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POLÍTICA Y CONFLICTO ARMADO: CAMBIOS Y CRISIS DEL RÉGIMEN

POLÍTICO EN GUATEMALA (1954-1982)

VÍCTOR GÁLVEZ BORRELL

POLÍTICA Y CONFLICTO ARMADO: CAMBIOS Y CRISIS DEL RÉGIMEN

POLÍTICO EN GUATEMALA (1954-1982)

GUATEMALA, OCTUBRE 2008

Editorial de Ciencias Sociales

3a. calle 4-44 zona 10, ciudad de Guatemala

PBX: 24147444

©Víctor Gálvez Borrell

© De esta edición:

Postgrado Centroamericano de Ciencias Sociales de FLACSO.

Diseño de portada:

Hugo Leonel de León Pérez.

Dibujo original de portada:

Arnoldo Ramírez Amaya.

Título “La guerra”, de la serie Los cuatro jinetes del apocalipsis.

Este libro se publica gracias al apoyo de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional

Los criterios expresados en esta obra son de la exclusiva responsabilidad de su autor.

ISBN: 978-99939-72-69-3

972.81052

G35p

2008

Gálvez Borrell, Víctor

Política y confl icto armado : Cambios y crisis del régimen político

en Guatemala (1954-1982) Guatemala, Editorial de Ciencias Sociales,

2008.

183 p. : 22 cm. cuadros.

ISBN : 9939-72

1.- Guatemala-Historia-1954-1982.-- 2.- Democracia.-- 3.- Política.--

4.- Partidos políticos.-- 5.- Confl icto armado.-- 6.- Proceso electoral.--

7.- Fraude electoral.-- 8.- Fuerzas armadas.-- 9.- Elecciones.--

10.- Presidentes (Guatemala).-- 11.- Golpes de Estado.

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Víctor Gálvez Borrell

PRESENTACIÓN 11

INTRODUCCIÓN 15

I. LA LARGA MARCHA POR LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN GUATEMALA 25 El modelo desviado del “liberalismo criollo” y los problemas de la democracia 26

II. LA “DEMOCRACIA LIMITADA”: 1954-1982 LA CRISIS DE 1954 Y LA POSICIÓN DEL EJÉRCITO 33 Signifi cado y peso del comunismo en Guatemala 38 Las medidas iniciales del Gobierno de la Liberación 42 Las reformas institucionales y el nuevo régimen político 45 Una apertura política frustrada: 1959-1963 49 Las condiciones para la apertura política y las primeras difi cultades 51 Los problemas de gobernabilidad, los partidos políticos anticomunistas y la crisis del régimen 53 El rediseño del régimen político y el inicio de la lucha armada en Guatemala: 1963-1982 57 Los orígenes de la insurgencia y sus principales etapas 59 El golpe de Estado de 1963 y el nuevo orden político resultante 67 El bautizo de fuego y la protección suplementaria para el “Tercer Gobierno de la Revolución”: 1966-1970 73 La perversión del régimen político: 1974:1982 80 1974: El primer fraude electoral y sus desarrollos posteriores 85 El refl ujo relativo de la guerra y el fraude electoral de 1978 91 1982: El último fraude electoral.Crisis y colapso del régimen 100 El golpe de Estado de los “ofi ciales jóvenes” 110 Ríos Montt: el caudillismo frustrado y la apertura política relativa 112

ÍNDICE

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Política y confl icto armado en Guatemala

III. BALANCE DE LOS PROCESOS ELECTORALES (1944-1982) 119

IV. EPÍLOGO. RECOMPOSICIÓN DEL RÉGIMEN POLÍTICO: DEMOCRACIA BAJO TUTELA AUTORITARIA(1982-1996) 131 Las leyes políticas 131 Elecciones a Asamblea Nacional Constituyente 135 Transición a la democracia 137 La coexistencia con la guerra interna y sus efectos 140

V. CONSIDERACIONES FINALES 147

VI. CITAS POR CAPÍTULOS 155

VII. BIBLIOGRAFÍA 185

Para:

Ximena, Juan Ignacio y José Carlos

PRESENTACIÓN

Este libro se refi ere a uno de los períodos más oscuros y difíciles de la historia política contemporánea de Guate-

mala. Corresponde a años durante los cuales (1954-1982), casi se clausuró la esperanza de que fuera posible en-contrar formas de convivencia civilizada y procedimientos legítimos y aceptados por la mayoría, para escoger y sustituir gobernantes. Paradójicamente, fueron también años de am-plia y activa movilización y participación ciudadana, a través de manifestaciones, marchas, protestas, peticiones y demandas públicas, que contrastan con la apatía y el desinterés por la política que se respira en la actualidad o con la fragmentación y/o sectorización que caracterizan tal participación ciudadana hoy en día. Más que presentar información novedosa, el texto sistematiza parte de la existente, para resaltar los elementos comunes y los momentos más signifi cativos de lo que fue el régimen político que funcionó durante veintiocho años en Guatemala. Pretende mostrar cómo, a través de su arbi-trariedad, exclusión y características antidemocráticas, di-cho régimen contribuyó a alimentar, junto a otras causas, el confl icto armado que desangró a la sociedad guatemalteca entre 1962 y 1996. El título hace referencia, precisamente, a la relación entre el contexto político y el desencadena-miento y desarrollo de la guerra interna en el país.

Una de las hipótesis en las que descansa el texto plantea que la intervención militar externa de 1954 (con-secuencia de la exacerbación que produjo la confrontación Este-Oeste y la Guerra Fría en lucha política e ideológica de aquellos años en Guatemala) produjo tal efecto en la

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cultura política, en el ánimo y las percepciones de quienes conocieron la experiencia democrática de 1944-1954, que generó un profundo sentimiento de desencanto. Ello esti-muló la rebeldía que llevó a protestas e insurrecciones su-cesivas, hasta desembocar en el largo período del confl icto armado, que conoció momentos de auge y descenso entre 1962 y 1996. Los años posteriores a 1954 se vivieron como una gran frustración y como un bloqueo a la libre participa-ción política por parte, principalmente, de grupos de cla-se media (estudiantes universitarios, ofi ciales del Ejército, profesionales, artistas, intelectuales) y populares (obreros, artesanos, dirigentes campesinos, maestros y servidores públicos). Más adelante, los fraudes electorales (en las elecciones legislativas y presidenciales), la escogencia de candidatos militares por los partidos ofi ciales (quienes ga-naban las elecciones aún sin obtener el voto popular) así como la ilegalidad, ilegitimidad, los abusos de autoridad y las violaciones despiadadas a los derechos humanos co-rrompieron y pervirtieron la política, al punto de convertirla en una práctica rechazada por la mayoría de la población. Todo lo anterior fundamentó la creencia en que el cambio político sólo sería posible por la vía insurreccional, ya que, a través de las elecciones y del trabajo de las formaciones partidistas, tal opción resultaba inviable y estaba restringida.1

1 Esta hipótesis se fundamenta, a su vez, en la que plantea la Comi-sión del Esclarecimiento Histórico: “El enfrentamiento armado en Guatemala

constituyó un fenómeno cuya explicación es multicausal, porque no es posible

identificar una sola causa que explique por sí sola el desencadenamiento y per-

sistencia del mismo en el tiempo. Dentro de la multicausalidad no todos los

factores tienen el mismo peso, ni ejercen la misma influencia a lo largo del

tiempo, ya que su eficiencia explicativa suele derivar del contexto o conjunto

de condiciones dentro del que cada móvil se va inscribiendo” (CEH, I, 1999:80).

A las consecuencias ya señaladas que produjo el régimen político se sumaron

otras, con diversos grados de fuerza e intensidad: Las denuncias y críticas sobre

las desigualdades sociales y la pobreza; la imagen de una “revolución rápida e

irreversible” que proyectaron al inicio los revolucionarios cubanos en la Sierra

Maestra, las tesis “foquistas” de los primeros años de la guerrilla en América

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Este libro está dedicado a las generaciones que no conocieron estos hechos (sea porque sus miembros no habían nacido cuando se produjeron o porque eran aún muy pequeños para comprenderlos) con la esperanza en que su conocimiento contribuya a que nunca se repitan en Guatemala.

Latina, así como el apoyo y la ayuda internacional; el racismo y la exclusión de

la población campesina e indígena; el triunfo del Sandinismo en Nicaragua y el

auge de la insurgencia en El Salvador, que transmitieron una visión triunfalista

en Guatemala, entre otras.

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INTRODUCCIÓN

Este texto aborda las difi cultades que la sociedad gua-temalteca experimentó en su historia reciente, para

instaurar un régimen político relativamente estable y fun-cional, destinado (como se espera que lo hagan todos los regímenes políticos) a regular y legitimar las formas de conquista, ejercicio, mantenimiento y rotación del poder del Estado. La narración de los hechos acaecidos entre 1954 y 1982 evidencia los problemas que, para lograrlo, confron-taron las elites políticas, los que siguieron registrándose hasta que el confl icto armado concluyó en 1996.2 Los le-vantamientos militares frustrados de 1987 y 1988 contra la administración demócrata cristiana, así como el golpe de Estado que instrumentó el entonces presidente Jorge Serrano Elías, en 1992, son algunos de los fenómenos que testimonian la continuidad de tales problemas, cuando se intentaba fundamentar un nuevo régimen político, nacido de la crisis de 1982 y sustentado, igualmente, en una nue-va Constitución. Ello demostraría que la forma como se desenvolvió la lucha política e ideológica en Guatemala, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, continuó teniendo efectos devastadores, incluso, cuando se espe-raba que la “democratización” se consolidara. Puede afi r-marse que tales efectos negativos están presentes en las difi cultades que todavía experimentan los partidos para modernizarse y en la cultura política del país. Lo anterior

2 Los términos enfrentamiento armado interno (que utiliza la Comisión

del Esclarecimiento Histórico), conflicto armado y guerra interna se emplean

indistintamente en este texto como sinónimos.

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pondría en evidencia la profundidad con la que el pasado reciente marcó la vida política de la población guatemalteca y la forma como lo arrastramos en la actualidad, sin darnos mucha cuenta de ello.

Para mostrar tanto la manera de “hacer política” duran-te los años objeto de estudio (1954-1982) como los exce-sos y abusos que se cometieron producto de la polarización ideológica a lo largo de los mismos, se aborda el diseño y las transformaciones del régimen político de aquellas dé-cadas. Dicho régimen aparece fundamentalmente recogi-do en las dos constituciones que estuvieron en vigencia (la de 1956 y la de 1965) y en la legislación electoral. Pero, también en una serie de partes considerativas de leyes, en declaraciones, opiniones, análisis y discursos más o me-nos dispersos de la época, así como en diversas prácticas políticas que retratan los valores justifi cativos y orientado-res en los que dicho régimen se inspiró y aplicó. En este sentido, el régimen político se convierte en un objeto privi-legiado de estudio, pues condensa el resultado de la lucha política e ideológica de las elites y sintetiza también sus principios ideológicos. El régimen político ofrece, entonces, un doble registro. Por una parte, es el fi n último cuya ins-tauración o transformación persiguen las luchas políticas. Por la otra, recoge los cambios y valores del grupo social que triunfa y que ejercerá el poder del Estado.

Tomando en cuenta la importancia que tiene para este trabajo la noción de régimen político, es menester aclarar, desde el inicio, su sentido y alcances. Es conveniente re-cordar que, como ocurre en el lenguaje cotidiano, en el de los medios de comunicación, en los discursos políticos y en la actividad académica, a tal conepto se le asignan con-tenidos distintos. Por ejemplo, es común identifi carlo con el gobierno o la administración política en un determinado momento. Se habla del régimen demócrata cristiano (para referirse al gobierno de Vinicio Cerezo) o del régimen del FRG (para hacer mención a la administración de Alfonso

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Portillo). Este sentido de conjunto de autoridades, equipo de gobierno o administración no se utilizará en este texto. La intención es situarnos en un espacio más amplio, que incluya varios “gobiernos” o administraciones, a partir de criterios que establezcan un “corte” más englobador de ele-mentos comunes, elementos que será necesario precisar en qué consisten.

El sentido acordado en este trabajo al régimen político corresponderá al de un espacio o componente con funcio-nes especializadas dentro del conjunto de relaciones so-ciales y de poder que se producen en una sociedad en un momento dado, a la manera del enfoque de David Easton sobre el sistema político. Ello, no tanto por el interés que pueda ofrecer su teoría sistémica,3 sino por el énfasis y desarrollo posterior que algunos de sus seguidores dieron a la noción de régimen, como “centro nervioso” del sistema político (Torres Mejía, David. 2000:684).

Para Easton existirían varios sistemas con funciones diversas: el económico (que se ocupa de la producción de bienes, de su distribución y circulación), el social (donde se dan y resuelven las situaciones ligadas a la desigual-dad y a las diferencias entre los grupos), el cultural (en el que se registran las explicaciones y representaciones sobre la sociedad y sus miembros) y el político (donde las demandas sociales se convierten en decisiones y en polí-ticas publicas). De más está indicar que en este enfoque (como ocurre en las visiones funcionalistas) los sistemas se interrelacionan entre sí.

El sistema político de Easton tendría según Gianfran-co Pasquino, tres componentes básicos, a saber:

3 “La debilidad fundamental de Easton es que su teoría no pretende

explicar fenómenos empíricos sino simplemente crear un esquema de conceptos

abstractos” (Meehan, Eugene. 1968).

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a.- La comunidad política, integrada por todos aque-llos sujetos a los que se les aplican las “determinaciones imperativas de valores”; es decir, los ciudadanos afectados por las decisiones de un régimen y que integran el sistema político en su conjunto.

b.- El régimen político propiamente dicho, que corres-ponde a las normas, procedimientos e instituciones (reco-gidas en las constituciones y en las leyes políticas básicas) que apuntan al funcionamiento de las actividades políticas de la comunidad y a la selección y el comportamiento de los gobernantes. En este sentido, Pipa Norris (citado por Pasquino) destaca que para los fi nes del análisis, es im-portante considerar los siguientes subcomponentes del régimen: i.- Los principios, que se identifi can con los valo-res del mismo. Este aspecto puede marcar diferencias aún dentro de varias sociedades que aducen contar con un ré-gimen común (democrático por ejemplo) pues la extensión que concedan a los derechos civiles, políticos y sociales, las diferencias entre lo público y lo privado o la forma de percibir las relaciones con el Estado y con el mercado, de-terminarán concepciones diversas de la política y de los límites prácticos de ésta. ii.- Las instituciones, que recogen las tradicionales de los Estados modernos: el Organismo Ejecutivo, el Judicial, el Congreso o Parlamento, el Tribunal Constitucional, entre otros, su integración, relaciones, lími-tes, etcétera, y tomando en cuenta las políticas públicas más recientes, los órganos territoriales, las relaciones entre el centro y la periferia (la descentralización, la desconcen-tración, las autonomías, las provincias, los estados federa-dos). iii.- Las prestaciones del régimen y el rendimiento de sus instituciones, aspecto que no deriva únicamente de las capacidades de las autoridades y de los gobernantes, pues ello suele depender muchas veces del propio diseño de las instituciones. Algunas de ellas pueden generar mejores condiciones que otras para la toma efectiva de decisiones. A lo anterior hay que añadir el papel de las burocracias

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más o menos tecnifi cadas, leales y dotadas de una mística de servicio en algunos regímenes en relación con otros.

c.- Las autoridades. Es el tercer componente del sis-tema político y se refi ere a quienes gobiernan; o sea, a los que resuelven sobre las asignaciones imperativas de valor dentro del sistema. Ello reenvía a la discusión sobre la clase política y las cuestiones relevantes de la misma: sus formas de reclutamiento, formación, selección y pro-moción; la relación con los partidos políticos, su circulación y permanencia4 (Pasquino, G. 2004:20-23).

De acuerdo con el enfoque anterior y para los efectos de este texto, se entenderá por régimen político al conjun-to de principios y valores justifi cativos y orientadores del poder político (que se aplican aunque igualmente pueden dejar de aplicarse y volverse retóricos) a las normas lega-les, los procedimientos (regulados jurídicamente o no) a las instituciones formales, estructuras de representación e instancias de mediación, que se utilizan para regular, legi-timar y garantizar el acceso, ejercicio, reproducción y rota-ción del poder del Estado en una sociedad determinada. Se trata, en suma, de la forma como se realiza el juego del poder, lo que generalmente (aunque no siempre) aparece recogido en las constituciones y en las leyes políticas.5

Adicionalmente a los tres componentes básicos del sistema político de Easton, algunos autores han añadido un cuarto: las estructuras de protección, cuya función es

4 Este es un tema importante en Guatemala, por ejemplo: sociedad

caracterizada por la alta volatilidad y rotación de los partidos, pero también por

la persistencia de su clase política, que cambia y se eclipsa temporalmente para

reaparecer de nuevo, con inusitado desenfado y hasta desfachatez.

5 En algunos conceptos se incluyen la existencia de mecanismos (legales

o no) de participación o intervención de grupos de presión o de interés, la presencia

de tecnocracias, de la burocracia, de gremios, sindicatos, etcétera, dentro de la idea

de destacar que el régimen político no debe limitarse sólo a lo meramente formal y a

la normatividad (lo que correspondería a una visión estrictamente institucionalista)

sino al juego efectivo y real del poder en una sociedad.

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regular el acceso al sistema y la permanencia o salida del mismo. “Esta estructura al igual que los demás elementos, está íntimamente vinculada con el funcionamiento del ré-gimen y puede ser entendida como una estructura de ex-clusión política. Como sucede con los demás elementos del sistema político, no se trata de establecer si un siste-ma político debe tener o no estructuras de protección, sino del hecho que todo sistema los necesita para asegurar su propia existencia. Así, aun los propios regímenes demo-cráticos que se precian de ser inclusivos deben tener una estructura de ese tipo para excluir a quienes le representan una amenaza” (Torres Mejía, David. 2000:685).

Sin embargo, el tema de las estructuras de protección plantea límites a la justifi cación misma del régimen político. Ello puede ocurrir cuando tales estructuras se extralimitan y complotan contra los propios valores que le dan susten-tación al ejercicio del poder dentro del respectivo régimen. Un ejemplo de ello se encuentra en el uso de la tesis de la seguridad nacional para justifi car, en aras del control del enemigo interno, todo tipo de excesos, abusos de autori-dad y violaciones a los derechos humanos durante las dé-cadas de 1960 a 1980 en América Latina. La tensión más actual entre el neoterrorismo y el respeto a los derechos humanos es otro ejemplo de la fragilidad de este tema. La noción de las estructuras de protección permitirá compren-der el amplio edifi cio de la exclusión política que se cons-truyó durante el periodo objeto de este trabajo.

El último punto a explicitar es el de los límites del régi-men político que se estudia (lo que guarda relación con el tipo de “corte” histórico escogido que permita incluir una se-rie de elementos que le den identidad al régimen en cues-tión). El límite inicial corresponderá a la crisis de 1954, que marca el fi n del régimen establecido a raíz del movimiento del 20 de octubre de 1944. El segundo límite es el golpe de Estado de 1982, que provocó el colapso del régimen cons-titutito desde 1954 (ajustado en 1963, luego del golpe de

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Estado contra el Presidente Miguel Ydígoras Fuentes). La crisis de 1982 corresponde, así, al fi n de dicho régimen. No obstante, después del mismo continúa un período confuso e inestable, que pretende pertenecer a un nuevo régimen pero que adolece de una serie de contradicciones (la ad-ministración de Efraín Ríos Montt) que también se saldará por otra ruptura (el “relevamiento en el mando”, según la terminología que empleó el Ejercito, en agosto de 1983, cuando Ríos Montt fue a su vez derrocado). Aunque ambos episodios ya no forman parte de los límites del funciona-miento del régimen anticomunista, porque exceden la crisis de 1982 y las razones que la provocaron, son evocados en el penúltimo capítulo del libro.

Para concluir, unas palabras sobre el procedimiento de recolección de información y las fuentes consultadas. Se revisó parte de la bibliografía y de la legislación sobre los años considerados, así como material hemerográfi co de medios de comunicación escrita que circularon en la época analizada, todo lo cual es debidamente citado. Igualmente, se realizaron varias entrevistas a algunos personajes cla-ve, que vivieron momentos importantes de la época tratada y cuyas opiniones e informaciones aparecen citadas anóni-mamente. Se optó por incluir, al fi nal del texto, las citas que amplían y/o complementan las informaciones contenidas en los capítulos, puesto que ubicarlas al pie de página hu-biera recargado demasiado la lectura de tales capítulos.

I. LA LARGA MARCHA POR LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN GUATEMALA

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I. LA LARGA MARCHA POR LA DEMOCRACIA

REPRESENTATIVA EN GUATEMALA

Décadas antes del inicio de la República, ya se dibu-jaban en Guatemala las dos principales fuerzas políti-

cas que dominarían el panorama histórico durante el siglo XIX y la primera mitad del XX: liberales y conservadores. Los primeros pugnaban por incluir en la constitución políti-ca, los principios de la soberanía popular, el gobierno repre-sentativo, las libertades y garantías del ciudadano, la di-visión de poderes y el sufragio para designar autoridades, orientaciones fundamentales del liberalismo europeo y de la democracia norteamericana, experiencias ambas en las que pretendían inspirarse.

Dentro del contexto arriba indicado, la división de po-deres y el modelo federal de organización política permi-tirían, según los liberales, una mejor salvaguarda de los derechos individuales frente al poder público y evitarían la dictadura. Tal interpretación del Estado no resultaba del todo atractiva a los conservadores, inspirados más bien en una “concepción republicana de la monarquía” (García Laguardia, J. Mario, 1993:17). Así, el modelo del Estado uni tario substitu-yó al federativo, luego del fracaso de la República Federal de Centroamérica (1824-1840). Después de tres décadas de ad-ministraciones conservadoras (1840-1871), el proyecto liberal volvió a imponerse, esta vez tras las bayonetas del general Justo Rufi no Barrios y se extendió por más de setenta años (1871-1944).

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Paralelamente a las transformaciones económicas y a la infraestructura que impulsó la Revolución Liberal para fa-vorecer el cultivo del café (ferrocarriles, puertos, telégrafos, crédito, reforma administrativa y agraria), la misma facilitó igualmente, el proceso de diferenciación social que ya se venía registrando dentro del grupo mestizo. Todo ello ter-minaría por conformar una nueva elite que pudo negociar mejores posiciones económicas y de poder con algunas de las viejas familias oligárquicas (Casaus, M.E. 1995).

Los cambios institucionales que la Revolución Libe-ral puso en práctica debían apoyar también la formación del Estado nacional. El positivismo y el evolucionismo de Spencer y Comte, por otra parte, aportaron elementos para justifi car el anticlericalismo de los liberales guatemaltecos. La concepción del orden social y la idea del progreso y del cambio social, basados en el individualismo, exigían eliminar entre otros, resabios coloniales como los lazos comunita-rios, la propiedad colectiva, los idiomas y las tradiciones indígenas. (1)

El modelo desviado del “liberalismo criollo” y los problemas de la democracia

Tomando en cuenta sus orígenes sociales, los intereses de quienes lo impusieron, las instituciones preexistentes y la cultura política imperante, el modelo liberal que se aplicó, no sólo en Guatemala sino en las restantes países de Cen-troamérica, fue una selección arbitraria de los principios que legitimaban y convenían al nuevo grupo gobernante. Al fi nal de cuentas, produjo un sistema político híbrido y alejado del ideario europeo y de la experiencia norteameri-cana en los que presuntamente se inspiraba.

En el sentido arriba indicado, la esperada división de poderes y su ejercicio equilibrado a través de los tres orga-nismos del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y El Judicial, se adaptaron en la práctica. En efecto, funcionó una Jefatu-

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ra de Estado autoritaria, casi omnipotente y mesiánica que inmortalizaría Miguel Ángel Asturias en su novela “El Señor Presidente”. Ello implicaba, también, asambleas dóciles y subordinadas, prontas a avalar las reformas legales que demandaban los dictadores. Lo anterior se completaba con judicaturas dependientes, prestas a realizar parodias de juicios (sobre todo cuando los intereses del gobernante o los de grupos económicamente poderosos estaban en jue-go). Todo ello dejaba a los ladinos pobres y a los indígenas (que siempre eran la mayoría de la población) al margen de la justicia.

Los derechos humanos quedaron como declaraciones vacías en los textos constitucionales, frente a la persecu-ción política, el exilio obligado, la confi scación de bienes, la cárcel o, en el peor de los casos, las ejecuciones extra-judiciales. La autonomía de los gobiernos locales no pasó de tener un valor meramente declarativo, pues las munici-palidades se desempeñaron como agencias menores del Ejecutivo, a pesar de gozar (cuando se les reconoció) de autonomía política y fi nanciera. La sujeción neocolonial de la fuerza de trabajo limitó las relaciones asalariadas. Las leyes para combatir la vagancia convirtieron en trabajado-res servirles a muchos campesinos, obligados a construir obras públicas para evitar la cárcel. Las pomposas decla-raciones sobre gratuidad y universalidad de la educación y de la salud no lograron disminuir en la práctica los elevados niveles de analfabetismo, pobreza y desnutrición, ni crear la esperada igualdad de oportunidades para los habitantes. La noción y la práctica misma de la ciudadanía fue la gran ausente en este régimen. La población indígena fue la prin-cipal excluida del modelo liberal. (2)

Dentro de este contexto, si el liberalismo es una doc-trina del Estado limitado, tanto respecto de sus poderes (lo que hace nacer la noción del Estado de Derecho) como de sus funciones (lo que corresponde a la noción del Estado mínimo) (Bobbio, N. 1994:17) el Estado liberal en Guate-

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mala no correspondió ni a una ni a otra de tales nociones. Lo anterior, tomando en cuenta el despotismo, la violación sistemática de los derechos humanos, la ausencia de equi-librios y contrapesos entre los organismos del Estado, así como el centralismo asfi xiante que se aplicó, sobre todo durante las largas dictaduras de Manuel Estada Cabrera (1898-1920) y Jorge Ubico C. (1931-1944).

Como consecuencia de las desviaciones del modelo que sirvió de origen al liberalismo, la lucha por la demo-cracia representativa y por el respeto a los derechos fun-damentales del ciudadano, fue una constante a lo largo de los siglos XIX y XX en Guatemala; inspiró gran parte de los movimientos políticos en el país, caracterizados por el de-seo de los gobernados de restituir o convertir en realidad aquellos principios. (3)

Dentro de una perspectiva histórica, caracterizada por la persistencia de las luchas por los derechos civiles y las libertades democráticas, como se señaló en la cita anterior, el período 1944-1954 puede considerarse como un intento por rescatar los principios de la democracia representati-va, sólo formalmente garantizados en la legislación cons-titucional, pero conculcados en la práctica. La polarización ideológica y la forma como se instrumentó la lucha política después de 1944 terminaron por provocar el colapso de la experiencia de esta década. Por su corta duración, la de-mocracia representativa no logró institucionalizarse ni im-pactar plenamente la cultura política de los guatemaltecos. No obstante, la idea de la “primavera de 1944” se mantuvo viva en la memoria colectiva de muchos y muchas guate-maltecas en las décadas de 1960 y 1970, con una buena dosis de idealización. Inspiró, así, las luchas reivindicativas de 1956 y 1962 a las que ya se hizo referencia.

En el marco de las crecientes tensiones que originó la Guerra Fría y como herencia de la polarización ideológica registrada en el período 1944-1954, el triunfo del “Movi-miento de Liberación” (véanse capítulos siguientes) limitó

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el modelo democrático para preservarlo frente a la ame-naza nacional, continental y mundial que representaba el comunismo. De tal limitación surgiría un nuevo régimen político que, con ajustes y modifi caciones, se mantendría hasta 1982. Los elementos de dicho régimen se encuen-tran dispersos en declaraciones, discursos, partes consi-derativas de leyes, etcétera. Se nutrió ampliamente de la polarización dominante Este-Oeste, como lo expresó uno de los principales líderes del Movimiento de Liberación: “El mundo de nuestros días se debate entre dos tendencias irreconciliables y antagónicas: la democracia y el comunis-mo (cuyos) métodos y procedimientos de lucha las sitúan en planos desiguales. Mientras la democracia está abierta a todas las corrientes ideológicas, el comunismo está ce-rrado a las ideas y no admite más que el dogma absurdo de sus credos” (coronel Carlos Castillo Armas, en Bonilla Ruano, sf.65).

A pesar de la anterior declaración de fe en la demo-cracia y de considerarla como un régimen abierto a todas las corrientes, el propio Castillo Armas, como Caudillo de la Liberación y Presidente de la República, limitó su funcio-namiento y manejó, de hecho, una concepción distinta. En efecto, la democracia “real” que se aplicó en Guatemala a partir de 1954, funcionaría como un sistema limitado, en el que podían participar sólo aquellos que, presumiblemen-te, no amenazaban su existencia. La defi nición de quiénes amenazaban la democracia correspondería al Gobierno, con lo cual se evidenciaba la arbitrariedad que encerra-ba un régimen político de tal naturaleza. En consecuencia, no se admitía la incertidumbre o posibilidad que los “opo-sitores” pudieran acceder al poder y, por ello, no se les permitía organizarse en partidos o asociaciones políticas, generalmente tachados como “comunistas” (aunque como se verá más adelante, tal califi cativo sirvió para justifi car la oposición a fuerzas sociales que no tenían relación con dicha corriente, así como para limitar o perseguir a agrupa-ciones, líderes o partidos políticos incluso de derecha).

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Es posible considerar que la interpretación de la de-mocracia limitativa se sustentaba igualmente en una per-cepción restrictiva del pueblo: éste no estaba constituido por toda la población sino por la parte que “entendía” y, en consecuencia, se “identifi caba” con los intereses que defendían los representantes del poder público.6 De esta percepción podía derivarse, por ejemplo, la desconfi anza de Castillo Armas hacia los analfabetos y su interés por ex-cluirlos del voto. La noción de democracia que se aplicaría a partir de 1954 en Guatemala y en la que se inspiraría el nuevo régimen político tenía un carácter restrictivo: no era para todos. Una de las razones de tal restricción se basaba en que había que defender esa democracia de sus propios enemigos. Como ya se señaló, el problema consistía en que la defi nición de tales enemigos, le correspondía al Go-bierno, que podía ampliarla o restringirla a voluntad. El te-mor al comunismo fue la primera pero no la única de estas restricciones, como se indicará más adelante, al abordar el tema de la perversión del régimen político.

6 La administración de la Liberación, no se constituyó siguiendo los cá-

nones de la democracia representativa, puesto que el gobierno de Castillo Armas fue

producto de un plebiscito y no de una elección libre, abierta y competitiva.

II. LA “DEMOCRACIA LIMITADA”: 1954-1982

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II. LA “DEMOCRACIA LIMITADA”: 1954-1982 LA CRISIS DE 1954 Y LA POSICIÓN DEL EJÉRCITO

La polarización política que precipitó el fi n de la experien-cia revolucionaria en Guatemala se exacerbó a raíz de la toma de posición del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, en 1951, aunque las tensiones venía acumulándose desde 1949, durante la administración de Juan José Arévalo. (1)

En esta atmósfera de tensiones crecientes, la admi-nistración de Arbenz Guzmán contaba con el apoyo de los sindicatos obreros urbanos y rurales, que se habían uni-fi cado para impulsar su campaña electoral, en la Confe-deración General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), afi liada a su vez a la Federación Sindical Mundial (FSM) y a la Confederación de Trabajadores de la América Latina (CTAL), en la que los comunistas ejercían infl uencia. (2)

Un grueso sector de las Fuerzas Armadas también simpatizaba con el coronel Arbenz, considerado el ofi cial graduado de la academia militar más prestigioso en aque-llos momentos. No obstante, los confl ictos políticos, la po-larización ideológica y el trabajo de la oposición desde la administración anterior, habían acrecentado el número de ofi ciales inconformes, muchos de los cuales salieron del país y estaban prestos a complotar, como un desconocido ofi cial, que luego sería escogido para encabezar la inva-sión de junio de 1954: el futuro “Caudillo de la Liberación”, el coronel Castillo Armas. (3)

El otro grupo social desde el que podía emanar entu-siasmo hacia el Gobierno, aunque en forma más difusa y

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contradictoria, era el integrado por algunos miembros de las clases medias urbanas y empresarios favorecidos con las políticas de la Revolución. Tales grupos, como los liga-dos al recién iniciado cultivo del algodón, y a la crianza de ganado, se benefi ciaban del nuevo modelo de crecimiento impulsado en Guatemala y en el resto de Centroamérica, luego del fi n de la guerra de Corea. Dicho modelo se carac-terizó por la diversifi cación productiva, un incipiente desa-rrollo industrial y el comercio intraregional. (4)

Dentro del complejo y contradictorio contexto políti-co y social que caracterizaba a Guatemala en la década de 1950, algunos acontecimientos condujeron a debilitar el apoyo social de Arbenz Guzmán. En efecto, la emisión de la Ley de Reforma Agraria en junio de 1952 (el mismo año de la legalización de la Central Única Campesina) el inicio de las expropiaciones de tierras y la organización y crecimiento de los comités agrarios para impulsarlas, pro-vocaron temor entre los empresarios y las clases medias en cuanto a un posible desbordamiento campesino. Entre junio de 1952 y diciembre de 1953, se habían organizado mil 496 comités agrarios (Paz Cárcamo, G. 1986: 165).

Paralelamente a lo anterior, el crecimiento de las huel-gas promovidas desde la Central Única de Trabajadores y la relativa simpatía con la que fueron acogidas por las autoridades y judicaturas de trabajo, el incremento de las críticas de la Iglesia católica y su posición cada vez más beligerante contra el Gobierno, los ataques verbales y lue-go el involucramiento de la administración norteamericana, así como el nivel alcanzado por la polarización y la confron-tación ideológica terminaron por enajenar el apoyo de las clases medias y los empresarios. Ambos grupos sociales fueron ganados por el rechazo al avance del comunismo y por el convencimiento de que, perderían más de lo que ganarían con la Revolución. (5)

Por su parte, el contexto internacional era adverso y aparecía dominado por la Guerra Fría y sus secuelas –con-

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fl icto en Corea, tensiones en Alemania, descolonización en Indochina y en África, operaciones encubiertas en Irán–. Todo lo cual contribuyó a aislar más la Revolución Guatemalteca, situándola como una amenaza al “mundo libre”. (6)

La operación encubierta contra Guatemala, permitió al Gobierno estadounidense dar asistencia a los opositores a Arbenz (que ya estaban organizados en el país) y apo-yar su entrenamiento y avituallamiento militar en países vecinos (Honduras y El Salvador). En igual forma: ejercer presión diplomática interna (vía la Embajada de EEUU en Guatemala) conseguir la simpatía de otros gobiernos del continente y debilitar la posición del gobierno arbencista en instancias internacionales como la OEA. (7) También hizo posible la participación de aviones desde aeropuertos cer-canos (Nicaragua) lo que contribuyó en forma determinan-te a inclinar la balanza en favor de los alzados en armas. No obstante, no hubo involucramiento directo de efectivos militares estadounidenses (como había ocurrido con ante-rioridad en Cuba, Haití y Nicaragua). Ello le confi rió a esta aventura un carácter particular.

La amplitud de los cambios sociales y el apoyo popu-lar a los mismos, durante la década 1944-1954, determinó el curso de la acción política de la oposición arbencista. Los hechos habían demostrado que no bastaba el recur-so de la clásica asonada, el complot o el golpe de Estado (que ya que se habían intentado) por lo que se escogió una operación militar limitada. Dentro de tal operación y por exclusión, le tocaría jugar un importante papel al Ejército de Guatemala, cuyo protagonismo no ha sido plenamente ventilado a través de una discusión pública. (8)

A los ofi ciales del Ejército les preocupaba la polariza-ción política y la sobreideologización con la que se ana-lizaban los hechos en aquellos años. A ello se añadía el deterioro de las relaciones con EEUU, “aliado natural” de Guatemala y potencia tradicionalmente interventora en sus asuntos internos, que ya había dado muestras de su ma-

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lestar con la Revolución (en 1952 la administración norte-americana había suspendido la asistencia militar a Guate-mala; Yurrita, Alfonso. sf).

El desarrollo de los acontecimientos en 1954 y de los subsiguientes, hasta el golpe de Estado de 1963, puso de manifi esto que, ante la disyuntiva entre fi nes institucionales del Ejército (defensa de la soberanía y de la integridad te-rritorial, seguridad interna y externa) y confl icto ideológico (democracia o comunismo en los términos según los cua-les el dilema se planteaba) muchos ofi ciales fueron pau-latinamente identifi cando la defensa contra el comunismo como uno de los propósitos del Ejército y situándose del lado de la “democracia” (entendida en el sentido restrictivo que ya se señaló en el capítulo anterior).

Se inició la invasión dentro de un contexto político y social como el señalado, precedida por una campaña de desinformación, presiones internacionales, ablandamiento psicológico, cartas pastorales del arzobispo Mariano Ros-sel y Arellano condenando el comunismo, y la peregrina-ción del Cristo de Esquipulas por toda la República, a las que se añadieron manifestaciones públicas, mensajes de la “radio clandestina” e intervenciones de la “aviación ene-miga”. El 17 de junio, los efectivos del “Ejército de la Libe-ración” cruzaron la frontera desde Honduras y establecie-ron su primera avanzada en Guatemala (Flores Avendaño, G. 1974 (1):426).

El alto mando del Ejército de Guatemala decidió resis-tir la invasión y establecer su jefatura de operaciones en la cabecera de Zacapa. Para algunos ofi ciales, ello constitu-yó un “error estratégico”. En efecto, acantonarse en aquel departamento, en lugar de presentar batalla en los áreas fronterizas con Honduras, signifi caba dejar demasiado te-rritorio al enemigo (Silva Girón, C.A., 1987:77). Para otros analistas, ello obedeció al temor del presidente Arbenz de desarrollar acciones militares cerca de la frontera con aquel país, lo que hubiera podido ser interpretado por Honduras

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y EEUU, que tenían un pacto mutuo de defensa, como un acto de agresión y determinar la invasión directa de Guate-mala por “marines” (Gramajo, H.A. 1995:73).

Durante los diez días que duraron las operaciones (del 17 al 27 de junio de 1954 cuando Arbenz renunció) los hechos de armas fueron poco signifi cativos. Hay coinciden-cias entre militares pertenecientes a diversos rangos, ge-neraciones y posiciones ideológicas, sobre la lentitud, los titubeos y la inefi ciencia en la organización de la defensa que caracterizó al alto mando del Ejército, así como sobre su falta de voluntad para involucrarse real y decididamente en la operación de defensa militar, aunque justifi cada por diversas razones (Silva Girón, C.A., 1987a:30-31,47-59. Gramajo, H.A. 1995:79. Flores Avendaño, G. 1974:415. El-fego H. Monzón en: Sierra Roldán, 1958:81).

Frente al bloqueo que ejercieron las autoridades su-periores del Ejército a la decisión presidencial de entregar armas a las milicias populares y que Arbenz reiteró dos días antes (Cehelsky, M: 1971:123) éste optó por renun-ciar el 27 de junio de 1954 y entregar el mando al Jefe de las Fuerza Armadas, coronel Carlos Enrique Díaz. Entre el 27 de junio de 1954 cuando asumió el coronel Díaz y el 1 de septiembre de ese mismo año, cuando Castillo Armas se adjudica en forma unipersonal la Jefatura del Estado, transcurrieron 63 días y se sucedieron cuatro Juntas de Gobierno (en dos de las cuales participó el propio Castillo Armas). Fue un período de gran inestabilidad política en el que principia el desmantelamiento de la administración ar-bencista y la transición a la administración de la Liberación, en el que son determinantes las fi guras del coronel Elfego H. Monzón, ministro sin cartera de la administración de Ar-benz, y del embajador norteamericano John D. Peurifoy. (9)

Los acontecimientos del 2 de agosto de 1954 fueron la primera manifestación del trauma que produjo “la inva-sión victoriosa frente a un Ejército que no peleó” en el seno de las Fuerzas Armadas guatemaltecas. (10) Entre enero

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de 1955 y enero de 1956, se registraron por lo menos tres sublevaciones protagonizadas por ofi ciales del Ejército, que originaron los correspondientes decretos de suspen-sión de garantías y detenciones de sospechosos (Witzel de Ciudad, (111), 80). Es posible considerar que tanto el levantamiento del 2 de agosto, la conspiración de junio de 1957 para tomar la Base Militar del Puerto de San José, en la que participó el futuro líder del PR, licenciado Mario Mén-dez Montenegro, y fueron asesinados su hermano, el coro-nel Francisco Méndez, y el de igual grado Carlos Sarti (Ra-mírez Ricardo, 1970:20) así como la sublevación del 13 de noviembre de 1960, correspondieron a acciones motivadas por intereses gremiales de los uniformados, pero también por el malestar que dejaron las acciones de 1954.

Signifi cado y peso del comunismo en Guatemala

Tomando en cuenta la polarización ideológica y política alcanzada en la década 1944-1954 y la importancia que adquiere el anticomunismo como un política de Estado a partir de 1954, resulta conveniente hacer un balance sobre el peso que las organizaciones comunistas, sus dirigentes y militantes alcanzaron en el país en aquellos años, así como de las representaciones colectivas de tal corriente política. Los orígenes de las organizaciones comunistas se sitúan en la década de 1920. En 1922 se fundó el Parti-do Comunista de Centroamérica, Sección Guatemala, que editó varios periódicos, apoyó reivindicaciones y huelgas laborales y fue objeto de persecución durante la dictadu-ra de Ubico. Se considera como un antecedente, pues no fue reconocido ofi cialmente por el movimiento comunista internacional. Ello se produjo con la organización que sur-gió en 1949, pero que apareció públicamente hasta el 20 de mayo de 1950, con el nombre de Partido Comunista de Guatemala (PCG). Varió su nombre durante su segundo congreso por el de Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT),

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debido a la reticencia y al temor que provocaba entre las organizaciones populares el término comunista. Se inscri-bió legalmente como partido político el 18 de diciembre de 1952 (Alvarado, H. 1975:3-7. Caballero, M. 1987:91. Cer-das Cruz, R. 1986:185).

Las actividades comunistas estuvieron limitadas du-rante la administración de Arévalo. En 1950 se cerró la escuela “Jacobo Sánchez” y su periódico “Octubre”, pero siguió funcionando la librería “Futuro”. El PGT recibió más facilidades para organizarse y trabajar durante la gestión de Arbenz, lo que le generó duras críticas. El partido tuvo infl uencia en algunas organizaciones populares importan-tes como el Frente Democrático Universitario (FUD), la Con-ferencia de Estudiantes de Postprimaria, la Alianza Feme-nina Guatemalteca (fundada por los propios comunistas) y en dos centrales sindicales: la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y la Confederación Na-cional Campesina de Guatemala (CNCG). Ello generó temor entre los revolucionarios no comunistas y la Iglesia católica (Delegación de Estados Unidos… 1954:6-7. Alvarado, H. 1975:15-25).

Paralelamente a esta infl uencia sobre las organiza-ciones populares, el otro tema sensible fue la relación en-tre el PGT y la administración de Arbenz. Algunos análisis han considerado como evidente esta relación a partir de su condición de partido legal y de su pertenencia al Fren-te Democrático Nacional (alianza de partidos revoluciona-rios que apoyaban a Arbenz dentro de la táctica común en aquellos años del “frente unido”). En igual forma, porque de los diez representantes de tal alianza que se reunían habi-tualmente con el Presidente, cuatro eran comunistas. Otro elemento considerado como infl uencia fue la presidencia de la Comisión de Reforma Agraria del Congreso de la República por Víctor Manuel Gutiérrez y la presencia de algunos comunistas en el Departamento Agrario Nacional,

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entidad pública responsable de impulsar la reforma agraria (Delegación de Estados Unidos… 1957:7-10).

El análisis retrospectivo de la relación entre los co-munistas y la administración de Arbenz que realizó el ex Secretario General del PGT sobre algunos errores cometi-dos, como la falta de la debida crítica a dicho Gobierno, el respaldo de masas a Arbenz, las propuestas incompletas y no bien fundamentadas que se hizo al Presidente, etcétera (Alvarado, H. 1975: 27 y 33) confi rman que, efectivamen-te, el Presidente de la República los escuchaba, junto con otros grupos de revolucionarios que infl uían en sus deci-siones.

Lo anterior no signifi caba, necesariamente, que los comunistas fueran el único grupo de poder dentro del Go-bierno, ni los niveles de satanización que se hizo de sus dirigentes. El sobredimencionamiento de la infl uencia del comunismo en la administración de Arbenz derivaba más bien, de la forma visceral como se habían venido defendien-do los intereses de los grandes terratenientes en el país, del contexto de la Guerra Fría y del subdesarrollo democrático de la sociedad guatemalteca. En este sentido, era obvio –como lo sigue siendo hoy en día– que los principales cen-tros de poder no estaban acostumbrados al libre juego de las ideas políticas ni al respeto a la diversidad y a la diver-gencia. De esta débil vocación y cultura política democrá-tica participaban los “revolucionarios”, los “reaccionarios” y los propios comunistas. Los hechos de 1954 y los que se sucedieron más adelante, mostraron que los comunis-tas llevaron la peor parte. Bajo el pretexto de combatirlos, ocurrió algo similar con las organizaciones populares y los grupos progresistas del país.

A partir de conceptos, imágenes y metáforas que cir-culaban desde fi nales del período 1944-1954 y durante el inicio del régimen de democracia restringida, es posible re-construir algunos elementos del signifi cado del comunismo en Guatemala. Lejos de pretender sistematizar las repre-

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sentaciones sobre el mismo, se trata de una imagen más bien “expresionista” del tema, de acuerdo con opiniones de personalidades de la época, fragmentos del Plan de Tegu-cigalpa, de organizaciones anticomunistas, de prensa y de partes considerativas de algunos decretos de gobierno. Se-gún lo anterior, el comunismo evocaría entre sus detractores: a. La desviación de la Revolución de Octubre y un intento para controlar el poder del Estado para designios extranje-ros. b.- Un movimiento engañoso, totalitario, ajeno a la cul-tura nacional, que destruiría a sus oponentes y esclavizaría al hombre. c.- La negación de los valores sociales, culturales y morales, de la estética, de la idea de Dios y del capital. d.- La oposición a la democracia en el mundo. e.-Un movimiento bárbaro y asesino destinado a masacrar al pueblo.

A partir de 1954, se operó en la mentalidad de muchas personas la ecuación: comunismo = maldad y barbarie. Tal ecuación se utilizó para justifi car abusos de poder, perse-cución de la oposición y golpes de Estado en las décadas siguientes. El común denominador de las actitudes políti-cas de los grupos anticomunistas en aquellos años (desde la extrema derecha hasta las posiciones de centroizquier-da) fue la no aceptación de la organización y funcionamien-to de agrupaciones comunistas, pero también de todas las que lo parecieran. En la práctica, esta intolerancia testimo-niaba el carácter antidemocrático de sus posiciones polí-ticas. La pregunta a formularse en la actualidad, es si las organizaciones y líderes comunistas hubieran permitido la presencia de expresiones opuestas a ellos, en el eventual caso de haber alcanzado o compartido ampliamente el po-der. Por ejempo, el comportamiento político de los parti-dos y agrupaciones comunistas en la Europa del Este poco después de concluida la Segunda Guerra Mundial, indica que estos también fueron intolerantes y antidemocráticos en sus métodos para conquistar el poder durante el tiem-po que lo ejercieron. No fue la misma situación en Europa Occidental (Francia e Italia, principalmente) donde los co-

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munistas lograron adaptarse a la democracia parlamenta-ria. La cuestión es que los comunistas guatemaltecos no tuvieron tiempo para responder a este interrogante, pues la intervención de 1954 les cortó el tiempo para ello.

Las medidas iniciales del Gobierno de la Liberación

La primera Junta de Gobierno declaró ilegal al PGT. Asimis-mo, una amnistía tanto a los detenidos por “asuntos polí-ticos” como a los exilados, el 28-07-1954. A lo anterior se añadió la prohibición a los bancos para que emitieran do-cumentos de traslado de fondos al exterior sin autorización del Ministerio Público, el 30-06-1954 y el desconocimiento del Gobierno de la República Española en el exilio y la ex-pulsión de su representante (lo que puede explicarse por su valor simbólico en el contexto internacional y por las simpatías a la administración de Franco). Posteriormente: la intervención de bienes y el congelamiento de cuentas y depósitos bancarios a ex funcionarios y a sospechosos de comunistas, el 5-07-1954. (11)

Por otra parte y tomando en cuenta que para la Junta de Gobierno es... “ostensible la infi ltración por personas de tendencias comunistas” en las organizaciones sindicales, ésta canceló las inscripciones a representantes y directivos de confederaciones, federaciones y sindicatos de trabaja-dores, el 16-07-1954. Más adelante, decretó la disolución específi ca de las confederaciones de trabajadores urbanos y rurales, de los partidos revolucionarios (el PAR y Renova-ción Nacional) y de otras asociaciones políticas y culturales como el Grupo Saker Ti, el Instituto Indigenista Nacional, las misiones ambulantes de cultura, la campaña de alfabe-tización, así como la clausura de la revista educativa “Ale-gría”, del Ministerio de Educación y la Revista Guatemala. Esta última, editada por la Presidencia de la República, fue cancelada por sospechas de “…inclinar la admiración de

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los guatemaltecos hacia los propagadores de ideologías extrañas a la auténtica cultura” (Tomo 73, Recopilación de leyes). Por otra parte, los cateos y las destrucciones de li-bros comunistas también fueron frecuentes en los inicios de la administración de la Liberación (La Hora, 2-07-1954).

Como consecuencia de las primeras medidas de con-trol, 533 sindicatos fueron cancelados y su número de afi -liados que pasaba de cien mil se redujo a 27 mil (Bulmer T. 1989:187). Se considera que mil 72 personas buscaron refugio en nueve embajadas, 17,300 fueron encarceladas y diez mil se desplazaron a Belice, El Salvador, Honduras y, principalmente, México. Se trató de líderes, profesiona-les, técnicos y administradores, dirigentes campesinos y obreros politizados, militares progresistas, intelectuales y artistas; toda una generación que había participado en la modernización integral del país (Monteforte Toledo: 2, 1972:33).

La destitución de servidores del Estado se realizó principalmente en el gremio de maestros, pero también abarcó a otros empleados públicos. La ausencia de garan-tías efectivas abrió la puerta a una serie de arbitrariedades hacia los trabajadores más desfavorecidos, lo que fue de-nunciado, incluso, por los jerarcas de la Iglesia católica que habían apoyado a la Liberación. (12)

La función de depuración se institucionalizó a través del Comité de Defensa contra el Comunismo, con jurisdic-ción en toda la República. Dicho órgano podía ordenar a las fuerzas de seguridad interna (policías) la investigación de casos y la detención de personas. Para complementar sus funciones, se incorporaron a la legislación las fi guras del estado de peligrosidad y la actividad comunista. Las mismas fueron aplicadas como medidas de seguridad, la privación de libertad hasta por treinta días, la libertad “vigila-da”, la residencia forzada y la expulsión de extranjeros. Tales medidas eran aplicadas por el Comité en consulta con la Jun-ta de Gobierno (Tomo 73, Recopilación de leyes).

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Seguidamente se emitió el Decreto 59, Ley Preventiva Penal contra el Comunismo, en la que se hizo una prolija enumeración de actos punibles sujetos a la misma: tenen-cia de armas, de hojas volantes, panfl etos, publicaciones, películas comunistas; propiciar huelgas ilegales, inscribirse en organizaciones sospechosas, etcétera. El conocimiento de tales delitos se sujetó a tribunales militares. También, se autorizó al Comité de Defensa contra el Comunismo a esta-blecer un registro de “todas las personas que en cualquier forma hayan participado en actividades comunistas” (art. 3). Igualmente se consideró que fi gurar en las referidas listas constituiría grave presunción de peligrosidad contra quien apareciera en ellas (art. 4 Tomo 73, Recopilación de leyes).

La “cacería de brujas” que ya se había desatado, reci-bió una sanción legal a través del Comité y de la ley antes indicada. Para fi nes de 1954, la prensa informó que 72 mil personas aparecieron incluidas en las listas de peligrosos; según el Comité de Defensa contra el Comunismo, podrían llegar a 200 mil (El Imparcial, 20-11-1954). Lo anterior con-trasta con la apreciación externa, según la cual, “…un cál-culo razonable de (las fuerzas del PGT) parece indicar que en mayo de 1954, tenía entre 3,000 y 4,000 miembros” (Delegación de Estados Unidos... 1954:16). La despropor-ción entre el número estimado de miembros del PGT y el de “sospechosos” incluidos en los listados del Comité es uno de los elementos que caracterizó la relación con la opo-sición a partir de estos años y que se acrecentó a partir del golpe de Estado de 1963: considerar comunista, real o potencial a quien dirigiera críticas al Gobierno. El funcio-namiento de una democracia dentro de un régimen políti-co con tales estructuras de protección se convertía así, en una caricatura. (13)

Paralelamente a lo anterior, el 26 de julio de 1954 se emitió el Decreto 31, Estatuto Agrario, por el que se sus-pendieron las expropiaciones de tierras iniciadas por el De-creto 900, Ley de Reforma Agraria, y se prohibió el inicio de

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nuevas, hasta que no se emitiera una regulación defi nitiva. Los campesinos y trabajadores agrícolas que hubieran re-cibido tierras y benefi cios en aplicación del Decreto. 900 quedarían en posesión de ellas hasta la emisión de la nue-va legislación. No obstante, los propietarios expropiados podían solicitar la revisión de sus casos, con lo cual prin-cipió la reversión del proceso de reforma agraria iniciado en 1952. Se derogó igualmente la célebre Ley de Arren-damiento Forzoso y se obligó a las personas a devolver las tierras a sus dueños al concluir la cosecha. Igual pro-cedimiento se aplicó con aquellos que poseyeran tierras o viviendas por invasión (Tomo 73, Recopilación de leyes).

Las reformas institucionales y el nuevo régimen político

Para contar con un marco jurídico de base ante la supre-sión de la Constitución de 1945, la Junta de Gobierno emi-tió el Estatuto Político de la República de Guatemala. El mismo confi rió plenos poderes ejecutivos y legislativos a Castillo Armas como Presidente de la Junta (después de la renuncia de sus colegas el 1 de septiembre de 1954, pasó a convertirse en Presidente de la República) sin los límites propios de un sistema constitucional. En opinión de algunos analistas, se trató de una dictadura de hecho, con pocos antecedentes en la historia de Guatemala. (14) Para otros, sin embargo, la situación no era tan grave pues “…el consenso público veía en el Caudillo, al jefe supremo para organizar la república (pero) Castillo Armas buscó el cami-no de la ley” (Nájera Farfán, M.E. 1958:57).

El presidente Castillo Armas decidió entonces con-vocar a una Asamblea Nacional Constituyente y a un ple-biscito para legitimarse. Para regular las elecciones de los constituyentes, se emitió una ley específi ca. El consideran-do de dicha ley confi rma que existió la intención de eliminar el voto del analfabeto (como se consignaba en el Plan de

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Tegucigalpa que servía de orientación al Movimiento de Li-beración) pero no se juzgó oportuno hasta que la Asamblea Nacional Constituyente lo resolviera en defi nitiva (Conside-rando, Decreto 85, Tomo 73, Recopilación de leyes).

En vista que estaban prohibidos los partidos políticos, funcionarían “agrupaciones electorales postulantes”. Hubo planilla única, sin oposición, y las agrupaciones aparecie-ron representadas en el Frente Anticomunista Nacional (FAN) que se disolvió después del evento electoral.

Por otra parte, el mandatario resolvió que en la mis-ma elección los guatemaltecos respondieran, a través de un plebiscito, si estaban o no de acuerdo con que Castillo Armas “…continúe en la Presidencia de la República por un término que fi jará la Asamblea Nacional Constituyen-te”. Así, lograba incluir el voto público como fuente de le-gitimidad de su Gobierno, pero sin ninguna oposición. Los resultados fueron apabullantes para el plebiscito, como suele ocurrir con estos mecanismos de consulta cuando se realizan en regímenes autoritarios: 485,699 personas res-pondieron “sí” (Nájera Farfán, M.E. 1958:58). Ello corres-pondió al 99.9% del total y en la mayoría de textos ofi ciales de la época, no se consignó que cuatrocientos ciudadanos habían respondido “no”.

Producto de la nueva correlación de fuerzas y de al-gunos principios contenidos en el Plan de Tegucigalpa, la Iglesia católica recuperó el peso político que había perdido durante la época liberal. Igualmente, se reforzaron las ga-rantías a la propiedad privada, se aceptó la sindicalización pero sin fi nes políticos, se suprimió la limitación sobre la explotación exclusiva de hidrocarburos por parte del Es-tado o de empresas guatemaltecas, en consonancia con el interés por promover la inversión extranjera. Según un analista “La Constitución de 1956 fue un retroceso, ya que se pretendía frenar los avances sociales logrados en 1945. El concepto político predominante en este momento fue el del anticomunismo militante, sin lograr un desarrollo demo-

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crático que sirviera a la consolidación política” (Thesing, J. 1976:15).

Siguiendo la tradición constitucional anterior, se man-tuvo el régimen presidencial con un sesgo semi parla-mentario (la interpelación de los ministros de Estado por el Congreso y el voto de falta de confi anza) así como un parlamento unicameral integrado por diputados que se re-novaban cada dos años. Se ampliaron las facultades del Ejecutivo y el Presidente de la República se convirtió en el Comandante General del Ejército (suprimiéndose la Jefatu-ra de las Fuerzas Armadas, que había provocado fricciones durante el período 1944-1954). La designación del sustitu-to del jefe del Ejecutivo, en caso de ausencia de éste, a tra-vés de la fi gura de los designados a la Presidencia, quedó como un acto administrativo, pues el propio Presidente de la República debía presentar una terna al Congreso para que este último escogiera a dos personas. Esta disposición acrecentaba igualmente el poder presidencial.

Se mantuvo la secretividad del sufragio a pesar de la opinión del Presidente de la República y del compromiso del Plan de Tegucigalpa y no se eliminó el voto del analfa-beto, que quedó optativo. La ciudadanía de las mujeres se reservó para las que supieran leer y escribir. No hay que olvidar que en la Constitución de 1945 también existía la discriminación para las mujeres y los analfabetos. (15)

Por su parte, la prohibición y las sanciones para cons-treñir el comunismo, se incorporaron a la constitución en relación con tres situaciones: i.- Al limitar la garantía de for-mación y funcionamiento de partidos políticos, en el sentido de no permitir los que propugnaran la ideología comunista u otro sistema totalitario. ii.- Al restringir la libertad de aso-ciación, en los casos de organización o funcionamiento de grupos que actuaran ligados a entidades internacionales comunistas o totalitarias. En igual forma, se limitó la garan-tía que establece que toda persona tienen derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, salvo en relación a actividades

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comunistas. iii.- Al establecer restricciones a la garantía contra la expatriación y el derecho de todo guatemalteco a ingresar a Guatemala, pues se concedió al Ejecutivo por la vía administrativa y no judicial, la potestad para expatriar o negar el ingreso al país, hasta por cinco años, a los comu-nistas guatemaltecos nacidos en el país (artos. 23, 54, 62 y el 6 de los artículos transitorios). La Constitución de 1945 ya había planteado una limitación al derecho de asocia-ción, pero no tan clara como la del texto de 1956, pues se refería a entidades de “carácter internacional”. (16)

Las elecciones legislativas de mitad de período, que se celebraron en diciembre de 1955, se caracterizaron por la práctica de fraudes según denuncias recogidas por los me-dios de comunicación, “esta vez entre partidos de derecha”, los únicos autorizados para participar. Con ello se prefi gu-ró uno de los problemas que se repetirían posteriormente durante futuros comicios. En las elecciones presidenciales de 1957 (a la muerte de Castillo Armas), en las elecciones legislativas de 1959 y 1961 (durante la administración de Ydígoras Fuentes) y en las elecciones presidenciales de 1974, 1978 y 1982 se generalizó el convencimiento entre la ciudadanía, de que no se respetaban los votos emitidos. La práctica del fraude para imponer candidatos que no habían obtenido el favor del electorado constituía una “desviación” respecto de la concepción original del régimen político de “democracia limitada”. En efecto, en la medida en que no se trataba del temor ideológico al comunismo, precisamen-te porque no participaban partidos ni candidatos comunis-tas o sospechosos de serlo, los fraudes no tenían justifi -cación dentro de un régimen político cuyas estructuras de protección se basaban, aparentemente, en la necesidad de defender el orden anticomunista.

Dentro del contexto arriba indicado, el18 de diciem-bre de 1955 se eligieron diputados al Congreso de la Re-pública (que coexistiría con la Asamblea Nacional Cons-tituyente que redactaba el futuro texto constitucional). Se

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inscribieron seis partidos, todos anticomunistas: el Movi-miento Democrático Nacionalista (MDN) (el partido ofi cial), Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), el Partido de Unifi cación Anticomunista (PUA), el Partido Liberación An-ticomunista Guatemalteco (PLAG), La Asociación Nacional Democrática (ANDE) y el Partido Independiente Anticomu-nista (PIACO) (formación regional anticomunista con sede en Quetzaltenango) (La Hora, 9-12-1955). Luego que el propio presidente Castillo Armas anunciara que no podrían fi gurar en las planillas personas reputadas como comunis-tas, el partido ofi cial, MDN, obtuvo el 100% de los escaños (El Imparcial, 14-12-1955, La Hora, 20-12-1955).

La falta de regulaciones electorales que impidieran la duplicidad del voto y la ausencia de representantes de los partidos políticos en el Tribunal Electoral facilitaron lo que las formaciones de oposición al MDN consideraron un frau-de electoral, que los llevó a interponer “más de 100 recur-sos de nulidad contra las elecciones” (IIPSS, 1978:33).

Una apertura política frustrada: 1959-1963

El asesinato de Castillo Armas, el 26 de julio de 1957, alte-ró el proyecto de la administración de la Liberación y abrió una interrogante sobre el propio régimen anticomunista de 1954. A pesar que las circunstancias en las que se produ-jo la muerte del Presidente fundamentaban las sospechas que su origen estuvo en el círculo de sus próximos, la ver-sión ofi cial atribuyó el crimen una vez más al “comunismo internacional”. (17)

En un clima de tensa calma, el Congreso llamó al pri-mer designado a ocupar la Presidencia y convocó a eleccio-nes, siguiendo la normativa constitucional. El MDN se con-sideraba el heredero del Movimiento de Liberación y de los ideales de su Caudillo asesinado. No obstante, su experien-

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cia electoral la había adquirido en consultas no competitivas, como ya se indicó en el capítulo anterior. En consecuencia, no parecía tener mucha disposición a que otros anticomu-nistas de la “vieja guardia”, que habían quedado excluidos de la administración de la Liberación, como el general Miguel Ydígoras Fuentes, le disputaran el poder (18).

En agosto de 1957 y aprovechando que se había sus-pendido el Estado de excepción decretado por la muerte de Castillo Armas, se organizó el Partido Revolucionario (PR) para recoger los intereses de parte de los sectores que habían sido excluidos y perseguidos desde 1954. Su inscripción no fue autorizada por las autoridades electo-rales y en consecuencia, en las elecciones del 20 de oc-tubre de 1957 participaron como partidos importantes: el MDN, el Partido Reconciliación Democrática Nacional (PRDN Redención) de Ydígoras Fuentes y Democracia Cristiana Guatemalteca. Era una justa entre anticomunis-tas que no ofrecía, aparentemente, ningún “peligro” ideoló-gico, salvo que el partido ofi cial no parecía estar dispuesto a perderla. Un día después de practicadas las elecciones y sin que el resultado fuera ofi cialmente anunciado, el candi-dato del MDN (aduciendo que había obtenido 54.7% de los votos) se proclamó vencedor, confi rmando así el temor de Ydígoras Fuentes, que había denunciado la intención de fraude por parte del Gobierno.

Luego de varios días de concentraciones y manifesta-ciones públicas de simpatizantes de Redención en la plaza central, que fueron subiendo de tono e intensidad, el 24 de octubre, el Ejército anunció la sustitución del Presidente provisorio por una Junta de Gobierno, integrada por tres ofi ciales. El alto mando consideraba que las elecciones ha-bían sido fraudulentas y, por ello, no estaba de acuerdo con su resultado (Nájera Farfán, M.E. 1958:274). El Ejército se distanciaba así de la dirección del Movimiento de Libera-ción para que se anularan las elecciones y se repitieran. La Junta funcionó durante tres días, el tiempo necesario

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para que el Congreso llamara al segundo designado a la presidencia, el coronel Guillermo Flores Avendaño, quien juró el cargo el 26 de octubre de 1957.

Las nuevas elecciones se realizaron sin incidentes. La participación fue alta, pues alcanzó 66.8% de los votantes inscritos (cinco puntos porcentuales menos que las últimas elecciones generales practicadas antes de la intervención de 1954). En ellas participó por primera vez el Partido Re-volucionario, cuya inscripción había sido autorizada. Ydí-goras Fuentes volvió a competir. En igual forma lo hizo el MDN, esta vez en coalición con Democracia Cristiana y apoyado por otras organizaciones como el PUA, el Partido Liberal y el Partido Republicano. En las mismas, se renovó por mitad el Congreso y ninguno de los candidatos obtuvo mayoría absoluta. El general Ydígoras Fuentes ocupó el primer lugar con 40.6% de los votos, seguido del coronel José Luis Cruz Salazar del MDN-DCG, con 29.6%. El licen-ciado Mario Méndez Montenegro, del PR, recibió el 28.6% restante. Luego de una puesta de acuerdo entre las dos fuerzas que habían obtenido más votos, el Congreso reali-zó la elección de segundo grado e Ydígoras fue declarado electo. (19)

Las condiciones para la apertura política y las primeras difi cultades

La distancia que Ydígoras había tomado respecto de la Li-beración, así como la necesidad de articular un discurso atractivo y distinto ante el electorado, hicieron nacer las po-sibilidades de una reconciliación. Frente a la propaganda del MDN, que insistía en la continuidad del proyecto antico-munista, Ydígoras Fuentes ofreció una política que bautizó con el nombre de “borrón y cuenta nueva”, la que, sin re-nunciar al anticomunismo, incluía el libre juego de partidos políticos, principalmente los de oposición (Cospín, M. A. 1970:9). (20)

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En este contexto, un Presidente de quien no podía dudarse de su vocación anticomunista, sería el mejor ubi-cado para promover una apertura desde una posición con-servadora. Tal iniciativa sería la única viable ante el temor de quienes imaginaban que el exceso de concesiones a los derrotados de 1954 generaría riesgos para el modelo de democracia limitada y controlada que se instauró a partir de 1954. No obstante, el nuevo escenario internacional de la Guerra Fría en el continente, la presencia de la Revolu-ción Cubana, la débil tradición democrática de los partidos políticos en el país y la “forma de hacer política” en la so-ciedad guatemalteca determinaron, en gran medida, el fra-caso de esta apertura política. La cultura política, en la que quien ejercía el poder difícilmente podía aceptar una even-tual derrota, pero tampoco la aceptaba la oposición, limitó las perspectivas de la apertura. A raíz de las elecciones legislativas de fi nales de 1959, ganadas por el partido ofi cial, la oposición alegó fraude y obstáculos por parte del Gobierno. Estas denuncias crecieron durante las siguientes elecciones legislativas de diciembre de 1961, como se indica más ade-lante, en un clima que comprometía la gobernabilidad, pues se acercaba la crisis de marzo y abril de 1962.

En el seno de los partidos de oposición, se registraron escisiones importantes. La directiva del Partido Revolucio-nario, comandada por el licenciado Mario Méndez Monte-negro, terminó por expulsar a los “disidentes”. Esta deci-sión traducía las divisiones internas en la corriente de los “revolucionarios” (que se había caracterizado por su he-terogeneidad), la débil democracia interna del partido, así como el interés por excluir a sectores que podrían justifi car las críticas dirigidas al PR de ser una partido “comunista”. Al depurar sus fi las, la dirigencia garantizaba la sobrevivencia del partido y su posibilidad de mejorar los resultados alcan-zados en las elecciones presidenciales de 1958. En igual forma, avalaba la rigidez y la exclusión ideológica, tónicas dominantes en aquella época. (21)

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En el caso del MDN y en función del acuerdo de “bo-rrón y cuenta nueva”, algunos ministerios y subsecretarías correspondieron a dicha organización (como el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, a cargo del coronel J. L. Cruz Salazar, candidato a la presidencia en 1958). El interés por mantenerse “más a la derecha” que el Gobierno y retomar la conducción del anticomunismo, llevó a la divi-sión interna del MDN. Como consecuencia, su ala histórica formó un nuevo partido: el Movimiento de Liberación Na-cional (MLN) en octubre de 1960.

Los problemas de gobernabilidad, los partidos políticos anticomunistas y la crisis del régimen

El alzamiento del 13 de noviembre de 1960

La administración Ydigorista se caracterizó por confl ictos sociales, crisis políticas y el inicio de la lucha insurgente. Ésta estuvo precedida por el alzamiento militar del 13 de noviembre de 1960, el último levantamiento en el que se expresaron intereses divergentes en el seno de las fuerzas armadas, pues a partir del golpe de Estado del 30 de mar-zo de 1963, la tendencia fue hacia la paulatina unifi cación del Ejército. (22)

La crisis de marzo y abril de 1962

El movimiento de oposición de marzo y abril de 1962 marcó el fi n de la apertura política de 1959. Igualmente, determinó un mayor involucramiento político del Ejército. Los acon-tecimientos que se sucedieron durante estos dos meses ejemplifi can el acelerado deterioro de la gobernabilidad que experimentaba la administración de Ydígoras Fuentes, las posiciones de las fuerzas populares, el estilo de hacer política de los tres partidos de oposición (PR, DCG y MLN), y

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el tema del anticomunismo como elemento central del dis-curso legitimatorio del Gobierno y de un sector de la misma oposición.

En el contexto anterior, lo que se conoció como las “Jornadas de Marzo y Abril de 1962”, estuvó precedido por las denuncias y la movilización por el fraude electoral de diciembre de 1961 y por las protestas de los estudiantes de secundaria a fi nales de enero de 1962. Las elecciones para escoger diputados y alcaldes, celebradas el 3 de diciembre de 1961, fueron impugnadas por los principales partidos de oposición, como había ocurrido en 1959 “Vivimos una era de vergüenza nacional”, señaló el PR, al denunciar que “...el Gobierno no omitió medio (...) para adjudicarse los comicios: coacciones, quema de papeletas, cédulas fal-sas, apagones y presión al Tribunal Electoral” (Prensa Li-bre, 18-01-1962). Las acciones de nulidad absoluta y de recusación a los magistrados electorales presentadas por el PR, MLN y DCG no prosperaron y Redención y el MDN se adjudicaron la mayoría absoluta en el Congreso (Prensa Libre, 24-02-1962).

El movimiento de marzo y abril de 1962 se desarrolló en el marco del descontento inicial de los estudiantes de secundaria de algunos establecimientos públicos, en enero de aquel año, que provocó choques entre la policía y los manifestantes y la declaratoria del Estado de emergencia por parte del Gobierno. La protesta de la Asociación de Es-tudiantes Universitarios (AEU) aportó un nuevo ingrediente. El 2 de marzo, con motivo de la asunción del nuevo Con-greso, la AEU declaró día de luto nacional por la integración de una legislativa fraudulenta, pidió la nulidad de las elec-ciones y el cese del Estado de emergencia.

Continuaron los choques callejeros entre estudiantes de secundaria y universitarios, por una parte, y la policía por la otra. El Gobierno endureció su posición: canceló va-rias radiodifusoras, militarizó las telecomunicaciones, los autobuses y la empresa eléctrica, y capturó a dirigentes

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de los tres partidos de oposición (La Hora Dominical, 6-01-1963). Cuando, a principios de abril, el movimiento de protesta bajaba su intensidad, se produjo otro incidente, en el que cuatro estudiantes universitarios fueron muertos por una patrulla policial. Ello reactivó en magnitud y pro-fundidad el movimiento de protesta, llevándolo a un clima insurreccional. (23) La solución que adoptó el presidente Ydígoras fue la integración de un gabinete militar. La crisis amainó, en gran medida, por la fatiga y la ausencia de una coordinación unitaria de los grupos opositores.

El pacto secreto de los partidos anticomunistas

El fraude realizado por el Gobierno en las elecciones legis-lativas de medio período, en diciembre de 1959, el temor a que tal situación se repitiera en las elecciones semejantes de 1961 –temor que se comprobaría como ya se indicó–, así como la debilidad de dos de los partidos de oposición, el PR (que había expulsado a su disidencia) y el MLN (que había surgido de las diferencias con el antiguo MDN), justi-fi caron el acercamiento entre ambas formaciones políticas, para defi nir una plataforma común de acción. A ella se unió la DCG; en esa época, una formación abiertamente antico-munista. Los tres partidos suscribieron un acuerdo secreto el 2 de diciembre de 1960, que les permitiría articular una plataforma de oposición y presionar al Gobierno.

El pacto entre los partidos de oposición incluye, luego de algunas consideraciones sobre la necesidad de man-tener la democracia y evitar el desarrollo del comunismo, compromisos antidemocráticos y desestabilizadores. En efecto, los puntos centrales de dicho pacto contempla-ban: la coordinación y unidad de acción, la defensa común frente a las agresiones de la administración ydigorista y el rechazo a colaborar con el Ejecutivo bajo cualquier cir-cunstancia. En igual forma: la integración y sostenimiento de un nuevo régimen en el que participarían con exclusivi-

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dad los tres partidos, pero ninguno de extrema izquierda, para cerrar la lucha ideológica y material en forma categó-rica y permanente contra el comunismo, hasta erradicarlo de Guatemala (El texto del pacto en Villagrán Kramer, F. 1993:356-358).

La crisis fi nal: la candidatura de Arévalo

Los problemas que determinaron las reiteradas crisis de gobernabilidad de Ydígoras Fuentes también estuvieron alimentados por las dudas en relación con la idoneidad, liderazgo, probidad y capacidad de gobernar del propio Presidente de la República. (24) No obstante, el detonante fi nal que llevó al golpe de Estado de 1963 fue nuevamente la amenaza del comunismo, representada ahora por lo que se consideraba como una segura victoria del doctor Juan José Arévalo en las elecciones de diciembre de 1963.

Frente a los problemas que provocó el anuncio de la candidatura de Arévalo, la pregunta que cabe formular es ¿qué razones llevaron al presidente Ydígoras Fuentes a aceptarla en un inicio? Algunos análisis señalan que se trató de una estratagema de Ydígoras para calmar la lu-cha popular y reorientar los esfuerzos de la oposición de izquierda, durante la crisis de marzo y abril de 1962 (Colom Argueta, 1995:13). Cuando dicha candidatura cobró fuer-za, intentó impedirla, pero fue demasiado tarde. (25)

Para la cúpula militar, parecía que no fue sufi ciente la actuación de Ydígoras para detener el avance arevalista. Por ello, estimaron que la situación sólo podía resolver-se alterando el orden constitucional a través de un golpe de Estado. Éste debería ser inicialmente preventivo; pero, luego reestructuraría el régimen político para garantizar estabilidad, acrecentando su control y ajustando sus es-tructuras de protección para evitar el temido retorno de los comunistas. Otro tema que ocupó la atención durante

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aquellos días fue el grado de conocimiento y participación que tuvo la administración norteamericana en el golpe de Estado, dado el antecedente de 1954. Algunas informa-ciones al respecto confi rman la percepción que tenían las fuerzas armadas sobre el “caso Arévalo”. (26)

El rediseño del régimen político y el inicio de la lucha armada en Guatemala: 1963-1982

Luego del golpe de Estado del 31 de marzo de 1963, se instauró la primera administración militar en Guatemala. Dicha administración se dio a la tarea de ajustar el régi-men político de “democracia restringida” iniciado en 1954, que sería recogido en una futura constitución. Retomó las líneas generales de la democracia anticomunista pero le añadió otros ingredientes y nuevos elementos a sus es-tructuras de protección. El propósito era doble: por una parte, resolver la crisis que provocó el alzamiento militar de 1963; por la otra, consolidar un modelo más estable y capaz de lograr una sobrevivencia de más largo alcance que el de 1954 y que se hundió defi nitivamente en 1963. Es posible que este segundo propósito se fuera dibujando una vez satisfecha la urgencia de los primeros meses, lue-go del golpe de Estado de 1963.

Dentro del contexto indicado, para que el régimen po-lítico fuera útil y capaz de asegurar su mantenimiento a futuro, debía cumplir por lo menos con las siguientes condi-ciones: i.- Generar una estabilidad política relativa. ii.- Per-mitir soluciones de recambio en el ejercicio del poder, sin los sobresaltos o crisis del pasado reciente (las que se pro-dujeron luego del asesinato de Castillo Armas, por ejem-plo). iii.- Evitar el retorno de los grupos “comunistas, fi lo y cripto comunistas”, asegurando su exclusión del poder y disminuyendo su infl uencia en las organizaciones sindica-les y populares. Esto resultaba particularmente importante a raíz de las nuevas amenazas a la seguridad del Estado,

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consecuencia del “efecto demostración” de la Revolución Cubana y del clima de confrontación Este-Oeste. iv.- Con-tribuir a la estabilidad que se requeriría para hacer atractiva la inversión extranjera, necesaria para el desarrollo indus-trial y para la integración comercial centroamericana.

Como se muestra en los siguientes capítulos, el régi-men político en esta segunda etapa conoció tres momentos:

● Su diseño inicial, durante la administración militar (1963-1965).

● La puesta en funcionamiento, fase durante la cual se le introdujeron ciertos “ajustes suplementarios de carácter paralegal” (es decir, no legislados) con el fi n de garan-tizar aún más la infl uencia del Ejército en la conducción política y contrainsurgente, mediante el “pacto secreto” de 1966 entre el PR y las fuerzas armadas.

● Su perversión posterior, producto de la contaminación con intereses de un sector de la cúpula militar, en alian za con dirigentes políticos y empresariales. Tales inte reses se desarrollaron independientemente de las jus tifi caciones ideológicas y contrainsurgentes que le dieron origen al régimen en 1965. Al fi nal de cuentas, se convirtieron en un verdadero “anillo de hierro” que impidió la participación tanto de candidatos de otras or-ganizaciones anticomunistas y de intereses económi-cos (fi nancieros, industriales y comerciales) distintos de la alianza militar y civil que actuaba desde el Estado, para cuidar y ampliar sus benefi cios.

A lo largo de estos años, el régimen político terminó por exhibir las características que se resumen en el último capítulo de este texto y que, por sus rasgos antidemocrá-ticos, arbitrarios e inmorales, determinaron su propia crisis en 1982. En aquel año, el régimen daba muestras de es-casa viabilidad, producto de divisiones internas, y se había convertido en un verdadero riesgo para el éxito de la gue-rra interna que libraba el Estado.

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Antes de abordar las características que asumió el régimen político a partir de 1963, conviene considerar en forma resumida el fenómeno de la insurgencia y la con-trainsurgencia, en la medida de las interrelaciones mutuas que se registraron entre política y confl icto armado interno, y para tener presente los principales momentos de su de-sarrollo.

Los orígenes de la insurgencia y sus principales etapas

Un análisis retrospectivo permite considerar que las pri-meras acciones insurgentes que se produjeron en el país fueron producto de una combinación de factores. La radi-calización de un sector de ofi ciales del Ejército que se alzó el 13 de noviembre de 1960 y que rechazó su reinserción a las fuerzas armadas (a contrario censo del resto de sus compañeros), constituyó el núcleo del movimiento, en sus inicios (véase nota (22) en el segundo capítulo). A ello se añadió la decisión del PGT tomada durante su III Congreso en 1960, de aceptar la necesidad de recurrir a “cualquier forma de lucha”, lo que incluiría la violencia, “si el pueblo se viera obligado”. No obstante lo anterior, dentro de la diri-gencia del PGT y de no pocos de sus militantes, el recurso a la lucha armada generó opiniones encontradas y fue fuente de oposición y confl ictos internos por parte de quienes se opusieron a ella.

Dentro del conjunto de las formaciones políticas exis-tentes en aquellos años, el PGT fue el único que acogió las preocupaciones de los militares radicalizados del 13 de noviembre, quienes después de su regreso del exilio, deambularon en búsqueda de contactos con otros sectores políticos “de derecha y de izquierda”, interesados en derro-car a Ydígoras Fuentes. A pesar de su aceptación de la lu-cha armada, en la práctica el PGT no la consideraba como un objetivo estratégico sino más bien instrumental, un medio de

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presión y/o de negociación, dada su experiencia en la lucha electoral, sindical y organizativa desde 1944. El apoyo de di-cho partido a una columna de insurrectos en Huehuetenan-go y la constitución del Frente Guerrillero 20 de octubre (“la guerrilla de Concuá”) ambos en marzo de 1962, y que se saldó por un rotundo fracaso, no hace sino confi rmar esta consideración, dictada con el interés de no perder infl uen-cia en el movimiento de masas de marzo y abril y presionar desde esta posición, al gobierno ydigorista.

Al núcleo inicial de ofi ciales radicalizados del 13 de noviembre, se sumaron campesinos politizados y trabaja-dores descontentos con el Gobierno en las zonas en las que tales ofi ciales se habían refugiado y que veían en ellos el símbolo de la desobediencia. También se involucraron estudiantes y líderes obreros que participaron en las “jorna-das de marzo y abril” de 1962 (Alvarado, Huberto, 1975:44. Ramírez, Ricardo 1970:20-27. CEH-GAH, 1998:7-16).

La Revolución Cubana ejerció una infl uencia importan-te en el impulso del movimiento insurgente. Por una parte, confi rmaba la existencia de “otra opción” y constituía un “desafío real al imperialismo” (situada como estaba Cuba a pocos kilómetros de EEUU), convirtiéndose en un símbolo dentro de la cultura política de la izquierda. También fue una fuente de inspiración para los líderes insurgentes, una plataforma desde la cual se estimuló la unidad de acción de los grupos guerrilleros, un santuario para los que bus-caban refugio, y un centro de apoyo y formación política y militar (en este sentido, jugó un papel similar al de algunos países de la Europa Oriental). A lo anterior debe añadirse el recuerdo aún vivo de la década 1944-1954 dentro de obreros, sindicalistas, campesinos y estudiantes, así como entre algu-nos ofi ciales del Ejército (los llamados “arbencistas”).

Esta abigarrada combinación de circunstancias deter-minó los orígenes del movimiento insurgente, en una etapa de primeros balbuceos, cuando aún no aparecía clara la estrategia de la toma del poder, sino el interés de “derrocar

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al Gobierno”. El prestigio del que gozaron los insurrectos en aquellos años contribuyó a la leyenda del “guerrillero heroi-co”: un abanderado del pueblo, alzado en armas contra la arbitrariedad y el abuso de poder, valiente y desinteresado, difícil de derrotar pues siempre encontraba refugio en las montañas. En suma, el ideal romántico y nacionalista con el que se identifi có una parte de la juventud de la época. Las circunstancias fueron cambiando. La lucha ideológica interna y las divisiones dentro de las organizaciones guerri-lleras, la Acción Cívica del Ejército, sus nuevas técnicas de combate y la práctica del terror originaron la deserción de las fi las guerrilleras y su derrota militar. No obstante, el mo-vimiento insurgente se reorganizó en los años siguientes.

Dentro de este contexto de multicausalidad de factores desencadenantes de la lucha armada interna en Guatema-la, el carácter excluyente, restrictivo e ilegítimo del régimen político fundado en 1954, su endurecimiento posterior (de 1965 en adelante), las limitaciones injustifi cadas y arbitra-rias que se aplicaron para evitar la organización y el fun-cionamiento de nuevas formaciones partidistas (fueran o no de izquierda o de centro izquierda) así como el recurso a fraudes electorales para confi rmar en el Gobierno a los seguidores de una alianza de intereses políticos, militares y económicos que se benefi ciaban con el poder del Estado y contribuían a corromperlo (principalmente entre 1974 y 1982) constituyó un factor determinante, que desempeñó una función aglutinadora de las diversas causas de la gue-rra interna. Ello, en la medida en que mantuvo y alimentó permanentemente las justifi caciones de más de una ge-neración de guatemaltecos y guatemaltecas, en cuanto a que la lucha armada era la única posibilidad de cambiar el régimen político, democratizar el país y recuperar la digni-dad nacional aparentemente perdida. Es esta la hipótesis central de este escrito.

Es posible encontrar un paralelismo relativo entre las etapas de reconstitución y auge de la insurgencia y

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los momentos de mayor desprestigio del sistema político, como se muestra en los capítulos siguientes. Con la fi na-lidad de explicitar estas relaciones, pueden considerarse las siguientes etapas en el desarrollo y fi n del movimiento insurgente en Guatemala (aunque es difícil precisar fechas puntuales de corte de tales etapas):

Los antecedentes, que abarcan el proceso que va de la radicalización del grupo de ofi ciales que optó por con-tinuar luchando por derrocar al gobierno de Ydígoras, al que ya se hizo referencia y que incluye la constitución del Frente Guerrillero Alejandro de León, 13 de Noviembre, en febrero de 1962, y del Frente Guerrillero 20 de Octubre por el PGT, en marzo del mismo año.

La primera etapa, que cubre desde el trabajo de unifi -cación para integrar las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en diciembre de 1962 (con participación del MR-13, del Frente Guerrillero 20 de Octubre y del Movimiento 12 de Abril, estas dos últimas agrupaciones pertenecientes al PGT) hasta la derrota militar de los años 1966-1967, pero que puede simbolizarse con el secuestro del embajador alemán, conde Karl von Spreti, el 30 de marzo de 1970, su asesinato y la represión que siguió a este hecho.

A lo largo de estos ocho años (1962-1970) la insur-gencia se caracterizó por su orientación “foquista” (según la cual, la mera presencia de un núcleo guerrillero agudiza-ría las condiciones subjetivas favorables para la revolución, en un efecto de irradiación). El área fundamental de trabajo de las organizaciones guerrilleras fue el oriente del país y la capital, de donde se comprende la composición social de la mayor parte de sus miembros: pequeños propietarios y campesinos ladinos, trabajadores de las empresas agríco-las bananeras y estudiantes radicalizados. Fueron frecuen-tes las diferencias, rupturas y alianzas entre las diversas organizaciones guerrilleras, las que ejecutaron golpes de valor simbólico (como la toma de poblaciones, la práctica de emboscadas, secuestros y asesinatos a personalidades

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importantes, tanto civiles como militares, nacionales y ex-tranjeros) pero nunca constituyeron una amenaza militar para el Estado. Su importancia fue política y se basó más bien en la infl uencia que ejercían sobre ciertos sectores de población rural y urbana.

La estrategia de contrainsurgencia que se ejecutó a partir de 1966 fue determinante para la derrota militar de los grupos guerrilleros. Esta fase correspondió a las ad-ministraciones del general Ydígoras Fuentes (1959-1963), del coronel Peralta Azurdia (1963-1966) y del licenciado Méndez Montenegro (1966-1970).

La etapa de refl exión, discusión y recomposición, que se extiende de 1971 cuando las FAR optan por trasladarse a Petén, hasta el aparecimiento público de la Organización Re-volucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) a fi nales de 1979. Di-cha fase comprende el trabajo preparatorio de la columna que a inicios de 1972 se traslada de México a Guatemala por el Ix-cán y que integrará el futuro Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la ORPA en el altiplano occidental.

Durante estos años, el interés se centró en la autocrí-tica de la derrota anterior y en la necesidad de redefi nir el enfoque estratégico y táctico para continuar la lucha arma-da. Ello condujo a la discusión sobre el papel de las clases revolucionarias y de la alianza obrero campesina (que fue el énfasis de las FAR dentro de un enfoque clásicamente leninista). En igual forma: la discusión sobre alianzas con sectores reformistas y democráticos (para el PGT) frente a la importancia que se dio a la incorporación del indígena (en el EGP y la ORPA).

Parte de la discusión anterior fue determinante para la selección de las áreas geográfi cas de implantación, que dejaron de ser el oriente del país, para trasladarse al alti-plano, la boca costa y el Norte, con el fi n de constituir “ejér-citos populares”, dentro de una concepto de guerra popular prolongada. Es un período en el que las acciones militares son escasas, pues las fuerzas guerrilleras se ocupan en el

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trabajo político, acercamiento a poblaciones y a organiza-ciones populares urbanas y campesinas. Hay, sin embargo, casos de secuestros y asaltos con fi nes de captación de fondos, a pesar del descenso de las operaciones militares insurgentes. La etapa corresponde a la administración del coronel Carlos Arana Osorio (1970-1974), la que mantiene un alto nivel de persecución política y a organizaciones po-pulares, como se indica más adelante, así como a la admi-nistración del general Kejll Laugerud García (1974-1976), caracterizada por un refl ujo de la violencia.

La segunda etapa de expansión, infl exión y derrota, que se inicia entre fi nales de 1976 (con las acciones del EGP en el área Ixil y en 1979 con las de la ORPA en Quetzal-tenango) y concluye con las operaciones de campaña del Ejército en 1987. Conoce un momento importante de in-fl exión, durante las ofensivas del Ejército en 1981-1982. Corresponde a la penúltima fase del desarrollo insurgente, en el que las fuerzas guerrilleras se acercan a convertirse en una alternativa política en 1980, no lo logran y conocen una crisis a partir de 1981-1982. Esta etapa corresponde también al momento en el que, tras los contactos para es-tablecer una instancia de unifi cación entre FAR, ORPA, EGP y una fracción del PGT, la misma se hace pública en enero de 1982, con el nombre de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), cuando ya el Ejército había desata-do la ofensiva de 1981.

En 1980, el confl icto armado se había generalizado a la mayor parte del país y los diversos frentes guerrilleros cubrían las regiones del Norte, del altiplano occidental, la costa sur y algunos puntos del Oriente, y eran activos en la capital. En varios municipios de los departamentos de Hue-huetenango, Quiché y Chimaltenango, las organizaciones guerrilleras ejercían control y, si bien es cierto que no se habían constituido en “zonas liberadas”, la autoridad estatal había prácticamente desaparecido y el Ejército encontraba difi cultad para ejercer presencia. En otras poblaciones de

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San Marcos, Sololá, Baja y Alta Verapaz y Quetzaltenango su infl uencia también era importante.

El marco internacional había cambiado: el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua y el avance del FMLN en El Salvador (que había sido reconocido como “fuerza política representativa” en un comunicado conjunto mexi-cano-francés) alteraron el entorno inmediato. El gobierno guatemalteco sufría un serio aislamiento internacional, EEUU había suspendido la ayuda militar y las actividades de solidaridad en el exterior contribuían a reforzar dicho aislamiento.

En este contexto se produjo en 1981 la ofensiva del Ejército. A principios de julio se iniciaron las acciones que provocaron la desarticulación de la infraestructura de las organizaciones insurgentes en la capital, como consecuen-cia de una labor de inteligencia (tecnifi cación del control y de la vigilancia e infi ltración) con presunto apoyo israelita. A fi nales del segundo semestre, las Fuerzas Armadas lan-zaron una ofensiva por etapas que principió en Chimalte-nango y continuó en Quiché para terminar en Huehuete-nango. Aunque para el Ejército el éxito no fue total, para las organizaciones insurgentes representó un serio revés, y elevadísimos costos sociales para la población, que no estaba preparada para hacer frente a la masiva moviliza-ción militar.

Las unidades guerrilleras no pudieron proteger las re-taguardias civiles, muchísimas aldeas fueron destruidas y se generalizó el problema del desplazamiento y el refugio. El deterioro de la retaguardia urbana y la persecución ge-neralizada que sufrieron las organizaciones populares, desde fi nales de 1978, imposibilitaron la estrategia de una insurrec-ción de masas (urbano rurales) en combinación con el avan-ce de un ejército popular de base campesina indígena y el apoyo urbano. En 1982, las fuerzas guerrilleras no estaban totalmente derrotadas, pero habían perdido gran parte de la iniciativa militar que exhibieron con anterioridad.

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A partir de 1982 (que en el plano institucional corres-ponde al golpe de Estado de los “ofi ciales jóvenes” y a la administración del general Efraín Ríos Montt) el énfasis de la estrategia contrainsurgente consistió en revalorizar el valor de la población civil, ante el convencimiento que ésta fue la base central del apoyo guerrillero y de su éxi-to parcial, antes de 1981. Aunque este tema ya se había discutido antes (como se indica más adelante) adquirió un énfasis especial en los planes anuales de campaña de las Fuerzas Armadas: Victoria 82, Firmeza 83, Reencuentro Institucional 84, Estabilidad Nacional 85, Consolidación 86 y Fortaleza 87, en los que se combinaron acciones mili-tares, control y encuadramiento de la población, mejora-miento administrativo y de servicios públicos, elecciones a Asamblea Nacional Constituyente, reestructuración del Ejército y tratamiento de refugiados.

La etapa de estancamiento de la guerra e inicio de las negociaciones de paz, que comprende de 1987 a 1996. A pesar de las vastas operaciones militares de la década de 1980, el Ejército no logró “aniquilar militarmente al enemi-go”, el cual pudo mantener un relativo control de ciertas áreas y continuar su hostigamiento, aunque sin visos de triunfar, ni militar ni políticamente (correspondía a la ca-racterización de la “guerrilla como una molestia” según lo indicó el Ejército en varias ocasiones). Si bien el estanca-miento de la guerra no equivalía al tipo de empate que pa-recía existir en El Salvador, en Guatemala corría el riesgo de prolongarse, entrando en una fase de desgaste de largo plazo y convertirse así, en parte de los “confl ictos olvida-dos, pero no resueltos” (como el de Eritrea o el del antiguo Sahara Español). En el marco de Esquipulas, fue posible iniciar los primeros acercamientos (1987) hasta alcanzar la fase de negociación directa (1991-1996) y la fi rma de la paz (Aguilera, Gabriel sf. CEH-GAH 1998a. Debray, Regis 1974. Gramajo, H.A. 1995:151-188. Payeras, Mario 1987 y 1991. Yurrita, Alfonso sf.).

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El golpe de Estado de 1963 y el nuevo orden político resultante

Como ya se señaló en capítulos anteriores, el anuncio de la candidatura de Arévalo vino a convertirse en el “límite” para la “democracia restringida” que se practicaba desde 1954, en la medida en que la incertidumbre sobre la posibi-lidad de un retorno de los “revolucionarios del 44” se juzgó intolerable, porque, paralelamente con ellos, se considera-ba que “vendrían también los comunistas”. La proclama del 31 de marzo del Ejército Nacional, no ofrecía lugar a dudas en este sentido. (28)

El nuevo papel de las Fuerzas Armadas

Por primera vez en la historia de Guatemala, la institución armada asumía la conducción política del país. No se tra-taba de un cuartelazo más, sino de una toma de posición institucional, encabezada por el Ministro de la Defensa y avalada por los comandantes de las zonas militares de tierra, la marina y la aviación, en nombre de las Fuerzas Armadas.

A través del golpe de marzo de 1963, el Ejército se convirtió en árbitro de los intereses de los grupos vincula-dos al capital (agroexportadores, industriales, comercian-tes, fi nancistas) con el fi n de reconstituir una plataforma de acción y defi nir una orientación general desde el poder del Estado. Este papel arbitral colocaba a las Fuerzas Ar-madas dentro del conjunto de centros de poder pero en una posición diferente: ya no serían consideradas como “instrumento” de los intereses de los grupos sociales con-servadores (como sucedió en 1954) sino compartirían el poder y ejercerían el Gobierno.

La proclama del 31 de marzo de 1963 defi nió un nue-vo gobierno de excepción encargado de cumplir los objeti-vos políticos anteriores. Estableció que las funciones legis-

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lativa y ejecutiva serían asumidas por el Jefe del Ejército, quien gobernaría por decretos leyes. Disolvió el Congreso, suspendió la vigencia de la Constitución y de los partidos políticos, recurriendo a los valores orientadores del régi-men político, con lo cual fundamentaba “...un sistema de Gobierno basado en los principios verdaderamente demo-cráticos y en la erradicación del comunismo en Guatemala” (Tomo 82, Recopilación de leyes, 1966).

El primer decreto ley del gobierno militar fue la Carta Guatemalteca de Trabajo, quizás dentro del afán de conci-tar apoyo sindical, ya que, como señaló un entrevistado “el coronel Peralta Azurdia se jactaba de sus buenas relacio-nes con los trabajadores”. Siguiendo una estrategia similar a la de la administración de la Liberación, la administración militar emitió más adelante una Carta Fundamental de Go-bierno en abril de 1963, a manera de norma fundamental. Ella completó las disposiciones del régimen de excepción, así como las leyes para investigar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios ydigoristas, y fundamentó la anulación de las enajenaciones consideradas fraudulentas de bienes nacionales, a la par que sistematizaba las disposiciones para combatir el comunismo. (29)

Unas elecciones “sui generis” para integrar la Asam-blea Nacional Constituyente

Para responder a las presiones del retorno a un régimen de legalidad y preparar las elecciones a una Constituyente, que se celebrarían el 24 de mayo de 1964, la administra-ción militar emitió el Decreto Ley 175, el 5 de febrero de 1964. En dicho Decreto se incluyen los ajustes al régimen político que recogería la futura Constitución de 1965. Se trataba de un régimen que buscaba limitar el número de partidos políticos y en el que, obviamente, estaría expresa-mente prohibido el funcionamiento de los de ideología co-munista, siguiendo la tradición inaugurada en 1954. Para

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mantener un número restringido de organizaciones parti-distas, se ampliarían los requisitos mínimos para la forma-ción de éstas, aún si fuesen de derecha. Se exigía contar con por lo menos cincuenta mil afi liados (de los cuales 20% debía ser alfabeto) y sujetarse a un sistema de vigilancia por medio de autoridades electorales estrechamente de-pendientes del Ejecutivo. Se trataba, entonces, de ampliar las estructuras de protección propias del régimen político (por razones ideológicas) pero también de forzar la estabili-dad política a través de un mayor control y limitación de las formaciones partidistas.

A los partidos políticos que estaban inscritos y que no habían sido expresamente cancelados, se les fi jó un año para sujetarse a las disposiciones de la ley y reorganizarse (Tomo 82, Recopilación de leyes, 1966). Las dos formacio-nes que habían gobernado con Ydígoras Fuentes habían sido canceladas expresamente en noviembre de 1963. (30)

Las elecciones para Asamblea Nacional Constituyen-te se celebraron mediante planilla única. Pudieron partici-par los tres partidos anticomunistas que habían celebrado el pacto secreto de 1960 y apoyado abierta y efusivamente el golpe de Estado de 1963: el PR, el MLN y la Democracia Cristiana. Esta última formación no presentó candidatos, pues algunos de sus dirigentes cuestionaron el pacto elec-toral que les propuso la administración militar: cada uno de los tres partidos propondría diez candidatos y el Gobierno los restantes cincuenta, para integrar un total de ochenta constituyentes.

El pacto electoral en los términos propuestos por la administración militar no fue conocido públicamente y los medios de comunicación tampoco se refi rieron a él. El asunto se presentó a la población como un “acuerdo” entre el MLN y el PR, pues según indicó Mario Sandoval Alarcón “…ello se hizo para esta sola elección, con el objeto de evitar una pugna ideológica de la cual se aprovecharán los enemigos de la democracia guatemalteca” (El Imparcial,

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22-05-1964). No obstante, las interioridades que llevaron a este pacto aparecen en varios análisis y también fueron denunciadas por el ex presidente Ydígoras Fuentes en una carta abierta al coronel Peralta Azurdia, cuando éste aban-donó el poder en 1966. (31)

Una constitución “ilegítima”

La Constitución de 1965, votada en las condiciones indica-das en los párrafos anteriores, fue objeto de fuertes críti-cas y se la consideró ilegítima por los abogados y notarios colegiados y por dirigentes políticos que se atrevieron a denunciarla. (32) La constituyente retomó la orientación semiparlamentaria, ampliando la posibilidad de la interpe-lación (eliminó la disposición que en el texto de 1956 impe-día realizarla antes de los seis meses de toma de posesión de un ministro y dentro de los seis meses de conclusión del mandato presidencial). En la práctica, dicha disposición no produjo ningún cambio en el limitado control político que el Congreso ejercía sobre un Ejecutivo tradicionalmente fuer-te como el guatemalteco.

La Constitución de 1965 redujo el período presidencial de seis a cuatro años, en un intento por ampliar la estabi-lidad política, incrementando la rotación de los equipos de gobierno en el tiempo. Con propósitos similares, estableció el cargo de Vicepresidente de la República, que ya se ha-bía contemplado dentro de los principios de la Revolución de Octubre, pero que no se incorporó a la Constitución de 1945 (Decreto 17 de la Junta Revolucionaria de Gobierno). La Vicepresidencia debería evitar los problemas producidos por la fi gura de los “designados a la Presidencia”, luego del asesinato de Castillo Armas. Ello, en la medida en que un funcionario electo tendría mayor legitimidad para concluir el mandato presidencial interrumpido y facilitaría las alian-zas políticas en el momento de la selección de candidatos durante la campaña electoral. La experiencia vendría a de-

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mostrar las difi cultades prácticas que se producen entre ambos funcionarios, sobre todo a raíz de la ampliación de las funciones vicepresidenciales en 1985.

Siguiendo el esquema de la Carta Fundamental de Go-bierno de abril de 1963, la Constituyente creó un Consejo de Estado. Se trataba de un órgano de representación cor-porativa, en el que algunos analistas encontraron infl uen-cia de la Constitución portuguesa de 1933 (Mijangos, A, 1971:56). También estableció el control judicial de la cons-titucionalidad de las leyes y disposiciones gubernativas, po-testad que se confi rió a la suprema corte de justicia. Ello, en otro vano intento por equilibrar el excesivo poder del Ejecutivo. En la práctica, esta potestad del Organismo Ju-dicial no representó ninguna alteración del autoritarismo de la Presidencia de la República.

Las limitaciones a los partidos políticos

En el rediseño del sistema de partidos políticos es en donde puede observarse con mayor claridad el carácter restrictivo y excluyente de los ajustes introducidos en el régimen po-lítico. El enfoque del Decreto Ley 175 del 5 de febrero de 1964 (al que ya se hizo referencia en párrafos anteriores) fue incorporado y coincidentemente retomado y repetido por los constituyentes. Ello evidenciaba la escasa indepen-dencia y autonomía de éstos y su abierta subordinación a la administración militar que los había directamente esco-gido para presentarlos como candidatos a los votantes. De tal suerte, en la norma constitucional, quedaron las dispo-siciones restrictivas de dicha ley: contar con cincuenta mil afi liados como mínimo para autorizar un partido político. De estos cincuenta mil afi liados, no menos de 20% debía ser alfabeto. Con ello, se rodeó de mayor rigidez esta dis-posición ya de por sí excluyente, pues el texto constitucio-nal sólo podía reformarse a través de una nueva Asam-blea Nacional Constituyente. Lo indicado contrasta con el

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tratamiento dado a este tema en la norma constitucional de 1956, en la que se dejaba a una ley ordinaria, fi jar los requisitos para la organización de partidos políticos.

Como era de esperarse y siguiendo la tradición inau-gurada por la administración de la Liberación, en la Consti-tución también se prohibió la organización y funcionamiento de partidos que propugnasen la ideología comunista, aten-taran contra la soberanía o “los fundamentos de la organi-zación democrática de Guatemala” (art. 28). Nuevamente y en aras de defender presuntamente “la democracia”, se limitaba la democracia misma.

Lo anterior se completó con la regulación sobre las autoridades electorales. Su categoría “descendió” dentro de la jerarquía administrativa en 1965, en comparación con lo establecido en la norma constitucional de 1956. En esta última se consideraba un Tribunal Electoral autónomo, con jurisdicción privativa, integrado por tres magistrados, nom-brados dos por el Congreso y otro por el Ejecutivo y presi-dido por quienes los magistrados eligieran (art. 36).

Por el contrario, la norma constitucional de 1965 es-tableció un Registro Electoral. Se trataba de un órgano ad-ministrativo permanente, a cargo de un Director nombra-do por el Ejecutivo. A ello se añadió un Consejo Electoral con funciones temporales, integrado por el propio Director Electoral, representantes del Congreso de la República, del Consejo de Estado y de los partidos políticos que hubieren obtenido no menos de 15% de los votos válidos durante la última elección (art. 35 y 36). Parte de la facilidad con la que se practicaron los fraudes electorales en 1974, 1978 y 1982 se debió, precisamente, a la docilidad de los registra-dores, respecto de las decisiones del Ejecutivo. (33)

Adicionalmente a las disposiciones anteriores, el De-creto Ley 387, Ley Electoral y de Partidos Políticos (emi-tido el 23 de octubre de 1965, cuando la Constitución ya había sido promulgada pero aún no había entrado en vi-gor, ya que lo haría hasta el 5 de mayo de 1966) amplió

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los requisitos formales a cumplir para formar un partido. Dentro de estos, añadió que se hiciera constar la consti-tución del partido en escritura pública, se acompañara el programa político, la nómina de afi liados en acta notarial y bajo juramento, así como copia de estatutos, entre otros. No obstante, también se incluyeron normas de investiga-ción y control. Luego de la presentación de la solicitud de inscripción, el Ministerio Público debía investigar “…la pla-taforma ideológica, directivos y demás afi liados” del partido y publicar la solicitud de inscripción en el Diario Ofi cial y en otro de mayor circulación. Los partidos políticos ya inscri-tos y cualquier ciudadano podían oponerse. Si se cumplían satisfactoriamente estas condiciones, al inscribirse y luego cada cuatro años, las autoridades electorales debían pu-blicar en el Diario Ofi cial el listado depurado de afi liados (lo que signifi caba como mínimo, sufragar la publicación de cincuenta mil nombres). Antes de vencerse los cuatro años, los partidos también estaban obligados a renovar su registro, previa comprobación que seguían cumpliendo los requisitos legales.

Por otra parte y en adición a las disposiciones ante-riores, se agregaron causas de suspensión y cancelación. Las mismas terminaban por defi nir una “camisa de fuerza” impuesta a las organizaciones políticas para limitar su nú-mero y garantizar su pureza ideológica, lo que al fi nal las sujetaba a un régimen permanente de arbitrariedad. (34)

El bautizo de fuego y la protección suplementaria para el “Tercer Gobierno de la Revolución”: 1966- 1970

Los ajustes que el Gobierno militar de 1963 introdujo al régimen político, se pusieron en práctica con ocasión de las elecciones convocadas para el 6 de marzo de 1966. No obstante, ya se habían presentado varios problemas. Todo parecía indicar que, además de mantener (e incrementar)

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el carácter conservador, excluyente y limitativo para la par-ticipación ciudadana, la administración militar también es-taba interesada en considerar únicamente el funcionamien-to de tres partidos políticos: los mismos del pacto secreto anticomunista de 1960 y que habían aplaudido el golpe de Estado de 1963: es decir, el PR, el MLN y la DCG.

Con el funcionamiento de tales partidos, se esperaba apuntalar la legitimidad y lograr una estabilidad basada en la limitación del número de organizaciones políticas, para evitar los peligros de la “democracia caótica” de Ydígoras Fuentes y el riesgo del “retorno al comunismo”, consecuen-cia del eventual funcionamiento de nuevas agrupaciones de izquierda.

El modelo arriba indicado debía permitir la integración de una Asamblea Nacional Constituyente no confl ictiva, que garantizara el funcionamiento del régimen esperado. Ello se cumplió en la práctica y produjo la expuria Consti-tución de 1965. Adicionalmente, debía facilitar la escogen-cia de una candidatura presidencial única, con lo que el Ejército esperaba un gobierno estable y aceptable. Todo ello debía ser posible como consecuencia de las armonio-sas relaciones que entre sí habían mostrado los partidos de la “triple alianza” y del poder de persuasión que podía ejercer el Gobierno Militar. Dentro de este contexto, era da-ble esperar que los nuevos ajustes al régimen político le devolvieran a Guatemala la estabilidad perdida por tantos sobresaltos y crisis políticas que se habían producido en el país desde 1944, como lo indicó un entrevistado. Se trata-ba sin duda, de una concepción ingenua de la política, que descansaba igualmente en una visión simplista, basada en la unifi cación de intereses que la ideología anticomunista debería producir en los diversos grupos organizados. (35)

El esquema de tres partidos, llamado a apuntalar el funcionamiento del nuevo régimen político, confrontó sin

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embargo, varios problemas. Se produjeron las siguientes difi cultades sucesivas: a.- El rechazo que ya se señaló por parte de los dirigentes de la DCG a participar en la Asam-blea Nacional Constituyente de 1964. (36) b.- La oposición de los diputados del PR, en la propia constituyente, a mo-difi car el principio (de larga tradición en la historia constitu-cional del país) de prohibir a los responsables de un golpe de Estado postularse a la Presidencia de la República para el período durante el que se suspendió el régimen consti-tucional y el siguiente. Este confl icto originó la renuncia del bloque de diputados del PR aunque no impidió la continua-ción de las sesiones de la Constituyente y la promulgación del texto constitucional. c.- La imposibilidad de alcanzar una candidatura única para las elecciones generales de 1966, en parte como consecuencia de los problemas an-teriores.

El esquema tripartito de partidos se mantuvo en las condiciones y con las difi cultades antes dichas. La adminis-tración militar se desempeñaba a la manera del “aprendiz de brujo”, reajustando las alianzas de los “civiles”. En sus-titución de la rebelde DCG, se creó el Partido Institucional Democrático (PID). Éste se convirtió en la nueva formación política impulsada por la administración militar, que inten-tó en vano conseguir la candidatura única. Cada uno de los partidos “permitidos” presentó su propio candidato. Las consecuencias no se hicieron esperar. Dado su rechazo a postular diputados a la Constituyente, se sancionó a la DCG y se le impidió participar, obstaculizándose su inscripción, al descalifi car parte del listado de afi liados que presentó. Ello era una muestra evidente de la forma cómo, a través de medidas administrativas, el Gobierno retardaba la ad-misión o penalizaba a las organizaciones –o a los candi-datos– que no eran de su agrado, ejerciendo un poder de

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veto no declarado. (37)

Los problemas de un resultado inesperado

A pesar de los contratiempos anteriores, que alteraron las predicciones de la administración militar, la mayor difi cultad que ésta confrontó se produjo al conocerse las cifras de la votación del 6 de marzo de 1966, cuando el esperado triunfo del candidato del PID no se logró. Es posible que la sustitución de la desprestigiada candidatura del líder his-tórico del PR (el licenciado Mario Méndez Montenegro) por la de su hermano haya contribuido a movilizar la opinión del electorado, cansado de doce años de administraciones anticomunistas, entusiasmándose con la imagen del único contendiente civil, antiguo líder de la gesta revolucionaria de 1944, catedrático universitario, retirado de la política mi-litante, el licenciado Julio César Méndez Montenegro. La nueva candidatura del PR generó muchos entusiasmos. Según un análisis “…los comunistas lo apoyaron y las gue-rrillas abrieron un paréntesis para observar los aconteci-mientos” (Galich, M. 1974:50).

Un día antes de las elecciones (que se realizaron el 6 de marzo de 1966) las fuerzas de seguridad capturaron a 28 militantes de izquierda, entre ellos a dirigentes comu-nistas históricos como Víctor Manuel Gutiérrez y Leonardo Castillo Flores, a trostkystas del MR-13 de Noviembre, a varias mujeres y activistas, arrestados en diversos lugares. La negación de la captura por parte de las autoridades vino a constituir el caso de los llamados “28 desaparecidos”, cu-yos cadáveres nunca fueron encontrados, aunque relatos posteriores indicaron que habían sido lanzados al mar. Fue uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos que la administración militar heredó al gobierno del PR.

Aunque el grado de participación electoral fue menor que en 1958, las elecciones de 1966 movilizaron a más de la mitad de los votantes habilitados para votar. El PR

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obtuvo 43.9% del total de sufragios válidos frente a 31.9% del PID. La falta de mayoría absoluta llevó al Congreso a practicar la elección de segundo grado, en la que confi rmó los resultados iniciales. Debido quizás a la confi anza de la administración militar en la segura victoria del candidato del PID, la consulta electoral de 1966 no fue objeto de nin-guna manipulación y se le consideró como una “elección limpia”. (38) No obstante, en vista del inesperado resultado del PR y como lo indicó una analista “…el verdadero fraude se llevó a cabo después” (Jonas, S. 1994:82). En efecto, a pesar de tratarse de uno de los partidos que habían suscri-to el pacto secreto anticomunista de 1960, de haber apo-yado a la administración militar desde el golpe de 1963 y de hacer públicas declaraciones de afi nidad con el Ejército, (39) privó la desconfi anza de los militares hacia el nuevo Presidente civil. Al fi nal de cuentas, éstos terminaron por aceptar el “veredicto de las urnas”, pero condicionaron el ejercicio del poder de lo que el mandatario electo bautiza-ría como “el Tercer Gobierno de la Revolución”.

En el contexto de desconfi anza que le producía el ré-gimen político a la cúpula militar, a pesar de los ajustes que ella misma había concebido e introducido en la cons-titución y en las leyes políticas, debía producirse la elec-ción de segundo grado. Tal procedimiento, que realizaba el legislativo entre los dos candidatos más votados cuando ninguno alcanzaba la mayoría absoluta, formaba parte de una larga tradición constitucional en el país (hasta su sus-titución por el mecanismo de la “segunda vuelta electoral” en la Constitución Política de 1985).

La escogencia del candidato presidencial ganador por el Legislativo se justifi caba por tratarse de un organismo de composición colectiva, pluralista y de elección popular. No obstante, la subordinación de hecho que tradicionalmente el Congreso exhibió casi siempre hacia el Ejecutivo –y que ahora se extendía a la dócil Asamblea Nacional Constitu-yente– desvirtuaba, en la práctica, dicha fi gura. Durante los

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fraudes que principiaron a practicarse con carácter institu-cionalizado a partir de 1974, y que se analizan más adelan-te, la elección de segundo grado sirvió para “convalidar” el engaño a la ciudadanía.

Por otra parte, el “compás de espera” que existía entre la publicación de los resultados que con carácter provisio-nal hacía el Registro Electoral y la confi rmación defi nitiva y ofi cial que debía hacer el Congreso (según la Constitu-ción, dicho órgano era el responsable del escrutinio de las elecciones a Presidente y Vicepresidente de la República y de declarar electos a los triunfadores) se prestaba para realizar toda suerte de negociaciones y presiones para que circularan diversos tipos de rumores.

El pacto secreto del PR con los quince coroneles y sus efectos

Un día antes de que se instalaran los diputados electos para el Congreso que debería practicar la elección de segundo grado, se suscribió un “pacto secreto” entre la administración militar representada por quince coroneles y los dos candida-tos del PR: los licenciados Julio César Méndez Montenegro (Presidente) y Clemente Marroquín Rojas (Vicepresidente).

El pacto establecía garantías y condiciones. Dentro de las primeras, se mencionaba que el Ejército de Guate-mala garantizaría la “entrega del poder público” a quienes resultaren electos como Presidente y Vicepresidente de la República por el Congreso y la “permanencia de dichas personas en el ejercicio de sus cargos”. Tales garantías se sujetaban, a su vez, al cumplimiento de las siguientes condiciones: i.- El cumplimiento estricto de los artículos constitucionales que proscriben el comunismo y de todas las leyes similares. ii. La continuidad de la lucha contra los insurgentes y el compromiso que “en ningún caso ni bajo pretexto alguno (se) entrará en entendimiento o pactos con

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tales grupos y facciones, salvo que se tratare de proposi-ciones de rendición o capitulación de los mismos”. iii.- La integración de un Gobierno de unidad nacional “...pero ha-ciendo exclusión absoluta de elementos comunistas”. iv. -Respetar y proteger la vida y bienes de los funcionarios del régimen saliente, por lo que, en consecuencia “ninguno de ellos será objeto de acción represiva por parte del Gobier-no”. v.- El Ejército continuará con la autonomía que posee en cuanto a su integración, organización y administración de acuerdo con las leyes del país, mientras que el nombra-miento de los altos cargos de las fuerzas armadas los hará el Presidente de la República, pero según las ternas que éstas le propongan.

A través del pacto mencionado, el Ejército buscaba asegurar el anticomunismo de la nueva administración (lo que resultaba innecesario, pues ya la Constitución, la Ley Electoral y los decretos leyes emitidos durante el Gobierno Militar, así lo estipulaban). En igual forma, perseguía garan-tizar la impunidad de sus miembros (lo que también había quedado ratifi cado con un decreto de la propia Asamblea Nacional Constituyente en tal sentido) así como la auto-nomía de la institución armada. Esto último signifi caba el interés del Ejército por consolidar su peso político y su rol arbitral entre los intereses y fuerzas políticas de la derecha pero, también, convertir la defi nición de la política de con-trainsurgencia en un campo de su exclusiva competencia. A pesar de algunos cambios que Méndez Montenegro logró hacer en la cúpula de las Fuerzas Armadas, aprovechando una coyuntura favorable, esta característica de la política contrainsurgente se mantendría en el país, al menos hasta 1991, cuando el ex presidente Jorge Serrano Elías reorien-tó el proceso de negociación para alcanzar la paz. (40)

Como consecuencia del “nuevo cerrojo” que el Ejército le impuso al “Tercer Gobierno de la Revolución”, la adminis-tración civil se vio compelida a apoyar o tolerar uno de los componentes de la estrategia de contrainsurgencia que se

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generalizó a partir de 1966: el terror. De las 35 organizacio-nes paramilitares anticomunistas de que se tiene registro entre 1960 y 1981, quince iniciaron operaciones en 1967, dentro de las que se encontraban la Nueva Organización Anticomunista (NOA) (con su lema “comunista visto, comu-nista muerto”) y la Mano Blanca, consideradas dentro de las más beligerantes (Prensa Libre, 22-02-1967). Adicional al incremento del terror, la administración de Méndez Mon-tenegro también se caracterizó por la aceptación del apoyo externo dentro de las técnicas de contrainsurgencia, algo a lo que sus antecesores se habían negado. (41)

Paralelamente y en forma paradójica, junto con el re-crudecimiento de la violencia, también se produjo, durante la administración del PR, “un innegable crecimiento cuan-titativo de las organizaciones sindicales en relación con el reducido desarrollo (...) experimentado de 1964 a 1966”. De los 87 sindicatos urbanos constituidos entre 1954 y 1970, 53 se establecieron durante el período de Méndez Montene-gro, lo que representó 61% (Witzel de Ciudad, III, págs. 303-314/671-680). No obstante, desde inicios de 1967 también se dieron las primeras amenazas sistemáticas a dirigentes sindi-cales por parte de organizaciones paramilitares.

La perversión del régimen político: 1974:1982

La infl uencia del coronel Carlos Arana Osorio

El Gobierno logrará la pacifi cación del país, cueste lo que cueste y pese a quien pese, aún cuando se

tenga que recurrir a medidas muy drásticas para salvarlo (Presidente Carlos Arana O.,

Prensa Libre, 21-11-1970).

Lo que el presidente Méndez Montenegro llamó “Tercer Gobierno de la Revolución”, la crítica popular lo bautizó

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como el “Segundo Gobierno de la Liberación” (denomi-nación que nunca se aplicó a la administración de Ydígo-ras Fuentes, por ejemplo) y algunos análisis consideraron como una “dictadura militar constitucional” (Alvarado, Hu-berto, 1975:64), concluyó el 30 de junio de 1970.

El PR, maltrecho por la imagen que proyectaba como un partido victorioso pero que había gobernado subordi-nado a los militares, intentó reeditar la estrategia de 1966, presentando la única candidatura civil: la del licenciado Mario Fuentes Pieruccini. Las otras formaciones políticas optaron por la fi gura militar. La DCG postuló al mayor Jor-ge Lucas Caballeros, el candidato de las “manos limpias” como se autoproclamó este antiguo ministro de Hacienda de la administración de Peralta Azurdia y quien no había podido participar en la consulta de 1966, porque ni su par-tido, el PSG, ni la propia Democracia Cristiana, pudieron inscribirse en tiempo (véase cita 37). En el contexto de la campaña electoral, la DCG se alió con el Frente Unido de la Revolución Democrática (FURD) (integrado por antiguos militantes de la URD) y que ahora buscaba su inscripción como partido político. Por su parte, el PID, en coalición con el MLN, seleccionó al ofi cial de mayor prestigio dentro de la lucha contrainsurgente: el coronel Carlos Arana Osorio. (42)

¿El electorado castigó al PR?

En un clima de violencia se practicaron las elecciones el 1 de marzo de 1970. Algunos de tales hechos, como el secuestro del canciller Alberto Fuentes Mohr, la víspera de tales elecciones para obtener el canje de un dirigente gue-rrillero (Prensa Libre, 28-02-1970), contribuyó a deteriorar más la imagen de debilidad del Gobierno y del partido ofi -cial a ojos del electorado. Con tres puntos porcentuales más de abstencionismo que en las elecciones de 1966, Arana Osorio triunfó, alcanzando 43.7% de los votos emi-tidos (una cantidad similar a la que obtuvo su antecesor,

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Méndez Montenegro, en 1966). Es posible que parte de la intención del voto se dirigió en contra del PR, por su ambi-guo desempeño como presunto heredero del movimiento revolucionario de 1944, en una administración caracteriza-da por la violencia y el terror.

Algunas centrales obreras vinculadas con el llamado “sindicalismo libre” (ligado a la AFCL-CIO y a la ORIT como la Con federación de Trabajadores de Guatemala (CONTRA-

GUA) y la Confederación Sindical de Guatemala (CONSIGUA) apo yaron abiertamente a los candidatos del PR e, incluso, aportaron diez candidatos sindicales a las planillas de dipu-tados de dicho partido. Ello, sin embargo, no alteró el com-portamiento electoral (Witzel de Ciudad, 111, 357). También puede estimarse que otra porción de electores escogió al candidato del MLN-PID porque éste ofreció “pacifi car al país” y devolverle tranquilidad a la familia guatemalteca. Se es-tima que también hubo “un considerable voto trabajador en favor de la coalición MLN-PID” (Ibid., pag. 363). En todo caso, los sufragios de los vecinos de la municipalidad de la capital, favorecieron al candidato del FURD, el licenciado Manuel Colom Argueta (quien sería asesinado en 1979) lo que confi rmaría la intención dividida del voto para aquellas elecciones de 1970.

El MLN comparte el poder con el PID

El peso político del MLN-PID fue notorio durante la adminis-tración aranista: obtuvo 69% de los diputados al Congreso, lo que le permitió, en un hecho sin precedentes en la his-toria legislativa del país, que el licenciado Mario Sandoval Alarcón fueses electo durante cuatro años consecutivos como Presidente de dicho organismo. La alianza DCG-FURD

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logró cuatro diputados, dentro de ellos el doctor Adolfo Mi-jangos, quien se erigió en un solitario crítico de oposición desde el Congreso y fue asesinado en enero de 1971.7

La persecución política y la violencia adquirieron un carácter más selectivo, y menos generalizado y masivo que durante la administración anterior y, a juzgar por el nú-mero de nuevas organizaciones paramilitares que se crea-ron, la violencia se practicó más bien por las fuerzas de se-guridad del Gobierno y por las organizaciones insurgentes implicadas. A partir de septiembre se declaró el Estado de sitio, que estuvo vigente más de un año (hasta noviembre de 1972) y se hizo acompañar al inicio, con el “toque de queda” desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana (Prensa Libre, 14-09-1970). En opinión de algu-nos dirigentes políticos de oposición, este largo estado de emergencia mantuvo desprotegida a la ciudadanía y sirvió para acrecentar la violencia, en lugar de evitarla. (43)

Un Estado desarrollista, autoritario y represivo

La administración de Arana Osorio retomó las políticas de-sarrollistas que el PR había intentado poner en práctica con difi cultades. En este sentido, hizo propio el proyecto del Plan de Desarrollo Económico 1971-1975 preparado por el Gobierno anterior y destinado a mejorar su imagen in-ternacional, atraer capitales, ordenar la inversión pública y motivar la privada. Durante el quinquenio objeto de la planifi cación, se registró un crecimiento del PIB equivalente 5.9% anual y la inversión del Gobierno central correspon-dió a una ejecución fi nanciera de 89.2%, frente 42.1% de la

7 A pesar de las advertencias que recibía sobre lo peligroso de sus críti-

cas al Gobierno, Mijangos indicaba que su condición de minusválido (paraplé-

gico) era una garantía de su seguridad, pero quienes ordenaron su ejecución no

lo consideraron así.

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administración anterior (Zea, Emilio, 1988:121-123).

También se reorganizó y modernizó la administración pública dentro de un enfoque de participación del Estado como ente de desarrollo. Se creó el Sector Público Agrícola y de las 36 entidades descentralizadas que se establecie-ron en Guatemala entre 1944 y 1981, catorce se constitu-yeron durante el gobierno de Arana (Ramírez Urbina, L. H. 1982:67). Entre tales entidades se encontraban las encar-gadas de la promoción agrícola, como el Instituto Centro-americano de Tecnología Agrícola (ICTA); de facilitar crédi-tos preferenciales para los campesinos, como el Banco de Desarrollo Agrícola (BANDESA); de regular los precios de los granos básicos, como el Instituto Nacional de Comerciali-zación Agrícola (INDECA) y de incrementar la producción forestal, como el Instituto Nacional Forestal (INAFOR). En igual forma, también se establecieron entidades descentra-lizadas para capacitar la fuerza de trabajo, como el Institu-to Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) y de fi nanciar proyectos productivos e industriales prioritarios y estratégicos, como la Corporación Financiera Nacional (CORFINA). En este sentido, dicha administración impulsó una política de Estado desarrollista, aunque excluyente, autoritario y represivo.

El coronel Arana Osorio –a quien la periodista Irma Flaquer (secuestrada el 16 de octubre de 1980 y desapa-recida a partir de aquella fecha) había llamado el “Chacal de Oriente”– indicó en un reportaje de prensa, que “jamás maté a un guerrillero” (Impacto, 9-03-1988). Según un en-trevistado, Arana se convirtió, a partir de 1970, en una fi gu-ra clave dentro de la conducción del Ejército. Su infl uencia en la defi nición de las candidaturas presidenciales ofi ciales fue determinante, al menos entre 1974 y 1978, para con-fi gurar una de las características del funcionamiento pa-ralegal del sistema político: la escogencia del Ministro de la Defensa de la administración saliente, como candidato ofi cial y la práctica del fraude electoral, como mecanismos no “regulados” de alternabilidad en el ejercicio del poder

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formal del Estado.

1974: El primer fraude electoral y sus desarrollos posteriores

La Democracia Cristiana es un aquarium con peces rojos nadando entre agua

bendita (Carlos Manuel Pellecer, ex dirigente comunista y Embajador de Guatemala en Israel,

Prensa Libre, 22-02-1974).

El nuevo “realismo político”: la candidatura militar

Si las elecciones generales de 1966 se consideraron “lim-pias” y si el engaño se realizó después, como ya se indi-có, a partir de 1974 se registrará una sucesión de fraudes electorales, que terminarán por agotar el régimen político. Dentro de este orden de ideas, para la contienda del 3 de marzo de 1974 se prepararon los cuatro partidos políticos inscritos. Se trataba de la alianza ofi cial MLN-PID por una parte y del PR y de DCG en forma separada por la otra. To-dos consideraban escoger la única fórmula que les parecía viable y realista en el país: una “candidatura militar”. Ello era consecuencia del análisis de la situación política que hacían las formaciones partidistas sobre la importancia que habían adquirido las Fuerzas Armadas, en parte por el nivel de confrontación entre Ejército y guerrilla. No obstan-te, a los partidos políticos no ofi ciales les tomaría tiempo comprender que para “ganar”, no bastaba con seleccionar a un uniformado, sino a aquél que representara en la situa-ción concreta, la alianza militar, política y empresarial del momento; es decir, el único que garantizaría el triunfo.

En la anterior expresión del nuevo “realismo político”, la opción militar fue adoptada por los diversos partidos, lue-go de intentar al inicio, candidaturas civiles. El MLN, por ejemplo, a través de su secretario general, el licenciado Mario Sandoval Alarcón, insistió durante algún tiempo en la

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precandidatura del periodista Clemente Marroquín Rojas, ex vicepresidente de Méndez Montenegro en el período 1966-1970 y reconocido líder anticomunista. No obstante, los partidos PID, MLN y el presidente de la República, ge-neral Arana Osorio, escogieron al general Kjell Laugerud y al licenciado Mario Sandoval Alarcón, como Presidente y Vicepresidente, después de ocho horas de discusión en Casa Presidencial” (Impacto, 10-01-1973).

La decisión arriba indicada, rompió los acercamientos entre el MLN y Marroquín Rojas. A raíz de ello, este último publicó en su periódico, La Hora, un memorándum en el que el director del MLN le exponía, con carácter confi den-cial y sin fi rma, sus apreciaciones sobre el gobierno y la coalición ofi cial, así como le indicaba las maniobras que había realizado para mantener la división en la oposición y bloquear la inscripción de otros partidos políticos. Al ini-cio, el MLN negó la autoría del documento; pero, más tarde, Sandoval Alarcón lo reconoció como un texto confi dencial, ofreció satisfacciones a las personas mencionadas en el mismo y dio por cancelado el incidente (Panorama, julio de 1973). Se trata de un importante testimonio que muestra la forma de hacer política en aquellos años y confi rma la manipulación de las autoridades electorales para excluir a los adversarios del gobierno.

Por su parte, el PR principió a discutir una terna de precandidaturas presidenciales, dentro de la cual se en-contraba el coronel Rafael Arreaga Bosque (considerado como uno de los fundadores de la organización paramili-tar Mano Blanca) y el propio secretario general del partido, el licenciado Sagastume Pérez, lo que generó una serie de oposiciones entre las fi liales del PR (Panorama, enero 1973). Al fi nal, formalizó la opción del coronel Ernesto Paiz Novales, un viejo militar revolucionario que salió al exilio en 1955 y de su secretario general, el licenciado Carlos Sagastume Pérez como candidato a Vicepresidente (Pa-

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norama, diciembre de 1973).

Democracia Cristiana, después de resolver una serie de confl ictos internos e impugnaciones legales provoca-dos, entre otros, por los seguidores del mayor Jorge Lu-cas Caballeros (su candidato en las elecciones de 1970, fallecido en 1972) logró estructurar el Frente Nacional de Oposición (FNO) integrado por una fracción disidente del PR: el Partido Revolucionario Auténtico (PRA) y el Frente Unido de la Revolución Democrática (FURD). Dicho Fren-te postuló al general Efraín Ríos Montt como aspirante a la Presidencia y al doctor Alberto Fuentes Mohr (secues-trado en las postrimerías de la administración de Méndez Montenegro cuando se desempeñaba como ministro de Rela ciones Exteriores) como Vicepresidente (Panorama, diciembre de 1973).

El rechazo a la inscripción de otras formaciones políticas para evitar la competencia con la coalición ofi cial

A la candidatura militar como única opción realista por parte de los partidos políticos, se añadió otra caracterís-tica del funcionamiento de hecho del régimen político: la exclusión de formaciones partidistas distintas a las ya admitidas por el Registro Electoral (en los términos ya indicados por el memorando de Sandoval Alarcón, por ejemplo). A través del liderazgo de Manuel Colom Argue-ta como alcalde metropolitano y presidente ex ofi cio de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM), el Frente Unido de la Revolución Democrática (FURD) (heredero de la anterior Unidad Revolucionaria De-mocrática (URD) y que más adelante se denominaría úni-camente FUR) intentaba convertirse en partido político. En enero de 1973, el FURD había entregado una nómina con sesenta mil afi liados, al Registro Electoral, según lo indi-có su secretario general, el licenciado Leonel Ponciano L. (Panorama, enero de 1973).

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Otra formación política, el Frente Democrático Gua-temalteco (FDG), comité organizado por la hija de Clemen-te Marroquín Rojas, así como los comités pro formación del Partido Acción y Reconstrucción Nacional (PARN) y del Frente de Unidad Nacionalista (FUN) (estos dos últimos apoyando al coronel Enrique Peralta Azurdia) continuaron su trámites de inscripción y la presentación de nóminas de afi liados (Panorama, enero y marzo de 1973). Con propó-sitos similares, la Central Auténtica Nacionalista (CAN) (ori-ginada en la Central Aranista Organizada (CAO) que apo-yó, junto con el MLN-PID la nominación de Arana Osorio en 1966) intentaba concluir sus listados de afi liados, desde marzo de 1973. Al fi nal de cuentas, el Registro Electoral denegó la inscripción del FURD, del FDG y del PARN, adu-ciendo diversas anomalías en el cumplimiento de requisi-tos (Panorama, diciembre de 1973).

Parte del rechazo a dos de estos tres comités no po-día fundamentarse en razones ideológicas. El PARN y el FDG eran formaciones de derecha. El coronel Peralta Azur-dia, en una de las más crueles paradojas, cosechaba los efectos de la arbitrariedad del régimen político que su ad-ministración había propuesto en la Constitución de 1965 y en la Ley Electoral: la existencia de requisitos limitativos para autorizar su formación y su aplicación a través de un funcionario de menor jerarquía como autoridad electoral, sujeto a los dictados del Ejecutivo. Todo ello, a su vez, per-mitía fundamentar otra característica paralegal de tal régi-men político: limitar de hecho y arbitrariamente el número “autorizable” de partidos para mantener una presunta esta-bilidad política (basada en la idea que, al obligar a la ciuda-danía a “escoger entre pocos”, se ampliaba la legitimidad y el apoyo del sistema de partidos).

Al dejar en libertad a sus seguidores y recomendarles que “…ni directa ni indirectamente contribuyan a apoyar a la coalición ofi cial”, Peralta Azurdia explicó que el FUN y el

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PARN encontraron toda clase de difi cultades en el Registro Electoral con “...la perversa intención que pasara el térmi-no de la inscripción de candidatos y excluirle de la partici-pación en las elecciones”. Añadió que la verdadera razón es que el Gobierno y los partidos políticos ofi ciales quie-ren imponer sus candidaturas ante el temor de perder la elección” (Prensa Libre, 1302-1973). Una situación similar se repetiría en 1978, aunque, esta vez, Peralta Azurdia sí lograría participar apoyado por el MLN, pero aparentemen-te el fraude de aquellas elecciones, le impediría optar a la Presidencia de la República.

¿Logró el candidato de la oposición la mayoría absoluta?

Como era de esperarse, la campaña electoral transcurrió entre amenazas a la prensa, hechos de violencia, acusa-ciones de comunismo a la oposición y declaraciones de apoliticidad del Ejército. En este sentido, el Ministro de la Defensa recalcó que “…la voluntad libremente emitida en las urnas, se respetará sin condicionamientos de ninguna clase” (Prensa Libre, 23-03-1974). La abstención electoral el 3 de marzo de 1974 creció respecto de las anteriores, pues de cada cien ciudadanos inscritos en el padrón, 46 no asistieron a votar. Los datos ofi ciales del Registro Electoral situaron a la coalición ofi cial MLN-PID en primer lugar, con 44.6% del favor del electorado. No obstante, para el FNO, el general Ríos Montt y el doctor Alberto Fuentes Mohr habían obtenido 50.1% del total de votos; es decir, una diferencia de 16% en relación con las cifras ofi ciales (IIPS, 1978:101-105). Para un analista de la época “…el Frente Nacional de Oposición ganó con mayoría absoluta, con un número tal de votos como no se había alcanzado desde hacía varias décadas” (Aguilera, Gabriel, 1978:164).

Los resultados ofi ciales se retrasaron, los candidatos del FNO iniciaron manifestaciones públicas de protesta que

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fueron reprimidas por la fuerza pública. Los medios de co-municación fueron igualmente conminados a no transmitir datos parciales (Prensa Libre, 5, 6, 7, 8-03-1974). El 12 de marzo, el Congreso de la República realizó el escruti-nio defi nitivo, en el que no participaron nueve diputados de la oposición, por considerar que “…en la forma en que se está efectuando consistirá en la legalización de un fraude electoral, el cual no desean avalar” (Prensa Libre, 11-03-1974) (44).

El general Kjell Laugerud García asumió como Pre-sidente. Sobre la actitud que fi nalmente adoptó el general Ríos Montt circularon insistentes rumores sobre un “arre-glo” con el gobierno de Arana. El 29 de marzo, Ríos Montt viajó a España como agregado militar de la Embajada de Guatemala (Prensa Libre, 20 y 29-03-1974). El saldo trági-co de siete muertos y decenas de heridos en el desfi le del 1 de mayo de 1974 estuvo vinculado con el clima de frus-tración que siguió al fraude electoral de marzo y a lo que se consideró como una actitud derrotista de Ríos Mont. (45)

Según un analista militar, el régimen político corres-pondía en 1974, a un modelo que se explica como el pre-dominio de los militares en el poder nacional, afi anzados a éste por la posesión de las armas; pilar importante era un partido o una coalición de partidos cuyos activistas tenían empleos en la burocracia del Gobierno, donde se permitía una corrupción controlada (...). El sistema dependía mucho del General Presidente de turno para alternar y entenderse con los grupos de poder económico. Debido al persistente desafío armado (...) completaban el cuadro abusos e inep-titudes en aras de la seguridad nacional. Los métodos po-líticos prevalecientes (...) estaban basados en limitada vio-lencia represiva, permitiendo también reducida oposición política y elecciones arregladas de antemano” (Gramajo. H. A. 1995:116).

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El refl ujo relativo de la guerra y el fraude electoral de 1978

Al haber concluido el proceso electoral con una nueva imposición por medio del fraude, se

ha dado muerte a nuestra vida republicana y democrática (...) y la fé de los guatemaltecos en

la democracia y en nuestras instituciones (general Ricardo Peralta Méndez, candidato presidencial,

DCG-PRA, Prensa Libre 12-04-1978).

El descenso relativo de la violencia, la reorganización de las fuerzas insurgentes y el auge del movimiento de masas

La administración del general Kjell Laugerud García (1974-1978) correspondió a un período de refl ujo relativo de las acciones de insurgencia y contrainsurgencia y de la violen-cia que las acompañó. El Presidente indicó a la terminación de su período “…no he aplicado las leyes de excepción en cuatro años” (Prensa Libre, 1705-1978). Ello fue con-secuencia del proceso de reorganización interna a la que se dedicaron las organizaciones guerrilleras entre 1970 y 1975, como ya se señaló, en la que las acciones propia-mente militares fueron escasas. No obstante, se registra-ron asesinatos selectivos y matanzas colectivas. (46)

Igualmente, el período 1974-1978 conoció un auge de las luchas económicas y reivindicativas y un crecimiento de las organizaciones populares. En medio de varias huel-gas y confl ictos (como las de la empresa INCATECU, de la embotelladora Coca Cola, de los servidores del Gobierno central y de las municipalidades, la marcha de los mineros de Ixtahuacán y la huelga de los trabajadores del Ingenio Pantaleón) se constituyó una central unitaria de trabajado-res: el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS) en mar-zo de 1976 y, en diciembre de ese mismo año, el Comité de Emergencia de los Trabajadores del Estado (CETE). Entre

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ambos se produjo un acercamiento y el CNUS se convirtió no sólo en una instancia sindical, sino en el “eje motriz del movimiento popular”. En el mismo participarían el Movi-miento Nacional de Pobladores (MONAP), la AEU, el Frente Estudiantil Robin García (FERG), coordinadoras estudianti-les, etcétera (Witzel de Ciudad, 111:451).

Aunque todo hace pensar que las organizaciones po-pulares tuvieron orígenes propios en su inicio, en su trabajo de reestructuración, las fuerzas guerrilleras se esforzaron por cooptarlas, sobre todo a raíz del abandono del enfoque “foquista”, característico de la década de 1960. En muchos casos lo lograron, provocando no pocos confl ictos internos entre tales agrupaciones. (47)

Varias razones pueden aducirse para explicar el “auge” del movimiento y de las organizaciones populares durante estos años. Por una parte, el trabajo organizativo de Democracia Cristiana Guatemalteca en cuanto a la pro-moción de las ligas campesinas y las organizaciones de pobladores (como el MONAP). A ello se añadió la actividad de la Iglesia católica en las cooperativas, los catequistas, los delegados de “La Palabra” y el movimiento conocido como Acción Católica (Dary, Claudia, 1997). Estas activi-dades estuvieron dirigidas a la formación de líderes loca-les, quienes se convertirían en dirigentes de muchas orga-nizaciones rurales de base.

A través de su trabajo político, el PGT también mantuvo viva la estrategia de concientización de dirigentes. Los pro-gramas de desarrollo agropecuario que benefi ciaron a va-rias organizaciones campesinas, impulsados por el sector público agrícola desde la administración de Arana, también contribuyeron a una conciencia crítica entre los dirigen-tes de tales organizaciones. Los créditos, los programas de capacitación y el impulso a las cooperativas agrícolas mejoraron la capacidad organizativa y el acceso a la infor-mación de los campesinos. Por otra parte, la estabilidad

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macroeconómica, que había caracterizado a la economía guatemalteca casi ininterrumpidamente desde fi nales de la década de 1940, se alteró a partir de 1972. Entre 1946 y 1972, se registró una sostenida estabilidad de precios, cuya variación anual fue sólo de 1.5%. Por el contrario, entre 1973 y 1979, la tasa de infl ación anual se elevó a 11.9%, debido, fundamentalmente, al fuerte aumento de la infl ación en 1973. (48)

El crecimiento de la infl ación coincidió con la huel-ga magisterial de julio de 1973 y con los confl ictos por el aumento de salarios y despido de trabajadores que se sucedieron entre 1973 y 1978. Otro acontecimiento, que contribuyó sin proponérselo al proceso de auge de las or-ganizaciones y luego a su actitud crítica, fue el incremento vertiginoso en el número de ONG que siguió al terremoto de febrero de 1976. Las exigencias de la reconstrucción deter-minaron movilización de recursos y de ayuda internacional, una parte de la cual se canalizó a través del sector público y otra por intermedio de organizaciones privadas, nacionales e internacionales. Esto elevó el nivel de popularidad del Gobier-no, parapetado tras su slogan: “Guatemala está en pie”. Ello llevaría años más tarde a decir a un embajador noruego en Guatemala que, si bien Kjell talvez no ganó las elecciones en 1974, terminó por ganar la presidencia en 1976.

La mayor relación entre organizaciones populares y fuerzas guerrilleras repercutió negativamente en los he-chos de violencia que se desataron durante la ola que se produjo a partir de 1978, como se verá más adelante. En aquellos años, los dirigentes de las agrupaciones popu-lares legalmente reconocidas, así como de otras entida-des que funcionaban públicamente, sufrieron la peor parte (sindicatos y organizaciones estudiantiles, campesinas y de pobladores, Iglesia católica, USAC, partidos políticos de oposición y comités pro formación de partidos social demó-cratas, como el FUR y el PSD).

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Los partidos políticos se preparan nuevamente para las elecciones generales de 1978

Como ya se indicó, las relaciones entre las dos forma-ciones de la coalición ofi cial habían sufrido un deterioro, a raíz de la publicación, en julio de 1974, del “memoran-do de Sandoval Alarcón”. En dicho texto, el dirigente del MLN externaba su menosprecio por el PID. Como conse-cuencia de las críticas que el secretario general del MLN dirigía al gobierno de Laugerud García desde su posición como vicepresidente de la República y a las pugnas por la presidencia del Congreso, la coalición ofi cial MLN-PID (que funcionaba desde 1969) terminó por romperse en 1975. El primero de los partidos defi nió una posición independiente (IIPS, 1978:58-59).

Por su parte, en 1975 se registró otra escisión en el seno del MLN, producto de la temprana candidatura presi-dencial del licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, apo-yado por la rama juvenil y profesional del partido (esta úl-tima comandada por quien más adelante sería el alcalde metropolitano y Presidente de la República, Álvaro Arzú Yrigoyen). El cisma pudo evitarse y la dirección del partido se tornó más centralista (Ibid, p. 60).

Dentro de los partidos de la oposición privó de nue-vo el realismo y luego de la cuestionada victoria ofi cial de 1974, tanto el PR como la DCG se acomodaron y entraron en mayor o menor medida, en relaciones con el Gobierno. El secretario general del PR y candidato a la Vicepresiden-cia por esa organización en 1974, se apresuró a reconocer al general Laugerud García, lo que le valió el rechazo de varias fi liales y, en 1975, lo llevó a la renuncia del cargo.

La derrota de 1974 produjo consecuencias más dra-máticas para la DCG. En efecto, algunos miembros de la dirigencia del partido y de sus organizaciones sindicales abandonaron la militancia demócrata cristiana, convenci-dos de la imposibilidad de continuar, dada la arbitrariedad

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y las limitaciones que imponía el régimen político, y se ra-dicalizaron, vinculándose con las fuerzas guerrilleras. Otra fracción continuó en una “oposición constructiva” y desa-rrolló su tesis de “acercamiento de los partidos políticos progresistas con el Ejército”. Esta tesis de cooperación con el Ejército aparece expuesta por lo menos en dos docu-mentos del partido: uno, del profesor Danilo Barrillas, pu-blicado en 1976, y otro del licenciado Vinicio Cerezo, sin datos editoriales, pero que circuló un año después. El texto de Vinicio Cerezo expone en forma más ordenada y simple estas ideas.

Luego de pasar revista al “nuevo autoritarismo” latino-americano y del Tercer Mundo (en el que algunos ejércitos han dejado de ser instrumentos de represión para pasar al desarrollismo) Cerezo Arévalo propone revisar el enfoque tradicional de las instituciones y aceptar una visión estraté-gica y no estática de las mismas (ya que éstas pueden ser unas veces instrumentos para el cambio y otras, oposición al mismo). La tradición constitucional en Guatemala, esti-ma su autor, con exceso de formalismo y hasta de mala fe, ha colocado teóricamente al Ejército como una institución marginada de la toma de decisiones y ha hecho creer a los partidos políticos que son los únicos preparados para gobernar. Ambos, partidos políticos progresistas y Ejército, se han visto ubicados en bandos contrarios.

En el contexto ya señalado, los grandes retos del de-sarrollo y la necesidad de convertir a Guatemala en “…un país independiente que pueda escoger su propio destino”, llevan a concluir al autor que la ejecución de tales retos “…sólo podrán hacerlo dos sectores en el nivel dirigencial: un partido político progresista, de amplia base popular, dis-ciplinado y consciente de su proyecto histórico, como los es Democracia Cristiana y una organización técnicamente preparada en los valores de la disciplina, el orden y el ejer-cicio del poder, como lo es el Ejército Nacional” (Cerezo Arévalo, sf. 9). Dentro de este proyecto, la DCG aportaría

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un “fuerte respaldo popular”, mientras que el Ejército el fac-tor de “poder objetivo”, capaz de disuadir a los enemigos.

La estrategia del Frente Amplio

Igual que lo hicieron en 1974, los partidos políticos optaron por la candidatura militar como única posibilidad realista en Guatemala. Liberado de sus relaciones con el PID, el MLN se acercó al coronel Enrique Peralta Azurdia (quien como se recordará, había visto frustradas sus aspiraciones en 1974 debido al rechazo del Registro Electoral a la inscrip-ción del FUN y del PARN, los partidos que lo apoyaban).

El PR terminó por sellar una alianza con el PID y se convirtió en partido ofi cial (junto con la Central Aranista Oganizada (CAO) que en 1974 había intentado inscribirse como partido político, sin conseguirlo). Según un entrevis-tado, para esta nueva coalición, el general Arana Osorio ejerció de nuevo su infl uencia para confi rmar al ministro de la defensa, el general Romeo Lucas García, como can-didato ofi cial, ante la decidida oposición del propio presi-dente Kjell Laugerud. Lucas García había sido el hombre de confi anza de Arana y responsable de las acciones de contrainsurgencia en la Base Militar de Zacapa, en la dé-cada de 1960.

En julio de 1977, el PR proclamó al doctor Francisco Villagrán Kramer para el cargo de Vicepresidente de la Re-pública. Aunque el PID y la CAO rechazaron tal nominación, la misma se ofi cializó a fi nales del año (La Nación, 21-11-1977). Se constituyó así el Frente Amplio.

En 1993, Villagrán Kramer sintetizó los objetivos de aquel Frente “Evitar la guerra civil que se vislumbraba en Guatemala (al igual que en Nicaragua y El Salvador)”. Para ello “…debían fl exibilizarse las estructuras políticas creadas a raíz del pacto secreto entre el PR y el Ejército, constru-yendo un puente entre el monopolio de la presidencia por

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parte del Ejército y un futuro régimen civilista, en el que el alto mando no tendría injerencia. Así, (...) era trascendental evitar que los movimientos guerrilleros se fortalecieran con la rigidez del régimen de partidos políticos, terminando con el monopolio del PR, MLN, PID y DCG y abriendo el espectro ideológico para que otros sectores de lo que entonces era la izquierda y la derecha, participaran”.

En igual forma, quien sería el futuro vicepresidente de Lucas García, consideraba que era vital remover los con-troles militares y políticos que se establecieron a partir de 1954 sobre los movimientos sindicales, populares e indí-genas. Para que sus organizaciones pudieran actuar libres de esas restricciones, se estimaba vital que los sectores indígenas pudieran organizarse a fi n de impedir que los movimientos guerrilleros lograren fuertes apoyos dentro de ellos. El principal argumento era la necesidad de experi-mentar y fortalecer la opción del desarrollo capitalista con democracia. “A nuestro criterio, lo uno, iba con lo otro” indi-caba Villagrán Kramer (Ob.cit., 1993: 456-457).

Por su parte, la DCG y la fracción afín a Fuentes Mohr, el Partido Revolucionario Auténtico (PRA), escogieron al general Ricardo Peralta Méndez, fundador y director del Centro de Estudios Militares (CEM) y del Comité de Recons-trucción (creado por la administración de Kjell Laugerud a raíz del terremoto de 1976), así como al doctor René de León Schlotter, veterano dirigente demócrata cristiano, como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, res-pectivamente. Peralta Méndez se defi nió como un hombre de izquierda y se declaró convencido que para combatir la subversión, el Ejército no debía reprimir sino ayudar a re-solver problemas sociales. “Este fue el plan que elaboré en el CEM y que el general Arana puso en ejecución en la zona oriental” indicó. Por su parte el FUR, reinició nuevamente el trámite para presentar sus listados de afi liados ante el Tribunal Electoral (IIPS, 1978:153-155).

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La campaña electoral, el fraude y las protestas del MLN

En forma similar a la campaña de 1974, la de 1978 trans-currió entre acciones de violencia, a las que se sumaron huelgas de trabajadores estatales que hicieron peligrar la práctica de las elecciones generales, así como denuncias de fraude (circulación de cédulas de ciudadanía en blanco y de un plan para que 28 mil “ciudadanos muertos” pu-dieran votar). A ello se agregó la esperada declaración de apoliticidad del Ejército, así como las acusaciones mutuas entre los partidos contendientes (El Imparcial, 21 y 22-02-1978). (49)

La participación electoral descendió, aunque no se tienen cifras ofi ciales. Las elecciones se realizaron el 5 de marzo de 1977. El 6 se suspendió el escrutinio por anoma-lías y por un presunto fraude en las elecciones municipa-les del distrito central. El 7 del mismo mes, los medios de comunicación difundieron resultados parciales que situa-ban al coronel Peralta Azurdia, candidato del MLN, en pri-mera posición. Ello motivó declaraciones triunfalistas por parte de aquel partido, seguidas de similares del Frente Amplio. El 10 de marzo, el alcalde metropolitano, al entre-gar la documentación al Consejo Electoral, anunciaba los resultados en los que el general Lucas García encabezaba la votación, con el 42.3% de los sufragios, seguido por el general Peralta Azurdia, con 33.1%. El 13 del mismo mes, el Congreso practicó la elección de segundo grado, sin la participación de los diputados de la DCG, confi rmando a Lucas García y a Villagrán Kramer (Prensa Libre, 6, 7, 10 y 13-03-1978. El Imparcial, 14-03-1978).

Los días posteriores a la elección del Congreso, el MLN encabezó protestas públicas en la capital y los de-partamentos, e interpuso recursos de nulidad. El general Peralta Méndez por su parte, reconoció el triunfo de Pe-ralta Azurdia. Se registraron atentados terroristas, surgió un grupo paramilitar, las “Milicias Obreras Guatemaltecas”,

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anunciando una “guerra insurreccional ante la frustración de las elecciones”, circularon volantes incitando al Ejército a derrocar a Laugerud García y denuncias sobre campa-mentos de mercenarios en la frontera con Honduras, pres-tos a un intento golpista (Prensa Libre, 10, 13, 14, 16, 22 y 30, 03-1978. El Imparcial, 3-04-1978).

El MLN era el partido que contaba con las mejores con-diciones y experiencia para realizar acciones sostenidas de protesta, desde medidas legales y movilización pública, hasta una eventual organización de grupos paramilitares, atentados terroristas y hasta un levantamiento armado. Y aunque al inicio es posible que lo considerara, hubo de de-sistir y conformarse con el nuevo orden de cosas. El control y la lealtad de los cuadros militares hacia la cúpula de las fuerzas armadas y el Gobierno fueron determinantes para que el MLN se convenciera que debía desistir de sus pro-testas y optar por la resignación.

A inicios de julio, el MLN defi nió su relación frente al nuevo Gobierno como. “…oposición clara, constructiva, correcta y adecuada; de apoyo a toda acción positiva, así como de rechazo a la aplanadora ofi cial” (El Imparcial, 3-07-1978). En igual forma se pronunció la DCG al decidir “…una oposición profunda al Gobierno actual” (El Imparcial, 10-07-1978). En cuanto al coronel Peralta Azurdia, decidió regresar a EEUU y entregó una declaración de prensa en la que anunciaba que “…desde Miami estaré vigilante del acontecer nacional y presto a acudir a cualquier llamado que la patria demande” (El Imparcial, 17-07-1978). Con-cluía así una aventura electoral más, que dejaba el amargo sabor de la frustración entre la ciudadanía.

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1982: El último fraude electoral.Crisis y colapso del régimen

Guatemala no caerá en las garras del comunismo como sucedió en Cuba

y Nicaragua (...) El momento exige al líder lógico de un pueblo y un Ejército:

un presidente militar (general Ángel Aníbal Guevara, candidato de la coalición ofi cial PR-PID-FUN,

Inforpress, 30-07-1981, 8-10-1981).

El fracaso de la apertura política anunciada por el Frente Amplio:

La administración del general Romeo Lucas García se ini-ció con el tradicional anuncio de los principios básicos que inspirarían al nuevo Gobierno. Los mismos aparecieron en el discurso de toma de posesión del Presidente electo. Éste indicó que se orientaría por “la paz social, la apertura democrática, combatir las causas de la violencia y la infl a-ción, reformar el régimen de tenencia de la tierra, ampliar la participación social, garantizar los derechos humanos, diá-logo y negociación como método para afrontar los proble-mas del país...” (El Imparcial, 1-07-1978). Tales principios recogían así, los “cinco puntos fundamentales” del Frente Amplio, como lo indicaba en diciembre de 1979, el propio Villagrán Kramer (Witzel de Ciudad, III: 550).

Los objetivos del Frente Amplio en la forma como Vi-llagrán Kramer los visualizó (véase capítulo anterior) no pu-dieron cumplirse por una conjugación de causas. Según un entrevistado, una de ellas fue la negativa de los empresa-rios (principalmente agroexportadores, agroindustriales e industriales, pero también algunos grandes comerciantes) de llegar a acuerdos con los sindicatos, con el fi n de evitar movilizaciones obreras, confl ictos y huelgas. Esta posición contrastó con la mayor fl exibilidad que inicialmente habían

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mostrado los militares. A pesar de esta presunta fl exibili-dad, el estilo represivo de las fuerzas de seguridad (que se había evidenciado en la forma como se disolvió una de las primeras manifestaciones obreras, el 4 de agosto de 1978) predispuso a las organizaciones sindicales a oponerse al diálogo con el nuevo Gobierno. Por otra parte, la magnitud que alcanzaron las protestas de octubre de 1978 por el aumento de cinco centavos al simbólico precio del pasaje de los buses urbanos en la capital (El Imparcial, 2 al 13-10-1978) parecía confi gurar un nuevo cuadro insurreccional, como el de marzo y abril de 1962. Ello convenció al Gobier-no de la existencia de un plan subversivo, lo que incremen-tó el ya exacerbado clima de crispación existente.

La desconfi anza de las organizaciones populares de negociar con un “gobierno impuesto” y el rechazo estraté-gico de las fuerzas guerrilleras contribuyeron igualmente, al fracaso de la apertura. Para un analista de la época, la elección de 1978 “…marcó defi nitivamente que a nivel de los procesos electorales burgueses, no hay posibili-dad de alterar políticamente el modelo” (Aguilera, Gabriel, 1978:170). Luego de concluido el confl icto de los autobu-ses, se inició una ola de atentados y asesinatos de dirigen-tes sindicales del Comité de Emergencia de los Trabajado-res del Estado (CETE) y del sindicato de la Coca Cola, entre otros. También fueron ejecutados dirigentes estudiantiles como Oliverio Castañeda y Arturo Ciani de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), asesores laborales como el licenciado Manuel Andrade Roca y líderes socialdemó-cratas como el doctor Alberto Fuentes Mohr y el ex alcalde de la capital, licenciado Manuel Colom. Todo ello mostraba que las posibilidades de un diálogo y una negociación eran inviables.

En el marco de este endurecimiento de la crítica y de la persecución política, la propuesta de la DCG, de acerca-miento de los partidos políticos progresistas con el Ejército (véase capítulo anterior) así como la estrategia del Fren-

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te Amplio, constituyeron los últimos intentos de fl exibilizar el régimen político, ante la inminente generalización de la guerra de insurgencia y contrainsurgencia que se vislum-braba. En este contexto, los dirigentes militares, empre-sariales y laborales no le concedieron el “benefi cio de la duda” que esperaba el vicepresidente Villagrán Kramer; en diciembre de 1979, éste renunció a su cargo.

La desconfi anza mutua que años de autoritarismo habían provocado en la cultura política del país, y la in-transigencia de las formas mutuas de representación del adversario, que la Guerra Fría, el anticomunismo criollo y las interpretaciones marxistas habían contribuido a sedi-mentar entre las fuerzas sociales en Guatemala, fueron determinantes para el fracaso del acuerdo que el Frente Amplio presuntamente pretendía. Pero, hay que añadir a lo anterior que un gobierno nacido del fraude electoral, te-nía muy escasa legitimidad y credibilidad para proponer un acuerdo de tal tipo.

A pesar de la crisis que se avecinaba, las limitaciones a la participación de nuevos partidos políticos (establecidos en la Ley Electoral de 1965) habían empezado a ceder. En este sentido, desde fi nales de su período, Kjell Laugerud García había instruido al director electoral para que ins-cribiera como partidos, a todos los comités pro formación que lo hubieran solicitado (El Imparcial, 16-05-1978). Ello continuó durante la administración de Lucas García. Den-tro de este proceso, el Partido Nacionalista Revoluciona-rio (PNR) (que cambiaría luego su denominación por el de Nacional Renovador) fue el primero en lograr inscripción, con Álvaro Arzú como secretario general (La Hora, 14-09-1978). Le siguió el Frente de Unidad Nacional (FUN) una de las formaciones que apoyaban a Peralta Azurdia en 1973 (La Hora, 22-12-1978) y la Central Auténtica Nacionalista (CAN), heredera de la Central Aranista Organizada (CAO) (La Hora, 17-02-1979).

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Lo anterior puede interpretarse como parte de las asi-metrías o desencuentros entre las estrategias políticas de los últimos “gobiernos de los generales”: fl exibilizar relati-vamente la presa que limitaba la autorización de nuevos partidos, en el marco de la violencia política y la persecu-ción de dirigentes de todo tipo. En este sentido, los partidos social demócratas tuvieron peor suerte que las formacio-nes partidistas de derecha y centro derecha. En efecto, con los primeros se dibujó una estrategia macabra: autorizarlos para luego asesinar a sus líderes. Así ocurrió con Alberto Fuentes Mohr, dirigente del Partido Socialista Democrático (PSD) quien murió en un atentado en la vía pública, el 25 de enero de 1979, un día antes de la presentación de la soli-citud para la inscripción del comité correspondiente ante el Registro Electoral (La Hora, 25-01-1979). Otros militantes corrieron la misma suerte, por lo que el PSD optó por pa-sar a la clandestinidad. Manuel Colom Argueta también fue asesinado el 22 de marzo de aquel año, luego de una te-naz cacería por las calles de la capital, ocho días después de que el FUR fuera autorizado como partido político (La Hora, 22-03-1979). El FUR responsabilizó de ese hecho “al Gobierno de Lucas García, a la oligarquía nacional repre-sentada en el CACIF y a altos jefes militares” (Panorama, abril de 1979).

La nueva espiral de violencia:

La violencia se había incrementado desde fi nales de la ad-ministración de Kjell Laugerud, y se aceleró durante el go-bierno de Lucas García. Así, 1980 correspondió a un des-enfreno en el baño de sangre, cuando en enero se produjo la ocupación y posterior incendio de la Embajada de Espa-ña (en el que murieron 39 personas y el único sobreviviente herido del grupo de campesinos y estudiantes ocupantes, fue secuestrado en un hospital estatal y luego asesinado). Este hecho proyectó una imagen de crueldad, bestialidad e

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irrespeto al derecho internacional y contribuyó al creciente aislamiento del gobierno guatemalteco.

Sólo durante un mes (del 20 de abril al 20 de mayo) los medios de comunicación documentaron la existencia de 166 cadáveres de estudiantes, policías, dirigentes sindica-les, reos, comisionados militares, soldados y campesinos. A ellos se agregaron treinta “capturados y desaparecidos” durante el desfi le del primero de mayo (Panorama, mayo de 1980). Ello constituye una muestra del tipo de víctimas de aquellos trágicos años.

El acercamiento y, en algunos casos, las relaciones orgánicas que se establecieron entre las fuerzas guerrille-ras y las organizaciones populares durante la década de 1970, unido a la continuidad y perfeccionamiento de la es-trategia de contrainsurgencia (que se había defi nido desde los años 60) explican el tipo y magnitud de la represión de la que fueron víctimas tales organizaciones. Las mismas se habían constituido en sus orígenes, para la defensa de intereses gremiales; eran públicas y muchas de ellas re-conocidas legalmente, al igual que sus dirigentes. En esa medida, no estaban preparadas para una lucha frontal con las fuerzas de seguridad del tipo de la que se desató desde fi nales de los años 70. Carecían de esquemas para entrar en la clandestinidad, de procedimientos de seguridad y de formación militar para protegerse.

Por otra parte, en sus acercamientos con las organi-zaciones populares luego de la primera derrota de la es-trategia guerrillera, las fuerzas insurgentes aceleraron la radicalización de los líderes populares, al trasladarles obje-tivos que estaban más allá de las formas legales y políticas como éstos venían enfocando sus reivindicaciones. En tal sentido, difundieron nuevas metas como la revolución y el socialismo, la toma del poder, la guerra popular prolonga-da, así como la alianza obrero-campesina para acelerar la revolución, terminar con la dependencia y lograr la “derrota del imperialismo”.

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La falta de respuesta a las reivindicaciones gremia-les de las organizaciones populares por parte del Estado (mejoras salariales, ventajas económicas, respeto a la ne-gociación laboral, derecho de libre sindicalización, tierra, acceso a la salud, a la educación, respeto a la dignidad hu-mana, reconocimiento de ciertas diferencias culturales en el caso indígena, etcétera), así como la rigidez e infl exibilidad como éstas fueron tratadas por los empresarios, crearon un clima favorable dentro de las organizaciones populares, para la recepción de las propuestas insurgentes.

En la práctica, las reivindicaciones populares que la recesión económica contribuyó a desarrollar hacían difícil separar los reclamos puramente gremiales de la estrategia revolucionaria. Ello se manifestó, por ejemplo, en las huel-gas de los trabajadores agrícolas de la Costa Sur, en enero de 1980, o en la marcha del primero de mayo, en la que el CNUS pidió la renuncia del Presidente y la formación de un gobierno “revolucionario y popular”. En opinión de algu-nas analistas, tales demandas fueron determinantes de la represión y el descabezamiento de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) en junio y agosto del mismo año (Witzel de Ciudad, 11:600-617).

En todo caso, la administración de Lucas García no se detuvo a hacer deslindes e incluyó en el mismo saco a quienes “estaban, no estaban, pero podrían estar” involu-crados con las organizaciones insurgentes, dentro de una estrategia maximalista del terror. Esta época corresponde a la ruptura del movimiento popular urbano, que antecedió a la ofensiva del Ejército en 1981, según se indicó en capí-tulos precedentes.

La recesión económica y el preludio de la crisis

El año 1979 marca un punto de infl exión en la tendencia histórica del crecimiento que había caracterizado a la eco-nomía guatemalteca desde la década de 1950. Entre 1980

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y 1985, el país experimentó la recesión económica más grave desde la postguerra. El PIB per cápita se redujo en 18.6% y, en 1985, el mismo era similar al de 1970. Por ello, algunos análisis reconocieron que “…la crisis económica hizo retroceder al país quince años en sus esfuerzos de desarrollo” (SEGEPLAN-GTZ, 1991: 9).

Los precios del café descendieron a partir de 1979, la producción de algodón disminuyó en 35.7%, la del petróleo con destino al exterior en 15%. Desapareció el níquel como rubro de exportación. El comercio decreció y el “boom” del turismo se convirtió en un espejismo por la recesión inter-nacional y la violencia interna. La tasa de crecimiento del PIB principió a bajar en 1979, hasta hacerse negativa en 1982 y 1983. Para enfrentar la recesión, el gobierno de Lucas García incrementó la inversión pública (lo que le permitiría también mejorar los negocios al amparo del Esta-do, vía la creciente corrupción pública), por lo que recurrió al endeudamiento externo e interno. Ello incrementó la moneti-zación, presionó sobre la estabilidad cambiaria y generó más infl ación. Entre 1981 y 1985, se decretaron recortes en los gastos correspondientes a los servicios de salud y asistencia social (10%), educación (1.3%) y vivienda y desarrollo urbano (22%) (Gálvez Borrell, Víctor, 1991: 21-24).

Se rompe el modelo de la candidatura militar

En el marco de la violencia desenfrenada y de la recesión económica creciente, los partidos políticos se aprestaron a poner en marcha los desgastados engranajes del proceso electoral. No se percataban del agotamiento del régimen político, del profundo descrédito en el que había caído y del peligro que ello representaba para mantenerlo a fl ote, dado que se hundía cada vez más en una guerra que corrían el riesgo de perder.

Dentro del contexto indicado y luego de que en 1981 el general Arana como “máximo dirigente” del CAN (ya con-

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vertido en organización partidista), propusiera renovar la alianza ofi cial con el PR y el PID sin recibir respuesta, el CAN se retiró del Frente Amplio y fue el primero en romper el modelo de la candidatura militar. Ello se debió, posible-mente, al distanciamiento de Arana con el presidente Lu-cas García. El CAN proclamó como candidato presidencial al arquitecto Gustavo Anzueto Vielman, agroindustrial de derecha, quien sostendría una campaña en la que se an-ticipó a los temas neoliberales de la década de 1990, pug-nando por un Estado mínimo.

Los acercamientos entre el CAN y el MLN se suspen-dieron cuando el segundo confi rmó también a un civil como aspirante presidencial, su líder histórico, el licenciado Ma-rio Sandoval Alarcón. Más adelante, Sandoval Alarcón se hizo acompañar en la nominación a la Vicepresidencia, por otro de los liberacionistas de la “vieja guardia”: Lionel Sis-niega Otero (Inforpress, 14-05 y 10-09-1981).

En julio, se concretó la alianza PR, PID, FUN bajo la denominación de Frente Democrático Popular (FDP). Dicho frente siguió la fórmula clásica de la candidatura ofi cial: es-cogió al ministro de Defensa y ex jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Ángel Aníbal Guevara (lnforpress, 30-07-1981). Los partidos de centro izquierda: DCG y FUR continuaron tratando de conformar una alianza, la que se frustró cuando Democracia Cristiana prácticamente se ad-hirió a la candidatura del licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, del PNR. La DCG ya se había caracterizado desde el inicio de la administración de Lucas García por su de-bilidad y bajo perfi l político, en comparación con el peso organizativo que evidenció en 1974 y 1978. En julio declaró haber perdido “más de 110 miembros sólo en los últimos meses” (Inforpress, 30-07-1981). El FUR anunció que se limitaría a participar en las elecciones de alcaldes y diputa-dos, aduciendo falta de garantías políticas y de seguridad para la vida de sus militantes, temores que también habían externado los democratacristianos con anterioridad.

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Al apartarse de la tradicional candidatura militar, es posible que los partidos dejaban entrever su preocupación por el desgaste del régimen político en la forma como éste se había encausado desde 1974. No obstante, la coalición ofi cial seguía ciega, a pesar de la evidencia. Por otra parte, resaltaba la paradoja de la socialdemocracia y de la apertu-ra política anunciada desde fi nales de 1978. Las formacio-nes políticas de tal orientación (el FUR y el PSD) habían sido autorizadas para participar, pero sus dirigentes asesinados y perseguidos. Democracia Cristiana Guatemalteca había sufrido una suerte similar y se encontraba muy debilitada. Después de diecisiete años, la situación resultaba similar a la de 1965. Una vez más, el régimen político aparecía cerrando fi las a la participación política y permitiendo el funcionamiento sólo a un número limitado de partidos, de nuevo de derecha y de centro derecha. El confl icto armado interno proporcionaba la justifi cación para hacer más rígido el régimen político y sus “estructuras de protección”.

Campaña electoral y preparación del fraude: una misma secuencia varias veces repetida

En forma similar a lo sucedido en 1974 y 1978, la campa-ña electoral de 1982 transcurrió entre atentados terroris-tas a candidatos, dirigentes políticos y servicios públicos. Las acciones insurgentes recrudecieron, el Ejército anun-ció una vasta movilización en Quiché de cerca de quince mil efectivos para “peinar el terreno” y se registraron ma-sacres de campesinos en dicho departamento (Uspantán). Se reportaron insistentes denuncias de fraude. El ministro de Defensa y el propio Presidente de la República volvie-ron a garantizar elecciones libres, como se había vuelto ya costumbre (El Imparcial, 2, 5, 9, 21, 22-01-1982, y 2, 3, 10, 17-02-1982).

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La toma pública de posición de las fuerzas insurgen-tes en contra de la “farsa electoral” fue un nuevo ingredien-te. Aunque ya se había producido en ocasiones anteriores, en 1982 alcanzó más difusión. Por ejemplo, se insistió en ello, en las condiciones para la liberación del director de Prensa Libre, el periodista Álvaro Contreras Vélez, secues-trado por el PGT. En periódicos de Centroamérica, México y EEUU, circularon campos pagados llamando a la absten-ción y condenando la consulta electoral como un engaño (El Imparcial, 8-03-1992, Inforpress, 14-05-1982).

A juzgar por los datos del Registro Electoral, la parti-cipación de votantes alcanzó 46% del electorado. La me-canización y centralización del cómputo electoral a través de la empresa telefónica estatal, permitió el conocimiento más rápido de los resultados (pero también la práctica del fraude, según denuncias). El 8 de marzo, se indicó que el candidato ofi cial iba a la cabeza, lo que provocó inmediata-mente la satisfacción de éste y acusaciones de fraude por parte de los tres restantes de la oposición. Al anunciarse los datos defi nitivos, el general Guevara encabezaba, su-puestamente, las preferencias del electorado con 38.9% de los votos. Hubo choques callejeros con la fuerza pública en la manifestación que los tres candidatos de oposición organizaron para protestar. En un insólito hecho, éstos fue-ron detenidos por la policía bajo el argumento de “prote-gerlos”, al igual que sucedió con periodistas nacionales y extranjeros que cubrían la noticia.

Los partidos derrotados interpusieron las correspon-dientes nulidades de los comicios, pero el 15 de marzo, el Congreso se apresuró a practicar el escrutinio defi nitivo y a proclamar al general Guevara como nuevo Presidente de Guatemala (El Imparcial, 8, 9, 10, 11 y 15-03-1982). El recurso a la tecnología y a las telecomunicaciones había permitido acelerar los resultados, la elección de segundo grado y un nuevo fraude.

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Todo hacía pensar que, nuevamente, el candidato ofi -cial tomaría posesión el 1 de julio de aquel año. El 23 de marzo cambiaría la situación con un golpe de Estado del Ejército. Se trataría de la segunda vez que ello provoca-ría un Gobierno Militar, igual que había ocurrido en 1963. Esto impidió que el general Aníbal Guevara asumiera como nuevo Presidente. Como era de esperarse, dicho golpe fue apoyado por el MLN y DCG (El Imparcial, 30-03-1982). El EGP y el PGT indicaron por su parte que “…ni la farsa electoral ni la farsa del golpe de Estado evitarán la victo-ria popular (…) las caras cambiaron pero el régimen es el mismo” (El Imparcial, 1-04-1982). ORPA se pronunció en el mismo sentido días adelante (El Imparcial, 5-04-1982).

El golpe de Estado de los “ofi ciales jóvenes”

Según la Proclama del Ejército del 23 de marzo, los frau-des electorales provocaron que los guatemaltecos “…per-dieran la fé en las instituciones democráticas”, por lo que resulta “imperativo que la confi anza en dichas instituciones sea plenamente restablecida”, rescate que no es posible lograr dentro del marco constitucional por lo que se hace igualmente “imperativo que el Ejército (...) asuma el Gobier-no de la República”, ya que éste es el “llamado a garantizar (...) la pervivencia de tales instituciones” (Tomo 102, Reco-pilación de leyes). De acuerdo con el texto de la Proclama, aparecían las razones fundamentales del golpe de Estado: el rescate de las instituciones y del régimen político.

Paralelamente a las anteriores, existieron también causas militares internas que no se refl ejaron en la Pro-clama, pero sí en noticias de prensa de la época y que han sido retomadas posteriormente. Dentro de ellas hay que citar las siguientes: i.- El malestar de la ofi cialidad por los bajos ingresos y la “instrumentalización” de las Fuer-

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zas Armadas (desviación de sus funciones para tareas de protección de empresarios agrícolas, entre otras); ii.- Los excesos de vigilancia y control que se practicaban a los ofi ciales; iii.- La corrupción responsable del defi ciente apo-yo logístico que se recibía en el teatro de operaciones (In-forpress 487); y iv.- El divorcio profundo entre el mando militar, los generales y el resto de ofi ciales (López Bonilla, Siglo XXI, 23-03-1998).

Las causas puramente militares eran susceptibles de afectar la suerte de la guerra y, en todo caso, se comple-mentaban con las políticas, que también infl uían negati-vamente en los objetivos contrainsurgentes: derrotar a la guerrilla. Según un entrevistado, en los mandos medios del Ejército había descontento desde 1974 por los candidatos militares, por la forma como se llevaban a cabo las eleccio-nes y por la corrupción. Ello originaba el desgaste y el dete-rioro innecesarios de la institución armada, ocupada como estaba en derrotar a la guerrilla. En estas condiciones, la política, lejos de “quitarle banderas a la insurgencia”, se las aportaba.

Luego de asumir el mando a través de una Junta Mi-litar de Gobierno (con el apoyo del grupo asesor, formado por seis ofi ciales en representación de los que efectivamen-te se alzaron en armas) el Ejército suspendió los partidos políticos y la Constitución de 1965. En igual forma, declaró la nulidad de las elecciones, disolvió los cuerpos de detec-tives de la Policía Nacional, ordenó la reducción del 20% en los gastos de funcionamiento del gobierno central e in-tervino algunas de las empresas estatales, que habían sido denunciadas por corrupción en la obra pública (Tomo 102, Recopilación de leyes). Se concedió una amnistía para los alzados, se decretó el Estado de sitio por casi un año y se ordenó la movilización parcial de Ejército, para la ofensiva militar de 1982 (Tomo 102, Recopilación de leyes).

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Ríos Montt: el caudillismo frustrado y la apertura política relativa

La administración del general Efraín Ríos Montt (conver-tido en Presidente de la República el 9 de junio de 1982, al disolverse por renuncia de los restantes miembros, el gobierno colegiado de la Junta) debía cumplir una serie de metas dentro de su función “interina” y luego “restau-radora” del orden político. Una de las metas era continuar la guerra y alcanzar la victoria. En igual forma: responder a las expectativas de los “ofi ciales jóvenes” que lo habían llevado al poder. Debía recoger, también, el malestar del sector empresarial por la pérdida de legitimidad de los go-biernos anteriores que, en general, debilitaba al Estado en su lucha contra la insurgencia. (50)

La nueva administración debía adoptar una actitud di-ferente frente a lo que quedaba del diezmado movimiento popular por la violencia anterior y que veía en el fi n del gobierno represor, una oportunidad para expresar sus rei-vindicaciones. La economía, que había entrado en rece-sión, requería ser activada. Finalmente, se encontraba la meta política central que había dado justifi cación ofi cial al golpe y que, de alguna forma, interceptaba a todas las an-teriores: la apertura política y el retorno a la democracia. Estos objetivos se refl ejaban en los catorce lineamentos de la Junta Militar de Gobierno del 6 de abril de 1982 (In-forpress, 487).

Dibujados en el contexto de la época, eran muy com-plejos los retos que debía cumplir la administración de Ríos Montt (con el auxilio del grupo asesor que representaba a los ofi ciales jóvenes que se habían alzado el 23 de marzo). A estos retos se añadieron los problemas que provocó el propio Presidente, cuando decidió ampliar los ajustes que debían realizarse para preparar la apertura política y la transición democrática; es decir, cuando cedió, como mu-chos dictadores, a la “tentación fundacional”. (51)

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Los diecisiete meses del gobierno de Ríos Montt pre-sentan una serie de características que pueden interpre-tarse como balbuceos fundacionales; es decir, como ex-presión contradictoria entre aprovechar el tiempo que le ofrecía la apertura política para preparar la “transición a la democracia”, e introducir ajustes permanentes al orden so-cial y político. Tales ajustes permitirían –en un momento en el que no existían límites constitucionales y todo el poder del Estado se concentraba en él– sentar ciertas bases para una “mejor sociedad”, que luego se consolidarían durante la futura democracia. Es posible que tales ajustes hayan sido pensados por Ríos Montt en sus años de exilio en España, luego de la frustración que le produjera el fraude electoral de 1974. En todo caso, este interés se expresaba en las campañas públicas para promover la honestidad de la administración, la movilización de maestros para reno-var la educación y los valores de la familia, y los mensajes dominicales en los que se exponían nuevos valores mora-les y sociales o el rescate de los tradicionales. En medio de los cambios necesarios para preparar la transición a la democracia, el Presidente de la República introdujo su pro-yecto de la “Nueva Guatemala” (según noticias de pren-sa, el término había sido la divisa de los ofi ciales jóvenes durante el golpe del 23 de marzo de 1982. Prensa Libre, 22-03-1998).

El proyecto de la “Nueva Guatemala” tenía un profun-do contenido religioso y moralista. Se basaba en los “prin-cipios de Dios” (y aunque pretendían no tener adscripción a confesión alguna, se consideraba que provenían de la Iglesia El Verbo). Según un entrevistado ligado a tal iglesia, tales principios debían aplicarse a la familia, al Estado y a la iglesia. Comprendían: i.- La educación y la responsabi-lidad que deben retornar a la familia, pues han sido absor-bidas por el Estado (consecuencia de lo cual el deterioro de este último y la pérdida de sus valores); ii.- El énfasis en el individuo por oposición a las masas o el medio am-

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biente (como hace el comunismo y el humanismo); iii.- La honestidad de las personas y de la administración pública (de donde resulta el lema “No robo, no miento, no abuso”, que se utiliza por parte de los servidores públicos); iv.- Los principios económicos refl ejados en la máxima “no prestar más de lo que se puede pagar”, la libre empresa y la libre competencia, el equilibrio del gasto y la privatización de las empresas pública; y v.- La redefi nición de las funciones del Estado (anticipándose así al principio de subsidiariedad) al que debía corresponderle la seguridad, la justicia y la defensa de la soberanía. (52)

El intento de poner en práctica el proyecto de la “Nue-va Guatemala” tropezó con varias difi cultades. En efecto, obligaba al equipo gobernante y a la burocracia estatal a poner los enunciados citados en práctica (lo que complica-ba la gestión pública y chocaba, por una parte, con la tradi-ción laica heredera de la Revolución Liberal entre algunos servidores públicos y con la fe católica de otros). En igual forma, introducía complicaciones en la estrategia de con-trainsurgencia y debilitaba la legitimidad que las Fuerzas Armadas esperaban obtener con otros grupos sociales, por las tensiones del Gobierno con éstos y por las posibles fracturas internas de la administración pública. A lo anterior debía añadirse que las incoherencias y contradicciones de la “Nueva Guatemala” (mezcla de planteamientos neolibe-rales, moralistas y religiosos, con contenidos populistas de derecha) hacían difícil traducirlo en proyectos específi cos para lograr el apoyo popular que se requería en las llama-das “áreas de confl icto”.

Los problemas ya señalados, a los que se sumaban las tensiones que provocó el grupo asesor por la ruptura de la jerarquía militar, así como los frentes que se abrió el presidente Ríos Montt con el CACIF (El Imparcial, 8-09-1982), la Iglesia católica (sobre todo a raíz de la visita del Papa) y los partidos políticos (por las presiones y la falta de acuerdo en torno al calendario electoral) (El Imparcial,

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5, 6, 28-07-1982) llevarían al “relevamiento del mando” del general Ríos Montt por “la vieja guardia militar que vio con recelo la participación de la ofi cialidad joven en decisio-nes técnicas político militares” (López Bonilla, Siglo XXI, 23-031998). El 8 de agosto de 1983, Ríos Montt fue susti-tuido por su ministro de Defensa, el general Oscar H. Mejía Víctores, quien ejercería el gobierno con el nombre de jefe de Estado. Era el viejo cargo que había desempeñado el coronel Enrique Peralta Azurdia en 1963, cuando el Ejérci-to asumió la conducción política del país por primera vez y por espacio de tres años.

III. BALANCE DE LOS PROCESOS ELECTORALES (1944-1982)

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III. BALANCE DE LOS PROCESOS ELECTORALES (1944-1982)

Es necesario tener presente que la mayor parte de los procesos electorales que se produjeron en Guatema-

la con anterioridad a 1985 no estuvieron rodeados de las condiciones de seguridad y certeza que justifi can la credi-bilidad y confi anza, con lo que son aceptados los que se practican de 1984 en adelante. Tal credibilidad se fue con-quistando, paulatinamente, conforme las autoridades elec-torales mostraron su independencia y autonomía frente al Ejecutivo y participaban todas las tendencias políticas exis-tentes (esto último no se produjo sino hasta 1996, con la suscripción de la paz).

Dentro del contexto antes indicado, varias de las elec-ciones que se efectuaron antes de la transición a la de-mocracia, en 1986, tuvieron imperfecciones y denotaron defectos en su organización. En efecto, en el marco de la lucha política y de la polarización ideológica que caracte-rizó la “Primavera de 1944”, fueron comunes las críticas a los procesos electorales de 1944 y 1950. En tales eleccio-nes se combinó la falta de procedimientos precisos y orde-nados, con abusos de poder y ausencia de imparcialidad. No obstante, se trató generalmente de quejas sobre irre-gularidades y utilización de recursos públicos en benefi cio de los “candidatos ofi ciales” (Arévalo y Arbenz) pero no de la alteración masiva y generalizada de resultados que se produjo a partir de 1974 hasta 1982 por ejemplo, según las

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denuncias de los propios perdedores en aquellas primeras consultas populares de las décadas de 1940 y 1950. (53)

Argumentos similares se esgrimieron contra los co-micios de 1958, en el sentido que el gobierno provisorio del coronel Guillermo Flores Avendaño, había favorecido la candidatura de “su compadre” Ydígoras Fuentes (Cruz Salazar, J.L. 1995:138). También hubo denuncias de frau-des en las legislativas de 1955, 1959 y, las más graves, en 1961, que fundamentaron el movimiento de marzo y abril de 1962 contra Ydígoras. No obstante, fue a partir de 1974 que la alteración de los resultados de las votaciones se vol-vió sistemática y global, con el fi n de modifi car las primeras posiciones de los resultados y luego preparar la elección de segundo grado, por los diputados del Congreso de la República

A esta estrategia premeditada y global de “alterar re-sultados”, se añadieron las limitaciones para formar nue-vas organizaciones partidistas, distintas de las inicialmente autorizadas en 1965, así como la arbitrariedad y los abu-sos de poder en la aplicación de la legislación política y electoral (ya de por sí restrictiva y antidemocrática). Ello contribuyó a desestimular la participación electoral y a des-legitimar de tal forma a las instituciones, que la insurgencia aparecía como una posibilidad –para muchos la única– de modifi car el orden político y social imperante en el país.

Dejaron de ser válidas las justifi caciones ideológicas que inicialmente se habían planteado entre 1963-1965 en nombre de la democracia, para limitar a la propia democra-cia y el libre juego de partidos políticos. Ello, sobre todo, cuando a los candidatos que aparentemente ganaban las elecciones (como ocurrió con el coronel Enrique Peralta Azurdia en 1978) se les impedía el triunfo, a pesar de ser anticomunistas declarados.

Entre 1944 y 1982, es posible distinguir dos momentos en relación con el comportamiento del electorado. Como lo pone de manifi esto el siguiente cuadro, en las elecciones

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presidenciales de 1944 y 1950, tal participación fue masiva. Por el contrario, a partir de las elecciones presidenciales de 1958, hasta las de 1982, la participación fue paulatina y sostenidamente decreciente.

CUADRO 1:GUATEMALA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN

ELECCIONES PRESIDENCIALES (1944 – 1982)

Año Participación electoral

% (*)

1944

1950

1957 (1)

1958

1966

1970

1974 (2)

1978 (2)

1982 (2)

97.6

71.6

n.d.

66.8

56.3

53.8

46.4

n.d.

45.8

(*) Votantes sobre inscritos(1) Elecciones anuladas por presunto fraude(2) Elecciones consideradas fraudulentasFuente: Bendel, Petra y Michael Krennerich. Guatemala: enci-clopedia electoral latinoamericana y del Caribe, CAPEL (sf).

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Para analizar lo anterior, resulta útil la distinción que se acostumbra en la ciencia política, entre dos tipos de causas que pueden infl uir en la participación electoral: la primera, atiende a la voluntad interna de la ciudadanía para asistir o no a las urnas a emitir su voto; tal tipo de causas muestra una motivación política y denota el entusiasmo y movilización de la ciudadanía para participar o para no ha-cerlo. La segunda causa, guarda relación con el contexto o entorno institucional; se refi ere a las facilidades que el régimen político concede o no para el ejercicio de este de-recho ciudadano. Entre ambos tipos de causas no nece-sariamente existe coincidencia, como parecen demostrarlo las cifras del cuadro 1.

En 1944 y 1950, el contexto o entorno institucional se caracterizaba como ya se indicó, por escasos controles, seguridades y regulación electoral (no existía ni un padrón electoral semejante al actual ni el documento de identifi ca-ción específi co: la cédula de ciudadanía que se utilizó en la década de 1960). Sin embargo, la participación fue muy elevada a pesar de las irregularidades que ya se comenta-ron, pero que no llegaron a generar alteraciones signifi cati-vas de los resultados, precisamente, por los márgenes tan altos que alcanzaron los candidatos ganadores, Arévalo y Arbenz, quienes superaron la mayoría absoluta (como se observa en el cuadro 2).

Por el contrario, en las elecciones presidenciales efec-tuadas a partir de 1957, hasta 1982, cuando se regularon más los procesos electorales y el entorno institucional se hizo más complejo, la participación decayó notablemente. Es muy posible que ello haya obedecido al desinterés por el descrédito y pérdida de legitimidad que los fraudes de las legislativas provocaba y, sobre todo, de las presidencia-les de 1974, 1978 y 1982.

Otra característica que también se evidencia al com-parar los dos períodos anteriores (1944-1954 y 1957-1982) es el número de candidatos participantes, como se des-

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prende del cuadro 2. En las elecciones de 1944 y 1950, compiten entre seis y nueve candidatos, mientras que en las de 1957,1958, 1966, 1970, 1974, 1978 y 1982, su nú-mero nunca excede de cuatro (generalmente fueron tres). Ello es testimonio de la rigidez y exclusión del régimen po-lítico, que consideraba que si no era posible la candidatura única (dado que en varias elecciones todos los partidos eran del mismo signo político) cuantos menos candidatos presidenciales participaran, más estabilidad y gobernabili-dad sería posible alcanzar (consideración que resultó total-mente errónea).

CUADRO 2: GUATEMALA: ELECCIONES PRESIDENCIALES

(1944-1982)

ELECCIONES 1944

Candidatos Partidos políticos Votos recibidosTOTALES %

Arévalo Bermejo, J. José

Frente Popular Libertador (FPL)Renovación Nacional (RN)

255,660 86.2

Recinos, AdriánFrente Democrático Nacional

20,949 7.0

Herrera, Manuel María

Partido Nacional de los Trabajadores

11,062 3.7

Flores Avendaño, Guillermo

Partido Social Democrático

8,230 2.7

Medrano, Teodoro

Partido Constitucional Democrático

342 0.1

Alvarado Tello, Bernardo

Partido Nacional Demócrata

115 0.1

TOTAL 296,358 100%

124


ELECCIONES 1950

Arbenz Guzmán, J.

Acción Revolucionaria (PAR)Revolución Nacional (RN)Integración Nacional

266,778 65.9

Ydígoras Fuentes, M.Unifi cación Nacional

76,897 19.0

García Granados, M.Partido del Pueblo

28,897 7.1

Giordani, Víctor Manuel

Frente Popular Libertador (FPL)

15,664 3.8

Galich, Manuel (*)Frente Popular Libertador (FPL)

7,118 1.7

Marroquín Rojas, Clemente

Unión Patriótica 6,598 1.6

Chévez Guillén, Arcadio

Frente Auténtico Revolucionario Socialista (FAROS)

4,041 0.9

Mendoza, Miguel Ángel

Unión Popular 1,684 0.4

Baldizón, Alejandro Independiente 712 0.1

TOTAL 404,603 100%

(*) Renunció durante la elección y apoyó a Arbenz.

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ELECCIONES 1957 (**)

Ortiz Pasarelli, Miguel

Movimiento Democrático Nacionalista (MDN)

198,931 54.7

Ydígoras Fuentes, Miguel

Partido Reconciliación Democrática Nacional (REDENCION)

138,323 38.0

Asturias Quiñónez, Miguel

Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG)

26,452 7.3

TOTAL 363,706 100%

(**) Anuladas por presunto fraude.

ELECCIONES 1958

Ydígoras Fuentes, Miguel

Partido Reconciliación Democrática Nacional (REDENCION)

190,195 40.6

Cruz Salazar, José Luis

Movimiento Democrático Nacionalista (MDN)

138,277 29.6

Méndez Montenegro, Mario

Partido Revolucionario (PR)

134,270 28.6

Ardón Fernández, Enrique

Unifi cación Liberal Nacionalista

5,999 1.3

TOTAL 468,741 100%

126


ELECCIONES 1966

Méndez Montenegro, J. César


201,077 43.9

Aguilar, Juan de Dios

Partido Institucional Democrático (PID)

146,085 31.9

Ponciano, Miguel Ángel

Movimiento de Liberación Nacional (MLN) 110,145 24.0

TOTAL 457,307 100%

ELECCIONES 1970

Arana Osorio, Carlos

Movimiento de Liberación Nacional (MLN)

251,155 43.7

Fuentes Pieruccini, Mario


202,981 35.3

Lucas Caballeros, Jorge


120,588 20.9

TOTAL 574,724 100%

ELECCIONES 1974 (***)

Laugerud García, Kjell

Movimiento de Liberación Nacional (MLN)Partido Institucional Democrático (PID)

298,953 44.6

Ríos Montt, Efraín

Democracia Cristiana Guatemalteca

228,067 34.0

Paiz Novales, Ernesto


143,111 21.3

TOTAL 670,131 100%

(***) Cifras ofi ciales, aunque cuestionadas por supuesto fraude.

127



Lucas García, Romeo

Partido Institucional Democrático (PID)Partido Revolucionario (PR)

269,973 42.3

Peralta Azurdia, Enrique

Movimiento de Liberación Nacional (MLN)Frente de Unidad Nacional (FUN)

211,393 33.1

Peralta Méndez, Ricardo


156,730 24.5

TOTAL 638,096 100%



Guevara, Anibal

Partido Institucional Democrático (PID)Partido Revolucionario (PR)Frente de Unidad Nacional (FUN)

379,100 38.9

Sandoval Alarcón, Mario

Movimiento de Liberación Nacional (MLN)

275,487 28.2

Maldonado Aguirre, Alejandro


221,810 22.7

Anzuelo Vielman, Gustavo

Central Auténtica Nacionalista (CAN)

99,047 10.1

TOTAL 975,444 100%


Fuente: Congreso de la República y autoridades electorales. Elaboración de Mario Luján M.

IV. EPÍLOGO

RECOMPOSICIÓN DEL RÉGIMEN

POLÍTICO: DEMOCRACIA BAJO TUTELA AUTORITARIA

(1982-1996)

131


IV. EPÍLOGO. RECOMPOSICIÓN DEL RÉGIMEN POLÍTICO: DEMOCRACIA BAJO TUTELA AUTORITARIA

(1982-1996)

Las leyes políticas

Al concluir la administración de Ríos Montt, concluyó también la incertidumbre y la relativa contradicción que

se originaba en la mezcla que exhibía la administración militar, entre los sueños fundacionales de la “Nueva Gua-temala” y el interés más inmediato del Ejército, de impulsar una apertura que produjera ajustes al régimen político, una nueva constitución y en consecuencia, mayor legitimidad para equilibrar la suerte de la guerra. El segundo gobierno militar retomó las leyes políticas, que con ocasión del pri-mer aniversario del golpe de Estado de 1982, había emiti-do Ríos Montt. Se trataba de una serie de leyes que había trabajado el Consejo de Estado (órgano creado el 17 de agosto de 1982), para hacer explícitas las nuevas reglas y procedimientos que defi nirían tanto la participación ciu-dadana como las competencias políticas futuras. Las nor-mas legales permitirían contar con autoridades electora les distintas, dotadas de mayor autonomía e independencia para organizar elecciones con mayor participación y credi-bilidad. En igual forma, proporcionar a la ciudadanía un documento de identifi cación electoral veraz y por último, defi nir una nueva legislación política y electoral, que sus-tituyera a la anterior y que eliminara las restricciones y arbi-trariedades que se aplicaron a los partidos políticos (sobre todo después del golpe de Estado de 1963). Todo ello se recogió en las leyes que a continuación se resumen:

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Ley del Tribunal Supremo Electoral (TSE) (Decreto Ley 30-83)

Tomando en cuenta la fragilidad de los procesos electora-les (desde 1944 en adelante) y, sobre todo, la perversión del régimen político a través de los fraudes reiterados (en-tre 1974 y 1982), contar con autoridades electorales inde-pendientes del Organismo Ejecutivo, honestas y dotadas de credibilidad y prestigio, constituía una condición funda-mental para la apertura política y la democratización. En este contexto, la nueva ley perseguía “…organizar el pro-ceso electoral para que el ciudadano ejerza el sufragio en forma libre y sin coacciones (...) y que el resultado sea fi el trasunto de la voluntad popular” mediante un “órgano autó-nomo y no subordinado a ninguna autoridad”. Dicho órga-no tendría competencia para aplicar las leyes electorales, organizar las elecciones, decidir la validez de las mismas o su nulidad y resolver lo relativo a la inscripción y funcio-namiento de las organizaciones políticas (Considerando y arts. 1 y 2).

Como se indicó en los capítulos anteriores, las autori-dades electorales habían sido una de las principales condi-ciones que permitieron la descomposición fi nal del régimen político, en la medida en que su subordinación y obedien-cia al Ejecutivo facilitaron el bloqueo a la organización y au-torización de nuevos partido políticos. Ello, mediante la in-terpretación arbitraria de los requisitos para inscribirlos, así como la manipulación de los resultados de los comicios. Para evitar esto, se elevó la categoría del órgano electoral (convirtiéndolo en Tribunal Supremo Electoral TSE). Para garantizar en la práctica su autonomía real, se optó por el procedimiento de integrar una “comisión de postulación”, responsable a su vez de elaborar las propuestas de nom-bramiento de los magistrados que lo conformarían. La co-misión de postulación estaría constituida por “académicos independientes”: el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), un representante de los rectores de

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las universidades privadas, de los colegios profesionales, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC y de las universidades privadas (art. 16).8

Ley del Registro de Ciudadanos (Decreto Ley 31-83)

Esta norma creaba una dependencia técnica del TSE para supervisar la inscripción de los ciudadanos, mantener actua lizado el patrón electoral y extenderles una nueva Cédula de Identifi cación Personal (CIP) que sustituyera a las cédulas de vecindad, documentos poco fi ables, exten-didos por las municipalidades y frecuentemente falsifi ca-dos. Es importante destacar que, después de más de dos décadas de que dicho documento fue considerado (1983) a la fecha no ha podido emitirse. Ello testimonia, por una parte, el carácter previsor de aquella norma y, por la otra, la inefi ciencia acumulada de las autoridades electorales.

Ley de Organizaciones Políticas (Decreto Ley 33-83)

La Ley de Organizaciones Políticas sustituyó a la ley elec-toral y a las normas constitucionales de 1965, al amparo de las cuales se había organizado el régimen político exclu-yente, durante los diecisiete años que funcionó. Eliminó la tradicional prohibición para la organización y funcionamien-to de las formaciones comunistas y totalitarias que se venía aplicando desde 1954, al amparo de la cual se cometieron tantas arbitrariedades y abusos de poder, para eliminar y/o bloquear opositores. También redujo de cincuenta mil a cuatro mil el número de afi liados necesarios para la ins-

8 La Constitución Política de 1985 retomaría esta idea de “abrir” a

la participación de gremios y/o de directivos de organizaciones educativas, la

nominación de candidatos para integrar algunos órganos del Estado. Con ello se

pretendía “democratizar” tal nominación, neutralizar o aminorar la intervención

política en la designación de funcionarios y alcanzar una relativa intervención

de la sociedad en tales procesos, acorde con el “espíritu de los tiempos”. Luego

134


cripción de partidos políticos, de los cuales, todos debían ser alfabetos. Estableció que los partidos políticos debían contar con presencia en por lo menos cincuenta municipios y doce departamentos. Con el tiempo estas condiciones se han convertido en expresión del carácter minimalista de los partidos políticos; pero, en aquellos años, se percibieron como una fl exibilización de las rigideces iniciales. Como estructura organizativa para las formaciones partidistas, defi nió tres niveles: el nacional, el departamental y el local. En el primer nivel situó a la Asamblea Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y el Secretario General. Ello perseguía contar con una organización común para todas las organi-zaciones partidistas (frente a la anarquía que había preva-lecido con anterioridad) y democratizarlas internamente.9

de más de dos décadas de experiencias de este tipo, algunos casos han mostrado

que el supuesto “blindaje” que las comisones de postulación deberían garantizar

en el nombramiento de magistrados y funcionarios no lo ha sido tanto y que han

aparecido grietas de alianzas y contubernios, en parte, producto de la pérdida de

la honorabilidad de las instituciones de las que provienen algunos de los miem-

bros de tales comisiones.

9 Esta legislación permitió organizar las primeras elecciones por

parte de la administración militar, para impulsar la “transición a la democra-

cia”. No obstante, la Asamblea Nacional Constituyente, además de emitir la

corres pondiente constitución, también promulgó el Decreto 1-85, Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que entraría en vigencia el 14 de enero de 1986

(al igual que la Constitución Política del país) cuando la nueva administración

demócrata cristiana tomó posesión. La LEEP fue objeto de reformas posteriores

en 1987, 2004 y 2006, algunas de cuales recogían compromisos contenidos en el

Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, suscrito como

parte de las negociaciones de paz, en Estocolmo, Suecia, el 7 de diciembre de

1996. Las inconsistencias y limitaciones que aún presenta la LEPP han motivado

discusiones para “continuar” con las reformas, a través de las llamadas de “se-

gunda generación”, dentro de un proceso que parece interminable y que no pro-

porciona el marco jurídico para la tan esperada modernización de los partidos

políticos en Guatemala

135


Ley del Registro General de Población(Decreto Ley 33-83)

Esta norma completaba el registro de ciudadanos y estaba destinada a preparar la información para identifi car a las personas, con el fi n de que contaran con la Cédula de Iden-tifi cación Personal (CIP). El registro de población debía ser general y específi co para la CIP. La relación o el interés que se sospechaba pudiera existir entre el Ministerio de la Defen-sa, así como el largo proceso de reinscripción de personas, generaron desconfi anza y críticas por parte de la ciudada-nía y de los partidos políticos y esta norma no se cumplió.

Elecciones a Asamblea Nacional Constituyente

Los líderes políticos tuvieron relaciones contradictorias con la administración de Ríos Montt. Después de apoyar el gol-pe, algunos de ellos, como el MLN, urgieron el retorno a la constitucionalidad y la DCG también indicó que el Gobierno podía perder respaldo popular si no entraba en este proce-so con celeridad (El Imparcial, 17-03 y 2-06-1982). Estas demandas fueron nuevamente reiteradas en octubre por el CAN, el MLN, la DCG y el PNR (El Imparcial, 28-10-1982) y luego por el FUR (El Imparcial, 15-02-1983). Inicialmente los partidos habían rechazado su participación en el Con-sejo de Estado, pero terminaron fi gurando en el mismo. Participaron: CAO, DCG, FUR, MLN y PNR; mientras que las or-ganizaciones de la última coalición ofi cial: PR, PID y FUN no fueron invitadas a hacerlo. (Decreto. 6582, Ley Orgánica del Consejo de Estado, tomo 102, Recopilación de leyes). Parte de la discusión entre el Gobierno y los partidos políti-cos representados en el Consejo de Estado se refería a la exigencia de los segundos para que la administración mi-litar defi niera un “calendario electoral” en el que se fi jaran fechas para el retorno al orden constitucional, lo que fue anunciado por el presidente Ríos Montt en junio de 1982.

136


El general Mejía Víctores, en su calidad de Jefe de Estado, ratifi có el calendario electoral (El Imparcial, 24-08-1993) y emitió el Decreto Ley 3-84, que contenía el pro-cedimiento a seguir para la convocatoria a elecciones a Asamblea Nacional Constituyente y las atribuciones de la misma (El Imparcial, 27-09-1983). Ello provocó una nueva discusión con los partidos políticos. Algunos opinaban que debía ampliarse la jurisdicción de dicha asamblea, con el fi n de integrar un gobierno provisorio, que Mejía Víctores rechazó. Ello representó una prueba de los alcances de la administración militar y del deseo de los partidos por medir hasta dónde podría extenderse la voluntad de apertura de la administración. Era obvio que los límites estaban dados y que el formato no se alteraría para regresar “antes de tiempo” a una gobierno civil. Las elecciones fueron fi jadas para el 1 de julio de 1984.

Para las elecciones a la Constituyente, se produjo un desbordamiento de organizaciones políticas, en compara-ción con la situación que había prevalecido en los últimos veinte años: en total se inscribieron diecisiete partidos. De este total, ocho se presentaban como opciones nuevas (dentro de las cuales se situaba la Unión del Centro Nacio-nal –UCN– que alcanzaría el segundo lugar en los comicios) mientras que el resto eran partidos que habían funcionado con anterioridad (entre ellos el PR, el PID y el FUN, que ha-bían pertenecido a la última coalición ofi cial).

La asistencia de los ciudadanos a las urnas fue sor-prendente en relación con la tendencia decreciente que se venía detectando desde 1958 y que muestra el cuadro 1. en páginas anteriores. Sin ser una elección presidencial (que generalmente está catalogada como la que motiva mayor participación) la de diputados a la Constituyente de 1984, registró la cifra récord de participación de 78.1%. La distribución del voto mostró una tendencia de predominio de las fuerzas de centro y centro derecha. El 26.2% de

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los sufragios se distribuyó entre UCN (13.7%) y MLN-CAN (12.5%). Por su parte, la DCG obtuvo (16.3%). Con ello, el total de estas agrupaciones políticas alcanzó 42.5% de los votos emitidos.

Transición a la democracia

Las condiciones en las que se produjo la apertura política y el retorno al orden constitucional, que fueron resumidas en los capítulos anteriores, confi rman su objetivo contrainsur-gente. En efecto, el aislamiento internacional y la pérdida de legitimidad interna que amenazaban las posibilidades mismas de un éxito militar, debido a la defensa de un ré-gimen político excluyente e impopular, así como las admi-nistraciones desacreditadas y espurias nacidas de fraudes electorales, constituía una preocupación obvia para el alto mando del Ejército. La actitud de la oposición no insurgen-te fue en un inicio de cautela, acostumbrada como estaba a los golpes de Estado periódicos que solían producirse en Guatemala. Dentro de este contexto, el carácter contra-insurgente fue uno de lo componentes específi cos, tanto del golpe de Estado de 1982 como de la apertura política posterior. En el campo conceptual, sin embargo, fueron los enfoques teóricos sobre las “transiciones políticas” (es-pecialmente el de la transición a la democracia), los que dominaron las interpretaciones de este fenómeno durante aquellos años.

Varias refl exiones sobre los procesos políticos comu-nes que estaban sucediendo en Centroamérica en la déca-da de 1980, partieron de la perspectiva anterior, la cual do-minaba las ciencias sociales de la época. Buena parte de los análisis se interesaron por conocer el comportamiento de las elites y de los principales actores y fuerzas políticas en relación con el proceso de democratización en la región (las Fuerzas Armadas, los empresarios, los grupos sindi-

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cales, la Iglesia). En igual forma, estudiar las estrategias desplegadas por tales grupos (acuerdos, pactos, alianzas, confl ictos y diferencias) así como las nuevas instituciones y procedimientos que estaban naciendo (constituciones, nuevos órganos, autoridades electorales, elecciones).10

Algunos de los trabajos de refl exión sobre la transi-ción a la democracia durante aquella época se centraron en el enfoque neoinstitucional y dieron mucho énfasis al análisis de la política como una esfera autónoma y rela-tivamente desvinculada del resto de fenómenos sociales que se estaban produciendo. Como consecuencia de lo anterior, se insistió en la transición como un intervalo o proceso; es decir, un momento durante y mediante el cual una serie de reglas del juego político y de instituciones se estaban transformando, hasta producir un nuevo orden político (Martínez Rodríguez, Antonia. 2000) pero sin que se ofrecieran elementos que contribuyeran a caracterizar la transición en cuanto tal. Es decir: el énfasis en la noción de intervalo o de proceso que implica la transición dejaba de lado las notas características del régimen político que, de hecho, estaba funcionando (desde 1982 hasta 1985 y luego durante los gobiernos civiles, entre 1986 y 1996, hasta cuando el con-fl icto armado concluyó) y sus propias limitaciones.

Ya fuera por contagio del entusiasmo o por infl uencia de los enfoques teóricos de lo que era la tendencia domi-nante de la ciencia política sobre el estudio de las transi-ciones a la democracia,11 lo cierto es que el interés estaba

10 Dentro de este interés, se crearon grupos de trabajo multidisciplinario

en varios países, (en FLACSO y el CSUCA por ejemplo), algunos de los cuales

produjeron documentos escritos y participaron en foros, diálogos y congresos

de ciencias sociales, en donde se presentaron tales elaboraciones (como en el

Octavo Congreso Centroamericano de Ciencias Sociales que se celebró en

Guatemala, en octubre de 1988).

11 Por ejemplo, del difundido estudio de Guillermo O´Donnell y Philippe

Scmitter en 1988, sobre Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusio-nes tentativas sobre las democracias inciertas, Buenos Aires: Paidós.

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puesto más en lo que sobrevendría (la esperada consolida-ción democrática, producto natural con el que debería con-cluir la transición), que en el análisis de los resultados que producía en Guatemala, la coexistencia real entre la guerra y esa transición a la democracia, que ocupó una década de la historia contemporánea del país (entre 1986 y 1996).

Esta insistencia en la transición dominó también el discurso de los gobiernos de la época, de los medios de comunicación y de buena parte de la opinión pública. Al fi nal de estos diez años y conforme las elecciones gene-rales seguían produciéndose al igual que avanzaban las negociaciones para alcanzar la paz, nuevos espacios po-líticos principiaron a abrirse (aún bajo la tutela que ejer-cían las fuerzas armadas) transformando paulatinamente el carácter inicialmente contrainsurgente de la transición a la democracia, al generar nuevas expectativas para la participación ciudadana. El régimen político que funcionó durante el proceso de transición, que se inició formalmente con la asunción de la administración demócrata cristiana en 1986 y que para algunos (como Mario Solórzano Martí-nez, 1997:9) concluyó con la fi rma de la paz en diciembre de 1996, se caracterizó por una serie de componentes ne-gativos para la democracia misma, derivados de su coexis-tencia con la guerra interna, pero cuyo análisis tendió a di-luirse dentro de la euforia relativa por los cambios políticos que se estaban operando.

Dentro del contexto arriba señalado, varios problemas acompañaron la transición a la democracia desde sus ini-cios y estuvieron, así, en la base misma de sus limitacio-nes. El centro de estos problemas derivó del orden mismo de los procesos históricos. En lugar de que la democrati-zación se hubiese desarrollado como consecuencia de la paz, fue al revés: la democratización precedió –y en gran medida– posibilitó la propia paz. A primera vista, esto po-dría no haber acarreado ninguna difi cultad ni limitación, pero sí fue así, porque la democratización coexistió con la

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guerra y ésta, lastró y envenenó las posibilidades mismas del funcionamiento y consolidación de nuevas instituciones democráticas y del desarrollo de una nueva cultura política. La coincidencia de la democratización en guerra fue nefas-ta para la primera, como se señala a continuación.

La coexistencia con la guerra interna y sus efectos

Los negativos efectos de la relación entre el régimen de-mocrático cuyos balbuceos se iniciaban y el confl icto arma-do que continuaba, no parecen haber sido sufi cientemente evaluados. Y una de estas consecuencias fue la sobrevi-vencia e incremento de valores autoritarios en el régimen y en la cultura política. Ello tuvo, a su vez, una conexión directa con el propio tipo de transición que se aplicó en aquellos años: una transición defi nida “desde arriba”, im-pulsada por los sectores ligados al poder autoritario que debía disolverse. Tales transiciones se conocen como “pac-tadas”, pues su surgimiento se basa fundamentalmente en compromisos con las elites y no en amplias movilizaciones populares y consensos que permitan la expresión de inte-reses sociales que incluyan a la oposición (Tangermann, K. 1995:8).

Como expresión de estas características autoritarias y de los temores y tensiones entre los cambios esperados y el lastre de fuerzas políticas temerosas de una apertura ex-cesiva, pueden considerarse los dos alzamientos militares frustrados de 1987 y 1988. Igualmente, fueron expresiones de formas tradicionales de resolver crisis políticas, sofo-cadas por tropas leales al Gobierno. Aparte del amotina-miento de los uniformados, estas dos intentonas pusieron en evidencia el débil apoyo que los partidos políticos con-cedían al orden constitucional amenazado, preocupados como estaban por el excesivo peso político que aparente-mente ostentaba la Democracia Cristiana en el poder.

141


Otro ejemplo de la sobrevivencia de los rasgos au-toritarios en la cultura política y en la forma práctica de ejercer el poder y enfrentar tensiones, se encuentra en el golpe de Estado, igualmente frustrado, al que recurrió el ex presidente Jorge Serrano Elías, el 25 de mayo de 1993, para resolver las difi cultades existentes ante un Congreso adverso que amenazaba enjuiciarlo y una prensa crítica, en medio de las tensiones sociales que provocaban sus políticas económicas: es decir, para enfrentar una crisis de gobernabilidad que el propio Presidente había contribuido a desencadenar y que, luego, no encontraba la forma de desactivar y resolver.12

A la natural oposición entre los valores democráticos (respeto, tolerancia, libertad de organización, participación y petición, derechos humanos y garantías civiles, rendición de cuentas, libertad de prensa, etcétera) y las limitaciones propias de todo confl icto armado interno (acciones milita-res, operaciones de inteligencia, control de información, de territorios, de comunicaciones, entre otros) hay que agregar el prematuro desgaste de las nuevas instituciones democráticas: el Procurados de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la independencia de los tribunales y juzgados, etcétera, así como las limitaciones para la re-novación de los partidos políticos y el resurgimiento del liderazgo de las organizaciones sociales y gremiales. Es posible considerar que una de las principales razones por las que los partidos y la clase política sean tan reacios a la modernización, se deba, precisamente, a la persisten-cia de los rasgos autoritarios, al clientelismo y al liderazgo oportunista, anidado durante tantas década en la cultura política del país y estimulada por la guerra interna.

12 Para lo cual recurrió a uno de los expedientes propios de la historia

política contemporánea de Guatemala y que había vivido en su juventud: el

golpe de Estado, esta vez con la aceptación pasiva de las fuerzas armadas, en un

principio. El éxito que había alcanzado el ex presidente Alberto Fujimori poco

tiempo antes en el Perú, con un golpe similar, terminó de convencer a Serrano

de las posibilidades de repetirlo en su país.

142


En este contexto, la cohabitación entre gobiernos ci-viles y Fuerzas Armadas en los diez años en los cuales funcionó el régimen político durante la llamada transición a la democracia, exigió constantes negociaciones y arreglos mutuos, en la medida en que los militares se habían reser-vado, de hecho, poder de veto respecto de las adminis-traciones civiles en algunos aspectos importantes (estra-tegia de la guerra y cuestiones conexas que podrían infl uir en la misma, como las negociaciones de paz, la apertura y participación políticas o la organización popular). Todo ello generó gobiernos débiles y una democracia tutelada, que se extendió a la intervención de ciertos intereses eco-nómicos aliados a los militares. Lo anterior incrementó la confusión y el desgaste ya indicado de las instituciones y provocó una sensación de fatiga y de desencanto con la democracia. Hay que señalar que, frente a la ausencia de salvaguardas expresas del poder militar en la Constitución (como sí ocurrió en la transición española y chilena por ejemplo), fue común que esta idea del veto fuera siempre negado por los presidentes civiles, quienes afi rmaron que siempre contaron con toda lo colaboración y el apoyo del Ejército durante aquellos años.

Es necesario insistir, en benefi cio de la transición a la democracia, que las elecciones generales que se prac-ticaron para prepararla (1985) y luego para sustituir a las administraciones de la Democracia Cristina (1990) y de Ramiro de León Carpio (1995) se practicaron garantizando la libertad de los electores en favor de las opciones polí-ticas que durante aquellos años lograron participar.13 Es decir, se respetó la voluntad popular, al igual que siguió aconteciendo de 1999 en adelante. Ello marcó un cambio sustancial con lo que ocurría respecto del régimen político en vigor entre 1954 y 1982, en tal sentido.

13 Hasta que, luego de la firma de la paz en 1996, pudieron practicarse

las primeras elecciones generales sin guerra interna y con posibilidad de partici-

pación de cualquier corriente política.

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Adicionalmente a la sobrevivencia de rasgos autori-tarios, otro de los problemas no resueltos con los que se inició la transición a la democracia en Guatemala (y que ha sido común al de otros procesos políticos semejantes en el continente) fue el de la impunidad por los actos crimina-les del pasado. Ello derivó del blindaje que las sucesivas administraciones (desde 1965 hasta 1985) impusieron a la justicia para la investigación de los excesos, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos durante esos años (y luego hasta el fi n del confl icto armado en 1996). El “silencio” y el “olvido” han sustituido a la investigación, el perdón y la reconciliación que se esperaba que suce-diera después de una contienda de la longitud e intensi-dad en violaciones a los derechos humanos como la que se produjo en Guatemala entre 1962 y 1996. En su defecto, ha quedado un vacío que se ha llenado ambivalentemente, con sentimientos de frustración y de impunidad. Se trata de un tema complejo y difícil (pues se deben incluir las dos partes que participaron en el confl icto) y de una discusión en la que debería de ventilarse la responsabilidad del Estado, discutirse los errores cometidos y aclararse la intervención de las diver-sas instancias de decisión durante los años de tal confl icto, dentro de una estrategia que muestre la importancia y el valor de la reconciliación y aleje el tema de la venganza.

El manejo de este tema ha distado mucho (durante los años de la transición y después de la fi rma de la paz) de responder a los propósitos indicados. En su defecto, se ha instalado entre la ciudadanía un sentimiento de impotencia y una preocupación por defenderse de la violencia y la de-lincuencia diaria (que se ha generalizado y profundizado sobre todo a partir de 2000) dejándose casi en el olvido las responsabilidades del pasado, para las cuales hay cada vez menos tiempo, interés y recursos.

Un tercer problema que se hizo evidente desde el ini-cio de la transición guarda relación con lo que parecen ser las aparentes difi cultades de comprensión del modelo de

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democracia representativa, basado en el concepto y en la práctica de la ciudadanía, así como en la representación de los intereses de la población, a través de los candidatos que ésta elige. Estas difi cultades para captar plenamente el sentido y funcionamiento de un régimen de democracia representativa derivan de varias razones. Por una parte, es posible considerar que no se haya logrado eliminar aún de la memoria colectiva el desprestigio de las administra-ciones del pasado que se proclamaban democráticas pero que negaban esa democracia mediante fraudes, violacio-nes a los derechos humanos y abusos de autoridad, como ya se indicó en los capítulos anteriores. También contribu-yen a explicar esta limitada comprensión de la democracia representativa la debilidad de la noción y de la práctica de ciudadanía en una sociedad en la que tradicionalmente, ha predominado la exclusión, la concentración del poder y la riqueza, el racismo y el irrespeto a la persona humana.

Como indica un analista refi riéndose a la región cen-troamericana “…resulta comprensible que tras décadas de dictaduras, la población entienda por democracia la reali-zación directa de sus intereses. Pero precisamente este elemento participativo es el que es ajeno en las democra-cias representativas-parlamentarias. La asimilación de los valores de la democracia liberal sólo es posible en un pro-ceso histórico de larga duración, que como es evidente, no se puede saltar” (Tangerman, K. 1995:9).

En el sentido arriba indicado, es posible considerar que la “democracia esperada” dentro del proceso de apertura polí-tica y de transición iniciado en 1986 en Guatemala, haya sido percibida como un sistema que permitiría la participación y la gestión directa de los intereses individuales o grupales, lar-gamente excluidos por las dictaduras y como una forma de resolver las graves carencias sociales y económicas también acumuladas durante tantos años de limitaciones y exclusión.

Creció el desencanto y desencuentro con la democra-cia electoral en la medida en que el sistema político puesto

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en práctica a partir de 1986 no logró instancias de media-ción para facilitar, de alguna forma, esta gestión directa de los intereses o en el peor de los casos, que los ciudadanos o grupos (sobre todo los más excluidos y apartados de las decisiones políticas) tuvieran canales para “ser oídos” por las esferas gubernamentales.

Un ejemplo que apuntala esta interpretación sobre las difi cultades de comprensión de la democracia representati-va, se encuentra en las elecciones de diputados distritales. En este caso es donde se siente con mayor intensidad la difi cultad para que el electorado capte y acepte que el dipu-tado electo a través de una consulta popular, se “indepen-diza” del mandato del elector, para actuar en “nombre del pueblo” (y no de una circunscripción menor como el depar-tamento o de un grupo local). Ello ha originado problemas en muchas poblaciones del país, ha sido causa frecuente de críticas al sistema político en su conjunto y ha contribui-do a la escasa credibilidad del Congreso. Otra cosa sucede con las corporaciones municipales, en las que la inmedia-tez entre la comunidad y sus representantes puede tradu-cirse en formas de relación más estrechas (como los ca-bildos abiertos, las reuniones de los concejos municipales o comunitarios de desarrollo) que permiten comunicación entre vecinos y autoridades electas.

Las referencias anteriores sobre posibles problemas derivados del desencanto con la democracia electoral y la pérdida de credibilidad de las instituciones, reenvían a un tema más complejo y que requiere mayor refl exión: la ne-cesidad de un reaprendizaje y de una nueva práctica po-lítica, que supondría considerar que no basta con editar nuevamente las instituciones republicanas y la democracia representativa, cuyos principios han estado largamente va-ciados de contenido durante la historia independiente de Guatemala (según se analizó en los capítulos anteriores de este documento). Se trata, obviamente, de una cuestión más compleja que la que se ventiló en este texto.

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V. CONSIDERACIONES FINALES

El presente texto se propuso analizar las relaciones en-tre el régimen y las prácticas políticas, por una parte, y

el confl icto armado, por la otra. El enfoque en el que des-cansó el análisis, reconoce la multicausalidad del confl icto y la difi cultad y el peligro que encierra pretender identifi car una sola variable como la responsable del mismo.

De acuerdo con lo indicado, la investigación intentó demostrar que las restricciones que el Estado guatemalteco impuso desde 1954 hasta 1982 para que sus ciudadanos pudieran organizarse libremente en asociaciones y parti-dos políticos, proponer candidatos a puestos de elección, dirigir peticiones a las autoridades o mostrar su desacuer-do con las políticas públicas a través de manifestaciones de diverso tipo (concentraciones, marchas, movilizaciones, protestas, etcétera) fueron minando las bases de sustenta-ción política de dicho Estado y provocando su pérdida de credibilidad y descrédito. En igual forma, generó el paula-tino convencimiento, luego de dos constituciones políticas (votadas en condiciones restrictivas y sin garantías de libre juego democrático), que las limitaciones a las libertades políticas y a las garantías individuales, lejos de fl exibilizar-se en Guatemala, se acentuaban con el paso del tiempo.

El Estado guatemalteco, en aplicación de una concep-ción limitada de la democracia y que presumiblemente es-taba destinada a proteger, resolvió, desde 1954, excluir de la participación política a aquellos ciudadanos que milita-ban o simpatizaban con organizaciones consideradas co-munistas. Como consecuencia de ello, elaboró y mantuvo

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actualizados listados de sospechosos, que fueron despe-didos de sus puestos en el servicio público o impedidos de asumirlos, expatriados del país o limitados para retornar al mismo. La inclusión en tales listados determinaba una pre-sunción de peligrosidad para las personas que aparecían registradas en ellos. Se consideró igualmente delictivo y penado pertenecer a organizaciones consideradas comu-nistas, la tenencia y circulación de libros, textos, folletos, películas, etcétera que pudieran ser catalogas como pro-paganda o viajar sin autorización expresa, a países repu-tados como tales.

Las restricciones arriba indicadas estaban basadas en consideraciones ideológicas y pretendían defender a la sociedad y a sus miembros, de lo que la Guerra Fría había contribuido a dimensionar a escala planetaria como un peligro mundial. Un proceder de este tipo era intrínse-camente antidemocrático, violaba los derechos humanos y las propias garantías individuales que las constituciones de 1965 y 1965 contemplaban. En la medida en que en dichas garantías expresamente se prohibía el comunismo, éste se convertía en el límite mismo para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Paralelamente al propósito específi co dentro del cual se defi nían las disposiciones restrictivas mencionadas (la polarización ideológica Este-Oeste) tales disposiciones empezaron a ser utilizadas para fundamentar abusos de poder y prácticas arbitrarias contra opositores diversos, cu-yas actividades políticas no se enmarcaban precisamente en supuestos ideológicos y se aplicaron amplia y antojadi-zamente a cualquier ciudadano que no coincidiera con el Gobierno. Con el transcurso del tiempo, las justifi caciones ideológicas iniciales para mantener un orden político ex-cluyente y una participación política limitada fueron cedien-do, ante la consolidación de intereses de un sector de las Fuerzas Armadas que, en alianza con civiles y políticos, mantuvieron las rigideces del régimen y recurrieron a frau-

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des electorales reiterados. Ello con el fi n evidente de per-petuarse en el poder y no, necesariamente, de defender a la sociedad contra del peligro comunista.

En este orden de ideas, puede considerarse que, en-tre 1954 y 1974, funcionó un régimen político en el que las limitaciones antidemocráticas y la exclusión se justifi caban por razones ideológicas: la necesidad del anticomunismo y de continuar la lucha contrainsurgente. No obstante, a partir de 1974 y hasta 1982, tales fundamentos fueron per-diendo sentido, en la medida en que las Fuerzas Armadas (que se habían convertido desde el golpe de Estado de 1963 en uno de los principales centros de poder) convo-caron a su alrededor a un abanico de intereses privados y económicos, para integrar con ellas una alianza, a través del control del aparato del Estado.

Lo anterior le permitió a un sector de la cúpula militar y a los civiles y políticos coaligados con éste, acceder a benefi cios y prebendas (tráfi co de infl uencias, negocios al amparo del poder y de la violación de las leyes, corrupción, impunidad, etcétera). Para defender estas posiciones, re-chazaron la incertidumbre que suponía permitir el ya limi-tado juego de opciones que contemplaba el sistema po-lítico establecido en 1965, representado por la existencia de sólo cuatro organizaciones partidistas autorizadas, que presentaban candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y a diputados al Congreso: el PR, el MLN, el PID y la DCG. Con tal propósito, se practicaron elecciones generales sólo entre las formaciones políticas permitidas, pero con resultados arreglados de antemano.

Se recurrió a un procedimiento no legislado, que con-sistía en que el partido ofi cial por excelencia –el PID–, pro-ponía como candidato presidencial al último ministro de Defensa de la administración saliente e impulsaba alianzas con las restantes organizaciones partidistas. Las cifras de las votaciones eran alteradas para permitir que el candida-to ofi cial apareciera encabezando los resultados, aunque

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sin obtener la mayoría absoluta requerida. El Congreso de la República, controlado por la coalición ofi cial, confi rmaba el triunfo de quien se situaba en primer lugar y la situación se convertía en un hecho consumado, contra la cual no cabían recursos de nulidad (el Congreso los rechazaba). Las manifestaciones eran reprimidas por la fuerza pública, pues el confl icto armado añadía un ingrediente de amena-za a la seguridad nacional a cualquier expresión de discon-formidad social que pudiera producirse.

Del análisis de los hechos narrados en este texto, es posible concluir que la polarización ideológica, el clima in-ternacional de la Guerra Fría y del anticomunismo por una parte, así como el desarrollo del confl icto armado (a partir de la década de 1960) constituyeron las causas fundamen-tales que explican el tipo de régimen político excluyente y limitado que funcionó en Guatemala, durante más de 30 años. En la medida en que tales causas reforzaron el papel político protagónico y la función arbitral que las Fuerzas Ar-madas fueron adquiriendo a partir del golpe de Estado de 1963, también determinaron el giro posterior del régimen político; lo que en este informe se señaló como la etapa de su perversión. En este sentido, es posible considerar que si la polarización ideológica y política entre comunismo y anticomunismo no se hubiera producido en los términos en que se plantearon en Guatemala y si el confl icto armado no hubiera alcanzado la magnitud a la que llegó, las fuerzas armadas tampoco hubieran logrado acumular el poder po-lítico y la capacidad de intervención que exhibieron durante estos años.

Sin embargo, el involucramiento político del Ejército y los márgenes elevados de su autonomía relativa, fueron producto de un largo proceso que se inició con la Revo-lución de 1944. En efecto, dicho movimiento propuso un viraje en el papel del Ejército para apartarlo de los vicios que le impusieron las últimas “dictaduras liberales”: un des-empeño similar al de una “guardia pretoriana”, en la que

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los ofi ciales debían obedecer las órdenes del Presidente, servir los fi nes de persecución de sus enemigos políticos, mantener un estricto control social y reprimir a la población. Para ello, la Revolución de 1944 impulsaría tres objetivos que en mayor o menor medida, han estado presentes a lo largo de las últimas cinco décadas de la historia de la institución armada: su modernización, profesionalización e institucionalización.

Los cambios que se produjeron en la sociedad gua-temalteca y en el contexto internacional luego de la caída de la dictadura de Ubico fundamentaron, entre muchos de los ofi ciales de las fuerzas armadas, la percepción de su importancia política frente a la debilidad del aparato del Es-tado, de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil. En igual forma, posibilitaron las perspectivas de arribar a alianzas tácitas o explícitas con los sectores li-gados al capital, para ocupar posiciones de poder. Es decir, para acelerar su ascenso social.

Dentro del contexto anterior, la crisis de 1963 incre-mentó la autonomía relativa de las fuerzas armadas frente a las clases sociales poderosas y los grupos de interés, y permitió un proceso de militarización de la sociedad, en el que el Ejército controló cada vez más el aparato del Esta-do, conforme la guerra de insurgencia y contrainsurgencia avanzaba.

El golpe de Estado de 1982 puso de manifi esto una crisis en el seno de las Fuerzas Armadas, representada por el rechazo de la ofi cialidad hacia el modelo indicado en los párrafos anteriores, en el que un sector de la cúpula militar participaba directamente en el Gobierno y garantizaba la continuidad de sus intereses, en alianza con civiles. Esta si-tuación se consideró como desgastante internamente para el Ejército y peligrosa por los efectos que podría producir en la suerte fi nal de la guerra. En este sentido, el golpe de 1982 implicó un cambio en la perspectiva y en la posición del Ejército y creó las condiciones para la apertura política

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y el inicio de la transición democrática, a través del retiro gradual y dosifi cado de los uniformados a sus cuarteles.

El golpe de Estado de 1982 representó un cambio en el involucramiento político del Ejército, aunque no ori-ginó modifi caciones similares en cuanto a la estrategia de contrainsurgencia defi nida desde fi nales de la década de 1960. En este campo, las líneas centrales se mantuvieron, salvo en cuanto a la participación de organizaciones para-militares y en las consecuencias directas que ello llevaba aparejado: concebir el confl icto armado como el producto del choque de grupos extremistas, para mantener supues-tamente al margen al Estado (que fue la estrategia discur-siva que utilizara fundamentalmente la administración de Lucas García, para responsabilizar a grupos extremistas de derecha y de izquierda, ajenos al Estado, de la galopan-te violencia ocurrida durante aquellos años).

Por el contrario, con posterioridad a 1982, la guerra in-terna se consideró como el enfrentamiento del Estado con fuerzas irregulares, en el marco de una estrategia domina-da por intereses internacionales y de los correspondientes apoyos externos que recibían los insurgentes. Una de las consecuencias de esta percepción fue la fi gura de los tri-bunales de fuero especial, que representaron un régimen de excepción para ciertos delitos, pero que involucraban directamente al Estado en el conocimiento sumarísimo y en la aplicación de graves sanciones para tales delitos, pero no a organizaciones paramilitares, que en los años anteriores habían sido los canales utilizados para ejecucio-nes extrajudiciales de personas. En todo caso, el recurso a tales tribunales se suprimió en agosto de 1983.

El desgaste y descrédito de las instituciones políticas y del Estado guatemalteco, que se acentuó a partir del fraude electoral de 1974 y el aparente convencimiento de que el orden político, lejos de fl exibilizarse, se hacía más rígido y excluyente, infl uyeron y alimentaron la decisión de muchos ciudadanos pertenecientes a diversos estratos so-

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ciales, de incorporarse a la insurgencia para alcanzar a, través de ella, el cambio político y social que el Estado re-chazaba. El fracaso de la estrategia del Frente Amplio en 1979, así como los asesinatos de dirigentes populares que no militaban en organizaciones insurgentes y de líderes de la socialdemocracia, ejercieron una fuerte infl uencia en tal sentido y tuvieron un gran valor simbólico dentro de la po-blación, al mostrar que tampoco era posible una oposición “no armada” en Guatemala y que todas las opciones apa-recían clausuradas. La violencia indiscriminada y el terror contribuyeron a fortalecer esta percepción, en la medida en que el Estado aparecía como un enemigo del ciudadano; lejos de protegerlo, lo perseguía y asesinaba.

El tipo de régimen y la práctica política formaron parte del conjunto de causas que contribuyeron a desencadenar y mantener el confl icto armado interno en Guatemala. En algunos momentos, esta relación apareció más clara que en otros. Por ejemplo, durante los años de la primera etapa de la insurgencia (1962-1966) años que coinciden con la crisis de marzo y abril de 1962 y con el Gobierno de fac-to del coronel Peralta Azurdia, fueron comunes los llama-mientos de las fuerzas guerrilleras para que la población se involucrara contra la “dictadura militar”. Cuando el régimen varió y se convocó a elecciones generales en las que el triunfo correspondió al PR (y antes que se conociera el con-tenido del pacto secreto entre este partido y las Fuerzas Armadas) las organizaciones insurgentes fueron presas de contradicciones internas sobre la posición a seguir. El PGT terminó por forzar la línea de apoyo a la candidatura de Méndez Montenegro, mientras que las FAR adoptaron una tregua no declarada.

Por otra parte, el fraude electoral de 1974 originó una verdadera crisis en la Democracia Cristiana, la que pro-vocó la escisión de sus dirigentes y de no pocos de sus militantes, algunos de los cuales optaron por continuar en el partido y otros, al convencerse de la inexistencia de con-

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diciones para ello, terminaron engrosando las fi las insur-gentes. En igual forma, el fraude electoral de 1982 también acrecentó las críticas de las organizaciones insurgentes, las que se focalizaron contra el golpe de Estado de 1982, considerándolo un “disfraz del continuismo”.

En otros momentos, el tipo de régimen y la práctica política tuvieron una infl uencia distinta sobre el confl icto armado; es decir, contribuyeron a desactivarlo. Conforme se desarrollaba la apertura política que debía preparar la transición democrática y se diferenciaba el régimen político respecto del anterior, también se hacían sentir sus efectos sobre los fundamentos de la guerra interna, pero en senti-do inverso. Éste fue uno de los principales argumentos de la administración demócratacristiana para insistir sobre lo infundado de mantener la confrontación militar, por ejem-plo, y la necesidad de iniciar la negociación. Fue necesario esperar algunos años para que en los dos bandos arma-dos (Ejército y guerrilla), se sedimentara el convencimiento de la negociación como única salida de la guerra. En este sentido, pueden considerarse como determinantes en el cambio de estrategia de las fuerzas insurgentes la derrota militar de 1981-1982, su percepción sobre la imposibilidad de reconstituir un ejército popular, así como los cambios políticos que se fueron dando a partir de 1986. Del lado del Ejército, las condiciones que lo llevaron a aceptar la solución negociada fueron aparentemente más difíciles de aceptar y generaron mayores tensiones y acomodos; pero, al fi nal, la razón se impuso y la negociación avanzó hasta la conclusión del confl icto en diciembre de 1996.

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VI. CITAS POR CAPÍTULOS

Capítulo 1.

(1).- El positivismo, el evolucionismo y el darwinismo social eran fi losofías sociales hostiles a sociedades integradas por pueblos no europeos y estaban igualmente sustenta-das en una concepción individualista que consideraba lo comunitario, como propio de un estadio anterior y atrasa-do, respecto del industrialismo europeo.

(2).- La concepción liberal de la educación y su prác-tica a través de la castellanización, la alfabetización, la codifi cación de las leyes y de los procedimientos adminis-trativos, así como la difusión de nuevos símbolos patrios (escudo, bandera, himno, héroes, etcétera), fundamenta-ron una nacionalidad en la que lo indígena era un referente más bien negativo y un obstáculo al progreso. En este sen-tido, la homogeneización social se lograría asimilándose al mundo occidental y a sus valores. En la construcción de la nueva nacionalidad, la cultura indígena ocuparía un lugar sufi cientemente lejano en el pasado imaginario, para no generar problemas en el presente (la grandeza histórica precolonial, la arquitectura, el calendario, la astronomía, las matemáticas, y la escritura maya, por ejemplo). Mien-tras tanto, los indígenas “reales” (los herederos de una grandeza considerada como ya extinguida) tendrían que funcionar como un grupo social en transición hacia una so-ciedad moderna y homogénea. Mientras esto ocurría, de-bían trabajar para engrandecer a la patria y, sobre todo, los intereses de la oligarquía cafetalera. Parte de estas ideas

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sobrevivieron y siguieron desarrollándose después del fi n de la República Liberal en 1944. Esta separación y tensión entre el “indio ideal” y el “indio real” no empezaría a cues-tionarse sino hasta la década de 1970.

(3).- Ese fue el caso de las movilizaciones populares que llevaron al fi n de la dictadura de Estada Cabrera en 1920, de la desobediencia civil que en junio de 1944 provo-có la renuncia de Ubico y del propio movimiento del 20 de octubre de 1944 que derrotó la dictadura del general Ponce Vaides (a quien Ubico había encomendado el gobierno a su salida). En igual forma, las reivindicaciones que sindica-tos obreros, asociaciones de maestros, de estudiantes de secundaria, universitarios, así como profesionales liberales desarrollaron en 1956 y 1962, para exigir el respeto a las li-bertades cívicas y políticas, elecciones libres, la eliminación de restricciones al funcionamiento de partidos políticos, la independencia efectiva del Organismo Judicial, supresión de los “listados de sospechosos” que se organizaron a par-tir de 1954, etcétera. A pesar que desde 1962 se registra-ron las primeras acciones de la insurgencia, durante varios años, por ejemplo, el propio partido comunista y otros diri-gentes populares mantuvieron estas reivindicaciones “re-formistas”, inspiradas en el retorno a las libertades cívicas y políticas del período 1944-1954. Hay que recordar que no fue sino hasta que el régimen terminó por militarizarse y endurecerse, cerrando cada vez más los espacios de parti-cipación, que se abandonó el discurso democratizador, en función de la “revolución y el socialismo”.

Capítulo 2.

(1).- Durante los seis años de la administración de Arévalo (1945-1951) se registraron 32 complots para derribarlo (Sie-rra Roldán, T. 158:34. Flores Avendaño, G. (1), 1974:337). El más grave ocurrió en julio de 1949, como consecuencia de la muerte del coronel Francisco Javier Arana, jefe de las

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Fuerzas Armadas. Arana era el líder de la derecha y pre-sunto candidato presidencial para 1950, según el “Pacto del Barranco”, suscrito en 1945 y por el cual los partidos ofi cialistas se habían comprometido a apoyarlo, en aras de la gobernabilidad y continuidad del proyecto revolucio-nario. Su muerte se produjo en un confuso incidente, con ocasión de su aprehensión por parte de una comisión del Gobierno, pues a pesar del pacto, se consideraba que fra-guaba una intentona golpista (Villagrán K. F. 1994:67). El levantamiento posterior de la Guardia de Honor y su control por fuerzas leales a Arévalo con apoyo popular, provocó la radicalización del movimiento revolucionario, así como un distanciamiento irreversible entre derecha e izquierda en el país, polarizando aún más sus diferencias.

(2).- Nacido del mutualismo y reclutando sus primeros miembros entre artesanos y trabajadores manufactureros interesados en mejoras salariales, los primeros sindicatos obreros se agruparon tras la bandera del Unionismo que derrocó a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera en 1920. Fueron perseguidos durante la década de 1930 y renacie-ron en junio de 1944, pocos días después del exilio del dic-tador Jorge Ubico, con la fundación de la Confederación de Trabajadores de Guatemala (CTG) encabezada por obreros de simpatía comunista. La misma se escindió para dar lugar a la Federación Sindical de Guatemala (FSG) y a la Federa-ción Regional Central de Trabajadores (FRCT). En octubre de 1951 se constituyó una central unitaria: la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG). Luego de la revisión del Código de Trabajo, emitido en 1947 y que limitaba la organización sindical a las fi ncas que tuviesen menos de quinientos trabajadores, se formó en 1952, otra central unitaria: la Confederación Nacional Campesina de Guatemala (CNCG), que se incorporó a la CGTG, con lo que prácticamente se alcanzó la meta de la unifi cación obrera. En 1954, la CGTG indicaba contar con 104 mil miembros y el control de un tercio de los trabajadores urbanos, aun-

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que menor infl uencia entre los rurales (Bulmer Thomas, V. 1989:183-184. Díaz Rozzotto, J. 1971:110-129. Alvarado, Huberto, 1974:72). Algunas de estas corrientes volverían a aparecer en los años 60, cuando el régimen fl exibilizó sus posiciones frente al movimiento obrero.

(3).- El 5 de noviembre de 1950, pocas semanas an-tes de las elecciones que le darían el triunfo a Arbenz, con 66% de los votos emitidos contra el 19% de su adversario más cercano (el general Miguel Ydígoras Fuentes), Castillo Armas comandó el asalto a la Base militar de La Aurora. Fue herido, capturado y enjuiciado, escapando luego de la Penitenciaría Central con la ayuda de otros ofi ciales. La desconfi anza de Castillo Armas hacia el rumbo que toma-ba la Revolución, al igual que la de otros de sus colegas, se inició desde los primeros años de ésta. Castillo Armas, lejos de participar en el movimiento del 20 de octubre de 1944, se situó del lado de la administración del general Ponce Vaides, pues siendo instructor de artillería, bom-bardeó desde el Castillo de San José, a los alzados de la Guardia de Honor (Menchú, A, 1958: XIII). Según lo indica Castillo Armas con sus propias palabras:

“En 1946, siendo ya teniente coronel del Ejército, me di cuenta de la impulsión hacia la izquierda que comen-zaba en la católica Guatemala (…) comenzó entonces mi lucha contra el comunismo. No fue una lucha fácil, porque el comunismo no se manifi esta abiertamente. En 1953 lle-gamos a la conclusión que era impostergable barrer con la plaga que había caído sobre nuestra patria...” (Bonilla Ruano, compilador, sf: 3).

(4).- Aún y cuando en 1954 el café y el banano repre-sentaban 90.8% del total de las exportaciones de Guate-mala, las ventas de algodón al exterior generaron para el mismo año, ingresos de US$ 3.7 millones (Bulmer Thomas, V. 1989:169 y 208).

(5).- Aplicando el enfoque de la “burguesía nacional” propia de los análisis marxistas que se hacían en aquella

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época, uno de los miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) indicaba que “Al principiar la década de 1940, las diversas fracciones de las clases dominantes no tenían diferenciación por el propio grado de entrelazamiento de los intereses agrícolas, industriales, comerciales y banca-rios (…) Algunas contradicciones (…) fueron resueltas por el gobierno ubiquista en favor de la oligarquía terratenien-te. (Con la Revolución), sólo una fracción de la burguesía, aquella cuyos intereses tenían un arraigo nacional, apoyó una parte de la política arbencista (...) pero mantuvo su cautela en cuanto a afectar al imperialismo y su total pre-vención al papel de la clase obrera y los campesinos. En la medida en que la Revolución se profundizaba (…) trató de frenar el impulso, se alejó o se esforzó por ganar a las capas medias acomodadas (…) las que fueron pasando a un segundo o tercer plano o se quedaron a la expectativa. Las capas asalariadas revolucionarias, la clase obrera y los campesinos fueron ocupando los puestos avanzados, aunque sin llegar los dos últimos a tomar la dirección del movimiento.” (Alvarado, Huberto. 1974:73-74).

(6).- En 1952, la United Fruit Company (UFCO), la compañía bananera que poseía vastas extensiones de tie-rras en el país, convenció a la administración del presiden-te Harry Truman de iniciar operaciones encubiertas contra el gobierno guatemalteco, con el apoyo del dictador Anastacio Somoza, de Nicaragua, la que fue posteriormente abandona-da. En marzo de 1953, bajo la administración Eisenhower, la UFCO patrocinó la toma de Salamá por un grupo de expedicio-narios, la que fue controlada por fuerzas de seguridad. Ante el fracaso de esta nueva aventura, en agosto de 1953 el gobierno norteamericano tomó la decisión de intervenir en Guatemala y encomendó la operación a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y al Departamento de Estado (Schele-singer, S. y S.Kinzer 1982: 121-122).

(7).- En marzo de 1954, durante la X Conferencia de la OEA realizada en Caracas y a propuesta de la delega-

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ción estadounidense, se emitió la “Declaración de soli-daridad para la preservación de la integridad política de los Estados americanos en contra de la intervención del comunismo”. La resolución se votó con dos abstenciones: Argentina y México y un voto en contra: el de Guatemala. Desde la Conferencia de Bogotá en 1948, EEUU había es-tado insistiendo que el sistema interamericano condenara la injerencia del comunismo internacional en el hemisferio. Para tener una base jurídica en la cual apoyar su interven-ción en Guatemala, EEUU insistió en que, la X Conferen-cia adoptara una resolución anticomunista, que aunque no mencionaba directamente al país centroamericano, no de-jara duda alguna en cuanto a la intención. Esta decía “…la dominación o el control de las instituciones políticas de cual-quier Estado americano por el movimiento comunista inter-nacional (...) constituiría una amenaza contra la soberanía e independencia política (de tales Estados), pondría en peligro la paz de América y exigiría la acción apropiada de conformi-dad con los tratados existentes” (Boesner, D. 1996:193).

(8).- En la “Carta Política” que el ex presidente Juan José Arévalo dirigió a los guatemaltecos al aceptar su no-minación para las elecciones de 1963 –y que como se in-dica más adelante fue determinante para desencadenar el golpe de Estado del 30 de marzo de ese año contra el general Ydígoras Fuentes– el candidato resumía así la in-tervención de 1954: “Media docena de militares y media docena de civiles guatemaltecos fueron alquilados para si-mular una revolución de frontera, seguidos de un ejército de mercenarios, en su mayor parte hondureños, mientras que en la ciudad de Guatemala, el embajador de los Esta-dos Unidos, John Perifoy, corrompía con dinero a los prin-cipales jefes del Ejército y conminaba al presidente Arbenz para que abandonara el poder. Una renuncia cobarde y la entrega de la banda presidencial a un funcionario inhabi-litado (...) culminó con la ocupación del país por agentes políticos de Wall Street…” (Carta Política, 1965:7). Las afi r-

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maciones de Arévalo desataron réplicas por parte de algu-nos protagonistas del Movimiento de Liberación, las que, en la atmósfera de polarización ideológica prevaleciente, no contribuyeron a aclarar los hechos. Las publicaciones posteriores de ex agentes de la CIA y de responsables es-tadounidenses de la operación encubierta, arrojarían más elementos y demostrarían la participación norteamericana que siempre había sido minimizada por los responsables de dicho Movimiento. La versión de Arévalo simplifi caba y caricaturizaba los acontecimientos, que tampoco sucedie-ron así; perseguía ganar apoyos en las fi las de la izquierda, pero también demarcarse de la administración de Arbenz, al que tildaba de cobarde.

(9).- Durante estos días se registraron los siguientes “gobiernos de hecho”, que evidencian la fragilidad y las difi -cultades por lograr una mínima gobernabilidad en los años posteriores a la intervención de 1954:

a.- Presidente provisional y jefe de las Fuerzas Ar-madas, 27 y 28 de junio de 1954. Coronel Carlos E. Díaz, quien emite sólo dos decretos: uno, esta-bleciendo el estado de sitio y el otro, una Junta de Gobierno en la que incorpora al coronel Elfego H. Monzón.

b.- Primera Junta de Gobierno, 28 y 29 de junio de 1954. Coroneles Carlos E. Díaz, J. Angel Sánchez (Ministro de la Defensa de la administración de Arbenz) y Elfego H. Monzón (ministro sin cartera de la misma administración).

c.- Segunda Junta de Gobierno, 29 de junio a 3 de ju-lio de 1954. Coronel Elfego H. Monzón (presidente de la Junta) y tenientes coroneles José Luis Cruz Salazar y Mauricio Dubois.

d.- Tercera Junta de Gobierno, 3 a 7 de julio de 1954. Coronel Elfego H. Monzón (presidente de la Junta), tenientes coroneles Carlos Castillo Armas, José Luís Cruz Salazar, Mauricio Dubois y mayor En-rique T. Oliva.

e.- Cuarta Junta de Gobierno, 7 de julio a 1 de sep-tiembre de 1954. Teniente coronel Carlos Castillo

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Armas (presidente de la Junta), coronel Elfego H. Monzón y mayor Enrique T. Oliva.

f.- Presidente de la República, 1 de septiembre de 1954 a 26 de julio de 1957. Teniente coronel Carlos Castillo Armas (Tomo 73, Recopilación de Leyes).

(10).- Para simbolizar las buenas relaciones entre el Ejército nacional y el de la Liberación, el primero de agosto de 1954 se declaró el Día de la Unidad y se realizó un des-fi le con participación de contingentes de ambos sectores y fogosos discursos. En la madrugada del 2 de agosto, la compañía de cadetes de la Escuela Politécnica se levantó en armas y atacó al contingente liberacionista acantona-do en un hospital pendiente de inauguración. Contó con el apoyo de ofi ciales de la Brigada Guardia de Honor, quienes apoyaron con equipo a los alzados, y con el de la aviación. Derrotados los liberacionistas, fueron escoltados hasta la estación de ferrocarril que los repatrió al oriente del país y humillados públicamente. Aunque se pactó que no ha-brían represalias contra los cadetes, varios de ellos fueron procesados y clausurada la Escuela Politécnica. Se trató de un movimiento básicamente gremial que “…devolvió la dignidad institucional al Ejército” (Gramajo. H.A. 1995:84). No fue entendido así, ya que el discurso ofi cial lo situó como parte del complot comunista y sirvió para justifi car uno de los considerandos de la Ley Preventiva contra el Comunismo, en el que se menciona que “un número de dirigentes ha quedado emboscado para continuar la labor disociadora (...) en espera de ocasiones propicias para re-conquistar el poder, como ocurrió el 2 de agosto (...) en el que el comunismo actuó como principal instigador...” (Deto. 59, Tomo 73, Recopilación de leyes).

(11).- Una de las curiosas decisiones de esta Junta de Gobierno, en la que ya participó Castillo Armas, fue la asignación de 2% del presupuesto general de gastos del Estado a la Universidad de San Carlos. Ello, por el recono-

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cimiento a dicho centro “…excepción entre los sumisos y contaminados organismos estatales (...) que supo mante-nerse vertical en su misión histórica, en medio de los con-tinuos esfuerzos del gobierno comunista para desviarla de su misión…” (Mensaje de Castillo Armas a la Asamblea Na-cional Constituyente, tomo 73, Recopilación de leyes). Ello contrastaría con la desconfi anza y posterior persecución a la universidad estatal en las décadas de 1960 y 1970.

(12).- El 16 de julio de 1954 se decretó la suspensión del escalafón magisterial para evitar “…que la instrucción que se imparte (en los centros educativos) sea sectaria y favorezca doctrinas reñidas con nuestros principios funda-mentales…”. A principios de septiembre, una circular del Ministerio de Educación autorizó a los gobernadores de-partamentales a nombrar y remover maestros de acuerdo con el apoyo y la información proporcionada por el vecin-dario leal al Movimiento de Liberación, debiendo informar a la cartera para considerar los cambios (Nuestro Diario, 10-09-1954). Producto de estas disposiciones, quinientos maestros habían sido cesados por comunistas a inicios de septiembre (Nuestro Diario, 7-09-1954). Las destituciones no se limitaron a los profesores del Estado. A inicios de ese mismo mes, también se reportaban “15,000 despedidos de Obras Públicas y de la Dirección General de Caminos por pertenecer a sindicatos, según la Federación Autónoma Sindical, de orientación social cristiana” (Nuestro Diario, 1-09-1954). Y, como el derecho a recibir indemnización había quedado suspendido para los trabajadores del Estado des-de el 13 de julio, era más fácil el despido ya que los mismos tampoco recibían prestaciones.

Las declaraciones reiteradas de la administración de la Liberación en el sentido que no era “antiobrera” y que los derechos laborales seguían vigentes, no evitó el clima y las acciones revanchistas practicadas tanto por el pro-pio Estado como por los empresarios: despidos, reducción de salarios, discriminación a sindicalistas y exclusión del

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empleo a “sospechosos o simpatizantes del comunismo”. El arzobispo Mariano Rossel y Arellano (quien, como ya se indicó, no se caracterizaba por sus simpatías hacia la izquierda) hizo posteriormente un balance de esta situa-ción ante el IV Congreso Anticomunista Intercontinental, celebrado en Guatemala en 1958. Dentro de lo que indicó, señaló lo siguiente: “…no vengo a hablar con los anticomu-nistas que creen que con bayonetas y fusilería se derrota al comunismo, ni con los que creen que ser anticomunista es explotar a los obreros y campesinos, ni con los patronos que en nombre del anticomunismo rebajan salarios a los obreros y les roban los derechos sociales (...) vengo a ha-blar con los únicos auténticos luchadores contra el comu-nismo: los cristianos (…) Quiera Dios que esta asamblea no se concrete a fogosos discursos (…) ni a preparar listas y más listas de comunistas y comunistoides…” (El Impar-cial, 13-10-1958).

(13).- Los registros de sospechosos abrieron uno de los expedientes más tenebrosos en la historia contempo-ránea de Guatemala: las tristemente célebres y temidas listas negras, que fueron ampliadas y tecnifi cadas a través de la computación. Aparte de la forma antojadiza y arbitra-ria como se elaboraron tales registros, los ciudadanos no sabían si en su juventud habían aparecido en alguna “vie-ja lista”, a pesar de encontrarse totalmente “apartados de la política” e, incluso, dar profesión de “fé anticomunista”. Durante la represión de la segunda mitad de la década de 1960, tales listados alimentaron a las organizaciones para-militares. Es por ello que durante muchos años, los guate-maltecos estuvieron interesados en averiguar “si su nombre aún estaba en la lista o había sido borrado”, aunque siempre podían existir “copias de las listas”. Ello fue, incluso, fuente de corrupción. En la práctica, esto constituyó una ominosa violación a los derechos humanos de las personas y fue fuente permanente de zozobra, abuso e inseguridad, que se extendió hasta bien entrada la década de 1990.

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(14).- “(Castillo Armas) podría, cuando quisiere, cam-biar las leyes y cambiar los jueces. Desde el año 1872 en que el Gral. Justo Rufi no Barrios ofi cialmente asumió la dictadura, no se registraba en la historia política del país otro caso. Desde luego, Estrada Cabrera y Ubico también habían ejercido el poder a plenitud y como tiranos, pero no fueron gobernantes de facto si no de jure”. (VilIagrán Kramer, F. 1993:241)

(15).- El sufragio era obligatorio y secreto para los al-fabetos, optativo y secreto para las mujeres y optativo y pú-blico para los que no sabían leer ni escribir. Se consideraba igualmente ciudadanas a las mayores de 18 años de edad que supieran leer y escribir (arto. 9, inciso 2).

(16).- En una mezcla de liberalismo y de anticomu-nismo velado, el texto constitucional de 1945 prohibió “el establecimiento de congregaciones conventuales y de toda especie de instituciones o asociaciones monásticas, así como la formación y el funcionamiento de organizaciones políticas de carácter internacional y extranjero.” (art. 32). Por ello, fue común durante las grandes movilizaciones an-ticomunistas anteriores a 1954, la práctica de “pintas” del artículo 32 en calles y plazas.

(17).- El Secretario General de la Presidencia de Cas-tillo Armas resumió así la escena del crimen en las habi-taciones de la Casa Presidencial: “Siempre a su hora se mantenían encendidas las luces. Esa noche había una luz apagada en el portón. La obscuridad protegía al crimi-nal. Nadie se fi jó. Siempre le seguía (al Presidente) algún ofi cial cuando se dirigía al comedor. Esa noche ninguno. Siempre habían dos soldados custodiando los corredores. Esa noche solamente uno: el malhechor. El segundo Jefe del Estado Mayor recluido en sus habitaciones. El primero y el tercero de descanso en la calle. La ofi cialidad distraí-da, leyendo periódicos…” (Nájera Farfán, M.E. 1958:232). No obstante estas sospechas, la versión ofi cial insistió en la responsabilidad de un soldado de guardia que su-

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puestamente le disparó, para luego suicidarse y en cuya habitación de Casa Presidencial, apareció corresponden-cia comprometedora enviada desde la URSS, un supuesto carné del PGT y un “diario personal”, en el que el soldado denotaba sus inclinaciones políticas. En la investigación se planteó el involucramiento de la embajada dominicana en Guatemala. El Congreso de la República recomendó al Ejecutivo el rompimiento de relaciones con dicha nación. Ello nunca se practicó.

(18).- El general Miguel Ydígoras Fuentes había sido funcionario de Ubico y candidato perdedor en las eleccio-nes de 1950 contra Arbenz, por el Partido Unifi cación Na-cional (con 19% de los votos). Salió al exilio en noviembre de ese año, hasta 1954. En virtud de un pacto suscrito en El Salvador, el 31 de marzo de 1952, con el fi n de coordinar las acciones de oposición a la administración de Arbenz, a Castillo Armas le correspondía la jefatura militar del movi-miento, mientras que Ydígoras Fuentes se comprometía a abstenerse de participar en los “actos revolucionarios”, para no tener impedimento de participar como candidato a la presidencia, al triunfar el movimiento. Aparte de esto, también se estipularon otros apoyos recíprocos (El texto del pacto en Villagrán K, F. 1993:105-108). El plebiscito que practicó Castillo Armas en 1954 contravenía el pacto, no obstante, Ydígoras tuvo que resignarse y aceptar en marzo de 1955, la embajada de Guatemala en Colombia que el Caudillo de la Liberación le propuso (Zirión, Grace, 1961:15-16).

(19).- Tomando en cuenta la mayoría de diputados de la Liberación en el Congreso, pero también los aconteci-mientos turbulentos que siguieron al aparente fraude de las elecciones de octubre de 1957, Ydígoras y Cruz Sala-zar arribaron a un pacto por el que el último convenía en renunciar a su candidatura ante el Congreso, se acordaba integrar un gabinete con participación de los partidos an-ticomunistas e Ydígoras, en aplicación de su política de

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“borrón y cuenta nueva”, a no perseguir a quienes partici-paron en las luchas electorales recientes ni en los gobier-nos anteriores (el texto del pacto en Villagrán Kramer, F: 1993:317-323). Se trataba de un pacto de gobernabilidad que le permitiría a Ydígoras Fuentes consolidar su posición y al Movimiento de Liberación, su supervivencia y recom-posición. Para el licenciado Nájera Farfán, quien participó en la suscripción del acuerdo como delegado del coronel Cruz Salazar, la elección por el Congreso de este último, hubiese sido “una victoria efímera, una derrota en la calle y un fracaso en el Gobierno (...) EI fracaso en el gobierno conllevaba el hundimiento defi nitivo de la Liberación” (Ná-jera Farfán, M.E. 1958:286).

(20).- Desde los inicios de su gestión, la administra-ción de Ydígoras Fuentes dio muestras de una tendencia pendular. Por una parte, permitió el retorno de muchos de los exilados de 1954 y la creación de comités pro formación de partidos políticos “revolucionarios”, en medio de decla-raciones de apertura. Por la otra, no descuidó la afi rma-ción del anticomunismo en sus discursos y la reedición de las prácticas del pasado (ataques, persecución, restricción del movi-miento sindical, implantación del estado de emergencia, etcéte-ra). Dentro de este comportamiento, antes de iniciar su gestión y en una visita al presidente Eisenhower, Ydígoras Fuentes ratifi có su vocación anticomunista y dio seguridades al gobierno norteamericano, que dicha política no se alteraría. En esta misma línea, Guatemala sirvió de sede al IV Congreso An-ticomunista Intercontinental, inaugurado en Antigua el 12 de octubre de 1958 y al que asistió el Presidente de la Re-pública, funcionarios de gobierno, de la Iglesia y líderes nacionales del anticomunismo (El Imparcial, 13-10-1958).

(21).- Como resultado de esta purga, fueron expulsa-dos representantes de izquierda, que fundarían el Partido de Unifi cación Revolucionaria (PUR), cercano al clandestino Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). No obstante, otros también aparecían próximos de la línea socialdemócrata,

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que constituirían algunas de las organizaciones políticas “arevalistas” en 1963, como el Partido Nacional Revolucio-nario del 44 (PNR) 44 y el Partido Revolucionario Ortodoxo (PRO). En igual forma, parte de los expulsados se afi liaron a la Unidad Revolucionaria Democrática (URD). Esta última no participó en las fi las de quienes apoyaban al ex presidente Arévalo.

(22).- El alzamiento del 13 de noviembre de 1960 fue motivado por una conjugación de razones. Según un en-trevistado, en sus inicios fue un movimiento de motivación claramente militar, infl uido por el clima de descontento que ya se había manifestado en los levantamientos controla-dos contra Castillo Armas en 1954, 1955, 1956 y 1957, que habían sido escasamente cubiertos por los medios de comunicación de la época. El alzamiento del 13 de no-viembre perseguía el cambio del ministro de la Defensa, considerado responsable de actos de corrupción, depurar a la ofi cialidad y regresar a los “valores morales de la Es-cuela Politécnica”, pero no derrocar al Gobierno. Contaba con la participación de un número importante de ofi ciales, entre ellos del Estado Mayor del Ejército. En septiembre de ese año, se establecieron contactos con ofi ciales arbencis-tas (como el coronel Carlos Paz Tejada, próximo al PGT) y como la consigna era no acercarse a partidos políticos, eso determinó el retiro de varios de los conjurados.

Para otras fuentes, a las anteriores causas se añadió el cuestionamiento de la decisión presidencial de permitir el entrenamiento de expedicionarios cubanos que partici-parían en la invasión de Bahía Cochinos en Cuba y, en consecuencia, el funcionamiento de bases secretas en Guatemala desde 1960. A esta razón, se añadía otra: la participación de la institución armada en acciones de orden interno (cateos, disolución de manifestaciones y de protes-tas civiles, etcétera). Una fi ltración obligó a adelantar los planes, lo que provocó desorganización y asincronía. Los alzados del antiguo Cuartel de Matamoros se dirigieron al

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oriente para someter la Base de Zacapa, con el apoyo de la de Puerto Barrios y retornar así a la capital. A solicitud del Presidente, aviones norteamericanos, que se encontraban en la base de entrenamiento de los cubanos en Retalhuleu, apoyaron el bombardeo de las bases de Zacapa y Puerto Barrios y el alzamiento fue controlado. Algunos ofi ciales fueron procesados y luego perdonados, pero otros se asi-laron en México, El Salvador y Honduras. Los que escogie-ron esta última opción regresaron al país y se radicaliza-ron: Marco Antonio Yon Sosa, Luís Turcios Lima, Alejandro de León A., Luis Trejo Esquivel, Vicente Loarca, Carlos A. Castañeda Paz, entre otros, y pasarían a integrar dos años más tarde las fi las del movimiento insurgente en Guatema-la (Cospín, M.A.1970:310. Silva Girón, C.A. 1987a: 129-141. Gramajo, H.A. 1995:94. El Periódico, 16-11-1997).

(23).- El 12 de abril de 1962, una patrulla de policías militares que se dirigía a realizar el cambio de guardia en el Congreso de la República disparó contra estudiantes de la Facultad de Derecho que preparaban las festividades de la “Huelga de Dolores”. Como resultado, murieron tres de ellos y otro de la Escuela de Comercio. La indignación ante la prepotencia de las autoridades y lo absurdo de la expli-cación gubernamental –que indicó que uno de los policías resbaló al ser colisionado su vehículo y la ametralladora se le disparó– llevó al Consejo Superior Universitario a solici-tar la renuncia del Presidente, a la que se adhieren la AEU, los trabajadores y autoridades de la municipalidad de la capital, los colegios profesionales, el PNR-44, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), la Asociación General de Comerciantes, así como los tres partidos anticomunis-tas de oposición: el PR, el MLN y la DCG.

Frente a la magnitud de la desobediencia civil que cre-cía en la capital y que se combinaba con frecuentes bom-bas terroristas y con la vigencia del estado de emergencia desde enero, Ydígoras Fuentes anunció su disposición de un cambio de gabinete y solicitó propuestas de candida-

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tos para cargos, “menos de comunistas” (Prensa Libre, 16-04-1962). En respuesta, los colegios profesionales indi-caron que ningún profesional formaría parte del gabinete de Gobierno y reiteraron la solicitud de renuncia del Presidente. El 23 de abril Ydígoras repitió su ofrecimiento y, dos días más tarde, anunció una reunión con los tres partidos de oposición, sin ningún avance. René De León Schlotter de la Democracia Cristiana, insistió que la salida a la crisis era la renuncia del Presidente y la sucesión constitucional, lo que permitiría tam-bién “combatir al comunismo” (Prensa Libre, 25-03-1962).

(24).- “El mandatario era un líder nato, semejante a los desaparecidos caudillos, que por una parte, practicaba y permitía la corrupción como medio de enriquecimiento de la burguesía y, por otra, infundía confi anza a los vie-jos oligarcas como garante de sus privilegios” (Monteforte Toledo, M. 1972:190). La serie de acontecimientos contra-dictorios y erráticos, someramente evocados en este tex-to, fueron socavando esta imagen, que correspondía a la mezcla de “anciano bonachón e ingenioso” con la de un “general de mano dura”, que Ydígoras intentó vender a los conciudadanos al inicio de su período. Al cabo, su buena estrella terminó por eclipsarse.

(25).- Para contrarrestar el arribo de Arévalo a Guate-mala y la organización de su campaña electoral, se recurrió a varias medidas: a.- Intentos frustrados para unifi car a “to-dos los candidatos contra Arévalo” (véase por ejemplo, la posición de Clemente Marroquín Rojas en la Carta Política de 1965). b.- Reactivación del juicio sobre la muerte del coronel Francisco Javier Arana y orden de captura contra Arévalo (Prensa Libre, 19-02-1963). c.- El emplazamiento que lanzó el propio presidente Ydígoras para que antes de regresar a Guatemala, Arévalo aclarara “por qué no inves-tigó el asesinato de Arana y si es o no comunista” (Prensa Libre, 7-03-1963). d.- Cancelación de los partidos políticos arevalistas (Prensa Libre, 19-03-1963). e.- Amenazas a las compañías de aviación para que no repatriaran al candida-

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to (Prensa Libre 23-03-1963). A pesar de todo lo anterior, cuando en la madrugada del 31 de marzo, precedidos por los tanques, tres coroneles conminaron a Ydígoras Fuen-tes a renunciar, éste respondió con amargura: “¿Por qué no fue el Ejército a detener al ex presidente Arévalo que venía de México a Guatemala?” (Miami Herald, 6-07-1966, citado en Cospín, M.A.1970:316).

(26).- La tesis sobre la participación de EEUU en el de-rrocamiento de Ydígoras cobró fuerza cuando Georgie Ann Geyer, corresponsal del Dayly News de Chicago, mencio-nó que tal decisión se tomó a principios de 1963, entre el presidente Kennedy y sus principales asesores (UPI, 25-12-1966, citado por Cospín, M.A. 1970:54). A conclusiones similares apuntan las informaciones de Susanne Jonas (1994:82) y de Schlesinger y Kinzer (1982:243-244). Por otra parte, en un telegrama del 12 de marzo de 1963 diri-gido al Departamento de Estado por la embajada de EEUU en Guatemala (suscrito por Corrigan) y que forma parte de los documentos desclasifi cados en 1998 en poder de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), se indica que el hermano del ministro de la Defensa, licenciado Artu-ro Peralta, comunicó que en su opinión, la única forma para evitar que Arévalo fuera nuevamente presidente, consistía en que el Ejército forzara a Ydígoras a retirarse. Señalaba también el licenciado Arturo Peralta, que la decisión ya ha-bía sido tomada pero que implicaba no hacer mucho mo-vimiento hasta que el Ejército estuviera seguro del éxito. En el telegrama se agrega que las Fuerzas Armadas gua-temaltecas deseaban contar con la seguridad previa de un apoyo fi nanciero posterior para enfrentar la posible inesta-bilidad fi scal del país, si ello se hacía necesario.

(27).- Según el general H. Alejandro Gramajo “los insurgentes organizaron a la población civil en Fuerzas Irregulares Locales (FIL), una especie de organizaciones paramilitares cuya función era promover la logística e infor-mación al ejército guerrillero. Nosotros estudiamos el mo-

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delo y le dimos vuelta”. El general Benedicto Lucas, jefe del Estado Mayor de la Defensa también indicó que “cuando lanzamos la ofensiva sobre el frente guerrillero en Chimal-tenango, me tocó ver desde el helicóptero como la redu-cida fuerza armada guerrillera marchaba protegida por un inmenso cordón de población civil. Entonces concluí que nuestra apreciación sobre su fortaleza militar era falsa: la fuerza de los guerrilleros estaba en el involucramiento de la población” (PDCH-AECI-ASADI, 1994:29).

(28).- En su parte considerativa, la misma apunta que “…la República se halla al borde de un confl icto interno, como resultado de la subversión permanente que han pro-piciado sectores procomunistas; que la infi ltración comu-nista se ha venido acentuando mediante la tolerancia y la complacencia del gobierno para con sus líderes (…) a quie-nes se apronta ya a entregar el mando (...) retornándose así a regímenes antidemocráticos que fueron expulsados median-te cruentos sacrifi cios del pueblo de Guatemala”. Y que “por la situación caótica a que ha llegado el país, es imposible resolver sus graves problemas dentro del margen consti-tucional (lo que dará por resultado que los comunistas) se apoderen del gobierno dentro de una aparente legalidad, para luego implantar un régimen comunista, tal como lo enseña la práctica que han usado en otros países y han intentado en el nuestro” (Tomo 82 Recopilación de leyes).

(29).- Dicha norma fundamental creó la fi gura del Jefe de Gobierno (el ministro de la Defensa); mantuvo la inde-pendencia del Organismo Judicial (aunque el ministro de la Defensa nombraba a los magistrados de la suprema corte y a los de las salas de apelaciones); estableció un Consejo de Estado y concedió amplísimas funciones al Jefe de Es-tado. Así “...El ejercicio de cualquier otra función pública o atribución no fi jada en la presente Carta, corresponderá al Jefe de Gobierno”, indicaba la misma (arto. 27, inciso 13, tomo 82, Recopilación de leyes, 1966).

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Por su parte, la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas (Decreto Ley 9) prohibió el funcionamien-to de partidos y organizaciones comunistas y castigó con dos años de prisión, la fabricación, circulación y práctica de propaganda comunista, la realización de reuniones pú-blicas con tal fi n y las “visitas a países del bloque comu-nista sin autorización expresa del Gobierno”. Las penas se elevaban a tres y cinco años de prisión, si tales actos se realizaban en lugares de trabajo o en condiciones de mayor peligrosidad (tenencia de explosivos, práctica de sabotaje, entre otras) y a diez años para “los que pertenez-can o se inscriban en partidos comunistas” (art. 7.). En igual forma, dicho decreto estableció la conveniencia de organizar un “Registro técnicamente elaborado” de personas afi liadas a organizaciones comunistas y sentenciadas por tal razón, así como de agrupaciones similares. Con ello, se retomó la triste práctica de los “listados de sospechosos” iniciada en 1954.

Por su parte, el Decreto Ley 11 establecía que las au-toridades podían ordenar la captura “de cualquier perso-na sospechosa de alterar el orden público o de acciones que tiendan a ello, sin necesidad de mandamiento judicial hasta por el término un mes y si hubiere suspensión de garantías (...) hasta el término de dicha suspensión”. En igual forma, indicaba que el jefe de Gobierno podrá dictar “cualesquiera otras medidas de seguridad contra las per-sonas u organizaciones a la que se refi ere la Ley de Defen-sa de las Instituciones Democráticas y todas aquellas que se estimen necesarias para la tranquilidad nacional”. Si se toma en cuenta los meses que el país estuvo en Estado de excepción (suspensión de garantías), puede colegirse que los detenidos también podían guardar prisión un tiempo si-milar, sin orden de juez competente.

(30).- A pesar que desde la proclama del 31 de marzo los partidos políticos estaban suspendidos, el 21 de no-viembre de 1963 se emitió el Decreto Ley 141, disolviendo específi camente y cancelando la inscripción de Reconcilia-

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ción Democrática Nacional (REDENCION) y del Movimiento Democrático Nacionalista (MDN) (ambos ydigoristas) por su responsabilidad en “maniobras regresivas y de subversión” (Tomo 82, Recopilación de leyes, 1966).

(31).- Esta integración sui generis de la Asamblea Na-cional Constituyente de 1964, mediante la presentación de diez candidatos por el PR, diez por el MLN y el resto por la administración militar (hasta completar el total de ochenta diputados debido a la renuncia de Democracia Cristiana a participar) se recoge en varios textos: Balsells Tojo, Edgar A. y J. M. García Laguardia, 1984:43. García Laguardia, J.M. 1993:39. Mijangos, A. 1971:53 y Luján, Mario. 1972:81-82. Por su parte, el ex presidente Ydígoras en una carta abier-ta dirigida al ex jefe de Gobierno, coronel Peralta Azurdia, confi rma esta integración al señalar que el jefe de Gobier-no “quiso transformarse en político consumado y organi-zó con dinero de la nación, un partido cuya sigla es PID. Convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y de los ochenta miembros que la componían, UD se aprovechó de sesenta curules para sentar en ellas a militares de alta y baja y a palafustanes del PID, diez curules las concedió a un partido, cómplice en el cuartelazo y las otras diez al PR”. (Prensa Libre, 4-07-1966).

(32).- El III Congreso Jurídico del Colegio de Abogados de 1964 indicó que la Constituyente se instaló al margen de un proceso democrático y que la falta de representati-bidad de la ciudadanía en la elaboración de la constitución “podrá llevar a Guatemala a una situación de inestabilidad institucional más grave aún que aquella que se confrontó durante la vigencia de la constitución promulgada, en simi-lares condiciones, en 1956”. Por su parte, el IV Congreso Jurídico del mismo Colegio, celebrado en 1966, consideró dicha Constitución como ilegítima (Balsells, E. y J.M. Gar-cía Laguardia, 1984:43). A conclusiones similares arribaron también otros analistas al indicar que “La Constitución de 1965 fue discutida, redactada y promulgada por una Asam-

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blea que no representó, en momento alguno, la voluntad popular. Por tal razón, puede afi rmarse que es ilegítima. La Carta Magna de 1965 será motivo, a corto o largo pla-zo, de graves confl ictos entre los guatemaltecos. Sucum-birá como la Constitución de 1956 y por idénticos motivos, por la razón, por compromiso o por la fuerza” (Mijangos A. 1971:56).

(33).- Sin embargo, hay que tener presente, que la fi gura del Tribunal Electoral anterior tampoco impidió los fraudes que se practicaron con ocasión de las elecciones legislativas de medio período, durante la administración de Ydígoras Fuentes. No obstante, el carácter meramente administrativo del Registrador Electoral en la Constitución de 1965 facilitó su conversión en un dócil empleado del Ejecutivo, presto a cumplir las decisiones del presidente de la República.

(34).- Según la Ley Electoral que estuvo vigente hasta 1982, un partido político podía suspenderse cuando bajaba el número de afi liados o la proporción del alfabetos y can-celarse cuando vulnerara el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, se relacionara con organizaciones totalitarias o países comunistas, se es-tableciera su “peligrosidad antidemocrática”, participara en actividades subversivas o atentara contra el orden público y también, si pasados noventa días de su suspensión, no demostraba contar con los afi liados y el porcentaje de alfa-betos correspondiente (art. 30, Decreto Ley 387, tomo 83, Recopilación de leyes). En la medida en que estos extre-mos debían ser determinados por las autoridades electora-les, los partidos políticos vivían en una situación de peligro inminente de cancelación, sobre todo si sus relaciones con el Ejecutivo se tornaban críticas. Era una forma velada de obtener el apoyo de cada partido político al Gobierno, ha-ciendo poco viables la oposición y la crítica, propias de un sistema democrático.

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(35).- En efecto, el ex constituyente indicó que “…aun-que el requisito de 50,000 afi liados para autorizar un par-tido político era excesivo, las intenciones de Peralta eran buenas, pero como todas las predicciones en política son limitadas, al fi nal, eso no pudo durar”.

(36).- El rechazo del pacto electoral que propuso la administración militar a los tres partidos del pacto antico-munista de 1960, para integrar la Asamblea Constituyen-te de 1964, puso al descubierto las diferencias políticas e ideológicas entre las dos tendencias de la DCG. Casi un mes antes de las elecciones para diputados a dicha Cons-tituyente, renunció la fracción pro gobiernista del partido (algunos de cuyos miembros pasaron directamente a inte-grar la nueva organización afín a la administración militar: el Partido Institucional Democrático PID). Según algunos análisis, “Este confl icto representó la salida (de la DCG) del grupo más anticomunista y ligado a la burguesía y el as-censo de un grupo de dirigentes que propugnaban por un partido más ligados a los intereses populares” (IIPS, abril 1978:47).

(37).- Como consecuencia de la ruptura del proceso de candidatura única que la administración militar esperaba, el nuevo PID postuló al coronel Juan de Dios Aguilar (uno de los ofi ciales que conminó a Ydígoras Fuentes a aban-donar la presidencia en la Casa Crema, el 30 de marzo de 1963). Por su parte, el MLN, hizo lo propio con el coronel Miguel A. Ponciano y el PR decidió postular al único can-didato civil: el licenciado Julio César Méndez Montenegro, hermano del líder histórico de dicho partido, el licenciado Mario Méndez Montenegro, cuyo cadáver apareció en su residencia poco tiempo antes que se abriera el proceso electoral, aparentemente por causa de suicidio, aunque también se especuló el asesinato. Dado el rechazo de los listados presentados por la DCG, y en vista de que la de-cisión se tomó poco tiempo después que había vencido el plazo para presentar solicitudes de inscripción de partidos

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políticos, dicha organización no pudo enmendar el faltante y quedó fuera de las elecciones de 1966 (IIPS, 1978:47. Prensa Libre 28-10-1965). Una situación similar confron-tó el Partido Social Guatemalteco (PSG), que apoyaba la candidatura del mayor Jorge Lucas Caballeros, ministro de Hacienda de la administración militar, al que se le aplicó lo que la prensa de la época llamó: “la lista negra”: 742 de sus afi liados fueron declarados “comunistas” y el partido no pudo inscribirse (Prensa Libre, 11-11-1965).

(38).- Un comentario del New York Times reproducido en Guatemala indicaba que “aún no está claro por qué los militares (naturalmente renuentes a entregar el poder) per-mitieron que el candidato civil, de pensamiento reformista, derrotara a su candidato y al de la oligarquía conservadora (...) Sea cual fuera la razón, parecen estar dispuestos a aceptar el veredicto de las urnas. Pueden cambiar de idea antes del cambio de mando (...) pero pueden también, la-mentarlo después” (Prensa Libre, 16-03-1966).

(39).- Un ejemplo de ello se encuentra en la siguiente declaración que, poco antes del evento electoral, el Partido Revolucionario daba a la prensa: “El PR tiene básicamente los mismos orígenes del Ejército, que es pueblo y clase media; aspira a mantener a esa institución en su digno rol de defensor de la independencia, la soberanía y el honor de la nación sin inmiscuirlo en la política militante, con ries-go de su unión y disciplina” (Prensa Libre, 19-02-1966).

(40).- El 16 de marzo de 1968, la organización pa-ramilitar MANO, aparentemente en colaboración con otros militares y miembros del MLN, secuestró al arzobispo Mario Casariegos, con el fi n de provocar una crisis política por la repulsa popular contra el Gobierno y deponerlo. La crisis no se produjo en la forma esperada y el presidente Méndez Montenegro aprovechó la coyuntura, para relevar en sus mandos a los coroneles Rafael Arriaga Bosque, ministro de la Defensa (y luego precandidato a la presidencia por el PR en 1973), Carlos Arana Osorio, jefe de la Base Militar de

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Zacapa y Ernesto Sosa Avila, jefe de la Policía Nacional, quienes fueron enviados con cargos diplomáticos a EEUU, Nicaragua y España (CEH, 1998:18-23-28). Los cargos fue-ron asumidos por militares más afi nes al Presidente de la República. La violencia disminuyó temporalmente; pero, en todo caso, la concepción central de la estrategia contrain-surgente no cambió el peso de las fuerzas armadas en su conducción.

(41).- Si bien es cierto que la asistencia militar norte-americana para apoyar acciones de contrainsurgencia se inició en 1962, con el establecimiento de una base con fuer-zas especiales estadounidenses en Izabal, tanto Ydígoras Fuentes como Peralta Azurdia, fueron renuentes a ampliar dicha asistencia (e, incluso, Peralta Azurdia se rehusó a enviar ofi ciales guatemaltecos para su entrenamiento en EEUU y Panamá). Esta situación cambió a partir de 1966, cuando se incrementó el programa, con la presencia de “boinas verdes” (puertorriqueños y exilados cubanos en gran medida, con experiencia en Viet Nam) que se combi-nó con la Acción Cívica, dentro de un plan piloto en Izabal y Zacapa, entre 1966-1967 (Jonas, Susanne. 1981:346-348).

(42).- En uno de sus últimos discursos, el coronel Ara-na sintetizó claramente los argumentos de la tesis de la “obediencia debida” en estos términos: “Como ofi cial del Ejército recibí la orden para cumplir y hacer que se cum-pliera la Constitución en la zona del nororiente del país, do-minada entonces por un movimiento subversivo (...) como ofi cial, mi misión consistía en defender el orden constitucio-nal, pues un movimiento armado en contra de un régimen legalmente establecido debe ser dominado. De tal manera asumí el comando de la Zona Militar de Zacapa y combatí a la subversión armada hasta destruirla (...) a la par de la acción militar, mi comando realizó un amplio y profundo tra-bajo de acción cívica (...) Yo digo entonces, si por cumplir con un mandato constitucional a un ofi cial del Ejército se le

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dice que tiene las manos sucias o que es un asesino (...) Yo les pregunto: ¿es justo que al cumplimiento de un deber constitucional se le llame tener las manos sucias?” (Prensa Libre, 20-02-1970).

(43).- El secretario general de la DCG, Danilo Barillas (quien sería asesinado en 1989, durante la administración de dicho partido), indicó: “esperamos que sea el último es-tado de sitio (375 días) que exista en el país y que esta sea una valiosa experiencia para el Gobierno y el pueblo, pues el tiempo de receso sólo sirvió para perseguir, encarcelar y dar muerte a personas que hoy hacen falta en sus hoga-res” (Prensa Libre, 24-11-1971).

(44).- El 16 de mayo de 1974, la Democracia Cristiana envió una nota al ministro de la Defensa, general Fausto David Rubio (dado que dicho funcionario había garantizado públicamente la imparcialidad de las fuerzas armadas en el evento eleccionario). En ella, le resumía la forma cómo, en opinión del partido, se había realizado el engaño: “En la pa-pelería se alteraron “burdamente” las cifras que se habían consignado con anterioridad, varias hojas de los libros de actas donde aparecían cantidades de votos fueron arran-cadas, el número de votos consignado en el Registro Elec-toral era menor al realmente emitido (entre 30,000 y 40,000 sufragios menos), cantidad que sí aparecía en las actas originales”. En respuesta, el Ministro de la Defensa indicó que no era atribución suya conocer denuncias como las indicadas, sino de los tribunales de justicia, que no corres-pondía a su cartera intervenir en asuntos electorales y que el Ejército era una institución apolítica y no deliberante.

Más adelante, el secretario general de la DCG se pre-gunta: “¿porqué se apresuró el fraude tan burdamente?” y se responde: había una salida con mayor “apariencia de democracia y enmarcada en la Constitución”. La misma consistía en llegar a la elección de segundo grado en el Congreso, colocando en primer lugar a Ríos Montt y en se-gundo a Kjell Laugerud y elegir a este último. Por dos razo-

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nes esto no se hizo. La primera, debido a los abrumadores resultados en favor de Ríos Montt, que se acercaban a la mayoría absoluta en algunos lugares, en donde el ofi cia-lismo pensaba ganar. En segundo lugar, las experiencias de 1966 y 1970 habían demostrado que era muy difícil que el candidato situado en primer lugar no saliera confi rma-do por los diputados. “Era más fácil –y así fue– utilizar la administración electoral, el aparato administrativo y varios cientos de miles de quetzales para cambiar u ocultar los resultados reales” (Barillas, Danilo, 1982:3747/73-76).

(45).- El 1 de mayo de 1974 se realizó la conmemora-ción pública del Día Internacional del Trabajo, por primera vez en los cuatro años de la administración del coronel Ara-na Osorio. La manifestación fue autorizada, pero se excluyó “el área semaforizada” de la zona 1. La concentración de-bía culminar entonces en la Plaza Italia, frente al edifi cio de la Municipalidad capitalina, según ofrecimiento del alcalde Manuel Colom Argueta. No obstante, en un aparente acto de espontaneidad, el desfi le enfi ló hacia el Parque Central y la fuerza pública lo rechazó con gases lacrimógenos y disparos. Murieron siete personas y se registraron varias decenas de heridos, entre ellas el dirigente sindical demó-crata cristiano y diputado Julio Celso de León. El cambio en el itinerario permitido del desfi le se interpretó como una muestra larvada de repudio al fraude electoral de marzo de ese mismo año (Witzel de Ciudad, 11:405-406).

(46).- Tal fue el caso de las ejecuciones del licenciado Mario López Larrave, ex decano de la Facultad de Cien-cias Jurídicas y Sociales de la USAC y asesor sindical, la del secretario general del PGT, Huberto Alvarado; la de los dirigentes estudiantiles Robin García y Aníbal Leonel Ca-balleros, que provocó una multitudinaria manifestación de protesta. Al fi nal de la administración de Kjell Laugerud, se produjo la masacre de Panzós, Alta Verapaz, en la que murieron más de ciento cuarenta campesinos, en su ma-yoría indígenas. Por su parte, las organizaciones guerrille-

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ras ultimaron al ex diputado y ex integrante de las FAR en la década de 1960, Bernal Hernández, al empresario Luis Canella, y secuestraron al dirigente liberacionista y ex can-ciller Roberto Herrera Ibargüen, entre otros.

(47).- Un ejemplo de ello lo constituyeron las pugnas por el control del CNUS entre las líneas afi nes a las FAR, el PGT o Democracia Cristiana, confl ictos a los que se añadió, en 1980, el EGP, a través de los representantes del Comité de Unidad Campesina (CUC) en la central unitaria obrera. No obstante, también puede afi rmarse que a pesar de este trabajo de acercamiento y penetración, muchas organiza-ciones populares, aunque próximas a las fuerzas guerrille-ras, siguieron manteniendo su especifi cidad y autonomía, como consecuencia de la naturaleza de sus propias reivin-dicaciones (laborales, estudiantiles, campesinas, indíge-nas, etcétera) y de su deseo de independencia.

(48).- Se estimó que se trataba de una infl ación im-portada, pues los precios internos crecieron al mismo ritmo que en los países industrializados. La infl ación fue básica-mente producto del alza de los precios del petróleo (primer shock petrolero) de la debilidad internacional del dólar y de la creciente oferta crediticia en el mercado internacional (SEGEPLAN-GTZ, 1991:2).

(49).- Dentro de las acusaciones mutuas que se lan-zaron los partidos contendientes, destacó la de la DCG en el sentido que el FUR (su antiguo aliado en 1974) apoyaba a Lucas García (La Nación, 2-10-1977). Esta tesis fue re-tomada por el propio candidato a la Vicepresidencia de la coalición ofi cial, quien indicó que había “un compromiso del Frente Amplio para inscribir a todos los comités de par-tidos, lo que favorece tanto al licenciado Colom Argueta como a licenciado Maldonado Aguirre. Además, las pre-ocupaciones del FUR están presentes en el Frente Amplio” (Prensa Libre, 23-02-1978). No obstante, Colom Argueta refutó a la DCG y confi rmó que el Consejo Político del FUR decidió que sus militantes “votaran nulo como un no a la

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imposición de tres candidaturas militares que respondieron a los intereses de las clases dominantes, que han coartado nuevamente un proceso democrático” (Prensa Libre, 25 y 27-02-1978).

En 1993, Villagrán Kramer indicó que el Frente Amplio constituía un “…esquema político que junto con otros diri-gentes formulamos y planteamos –entre ellos, el ex alcalde de Guatemala, licenciado Manuel Colom Argueta– e impli-caba que los altos jefes militares, empresariales y laborales lo analizarían y le darían al menos, el benefi cio de la duda (...) Guatemala podría salvarse si se lograba impulsar ese modesto programa a través de un Frente Amplio” (Villagrán Kramer, Francisco, 1993:456-457).

(50).- El 2 de marzo de 1982, por ejemplo, 200 entida-des del sector empresarial (cámaras del sector productivo, comercial y de servicios), habían publicado un “manifi esto cívico” en el que demandaban al Gobierno Lucas García “elecciones libres, pacífi cas y democráticas en un ámbito de libertad y confi anza y que sea respetada la voluntad del pueblo” (EI Gráfi co, 303-1982).

(51).- En este sentido, un golpe de Estado puede verse como un intento de solución una crisis que afecta profundamente la gobernabilidad de una sociedad. Es eje-cutado por integrantes del aparato del Estado (lo que lo distingue de otras formas de alteración del orden político, como la insurrección o los levantamientos civiles). El gol-pe de Estado supone entonces, la suspensión del régimen político y la instauración de un nuevo poder de hecho, que buscará posteriormente, su propia legalidad y legitimidad. Presenta un carácter suspensivo del régimen político en el que se produjeron las causas de la crisis que lo originaron. En la medida en que debe enfrentar dicha crisis y luego restablecer el régimen político, adquiere una fi nalidad res-tauradora. Sin embargo, puede también tener un propósito más profundo y duradero, si persigue una transformación de las estructuras económicas, de las relaciones sociales

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y de poder o de los valores y la cultura. Entonces puede exhibir un razgo fundacional. Ello ocurre cuando dentro de las fuerzas sociales que lo impulsaron, existe el interés de reorganizar la sociedad según otros principios y valo-res, así como establecer eventualmente, un nuevo orden económico. El régimen político corresponderá entonces a un diseño fundacional, del tipo franquista en España o de las últimas dictaduras militares del Cono Sur (Badía, J. F. 1988. Garretón, M. 1985). Algunas de estas características aparecían en el intento frustrado de Ríos Montt, a través de su proyecto de la “Nueva Guatemala”.

(52).- Los “principios de Dios” lograron cierto éxito al aplicarse a la conducción pública: se redujo el endeuda-miento y el presupuesto de funcionamiento del gobierno central. Orientaron campañas masivas de “juramentación” de servidores estatales probos y honestos, así como de concienciación de maestros. En la estrategia militar, infl u-yeron en la transformación de lo que se estimaba era un “Ejército de ocupación” e impulsaron la integración del in-dígena para lograr una “Nueva Guatemalidad” (lo que tam-bién se refl ejó en el Consejo de Estado, órgano en el que los “grupos étnicos” tuvieron diez delegados, más que el resto de gremios y grupos representados).

(53).- Sobre las elecciones generales convocadas para el 17, 18 y 19 de diciembre de 1944 (que no se cele-braron por el triunfo del Movimiento del 20 de octubre de 1944 que derrocó la administración del general Ponce Vai-des), uno de los contendientes en tal consulta, indicaba:… “Los candidatos eran nueve, incluido Ponce Vaides, pero el más fuerte era Arévalo (su) candidatura era inconstitu-cional (…) por haber adoptado la ciudadanía argentina”. Refi riéndose más adelante a las nuevas elecciones (en las que Arévalo obtuvo el 86.2% de los votos), el autor citado señala que en algunos poblados “...las mesas receptoras de votos estaban integradas por Arevalistas, al igual que los delegados de la Junta de Gobierno, grupos de jóvenes

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armados Arevalistas cuidaban el orden, porras se encarga-ban de destruir los retratos de los candidatos contrincan-tes”. Y en el caso de los votantes indígenas y analfabetos de Chichicastenango “...preguntados por el secretario por el candidato por el que votarían, se encogían de hombros y en su lengua decían ignorar por quien hacerlo; entonces el secretario le decía al ayudante, anote: por el Dr. Arévalo” (Flores Avendaño, G. 1974:306 y 325-326).

Por su parte, sobre las elecciones de 1950 en las que Jacobo Arbenz obtuvo el 66% de los votos emitidos, otro opositor indica: “Entre la elección de Ubico y la de Arbenz no hay más que dos diferencias: una de tiempo y otra de procedimiento. La de procedimiento se debe a que en 1931 se votó por temor y en 1950 por coacción (...) se usaron vehículos del Estado, empleados del Estado, armas del Estado, fuerzas del Estado. La masa de analfabetos era conducida en camiones a las urnas, se les pagó y se les emborrachó”. Y más adelante, aclara el leit motif de su opo-sición “La candidatura de Arbenz fue el primer acto en fi rme del comunismo para incrustarse en el Gobierno” (Nájera Farfán; M.E. 1956:133-136).

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Información de prensa tomada de El Gráfi co, Prensa Libre, La Hora, La Hora Dominical, El Imparcial, Impacto, Panora-ma, Resumen Centroamericano de Noticias e Inforpress.

La edición presente edición se terminó de imprimir en los talleres litográfi cos de MAGNA TERRA EDITORES (5a. avenida 4-75 zona 2, ciudad de Guatemala) en octubre de 2008. El tiro sobre

papel bond beige 80 gramos consta de 500 ejemplares.

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