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Existen en la legislación una serie de propiedades denominadas especiales (sobre aguas,
minería, forestal, propiedad agraria, etc.)
Propiedad Agraria
En Centroamérica, la única experiencia de distribución de tierras y ordenamiento agrario
con continuidad se ha dado en Costa Rica.
Cuarenta años después del inicio de los programas de colonización en áreas boscosas
marginales, la tendencia actual enfatiza en la titularización y la concentración de recursos
en los llamados asentamientos campesinos prioritarios.
Esto con la creación del Instituto de Tierras y Colonización, con la ley # 2825 de Tierras
y Colonización, del 14 de octubre de 1961.
Los lineamientos de la reforma agraria son, primero: los asentamientos debían ubicarse
en regiones accesibles, segundo: ubicar los asentamientos en áreas que contaran con un
buen porcentaje de infraestructura; tercero: los proyectos de este Instituto debían mostrar
signos de vialidad económica potencial, y el cuarto se refiere a la selección misma de los
campesinos adjudicatarios.
Bajo este nuevo programa se fomentaron dos tipos de proyectos: el programa de las
empresas comunitarias de Autogestión y el programa de Parcelas Individuales muy
similar al modelo de tenencia de la tierra.
Después de estos nuevos programas los campesinos adjudicatarios como un todo se han
beneficiado y han mejorado sus ingresos considerablemente. El factor principal de este
beneficio se deba al hecho de que cuentan con asistencia técnica y facilidades crediticias.
Esta ley determina que la propiedad de la tierra se debe promover para el aumento
gradual de su productividad, para una justa distribución de su producto, elevando la
condición social del campesino, contribuir a una justa distribución de la riqueza. La tierra
debe constituir para el hombre que la trabaja la garantía de su bienestar económico, de su
libertad y de su dignidad.
Este Instituto se convierte en el Instituto de Desarrollo Agrario con la ley # 6735 del 29
de marzo de 1982, reformando la ley # 2825.
Para los agraristas el fundo es un bien de naturaleza productiva que forma parte de los
bienes productivos de la empresa agraria. En dicho fundo se debe realizar, por parte de su
propietario o poseedor, un ejercicio continuo, una explotación económica efectiva y
racional con la presencia de un ciclo biológico vegetal o animal, ligado directa o
indirectamente con el disfrute de las fuerzas y los recursos naturales. La propiedad
agraria debe cumplir una función económica y social. Por un lado el propietario debe
mejorar el fundo y la forma de explotar la empresa agraria. Debe ejercer actos posesorios
sobre el fundo, cultivarlo para con ello satisfacer tanto sus necesidades como las de la
sociedad, debe aumentar su productividad, cumpliendo con la naturaleza productiva del
fundo y con esta su función económica. Al mismo tiempo y como parte de la función
social, el Estado tiene la obligación de dotar de tierras a quien no las tiene o las tenga en
forma insuficiente.
Jurisprudencia
Sentencia 00398, expediente 00-000081-0298-AG, fecha 19/06/2002
Voto sobre Información Posesoria Agraria:
“…..efectivamente la Sala regula un programa de titulación de inmuebles mediante el
cual grandes extensiones de tierra en su mayoría no inscritas , eran traspasadas al IDA y
mediante el proceso ahí establecido, los poseedores de los inmuebles ubicados en ellas,
podían acudir al Juzgado Agrario o bien , al citado ente administrativo a gestionar su
respectivo titulo….”
Planificación Urbana
Al final de la década de 1940, Costa Rica empezó a interesarse en el Planeamiento
urbano. En agosto de 1954, se creó el Instituto Nacional de Vivienda y desarrollo y el
crecimiento de las ciudades y de los otros centros menores” se encargaría de dirigir e
impulsar los estudios de planificación urbana.
En 1968 se promulga la Ley de Planificación Urbana # 4240 del 15 de noviembre de
1968, cuya finalidad era asistir a las municipalidades del área metropolitana en todo lo
relacionado con esta materia. En este momento, inician los primeros estudios para
elaborar planes reguladores cantonales e investigaciones que posteriormente sirvieron
como base para la formulación del estudio de la Gran Área Metropolitana.
Idea principal: es el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y
reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad
y bienestar de la comunidad y promover:
a) La expansión ordenada de los centros urbanos.
b) El equilibrio satisfactorio entre el desenvolvimiento urbano y el rural, por medio
de una adecuada distribución de la población y de las actividades económicas.
c) El desarrollo eficiente de las áreas urbanas, con el objeto de contribuir al mejor
uso de los recursos naturales y humanos.
d) La orientada inversión en mejoras públicas.
Se busca ubicar en forma óptima dentro de las distintas circunscripciones territoriales, las
actividades productivas, los asentamientos humanos, las zonas de uso público y
recreativo, las redes de comunicación y transporte, las áreas silvestres y otras obras
vitales de infraestructura, como lo son las unidades energéticas. Se busca entre las
diferentes zonas, en armonía con la naturaleza y la participación ciudadana en la
elaboración y aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes
reguladores de las ciudades, con el fin de alcanzar el uso sostenible de los recursos
naturales.
Con el fin de alcanzar el uso óptimo y sostenible de la tierra se deben tomar en cuenta
criterios como: el respeto por las características culturales, históricas y sociales de las
poblaciones humanas involucradas y su distribución actual sobre el territorio, las
proyecciones de población y recursos, las características de cada ecosistema, los recursos
naturales, las actividades económicas predominantes, la capacidad de uso de suelo y
razón de consideraciones ecológicas y productivas, el efecto de las actividades humanas y
los fenómenos naturales sobre el ambiente, la diversidad del paisaje y la infraestructura
existente.
Jurisprudencia
Setencia 00212 expediente 04-000403-0161-CA, fecha 12/05/2005
Voto derecho constitucional a la planificación urbana,
…..”La ley de Planificacion urbana , en desarrollo de los numerales 50,169, 170 de la
Constitución Política otorga a los planes reguladores fuerza de ley (doctrina del articulo
64 de la ley de Planificacion Urbana y voto de la Sala Constitucional N.2153-93),
regulando los distintos usos de suelos …”
Forestal
Desde la primera mitad del siglo XX se empiezan a destacar esfuerzos por establecer una
ley forestal, se dicta legislación sobre las quemas y cuencas hidrográficas, aunque estas
faltaban de integración.
La aplicación de la Ley Forestal # 4465 de 1969 dio inicio a los incentivos para la
reforestación. Esta Ley, a pesar de los beneficios inmediatos de las plantaciones, permitía
el cambio de uso del suelo para diferentes propósitos pero no consideraba los bosques
secundarios.
En 1990 se modifica dicha Ley por la # 7174, que establece la exigencia de planes de
manejo para el aprovechamiento de productos forestales, establece el Certificado de
Abono Forestal (CAF) como incentivo directo a la reforestación y en 1992, se establece
el Certificado de Abono Forestal para manejo de bosques (CAFMA), con énfasis en el
aprovechamiento forestal y se otorga al profesional forestal estatus de Regente Forestal,
con fe pública.
Con base en esta Ley se desarrolla una nueva guía para la elaboración de planes de
manejo con el regente como responsable de elaborar y ejecutar el instrumento o
supervisar su correcta y oportuna ejecución.
Se destaca al pasar de los a;os , una debilidad en la carencia de una política forestal clara
y definida, por lo que se reforma la Ley # 7174, de la cual emerge la ley forestal #7575,
donde una sugerencia que cabe resaltar es la necesidad de que el bosque se viera mas allá
de los términos económicos y que este aportaba otros beneficios tales como biodiversidad
y producción de agua.
En 1996 se promulga la Ley Forestal # 7575 el 26 de abril, que prohíbe el cambio de uso,
se establece el Certificado de Conservación de Bosques y el Pago de Servicios
Ambientales (PSA). Se trata del bosque sentando las bases para el manejo sostenible en
Costa Rica. En el Reglamento de esta Ley, se consolida el Sistema Nacional de
Certificación Forestal con la creación de la Comisión Nacional de Certificación Forestal.
El plan de manejo puede ser visitado en cualquier momento por funcionarios del MINAE
para velar por el cumplimiento de lo aprobado y cabe la posibilidad de que la Fiscalía
Forestal del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica supervise las labores de
campo para vigilar o seguir el trabajo de sus agremiados.
Al aprobarse la ley # 7575 se busco un mecanismo para tratar de recuperar las zonas
boscosas y además dar un manejo racional al bosque.
Su objetivo principal es velar por la conservación, protección y administración de los
bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el
fomento de los recursos forestales del país destinado a ese fin, de acuerdo con el principio
de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables.
Además, velará por a generación de empleo y el incremento del nivel de vida de la
población rural, mediante su efectiva incorporación a las actividades silviculturales.
En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley, se prohíbe
la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas,
manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad
del Estado.
Jurisprudencia
Sentencia 00929 Expediente:98=200874-0306-PE, fecha 16/11/2001
Voto : tala ilegal de productos forestales
….”el art. 61 inciso a) de la Ley Forestal indica que se impondrá prisión de dos meses
a dos a;os a quien “aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada sin
el permiso de la Administración Forestal del Estado o a quien cuente con el permiso no
se ajuste a lo autorizado”……. “
Aguas
La ley de aguas # 276 del 26 de agosto de 1942 , Regula todo lo referente al dominio,
uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación de los usos del agua abarca los
aprovechamientos que son dados en concesión
.Esta ley dispone y prioriza sus aprovechamientos sin embargo se debe entender que la
tipificación de estos usos se encuentra enmarcado en las necesidades de la comunidad
costarricense a la promulgación de la ley, los cuales no necesariamente corresponde a la
utilización de hoy día.
El Ministerio de Ambiente y Energía es el órgano competente para ejercer el domino y
control de las aguas.
Es importante mostrar el escenario normativo que regula el manejo de agua en Costa
Rica, para lo cual se presenta una síntesis de los principales componentes legales
involucrados; en el entendido de que otras legislaciones conexas no detalladas,
igualmente intervienen en el manejo directo o indirecto, y que no se detallan por no ser
este un trabajo dirigido a este tipo de diagnósticos.
La Constitución Política de la República de Costa Rica, base del ordenamiento
jurídico establece la soberanía sobre todas las aguas territoriales y la cataloga como un
bien de dominio público y como tal, sometido a un régimen especial, que da base a la
legislación vigente.
La Ley de Aguas No. 276, del 26 de agosto de 1942 y sus reformas: Regula todo lo
referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación de los usos del
agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.
El Código de Minería Ley No. 6797: promulgado en 1982, establece que las aguas
minerales y aguas subterráneas y superficiales son públicas y el Estado tiene el dominio y
administración de ellas.
La Ley Orgánica del Ambiente No 7554: Promulgada el 04 de octubre de 1995, declara
que el agua es de dominio público, su conservación y su uso son de interés social. La
misma Ley define que el agua es un bien de utilidad pública y su utilización para el
consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier uso.
Los usos en Costa Rica se encuentran tipificados y priorizados en la Ley de Aguas saber
según el siguiente detalle:
En la concesión de aprovechamientos especiales de aguas públicas, se observará el
siguiente orden de referencias:
I. Cañerías para poblaciones cuyo control quede a cargo del Ministerio de Salubridad
Pública.
II. Abastecimiento de poblaciones, servicios domésticos, abrevaderos, lecherías y baños.
III. Abastecimiento de ferrocarriles y medio de transporte.
IV. Desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas para servicios públicos
V. Beneficios de café, trapiches, molinos y otras fábricas.
VI. Riego
VII. Desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroelectricidad para servicios particulares.
VIII. Canales de navegación; y
IX .Estanques para viveros
Entre los usos de hoy, se destaca el gasto de la actividad turística, categorizada como
industria turística, y si bien no se tipifica este detalle de uso en la Ley, (sinónimo de
fábrica como se indica en la Ley de Aguas actual), su cuantificación resulta de vital para
nuestro país, en tanto esta actividad económica para el país, hoy día representa una
generación de ingresos de divisas considerable.
Se definen los siguientes usos:
Consumo humano: Contempla tanto el abastecimiento poblacional como el uso
doméstico, contempla las aguas requeridas para satisfacer las necesidades de baño,
limpieza, alimentación, etc.
Doméstico: Suministro de agua para satisfacer las necesidades de un núcleo familiar o
particular. Incluye el riego de media hectárea de tierra.
Agropecuario: Agua destinada al aprovechamiento agrícola y animal, tanto en el riego,
fumigación, abrevadero, lechería, piscicultura, avícola, porcino, etc.
Industrial: Agua destinada a la utilización como insumo o como parte del proceso en la
elaboración de un producto final. Incluye la agroindustria como los Beneficios e
Ingenios.
Hidroeléctrico: Agua destinada al aprovechamiento de la fuerza hidráulica para producir
electricidad.
Turístico: Aprovechamiento de aguas por empresas que ofrecen un servicio permanente
o temporal de hotelería, recreación, restaurante, etc.
Luego la Asamblea Legislativa decreta la Ley Constitutiva del INSTITUTO
COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS que puede
abreviarse como A y A, institución autónoma del Estado, llamado antes Servicio
Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Con el objeto de dirigir, fijar políticas,
establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y
desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y
recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que
el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo
el territorio nacional.
Entre los principales usuarios están las instituciones Estatales, que brindan un servicio
público a partir del aprovechamiento del agua, llámese abastecimiento de agua potable,
electricidad y riego, a saber:
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) Ley No.
2766: Creado el 14 de abril de 1961 y reformas, cuyo objetivo dirigir, fijar políticas,
establecer normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo de
todo lo relacionado con el suministro de agua potable, recolección y evacuación de aguas
negras domiciliares y residuos industriales líquidos, además de los aspectos normativos
de sistemas de alcantarillado pluvial en el área urbana.
El Instituto Costarricense de Electricidad Decreto-Ley No. 449: constituido el 8 de
abril de 1949, con el fin de desarrollar racionalmente las fuentes de energía física que la
Nación posee, en especial los recursos hidráulicos.
El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento No. 6877 del 4 de
julio de 1983 y sus reformas; creado con el fin de fomentar el desarrollo agropecuario
mediante el establecimiento y funcionamiento de sistemas de riego, avenamiento y
protección contra inundaciones, procurando el aprovechamiento óptimo y justo de los
recursos tanto superficiales como subterráneos.
Las Municipalidades como Gobiernos locales, como parte de sus competencias está el
suministrar el servicio de abastecimiento de agua potable.
La Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A., empresa privada con competencia
de servicio público de abastecimiento de agua y electricidad, dentro de su jurisdicción
correspondiente al cantón central y aledaños de la Provincia de Heredia.
La Junta Administradora de Servicios Públicos de Cartago, Creada con el fin de
abastecer el servicio público de electricidad a los cantones centrales de la provincia de
Cartago.
Algunas Cooperativas, brindan el servicio público de suministro de electricidad en
algunas regiones del país, todas deben solicitar concesión de agua para generar
electricidad a partir del aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas asociadas al recurso
hídrico.
Después, toda empresa privada es un potencial usuario de agua, para lo cual requiere de
una concesión de aprovechamiento para destinar a cualquier uso permitido en su derecho.
Jurisprudencia
Sentencia 00416,expediente 04-000789-0638-CI, fecha 22/05/2007
Voto interdicto agrario , via improcedente en materia de aguas.
…..”de conformidad con el numeral 22 de la Ley de Aguas Vigente # 276 y sus reformas,
en materia de aguas no es posible acudir a la via interdictal. La normativa sobre aguas ,
contenida en la ley especial mencionada, determina ser de dominio publico el agua
proveniente de manantiales o nacientes …..”
Minería
En Costa Rica, el Estado es el propietario de las riquezas mineras, así como de las minas,
sustancias minerales de cualquier naturaleza que se encuentren en dominio de los
particulares.
El Estado ejerce su dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos
mineros en el territorio nacional y mar patrimonial.
Al tratarse de “res publica” sobre las riquezas mineras, el Estado concede permisos y
concesiones tanto para descubrirlas, explorarlas y explotarlas.
Se exige que la actividad minera que se ejerce sobre terrenos que poseen minerales con
mercado de explotación, deba ajustarse a aquellas prácticas ambientalmente más
beneficiosas para el Estado y la Comunidad. Por ello no debe contaminar el aire, las
aguas, el suelo y los demás recursos naturales, a la vez no debe degradar ni erosionar los
suelos y tierras, ni producir residuos, basuras o desechos y desperdicios, no debe producir
ruido nocivo, ni utilizar sustancias peligrosas.
Se busca un equilibrio entre la salud tanto de los trabajadores como de la zona, y el
ambiente, lo que implica el cuido, la recuperación y el equilibrio de los ecosistemas en
donde se realiza la actividad minera.
Por ello, es necesario la realización de evaluaciones de impacto ambiental que analicen
el impacto de la actividad sobre el ambiente natural y humano, los efectos sobre la
diversidad biológica, los efectos adversos inevitables y sus medidas de mitigación, las
alternativas a la actividad propuesta, los costos y beneficios ambientales a corto, mediano
y largo plazo, tanto a nivel local, regional y nacional, los efectos sobre los otros recursos
que se verían afectados por la actividad a desarrollar, y por último, las posibilidades de
alcanzar el mayor beneficio.
De ahí que, previo a conceder un permiso o concesión, la administración del Estado se
encuentra obligada a analizar el impacto social y ambiental que traerá la actividad en la
zona, con la participación de la comunidad afectada.
Por tanto, se debe rechazar de plano cualquier solicitud que pueda llegar a afectar la
salud y la seguridad de los habitantes.
A la vez, se debe prohibir la explotación en áreas declaradas parques nacionales o
reservas biológicas.
Por lo que se crea la Ley # 6797 Código de Minería del 22 de octubre de 1982.
Con base en las facultades conferidas en el artículo 140 incisos 3 y 18 de la Constitución
Política.
El presente Decreto tiene como objetivos fundamentales reglamentar la organización,
funcionamiento y competencia de la Dirección de Geología y Minas, los requisitos y
procedimientos mediante los cuales se regirán las solicitudes de permisos de exploración
y de concesiones de explotación sobre los recursos mineros del Estado, tanto para
particulares, Municipalidades, Instituciones Autónomas, como para los contratistas del
Estado y la extracción de materiales en cauces de dominio públicos.
El interés de los Derechos Reales en la minería, es que son Derechos Reales
Administrativos ósea derechos privativos sobre el dominio público, constituyendo
derechos exclusivos de aprovechamiento del dominio publico.
Son Derechos reales Mineros ya que tienen por objeto la exploración y explotación de
los recursos minerales y son parte o dependencia del dominio público, un bien del
dominio publico y nacen de una concesión.
Jurisprudencia
Dictamen 196 del 12/07/2001
Dirigido al Licenciado Ivan Vicenti Rojas, Viceministro de Ambiente y Energía, firmado
por Licenciado Luis Guillermo Bonilla Herrera, Procurador.
….. “por el que se consultan a esta Procuraduría General varios aspectos relacionados
con el cobro y destino del impuesto creado en el inciso ch.) del artículo 51 de la Ley Nº
6797 de 4 de octubre de 1982 –Código de Minería-.
Del Código de Minería -Ley Nº 6797 de 4 de octubre de 1982 y sus reformas-, interesa
el numeral 51 inciso ch):
"Artículo 51.- Los titulares de los permisos de explotación y los concesionarios de
explotación estarán obligados a pagar los siguientes cánones e impuestos:(...) ch) Sobre
los minerales que se extraigan en concesiones de explotación, el dos por ciento de su
valor comercial en Costa Rica, tomando en cuenta la riqueza del mineral, el precio y las
clasificaciones de mercado que determinen la Dirección de Geología, Minas e
Hidrocarburos y el Banco Central de Costa Rica.”
De la Constitución Política, los artículos 176 y 185:
"Artículo 176.-
El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos
los gastos autorizados, de la administración pública, durante el año económico (...)"
"Artículo 185.-
La Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas
nacionales; este organismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del
Estado y recibir las cantidades que a título de rentas o por cualquier otro motivo deban
ingresar a las arcas nacionales."
Se impone entonces, la necesidad de que todas las rentas dirigidas a financiar gastos del
Estado, ingresen, a través de la Tesorería Nacional, a un fondo común, del cual deberán
ser retirados los recursos que financien las diversas erogaciones públicas.
En el caso del impuesto creado en el inciso ch) del artículo 51 del Código de Minería –
Ley Nº 6797 de 4 de octubre de 1982 y sus reformas-, es obvio que el legislador
ordinario no estableció un destino especial a los recursos que este generará, así como
tampoco determinó un agente recaudador específico legitimado para recibir el pago.
Por lo anterior, y conforme lo dispuesto en los artículos 176 y 185 de nuestra Carta
Política, no cabe la menor duda de que el producto del impuesto deberá ingresar, por
medio de la Tesorería Nacional, a la "caja única" del Estado, y que el mismo deberá
destinarse a la satisfacción de los fines generales que el plan de gobierno considere
prioritarios, según determine la propia Ley de Presupuesto de la República.
Bibliografía.
=http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.asp?
param6=1&nDictamen=10591.
=http:/200.91.68CIJ/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?p
=http://scij.org.poder-judicial.go.cr/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_rep.
=http://books.google.co.cr/books?
id=iWohyKEWUsEC&pg=PA311&lpg=PA311&dq=interes+a+los+Derechos+Reales+d
e+la+Mineria&source=bl&ots=f1zSVlooqQ&sig=_76D4jdVCGSjnlXKfHLjTzLLTAk&
hl=es&ei=_ZLNTOe3OI-
q8AawvbSqAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#
v=onepage&q&f=false. Libro: Principios y sistema del derecho minero: estudio
histórico-dogmático , Escrito por Alejandro Vergara Blanco,Universidad de
Atacama
=http://www.aguayclima.com/pdf/capitalhidricousosdelagua-costa%20Rica.pdf
=es.wikipedia.org/wiki/Reforma_agraria
=documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/.../REGLAMENTO-05-2008.doc
=http://www.vanderbilt.edu/lapop/cr/1976-reformaagraria.pdf Libro :Estudios Sociales
Centromericanos , Programa Centroamericano de Ciencias sociales, enero –abril 1978.
LEY DE AGUAS, publicaciones jurídicas
LEY FORESTAL, Investigaciones Juridicas, segunda edicion 1997.
MARCELA MONGE MONGE
DERECHOS REALES I
PROPIEDADES ESPECIALES
UNIVERSIDAD DE SAN JOSE
DERECHO
3 DE NOVIEMBRE DE 2010.
