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RECOMENDACIÓN No. 1/2016
SOBRE EL CASO DE VIOLACIÓN AL
DERECHO A LA LIBERTAD, SEGURIDAD
PERSONAL Y TRATO DIGNO EN
AGRAVIO DEL ADOLESCENTE V1, EN
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
Tijuana, B. C. a 28 de Marzo de 2016.
LIC. DANIEL DE LA ROSA ANAYA
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Distinguido Secretario:
1. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero, y 102
Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 Apartado
B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California;1, 2
párrafo primero, 3, 5, 7 fracciones I, II, IV y VIII, 26, 28, 35, 42, 45 y 47 de la Ley de
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California; 1, 9 párrafo
primero, 121, 122, 123, 124, 125, 126 y 127 del Reglamento Interno de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, ha examinado los elementos
contenidos en el expedienteCEDHBC/TIJ/237/15/1VG relacionado con el caso de
V1,adolescente víctima de violaciones a derechos humanos con motivo de los
hechos ocurridos a la altura del Boulevard Gato Bronco en Tijuana, Baja California el
15 de abril de 2015.
2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los
hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen se omitirá su
publicidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 Apartado C de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 5 fracción V de
la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 5 del Reglamento Interno
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de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California; 31 y 34 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California. La información se pondrá en conocimiento de las autoridades
recomendadas a través de un listado adjunto en el que se describen las claves
utilizadas, con el compromiso de que se dicten las medidas de protección de los
datos correspondientes y visto los siguientes:
I. HECHOS.
3.Aproximadamente a las 19:00 horas del 15 de abril de 2015, V1 (hombre de 16
años de edad), se encontraba a bordo de un vehículo tipo vagoneta, color oro, el
cual circulaba a la altura del Boulevard Gato Bronco, momento en el que observa
a través del retrovisorque una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Baja Californiale marca el alto con las luces, por lo que se orillócerca de
una gasolinera, observando que de la unidad oficial se bajan dos elementos de la
Policía Estatal Preventiva adscritos a la mencionada corporación, quienes le
indicaron descender de su automóvil a fin de efectuar una revisión precautoria a la
víctima, sin que le encontraran nada “ilícito” según lo señaló la víctima.
4.Posteriormente, los elementos policiales le indican a V1 que el motivo de su
detención era en virtud de que se pasó una señal de alto, requiriéndole uno de los
elementos policiales que le mostrara sus documentos, al mismo tiempo que
lepreguntaba sobre su familia, mientras que el otro servidor público revisaba su
vehículo para después presionarlo con más cuestionamientos; acto seguido,
arribaron dos patrullas más de las que descienden cuatro elementos policiales,
quienes también lo interrogaron.
5.V1 también señaló que fue esposado por los elementos policiales, quienes lo
subieron a una de las unidades oficiales, mientras que otro de ellos abordó el
vehículo de la víctima para conducirlo y trasladarse conjuntamente al domicilio
particular de V1; en el trayecto a su casa, nuevamente lo cuestionaron y al llegar a
la caseta de vigilancia del fraccionamiento en el que habita le solicitó al guardia
que controla el acceso les diera el paso, se estacionan cerca de su vivienda y lo
continuaron interrogando, además de amenazarlo con golpearlo y colocarle una
bolsa en la cabeza, le revisan su teléfono móvil, toman nota de su número celular
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y el de su hermano, y le preguntan que si los contactos de las mujeres que tenía
eran para proporcionárselos a su familiar y así pasar droga, además de requerirle
les dijera quien estaba en su domicilio, respondiendo V1 que sólo estaba la
persona que cuida a sus hermanos, por lo que los servidores públicos le
pidieronse comunique con ellos sin que V1 accediera a ello.
6.Después, los elementos policiales le dijeron a V1 que le creían lo que les había
dicho pero que anduviera con cuidado, inmediatamente lo bajaron del vehículo
oficial y siendo aproximadamente las 22:00 horas del mismo día, los servidores
públicos se retiraron del lugar, momento en cual V1 se percató que las patrullas en
las que se trasladaban los elementos de la Policía Estatal Preventiva eran las
Unidades No.1, No.2 y No.3.
7.Por lo anterior, el 18de abril de 2015, V1 presentó escrito de Queja ante esta
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, determinando dar inicio al expediente
CEDHBC/TIJ/237/15/1VG, por lo que se ordena realizar diversas diligencias para
allegarse de mayores elementos de prueba,cuya valoración lógico-jurídica es
objeto de análisis en el capítulo de observaciones de esta Recomendación y se
solicitan losinformes correspondientesa la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal(SSPE) y a la Procuraduría General de Justicia (PGJE), ambas del Estado
de Baja California.
II. EVIDENCIAS.
8.Acta Circunstanciada de 17 de abril de 2015, en la que se hace constar la
comparecencia de V1, quien acude ante este Organismo Estatal acompañado de
su padre, quien lo representa legalmente, en la que describe los hechos materia
de la Queja, anexando lo siguiente
8.1. Copia de la Licencia de Conducir emitida a favor de V1 por la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja
California.
8.2. Copia de la Credencial para Votar emitida por el Instituto Federal
Electoral a favor del padre de V1.
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8.3.Copia de la Tarjeta de Circulación Vehicularexpedida por la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, respecto del
vehículo tipo vagoneta que conducía V1 el día de los hechos.
8.4. Copia del Volante de Atención del 16 de abril de 2015, expedida por la
Agencia del Ministerio PúblicoReceptora Otay de la PGJE, en la que consta
la comparecencia de V1, a través de la cual presenta denuncia en contra de
quien resulte responsable, por los delitos de lesiones, privación de la
libertad personaly abuso de autoridad, con lo que se da inicio a la
Averiguación Previa No. 1.
9.Diecinueveimpresiones fotográficas a colorcapturadas en un video tomado por
una de las cámaras instaladas en la caseta de vigilancia del acceso al
fraccionamiento en el que se ubica el domicilio de V1, en las que se observa el
ingreso de las Unidades No.1, No.2 y No.3, así como del vehículo de la víctima,
las cuales fueron proporcionadas por el agraviado, mediante comparecencia de 17
de abril de 2015.
10.Oficio PEP/CAJ/3766/2015, de 24 de julio de 2015, suscrito por el Coordinador
de Asuntos Jurídicos de la Policía Estatal Preventiva de la SSPE, a través del cual
proporciona los nombres de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, como los
elementos policiales adscritos a esa corporación que tripulaban las Unidades
No.1, No.2 y No.3 el día de los hechos.
11. Oficio s/n de 12 de agosto de 2015, suscrito por el Agente del Ministerio
Público del Fuero Común, Titular de la Agencia del Ministerio Público de Otay de
la PGJE, por medio del cual informa que la Averiguación Previa No.1, fue remitida
a la Unidad Orgánica de Delitos Patrimoniales el 16 de abril del mismo año; al que
anexa:
11.1. Copia del Libro de Gobierno en el que consta que la Averiguación
Previa No.1, se recibió el 17 de abril de 2015 en la Unidad Orgánica de
Delitos Patrimoniales.
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12. Oficio s/n de 20 de agosto de 2015, suscrito por AR1, por medio del cual rinde
informe justificado, en el que refiere que “los hechos pueden ser parcialmente
ciertos, esto en virtud de que el día que precisa el hoy supuesto quejoso, al
suscrito se me asignó la zona que menciona siendo esto en el boulevard
insurgentes, boulevard el gato bronco… y al hacer intervenciones de manera
aleatoria tanto en los recorridos de vigilancia y de prevención de actos delictivos,
pudo haber sido intervenido el hoy supuesto quejoso…”.
13.Oficio s/n de 20 de agosto de 2015, signado por AR2, por medio del cual rinde
informe justificado, en el que refiere que “los hechos pueden ser parcialmente
ciertos, esto en virtud de que el día que precisa el hoy supuesto quejoso, al
suscrito se me asignó la zona que menciona siendo esto en el boulevard
insurgentes, boulevard el gato bronco… y al hacer intervenciones de manera
aleatoria tanto en los recorridos de vigilancia y de prevención de actos delictivos,
pudo haber sido intervenido el hoy supuesto quejoso…”.
14.Oficio s/n de 20 de agosto de 2015, realizado por AR3, por medio del cual rinde
informe justificado, en el que refiere que “los hechos pueden ser parcialmente
ciertos, esto en virtud de que el día que precisa el hoy supuesto quejoso, al
suscrito se me asignó la zona que menciona siendo esto en el boulevard
insurgentes, boulevard el gato bronco… y al hacer intervenciones de manera
aleatoria tanto en los recorridos de vigilancia y de prevención de actos delictivos,
pudo haber sido intervenido el hoy supuesto quejoso…”.
15.Oficio s/n de 20 de agosto de 2015, suscrito por AR4, por medio del cual rinde
informe justificado, en el que refiere que “los hechos pueden ser parcialmente
ciertos, esto en virtud de que el día que precisa el hoy supuesto quejoso, al
suscrito se me asignó la zona que menciona siendo esto en el boulevard
insurgentes, boulevard el gato bronco… y al hacer intervenciones de manera
aleatoria tanto en los recorridos de vigilancia y de prevención de actos delictivos,
pudo haber sido intervenido el hoy supuesto quejoso…”.
16.Oficio s/n de 20 de agosto de 2015, suscrito por AR5, por medio del cual rinde
informe justificado, en el que refiereque “los hechos pueden ser parcialmente
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ciertos, esto en virtud de que el día que precisa el hoy supuesto quejoso, al
suscrito se me asignó la zona que menciona siendo esto en el boulevard
insurgentes, boulevard el gato bronco… y al hacer intervenciones de manera
aleatoria tanto en los recorridos de vigilancia y de prevención de actos delictivos,
pudo haber sido intervenido el hoy supuesto quejoso…”.
17.Oficio s/n de 20 de agosto de 2015, suscrito por AR6, por medio del cual rinde
informe justificado, en el que refiere que “los hechos pueden ser parcialmente
ciertos, esto en virtud de que el día que precisa el hoy supuesto quejoso, al
suscrito se me asignó la zona que menciona siendo esto en el boulevard
insurgentes, boulevard el gato bronco… y al hacer intervenciones de manera
aleatoria tanto en los recorridos de vigilancia y prevención de actos delictivos,
pudo haber sido intervenido el hoy supuesto quejoso…”.
18.Oficio 10070/15/204 de 31 de agosto de 2015, signado por el Titular de la
Agencia Investigadora de Delitos Patrimoniales de la PGJE, por medio del cual
informa que la Averiguación Previa No.1, se encuentra en etapa de integración;
anexando copia certificada de las diligencias realizadas dentro de la mencionada
indagatoria, de las cuales destacan las siguientes:
18.1. Acuerdo de Radicación de la Averiguación Previa No.1,de 16 de abril
de 2015, suscrito por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común,
Titular de la Agencia del Ministerio Público Receptora Otay de la PGJE.
18.2. Declaración del 16 de abril de 2015,rendida por V1 ante el Agente del
Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Agencia del Ministerio
Público Receptora Otay de la PGJE.
18.3. Certificado de Integridad Física 04/III/4559/2015 de 16 de abril de
2015, signado por un Perito Médico de la PGJE, en el que concluye que V1
presenta lesiones que requieren tratamiento médico y que tardan en sanar
menos de quince días.
18.4. Acuerdo de Remisión de 16 de abril de 2015, emitido por el Agente
del Ministerio Público Receptora Otay de la PGJE, a través del cual ordena
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enviar la Averiguación Previa No.1, a la Agencia del Ministerio Público
Investigadora de Delitos Patrimoniales de esa procuraduría por ser la
autoridad competente.
18.5. Acuerdo de Radicación de la Averiguación Previa No.1,de 17 de abril
de 2015, suscrito por el Titular de la Agencia del Ministerio Público
Investigadora de Delitos Patrimoniales de la PGJE.
19.Acta Circunstanciada de 2 de septiembre de 2015, elaborada por personal de
esta Comisión Estatal, en la que constala inspección ocular realizada en el
fraccionamiento en el cual se encuentra ubicado el domicilio de V1, observando la
existencia de cinco cámaras de vigilancia;se anexa lo siguientes:
19.1. Treinta y tres impresiones fotográficas en blanco y negro del
fraccionamiento y de las cámaras de vigilancia, ubicadas en el mismo.
20.Acta Circunstanciada de 2 de septiembre de 2015, elaborada por personal de
esta Comisión Estatal, en la que consta la entrevista realizada a T1, en la que
refiere haber observado el ingreso al fraccionamiento de tres patrullasde la Policía
Estatal Preventiva, así como del vehículo de V1, los cuales eran conducidos por
elementos de esa corporación quienes iban cubiertos de la cara.
21. Acta Circunstanciada de 2 de septiembre de 2015, en la que se hace constar
que personal de esta Comisión Estatal, se constituyó en el fraccionamiento en el
que se encuentra ubicado el domicilio de V1 y entrevistó a vecinos del lugar,
quienes precisaron ser testigos de los hechos, manifestando no poder
proporcionar sus datos personales por temor a sufrir represalias.
22. Acta Circunstanciada de 18 enero de 2016, en la que consta la llamada
telefónica que se le realizó a T2, en la que señalóque aproximadamente a las
22:00 horasdel 15 de abril de 2015, V1 llegó muy asustado a su domicilio.
23. Acta Circunstanciada de 27 de enero de 2016, en la que se hace contar la
llamada telefónica realizada por personal de esta Comisión Estatal a V1, en la cual
precisó que el día 15 de abril de 2015 fue detenido a las 19:00 horas por
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elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes lo tuvieron retenido por un
tiempoaproximado de tres horas, ya que fue hasta las 22:00 horas que lo dejaron
libre y pudo ingresar a su domicilio.
24.Oficio s/nde 29 de enero de 2016, signado por el Coordinador de la Agencia
Investigadora de Delitos Patrimoniales de la PGJE, a través del cual informa que
la Averiguación Previa No.1, se encuentra en integración.
25.Oficio PEP/CAJ/774/2016 de 18 de febrero de 2016, signado por el
Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Policía Estatal Preventiva de la SSPE, en
el que informa que no se encontró Parte Informativo o de detención relacionado
con V1, al que anexa lo siguiente:
25.1. Partes de novedades de 15 de abril de 2015, emitidos por los Jefes y
Subjefes dela Corporación Operativa y de Prevención de la Policía Estatal
Preventiva de la SSPE.
26. Acta Circunstanciada de 29 de febrero de 2016, en la que se hace constar la
llamada telefónica realizada al Agente del Ministerio Público de Delitos
Patrimoniales de la PGJE, en la que precisa que la Averiguación Previa No.1
continúa en integración.
III. SITUACIÓN JURÍDICA.
27. El15de abril de 2015 V1 fue detenido y retenido por AR1, AR2, AR3, AR4, AR5
y AR6, por lo que el 16 de ese mes y año, en compañía de su padre acudió a la
Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Receptora de Otayde la PGJE a
fin de presentar una denuncia en contra de quienes resultaran responsables por la
comisión de los delitos de lesiones, privación de la libertad personal y abuso de
autoridad, motivo por el cual con esa fecha se radicó la Averiguación Previa No.1.
28. El 16 de abril de 2015, la Averiguación Previa No.1, fue remitida a la Agencia
del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales de la PGJE,
radicándose al día siguiente bajo el mismo número de indagatoria, misma que a la
fecha del presente pronunciamiento se encuentraen integración.
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29. Cabe mencionar, quepor los hechos ocurridos el 15 de abril de 2015V1 no
presentó queja administrativa en contra de ningún servidor público ante la
Dirección de Asuntos Internos de la SSPE, aunado a que no se cuenta con
evidencia alguna que acredite que se dio inicio a algún procedimiento
administrativo.
IV. OBSERVACIONES.
30. Del análisis lógico-jurídico de las evidencias que integran el expediente
CEDHBC/TIJ/237/15/1VG, en términos de los dispuesto por el artículo 45 de la
Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como a los estándares
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, se contó con los
elementos suficientes que permiten evidenciar que se vulneraron los derechos
humanos a la libertad, seguridad personal y al trato digno en agravio del
adolescente V1, por parte de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, elementos de la
Policía Estatal Preventiva de la SSPE, en atención a las siguientes
consideraciones:
31. De acuerdo a lo manifestado por V1en su declaración y comparecencia de 16
y 17 de abril de 2015, rendidas ante personal de esta Comisión Estatal y de la
PGJE, respectivamente, señaló que el 15 de ese mes y año, siendo
aproximadamente las 19:00 horas, se dirigía a su domicilio a bordo de un
automóvilde origen “nacionalizado”,tipo Vagoneta, color oro, el cual es propiedad
de su hermano, al ir circulando a la altura del Boulevard Gato Broncofue detenido
por elementos de la Policía Estatal Preventiva adscritos a la SSPE,quienes le
solicitarondescender del vehículo y recargar sus manos sobre el cofre para revisar
sus bolsillos, además de requerirle les mostrara su licencia de conducir y realizarle
diversos cuestionamientos sobre la actividad laboral de su familia, momento en
que arribaron al lugar otras dos unidades de esa institución.
32.V1 agregó que los servidores públicos le cuestionaron respecto de quien se
encontraba en su domicilio y que si en su casa tenían instaladas cámaras,
contestando que sólo estaba la señora que cuida a sus hermanos y que no había
cámaras, por lo que uno de los elementos le dijo que todavía podían salvarlo, que
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los llevara a su vivienda y que si todo estaba bien lo dejarían libre ahí. Acto
seguido lo esposaron indicándole que era por la seguridad de ellos y lo subieron a
una de las patrullas, conduciendo su camioneta uno de los elementos de la Policía
Estatal Preventiva de la SSPE.
33. Al arribar al fraccionamiento en el que se encuentra ubicado el domicilio de V1,
los servidores públicos continuaron realizándole preguntas, además de
amenazarlo con golpearlo y ponerle una bolsa en la cabeza para que les dijera la
verdad, le revisaron su celular y le preguntaron que por qué tenía tantos contactos
de mujeres,que seguramente las utilizaba para pasar drogas y que si no
confesaba se la sembrarían; posteriormente lo cuestionaron respecto de quien se
encontraba en su domicilio, contestando que sólo estaba la señora que cuida a
sus hermanos, entonces uno de los elementos de la Policía Estatal Preventiva de
la SSPE le indicó que les llamara a lo que él se negó, en ese momento se acercó
otro de los agentes policiales y le dijo que le iban a creer, pero que anduviera con
cuidado, después lo bajaron de la patrulla y al ingresar a su domicilio se percató
que las patrullas en la que viajaban los servidores públicos eran la Unidad No.1,
No.2 y No.3.
34. Referente a lo anterior, V1 proporcionó copia de 33 impresiones
fotográficas,en las que se observa el ingreso de las Unidades No.1, No.2 y No.3,
así como el vehículo en el que la víctima se trasladaba el día de los hechos,
imágenes que según el dicho de V1, fueroncaptadas porlas cámaras que se
encuentran instaladas en el fraccionamiento en el que está ubicado su domicilio.
Sobre el particular, personal de esta Comisión Estatal realizó una inspección
ocular en el fraccionamiento antes aludido, en la corroboró la existencia del
mencionado sistema de seguridad.
35.En relación con los hechos, el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Policía
Estatal Preventiva de la SSPEinformó que los elementos de la Policía Estatal
Preventiva que tripulaban las Unidades No.1, No.2 y No.3,el día15 de abril de
2015, eran AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, quienes a su vez de manera
análoga en sus informes justificados señalaron respecto de la Queja que: ”…los
hechos pueden ser parcialmente ciertos, esto en virtud de que el día que precisa
el hoy supuesto quejoso, al suscrito se me asignó la zona que menciona siendo en
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el boulevard insurgentes, boulevard del gato bronco y principales vialidades, así
como colonias aledañas y al hacer intervenciones de manera aleatoria tanto en los
recorridos de vigilancia y de prevención de actos delictivos, pudo haber sido
intervenido el hoy supuesto quejoso, pero como el mismo hace mención […] al no
encontrar nada ilícito en su persona o su vehículo los cuales fueron revisados de
forma precautoria y con autorización del mismo, se dio por terminada la
intervención y nos retiramos del lugar[…], con relación a que nos acercamos al
fraccionamiento donde vive el hoy supuesto quejoso, no me es posible dar una
contestación por razón de que desconozco la ubicación de este, y si está dentro
del área de consigna podría darse el caso que se haya patrullado en recorrido de
vigilancia y prevención del delito en la periferia y dentro de la misma”.
36.T1 precisóque el 15 de abril de 2015 se encontraba caminando en la privada
donde se encuentra ubicado su domicilio particularcuando observó que entraron
tres patrullasde la SSPE en la que viajaban a bordo elementos de la Policía
Estatal Preventiva, quienes venían tapados de la cara, además de que uno de los
servidores públicos venía conduciendo el vehículo de V1, los cuales se
estacionaron a un lado de la casa de V1, por lo que T1 continuo caminando hasta
el final de la calle, percatándose que los agentes policiales tenían acorralado e
intimidado a V1, sin alcanzar a escuchar lo que le decían, sólo los gritos sin poder
precisar que fue lo que le indicaban. Igualmente, señaló que eran
aproximadamente 5 elementos de esa corporación policial y que tres de ellos
estaban con V1 y otros dos supervisando que nadie se acercara. Agregó que el
tiempo aproximado que estuvieron los servidores públicos fue de una hora, al
retirarse los elementos de la Policía Estatal Preventiva, se acercó a V1 para
preguntarle si lo estaban molestando, a lo que contestó que sí.También señaló
que varios vecinos que se encontraban en el lugar se percataron de los hechos.
37.De las entrevistas realizadas por personal de este Organismo Estatal a vecinos
de V1se desprende que los mismos señalaron haber presenciado los hechos,
negándose a proporcionar sus datos personales por temor a represalias, ya que
los elementos de la Policía Estatal Preventiva de la SSPE, constantemente
ingresan al fraccionamiento y tienen una actitud muy agresiva.
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38. T2 manifestó que el día 15 de abril de 2015 se encontraba en el domicilio de
V1, y que siendo aproximadamente las 22:00 horas se percató que V1 ingresó a la
casa muy asustado, comentándole posteriormente que lo habían detenido
elementos de la Policía Estatal Preventiva de la SSPE sin razón alguna.
39.Las consideraciones señaladas ponen de manifiesto lo siguiente:
A. VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD
PERSONAL POR LA DETENCIÓN ARBITRARIA Y RETENCIÓN ILEGAL.
40. El derecho a lalibertad consagrado por el artículo 14 segundo párrafo de
nuestra Constitución Federal, establece que nadie podrá ser privado de la libertad
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante
tribunales previamente establecidos en que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expeditas con anterioridad al
hecho, entendiéndose este como la posibilidad de realizar u omitir una conducta
conforme a derecho, sin interferencias no previstas por el orden jurídico.
41.Asimismo, el artículo 16 constitucional dispone que una persona solamente
puede ser privada de su libertad cuando exista una orden judicial fundada y
motivada o bien cuando el sujeto sea detenido al momento de cometer un delito o
inmediatamente después de haberlo cometido, es decir en casos de flagrancia o
en casos urgentes, por lo que esta Comisión Estatal se pronuncia por la protección
de la libertad personal, misma que garantiza que nadie habrá de ser privado de la
misma, salvo en las condiciones que la Constitución Federal así lo disponga.
42.Por lo anterior, toda detención debe hacerse bajo el respeto irrestricto del
sistema constitucional y convencional, con la finalidad de garantizar que la
autoridad que actúa sea dentro de un marco de legalidad.
43.El derecho a la seguridad personal por su parte,implica la protección contra
toda interferencia ilegal o arbitraria del Estado en la libertad física de las personas;
es un concepto que sirve de refuerzo de la libertad personal.En el caso particular,
el derecho a la libertad de V1 fue vulnerado con motivo de la detención arbitraria
cometida por AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, pues de los hechos manifestados
por V1, así como de lasdeclaraciones de los testigos, las impresiones
13/28
fotográficasyla inspección ocular realizada por Visitadores Adjuntos de este
Organismo Estatal, se desprende que AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6,
detuvieron a V1 e ingresaron al fraccionamiento en el que se encuentra ubicado su
domicilio particular, que dichos servidores públicos iban cubiertos de la cara, que
uno de los elementos de Policía Estatal Preventiva de la SSPE conducía el
vehículo de V1, a quien tenían en una de sus unidades oficiales, lo bajaron y le
permitieronretirarse del lugar.
44.De las evidencia se advierteque V1 fue detenidosin justificación alguna,
materializándose al ejecutarse sin que se acreditara por parte de los servidores
públicos que a V1 se le atribuyó la comisión o participación de un hecho que la ley
señale como delito; al respecto los artículos 79 y 80 de la Ley para la Protección y
Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja
California, y 85 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, disponen que “Las autoridades del Estado y sus Municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que niñas y niños a quienes
se atribuya la comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito
se les reconozca que están exentos de responsabilidad penal y garantizarán que
no serán privados de la libertad ni sujetos a procedimiento alguno, sino que serán
únicamente sujetos a la asistencia social con el fin de restituirles, en su caso, en el
ejercicio de sus derechos. Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos,
retenidos o privados de su libertad por la supuesta comisión o participación en un
hecho que la ley señale como delito”, disposiciones que no observaron AR1, AR2,
AR3, AR4, AR5 y AR6.
45.Igualmente AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6 dejaron de observar lo dispuesto
por los artículos 14, segundo párrafo, y 16, párrafo primero, 18, párrafo cuarto, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9.11 y 9.32 del Pacto
1 .- Artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todo Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
2.- Artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adoptado el 16 de diciembre de
1966, entrada en vigor para el Estado Mexicano el 23 de junio de 1981); 7.13, 7.24,
7.35y 7.5 6de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (adoptada el 22
de noviembre de 1969, entrada en vigor para el Estado Mexicano el 24 de marzo
de 1981),los cuales prevén el derecho humano a no ser privado de la libertad de
manera arbitraria.
46.Asimismo, los servidores públicos omitieron realizar sus funciones conforme lo
establecido por el artículo 106 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja
California, el cual señala que las unidades operativas de investigación realizaran
entre sus funciones “…[…], IV.- Efectuar las detenciones en los casos del artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , […] VI.- Registrar
de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como
remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público,VII.-
Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las
personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando
en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales
establecidos […].
47. Con base a lo anterior, no es posible establecer una causa justificada para
asegurar a V1, pues los agentes aprehensores no lo presentaron de manera
inmediata ante la autoridad competente siendo esta su obligación constitucional,
no registraron su intervención en ningún documento oficial, situación que se
confirmó con el oficio PEP/CAJ/774/2016 de 18 de febrero de 2016, signado por el
Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Policía Estatal Preventiva de la SSPE, en
el que informa que “en el resguardo de toda información de esta corporación, no
3.-Artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
4.-Artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
5 .-Artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
6-Artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada,
sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionado a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
15/28
se encontró Parte Informativo o de Detención relacionado con el ahora
quejoso[…]”. Observándose además, que losagentes policiales no registraron en
el Parte de Novedades de fecha 15 de abril de 2015el aseguramiento o detención
del cual fue objeto V1, del cual tienen la obligación de reportar conforme a lo
establecido en el artículo 467 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.
48.En ese sentido, laSuprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis:
“DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO SIN DEMORA A
DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. ALCANCES Y CONSECUENCIAS
JURÍDICAS GENERADAS POR LA VULNERACIÓN A TAL DERECHO”, donde
precisa que la puesta a disposición sin demora es parte fundamental del derecho a
la libertad personal consagrado en el artículo 16 constitucional, que se traduce en:
“…la exigencia de que la persona detenida sea presentada ante el
Ministerio Público lo antes posible, esto es, que sea puesta a disposición
de la autoridad ministerial o judicial respectiva, sin dilaciones injustificadas.
Así, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata
del detenido ante el Ministerio Público, cuando no
existan motivos razonables que imposibiliten esa puesta inmediata, los
cuales pueden tener como origen impedimentos fácticos reales,
comprobables y lícitos, los que deben ser compatibles con las facultades
concedidas a las autoridades, lo que implica que los agentes aprehensores
no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente
necesario para trasladarla ante el Ministerio Público…”8
49.Respecto a las detenciones arbitrarias, esta Comisión Estatal considera que
sus prácticas rebasan por completo cualquier planteamiento jurídico y considera
que son insostenibles puesto que, en principio el depositario de nuestra seguridad
y confianza es el Estado y es precisamente éste quien tiene la obligación de
7.- Artículo 46 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California. Los Miembros de las Instituciones Policiales que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de inmediato a la autoridad competente mediante los procedimientos e instrumentos establecidos para tal efecto, a fin de conformar el Registro Administrativo de Detenciones, a través del Informe Policial Homologado, en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 8 Tesis 1ª. LIII/2014 (10ª.), Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, febrero de 2014, Tomo I, página 643, registro 2005527.
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salvaguardar los derechos fundamentales de los individuos y por supuesto
establecer los mecanismos para que dichos derechos tengan aplicación real y
sean respetados en todo momento.
50.Para que la autoridad pueda restringir o limitar el ejercicio de este derecho,
debe cumplirse con los requisitos formales y materiales del mismo, con el fin de
evitar el abuso del poder estatal, en el caso GangaramPanday Vs Suriname,
sentencia de 21 de enero de 1994, la Corte Interamericana sostuvo que nadie
puede verse privado de su libertad, si la autoridad no se apega estrictamente a los
procedimientos de detención objetivamente definidos en la legislación nacional
(aspecto formal) los cuales deben estar ajustados por causas, casos o
circunstancias expresamente tipificados por la ley (aspecto material), situación que
en el presente caso no se cumplió.
51.Es importante precisar que tal como lo establece el artículo 21 párrafo noveno
de la Constitución Federal, “la seguridad pública es una función a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la
prevención de delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en
las respectivas competencias que esta constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución”.
52. De igual forma, este Organismo de Derechos Humanos considera de suma
importancia que los cuerpos policiales cuenten con la capacitación y formación
necesaria para que no cometan excesos ni abusos, por ello, es necesario que los
agentes estatales ajusten sus acciones al mandato constitucional teniendo
presente el deber de su cargo y la obligación de actuar con la debida diligencia
evitando daños y violaciones a los derechos humanos de cualquier ciudadano,
especialmente de menores de edad, pues la realización de acciones de un cargo
de manera arbitraria de ninguna forma es admisible, por el contrario, es necesario
que se observen los principios básicos inherentes a su función respetando y
protegiendo los derechos de libertad de cualquier individuo, lo cual en el presente
caso no se observó.
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53. Por lo que la actuación de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6 no puede ser
consentida dentro de un Estado de derecho, pues este es regulado por un orden
normativo, que en el caso tuvo que ser respetado por quienes tienen el deber de
proceder con apego a la ley y conforme a sus atribuciones, observando siempre
los principios éticos que tutelan la actuación de todo servidor público como lo son
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se desempeña en un
empleo, cargo o comisión, de conformidad con lo establecido en losartículos 91
y95 párrafo tercero de la Constitución Local; 4, y 133 fracciones I, II y XXVI de la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California;12 de la Ley de la Policía
Estatal Preventiva de Baja California y 46 fracciones I, II y VI de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California, actuando dentro
del orden jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Baja California y las Leyes, Decretos y Acuerdos que de ellas emanen.
54. Esta Comisión Estatal, observa que de lo declarado por V1, respecto de su
detención,realizada por AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, se llevó acabo
aproximadamente a las 19:00 horas del 15 de abril de 2015 y fue liberado a las
22:00 horas de ese mismo día, por lo que se acredita una retención por un lapso
aproximado de tres horas, lo cual se corrobora con lo descritopor T1 y T2, quienes
señalaron respectivamente, que V1 ingresó al fraccionamiento a bordo de una de
las unidades de la Policía Estatal Preventiva, de la cual descendió para
posteriormente ingresar a su domicilio a las 22:00 horas de ese día.
55.Cabe resaltar, que los señalamientos descritos en el presente apartado, ya han
sido materia de observación en las Recomendaciones No. 8/13, 27/13, 13/14,
26/14 y 5/2015, emitidas por la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos
y Protección Ciudadana de Baja California, en la que se solicitó a la SSPE,
abstenerse de detener a personas sin que exista fragancia delictiva u orden legal
expedida por autoridad competente.Con mayor razón cuando se trata de
adolescentes a los que no se les acredite la comisión o participación en un hecho
que la ley señale como delito.
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56.En razón de lo expuesto, se advierte que los servidores públicos omitieron
observar el contenido de los instrumentos internacionales firmados y ratificados
por México, que constituyen norma vigente en nuestro país y que deben ser
tomados en cuenta para la interpretación de las normas relativas a los derechos
humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más
amplia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero, segundo
y tercero, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en
específico, se contravino lo establecido en los artículos 3, 9 y 12 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos adoptada en París, Francia, por la ONU el 10 de
diciembre de 1948; I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; 1, 2, 3, 9, y 10, del “Conjunto de Principios para la
Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o
Prisión” adoptadas por la ONU el 9 de diciembre de 1988; así como 1, 2 y 8, del
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
adoptado por la ONU el 17 de diciembre de 1979, en los que en términos
generales prohíben las detenciones y retenciones arbitrarias, los cuales además
establecen la obligación de proteger a las personas contra actos ilegales, defender
los derechos humanos y hacer todo a su alcance para impedir transgresiones a los
mismos.
B. VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO.
57.Este derecho se refiere a la prerrogativa que tiene toda persona a que se le
permita hacer efectivas las condiciones jurídicas, materiales, de trato, acordes con
las expectativas en un mínimo de bienestar reconocidas por el orden jurídico.
Implica un derecho para el titular que tiene como contrapartida la obligación de
todo servidor público de omitir las conductas que vulneren esas condiciones y que
coloquen a la persona en esa posición de no hacer efectivos sus derechos,
teniéndose como bien jurídico protegido un trato respetuoso dentro de las
condiciones mínimas de bienestar.
58.El derecho al trato digno está reconocido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en distintos instrumentos internacionales de
derechos humanos. El artículo 1° constitucional, párrafo quinto, dispone que
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queda prohibido cualquier acto “que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
59.En el mismo sentido, reconocen este derecho los artículos 1 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; 11.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; así como el numeral V, de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, y el 7 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos que disponen que toda persona tiene derecho al respeto de su
honra, su reputación, al reconocimiento de su dignidad, a la protección de la ley
contra los ataques abusivos a éstas, así como a no ser sometido a tratos
degradantes.
60.En el presente caso se trasgredió el derecho al trato digno de V1, quien fue
detenido de manera arbitraria y retenido de manera ilegal sin causa justificada,
además de que fue sometido por los servidores públicos, quienes hicieron uso
excesivo de la fuerza al esposarlo, situación que se corrobora con el Certificado de
IntegridadFísica de 16 de abril de 2015, signado por un Perito Médico de la PGJE,
quien al examinar a V1, determinó que “a la exploración física se encuentra
tranquilo, cooperador, integro, con pupilas isocóricas y normorreflexicas,[…], con
dos contusiones y presencia de equimosis rojizas de 01 y 1.5 cm. lineales en
borde externo e interno de la muñeca anatómica del antebrazo derecho con leve
edema y dolor a la palpación;[…]. Las lesiones descritas no ponen en peligro la
vida, no ameritan hospitalización, si requieren tratamiento médico y tardan en
sanar menos de quince días.
C. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
61.No pasó desapercibido para este Organismo Estatal de los Derechos Humanos
que en la fecha en que sucedieron los hechos V1 tenía 16 años de edad, por lo
que era un adolescente, ello de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley
para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Baja California el cual dispone que “son niñas y niños los menores de
doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos
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de dieciocho años de edad”, circunstanciaque dejaron de observar los elementos
de la Policía Estatal Preventiva.
62.Al respecto,el artículo 13 Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California de la el artículo 4°,
párrafos noveno y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dispone que en todas las decisiones y actuaciones del Estado debe
cumplirse con el principio de interés superior de la niñez y garantizarse sus
derechos de manera plena. El cumplimiento del principio antes citado implica la
satisfacción integral de los derechos de lasniñas,niños y adolescentes, tanto de las
personas responsables del menor, la sociedad y las autoridades, quienes tienen la
obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
63.En el mismo sentido, el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del
Niño, dispone que las autoridades deben atender el interés superior de la niñez, es
decir, que para la toma de cualquier decisión o medida por parte de las mismas es
necesario considerar, de manera previa y preferente, el bienestar de los niños y
favorecer su mejor desarrollo. Por lo que respecta al principio del interés superior
de la niñez, éste debe entenderse como la efectividad de todos y cada uno de sus
derechos humanos; sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en la opinión consultiva 17/2002 sobre la “Condición Jurídica y
Derechos Humanos del Niño”, ha sostenido que este principio implica que el
desarrollo de los niños y el pleno ejercicio de sus derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación
de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.
64.Lo anterior se encuentra robustecido en el artículo19 de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que
las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan
su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual,
moral y social,siendo deber de las autoridades adoptar las medidas apropiadas
para garantizar el goce de sus derechos en todas sus formas.
65.Respecto del interés superior de la niñez, los artículos 2, fracción III, párrafo
segundo de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños
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y Adolescentes del Estado de Baja California y 83, fracción I de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señalan que “El interés superior de
la niñez deberá ser considerado de manera primordial […]. Las autoridades
federales, de las entidades federativas, municipales […] estarán obligadas a
observar, cuando menos a: I. Garantizar la protección y prevalencia del interés
superior de la niñez […]”.
66.Para esta Comisión Estatal ha quedado acreditada la violación a los derechos
humanosen contra del Adolescente V1por parte deAR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y
AR6, quienes conculcaron los derechos a la libertad, seguridad personal y al trato
digno consagrados por los artículos 1°, párrafos primeros, segundos y terceros; 3
°, párrafos segundo y tercero, y 4°, párrafo noveno, 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
67. En el ámbito Internacional, los artículos 2.1, 3.1, 19.1, 19.2 y 37, inciso b, c, y
d, de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas del 20
de noviembre de 1989, adoptado por el Senado de la República el 19 de junio de
1990; 2.1, 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966, adoptado por el
Senado de la República el 18 de diciembre de 1980; 1, 7.1, 7.2, 7.3, y 7.4 y 19 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José”,
noviembre de 1969) aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre
de 1980; 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo
de San Salvador”, 17 de noviembre de 1988), aprobado por el Senado de la
República el 12 de diciembre de 1995; 3 y 12 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, París,
Francia, y I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre del 2 de mayo de 1948, Bogotá, Colombia, preceptos que en el presente
caso se dejaron de cumplir.
D. REPARACIÓN DEL DAÑO.
68.Toda violación a los derechos humanos trae consigo el deber ineludible de
repararla a cargo de las autoridades responsables. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos afirma que “La indemnización por violación de los derechos
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humanos encuentra fundamento en instrumentos internacionales de carácter
universal y regional”. “Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, Sentencia de 21
de julio de 1989 (Reparaciones y Costas).
69.En el ámbito internacional, el principio 15 de los “Principios y directrices básicos
sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional a interponer recursos y obtener reparaciones” (Resolución aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas de Derechos Humanos el 16 de
diciembre de 2005) señala que “una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene
por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del
derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la
gravedad de las violaciones y al daño sufrido”.
70. La Corte Interamericana ha señalado que la reparación es un término genérico
que comprende las diferentes maneras de cómo un Estado puede hacer frente a la
responsabilidad internacional en queha incurrido. Por ello, la reparación
comprende diversos “modos específicos” de reparar que “varían según la lesión
producida”.Asimismo, ha señalado que las reparaciones que se establezcan
deben guardar relación con las violaciones declaradas. Finalmente, ha señalado
que la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación
internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in
integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la
violación. De no ser esto posible, cabe determinar una serie de medidas para que,
además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las
consecuencias que produjeron las infracciones.
71. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en su párrafo tercero que“Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos en los términos que establezca la ley”; asimismo, el artículo 109
constitucional párrafo último prevé que “La responsabilidad del Estado por los
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daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes
o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán
derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que
establezcan las leyes”.
72.Aunado a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada,
con número de registro 2009929, Primera Sala, Libro 22, septiembre de 205,
Tomo I, titulada “REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO.
PARÁMETROS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA CUMPLIR CON ESTE
DERECHO HUMANO”, señala que:
“La reparación del daño derivada de la comisión de un delito, constituye un
derecho humano reconocido en el artículo20, apartado C, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de las personas
ubicadas en el supuesto de víctimas u ofendidos de la conducta ilícita penal, cuyo
cumplimiento exige que se satisfaga de forma eficaz e integral. Ahora bien, esta
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que para que la
reparación del daño derivada de un delito cumpla con la finalidad constitucional de
protección y garantía como derecho humano en favor de la víctima u ofendido,
debe observar los parámetros siguientes: a) cubrirse en forma expedita,
proporcional y justa, como resultado de la conclusión del proceso penal, en donde
el Ministerio Público tiene la obligación de solicitar la condena y el juzgador de
imponerla siempre que dicte sentencia condenatoria; b) ser oportuna, plena,
integral y efectiva, en relación con el daño ocasionado como consecuencia del
delito, lo cual comprende que se establezcan medidas de restitución,
rehabilitación, compensación y satisfacción; c) la reparación integral tiene como
objetivo que con la restitución se devuelva a la víctima u ofendido a la situación
anterior a la comisión del delito, lo que comprende cualquier tipo de afectación
generada: económica, moral, física, psicológica, etcétera; d) la restitución material
comprende la devolución de bienes afectados con la comisión del delito y, sólo en
caso de que no sea posible, entonces el pago de su valor; y, e) la efectividad de la
reparación del daño depende de la condición de resarcimiento que otorgue a la
víctima u ofendido del delito, que deberá ser proporcional, justa, plena e integral,
pues, de lo contrario, no se satisface el resarcimiento de la afectación.”
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73.El artículo 7, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California establece que: “Todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,
el Estado y los Municipios deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezcan las leyes.”
74.La Ley General de Víctimas establece en sus artículos 7 fracción II y 26, que
las víctimas tienen derecho a ser reparadas por el Estado de manera integral,
adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que
han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos
humanos y por los daños que esas violaciones les causaron y que además, se les
repare de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y
efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho
victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que
han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación,
satisfacción y medidas de no repetición, Ley que se aplicará en el presente
pronunciamiento de manera supletoria, ello en virtud de que a la fecha el Estado
no cuenta con una ley respectiva.
75.No pasa desapercibido para este Organismo Estatal lo dispuesto por el artículo
séptimo transitorio de la Ley General de Víctimas el cual dispone que “en un plazo
de 180 días naturales los Congresos Locales deberán armonizar todos los
ordenamientos locales relacionados con la presente Ley”, plazo que de acuerdo a
la fecha de publicación de la mencionada norma ha excedido.
76. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Recomendación
49/2015, señaló que en el caso de que alguna entidad federativa carezca de
normatividad específica al respecto, como en el presente caso, o que la misma no
se ajuste al marco de la Ley General, los preceptos de ésta deben ser aplicados
de manera preferente y directa por las autoridades locales (supletoriedad).
77.Igualmente, destacó que “en virtud de posteriores reformas a la Constitución
Federal llevadas a cabo el 10 de junio de 2011, se generó un régimen jurídico
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especializado para la reparación de víctimas de violaciones a los derechos
humanos, que deja optativo para las víctimas, el régimen jurisdiccional para exigir
la reparación del daño”.
78.Además resaltó que “dicho régimen especializado en el ámbito de derechos
humanos no es optativo para las autoridades, pues se integra por normas
constitucionales, leyes generales y locales, así como criterios jurisprudenciales
nacionales e internacionales a favor de las víctimas, cuya atención es vinculante e
ineludible para todas las autoridades ante violaciones a los derechos humanos”.
79. Asimismo señala que La Ley General de Víctimas“por su naturaleza jurídica
tiene un ámbito de validez nacional, esto es, debe ser cumplida por autoridades de
toda índole, incluidas las autoridades municipales [con mayor razón las
autoridades estatales] y sus alcances no pueden en modo alguno ser alterados o
disminuidos por normatividad secundaria alguna en detrimento de las víctimas”.
80.Por lo anterior, esta Comisión Estatal considera procedente la reparación de los
daños ocasionados a V1 en los supuestos y términos siguientes:
81. De conformidad con los estándares internacionales, la rehabilitación debe
incluir la atención psicológica;por ello, en el presente caso debe ser ofrecida a la
víctima, por el tiempo que sea necesario para contrarrestar los efectos de los
actos perpetrados en su contra.
82. Es necesario que el Estado realice un acto de reconocimiento de
responsabilidad de las violaciones acreditadas en la presente Recomendación,
que son indispensables dentro de las medidas de satisfacción y como parte de la
reparación del daño ocasionado a V1, por lo que se debe dar inicio y seguimiento
a las investigaciones administrativas que correspondan por las violaciones a los
derechos humanos en que incurrieron AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 yAR6,a fin de
que se determine la responsabilidad administrativa de los servidores públicos
involucrados.
83. La garantía de no repeticiónconsiste en implementar las medidas que sean
necesarias para conseguir que los hechos violatorios de derechos humanos no se
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repitan. De conformidad con ello, es necesario que las autoridades de la SSPE, en
especial los elementos de la Policía Estatal Preventiva, implementen y difundan
los lineamientos, así como las acciones necesarias para que los servidores
públicos de esa dependencia del Estado lleven a cabo todas las medidas
específicas de capacitación para que en lo sucesivo omitan realizar situaciones
como las mencionadas en la presente Recomendación.
84.En consecuencia, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos se permite
formular respetuosamente a usted, señor Secretario de Seguridad Pública del
Estado de Baja California, las siguientes:
V. RECOMENDACIONES.
PRIMERA.Se proceda a la reparación del daño ocasionado al adolescente V1
para que, de ser el caso, se le otorgue la atención psicológica,por las secuelas
que pudiera presentar como resultado de las acciones realizadas por AR1, AR2,
AR3, AR4, AR5 y AR6, elementos de la Policía Estatal Preventiva adscritos a la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, con base a las
consideraciones planteadas en el cuerpo de la presente Recomendación, y se
envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su
cumplimiento.
SEGUNDA. Se instruya a todos los elementos de la Policía Estatal Preventiva se
abstengan de realizar detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y den
cumplimiento al respeto de los derechos humanos de todas las personas, más aun
cuando se trate de niñas, niños y adolescentes. Enviando a este Organismo
Estatal pruebas de su cumplimiento.
TERCERA. Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que las personas
detenidas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, sean
puestas sin demora a disposición de la autoridad correspondiente, en términos de
lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Remitiendo pruebas de su cumplimiento.
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CUARTA.Se impartan cursos en materia de derechos humanos a todo el personal
adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, en especial a los elementos
de la Policía Estatal Preventiva, en el que se incluyanlos derechos de lasniñas,
niños y adolescentes, así como los principios, leyes y reglamentos que los rigen,
buscando con ello, que durante el desempeño de sus funciones se conduzcan con
puntual respeto a los derechos humanos fundamentales y se envíen a esta
Comisión Estatal las constancias con las que se acredite su cumplimiento, así como
los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen al personal que lo reciban
en los cuales se refleje su impacto efectivo.
QUINTA.Se instruya a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Baja California, para que en el marco de sus
facultades y atribuciones investigue la actuación de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y
AR6, así como su intervención en los hechos materia de la presente
Recomendación, en el que se determine sí sus conductas fueron constitutivas de
responsabilidad administrativa, remitiendo a este Organismo Estatal las evidencias
que les sean solicitadas, así como las constancias que acrediten su debido
cumplimiento.
SEXTA. Se colabore con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja
California y se dé seguimiento a la integración de la Averiguación Previa No.1.
Enviado a esta Comisión Estatal pruebas que acrediten su cumplimiento.
85. La presente Recomendación tiene el carácter de pública, de conformidad a lo
dispuesto por el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se emite con el propósito fundamental tanto de hacer
una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores
públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente le confiere la Ley,
como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero,
constitucional la investigación que proceda por parte de la dependencia
administrativa o cualquiera otras autoridades competentes, para que, en el marco
de sus atribuciones, aplique la sanción conducente y se subsane la irregularidad de
que se trate.
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86. De conformidad con el artículo 47 de la Ley de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja California y 129 de su Reglamento Interno, les solicito
a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso,
sea informada dentro del término de diez días hábiles siguientes a su notificación,
así mismo, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la presente
Recomendación se envíen a esta Comisión Estatal, en el término de cinco días
hábiles contados a partir de su aceptación de la misma.
87. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las
autoridades o servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
quedará en libertad de hacer pública, precisamente esa circunstancia y, con
fundamento en los artículos 102, Apartado B, párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 48 de la Ley de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y 129 del
Reglamento Interno, la Legislatura Local podrá llamar a las autoridades o
servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órgano
legislativo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
LA PRESIDENTA
LIC. MELBA ADRIANA OLVERA RODRÍGUEZ
