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semanario de información y análisis
No. 2026 • 30 de agosto de 2015
CORRUPCIÓN
32 Aramburuzabala a López Dóriga: "No hay negociación
posible con un extorsionador"
/Arturo Rodríguez García
ESTADOS /NUEVO LEÓN
ANÁLISIS
43 Loco furioso /Naranjo
46 Cambios perniciosos /Jesús Cantú
47 Preguntas sobre la mariguana al presidente
/Sabina Berman
TERCER AÑO
11 Seguridad: pugnas internas derivan en caos
/Jorge Carrasco Araizaga
14 Derechos humanos: impunidad eterna /Gloria
Leticia Díaz
17 32 meses: 57,410 asesinatos /Enrique Mendoza
Hernández y Adela Navarro Bello / Semanario Zeta
20 Desarrollo social: trampolín para unos cuantos
/Mathieu Tourliere
24 México-EU: la relación pasmada /J. Jesús
Esquivel
26 Al relevo, cuates y juniors /Arturo
Rodríguez García
29 La solitaria de Los Pinos /Arturo Rodríguez
García
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AÑO 38, No. 2026, 30 DE AGOSTO DE 2015
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agencia proceso de información
48 VENEZUELA: Los deportados de Maduro /Rafael
Croda
52 CHILE: Una muerte que causó alegría /Francisco
Marín 56 ESPAÑA: De ministro ejemplar a
vergüenza
nacional /Alejandro Gutiérrez
CULTURA
60 Las élites, por integrar México con América del
Norte /Judith Amador Tello
65 Páginas de crítica
ARTE: Leonardo y Miguel Ángel: una tomadura de
pelo /Blanca González Rosas
MÚSICA: The Chicago Panamerican Ensemble /Raúl
Díaz
TEATRO: Mi querido capitán /Estela Leñero
Franco
CINE: Lobos de Manhattan
/Javier Betancourt
TELEVISIÓN: Tanto amor /Florence Toussaint
LIBROS: Otra iglesia /Jorge Munguía Espitia
ESPECTÁCULOS
70 La odisea fílmica de los 33 mineros chilenos
/Colu∫πmba Vértiz de la Fuente
72 "Metro Balderas" con la Sinfónica de Coyoacán
/Roberto Ponce
TERCER AÑO /DEPORTES
74 Un desastre, el proyecto de cultura física
/Beatriz Pereyra
77 Ponte al 100: Buenas intenciones, magros
resultados /Raúl Ochoa
80 Palabra de Lector
82 Mono Sapiens / Virgilio en la historia
/Helguera y Hernández
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E l lunes 3, durante una gira detrabajo por el Estado de México, el
presidente Enrique Peña Nie- to adelantó el tono del discurso que
dará el miércoles 2 de sep- tiembre –al menos en la parte
económica– con motivo de su tercer infor- me de gobierno.
El país no ha registrado un crecimien- to económico “en los niveles
que quisié- ramos”; “en el tamaño de crecimiento que hubiésemos
querido llevar a la fecha”, di- jo. Pero no estamos tan mal,
sugirió, pues “a otras economías del mundo les ha ido peor”.
CARLOS ACOSTA CÓRDOVA Y agregó: “En México lo sentimos, lo
explicamos, pero para quienes tienen,
quizá, un mayor conocimiento en el te-ma, entienden muy bien que el
escena- rio global es difícil; que lamentablemente nos toca
observar cómo diferentes regio- nes del mundo han enfrentado o
están vi- viendo desaceleración en sus economías, incluso teniendo
crecimientos negativos en el desempeño de sus economías”.
Es el discurso recurrente del manda- tario, pero sobre todo del
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien cotidia- na e
invariablemente emplea la fórmu- la, cuando hay un dato malo en la
econo- mía, de que otros países están peor que México.
Pero la información oficial en torno al desempeño de la economía en
lo que va
de la administración de Peña Nieto, en es-pecial los datos y cifras
del Banco de Mé- xico y del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) –esas sí, sin adjetivos–, dan cuenta del fracaso
en la conducción de la economía nacional, independiente- mente del
entorno internacional.
El 26 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Pro- grama Nacional de Financiamiento al De-
sarrollo (Pronafide), en el que se plantea- ban dos escenarios para
el crecimiento económico: uno sin reformas, que es el crecimiento
“inercial”, y otro con refor- mas estructurales.
E d u a
r d o M
i r a n
d a
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En los primeros tres años de su gestión, Enrique Peña Nieto y su
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han venido esgrimiendo un
falso discurso económico sobre una pretendida prosperidad nacional.
Lo cierto es que convirtieron el país en una fábrica de pobres,
según demuestran las propias cifras de instituciones como el Inegi
y el Banco de México. Ante esta lacerante realidad, las pregonadas
reformas estructurales –la fiscal y la energética– sólo evidencian
un crecimiento torpe y excluyente. Al parecer, lo único que se
multi- plica en México es la pobreza. Y todo indica que esta
situación no cambiará en los últimos años.
Sin reformas, la economía crecería 3.8% en 2015, 3.7% en 2016, 3.6%
en 2017 y 3.5% en
2018, al término de la administración.Pero con reformas, según el
Pronafide, el ritmo de la economía sería acelerado: 4.7% en 2015,
4.9% en 2016, 5.2% en 2017 y 5.3% en 2018 (Proceso 2005).
A 20 meses de la publicación de ese documento y ya en plena
vigencia y ope- ración las reformas, la realidad, cruda, ha sido un
palmo de narices para el gobierno.
Los desatinos
Apenas el jueves 20, el Inegi dio a conocer que en el segundo
trimestre de este año el PIB registró un crecimiento de 2.2%
anual
real, inferior al 2.9% que se observó en el se- gundo trimestre de
2014, y también inferior
al 2.6% del primer trimestre de 2015.Una semana antes, el Banco de
Méxi- co había hecho lo propio, al bajar su esti- mación para el
incremento del PIB en 2015 a un rango de 1.7% a 2.5%, desde 2% a
3%, que estableció también en mayo pasado.
El punto medio del pronóstico de Ha- cienda para este año es de
2.4%, que no sólo no alcanza al crecimiento inercial es- perado
para el año, de 3.8%, en el Pronafi- de; y queda muy lejos, casi a
la mitad, del 4.7% que, con reformas, se planteaba en aquel
documento.
El magro comportamiento de la econo- mía en este año, según los
especialistas, se
debe al débil desempeño de las actividades secundarias
(construcción, industria ma-
nufacturera y la minería); a que las expor-taciones no petroleras
–el gran motor del crecimiento– están estancadas, y a que la
construcción de nueva cuenta va a la baja.
Todo ello se ha compensado, en par- te, por una mejor evolución del
consumo y de las actividades terciarias (servicios y comercio).
Pero que no alcanza para dar- le más aire a la economía en su
conjunto.
El achicamiento de las cifras y de las expectativas oficiales de
crecimiento, más allá de lo que impliquen en términos ma-
croeconómicos, y en medio de un mundo turbulento, en el país han
tenido una tra- ducción brutal en la vida de los mexicanos:
Economía:
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Por lo menos en los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto se
agre- garon a la pobreza 2 millones de mexica- nos –suman ahora
55.3 millones las per- sonas en esa condición– y los ingresos de
90% de la población se redujeron de ma- nera dramática.
Hoy, no sólo son más bajos que en 2012, sino mucho peor que en
2008, al ini- cio de la crisis financiera internacional, según
datos del Consejo Nacional para la
Evaluación de la Política de Desarrollo So-cial (Coneval) y del
Inegi. “Yo hice un cálculo de que esos 2 mi-
llones de pobres más en un par de años, equivale a dos pobres por
minuto, dice el prestigiado economista Gerardo Esqui- vel Hernández
en entrevista.
A esa tasa está creciendo la pobre- za. México, durante los
primeros años de gobierno de Peña Nieto, fue una autén- tica
fábrica de pobres, comenta Esqui- vel, licenciado en economía por
la UNAM, maestro en la misma disciplina por El Co- legio de México
y doctor por la Universi- dad de Harvard.
El “outsourcing”, un cáncer para el empleo
ROSALÍA VERGARA
Las cifras del Instituto Nacional de Es- tadística y Geografía
(Inegi) de 2012 a 2015 son desalentadoras.
En 2012, según Bouzas, había 33 mi- llones 272 mil 12 asalariados;
hoy son 34 millones 196 mil 141, alrededor de 1 millón más, aunque
se incluyen los trabajadores
que laboran por su cuenta. En cuanto al monto de los
emolumen-
tos, se necesitan más de tres salarios míni- mos para vivir. Según
los datos oficiales, en 2012 había 7 millones 408 mil 615 trabaja-
dores; hoy son sólo 7 millones 141 mil 682.
Según Alcalde, el decrecimiento del empleo se debe a que la
contratación colectiva de trabajo está “secuestrada” por los
patrones, pues son ellos quienes deciden la firma de los contratos
colecti- vos: la mayoría de las veces lo hacen con sindicatos
blancos.
En noviembre de 2012, el senador Ma- nuel Bartlett Díaz acusó al
entonces presi-
dente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio
Beltrones, porque, dijo, un año antes pactó con el entonces
jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, la pre- sentación de
iniciativas de ley preferentes para ser aprobadas en 30 días.
Desde 2000 con Vicente Fox, los panistas no habían podido avalar la
refor- ma laboral calificada como patronal. Lo hicieron al final
del sexenio calderonista. La iniciativa fue elaborada por la
Confede- ración Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Al principio de su gestión, Calderón se autodenominó
“presidente del empleo”. Dos años después, en 2008, era el
“presi-
E n vísperas del tercer informe de go- bierno de Enrique Peña
Nieto, en ma- teria laboral el balance es desolador. Vivimos en el
país del outsourcing,
dicen abogados laboralistas consultados por Proceso, al tiempo
que desmienten al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida: “la paz laboral que tanto
pregona no existe”.
Para Arturo Alcalde y Alfonso Bouzas, las modificaciones a la Ley
Federal del Trabajo de 2012 sólo precarizaron las con-
diciones laborales. Hoy, dicen, los trabaja- dores gozan de menos
prestaciones y su salario se depreció.
Desde su primer año de gestión, Nava- rrete Prida ha presumido que
no ha habido huelgas en el país, lo cual es sinónimo de la “paz
laboral”. Ve un saldo en ceros en cuanto a conflictos laborales y
obrero- patronales. Pero la realidad es distinta, sostiene
Alcalde.
“La ausencia de huelgas no significa paz laboral: si no hay
huelgas, es por la extrema debilidad sindical y el temor de los
trabajadores a perder el empleo si se atreven a ejercer sus
derechos colectivos. En México –dice–, uno de cada 100 traba-
jadores está afiliado a un sindicato real.” En materia
laboral, el escenario es peor
que antes de la aprobación de la reforma de 2012, secunda Bouzas.
El desempleo es significativo, el empleo sólo crece en el sector
informal, mientras la caída salarial es demostrativa: “Esto quiere
decir que la po- breza se apodera de nuestro país. Es grave que 11
millones de personas vivan sólo con dos salarios mínimos”.
Los entrevistados aclaran, sin embargo, que sí ha habido huelgas:
en marzo hubo una
de campesinos en Baja California; en junio lo hicieron los maestros
disidentes; en julio, los trabajadores administrativos y académi-
cos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y el jueves
27 tocó el turno al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
Universidad Autónoma Benito Juárez.
Van ocho años de huelgas mineras en las secciones 17, de Taxco,
Guerrero; 65, de Cananea, Sonora, y 201, de San Martín, Sombrerete,
Zacatecas, por citar unos ejemplos.
El 25 de enero pasado, la STPS informó que en 2014 colocó a 1
millón 557 mil 350 personas “en un trabajo o actividad produc-
tiva”, aunque omitió en qué sectores.
H u g o
C r u z
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Y agrega: “A eso nos estamos enfren- tando por una economía que no
crece y que cuando crece lo hace de una manera no incluyente.
Excluye a los sectores am- plios de los beneficios de ese
crecimiento”.
–¿Por qué han sido tan pobres los re- sultados en materia
económica? ¿Qué fue lo que falló en la operación, en la conduc-
ción de la economía? –se le pregunta.
–Yo creo que fue una combinación de elementos. Nunca entendieron el
entor-
no nacional e internacional. Faltó lideraz-go en el secretario de
Hacienda, Luis Vide- garay, que desatendió la economía desde el
primer año.
“Pero al final de cuentas me parece que hicieron un mal diagnóstico
de la si- tuación. No tenían claro, a cabalidad, las causas del
bajo crecimiento económico en los últimos años. Hubo una
desatención de la parte administrativa.
“En 2013 toda la atención estuvo en- focada en la aprobación de las
reformas. Y ahí el secretario de Hacienda jugó un papel muy
importante. Y eso me parece que fue crucial para entender lo que
creo
que marca esta gestión y que de alguna manera está determinando la
tendencia de este sexenio.
Y el punto nodal de la mala gestión económica, dice Esquivel, se
dio en el errá- tico manejo del gasto público desde el pri- mer
año.
Las falacias de Videgaray
Autor del reporte Desigualdad extrema en
México; concentración del poder económi-co y política, editado
recientemente por OXFAM y que mereció comentarios y aná- lisis en
casi todos los medios, Gerardo Es- quivel insiste en que el
responsable de un mal manejo y ejercicio del gasto público es
Videgaray.
“Es inexplicable que alguien que había sido secretario de Finanzas
en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México ha- ya hecho lo
que hizo. Dice el entrevista- do: decidió ejercer los recursos del
presu- puesto de una manera inexplicablemente muy lenta y eso le
metió un freno a la eco- nomía muy significativo en 2013.
“Y eso explica por qué ese año fue de tan bajo crecimiento. Una
cosa realmente atípica, pues crecimos inclusive por deba- jo
de Estados Unidos, lo cual no había ocu- rrido en muchos
años.”
En suma, dice el economista, pesaron más los factores internos para
hacer del primer año de gobierno un desastre econó- mico, “pero que
tuvieron que ver con una mala gestión, una desatención de parte del
secretario Videgaray –‘por su propio inte-
rés político, por vocación o por petición delpresidente de la
República’–, que terminó generando una situación de desacelera-
ción en 2013 y de crecimiento mediocre en los años
subsecuentes”.
–¿No era necesaria la reforma energé- tica, la que se dijo era la
madre de todas las reformas estructurales de Peña Nieto?
–Es un mal diagnóstico simplemente pensar que el sector petrolero
puede ser la base del crecimiento de la economía. Siem- pre he
creído que pensar que eso sea la pa- lanca de desarrollo es
equívoco. Porque es un sector que es muy pequeño, compara- do con
el tamaño de la economía mexica-
dente del subempleo” por la proliferación de las
empresas outsourcing que realizan contratos individuales
que no sólo viola-
ban la ley, sino que precarizaron el empleo ( Proceso
1747).
Las outsourcing de recursos humanos –las llamadas empresas de
servicios– son un fenómeno mundial, dicen los entrevis- tados. Sólo
que en México “venden carne humana barata” a los empresarios, pues
ofrecen empleos temporales, constriñen los salarios, merman los
derechos de los trabajadores, controlan la seguridad social, e
imponen los llamados sindicatos de protección.
“Estas reglas de outsourcing son totalmente ignoradas por la
autoridad, que renunció a aplicarlas porque esto no le gustó al
sector empresarial y logró una ne-
gociación con las autoridades para que ‘se hicieran de la vista
gorda’”, destaca Alcal- de. Este esquema se observa en todas
las
ramas de la industria, los bancos, asegura- doras, servicios y en
miles de empresas.
Trabajadores indefensos
Un ejemplo emblemático de lo que permite la reforma laboral es el
caso de la automo- triz BMW que llegará a San Luis Potosí en 2016,
donde se construye la planta.
Sin embargo, desde 2014 la compañía firmó un contrato colectivo con
un sindica- to de la Confederación de Trabajadores de México. El
documento es un fraude, sostie- ne Bouzas, pues no hay
trabajadores.
El 5 de septiembre de 2012, el Sindi- cato Independiente de
Trabajadores de la
Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México
firmó un contrato colectivo de trabajo con los directivos de
Audi de México, desconocido para los tra- bajadores de la
planta en el municipio San José Chiapa, Puebla.
En ese momento se estaba cocinando
la reforma laboral para legalizar la flexibi- lización del empleo y
la subcontratación, pero el contenido del documento signado ante la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ya preveía
las nuevas regulaciones para los futuros trabajadores, porque en él
se indicaba que devengarían salarios por cuota diaria que sólo
podrán modificar los patrones y el sindicato.
El miércoles 26, el diario Cambio de Puebla informó que 2
mil trabajadores de origen alemán, argentino y brasileño arribaron
a San José Chiapa para incor- porarse como empleados de planta de
la armadora Audi en las áreas de pintura y
ensamblaje. Hay casos más extremos. El más
reciente es la aprehensión de Gustavo Labastida, secretario general
del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, el lunes 17.
Su falta fue plantarse afuera de esa empresa trasnacional, filial
de Bata Internacional, en Tlaxcala hace tres años, para exigir la
reapertura de la empresa. En esa ocasión salió tras el pago de una
fianza de 44 millones de pesos.
Alcalde y Bouzas aseguran que el outsourcing es el
cáncer para el empleo y ha sido “el hijo predilecto” de la política
laboral del gobierno federal en los últimos años.
O c t a v i o G
ó m e z
Navarrete Prida. Presunciones
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na, es un sector –todo el energético: petró- leo, gas,
electricidad– que emplea a menos de 1% de la población.
“Es decir, es un sector que por mu- cho que crezca es muy difícil
que arrastre a la economía en su conjunto. Es un sec- tor
desvinculado de la economía y pen- sar que incluso duplicando o
triplicando
el sector en México, que sería ya una co- sa descomunal, el impacto
que tendría en la economía en su conjunto sería relativa- mente
pequeño.
“Entonces, pensar que esa era la solu- ción a los problemas del
país y que atraer inversión extranjera en ese sector –princi-
palmente el petrolero–, que fue donde estu- vo el énfasis de la
reforma energética, pues es equivocado porque simplemente no va a
atraer suficiente inversión extranjera pa- ra transformar realmente
al país, por hacer que regrese a la senda del crecimiento.”
–Bueno, algo se vio en la primera fase de licitaciones de la Ronda
Uno: de 14 blo-
ques sólo pudieron adjudicarse dos. –Sí, el poco interés se debió a
que, pri-
mero, las condiciones del mercado petro- lero no son las óptimas en
este momen- to y, segundo, a que también puede ser el costo de una
percepción, de parte de los inversionistas extranjeros, de
problemas en el estado de derecho del país, y que ter- mina siendo
más costoso para ellos inver- tir en esta economía, derivado de
posibles actos de corrupción, de complicidades (entre funcionarios
y empresarios), reales o no. Basta con que los individuos tengan
esa sospecha para dejar de invertir.
“Ahora van a relajar las reglas, que me parece equívoco también.
Puede resultar en un menor porcentaje para el Estado en las
utilidades. El gobierno pedía 40% so- bre las utilidades, no sobre
los ingresos. Recordemos que de cada barril que pro- ducía Pemex,
más o menos 75% se lo que-
daba el Estado, de todo el valor del barril de petróleo.
El dispendio fiscal de 2014
Ya entrado en el análisis de las reformas –de las que sin duda
deberá informar Pe- ña Nieto, por escrito ante el Congreso y
en
su discurso a la nación–, Gerardo Esquivel, encargado de la
revisión técnica de la tra- ducción al español del libro El capital
en el siglo XXI, del destacado economista fran- cés Thomas Piketty,
publicado por el Fon- do de Cultura Económica, aborda la refor- ma
fiscal.
Contrario a lo que dice la mayoría de los analistas, en el sentido
de que dicha reforma resultó recesiva, que le quitó re- cursos a
las familias y a las empresas, Es- quivel apunta:
“El problema no es la reforma fiscal. Eso es importante entenderlo.
Porque en todo caso la reforma fiscal aumentó los
ingresos del gobierno en una fracción mu- cho menor de lo que
aumentó el gasto. Y eso es importante entenderlo, porque mucha
gente culpa al aumento en los im- puestos de la desaceleración
económica. Pero recordemos que eso le dio recursos al gobierno y
que lo que gastó el gobierno fue mucho más que eso.
“Es decir, la verdadera reforma fiscal de 2014 no fue la
tributaria; fue el aumento en el gasto público y que fue básicamen-
te un dispendio de recursos, mal ejercido nuevamente, donde el
gasto no estuvo efi- cientemente ejecutado, que no estuvo in-
vertido en obras de impacto económico y social significativo.
“Ahí es donde estuvo el problema. El gasto, en términos reales,
creció en 2014 en 9%. Desde los setenta no teníamos un au- mento
del gasto tan significativo. Enton- ces, la reforma fiscal tuvo esa
dimensión
tributaria –de aumentar los ingresos del gobierno a costa de los
contribuyentes–, pero lo que entró en vigor y que fue más re-
levante para entender lo que ha pasado re- cientemente fue el
aumento en el gasto… que además fue un gasto improductivo.”
–La reforma financiera. El plan era ha- cer que los bancos
prestaran más y más
barato; que se convirtieran en un verdade- ro apoyo a la economía
nacional.
–Pues los bancos, comerciales y de de- sarrollo, ni prestan más ni
más barato. La implementación de esa reforma ha si- do desacertada:
porque si el problema es que los bancos no prestan, lo que hay que
hacer es cambiar los incentivos para que presten los bancos.
“Lo único que hizo la reforma financie- ra fue darle más poder de
cobranza a los bancos. Fue la parte más significativa de la
reforma, porque quiere decir que ahora los bancos pueden cobrar de
muchas maneras un crédito. Si en un crédito al consumo un
individuo que no paga su tarjeta de crédi- to y tiene cuenta
bancaria en otro banco, el banco puede demandar una intervención en
la otra cuenta. Tienen mucha mayor ca- pacidad para cobrar esos
créditos.
“El problema es que no cambian los in- centivos. Y los incentivos
son, para la ban- ca privada, prestar al consumo que pa- ga más de
40% al año en tasas de interés; mientras que prestarle a una
empresa pri- vada puede ser 12% al año, con el riesgo de que la
empresa no funcione. Los incentivos para la banca son muy claros:
prestémosle al gobierno federal, a los gobiernos estata- les y
municipales; prestémosle al consumo y cobremos altas
comisiones.
“Lo que hace falta en el país es darle crédito a las empresas. El
más reciente re- porte sobre el sistema financiero del Banco de
México dice que el crédito a las empre- sas no subió, el número de
empresas que recibieron crédito no subió. Subió el crédi- to total
que recibieron las empresas, pero eso no es lo que se quería con la
reforma. No quería que recibieran más crédito las mismas empresas
que ya recibían crédito. En la reforma se supone que la idea era
ex- pandir el crédito a otras empresas, las que hasta ahora no
reciben.
“Mientras no cambien los incentivos–bajar comisiones, regular las
tasas de in- terés de los créditos al consumo, etcétera– la banca
va a seguir feliz extrayendo recur- sos de los usuarios de la
banca, mediante comisiones y altas tasas de interés.”
Poco optimista es la conclusión del entrevistado:
“Si seguimos por el mismo camino, ob- tendremos los mismos
resultados. Si se- guimos haciendo lo que hemos estado haciendo en
las tres décadas de bajo cre- cimiento, pues seguiremos teniendo
ba- jo crecimiento, mucha desigualdad y una enorme expansión
de la pobreza.”
O c
Carstens. Reporte preocupante
TERCER AÑO
derivan en caos
Los fracasos en materia de seguridad y justicia han des- plomado la
credibilidad de Enrique Peña Nieto. Sin em- bargo, el presidente
mantiene casi intacto el “equipo” encargado de ambas áreas, cuyos
integrantes están en- redados en un ambiente de discordias,
confrontaciones, desconfianza e injerencias. Es el caso de la PGR,
la Sede- na, la Secretaría de Gobernación y hasta la propia
Presi-
dencia de la República... Todo un caos.
Eduardo Miranda
Seguridad: pugnas internas
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
L a discordia ha sido el signo del equipo de seguridad y justicia.
Salvo el recambio que hizo en la CNS, el presidente Enrique Peña
Nieto está decidido a mante- nerlo intacto a pesar de que las
confrontaciones y la desconfianza entre sus integrantes han puesto
en entredicho a su gobierno.
Desde la frustración del proyecto presi-
dencial de crear una Gendarmería Nacio- nal hasta las respuestas a
las violaciones a los derechos humanos que han marcado el sexenio,
pasando por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el conflicto
ha sido perma- nente entre las instancias encargadas de la
seguridad y la procuración de justicia.
En el centro de la división está la Se- cretaría de Gobernación
(Segob), a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, quien lo mis-
mo ha tenido desavenencias con la milicia –en particular con el
secretario de la De- fensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por el
caso Ayotzinapa– que con altos funcio- narios de la Procuraduría
General de la Re- pública (PGR).
Las pugnas alcanzan a la propia Presi- dencia de la República. El
titular de la Con- sejería Jurídica del Ejecutivo federal, Hum-
berto Castillejos Cervantes, ha entrado en conflicto con la titular
de la PGR, Arely Gó- mez, quien se queja de una injerencia del
funcionario aprovechando no sólo su cer- canía con Peña Nieto, sino
las relaciones que tejió en la PGR como asesor en los go- biernos
de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La disputa más reciente al interior del equipo presidencial de
seguridad y justicia es en torno a la matanza de los 42 presuntos
delincuentes en el rancho El Sol, a manos de la Policía Federal
(PF), ocurrida el 22 de mayo pasado y conocida como la masacre de
Tan- huato, aunque el predio se encuentra en el municipio de
Ecuandureo, Michoacán.
Contrario a la versión oficial de que se trató de un enfrentamiento
con un gru-
po del Cártel de Jalisco Nueva Generación(CJNG), filtraciones
gubernamentales a la prensa aseguran que fue una ejecución
extrajudicial en aparente venganza por el ataque de esa
organización a una fuerza combinada del Ejército y la PF en Jalisco
que dejó 15 muertos.
“Es fuego amigo”, dice a Proceso un in- tegrante del gabinete
de seguridad. “Con la filtración le pegan al secretario Oso- rio
Chong y al comisionado general de la PF, Enrique Galindo Ceballos.
Pero lo peor es el daño que le están haciendo directa- mente al
presidente en un tema que es vi- tal para su gestión”,
agrega.
2026 / 30 DE AGOSTO DE 2015 11
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La ofensiva contra la Segob y la Policía Federal se produce justo
en momentos en que ambas, al igual que la Comisión Na- cional de
Seguridad (CNS), el Cisen y el Ór- gano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social –los que también
dependen de Gobernación–, son seriamente cuestionados por la fuga
del
Chapo Guzmán del penal de máxima segu- ridad del Altiplano, en
el Estado de México, el 11 de julio pasado.
Con las funciones de seguridad reabsor- bidas, tras la desaparición
de la Secretaría de Seguridad Pública a propuesta de Peña Nieto, la
Segob es la protagonista de los des- encuentros, internos y
externos. En lo inter- no, la PF está marcada por las disensiones
debido al afán del secretario Osorio Chong de tener el control
directo de la corporación, la cual conserva mandos que trabajaron
pa- ra Genaro García Luna cuando fungió como secretario de
Seguridad Pública.
El más importante de ellos hasta el
pasado jueves 27 era Monte Alejandro Rubido García, quien ostentaba
la titu- laridad de la CNS. Su permanencia en el puesto era
cuestionada desde la fuga de El Chapo, el 11 de julio, pues
bajo su man- do estaban los penales federales, incluida la
videovigilancia.
Rubido apenas duró un año y cinco meses en el cargo, donde había
relevado a Manuel Mondragón y Kalb. Ahora, como tercer hombre de
Peña Nieto en la CNS, de la que también depende la Policía Federal,
se encuentra el extitular de la Coordina- ción Nacional
Antisecuestro, Renato Sa- les Heredia.
La primera gran discrepancia en el ga- binete de seguridad ocurrió
desde el ini-
cio de la administración de Peña Nie- to, cuando se trató de echar
a andar la
propuesta de la campaña presidencial de crear una Gendarmería
Nacional pa- ra que formalmente los militares dejaran de combatir a
la delincuencia organiza- da en la calle y regresaran a sus
cuarteles.
En la iniciativa, el componente cas- trense era clave. Pero Osorio
Chong no pu- do entenderse con los secretarios de la Sedena, el
general de división Salvador Cienfuegos, y de Marina-Armada de Mé-
xico, el almirante Vidal Francisco Soberón.
De acuerdo con testimonios de involu- crados en las negociaciones
recabados por Proceso (1970), ambos se resistieron a que los
soldados y marinos que se incorpora- ran a la Gendarmería Nacional
quedaran bajo el mando de civiles.
El Ejército y la Marina se hicieron a un lado del proyecto,
simularon participar en la capacitación y volvieron a lo que han
estado haciendo desde finales del sexe- nio de Vicente Fox, y de
manera intensi- va en el de Felipe Calderón: combatir di-
rectamente a la delincuencia organizada.
El secretario de Gobernación, apoyado en Rubido García, tuvo que
improvisar. En lugar de un nuevo cuerpo nacional de se- guridad,
fue agrandada la Policía Federal y se creó la División de
Gendarmería de la
corporación. Choque Cienfuegos-Chong
Los desencuentros de Segob con la mili- cia continúan. El más
significativo ocurrió a principios de año, cuando Osorio Chong
anunció que el gobierno permitiría la entra- da de civiles a las
instalaciones del 27 Bata- llón Militar, en Iguala, Guerrero, tal y
como lo exigían los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural
Raúl Isidro Burgos desa- parecidos en esa ciudad hace 11
meses.
“Desde diciembre está abierta la posi- bilidad a la Comisión
Nacional de los De-
rechos Humanos de visitar exclusivamen- te el cuartel militar de
Iguala”, declaró el
secretario de Gobernación el 15 de ene- ro, dos días después de que
padres de los normalistas desaparecidos intentaron en- trar por la
fuerza al cuartel militar para buscar a sus familiares.
La declaración de Osorio molestó en ex- tremo al secretario de la
Defensa. En su ofi- cina, en la Ciudad de México, reunido con
mandos de la Sedena, fue enfático: “No, no van a entrar. De mí
depende y de na- die más”, expresó golpeando su escritorio con el
puño, según la descripción que hi- cieron al reportero allegados al
Alto Man- do del Ejército.
La negativa del general rebasó al se- cretario de Gobernación,
quien terminó por aceptar que ni siquiera ingrese a esas
instalaciones el Grupo Interdisciplina- rio de Expertos
Independientes de la Co- misión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), que a invitación del propio gobierno de Peña Nieto
investiga la desa- parición de los normalistas.
El pasado 17 de agosto, el grupo interna- cional, a través del
chileno Francisco Cox, anunció que en definitiva no entrevistarán a
los elementos del 27 Batallón de Infante- ría que salieron a las
calles de Iguala a inte- rrogar a normalistas luego de que sus
com-
pañeros fueron detenidos y desaparecidos.La negativa de los
expertos se debió a que el gobierno mexicano pretendía que la
entrevista a los militares se hiciera a través de un cuestionario.
“No vamos a entregar- les el cuestionario, no tendremos control de
cómo ni qué responden”, dijo Cox en re- chazo a la posición
oficial, derivada del he- cho de que el general Cienfuegos doblegó
al titular de la Segob.
Osorio Chong tiene abiertos frentes en la propia Secretaría de
Gobernación, a causa de proponerse el control total del aparato de
seguridad, tanto en su opera- ción como en las labores de
inteligencia.
E d u a
r d o
M i r a
n
d a
Sales Heredia, el nuevo comisionado de Seguridad, con Osorio
Chong
Cienfuegos. Desavenencia
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Primero puso a un incondicional en el Cisen, sin importar su falta
de credencia- les para hacerse cargo del aparato de inte- ligencia
civil del Estado mexicano. Euge- nio Ímaz Gispert es una hechura de
dos exgobernadores de Hidalgo: el propio Oso- rio Chong y Jesús
Murillo Karam, primer titular de la PGR de Peña Nieto y hasta
el
jueves pasado secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano.
Coordinador de asesores, contralor y secretario de Planeación y
Desarrollo del gobierno de Osorio en Hidalgo, Ímaz tuvo durante su
primer año de gestión en el Ci- sen, entre febrero de 2013 y mayo
de 2014, a Frida Martínez Zamora, clave en el con- trol de Osorio.
Graduada y posgraduada en derecho por la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, Martínez Zamora se ha convertido en un factor
real de po- der en la toma de decisiones económicas en materia de
seguridad.
De asesora jurídica en el propio go-
bierno del estado, Martínez Zamora pasó a la Oficialía Mayor del
gobierno de Osorio al frente del área de Recursos Materiales y
Adquisiciones. Luego se hizo cargo de Ad- ministración y Finanzas
del Cisen. Ahora controla los recursos de la Policía Federal. Lo
que haga o deje de hacer la corporación depende de lo que ella
autorice.
Con la categoría de secretaria general de la PF, ocupa el puesto de
oficial mayor. Todo pasa por ella: la administración de los bienes
materiales, las licitaciones, ad- judicaciones,
contrataciones de bienes y servicios, el control de las finanzas y
el de los recursos humanos. Lo que quiera ha- cer el comisionado
general de la corpora- ción, Enrique Galindo, tiene que ser auto-
rizado por la mujer que Osorio impuso en la Policía Federal.
Osorio también redujo el margen del comisionado Galindo en alianza
con Mon- te Alejandro Rubido, quien mantuvo en la corporación a sus
viejos aliados desde el Cisen y, sobre todo, al equipo de García
Lu- na. El caso más significativo fue el del co- misario Ramón
Pequeño García.
A pesar de su responsabilidad en la segunda fuga del
Chapo Guzmán, por es- tar a cargo de la videovigilancia del
je-
fe del cártel de Sinaloa, Pequeño Garcíafue removido de la División
de Inteligen- cia, pero no separado de la corporación, a la que
llegó de la mano de García Luna (Proceso 2020).
En su lugar, ingresó otro hombre de Osorio, Damián Canales,
secretario de Se- guridad Pública del primero en Hidalgo. Con un
reducido margen de acción, el co- misionado general de la PF ahora
sólo está en espera de que una vez consignados los funcionarios
menores por la fuga de Guz- mán, Ramón Pequeño se haga cargo de la
Policía Cibernética. Al menos esa era la in- tención hasta la
salida de Rubido.
Los contrapesos en la PGR
Más grave aún es el caso de la PGR, no sólo por las confrontaciones
que allí se libran, sino porque las diferencias llegan a la Pre-
sidencia de la República. La titular de la PGR, Arely Gómez,
hermana del vicepre- sidente de Noticias de Televisa,
Leopoldo
Gómez, no acaba de tomar el control de la Procuraduría General de
la República.
Aunque aspira a convertirse en la Fis- cal General de la República
(FGR), cargo que, por ley, su titular deberá ocupar du- rante nueve
años, la llamada “abogada de la nación” se mueve con desconfianza
en- tre quienes toman las decisiones en la PGR.
Su primer contrapeso es el director en jefe de la Agencia de
Investigación Crimi- nal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, el hombre de
confianza de Peña Nieto para las inda- gatorias de la procuración
de justicia en el Edomex.
El distanciamiento de Arely Gómez
respecto a la Presidencia de la República apunta directamente al
consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castille-
jos Cervantes, a quien atribuye el nombra- miento de Felipe
de Jesús Muñoz Vázquez como titular de la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación de Delincuen- cia Organizada
(SEIDO).
La ascendencia de Castillejos en la PGR se atribuye a que el
titular de la SEIDO tra- bajó con él en la misma Procuraduría Ge-
neral de la República durante los gobiernos del PAN. Castillejos
fue asesor del general en retiro Rafael Macedo de la Concha en- tre
2001 y 2005. Luego, entre 2006 y 2008, se desempeñó como
coordinador de ase- sores del primer procurador del sexenio de
Calderón, Eduardo Medina Mora, ahora mi- nistro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN).
Mientras Castillejos era el coordina- dor de asesores del
procurador, Muñoz se desempeñaba como subprocurador de In-
vestigación Especializada en Delitos Fede- rales, cargo que dejó
para irse a trabajar con el mismo puesto en Edomex y luego como
procurador general a Aguascalientes.
Para contrarrestar esa influencia y su- pervisar a Muñoz, Arely
Gómez atrajo a su
oficina al extitular de la SIEDO (hoy SEI-DO) Noé Ramírez
Mandujano, quien fue procesado en 2008 por el entonces procu- rador
Medina Mora en la llamada “Opera- ción Limpieza”. Junto con los
demás acu- sados por el ahora ministro de proteger en la PGR a la
delincuencia organizada, Ra- mírez Mandujano consiguió la
absolución de la justicia federal.
En la actualidad, Ramírez Manduja- no asesora a Arely Gómez. La
procurado- ra nombró director general a quien fuera su asesor
jurídico en el Senado, Christian Noé Ramírez Gutiérrez, hijo de
Ramírez Mandujano.
Ella resiente otra injerencia, pero ésta desde la Segob. El
subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, José Alberto
Rodríguez Calderón, fungió como procu- rador general de Justicia de
Hidalgo en el gobierno de Osorio Chong, y antes de lle- gar a la
PGR fue diputado federal del PRI por el mismo estado. Rodríguez
Calderón
sustituyó a Mariana Benítez, quien actual- mente es diputada
federal del PRI.
En “su equipo” tiene como subprocu- rador de Control Regional,
Procedimien- to Penal y Amparo a Gilberto Higuera Bernal, quien fue
colaborador de Muri- llo Karam en la Subsecretaría de Gober-
nación, encargada de seguridad en el go- bierno de Ernesto Zedillo.
Higuera Bernal también fungió como procurador de Si- naloa y como
subprocurador de Mace- do de la Concha en el gobierno de Vicen- te
Fox.
Entre las pocas áreas de procuración de justicia bajo su control
está la Subpro-
curaduría de Derechos Humanos, Preven- ción del Delito y Servicios
a la Comunidad, donde designó en mayo pasado a Eber Omar Betanzos
Torres, con quien coinci- dió en la década pasada en la oficina del
entonces presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón.
TERCER AÑO
8/18/2019 Proceso 2026 30agosto2015
A
lejadas de la agenda de En- rique Peña Nieto durante los
dos primeros años de gobier-no, las violaciones a los dere- chos
humanos cobraron re- levancia a partir del segundo
semestre de 2014. La luna de miel del mandatario con los
medios extranjeros durante sus dos pri- meros años de gestión se
agotó cuando salieron a la luz las ejecuciones extraju- diciales en
Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 43 normalistas de
Ayotzi- napa en Iguala, Guerrero.
A esos hechos oprobiosos se sumaron las masacres de Apatzingán y
Ecuandu- reo, en Michoacán este 2015. Luego vinie-
Al unísono, defensores de derechos humanos dicen
que México es un país de impunidades, sobre todo en esta materia. Y
enumeran los agravios acumulados en los últimos meses: Tlatlaya,
Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo, Ostula, Calera... Frente a este
tsunami de sangre, ejecutados, desaparecidos,
desplazados por trata de personas e incremento de actos de tortura
que dejó Felipe Calderón, el presidente Enrique Peña Nieto está
revolcado en esa ola.
GLORIA LETICIA DÍAZ
G e r m
á n C a
n s e c
o
Derechos humanos:
Impunidad eterna
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ron las ejecuciones en Calera, Zacatecas, y los actos de represión
en Ostula. En to- dos ellos han participado fuerzas federa- les de
seguridad.
Defensores de derechos humanos ymiembros de grupos de trabajo de la
Or- ganización de las Naciones Unidas (ONU) sostienen que la figura
de Peña Nieto se resquebrajó ante su incapacidad de reno- var el
modelo de seguridad sostenido por su antecesor, Felipe Calderón
Hinojosa, que tiene a las fuerzas castrenses como fundamento de la
política de combate al narcotráfico y de control social.
Aunado a ello, la figura presidencial se resquebrajó aún más con
las posicio- nes reacias al escrutinio internacional an- te los
informes del Comité contra la Des- aparición Forzada y del relator
especial
contra la tortura, Juan Méndez, expuestas en el último año de
gobierno peñanietista.
La tragedia humanitaria no ha para- do, comentan a Proceso Santiago
Corcue- ra Cabezut y José Antonio Guevara Bermú- dez, integrantes
de los grupos de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada y
sobre detenciones arbitrarias, respectiva-
mente, así como los directivos del Centro de Derechos Humanos
Agustín Pro Juárez y de la Red de Organismos Civiles de De- rechos
Humanos Todos los Derechos pa- ra Todas y Todos, Mario Patrón
Sánchez y Fernando Ríos Martínez.
“El baño de sangre y los datos de des- aparecidos y de personas
desplazadas se han agravado en los últimos tres años”, señala
Corcuera. Eso sólo se explica, di- ce, por la decisión de Felipe
Calderón Hi- nojosa de utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de
persecución del crimen or- ganizado, que ya tenía el control, o
casi, de poblaciones y municipios”. Vicente Fox,
aclara, no quiso enfrentar el problema. Maestro en derecho por la
Universi-
dad de Cambridge, Inglaterra, y perito en el litigio contra México
ante la Corte In- teramericana de Derechos Humanos en el caso de la
desaparición forzada del gue- rrerense Rosendo Radilla –atribuida
al Ejército durante la guerra sucia–, Corcue- ra lo admite:
“Frente a este tsunami de sangre, de ejecutados,
desaparecidos, desplazados de trata de personas e incremento de
tor- tura que deja Calderón, el presidente Pe- ña Nieto está
revolcado en esa ola, y no ha podido o no ha querido cumplir su
prome- sa de cambiar la estrategia de seguridad.”
Catedrático de la Universidad Ibe- roamericana e Integrante del
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de
la ONU desde 2004, Cor- cuera insiste en que mantener al Ejército
en las calles es fuente de graves violacio- nes a derechos
humanos.
Memorial de agravios
En el sexenio de Calderón, dice Santiago Corcuera, “empezaron las
ejecuciones ex- trajudiciales y se malacostumbró al Ejér-
cito a realizar esos operativos. Lo malo esque no han cesado las
masacres”. Y alude a los 22 muertos de Tlatlaya:
“eso demuestra que el Ejército no es ca- paz de controlar su
violencia y hace un uso excesivo de la fuerza”; la desaparición de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa la no- che del 26 de septiembre:
“falta aún escla- recer la participación del Ejército”; la ma-
sacre de 16 civiles en Apatzingán la Noche de Reyes de este 2015 y
los 42 muertos en Ecuandureo, el 22 de mayo pasado: “dicen que
actuaron elementos de la Policía Fe- deral, pero a lo mejor eran
soldados”.
José Antonio Guevara Bermúdez, inte-
grante del Grupo de Trabajo sobre Desapa- riciones de la ONU,
coincide con Corcuera. Para él, el estancamiento de la política de
seguridad ha derivado en graves violacio- nes a los derechos
humanos. Ante ello, las autoridades minimizan los hechos, como en
el caso de Tlatlaya, en el de Ecuandu- reo, donde todo apuntaba
desde el princi-
pio hacia las Fuerzas Armadas y la Policía Federal,
respectivamente.
Director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de De- rechos Humanos (CMDPDH), Guevara Ber- múdez apunta que más
allá de los tropie- zos políticos de la actual administración, las
cifras de la violencia revelan que la es- trategia de seguridad no
ha cambiado du- rante la gestión de Peña Nieto.
“Entre 2006 y 2014 se presentaron 4 mil 55 denuncias de tortura
ante la Procu- raduría General de la República (PGR), de las cuales
mil 273 son atribuibles a milita- res –resalta–. Contamos con
cifras conser-
vadoras de 24 mil 851 desaparecidos, de acuerdo al Registro
Nacional de Personas Desaparecidas, 281 mil 418 desplazados in-
ternamente por la violencia; 8 mil 595 per- sonas detenidas
arbitrariamente bajo la fi- gura del arraigo tan sólo a nivel
federal.”
De acuerdo con los datos obtenidos por Guevara y la CMDPDH a través
de di- versas solicitudes de información públi- ca, a los datos
duros de la tragedia, agrega que habría que alertar sobre “27
asesina- tos y ocho casos de desaparición forza- da contra
defensoras de derechos huma- nos y más de 80 periodistas asesinados
y 17 desaparecidos”. Todo está documenta- do, dice.
Ministro de Asuntos de Derechos Hu- manos de la Misión Permanente
de Méxi- co ante la ONU en Ginebra de 2006 a2009,
B e n
j a m
Corcuera. Baño de sangre
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Guevara sostiene que, en el ámbito inter- nacional, la política de
derechos humanos de la administración de Peña Nieto es con-
siderada regresiva. Muestra de ello, dice, son los desagui-
sados con el Comité sobre Desapariciones Forzadas y con el relator
especial sobre tor- tura, Juan Méndez, en los que el gobierno de
Peña Nieto confrontó las conclusiones de ambas instancias que
describían a Mé- xico como un país donde las desaparicio- nes y la
tortura son delitos generalizados.
Otra pifia más de la administración de Peña Nieto es el retiro
inopinado de la candidatura de Miguel Sarre para el Comi- té contra
la Tortura para imponer a Claude Heller, “un diplomático sin
experiencia en materia de tortura”, refiere Guevara.
Tras recordar que en diciembre pasa- do la cancillería intentó
influir para que la Corte Penal Internacional no abra una in-
vestigación contra México, el director eje- cutivo de la CMDPDH
considera que “son señales muy claras del pensamiento ofi- cial del
gobierno de Peña Nieto sobre có- mo percibe los derechos humanos y
cómo trata de controlarlos”.
Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), sostiene que los casos
graves registrados en el últi- mo año pusieron al gobierno de Peña
Nie-
to en el centro de la mirada internacionaly son, también, el
resultado de su “visión electorera”.
Parte de la defensa de los familiares de las víctimas de Tlatlaya y
Ayotzinapa, Pa- trón Sánchez sostiene que la reacción de Peña Nieto
en esos asuntos estuvo moti- vada precisamente por una gran presión
internacional y no por algún interés en es- clarecerlos y castigar
a los culpables.
La presión internacional
A 11 meses de la desaparición de los nor- malistas en Iguala, en
víspera de que el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde- pendientes (GIEI) creado
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) rinda su sexto informe, Patrón Sán- chez reflexiona que “fue
el momento políti- co” que obligó a Peña Nieto a tomar el
caso.
“Era claro que al gobierno federal no le importaba la desaparición
de los estu- diantes de Ayotzinapa porque ocurrió en un estado
gobernado en ese momento por el PRD; es decir, por la oposición.
Por eso es que dura más de ocho días en incorpo- rarse al caso, y
lo hace porque se le empie- za a revertir el costo político por la
presión internacional”, considera.
La desaparición forzada de los 43 nor- malistas sólo se explica por
“el contuber- nio y aquiescencia entre el poder político y el
crimen organizado”, sostiene Patrón.
Recuerda que entre octubre y noviem- bre de 2014, cuando México
firmó el con- venio de colaboración con la CIDH, “el go- bierno de
Peña Nieto estaba expuesto a un escrutinio internacional durísimo y
a una crítica porque se empieza a revelar su in- capacidad para
investigar un caso como el de Ayotzinapa, y es en ese contexto de
de- bilidad política que dice sí a la asistencia técnica
internacional, probablemente si se hubiera solicitado en febrero o
marzo, el gobierno de Peña Nieto se hubiera negado”.
Con respecto a las 22 muertes de Tla-
tlaya a manos del Ejército, detrás de lascuales hubo la orden de
“abatir” delin- cuentes, como lo demostró el Centro Prodh al
revelar las indicaciones que lle- vaba el mando militar que
encabezó el operativo el 30 de junio del año pasado, Patrón resalta
que el caso acaparó reflec- tores por la influencia de Estados
Unidos, lo que obligó a Peña Nieto a salir al paso de los
cuestionamientos:
“Todo fue por una presión internacio- nal muy vinculada con los
Estados Unidos, porque fondos de la Iniciativa Mérida se destinaron
al 102 Batallón, al que pertene- cen los soldados que operaron en
Tlatlaya.”
A la mitad del sexenio de Peña Nieto y con tragedias humanitarias
ocurridas en el último año, el panorama se avizora desolador, sobre
todo para los defensores de derechos humanos, considera Fernan- do
Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red TDT, en la que
confluyen 72 orga- nizaciones sociales de 21 estados del
país.
Responsable de la publicación Ante la adversidad y la
indignación: La construcción colectiva. Agenda política 2015-2020,
que se- rá presentada el próximo 2 de septiembre, Ríos Martínez
asegura que si bien Peña Nie- to no modificó la política de
seguridad de Felipe Calderón, concentrada en la actua- ción de las
fuerzas armadas, el enfoque es distinto, está dirigido a respaldar
las refor- mas neoliberales como la energética.
“Notamos un incremento de la mili- tarización en función del
control de los megaproyectos –apunta–. No es raro que ahora los
gendarmes cuiden los proyectos turísticos, carreteros, mineros,
eólicos, y
es una expresión de control social.” Es sintomático, dice, que pese
a un su-
puesto decremento del número de homi- cidios –“de los 27 mil
asesinados en 2012, ahora resulta que en 2014 hay 19 mil”– se
agravaron las expresiones de crueldad y se focalizaron.
Aunque admite que la difusión de ca- sos graves como Ecuandureo,
Apatzin- gán y Tlatlaya han hecho que la comuni- dad internacional
mire hacia México, Ríos Martínez apunta: “Creemos que el crimen
organizado en contubernio con el Estado se ha expandido de manera
significativa. Podemos decir que no es cuestión de re- giones que
estén especialmente asoladas por el crimen organizado, sino que han
te- nido una funcionalidad”.
Esa circunstancia, advierte, coloca en una posición de mayor riesgo
a “los defen- sores de derechos humanos que somos vistos como
enemigos públicos del pro- greso. Cada vez nos vemos más amena-
zados al denunciar estas violaciones co- tidianas y sistemáticas de
los derechos humanos”.
Y pone ejemplos: el reciente informe del Comité Cerezo,
organización afiliada a la Red TDT, del 1 de junio de 2014 al 31
de
mayo de 2015 contabilizó 860 agresionesa defensores de derechos
humanos, in- cluidas 47 ejecuciones extrajudiciales y 52
desapariciones forzadas.
Ríos admite que ante el proyecto pri- vatizador de la actual
administración, la situación no será fácil para los
defensores.
“Es claro que los defensores comuni- tarios se encuentran en una
mayor vul- nerabilidad –dice–. Primero, porque se en- cuentran bajo
la lupa de grandes empresas nacionales y trasnacionales que
pretenden despojarlos, y porque utilizan un enorme poderío
económico y político en un país donde prevalece una gran
impunidad”.
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l discurso del “México en paz” y la ausencia de una estrategia
pública e integral de combate al narcotráfico y al crimen or-
ganizado en la administración
de Enrique Peña Nieto han re- dundado en un incremento de los
asesi- natos, producto de la violencia y la inse- guridad en el
país.
En los primeros 32 meses del regreso del Partido Revolucionario
Institucional a Los Pinos suman 57 mil 410 los homicidios
dolosos.
Si comparamos estas cifras con el pe- riodo correspondiente a los
primeros 32 meses del sexenio del panista Felipe Cal- derón
Hinojosa o con sus tres últimos años de gobierno, la cifra de Peña
Nieto supera el pasado inseguro.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 33 mil 347
averiguaciones previas por homicidio doloso entre el 1 de diciem-
bre de 2006 y el 31 de julio de 2009; es de- cir, en los primeros
32 meses del caldero- nato. La misma institución registró 47 mil
988 averiguaciones previas y víctimas por homicidio doloso del 1 de
diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015, los primeros 32 meses del
actual sexenio.
De poco le ha servido al gobierno de Enrique Peña Nieto reiterar
que durante su gestión las cifras de los homicidios han ido a la
baja. Su discurso en ese senti- do no se sustenta en la realidad,
según documenta el semanario Zeta , de Tijuana, en la edición
que comen- zó a circular de manera simultánea a este número de
Proceso. A partir de cifras recabadas en varias ins-
tituciones públicas del país, el equipo de periodistas tijuanenses
comprobó que durante los primeros 32 meses de gestión peñanietista
ha habido 57 mil 410 homicidios dolosos. Así llega el mexiquense a
su ter- cer informe de gobierno. Estos son los resultados de la
investigación de Zeta.
ENRIQUE MENDOZA HERNÁNDEZ Y ADELA NAVARRO BELLO/ SEMANARIO
ZETA
M a r g a r i
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32 meses:
57,410 asesinatos
TERCER AÑO
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Al llegar ambos mandatarios a su ter- cer informe de gobierno,
oficialmente Pe- ña Nieto supera a Calderón con 14 mil 641
asesinatos intencionales.
Asimismo, mientras que Zeta documen- tó en el sexenio de Calderón
83 mil 191 eje- cuciones, en el de Peña Nieto fueron 57 mil 410
sólo en 32 meses; es decir, de mantener- se el promedio de mil 794
asesinatos men- suales, el mandato peñista registraría alre- dedor
de 130 mil asesinatos intencionales.
Pero si equiparamos los primeros tres años de la administración de
Peña con los últimos tres de Calderón, considerando que la
inseguridad arreció al final del sexe- nio pasado, la
administración priista tam- poco sale bien parada.
De 2010 a octubre de 2012, el último trienio de Calderón, se
contabilizaron 61 mil 775 asesinatos relacionados con el cri- men
organizado y el narcotráfico. Duran- te los 32 meses de Peña, de
diciembre de 2012 a julio de 2015, los muertos han caí- do por
cientos hasta llegar a 57 mil 410; si se considera el promedio de
mil 800 ho- micidios dolosos por mes, para octubre de
2015 sumarían 62 mil 810 los ejecutados,y para diciembre se
situaría en 66 mil, so- brepasando la cifra acumulada en el últi-
mo trienio de su antecesor.
La diferencia en la política de combate a la inseguridad entre
ambos gobiernos es sustancial. La seguridad fue el eje del sexe-
nio de Calderón; las reformas lo han sido en el de Peña. Ni una ni
otra han funcionado.
Peña supera a Calderón
Al comparar las estadísticas oficiales del SESNSP, durante los
primeros 32 meses de los gobiernos de Calderón y de Peña, en
vísperas del tercer informe de gobierno, el priista superó al
panista.
Los ejecutados en lo que va del pre- sente gobierno se resumen
así:
–2012: 2 mil 325 (únicamente el mes de diciembre, dado que
Peña tomó pose- sión el día 1 de ese mes)
–2013: 23 mil 928 –2014: 20 mil 276 –2015: 10 mil
881 (hasta julio de 2015) Total: 57 mil 410. Si se considera el
promedio de ejecu-
ciones por mes en la República (mil 800), al finalizar 2015 la
cantidad de homicidios dolosos sería similar a la de 2014.
En los números se refleja que la apre- hensión de las cabezas
criminales –parte de la estrategia del gobierno federal para
combatir a las organizaciones criminales– no disminuye la
inseguridad ni la violen- cia en el país.
Joaquín El Chapo Guzmán Loera, re- capturado en febrero
de 2014, año en que las ejecuciones, aun por debajo de las de 2013,
registraron una cifra alta: 20 mil 276. Con la fuga de Guzmán, el
11 de julio pa- sado, el año concluirá con números simi- lares en
materia de ejecuciones.
La retirada de las Fuerzas Armadas de
retenes, puntos de revisión y patrullaje en carreteras federales y
ciudades del país tampoco incidió en una disminución en el número
de asesinatos. Lo que sí ha varia- do en el sexenio peñista es la
movilidad de la violencia.
En la pasada administración, la san- grienta guerra de cárteles y
delincuentes organizados estaba en el norte del país; en la actual,
la inseguridad se mudó al centro y al sureste. Sinaloa y Baja
California sa- lieron de los primeros cinco sitios de esta- dos con
mayor violencia, y entraron Jalis- co y Michoacán.
Los 57 mil 410 ejecutados en los pri-
meros 32 meses del gobierno de Peña Nie- to es producto de una
investigación reali- zada por Zeta a partir de los registros
del SESNSP, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), las procuradurías esta- tales, institutos forenses,
asociaciones ci- viles y estadísticas municipales de medios de
comunicación y otras autoridades.
Se consideran como homicidios dolo- sos las ejecuciones, los
asesinatos en en- frentamientos armados, los homicidios-
agresiones, los asesinatos intencionales en reyertas por
narcomenudeo, los cuer- pos amorfos o irreconocibles localizados en
narcofosas, así como los que fueron in- cinerados, desmembrados,
desollados o colgados.
Ocultamiento de cifras
La cuna del peñismo, el Estado de México, es donde más asesinatos
se registraron en los primeros 32 meses de gobierno de Pe- ña
Nieto. La entidad ocupa el lugar núme-
Las es tadí s ticas de “Ze ta”
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ro uno de la lista en la investigación de Ze- ta, con 7 mil 771
homicidios dolosos. De continuar al promedio, superará los 16 mil
ejecutados que durante el sexenio pasa- do ubicaron a Chihuahua en
ese deshon- roso lugar.
La impunidad en México, principal fac- tor que permite a los
sicarios de los cárteles
de la droga y de las organizaciones crimina- les continuar con las
matanzas, ubica a los siguientes estados como los más
violentos:
En segunda posición, Guerrero, con 5 mil 242 homicidios dolosos;
Chihuahua en la tercera, con 4 mil 742; Jalisco en la cuarta, con 3
mil 492, y Michoacán con 3 mil 304.
En contraparte, los que registran me- nos asesinatos intencionales
son: Aguas- calientes, 123 en el periodo mencionado; Yucatán, 133,
Campeche, 195; Tlaxcala, 223, y Baja California Sur, 247.
Hasta ahora, el gobierno de Peña Nieto no ha podido bajar la
incidencia delictiva re- lacionada con los homicidios dolosos,
aun-
que lo pregonó durante su campaña y en los primeros meses de su
administración.
Al inicio gozó del beneficio de la duda de los más escépticos ante
la promesa de que “en un año” su gobierno empezaría a ofrecer
resultados de su “estrategia” con- tra la inseguridad, sobre todo
en la dismi- nución de los delitos de alto impacto, co- mo los
homicidios dolosos.
Lamentablemente, la “estrategia” del sexenio priista durante estos
primeros 32 meses se ha centrado en repetir que la “in- cidencia
delictiva” va a la baja o que se ha “reducido a su mínima
expresión”.
En 2013, por ejemplo, Peña Nieto de- claró en el Foro de Davos,
Suiza:
“Ha habido una disminución real en el número de homicidios que se
cometen en nuestro país, una disminución de prácti- camente 30% de
homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta
alentador.”
Al año siguiente, el 29 de julio, Miguel Ángel Osorio Chong,
titular de la Secreta- ría de Gobernación, declaró: “La violencia
se ha reducido a su mínima expresión”.
Y en 2015 continúa la misma perora- ta: “Sin duda, los niveles de
violencia que se están registrando están disminuyendo,
sobre todo los homicidios y secuestros”,declaró Peña Nieto el 11 de
junio en una entrevista con la agencia EFE en Bruselas, sin
respaldar su dicho con estadísticas.
Pero la campaña de imagen en las en- trevistas a medios extranjeros
no ha fun- cionado del todo; los datos duros reflejan lo contrario
de la versión oficial. La reali- dad es que, en términos globales,
las eje- cuciones van en aumento.
Peña Nieto llega a su tercer informe de gobierno ignorando el
verdadero pro- blema de la violencia que se evidencia to- dos los
días.
La comparación de las estadísticas del
SESNSP con la información que le pro- porcionaron a Zeta los
institutos foren- ses del país, así como las procuradurías y
fiscalías, unidades de servicios pericia- les, registros
periodísticos de los estados y asociaciones civiles de familiares
de las víctimas, este semanario documentó 57 mil 410 homicidios
dolosos en 32 meses
del gobierno de Peña Nieto. La cifra incluye “ejecuciones”,
“enfren-
tamientos”, “homicidios-agresiones”, los homicidios dolosos
producto del narco- menudeo y hasta aquellos cuerpos amor- fos e
irreconocibles de los que “no hay de- nuncia”, según argumentan
funcionarios de las procuradurías y fiscalías al referirse a los
desenterrados de narcofosas, incine- rados y desmembrados, porque
“nadie re- clama los cuerpos”, como declaró un fun- cionario de la
Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Una de las conclusiones de la investi- gación de Zeta es que
el gobierno de Peña
Nieto sigue ocultando el número real de asesinatos intencionales:
El secretariado ejecutivo informa sólo de 47 mil 988 ho- micidios
dolosos, entre víctimas y averi- guaciones previas, cometidos entre
el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2015.
Zeta documentó 57 mil 410 homicidios intencionales; lo que
significa que el go- bierno federal oculta por lo menos 9 mil 422
ejecuciones.
A pesar que desde 2014 el SESNSP, de- pendiente de la Secretaría de
Gobernación, empezó a registrar víctimas de homicidio doloso –en
años anteriores sólo reportaba averiguaciones previas que contenían
uno o más asesinatos intencionales–, las cifras del gobierno de la
República son inferiores a las del Inegi.
El instituto registró 19 mil 669 homi- cidios dolosos ese año,
mientras el secre- tariado ejecutivo mencionó 17 mil 324 víctimas;
es decir, el gobierno federal no reconoció por lo menos 2 mil 345
asesina- tos intencionales.
En julio último, el Inegi informó que obtuvo sus estadísticas a
partir de las de- funciones que registran las 4 mil 799 ofi-
cialías del Registro Civil y las mil 185 agencias del Ministerio
Público cada mes;
en tanto, el secretariado ejecutivo sólo va-ció la información
enviada por las procu- radurías y fiscalías de las 32 entidades sin
verificar si eran correctas.
Estado de México, el terror
Durante el sexenio de Felipe Calderón, Chihuahua fue el estado más
violento: 16 mil 467 ejecuciones, según documentó Ze- ta. En el de
Peña Nieto, el Estado de Méxi- co, gobernado por el priista Eruviel
Ávila, es ya la entidad federativa más sangrien- ta, con 7 mil 771
homicidios intencionales en apenas 32 meses.
En el sexenio calderonista, el Estado de México, que ocupó el
cuarto lugar en ejecuciones –4 mil 532–, desplazó a Chi- huahua,
Sinaloa y Guerrero en los prime- ros 32 meses de gestión
peñista.
La otras entidades federativas más sanguinarias son: Guerrero, con
5 mil 242 homicidios dolosos; Chihuahua, con 4 mil
742; Jalisco, con 3 mil 492, y Michoacán, con 3 mil 304.
Uno de los casos más emblemáticos por su inseguridad es el de
Veracruz, go- bernado por Javier Duarte de Ochoa, co- rreligionario
de Peña Nieto. Al término del sexenio de Felipe Calderón, Veracruz
ocu- pó el lugar número 16, con mil 714 ejecu- ciones entre el 1 de
diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012.
En los primeros 32 meses de la admi- nistración peñista Veracruz se
ubica en el décimo lugar de los estados más violen- tos, con 2 mil
189 homicidios dolosos, só- lo superado por el Estado de México (7
mil
771), Guerrero (5 mil 242), Chihuahua (4 mil 742), Jalisco (3 mil
492), Michoacán (3 mil 304), Sinaloa (3 mil 119), Distrito Fede-
ral (2 mil 831), Tamaulipas (2 mil 465) y Ba- ja California
(2 mil 244).
Hoy, Veracruz es claro ejemplo de opa- cidad en materia de
estadísticas sobre los homicidios dolosos. Duarte sólo informó al
secretariado ejecutivo acerca de mil 786 averiguaciones previas y
homicidios dolo- sos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de
julio de 2015.
Zeta documentó 2 mil 189 en el mis- mo periodo; es decir, la
administración de Duarte no reportó en ese lapso por lo me- nos 403
asesinatos intencionales.
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Ciudad de México. Inseguridad
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Pese a que Enrique Peña Nieto y Rosario Robles recono- cieron a lo
largo del mes que la política gubernamental para abatir la pobreza
fracasó en su objetivo, lo cierto es que sí hubo beneficios para
muchos: funcionarios de
la Sedesol o la Sedatu. Por ejemplo, éstos aprovecharonsus puestos
como escaparates para ganar elecciones, utilizaron sus influencias
para obtener plurinominales o, de plano, como se sospecha en
ciertos casos, des- viaron el presupuesto para algunas
campañas.
MATHIEU TOURLIERE
T anto Enrique Peña Nieto como la hasta hace poco titular de
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles
Berlan- ga, reconocieron el último mes que la política social del
gobier-
no fracasó en su propósito de reducir la pobreza en el país, aunque
apuntan que contuvo su agravamiento y la volvió más aceptable para
los “más pobres de los más pobres”.
Sin embargo, mientras 2 millones de mexicanos se hundían en la
pobreza entre 2012 y 2014, algunos funcionarios aprove- charon sus
cargos en el manejo de la polí-
Desarrollo social:
M i r a
n
d a
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21/85
tica de desarrollo –que suma más de 5 mil programas federales,
estatales y munici- pales– para satisfacer sus ambiciones po-
líticas y conseguir diputaciones en la LXIII Legislatura, que
arrancó este sábado 29.
Uno de ellos es el priista coahuilense Ja- vier Guerrero García,
subsecretario de De- sarrollo Comunitario y Participación
Social
desde 2013 y brazo derecho de Robles en la Sedesol. En octubre de
2014 y a petición de Enrique Peña Nieto, este exdiputado federal y
excolaborador de los gobernadores Enri- que Martínez y Rubén
Moreira fue enviado a Guerrero a coordinar, en nombre de la Sede-
sol, la reconstrucción del estado y la aplica- ción de la Cruzada
Nacional Contra el Ham- bre (CNCH).
Cinco meses después fue nombrado delegado general del CEN del PRI
en Gue- rrero y se sumó a la campaña del aspiran- te tricolor a la
gubernatura, Héctor Astudi- llo Flores, quien recuperó el estado de
las manos del PRD el 7 de junio.
Ahora Guerrero García ocupará una vi- cecoordinación en San
Lázaro.
Otro alto funcionario priista que ganó una diputación federal
plurinominal es Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu)
hasta febrero pasado, cuando Peña Nieto lo sustituyó con el ex-
procurador Jesús Murillo Karam.
Su subsecretaria de Desarrollo Agrario, Georgina Trujillo Zentella,
también fue pre- miada con una plurinominal por el tricolor. Ambos
tendrán sendas vicecoordinaciones a su cargo en la Cámara de
Diputados.
La Sedatu, dependencia creada en 2013 por Peña Nieto, disponía de
un presupues- to de más de 26 mil millones de pesos en 2014; de
esos, 22 mil 904 millones se desti- naron a subsidios para la
construcción y la mejora de viviendas de la población margi- nada
del país.
En 2015 la asignación de recursos a la dependencia se redujo a 22
mil millones de pesos, de los cuales 18 mil millones se orientaron
a los subsidios.
Yolanda de la Torre, exdelegada fede- ral de la Sedatu en Durango,
forma parte de la lista de diputados plurinominales del PRI. La
reemplazó el exdiputado priista –fe-
deral y local– José Ricardo López Pescador,quien hasta finales de
junio pasado super- visaba los contratos en la Unidad de Mine- ría
de la Se