados/as del cambio”, en el marco de la
institucionalidad y en la sociedad civil (medios de comunicación, organizaciones de mujeres y
movimientos feministas, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, artistas, etc.)
que legitimen las acciones. Y para esto se requiere visibilizar la gravedad de la violencia
contra las mujeres para así fomentar una mayor participación e involucramiento de los
actores clave en los procesos decisorios. Las participantes reconocieron la importancia
estratégica de “aprovechar” las oportunidades políticas, en especial durante los gobiernos de
corte más progresista, para incluir la violencia contra las mujeres en las agendas políticas.
INSUFICIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, HUMANOS, ETC.)
Si bien en la región la gran mayoría de los países cuenta con políticas y/o planes nacionales
para abordar la violencia contra las mujeres, son pocos los países que comprometen una
partida presupuestaria específica para la ejecución de las acciones formuladas en los
instrumentos. Y aun habiendo una asignación específica de recursos se observan dilaciones
para poder contar con los mismos a tiempo. Se requiere entonces de liderazgo político de
parte de la institucionalidad de género e incidencia de parte de la institucionalidad de género
y con el apoyo de la sociedad civil (aliados/as del cambio) sobre las instituciones y actores
clave en los procesos de toma de decisiones (Ministerios de Economía, Hacienda, Presupuesto,
legisladores/as, etc.). Es preciso crear espacios de diálogo que permitan visibilizar los costos
de la violencia como parte de las estrategias de negociación política para la obtención de más
recursos, utilizando un lenguaje simple, llano, con indicadores que presenten datos de fácil
comprensión. También se mencionó aprovechar los procesos de reforma administrativa de
segunda generación o procesos de modernización del Estado para “colar” las temáticas de
género en las nuevas agendas y diseño de presupuestos.
PERSISTENCIA DE PATRONES CULTURALES PATRIARCALES REPRESENTAN UNA
FORMA DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA, RELIGIOSA, SOCIAL Y SIMBÓLICA
BASADA EN LA DOMINACIÓN DE LOS HOMBRES SOBRE LAS MUJERES.
32
Los patrones culturales fundados en la desigualdad e inequidad del varón respecto de la
mujer discurren en todos los planos de la vida se manifiestan en relaciones de poder
verticalistas en las que predomina el varón sobre la mujer, el marido sobre la esposa, el padre
sobre la madre y/o los hijos/as e imprime patrones culturales, tradiciones, mandatos y
símbolos que se transmiten intergeneracionalmente con un fuerte impacto sobre los grupos
de mujeres más vulnerables (indígenas, afrodescendientes, campesinas, etc.). El sistema
patriarcal responde a una “toma de poder” histórico por parte de los hombres, que llevado al
plano político, impacta negativamente sobre la gestión de las políticas públicas que abordan
las cuestiones de género en general y la violencia contra las mujeres en particular. Las
participantes coincidieron en que se observa cierta sensación de indiferencia por parte de las
cúpulas políticas (en general atravesadas por el machismo), quienes les restan importancia a
las demandas de género y deciden no incorporarlas en las agendas gubernamentales (“decidir
no hacer” es una política pública). Esta naturalización de la situación de subordinación de las
mujeres respecto de los hombres y la normalización de la violencia impactan negativamente
sobre la asignación de recursos presupuestarios para la implementación de las políticas,
planes y programas.
La clave pareciera encontrarse en la educación según surgió de los debates entre los grupos.
Ante esto, las participantes señalaron varias estrategias para avanzar en los procesos de
transformación cultural. Se mencionó la necesidad de cambios/adaptaciones en las curriculas
escolares y de los contenidos e imágenes estereotipadas en los libros de texto; el diseño e
implementación de campañas de sensibilización y concientización; empoderamiento de los
grupos históricamente excluidos; transversalizar el enfoque de género en los programas y
políticas a nivel intersectorial; diseñar programas de formación y capacitación a
educadores/as para que sean éstos/as los/las replicadores/as del cambio, entre otras.
Para lograr alcanzar estos objetivos es preciso crear alianzas estratégicas con la
institucionalidad (en especial con las áreas de educación, cultura y desarrollo social) y, con el
apoyo de “los aliados/as del cambio” e incidir directamente a través de acciones concretas
para impartir educación basada en valores. Las acciones de sensibilización, prevención y
educación deben ser simultáneas a las de atención, sanción y reparación; no deben estar
escindidas. Una vez más, se reconoció la importancia de aprovechar las “ventanas de
oportunidades” que brindan los momentos políticos y de aquellos/as funcionarios/as que
33
ocupan espacios de poder más comprometidos/as con el cambio. Los medios de comunicación
también juegan un rol clave para incidir en las transformaciones culturales a través de
mensajes que no reproduzcan imágenes estereotipadas asociadas a una relación desigual de
género y violencia contra las mujeres.
LOS CAMBIOS DE GESTIÓN Y LA ALTA TASA DE ROTACIÓN (DISCONTINUIDAD) EN
LOS CARGOS DE REPRESENTACIÓN
Este nudo genera una falta de continuidad y sostenibilidad de los programas de prevención y
atención a las víctimas/sobrevivientes. Los cambios de gestión política y administrativa no
permiten “acumular conocimiento” y se “tiene siempre la sensación de estar empezando de
cero” con los “altos costos de aprendizaje que tiene sobre los nuevos/as funcionarios/as o
equipos técnicos”. Asimismo, los cambios de gestión y discontinuidad de los cargos impactan
negativamente sobre la congruencia entre los instrumentos, los cuales van solapándose o
acumulándose desarticuladamente. En este sentido, resulta necesario contar legislación que
promueva la estabilidad en los cargos y una mayor flexibilidad en las contrataciones o
diversas formas de vinculación para poder así sumar a los equipos a personal más calificado.
DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y CON SECTORES
CONSERVADORES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Las resistencias de grupos sociales, como los arriba mencionados e identificados por las
participantes, crean barreras para la construcción de agendas, para la sanción y/o
reglamentación de leyes, la reforma de marcos jurídicos, la aprobación de políticas y/o planes
nacionales, asignación de recursos, etc. A su vez, estos actores instalan un discurso que, antes
que fomentar la erradicación de la violencia contra las mujeres, profundizan su naturalización.
Incluso se mencionó tener que “velar” la inclusión de la violencia doméstica en el marco de
otros instrumentos de alcance multisectorial como consecuencia de las resistencias
interpuestas. Estas “distancias en el entendimiento” impactan negativamente a la hora de
pensar colectivamente en “qué hacer” y en “cómo intervenir”. En este sentido, es necesario
entonces avanzar en el desarrollo de capacidades, acciones de sensibilización a nivel
intersectorial y promover una mayor participación de los/las aliados/as del cambio
(movimientos feministas, organizaciones de mujeres, organizaciones de defensa de Derechos
34
Humanos, etc.) en espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil para que legitimen las
acciones y apoyen la inclusión de los temas de género en las agendas gubernamentales.
JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 2012
A. ¿VOLVER A EMPEZAR?: RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN
Tras un breve repaso de los desafíos abordados el día anterior, la sesión del jueves tuvo como
objetivo que las participantes, sigan reflexionando en torno a los nudos o desafíos y las
estrategias para desatarlos, pero ahora pensando en recomendaciones concretas en el corto,
mediano y largo plazo para mejorar la implementación de las políticas y/o planes nacionales
para abordar la violencia contra las mujeres. Con base en la siguiente pregunta: “Tomando en
consideración lo que hemos compartido durante estos días, ¿qué haríamos si pudiéramos volver
a empezar?”, las colegas formaron tres grupos de trabajo. A continuación compartimos
algunas de las principales recomendaciones en el corto, mediano y largo plazo en torno a los
desafíos y estrategias para avanzar identificadas el día anterior u otros que surgieron en el
debate de este día.
PERSISTENCIA DE PATRONES CULTURALES PATRIARCALES REPRESENTAN UNA
FORMA DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA, RELIGIOSA, SOCIAL Y SIMBÓLICA
BASADA EN LA DOMINACIÓN DE LOS HOMBRES SOBRE LAS MUJERES.
RECOMENDACIONES EN EL CORTO PLAZO
Diseñar e implementar campañas de sensibilización con enfoques integrales que se basen
en la igualdad y equidad de género.
RECOMENDACIONES EN EL MEDIANO PLAZO
Desarrollar capacidades de negociación en el ámbito de la institucionalidad de género para
incidir sobre los actores con poder y cómo articular objetivos y argumentos comunes.
35
En el ámbito educativo, establecer acuerdos para implementar acciones de sensibilización
y formación en valores a alumnos/as en los distintos niveles de educación formal y no
formal.
En el ámbito educativo, diseñar programas de sensibilización y capacitación para el
desarrollo de capacidades del personal docente y no docente.
En el ámbito institucional, establecer acuerdos para el desarrollo de capacidades de los
cuadros técnicos y políticos sobre las relaciones de poder desiguales entre varones y
mujeres, los mandatos sociales, roles estereotipados y un análisis de cómo se ha
naturalizado la violencia en nuestras sociedades.
En el ámbito familiar, desarrollar programas de acompañamiento que integren la
consejería sobre cambios de patrones culturales.
Desarrollar acciones con los jóvenes y abordar la cuestión de las masculinidades.
RECOMENDACIONES EN EL LARGO PLAZO
Integrar la temática de la violencia de género y violencia contra las mujeres en sus diversas
expresiones en la curricula educativa de los distintos niveles educativos (inicial o primario,
secundario y universitario) formal y no formal.
Incidir sobre legisladores/as y actores clave en el marco de la institucionalidad para
avanzar en reformas de los códigos penales, códigos de familias y leyes de derechos
reproductivos.
Promover un debate profundo entre actores con capacidad de movilización (actores
político-institucionales, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, etc.)
para diseñar agendas para propiciar los cambios culturales.
Establecer una agenda a nivel de país y regional sobre el cambio cultural (apoyo de la
cooperación internacional)
DIFICULTADES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERJURISDICCIONAL
(DESCENTRALIZACIÓN).
RECOMENDACIONES EN EL CORTO PLAZO
Identificar los actores con recursos de poder y capacidad de influencia en los procesos de
toma de decisiones que puedan transformarse en “aliados/as del cambio”.
36
Desarrollar mapas de actores para crear espacios de diálogo para negociar y acumular
poder.
Diseñar e implementar estrategias de sensibilización dirigidas a funcionarios/as y equipos
técnicos en sectores de relevancia estratégica.
Crear espacios de diálogo intersectoriales para tejer alianzas y diseñar agendas
coordinadas.
RECOMENDACIONES EN EL MEDIANO PLAZO
Analizar la congruencia existente entre las agendas, los programas, las políticas y/o planes
vigentes para lograr una articulación intersectorial más facilitada y “colar” las acciones en
el marco de políticas o planes preexistentes.
Desarrollar Programas de Mejoramiento de la Gestión con indicadores de género de
cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones bajo la modalidad de un sistema de
incentivos (bonos).
RECOMENDACIONES EN EL LARGO PLAZO
Crear convenios de cooperación con las instancias sub-nacionales amparados en leyes o
decretos con una asignación clara de funciones y responsabilidades.
Incluir la participación de la sociedad civil para garantizar la sostenibilidad de las
iniciativas que se generen en el marco de los convenios de mutua colaboración.
INSUFICIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, HUMANOS, ETC.)
RECOMENDACIONES EN EL CORTO PLAZO
Integrar a los Ministerios de Hacienda y/o Economía en los espacios de discusión y
negociación.
Diseñar estrategias de sensibilización y concientización dirigidas a los equipos técnicos y
funcionarios/as clave.
Transparentar el gasto público en materia de género.
Identificar y calcular objetivos intermedios y tiempos técnicos vs. tiempos políticos.
37
Incidir sobre los actores clave para lograr mayores recursos para poblaciones en situación
de mayor riesgo y vulnerabilidad.
Promover la armonización de la cooperación internacional, tanto en la asistencia técnica
como financiera, con las políticas y/o planes nacionales.
RECOMENDACIONES EN EL MEDIANO PLAZO
Incluir en la formulación de las políticas y/o planes nacionales los recursos que se
requieren para la ejecución de las acciones y el cumplimiento de objetivos.
Articular los planes para abordar la violencia contra las mujeres con los presupuestos
intersectoriales: no focalizar sobre la suma de los planes sino sobre su congruencia.
Crear balances anuales y vigilar su cumplimiento (rendición de cuentas).
RECOMENDACIONES EN EL LARGO PLAZO
Desarrollar metodologías (construcción de indicadores, instrumentos de recolección de
datos, fuentes de información, criterios de análisis, etc.) para desarrollar estudios que
permitan visibilizar los costos de la violencia y su impacto negativo sobre el desarrollo
económico y productivo de los países.
Utilizar el costeo de la violencia como argumento “tangible” para incidir sobre los actores
clave para una mayor asignación presupuestaria.
DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL
RECOMENDACIONES EN EL CORTO PLAZO
Crear un mapa de las organizaciones sociales y actores públicos estatales y no estatales
resistentes al cambio.
Crear un mapa de las organizaciones aliadas al cambio para legitimar las propuestas y
apoyar los procesos de negociación e incidencia sobre los actores más resistentes.
Diseñar e implementar estrategias de sensibilización y concientización dirigidas a los
grupos resistentes al cambio con el apoyo de los aliados para legitimar los discursos.
Crear espacios de diálogo para fomentar compromisos entre los diversos actores.
Integrar a los medios de comunicación en los espacios de discusión para que en un trabajo
en red se visibilice la violencia contra las mujeres en los medios masivos de comunicación.
38
RECOMENDACIONES EN EL MEDIANO/LARGO PLAZO
Desarrollar estrategias de incidencia sobre legisladores/as y funcionarios/as del Poder
Ejecutivo para aumentar el cupo de participación política de las mujeres en los ámbitos
parlamentarios y ejecutivos. Desarrollar una estrategia comunicacional integral y
coordinada para captar a actores clave y diferentes públicos dentro y fuera de la
institucionalidad.
Establecer alianzas estratégicas entre el Ministerio de Trabajo y la institucionalidad
rectora en materia de género para crear espacios de diálogo que permitan abrir “ventanas
de oportunidad” para abordar la violencia contra las mujeres (acoso sexual y laboral) en el
ámbito laboral (sector privado). Por ejemplo, crear una norma de acreditación empresarial
donde certifican incluir la perspectiva de género en la gestión.
Potenciar la comunicación con el sector privado para que sean aliados del cambio.
Establecer relaciones con las áreas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
(Experiencia innovadora en Nicaragua con el sector licorero a través de campañas de
sensibilización para evitar que el exceso de alcohol potencie la violencia contra las
mujeres).
DEBILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN
RECOMENDACIONES EN EL CORTO PLAZO
Identificar los recursos humanos con capacidades técnicas para el desarrollo de sistemas
de información, monitoreo y evaluación.
Establecer alianzas estratégicas y acuerdos entre el Estado, agencias de investigación, la
academia y organizaciones de la sociedad civil o consultoras con experiencia en la
temática.
Desarrollar metodologías cualitativas y cuantitativas, definir indicadores para la medición
de resultados e impactos de la violencia en el corto, mediano y largo plazo, identificar
fuentes de relevamiento y diseñar las herramientas para la recolección de datos para la
construcción de sistemas de información, monitoreo y evaluación.
RECOMENDACIONES EN EL MEDIANO PLAZO
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Desarrollar plataformas web para Intranet en los diferentes sectores (educación, salud,
justicia).
Desarrollar investigaciones basadas en la evidencia en colaboración con la academia e
institutos de investigación.
Crear registros únicos para el asiento unificado de denuncias y demandas por hechos de
violencia para contar con información confiable, actualizada que permita el posterior
análisis y nutra los procesos de toma de decisiones.
Intercambiar experiencias y buenas prácticas entre países en torno al desarrollo de
registros únicos
B. ¿QUÉ PRECISAMOS PARA AVANZAR? ¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS?
La sesión tuvo como objetivo estimular acuerdos y compromisos entre las participantes en
función de lo que cada una estaría dispuesta a ofrecerle al resto de acuerdo a sus
especialidades, capacidades y posibilidades y de lo que necesitan de las demás para hacer más
eficiente su gestión. También se reflexionó colectivamente en torno a los apoyos que las
entidades convocantes pueden ofrecer para el logro de esos compromisos. En forma
individual las participantes fueron invitadas a responder dos preguntas: ¿qué necesito para
avanzar en la implementación de los planes? ¿Qué puedo ofrecerles a mis colegas de la región
para la implementación de los planes? Luego, en una ronda de intercambio cada uno compartió
con el resto sus necesidades y ofrecimientos. En el ANEXO IV se resumen los compromisos de
cada participante de acuerdo a sus “necesidades” y “ofrecimientos”.
C. EVALUACIÓN Y CIERRE
El Taller Regional finalizó con una evaluación que las participantes realizaron por escrito y de
una cosecha oral guiada por la facilitadora. En síntesis, el Taller Regional fue valorado muy
positivamente por el grupo ya que permitió el intercambio de conocimiento, la reflexión
conjunta y análisis de los principales temas vinculados con el desarrollo de políticas y/o
planes nacionales para abordar la violencia contra las mujeres. El encuentro permitió
establecer relaciones de colaboración y abrió oportunidades para un intercambio futuro de
40
iniciativas, buenas prácticas, estrategias para abordar problemas y para seguir conociendo
más acerca de las experiencias regionales en pos de la erradicación de la violencia contra las
mujeres en la región.
Las Sras. Carmen de la Cruz y Nadine Gasman dieron cierre al Taller Regional agradeciendo
en primer lugar la participación de todas las colegas y por haber invertido tiempo y esfuerzo
en trabajar colectivamente. Las funcionarias compartieron unas reflexiones finales que se
sintetizan a continuación.
§ El Taller Regional ha sido parte de un proceso de aprendizaje que se enmarca en un
continuum cuyo objetivo es seguir consolidando conocimiento en un contexto regional que se
caracteriza por la fragmentación política y técnica para el desarrollo de políticas públicas que
buscan poner fin a la violencia contra las mujeres. Este no es un proceso que empiece y
termine con el Taller Regional, sino que aspiramos a que se enriquezca progresivamente.
§ El éxito del Taller Regional motiva a seguir facilitando este tipo de espacios para el
intercambio de conocimiento sobre nuevos marcos normativos, políticas y planes que
aborden la violencia contra las mujeres en la región e incentiva a complementarlos con otros
tipos de espacios de encuentro, bajo la modalidad de diálogos nacionales virtuales por
ejemplo, sobre temáticas que resulten de las principales inquietudes, necesidades y
ofrecimientos de cada una de las colegas con el propósito de profundizar ciertas áreas
específicas de conocimiento.
§ Los productos de conocimiento que resulten de la Investigación Regional serán compartidos
entre múltiples públicos, en diferentes países y en distintos momentos. Habrá un lanzamiento
regional y otras presentaciones de incidencia técnica y política que se ajustarán a las
necesidades de cada país. Es fundamental encuadrar la problemática de la violencia contra las
mujeres en el contexto más amplio de la seguridad ciudadana y que las políticas públicas que
persiguen su erradicación permeen otro conjunto de políticas, no solo sectoriales, sino
también en el marco de las estrategias regionales para abordar la violencia contra las mujeres
que encara el PNUD y la Campaña del Secretario General.
41
§ Finalmente, el Taller Regional ha sido un espacio privilegiado en el que las participantes
hablaron en primera persona, compartieron sus propias experiencias, siempre con la verdad.
“No se dijo lo que hay que decir, sino lo que realmente pasa”. Se forjaron vínculos que
permitirán construir alianzas, redes de trabajo colaborativo para compartir conocimiento
creando de este modo un sentimiento de que “no estamos solas/os” en la lucha por la
erradicación de la violencia contra las mujeres en la región.
42
ANEXOS
ANEXO I. LISTADO DE PARTICIPANTES
PAIS PARTICIPANTES CARGO INSTITUCIÓN E-MAIL
REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS PARTICIPANTES
ANTIGUA Y BARBUDA Asha Challenger Oficial de Programa Dirección de Asuntos de Género [email protected]
ARGENTINA Natalia Turbiner
Directora de Asistencia Técnica del Consejo Nacional de las Mujeres Consejo Nacional de las Mujeres [email protected]
BARBADOS Nalita Gajadhar Oficial de Programa Oficina de Asuntos de Género [email protected]
BOLIVIA Inés Pérez
Directora General de Prevención y Eliminación de toda forma de Violencia en Razón de Género y Generacional
Viceministerio de Igualdad de oportunidades. Ministerio de Justicia. [email protected]
CHILE Francisca Sánchez
Encargada de estudios y estadísticas. Unidad de Violencia Intrafamiliar
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) [email protected]
EL SALVADOR Sonia Galdámez
Especialista en Prevención de la Violencia de la Rectoría de Políticas Públicas
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) [email protected]
GUATEMALA Astrid López Asistente Técnica
Secretaría de la Presidencia de la Mujer (SEPREM) [email protected]
HONDURAS Alma Coello Domínguez
Coordinadora de la Unidad de Prevención y reducción de la Violencia de género contra la mujer. Instituto Nacional de la Mujer [email protected]
JAMAICA Sharon Robinson Coordinadora de Investigación Oficina de Asuntos de las Mujeres [email protected]
NICARAGUA Xiomara Bello Asesora Técnica de la Dirección Superior
Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez [email protected]
PANAMA Marlenys Sánchez Técnica en la Unidad de Planeación Instituto Nacional de la Mujer [email protected]
PANAMA Nuvia Barrios
Coordinadora de Violencia de la Unidad de Derechos Humanos Instituto Nacional de la Mujer [email protected]
PERU Olga Miranda
Especialista del Área de Prevención y Desarrollo de Capacidades del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [email protected]
REPUBLICA DOMINICANA Natividad López
Encargada Dpto. Prevención a la Violencia de la Dirección de Políticas de Igualdad de la Mujer Ministerio de la Mujer [email protected]
TRINIDAD AND TOBAGO Ms. Monica Williams. Directora de Asuntos de Género
Ministerio de Género, juventud y desarrollo de la niñez [email protected]
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AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS
PANAMA Ignacio de Lucas
Coordinador del Proyecto Red de Fiscales contra el Crimen Organizado en Centroamérica UNODC [email protected]
PANAMA Luz Angela Melo Asesora Regional de Género UNICEF [email protected]
COMITÉ ORGANIZADOR
PANAMA Nadine Gasman Directora regional para América Latina y el Caribe Campaña del Secretario General “UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres” ONU Mujeres
PANAMA Isabel Miguel Emperador
Analista de Programas [email protected]
PANAMA Carmen de la Cruz Responsable del Área de Práctica de Género Área de Práctica de Género del Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (PNUD)
PANAMA Ivonne Urriola Analista de Género [email protected]
PANAMA Neus Bernebeu Especialista en Género [email protected]
PANAMÁ Guillermina Martin Consultora Internacional [email protected]
ARGENTINA Sebastian Essayag Consultor Internacional [email protected]
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ANEXO II. MAPEO DE POLITICAS Y/O PLANES NACIONALES
SUBREGION / PAIS
MARCO INSTITUCIONAL PRINCIPALES INSTRUMENTOS
LEGALES Y POLITICAS PUBLICAS “MARCO”
PLAN NACIONAL ESTADO DE EJECUCION DEL
PLAN NACIONAL
SUBREGION CONO SUR
ARGENTINA
Consejo Nacional de la Mujer (CNM) dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Presidencia de la Nación Argentina
Ley 26.485 “De protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
En proceso de formulación. No se ha establecido aún el período de ejecución.
BRASIL
Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres (SEPM). Secretaría de Enfrentamiento a la Violencia contra las Mujeres.
Ley 11.340 o “Ley Maria da Penha” (2006) Política Nacional de Lucha contra la Violencia contra la Mujer (2007)
Primer Pacto Nacional para Enfrentar la Violencia Contra la Mujer (2008-2011)
Segundo Pacto Nacional para Enfrentar la Violencia Contra la Mujer (2012-2015) en proceso de formulación.
CHILE
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)
Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar (2005) Ley 20.480: “Modifica el Código Penal y la ley Nº 20.066 sobre violencia intrafamiliar, estableciendo el "femicidio", aumentando las penas aplicables a este delito y reforma las normas sobre parricidio”
Plan Nacional de Acción para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar en Chile (2011-2012)
El Plan Nacional (2012-2013) está en proceso de formulación.
URUGUAY
Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.
Ley 17.514 de Violencia Doméstica (2002). Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007-2011)
Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica (2004-2010)
Pendiente de confirmación por parte de las autoridades oficiales si el país actualmente está en proceso de formulación de un segundo Plan Nacional habida cuenta de que el período de vigencia del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia
46
Doméstica ha caducado. Tampoco pudo confirmarse si hubo una extensión en los plazos.
SUBREGION ANDINA
BOLIVIA
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Ministerio de Justicia. Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM).
Plan Nacional de Prevención y Atención de Violencias (2004-2007). Programa Nacional de Género y Violencias (2004-2007). Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres (2003-2007) Leyes de Violencia de Género (1995, 1997, 1998, 1999, 2005).
Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades: “Mujeres Construyendo la nueva Bolivia para Vivir Bien” (2009-2020). Programa Nacional de Lucha contra la Violencia en Razón de Género (2009-2020).
Actualmente se están realizando ajustes al Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres Construyendo la nueva Bolivia para Vivir Bien” (2009-2020) para lograr una mayor articulación interinstitucional y con la sociedad civil para la implementación de acciones de prevención, sensibilización y concientización. Se está trabajando en modelos educativos y en campañas de difusión y divulgación de los impactos negativos de la VCM. Actualmente el SNPASEVM está en proceso de evaluación de las capacidades instaladas para su ejecución. Su elaboración ya ha atravesado la última fase y se prevé la implementación para febrero de 2013.
COLOMBIA
Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM)
Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) "Prosperidad para todos" Política Pública Nacional de Equidad de Género. Programa Integral contra la Violencia Basada en Género (2008-2011)
Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias (2012 -2022)
Actualmente atravesando su fase final de validación.
ECUADOR Comisión de Transición Hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de
Decreto Ejecutivo No. 620 El Gobierno Nacional decreta como política de Estado la
Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia
En ejecución. No se establece el plazo de vigencia para su ejecución.
47
Género (Decreto Ejecutivo 1733/2009)
erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres.
la Niñez, Adolescencia y Mujeres
PERU
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer (2002-2007). Ley 28.983 De Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres (2007) Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres (2006-2010). Plan Nacional de Igualdad de Género (2012).
Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer (2009-2015)
En ejecución
VENEZUELA
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)
Ley 38.647 Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Plan Nacional de Igualdad para las Mujeres (2004-2009) Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia hacia la Mujer (2000-2005)
Plan Nacional Socialista sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2010-2013)
En ejecución (pendiente de confirmación por falta de acceso a informantes clave).
AMERICA CENTRAL Y MEXICO
EL SALVADOR
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2010)
Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Debido a la reciente sanción de la Ley Especial, la Política Nacional está actualmente en proceso de elaboración, y con una proyección de implementación quinquenal. La misma vendría a reglamentar lo dispuesto por la Ley Especial y hace referencia al conjunto de objetivos y estrategias de naturaleza pública que tienen como finalidad garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia a través de la
48
implementación de programas de prevención y detección de los factores que los originan, como así también de atención y protección de las víctimas/sobrevivientes.
HONDURAS
Instituto Nacional de la Mujer (INAM)
Política Nacional de la Mujer (2002-2004) Primer Plan de Igualdad de Oportunidades (2002-2007) Segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras (II PIEGH, 2010-2022)
Plan Nacional contra la Violencia Hacia La Mujer (2006-2010) Segundo Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer
El Segundo Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer está en proceso de formulación (sobre la base de una reformulación del Plan Nacional 2006-2010). No se establece la vigencia de su ejecución.
MEXICO
Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, organismo colegiado presidido por la Secretaría de Gobernación, y cuya Secretaría Ejecutiva es el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2009-2012) Programa Nacional de Derechos Humanos (2008-2012)
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2010-2012)
En ejecución
NICARAGUA
Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Ministerio de Familia, Adolescencia y Niñez. Secretaría Técnica de la Comisión: Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM).
Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779/2012)
Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual (2001–2006)
Por mandato de la Ley 779, la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer tiene 180 días para elaborar una Política de Prevención de la Violencia de Género a nivel nacional y reformular el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual cuyo plazo de ejecución caducó.
PANAMA Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
Ley 38 sobre Violencia Doméstica y Maltrato al Niño,
El Plan Nacional Contra la Violencia Doméstica y
Actualmente se está en proceso de elaboración del segundo Plan
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dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Comisión Nacional para la Elaboración del Plan Nacional Contra la Violencia Doméstica y Políticas de Convivencia Ciudadana (2004-2014)
Niña y Adolescente (2001) Ley 17 sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (2001) Ley 4 por la cual se instituye la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1999) Ley 31 de Protección a la Víctimas del Delito (define los derechos de las víctimas) (2008) Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (PIOM II) 2002-2006 Planes Locales de prevención y atención a la Violencia Doméstica (Distritos de Soná y San Miguelito)
Políticas de Convivencia Ciudadana (2004-2014)
Nacional, el cual abarcará el período 2014-2024, bajo la rectoría del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
COSTA RICA
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) + Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar
Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (PIEG) Plan Operativo Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI) (1996)
Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres en las Relaciones de Pareja y Familiares por Hostigamiento Sexual y Violación, o PLANOVI Mujer (2010-2015)
En ejecución
GUATEMALA
Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI)
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y del Plan de Equidad de Oportunidades (2008-2023)
Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (2004-2014) (PLANOVI).
En ejecución
50
CARIBE
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia (CONAPLUVI)
Ley 24-97 Sanciona la Violencia Intrafamiliar y la violencia en contra de las mujeres y modifica el Código Penal en lo concerniente a la discriminación contra la mujer. Decreto 423-98 Crea la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia (CONAPLUVI). Ley 88-03 Crea y regula las casas de acogida a mujeres violentadas y sus hijas e hijos. Plan Nacional de Equidad de Género para el período 2000-2004 (PLANEG I)
Plan Nacional de Equidad de Género para el período 2006-2016 (PLANEG II)
En ejecución
ANTIGUA Y BARBUDA
Oficina de Asuntos de Género (Directorate of Gender Affairs).
Constitución Nacional Ley de Violencia Doméstica (1999) Ley de Delitos Sexuales (1995) y modificatoria (2004)
Plan Nacional Estratégico para la Erradicación de la Violencia Basada en el Género (2010-2015) (Strategic Action Plan to End Gender-based Violence (2010-2015)
El Plan Nacional no ha sido aprobado por las autoridades gubernamentales. Está atravesando su fase de validación.
BARBADOS
Oficina de Asuntos de Género - Ministerio de Desarrollo Social (Bureau of Gender Affairs – Ministry of Social Transformation)
Constitución Nacional Ley de Violencia Doméstica (1993) Ley de Delitos Sexuales (1992)
La violencia contra las mujeres es abordada en la esfera doméstica en el marco del Plan Nacional de Acción contra el VIH/SIDA (2008-2013) (National Action Plan Against HIV/AIDS 2008-2013).
La violencia contra las mujeres es abordada de un modo tangencial, no directo, en el Plan Nacional de Acción contra el VIH/SIDA (2008-2013) en especial cuando se discute acerca de la naturaleza de la epidemia y de los “nuevos problemas” asociados al aumento en la tasa de contagio y a la feminización de la epidemia, desde un enfoque de género.
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BELICE
Departamento de Mujeres dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Transformación Social (Women’s Department. Ministry of Human Development and Social Transformation)
Plan Nacional de Acción sobre Violencia Basada en Género (2007-2009) Política Nacional de Género (2002) Plan de Acción Nacional (2008-2010) Leyes de Violencia Doméstica (1991/2000/2007)
Plan Nacional de Acción sobre Violencia de Género (2010-2013)
En ejecución
GUYANA
Oficina de Asuntos de las Mujeres (Women’s Affairs Bureau) - Ministerio de Trabajo, Servicios Sociales y Seguridad Social (Ministry of Labour, Human Services and Social Security)
Ley de Violencia Doméstica (1996) Ley de Delitos Sexuales (2010) Ley de Prevención a la Discriminación (1997) Ley para Combatir el Tráfico de las Personas (2005) La Estrategia Nacional del Sector Salud (2008-2012) que incluye la violencia contra las mujeres a partir de un abordaje inter-programático de asistencia sanitaria.
Política Nacional en Violencia Doméstica (2008-2013) (National Policy on Domestic Violence)
En ejecución
JAMAICA
Oficina de Asuntos de las Mujeres (Bureau of Women’s Affairs) Ministerio de la Juventud, Deporte y Cultura (Ministry of Youth, Sports and Culture)
Política Nacional de Igualdad de Género (2011-2015) Plan Nacional de Desarrollo - Plan de Género (2009-2030)
Plan Nacional de Acción Estratégica para Eliminar la Violencia Basada en Género en Jamaica (National Strategic Action Plan to Eliminate Gender-Based Violence in Jamaica)
El Plan Nacional no ha sido aprobado por las autoridades gubernamentales. Está atravesando su fase de validación.
SAINT KITTS AND NEVIS
Departamento de Asuntos de Género (Departmanet of Gender Affairs), organismo rector en materia de género en el país
Plan Nacional de Género y Desarrollo (1996-2000) Constitución Nacional (1983) Ley de Violencia Doméstica (2000) y su modificatoria en 2005 Ley de Delitos contra la Persona (2002)
Plan de Acción Multisectorial en Violencia Sexual y Violencia Basada en Género (The Multisectoral Action Plan on Sexual and Gender Based Violence)
Aprobado en 2010. No se establece el período de vigencia. El mismo fue formulado en el marco del Proyecto Strengthening State Accountability and Community Action for Ending Gender-Based Violence in the Caribbean, con el apoyo de
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Ley de Delitos Criminales (2002) UNIFEM (hoy UN Women).
SURINAM
Ministerio del Interior Sistema de Gestión de Género Oficina Nacional de Estadísticas y de Políticas de Género
Ley de Violencia Doméstica (2009) Plan Sectorial de Protección Legal y Seguridad (2006-2010) Plan de Acción Integral de Género (2006–2010) Ley sobre Moral (2009) Ley de Trata/Tráfico de Personas (2003)
Plan de Acción Integral de Género 2006-2010
Pendiente de confirmación por parte de las autoridades oficiales si el país actualmente está en proceso de formulación de un segundo Plan de Acción Integral de Género habida cuenta de que el período de vigencia ha caducado. Tampoco pudo confirmarse si hubo una extensión en los plazos.
GRANADA
Ministerio de Desarrollo Social (Ministry of Social Development)
Constitución Nacional (1973) Ley de Violencia Doméstica (2010) Código Penal Cap. 1 (1990) Ley de Empleo (1999) Ley de Protección a la Niñez y Adopción (2010)
Plan de Acción Nacional para Erradicar la Violencia Basada en Género en Granada (The National Strategic Action Plan to End Gender-Based Violence in Grenada)
Tercera validación completada en 2011. No se establece el período de vigencia. El mismo fue formulado en el marco del Proyecto Strengthening State Accountability and Community Action for Ending Gender-Based Violence in the Caribbean, con el apoyo de UN Women y el apoyo de la Asociación de Comisionados de Policía del Caribe (Association of Caribbean Commissioners of Police).
TRINIDAD Y TOBAGO
División de Asuntos de Género (Gender Affairs Division) Ministerio de Desarrollo Comunitarios, Cultura y Asuntos de Género (Ministry of Community Development, Culture and Gender Affairs)
Ley de Violencia Doméstica (1999) Ley de Delitos Sexuales (2000) (Rev. 2006) Ley de Delitos contra la Persona (2006)
Política Nacional sobre Género y Desarrollo (2009) (National Policy on Gender and Development)
La violencia basada en género y las diversas expresiones de violencia sexual son abordadas en la Política Nacional sobre Género y Desarrollo.
ANEXO III. NECESIDADES Y OFRECIMIENTOS
¿Quién? ¿Qué necesito? ¿Qué ofrezco?
Antigua y Barbuda
Buenas prácticas para incidir en ámbitos parlamentarios. Buenas prácticas acerca de cómo incorporar la violencia contra las mujeres en la currícula escolar. Buenas prácticas e ideas sobre cómo modificar los patrones culturales. Conocer más acerca de las leyes de segunda generación. Mayor compromiso por parte del gobierno de Antigua y Barbuda para aprobar y ejecutar el Plan Nacional. Se requieren estrategias exitosas de incidencia política y el apoyo de las agencias de cooperación internacional para que alienten a los gobiernos de turno a incluirlo en la agenda política. Metodologías para calcular el costeo de la violencia a nivel nacional y en el contexto más amplio del Caribe.
Protocolos de atención a víctimas/sobrevivientes (en especial en el sector salud) Buenas prácticas de sensibilización sobre violencia en el sector de la educación y a través de alianzas con artistas para profundizar el cambio en los patrones culturales.
Argentina
Un plan de acción que permita “ordenarnos” más eficientemente para identificar necesidades y formular acciones que luego tengan mayor visibilidad. Buenas prácticas para abordar los noviazgos violentos y el trabajo con hombres violentos.
Metodología para la creación de un Registro Único Estadístico. Legislación que aborda diversas expresiones de violencia. Protocolos de atención a víctimas/sobrevivientes (salud) y buenas prácticas sobre unificación de protocolos. Experiencia en materia de fortalecimiento institucional. Planificación estratégica con
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enfoque de género. Experiencia en materia de ejecución de estrategias de negociación con las provincias y municipios en el proceso de descentralización.
Barbados
Herramientas para diseñar acciones de sensibilización e incidencia sobre parlamentarios/as. Asignación de recursos para el desarrollo de planes o programas específicos que aborden la violencia contra las mujeres. Modelos para el desarrollo de sistemas de información. Asistencia técnica y metodologías para calcular el costeo de la violencia doméstica. Asistencia técnica para elaborar el Plan Nacional de Violencia Doméstica.
Experiencias de adaptación de la curricula escolar. Inclusión de la violencia de género en la curricula. Habilidades para concientizar y sensibilizar a diferentes públicos en materia de género. Habilidades para el monitoreo y evaluación de políticas y/o planes nacionales.
Bolivia
Herramientas para fortalecer la articulación intersectorial y la negociación interinstitucional. Modelo para la elaboración de Registro Único de Víctimas/Sobrevivientes. Protocolos para la atención de víctimas/sobrevivientes. Modelos para el desarrollo de sistemas de información. Metodologías para monitoreo y evaluación de programas, políticas y/o planes nacionales. Metodologías para calcular el costeo de la violencia. Metodologías para calcular el costeo de los planes. Experiencias de casas de refugio en áreas rurales y para la
Experiencia del “Programa Semilla” (reparación económica de víctimas/sobrevivientes). La iniciativa cuenta con una evaluación. Conocimiento acerca del enfoque de despatriarcalización y descolonización. Experiencias y legislación para el abordaje de diversas expresiones de violencia, entre las cuales cabe destacar la violencia política, trata/tráfico de personas, tráfico de migrantes y el acoso sexual. Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Eliminación de la Violencia en Razón de Género.
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comunidad indígena Protocolos de atención a víctimas/sobrevivientes. Información acerca de cómo determinar la ruta crítica para unificar los protocolos de atención.
Chile
Herramientas para fortalecer la articulación intersectorial. Modelo para la elaboración de Registro Único de Víctimas/Sobrevivientes. Modelos para el desarrollo de sistemas de información. Metodologías para calcular el costeo de la violencia. Metodologías para el monitoreo y evaluación de las políticas y/o planes nacionales y cómo construir indicadores de resultados e impactos. Buenas prácticas para abordar la violencia obstétrica y la violencia simbólica. Información sobre los mecanismos de participación y consultas a la sociedad civil (Perú).
Experiencia en la creación de casas de refugio para hombres. Modelo de atención integral a las víctimas/sobrevivientes. Circuito para abordar los casos de femicidio/feminicidio. Protocolo para la atención de víctimas colaterales de femicidio/feminicidio frustrado. Programa de Mejoramiento de la Gestión con enfoque de género.
El Salvador
Modelos para el desarrollo de sistemas de información. Metodologías para calcular el costeo de la violencia. Buenas prácticas para el fortalecimiento de la institucionalidad de género a nivel municipal. Experiencia en la creación de casas de refugio para hombres. Estrategias para el abordaje de la violencia en el trabajo doméstico. Desarrollo de capacidades con
Experiencia de Plataformas Virtuales para el Desarrollo de Capacidades para el Funcionariado. Mapas de riesgo y seguridad. Experiencias de programas para el abordaje de la violencia en el sector educativo (niveles primario y secundario). Protocolos de atención integral a víctimas/sobrevivientes (Experiencia Ciudad Mujer).
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enfoque de género para las áreas de RRHH. Experiencias para el diseño e implementación de incentivos para disminuir la tasa de rotación del personal técnico en la institucionalidad de género. Buenas prácticas sobre las nuevas masculinidades.
Guatemala
Modelos para el desarrollo de sistemas de información. Metodologías para calcular el costeo de la violencia. Experiencia en materia de fortalecimiento institucional. Buenas prácticas de programas de reparación y sanción a la violencia contra las mujeres. Metodologías para el monitoreo y evaluación de las políticas y/o planes nacionales y cómo construir indicadores de resultados e impactos. Buenas prácticas sobre el trabajo de masculinidades.
Estrategias para promover la participación social en el diseño de políticas y/o planes. Experiencia en la implementación de protocolos de atención a la violencia contra las mujeres. Experiencias de sensibilización y desarrollo de capacidades en el ámbito educativo.
Honduras
Experiencias exitosas de coordinación interinstitucional, en especial entre la alta dirección pública en el marco de la institucionalidad. Buenas prácticas de negociación con el sector educación para la modificación de la currícula escolar. Ejemplos de cómo organizar un esquema de clara asignación de responsabilidades para acciones concretas establecidas en las políticas y/o planes. Mecanismos para incentivar la participación social y comunitaria (empoderamiento) y la cooptación de las OSC.
Disposición y compromiso de colaborar con quienes desde cualquier espacio, público o privado, requieran de asistencia técnica para el abordaje de la violencia contra las mujeres y la violencia de género.
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Copia del Plan Nacional de Acción Estratégica para Eliminar la Violencia Basada en
Género en Jamaica.2 Buenas prácticas sobre cómo incidir en la asignación de recursos presupuestarios específicos para atender la violencia contra las mujeres. Identificar ventanas de oportunidad para el cambio de paradigmas sociales.
Jamaica
Estrategias para sensibilizar a parlamentarios/as para confeccionar un presupuesto que de respuesta a los asuntos de género (Gender Responsive Budgeting –GRS) Estrategias acerca de cómo incidir sobre el nivel político para la aprobación del Plan Nacional y otras políticas (Anti- Sexual Policy) Modelos para el desarrollo de sistemas de información. Metodologías para calcular el costeo de la violencia. Herramientas para diseñar acciones de sensibilización y capacitación (en especial a parlamentarios/as). Protocolos para compartir información intersectorialmente. Mecanismos para promover la participación social y comunitaria y la cooptación de las OSC. Experiencias de desarrollo de capacidades para diferentes públicos.
Borrador del Plan Nacional de Acción Estratégica para Eliminar la Violencia Basada en Género en Jamaica para consultas. Modelos de protocolos para la atención integral de víctimas/sobrevivientes Experiencia en torno al Registro Único de Agresores Sexuales. Información sobre violencia de género en Jamaica. Los productos de conocimiento que resultaron del Proyecto Strengthening State Accountability and Community Action for Ending Gender-Based Violence in the Caribbean, con el apoyo de UN Women y el apoyo de la Asociación de Comisionados de Policía del Caribe (Association of Caribbean Commissioners of Police).
2 El Plan Nacional de Acción Estratégica para Eliminar la Violencia Basada en Género en Jamaica no ha
sido aprobado oficialmente.
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Experiencias sobre Registro Único de Agresores Sexuales.
Nicaragua
Modelos para el desarrollo de sistemas de información. Metodologías para calcular el costeo de la violencia. Metodologías para monitoreo y evaluación de programas, políticas y/o planes nacionales. Buenas prácticas sobre cómo fortalecer la articulación intersectorial y los equipos técnicos en el ámbito municipal. Modelo para la elaboración de Registro Único de Víctimas/Sobrevivientes. Experiencias exitosas de casas de refugio para hombres. Herramientas metodológicas para lograr congruencia entre leyes, políticas y planes nacionales. Buenas prácticas e iniciativas para abordar los noviazgos violentos, adolescentes y jóvenes. Estrategias para el trabajo con hombres.
Iniciativa Programa “Visita Casa por Casa”. Estrategia de Acompañamiento Familiar. Iniciativa de la Escuela de Valores. Experiencias en materia de prevención de la violencia en la infancia. Modelo de atención de la Policía Comunitaria. Modelos de pilotaje en materia de sanción a agresores y atención integral a víctimas/sobrevivientes.
Panamá
Herramientas para fortalecer la articulación intersectorial. Estrategias para identificar los/las aliados/as del cambio. Buenas prácticas sobre cómo diseñar estrategias de sensibilización dirigidas a diferentes públicos. Estrategias de cómo incluir el enfoque de género en las entidades involucradas en la implementación del Plan Nacional.
Experiencia en materia de monitoreo de políticas y/o planes nacionales del Comité Especializado para Prevenir la Violencia contra las Mujeres. Experiencias en la creación de redes locales (Manual para Formación de Redes Locales). Ley de Igualdad de Oportunidades y su decreto reglamentario.
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Experiencias de transversalización del enfoque de género en programas, políticas y/o planes nacionales. Modelo para la elaboración de Registro Único de Víctimas/Sobrevivientes. Modelos para el desarrollo de sistemas de información. Metodologías para calcular el costeo de la violencia. Experiencias exitosas de casas de refugio para hombres. Buenas prácticas en torno al eje de reparación/rehabilitación de víctimas/sobrevivientes. Metodologías para el monitoreo y evaluación de las políticas y/o planes nacionales (cómo construir indicadores de resultados e impactos) que resulte en un insumo para la formulación del nuevo Plan Nacional. Experiencias de cómo abordar la violencia ejercida contra mujeres que viven con VIH/SIDA.
Perú
Metodologías para calcular el costeo de los planes. Buenas prácticas de articulación y negociación con el sector de educación para la reforma curricular que incluya en enfoque de género, resolución de conflictos y violencia intrafamiliar. Buenas prácticas sobre cómo asignar recursos financieros en partidas presupuestales vinculado al cumplimiento de las acciones del Plan Nacional. Estrategias para concientizar a los gobiernos de turno e incentivarlos a colocar en la
Experiencia sobre casas de refugio y acogida en zonas urbanas y rurales (modelos de intervención diferenciados). Experiencia en Centros de Emergencia en Violencia Familiar y Sexual. Metodologías para la evaluación de viabilidad para la implementación de los planes nacionales. Experiencia de Casa por Casa: visitas de facilitadoras para la detección de casos de violencia familiar y sexual. Permite la visibilización de los casos de
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agenda las nuevas expresiones de violencia contra las mujeres en un trabajo concertado con la sociedad civil. Buenas prácticas acerca de cómo sensibilizar, capacitar y generar mecanismos para que no haya una alta rotación del personal técnico encargado de implementar las acciones del Plan Nacional. Estrategias para generar incentivos tributarios a los gobiernos regionales y locales para que se comprometan con el cumplimiento de la agenda política y asignen recursos para la implementación del Plan Nacional. Experiencias exitosas de casas para hombres.
violencia.
República Dominicana
Herramientas para diseñar acciones de sensibilización y capacitación (en especial a funcionarios/as y parlamentarios/as) Estrategias para la identificación de aliados del cambio. Estrategias para el fortalecimiento de la institucionalidad municipal Estrategias para generar incentivos tributarios a los gobiernos regionales y locales para que se comprometan con el cumplimiento de la agenda política y asignen recursos para la implementación del Plan Nacional. Experiencias exitosas de casas de refugio para hombres Experiencias exitosas y estrategias para la apertura de casas de trata (cómo abordar la cuestión de la seguridad)
Protocolos de atención integral a víctimas/sobrevivientes. Investigaciones y estudios acerca de la violencia contra las mujeres. Experiencia en la creación y puesta en funcionamiento de las casas de acogida.
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Buenas prácticas acerca de cómo abordar la impunidad. Metodologías para el desarrollo de capacidades de funcionarios/as con competencia en la ejecución de las políticas y/o planes nacionales. Buenas prácticas vinculadas al trabajo con hombres.
Trinidad y Tobago
Herramientas para diseñar acciones de sensibilización y capacitación (en especial a funcionarios/as y parlamentarios/as) Rutas críticas y/o protocolos para la atención de víctimas/sobrevivientes Estrategias para generar incentivos tributarios a los gobiernos regionales y locales para que se comprometan con el cumplimiento de la agenda política y asignen recursos para la implementación del Plan Nacional. Ejemplos de políticas para el abordaje del acoso sexual. Copia del Plan Nacional de Acción Estratégica para Eliminar la Violencia Basada en Género en Jamaica. Experiencias exitosas de Observatorios de la Violencia de Género y Violencia contra las Mujeres Buenas prácticas para la creación de un Registro Único de Víctimas de Violencia. Recursos técnicos y financieros para continuar el proceso de desarrollo del Plan Nacional sobre Género y Desarrollo,
Borrador del Plan Nacional sobre Género y Desarrollo para consultas Compromiso de parte del gobierno nacional de colaborar en los procesos de formulación e implementación de los planes nacionales para abordar la violencia contra las mujeres y de desarrollar e implementar el Plan Nacional sobre Género y Desarrollo en Trinidad y Tobago. Experiencias de programas para la atención de víctimas/sobrevivientes. Asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en formulación e implementación de planes de acción nacional para abordar la violencia contra las mujeres. Experiencia en materia de monitoreo y evaluación de programas y proyectos para abordar la violencia contra las mujeres. Experiencia en implementación de programas dirigidos a hombres.
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incluyendo indicadores para monitorear el progreso de la ejecución del plan, de las agencias y áreas de responsabilidad.
