Propuesta campesinos de reforma al campo

Acuerdo Marco para la Reforma del Campo

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# El Campo Es De Todos Movimiento en defensa del Territorio y el

Derecho a la Alimentación

“AGRICULTURA FAMILIAR Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA”

ACUERDO MARCO PARA LA REFORMA DEL CAMPO

El acuerdo marco es la concurrencia del Estado y la sociedad rural para establecer un acuerdo social vinculante que busca el compromiso de los actores para establecer una política de Estado cuyos objetivos son fomentar a la pequeña y mediana agricultura familiar como vía para lograr alimentos nutritivos, suficientes y sanos para la población; así como lograr el desarrollo rural y la reducción de la pobreza y la desigualdad. Bajo los principios de equidad, igualdad, libertad.

I. VISIÓN COMPARTIDA/DIAGNOSTICO


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La agricultura familiar en México aporta el 39% de la producción de alimentos, generan 60% del empleo rural1; proveen las materias primas de la agroindustria, gestionan los territorios donde se concentra la Biodiversidad y los RRNN del país. Todo ello sin apoyos a la producción, que en los últimos 32 años la han limitado a un crecimiento promedio anual de 1.5%. En el campo hay 3.7 millones de productores de los cuales 24% son menores de 45 años y 65% están entre los 46 y 75 años. De estos productores el 86.5% son hombres, 13.5% son mujeres y 21.45% son indígenas. Existen 65 Pueblos indígenas originarios viviendo en las sierras, selvas y bosques donde se concentra la biodiversidad y los recursos naturales estratégicos para el país. Existen en México 5.5 millones de Unidades de Producción Rural (UPR), 65% de ellas con extensiones menores a 5 hectáreas y el 75% menos de 10 has, su distribución territorial en 190,000 localidades con menos de 2,500 habitantes, hace que sea muy costoso ser pobre porque todo es más caro que en las ciudades. 1 Desde una perspectiva más amplia el campo emplea casi 7 millones de trabajadores, 24% de su población y 13.5% de la población ocupada total a nivel nacional.


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La exclusión financiera rural es masiva: sólo 466,000 productores (7.8%) accedieron al crédito para actividades agropecuarias (ENA 2012)2; y 167, 750 UPR (3.05%) tuvieron acceso a seguro agropecuario, mientras 50% de los municipios rurales no cuentan con una sucursal bancaria y 60% de los mexicanos hacen uso a mecanismos informales de ahorro o crédito3. La pequeña agricultura familiar es considerada como una forma de producción mucho más resiliente a los choques climáticos o la volatilidad de precios. Poner a trabajar el campo a partir de agricultura familiar es una forma de enfrentar crisis de empleo, producir alimentos sanos, generar servicios ambientales, salvaguardar las tradiciones y el patrimonio cultural y ambiental, así como también es un mecanismo para mantener la estabilidad política y el tejido social. Agricultura familiar4 no es sinónimo de minifundio, ni de improductividad, tampoco de autoconsumo o uso exclusivo de mano de obra familiar. Tampoco es sinónimo de pobreza o estancamiento, pueden ser sostenibles y mejorar su ingreso con políticas públicas de fomento. En la agricultura familiar de México predomina el minifundio, pero también existe agricultura de medianos productores y puede ser tan rentable como una empresa agrícola. La agricultura familiar es una forma de gerencia de la tierra y producción. A diferencia de la empresa agrícola que sólo maximiza sus beneficios, la agricultura familiar prevé los escenarios tanto de prevención como de consumo y por ello es tanto una empresa como una unidad consumidora al mismo tiempo. Asimismo, dadas las condiciones de mano de obra en la mayoría de las regiones de agricultura familiar, también responde a un modelo de producción intensivo en mano de obra. La clave para que la agricultura familiar sea rentable está en que ésta produzca en el máximo de su frontera de posibilidades y reciba los apoyos institucionales necesarios para su desarrollo. ORIGEN DEL PROBLEMA La imagen de minifundio improductivo se ha propagado como excusa para justificar la concentración de apoyos a la agricultura comercial y zonas de agricultura extensiva; y para diezmar a las economías campesinas por más de 32 años e inundarla de programas asistencialistas sin posibilidad de generar desarrollo, aumento de ingreso e inserción en los mercados. La política fiscal redistributiva a través de la banca de desarrollo, claramente no 2 Encuesta Nacional Agropecuaria, INEGI, 2014 3 Informe de inclusión financiera, CNBV 2013 4 El concepto se diferencia de la agricultura empresarial por la gestión de la unidad de producción. Mientras la agricultura empresarial sólo tiene por objetivo maximizar la producción al menor costo, una economía familiar campesina tiene objetivos simultáneos tanto de producción, como de consumo y en este sentido, al interior de la familia se toman las decisiones de uso y asignación de recursos naturales, mano de obra, uso del tiempo e inversión de capital, razón por la cual en estas familias hay una pluriactividad.


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ha cumplido su papel: La concentración crédito FIRA y Financiera Rural en grandes agricultores y territorios del norte de mayor desarrollo es evidente . Mientras en 2012 el crédito a Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los 3 Estados históricamente más pobres de México, recibieron el 5.7% del crédito FIRA, Jalisco, Sinaloa y Chihuahua concentraron el 29% del mismo. La estabilidad de precios agrícolas depende de un ordenamiento de mercados por parte del Estado para limitar la acción depredadora de los monopolios y empresas trasnacionales agroalimentarias que controlan precios, importaciones y exportaciones, muchas veces apropiándose de los subsidios gubernamentales a través de coberturas (Aserca), ingreso objetivo (Aserca) y crédito (FIRA y Financiera Nacional), además de lograr construir redes de funcionarios públicos trabajando en el gobierno para sus intereses. Desigualdad y pobreza del campo La pobreza y la desigualdad se concentra en zonas rurales e indígenas: 62% de la población rural vive en condiciones de pobreza y 26.5% o 5.8 millones de personas están en la pobreza extrema (pobreza alimentaria). La desigualdad en el ingreso rural es alarmante: 58% de los hogares rurales tienen ingresos menores a 48,448 pesos anuales y 26% de hogares en el primer decil de ingresos sólo detentan el 27% de los ingresos, mientras que el 2.5% de los productores detentan el 17% del ingreso rural. A los pobres rurales se les dirigen políticas de alivio a pobreza, de corte asistencial y muy poco se ha enfocado el gobierno en detonar su capacidad de producción y ver a la familia campesina como una unidad de producción y generarle condiciones para su salida definitiva de la pobreza. Modelos de desarrollo regresivos deben ser cambiados radicalmente La principal característica de las políticas públicas actuales es la regresividad en donde los apoyos y transferencias se hacen por tamaño del predio y no con el enfoque diferenciado de los aportes a la producción, conservación del ambiente, resiliencia de sus actividades frente al cambio climático, servicios ambientales, y creación de empleos. Un análisis del PEF-‐-‐-‐Programa Especial Concurrente en 2012 muestra que en 1,570 municipios del país predomina el enfoque asistencialista y sólo en 358 hay inversión productiva de Sagarpa, a pesar que el PEC ha aumentados sustancialmente en los últimos 10 años a razón de 6.5% anual. Así vemos que el Presupuesto del Programa Especial Concurrente (PEC) tiene un claro sesgo al tratar con políticas asistencialistas a las zonas pobres del Sur campesino y concentrar las inversiones productivas en el norte y noreste que son las regiones de agricultura comercial.


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Inseguridad y derechos humanos quebrantados La inseguridad creciente y el dominio de amplios territorios y actividades económicas por parte del crimen organizado están diezmando la economía y la sociedad rural. La ingobernabilidad del territorio es creciente debido a los conflictos agrarios con compañías mineras, hidroeléctricas y productoras de energía, que son concesionadas por el gobierno federal sin realizar la consulta previa a los pueblos y comunidades originarios, a los habitantes de estas tierras y sin salvaguardar los derechos humanos, ambientales y sociales. En otros países desarrollados de la Comunidad Económica Europea o países de la OCDE, las concesiones de este tipo enfrentan altos requisitos y salvaguardas que deben cumplir, sólo en México se permite la extracción sin imponer los costos que tienen las mismas empresas en otras latitudes. Solo en México se les permite la minería a tajo abierto, degradando aire, agua, suelos, enfermando a la población que vive cerca de la minas y esto es inaudito cuando las mismas empresas en otros países sí cumplen regulación mucho más rígida. Lo mismo ocurrirá con la reforma energética: se les permitirá a las empresas de hidrocarburos extraer el petróleo dejando a su paso derrames o a las empresas de fracking extraer el gas dejando a su paso a la población con alta propensión al cáncer y la pérdida de capital natural. Esto exacerbará el clima de ingobernabilidad e inestabilidad social del campo. El ambiente de inseguridad se incrementa ante el autoritarismo de gobiernos de los Estados como Puebla, Quintana Roo y Chiapas que persiguen y criminalizan la protesta social, con las llamada: “Ley bala” que han hecho aprobar en sus congresos locales. Y ahora las reformas estructurales explican la saña y rapidez con la que en meses recientes han apresado a diversos líderes agrarios, comunitarios y ambientalistas, que han protestado por los estragos de los Mega proyectos mineros e hidráulicos, siendo sólo un preámbulo de lo que viene con las Reformas energéticas: el Despojo legalizado.

II. OBJETIVOS DE LA REFORMA

� Alcanzar la soberanía alimentaria que significa lograr un porcentaje estratégico de autosuficiencia en la producción nacional de alimentos mediante el desarrollo de la agricultura familiar, para garantizar disponibilidad, acceso, calidad e inocuidad de los alimentos. Esta será la mayor contribución del campo para hacer válido el derecho a la alimentación consagrado en el Artículo IV de la Constitución.

� La Reforma al Campo tiene como objetivo dar certidumbre y estabilidad a una Política de Estado dirigida a desarrollar y fomentar la pequeña y mediana Agricultura familiar: minifundios, pequeños y medianos productores


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campesinos e indígenas para que puedan producir los alimentos de calidad nutricional para garantizar el derecho a la alimentación.

� Reorientar el Presupuesto Rural mediante la compactación de programas y certeza multianual para garantizar un programa de Fomento a la Agricultura familiar de acceso universal y enfoque territorial, construyendo vínculos y complementariedad entre la política social y política económica.

� Políticas públicas diferenciadas a la pequeña y mediana agricultura familiar respetando la diversidad de regiones y productores, bajo la premisa de reducir desigualdad para apuntalar zonas de menor desarrollo, eliminando la regresividad del PEC, y orientando inversiones a la construcción de bienes públicos.

� Se fortalecerá el empleo agrícola y no agrícola, la seguridad alimentaria, el fomento a la micro y pequeña empresa, la articulación de cadenas de valor y el vínculo con la agroindustria para ampliar la diversidad de alimentos en base a metas anuales de producción del plan sectorial y la calidad nutricional que permita garantizar el Derecho a la alimentación.

� La política pública y los programas deberán transitar de un esquema asistencialista a otro que fomente el desarrollo económico, un aumento sustentable de la productividad de la agricultura familiar, así como el despliegue de actividades que le permitan intervenir eficientemente en la gestión de recursos naturales, biodiversidad, agua, bosques, y cambio climático.

� Establecer el Derecho a la alimentación por encima del derecho a la explotación de hidrocarburos y la prohibición a la siembra de transgénicos como salvaguarda preventiva para proteger los recursos genéticos, y calidad de semillas criollas de nuestra agricultura.

� La reducción de la pobreza, la desigualdad y la garantía de los derechos humanos en el campo, requieren una ciudadanía rural efectiva y una nueva gobernabilidad democrática, donde exista el respeto a las libertades democráticas y el respeto a los derechos humanos. Para lograr esto el Estado debe garantizar igualdad de derechos entre el campo y la ciudad, eliminar el clientelismo político de partidos, organizaciones corporativas, gobernadores y programas de gobierno.

� El cambio de políticas públicas para el Campo exige también una reingeniería de las instituciones y un saneamiento para limitar y erradicar los conflictos de interés, donde funcionarios públicos defienden claramente intereses empresariales usando el aparato y los recursos públicos. La reingeniería institucional exige que algunas instituciones funcionales al ejercicio regresivo del presupuesto deben desaparecer, tal es el caso de ASERCA; otras deben ser creadas, como una Secretaria de Agricultura Familiar y una Empresa de Compra de alimentos, la creación de un Banco del Campo integrando Financiera Nacional y Bansefi; y muchos programas deben ser reorientados en su funcionamiento para eliminar la intermediación que ejercen los despachos y agentes externos en el desarrollo rural.

� Reducir las brechas de desigualdad garantizando a las comunidades rurales y a los pueblos indígenas medios para construir una ciudadanía efectiva, respeto a


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los derechos humanos, respeto a la cultura y patrimonio indígena, así como la inclusión social y la seguridad pública que mejore la calidad de vida.

� Integrar a las mujeres rurales en el desarrollo, garantizando derechos económicos, sociales y políticos; acceso a educación de calidad, medios de producción, inclusión financiera, ciudadanía efectiva.

� Garantizar el Desarrollo sustentable mediante la gestión territorial de los recursos naturales, agua, biodiversidad y manejo sustentable de tierras junto a la mejora de la calidad de vida de comunidades agrarias, pueblos indígenas y sus culturas que gestionan esos recursos estratégicos.

PROPUESTA PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y EL FOMENTO A LA PEQUENA Y MEDIANA AGRICULTURA FAMILIAR

"Programa de fomento a la productividad de la agricultura y economía campesina y familiar", con reformulación de la estructura programática del presupuesto rural (PEC) a partir de una "base cero" de carácter multianual, (con un monto de hasta cuarenta mil millones de pesos).

1. Ley reglamentaria del artículo 4° constitucional

Se necesita que el Ejecutivo Federal presente la iniciativa por la cual se crea la Ley reglamentaria del derecho a la alimentación así como la armonización de esta ley con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Esta ley deberá prever las políticas públicas necesarias para que el campo se desarrolle considerando el perfil de productor que predomina en el país y bajo el objetivo de seguridad y soberanía alimentarias.

2. Empresa Pública de Compras y Reserva estratégica Creación de una Empresa Pública para participar en el mercado de Acopio y comercialización de granos; y en la producción y distribución de insumos esenciales; reconstruyendo un sistema de almacenamiento público y social, para garantizar ingreso justo al productor y precios accesibles al consumidor; así como para ejecutar un Decreto del Presidente de la República para realizar "Compras Gubernamentales a la Agricultura Campesina y Familiar; así como la Creación de una Reserva Estratégica de Granos y Alimentos con Sistema de Almacenes y Red en Frío".

3. Reducción de la pobreza y desigualdad

El principal objetivo de la Reforma para el Campo debe ser cambiar la intervención del Estado para incidir en la reducción de la pobreza. Dicho de otra manera, a los pobres rurales se les dirigen políticas de alivio a pobreza, de corte asistencial y muy poco se ha enfocado el gobierno en detonar su capacidad de producción y ver a la familia campesina como una unidad de producción rural y a partir de esto, generar condiciones para su salida definitiva de


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la pobreza5. Las propuestas de este apartado están dirigidas a integrar una estrategia con orientación productiva para la reducción de la pobreza.

4. Reducción de la pobreza con orientación productiva: Unificar programas

y atender concurrentemente territorios de agricultura familiar y pobreza Para reducir la pobreza y la desigualdad en el campo, se requieren enfoques integrales en territorios específicos de las regiones con mayor marginalidad y pobreza. Se propone la acción combinada de los recursos del Programa PESA + OPCIONES PRODUCTIVAS + PATMIR, bajo la acción integradora de las organizaciones locales de productores. Rediseñar PESA y OPORTUNIDADES para promover la organización de los pequeños productores rurales y eliminar el papel de conducción de las ADRs / ADLs y convertirlas en agencias técnicas y de gestión.

5. Crear el Programa Nacional de financiamiento a la agricultura familiar pluriactiva

Un programa de acceso al crédito productivo para minifundios de la agricultura familiar6, con enfoque a la seguridad alimentaria y la producción de alimentos para los mercados local y nacional. La población objetivo de este programa es aquella que recibe Oportunidades y Proagro de manera que se pueda focalizar a los pequeños productores en condición de pobreza. La base de este programa es convertir Proagro (antes Procampo), en un subsidio orientado a la inclusión financiera con enfoque productivo. A través de la Banca de Desarrollo en Coordinación con SAGARPA7. Para el crédito productivo, es claro que las unidades de producción rural de menor tamaño tienen una demanda de crédito productivo de bajo monto (entre 5 y 20 mil pesos), pero las organizaciones de productores requieren montos de entre 3 y 15 millones para la comercialización de cosechas de granos básicos o café. Se propone un amplio programa de crédito dirigido a productores de agricultura familiar, con menos de 5 hectáreas de tierra (63% de las UPR), en condiciones de bajo desarrollo, pobreza y marginación, preferentemente en los municipios más pobres del país y los de menor Índice de Desarrollo Humano (IDH).

5 Sin presentar en estos momentos evidencia empírica de que existe también una estrategia para mantener una clientela política en pobreza y con esto ganar elecciones federales, estatales y municipales, de cualquier partido político que se trate. Es decir, se ha creado un sistema viciado en el que conviene mantener a los pobres como están para que sean capital político, estandartes y materia prima de discursos en campañas políticas sin realmente tener interés por combatirlo de forma definitiva. 6 La agricultura familiar pluriactiva es aquella cuya fuente de ingresos está compuesta por diversas actividades económicas. 7 Se propone establecer la Subsecretaria de Agricultura Familiar, dedicada exclusivamente a la implementación de los programas derivados de las nuevas políticas públicas dirigidas a este sector, garantizando la convregencia de programas y la inclusión territorial en todo el país.


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El programa requiere un diseño especial para poder masificarse porque se subsidian las tasas de interés y los costos de transacción; pero también se vincula el microseguro agropecuario a través de fondos de aseguramiento rural adaptados a estas necesidades, la organización económica de productores y el acompañamiento técnico a través del extensionismo. La base para la masificación son las cuentas de ahorros individuales o colectivos generados con Pro-‐-‐-‐AGRO8 como base del sistema nacional de garantías recíprocas. Se trata de dar certidumbre en el costo del crédito y en la forma de acceso al mismo9; la tasa de interés anual efectiva se debe ubicar entre 5% y 9% anual al productor. Asimismo como se trata de agricultura familiar que inicia en su producción de excedentes de alimentos y comienza a comercializar a través del Programa de Adquisición de Alimentos, o bien a nivel del mercado local, se deben establecer periodos de pago de 1 a 5 años dependiendo el ciclo de producción (ganadería, forestal, agrícola, pesquero). El funcionamiento de este programa de apoyo a la agricultura familiar seguirá los siguientes principios: a. El diseño y operación del programa será através de la banca de desarrollo (FIRA,

Financiera Nacional, Bansefi) en coordinación con Sagarpa y la instancia que coordine el fomento a la agricultura familiar.

b. La oferta a productores estará a cargo de todo tipo de intermediario financiero

regulado (banca comercial, banca de nicho, uniones de crédito, cooperativas, sofincos, organismos de integración financiera rural, sofipos) y alineado con la expansión del Seguro Agrícola y las Garantías Recíprocas.

c. La tasa de interés final será la misma en todas las regiones y no se podrá modificar por los intermediarios; en cambio habrá un esquema de subsidio al costo de transacción diferenciado (3 a 5 puntos) por regiones, pagadero a la recuperación de los créditos.

d. El programa PATMIR10 operado por BANSEFI puede ser orientado a fomentar el

ahorro rural y vincular el crédito productivo, usando Proagro como ahorro depositado en SACPyC, teniendo un programa permanente de asistencia técnica a intermediarios financieros rurales para su expansión en zonas rurales marginadas.

e. El crédito no puede darse por única vez porque esto no genera cambios en la

estructura familiar ni ingresos sostenidos, por ello, se necesita que este programa subsidie a una misma familia varias veces en un mismo año, por un periodo de al

8 La propuesta es convertir Procampo, ahora Proagro en una base financiera de inclusión financiera con enfoque al crédito productivo para alimentos. 9 El hecho que 58% de la población rural tenga ingresos anuales inferiores a $48,448 pesos nos remite al nivel de deuda que pueden adquirir y al tipo de servicios financieros que requieren. 10 PATMIR: Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural, funcionando desde 2001 ha promovido la inclusión financiera a través del ahorro para de más de un millón de personas.


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menos 3 años consecutivos y máximo 8 años, estableciendo un seguimiento de información que permita trazar la ruta de apoyos y subsidios. Los productores que no paguen, teniendo las condiciones para hacerlo no podrán obtener crédito una segunda vez o sucesivas veces.

f. Para hacer efectivo lo anterior, se establecerá un sistema de información de

productores de agricultura familiar a partir del padrón procampo de amplio acceso tanto al sistema financiero como a los organismos de fomento y programas asociados.

g. Es básico que este perfil de familias sean los primeros proveedores de comedores

comunitarios, tiendas Diconsa locales, mercados cercanos, de manera que se comience a generar un circuito económico que les permita acumular activos, pagar los créditos y salir definitivamente de la pobreza.

h. Asimismo, este tipo de familias se debe alinear junto con programas alimentarios

como Oportunidades, PESA, Programa Maíz y Frijol, Programa de Agricultura Periurbana y de Traspatio, entre otros que contiene la oferta actual de la SAGARPA, de esta manera se vincula crédito y subsidio y la familia deja de ser cien por ciento dependiente de los subsidios en el mediano plazo.

i. Asimismo, a este programa se alinean componentes de subsidio a la prima del

seguro agropecuario, a la organización campesina y a la expansión de intermediarios financieros rurales de proximidad. Este programa de crédito será parte del Programa Nacional de Inclusión financiera.

j. Para la participación de intermediarios financieros rurales con excedentes de

liquidez: sociedades financieras de ahorro y crédito popular y cooperativo (SACPyC), el programa ofrecerá subsidio a la tasa de interés y al costo de transacción, así como apoyo para formar evaluadores de crédito agrícola para que los intermediarios puedan invertir ahorro local en el programa.

6. Política de prohibición de semillas transgénicas Rechazamos categóricamente el uso y la siembra de organismos genéticamente modificados en especial del maíz, base de nuestra alimentación. Esta tecnología pone en riesgo la salud de los mexicanos y atenta contra nuestra agro biodiversidad que ha sido resguardada por siglos por las y los campesinos de México. Es fundamental una política que apoye este esfuerzo y permita mantener la independencia e impida los monopolios de semillas.

7. Crear el Programa de Adquisición de Alimentos Este programa sería de aplicación para todos los niveles de gobierno en donde la


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producción excedente de alimentos de la agricultura familiar sea el abasto para tiendas DICONSA, los comedores comunitarios en la Cruzada contra el Hambre y otros comedores populares; para el abasto de alimentos de las guarderías del IMSS, ISSSTE, albergues DIF y CDI, hospitales y clínicas de salud públicas, entre otras opciones de compra gubernamental. Hoy día puede decirse que esto existe ya que existen procesos de licitación o proveeduría en los que no se limita la participación de pequeños proveedores. Sin embargo, siendo realistas, la economía familiar no accede a venderle al gobierno pues las condiciones para la participación en licitaciones públicas son inviables por su complejidad, la necesidad de contar con figuras jurídicas, entre muchas otras, por lo que la política de compra de alimentos debe ser de arriba hacia abajo con la reglamentación necesaria para que esto no se convierta en instrumento de corrupción y control político. Es decir, este programa parte de la base de una política (top – bottom) es decir, dirigida de arriba hacia abajo en la estructura gubernamental, en la cual se traza una ruta para que la organización local campesina esté en condiciones de abastecer en precio, calidad y oportunidad al gobierno. En otras palabras, esta política no funciona si no se proveen las condiciones de producción, y las logísticas de acopio, comercialización y organización rural por lo que debe ser implementada gradualmente, yendo de lo local y lo particular, hacia lo general, es decir, comenzar por el abasto de opciones gubernamentales locales (Diconsa, comedores, albergues) y subir poco a poco, al abasto de alimentos a grandes compradores como el IMSS, ISSSTE, Salud, PEMEX, Sedena, DIF, entre otros.

8. La reingeniería del Programa Especial Concurrente para el Campo (PEC) “Presupuesto base 0”: Se propone reducir el Esto requiere dotar al PEC de multianualidad y de atención a todos los componentes de un mismo proyecto, de forma secuencial si es necesario, pero garantizando que la producción pueda darse en más de un ciclo, para esto se deben concatenar los apoyos semilla (adquisición de infraestructura, capital de trabajo) con aquellos que están diseñados para comercializar, acopiar, almacenar, coberturas de precios, capacitación, asistencia técnica, adopción tecnológica, etc. Establecer un fondo específico para el análisis y evaluación de proyectos con apoyos a fondo perdido a disposición de pequeños y medianos productores. número de programas y componentes para integrar prioritariamente el Programa de Fomento a la Agricultura Familiar, de acceso cuasi universal a las UPR de todo el país, con productores de pequeña y mediana escala. Esta compactación permitirá concentrar los recursos presupuestales en 4-‐-‐-‐5 grandes programas para subsidiar activos fijos, capacitación y asistencia técnica, conservación, comercialización e innovación tecnológica y vincularlos a crédito, garantía y seguro agrícola.


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9. Limitar PROCAMPO a 20 has y otorgarlo como incentivo al crédito agrícola con base en metas productivas.

Limitar el apoyo de Procampo a UPR de hasta 20 hectáreas. Entregar el apoyo cada año a través de cuentas de ahorro en el sistema financiero para generar respaldo financiero de acceso al crédito productivo y a la formación de garantías recíprocas. Este apoyo será exclusivamente otorgado a UPR que participen en el Programa Nacional de Producción de Alimentos y que cumplan sus metas de productividad para reducir la dependencia alimentaria y la importación de alimentos. Esta orientación insertaría este programa con un enfoque productivo de fomento a la agricultura familiar. Los beneficiarios de Procampo recibirán el apoyo financiero a través de cuentas de ahorro individuales o colectivas (organizaciones económicas locales) en el sistema financiero, participando banca privada, banca de desarrollo y/o sociedades de ahorro y crédito popular y cooperativo que participen en el Programa Nacional de Financiamiento a la agricultura Familiar, en el cual los ahorros podrán ser usados como respaldo para que esas instituciones ofrezcan crédito a la producción. Se fomentará e incentivara la incorporación de los pequeños productores a Fondos de Garantías reciprocas que amplíen los montos y plazos de acceso al crédito productivo.

10. Sustentabilidad en el medio rural Cambio Climático y Energía; Agua, Biodiversidad y Manejo Sustentable de Tierras

a) Decreto para el diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Tierras (ENA-‐-‐-‐REDD + T) para contribuir a la lucha contra el Cambio Climático cambiando estrategia de ENA-‐-‐-‐REDD+, a una Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Tierras (ENA-‐-‐-‐REDD+T) que permita un mayor impacto en la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el Sector Rural;

b) Decreto para el diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el Medio Rural (ENACC-‐-‐-‐MR), el Objetivo de esta Estrategia será disminuir de manera significativa los riesgos en materia de producción de alimentos, disponibilidad de agua, salud de la población y protección civil;

c) Lucha contra la Desertificación y Manejo Sustentable de Tierras 11 , proponemos: Primero: actualización de la iniciativa de Ley para la Restauración

11 Tomando la definición de FAO/UNEP, 1997: territorio es “un área definible de la superficie terrestre que abarca todos los atributos de la biosfera inmediatamente por arriba y por debajo de la superficie incluyendo aquellos atributos climáticos cercanos a la superficie, el suelo y las formas del terreno, la superficie hidrológica -incluyendo lagos, ríos, humedales y pantanos- el agua subterránea asociada y las reservas geo hidrológicas, las poblaciones de animales y vegetales y los resultados físicos de la actividad humana pasada y presente-terrazas, estructuras hidráulicas, caminos, etc.”


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y Conservación de las Tierras, Segundo: Elevar a rango de Programa Especial el Programa Nacional de Manejo Sustentable de Tierras, con el fin de darle transversalidad en las actividades que realizan las distintas Secretarías de Estado relacionadas con el medio rural. Tercero: Fortalecimiento del Programa de Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva, que actualmente opera como un piloto en los Estados de Chiapas e Hidalgo. Cuarto: Mandatar a SEMARNAT para Coordinar la Agenda de Manejo Sustentable de Tierras en una Unidad Administrativa dedicada ello. Quinto: Establecer un Programa Nacional de Incorporación de Tierras al Manejo Forestal Sustentable combinando investigación sobre el uso sustentable de nuestra biodiversidad, inversiones en desarrollo de capacidades y regularización de los terrenos nacionales e inversiones en activos públicos.

d) Política de Biodiversidad. Reorientar la política de manejo sustentable y protección de la Biodiversidad mandatando a la Comisión Nacional de Manejo y uso Sustentable de la Biodiversidad (CONABIO) para que articule la política al respecto y coordine las actividades y programas que tienen diversas dependencias como son la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); la Comisión Nacional Forestal; la SAGARPA y CDI, entre otras.

e) Reorientar la política de Áreas Naturales Protegidas en territorios campesinos e indígenas por una política de Manejo y Conservación Comunitario, donde se respeten los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas en materia de Participación Plena y Efectiva en el diseño de los instrumentos de Conservación y Manejo y en el Principio del Consentimiento Libre Previo e Informado respecto del futuro de estos territorios.

f) Implementar un Programa Nacional de Actualización de los decretos de las Áreas Naturales Protegidas que estén vigentes en Territorios Indígenas y de Comunidades Locales bajo los principios de i) Participación Plena y Efectiva de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales; ii) del Consentimiento Libre, Previo e Informado; iii) del Derecho de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales a ser consultados de manera culturalmente adecuada; iv) del derecho de los pueblos indígenas y de las comunidades locales al trabajo y a sus medios de vida y v) del derecho de los pueblos indígenas y de las comunidades locales a un medio ambiente sano, entre otros principios y derechos.

g) Creación de un Sistema Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales

de observancia obligatoria en los territorios de las comunidades indígenas y comunidades rurales frente a todo tipo de actividades y proyectos en los que se presuma que existen riesgos en materia ambiental y en materia de violación de derechos.

h) Implementación de un Programa de Pago por Servicios Ambientales en el Sector Agropecuario que permita reducir el cambio de uso de suelo (maíz por bosque) y se le dé viabilidad económica a zonas forestales con población en pobreza.

i) Implementar un mecanismo de compensación de emisiones de CO2 en el


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sector rural y destinar a este fin los recursos fiscales captados a través de los “impuestos verdes”, particularmente los relacionados con emisiones de CO2.

j) Implementar un Programa Especial de Fortalecimiento al Manejo Forestal Comunitario para i) impulsar la incorporación significativa de superficie al Manejo Forestal Sustentable; ii) facilitar el acceso de ejidos, comunidades indígenas y pequeños productores al crédito; iii) impulsar redes de agregación de valor iv) impulsar la investigación para el aprovechamiento de la biodiversidad de los ecosistemas forestales mexicanos; v) incorporar superficie al manejo forestal como para mejorar la competitividad de las regiones ya incorporadas al manejo.

k) Implementación de una Campaña Nacional para fortalecer la Legalidad Forestal; hacia los consumidores intermedios y finales para el consumo de productos maderables y no maderables de procedencia legal; monitoreo de centros de consumo de productos maderables y no maderables para garantizar la legal procedencia; un sistema de incentivos para los productores, transformadores, comercializadores y transportistas que se acojan a mecanismos de supervisión periódica por parte de PROFEPA.

l) Incrementar la focalización de programas de conservación y restauración de suelos. Esto significa potenciar el alcance de COUSSA y de CONAFOR para recuperar suelo y con ello la capacidad productiva de zonas erosionadas y evitar que se siga perdiendo agua y biodiversidad. Estos programas operan bajo un enfoque integral de microcuencas pero son insuficientes en relación con la degradación de suelos en zonas pobres. Este programa no es sinónimo de reforestación, es el paso previo a la reforestación.

11. Libertades democráticas y fortalecimiento de derechos humanos, derechos campesinos y de pueblos indígenas.

Ciudadanía efectiva base de las libertades Ciudadanía es vivir dignamente, respetar y ser respetado por sus vecinos, hacer efectivos los derechos sociales, económicos y políticos. Usufructo del voto y respeto al mismo. Las desigualdades y bajos niveles de desarrollo social en el campo tienen su origen en el escaso desarrollo de los derechos sociales, económicos y políticos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a sus ciudadanos. En la práctica el Campo tiene menos derechos y menos igualdad que en el resto del país, si la educación es deficitaria, los empleos y el ingreso serán bajos; el desarrollo económico e ingresos de la familia determinan el nivel de nutrientes y las carencias que debilitan el capital humano; La construcción de libertades democráticas en el campo están lejos de ser aceptables. Lo anterior se agrava por la incomunicación de miles de comunidades, la escasa información de los grandes problemas nacionales y el dia a dia que no permite pensar en el mediano y menos aun en el largo plazo.


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Por lo anterior es una obligación del Estado y sus instituciones funcionar a favor de los más desprotegidos, contribuir con servicios públicos a reducir las brechas de la desigualdad y las generadas por la pobreza. La realidad es que existen violaciones constantes a los derechos humanos de los habitantes rurales; éstos problemas se han complicado e intensificado con la aparición de los Mega proyectos de energía, las concesiones mineras y el usufructo del agua y los RRNN por compañías extranjeras que han obtenido concesiones sin conocimiento o información de las comunidades originarias.

México, D.F., a 13 de julio del 2014

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Propuesta campesinos de reforma al campo