La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, integrante del Grupo Legislativo deMorena en el Congreso de Veracruz, presentó un anteproyecto con Punto deAcuerdo por el que se exhorta a los gobiernos municipales de Orizaba,Ixtaczoquitlán, Río Blanco, La Perla, Mariano Escobedo y Nogales para quedestinen recursos económicos al Cuerpo de Bomberos de la estación 119, consede en la ciudad de Orizaba, que le permitan cubrir el adeudo, de 363 milpesos, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La legisladora recordó que la estación 119 del Cuerpo de Bomberos existedesde 1971 y da servicio a la población en situaciones de emergencia, comoson incendios, fugas de gas, retiro de enjambres de abejas, salvamento en ríos,entre otras.

Expuso que durante muchos años esta estación funcionó mediantecondonaciones de servicios, como agua, predial y servicio de luz, con elayuntamiento y con empresas como la CFE, en retribución de las innumerablesacciones de auxilio brindadas a la población en todos los municipios aledaños.Informó que desde abril de 2017 la CFE ha requerido a los bomberos de Orizabaun pago, por la cantidad de 363 mil pesos, por los servicios de energía eléctricay desde el 11 de mayo de ese mismo año, a la estación 119 le fue cortado dichoservicio.

Destacó que a pesar del corte de energía eléctrica, los Bomberos de Orizabacontinúan brindando el servicio a la población y ejemplificó el hecho de este 28de enero, en la colonia Barrio Nuevo, donde cuatro elementos, con un carrobomba y un camión cisterna, apagaron un incendio de una vivienda de maderacon estructura metálica, que arrojó como saldo de una persona lesionada.De igual forma, explicó que para suplir el servicio de energía eléctrica,recurrieron a la utilización de una planta de luz operada por gasolina, la cual, ala par de consumir los pocos recursos económicos con los que cuentan, esinsuficiente para cubrir las necesidades de operación.

El Grupo Legislativo del PAN condenó el rechazo de MORENA hacia la rendición de cuentas para losveracruzanos, pues se negaron a discutir la solicitud propuesta por la diputada María de Jesús Martínez Díazpara llamar a comparecer al Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Luego de que la legisladora panista solicitó de urgente y obvia resolución que la Junta de CoordinaciónPolítica llamara a comparecer al titular de la SSP para conocer las estrategias, políticas públicas y resultadosque tiene el Gobierno del Estado en la materia, los diputados de MORENA se negaron a discutir el punto.Ante la cerrazón del grupo de mayoría en el Congreso, los diputados del GLPAN abandonaron la sesióndurante algunos minutos para posicionarse respecto a la urgente necesidad de conocer las accionesemprendidas por el Ejecutivo, y recordar que en el año 2016 a 14 días del bienio pasado, MORENA solicitó lacomparecencia del entonces Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, solicitud que el PANrespaldó congruente al compromiso social que tienen los legisladores.

“Tenemos que alzar la voz y exigir que el Congreso sea respetuoso y congruente con los intereses de losVeracruzanos. Dicen que es culpa de la Fiscalía, que es culpa de los Ayuntamientos, ¿Qué no tieneresponsabilidad la Secretaría de Seguridad Pública? Hoy no existe ninguna estrategia en materia deseguridad” declaró el Coordinador del GLPAN, Sergio Hernández Hernández.

En su intervención en tribuna, la diputada por el distrito de Martínez de la Torre, María de Jesús MartínezDíaz, enfatizó que MORENA no puede continuar culpando a otras autoridades por la falta de estrategias enmateria de seguridad, y es necesario que asuma su responsabilidad como Gobierno del Estado y otorgueresultados a la ciudadanía.

Más del 50 por ciento de los espacios educativos del estado, carecen de escritura pública.Xalapa, Veracruz., 29 de Enero de 2019.- “En Veracruz, existen 12 mil 541 planteles educativos que no hanregularizado su situación jurídica, es decir, no cuentan con escritura pública, lo que les impide acceder aprogramas para mejorar su infraestructura y equipamiento del Gobierno tanto Federal como Estatal”,lamentó el diputado de Morena, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.

Durante su intervención en la Decimoquinta Sesión Ordinaria, para presentar un Anteproyecto de Punto deAcuerdo, el legislador exhortó a los Supervisores y Directores a que regularicen los predios de las escuelasde todos los niveles, que no cuenten con título de propiedad.

“Más del 50 por ciento de establecimientos educativos en nuestro estado carecen de escritura pública quegarantice la certeza jurídica del derecho de propiedad”.

Vargas Barrientos, señaló que la causa principal es que muchos de los predios escolares fueron donados yconstruidos donde la demanda lo requería, sin considerar su situación legal.

Ante este panorama, abundó que, por las deplorables condiciones de las escuelas veracruzanas, se pone enriesgo la vida de estudiantes, docentes, administrativos e intendentes: “muchas veces los padres de familiatienen que hacerse cargo de los gastos demantenimiento”.

Sin embargo, anunció que el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, pondrá enmarcha el programa “Escuela Garantizada, Escritura Garante”, cuyo propósito es regularizar la situaciónjurídica de los predios escolares que no cuentan con título de propiedad.

Los tres beneficios fundamentales son brindar certeza patrimonial, acceso a recursos federales y estales, ymejora de la infraestructura, rehabilitación y equipo de los centros educativos de la entidad.

“Mejorar la educación en el Estado, es un compromiso permanente del gobernador, Cuitláhuac GarcíaJiménez, de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y de los integrantes del Grupo Legislativo deMorena: no descansaremos hasta lograr un verdadero cambio para las y los veracruzanos”.

En el mismo sentido, el diputado local hizo un llamado a la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, paraque, a través del Departamento de Fundo Legal, asesore y colabore con el jurídico de la SEV, con la finalidadde regularizar y escriturar los predios escolares.

La diputada María Esther López Callejas, del Grupo Legislativo Movimiento deRegeneración Nacional (MORENA), presentó un Anteproyecto con Punto deAcuerdo por el que solicita al Gobierno Federal, revise las concesiones minerasotorgadas para explotar el suelo veracruzano y de encontrar irregularidades,ordene su cancelación.

La diputada López Callejas sostuvo que el compromiso con el medio ambiente,es parte de un proyecto de nación y responsabilidad de todos.Refirió que la minería es una actividad económica que a pesar de generarcuantiosos ingresos a las empresas productoras, provoca la destrucción deecosistemas y la destrucción del medio ambiente; es decir que, lejos de ser unaforma adecuada de producción de riquezas, genera un ecocidio.

“Los daños que ocasionan a las regiones cercanas donde se llevan a cabo estosproyectos mineros merman el bienestar del medio ambiente y la salud de loshabitantes que viven en la región”, puntualizó.

Con base en datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, lalegisladora señaló la gran cantidad de contaminación que produce la obtenciónde materiales valiosos de la corteza terrestre.Mencionó que a nivel federal, el pago de impuestos por ésta actividad es mínimoy sin embargo son muchas las empresas extranjeras beneficiadas por un grannúmero de concesiones durante la administración federal anterior.

Señaló que estas empresas vulneraron leyes ambientalistas, presentan diversasfallas técnicas y análisis superfluos en sus permisos de explotación minera.Asimismo, citó las declaraciones del ambientalista Emilio Rodríguez, integrantede la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), quienrefirió que las empresas cuentan con una concesión por 50 años y se renuevancon 50 años más, por lo que tienen los instrumentos legales construidos desdehace 20 años para que su operación avance.

Ante este contexto, López Callejas cuestionó las supuestas cancelaciones que ensu momento anunció SEMARNAT, además aseguró que resulta sospechoso queempresas transnacionales hayan obtenido concesiones para la explotación deminas, sin los requerimientos ambientalistas adecuados.