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“Por el terruño”. Disputas por la tierra y formas cotidianas de construcción del
Estado en el Bolívar Grande (1910-1934).
Por
Juan Camilo Franco Gómez
Monografía de grado para optar por el título de Historiador
Director
Shawn Van Ausdal, PhD
Bogotá, Agosto de 2018
Universidad de los Andes
2
Tabla de contenidos
I. Introducción..........................................................................................................3
II. El Bolívar Grande y Colombia: Crecimiento económico, legislación y protesta 11
III. La tierra disputada. Tipología de los conflictos...............................................25a. Tierra...........................................................................................................................27b. Recursos.......................................................................................................................35c. Otras disputas..............................................................................................................42
IV. La geografía de las luchas................................................................................47
V. Estrategias e instrumentos de acción política......................................................56a. Acción legal y acción directa. ‘Bolshevikismo’, tomas e intensificación.....................58b. Formas de resistencia cotidiana y construcción del Estado.........................................66c. Protestas y construcción del Estado.............................................................................68
VI. Conclusiones....................................................................................................73
VII. Bibliografía......................................................................................................77
3
I. Introducción En 1915, veinte colonos de San Onofre en el Bolívar Grande, denunciaron al Ministerio de
Obras Públicas las aspiraciones que tenía Enrique Espriella sobre las tierras que ocupaban
desde hace más de treinta años. En su solicitud de amparo, los colonos desconocían la
propiedad del mencionado y los títulos que su suegro le había heredado. Decían que
Espriella buscaba el reconocimiento de su condición de propietario, y también denunciaron
los abusos policiales que, auspiciados por el alcalde, denotaban una insólita demostración
de “prepotencia contra nuestra pobreza”1. El alcalde y la policía municipal amenazaron a
los ocupantes con el cobro de terrazgo o con el desalojo de la propiedad si no reconocían
los títulos, y el gobernador, quién nombró al alcalde y además “coheredero, concuñado [de]
Espriella”, mandó un destacamento de la policía departamental como refuerzo ante la
situación. Los colonos imploraron al Ministro, representante del Estado central, para
reconocer la justicia de su causa: “Hacemos recordaros fuero humanidad moral, derecho a
favor [de] más de treinta familias numerosísimas, en cuyo nombre y en el propio, pedimos
amparo”2.
El conflicto de San Onofre no era un caso aislado. Entre 1910 y 1934, las disputas por
tierras empezaron a ocurrir con mayor frecuencia en el Bolívar Grande. En 1911, Vicente
Arteaga y otros treinta vecinos de Lorica se opusieron a la adjudicación de un globo de
terrenos baldíos en el que se buscaba explotar maderas finas. Entre Majagual y Simití, otros
colonos resistieron por varios años la apropiación de facto de la ciénaga de Garrapata por
parte de Manuel Rivas y Rafael Tafur Guerrero. Al sur de Mompós, se formó un
movimiento anti-Yankee cuya finalidad era frustrar las pretensiones de una compañía
estadounidense sobre las gigantescas Tierras de Loba alegando la tenencia de unos títulos
fuertemente cuestionados. En el Sinú, campesinos y obreros formaron una serie de
baluartes rojos para defenderse frente a la expansión ganadera y en cuya organización
recayó gran parte de la fuerza represiva del Estado: en 1921, en cercanías de Montería, 15
compañeros murieron en un violento choque con la policía. Para principios de la década de
1AGN, Baldíos, I-123, 26/47 2AGN, Baldíos, I-123, 26/47
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1930 continúa esta situación y el gobernador de Bolívar le dirigió varias cartas al presidente
Enrique Olaya Herrera informándole la situación de orden público del departamento:
Ayapel y San Onofre eran lugar de frecuentes choques entre cultivadores y propietarios,
mientras que el jefe de la oficina del trabajo tuvo que ir a Majagual a restablecer el orden
perturbado. Finalmente, en Montería la expansión de la gran propiedad provocaba
frecuentes choques entre campesinos y terratenientes por la asignación de tierras públicas3.
A pesar del conflictivo panorama, la historiografía no se ha aproximado a las disputas
desde un enfoque sistemático. Catherine LeGrand utiliza varios casos de la región para
mostrar cómo en el centro del problema agrario en Colombia entre 1850 y 1950 están los
baldíos, que son tierras públicas cultas e incultas situadas en la frontera agrícola y no tenían
título alguno de propiedad, y en donde LeGrand demostró que el relato de la colonización
antioqueña4 era más una excepción que un patrón común para otras regiones del país.
Sobre estos se desencadenó una importante competencia entre colonos y terratenientes que,
aunados por el interés estatal de colonizar las tierras calientes, tuvo un resultado bastante
desfavorable para los colonos. Excluyendo el departamento de Caldas, perteneciente al
núcleo cafetero del país y en el que las adjudicaciones fueron más favorables hacia los
pequeños propietarios y cultivadores5, 628 familias campesinas fueron sujetos de
adjudicación de terrenos baldíos en Colombia. En el departamento de Bolívar se confirma
el resultado: entre 1910 y 1934, solo 39 familias pudieron ser adjudicatarias de 733
hectáreas, contrastado con las 151 adjudicaciones de mayor cuantía –más de 50 hectáreas-,
que sumaban en total 262.759 hectáreas6.
3 AGN, SAA-II 4 La Colonización antioqueña fue un movimiento de expansión de la frontera agrícola sobre el sur del departamento de Antioquia, producido principalmente por el boom en los precios del café de mediados del siglo XIX y la favorabilidad de las condiciones climáticas de los actuales departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda y el norte del Valle del Cauca. Al respecto: James Parsons. La colonización antioqueña en el occidente de Colombia. (Bogotá, Banrep, 1961); Mariano Arango, Café e Industria (1850-1930). (Medellín, Carlos Valencia Editores); Charles Bergquist, Café y Conflicto en Colombia, La Guerra de los Mil Días, sus antecedentes y consecuencias (Bogotá, Banrep, 1999); Absalón Machado, Café, de la Aparcería al capitalismo (Bogotá, Tercer Mundo, 1988). 5 Catherine LeGrand, Colonización y protesta campesina en Colombia: 1850-1950 (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2016). 60 6 Contraloría General de la República. Geografía Económica de Colombia, Tomo V. Bolívar.. (Bogotá: El Gráfico, 1940). 278
5
Orlando Fals Borda y Jorge Negrete7 examinaron las disputas en el contexto de las luchas
agrarias de los años setenta y ochenta que tuvieron especial fuerza en la costa atlántica de la
mano de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)8. El primero también
introduce el concepto de Cultura anfibia para mostrar cómo las conductas, creencias y
prácticas de los ribereños se guían por la relación con los cuerpos de agua y la estructura
geográfica de tierra en la región9, en los que la adaptación al medio y a las condiciones es
un factor fundamental. Esta explicación adolece de un determinismo cultural en el que la
“dureza” y “alegría” del costeño explica la ausencia de conflicto. Gloria Isabel Ocampo y
Eduardo Posada Carbó, por su parte, se preocupan más por las lógicas sociales que
subyacen al régimen de la Hacienda10 en el temprano siglo XX o para examinar las lógicas
económicas que involucran a la ganadería11 Su objetivo principal era mostrar cómo estas
luchas se arraigaban en una antigua tradición de disputas por la tierra y la persistencia de
los modos tradicionales de vida. En general, lo que ilustran los autores podría resumirse en
tres puntos: primero, que la dinámica principal del conflicto era la lucha por la tierra entre
terratenientes y campesinos; segundo, que las disputas eran intensivas en ocurrencia y
extensivas en el espacio; tercero, que el Estado servía de mano derecha de las élites y que
los campesinos solo buscaban mantener sus modos tradicionales de vida.
En la historiografía nacional de las disputas también ha hecho carrera la frase de que los
conflictos ocurrían “Entre el hacha y el papel Sellado”. Esta famosa frase de López señala
que los terratenientes y comerciantes utilizaron el “papel sellado”, documento generalmente
pedido por las autoridades para las comunicaciones oficiales, como su mecanismo
predilecto para la apropiación de baldíos. En otras palabras, López se refiere a que la
7 Orlando Fals-Borda, Historia doble de la costa, 1. ed (Bogotá: C. Valencia Editores, 1979); Víctor Negrete, Origen de las luchas agrarias en Córdoba (Montería: Fundación del Caribe, 1981). 8 Sobre esto: Jesús María Pérez, Luchas campesinas y reforma agraria. Memorias de un dirigente de la ANUC en la costa caribe (Bogotá: Puntoaparte Editores, 2010). 9 Orlando Fals-Borda, Historia doble de la costa, 2. ed, Serie Maestros de la sede (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia : Banco de la República : Ancora Editores, 2002). 21B 10 Gloria Isabel Ocampo, La instauración de la ganadería en el valle del Sinú: la hacienda Marta Magdalena, 1881 - 1956, 1. ed, Colección antropología (Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, 2007). Y Alejandro Reyes, Latifundio y poder político: La hacienda ganadera en Sucre. (Bogotá: CINEP, 1978). 11 Eduardo Posada Carbó, “La Ganadería en la costa atlántica colombiana, 1870-1950”, Coyuntura Económica XVIII, núm. 3 (1988). Y Sergio Solano, “Resguardos indígenas, ganadería y conflictos sociales en el Bolívar Grande, 1850-1875”, Historia Crítica, núm. 34 (2007): 92–117.
6
exhibición de títulos de propiedad y en general de los instrumentos de la ley fueron las
principales herramientas de los terratenientes y empresarios para apropiarse de las tierras
públicas, lo que llevó a que la explotación efectiva del territorio fuese menos importante
que el control jurídico de la propiedad12. Por el contrario, los campesinos y colonos
llegaban a las tierras públicas con el sudor de su frente, con el azadón, con el hacha. Si bien
López era consciente de la variedad interna y las distintas tipologías de conflictos, la frase
permeó el discurso historiográfico alrededor de la protesta campesina y la colonización de
la frontera agrícola13.
Todas estas explicaciones han sido muy valiosas para la historiografía y han posibilitado la
emergencia de nuevos estudios de gran interés para la comprensión del fenómeno agrario
durante la primera década del siglo XX. Sin embargo, considero que esta aproximación se
queda corta por varias razones. La mayoría de estudios “nacionales” han concentrado su
atención en las zonas andinas del país14 y especialmente en la relación entre el crecimiento
de la producción cafetera y los distintos conflictos, tanto laborales como por la posesión de
la tierra, que suscitó en lugares como el Tolima15, la región del Sumapaz y la provincia del
Tequendama en el departamento de Cundinamarca. Otros estudios han analizado la relación
entre campesinos, indígenas y luchas por la tierra, pero exclusivamente en la región
occidental del país y muy apegados a la figura de Manuel Quintín Lame, un abogado
empírico indígena que abogó por la defensa de resguardos y tierras comunales en el centro
12 Daniel Pécaut, Orden y Violencia: evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953 (Bogotá, Colombia: Editorial Norma, 2001). 13 Jiménez (2010) señala que “La frecuente y muchas veces sangrienta entre el “hacha” y el “papel sellado” signó la pugna entre el colono que laboraba y vivía en la tierra y el papel sellado del latifundista especulador”. Safford (2013) señala que “Entre 1830 y 1850, al oriente del río Cauca, en la región que llegó a llamarse Caldas, hubo luchas entre colonizadores pobres y poseedores de tierras con títulos, conocida como la pelea entre el hacha y el papel sellado”. Melo (2017) señala que “Si las tierras que ocupaba el colono tenían ya un propietario con título, porque las había comprado a propietarios anteriores o recibido del Estado como baldíos, se producía el conflicto entre “el hacha y el papel sellado”. Los colonos de tierras incultas se convertían en dueños de una posesión, que daba derecho a pedir la propiedad, pero que podía perderse si alguien exhibía un título válido”. 14 Gaitán (1976), en su estudio sobre la organización campesina en la década de 1930, hace referencia a las luchas campesinas del Sumapaz y no menciona en ningún momento las disputas por la tierra en la Costa Atlántica. Sánchez (1977) hace lo propio con la conformación de ligas campesinas, pero solo menciona la existencia de organizaciones en la costa atlántica en los cuadros anexos de su estudio. (Gloria Gaitán, Colombia, la lucha por la tierra en la década del treinta: génesis de la organización sindical campesina (Bogotá: Tercer Mundo, 1976); Gonzalo Sánchez, Las ligas campesinas en Colombia: auge y reflujo (Bogotá: Ediciones Tiempo Presente, 1977)). 15 Al respecto: Gonzalo Sánchez G., Los “Bolcheviques del Líbano” (Tolima), 3. ed, Biblioteca libanense de cultura, vol. 23 (Bogotá, D.C.? Editorial Códice, 2009).
7
del país. Cuando se mira a la Costa Caribe, generalmente se hace para mostrar cómo allí
también se expresan las tendencias nacionales en cuanto al desarrollo de los conflictos
rurales, o se hace especial énfasis en las ‘economías de enclave’ como la Zona Bananera
del Magdalena.
Tanto la preeminencia geográfica de la región andina como la ausencia de un análisis
sistemático de los conflictos en la Costa Atlántica han devenido en una simplificación
excesiva de las disputas. Mi hipótesis es que el esquema tradicional de éstas, que plantea
uan disputa entre terratenientes contra campesinos, ha ocultado tanto la diversidad de los
actores protagonistas como las causas que llevaron a su enfrentamiento. Es por esto que veo
necesario un análisis que busque exponer las motivaciones de campesinos, colonos e
indígenas16, que protestaban en el Bolívar Grande para defender sus ocupaciones, sí, pero
también para denunciar explotaciones irregulares de terratenientes o su expansión sobre las
tierras públicas. Protestaban, también, por recursos como las maderas finas o el agua;
también por el cobro de impuestos o para defender los resguardos indígenas.
Ahora, ¿Dónde protestaban? A través de un análisis espacial mostraré la expresión
geográfica de los conflictos, que están concentrados en la depresión momposina y el Valle
del Río Sinú, donde ocurren la gran mayoría de las disputas. Finalmente, ¿Cómo
protestaban? Considero que colonos, campesinos e indígenas se sirvieron de distintas
estrategias, de iure o de hecho para la defensa de sus ocupaciones. Considero, también, que
hay acciones cotidianas que pueden datarse como formas de resistencia, como explicaré en
el capítulo final. Quiero explorar la forma en que los conflictos por la tierra y los recursos
se desarrollaron para mostrar que los campesinos se sirvieron de distintos instrumentos y
mecanismos de acción política que no solo exhiben la resistencia explícita de los
campesinos a la presión de terratenientes y comerciantes sobre tierras públicas, sino
16 Este tipo de categorizaciones siempre serán difíciles en el análisis social (Al respecto, véase Sidney Mintz, “Notes on the definition of peasantries”, Journal of peasant studies 1, núm. 1 (1973); Sidney Mintz, “Reflections on Caribbean peasantries”, New West Indian Guide, núm. 1/2 (1983). Sin embargo, caractericé aquí a los campesinos como el grupo de individuos que comercializaban el excedente de su producción y tenían títulos sobre parcelas pequeñas; a los colonos como aquellos que cumplían con la primera condición, pero cultivaban tierras públicas o comunales; a los indígenas como aquellos que habitaban o tenían algún tipo de relación con los resguardos indígenas.
8
también la apropiación de un lenguaje cívico y republicano que habla sobre cómo los
campesinos e indígenas también se hicieron a una idea del Estado y su papel en la solución
de los conflictos.
Estas afirmaciones se sustentan en varios acervos documentales. En primer lugar, consulté
el fondo baldíos del Archivo General de la Nación ubicado en Bogotá. Este fondo está
compuesto de comunicaciones enviadas por alcaldes, gobernadores, grupos de colonos,
terratenientes, comerciantes y extranjeros a los Ministerios de Obras Públicas, Agricultura e
Industrias17, con el objetivo de solicitar adjudicaciones de baldíos, pedir información sobre
los procedimientos de adjudicación e informar al gobierno nacional sobre cantidades y
procedimientos regionales de asignación de tierras. Finalmente, el fondo contiene uno de
los acervos documentales más valiosos para comprender la historia económica y social de
la ruralidad: miles de comunicaciones, generalmente firmadas por ‘Varios Vecinos’, en los
que denuncian las pretensiones de adjudicación que tienen terratenientes y empresarios
sobre las tierras que ocupaban desde, en la mayoría de los casos, más de cinco años.
Teniendo en cuenta que la adjudicación de tierras públicas en la práctica benefició la
expansión de la gran propiedad, estos insumos documentales permiten comprender cómo
los colonos resistieron a ese cambio en el panorama agraria. En segundo lugar, consulté los
índices de prensa de la Biblioteca Nacional de Colombia, en donde reposan la mayoría de
publicaciones periódicas publicadas en el país desde los años treinta y en dónde existen
numerosos periódicos del período colonial, el siglo XIX y el temprano siglo XX. Esto me
llevó a concluir que las discusiones agrarias transgredían la esfera institucional y se
insertaban también en la opinión pública. Periódicos como el Eco Sinuano, de Montería, El
Comercio, de Magangué, y Dum Dum y El Tren Expreso, de Mompós, estuvieron
involucrados en importantes discusiones sobre la expansión de la ganadería, el carácter de
las tierras públicas, la legislación agraria y las condiciones de ocupación de los terrenos
comunales. Finalmente, consulté las memorias de las comparecencias de los gobernadores
17 Para el período estudiado no existe una sola institución encargada del manejo de las tierras públicas. De 1910 a 1916, el encargado del ramo es el Ministerio de Obras Públicas. En 1916, la creación del Ministerio de Agricultura adscribe el ramo a su jurisdicción. A mediados de la década de 1920, y considerando las actividades agrícolas como parte de las industrias nacionales, el manejo de los temas agrícolas se transfiere al Ministerio de Industrias.
9
de Bolívar ante las respectivas asambleas departamentales, para examinar cuál era la
resonancia que tenían las disputas en las autoridades regionales. El Archivo Anexo del
Archivo General de la Nación también fue útil para explorar cómo los gobernadores
transmitieron sus preocupaciones al gobierno nacional, principalmente en los primeros años
de la década de 1930.
Utilicé varios métodos de análisis para procesar esta información. Sistematicé los datos
para llegar a la conclusión de que existieron 41 conflictos independientes en el período
estudiado, unos de larga duración –que serán analizados en acápites posteriores- y otros
coyunturales, solucionados o desaparecidos de la documentación. Al resultado de este
ejercicio está consagrado el segundo capítulo. La sistematización también me permitió
construir un mapa de las luchas, lo que me permite afirmar que existió una concentración
subregional que no se puede desconocer y que lleva a la cuestión del por qué unas zonas
fueron tan intensivas en conflictos mientras que otras no. Este problema se discute en el
capítulo tres. En estos dos capítulos, cuantifiqué los conflictos para dar cuenta de su
concentración espacial y temporal, y analicé su información para mostrar que las disputas
responden al control de la tierra pero también a la explotación de recursos naturales o la
presencia de resguardos indígenas. El cuarto capítulo responde más al análisis de las
estrategias utilizadas por los campesinos y a la imperiosa necesidad de prestar atención al
lenguaje que usaban en el trámite de sus demandas. Este ejercicio llevó como resultado una
reflexión acerca de las formas en que el Estado participaba no solo de la política pública
sino que respondía a determinadas ideas y palabras que los campesinos, colonos e indígenas
utilizaban.
Mi investigación se ubica en el Bolívar Grande, antigua unidad administrativa localizada
en la costa norte litoral de Colombia, entre las estribaciones de la Cordillera Central y el
Mar Caribe y que comprendía además de la jurisdicción actual del departamento los
territorios de Sucre y Córdoba, segregados en 1966 y en 1952, respectivamente. Su
extensión abarcaba aproximadamente 60.000 kilómetros cuadrados, en los que habitaban
401.900 personas en 1912 y 765.194 en 1938. En términos físicos, dividí el departamento
10
en virtud de cuatro tipos de fisionomía. La primera es la zona montañosa, que incluye la
provincia del Carmen o los Montes de María, así como los Municipios de Majagual y
Simití, ubicados en el extremo sur de las provincias de Magangué y Mompós. El Municipio
de Ovejas, cercano a Corozal, también entra dentro de esta categoría. En segundo lugar
están los territorios de Sabanas, que cubren la provincia de Corozal y las estribaciones
norte, sur, occidente y oriente de los Montes de María, así como la zona del Canal del
Dique en cercanías de Cartagena. Las llanuras inundables, en tercer lugar, predominan en
las provincias de Magangué y Mompós, mientras que en Montería, Sincelejo, Morrosquillo
y Chinú predominaban los bosques y montañas, que con el paso del tiempo dieron paso a
sabanas o pequeñas elevaciones cubiertas de pastos.
11
Mapa I. Antiguo Bolívar. Tomado de Shawn Van Ausdal, “The Logic of Livestock: An
Historical Geography of Cattle Ranching in Colombia, 1850-1950” (University of
California, Berkeley, 2009). 40.
En esta monografía mantengo la relación causal entre el crecimiento económico y el
aumento de los conflictos. Sin embargo, considero fundamental aterrizar la economía en
variables concretas como los productos clave de la región o las tierras más fértiles y con
mayor facilidad de acceso a los mercados internos y externos. En este sentido, puedo
afirmar que la mayoría de disputas se situaron en la depresión momposina y la región del
Sinú, conectadas a los circuitos de transporte por sus respectivos ríos y con unas
condiciones importantes de fertilidad en sus suelos. También considero que las actividades
económicas que más presión generaron sobre las tierras públicas fueron la ganadería, la
especulación petrolera y la explotación de maderas finas. Mi monografía se dividirá en
cuatro secciones: En primer lugar, introduciré al lector al contexto de Colombia y la región
caribe para la primera mitad del siglo XX. En segundo lugar, mostraré cómo las disputas se
relacionan íntimamente con las dinámicas geográficas, económicas y medioambientales del
territorio estudiado. En tercer lugar, mostraré cómo los conflictos relacionados con
territorios indígenas y extranjeros expresan bien la complejidad de las disputas por la tierra.
Finalmente, mostraré cómo la apelación al Estado que implicó la ‘opción legalista’ de los
colonos legitimaba estratégicamente sus demandas y además denota fracturas y tensiones
en el funcionamiento del Estado.
II. El Bolívar Grande y Colombia: Crecimiento económico, legislación y protesta
A partir de las reformas fiscales de mediados del siglo XIX y la consecuente eliminación de
los estancos18 se produjeron en Colombia una serie de bonanzas agrícolas asociadas a la
exportación. En éstas, las regiones templadas y cálidas del campo colombiano,
tradicionalmente despobladas y en lejanías de los principales centros de población
18 Monopolios que databan de la colonia sobre productos clave para la economía.
12
empezaron a cobrar protagonismo en la vida económica nacional. En el valle del río
Magdalena, los Santanderes y los Montes de María, el tabaco, la quina y el añil empezaron
a insertar la economía colombiana a los nuevos circuitos de la economía mundial19.
Medardo Rivas, en Los trabajadores de tierra caliente, menciona que el interés por las
tierras de frontera llegó solo a mediados del siglo XIX, pues se las consideraba insalubres y
objeto de grandes trabajos para poder integrarlas a la producción20. La limpieza de los
terrenos hizo que las propiedades del Valle del Magdalena tomaron precios fabulosos21.
En el sur del actual departamento de Antioquia, el boom cafetero ocurrido en las últimas
décadas del siglo XIX dinamizó los movimientos migratorios y produjo la famosa
Colonización antioqueña, fenómeno estudiado por historiadores que van desde Luis
Eduardo Nieto Arteta hasta Charles Bergquist y que la historiografía tradicional ha
reseñado como un proceso eminentemente ‘democrático’ que privilegió la pequeña
propiedad y el cultivo en minifundio. Entre la última década del siglo XIX y la primera del
XX, el precio del café tiene varios auges y descensos, lo que causa volatilidad en el
volumen y el valor de las exportaciones. No es sino a mediados de la primera década del
siglo XX que el café se inaugura como el producto estrella de las exportaciones
colombianas. Su bonanza estuvo acompañada de una agresiva política de expansión de
infraestructura y de apoyo a la industrialización impulsada durante el quinquenio de Rafael
Reyes (1905-1909)22, cuyo objetivo fue el decidido impulso de la industrialización y la
articulación de Colombia con la economía global, cuyos resultados fueron bastante
agridulces. Entre 1913 y 1929 el valor de las exportaciones aumentó casi en un 400%,
aunque el desempeño en relación a economías como Perú, Argentina o Venezuela era
19 Sobre esto existen numerosos estudios que muestran cómo la economía colombiana fue objeto de una profunda transformación gracias a estos pequeños booms exportadores. Para el tabaco, véase: Jesús Antonio Bejarano y Orlando Pulido, El tabaco en una economía regional: Ambalema siglos XVIII y XIX, Centro de investigaciones para el Desarrollo (Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, 1986).;Santiago Colmenares, “La inserción de economías regionales periféricas al mercado mundial: El caso del Tabaco en el Caribe Colombiano, 1850-1914.” (Universitat de Barcelona, 2017). Sobre la Quina, Camilo Echandía y Yesid Sandoval, “Historia de la Quina, una perspectiva regional: Colombia 1850-1882” (Universidad Externado de Colombia, 1986). 20Medardo Rivas, Los Trabajadores de Tierra Caliente (Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1946). Capítulo II 21Rivas. Capítulo II 22 GRECO, “Comercio exterior y Actividad Económica de Colombia en el Siglo XX: Exportaciones totales y tradicionales.”, Borradores de Economía, 1999. 8
13
bastante escueto23. A pesar de esto, el “pequeño boom” representó un cambio sustancial en
la economía nacional. El café era el responsable del 59% de las exportaciones entre 1908 y
192424, mientras que el Banano, correspondiente al 6% de las exportaciones durante el
mismo período25, y el Petróleo, que empieza a figurar dentro de los indicadores después de
1924 pero que ya despertaba interés en regiones como el Catatumbo y la faja del Sinú.
El total de las exportaciones tuvo un crecimiento espectacular, especialmente en los
períodos de 1917-1920, producto de la bonanza de la posguerra y que se vió interrumpido
por una importante crisis manifestada en el déficit de la balanza comercial, el descenso de
los precios del café y la consecuente depreciación de la moneda nacional frente al dólar
estadounidense26. Ante esto, el gobierno de Pedro Nel Ospina (1920-1924) decidió
contratar un grupo de expertos extranjeros para que le brindara recomendaciones en cuanto
a la política económica. El resultado fue la misión Kemmerer, que recomendó la creación
de la banca central colombiana y la vinculación de la tasa de cambio al patrón oro27. Esta
decisión, sumada al aumento del precio internacional del café, el espectacular crecimiento
de la inversión extranjera estadounidense28 y la indemnización por la pérdida de Panamá
fueron los desencadenantes de la danza de los millones, que provocó el otro gran
crecimiento exportador hasta 1929. Los nuevos flujos de capital eran interpretados como
los dinamizadores de la producción nacional, y el gobierno hizo lo propio con el
endeudamiento externo, encaminado principalmente a la financiación de las obras de
infraestructura29 y con un pequeño porcentaje dedicado al Banco Agrícola Hipotecario, que
rozaba el 8,2% del total30.
23 GRECO.6 24 GRECO, 13 25 GRECO,13 26 Leidy Peña, “1920: Colombia en plena crisis”, Admin-ister, núm. 27 (2011). 98 27 Jorge Valencia, “La misión Kemmerer y los intereses financieros británicos durante la década de 1920”, Lecturas de Economía 24 (1987). 15 28 Entre 1913 y 1929, creció tanto que Colombia pasó de ser el país con menor inversión del país del Norte a estar en quinto lugar en la región. (Fabio Sánchez y Juan Bedoya, “La Danza de los Millones y la Gran Depresión en Colombia, 1923-1931” (Documento CEDE No. 2016-11, 2016). 29 Sánchez y Bedoya. 30 Sánchez y Bedoya.
14
Por condiciones climáticas, la naturaleza del terreno y la ausencia de mano de obra, en
Bolívar no se desarrolló el cultivo del café, mientras que empresas agrícolas como el
algodón o el azúcar, se limitaron a algunos casos de éxito como la hacienda Sincerín en
cercanías de Cartagena y el ingenio azucarero de Ciénaga de Oro. La ganadería, en cambio,
tuvo una importante expansión que también se puede datar desde mediados del siglo XIX.
Desde la década de 1910 y a principios de 1920, se tuvo la esperanza de que el
departamento pudiera volverse un gran exportador de ganado a través del packing-house de
Coveñas, que estaría encargado de centralizar la distribución de la carne producida en
Bolívar. A pesar de que este proyecto exportador fracasó la exportación de cueros de res
representó en el decenio 1910-1920 un porcentaje que oscilaba entre el 7 y el 16% de las
exportaciones nacionales, aunque a partir de 1920 su aporte se fue marginalizando31.
El fracaso del “agroexportador ganadero” no impidió que el Bolívar se convirtiera en el
núcleo ganadero del país junto al resto de la Costa Caribe. Mientras en 1850 esta región
concentraba el 16% del total de cabezas de ganado del país, para 1960 el índice ya rozaba el
33%32. Del mismo modo, los índices de crecimiento son superiores a todo el resto del país,
pues mientras el promedio nacional de crecimiento de las actividades asociadas a la
ganadería es de 1.9%, en la Costa Caribe llega al 2.7% durante todo el período33. Según
Posada, las tierras que utilizaba el ganado en el departamento fueron generalmente montes
desmontados por la población a través del sistema de quema y roza de los bosques. Fuera
de eso, la geografía de la región era favorable para la incursión de la ganadería: una zona
mayoritariamente plana, que solo tiene elevaciones montañosas en la zona de los Montes de
María y las estribaciones de la serranía de San Lucas al sur del departamento, ofrece una
pendiente bastante favorable para la circulación y el tránsito del ganado34. Fuera de esto, las
tierras llanas se inundan gran parte del año por las crecientes de los ríos, lo que incrementa
la fertilidad de los suelos y permite un mejor crecimiento de los pastos35. La ganadería
31 GRECO, 13. 32Shawn Van Ausdal, “The Logic of Livestock: An Historical Geography of Cattle Ranching in Colombia, 1850-1950” (University of California, Berkeley, 2009). 14 33 Van Ausdal. 14 34 Posada Carbó, “La Ganadería en la costa atlántica colombiana, 1870-1950”.146 35 Posada Carbó. 146
15
recibió su impulso definitivo a finales del siglo XIX con la introducción de nuevos pastos
artificiales y con la mezcla de razas que aumentaron la productividad de las actividades36 y
que conllevaron a la existencia de excedentes bovinos que empezaron a complementar las
necesidades de carne en otras regiones del país, de las que resaltan Antioquia y Santander37.
Éstos factores positivos no fueron los únicos desencadenantes de la preeminencia
económica de la ganadería en la región. La difícil geografía del Bolívar, lleno de ciénagas,
caños y zonas inundables, hacía de las obras de infraestructura empresas costosas que el
gobierno central no estaba dispuesto a pagar. Así mismo, la apropiación de ejidos y baldíos
generó dependencias en los campesinos que impedían el emprendimiento de labores
agrícolas distintas a la siembra de pastos y las labores indicadas por el dueño de la tierra, lo
que según Solano generó la imposibilidad de abarcar empresas agrícolas exitosas38. Si a
esto se agrega la eliminación del arancel del algodón, que perjudicó a varios cultivadores en
Bolívar, y el fracaso de cultivos de caña de azúcar, es posible delinear las razones
completas del amplio éxito de la ganadería.
Tanto Posada Carbó como Adolfo Meisel consideran que la ganadería era la mejor opción
para conciliar el aprovechamiento de los escasos recursos existentes –la mano de obra- con
la gran extensión territorial- el departamento de Bolívar, como mencioné anteriormente,
tenía 60.000 kilómetros cuadrados. Pero Según Meisel, es esta orientación a los mercados
domésticos lo que explicaría parcialmente el rezago de la región con respecto a las otras
regiones del país. La ausencia de un producto clave39 orientado hacia la exportación que
generara cadenas de eslabonamiento entre la inversión y la economía regional40. La
diferencia con productos orientados al mercado doméstico es que la expansión de éstos 36 Posada Carbó. 149 37 Posada Carbó. 155. 38 Sergio Solano, “Relaciones difíciles. Industria textil y cultivo de algodón en la región Caribe Colombiana, 1850-1930”, Cuadernos de Desarrollo Rural 6, núm. 62 (2009). 39 Según Meisel, la teoría del producto clave proviene del historiador canadiense Harold Innis, en la que se señala que los productos clave son productos orientados hacia el mercado de exportación y constituyen el sector que marca el ritmo y la orientación del crecimiento económico. Así, el énfasis recae en el sector exportador como el agente dinamizador de la economía. (Adolfo Meisel Roca, ¿Por qué perdió la costa Caribe el siglo XX?, Primera edición, Colección Historia económica del siglo XX (Cartagena [Colombia]: Banco de la República : Centro de Estudios Económicos Regionales, 2011).171). 40Meisel Roca. 173
16
últimos está determinada por la expansión de la demanda externa del producto de
especialidad41. Si bien la Costa Caribe ‘exportaba’ ganado a las regiones interiores del país,
no es claro si generó las mismas cadenas de eslabonamiento y valor producidas en lugares
como las zonas cafeteras, tabacaleras o bananeras. Así mismo, la elasticidad-ingreso de la
ganadería hacía que las tasas de crecimiento relativo de la región fueran inferiores al
promedio nacional42. En todo caso, la ganadería era la actividad económica más importante
de la mayoría de municipios43 de Bolívar y sería ingenuo desconocer su importancia. El
primer error que se comete cuando se emprende el estudio de esta actividad económica es
asociarla directamente con el régimen de Hacienda44, y LeGrand recalca que aquí los
colonos y campesinos también participaban de la cría de ganado. En este sentido, es
necesario disociar el vínculo entre gran propiedad y ganadería, pues oculta la participación
de otras formas de ocupación del territorio también asociadas a su tenencia.
Más allá del ‘rezago’ costeño con respecto a la economía nacional, la danza de los millones
se hizo sentir en la región a través del creciente interés por las tierras, bien fuera para la
ganadería, la exportación de maderas finas o el petróleo. Esta favorable coyuntura
económica produjo en el ámbito rural la valorización de la tierra, motivada además por la
búsqueda de yacimientos petrolíferos y la ampliación de la red vial45. Según LeGrand, la
integración de las nuevas tierras a la economía rural del país fue notoria en las zonas
cafeteras del occidente –asociadas principalmente a la bonanza cafetera- y en la costa
Atlántica- asociadas al crecimiento exponencial del cultivo del banano y de la ganadería46.
Pero la bonanza económica no solo generó interés sino además conflictos entre los
ocupantes de estas tierras públicas y sus nuevos pretendientes, que tienen un espectacular
41Meisel Roca. 173 42Meisel Roca. 182 43 En los informes del secretario de gobierno al gobernador, Montería, Lorica, San Onofre, Sincelejo, entre otros, tenían como primera actividad económica la ganadería, y en segundo lugar las actividades de curtiembres relacionadas con los cueros. Véase también: Posada Carbó, “La Ganadería en la costa atlántica colombiana, 1870-1950”. 44 Posada Carbó. 144 45LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950); María Teresa Ramírez, “Efectos de eslabonamiento de la infraestructura de transporte sobre la economía Colombiana: 1900-1950”, en Economía Colombiana del siglo XX: Un análisis cuantitativo, de James Robinson y Miguel Urrutia (Bogotá: Fondo de Cultura Económica- Banco de la República, 2007). 46LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950). 135
17
crecimiento después de 1918 y hasta 193147. Los terratenientes, comerciantes y extranjeros
aterrizaban en las tierras públicas.
Los colonos, fuera del cultivo de la tierra dentro de los marcos de una economía de
subsistencia, comerciaban con distintos productos –principalmente maderas y ganado- para
generarse un excedente que les permitiera acceder a productos que no cultivaban. Así, lo
que implicó la llegada de los nuevos actores a las tierras públicas fue el desencadenamiento
de una competencia tanto por los recursos48 como por las tierras limpias, que no solo se
expresó en los conflictos estudiados sino también en formas más “subterráneas” de
coerción como la compra de mejoras y tierras a precios irrisorios. Van Ausdal señala que,
luego de examinar los registros de varias notarias, es posible estimar que entre un cuarto y
la mitad de los baldíos fueron comprados por medianos y grandes terratenientes, lo que
lleva a pensar que la acumulación no fue necesariamente violenta49 . Finalmente, no todas
las tierras públicas estaban ocupadas: Colombia, de amplia extensión territorial y con una
tardía incorporación de la frontera agrícola, tenía numerosas zonas despobladas.
Lo que sí es claro es que el interés nunca es por la tierra en abstracto, y que va mucho más
allá de la tradicional relación entre acumulación de tierras y búsqueda de hegemonía
política. La lógica económica nunca está ausente ni de las disputas por la tierra ni de los
procesos de expansión de la gran propiedad sobre la frontera agrícola. Según McGreevey,
integrar la frontera agrícola también se hacía en función de transferir recursos físicos del
sector de “subsistencia hacia actividades de producción para los mercados internos o
externos50. Con y contra el autor, considero que lo que ocurrió fue una transferencia de la
apropiación de las rentas extraídas de los recursos físicos. Mientras al principio los colonos
y campesinos recibían las rentas de éstos, con la llegada de los terratenientes y
comerciantes la apropiación del valor cambió de manos. Más aún, esta aproximación
permite aproximarse a los colonos y campesinos como agentes económicamente racionales
47LeGrand. 135 48LeGrand.19 49Van Ausdal, “The Logic of Livestock: An Historical Geography of Cattle Ranching in Colombia, 1850-1950”.137 50 William Paul McGreevey, Historia Económica de Colombia, 1845-1930 (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2017). 185
18
que no solo derivan subsistencia de la tierra sino que también encuentran formas de darle el
mejor uso posible.
Además de la competencia estaba la conflictividad. En la Historia doble de la Costa, Fals
Borda plantea una continuidad entre los conflictos indígenas de Jegua (actual Sucre) en el
siglo XVI y las luchas por el acceso a la tierra de la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos (ANUC). En principio, Fals busca historizar las luchas populares para
justificar la tradición de las luchas y la creación del “anhelado departamento del río”51. En
esta continuidad Fals Borda se aproxima al período que estudio a través del examen de lo
acontecido en las Tierras de Loba, en donde ocurre lo que el autor llama una “versión
regional del Imperialismo y la dependencia” y en donde los campesinos y colonos
resistieron con heroica virtud. En todo caso, las luchas se explican en virtud tanto de la
defensa de la ocupación ancestral como de la “descomposición de la clase dominante” que
se manifiesta en el maltrato y la violencia ‘patológica’ en contra de las clases
subordinadas52, expresada materialmente en el uso del cepo y de la matrícula en los años
veinte53, situación a la que responde la creación de los baluartes rojos. Este análisis,
cercano política y metodológicamente al marxismo y a los postulados de la ‘proletarización
del campesinado’, busca la explicación de las disputas en la persistencia de modos
culturales ‘antiguos’ y su choque con formas nuevas de producción. Contra esto, considero
que las disputas tienen causas específicas relativas al tiempo histórico en el que
acontecieron y que no se pueden desligar ni de la economía ni de la influencia política de
los comerciantes y terratenientes. Tampoco, de los mecanismos de expansión de estos sobre
las tierras públicas y la forma en que los colonos defendieron sus ocupaciones.
Por otro lado, Renán Vega señala que en la década de 1920 la llegada del capital
internacional alteró las relaciones de producción del actual Córdoba e impulsó la
proletarización de sus individuos, expresada en una forma de apropiación del trabajo
51Fals-Borda, Historia doble de la costa, 2002. 27B 52Fals-Borda. 155b 53 Fals-Borda, Historia doble de la costa, 2002.
19
llamada concierto o matrícula54, una semi-forma de explotación en la que los trabajadores
brindaban sus servicios a las haciendas por más de diez horas diarias a cambio de un salario
exiguo. Si se rehusaban después de firmar a las condiciones, se les perseguía con formas de
tortura como el cepo55.Esta es una de las situaciones que explica uno de los conflictos
preferidos de la historiografía, relacionados con los Baluartes de Lomagrande, Canalete y
Callejas, así como con la Sociedad de Obreros y Artesanos de Montería. Mientras que los
primeros eran tierras públicas rebautizadas por la sociedad y ocupadas por colonos, la
segunda era una organización obrera y campesina dirigida por Vicente Ádamo, socialista
italiano, y Juana Julia Guzmán de Cereté. Sus principales objetivos eran las denuncias por
las malas situaciones de los trabajadores agrícolas y el apoyo de obras “socialistas” como
un hospital, una biblioteca y una escuela obrera56.
Autores como Reyes consideran que la apropiación de tierras libres y de uso comunal
implicaba además intentos de apropiación de la mano de obra, que era uno de los recursos
más escasos de la región. Según Reyes, la expansión de la hacienda ganadera sobre tierras
públicas y resguardos indígenas buscaba también transferir la mano de obra desde el
autoabastecimiento hacia la producción de la hacienda. En este sentido, apropiarse de las
tierras no implicaba solamente su utilización dentro de la actividad económica sino el
aprovechamiento de sus habitantes para el desarrollo de esta actividad o la garantía de
lealtades políticas, pues los empresarios y terratenientes generalmente llegaban después que
los colonos a la frontera agrícola57. Esta interpretación adolece, sin embargo, de omitir las
lógicas económicas que implicaba la expansión de la ganadería y que fueron explicadas
anteriormente. Sin embargo, no desconozco que dentro de la misma lógica económica es
posible considerar la apropiación de la mano de obra como el “mejor uso posible” de los
recursos disponibles dentro de la lógica de los terratenientes.
54 Renán Vega Cantor, “Las luchas agrarias en Colombia en la década de 1920”, Cuadernos de Desarrollo Rural 1, núm. 52 (2011). 43 55 Negrete, Origen de las luchas agrarias en Córdoba. 23. 56Vega Cantor, “Las luchas agrarias en Colombia en la década de 1920”. 45 57 Salomón Kalmanovitz y Enrique López, “Instituciones y desarrollo agrícola en Colombia a principios del siglo XX”, Borradores de Economía, núm. 224 (2002).
20
No es posible continuar sin hacer referencia al marco legal en el que se enmarcaron las
disputas. Los colonos aprovecharon el cambio en la orientación de las leyes surgida a partir
de las leyes 61 de 1874 y 48 de 188258 para apelaban al gobierno central y solicitar la
protección de sus cultivos y, a partir de 190559, también llamaban la atención sobre la
antigüedad que llevaban ocupando el terreno, con la finalidad de cumplir con los requisitos
señalados por la ley 56 de 1905 para ser sujetos de adjudicación, pues señalaba que todo
individuo que ocupe tierras baldías y establezca en ellas casas de habitación y cultivos
artificiales adquiere derecho de propiedad sobre el terreno cultivado y otro tanto. Los
requerimientos para la adjudicación, sin embargo, eran engorrosos: El ocupante debía
solicitar la demarcación del terreno, realizada por agrimensores, junto a la adjudicación
respectiva. Estos dos elementos debían acompañarse de la declaración de tres testigos en
que se acredite la ocupación y el nombre de las tierras60. Los agrimensores, si bien eran
comunes en los poblados de las regiones61, ofrecían un servicio que pocos colonos podían
costear, así como el traslado de éstos a las cabeceras municipales, pues era allí donde
debían rendir testimonio sobre la ocupación de la tierra.62
En 1912 se promulgó el código fiscal que entra en sustitución de la normativa promulgada
en 1905. Durante el período que estudio, este código se convierte en el arma jurídica
preferida de los colonos en sus reclamaciones y solicitudes de amparo a los ministerios.
Establece que los terrenos públicos son aplicables al pago de deuda pública, a concesiones
a cultivadores, fomento de obras públicas, amortización de títulos de concesión de baldíos y
al servicio público nacional. Permitía, entonces, la adjudicación de bonos territoriales
emitidos antes de su promulgación, pero prohibía expresamente la emisión de nuevos. Sus
tenedores debían registrarlos ante los alcaldes municipales y los cónsules, en caso de 58 Estas dos legislaciones fueron las primeras en el país que señalaron la importancia del cultivo como la causa prima para las adjudicaciones. En este sentido, los que hiciesen un uso productivo de la tierra tendrían preferencia en las titulaciones [Machado, Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia: de la colonia a la creación del Frente Nacional. 59 La ley 56 de 1905 establecía nuevas pautas para la adjudicación de baldías. Según esta ley, los colonos debían buscar un agrimensor para la mensura del terreno y tres testigos que acreditaran su ocupación, fuera de tener casas de habitación y cultivos permanentes en la tierra a la que aspiraban.
61 En Eco Sinuano aparece información de un tal Louis F. Massard que ofrece sus servicios como agrimensor. En El comercio de Magangué publican también anuncios abogados que cumplen la doble función de ser agrimensores. 62 LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950). 57
21
encontrarse por fuera del territorio nacional. También libra al Estado de cargas fiscales,
pues no garantiza ni el saneamiento de los títulos ni la calidad de baldíos de los terrenos
que se adjudican. Finalmente, limita la extensión máxima de cualquier adjudicación a 2500
hectáreas, ampliando en 1500 lo dispuesto por la legislación de 1905. Esta legislación
parece conciliar las dos tendencias preexistentes de favorecimiento a los tenedores de bonos
e impulso para los cultivadores. Sin embargo, y por los costos anteriormente mencionados,
solamente 1256 campesinos en todo el país pudieron acceder a la titulación de las tierras
entre 1827 y 191763.
LeGrand explica que a partir de 1920 los mecanismos y estrategias de resistencia y acción
se transforman y que los colonos y campesinos “pasan” a la ofensiva64. En contra de esto
considero que los años veinte traen consigo una intensificación de los conflictos, más no la
transformación de la estrategias de lucha: el papel sellado sigue siendo fundamental y las
invasiones o conflictos más violentos o directos pueden datarse desde 1920. La legislación,
sin embargo, fue cada vez más favorable a los colonos: en 1917, se modifica parcialmente
lo dispuesto para permitir a los colonos acceder a terrenos que no superaran las diez
hectáreas. En 1916 se prohíben las adjudicaciones de terrenos baldíos ocupados por
indígenas65 y se prohíbe el desahucio y lanzamiento contra cultivadores, salvo que tengan
contratos de arrendamiento con propietarios66. Para 1926, la Corte Constitucional emite una
sentencia en la que establece que la única prueba de propiedad admisible es el título
original, a lo que los propietarios reaccionan negativamente llamándola la prueba de la
muerte, pues era prácticamente imposible demostrar estos títulos.
En síntesis, el cambio del escenario legal sirvió a los colonos en la medida en que las
preocupaciones fiscales del Estado se sintonizaban con sus demandas de colonización. Al
mismo tiempo, como la legislación estuvo tan marcada al favorecimiento del cultivo, se
limitó cada vez más la gran propiedad y se relajaron los requisitos para las adjudicaciones 63 LeGrand. 60 64LeGrand. 170 65 Ley 60 de 1916 66 Resolución, s.f, Diario Oficial, 1916. Citado en Machado, Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia: de la colonia a la creación del Frente Nacional..
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de menor cuantía. A pesar de estas leyes, cuyo impacto real sobre las posesiones de los
colonos fue muy limitado, el conflicto no dejó de aparecer: el traslape de los derechos de
propiedad y las adjudicaciones sobre terrenos ocupados causaron innumerables tensiones.
En 1911, Felipe Rogado y otros vecinos de Lorica le escriben al Ministerio de Obras
Públicas oponiéndose formalmente a la adjudicación de un terreno para la explotación de
Maderas finas a favor de Antonio Lacharme. Mencionan en él que están “[E]stablecidos
con cultivos permanentes y casas de habitación en [los] terrenos solicitados [por]
Lacharme, este distrito para explotarlo. Oponémonos solicitud”67. Oposiciones de este tipo
son comunes en el período, pues los empresarios y comerciantes rurales tenían amplia
influencia en las zonas alejadas de los centros de gobierno y podían comprar testigos sin
mayores recursos económicos que mintieran sobre la condición de las tierras públicas, así
éstas llevaran tiempo ocupadas por colonos.68
La apropiación irregular de los baldíos y de las tierras comunales era otra de las causas
principales de las disputas. Según Machado, el gobierno tuvo que salir varias veces a
aclarar a través de la legislación cuáles eran las condiciones para el acceso a tierras públicas
por parte de empresarios y terratenientes69 para evitar tanto apropiaciones ilegítimas como
lanzamientos70. Con base a la influencia territorial o al desgaste en tiempo y recursos que
podía implicar el establecimiento de una solicitud formal de adjudicación, muchos
empresarios recurrieron al cercamiento irregular o la invasión de terrenos públicos. En
1919, también en Lorica, Varios vecinos denunciaban que “[I]ndividuos sin título encierran
sus fincas sin ninguna autorización, cercenándoles terrenos a la nación [y] atropellando
derechos”. Los colonos afirman conocer el código fiscal vigente que los ampara y por eso
mencionan que habitan los terrenos baldíos de propiedad nacional desde hace más de
treinta años. Esta situación, fuera de circunscribirse al Bolívar, era patente en todo el
territorio nacional: En el Valle del Cauca, hacendados con títulos coloniales en las tierras
planas decidieron expandirse hacia los terrenos públicos de las montañas a través del 67 AGN, Baldíos, L-39 (11/39) 68 LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950).89 69 Machado, Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia: de la colonia a la creación del Frente Nacional. 70 Los lanzamientos eran expulsiones de individuos de determinado territorio, sea este público o privado.
23
cercamiento, lo que desencadenó numerosos conflictos entre las haciendas ganaderas,
azucareras y cafeteras con los colonos y ocupantes de la región71.
El cercamiento no fue, ni por mucho, la única forma de apropiación irregular de baldíos,
pues también existía la invasión directa con vacas o la siembra de pastos. Para 1922,
vecinos de Morales escriben al Ministerio de Agricultura solicitando amparo ante las
pretenciones que Francisco Barba tenía sobre sus terrenos. Según dicen, llevan varios años
labrando las márgenes de la quebrada de Ororia, en donde tienen siembras permanentes de
cultivos alimenticios y en donde Barba causa graves perjuicios en sus “[F]incas agrícolas
votando apastar crías de ganados, arrasar y convertir nuestras posesiones en terreno de
apastadero”. Mencionan también el contubernio del aspirante con “cierta autoridad, y luego
si pudiera lograr su pretención declararse dueño y señor del mencionado terreno”72.
Por otro lado, la exhibición de títulos falsos o la utilización de testaferros para burlar las
prohibiciones de extensión máxima de adjudicaciones se convirtió en otra de las armas
predilectas de comerciantes y terratenientes en su expansión hacia las tierras públicas.
Aureliano Restrepo remitió en 1919 desde el municipio de Zambrano una comunicación al
Ministerio de Agricultura en la que informa sobre el interés que una compañía tiene en la
adjudicación de terrenos sobre la costa y que abarcan aproximadamente 100.000 hectáreas.
El método, según dice, es a través de testaferros: “[…] se hacen figurar como peticionarios 15 o 20 “hombres de paja” a quienes se les paga por firmar las peticiones y otras fáciles providencias administrativas. Así se sortea el escollo de la prohibición de dar más de 2.500 hectáreas a una sola persona y luego se escrituran los traspasos”73.
El problema de los títulos, como se ve en el ejemplo anterior, concierne a la concentración
de tierras públicas tanto como al origen de las disputas. Los títulos falsos fueron más
detonantes de conflictos, pues el crecimiento económico y el renaciente interés sobre el
campo provocó que los viejos títulos de propiedad se desempolvaran y se exhibieran como
prueba del dominio de tierras que generalmente nunca habían visto sus “propietarios”74.
71LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950). 161 72 AGN, Baldíos, G-392 (10/44) 73 AGN, Baldíos, C-102 (30/59) 74LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950).
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Las tierras, naturalmente, se encontraban ocupadas y muchas veces se ponía en duda su
carácter de tierras privadas, lo que ocasionó en los colonos reacciones expresadas en
reclamaciones y peticiones de amparo ante los ministerios de Agricultura, Obras Públicas e
Industrias. Los colonos ponían en cuestión los títulos a través de reclamaciones y
solicitudes de información que, según Vicente Ádamo, “rosan directamente con los
intereses de mis compañeros”75. En 1924, el italiano solicitó, en nombre de la Sociedad de
obreros y artesanos de Montería, la confirmación de que en la oficina del ministerio
existían títulos a favor de los señores José Antonio, Pedro y Moisés Barrera, asumo que con
la finalidad de comprobar su legitimidad.
En suma, el análisis regional de los conflictos muestra que la “orientación legalista”76,
caracterizada por la marcada preferencia de los colonos a actuar por mecanismos
institucionales con la ayuda de abogados locales y personeros municipales, tuvo unas
variadas dinámicas internas que no se pueden explicar solo en virtud del mecanismo del
trámite de las disputas. Es decir, más allá de la decisión de utilizar el papel sellado como
instrumento de acción política, el análisis de los documentos nos muestra las marcas
diferenciales de cada tipo de conflicto. Mientras unos refieren directamente a las
adjudicaciones legales, otras son tensiones existentes por apropiaciones irregulares de
baldíos. Éstas se podían expresar en prácticas como el cercamiento de terrenos, la invasión
con ganado o la siembra de pastos, y también en estrategias “de papel” como la exhibición
de títulos falsos o el testaferrato.
75 AGN, Baldíos, K-22 (56/58). 76 LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950).165
25
III. La tierra disputada. Tipología de los conflictos
La documentación que consulté sugiere la existencia de 41 conflictos independientes, es
decir, que sus actores, causas, problema central y temporalidad difieren. Para sistematizar
las disputas establecí una guía temática que las divide en dos grandes grupos: en primer
lugar, disputas sobre tierras, que podían ser públicas (conflictos por adjudicaciones o por
apropiaciones irregulares) o privadas (conflictos por legitimidad de títulos e invasiones) En
segundo lugar, disputas sobre rentas, lo que quiere decir que el conflicto se centraba más en
el usufructo del acceso a la tierra y no en los títulos. Esto es importante por que complejiza
el vínculo entre las relaciones sociales y económicas y la propiedad: según Camargo, en las
llanuras inundables del río San Jorge o la depresión Momposina, la geografía transforma
completamente las relaciones entre los individuos y la propiedad, pues los frecuentes
cambios en los cursos de los ríos y la amplia presencia de ciénagas y playones hacen que,
en primer lugar, la propiedad de la tierra sea al mismo tiempo la propiedad del agua, y en
segundo lugar, que las relaciones sociales en torno a la propiedad sean más dinámicas y
menos individualizadas por los frecuentes cambios en la naturaleza del terreno77.
77 Alejandro Camargo, “Land born of water: Property, stasis, and motion in the floodplains of northern Colombia.”, Geoforum, núm. En Prensa (2017).
26
78
En este sentido, dividí el capítulo en varias subsecciones, utilizando casos paradigmáticos
para cada tipo de conflicto. En primer lugar está el conflicto típico sobre tierras baldías y
entre colonos y terratenientes. Luego, conflictos sobre propiedades privadas, generalmente
asociados a la llegada de inversionistas extranjeros, y que dan cuenta de alianzas
insospechadas que problematizan la idea en que el conflicto siempre fue del tipo modélico
señalado anteriormente. En tercer lugar están los conflictos sobre concesiones forestales y
recursos naturales, y en cuarto lugar los conflictos asociados a otros recursos. Finalmente,
hago una breve digresión sobre conflictos indígenas e impuestos. El objetivo de esta
clasificación es mostrar que la sistematización de los conflictos permite establecer nuevas
tipologías que complejicen el modelo tradicional de pensar las disputas por la tierra.
El patrón común que siguen los conflictos es el trámite por la Vía institucional. Si bien la
constitución misma del fondo de baldíos implicaría un sesgo con respecto a esta
información, la consulta de fuentes de prensa y de las comunicaciones de la gobernación
muestran que las tomas de tierras o las acciones ‘violentas’ no fueron comunes, y se 78 Este gráfico resume la clasificación de las disputas según los criterios escogidos. La columna “Tierra” (25 conflictos) es la suma de los conflictos sobre la ocupación de tierras baldías (17 conflictos) y sobre la propiedad de tierras privadas (8 conflictos). La columna “Recursos”(12 conflictos) es la suma de las disputas cuyo principal argumento es la explotación de recursos naturales (4 conflictos) y sobre recaudación de impuestos sobre tierras públicas e islas y playones (8 conflictos).
27
concentraron sobre todo a principios de la década de los treinta. Así mismo, existen varios
‘picos’ en los que las protestas se intensifican: El primero es al comienzo del período
estudiado, entre 1910 y 1911, donde comienzan también la mayoría de conflictos que
duraron más de cinco años. En 1915-1916 se presenta el segundo pico, y luego hay un largo
período entre 1919 y 1925 en que las reclamaciones y conflictos se intensifican79. Esto
último coincide con la afirmación de LeGrand de que la década de 1920 conllevó la
intensificación de los conflictos, aunque no es tan claro cómo se realiza el ‘paso a la
ofensiva’. Ya en 1910 se presentan conflictos por invasión de propiedades privadas, y en la
década de 1920 persisten las reclamaciones por la vía institucional. La ubicación de los
conflictos sigue un patrón muy definido. Las provincias de Mompós y Magangué son el
lugar de ocurrencia del 51% de las disputas. Si a éstas se agregan las provincias de
Morrosquillo, Montería/Alto Sinú y Chinú, encontramos que más del 90% de las disputas
ocurren allí. En la provincia del Carmen, que englobaba los Montes de María, datamos cero
conflictos, mientras que en la provincia de Cartagena y Corozal solamente encontramos un
conflicto para cada una.
a. Tierra
Tierras públicas y defensa de las ocupaciones
En 1919, más de 70 colonos como Trinidad López, Felipe Vargas y Cristo Bolaño le
escriben al Ministerio de Agricultura informando, con el mayor respeto, que son “colonos
cultivadores con fincas establecidas y casa de habitación y habitan con familias hace más
de treinta años en terrenos baldíos de propiedad nacional”80. El motivo de la comunicación
no es para dar cuenta de la situación, sino para denunciar que “[I]ndividuos sin título
encierran sus fincas sin ninguna autorización, cercenándoles terrenos a la nación,
Atropellando derechos”81. Además de denunciar, los colonos buscan que el Estado
79 Estos datos son el resultado de la sistematización de las fuentes. En total, se examinaron 700 folios de los fondos baldíos y archivo anexo del Archivo General de la Nación, así como varios informes y periódicos de la Biblioteca Nacional de Colombia. Luego de sistematizar la información resultaron los conflictos divididos por fecha/período, ubicación y actores. Las provincias se establecieron de acuerdo a la organización política del departamento señalado en los Informes del Secretario de Gobierno a la Asamblea departamental. 80 AGN, Baldíos, C-102 (14-18/59) 81 AGN, Baldíos, C-102 (14-18/59)
28
interceda en el conflicto: “Urgente, imploran orden a autoridades constituidas municipio
para que no permitan abuso impunemente”82.
Este conflicto expresa muy bien la estructura de las reclamaciones para la época. En primer
lugar, los conflictos se tramitaban ante el Estado y con la estructura consagrada en la
legislación vigente, que para el caso es el código fiscal de 1912. Argumentan, así, que
llevan determinado tiempo ocupando el terreno y que su ocupación es permanente. En
segundo lugar, varios individuos firmaban cada reclamación, lo que hace de las
reclamaciones individuales hechos poco comunes. Cuando esto pasa, generalmente se trata
de personeros municipales83 o notables de las regiones que utilizaban su influencia o su
cargo para hacer llegar las demandas de los colonos. El resto de reclamaciones están
marcadas por el carácter colectivo.
Finalmente, los colonos argumentan de tres formas su apelación al Estado. Buscan
mencionar que las aspiraciones de privados sobre las tierras públicas le cercenan terrenos a
la nación y con ellas su riqueza. Luego, recurren a un argumento interesante: la defensa de
sus derechos. LeGrand explica que los aliados del sector medio son uno de los factores que
explican la intensidad del fenómeno en algunos lugares del país84, y pueden explicar
también por qué en la argumentación prevalecen este tipo de argumentos sobre otros de
índole más económica. Tanto tinterillos locales como los personeros municipales
participaron activamente en la defensa de los derechos de los colonos, mientras que los
alcaldes y gobernadores generalmente estaban del lado de los terratenientes. Hacia 1922 en
Calamar, el personero Gilberto Waldez le escribe al ministerio de agricultura señalando que
Varios vecinos [de esta localidad], agricultores de buena fe, hanse quejado esta personería [argumentando que] Rafael Medina, actual alcalde [del] distrito, ha dado en venta hijos paternostro (italiano) un lote de terreno de más de 100 h[ectarea]s donde tienen sus fincas pancoger carácter permanente. Gestión suscrito desatendida por ser vendedor alcalde. Espero nombre buen gobierno intervención este particular85.
82 AGN, Baldíos, C-102 (14-18/59) 83 Los Personeros Municipales cobrarán cada vez más relevancia en el escenario de las protestas campesinas. Escogidos por el concejo municipal de cada municipio, generalmente pertenecían 84LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950). 101 85AGN, Baldíos, K-22 (19-20/58)
29
¿Por qué intercedían los personeros? Éstos pertenecían a las capas medias del sector rural,
con la suficiente influencia social y política como para lograr la designación en cargos
públicos como la personería, elegida por los concejos municipales, y también para ejercer
la abogacía empírica, pero no con el suficiente capital económico como para llevar su vida
en las capitales departamentales. Su formación era generalmente empírica, por lo que su
conocimiento de la ley era limitado pero suficiente para asesorar a los colonos en el trámite
de sus demandas. Sus motivaciones podían ser variadas: la asesoría jurídica les podía
procurar ingresos adicionales86 o bien sus intereses sintonizaban con los de los colonos. Los
alcaldes, si bien pertenecían a la misma clase de los personeros87, no simpatizaban con las
demandas de los colonos y comuneros, por lo que su actitud respecto a éstos debería
provenir de otro tipo de razones sobre las que aquí no se especulará.
Propiedad privada: alianzas y extranjeros
La llegada de los extranjeros cambió radicalmente el mapa de actores de la región y es útil
para mostrar la estructura de los conflictos sobre propiedades privadas con títulos
desempolvados. Tanto Joseph J. Cannon como Cecil Elmy, representantes de la American
Colombian Corporation y la Lancashire General Investment Company, respectivamente, se
sirvieron más de la compra de títulos, mejoras y propiedades que de las posibilidades de
adjudicación de baldíos a través de bonos de deuda pública o de concesiones de
infraestructura. Elmy es claro al respecto: En 1922, menciona que compró los terrenos de
“Astillero” y “Bejucal” en Magangué, y acto seguido también adquirió otros a las orillas
del Río Cauca88. Reconoce la existencia de colonos establecidos en los terrenos y que se
encontraban allí con el permiso de los anteriores dueños, y culmina explicando que él [A] nadie ha atropellado ni inquietado, solo les ha hecho reconocer la propiedad de la compañía representada por mí, prohibiendo el ensanche de esos cultivos y el establecimiento de otros nuevos. A todo el que ha resuelto venderme sus cultivos se los he ido comprando [a] precio satisfactorio”89.
86 LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950). 101 87LeGrand. 107 88 AGN, Baldíos, H-141 89 AGN, Baldíos, H-141
30
Luego, Elmy menciona que ha buscado amojonar90 los terrenos y se ha encontrado con la
franca oposición de más de 50 individuos que, encabezados por un político de grandes
influencias, han dicho que los terrenos son baldíos y que en ellos hay cultivadores. ¿Qué
pasaba? ¿Por qué habían extranjeros interesados? El 26 de junio de 1920 , El Socialista de
Bogotá publicó un artículo titulado “Inmigración Yanqui”, que reseña las impresiones de
Enrique Gaviria, miembro del liberalismo antioqueño, en un reciente viaje por el río
magdalena. “El señor Gaviria ha observado que los buques del Magdalena suben repletos
de extranjeros y principalmente de americanos, que van quedando en los caseríos de las
orillas: pero que no se trata de inmigrantes que como en la Argentina y el Brasil, van en
busca de pan y de trabajo, no; se trata de hombres versados en los negocios, que vienen
provistos de dinero a crear riqueza y a darle inversión a sus capitales”.
Hacía ya varios años que el país había despertado el interés de los capitales extranjeros. A
partir de 1910, la inversión extranjera directa en el país creció ostensiblemente, al pasar de
61,2 millones de dólares en este año a 173,6 en 193091. El origen de los capitales no tuvo
gran cambio, pues Estados Unidos, Inglaterra y Francia eran los principales orígenes de la
inversión, aunque la inversión proveniente del país norteamericano tendió a aumentar. Ésta
estaba destinada en un 50% a la inversión petrolera y la otra mitad se fragmentaba entre
inversiones bancarias, infraestructura, agricultura y comercio.
En el Bolívar el “problema extranjero” suscitó distintos debates y aproximaciones. Por
ejemplo, los redactores de Eco Sinuano tenían sensaciones ambivalentes al respecto. En un
artículo del 15 de abril de 1915 mencionan que Colombia, país de gran riqueza natural,
también guarda en su subsuelo hidrocarburos, que han intentado ser explorados desde que
Stiffler92 vaticinara la existencia de petróleo en la “Faja del Sinú”. Para los autores, los
intentos de exploración serían provechosos, pues “[S]i mañana, quiéralo Dios, salen los
90 de amojonamiento: Señalar con mojones los linderos de una propiedad o de un término jurisdiccional (“Amojonamiento”, Real Academia Española, s/f.). 91Humberto Bernal, “Inversión extranjera directa en Colombia en el siglo XX, énfasis en el sector Petróleo.” (Universidad de los Andes, 2012).
31
chorros gruesos de petróleo del gran lago salvador, será esta región sinuana un emporio de
riqueza inagotable que permitirá arreglar sus vías acuáticas, trazar obras de hierro, sanear
sus ciudades y fundar otras nuevas, levantar sus industrias y sumarlas con otras”93.
Sin embargo, manifiestan preocupación por el capital extranjero: “Algunas voces se han
levantado contra los señores Martínez, porque se considera ilegal el título de las minas de
petróleo que con ellos explota la Standart [sic], y peligroso que esta Compañía
norteamericana siente reales en nuestro territorio por estar fresca la tremenda lección de
Panamá”94. Esta sensación ambivalente sería la marca principal de la llegada de los
extranjeros a las tierras del Bolívar, donde no fueron pocos los intentos de explorar nuevas
actividades productivas. Grandes empresas como la Standard y la Tropical Oil Company
habían desembarcado en el país con el propósito de aspirar a las concesiones petroleras en
el marco del boom del producto que terminó capitalizando con mayor ahínco el vecino país
de Venezuela. Otros individuos, como Joseph J. Cannon, Walter Cluff y Cecil Elmy,
estuvieron más preocupados por la creación de grandes fincas ganaderas, mientras que
Louis Stiffler y Robert Cunninghame Graham venían con el propósito de conocer la región
para explorar nuevas posibilidades de explotación económica95. Pero como pocos, los
extranjeros encontraron amplia resistencia entre quiénes veían en ellos la continuación de la
amenaza a los intereses de la patria comenzada con la separación de Panamá en 1903. El
comercio de Magangué, el 23 de septiembre de 1914, advertía sobre los peligros que
encarnaba el tratado comercial con los Estados Unidos, y distintas personalidades se
pronunciaron en contra de su llegada.
La historia de Cannon es particular. Proveniente de Utah, en los Estados Unidos, era un
prominente miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Desembarcó en Colombia en 190996 con el firme propósito de hacerse con las Tierras de
93 “Riqueza mineral”. Eco Sinuano, 3 de abril de 1915 94 Eco Sinuano, 95 Graham, en Cartagena and The Banks of the Sinu, muestra el interés existente en el gobierno británico por la financiación del packing-house de Coveñas. 96Shawn Van Ausdal, “Land grabbing in early twentieth century Colombia: the American-Colombian Corporation Fiasco”, s/f. 5.
32
Loba, un enorme terreno de aproximadamente 600.000 hectáreas en el que tenía el
propósito de “fundar la finca ganadera más productiva del mundo”. Sin embargo, no había
viajado solo: en 1909 estaba acompañado por Cluff, quién había liderado una expedición de
la Brigham Young Academy por Sudamérica97. Cluff creía firmemente que en Colombia se
hallaba Zarahemla, la antigua patria de las personas del libro Mormón, en las cercanías del
Tolima98, y también aprovechó para tomar nota de posibilidades de inversión. Pero Cannon
desembarcó en Barranquilla en 1909, desde donde tomó un barco de vapor hasta el Banco y
allí una canoa hasta San Martín de Loba99. Con opinión jurídica favorable, decidió empezar
la compra de las Tierras de Loba. Hacia 1914 fijó su residencia en El Banco, Magdalena
Dada la amplia extensión de las Tierras de Loba, caía en la jurisdicción de los municipios
de San Martín y Barranco de Loba, Margarita y Palomino, todos en la depresión
momposina. Para 1910, el personero Municipal de Barranco manifestaba que “Los señores Duff y Cannon se han presentado cobrando impuesto de un centavo oro por cada cabeza de ganado vacuno. También cobran a cultivadores y comisarios, a algunos les extienden escribas (sic) de acuerdo con lo que predican. No tienen mandato de ninguna autoridad, solo un título y una escritura de compra que han hecho al Dr. Pantaleón Ribón de los terrenos de Loba, título heredado del expedido por el rey al capitán Diego Ortíz Nieto.100
Los títulos de propiedad de Cannon y Duff eran ampliamente cuestionados, pues no era
claro si eran legítimos, en primer lugar, y en segundo nadie podía comprobar efectivamente
que la familia Ribón, vendedora de gran parte de los terrenos, los hubiera ocupado o
hubieran hecho presencia efectiva en algún momento. Los personeros de El Banco y San
Martín solicitaron al Ministerio de Obras Públicas concepto sobre la exequibilidad de los
títulos para saber como proceder101. Las disputas fueron más allá del terreno regional y en
1920 Agustín Cabrales llega a Bogotá en representación del personero Pablo Mier, los
vecinos e interesados en el conflicto. Antes de partir para la capital, envió una solicitud al
Ministerio de Agricultura, en la que menciona que los vecinos imploraron protección,
97Van Ausdal. 4 98Van Ausdal. 4 99Van Ausdal. 5 100 AGN, Baldíos, A-478 101AGN, Baldíos,A-478 (512)
33
amparo y garantía para bienes y vidas ante la gobernación de Bolívar, pues el prefecto de
Mompós “[L]os intimidó con reducirlos por la fuerza si no reconocían a Cannon como el dueño. Cannon propone en Mompós la formación de un batallón para la reducción de los ciudadanos pacíficos que protestaban contra la iniquidad de convertirlos en súbitos de Cannon hoy y del gobierno americano mañana. Y a la casa de gobierno de Mompós acudió una multitud solicitando armas con qué asesinar a sus propios hermanos (…)”102.
El conflicto era patente en los municipios y en gran parte de los terrenos. Pareciera que los
lobanos pensaban que aquí no solo estaban en juego sus ocupaciones y propiedades sino
también la posibilidad de la independencia nacional cercenada. Es por esto que los vecinos
de los municipios de las Tierras de Loba aquí no solo apelaron a la defensa de sus
derechos, el amparo de sus ocupaciones y propiedades y las nociones de lo justo y
moralmente correcto, sino también a la defensa de la nación como un aspecto fundamental
y que, como veremos, es el argumento que aglomera a los grupos de interés en torno a la
defensa de los terrenos.
Esta preocupación por la independencia y la creciente influencia del norte no solo ocupaba
a los lobanos: la creciente influencia de los Estados Unidos, motivada tanto por la política
del buen vecino como por el crecimiento de la inversión extranjera directa en el país, causó
en las élites tanto preocupación como buenos recibimientos. Después de la pérdida de
Panamá se incrementó el ambiente hostil contra los norteamericanos tanto a nivel oficial
como extraoficial103. Este ambiente hostil se expresó principalmente en los “malos ojos”
con los que muchos colombianos veían el intervencionismo norteamericano en las playas
del Caribe104 y solo vino a cambiar parcialmente con el pago de los veinticinco millones de
dólares que Colombia recibió como indemnización por la independencia de Panamá105.Pero
las buenas sensaciones también estaban presentes. Entre 1914 y 1916, Marco Fidel Suárez
proclamó la doctrina de la “estrella polar”, en la que Colombia debía estar siempre con la
mirada puesta en los Estados Unidos, tanto por admiración como por razones geopolíticas.
102AGN, Baldíos, D-473 103 David Bushnell, Eduardo Santos y la politica del buen vecino 1938-1942 (Bogota: El Ancora Editores, 1984). 12 10431/8/18 16:29:0012 105Bushnell.12
34
Tampoco estuvieron solos. Pedro María Revollo, presbítero de Mompós y quién llegó a la
Provincia después de tener problemas en Barranquilla por su supuesta participación en el
escape de Pedro León Acosta, de quién se dice fue el autor intelectual del asesinato de
Reyes106, participó activamente en la defensa de las Tierras de Loba encomendado por el
gerente de la Compañía Ganadera de Antioquia, que tenía intereses en la región107. Si bien
desconocemos los motivos por los que Nuñez contactó a Revollo para intermediar con el
gobierno nacional, su papel en la defensa de los colonos y en el trámite de sus demandas es
fundamental. En una comunicación al Ministerio de Industrias, menciona que la American
Colombian Corporation busca vender sus derechos a otra compañía extranjera, con lo que
continuaría el “[D]espojo nación, perjuicio cultivadores”108.
Loba no era, sin embargo, el único lugar en que esto ocurría. Diego Cortéz le escribe al
Ministerio de Agricultura desde Majagual para denunciar las pretensiones que Cecil Elmy
tiene sobre terrenos en dicha jurisdicción. Su argumentación no reside, de nuevo, en la
ocupación o en la estructura territorial, sino en la amenaza que encarna el inglés para la
integridad nacional109. Ante el rechazo de las autoridades municipales en el reconocimiento
de los títulos de Elmy, Cortéz menciona que éste buscará ampararlos por cualquier tipo de
medio, sino con la fuerza del derecho, “[S]i con el derecho de la fuerza que les prestarán
sus naciones en el Magdalena y el Atlántico”110. También menciona que Elmy “Pediría
protección del gobierno para lanzar del terreno a todo ocupante que manifestara resistencia
a venderle o reconocerle dominio de propietario, que si nuestro gobierno se mostraba
negligente […] se dirigiría por medio del cónsul inglés a su gobierno para que éste lo
apoyara con toda la fuerza necesaria”. La sintonía de la defensa de la tierra con el interés
nacional es, a nuestro juicio, la causa de que individuos y colectivos de tan distintos
orígenes y pertenecientes a sectores tan heterogéneos buscaran hacer frente común ante lo
que consideraban era una amenaza insoslayable de intervención extranjera sobre el
territorio que consideraban nacional y al que decían pertenecer. 106Eduardo Lemaitre, Rafael Reyes, biografía de un gran colombiano (Cartagena: Espiral, 1967). 230 107Fals-Borda, Historia doble de la costa, 2002. 108 AGN,Baldíos,H-142 109 AGN,Baldíos,D-473 (32/45) 110AGN,Baldíos,D-473 (32/45)
35
Los extranjeros, sin embargo, no se quedaron quietos. Así como encontraban apoyo en los
prefectos de las provincias o en los alcaldes municipales, también buscaron otras formas de
interceder en la defensa de sus intereses. Cannon, por ejemplo, registraba en la notaría de
Mompós todas las compras que iba efectuando a los dueños de los títulos de las Tierras de
Loba111. También asistió varias veces a Cartagena, acompañado de los abogados Manuel
Dávila Flórez y Pablo Amaris, para enviar sendos conceptos jurídicos sobre la pertinencia
de sus títulos a Bogotá112. Cecil Elmy, por su parte, buscó de varias formas entrevistarse
con el presidente Ospina para explicarle la situación, a través de comunicaciones en las que
explicaba que lo único que pedía era el reconocimiento de su propiedad, o encuentros que
el presidente tuvo con su hermano en alguno de los viajes por el río Magdalena.
Lo que trato de mostrar con esto es que tanto el conflicto de las Tierras de Loba como el
que concierne a Cecil Elmy diversifican las estrategias y producen alianzas insospechadas.
Así mismo, evidencian la emergencia de intermediarios con capacidad de encontrar nuevos
canales de acción y comunicación que tuvieron resonancia no solo en las decisiones de las
instituciones, sino importancia también en el discurso de la opinión pública y el interés de
otras esferas del Estado en el conflicto. La Memoria del Ministerio de Agricultura al
congreso, en 1921, dedica un largo apartado a la explicación de la evolución de las tierras
de Loba, y en El Tiempo de Bogotá salen varios artículos publicados por Agustín Cabrales
y otros en los que se cuestiona el valor jurídico de los títulos de Cannon y se discuten
aspectos sobre la problemática de las tierras.
b. Recursos
Economía y medio ambiente
En 1911, Antonio Lacharme, ganadero monteriano hijo de franceses, solicitó a la
gobernación de Bolívar una concesión forestal para cortar y extraer maderas de cedro y
111 Ministerio de Gobierno. Algunos documentos sobre las tierras de Loba. (Bogotá: Imprenta Nacional). 15 112 Ministerio de Gobierno. 37
36
caoba durante un período de tres años de un terreno situado en el Municipio de Lorica113.
Ante sus pretensiones, tanto colonos como propietarios de terrenos privados reaccionaron:
Vicente Arteaga y varios más exigen preferencias en la adjudicación para la compra de las
hectáreas adyacentes a los terrenos que por ley les corresponden. No son los únicos que se
oponen a la solicitud, pues Felipe Agames, Benito Rivera y otros también mencionan que
tienen casas y cultivos permanentes en el terreno y solicitan a las autoridades nacionales
amparo ante las pretensiones de Lacharme. Finalmente, José Joaquín Chica manifiesta su
desagrado con la adjudicación, pues ésta comprende no solo un globo de tierras públicas,
sino también parte de la propiedad privada que habitaba.
¿Por qué la disputa era sobre la concesión y no sobre la tierra? Leal hace referencia a un
caso similar en el pacífico colombiano y en relación a la explotación de Tagua. Allí, más
que existir conflictos por la propiedad de la tierra, se trató de disputas en torno a la
explotación de recursos naturales como la tagua o los productos de las minas –
principalmente auríferas-. Los colonos explotaban estos recursos y los vendían a los
comerciantes de Tumaco, quienes se veían favorecidos por los bajos precios de las materias
primas114. Desde finales del siglo XIX, distintos individuos buscaron obtener derechos
sobre los taguales para eliminar la competencia de los comerciantes y beneficiarse con el
acaparamiento de toda la cadena de valor. A partir de 1907 no buscaban la apropiación de
las minas o taguales, sino la adjudicación de concesiones para su explotación, pues a partir
de este momento los bosques nacionales pasaron a ser propiedad del Estado115.
En Bolívar, la explotación de maderas finas era una actividad económica de vieja data. A
principios del siglo XX se estableció en la región del Sinú la Geo D. Emery Company, una
compañía norteamericana especializada en la extracción de maderas, principalmente de
caoba y Cedro. En Nicaragua controlaba todas las concesiones madereras de explotación, y
en Colombia su actividad era importante: para 1916, exportaba anualmente una cifra
113AGN, Baldíos, L-39 (11-39) 114Claudia Leal, “Disputas por tagua y minas: recursos naturales y propiedad territorial en el Pacífico colombiano, 1870-1930”, Revista Colombiana de Antropología 44, núm. 2 (2008): 409–38. 416. 115Leal. 416.
37
cercana a las 3.000 toneladas de Madera y ocupaba a 400 trabajadores116. La compañía
primero explotó maderas en el Sinú y luego se trasladó a las estribaciones del actual
departamento del Chocó.
Si bien a partir de la década de 1920 la explotación de maderas finas tiene una espectacular
caída en el peso relativo de las exportaciones, su explotación parecía serle importante al
Ministerio de Agricultura. En 1916, en parte por la bonanza económica que llevó a los
comerciantes y terratenientes a preocuparse por la expansión de la frontera agrícola y en
parte por la reciente creación del departamento de estadística, el Ministerio de Hacienda
obliga a las oficinas públicas a establecer un servicio de estadística que de información
fiable sobre el territorio, el comercio de exportación, el comercio y otras variables. Así, el
Ministerio de Agricultura envía a los municipios de la nación cuestionarios que informen
sobre el estado de las tierras baldías, su ubicación y explotación. En él, se pregunta sobre el
estado físico de las tierras baldías y sobre la existencia de cultivos de banano, sobre la
ganadería, y sobre existencia de tagua, maderas finas, minas de carbón y aluvión y
yacimientos de petróleo. Vemos, entonces, que existían fuera de la ganadería productos
importantes tanto para el Estado como para los terratenientes y comerciantes. A pesar de
esto, no hay que olvidar que la ganadería es una actividad económica profundamente
asociada a la deforestación, pues en Colombia los pastos se expandieron más a expensas de
los bosques que de las sabanas naturales117
Regresando a los recolectores de Tagua, éstos hicieron todo lo posible para que los terrenos
en donde se ubicaban los taguales permanecieran baldíos, pues esto garantizaba la
continuidad de la explotación común118. Esto explica, en parte, la disputa de Lorica y las
subsiguientes relacionadas a la explotación de recursos naturales: Más allá del conflicto
entre ganadero y colono, e incluso más allá de los conflictos en torno a los derechos de
propiedad, existieron varias actividades económicas cuya explotación es el centro de las 116Jaime Exbrayat, Historia de Montería, 2. ed (Montería: Alcaldía Mayor de Montería, 1994). 117Shawn Van Ausdal, “Potreros, ganancias y poder. Una historia ambiental de la ganadería en Colombia, 1850-1950”, Historia Crítica, núm. 362 (2009). 118Leal, “Disputas por tagua y minas: recursos naturales y propiedad territorial en el Pacífico colombiano, 1870-1930”. 420
38
disputas. En este sentido, la propiedad pasa a un segundo plano, en la medida en que
continúa sigue siendo importante pero no es el factor catalizador o detonante de este tipo de
conflictos, como sí lo son los modos de ocupación del territorio y la explotación de los
recursos naturales. Mientras las protestas tradicionales expresan preocupaciones por el
cercamiento de las tierras, los títulos falsos o el reconocimiento de la propiedad, este tipo
de conflictos están más interesados en denunciar las explotaciones naturales de los recursos
y las condiciones del trabajo en la explotación.
Para 1923, Manuel González y Joaquín Ruiz le escriben al presidente Pedro Nel Ospina en
aras de denunciar a Antonio y Luis Lacharme por las condiciones bajo la que éstos
explotaban la Pita, una planta que producía un tejido similar al Henequén, famoso por su
producción en la región yucateca de México. González y Ruiz manifestaban que los
hermanos Lacharme, en contubernio con una empresa extranjera, explotaban pitales en
terrenos nacionales haciéndolos pasar por propiedades privadas. Según ellos, los Lacharme
manifestaban haber arrendado un terreno donde existían pitales y tener este tejido en sus
propios terrenos, pero en una inspección ocular los autores no encontraron rastro alguno.
Todo lo contrario, manifestaban que los frondosos pitales situados en terrenos nacionales se
encontraban cada vez más maltrechos y que los billetes falsos abundaban en la localidad,
posiblemente por los tratos de los hermanos Lacharme con las compañías extranjeras,
quiénes les habían entregado la suma de diez mil dólares en oro acuñado119. Envían al
presidente un extracto del diario La libertad, en el que se denuncian las condiciones bajo
las que se explotaba la pita, que está Próxima a desaparecer de los bosques nacionales, como han desaparecido el caucho, la raicilla y la
madera, si el gobierno no toma sus medidas para que no se despilfarre esta valiosa herencia de los
hijos del país. Sucede que una compañía extranjera, ayudada por colombiano de origen francés, para
evitar la competencia, hace esto: Exporta todas las matas pequeñas en grandes cajas orificadas, y las
grandes después de sacar las fibras por medio de máquinas, son destruidas sin piedad, hasta en sus
últimas raíces”120.
119 AGN, Baldíos, Tomo 55, Vol. 2 120 La libertad, 1923. En: AGN, Baldíos, Tomo 55, Vol. 2.
39
Los conflictos, entonces, no estaban aislados y que se relacionaban con variables con el
trabajo, sin que el énfasis deje de ser la explotación de los recursos naturales. El diario
continúa mencionando que la producción “Lleva al silencio al peonaje que tan solo gana
0,30 diarios, mientras que el autor principal de estas desvastaciones se ha llenado los
bolsillos, muy bien repletos”121. A partir de McGreevey es posible analizar este fenómeno,
denominado por el autor llama la transferencia gradual de recursos físicos desde las
actividades tradicionales hacia el creciente sector moderno. Así, los terratenientes no eran
los únicos en explotar maderas finas, criar ganados o cultivar otros productos. Los colonos
también lo hacían122 pero el excedente económico se quedaba en ellos. Como se exploró
anteriormente respecto a la tagua, es posible que los colonos extrajeran pita para su propio
uso y que el excedente lo negociaran con comerciantes que buscaban su exportación. Puede
que ganasen poco, como en la Tagua, pero eso demuestra que no es tanto una transferencia
de sectores distintos de la economía, sino de agentes dentro de un ciclo económico que
buscaban la apropiación del lucro. Cuando los pitales eran explotados exclusivamente por
concesiones o franquicias, el lucro se quedaba exclusivamente en su esfera; cuando los
bosques quedaban en terrenos baldíos y eran de explotación libre, la distribución del lucro
podía tocar así fuera marginalmente a colonos y campesinos.
En este sentido, no solo se trata de analizar cómo se transfiere la mano de obra agrícola
hacia actividades controladas por empresarios y terratenientes, sino cómo los recursos
físicos del sector agrícola se transfieren desde el sector de subsistencia a las actividades de
producción orientadas hacia el mercado, bien sea de exportación o doméstico123. Por otro
lado, el interés de comerciantes y terratenientes por las tierras públicas radicaba en que en
ellas existían varios recursos –maderas, tierras fértiles, recursos no renovables- que
llamaban su atención. Más allá de una expansión irracional sobre las tierras públicas, se
trataba de pretensiones de comerciantes y terratenientes asociados a territorios y productos
121 La libertad, 1923. En: AGN, Baldíos, Tomo 55, Vol. 2. 122 Los datos del fondo baldíos y LeGrand muestran que en la Costa Caribe los colonos tenían la particularidad de criar ganados. Por otro lado, la extracción de maderas finas era otra de las actividades que les servían a los colonos de sustento. 123McGreevey, Historia Económica de Colombia, 1845-1930. 185
40
concretos. Los territorios, especialmente, ocupan un lugar importantísimo en el análisis de
esta región.
Territorio y formas de ocupación
En 1915, varios vecinos de Bodega Central elevaron una queja al Ministerio de Obras
Públicas, en la que expresaban su inconformidad por la “apropiación indebida” que
Honorio Pérez, de Simití, hacía sobre los terrenos que vienen ocupando desde hace un
tiempo. Los vecinos manifiestan que se les prohíbe el uso de los terrenos públicos que
otrora ocupan, y les impide cortar maderas de ninguna clase. Finalmente, manifiestan que
Pérez “[T]rata de coartar en el derecho público de que todos los demás deben gozar
libremente por concesión de la ley. Si Pérez hubiera obtenido la adjudicación de los
terrenos por el Gobierno Nacional como dice él, ¿Por qué no presenta ese título?”
Aquí se presentan varios de los elementos de un conflicto típico por la tierra en el
departamento de Bolívar. En primer lugar, se ponen en cuestión los títulos, práctica usada
ampliamente por los colonos para defender sus ocupaciones – y que, por lo visto en
extractos anteriores, correspondía a una de las prácticas usadas por los terratenientes para
apropiarse de las tierras públicas-. En segundo lugar, más importante que la propiedad de la
tierra es su ocupación y explotación, pues los otros argumentos derivan de la prohibición de
explotar los recursos –tierra y maderas-. En tercer lugar, se esgrime la ley como el elemento
fundamental de la defensa de la ocupación.
Sin embargo, el conflicto de Bodega Central ilustra otra dinámica fundamental para el
estudio de las disputas, esto es, la relación de la ocupación del territorio y el medio
ambiente con las situaciones de conflictividad. Pérez también prohíbe a los ocupantes el
uso de las sabanas para pasar allí la temporada de inundaciones causadas por las crecientes
de los ríos. Esto se explica, principalmente, por las características geográficas particulares
de la depresión momposina, que hacen que en los períodos de crecidas de los ríos el 80% de
su territorio se inunde. Esto se da, principalmente, por el aumento progresivo del nivel de
los ríos entre abril y octubre, que desencadena en el período de noviembre a diciembre la
41
presencia del máximo nivel de aguas124. Según Viloria de la Hoz, esto ocasiona una ventaja
comparativa –la fertilidad de los suelos- y un problema –las inundaciones afectan la
economía y las condiciones de vida-125 La zona, con una extensión de aproximadamente
10.000 kilómetros cuadrados, es una de las áreas inundables más grandes de América126.
Según LeGrand, esta geografía provocó en la Costa Caribe un régimen especial de
ocupación en el que los pueblos se integraban en torno a la tierra comunal, y en donde los
tiempos de la vida del colono giraban en torno al ciclo de lluvias y sequías. Esto los llevaba
a pescar en los tiempos de lluvia y cultivar y criar ganado en los tiempos de sequía127. Otros
autores han denominado esta forma de vida como la cultura anfibia128 o la economía
anfibia129, en la que la relación del ser humano con la tierra está mediada por los ciclos del
agua. Esta aproximación complejiza el estudio del fenómeno de las disputas en el
departamento de Bolívar, en la medida en que la gran mayoría de los conflictos se sitúan en
la subregión de la depresión momposina. Así, los colonos no solo cultivan la tierra sino que
también pescan, y la propiedad o explotación de los cuerpos de agua juega un papel
fundamental.
En 1921, varios vecinos de Achí, Majagual, Magangué y Palomino casaron una disputa
contra Manuel Rivas y Rafael Tafur Guerrero por la Ciénaga de Garrapata y la tierra
adyacente. Los vecinos, preocupados por las intenciones de los dos individuos, pidieron
amparo al Ministerio de Agricultura. Consideraban que lesionaban sus “[I]ntereses, pues
tenemos posesiones adjudicadas hace más de veinte años con pastos artificiales”. Fuera del
tiempo de la ocupación, los vecinos argumentan que La Ciénaga, descubierta por vecinos
de Playa Alta y Muzungá, es de dónde derivan su subsistencia y que está incluida en la
mensura realizada por Rivas y Tafur. Esto 124Joaquín Viloria de la Hoz, “La economía anfibia de la isla de Mompox”, Documentos de trabajo sobre economía regional, núm. 148 (2011). 15 125Viloria de la Hoz.15 126Luisa Herrera y Gustavo Sarmiento, “Evolución ambiental de la Depresión Momposina (Colombia) desde el Pleistoceno tardío a los paisajes actuales”, Geología Colombiana 26 (2001). 96 127LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950). 55 128 Orlando Fals Borda dedica un capítulo del primer tomo de la Historia doble de la costa a la descripción del ethos anfibio. 129 Joaquín Viloria hace lo propio en el texto citado anteriormente.
42
afecta grandemente vecinos, pues ha estado destinada al servicio común hace más [de] cincuenta años, quienes la mantemenos limpia, pues antes eran zapales, podemos probar [con] abundancia [de] testigos. Días pasados preséntose Tafur Guerrero a dicha Ciénaga con policías armados atropellando nuestros derechos, amenazándonos. Imploramos justicia, quejándonos tamaña infamia. Servidores”130.
La explotación comunal de la Ciénaga es aquí el proceso que explica la existencia del
conflicto. Más allá de disputas por la propiedad de la tierra, lo que refleja el interés de los
colonos es la posibilidad de continuar explotando dicha ciénaga, argumentado tanto en la
ocupación de más de veinte años –que cumple con el requisito del Código Fiscal para las
adjudicaciones u oposiciones- como su papel en el descubrimiento del cuerpo de agua y en
su mantenimiento. Así, aparecen dos elementos principales: en primer lugar, la defensa de
la ocupación común, tanto por las características físicas como por las dinámicas de la
economía de susbsistencia en el territorio, se convierte en una de las causas fundamentales
de los conflictos. En segundo lugar, la vía institucional también implicó el uso de la fuerza,
pues la policía llega a la Ciénaga a desalojar cuando el resultado de la disputa en los
juzgados es favorable para Rivas y Tafur.
c. Otras disputas
Indígenas y Municipios
En 1923, un grupo de indígenas encabezados por Jerónimo Dignases le escribe al
Ministerio de Industrias para solicitar amparo respecto a las pretensiones que tiene el
consejo del distrito de San Andrés de Sotavento sobre sus posesiones. Argumentan que
pertenecen a la comunidad de Indígenas de San Andrés de Sotavento y que el concejo del
respectivo distrito busca arrebatarles sus tierras. Sus títulos, según dicen, vienen desde la
colonia, y el Alcalde del distrito que busca despojarlos ha sido reducido varias veces a la
cárcel. Los indígenas culminan con el tradicional llamamiento al amparo de los derechos A pesar [de] que nosotros pertenecemos [a la] comunidad [de] indígenas de San Andrés Sotavento y
tenemos títulos legales ser dueños tierras San Andrés (sic), el Concejo de aquel distrito pretende
130AGN, Baldíos, I-123
43
arrebatarnos nuestros derechos alegando [que las] tierras son del distrito. Alcalde[ha sido] reducido
varias veces cárcel. En nombre justicia, rogámosle ampáresenos nuestros derechos” 131.
El conflicto se extendió durante varios meses y en el Ministerio de Industrias no sabían
cómo actuar, pues no conocían “[D]el carácter de los terrenos que reclaman los ocupantes,
pues en caso de no ser baldíos y pertenecer por título legal al Municipio de San Andrés, no
es de la competencia de este ministerio”132. El gobernador de Bolívar entró a mediar la
discusión argumentando que los ocupantes indígenas de las tierras reclaman contra las
contribuciones de terrazgo por que dicen ser dueños del terreno, y conjuntamente
comisionan al prefecto de Sincelejo para que informe sobre la situación133.
La respuesta de éste señala que “existe entre éste municipio [Sincelejo] y el de San Andrés
una Litis sobre jurisdicción y que actualmente se halla en apelación ante el tribunal de lo
contencioso”134. También menciona que en varias ocasiones los municipios han intentado
dirimir la disputa de los linderos municipales sin que existiese un arreglo definitivo. Luego,
pese a que los indígenas afirman la propiedad del resguardo, varios colonos le escriben
también al Ministerio manifestando que poseen “algunos predios rústicos, de labor agrícola
desde hace más de treinta años en condición de agricultores, en la zona limítrofe entre los
municipios de Sincelejo y San Andrés”. Reconocen que existía allí un resguardo indígena,
pero afirman que en virtud de la ley expedida en el quinquenio de Reyes éstos predios
“pasarían a ser parte de los municipios” cuando no estuviesen ocupados, como afirman
ocurre con los predios de San Andrés. Más allá de esto, la razón de la comunicación es el
“excesivo impuesto como derecho de terrazgo a los cultivadores poseedores” por parte del
municipio en cuestión, sumado a los “excesivos valores catastrales” que dicha autoridad le
asigna a los terrenos. Solicitan, entonces, cuatro cosas: Primero, que se resuelvan las
peticiones con respecto a los valores catastrales; segundo, piden la promulgación de una
“reglamentación equitativa” para el cobro del terraje; tercero, solicitan saber si es posible
131AGN, Baldíos, K-22 132AGN, Baldíos,K-22 133AGN, Baldíos, K-22 134AGN, Baldíos,K-22
44
adquirir el “dominio por prescripción absoluta por los que de buena fe han ocupado y
ocupan por más de treinta años, lotes del terreno que dicen fueron de resguardos”. Por
último, piden pronta solución al conflicto que enfrenta a los municipios de Sincelejo y San
Andrés por la jurisdicción del resguardo. Varios meses después, el ministerio responde a
los colonos que no puede dictar providencia a su favor mientras el juzgado de Cartagena no
resuelva la disputa entre Sincelejo y San Andrés.
Quiero resaltar de este conflicto su carácter polisémico, en el que se cruzan los intereses de
varios grupos –como se hace evidente en las comunicaciones cruzadas-. Más aún, la
persistencia de la cuestión indígena para el problema de tierras del temprano siglo XX,
pues normalmente se le considera “solucionado” a partir de las legislaciones de 1905. Esta
cuestión ha llamado la atención de varios científicos sociales colombianos135 a lo largo del
siglo XX. Asociada principalmente al problema de la tierra y a las poblaciones del altiplano
cundiboyacense y el macizo colombiano, se ha definido la lucha por la tierra en términos de
la lucha por la preservación de la cultura ancestral y las formas tradicionales y comunales
de ocupación del territorio. En este sentido, el resguardo indígena empezó a jugar un papel
fundamental. Dicha forma de organización del territorio respondía directamente a los
intereses del Imperio Español de mantener separado a la población India de la población
Blanca, por lo que se generaron regímenes especiales de población como el resguardo
indígena y los pueblos de Indios136. A partir del período republicano, sin embargo, buscaron
integrar a los indígenas al discurso hegemónico nacional137 a través de la “civilización de
los bárbaros”, y al espacio económico a través de la afirmación de la propiedad individual y
la disolución de los resguardos comunales. Los republicanos, sin embargo, se chocaron con
varios obstáculos: las propiedades frecuentemente eran montañosas y llenas de bosques, lo
que dificultaba su integración al aparato económico nacional y también la asignación
equitativa de la tierra entre los antiguos ocupantes de las tierras comunales138.
135Juan Friede, El indio en lucha por la tierra (Bogotá: Punta de Lanza, 1976). 136Frank Safford, “Race, Integration, and Progress: Elite Attitudes and the Indian in Colombia, 1750-1870”, Hispanic American Historical Review 71, núm. 1 (1991). Safford. 4 137Safford, “Race, Integration, and Progress: Elite Attitudes and the Indian in Colombia, 1750-1870”. 13 138Safford.14
45
Para Bolívar el problema guarda sus similitudes y diferencias con el resto del país, aunque
ha sido un problema menos analizado en la literatura de la región. Para el siglo XIX, Solano
muestra que el gobierno de Juan José Nieto, en el auge del liberalismo radical, defendió la
existencia de los resguardos de Bolívar139. Ante la presión de ganaderos que ayudaron a su
derrocamiento y que estaban interesados en la expansión de la ganadería a costas de los
resguardos indígenas, tanto por la fertilidad de las tierras como por los “imaginarios” y
representaciones discriminatorias alrededor de la vida de los indígenas. El resultado a
finales del siglo XIX fue bastante desfavorable para los resguardos: a finales del siglo XIX,
se hace evidente una significativa disminución de los resguardos, asociada al incremento de
la población, la agricultura campesina y la expansión ganadera140
A pesar de la disolución de gran parte de ellos y la legislación de 1905, los conflictos en
torno a su existencia no cesaron. En el centro del país y el Cauca, Manuel Quintín Lame se
convirtió en una figura de vital importancia en su defensa, utilizando estrategias jurídicas
que validaran las ocupaciones o acciones más ofensivas como la organización de grupos
armados. Según Renán Vega, en el sur de Cundinamarca, en el Tolima y en el Cauca los
sectores dominantes plantearon dos medidas para eliminar la conflictividad causada por la
existencia de los resguardos indígenas: en primer lugar, facilitar la penetración de colonos
en las tierras indígenas, y la división y venta de las tierras comunales en aras de eliminar los
problemas de orden público141.
Llama la atención que el análisis de los conflictos agrarios asociados a resguardos
indígenas se hayan concentrado exclusivamente en el Macizo Colombiano y en la Zona
Central del país, desconociendo que en otras latitudes existían problemas similares, por lo
que el ‘desbalance’ señalado por Solano se mantiene para el siglo XX. En Bolívar, el único
resguardo en pie a principios del siglo era el de San Andrés de Sotavento, ubicado entre las
139 Solano, “Resguardos indígenas, ganadería y conflictos sociales en el Bolívar Grande, 1850-1875”. 140Solano. 96 141Renán Vega Cantor, Gente muy rebelde: protesta popular y modernización capitalista en Colombia (1909-1929) 2. Indígenas, campesinos y protestas agrarias (Bogotá, Colombia: Ediciones Pensamiento Crítico, 2002).50.
46
provincias de Chinú y Sincelejo, y en la jurisdicción del municipio homónimo y el de San
Andrés. Este lugar fue epicentro de un conflicto que perdurará incluso hasta 1984142 y que
incluye disputas intermunicipales por la jurisdicción del territorio y rencillas entre colonos,
extranjeros, indígenas y municipios por el cobro de impuestos y terrajes. Los conflictos
asociados a este resguardo no solo son del pasado siglo sino que se pueden rastrear hasta
mediados del siglo XIX, en donde paras 1868 se agravaron las disputas en torno a la tierra y
a la penetración ganadera de sus propiedades143.
El conflicto de San Andrés expresa bien la complejidad de las disputas en el departamento
de Bolívar. En primer lugar, demuestra que los sectores “subalternos” no estaban unificados
y que sus demandas también reñían: mientras los indígenas argumentaban que su posesión
transcurría indefinidamente desde los tiempos del virreinato hasta los tiempos de la
reclamación, los colonos argumentaban que su posesión de más de treinta años les daba
derechos a pedir extinción del resguardo y reclamar los títulos. Los municipios, mientras
tanto, estaban en disputa por la jurisidicción del territorio, y las autoridades nacionales no
podían dictar resoluciones mientras la disputa no se solucionara en los estrados judiciales.
Con lo que refiere a los intereses, los municipios parecieran estar interesados por la
necesidad de aumentar el recaudo vía la contribución del terrazgo, mientras que los colonos
estaban interesados en cómo este impuesto impactaba sus finanzas. Los indígenas, por su
parte, estaban preocupados por los atropellos de los “americanos en nuestras posesiones” y
le manifestaban al ministerio la necesidad de “amonestar autoridades para que nos de las
garantías [a las que] tenemos derecho”.
Si bien este conflicto da cuenta de la fragmentación de los intereses entre sectores que
normalmente parecen cohesionados, hay otro tipo de disputas que muestran que, en
ocasiones, pueden existir alianzas estratégicas entre varios sectores en aras de un objetivo
común. Considero que la llegada de los extranjeros es ese factor que aglutina a los sectores.
142 El conflicto sobre el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento tiene varias instancias y facetas, que parecen encontrar solución con una resolución ministerial de 1984. La parte del conflicto que me ocupa se encuentra documentado en el fondo Baldíos del AGN, mientras que el período 1954-1984 se encuentra en el fondo Ministerio de Gobierno. 143Solano, “Resguardos indígenas, ganadería y conflictos sociales en el Bolívar Grande, 1850-1875”.111
47
IV. La geografía de las luchas
No existe en la historiografía una aproximación sistemática a la geografía de las disputas en
el Bolívar Grande. Orlando Fals Borda, en la Historia doble de la Costa, pone atención al
espacio-región que conforma la depresión momposina pero para vincularla a la formación
social nacional y para sostener la hipótesis de que existió un desarrollo desigual del
capitalismo entre algunas regiones de la costa atlántica colombiana144. Catherine LeGrand,
por su parte, utiliza la geografía para explicar por qué en Colombia existen tantas fronteras
agrícolas dispersas por el territorio145 y para hablar sobre la fragmentación de las
economías regionales y del poder político146. Otros exponentes147 parecen sugerir que las
disputas estaban diseminadas por todo el territorio. Al mapear las disputas es posible dar
cuenta de otro panorama: las disputas no estuvieron diseminadas de la misma manera por
todo el territorio del Bolívar Grande durante los años estudiados, sino que respondieron a
un patrón geográfico definido. Alrededor del 75% de las disputas ocurrieron en las
subregiones de la depresión Momposina (en cercanías a las ciudades de Mompós y
Magangué) y en el Valle del Río Sinú (Entre el Alto Sinú y el Municipio de Lorica),
mientras que habían pocas disputas en las Sabanas del departamento de Bolívar, las
cercanías de Cartagena y los Montes de María. ¿Por qué se daba este patrón? En esta
sección argumentaré que la disparidad geográfica responde a tres factores fundamentales:
En primer lugar, la existencia o ausencia de terrenos baldíos durante estos años; en segundo
lugar, las relaciones sociales de la producción; finalmente, aunque no menos importante, las
calidades físicas de las tierras y el grado de intervención humana de éstas, así como su
vinculación con ríos y redes de comunicación. Para esto explicaré no solo por qué habían
144 “El reconocimiento de características propias en una subregión como la momposina lleva a plantear la hipótesis del desarrollo desigual a nivel regional. Por ejemplo, es posible ver diferencias muy marcadas en la velocidad de expansión del capitalismo como modo de producción dominante entre la subregión sinuana y la momposina, dentro de la región costeña. Éstas diferencias observables a nivel subregional –que vienen desde la formación colonial inclusive- son las que exigen tratamientos políticos especiales para cada nivel”. (Fals-Borda, Historia doble de la costa, 2002. 20B) 145 LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950). 22 146 LeGrand. 33 147 Ulianov Chalarka, Historia gráfica de la lucha por la tierra en la Costa Atlántica (Montería: Fundación del Sinú, 1985).; Negrete, Origen de las luchas agrarias en Córdoba.
48
disputas en determinados territorios, sino también formularé hipótesis sobre la ausencia de
conflictos en las otras subregiones.
El caso de los baldíos es fundamental para explicar la ausencia de un marcado escenario de
conflictividad en las subregiones mencionadas anteriormente. Catherine LeGrand menciona
que la gran mayoría de tierras ocupadas para el siglo XIX estaban en cercanía a las
ciudades andinas y los puertos costeños, a los que servían de mecanismos de
abastecimiento agrícola148. Adicional a esto, hay evidencia de que en cercanías de otras
ciudades costeñas de menor importancia en el período colonial se realizó un proceso de
concentración de tierras de importancia149. Finalmente, los conflictos en las zonas cercanas
a las ciudades en donde los baldíos no eran abundantes pudieron ser patentes en otras
épocas150 pero no surgen en el período estudiado. En la provincia de Corozal, las tierras
148 LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950). 23 149 Sergio Paolo Solano y Roicer Flórez, “La expropiación de las tierras del resguardo indígena de Tubará y las normas jurídicas de la época”, Revista Justivia, núm. 12 (2007): 81–89. 150 Al respecto, Meisel (1980) menciona que la expansión de la hacienda ganadera en la provincia de Cartagena entre 1533 y 1851 se realizó a través del control sobre la tierra, la violencia y las concentraciones poblacionales asignadas por la
Lorica7%
Carmen1%
Mompós31%
Cartagena5%Magangué
21%
Sincelejo8%
Morrosquillo3%
Corozal1%
Montería/AltoSinú16%
Chinú7%
FIGURAI.DISTRIBUCIÓNPORCENTUALDELASDISPUTASPORPROVINCIA
49
públicas para principios del siglo XX eran escasas por el gran avance de la hacienda
ganadera en el actual departamento de Sucre151. Para 1916, el alcalde de Corozal respondió
al cuestionario enviado por el gobernador de Bolívar para informar sobre el estado de
explotación y ubicación de las tierras baldías. Según su criterio, no existía una hectárea de
tierras baldías en la región152.
Ahora, esto no indica necesariamente quela provincia de Corozal estuviera ausente de
conflicto o formas de coacción. Según Reyes, la apertura del Río Magdalena que produjo la
bonanza tabacalera de Ambalema y la introducción de la navegación a vapor permitían la
exportación, pero también facilitaba el comercio de ganado con las provincias del
interior153, lo que facilitó junto a la introducción del alambre de púas el avance de la
propiedad privada sobre los baldíos y las tierras de ocupación comunal154, un proceso que
se haría patente en el Alto Sinú a principios del siglo XX. Este avance sobre las tierras
libres implicó no solo acumulación territorial sino formas de apropiación del trabajo
campesino, en las que a cambio de la potestad de cultivar se exigía o bien una parte del
cultivo o bien el ‘arriendo por pastos’, consistente en la obligación de sembrar pastizales a
cambio de la ocupación155. También se presentaron formas más coactivas de apropiación
como el concierto o matrícula, una versión ‘moderna’ de la esclavitud156 según Reyes y
Fals Borda, pero que ha sido analizada a profundidad por Ocampo en su estudio sobre la
Hacienda Marta Magdalena ubicada en cercanías de Montería. Allí, muestra que la deuda
corona española. Los arrendatarios mestizos no respondieron pasivamente a la situación, sino que respondieron ante algunos abusos: los vecinos decían en 1702 que “[S]omos hombres pobres trabajadores ya de la pesquería como en dichas labranzas y estar avecinados con más casas y familias y no haber dado ocasión ni causa para que nos puedan desposeer de nuestras casas por los graves daños que se nos siguen pedimos se sirva ampararnos”. Adolfo Meisel, “Esclavitud, Mestizaje y Haciendas en la Provincia de Cartagena: 1533-1851”, Revista Desarrollo y Sociedad, núm. 4 (1980). Louis Striffler, viajero francés, mencionaba para el caso de los indios de Jegua [cerca al actual San Benito Abad, en Sucre] que “[E]l indio Jegua roba todo el ganado que puede vender en la ciénaga, como hace con las panelas; pero se cuida mucho de tocar una vaca que es perdida para su dueño. De ese modo cree que hay doble daño: deja perder lo que ya está perdido, y además arrebata al dueño lo que no podría perder de otro modo. Quizás sea de esa manera como el indio de Jegua pretenda vengarse de los Sabaneros que utilizan sus tierras a despecho de las gracias otorgadas por el Rey de España”. (Luis Striffler, El Río San Jorge (Barranquilla: Ediciones Gobernación del Atlántico, 1994). 26) 151Reyes, Latifundio y poder político: La hacienda ganadera en Sucre.60 152 I-123 (33/47). 153Reyes, Latifundio y poder político: La hacienda ganadera en Sucre.56 154Reyes.62 155Reyes. 63 156 Sobre la matrícula: Chalarka, Historia gráfica de la lucha por la tierra en la Costa Atlántica; Fals-Borda, Historia doble de la costa, 2002. En la página 63 de Reyes (1978) también existe un pequeño extracto.
50
no era necesariamente una forma de ligar al trabajador a las labores productivas, pues la
diferencia entre la obligación legal de pagar la deuda y la práctica de pagarla era abismal.
En la hacienda, la gran mayoría de trabajadores tenían deudas, y muchos de ellos dejaban
de asistir al trabajo o abandonaban las labores justo después de recibir el adelanto157. Al
final, en 1922 esta forma de sujeción al trabajo se empieza a abolir, tanto por las injusticias
a las que podía dar cabida como por las desventajas que conllevaba para la administración
económica. En 1925, desaparece de la contabilidad de Marta Magdalena158.
Para los Los Montes de María la situación era distinta: de montañas bajas, su geografía
física difería profundamente de las otras regiones. Allí la temprana bonanza tabacalera
provocó una temprana articulación a las dinámicas del modelo agroexportador159 que causó
una diferenciación importante en las relaciones sociales de producción en las que la deuda,
el crédito y la producción del tabaco empezaron a jugar un papel fundamental. Según
Santiago Colmenares, los campesinos de los Montes de María se veían insertados en un
sistema complejo de avances de dinero que vendrían a pagar después con el fruto de sus
cosechas o con trabajo concertado, lo que los mantenía atados al cultivo del producto y les
rendía además intereses a los comerciantes que avanzaban en dinero160. Los campesinos
hipotecaban los bienes (desde sus casas de habitación hasta sus semovientes) en aras de
respaldar en algo material sus deudas. Con las crisis del tabaco, los campesinos empezaron
a anexar baldíos a sus “propiedades”, donde tenían pequeños lotes de ganado que bien
servían para su manutención o complementaban los ingresos que dejaban de recibir por el
cultivo del producto161. Esto, sin embargo, no explica por sí mismo la ausencia de
conflictos en torno a la tierra, pues en la gran mayoría de lugares del departamento existían
transacciones inmobiliarias sin necesidad de títulos sobre los baldíos162. Hay dos elementos
157Ocampo, La instauración de la ganadería en el valle del Sinú.242 158Ocampo.244 159 El tabaco participaba con algo más del 16% en el total de las exportaciones de Colombia. (Fabio Sánchez, Antonella Fazio, y María del Pilar López, “Conflictos de Tierras, Derechos de Propiedad y el Surgimiento de la Economía Exportadora en el Siglo XIX en Colombia” (Documentos CEDE, 2007), https://economia.uniandes.edu.co/files/f8b8Conflicto_de_Tierras_y_Exportaciones_Siglo_XIX.pdf.) 160Colmenares, “La inserción de economías regionales periféricas al mercado mundial: El caso del Tabaco en el Caribe Colombiano, 1850-1914.” 138 161Colmenares.145 162 Van Ausdal, “The Logic of Livestock: An Historical Geography of Cattle Ranching in Colombia, 1850-1950”.
51
que sí lo hacen: Colmenares explica que las ejecuciones de las hipotecas no eran comunes,
en primer lugar, por que la formalización de la relación de crédito hacía que la deuda
creciera y, eventualmente, pudiera traspasarse a los hijos del deudor. En segundo lugar, y
en un contexto de abundantes tierras públicas, “[E]l activo más codiciado era el control de
la mano de obra para que siguiera cosechando tabaco, no la tierra”163. Viloria también
explica que el tabaco no le generaba excedente alguno al cosechero, pero sí le representaba
un trabajo seguro y una fuente de ingreso constante, al ser el único cultivo en la zona por el
que podía recibir adelantos de dinero164. Al ser el tabaco una planta que requiere de gran
cuidado y no tanta tierra, y que tenía amplia demanda en el mercado internacional, era una
fuente segura de ingresos tanto para cultivadores como para comerciantes, por lo que la
“atención” se fijaba en el producto y no en la tierra, en el sistema deuda-trabajo y no en la
posesión territorial.
Para inicios del siglo XX, el descenso en el precio del tabaco hace que el valor de los
salarios y de las tierras mejoradas disminuya ostensiblemente. Es por esta razón que tanto
comerciantes como colonos y campesinos165.empiezan a buscar nuevas fuentes productivas
y de ingresos, que en ocasiones migraron hacia la ganadería166. Adolfo Held, exitoso
comerciante de tabaco quién no fue ajeno a la ‘transición’ entre tabaco y ganadería, funda
la empresa ganadera Jesús del Río en el municipio de Zambrano, así como el Banco
Alemán Antioqueño para principios de la década de 1910167. A partir de la Primera Guerra
Mundial, su negocio como comisionista decae y emprende una diversificación aún mayor,
tanto así que para la década de 1936 estaba comercializando más productos que al principio
del siglo168. Asociado a su diversificación se encuentra un conflicto que llama la atención:
en 1923, el registrador de Tenerife (Magdalena) le escribe al ministerio de industrias
solicitándole información sobre una venta que los herederos de un Tomas Watts quieren 163Colmenares, “La inserción de economías regionales periféricas al mercado mundial: El caso del Tabaco en el Caribe Colombiano, 1850-1914.”146 164Joaquín Viloria de la Hoz, “Tabaco del Carmen: Producción y exportación de tabaco en los Montes de María, 1848-1893.”, Cuadernos de Historia económica y empresarial, s/f. 39 165Colmenares, “La inserción de economías regionales periféricas al mercado mundial: El caso del Tabaco en el Caribe Colombiano, 1850-1914.”257 166Colmenares. 257 167Adolfo Meisel, “Los alemanes en la costa caribe: el caso de Adolfo Held.”, Boletín cultural y bibliográfico, 1999.59 168Meisel.62
52
realizarle a la casa ganadera de Adolfo Held. Compra que tiene sus opositores: los
hermanos Turbay, alegando que la Isla “Zura” es propiedad de la nación, mencionaban que
Held había introducido más de 1.000 vacas a la Isla, destruyendo sus cultivos169.
Held no era el único comerciante tabacalero que incursionó en la ganadería. Las crisis de
precio del tabaco y plagas como la langosta, a las que el pasto era más resistente que las
matas, propiciaron una transformación que conllevó un proceso de acumulación de tierras
por parte de terratenientes170 profundamente asociado a la ganadería. Los conflictos, sin
embargo, no aparecen, en parte por que seguían existiendo campesinos independientes que
continuaban en la producción de tabaco comprado por comerciantes que seguían
auxiliándolos con avances171. El estudio de Colmenares se detiene en 1914, y para los años
subsiguientes no existen trabajos que nos puedan dar cuenta del peso relativo del avance
ganadero en la zona. Sin embargo, mi intuición es que la larga tradición de estar vinculadas
a una economía de exportación y la mayor legitimidad que pudiera tener el traspaso de
tierras respaldadas en las deudas -mecanismo que continuó vigente-, así como la
preeminencia de escenarios distintos al Estado para la solución de los conflictos –el
Mercado- explica la ausencia de conflictos en los Montes de María.
Ahora bien, ¿Por qué la concentración de conflictos es tan marcada hacia las provincias de
Mompós y Magangué y el Valle del Sinú? Para esto existen varias explicaciones. En primer
lugar y a diferencia del tabaco el Ganado requiere más tierra que mano de obra atenta. En
zonas de gran extensión territorial y con baja concentración poblacional172, la ganadería
parecía ser la actividad económica más viable dados los recursos existentes. Si a esto se
suma que las tierras eran planas173 y que la ganadería era una actividad en franca expansión
169 AGN, baldíos, Tomo 50 170 Colmenares, “La inserción de economías regionales periféricas al mercado mundial: El caso del Tabaco en el Caribe Colombiano, 1850-1914.” 180 171 Colmenares. 185 172 Para 1912, la provincia de Magangué contaba con 31.187 habitantes, mientras que Mompós tenía 34.960 y Montería 45.966 (Censo general de la República de Colombia, levantado el 5 de marzo de 1912, presentado al Congreso en sus sesiones ordinarias de 1912 por el Ministro de Gobierno, doctor Pedro M. Carreño. Bogotá: Imprenta Nacional). 173Uno de los presupuestos fundamentales para la productividad de las empresas ganaderas es el grado de pendiente del terreno, que evita el gasto enérgico del ganado y por ende requiere una menor inversión en recuperarla. Las fincas ganaderas ubicadas en territorios con pendientes inferior al 25% (categoría en la que caben las provincias de Magangué,
53
sobre las tierras presumidas fértiles174 de estas provincias, sería posible establecer el
escenario económico que sirve de marco para la concentración de las disputas. En segundo
lugar, La zona de la depresión momposina no se encontraba vinculada a los ciclos
económicos de la agroexportación: Los colonos, en su mayoría, vivían de los cultivos de
pancoger y de los pequeños hatos de ganado que ocupaban las tierras públicas. Si bien la
situación con respecto a los baldíos podía ser parecida con los Montes de María, la ausencia
de un producto clave como el señalado por Adolfo Meisel marcaba una diferencia
fundamental con respecto a la primera región. Además, los conflictos en torno a la
propiedad parecen en principio más evidentes por la ausencia de ocupación efectiva de los
supuestos propietarios175.
En tercer lugar, en las provincias anteriormente mencionadas existía interés efectivo sobre
la tierra. Este podía ser especulativo o inmobiliario, como denuncian los colonos de Achí y
Majagual respecto al interés que tiene Tafur Guerrero sobre los terrenos de la ciénaga de
Garrapata o como menciona el artículo de El tiempo del 11 de septiembre de 1921 en donde
se denuncia que los hechos de Lomagrande tienen que ver con el interés especulativo del
Petróleo. También podía implicar un interés en el establecimiento de grandes fincas
ganaderas, como ocurría en el caso de la American Colombian Corporation o la Lancashire
General Investment Company en cabeza de Elmy. Un anuncio publicado en Eco Sinuano
para 1915 pone en venta dos haciendas que cuentan en sus cercanías “con una gran
extensión de terrenos baldíos hasta cerca de “Turbo” que se pueden obtener como colono o
con bonos militares”176.
Mompós y Montería) son más productivas y adecuadas para el pastoreo (D. Benítez et al., “Factores determinantes en la eficiencia productiva de fincas ganaderas en la zona montañosa de la provincia Granma, Cuba.”, Revista Cubana de Ciencia Agrícola, núm. 42 (2008).) 174 Robert Cunninghame Graham menciona que las tierras ubicadas en las riberas del Río Sinú eran de una fertilidad inusitada (R.B Cunninghame Graham, Cartagena and the Banks of the Sinu (General Books, 1920). 175 Fals Borda menciona en la Historia doble que los propietarios de mercedes y caballerías coloniales frecuentemente tenían que recurrir a los baúles familiares para desempolvar los títulos que los acreditaban como dueños, así nunca hubiesen realizado ocupación efectiva de las tierras tituladas. Esto contrasta con el argumento de Reyes en Latifundio y Poder Político, en donde menciona que la zona de Corozal mantenía ocupaciones efectivas por parte de los propietarios desde el período colonial ( Fals-Borda, Historia doble de la costa, 2002. Algunos documentos sobre las tierras de Loba, 53, Reyes, Latifundio y poder político: La hacienda ganadera en Sucre.) 176 Eco Sinuano, 15 de abril de 1915
54
En cuarto lugar, la abundancia de baldíos era un factor fundamental. Solo en Montería
existían 20.000 hectáreas de tierras baldías, de las que para 1916 10.000 estaban dedicadas
al pastoraje de 20.000 cabezas de ganado177. Fuera de eso, existían minas de filón, aluvión,
depósitos de carbón y yacimientos de petróleo “En gran extensión”178. Las maderas finas, si
bien existían, eran escasas, y minas de oro, piedras preciosas u otros metales finos no
existían. Las sabanas eran pocas para el momento, siendo predominantes las montañas y los
bosques179. Hay un dato final que llama la atención: “El valor de una hectárea de terreno
baldío, inculto, vale de cinco a medio dólar, según su distancia del río Sinú y a esta ciudad
de Montería y su calidad para cultivos”180. En San Martín de Loba la situación era similar,
con más de 50.000 hectáreas de tierras baldías en donde podrían caber más de 50.000 reses,
pero para ese mismo año se alojaban 4.000 en los terrenos del Municipio181. Con esto en
mente, es posible delinear tres causas principales: uno, la ausencia de un producto que
desviara la atención de la tierra a la distribución de las rentas. Dos, el interés efectivo por
la tierra, ya fuera para ganadería, petróleo o explotación de maderas. Tres, la existencia de
baldíos de buena calidad y con buenas condiciones de comunicación.
El interés sobre la tierra presionaba directamente la rudimentaria economía de los
campesinos, pues no ofrecía un producto del cuál podían sacar beneficio económico, y la
amenaza de ‘lanzamiento’ de las tierras estaba siempre latente. Además, con respecto a la
ganadería, ocurren varios fenómenos dignos de mencionar: Mientras el tabaco es en
Colombia intensivo en mano de obra182, la ganadería es una actividad de pocos brazos,
cuyas cadenas de eslabonamiento requieren del desarrollo de ciertas condiciones183 que
parecían no estar dadas en la región para el momento. Habría que examinar qué tanto
influenció esto en la decisión de los colonos de sostenerse en el conflicto.
177 AGN, Baldíos,I-123 (29/47). 178 AGN, Baldíos,I-123 (29/47). 179 AGN, Baldíos,I-123 (29/47). 180 AGN, Baldíos,I-123 (29/47). 181 AGN, Baldíos,C-102 (22/59). 182Camilo Barrios y Héctor Martínez, “Características y estructura de la cadena de Tabaco en Colombia”, Documento de trabajo No.15, ICA, s/f. ICA. 8 183Varios Autores, Argentina. La Apertura al mundo. Tomo 3 (1880-1930). (Buenos Aires: Taurus, s/f).
55
El otro aspecto tiene que ver más con la calidad de las tierras que estaban en juego.
Generalmente, tendemos a pensar la “tierra” como un un bien abstracto desligado de
cualquier variable. Incluso en las reclamaciones del reformismo agrario, el “acceso a la
tierra” parece no tener en cuenta que ésta tiene muchas determinaciones claves tanto para
su productividad como para su ocupación, como la disponibilidad del agua, la calidad del
suelo o el acceso a caminos y carreteras que permitan una fácil comunicación del territorio
con otras regiones o partes del mundo. Esto parece haber jugado un papel fundamental en la
expresión geográfica de las disputas: en su mayoría, se encontraban en cercanías a ríos o
ciénagas, y en cualquier caso se encontraban en la cuenca hidrográfica de los ríos
Magdalena, Cauca y Sinú. Estas tierras, además, se encontraban en zonas donde los niveles
de fertilidad de la tierra son altos o muy altos184, cosa que se explica a través de las
estadísticas del IGAC, pero también de la impresión de fertilidad que produjeron en
viajeros como Cunninghame Graham185 Podríamos establecer una correlación entre las
disputas y la fertilidad de los suelos que explicaría por qué los conflictos se dieron en los
lugares que se dieron.
Mi hipótesis es que los conflictos sobre la tierra tenían que ver con la calidad física de esta
y su grado de intervención humana186. Junto a Eduardo Posada Carbó, afirmo que la
disponibilidad de tierra era amplia, pero discernimos en que ese no era el centro del
problema. Puede que las tierras públicas fueran abundantes, pero eso no implica que
existiera presión y conflicto sobre las tierras que tenían mayor fertilidad y que, además, ya
estaban preparadas y limpias por los colonos, por lo que estaban listas para el cultivo. Las
tensiones, entonces, se pueden resumir en los siguientes puntos: En primer lugar, existía un
interés sobre la propiedad de la tierra, ya sea con fines especulativos y productivos, y no
sobre el cultivo y comercialización de determinado producto; En segundo lugar, éstas 184 El artículo “Geografía física y poblamiento en la Costa Caribe Colombiana”, de Adolfo Meisel y Gerson Javier Pérez, tiene varios mapas basados en la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que muestran que los suelos en la zona de la mojana y la depresión momposina fluctúan entre fertilidad alta y muy alta. Justamente allí es donde se concentran la mayoría de los conflictos. Por el otro lado, el valle del río Sinú comprende una pequeña franja de alta fertilidad en donde, presumimos, se localiza Montería. 185 Cunninghame Graham, Cartagena and the Banks of the Sinu. 186 Sobre esto:Sánchez, Fazio, y López, “Conflictos de Tierras, Derechos de Propiedad y el Surgimiento de la Economía Exportadora en el Siglo XIX en Colombia”; Hermes Tovar, “Los baldíos y el problema agrícola en la costa Caribe colombiana (1830-1900)”, Fronteras, núm. 1 (1980).
56
tierras estaban habitadas por individuos que tenían allí sus cultivos de pancoger y sus
pequeños hatos de ganado, de donde derivaban su subsistencia. Ante la ausencia de
alternativas para mantener o mejorar su posición, decidieron emprender las luchas, por lo
menos, para mantener el statu quo. En tercer lugar, las tierras que habitaban estaban en
cercanía a ciénagas o ríos, vitales tanto para el desarrollo de proyectos agropecuarios y
empresas ganaderas, sin contar con la facilidad del acceso a vías de comunicación fluviales
que facilitaran el transporte del producto o el semoviente a mercados de consumo. En
cuarto lugar, el componente físico de las tierras, bien sea este comprobado empíricamente o
parte del imaginario de sus aspirantes.
V. Estrategias e instrumentos de acción política El estudio de las disputas en el Bolívar Grande ha dado cuenta ya de la variedad de causas
que llevaron a los colonos, campesinos e indígenas a iniciar disputas por la tierra. En este
sentido, el análisis interno de los conflictos, de su lenguaje y de sus consecuencias, es
importante para comprender cómo protestaban y de qué tipo de recursos estratégicos,
retóricos y prácticos se servían para el trámite de sus demandas. Por otro lado, este análisis
servirá para dar cuenta de la transformación e intensificación de los conflictos a partir de la
década de 1920. En Colonización y protesta campesina, Catherine LeGrand menciona que
a raíz del período de expansión económica que vivió Colombia entre el fin de la Primera
Guerra Mundial y el crack de 1929 el radio de influencia del gobierno nacional había
aumentado, las clases trabajadoras habían incursionado en la política y las expectativas de
los habitantes rurales habían aumentado ostensiblemente187. Esto provocó una
transformación de los conflictos en los que los campesinos y colonos ‘pasaron a la
ofensiva’ a través de la invasión de Haciendas a partir de 1928. Ante esto, considero que el
‘paso a la ofensiva’ se dio más en términos de intensificación de las acciones que en
cambio de estrategias, y que en todo caso ésta intensificación se dio más a principios que a
finales de la década de 1920.En el período 1910-1918, los conflictos tienen un promedio de
ocurrencia de 1.6 conflictos/año, mientras que en el período 1919-1925 el promedio
187 LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950). 131
57
aumenta a 3.14/ año. Después de 1925 el fondo baldíos deja de tener tantas reclamaciones,
pues éstas empezaron a ser tramitadas a través de los departamentos de policía. Los
informes del gobernador a la asamblea departamental toman relevancia en este sentido,
pero solo hablan del ‘clima hostil’ presente en la región y del ambiente conflictivo presente
hasta 1934, sin hacer mayor referencia a casos específicos. En todo caso, la intensificación
de las disputas es patente.
Así mismo, este análisis servirá para ver cómo se entendían las disputas tanto por los
terratenientes como por la prensa. También sería una oportunidad perdida no ahondar en los
vínculos entre las protestas y la construcción del Estado, pues esta investigación se basa en
su mayoría en documentos que reposan en archivos de instituciones públicas, lo que
implica que éstas eran de vital importancia para el trámite de las disputas. Los colonos,
campesinos e indígenas les exigían el cumplimiento de sus funciones y el respeto de sus
derechos, pero también a través de sus acciones y palabras moldeaban al Estado. Este
capítulo buscará mostrar qué tipo de estrategias utilizaron los colonos, campesinos e
indígenas para el trámite de sus demandas y establecer tres tipos distintos de acción: las
legalistas, orientadas al Estado y tramitadas por canales institucionales; las directas, como
tomas de tierras e intervenciones violentas ante las autoridades municipales, y las acciones
cotidianas, caracterizadas por su carácter ‘desorganizado’. En este sentido, este capítulo se
0
5
10
15
20
25
1910-1918 1919-1925
GráficoII.Distribucióntemporaldelasdisputas
58
dividirá en dos secciones: En primer lugar, un ‘examen’ de las acciones legalistas y
directas, y en segundo lugar, una reflexión sobre las formas cotidianas de resistencia y sus
vínculos con la construcción del Estado.
a. Acción legal y acción directa. ‘Bolshevikismo’, tomas e intensificación
En 1922, varios vecinos de San Martín de Loba protestaron contra Daniel Villa por la
adjudicación de unos terrenos en arrendamiento para la explotación de bosques nacionales.
Los colonos dicen que en esas islas no hay bosques, “solo montes y tierras baldías”, y que
la intención oculta de Villa es “Establecer crías, fomentar cultivos y otras industrias muy
diferentes a la explotación de bosques”188. Los colonos mencionan que esto perjudica al
erario nacional, y que como “pequeños cultivadores y colonos que aquí fincamos de antaño,
[Villa] echarse (sic) sobre nuestros cultivos, arrebatarnos nuestras fincas, adueñarse de los
pastos naturales y montes incultos de donde derivamos nuestra subsistencia, para vivir, en
fin, a costas de nuestro sudor”189.
Continuando con la región de Loba, los colonos también utilizaron sus contactos entre las
personalidades de los pueblos para lograr un acceso más ‘informal’ a las autoridades
nacionales. A través de Pedro María Revollo, vecinos de San Martín de Loba envían en
1924 le envían a Diógenes Reyes, recién nombrado ministro de Agricultura, una carta de
felicitación por el nombramiento en la que le manifiestan su cariño y confianza en que
logrará cumplir la mejor de las tareas. Le mencionan, también, que “la patria los aclama” y
que hombres como él son los que se necesitan en los tiempos en que “la patria fluctúa a
merced de las compañías extranjeras”. También le mencionan que confían en su capacidad
de defender “[L]os sagrados derechos que con justo título nos han legado nuestro divino
redentor y los próceres que a fuerza de tanto sacrificio nos arrebataron de la dependencia de
España”. El párrafo final es lapidario: él está al servicio de la patria, y sus conciudadanos
188 AGN, Baldíos, H-141 (52-55/76). 189 AGN, Baldíos, H-141 (52-55/76
59
pobres, así no puedan medir sus fuerzas, coadyudarán “[H]asta dónde nos sea posible, para
que vuestra justa y redentora obra sea eficaz”.
Coadyudar es, entonces, la palabra. Así los intereses de Revollo, de Cabrales y de los
colonos no tuvieran mucha sintonía, se coadyudaban para lograr, en todo caso, la derrota
del enemigo común, que encarnaba la American Colombian Corporation y que amenazaba
los intereses de la patria. Finalmente, Cabrales llega a Bogotá, donde se domicilia
temporalmente para entrevistarse con las autoridades nacionales y en donde incluso publica
un artículo en El Nuevo Tiempo, discutiendo el valor jurídico de los títulos de Loba190. Y
mientras en Loba los colonos apelaban a la Patria, en San Andrés de Sotavento y en el
resguardo indígena del Peñón apelaban a la colonia. Al contrario de todas las
reclamaciones, el argumento principal de los indígenas era la exhibición de los títulos
coloniales como una de las condiciones fundamentales de la defensa. En 1924, el secretario
de la junta de defensa del resguardo indígena de San Martín del Peñón le comunica a sus
compañeros en Loba que se siente muy satisfecho por que “ustedes reconozcan mi labor en
pro de los intereses que ustedes me encargaron defendiera. Y hoy, ya que tenemos los
títulos en nuestras manos, podemos decir que tenemos la pelea por terminada a nuestro
favor, pues con tales títulos los derechos adquiridos desde la época colonial, primarán
sobre cualesquiera reserva que por leyes posteriores se haya hecho la ilación sobre las
tierras e islas colombianas”191. Esta apelación a lo colonial, según Stern, muestra la
importancia de mirar múltiples marcos temporales simultáneamente. Marcos de corta
duración para entender los cambios recientes que hacen la rebelión o insurrección
campesina más deseable y posible, y para apreciar cambios dinámicos que ocurren en el
marco del surgimiento de conflictos. Por otro lado, marcos de larga duración para
entender la injusticias históricas, las memorias y las estrategias que forman los objetivos, la
consciencia y las tácticas de quiénes se rebelan192. Para el caso de los indígenas del Peñón
es claro: el lenguaje permite ver cómo los indígenas reaccionan ante cambios recientes que
190 “Valor Jurídico de los títulos de Mr. Cannon”. El Tiempo, Bogotá, 24 de agosto de 1920. 191 AGN, Baldíos, Tomo 50, Vol. 3 192Steve J. Stern, ed., Resistance, rebellion, and consciousness in the Andean peasant world, 18th to 20th centuries (Madison, Wis: University of Wisconsin Press, 1987). 11.
60
los invitan a la acción política, y también explorar cómo las raíces de las estrategias se
ahondan en un marco temporal que va hasta la colonia.
Pero fuera de las acciones ‘legalistas’ existieron también las acciones ‘directas’. En 1919,
el prefecto de la provincia de Lorica manifiesta su preocupación frente la “descomposición
moral que nos ligó el ciclo eleccionario presidencial pasado. Las promesas difundidas en el
vulgo, promesas muy semejantes a los Bolshevikistas rusos, de repartición de tierras entre
los adeptos y de los capitales; exención del pago de impuestos, cuando el candidato para
presidente escogido por ellos llegar al poder, fue un incentivo poderoso para dejar un
sedimento pernicioso entre las masas”193. Este ‘sedimento’ parecía afectar desde hace
tiempo a la Hacienda Angola de San Onofre: Ya en 1910, la Procuraduría General de la
República llama la atención sobre la necesidad de “[A]tender la indicada por el señor
Gobernador de Bolívar, dirigido a ese despacho con fecha 29 de marzo último, necesidad
hecha palpable por infinidad de incidentes similares en otros departamentos de la
República”194, por lo que el hecho no era aislado. El suceso es interesante: Algunos vecinos de San Onofre, entre ellos Angel Olivo D, no ignorando que la Hacienda Angola es de propiedad particular, cuyos títulos están debidamente arreglados, quieren trabajar en ella y se empeñan en hacer nogatorio los derechos del legítimo propietario, del cual era mayordomo el extinto señor Henrique Watts, quien fue asesinado por la espalda hace ya varios días. Sucede que algunas veces los colonos, arguyendo que las tierras son baldías, pretenden despojar a los dueños, a los verdaderos propietarios, y otros son éstos los que quieren despojar a la Nación, argumentando que esas tierras son de propiedad particular195.
En el mismo San Onofre se presentó otro caso similar en 1908, en donde varios
cultivadores acordaron con Andrés Gómez, propietario de una finca en el mencionado
distrito, dejar el terreno apenas recogieran los productos de la cosecha. El apoderado del
titular mencionaba, sin embargo, que los colonos “[S]e aprestan a una nueva siembra
creyéndose dueños de una cosa que no les pertenece y desobedeciendo el mandato de las
autoridades”196. Estos dos conflicos evidencian, en primer lugar, que no todas las disputas
recaían necesariamente sobre la propiedad, asignación y ocupación de las tierras públicas.
193Gobernación de Bolívar.Informe del Gobernador del departamento a la Honorable Asamblea Departamental. (Cartagena: Imprenta departamental, 1919). 194 AGN, Baldíos, B-484 (484-464). 195 AGN, Baldíos, B-484 (1/47). 196 AGN, Baldíos, B-23 (53/79).
61
En segundo lugar, que aquella afirmación de Catherine LeGrand sobre el paso a la ofensiva
que implicó los años veinte venía ya de tiempo atrás. Ateniéndome a lo dicho por el
procurador en el caso de la hacienda Angola, los incidentes son similares en otros lugares
de la república, lo que lleva a pensar que esta no era una situación excepcional. Las
invasiones ocurrían paralelamente al trámite de las demandas por la vía institucional, así
esta última fuera mucho más usual que la acción directa..
De regreso a la década del veinte y al caso de la ciénaga de Garrapata que mencioné
anteriormente, allí se expresaron no solo las acciones sino las preocupaciones de los
comerciantes y terratenientes. Rivas, uno de los que aspiraba a ser adjudicatario de los
predios adyacentes a la ciénaga, no está de acuerdo con los reclamos expuestos en el
apartado anterior. Considera que ocupa “[C]on ganados, cultivos de pasto, una porción de
terreno a orilla [de la] Ciénaga de Garrapata en el corregimiento [de] Musungá, [en]
Majagual”, y que el código fiscal lo ampara en su solicitud de adjudicación. Él considera
que los colonos que se oponen a sus pretensiones emprenden contra él ˝[A]taque personal,
destruir mis cercas de alambre, lo cuál constituye verdadero amago bolsevikismo estas
regiones”, por lo que se ve precisado a “solicitar a las altas autoridades protección [de] mis
derechos [para] evitar conflictos que establecerían situación de alarma”197. En este sentido,
las acciones directas no respondían a un solo tipo de causa, sino que hacían parte de una
estrategia más amplia de los colonos en el trámite de sus demandas.
Rivas expresa una preocupación que es síntoma de los tiempos convulsos que empezaron a
ocurrir en la década de los veinte. El bolshevikismo era una preocupación nacional que
aterraba incluso a los socialistas y liberales moderados, como lo mostraban varios artículos
de El Nuevo Tiempo en referencia al Terror rojo en Estados Unidos y en apoyo a las
decisiones del fiscal198. Según Henderson, la llegada de los años veinte a Colombia no solo
197 AGN, Baldíos, B-484 (1/47). 198 En El socialista de Bogotá es publicado un artículo el 6 de septiembre de 1920 en el que explican las diferencias entre socialismo y bolshevikismo. Según ellos, el socialismo es “democrático” y no se alimenta de la violencia. Fuera de eso, El Nuevo Tiempo de Bogotá hacía eco de los acontecimientos del terror rojo en los Estados Unidos, celebrando las decisiones del fiscal (James D. Henderson, La modernización en Colombia: los años de Laureano Gómez, 1889-1965, Colección Clío (Medellín: Ed. Univ. de Antioquía [u.a.], 2006).
62
implicó crecimiento económico sino también un marcado clima de agitación social199 que
se expresó principalmente en las ciudades, con el auspicio de la naciente clase obrera y el
sector estudiantil. El movimiento laboral colombiano había nacido ya en 1919 y el eco de la
revolución de octubre permeaba las discusiones y las prácticas políticas de este nuevo
sector. Luego de una ‘década convulsa’, la agitación social tuvo una de sus más agrias
expresiones en la famosa huelga de las bananeras en el departamento de Magdalena,
fenómeno sobre el que la historiografía ha tenido una inusitada productividad200. A pesar de
esto, Henderson se concentra casi exclusivamente en cómo se expresó el fenómeno de la
protesta social y los miedos al bolshevikismo en entornos urbanos, y cuando refiere a
pequeños poblados y zonas rurales, es para resaltar el papel catalizador de María Cano e
Ignacio Torres Giraldo.
Retomo el caso del Baluarte Rojo de Lomagrande para explicar que esos diálogos entre
obrerismo y protesta campesina fueron mucho más fluidos. Vicente Ádamo y Juana Julia
Guzmán fueron figuras importantísimas para el movimiento, pues el primero, considerado
“ajeno” al medio rural en la medida en que no había nacido en la región y había trabajado
en actividades variadas por todo el caribe, es considerado un catalizador de las disputas en
la región. Fals Borda, Negrete y Chalarka muestran la importancia de estos dos individuos,
quiénes en el marco de la Sociedad de Obreros y Artesanos participaron en la defensa de
varias comunidades de campesinos asentados en terrenos cercanos a Montería201. Guzmán,
por su parte, fue delegada al congreso obrero nacional de 1920202 y pronunció un sentido
discurso frente a la tumba de una compañera que fue reseñado en El Socialista203. No
fueron los únicos: al congreso obrero de 1920 también llegaron organizaciones campesinas
de Mompós, Magangué y Sincelejo204. A nivel nacional también habían otro tipo de
acciones campesinas como las tomas en la Hacienda Tolima cerca de Ibagué y conflictos en
199Henderson.222 200 Al respecto: Marcelo Bucheli, Bananas and business: the United Fruit Company in Colombia, 1899-2000 (New York: New York University Press, 2005). 201Al respecto:Fals-Borda, Historia doble de la costa, 2002; Chalarka, Historia gráfica de la lucha por la tierra en la Costa Atlántica; Negrete, Origen de las luchas agrarias en Córdoba. 202 El Socialista, Bogotá, 20 de marzo de 1920. 203 El Socialista, Bogotá, 26 de marzo de 1920. 204 El Socialista, Bogotá, 20 de marzo de 1920.
63
la Hacienda El Chocho cerca de Fusagasugá, entre otros205. Pero la influencia no se limitó a
la esfera del obrerismo y el izquierdismo. Los personeros municipales y abogados locales
jugaron un papel muy importante en el trámite institucional de las disputas, pues como
mencioné anteriormente, eran los que le imprimían el sustento legal a las reclamaciones y
oposiciones, a veces sin mucho éxito206. En otras ocasiones, el personero jugó un papel más
activo en la resolución del conflicto, llegando incluso a enfrentar abiertamente a las
autoridades regionales207.
El desenlace para este baluarte fue trágico. A principios de septiembre de 1921, cuando un
juez ordenó la partición de los terrenos pertenecientes en títulos a Alcides Brun, la
resistencia campesina se activó, a lo que el gobierno respondió con el envío de un piquete
de Policía a las órdenes de Alfredo Navas al lugar de los acontecimientos. El teniente se
encontró con un “númeroso grupo de campesinos armados de machetes y revólveres, en
actitud hostil”208, que respondieron a los intentos de desalojo de la policía en combate
cuerpo a cuerpo.Navas fue ultimado a Machete, mientras que la policía descargó toda su
fuerza represiva, asesinando a diez campesinos. Los demás, lograron huir al monte209. Este
suceso no fue la conclusión de las disputas, sino más bien un síntoma de su transformación.
La Sociedad ganó cada vez más protagonismo en el escenario obrero nacional210 y los
conflictos violentos entre colonos, terratenientes y autoridades se hicieron patente. Ádamo
fue encarcelado hacia 1923 y posteriormente fue expulsado del país en 1925211. Este
último ha sido ampliamente estudiado y ha sido rescatado como un ícono de la resistencia
popular e incluso como un ‘bandolero social’212. Ante esto, considero que tanto Ádamo
como Juana Julia jugaron un papel importantísimo como catalizadores de este ‘paso a la
205Sobre esto:Pierre Gilhodès, Las luchas agrarias en Colombia, 4. ed., renovada (Bogotá: Ecoe, 1988). 206LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950). 207 El caso del personero Mier, de San Martín de Loba, es llamativo al respecto. Véase:Fals-Borda, Historia doble de la costa, 2002.178ª. 208 “Los sucesos de Montería”. El Nuevo Tiempo, 9 de septiembre de 1921 209 “Los sucesos de Montería”. El Nuevo Tiempo, 9 de septiembre de 1921. 210 Al respecto véase: El socialista, “Mensaje de Juana Julia Guzmán”. 26 de marzo de 1920; íbidem, “Montería y el 16 de Marzo”, 20 de marzo de 1920; íbid, “Proletaríos de todos los países, uníos. Federación de obreros y campesinos del Sinú”, 8 de diciembre de 1928. 211Chalarka, Historia gráfica de la lucha por la tierra en la Costa Atlántica. 212 Al respecto, véase:Ivonne Bravo, “Bandoleros y delincuentes en el Caribe colombiano: 1850-1920” (Universidad Simón Bolívar, 2011).
64
ofensiva’, pero no estuvieron al margen de las acciones institucionales o del recurso a la
prensa. Como ya he dicho, La sociedad de obreros y artesanos se sirvió del periódico El
Socialista tanto para participar de congresos obreros nacionales como para solicitar ayuda
financiera o de difusión de problemáticas. Ádamo, por su parte, solicitaba juiciosamente
información al ministerio de industrias sobre los títulos de varios predios localizados en las
inmediaciones de Montería213.
Para 1923 En San Martín de Loba, ocurrió un ‘golpe de Estado’ en la administración
municipal. Según el gobernador Gerónimo Martínez, “Por noticia del señor prefecto de la
Provincia de Mompós, que en el distrito de San Martín de Loba había ocurrido un serio
motín y que el Alcalde de aquél lugar había sido reemplazado por los revoltosos y
sustituido con el señor Víctor Angulo. Se supo además que la tranquilidad pública se
hallaba amenazada en Margarita y Palomino.”214. El prefecto de la provincia mencionaría
después que Los vecinos de los distritos de San Martín y Barranco de Loba habían formado
oposición contra los alcaldes por la compra que la American Colombian Corporation había
efectuado en los terrenos de sus respetivas jurisdicciones y que pretendían que las
autoridades le impidan a la compañía realizar los trabajos que busca emprender. Al cabo de
unos días, llegó el ejército y restableció la autoridad del alcalde, que se ‘exilió’
momentáneamente en El Banco, y en 1924 ocurren otros “desordenes inespecificados” en
Montería y Ciénaga de Oro.
Para 1933, la situación se extiende y llega a involucrar comunicaciones con el presidente
Enrique Olaya Herrera, en las que el gobernador le manifiesta su preocupación por que el
25 de marzo de dicho año “tuvo que enviar a la región de Majagual al comandante de
Policía y al señor jefe de la oficina de trabajo para restablecer el orden perturbado a causa
de los choques entre cultivadores y propietarios”. También pide ayuda para la selección del
alcalde de San Onofre, pues “Entre los municipios donde la propiedad raíz es motivo de
frecuentes pugnas entre propietarios y Colonos, San Onofre ocupa un puesto principal. Por 213 AGN, Baldíos, B-484 214 Gobernación de Bolívar. Memoria del gobernador a la asamblea departamental. (Cartagena: Imprenta departamental, 1919).
65
esto, el alcalde tiene que ser persona experimentada en asuntos policivos”. Menciona,
finalmente, el caso de Montería, donde son frecuentes los “Conflictos entre campesinos y
terratenientes por la asignación de tierras públicas. El Alcalde de Montería dice que es
cierto que hay latifundios de hasta 25.000 hectáreas denunciados solo con fines
especulativos”215.
Este cambio de actitud política de los colonos hacia la diversificación de las acciones puede
tener que ver con la ineficiencia de la vía institucional para el trámite de las demandas o
con la acumulación de tierras públicas por parte de las haciendas ganaderas, sumado al
crecimiento poblacional de algunas regiones. La provincia de Montería, compuesta por los
municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, Montería y San Carlos, pasa de 48.934 habitantes en
1918 a 102.668 habitantes en 1938216, mientras que las tierras públicas buenas –es decir,
fértiles y con acceso a buenas vías de comunicación fluviales y terrestres- disminuían217.
Además, el conflicto era también la expresión regional de un problema nacional218 que
desembocó en la nueva legislación de tierras promulgada por Alfonso López Pumarejo en
1936 y a la que los gobiernos nacionales no eran ajenos: en 1933, varios colonos le escriben
al presidente Olaya Herrera que un comandante Valderrama los obliga “[C]omo colonos a
pagar arrendamiento a favor compañía americana por estar revestidos autoridad”219. El
gobierno nacional le transcribe el telegrama al gobernador del departamento exigiéndole
más información sobre lo que ocurría en ese municipio.
215 AGN, SAA-II. 29.2 216 Censos de 1918 y 1938. Datos: elaboración propia 217Van Ausdal, “The Logic of Livestock: An Historical Geography of Cattle Ranching in Colombia, 1850-1950”. 218 Sobre esto: Marco Palacios, ¿De quién es la tierra? propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930 (Bogotá: Universidad de los Andes- Fondo de Cultura Económica, 2011).;LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950). 219 AGN, SAA-II.29.2
66
b. Formas de resistencia cotidiana y construcción del Estado
En la Historia doble, Orlando Fals Borda cita a Pablo Mier en la descripción de la “lucha
contra la compañía imperialista” que aconteció en las tierras de loba y de la que se habló
en una sección anterior. Mier dice que el pueblo Comenzó a irritarse cuando los gringos echaron cercas de alambre de púas por el camino real de Mauricio a poca distancia del cerro de Doña María. Era la primera vez que lo veíamos, y nos espantamos porque iba en contra de nuestras costumbres de compartir la tierra, los playones y el monte. Empezamos a picar las cercas con machete para que se aburrieran los invasores extranjeros. Todos los días el alambre amanecía toleteado. ¿Quién fue? Yo no sé, yo no sé.220
Esta acción tiene una estructura diferente a la acción directa o legal. Se trata de una acción
espontánea, sin organización previa, cuya intención o motivo es la resistencia a la
“invasión” extranjera. Sin embargo, esta resistencia es difícilmente datable, y su éxito
radica precisamente en su imprevisibilidad y en el hecho de que permanezca oculta. James
Scott y otros221 han dado cuenta de este tipo de acciones como difícilmente datables y de
bajo perfil en contra de los grupos dominantes. Los campesinos, entonces, tienen éxito
cuando estas demandas no aparecen en los archivos222 o cuando no son relacionadas por
aquellos que ejercen el poder como acciones estrictamente políticas. Esta es, precisamente,
la gran diferencia con respecto a otras formas de resistencia campesina: la acción de los
everyday forms, si es exitosa, no se puede datar, pues la seguridad de los perpetradores
radica en el anonimato. La ciénaga de Garrapata es un buen ejemplo de esto. Rivas
argumentaba que los colonos lo amenazan con “ataque personal, destruir [sus] cercas [de]
alambre”, en un “verdadero amago de bolshevikismo (sic) en estas regiones”. Aquí,
pareciera que la acción fue asociada por el terrateniente a un instrumento de acción política.
Este tipo de resistencia también ha sido concebida como una respuesta de los subalternos a
la construcción del Estado, señalada por Charles Tilly como la forma en la que éste se
consolida en el territorio, generalmente a través de formas de invasión de la vida cotidiana 220Fals-Borda, Historia doble de la costa, 1979. 174A 221 Para Colombia, Michael Jiménez ha examinado los vínculos entre Raza, Clase y Resistencia campesina utilizando como categoría analítica las formas de Resistencia cotidiana en los Andes Colombianos. Al respecto: Michael Jiménez, “Class, Gender and Peasant Resistance in Central Colombia, 1900-1930”, en Everyday Forms of Peasant Resistance (London: Routledge, 1989). 222James C Colburn, Everyday Forms of Peasant Resistance (London: Routledge, 2016), http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1288593. 20
67
y de impuestos223. En mayo de 1923, Luis Seija fue asignado por el gobierno nacional
como inspector de Islas y playones en Bodega Central224. Su misión era cobrar el impuesto
de arrendamiento sobre las islas y playones de la república en una región en la que las islas
abundaban225 y desde el principio se le presentaron obstáculos, pues la alcaldía y el concejo
municipal le ordenaron al tesorero no cobrar ningún impuesto por ese rubro226. A pesar de
“[L]a rebeldía manifiesta de ellos [los pobladores] para someterse a las disposiciones del
mencionado decreto, resolví, para evitar se presentara un conflicto de malas consecuencias,
trabajar por los medios pacíficos”227. Pero para agosto del mismo año, Antonio Morales y
otros se negaban todavía a pagar el impuesto, pues alegaban que el río en el que se ubicaba
la isla de Morales no era navegable y por ende el impuesto no tenía ninguna aplicación
efectiva228. Seija perdió la paciencia y pidió el envío de policías, pues no tenía forma de
obligar a los colonos a cumplir con la obligación229. Después de un jalón de orejas del
Ministerio, el alcalde accedió a cobrar el impuesto, para lo que ha procurado el empleo de
medios “[S]uaves, que no han servido. [Los habitantes] pretenden lanzarme violencia, que
rehúso”230. Finalmente, el inspector menciona que es imposible “[S]ostenernos, oblíganos
retirarnos falta recursos”231. Aquí, al contrario del caso de la Ciénaga de Garrapata, los
colonos y campesinos parecieron salir victoriosos.
La resistencia al pago de impuestos es una de las formas cotidianas de resistencia más
datadas en los estudios sociales. Para el caso de China, Thaxton ha demostrado que ésta es
una de las formas más silenciosas pero poderosas en la resistencia al poder del Estado232.
Sus consecuencias son variadas: en primer lugar, enfrentan a las autoridades a través de los
rumores; en segundo lugar, evaden los impuestos, lo que lleva como resultado que los
223 Charles Tilly, The Contentious French (Cambridge: Harvard University Press, 1986). 224 AGN, Baldíos, Tomo 55, Vol 3. 225 Bodega Central se sitúa al sur de Bolívar y “frente” al actual departamento de Santander. Hace parte de la región biogeográfica de la depresión momposina, por lo que las islas fluviales son parte del panorama. 226 AGN, Baldíos, Tomo 55, Vol 3. 227 AGN, Baldíos, Tomo 55, Vol 3. 228 AGN, Baldíos, Tomo 55, Vol 3. 229 AGN, Baldíos, Tomo 55, Vol 3. 230 AGN, Baldíos, Tomo 55, Vol 3. 231 AGN, Baldíos, Tomo 55, Vol 3. 232 Roger Powers y William Vogele, eds., Protest, Power and Change. An Encyclopedia of Nonviolent action, from ACT-UP to Women’s Suffrage. (New York: Routledge, 1997). 174
68
oficiales regionales de la institución no tengan presupuesto para funcionar. En tercer lugar,
recurren a las peticiones para reformular las condiciones del impuesto, y finalmente pueden
arremeter contra los oficiales de impuestos a través de la violencia.
El caso de Bodega Central guarda similitudes sorprendentes con este caso: el Alcalde Silva,
por ejemplo, responde al ministerio frente a un rumor de que no está interesado en el cobro
de impuestos diciéndole que nunca ha pretendido desconocerlo y que “informantes usan
armas vedadas mentirosas”233 para desprestigiarlo. Mientras tanto, el inspector de islas y
playones considera que el tesorero y el alcalde quieren “sitiarnos por hambre, obligándonos
retirarnos”234. Según esto, la acción cotidiana de resistencia puede ser una de las acciones
más efectivas pero menos llamativas en términos de acción política. A través de un hecho
aparentemente despolitizado –la evasión de los impuestos- se genera un fuerte impacto en
una de las dinámicas más importantes para la consolidación del Estado.
c. Protestas y construcción del Estado “Los Estados oprimen, pero también dan poder”, escribíó Derek Sayer. Oprimen como en
el Baluarte Rojo de Lomagrande, pero dan poder en la medida en que le otorgan a los
individuos y colectivos elementos estratégicos en la defensa de sus demandas. Considero
que el examen interno de las disputas elucida otras dinámicas complementarias a la defensa
y que atañen directamente a las formas cotidianas de construcción del Estado, expresadas
tanto en las palabras usadas en las reclamaciones –Nación, derechos, justicia- como en los
actores que intercedían en defensa de los colonos. En este sentido, las protestas no solo
elucidan demandas sobre el papel del Estado en el trámite de los conflictos o oposiciones a
su creciente injerencia, sino también pueden implicar demandas de reconocimiento. Las
protestas pueden ser contra el Estado o exigir su intermediación, pero también pueden dar
cuenta de su funcionamiento y de la forma en que se construye.
233 AGN, Baldíos, Tomo 55, Vol 3. 234 AGN, Baldíos, Tomo 55, Vol 3.
69
El problema del Estado ha sido objeto de revaloraciones tanto por parte de la teoría
marxista235 como por parte de la teoría social236 que han buscado repensar las nociones de
que el Estado es un mero “instrumento de la clase dominante” o la máscara ideológica de
un proyecto de clase. Contra esas proposiciones, las nuevas teorías plantean que el Estado
es un proyecto con pretensiones de hegemonía pero que siempre es fragmentario, y en el
que están en juego no solo el Estado en tanto un conjunto de instituciones sino también la
idea de Estado, compuesta por las prácticas y representaciones de grupos de personas con
respecto a su papel. En Colombia, se ha planteado que el Estado no ha existido en la
práctica, y menos en regiones alejadas de los “centros de poder” tradicionales, ubicados en
los puertos costeros y las ciudades andinas. Ante esto, Serje plantea que se debe replantear
su visión en Colombia y comprender que los distintos grupos de interés que ejercen el
poder local en las regiones son el Estado237. En este sentido, la ausencia del Estado, más
que describir las condiciones de las regiones, hace parte de ciertas categorías sobre la
naturaleza del territorio que justifican determinadas políticas de intervención.
Dejando esto claro, es menester analizar las reclamaciones para explorar cómo el Estado se
ve representado en las reclamaciones, tanto en la práctica como en los imaginarios o en el
lenguaje, pues es allí donde los individuos se reconocen como participantes del aparato
estatal. Así mismo, pensar el Estado a escala micro permite explorar cómo se aterrizan las
medidas tomadas en el centro político cuando se aplican a las regiones y cuáles son las
reacciones despertadas en los partícipes de esas medidas. Más importante aún, El problema
del Estado revela la apropiación de una idea fuertemente impregnada en los individuos que
apelaban a él para dar trámite a sus demandas. En el departamento de Bolívar estaba en
juego tanto la idea del Estado como el funcionamiento del “Sistema de Estado”. Lo primero
se expresa en el lenguaje utilizado por los colonos en sus reclamaciones al Ministerio,
mientras que lo segundo se muestra en la participación de “aliados del sector medio”238
235 Un buen balance de la reformulación del problema del Estado para el marxismo está en Juan González, “Volver al estudio del Estado desde el marxismo: aproximaciones y perspectivas”, Ciencia política 12, núm. 24 (2016). 236 Philip Abrams, “Notes on the difficulty of Studying the State”, Journal of Historical Sociology 1, núm. 1 (1988). 237 Margarita Serje, “El mito de la ausencia del Estado: la incorporación económica de las ‘zonas de frontera’ en Colombia”, Cahiers des Amériques latines, núm. 71 (2012). 238 LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950).
70
como los personeros municipales o los tinterillos, que eran abogados empíricos,
generalmente de poblados pequeños o ciudades intermedias. Lo segundo en las
contradicciones en las que incurrieron Personeros Municipales y Alcaldes con respecto al
papel de las instituciones en la garantía de los derechos de los colonos o en la defensa de
nuevas adjudicaciones y propiedades privadas.
Regreso a San Andrés de Sotavento. En medio del conflicto por el resguardo, , José de
Jesús Beltrán y Jerónimo Dignases, como apoderados de varios vecinos de Corozal y San
Andrés, le escriben al presidente de la república exigiendo justicia ante atropellos de los
americanos en sus posiciones239. Argumentan que las tierras las Poseemos sin interrupción desde el virreinato para acá. Todos somos iguales y libres ante Dios y como no se nos ha contestado peticiones, rogámosle amonestar autoridades para que nos de las garantías [a las que] tenemos derecho240.
Resalté las palabras que a mi juicio expresan mejor cómo los colonos e indígenas adoptan
el lenguaje del Estado para el trámite de sus demandas que no necesariamente están
explícitamente ligadas a la tierra. La apelación a la libertad y la igualdad ante Dios puede
indicar que los indígenas se sitúan en la misma posición frente a sus conciudadanos
católicos. Que son civilizados, y más importante, evita estratégicamente la apelación a la
ley, lo que implicaría la eliminación de ciertos privilegios como la institución del
resguardo. En el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, Muñoz ha demostrado que los
indígenas arhuacos de la Sierra exigían sus derechos por habitar el territorio nacional y
apelando a nociones de la “colombianidad” como el patriotismo y el catolicismo para
legitimizar sus demandas241. Más allá de examinar si el uso de las palabras era ‘auténtico’ o
una vía estratégica para lograr sus objetivos, no deja de llamar la atención cómo ese tipo de
lenguajes son útiles para darle un sustento, bien sea de legitimidad o jurídico, a las
reclamaciones. Los colonos también se sirven de esta estrategia, pero utilizan
adicionalmente la normatividad vigente que les servía de arma en la defensa de sus
ocupaciones. El Estado Colombiano tuvo una legislación favorable a los intereses de los
239AGN, Baldíos, K-22 240AGN, Baldíos, Tomo 55, Vol 3. 241 Catalina Muñoz, “Indigenous State Making on the Frontier: Arhuaco Politics in the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, 1900-1920”, Etnohistory 63, núm. 2 (2016): 301–25.
71
campesinos y colonos242 y de la que éstos se sirvieron para el trámite de sus demandas. Las
citas al código fiscal de 1912 son frecuentes en las reclamaciones, y en la gran mayoría se
cumplen a cabalidad los requisitos para oposiciones o solicitudes de adjudicación. Así, casi
todos argumentan que ocupan el territorio desde hace más de cinco años, con lo que sortean
el primer requisito legal exigido para su protección.
Este uso de la legislación llama la atención, precisamente, por el papel que empezaron a
jugar los personeros municipales y los tinterillos locales en la defensa de los intereses de
los colonos. En la disputa de las Tierras de Loba, los personeros de El Banco y Barranco de
Loba solicitaron hacia 1910 varios conceptos relacionados con la exequibilidad de los
títulos y denunciando el cobro de terrajes por parte de la recién llegada Colombian Land
Investment Company. En 1915, el personero municipal de Magangué impugnó una
adjudicación a favor de Rafael Acuña en dicho Municipio, y Rafael Medina, personero de
Calamar en 1922, tomó la vocería de los colonos en un conflicto que tenía que ver con que
el alcalde del distrito “[H]a dado en venta un lote de terreno de más de 100 hectáreas donde
tienen sus fincas [de] pancoger carácter permanente”. Menciona, además, que al ser el
alcalde el vendedor, no habrá forma de interceder ante él, por lo que recurre al ministerio de
Agricultura.
Estos individuos fungían como el eje articulador e informador de las estrategias jurídicas de
los colonos para defender las ocupaciones de las tierras públicas. Según LeGrand, su papel
también fue importantísimo en la decisión de optar por la ‘opción legalista’. Sin embargo,
mientras los personeros y concejales tendían a simpatizar con los colonos, los alcaldes y los
jueces parecían estar del lado de los grandes solicitantes243. Esta fragmentación regional del
Estado da cuenta de la paradoja de este concepto: es un proyecto, entendido esto como con
pretensiones de hegemonía pero que en su realización se ve sujeto a confrontaciones y
tensiones entre los actores que lo representan. Así como los personeros y concejales estaban
en pugna con los alcaldes y los jueces, los ministros y gobernadores también se enfrentaban
242LeGrand, Colonización y protesta campesina (1850-1950). 243 LeGrand.110
72
por las disposiciones acerca de las tierras públicas. Así, distintos individuos con intereses y
aspiraciones diversas entran en pugna por la aplicación de la ley, que está sujeta a su
interpretación y que está mediada por sus intereses propios o los que buscan defender. Y en
tanto representantes del Estado, lo convierten la realidad práctica en todo lo opuesto a un
proyecto hegemónico cohesionado: más bien, se trata de un conjunto de posiciones en
permanente confrontación. Sería un error pensar esto como una imperfección o como la
evidencia del caótico funcionamiento del estado Colombiano. Siguiendo a Muñoz, si
entendemos el Estado como una construcción sociohistórica, estas contradicciones e
inconsistencias son más intrínsecas al proceso del Estado y deben ser comprendidas como
parte constitutiva de su formación244.
Considero importante adicionar a la relación entre los subalternos y el Estado los recursos
retóricos utilizados por éstos últimos, por que demuestran que su comprensión de la política
está mediada por nociones éticas y morales, como en el caso anterior, históricas, como en el
caso de los indígenas de San Andrés, o ‘patrióticas’, como en el caso de los colonos
lobanos. Esto conlleva dos conclusiones: primero, así como la política no es esfera
exclusiva de los dominantes, la moral o las concepciones de la historia tampoco lo son. Así,
la justificación de los indígenas de San Andrés y el Peñón se ancla en cierta consciencia
histórica que recuerda la existencia colonial de los resguardos y la moviliza para demandas
del presente histórico. Así como señalaban en el Peñón, la disputa estaba saldada por que
los títulos coloniales tenían prioridad sobre cualquier tipo de ordenación ulterior. Segundo,
es menester incluir las creencias, las concepciones del pasado y otras esferas que son
indispensables para la comprensión de las estrategias que guían la acción política de los
actores sociales. Sin una comprensión de la política como un fenómeno que desborda las
instituciones y las acciones y se inserta también en la esfera de lo que creen las personas,
las normas que las orientan y el pasado que los justifica, el análisis político queda cojo.
244 Muñoz, “Indigenous State Making on the Frontier: Arhuaco Politics in the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, 1900-1920”.315
73
Más allá de eso, he demostrado que lo político se juega en acciones que van mucho más
allá de respuestas organizadas al dominio. Si bien el baluarte rojo y el caso de las Tierras
de Loba demuestran la complejidad de la organización de las luchas en torno a las tierras,
hay otras acciones que son más ‘cotidianas’ y que no por esto dejan de ser políticas. Cortar
los alambres de púas, discutir el pago de impuestos o ‘resistirse’ a la privatización de una
ciénaga son formas que no pueden escapar a nuestra comprensión de la política de los
subalternos. Siguiendo a Steve Stern, gran parte de la política de estos grupos recae dentro
de esta categoría, e ignorarla sería ignorar una de las formas más enérgicas por las que los
grupos subordinados manifiestan sus intereses políticos245.
VI. Conclusiones El departamento de Bolívar sufrió una transformación radical durante la primera mitad del
siglo XX. tuvo la escisión de dos de sus regiones, que se convirtieron en el actual Córdoba
y el actual Sucre, su aparato productivo se transformó y para los años cincuenta la
ganadería era, por mucho, la actividad económica principal de su espacio agrario. La
emergencia del Puerto de Buenaventura le quitó protagonismo en el escenario comercial
nacional e internacional y sus tasas de crecimiento económico, conjuntamente con los
demás departamentos de la Costa Norte, fueron inferiores a las del resto del país. Entre
tanto, el campo también cambió. La presión generada por el crecimiento económico sobre
las tierras públicas dejó un desenlace nada favorable para colonos y campesinos, pues las
propiedades mayores a 50 hectáreas se convirtieron en el pan de cada día246. Si bien la
región hasta 1960 no tenía en el rigor de la palabra una cantidad importante de latifundios
mayores a 2.500 hectáreas, las propiedades intermedias si mandaban la parada247. Las
tierras públicas fueron cada vez más escasas y su acceso por parte de colonizadores más
complicado.
Los conflictos analizados en este texto muestran que el problema de las protestas
campesinas es más complejo de lo que usualmente se piensa. En él no solo está en juego la 245Stern, Resistance, rebellion, and consciousness in the Andean peasant world, 18th to 20th centuries. 246 Van Ausdal, “The Logic of Livestock: An Historical Geography of Cattle Ranching in Colombia, 1850-1950”. 247 Van Ausdal.
74
tierra sino también el acceso a los recursos físicos. Del mismo modo, las disputas no
ocurrieron sobre cualquier pedazo de tierra, sino sobre territorios con condiciones
medioambientales, económicas y de conectividad con los mercados muy específicas. La
depresión momposina y el valle del río Sinú, en este sentido, se convirtieron en los lugares
usuales de la protesta campesina en el Bolívar Grande durante el período estudiado,
mientras que las cercanías de Cartagena, los Montes de María y las sabanas de Corozal y
Sincelejo estuvieron casi al margen de la conflictividad, por diferencias tanto en el trámite
de los conflictos como en la estructura económica de las subregiones. Ante la pregunta de
por qué los campesinos protestaron en Bolívar, respondo que lo hicieron por factores que
iban desde la defensa de la ocupación hasta el deseo de lograr un pedazo de tierra, sin que
esto pase por alto los conflictos relacionados a la explotación de recursos o a los
relacionados con impuestos y municipios.
El establecimiento de la geografía de las luchas, por su parte, muestra que para examinar el
panorama de las protestas aquí o en cualquier parte del país es necesario atender a su
ubicación para tener una mejor comprensión del fenómeno. Esto permite, principalmente,
aterrizar la tierra a variables concretas y no pensarla como un recurso abstracto. La
espacialización de las disputas no solo permite datarlas en un mapa, sino que también invita
a preguntarse sobre las características diferenciales de las regiones que tienen conflictos
con las que no tienen conflictos. En este sentido, la espacialización no es un ejercicio
meramente descriptivo, sino que invita al análisis de las condiciones bajo las cuáles
emergen las protestas y que no responden solamente a factores sociales sino también a
aspectos físicos. Así mismo, la geografía de las luchas también invita a pensar la región
como un espacio complejo y variado en el que conviven distintas dinámicas económicas y
sociales que no es posible homogeneizar. Sin embargo, quedan varias invitaciones a la
investigación sobre este ejercicio: ¿Cómo se dio la acumulación de tierras en los Montes de
María y la zona de las sabanas? ¿Qué papel jugaron las casas de comercio y los bancos, tan
presentes en estas zonas y tan ausentes en la depresión momposina? ¿Cuál era la estructura
de la tenencia de la tierra en la provincia de Cartagena?
75
Por otro lado, volver la mirada a los indígenas de la región evidencia que la cuestión
indígena no era un problema exclusivo de las zonas más densamente pobladas y
tradicionalmente asociadas a lo indígena como el macizo colombiano o el altiplano
cundiboyacense ni de períodos previos como la colonia o el siglo XIX. Aquí, en el Bolívar
Grande y el siglo XX, los indígenas defendieron el carácter comunal de la tierra apelando
a estrategias diferentes a las utilizadas por colonos y campesinos, y fueron algunos de los
vencedores al final del período. A pesar de la dramática disminución de resguardos en el
Bolívar, los resguardos sobrevivientes resistieron a la presión efectiva de municipios,
extranjeros y terratenientes.
Ante el cómo se rebelaron, respondo que tanto colonos y campesinos como indígenas
siempre prefirieron el canal institucional sin que esto implicase pasividad o aceptación de
las normas vigentes. Todo lo contrario: la apelación a las instituciones, cuando se examina
el lenguaje de las reclamaciones, deja entrever los pensamientos y creencias que
fundamentaban tanto la acción política como la decisión de apelar a las instituciones. Los
campesinos y colonos, fuera de estar al margen del Estado, contribuyeron enormemente a
su discusión y a la apropiación de un lenguaje cívico y republicano que fue fundamental
para la aceptación de las instituciones como el aparato encargado de dar trámite a los
conflictos. Las acciones directas, por otro lado, no aparecen en la década de los veinte ni
son necesariamente el resultado de la ineficacia de la vía institucional. Todas las estrategias
de acción hacen parte de un conjunto de tácticas siempre encaminadas a la defensa de los
derechos, el territorio o las explotaciones de recursos económicos, y todas estuvieron
presentes en la totalidad del período estudiado. Adentrarse en su análisis nos permite
entrever, además de las dos formas canónicas de interpretación –acciones directas y
acciones ‘institucionales’- las formas cotidianas de resistencia, que son más difíciles de
datar pero que no dejan de ser un componente fundamental de la protesta.
Este fue un ejercicio tanto académico como político, que buscó señalar la importancia de
atender a las particularidades de las regiones como elementos constitutivos del análisis de
la protesta campesina. Tras las tendencias nacionales se ocultan marcadas desviaciones
76
regionales que hablan sobre causas y formas de acción complejas. También buscó la
importancia de atender al espacio no solo para mostrar la ubicación de los conflictos, sino
para explicar por qué se dio tal configuración geográfica. Y, finalmente, buscó señalar la
importancia de analizar no solo cuantitativamente las protestas, sino atender a sus
estructuras internas para comprender cómo comprendían los campesinos, colonos e
indígenas su papel con respecto a la tierra y a las instituciones.
77
VII. Bibliografía
Fuentes primarias
I. Archivos
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1. Sección República
Fondo Baldíos
Fondo Enrique Olaya Herrera
II. Prensa
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El Nuevo Tiempo, Bogotá
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El tren expreso, Mompós
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III. Fuentes documentales Impresas
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departamental. Cartagena: Imprenta departamental, 1920.
Gobernación de Bolívar. Informe del Gobernador de Bolívar a la Honorable Asamblea
departamental. Cartagena: Imprenta departamental, 1921.
Gobernación de Bolívar. Informe del Gobernador de Bolívar a la Honorable Asamblea
departamental. Cartagena: Imprenta departamental, 1923
Gobernación de Bolívar. Informe del Gobernador de Bolívar a la Honorable Asamblea
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