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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN
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RE 032/2015
Acuerdo 43/2015, de 8 de abril de 2015, del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso
especial, interpuesto por MANZANA PLUS, S.L, frente a la resolución por
la que se entiende retirada su oferta, en el procedimiento de licitación
denominado «Gestión y explotación de la Hospedería de San Juan de la
Peña en Jaca (Huesca)», promovido por la Sociedad de Promoción y
Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 7 de enero de 2015, la Sociedad de Promoción y Gestión
del Turismo Aragonés, S.L.U. (en adelante Turismo de Aragón) inició el
procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato
denominado «Gestión y explotación de la Hospedería de San Juan de la
Peña en Jaca (Huesca)», contrato de servicios, tramitado mediante
procedimiento negociado sin publicidad —tras haber quedado desierto
un procedimiento de licitación anterior, bajo la modalidad de
procedimiento abierto, tramitación ordinaria— con un valor estimado
de 315 000 euros, IVA excluido.
SEGUNDO.- La cláusula 6.7.4 del Pliego de Condiciones Generales que
rige la licitación (en adelante PCG), relativa a la presentación de la
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos
por el licitador que haya presentado la oferta económica más
ventajosa, establece lo siguiente:
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«El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de adjudicación formulada por la Comisión de Evaluación, clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas, y requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, presente:
1.- Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que, en su caso, se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
2.- Constitución de la garantía definitiva que sea procedente.
3.- Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
4.- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (artículo 151.2 TRLCSP).
El licitador que no cumplimente lo establecido en este apartado dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de contratar según lo previsto en el artículo 60.2.d) TRLCSP».
TERCERO.- Se acredita en el expediente la presentación de dos
proposiciones a la licitación, de las siete mercantiles invitadas a la
negociación, una de ellas la recurrente, MANZANA PLUS S.L. (en
adelante MANZANA PLUS), y la otra, LA CAJA DE LOS HILOS, S.C. (en
adelante CAJA DE LOS HILOS).
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El 23 de enero de 2015 se constituyó la Comisión de evaluación, y tuvo
lugar el acto de apertura y calificación de la documentación
administrativa (Sobre nº 1) de los licitadores presentados, dando un
plazo de tres días hábiles para subsanar las deficiencias detectadas.
CUARTO.- El 30 de enero de 2015, tras la subsanación de las deficiencias
observadas, tiene lugar el acto público de apertura del Sobre nº 2
(proposición económica y documentación relativa a criterios obtenidos
a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas).
Tras la apertura de los Sobres, se acuerda por la Comisión de evaluación
remitir la información a los técnicos, para que emitan el pertinente
informe técnico, en base a los criterios establecidos en el PCG.
QUINTO.- Con fecha de 4 de febrero del 2015, se emite informe técnico,
en el que se analizan las propuestas en relación con los criterios
preestablecidos, con el siguiente resultado:
- MANZANA PLUS: 25 puntos
- CAJA DE LOS HILOS: 89 puntos
A la vista de éstos, el día 6 de febrero de 2015, Turismo de Aragón
emplaza a ambos licitadores para que presenten mejoras a la oferta
formulada, antes del día 10 de febrero de 2015, a las 14 horas.
El 10 de febrero de 2015, a las 13:57 horas tiene entrada en Turismo de
Aragón la documentación de MANZANA PLUS. CAJA DE LOS HILOS no
presentó ninguna mejora a la oferta inicial.
SEXTO.- El 13 de febrero de 2015, tiene lugar la sesión de la Comisión de
evaluación, para la valoración de las ofertas presentadas tras la
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presentación de mejoras en la fase de negociación. Aplicando las
fórmulas contenidas en los pliegos, la nueva valoración es la siguiente:
- MANZANA PLUS: 69 puntos
- CAJA DE LOS HILOS: 61,05 puntos
De lo que resulta que la oferta presentada por MANZANA PLUS es la
económicamente más ventajosa.
SÉPTIMO.- Con fecha 16 de febrero de 2015 se efectuó requerimiento a
MANZANA PLUS (recibido por ésta el mismo 16 de febrero), para que en
el plazo de 10 días hábiles a partir de su recepción —plazo que finaba el
27 de febrero—, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6.7.4
del PCG, aportase la documentación justificativa del cumplimiento de
requisitos previos. En concreto, y a los efectos del recurso, constitución
de garantía por importe de 50.000 euros mediante aval bancario, y
certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Consta en el expediente que, el 26 de febrero de 2015, mediante
presentación en una oficina de correos (con remisión a Turismo de
Aragón mediante correo electrónico el 27 de febrero), MANZANA PLUS
aportó parte de la documentación requerida, a excepción del aval de
50.000 euros y del certificado de estar al corriente con las obligaciones
tributarias con la Comunidad Autónoma de Aragón. Respecto al aval,
indican que, a pesar de haberse iniciado las gestiones con la entidad
bancaria, resulta imposible su tramitación en tan corto periodo de
tiempo, motivo por el que solicitan una ampliación del plazo, al amparo
de lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC). Respecto
al certificado de la Hacienda autonómica, remiten al aportado en el
Sobre nº 1.
Mediante Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Gerente de Turismo
de Aragón, se declaró que el licitador MANZANA PLUS había retirado su
oferta, al no haber presentado en plazo la documentación requerida,
de conformidad con la cláusula 6.7.4 del PCG y el artículo 151 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP).
Además, se señala en la Resolución, que el plazo del artículo 151 TRLCSP
no es susceptible de ampliación. En dicha Resolución, se requirió al
licitador siguiente, CAJA DE LOS HILOS, para que en el plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del requerimiento
presente la documentación exigida en la cláusula 6.7.4 del PCG.
OCTAVO.- El 17 de marzo de 2015, tuvo entrada en Turismo de Aragón,
documento, que se califica indistintamente como anuncio y como
recurso especial en materia de contratación, interpuesto por D. Julián
Ángel Martí Romero, en nombre y representación de MANZANA PLUS,
contra la Resolución de 4 de marzo de 2015 por la que se entiende
retirada su oferta. El escrito se traslada, al Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón, el día 19 de marzo de 2015.
El recurso, alega en síntesis y fundamenta lo siguiente:
a) Que la Resolución infringe la normativa establecida en el
PCG, la cual entra en contradicción en cuanto a los plazos
establecidos en sus cláusulas 6.7.4, 6.7.5 y 6.7.6.
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b) Que se ha atentado contra el artículo 39 LRJPAC, en cuanto
a la vulneración del principio regidor del interés general público,
y el artículo 131 LRJPAC, en cuanto al principio de
proporcionalidad.
c) La jurisprudencia de aplicación en materia de contratación
del sector público.
Por lo expuesto, MANZANA PLUS solicita se estime el recurso, se deje sin
efecto la resolución recurrida, y se otorgue un nuevo plazo para la
aportación de la constitución de la garantía de 50.000 euros mediante
aval bancario, como único documento que no consta aportado. Se
solicita, además la suspensión del procedimiento de contratación.
NOVENO.- Por Resolución 7/2015, de 19 de marzo, del Presidente del
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, se resolvió la
petición de suspensión del procedimiento de licitación, solicitada por la
recurrente, en el recurso especial interpuesto, en el sentido de acordar
la misma, en atención a lo dispuesto en el artículo 43 TRLCSP, valorando
el Tribunal las circunstancias que concurren en el expediente y en aras a
garantizar la eficacia del objeto de la reclamación.
DÉCIMO.- El día 26 de marzo de 2015, el Tribunal, a fin de evacuar el
trámite de alegaciones, notificó la interposición del recurso al otro
interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.3
TRLCSP. Finalizado el plazo concedido no se recibió ninguna alegación.
DÉCIMOPRIMERO.- El día 26 de febrero de 2015, tiene entrada en el
Tribunal un escrito de MANZANA PLUS, presentado en una oficina de
Correos el 20 de marzo de 2015, y calificado como recurso especial, en
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el que añade o aclara, respecto del primer escrito presentado, lo
siguiente:
a) Que a pesar de la afirmación que hace el órgano de
contratación en la resolución recurrida, Turismo de Aragón sí
recibió en plazo toda la documentación solicitada, a excepción
únicamente del documento referente a la garantía mediante
aval bancario. Se solicitó además prorroga del plazo concedido,
que no se resolvió hasta lo manifestado en la Resolución de 4 de
marzo, desconociendo la recurrente la motivación legal del
rechazo de la prórroga.
b) Que la resolución por la que el órgano de contratación solicita la
aportación de la documentación fue comunicada
exclusivamente a través de correo electrónico, conducto éste por
el que no resulta posible dejar constancia de la recepción, tal y
como exige el PCG en su cláusula 6.7.5, y la legislación vigente.
Que esta cláusula induce a confusión, porque literalmente
determina que la notificación se hará por cualquiera de los
medios que permiten dejar constancia de su recepción por el
destinatario según lo establecido en la cláusula 6.6.4 del Pliego,
cláusula que no existe, por lo que habrá que estar a los medios de
notificación legalmente establecidos que permitan tener
constancia de la recepción, como son el correo certificado con
acuse de recibo, el conducto notarial, el telegrama o el burofax;
entre los que no se encuentra el conducto de correo electrónico
y que por tanto, no podría servir de base para el cómputo del
plazo legal.
c) Que la Resolución de 16 de febrero de 2015, por la que se
requiere la documentación, es contraria a la cláusula 6.7.6 del
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PCG, pues la primera otorga un plazo de diez días hábiles para la
constitución de la garantía (en base a la cláusula 6.7.2 del Pliego)
y la segunda solamente concede un plazo de cinco días hábiles
para llevar a cabo ese trámite. Se produce así, a juicio de la
recurrente una gran confusión entre los preceptos del Pliego;
confusión que influye en MANZANA PLUS, pues la misma ha
cumplido con sus obligaciones en cuanto a la aportación del
resto de documentación a falta únicamente de la constitución de
la garantía, cuyo plazo para su aportación resulta confuso.
d) Que la oferta presentada por su representada es la más ventajosa
para el interés general, y por el mero hecho de no cumplimentar
el trámite de constitución de la garantía mediante aval bancario,
el órgano de contratación decide su exclusión, que es la
consecuencia de mayor gravedad, por un simple defecto de
cumplimiento del plazo, cuando solamente falta aportar un único
documento. Alega, además, que se estaría vulnerando el interés
general, en virtud de los extractos de Sentencias del TSJ y del TS
que adjunta al recurso.
Por lo expuesto, MANZANA PLUS solicita al Tribunal, que acuerde dejar
sin efecto la Resolución de fecha 4 de marzo de 2015 (tal y como ya
había especificado en el primer escrito) y además, declare
contradictorias las cláusulas 6.7.4, 6.7.5 y 6.7.6 del PCG, únicamente en
cuanto al plazo para la constitución de la garantía definitiva mediante
aval bancario, y acuerde otorgar nuevo plazo para la presentación de
la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos,
al haber presentado la oferta económicamente más ventajosa.
DÉCIMOSEGUNDO.- A la vista de este segundo escrito, calificado como
recurso especial por parte de la recurrente, el 26 de marzo, el Tribunal
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requiere a Turismo de Aragón para que, de considerarlo necesario,
remita en el plazo de dos días hábiles, un informe complementario al
anteriormente emitido. El 27 de marzo tiene entrada dicho informe
complementario.
El 26 de marzo de 2015, el Tribunal, a fin de evacuar trámite de
alegaciones, notificó a CAJA DE LOS HILOS, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46.3 TRLCSP, la entrada en el Tribunal del
nuevo escrito de MANZANA PLUS. Finalizado el plazo concedido, no se
ha recibido ninguna alegación.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se acredita en el expediente la legitimación de MANZANA
PLUS para interponer recurso especial y su representación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 TRLCSP.
También queda acreditado, que el recurso se ha interpuesto contra un
acto de trámite, adoptado en el procedimiento de licitación, que
decide directamente sobre la adjudicación, en el marco de un
contrato de servicios de la categoría 17 del Anexo II del TRLCSP, de valor
estimado superior a 100 000 euros, por lo que este Tribunal es
competente para la resolución del recurso planteado.
La licitación se ha convocado por un poder adjudicador no
Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
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3.1.d) TRLCSP, al tratarse de una empresa pública del Gobierno de
Aragón.
SEGUNDO.- Atendiendo al primer escrito presentado (que se califica por
la recurrente indistintamente como anuncio, y como recurso especial),
el recurso especial se ha planteado en tiempo y forma, pues el acuerdo
impugnado fue adoptado el 4 de marzo de 2015, y se recibió por
MANZANA PLUS el mismo día. El recurso se ha interpuesto, por tanto,
dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la recepción de la
notificación del acto de trámite, de conformidad con el artículo 44.2
TRLCSP.
No sucede lo mismo con el escrito presentado por MANZANA PLUS en
una oficina de Correos el 20 de marzo de 2015, que tuvo entrada en el
registro del Tribunal el 26 de marzo de 2015. Y ello porque como quiera
que el dies ad quem era el día 23 de marzo de 2015, el mismo es
extemporáneo. Y ello porque una de las especialidades del recurso
especial, para garantizar la rápida tramitación de cara al cumplimiento
de las prestaciones del contrato objeto de recurso, es que el mismo
debe interponerse, cuando el acto que se recurra sea un acto de
trámite, «en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible
infracción» y presentarse, o en el Registro del órgano de contratación, o
en el del órgano competente para su resolución, de conformidad con
lo exigido por el artículo 44.3 TRLCSP: «La presentación del escrito de
interposición deberá hacerse necesariamente en el registro del órgano
de contratación o en el del órgano competente para la resolución del
recurso». La fecha de entrada en cualquiera de ellos determina el
cumplimiento de la obligación de presentación en plazo.
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Se debe tener en cuenta, a estos efectos, que la presentación del
recurso en una oficina de correos, frente a la regla general de los
procedimientos administrativos contenida en el artículo 38.4 LRJPAC,
que regula la presentación por los ciudadanos de documentos dirigidos
a las Administraciones Públicas en las oficinas de Correos, no computa
en este procedimiento, de carácter especial, por su propia naturaleza,
debiendo estar necesariamente a la fecha de 26 de marzo de 2015,
fecha de entrada en el Tribunal.
Ello no obstante, el contenido del escrito presentado el 17 de marzo de
2015, permite su calificación y tramitación como recurso especial,
siendo éste el que resolverá el Tribunal.
TERCERO.- Sentado lo anterior, este Tribunal administrativo debe resolver,
en primer lugar, si se entiende que el plazo de presentación de la
documentación justificativa de los requisitos previos por parte del
adjudicatario es prorrogable, una vez expirado el plazo preclusivo
establecido en el 151.2 del TRLCSP; y en segundo lugar, y como
consecuencia de lo anterior, si la decisión adoptada por Turismo de
Aragón por la que se concluye retirada la oferta de la recurrente es
ajustada a Derecho.
La resolución del recurso requiere, en consecuencia, examinar si la
actuación del órgano de contratación y la Comisión de evaluación se
ajustaron al régimen jurídico de la contratación del sector público (en
este caso, Instrucciones de contratación de Turismo de Aragón, TRLCSP
y normativa de desarrollo) y sus principios, y, en especial, al PCG que,
junto con el Pliego técnico, constituyen la ley de contrato, como viene
afirmando, reiteradamente, nuestra jurisprudencia.
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CUARTO.- Al tratarse de un contrato no sujeto a regulación armonizada,
adjudicado por un poder adjudicador no Administración Pública, debe
analizarse el contenido de las Instrucciones de contratación de Turismo
de Aragón —aprobadas ex artículo 191 b) TRLCSP, y accesibles en su
Perfil de contratante— respecto a los plazos en los procedimientos de
contratación. En concreto, a los apartados X.5 y XII.C.10º de estas
Instrucciones, y a las cláusulas correspondientes del PCG. A estos
efectos, la cláusula 6.74, cuyo contenido se reproduce en el
Antecedente segundo de este Acuerdo, regula, con esquema similar al
previsto en el artículo 151.2 TRLCSP, la presentación de la
documentación por el licitador que haya presentado la proposición
económicamente mas ventajosa, y se remite al contenido literal de este
precepto para fijar las consecuencias de la falta de cumplimiento del
requerimiento.
Debemos empezar por tanto, analizando lo establecido en el artículo
151.2 del TRLCSP, que dispone:
«El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente….
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en el que hayan quedado clasificadas las ofertas».
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Turismo de Aragón acude en su informe al recurso —para mantener la
imposibilidad de ampliación del plazo con arreglo a la LRJPAC, cuyos
preceptos no considera aplicables al no tratarse de una Administración
Pública—, a la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales contenida en sus Resoluciones 61/2013 y 225/2013, en las
que se sostiene que el plazo de diez días del artículo 151.2 TRLCSP no
puede ser rebasado.
Sin embargo, el mismo Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, en una Resolución posterior, la 51/2014, en un
procedimiento donde a la empresa propuesta como adjudicataria el
órgano de contratación le dio en primer lugar una ampliación del plazo
establecido en el artículo 151.2 TRLCSP, y posteriormente un
requerimiento de subsanación, entendió correcta dicha actuación, y
sólo una vez transcurridos los plazos establecidos —plazo de diez días
hábiles más ampliación de plazo y posterior subsanación— consideró
que al no presentarse la documentación, el licitador había retirado su
oferta.
A este respecto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
la Comunidad Autónoma de Aragón, en su Informe 18/2011, de 6 de
julio, sobre el plazo del requerimiento al que se refiere el artículo 135.2
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre (ahora artículo 151.2 TRLCSP),
sostiene, en una argumentación que ya fue compartida por este
Tribunal en su Acuerdo 24/2014, de 15 de abril, que:
«Desde el punto de vista procedimental, y de acuerdo con la Disposición final octava LCSP—actual Disposición final tercera TRLCSP— la regulación del artículo 135.2 —actual art. 151.2 TRLCSP—, debe completarse con las normas de desarrollo de la LCSP y en lo no previsto en las mismas y de forma subsidiaria, con los preceptos de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sobre la aplicación supletoria de la LRJPAC a los procedimientos de contratación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda, se pronunció en el informe 16/2000, que aunque referido a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sienta un criterio perfectamente aplicable a la normativa actual, toda vez que el contenido de la Disposición adicional séptima de dicha ley y la de la Disposición final octava LCSP son básicamente coincidentes en este punto. El informe dice respecto de la aplicación supletoria de la LRJPAC que «únicamente puede entrar en juego, no solo cuando la normativa a aplicar en primer lugar guarde silencio sobre un determinado extremo, sino, sobre todo, cuando la normativa supletoria no sea contraria al contenido general y principios generales que inspiran aquélla, pues en estos casos debe entenderse que la materia aparece regulada por la primera», y continua diciendo que la aplicación supletoria «debe quedar subordinada al cumplimiento de los trámites y al despliegue de efectos que la legislación de contratos de las Administraciones Públicas consagra y si tales trámites y efectos son incompatibles con los plazos y efectos que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala, esta última debe quedar descartada en su aplicación puramente supletoria».
De acuerdo con lo anterior, la regla de la excepcionalidad de la preclusión de los plazos en el procedimiento administrativo y el antiformalismo que presiden la LRJPAC, deben aplicarse en el procedimiento de adjudicación de los contratos de forma que se respeten los principios de igualdad de trato y de eficiencia que proclama la LCSP. El principio de igualdad de trato supone que los licitadores deben poder conocer con claridad los trámites procedimentales que resultan aplicables y la imposibilidad de modificar a favor de un licitador, aquellos plazos establecidos para la realización de una actividad simultanea por todos los licitadores. Por su parte la eficiencia y la eficacia que deben presidir la actuación administrativa exigen que se respeten los plazos que la LCSP regula, con objeto de dar celeridad al procedimiento de adjudicación.
La primera cuestión procesal que debemos plantearnos es si el plazo de diez días hábiles es un plazo improrrogable o admite ampliación. La
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regla general en el procedimiento administrativo es que los plazos son prorrogables.
La LCSP no excluye expresamente la posibilidad de prorroga del plazo de diez días hábiles que establece el artículo 135.2, por lo que el mismo podrá ser ampliado si el licitador lo solicita y el órgano de contratación lo valora necesario y así lo justifica en resolución motivada que deberá ser notificada a todos los licitadores. Solo podrá concederse una única prórroga que no exceda de cinco días hábiles y tanto la solicitud de ampliación como la decisión sobre la misma se tendrán que producir antes de que finalice el plazo».
En la teoría general del Derecho, la distinción entre «perentoriedad» e
«improrrogabilidad» de los plazos, —categorías que pertenecen al
Derecho procesal— se refieren a la potestad procesal de ampliarlos o
no. Un plazo es prorrogable si está dentro de la potestad del juez su
ampliación; y es perentorio, si por su mero transcurso, la parte pierde el
ejercicio de su derecho, pues se trata de una sanción a la inactividad
procesal de un litigante. Sin embargo, esta distinción propia del
Derecho procesal, es inaplicable, en sentido estricto, tanto en el
procedimiento administrativo, como en el procedimiento contractual,
porque en ambos la Administración, o el poder adjudicador, actuarían
en tal caso en el doble carácter de juez y parte. De ahí que pueda
afirmarse que, en términos generales, en el procedimiento administrativo
todos los plazos son prorrogables, salvo previsión legal en contra.
De manera que este Tribunal reitera, que el plazo de diez días
establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP, puede ser objeto de
ampliación conforme a lo dispuesto en el artículo 49 LRJPAC, regla
aplicable a todo poder adjudicador, sea o no Administración pública,
ya que la normativa supletoria no resulta, en este caso, contraria al
contenido general y principios generales que inspiran la normativa
aplicable en primer lugar.
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En este supuesto existió una solicitud de ampliación del plazo, para la
acreditación del aval, presentada antes de la finalización del plazo
inicial; que no fue atendida por Turismo de Aragón, que no trasladó a
MANZANA PLUS las causas que hacían improrrogable el plazo de
acreditación. De manera que la decisión adoptada por Turismo de
Aragón, por la que se declara retirada la oferta de la recurrente, resulta
desproporcionada, y contraria a Derecho. Pues, cuando un licitador se
dirige al órgano de contratación solicitando, de forma fundada, la
actuación del mismo en un sentido concreto, los principios de buena fe
y de confianza legitima exigen que, motivadamente, se conceda, o se
deniegue. Pero siempre se debe resolver.
Del análisis del expediente, resulta probado que la voluntad del licitador
propuesto como adjudicatario no fue en ningún momento la de retirar
su proposición, sino todo lo contrario, al presentar dentro del plazo inicial
de diez días parte de la documentación requerida, y una solicitud de
prórroga para la constitución del aval.
Y este Tribunal ya ha mantenido en sus Acuerdos 8/2011, 53/2012 y
24/2014, que dicho trámite administrativo debe realizarse atendiendo a
los distintos principios jurídicos en juego y, en especial, el de
proporcionalidad, con el efecto de no convertirlo en un trámite de
exclusión; y el de confianza legítima, no pudiendo realizarse una
interpretación restrictiva de los plazos que quebraría los principios de
igualdad de trato y de adjudicación a la oferta económicamente más
ventajosa. Así se pronuncia también el Tribunal de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía en su Resolución 25/2012.
Procede, por lo expuesto, estimar el recurso.
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En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo
establecido en el artículo 41 TRLCSP, y en los artículos 2, 17 y siguientes
de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos
del Sector Público de Aragón, el Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón.
III. ACUERDA
PRIMERO.- Estimar el recurso especial, interpuesto por D. Julián Ángel
Martí Romero, en representación de MANZANA PLUS, contra la
Resolución de 4 de marzo de 2015 por la que se entiende retirada su
oferta en el procedimiento de licitación denominado «Gestión y
explotación de la Hospedería de San Juan de la Peña en Jaca
(Huesca)», promovido por la Sociedad de Promoción y Gestión del
Turismo Aragonés, S.L.U.
SEGUNDO.- Anular la Resolución de la Gerente de Turismo de Aragón,
de 4 de marzo de 2015, por el que se declara que MANZANA PLUS ha
retirado su oferta, y disponer la retroacción de las actuaciones a ese
momento, para que el órgano de contratación conceda una prorroga
de cinco días hábiles para la aportación de la garantía definitiva
exigida, o motive fundadamente la denegación de la prorroga.
TERCERO.- Levantar la suspensión acordada por Resolución 7/2015, de
19 de marzo, del Presidente del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón.
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CUARTO.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en este
procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
QUINTO.- Turismo de Aragón deberá dar conocimiento, a este Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, de las actuaciones
adoptadas para dar cumplimiento a este Acuerdo.
SEXTO.- Significar que, contra este Acuerdo, ejecutivo en sus propios
términos, solo cabe la interposición de recurso contencioso-
administrativo (artículo 44.1 Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, LJ), en el plazo de dos meses, a contar
desde la notificación del mismo, ante el Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Autónoma de Aragón (artículo 10 k) LJ), todo ello de
conformidad con el artículo 49 TRLCSP.
