RESULTADOS

DIAGNOSTICO REGIONAL SOBRE TEMAS DE INVESTIGACION

EN DERECHOS HUMANOS

“Proyecto de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica”

Anantonia Reyes Prado Celso Alvarado

Abril de 2008

Instituto de Derechos Humanos

Universidad de San Carlos de Guatemala

Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Rafael Landívar

Con el apoyo del Gobierno de Finlandia y del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo - PNUD -

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TABLA DE CONTENIDOS

Presentación 21. Trabajo realizado 52. Contenido de los informes 93. Análisis de resultados 103.1 Concepto de investigación científica en derechos humanos 113.2 Los objetivos de la investigación en derechos humanos 123.3 La institucionalización de la investigación en derechos humanos 163.4 Análisis de temas 213.4.1 Guatemala 213.4.2 Honduras 29Conclusiones 34Recomendaciones 37Síntesis de las investigaciones: Guatemala 40Síntesis de las investigaciones: Honduras 158

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Presentación

El Proyecto de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica -Proyecto Finlandia-, es una extensión del proceso de cooperación en la materia iniciado en Guatemala por el Gobierno de Finlandia en el año 2001. Con cuatro años de duración (2004-2008), se ha realizado de manera simultánea en Guatemala y Honduras, adquiriendo así un carácter regional. La ejecución del proyecto en los dos países está a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, mediante un modelo de gestión descentralizado que delega la implementación de los resultados en un conjunto de “agencias implementadoras”, integrado por universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil. Uno de los resultados en cada país es “Resultado 2. Programas de investigación y difusión científica en Derechos Humanos establecidos en los dos países”, cuya consecución corresponde en Guatemala al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ/URL) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IDHUSAC) y en Honduras a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). Tanto en Guatemala como en Honduras, aparte de la producción investigativa que se ha generado desde los espacios apoyados por el proyecto, existen diversos esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales en el campo de la investigación de temas relacionados con los derechos humanos, aunque son pocas las iniciativas orientadas a presentar de forma sistematizada esta información, y hacerla de acceso al público, sobre todo en lo que concierne a los trabajos en el ámbito universitario. Por ello, existe cierto nivel de desconocimiento de la producción investigativa y de información sobre fuentes, ubicación y temática existente, que podrían requerir la comunidad científica o cualquier otro sector social. Dado que no se contaba con información sistematizada sobre los esfuerzos que diversas organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación públicos y privados y universidades han realizado en la investigación científica en el campo de los derechos humanos en Guatemala y Honduras, se consideró necesario realizar un mapeo temático que refleje la situación actual de la investigación científica en derechos humanos en los países. Se planteó como objetivos del estudio:

“Realizar un inventario que comprenda la temática de investigación científica en derechos humanos que ha sido desarrollada en Guatemala desde el inicio de vigencia del Proyecto Finlandia (1 de enero de 2001) y

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hasta el 30 de septiembre de 2007, así como un examen de dicha temática, -metodología, enfoque, alcances y límites- que permita establecer el estado de la cuestión, mediante un informe de cobertura regional que permita a la comunidad científica, la reflexión e implementación de resultados”.

Se determinó que el alcance del estudio se extendiera a diversas instituciones nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación públicos y privados y universidades que realicen investigaciones en materia de derechos humanos y/o que, en su mandato institucional se reflejara formalmente como una de sus funciones, la investigación en derechos humanos. Se indicó además, que preferentemente, se examinaría la temática de género, derechos laborales, etnicidad, medio ambiente, acceso a la justicia, seguridad ciudadana, responsabilidad social empresarial, participación política y participación ciudadana, y educación en derechos humanos. A continuación se presenta una breve descripción del trabajo realizado y luego una síntesis del contenido de los informes, identificando los principales hallazgos en ambos países. Se encontrará a continuación las fichas bibliográficas de las investigaciones correspondientes a Guatemala y Honduras.

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1. Trabajo realizado En el caso de Guatemala, se consideraron tres grupos: las instituciones vinculadas con las universidades, los centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil que consideran dentro de su quehacer la investigación; cabe señalar que cada una de ellas puede dedicarse a dos o tres ejes temáticos, como ocurre en las universidades, tanto en la licenciaturas como en las maestrías, donde se encontró una gran diversidad de temas, o como FLACSO, que se ocupa del tema de la etnicidad y de la participación política y que tuvo un Programa de Género hasta 2005. No se incluyó entidades gubernamentales, pues se encontró que la Institución del Procurador de los Derechos Humanos y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Derechos Humanos -COPREDEH- no realizan investigación científica en esta materia, pues sus funciones se dirigen a otros ámbitos, ni organizaciones internacionales pues tampoco tienen en su mandato esta línea. A partir de la aprobación del plan de trabajo, el 10 de septiembre, se inició la recolección de la información, priorizando los tesarios de la Licenciatura en Derecho y Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC- y de la Universidad Rafael Landívar, respectivamente, tomando en cuenta los registros y bases de datos de cada una de las universidades y entidades asociadas al Proyecto, cuya revisión requirió varias semanas de trabajo. En el caso de la URL fue de gran utilidad el catálogo electrónico, donde se logró localizar la versión electrónica de la mayoría de tesis y las que no, se buscaron en la Biblioteca Central, haciendo notar que no se encontró versión electrónica ni física de varias tesinas de la Maestría en Derechos Humanos de las primeras cohortes, por lo que se acudió al contacto personal con algunas personas. La búsqueda de las tesis en la USAC requirió un poco más de tiempo, toda vez que no se tiene versión electrónica de los trabajos y que no se tiene registro de las tesis de la Maestría en Derechos Humanos, pues solamente se tuvo acceso a un listado general de la Biblioteca de Posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidades Instituto de Derechos Humanos USAC -IDHUSAC- Instituto de Estudios Interétnicos -IDEI-/USAC Programa de Estudios para la Paz/DIGI-USAC Instituto de la Mujer/USAC Tesario de licenciatura en Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC

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Tesario de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC Tesis de Maestría en Sicología y Violencia Política, Escuela de Sicología, Facultad de Humanidades, USAC Instituto de Investigaciones Jurídicas -IIJ-/URL Tesario de licenciatura en Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL Tesario de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL Centros de investigación Asociación para la Investigación y Estudios Sociales -ASIES- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala -AVANCSO- Centro de Estudios de la Frontera Occidental de Guatemala -CEDFOG- (Huehuetenango) Centro Bartolomé de las Casas Ak´kutan (Alta Verapaz) Organizaciones de derechos humanos Seguridad en Democracia –SEDEM- Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos -CIIDH- Centro de Estudios e Investigación Maya -CEDIM- Fundación Myrna Mack (FMM) Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHA- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG- Centro de Acción Legal Ambiental y Social -CALAS- Grupo de Apoyo Mutuo -GAM- Cabe hacer notar también que los centros de investigación no incluyen en su temática los derechos humanos ni se definen como “organizaciones de derechos humanos”; sin embargo, se exploró su producción con base a la visión amplia en que se ha basado este mapeo. La información completa sobre el quehacer de estas organizaciones figura en la primera parte del Informe Nacional de Guatemala. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos -OACDH- no realiza investigación en el tema; en el caso de los Informes de Desarrollo Humano que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- solamente se registraron dos de sus investigaciones, una relacionada con los costos económicos de la violencia y otro sobre la relación de la cosmovisión maya con el desarrollo. Muchas de las publicaciones de los centros de investigación fueron encontradas en sus respectivas páginas electrónicas, medio que también sirvió para revisar las

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investigaciones del Centro de Estudios de la Frontera Occidental de Guatemala -CEDFOG- (Huehuetenango) y del Centro Bartolomé de las Casas “Ak´kutan” (Alta Verapaz), a fin de incluir al menos el trabajo de dos organizaciones locales. Aunque en el plan de trabajo se incluyó el tema de la responsabilidad social empresarial, se encontró que la institución especializada en Guatemala, CENTRARSE no cuenta con investigaciones sino solamente documentos institucionales y artículos producidos fuera del país y no se identificó ninguna tesis que abordara el tema. Posteriormente se programó una serie de entrevistas con representantes de la mayoría de las entidades universitarias y las organizaciones sociales, quienes tuvieron a bien conceder tiempo para atender a la consultora, pese a esta etapa se agotó entre fines de noviembre y principios de diciembre. Como se había previsto, en el caso de Guatemala, se encontraron numerosos manuales, diagnósticos e informes de situación, que, de acuerdo a los criterios de búsqueda establecidos, no se incluyeron, con algunas excepciones, como los diagnósticos del ICCPG sobre la situación de personas privadas de libertad o los informes de ASIES, porque parte de una metodología comparativa para analizar los informes sobre la situación en derechos humanos de varias organizaciones. Cabe mencionar que en algunos centros de documentación conllevó alguna dificultad explicar a las personas que los atienden qué tipo de textos se estaba buscando, pues fue usual que presentaran manuales, diagnósticos e informes como investigaciones científicas, sobre todo porque tal descriptor no aparece en las bases de datos. En el caso de Honduras, se partió también de un inventario de las instituciones y/u organizaciones que de una forma u otra trabajan el tema derechos humanos; muchas de ellas aunque no se dedican a la investigación en derechos humanos, en determinado momento son referentes en procesos de investigación. Se incluyeron tres grupos: a) el ámbito académico y centros de investigación, b) organizaciones de la sociedad civil y c) entidades internacionales e instituciones gubernamentales; el primero vinculado a investigación y promoción, el segundo a la defensa y promoción de los derechos humanos y el tercero al apoyo financiero o de políticas en desarrollo. Estas organizaciones se agruparon conforme a cada uno de los ejes temáticos identificados como prioritarios para el estudio en Honduras, tomando en cuenta las áreas de especialidad o incidencia de las instituciones, reconociendo que la agrupación no es excluyente de otras entidades con fines similares, y no determina que las entidades mapeadas extiendan su campo de investigación en otras líneas de trabajo.

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Género Centro de Derechos de Mujeres Centro de Estudios de la Mujer Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras Colectivo Feminista de Mujeres Universitaria Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” Instituto Nacional de la Mujer Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Fiscalía Especial de la Mujer Derechos laborales Centro de Derechos de Mujeres Centro de Estudios de la Mujer Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Programa IPEC-OIT/ Secretaría del Trabajo Coordinadora de Instituciones Privadas Pro los Niños/Niñas y sus Derechos Etnicidad Programa IPEC-OIT/ Secretaría del Trabajo Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos de Honduras Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras Centro de Comunicación y Capacitación para el Desarrollo Fiscalía de Protección a las Etnias Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos Ambiente Comité de Familiares y Desaparecidos de Honduras Fundación Río Plátano Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Pastoral Social Cáritas Fiscalía Especial del Medio Ambiente Fundación Democracia Sin Fronteras Acceso a la justicia Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos Federación de Organizaciones Privadas de Honduras Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Seguridad ciudadana Fundación Friedrich Eberth

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Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos Centro de Documentación de Honduras Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Responsabilidad social empresarial Asociación para una Sociedad más Justa Programa IPEC-OIT/ Secretaría del Trabajo Consejo Hondureño de la Empresa Privada Participación política y ciudadana Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Fundación Friedrich Eberth Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación Local Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos Centro de Documentación Honduras Asociación para una Ciudadanía Participativa Fundación Democracia Sin Fronteras Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras Foro Social de la Deuda Externa Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Comité por la Libre Expresión Federación de Organizaciones Privadas de Honduras Pastoral Social Cáritas de Honduras Educación en Derechos Humanos Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras Comité para la Defensa de los Derechos Humanos Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Coordinadora de Instituciones Privadas Pro los Niños/Niñas y sus Derechos Federación de Organizaciones Privadas de Honduras Universidad nacional Autónoma de Honduras Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Editorial Guaymuras Comisión Nacional de Educación Alternativa y No Formal Se procedió luego a la identificación de los personeros o responsables de las organizaciones y posteriormente visitas in situ a las mismas a fin de informar sobre la iniciativa del diagnóstico y obtener la apertura institucional y el acceso a la información requerida. Las organizaciones mostraron apertura en cuanto a las investigaciones publicadas, no así, en varios casos, con investigaciones que estaban por publicarse por considerar dichos trabajos como información reservada.

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Se estableció que en el caso de Honduras, es incipiente la investigación científica en materia de derechos humanos, desde el plano puramente académico; sin embargo, para no desestimar las iniciativas institucionales que desde un plano experimental han suplido ese vacío, se tomaron en cuenta numerosos e importantes trabajos producidos por las organizaciones sociales, algunos de ellos realizados en el marco de proyectos financiados por la cooperación internacional. Pese a las limitantes históricas- culturales de las organizaciones estatales y privadas en el campo investigativo en esta área, el diagnóstico en Honduras permitió localizar algunos estudios importantes como aportes significativos e identifica aquellas acciones que como Estado y sociedad civil merecen emprender institucionalmente en el mediano y largo plazo. En cuanto a las investigaciones incorporadas como muestra, en el caso de Honduras, si bien se presupone que la investigación culmina con la publicación y difusión de los resultados, se han hecho algunas excepciones, incorporando muestras de los trabajos de investigación realizados por alumnos en las universidades asociadas. Cabe hacer notar que, aún no hay egresados de las Maestrías en Derechos Humanos apoyadas por el Proyecto Finlandia y que a nivel de pregrado, las universidades asociadas al Proyecto, en varias carreras, han suprimido la tesis como requisito de graduación, teniendo otros sistemas para evaluar capacidades investigativas de los/as estudiantes, como proyectos, trabajos y talleres de investigación, con los correspondientes procesos de evaluación. En el caso de Guatemala, las tesinas de las universidades asociadas ocuparon un alto porcentaje de los trabajos incluidos, pues corresponden a un esfuerzo de investigación, aunque muestren una serie de debilidades -que se señalan en el informe-, lo que es una de las causas de que el proceso no termine con la publicación de resultados. En el caso de Honduras se incluyó una muestra de algunos documentos que son publicados por algunas instituciones con el objeto de hacer de conocimiento público algunos temas en derechos humanos y manuales de formación en derechos, publicaciones que, como se indica supra no se incluyeron en el caso de Guatemala, con la excepción de algunos trabajos del ICCPG, ASIES y del IDHUSAC, pues aunque tratándose de diagnósticos o manuales sí partían de un proceso de investigación. 2. Contenido de los informes En el caso de Guatemala, en la primera parte se presenta un inventario de las instituciones que realizan investigaciones en materia de derechos humanos, incluyendo las que no teniendo en su mandato institucional, de manera formal, la

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investigación en derechos humanos como una de sus funciones, sí incluyen esta tarea como parte de su estrategia, en otras áreas de trabajo. En la segunda parte se incluye el análisis de contenido de las investigaciones, organizadas mediante la construcción de mapas temáticos de investigación en derechos humanos, siguiendo los grandes rubros arriba indicados y que se visualizan en el Índice, seriadas por fecha de publicación computada desde el 1 de enero de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2007, siguiendo el modelo sugerido del texto La Justicia en Guatemala (Bibliografía y documentos básicos) de Luis Pásara y Karin Wagner, publicado por MINUGUA en 2000. Se presenta luego el Análisis de Resultados y, finalmente se refieren las recomendaciones derivadas del análisis de las fuentes de información recopiladas, sobre necesidades de investigación, difusión e incidencia existentes, que recogen en gran parte las sugerencias de los referentes consultados, cuya lista aparece al final del informe. En el caso de Honduras se presenta el marco institucional y políticas de investigación en ese país y los hallazgos y análisis de los ejes temáticos desde su integralidad; se analizan también los ejes temáticos y sus contenidos y se realiza un ejercicio de triangulación mediante el cual se trata de mostrar la complementariedad entre los trabajos referidos a un mismo tema. En ambos casos, se detallan en cada trabajo los datos de identificación de la fuente (título, autor, editorial, país, fecha de publicación) y el lugar o centro de ubicación de la fuente; dado que en Guatemala las tesis no se han publicado, con raras excepciones, y que las propias organizaciones son las editoras de su producción, no se incluyó la editorial, dato que sí aparece en el caso de Honduras. Se presenta también una síntesis de los objetivos o propósitos de la investigación, la metodología utilizada, el marco de referencia, mencionando conclusiones y recomendaciones de las fuentes; se da este tratamiento a 329 textos en el caso de Guatemala y 115 en el caso de Honduras, donde también aparece la referencia bibliográfica de 38 documentos complementarios. 3. Análisis de resultados Los elementos de análisis tomados en cuenta fueron: a) el concepto de investigación científica en materia de derechos humanos, b) objetivos que se pretenden al realizarla, que se vincula con sus alcances y límites, c) los recursos (humanos y financieros) con que se cuenta, d) el acceso a la información, e) el grado de institucionalización de la investigación en derechos humanos, f) la articulación entre el Estado, la academia y las organizaciones sociales en este ámbito, g) el aporte que ha realizado la investigación científica a la solución de los problemas vinculados a los derechos humanos, todo lo cual está íntimamente entrelazado. El punto de los temas que siguen pendientes de abordar o temas

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nuevos que han surgido se refiere en la parte correspondiente al mapeo temático propiamente dicho1. En el caso de Guatemala, a fin de obtener la percepción que sobre estos aspectos tienen los propios actores de la investigación en derechos humanos se entrevistó a las autoridades de las instituciones académicas vinculadas al Proyecto Finlandia así como a seis representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, que cuentan con un área específica de investigación o bien la incluyen en otras áreas de trabajo. A fin de obtener la percepción que sobre estos aspectos tienen los propios actores de la investigación en derechos humanos, se entrevistó a las autoridades de las instituciones académicas vinculadas al Proyecto Finlandia así como a representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, que cuentan con un área específica de investigación o la incluyen en otras áreas de trabajo.

3.1 Concepto de investigación científica en materia de derechos humanos La mayoría de las personas entrevistadas en el marco de este estudio, coincidieron en señalar que una investigación científica en materia de derechos humanos debe llenar los requisitos de cualquier investigación propia del campo de las ciencias sociales, es decir, que identifique el problema a abordar y los diversos aspectos que coinciden en ella, que formule hipótesis (para verificarlas o no) o preguntas sobre dicho problema, que se proponga ciertos objetivos y que se siga una metodología específica (descriptiva, histórica, analítica, comparativa) y que genere nuevos conocimientos alrededor del problema. Toda investigación debe tener como premisa su carácter científico, no especulativo, y partir de información confiable, tanto cuantitativa como cualitativa. En el caso de los derechos humanos, la investigación no debe ser un fin en sí misma sino intencionada, direccionada hacia la acción política, constituyendo una herramienta para visibilizar una problemática desde el enfoque de derechos humanos, elevar el nivel de exigibilidad en el respeto de los derechos, crear propuestas de transformación de las políticas públicas, generar procesos de cambio en la sociedad, nutrir procesos formativos y de sensibilización, por lo que es fundamental su socialización en distintos ámbitos, incluyendo funcionarios de los distintos organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y líderes y lideresas sociales. Esto implica que en materia de derechos humanos la investigación debe ser participativa y aplicada. También se explicó que el carácter científico en la investigación en derechos humanos no proviene sólo de la utilización de una metodología sino la pertinencia 1 Estos elementos fueron establecidos de común acuerdo entre los consultores en noviembre de 2007.

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de métodos y técnicas con los fines que persigue la investigación, que arriba se indicaron. Los métodos y técnicas suelen ser los propios de la disciplina en que se ha formado el investigador, pues en derechos humanos son aplicables todos los métodos y técnicas provenientes de las ciencias sociales. Un sociólogo, un economista o un jurista usan en la investigación las herramientas propias de su disciplina, pero siempre debe ser un proceso sistemático y ordenado, sobre la base de un fundamento teórico, todo lo cual adquiere relevancia en el campo de los derechos humanos, tema de alta sensibilidad por su propia naturaleza política y por el contexto social. Estos fueron los criterios con que se examinó la bibliografía a la que se tuvo acceso; como se advirtió inicialmente, en el proceso de búsqueda se encontraron ensayos, informes, diagnósticos y manuales. Algunos de estos materiales, que han sido sustentados en un marco teórico, no siempre detallado, fueron incluidos pero muchos otros quedaron fuera. Como se indicó anteriormente, prevalece la concepción jurídica de los derechos humanos, y por ello, con escasas excepciones, el marco teórico se circunscribe a la normativa nacional e internacional en la materia, tema que ocupa un espacio significativo sobre todo en las tesis, donde hay tendencia a transcribir los textos (sean tratados internacionales, leyes nacionales o reglamentos de instituciones), así como a presentar largas descripciones del proceso de evolución histórica de los derechos humanos, lo que puede obedecer a la orientación general que los y las estudiantes reciben en el proceso de elaboración de la tesis. Así, estos trabajos suelen limitarse a la confrontación de la teoría con la práctica, para arribar a conclusiones generales respecto de cómo no se respetan los derechos humanos o de cómo las instituciones no cumplen con sus funciones, para formular recomendaciones entre las cuales es usual incluir la de sensibilizar sobre los temas a los operadores de justicia y a la población en general o seguir con el estudio del tema. Las tesis que presentan propuestas más específicas han sido realizadas, usualmente, por quienes tienen relación con alguna institución dedicada al tema trabajado y además una convicción personal por los derechos humanos, lo que ofrece posibilidad de formular recomendaciones más concretas y susceptibles de ser puestas en práctica.

3.2 Los objetivos de la investigación en derechos humanos Los objetivos de la investigación en derechos humanos dependen del ámbito que la impulsa. Así, en el ámbito académico, en el caso de la URL, su vinculación con la Compañía de Jesús hace necesario el acercamiento a los derechos humanos, que ahora está presente en todo el quehacer universitario, sobre todo en el campo de las ciencias jurídicas y sociales, desde las licenciaturas hasta los posgrados. Esto también se debe a la estrecha relación entre los derechos humanos y la disciplina jurídica, que debe perseguir la conformación de determinadas normas de conducta que permitan alcanzar los valores supremos

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de justicia, bien común y seguridad, que aplican también para los derechos humanos y que están definidos en su misión y visión. El IIJ se plantea descubrir problemas relacionados con los derechos humanos e intentar buscar respuestas y propuestas de solución2, mientras se están haciendo esfuerzos para que la investigación se convierta en eje transversal del proceso enseñanza aprendizaje: en la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales se ofrecen tres cursos, uno al principio, otro en medio y uno más al final del proceso de formación, en tanto también se ha estimulado a los docentes para que usen la investigación como parte del proceso enseñanza aprendizaje3. En cuanto a la Maestría en Derechos Humanos de la URL se pretende que el alumno haga un aporte a la sociedad guatemalteca y que pueda plasmar en un documento el conocimiento que haya acumulado durante los dos años de formación así como su experiencia laboral, pues con excepción de quienes ejercen su profesión liberalmente, la mayoría están vinculados con organismos del Estado o con organizaciones de la sociedad civil4. Tanto en el caso de la licenciatura como de la maestría la elaboración de una tesis forma parte de los requisitos de graduación. La USAC tiene como mandato constitucional la promoción “por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución del los problemas nacionales (Artículo 82, Sección Quinta, Universidades, Capítulo II, Derechos Sociales, Título II, Derechos Humanos), en tanto que la URL, como universidad privada, de acuerdo a la ley fundamental, tiene como fin “contribuir a la formación profesional, a la investigación científica, a la difusión de la cultura y al estudio y solución de los problemas nacionales” (Artículo 85). De acuerdo al Artículo 86, el Congreso de la República emitió el Decreto 82-87, Ley de Universidades Privadas, que en su Artículo 24 establece “Apoliticidad. Las universidades privadas deberán mantener un carácter eminentemente académico y técnico y sólo en ese carácter podrán participar en actividades políticas”. En el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, la investigación tiene varios objetivos: fundamentar la lectura de la realidad para transformarla y fijar una posición ante un problema determinado, fundamentar las propuestas y la incidencia en políticas públicas, sustentar la denuncia de violaciones a los derechos humanos, a nivel nacional e internacional, así como la persecución penal de los responsables, y fomentar el ejercicio de derechos, todo lo cual requiere conocimiento de los temas y su socialización para construir pensamiento crítico.

2 Gustavo García Fong. Director del IIJ. Entrevista del 3 de diciembre de 2007. 3 Pablo Hurtado. Vice Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Entrevista del 11 de diciembre de 2007. 4 Claudia López. Coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos, URL. Entrevista del 3 de diciembre de 2007.

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Tanto en el ámbito universitario como en el de las organizaciones sociales, es fundamental que las investigaciones no se queden en los anaqueles, sino que sus resultados se den a conocer a los tomadores de decisiones y también a las comunidades o grupos a quienes se les consultó, para validarlas, lo que desde luego implica que las investigaciones sean producto de un proceso participativo y que los trabajos llenen ciertas calidades. El IIJ cuenta con una red de contactos amplia (funcionarios de los organismos de Estado, cuerpo diplomático, agencias de cooperación internacional, sector académico, bibliotecas, facultades de derecho, centros de investigación a nivel nacional) a quienes dona sus publicaciones, estrategia que ha sido adecuada para divulgar su trabajo y a posicionar al IIJ a nivel nacional. El aprecio al conocimiento producido en materia de derechos humanos es escaso y muchas veces se limita a quienes tienen un interés especializado; por ello se necesita la divulgación de los resultados, para que un mayor número de personas los valore, sobre quienes hayan aportado sus conocimientos y experiencia a las investigaciones, lo que es una forma de agradecer y de cerrar el círculo, a fin de que las personas adquieran nuevos conocimientos, todo lo cual presenta el desafío de la mediación pedagógica5. No obstante, la divulgación de los resultados es sólo una parte del proceso que va desde la identificación de un problema o de una necesidad hasta la incidencia en las políticas públicas y el fomento del ejercicio de los derechos. Las universidades tienen un mandato constitucional y las organizaciones sociales tienen un mandato propio en el campo de la investigación científica en derechos humanos, a la cual de forma explícita o no, las personas entrevistadas dieron una connotación política, pues se coincidió en que no debería ser un fin en sí misma. Desde la perspectiva de quien esto escribe, esta visión del carácter político de la investigación en derechos humanos es coherente con una visión integral de los derechos humanos, en la cual convergen sus tres dimensiones: jurídica, política y ética. Ahora bien, el cumplimiento de los objetivos de la investigación en derechos humanos dependerá de la conjunción de varios aspectos, entre ellos de la capacidad de incidencia que tengan las instituciones y, sobre todo, de la voluntad política de orientar la investigación hacia el cumplimiento de sus objetivos políticos, lo que, de acuerdo a lo encontrado en este trabajo exploratorio, requeriría conjunción de esfuerzos entre la academia y el movimiento social, tema que se aborda más adelante. Lo anterior se relaciona con los alcances y límites de la investigación científica en derechos humanos, en los cuales también entra en discusión la concepción de derechos humanos que se maneje: si se define de manera amplia, los derechos humanos son una forma de vida en función de la generación de condiciones adecuadas para el desarrollo integral, personal y colectivo, lo que requiere un 5 José Serech. Director de CEDIM. Entrevista del 4 de diciembre de 2007.

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abordaje inter y multidisciplinario; si se maneja una concepción más restringida, de carácter positivista, aunque también debe estar presente el tratamiento inter y multidisciplinario, habrá que limitarse al ámbito de aplicación, promoción y defensa de los derechos establecidos en un determinado ordenamiento jurídico. El problema de la concepción de los derechos humanos aún no se verbaliza de forma suficiente, aunque en el medio ha prevalecido el abordaje de carácter positivista, debido al surgimiento histórico de los derechos humanos y su evolución, aunque su propio desarrollo y la realidad mundial están señalando la necesidad de una concepción más compleja e integral de los derechos humanos, pues no hay nada en la experiencia humana, incluyendo las relaciones interpersonales, que no se refiera a los derechos humanos; manejar esta perspectiva puede ser difícil y se corre el riesgo de ofuscarse, pero debe comprenderse que se trata de un proceso6. También se indicó que, en general, la investigación ha sido suplantada por informes de situación cuya elaboración, si bien requiere cierta técnica, no se trataría de investigaciones científicas propiamente dichas, porque no contienen un soporte teórico, una perspectiva fenomenológica. El pragmatismo prevalece y aunque el dinamismo de la sociedad y de los derechos humanos necesita un análisis permanente sobre la coyuntura, éste no debe sustituir al análisis en profundidad porque incluso un informe de una situación específica necesita una interpretación7. En el caso de Honduras, si bien no se refieren a la investigación en derechos humanos, las disposiciones establecidas en las Normas Académicas del Nivel de Educación Superior, artículos 29 y 30, señalan que: “la investigación es la función académica que se realiza por medio de un proceso sistemático y riguroso, por el cual se crea ciencia, se obtienen nuevos conocimientos y se desarrollan o adoptan nuevas tecnologías”. Se indicó también que en un contexto vulnerable, caracterizado por un gran deterioro ambiental generado por fenómenos naturales, por un manejo inadecuado de los recursos naturales -en parte por el escaso desarrollo tecnológicos o desconocimiento de los ya existentes- o por el deterioro en el tamiz social que se ve reflejado en la insatisfacción de necesidades sociales/básicas8 como salud, vivienda, seguridad, acceso a justicia, equidad en sus diferentes manifestaciones, entre otros, se demanda cada día la urgencia de hacer investigación a fin de ir construyendo propuestas que sirvan para dar respuesta a necesidades específicas de la población e incidan en una mejora en las

6 Pablo Hurtado. Entrevista referida. 7 Orlando Blanco. Director de CIIDH. Entrevista del 6 de diciembre de 2007. 8 Aquí utilizo el vocablo “necesidades básicas” por ser de uso común en nuestro medio y con el objeto de que se entienda a lo que hago referencia, sin embargo aclaro que desde mi perspectiva más que necesidades o servicios temas como salud, vivienda, seguridad, justicia, trabajo, entre otros, constituyen Derechos humanos fundamentales de obligatorio cumplimiento y por tanto debe entenderse como tal.

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condiciones de vida, así como la formación de capital humano en un nivel mucho más alto, a fin de compensar la escasa atención que en los últimos años la investigación en desarrollo humano ha tenido. Se resaltó en el informe que al ser la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida objetivos señalados como prioritarios por diversos planes de nación y del actual gobierno, la investigación en desarrollo humano debería de constituir parte de los pilares fundamentales desde los cuales se promuevan acciones orientadas al logro de un una mejoría en la economía, mediante iniciativas que permitan fomentar el crecimiento económico, como base para la generación de mayores y mejores fuentes de empleo, salarios crecientes y mejores oportunidades para todas las personas, todo ello sería así en un verdadero Estado de Derecho, donde se garanticen los derechos fundamentales. 3.3 Institucionalización de la investigación en derechos humanos Se indagó entre los interlocutores sobre si la investigación en derechos humanos está institucionalizada en dos niveles: en las instituciones del Estado, en el ámbito académico y entre las organizaciones de la sociedad civil. Se indicó que, en general, la investigación científica en derechos humanos no parece estar institucionalizada en la Institución del Procurador de los Derechos Humanos -IPDH- ni en la Comisión Presidencial Coordinadora del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, pues esta tarea no figura como parte de sus respectivos mandatos. En el caso de la IPDH se indicó que el informe circunstanciado, por la celeridad que requiere y porque su objetivo es dar cuenta de las denuncias recibidas, usa técnicas acordes a la investigación periodística; existe investigación en algunos temas, pero no se cuenta con un área dedicada específicamente a la investigación en derechos humanos, aunque el actual Procurador, Dr. Sergio Morales, es sensible hacia ésta. En el caso de COPREDEH como en el de la IPDH los esfuerzos se dedican al cumplimiento de sus atribuciones en cuanto a defensa y protección de los derechos humanos, por lo que las instituciones del Estado no hacen análisis ni estudios profundos para la problemática que enfrentan. En el caso de Guatemala, el marco legal de la Educación Superior en Guatemala es fundamentalmente la Constitución Política de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Nacional Constituyente del 31 de mayo de 1985, la cual establece, entre otros, en el Capítulo II, Derechos Sociales, Sección Cuarta, Educación, el derecho a la educación, garantizando la libertad de enseñanza y de criterio docente con el propósito primordial de desarrollar integralmente a la persona humana y el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. En su Sección Quinta, Universidades, dictamina la Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), a la cual, en su carácter de única universidad estatal, le corresponde desarrollar la educación superior del Estado.

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La Constitución también incluye a las universidades privadas, definiéndolas como “instituciones independientes que les corresponde organizar y desarrollar la educación superior privada del país, con el fin de contribuir a la formación profesional, a la investigación científica, a la difusión de la cultura y al estudio y solución de los problemas nacionales”. Así mismo, crea el Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS) como órgano encargado de velar porque se mantenga el nivel académico de las universidades privadas, autorizar la creación de nuevas universidades y acordar la aplicación de sanciones de conformidad con lo establecido en su propia ley. El artículo 86 de la Constitución define la existencia del Consejo de la Enseñanza Privada Superior requiriéndose que se emitiera una Ley para su creación y que regulara sus funciones, de manera que el Congreso de la República en el año de 1987 emitió el Decreto número 82 por medio del cual se creó este Consejo con las funciones mencionadas anteriormente. La ley determina que las universidades privadas deben mantener un carácter eminentemente académico y técnico. Sólo en ese carácter pueden participar en actividades políticas9. La libertad de investigación está regulada en la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional, Decreto No. 63-91 del Congreso de la República, ley para cuyos efectos se consideran nueve actividades científicas y tecnológicas, ninguna de las cuales se relaciona con las ciencias sociales10. Se indica que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología está integrado por el conjunto de instituciones del sector público, privado y académico personas individuales y jurídicas y centros de investigación y de desarrollo regionales, dedicadas a este campo. Aquí también se define, en el Artículo 5, que el Estado debe ser el promotor, coordinador y facilitador en la formulación, aplicación, coordinación y ejecución de las políticas nacionales de ciencia y tecnología. Esta misma ley crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONCYT- que funcionará al más alto nivel de decisión de los sectores público, privado y académico con el objeto de dirigir y coordinar el desarrollo científico y tecnológico nacional. Entre otros funcionarios, este consejo está integrado por el Rector de la USAC, un rector en representación de las universidades privadas y el Presidente de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales. Nuevamente, se mantiene la interpretación de ciencia como “ciencias duras”. En el caso concreto de la investigación en derechos humanos en las universidades, tanto en la USAC como en la URL sí está institucionalizada la investigación social y jurídica en este campo. Esto se expresa en la existencia de un instituto especializado en la USAC -IDHUSAC-, donde también se incluye

9 Ramírez Alvarado, Juan Francisco. Diagnóstico y Perspectiva de los Estudios de Postgrado en Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. Sistema de Estudios de Postgrado. Coordinadora General. Junio de 2004. 61 páginas. 10 Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico. Decreto No. 63-91 del Congreso de la Republica de Guatemala.

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temas vinculados a los derechos humanos en el Programa de Estudios para la Paz de la Dirección General de Investigación -DIGI- y en el Instituto de Estudios Interétnicos -IDEI-, en la inclusión del tema en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la URL y en la existencia de sendas Maestrías en Derechos Humanos en ambas casas de estudio. Estas, sin embargo, enfrentan la situación de que deben ser autofinanciables, siendo que en los profesionales del derecho aún no existe suficiente interés por pagar de su propio peculio los estudios en esta especialización. En la USAC y en la URL la elaboración de tesis o tesinas es requisito para la graduación, tanto en las licenciaturas como en los postgrados; por ende, en las respectivas facultades de ciencias jurídicas se han producido trabajos de investigación en derechos humanos, de los que se da cuenta en este mapeo. Hay centros de investigación que incluyen en su temática los derechos humanos, aunque no de forma específica como sería el caso de AVANCSO o FLACSO y otros que sí la contemplan en su programa, como ASIES. Pocas organizaciones de derechos humanos, como se indicó, cuentan con un área específica, como el ICCPG o el CIIDH, no obstante la mayoría sí se ocupa de este campo de trabajo dentro de otras áreas, como es el caso de la FMM; aún así, las organizaciones de la sociedad civil parecen tener más fortaleza en la investigación, por ejemplo el GAM respecto del presupuesto militar, la FMM o el ICCPG en cuanto al acceso a la justicia, ASIES en cuanto al tema de cultura democrática y al análisis crítico de los informes anuales sobre derechos humanos de varias instituciones. Sin embargo, el Estado no recoge o recoge muy poco, las conclusiones y recomendaciones de los estudios para elaborar políticas públicas, por lo que se necesita que el Estado tenga más apertura y a su vez, las organizaciones busquen más la incidencia en el Estado, es decir, usar el producto académico para influir en el poder público, que sería su objetivo esencial. Honduras En cuanto a Honduras, el desarrollo de la investigación ha ido de la mano con el desarrollo de las Instituciones educativas en todos los niveles, en especial el de la Educación Superior, y este ha sido también reflejo de acontecimientos económicos, sociales, ideológicos, políticos, afectivos y culturales, que vive y ha vivido nuestra sociedad o enmarcado dentro del contexto de desarrollo de las relaciones de poder. Dentro del sistema político hondureño, la Constitución de la República, como norma primaria de la cual derivan las líneas a ser desarrolladas como políticas institucionales en materia de investigación en sus diferentes ámbitos, establece en diferentes apartados tanto de su parte orgánica como declarativa, aspectos relativos a ésta, incluyendo un sistema de educación superior, que se ha diversificado en las últimas dos décadas y en la actualidad está compuesto por dieciséis Universidades, de las cuales cinco son públicas, once privadas,

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incluyendo dos Escuelas de Educación Superior, un Instituto, un Seminario Mayor y un Centro de Estudios Superiores. Cada Universidad cuenta con un Estatuto interno que define su funcionamiento11, siendo que la organización, dirección y desarrollo del nivel de Educación Superior está a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras -UNAH.. Aparejado al Sistema de Educación Superior y como coadyuvante de las políticas de Estado en la ejecución de los procesos de desarrollo, promoción y divulgación del saber científico, se encuentra el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT), Institución creada por la Presidencia de la República en Consejo de Ministros, con carácter permanente y como una dependencia adscrita a la misma. Fuera de los ámbitos académicos en Honduras existen a nivel de Estado otras instituciones que conforme a sus decretos de creación deben incorporar dentro de sus estructuras internas instancias especializadas para la realización de investigación en diversas áreas del conocimiento, en su campo específico de acción. En la práctica aparentemente las iniciativas del Estado le apuestan más a lo productivo, así como la búsqueda e implementación de tecnología destinada a potenciar éste sector que a iniciativas destinadas a promover el desarrollo humano o la inversión social o investigaciones que se orientan generar conocimiento a fin de encontrar nuevas formas de satisfacer necesidades prioritarias y fundamentales de una gran parte de la población y sobretodo de los sectores con mayores carencias a nivel del bienestar material: trabajo, salarios dignos, educación y salud a diferentes niveles, campo al que se dedican mayormente las organizaciones sociales. Los Centros de Educación Superior constituyen uno de los medios más adecuados para fortalecer las capacidades nacionales de producción científica que se oriente al desarrollo; en cuanto a políticas institucionales se conoce que únicamente cinco Centros de Educación Superior12 han diseñado políticas y reglamentos que permiten hacer actividades orientadas al desarrollo de

11 Los Centros de Educación Superior existentes en el país son, en el Sector público: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” (UPNFM), Universidad Nacional de Agricultura (UNA), Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) y el Instituto Superior de Educación Policial (ISEP); once Centros privados, Universidad Católica de Honduras “Nuestra Señora Reina de la Paz” (UNICAH), Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), Universidad de San Pedro Sula (USPS), Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), Universidad Metropolitana de Honduras (UMH), Universidad Cristiana de Honduras (UCRISH), Universidad Evangélica “Nuevo Milenio” (UCENM), Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Escuela Agrícola Panamericana (EAP), Seminario Mayor “Nuestra Señora de Suyapa” (SMNSS) y el Centro de Diseño, Arquitectura y Construcción (CEDAC). 12 En cuanto a la investigación propiamente dicha, conforme a registros en estudios previos hacen ver que los Centros de Educación Superior con mayor número de investigaciones, son la UNAH, principalmente en el área de la salud, la EAP y la UNA en el área agrícola, la UNITEC en el área ecónomo administrativa y la UPNFM en el área educativa.

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investigación en distintas áreas de conocimiento. Se ha constatar que tanto la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, cuentan con políticas y estrategias orientadas al desarrollo de programas de investigación científica universitaria. En el caso de las universidades estatales (UPNFM/ UNAH), parte de esa política lo constituye el desarrollo de distintos mecanismos para llevar a cabo investigación y nutrir la docencia a partir de la creación de conocimiento. Aparejado a ello, con esta actividad se trata de responder a necesidades y problemáticas que afectan a la comunidad nacional en distintos campos. Sin embargo, su influencia directa en este proceso parece muy limitada y las brechas parecen incrementarse en la medida en que avanza el tiempo. Ambas universidades se han preocupado por potenciar los Sistemas de Estudios de Postgrado, quienes a su vez son responsables de la calidad de la investigación postgradual. A fin de garantizar resultados han implementado estrategias de seguimiento y control de calidad de la producción investigativa a este nivel, involucrando a expertos nacionales e internacionales, especialmente en lo referente al seguimiento de investigación para tesis. En cuanto a líneas destinadas a la difusión de los resultados, a pesar de las limitaciones puede decirse que se están llevando a cabo esfuerzos para lograr una mayor y más efectiva divulgación de las investigaciones, utilizando para ello distintos mecanismos, ambas universidades cuentan con revistas científicas, además de la impresión de libros, manuales y otros materiales, como mecanismo de divulgación y promoción de resultados de las investigaciones. Desafortunadamente hay un subregistro con respecto al número de publicaciones, temas de tesis y tesinas, así como los mecanismos que se utilizan para su difusión, a manera de ejemplo se puede señalar que de forma específica en la temática Derechos humanos, no se logró obtener mayor información, no obstante saber que el tema se vincula de una forma u otra en aquellas áreas de la Ciencias Sociales y que en el caso de la muestra recogida en estas es de muy buena calidad. En el informe de Guatemala se abordaron otros temas como la metodología aplicada en las investigaciones revisadas, un examen de los recursos humanos y materiales para la investigación en derechos humanos, una valoración sobre la relación entre el Estado, las organizaciones sociales y la academia en este campo y se presenta, a partir de las opiniones de las personas entrevistadas, consideraciones sobre el aporte de esta práctica, refiriendo experiencias de cómo la incidencia política en materia de derechos humanos se ha fundamentado en la investigación.

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3.4 Análisis de temas 3.4.1 Guatemala En los términos de referencia, como arriba se indica, se estableció la temática que se abordaría con preferencia. Sin embargo, a fin de apegarse a una visión integral de los derechos humanos que de alguna forma se refleja en dichos términos, presentar un enfoque interdisciplinario, y mostrar el abanico de temas abordados en las investigaciones encontradas, se optó por presentar un panorama amplio; para ello se organizó la bibliografía de acuerdo a la clasificación usual, partiendo de dos grandes ramas: el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, incluyendo un apartado para los Derechos de los Grupos Específicos, y el Derecho Internacional Humanitario, agregando un apartado para los temas generales que también se fueron encontrando. En Guatemala se trató de hacer una búsqueda desde una perspectiva amplia de los derechos humanos y se organizó lo encontrado de acuerdo a una clasificación generalmente aceptada que refleja la variedad de intereses, muchos de los cuales se centran en la administración de justicia, y a la vez la dispersión que existe en la investigación en derechos humanos respecto de otros temas. A continuación se expone en un cuadro el resultado de los hallazgos en cuanto a los temas que han sido abordados en la investigación en derechos humanos:

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Tema No. de investigaciones Derechos Humanos Derechos civiles y políticos Derecho a la vida 01 Derechos políticos 02 Participación política y ciudadana 10 Libre emisión del pensamiento 08 Seguridad ciudadana 06 Acceso a la justicia Acceso a la justicia para los pueblos indígenas 14 Administración de justicia 38 Derecho penal 13 Pena de muerte 08 Derechos de las personas privadas de libertad 06 Derechos económicos, sociales y culturales 07 Seguridad alimentaria 05 Tenencia de la tierra 02 Derechos laborales 23 Derecho a la educación 08 Derecho a la salud 06 Derecho al ambiente sano 09 Derechos de grupos específicos Derechos de la niñez y adolescencia 32 Derechos de las mujeres 13 Derechos de los pueblos indígenas 08 Derechos de las personas con discapacidad 03 Derechos del adulto mayor 01 Derechos de los migrantes 02 Derecho Internacional Humanitario 12 Corte Penal Internacional 06 Genocidio 03 Derechos de las víctimas 14 Temas generales Derecho constitucional 06 Estado de derecho 01 Cultura de paz y cultura democrática 07 Fundamentos filosóficos 03 Educación en derechos humanos 04 Acuerdos de Paz 07 Interculturalidad 02 Etnicidad 10 Género 16 Procurador de los Derechos Humanos 11 Defensores y defensoras de derechos humanos 02 Según la importancia que se le concede a los subtemas, se observa lo siguiente: Tema Número de trabajos de investigación Administración de justicia 38 Derechos de la niñez y adolescencia 32 Derechos laborales 23 Derechos de las mujeres 13 Género 16

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Los subtemas más trabajados corresponden a los temas Acceso a la Justicia (79), Derechos de los Grupos Específicos (59) y Derechos Económicos, Sociales y Culturales (60), aunque en este último tema cabe hacer notar que son justamente las tesis sobre derecho laboral las que le dan este volumen. A continuación se expone una valoración de los temas abordados, de acuerdo al contenido acordado con el consultor hondureño, no sin antes mencionar que, se organizó la bibliografía encontrada en tres grandes temas, donde se incluyen los que fueron señalados en los Términos de Referencia:

A. Derechos Humanos:

Derechos civiles y políticos Derechos económicos, sociales y culturales Derechos de grupos específicos

B. Derecho Internacional Humanitario

Corte Penal Internacional Genocidio Derechos de las víctimas

C. Temas generales

A. Derechos Humanos: En Guatemala persiste, bajo nuevas formas, la violación a los derechos humanos civiles y políticos; aunque la situación no atiende a una política institucionalizada como en el pasado, donde prácticas como la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada o involuntaria fueron prácticas de Estado, hay fenómenos que sí parecen estar institucionalizados, como la impunidad de los hechos del pasado y del presente, que se presenta como uno de los mayores obstáculos para la democratización y el Estado de Derecho. Se registran avances y retrocesos en cuanto a la situación de estos derechos, pues mientras pareciera haber mayor espacio para el ejercicio de derechos como el de la libre emisión del pensamiento o de participación, tanto política como ciudadana, otros ámbitos como los de justicia y seguridad se ven amenazados por el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico, labor a la cual se dedicaría una parte de la población, sobre todo en el área rural, dato que aunque no se ha cuantificado tiene una relevancia cada vez mayor. Una nueva forma de violencia, que incluye la violencia armada, ha sustituido a la violencia política y cuyos costos para el año 2005 alcanzaron el monto aproximado de unos US$2,386.7 millones, cifra equivalente al 7.3 % del PIB, según el estudio del PNUD (No. 26).

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La investigación en derechos humanos se ha centrado en este campo de los derechos civiles y políticos, donde se encontraron más de 230 trabajos. Los esfuerzos se han centrado en el acceso a la justicia, específicamente en la administración de justicia (38), encontrándose trabajos referidos, por ejemplo, al funcionamiento de instituciones, como los Centros de Administración de Justicia, estudios sobre avances en la reforma del sistema y sobre el proceso penal. Así, la preocupación recae en el examen de normas y mecanismos, siendo las investigaciones de organizaciones como la FMM o el ICCPG las que pueden constituir base para proponer reformas al sistema de justicia, pues no sólo muestran un manejo sólido del tema sino por su posición como referentes nacionales e internacionales en el tema. Según el mapeo, en el cual desde luego hay omisiones, hay interés en el derecho penal (13 investigaciones) y parece existir menos interés del que esperaría respecto del acceso a la justicia para los pueblos indígenas (14 textos) siendo posible que el tema esté siendo más investigado en el marco de proyectos de las organizaciones de los pueblos indígenas financiados por la cooperación internacional. Aunque hay pocas investigaciones (5) sobre personas privadas de libertad, tema en el que trabaja el ICCPG, cabe señalar que el abordaje de este tema es de particular importancia habida cuenta de que se está generando debate acerca de los derechos de las personas privadas de libertad. Aún es incipiente la preocupación en torno a la seguridad ciudadana (6 documentos), a la cual se enfoca SEDEM, desde la perspectiva de la seguridad democrática. En cuanto a otros derechos civiles y políticos también hay interés en la participación ciudadana (10 investigaciones), que está adquiriendo cada vez mayor relevancia -sobre todo en lo que respecta a la consulta popular-; en este rubro se incluyó el derecho a la participación política, donde se ubicaron las investigaciones de ASIES y los cuadernos de FLACSO sobre los partidos políticos, que es el medio establecido para ejercerlo. Hay un trabajo referido al derecho al voto y otro sobre el derecho a los medios legales para ejercer el derecho a la legítima resistencia. Derechos económicos, sociales y culturales La situación de pobreza y exclusión social que vive Guatemala expresa una violación constante y sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales, que no obstante son históricas, es hasta en años recientes que se visualizan como problemas de derechos humanos. En una tesis de maestría en derechos humanos se llega a denominar “genocidio social” a la violación sistemática de estos derechos (No. 109), que se han entendido como necesidades básicas, las cuales, según algunas corrientes actuales, son también fundamento de derechos, además de los valores.

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Desde la perspectiva de la investigación en derechos humanos, la preocupación por esta categoría de derechos es reciente, lo cual se debe, en parte a su reciente reconocimiento como parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este campo se encontraron sobre todo informes alternativos, que no se incluyeron en el mapeo, según el cual los derechos laborales han sido los privilegiados en las tesis universitarias; les sigue el derecho al ambiente sano (donde la mayoría de los 9 trabajos provienen de CALAS), el derecho a la educación (8 investigaciones) y 5 al derecho a la salud, dos de ellas referidas a las personas con VIH/SIDA, siendo que éste constituye un problema nacional de salud. Hay 7 referidas a los derechos económicos, sociales y culturales en general, algunas de ellas vinculadas a su exigibilidad. Llama la atención que solamente se haya encontrado dos investigaciones sobre la tenencia de la tierra, una tesis referida a una evaluación jurídica del proceso de reasentamiento de refugiados guatemaltecos provenientes de México en Cahabón, Alta Verapaz y un trabajo de la ODHAG sobre el campesinado guatemalteco. Desde luego, en la consultoría no se incluyeron organizaciones campesinas donde quizá allí sí se habría encontrado textos sobre el tema, pero esto parece ser un indicador de la falta de preocupación por parte de la academia hacia este problema, que sigue siendo crucial para el país. Derechos de grupos específicos En la década de los años noventa empezaron a surgir en Guatemala organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos de grupos específicos, lo cual se debe a los espacios abiertos en el marco del proceso de democratización pero también responde al proceso de especificación de los derechos humanos en el contexto internacional. Entre los temas que han ocupado la atención de las investigaciones realizadas principalmente en las universidades, pues no se incluyó en esta exploración a organizaciones sociales dedicadas a estos temas, están los derechos de la niñez y la adolescencia (33 investigaciones), entre ellos una de las pocas investigaciones que profundizan en la teoría de estos derechos (No. 180), aprobada Suma Cum Laude, realizada por una persona de larga trayectoria en esta campo, y otra donde se analiza los métodos de interpretación utilizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los niños de la calle (No. 185). El tema de los derechos de las mujeres fue abordado en 13 trabajos; se ubicaron en este rubro las tesis que describen cómo se violan los derechos específicos de las mujeres en el sistema de justicia y dos trabajos de la DIGI, que analizan las violaciones sexuales desde la victimología. Los trabajos que abordan el tema desde la perspectiva de género, se mencionan en un apartado de Temas Generales.

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Se identificaron 6 trabajos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, cuatro de ellos referidos a su reconocimiento jurídico internacional, lo que no deja de llamar la atención, pues este es uno de los temas que más impulso ha recibido en la agenda nacional e internacional, sobre todo a partir de los Acuerdos de Paz. Los derechos de las personas con discapacidad (3), de los migrantes (2) y del adulto mayor (1), han captado poca atención, lo que refleja, desde luego, que aún la sociedad guatemalteca no advierte estas realidades como problemas de derechos humanos. B. Derecho Internacional Humanitario En 12 tesis se ha abordado este tema, aunque sólo 4 de ellas aluden al conflicto armado en Guatemala, una de las cuales profundiza en el nivel local. 6 tesis se refieren a la Corte Penal Internacional y 3 al delito de genocidio, a pesar de la trascendencia del tema para Guatemala. Sobre los derechos de las víctimas se registraron 14 investigaciones, 6 de ellas realizadas en el marco de la Maestría en Sicología y Violencia Política de la USAC, que se incluyeron por referirse justamente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y al deber del Estado de resarcir. Aquí se ubica uno de los pocos trabajos que analiza el conflicto armado a nivel local, desde la perspectiva de las víctimas, en Huehuetenango (No. 257) y también una investigación que aborda los efectos psicosociales de la violencia en familiares de víctimas de la violencia política de la USAC. C. Temas generales Se optó por incluir en este rubro las investigaciones relacionadas con derecho constitucional (6), Estado de Derecho (1) y cultura de paz y/o cultura democrática (7), donde se ubicaron las encuestas sobre la cultura democrática de los guatemaltecos impulsadas durante varios años por ASIES y este año por FLACSO, en cooperación, en ambos casos, con LAPOP, bajo el supuesto que sostiene la autora de que este es uno de los ámbitos donde se reflejan los avances o retrocesos en materia de derechos humanos, especialmente en lo que concierne a derechos civiles y políticos. También aquí se registraron algunas de las investigaciones de la DIGI/USAC. En cuanto a fundamentos filosóficos de los derechos humanos se registraron 3 trabajos, uno de ellos referido a la filosofía de Norberto Bobbio y su propuesta consensual para fundamentar los derechos, una publicación sobre los valores de la cultura Q´eqchi´ del Centro Ak´kutan, donde se plantea que tales valores constituyen una oferta válida para la cultura occidental moderna, de la cual son

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parte los derechos humanos, y uno más sobre la tolerancia, realizado en el IDHUSAC. Hay 4 trabajos sobre educación en derechos humanos, dos de ellos referidos a la inserción del tema en la educación formal (uno relacionado con Huehuetenango), otro que examina la educación en derechos humanos de los oficiales del Ejército de Guatemala y una investigación que revisa una experiencia educativa en Baja Verapaz. En 7 investigaciones se trata los Acuerdos de Paz y en 2 el tema de la interculturalidad, ubicándose aquí una tesis sobre los principios de interpretación intercultural de la Constitución Política de la República de Guatemala. En el rubro Etnicidad figura, entre otros, el proceso de investigación sobre mayanización y vida cotidiana impulsado por FLACSO, cuyo producto está recogido en tres tomos y un texto de presentación y que es una de las investigaciones de mayor rigor llevada a cabo, colectiva, participativa y validada constantemente. Se encontraron 16 trabajos en los cuales se abordan los derechos de las mujeres desde la perspectiva de género, unos de ellos producidos por el Instituto de Derechos de la Mujer de la USAC y otros en el Programa de Género, de FLACSO, que fue cerrado en 2005. También aquí se ubicaron 2 investigaciones sobre el feminicidio (una de ellas una tesis de la Maestría en Derechos Humanos de la URL y otra realizada a petición de la bancada de la URNG en el Congreso de la República). Destacan una tesis a la cual se otorgó un Suma Cum Laude (No. 306), realizada por una persona reconocida en el ámbito de las organizaciones de mujeres y un trabajo sobre la igualdad de la mujer desde un enfoque teórico feminista, que analiza la patriarcalidad de la hermenéutica aplicada a la ley en Guatemala (No. 313). La Institución del Procurador de los Derechos Humanos, la naturaleza de sus resoluciones y el contenido de sus informes circunstanciados han sido el tema de 11 investigaciones, incluyendo una de ASIES en la que se propone un esquema para dicho informe. Por último se ubicaron dos trabajos sobre uno de los temas más nuevos, los derechos humanos de defensores y defensoras de derechos humanos, recientemente reconocidos en el ámbito internacional. En el trabajo de FLACSO se hace un análisis de la actuación, en 2005, de varios actores del movimiento social y en la investigación de la ya desaparecida Coalición por la CICIACS se estudian los ataques a defensores de derechos humanos, que se inscriben en una nueva expresión de la violación a los derechos civiles y políticos, la criminalización de la acción social y siguen la lógica de la impunidad generalizada. En este sentido vale la pena comentar que uno de los temas más invisibilizados en nuestro país es justamente el de la defensa de los derechos humanos, que aún no se ha historizado, a pesar de sus costos sociales y de su contribución al

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proceso de democratización y a la construcción de una cultura de derechos humanos. Temas sugeridos por las personas entrevistadas En el marco de las entrevistas a los referentes idóneos también se indagó sobre los temas que, desde su perspectiva deben ser trabajados o seguir siendo trabajados; así surgió un amplio abanico de sugerencias que a continuación se anotan: Derechos civiles y políticos: Hace falta seguir profundizando en la investigación de los temas más acuciantes como lo son la administración de justicia y problemas vinculados a la seguridad y relacionado con ello, el acceso a la información; aunque el problema de la impunidad ha sido abordado, hace falta examinar sus raíces culturales e ideológicas. También se mencionaron aspectos que no han sido aún visualizados desde la perspectiva de los derechos humanos, como las diversas expresiones del crimen organizado y sus vínculos con el poder político y militar, los delitos de cuello blanco, lavado de dinero, delitos financieros y corrupción. Derechos económicos, sociales y culturales: Hace falta investigar con mayor profundidad los derechos económicos, sociales y culturales, pues si bien se elaboran informes alternativos al respecto, no se han hecho estudios sobre cada uno de estos derechos. Uno de los temas más abordados es el de los derechos laborales, pero otros, por ejemplo el derecho a la vivienda, no ha generado interés, quizá porque aún no se le concibe como un derecho humano. Derechos de grupos específicos: En materia de derechos de los pueblos indígenas se señalaron los límites entre los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, relación entre derechos humanos individuales y los derechos colectivos, los derechos de la niñez indígena en el ámbito educativo, el derecho a la igualdad jurídica y material de los pueblos indígenas, derecho a la participación de los pueblos indígenas, incluida la consulta popular, la relación entre sistema jurídico indígena y sistema jurídico oficial, para construir una sociedad más democrática y plural. Debe seguirse profundizando en el tema de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal.

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Uno de los temas más difíciles es el de derechos de las mujeres indígenas, que es controversial por el tema de la complementariedad. Otros temas: Hay que seguir profundizando en la memoria histórica, lo que constituye una de las recomendaciones de la CEH, ello además de incluir en la pensa de estudios los informes de esta comisión y el de REMHI. El tema filosófico ha sido escasamente trabajado (sólo se identificó una tesis referida al tema, una investigación sobre los valores de la cultura Q´eqchi´ y un trabajo sobre la tolerancia). En el contexto guatemalteco y regional hay preocupaciones a todo nivel que requieren atención, desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos y por ello los esfuerzos intelectuales y docentes se vuelcan a este y no a la preocupación filosófica, que no se ve como necesaria y que se considera que se puede abordar luego de haber resuelto lo urgente13. Desde el punto de vista de la autora, la perspectiva filosófica, que se orienta a responder a la pregunta ¿Por qué tenemos derechos humanos? (de la cual derivan otras, como ¿qué son los derechos humanos? (concepto), ¿cuáles son? (listado de derechos reconocidos) y ¿cómo defenderlos? (normas y mecanismos para defenderlos) es fundamental para Guatemala, pues puede coadyuvar a atajar los numerosos prejuicios sobre derechos humanos existentes en la sociedad y a fomentar la responsabilidad individual en el ejercicio de los derechos. El esfuerzo desde la perspectiva filosófica es parte del desafío para la construcción de un pensamiento propio en este campo, en el cual la diversidad cultural del país y la práctica social en defensa de los derechos humanos tienen un lugar, que aún no se les ha concedido, como fuente de conocimiento. Se indicó también que se debe atender más en las investigaciones el enfoque victimológico. 3.4.2 Honduras El resultado obtenido en la recolección de las investigaciones y publicaciones denota un avance significativo en relación a políticas y acciones concretas en defensa y protección de los derechos humanos; a pesar de que en Honduras no se cuenta con una política claramente definida de investigación en ciencias humanas en general y de manera específica en derechos humanos, los esfuerzos institucionales parecen conformar una agenda que se orienta a determinados enfoques, que conforme a las áreas temáticas sugeridas en los términos de referencia y en orden de producción investigativa recopilada se ubican en el siguiente orden: 13 Gustavo García Fong, en entrevista referida.

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Tema Honduras Participación política y ciudadana 33 Género y derechos de las mujeres 19 Seguridad 17 Acceso a la justicia 15 Educación en Derechos Humanos 10 (incluye manuales) Etnicidad 03 Ambiente 01 Derecho laboral 02 Responsabilidad social empresarial 01 Derechos de la niñez 09 Tomando como punto de referencia cada uno de los ejes temáticos propuestos, los hallazgos indican que una gran parte del quehacer institucional en materia de investigación en derechos humanos se orienta a la participación política y ciudadana, seguridad y acceso a la justicia, pertenecientes a la categoría de derechos civiles y políticos y en menor grado a lo relacionado con la co-responsabilidad que el Estado y la empresa privada tienen en la implementación de políticas orientadas a garantizar la inclusión en el sector productivo de aquellos grupos, que por adolecer de determinas condiciones -discapacidad, adulto mayor, etnias, mujeres, etc- imposibilitan su desarrollo como personas. A primera vista, entonces, los derechos civiles y políticos es la categoría que ha merecido mayor apoyo en investigación por parte de las instituciones y de los organismos de cooperación, en tanto temas como responsabilidad social empresarial y los relacionados con el derecho al trabajo no están recibiendo la atención adecuada y al parecer gozan de un espacio limitado, como objeto de estudio, en las agendas de las instituciones de derechos humanos. En el caso de Honduras, al hacer un análisis por eje temático, se señala que merece especial atención, dentro de la temática de participación política y ciudadana, los aspectos que reflejan la participación de la mujer en el enfoque de género14. En este plano, parte de la producción investigativa deja entrever la influencia que ha tenido la iglesia en el reconocimiento y promoción de la dignidad y los derechos de la mujer, paralelamente a la legislación y órganos de protección secular. El anterior es un punto de análisis interesante partiendo de que la iglesia católica no solo juega un papel orientador en el tema religioso, sino que concreta postulados sociales enunciados en su pastoral social. Se suman a ésta trabajos referentes a temas tan sensitivos como el abordaje del aborto a través de la investigación, derechos sexuales y reproductivos y preferencias sexuales, entre otros. Así, por ejemplo, se encuentran trabajos como “Otra vez el aborto, lo que dicen y hacen sobre el aborto en Tegucigalpa” de Olivo Granadino, María Victoria, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras – 14 TESIS “La iglesia católica y los derechos de la mujer en Honduras. De Jesús Carvajal, Ligia Mariela. UNAH”.

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UNAH-; ”Nunca antes lo había hablado” del Centro de Derechos de Mujeres –CDM-, o el estudio “Ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en adolescentes” de la misma institución. Siempre vinculado a la temática investigación en género, merece especial atención el trabajo que realiza el Diplomado en Violencia y Convivencia Social de la UNAH, que ha producido un buen número de investigaciones con títulos como “Perfil de la agredida y el agresor en violencia doméstica”: “Consejerías de familia “El Bosque y Villanueva” de Mejía, Glenda Xiomara y Wiemer, Waleska. “La violencia hacia la mujer y su repercusión en el campo laboral. Un estudio de casos”, de Hernández, Zoila Rosa, Reconco, Sandra María, Midence, Erica Lizzete. Otro tema abordado tiene que ver con el tema género es “Análisis de la particicipación política de la mujer hondureña 2005”, del Colectivo de Mujeres Universitarias, que refiere al tema participación política de las mujeres en el ejercicio pleno de la ciudadanía por medio del ejercicio del derecho a elegir y a ser electos. Paralelo a ello y en contraste con otras áreas llamadas “susceptibles”, encontramos que temas como por ejemplo la condición de la mujer campesina hondureña, pasa desapercibida como objeto de estudio. la urbanidad contraria a la ruralidad y visibiliza el abordaje de temas relativos a defensa y protección de la mujer desde un único enfoque, por otro lado los procesos investigativos sobre los derechos humanos de las minorías étnicas son escasos, así como en el campo de derechos laborales y los vinculados a reducción de la pobreza. . Es por ello que el presente diagnóstico es de suma importancia ya que constituye una especie de “ventana o portal” para ver realidades no sólo de la mujer o de la participación ciudadana, sino de otros sectores o temas vinculados a derechos humanos, que merecen igual atención, ello sin olvidar las debilidades existentes al ver integralmente las tres grandes categorías de los Derechos humanos, en donde queda claro que debemos potenciar lo referente a los llamados DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y la categoría de los Derechos de los pueblos o de la Solidaridad. Como se ha hecho referencia al inicio del presente apartado, en el proceso de análisis se puntualizan áreas que cuantitativamente han merecido mayor atención en referencia a la producción editorial; siendo las áreas de Participación Política y Ciudadana, Género y Seguridad, las que denotan mayor visibilidad, seguidas por áreas con menor grado de publicaciones: Acceso a la Justicia, Educación en Derechos Humanos, Etnicidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial. Elemento cuantitativo no necesariamente visualizado como un indicativo de sub – valoración de las otras áreas sino como “agendas diferenciadas en el marco de convenios interinstitucionales y de acuerdos con la cooperación internacional.

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Todos estos elementos generan reflexiones en torno a los niveles de incidencia en materia de Derechos Humanos, ejecutados tanto desde el sector público como por parte de las organizaciones del sector privado, llama poderosamente la atención en este apartado el como las universidades públicas incursionan en el tema de Derechos Humanos a través de los trabajos de investigación de los Diplomados y Maestrías relacionados con las ciencias sociales. En el Informe Nacional de Honduras, se hace un ejercicio de triangulación, respecto de varios temas, como Participación Política y Ciudadana, en la cual se encontró el mayor número de publicaciones, lo que tiene que ver con los acontecimientos que en materia de democratización participativa y ciudadana ha experimentado el país durante los Gobiernos elegidos bajo el libre sufragio. Asimismo, hay indicios de que la cantidad de publicaciones de los últimos siete años tiene estrecha relación con las políticas que en materia de gobernabilidad se han abierto bajo nuevos escenarios de consolidación de una democracia no sólo representativa sino participativa. Es igualmente interesante el hecho de que a pesar de existir agendas diferenciadas por parte de las instituciones que promueven derechos humanos en Honduras, se encontró en la práctica no sólo el desarrollo de puntos comunes en cuanto a la temática hacia la que dirigen su trabajo, sino que desde una perspectiva integral puede verse que en ocasiones, quizá por mera coincidencia –puesto que no obedece a una política coordinada- cómo se relacionan y complementan los temas entre sí y a su vez se vinculan con otros ejes temáticos como justicia, género, etnicidad, etc., lo cual funcionaría de mejor forma y se optimizarían resultados, si se contara a nivel de Estado con una institucionalidad y líneas de acción bien definidas en materia de investigación en derechos humanos, que si bien permitan a las instituciones continuar con el desarrollo de sus propias agendas, construyan e impulsen una agenda nacional en el tema. Quizá de esta forma se logre un equilibrio que permita el desarrollo y consolidación de las otras categorías de derechos humanos que aún se requieren potenciar. El ejercicio de triangulación funciona a partir del establecimiento de conexiones, de tipo conceptual o jurídico, a partir de la información, y proyecta de alguna manera la búsqueda de procesos sinérgicos a partir de un “supuesto” de tratamiento de los derechos humanos con un enfoque integral. Vale aclarar que lo anterior, se analiza desde la producción bibliográfica y no desde una valoración operativa verificada con los organismos ejecutores. Sin embargo, se señalan asociaciones implícitas entre una y otra área por lo que se asume, cierto grado de responsabilidad entre las organizaciones del Estado y de la sociedad civil. La triangulación también muestra que si bien es cierto que en el orden metodológico de la investigación aparecen como áreas diferenciadas participación ciudadana y democrática, educación en derechos humanos, acceso a justicia y

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etnicidad, existen aspectos que los hacen co-dependientes, integrales o complementarios, para fines comunes o diferenciados. Se indica, finalmente, que el análisis visto con un enfoque integral solo puede ser analizado desde la sinergia entre un área o eje temático y otro, potenciado desde aquello que los hace tanto comunes, como diferenciados. El informe de Honduras presenta un panorama general sobre la investigación en derechos humanos, basada en las tres grandes categorías en que actualmente se clasifican los derechos humanos; este apartado muestra –de primera mano y de forma condensada- no sólo la cantidad de trabajo recolectada en la muestra, sino también, hacia qué categorías se están dirigiendo los esfuerzos institucionales en materia de investigación en el tema, aclarando que si bien dicha muestra no constituye el universo de lo existente, sirve para inferir desde una perspectiva integral los avances, así como las áreas que se requiere sean potenciadas, categorías que una vez identificadas pueden ser referencia para que a futuro puedan enriquecerse por medio del trabajo investigativo de las universidades asociadas, así como por los centros de investigación y las ONG que trabajan el tema. De manera muy general puede decirse que en Honduras es evidente el avance encontrado en materia de derechos civiles y políticos, y queda claro que se debe potenciar lo referente a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la categoría de los derechos de los pueblos o de la solidaridad, derechos que por ser compromisos estatales para con la colectividad se esperaría por parte del Estado una mayor intervención, ya que es a éste a quien compete el promoverlos a fin de hacerlos efectivos. Tema Guatemala Honduras Participación política y ciudadana 10 33 Género y derechos de las mujeres 29 19 Seguridad 06 17 Acceso a la justicia 79 15 Educación en Derechos Humanos 04 (no incluye manuales) 10 (incluye manuales) Etnicidad 10 03 Ambiente 09 01 Derecho laboral 23 02 Responsabilidad social empresarial 00 01 Derechos de la niñez 32 09 En el caso de Guatemala, bajo “Acceso a la justicia” se agruparon investigaciones relacionadas con el acceso a la justicia para pueblos indígenas, administración de justicia, derecho penal, pena de muerte y derechos de las personas privadas de libertad.

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CONCLUSIONES

Se presenta a continuación conclusiones extraídas de la lectura de los informes nacionales de Guatemala y Honduras y de las propias que dichos documentos presentan, formulándolas desde los aspectos comunes identificados en realidades y prácticas sociales diversas y abordajes diferenciados de la investigación en derechos humanos. La lectura separada de los informes permitirá advertir las limitaciones y potencialidades de esta práctica en cada país, que conforman una riqueza que no se puede desperdiciar sino aprovechar, más allá del Proyecto Finlandia.

1. Los resultados que presentan cada uno de los informes nacionales reflejan

las realidades distintas en las que se lleva a cabo la práctica social de la investigación en derechos humanos, las cuales, alguna manera, incidieron en los enfoques diferentes pero complementarios que se encuentran en dichos informes.

2. En el caso de Guatemala se encontró una mayor cantidad de trabajos

(aproximadamente un 60%) que se llevaron a cabo en el ámbito de las universidades que son las agencias ejecutoras del proyecto, lo que puede identificarse como parte de su impacto institucional. Las investigaciones realizadas desde las organizaciones de la sociedad civil, sean centros de investigación u organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos ocuparon un volumen importante, a pesar de que son pocas las entidades que tienen la investigación de temas sociales y/o la investigación en derechos humanos como parte de su mandato.

3. En el caso de Honduras el mapeo refleja que la investigación focalizada en

derechos humanos es incipiente en las entidades que conforman el Sistema de Educación Superior. Se destaca que gran parte de la investigación en derechos humanos es impulsada por centros de investigación, organizaciones que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos y agencias de cooperación internacional.

4. En ambos países si bien se cuenta con un marco constitucional que

respalda la investigación científica. Sin embargo, prevalece la visión de “ciencia” como “ciencias duras”, por lo que las ciencias sociales aún no ocupan el lugar que deberían en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales, generando un importante desbalance en las políticas de investigación, que son prácticamente inexistentes en el caso de los derechos humanos; ello no es mandato siquiera de instituciones como el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala o el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras.

5. Las universidades, en especial las comprometidas con el Proyecto

Finlandia, tienen políticas de investigación propias, al igual que las

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organizaciones sociales; sin embargo, no están articuladas a una política macro, lo que genera que la investigación científica en materia de derechos humanos muestre cierta dispersión y no se base en una agenda nacional.

6. Tanto en Guatemala como en Honduras el interés de la investigación

científica en derechos humanos se ha centrado en los derechos civiles y políticos, en detrimento de los derechos económicos, sociales y culturales. Llama la atención que en el caso de Guatemala el número de trabajos referidos al acceso a la justicia supere con creces, por ejemplo, al tema de los derechos de los pueblos indígenas o la etnicidad, no obstante los esfuerzos de las organizaciones sociales y de la comunidad internacional por elevar este tema en la agenda política.

7. Encontrar mayor volumen de investigaciones en el caso de Guatemala

permitió identificar algunas características, respecto de su calidad, que deberían ser analizadas en estudios posteriores: a) el énfasis en el enfoque jurídico en detrimento de una perspectiva sociológico e integral de los derechos humanos, que tome en cuenta sus dimensiones políticas y éticas; b) el interés centrado en el derecho a la justicia y no en otros de similar importancia, de acuerdo a la realidad nacional; c) el desinterés por los fundamentos de los derechos humanos, en particular por los fundamentos filosóficos; d) la permanencia de un abordaje exploratario y descriptivo, que conlleva el reto de pasar a un enfoque explicativo e interpretativo, habida cuenta de la riqueza de la experiencia acumulada, que no ha sido sistematizada.

8. En el caso de Guatemala se pudo identificar con mayor detalle cómo la

investigación en derechos humanos ha permitido fundamentar la incidencia en políticas públicas, tema que queda pendiente en el caso de Honduras. No obstante, la estrategia de investigar en derechos humanos para incidir en políticas públicas está más definida en las organizaciones sociales, que refirieron con claridad sus logros en esta dirección, que en el ámbito académico. El hecho de que la Universidad de San Carlos de Guatemala tenga iniciativa de ley ofrece al IDHUSAC un campo privilegiado de trabajo para aportar con su quehacer en la fundamentación de propuestas de ley en el tema de los derechos humanos.

9. Ni en Guatemala ni en Honduras hay coordinación entre las instituciones

del Estado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil en la investigación en derechos humanos; contar con una agenda nacional disminuiría la dispersión temática y de enfoques, y potenciaría el sentido político de la investigación, siempre y cuando no se limite la libertad de investigación.

10. Las investigaciones realizadas en las organizaciones sociales, entre ellas

los centros de investigación, tienen mayor difusión que las llevadas a cabo

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en el ámbito académico. La producción de los institutos universitarios especializados se publica en sendas revistas; sin embargo, las tesis de grado y postgrado, cuya realización es un requisito, constituyen solamente un ejercicio individual que raramente llega a un público amplio, en parte porque muy pocas tienen la calidad necesaria para publicarlas. Así, un reto es cómo socializar y someter a discusión los resultados de la investigación para darle un carácter participativo.

11. Este diagnóstico constituye apenas una exploración de la investigación en

derechos humanos en Guatemala y Honduras. El ejercicio abre importantes interrogantes, no sólo respecto de cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo en la investigación en derechos humanos sino respecto de cómo posicionar políticamente la investigación en derechos humanos, cómo dar un salto cualitativo de la exploración y la descripción a la explicación y la interpretación, por qué fragmentamos nuestro quehacer en la investigación, la defensa y promoción de los derechos humanos aún cuando conceptualmente hemos aceptado su integralidad, todo lo cual apunta a la interrogante mayor de cómo construir una cultura de derechos humanos.

12. El Proyecto Finlandia deja pues, como parte de su impacto, algunas

respuestas pero sobre todo interrogantes abiertas como las anteriores, que no son pocas ni banales, y que atañen no sólo a la investigación en derechos humanos sino al quehacer investigativo en general y también a la defensa y promoción de los derechos humanos, expresiones de una misma esperanza y de una misma opción por la dignidad de los seres humanos pero que hoy por hoy se muestran fragmentadas por razones históricas, sociales y culturales, fragmentación que en sí misma, es un tema de investigación.

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RECOMENDACIONES

Al igual que las conclusiones, dado que en los informes nacionales aparecen recomendaciones relacionadas con la realidad propia de cada país, en esta síntesis se trata de presentarlas recogiendo aquello que es común en la diversidad de experiencias y enfoques.

1. Dado que el posicionamiento social y político de la investigación en derechos humanos va de la mano con el posicionamiento de las ciencias sociales en general, en equilibrio con las ciencias duras, se requiere de un esfuerzo compartido de todas las instituciones académicas y organizaciones sociales dedicadas a la investigación social en esta dirección, pues los derechos humanos son, por excelencia, un tema inter y multidisciplinario.

2. Este esfuerzo podría partir de la creación de un Consejo de Investigación

en Derechos Humanos, con la participación de todas las instancias gubernamentales, académicas y sociales involucradas para:

a) Propiciar procesos de reflexión sobre la investigación en derechos

humanos,

b) Coordinar esfuerzos y potenciar los resultados de las investigaciones en derechos humanos de ambos espacios, tanto en el ámbito de la incidencia en políticas públicas como en de la sensibilización, cimentando una cultura de derechos humanos, ya que las organizaciones podrían ser fuentes y medios para la aplicación de los resultados de las investigaciones,

c) Estimular el interés de las agencias de cooperación en el tema, lograr que

el sector público le de lugar a la investigación, sensibilizar al sector privado para que apoye esta práctica en los campos que puedan interesarle y, en general, posicionarse como referentes en esta materia,

d) Colocar los derechos humanos en el interés de los medios de

comunicación y formar una opinión pública favorable a los derechos humanos,

e) Formular una estrategia para socializar los resultados de las

investigaciones entre la población, que está más interesada en los problemas de su vida cotidiana, lo que requiere que la investigación responda a las necesidades de dicha población y de un esfuerzo de mediación pedagógica, para democratizar la información y nutrir procesos formativos en derechos humanos,

f) Construir y mantener una base de datos compartida, cuya fuente inicial

pueden ser estos mapeos temáticos, a fin de registrar los resultados de la

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investigación en derechos humanos y facilitar así el acceso a esta información, incluso con la publicación de catálogos periódicos,

g) Sentar las bases para la formulación de agenda de investigación en

derechos humanos de la cual surja una propuesta de política nacional de investigación en esta materia.

3. En cuanto a los enfoques, se debe dirigir la investigación científica en

derechos humanos hacia una concepción integral, para ir más allá del fuerte énfasis en la dimensión jurídica que se muestra en la mayoría de los trabajos examinados en ambos países. Aunque en la doctrina hay varias tendencias, esta concepción integral presupone identificar en los derechos humanos tres dimensiones, que no pueden considerarse aisladamente y que conlleva comprenderlos como exigencias éticas justificadas (dimensión ética), que por ser especialmente importantes han sido incorporadas por el poder del Estado (dimensión política) al aparato jurídico, para que sean protegidas eficazmente (dimensión jurídica). De igual forma, el análisis sociológico se muestra como indispensable.

4. Reorientar la investigación en derechos humanos para avanzar hacia

modelos explicativos, pasar de lo exploratorio y descriptivo a la etapa de explicación, pues ya se ha cerrado un ciclo en este sentido; sólo de esta manera se podrá construir un pensamiento crítico, propio, comprometerse con la excelencia académica y la ética profesional, seguirnos conociendo y reconociendo en cada país y contribuir a su transformación, que es, finalmente, el objetivo de la investigación en derechos humanos.

Se identificaron también recomendaciones para las universidades, dado que son las agencias ejecutoras del Proyecto Finlandia y que tienen como parte de su mandato la investigación social:

a) Mejorar los niveles de formación en materia de investigación social, independientemente de que sean sobre derechos humanos, dirigiendo especiales esfuerzos a sectores como los pueblos indígenas, en el caso de Guatemala.

b) Fortalecer la investigación social no sólo por medio de cursos sino como

eje transversal de la docencia, es decir, institucionalizarla.

c) Impulsar que los derechos humanos sean un eje transversal en la docencia y la investigación, habida cuenta de que en el seno de las universidades se están formando muchos de los tomadores de decisiones del futuro.

d) Estimular el manejo del tema de los derechos humanos en unidades

académicas diferentes a las facultades de ciencias jurídicas y sociales, habida cuenta de que este tema es inter y multidisciplinario.

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e) Profundizar en la formación permanente de recursos humanos para la

investigación en derechos humanos.

f) Coordinar esfuerzos con otras organizaciones, como los centros de investigación, para no duplicar esfuerzos y enriquecer enfoques y metodologías.

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SINTESIS DE LAS INVESTIGACIONES GUATEMALA

A. DERECHOS HUMANOS

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Derecho a la vida 1) Elizondo Hernández, Rita María. La eutanasia, ¿un derecho humano? Tesis de Maestría

en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre, 2006. 136 páginas.

Dentro del término eutanasia se consideran las acciones que tienen como finalidad la privación de la vida de un enfermo, generalmente terminal, a petición de éste o por decisión de su familia y con la intervención de otra persona. Desde la perspectiva de los derechos humanos, se analizó si existe el derecho a decidir sobre la salud, la enfermedad, la vida y la muerte, por lo que se estudiaron las distintas normas legales que se refieren a los principios y fundamentos de los derechos humanos, tomando en consideración la opinión de expertos en ciencias jurídicas y en la ciencia médica, que se recolectó por medio de entrevistas semi estructuradas a profundidad. Se concluye, entre otras cosas, que en el caso de Guatemala sería inconstitucional toda norma que permitiera la eutanasia, porque atenta contra la dignidad de la persona y los principios de los derechos humanos y porque el Estado no puede atribuirse el derecho de legalizar la eutanasia pues es contrario a la vida.

Derechos políticos 2005 2) Herrera Toledo, Luis Fernando. Medios constitucionales y legales para que el pueblo de

Guatemala pueda ejercitar la legítima resistencia en un Estado Democrático. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Octubre de 2005, 164 páginas.

El derecho del pueblo a la legítima resistencia, es un claro fundamento que necesita mecanismos legales y constitucionales para determinar el proceso perfectible de la democracia, lo cual indicará expresamente la forma en que un pueblo pueda hacer valer su voluntad incluso en una situación de deterioro democrático. En el Estado de Derecho Constitucional Democrático Guatemalteco, el derecho a la resistencia no se encuentra fuera de contexto, ya que al ser un derecho humano, deberá de ser respetado, reconocido y protegido; y ante tal circunstancia y con el fin de aportar soluciones y herramientas prácticas que puedan enriquecer el conocimiento de cada uno de los ciudadanos para recurrir a los medios legítimos de resistencia, es que se pretende examinar si existen medios legales y constitucionales para que el pueblo de Guatemala pueda ejercitar el derecho a la legítima resistencia en el contexto de un Estado de Derecho Constitucional Democrático y, si existen, si es eficaz su utilización. Se trata de una investigación jurídico – exploratoria, que incluyó encuestas dirigidas a abogados, estudiantes universitarios, estudiantes de nivel medio y grupos de personas al azar; esto con el fin de comprender a nivel general el conocimiento que se tiene en el Estado Guatemalteco del derecho de resistencia. Se analizan hechos como la revolución, la violencia, la guerra civil, y demás formas de resistencia de ésta índole, como figuras radicales que únicamente podrán ser ejercitadas en situaciones extremas de deterioro democrático y descomposición del Estado Constitucional, siempre que sean el último recurso

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y guarden una proporción entre el daño causado o que se pretende causar y los efectos de este acto resistente.

2006 3) Vásquez Ostrich, Alejandro José. El ejercicio del derecho al voto en la legislación

guatemalteca desde la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Marzo de 2006, 90 páginas.

Se trata de una investigación legal y teórica sobre el derecho del voto, complementada con un trabajo de campo, incluyendo entrevistas a expertos, académicos y dirigentes políticos. Analiza el cumplimiento del ejercicio del voto y su aplicabilidad real dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, además de un análisis crítico del sistema político y sus implicaciones prácticas en esta materia. El derecho al voto está garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala y en el ordenamiento jurídico, pero se concluye que en Guatemala existen barreras estructurales al voto, que es necesario actualizar el derecho electoral, que deben acercarse los centros de empadronamiento a las personas, que no existe la desconcentración del voto de una forma tal que permita a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones el poder emitir el mismo, que el padrón electoral es obsoleto, que la cédula de vecindad tiene pocos controles de seguridad. Se formulan numerosas recomendaciones como sustituir la actual cédula de vecindad, creando un documento único de identificación; agilizar el proceso de empadronamiento, crear una oficina que centralice, regule y establezca la normativa general y dirección técnica para el registro de ciudadanos, facilitar el proceso para la inscripción como ciudadano, en especial en las áreas rurales, proporcionar al Tribunal Supremo Electoral, los recursos, el apoyo, y el presupuesto necesario para ejercer efectivamente su papel, crear espacios de formación y capacitación de las personas para conocer sus derechos y deberes como ciudadanos.

Participación política y ciudadana 2001 4) Godoy Castillo, Angela Verónica. Coordinadora y Heidi Marina Martínez Cardona. Hacia un

pacto de gobernabilidad en Guatemala. Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales. DIGI. Sistema de Investigación de la USAC. Programa Universitario de Estudios para la Paz. Noviembre de 2001. Sin páginas.

Se trata de un estudio cualitativo exploratorio sobre diversas experiencias de diálogo, durante el gobierno de Alfonso Portillo, en el que se recogen los puntos de vista de diversos actores sociales. Se sistematiza los contenidos abordados en el debate en torno al Pacto de Gobernabilidad, la participación y capacidad propositiva de los actores, se identifica la correlación de fuerzas en el marco de dicho debate en cuanto a lo técnico, político y metodológico, analizando la viabilidad de las propuestas hasta entonces planteadas y los puntos de tensión en cuanto a los componentes no negociables. Se concluye que hay tendencias comunes en las experiencias de diálogo: que han sido elitistas, que la tendencia del gobierno a romper los diálogos les ha quitado credibilidad, que los resultados de los diálogos no son vinculantes y que la mayoría de experiencias se inscriben en una actuación autoritaria por parte del Estado; también se indica que alrededor de los diálogos se han generado alianzas inusuales entre actores sociales lo que conlleva cambio de escenarios y nuevas formas de relacionamiento por parte de la sociedad civil. 5) Mazariegos Rodas, Mónica Rocío. La institucionalización de la participación

comunitaria en el Código Municipal. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Septiembre de 2001. Sin páginas.

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Se plantea que la evolución social de las prácticas ciudadanas de participación, es un tema que cada día cobra mayor relevancia, en respuesta a la ausencia y necesidad legal de contar con mecanismos de vigilancia social, que respalden la incidencia de la población en la definición y ejecución de las políticas públicas. En ese marco, la comunidad, entendida como la organización de personas asentadas en un territorio determinado, que puede ser aldea, caserío, paraje, barrio, asentamiento, parcialidad, microrregión y cualquier otra forma de ordenamiento territorial, es el espacio político, base del Estado, donde se ejercen “de facto” las funciones mínimas de gobierno que han sido históricamente legitimadas por la ciudadanía, pero que no cuentan con un reconocimiento legal. El trabajo propone la institucionalización de mecanismos de participación ciudadana, que pueden ser discutidos y analizados, en función de fortalecer la gobernabilidad democrática del municipio desde la comunidad concreta, mediante el reconocimiento legal de la misma en el Código Municipal. 6) Sacayón, Eduardo. Entre el abandono y la esperanza. Mujeres en los gobiernos

locales. IDEI/USAC. 2001, 111 páginas. Las limitaciones de la participación política en Guatemala se han convertido en un problema nacional que merece el planteamiento de soluciones para la construcción de una verdadera democracia. Desde el punto de vista de género se pueden señalar varios sesgos. Recuentos hechos sobre la participación de mujeres en instituciones de gobierno, partidos políticos y sindicatos dan cuenta de que su presencia no rebasa un 10% en relación a la proporción de la presencia masculina en tales instancias. En cuanto a elecciones, la participación femenina también es muy desigual en relación a la masculina. La brecha de empadronamiento que existe entre hombres y mujeres es de casi 30 puntos. Las mujeres guatemaltecas, especialmente las mayas, encuentran persistentes limitaciones para una más amplia participación política, como lo demuestra el presente estudio. El Capítulo II da cuenta de los objetivos que sirvieron de guía y orientación al estudio; el III resume el marco metodológico de la investigación; el IV, denominado Género y etnias en los espacios de poder local, contiene los principales hallazgos del estudio, parte del mismo fue presentado a expertas en estudios de género y a expertas y promotoras de desarrollo de la mujer en Guatemala, para conformar una serie de recomendaciones que hicieran posible la formación de una red de mujeres en los gobiernos locales y una mayor participación femenina en los poderes municipales. 2002

7) Ramírez Barrios, Ronaldo Enrique. Las limitantes a la participación ciudadana contenidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Marzo de 2002, 164 páginas.

La tesis se enmarca dentro del área del Derecho Público Constitucional, porque la ley de la que se ocupa fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. Contiene una reseña histórica de la legislación electoral en Guatemala hasta nuestros días y define varios conceptos importantes para el tema (organizaciones políticas, sufragio, democracia, padrón electoral, etc.) Parte de la afirmación de que los países en transición a la democracia poseen un sistema frágil de partidos políticos que conviven con una estructura poderosa de grupos de presión, que están acostumbrados a actuar conforme a las reglas de los regímenes autoritarios, por lo que el sistema electoral contenido en la legislación electoral debe contemplar los remedios aptos que aseguren la salud de las organizaciones políticas. Se argumenta que el mejor instrumento de participación es un sistema de partidos políticos que sea fiel reflejo de democracia, y que constituya un verdadero canal de intermediación social.

8) González, Matilde. Se cambió el tiempo. Conflicto y poder en el territorio K´iche´. AVANCSO. Serie cuadernos de investigación No 17 Enero de 2002, 500 pàginas.

La trayectoria de este estudio refleja cabalmente el proceso institucional de aprendizaje e internalización de los métodos, ritmos y potencial de la disciplina histórica. Investiga más de 100 años de historia del municipio de San Bartolomé Jocotenango, Quiché, basada fundamentalmente

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en historia oral y con claro entendimiento de lo local como ventana que cuestiona y al hacerlo enriquece la historia nacional. La historia de Guatemala trata de una realidad de violencia y abuso, tanto, más terrible cuanto que se presenta como “normal”, corriente e inevitable. Aún queda pendiente comprender cómo vivió y entendió la guerra la gente de las diferentes regiones y localidades afectadas y falta identificar cuáles fueron las transformaciones profundas que ésta provocó en la vida cotidiana, en la organización y estructura local. 2003

9) Castro Mirón, Ana Vanesa. La participación política de los pueblos indígenas en el proceso democrático guatemalteco. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Octubre de 2003, 89 páginas.

Se hace un análisis del tema desde la desde la época colonial, cuando la participación política de la población indígena fue inexistente, hasta la actualidad, examinando las diversas formas en que dicha participación se da. Se indica que existen organizaciones “populares” y “mayanizantes” que no han logrado encontrar un punto medio para impulsar esfuerzos comunes, pues unas enfatizan el acceso de la tierra y la reforma agraria mientras otras se centran en la identidad; que una de las limitaciones más grandes en el avance del cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas es la falta de voluntad política del gobierno guatemalteco, ya que la mayoría de los compromisos relativos a este acuerdo, y en especial a la participación, continúan pendientes de cumplimiento; que a partir de la firma de los acuerdos de paz, se ha venido dando una reducida participación política de las mujeres indígenas, la cual antes era inexistente, aunque con significativas limitantes; que es persiste la exclusión de la población indígena de la administración pública a nivel nacional y departamental, existiendo a nivel municipal más oportunidades de participar en los gobiernos locales y en los comités y que la falta de escolaridad es uno de los aspectos que limita las oportunidades de participación política de la población indígena en Guatemala. Se formulan varias recomendaciones, incluyendo que la Comisión de Comunidades Indígenas del Congreso de la República, elabore la ley específica que contempla el artículo 70 de la Constitución Política de la República de Guatemala para darle vida y vigencia plena al ejercicio de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de la población indígena como parte del ejercicio de la ciudadanía. 2004 10) ASIES. Departamento de Investigaciones Sociopolíticas -DISOP-.Guatemala: Monografía

de los Partidos Políticos. 2000 – 2004. Diciembre de 2004. La primera edición de esta monografía se presentó en mayo de 2003 y en ella se incluyó el estudio de los 10 partidos políticos que quedaron vigentes luego del proceso electoral de 1999, agregando los 5 que se conformaron entre enero de 2000 y diciembre de 2002. Este documento es la versión actualizada, a la que se incorporó el análisis de los 7 partidos que surgieron entre enero y julio de 2003. Se documentan 22 partidos a partir de sus antecedentes, principios, valores e ideología, objetivos, organización y funcionamiento interno, financiamiento, programas de formación política, vínculos internacionales, base social, relaciones con la sociedad y función en la vida social y su desempeño electoral. 2005 11) Saavedra Pinetta, Julio Roberto. La consulta a vecinos contenida en el Código Municipal

a la luz de la supremacía constitucional. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Enero de 2005. 159 páginas.

Se intenta determinar cómo la consulta a vecinos regulada en el Código Municipal guarda armonía con el principio de supremacía constitucional, buscando establecer si la consulta a vecinos contenida en el Código Municipal es un proceso electoral y señalar cuál es su finalidad. Los

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elementos de la investigación son la participación ciudadana y la consulta popular, proceso electoral en virtud del cual se pregunta directamente a la población del país sobre decisiones políticas de trascendental importancia, vistos desde el principio de supremacía constitucional, que consiste en la gradación jerárquica de la validez de las normas y que otorga a la Constitución el primer lugar respecto a la que las demás normas deben guardar armonía. El principal aporte de la investigación es explorar una novedosa figura que puede, a través de la participación ciudadana, contribuir al fortalecimiento de la sociedad en un Estado Democrático y Constitucional de Derecho.

12) FLACSO. Colección Cuadernos de Información Política. Mack, Luis Fernando y Mario López Arrivillaga. El transfuguismo parlamentario. Cuadernos de Información Política, No. 1. Área de Estudios Sociopolíticos. FLACSO, 2005, 24 páginas. Define el transfuguismo como la situación presentada cuando un miembro de un partido político se separa de la agrupación política a la que pertenece y se une a un partido político diferente sin importar las razones argumentadas. En el caso del Congreso, se refiere a los cambios de los diputados a otras bancadas o bloques parlamentarios. Las modalidades del transfuguismo pueden ser: individual, colectivo y colectivo partidista. Se señala que el cambio de correlación de fuerzas es consecuencia del transfuguismo. Este fenómeno se ha señalado también dentro de las municipalidades. Existen argumentos a favor y en contra: oportunismo, divisiones internas dentro de los partidos, renovación de cuadros, búsqueda de democratización y otros elementos a discusión. Se concluye que es más que una decisión personal, es la evidencia de la deficiencia en un sistema institucional. La investigación incluye cuadros y graficas sobre el sistema de elección y representación del organismo ejecutivo, conformación de las bancadas, listados nacionales, bloques y bancadas. Mack, Luis Fernando y Paola Ortiz Loaiza. El marco institucional del sistema político en Guatemala. Vacíos y contradicciones. Cuadernos de Información Política, No. 2. Área de Estudios Sociopolíticos. FLACSO, 2006, 30 páginas. Analiza la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sus fortalezas y debilidades desde el punto de vista político y jurídico. Conceptualiza y establece marcos de análisis para el conocimiento histórico, jurídico hasta llegar al marco legal actual, el sistema estructural del sistema electoral, su vigencia y los vacíos que legal y políticamente debilitan la institución. Los partidos políticos se representan como institución débil, permanente y visible y por la otra la parte que se mantiene oculta e intermitente. Mack, Luis Fernando. Veinte años de procesos electorales municipales en Guatemala. Cuadernos de Información Política, No. 3. Área de Estudios Sociopolíticos. FLACSO, 2006, 30 páginas. El estudio surge del reconocimiento de la importancia de lo local. Parte de un vistazo a lo nacional y su desarrollo La elección de alcaldes y corporaciones municipales desde 1985 al 2007. El estudio incluye mapas y cuadros comparativos para ubicar la geografía de los partidos políticos y mapa de las elecciones de alcaldes y corporaciones municipales que evidencian la distribución de fuerzas en el territorio. Trata casos paradigmáticos a nivel municipal que presentan y representan irregularidades y controversias en la elección de representantes que acceden al cargo en más de un periodo y alguna vez representando a comunidades diferentes. Abarca estudios en municipios de Quetzaltenango, Suchitepéquez, Sacatepéquez, El Quiché y Huehuetenango y Guatemala. Mack, Luis Fernando y María Alejandra Erazo. El desempeño institucional de los partidos políticos en Guatemala. Cuadernos de Información Política, No. 4. Área de Estudios Sociopolíticos. FLACSO, 2006, 30 páginas.

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Aborda la democracia como tema de mayor preocupación y discusión social en los últimos tiempos. Analiza y califica el multipartidismo como práctica local que debilita el sistema. Sugiere la necesidad de fortalecer fuerzas políticas mediante el análisis comparativo internacional. Instrumentaliza los mapas y cuadros para evidenciar grados de participación en comunidades indígenas, no indígenas, los índices de empadronamientos y la disponibilidad al ejercicio electoral en regiones según la fortaleza de los partidos políticos o comités cívicos. Ortiz Loaiza, Paola y Mario López Arrivillaga. Participación ciudadana en las estructuras partidarias: los afiliados. Cuadernos de Información Política, No. 5. Área de Estudios Sociopolíticos. FLACSO, 2006, 33 páginas. Estudia la participación ciudadana en los partidos políticos y delinea algunos rasgos característicos de quienes se acercan, participan y apoyan las estructuras del partido, convirtiéndose en afiliados, militantes o simpatizantes y a quienes tradicionalmente se le han asignado roles y categorías. Para ello el estudio acude a un marco teórico conceptual legal formal para luego ahondar en los conocimientos, prácticas y percepciones de los y las afiliadas. Cabe resaltar que según el Latinobarómetro Guatemala clasifica como uno de los países donde existe menos interés, conocimiento y participación política, a lo que la investigación agrega el fenómeno popular de la desconfianza que refuerza a través de gráficas. El estudio expone que más que resultados surgen nuevas dudas respecto a la participación y la respuesta objetiva y confiable de los partidos políticos y del sistema electoral en sí. Ortiz Loaiza, Paola. El quien es quien partidario I: estructura partidaria. Cuadernos de Información Política, No. 6. Área de Estudios Sociopolíticos. FLACSO, 2006, 26 páginas. El análisis surge de las reglas internas de los partidos políticos abordadas en cuaderno investigativo Marco Institucional del Sistema Político en Guatemala. Estudia directamente la organización interna de los partidos políticos permitiendo confrontar su conformación con la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Se encuentran vacíos ideológicos y normativos y se observa claramente que el cuadro formal impide el desarrollo de modelos propios y creativos de conformación y funcionamiento de las instancias políticas. En todos los casos los partidos políticos contemplan dentro del partido a jóvenes y mujeres con sus propios estatutos para el funcionamiento interno. Solo en el caso de la URNG se menciona la inclusión de los pueblos mayas, garífuna y xinca. Se aborda poco el tema financiero, ejecución y controles. A forma de conclusión: existe apego a la ley, particularmente a la Constitución Política de la Republica y a la LEPP, al interior de los partidos existe vacío en el funcionamiento de órganos o secretarias que apliquen temas de mujer, multiculturalidad y se carece de identificación ideológica. Erazo, María Alejandra y Mario López Arrivillaga. El quien es quien partidario II: vida partidaria. Cuadernos de Información Política, No. 7. Área de Estudios Sociopolíticos. FLACSO, 2006, 30 páginas. El estudio se divide en la parte conceptual y el análisis a través de cuadros y gráficas. La característica principal de este estudio es que parte la experiencia y concepción de los dirigentes y partidarios respecto a los partidos políticos. En el desarrollo de la metodología se refiere participación de afiliados representativos donde la mayoría son mujeres, todos y todas tienen cargo representativo en la dirigencia municipal, departamental o nacional del partido. En el caso de los afiliados medios la representatividad de hombres es mayor. En cuanto a secretarios generales todos son hombres. Esl estudio hace un recorrido por las dinámicas internas, el financiamiento y las formas de fiscalización, la conformación de la democracia al interior de los partidos. A forma de conclusión y luego de la representación de las encuestas, el estudio concluye en las diferencias que existe entre los secretarios generales y los afiliados. Hay coincidencias no significativas que dejan verlas distancias de percepción entre afiliados medios y militantes y los dirigentes.

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Mack, Luis Fernando. Entre lo fáctico y lo teórico: midiendo la institucionalidad partidaria en Guatemala. Cuadernos de Información Política, No. 8. Área de Estudios Sociopolíticos. FLACSO, 2006, 33 páginas. Parte del desafío estudiar, medir, analizar y confrontar la estabilidad y fortaleza de las estructuras partidarias en Guatemala caracterizada por la inestabilidad del sistema. En su elaboración toma en cuente estudios previos realizados por ASIES y FLACSO y somete la realidad partidista guatemalteca a otras experiencias centroamericanas. Evalúa los procesos, desarrollo y percepción de los partidos. Desarrolla particularmente la situación de Partido de Avanzada Nacional, considerando sus niveles de influencia en la vida política y el significado- consecuencia de su división. En las conclusiones se señala la dificultad de medir la institucionalidad de los partidos políticos a través de marcos teóricos tradicionales por la inestabilidad de l sistema, por lo que FLACSO deja el propósito de recrear nuevas propuestas para llegar a una medición confiable del tema abordado. Yagenova, Simona, Paola Ortiz Loaiza, Daniel Núñez y Silvia Moctezuma. Los partidos políticos y las organizaciones sociales: relaciones y percepciones mutuas. Cuadernos de Información Política, No. 9. Área de Estudios Sociopolíticos y Área de Movimientos Sociales. FLACSO, 2006, 42 páginas. En una primera sección se presentan los resultados de la encuesta realizada a líderes políticos que desempeñan cargos partidarios a nivel municipal sobre el relacionamiento que se da con actores de la sociedad civil. En la segunda sección se analiza el resultado de la encuestas tratándose de determinar las relaciones reales que se dan entre estos actores como colectivo o individualmente. La investigación se torna interesante en la medida que revela las posturas de los partimos eolíticos en cuanto a temas, organizaciones y relaciones políticas y sociales. Las primeras conclusiones señalan que no hay nexos entre los partidos políticos que están llamados y asignados a ser vínculos entre el gobierno y la sociedad civil. Explícitamente en la segunda sección donde habla la sociedad civil sobre su percepción de los partidos políticos, queda claro que se da molestia cuando la mayoría opina que los partidos políticos están a favor de la clase económicamente dominante y que se beneficia mas a la población urbana que a la rural donde se agudizan los niveles de pobreza. No se reconoce la práctica democrática de relación sociedad civil- partido político y se deslegitimiza el papel protagónico de estos. Mack, Luis Fernando, Chistians Castillo y Julio Donis. Redes de inclusión: entendiendo la verdadera fortaleza partidaria. Cuadernos de Información Política, No. 8. Área de Estudios Sociopolíticos. FLACSO, 2006, 53 El estudio es un compromiso con la investigaron fehaciente de los partidos políticos, reconociendo loa crisis por la que atraviesan y valorando el papel de representatividad que deben tener en las sociedad. El estudio presenta la parte conceptual y la investigativa. En lo conceptual parte del análisis histórico de la construcción del Estado. Se identifican las redes de inclusión como la sistemática tendencia a la reproducción del compadrazgo, corrupción y clientilismo. Enfatiza que la practica política dista de los conceptos cientifistas pues divorcia el deber ser democrático y participativo de la practica actual que incluye las redes de inclusión. Señala algunas debilidades dentro de la conformación partidistas, partiendo de la poca posibilidad de rotación de liderazgo pues incide en la pérdida de poder y beneficios. Las gráficas presentan la realidad partidista nacional cuya debilidad inicia en el marco legal. 2007 13) ASIES. Departamento de Investigaciones Sociopolíticas –DISOP-Guatemala: Monografía

de los Partidos Políticos. 2004 – 2007. . Agosto de 2007, 199 páginas.

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El documento contiene una descripción sucinta de cada uno de los 21 partidos legalmente vigentes, así como profusa información y datos sobre el desenvolvimiento del proceso político partidario durante el actual proceso de democratización y es un adelanto de una más completa, que se divulgará a mediados del año 2008, en la que se incorporarán los resultados del proceso electoral de 2007, con el fin de identificar la naturaleza y principales características del sistema político partidario que se configurará a partir del año 2008. Se ha tratado que sean los mismos partidos, por medio de entrevistas o consulta de diversas fuentes, quienes hablen. El Tribunal Supremo Electoral y sus dependencias, así como los medios de comunicación, fueron otras fuentes de consulta. Las áreas que en cada partido se abordan son las mismas que las que se detallan anteriormente, más el tema de la participación en espacios multipartidarios.

Libre emisión del pensamiento 2001 14) Sandoval Ruiz, Javier Antonio. Análisis de la Ley de Emisión del Pensamiento, Decreto No.

9. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Julio de 2001.

Se analiza el derecho a la emisión de pensamiento, que es uno de los derechos humanos fundamentales del hombre. En Guatemala está especificado en la Carta Magna y en la ley constitucional específica sobre la materia, denominada oficialmente Decreto 9 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Emisión del Pensamiento, que muchas consideran exclusiva para periodistas. Su reforma implicaría la convocatoria a una Asamblea Constituyente o la aprobación de las dos terceras partes del total de diputados al Congreso de la República, debido al carácter constitucional de la ley. Si ese fuera el caso, existiría el peligro de que los cambios le quitaran eficacia y limitaran de cualquier manera y por cualquier motivo la libertad de los guatemaltecos a expresarse. 15) Pons Castillo, Juan Pablo. El derecho de acceso a la información en la legislación

guatemalteca. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Agosto de 2001, 80 páginas.

Se expone la necesidad de regular lo relativo al acceso a la información, a partir de lo que establece el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, en cuanto a que toda información existente en los archivos de Estado está sujeta a los Artículos 30 y 31 de la CPRG. Se critica una propuesta de ley presentada por el Gobierno de la República de Guatemala en el año 2000, por tener errores conceptuales y procedimentales en cuanto a aspectos como el derecho de petición, el derecho de acceso y el recurso para poder acceder en caso de negativa del acceso. Se concluye, entre otras cosas, que el derecho a la información es un derecho constitucional, por lo que no se necesita una ley que lo regule, que el habeas data es un amparo especializado que debe ser regulado en una ley constitucional y no ordinaria, y que el mencionado derecho constitucional aplica también a las empresas privadas, con base en el principio pro homine. 2002 16) Berganza, Gustavo. Los medios de comunicación y la sociedad guatemalteca a través

de sus discursos. Proyecto de investigación El impacto de los medios de comunicación en la formación de conductas y actitudes sociales. I etapa. Asociación Doses. Guatemala, octubre de 2002. 69 páginas. (Centro de Documentación de ASIES)

Desde el marco teórico del análisis de discurso, se analizan algunos de los medios de comunicación guatemaltecos como productores de cultura y agentes de la acción política y económica, planteando el papel del discurso periodístico en la estructuración de nuevas normas,

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costumbres y valores. Se clasifican los medios de comunicación guatemaltecos en cinco categorías, examinando cómo abordan temas como la institucionalidad del Estado, la democracia, la paz, la reconciliación y el diálogo, las fuentes de información y la relación conflictiva entre los medios y la sociedad. Se concluye que en varios de esos temas hay coincidencia entre el discurso de los medios y la visión de la sociedad (con excepción de democracia e interculturalidad) y que los medios muestran un país predominantemente ladino, donde los hombres ejercen el poder e imponen la mayoría de significados del discurso, que es urbano y donde el campo es visto como conflictivo, violento y poco desarrollado. Se recomienda desarrollar programas de investigación relativos a la sociología del periodista, la economía política de los medios, los medios religiosos, la formación de actitudes sociales y la construcción de indicadores de calidad para los medios. 17) Vargas Castañeda, Luz Irene. Límites a la libre emisión del pensamiento en un Estado

de Derecho. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. 2002. 108 páginas.

Se entiende por libre emisión del pensamiento, el derecho que tienen todos los habitantes de expresar sus ideas por la prensa o verbalmente, protección que ha sido regulada en las Constituciones de los países y en Tratados y Convenios Internacionales en materia de derechos humanos. La libre emisión del pensamiento es un derecho preferente dentro del sistema de derechos, debido a la necesidad de importancia para la formación y alimento de la opinión pública, sin la cual no podría existir un Estado de Derecho. A pesar de la amplitud de protección jurídica que goza este derecho, existen algunos casos en que por necesidades o conveniencias del poder público se restringe, en épocas de guerra y conflicto o para beneficio de la economía nacional; y en algunos casos, mediante los Estados de Excepción, regulados en la Ley de Orden Público (Decreto No. 7 de la Asamblea Nacional Constituyente). El trabajo pretende establecer cuáles son los límites que debe fijarse al derecho a la libre emisión del pensamiento dentro de un Estado de Derecho, con el fin de determinar hasta qué punto se puede limitar sin violarlo o restringirlo, con el objeto primordial de no coartar la información como elemento vital del desarrollo de la opinión pública, que actúa como fiscalizadora de las actuaciones de los gobernantes y analizar, en caso de conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho a la libre emisión del pensamiento, cuál de ellos debe prevalecer, por qué razones y con base en qué fundamentos.

2003 18) Ramírez, William. Pons, Juan Pablo. Vásquez Nadezhda. Fundación Myrna Mack. Libre

acceso a la información, protección de datos y Habeas Data. Junio de 2003, 150 páginas.

La consolidación del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas y el reconocimiento, real y efectivo, de los derechos fundamentales de las personas, son los principales objetivos que enfrenta actualmente Guatemala en esta época de postconflicto. Las discusiones generadas en torno a las posibilidades de legislar y regular mecanismos y-o garantías que permitan a la ciudadanía tener acceso a los documentos, o cualquier otro tipo de información que se encuentren en poder de instituciones públicas o privadas, sea información pública o privada. Una preocupación es que se violen garantías fundamentales de las personas, experiencias vividas durante la represión, donde la voluntad de los detentadores del poder era omnímodo y donde los controles sociales eran producto de la fuerza, el temor y la amenaza, real y verdadera sobre la vida de los ciudadanos. Otra es que en esta era tecnológica, los sistemas computarizados contengan información que mal utilizada, pueda ocasionar daños irreparables en el derecho de las personas. A favor, es la posibilidad de establecer que los miembros de la sociedad civil puedan controlar y fiscalizar a los gobiernos sobre el manejo de los recursos del Estado. 19) Recinos, Ramón Enrique. Aproximación al secreto de Estado. Fundación Myrna Mack.

Agosto de 2003, 52 páginas.

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La confrontación Este-Oeste dejó como legado la seguridad nacional y, por ende, la calificación como secreto de Estado de toda aquella información en poder de órganos públicos que pudieran dañarlo. Es por ello que el mero reconocimiento del derecho de acceso a la información pública no siempre ha significado que el acceso a la misma sea posible. Es evidente que los gobiernos siguen resistiendo a entregar información. En Guatemala hay un vacío en el ordenamiento jurídico. No existen reglas claras respecto a qué debe entenderse por seguridad nacional, cuáles son las informaciones de carácter secreto, quién es la autoridad que decide o clasifica qué es secreto, cuáles son los mecanismos – administrativos como jurisdiccionales- para lograr la desclasificación y cuáles son los mecanismos de acceso que tiene una persona si considera que la información clasificada afecta sus derechos. Presenta, este trabajo, las consideraciones básicas para regular el secreto de Estado: obligación de regulación legal, respeto de contenido mínimo del derecho fundamental, procesamiento de clasificación, carga de la prueba y control jurisdiccional de esa decisión obligación de publicación de un índice de información clasificada, etc. 20) Gramajo Valdés, Silvio René. NORAD, SEDEM, DOSES. El derecho de acceso a la

información: análisis del proceso de discusión y gestión en Guatemala. Noviembre de 2003, 175 páginas.

La existencia de una ley que regule el derecho de acceso a la información pública tiene implicaciones positivas para el desarrollo democrático de un país, especialmente en Guatemala, donde la transición a una sociedad más democrática requiere desterrar prácticas basadas en el secreto, la discrecionalidad y la impunidad por parte de los responsables de la cosa pública. La existencia de este derecho, sumado al desarrollo de los principios de transparencia, publicidad y rendición de cuentas por parte del Estado, garantiza, en el futuro, un gobierno eficaz y transparente y la articulación de espacios para que el ciudadano ejerza su derecho de fiscalizar la acción pública. 2006 21) Leonardo Segura, Mónica María. Los medios de comunicación social y el respeto a los

derechos constitucionales. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Mayo de 2006, 99 páginas.

Se delimita el alcance del derecho de la información con respecto de la cobertura de procesos judiciales por parte de los medios de comunicación social. Con base en cuestionarios aplicados a comunicadores sociales, jueces y magistrados del Ramo Penal, abogados litigantes, defensores públicos y fiscales del Ministerio Público, se contrastó su opinión con lo publicado por varios medios de comunicación en relación con los derechos individuales. El alcance del derecho a la información en la cobertura de procesos judiciales está configurado por su contenido, el despliegue de la actividad de los medios de comunicación social dentro de ese contenido, los derechos con los que entra en conflicto, y la preponderancia de éstos en contraste con la de aquél. Como recomendaciones se incluye la aprobación de leyes sobre el tema y la colaboración entre medios de comunicación y el sistema de justicia.

Seguridad ciudadana 2003 22) Robles Montoya, Rodolfo Felipe. Propuesta de un sistema de inteligencia nacional para

Guatemala. Fundación Myrna Mack. Junio de 2003, 238 páginas La Inteligencia, entendida como el “conocimiento previo”, ha sido, es y será el elemento de juicio más importante para todo aquel que necesite tomar alguna decisión. Estados como el guatemalteco, han empleado sólo la inteligencia militar. Hacer esta investigación tiene una doble

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finalidad: la primera, lograr que la sociedad guatemalteca en su conjunto, gobierno, clase política y ciudadanía, comprendan y entiendan la importancia de la inteligencia en el desarrollo de su labor y que toda sociedad democrática asume. La segunda, contribuir al debate democrático que sobre el proceso de reforma de los organismos de inteligencia del Estado, en cuanto a su organización y empleo para servir mejor a la sociedad. 2004 23) SEDEM. CICIACS. Sistematización de un proceso. Junio de 2004, 73 páginas. Se trata de una sistematización del proceso de creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, CICIACS. Adicionalmente, de las etapas que ello implicó, desde los primeros contactos y acercamiento entre organizaciones de Derechos Humanos, pasando por la experiencia de la conformación de la coalición, el proceso de incidencia con actores nacionales e internacionales, y la etapa en la cual participaron tanto la Procuraduría de Derechos Humanos, como la Cancillería de la República y el sistema de Naciones Unidas. El proceso comprendió además, la concreción de la iniciativa, que contempló la implementación de estrategias de difusión y cabildeo, un proceso de revisión de reformas legales, y una serie de estudios especializados de viabilidad para finalmente concluir en la firma del Acuerdo marco para su creación. El objetivo fundamental del trabajo es ofrecer una visión del proceso de creación de la CICIACS, dejar constancia del trabajo conjunto realizado y coadyuvar con la experiencia documentada a futuras iniciativas de carácter similar, tanto a nivel nacional, como regional. 24) SEDEM. Coalición de Derechos Humanos contra las Estructuras Clandestinas. Crimen

organizado, una aproximación. Noviembre de 2004, 119 páginas. Se presentan las bases teóricas del fenómeno, su relación con la corrupción estatal, su infiltración en el área política y jurídica, los distintos medios que permiten prevenir y combatir la infiltración del crimen organizado y las recomendaciones para el fortalecimiento institucional, que derivan de la Convención de Palermo. 25) SEDEM. Coalición de Derechos Humanos contra las Estructuras Clandestinas. Empresas

privadas de seguridad. Noviembre de 2004, 117 páginas. Uno de los fenómenos que más preocupan a la comunidad de derechos humanos es la proliferación de empresas privadas de seguridad, porque por su medio se trata de obviar las responsabilidades del Estado en materia de seguridad y porque desde tales empresas operan aparatos clandestinos de seguridad. Se analiza el hecho de que en 2003, el allanamiento una empresa privada de seguridad, propiedad de un general del Ejército de Guatemala, como parte de una investigación del Ministerio Público, constató la existencia de escuchas telefónicas, que son ilegales e inconstitucionales. 2006 26) Balsells Conde, Edgar. El costo económico de la violencia en Guatemala. Programa de

Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, PNUD Guatemala, 2006, 146 páginas. El estudio tiene como objetivo central cuantificar el impacto económico de la situación de violencia en la sociedad guatemalteca, dando especial énfasis en los costos generados por la violencia armada, siendo el primer estudio en Guatemala relacionado con un nuevo tipo de violencia, asociada con el crimen organizado, con la presencia de bandas armadas y de criminales individuales, incluyéndose a las pandillas juveniles. La cuantificación de los costos económicos de la violencia proporciona indicadores de la magnitud y gravedad del problema y es una importante herramienta para los tomadores de decisión involucrados en la formulación de políticas para enfrentar las diversas manifestaciones de la violencia y minimizar su impacto sobre la sociedad. Se hizo un ejercicio de agregación de costos económicos, a partir de una estimación de los costos

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de violencia de acuerdo con parámetros de clasificación bien definidos, agrupados en cinco grandes categorías de costos: pérdidas en salud; costos institucionales; gastos en seguridad privada; clima de inversión; pérdidas materiales; en resumen, los costos de la violencia en Guatemala para el año 2005 alcanzaron un monto aproximado de unos US$2,386.7 millones, cifra equivalente al 7.3 % del PIB. El estudio concluye que es innegable la necesidad de una política de seguridad ciudadana de corte democrático y con los necesarios recursos públicos para acometerla, siendo que es vital que cada ciudadano se compenetre en el problema para atacarlo como un tema de preocupación colectiva y no sólo de resguardo y protección individual. 2007 27) Torres Escobar, Edelberto. Aproximación a la inseguridad en Huehuetenango.

CEDFOG. Cuadernos del Corredor, No. 2. Mayo de 2007, 88 páginas. Se trata de una aproximación a la actual problemática de seguridad en Huehuetenango. Se plantea que el Estado guatemalteco no ha logrado construir un sistema de seguridad y administración de justicia que garantice el cumplimiento de los preceptos constitucionales respecto de la seguridad, por lo que el autor propone enfocar la temática desde un concepto más integral, el de la seguridad humana, donde se relacionan las precarias condiciones de vida de la mayoría de la población huehueteca a la situación de seguridad de la vida, la integridad física y los bienes. El estudio permite ver que la presencia policial muchas veces es parte del problema y no de la solución, y que sectores de la población así lo perciben; incluye información y problematiza también los índices de delincuencia (registrada) por municipio de Huehuetenango, el despliegue policial y los indicadores de desarrollo humano y visibiliza el contrabando, el tráfico de drogas y de personas como factores de corrupción y distracción de los elementos de seguridad. Se afirma que en algunos municipios persisten formas tradicionales de resolver conflictos y de garantizar el orden y la seguridad, especialmente en las comunidades rurales, combinadas con formas que se originaron en la guerra. Se señalan puntos de entrada para estudiar y conocer mejor la situación y así poder aportar soluciones, en el marco de la seguridad humana y democrática, con base en la idea de que se necesita el involucramiento de la población en conocer, discutir y buscar soluciones a las problemáticas de seguridad que enfrentan, fiscalizando la actuación de las instituciones encargadas de la seguridad.

Acceso a la justicia Acceso a la justicia para los pueblos indígenas 2001 28) Morales Laynez, Benito. El acceso a la justicia en el propio idioma. AVANCSO, Serie

Autores invitados No.8. Septiembre de 2001, 129 páginas.

Una importante porción de guatemaltecos prefiere no recurrir a la Ley para resolver sus asuntos, pues no le resulta comprensible. Esta investigación muestra el contraste entre la formulación teórica y la realidad de la relación entre las personas y la Ley en Guatemala, el de la población cuya lengua materna no es el castellano, sino un idioma indígena. Con frecuencia los maya hablantes no dan ni el primer paso para buscar la protección de la Ley porque no entienden el idioma en el que la misma se expresa y opera. Su lógica y sus formas permanecen ajenas para ellos. El punto fundamental que propone es que el sistema de justicia es parte del sistema cultural y que, por tanto, el principio mas acabado para asegurar el acceso pleno de la población indígena a la justicia seria el del “derecho de los mayas a su propio derecho”. Es un principio propositivo y crítico. Es un grito que, como Humberto Ak´abal, exige:”Pido la palabra: la quiero en mi propia lengua”.

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29) Pacay Sierra, Gloria Elizabeth. Análisis jurídico-social de la importancia de la intervención del intérprete o traductor en el proceso penal guatemalteco. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Abril 2001, 83 páginas.

Por ser Guatemala un país multicultural, multilingüe y pluriétnico y de acuerdo a diferentes Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos es importante que exista en toda legislación que así lo amerite, la función oficial de un interprete o traductor. El proceso penal contiene una serie de normativas reguladoras de la función del traductor. Sin embargo por diversas circunstancias se torna inaplicable e incurre en ilegalidades en contra de la población que no comprende el idioma oficial en la administración de justicia. Recomienda establecer la carrera de Traductores e Interpretes para cumplir el derecho a accesar a los servicios que presta el estado, a los habitantes, en su lengua materna, cuando así lo requieran. Para que se respeten los principios y garantías para el uso del idioma materno debe observarse el principio de Derecho a un proceso justo. 2003 30) Irigoyen Fajardo, Raquel. Pautas de coordinación entre el derecho indígena y el

derecho estatal. Fundación Myrna Mack, Noviembre de 2003, 136 páginas. El Estado guatemalteco ha postulado como verdad universal la supremacía total y absoluta de los valores occidentales sobre los de los indígenas, sin aceptar que la modalidad de la aplicación y de estos valores es susceptible de variar de una sociedad a otra. Es una política de querer homogenizar a una sociedad históricamente heterogénea. En estos escenarios toda propuesta realmente democrática debe considerar que la igualdad formal ante la ley puede significar desigualdad ante la justicia. Contribuye a un perfil de una Guatemala futura, un sistema jurídico en el que el Estado acepte las diferencias y que reconozca la articulación del derecho consuetudinario.

31) Kalny, Eva. La ley que llevamos en el corazón. Una aproximación antropológica a los

derechos humanos y normas familiares en dos comunidades mayas (Sacapulas, El Quiché). AVANCSO. Serie Autores Invitados. Tesis de doctorado. Presentada en junio 2000 en la Universidad de Viena. Julio de 2003, 160 páginas.

Trabajo desde la perspectiva etnográfica y enfocado en la problemática de género. De esta manera, el trabajo de campo en dos comunidades mayas, pone en la cotidianidad de las mujeres y con los esquemas de falta y sanción presente en la vida de los grupos. Plantea la búsqueda de elementos de conexión entre el derecho consuetudinario y los valores que lo animan, sobre todo en lo concerniente a las relaciones intergenéricas, y el derecho internacional en materia de Derechos Humanos y los valores correspondientes. La posibilidad de generar propuestas de armonización queda establecida en este trabajo. 2004 32) Gramajo de Raxcacó, Lucila Rodas. Los derechos humanos y el acceso a la justicia de

los pueblos indígenas. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. USAC. Agosto de 2004, 182 páginas.

Se argumenta que la organización política de Guatemala, al considerar a la población homogénea, ha sido excluyente y que, en el marco de los derechos humanos, debe contemplarse acciones que permitan la inclusión de todos y todas en los beneficios de la asociación política. Se examinan los derechos humanos desde el ángulo de la libertad material, espiritual, de pensamiento, expresión y acción relacionándola con el acceso de los pueblos indígenas a la justicia. Se revisa el sistema de

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justicia, incluyendo los Juzgados de Paz, los Juzgados de Paz Comunitarios y los Centros de Administración de Justicia y el Plan de Modernización del Organismo Judicial, los métodos alternativos de resolución de conflictos, los principios que sustentan el derecho indígena y la relación entre el pluralismo jurídico y la soberanía. Se concluye que en la formación de los operadores de justicia se descuidan aspectos como los valores que sustentan el derecho y la eficacia de sus resoluciones, que el mencionado plan no tiene continuidad ni coherencia, que la diversidad cultural no ha sido tomada en cuenta en la resolución de conflictos y que la mediación como mecanismo de resolución de conflictos corre el riesgo de institucionalizarse, entre otros puntos. 33) Garrido Colón, Carlos Ernesto. Una aproximación al estudio del derecho

consuetudinario y la mediación como método alternativo de resolución de conflictos. Tesis de Maestría en Derechos Humanos. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Julio de 2004, 90 páginas.

El estudio parte de la necesidad del reconocimiento, por una parte, del sistema jurídico indígena como una expresión de la actitud democrática del Estado de Guatemala, encaminada al reconocimiento de la identidad de los pueblos originarios, en cuanto constituyen poblaciones mayoritarias representativas de las comunidades descendencia maya. Cada una de ellas se identifica con formas culturales, idioma, regiones y un sistema normativo propio, que contiene métodos alternativos de resolución de conflictos, que pueden ser una medida fácil y sencilla para que la población excluida del acceso a la justicia pueda tener acceso a ésta. El Organismo Judicial tiene el compromiso de implementar dichos métodos, para favorecer los derechos humanos de la población. En esto tienen un papel importante los Centros de Mediación, aunque tienen debilidades. Se formulan varias recomendaciones dirigidas al Organismo Judicial.

34) Saborío Jenkins, José. Lineamientos para la formulación de una propuesta de

coordinación entre los sistemas de justicia indígena y estatal. Fundación Myrna Mack. Agosto de 2004, 98 páginas.

El propósito de este trabajo es elaborar lineamientos que contribuyan a definir mecanismos de coordinación entre los sistemas de justicia indígena y estatal. El surgimiento de lo que hoy entendemos como Estado-Nación tuvo como resultado, entre otros, la apropiación por él del derecho exclusivo de resolver conflictos conforme sus reglas, previamente codificadas. Esa dependencia de la actividad procedimental y punitiva del Estado, aunada a la saturación y falta de eficacia de sus sistema caracterizado entre otras cosas a la inexistencia de válvulas de escape apropiadas, ha traído como consecuencia un proceso de deslegitimación, tanto del discurso como de la práctica del sistema de justicia. No hay que cometer el error de tratar de legitimar el derecho y el sistema de justicia indígena en esa falta de legitimidad y eficacia. Este derecho y sistema ha demostrado ser más apropiados para la solución de la conflictividad, por tratarse de sistemas que, por su cercanía con la población, responde a sus parámetros culturales y a sus necesidades sociales, conforme a sus principios y valores. 2005 35) Jiménez Sales, Belardo. El acceso a la justicia en el idioma mam en el departamento de

Huehuetenango. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Noviembre de 2005, 132 páginas.

En este trabajo se analiza el acceso a la justicia en el idioma mam en el Departamento de Huehuetenango, acorde a los Tratados y legislación nacional e internacional, revisando las causas de la necesidad de expresarse ante operadores de justicia bilingües, para lo cual se recabó información doctrinaria y legislativa y se realizó el trabajo de campo. Se concluye que en la mayoría de los juzgados de paz y demás tribunales de justicia del departamento de Huehuetenango, los jueces y demás operadores de justicia, no hablan el idioma mam por lo que

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es necesaria la presencia del traductor, en forma inmediata, para que se cumpla, por parte del Estado de Guatemala, con el principio de acceso a la justicia en el idioma materno.

36) Recancoj Mejía, Luis Joel. Fundamento jurídico constitucional del derecho indígena en Guatemala (análisis de la sentencia del recurso de casación No. 218 – 2003 de la Corte Suprema de Justicia). Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Septiembre de 2005, 81 páginas.

El autor sostiene que el reconocimiento del ejercicio del derecho indígena figura en los artículos 44, 58 y 66 de la CPRG y en el varios tratados internacionales. Se incluye capítulos sobre la historia de Mesoamérica, las nociones de Estado, Nación y etnicidad, la resistencia cultural y el proceso de integración social, el sistema jurídico indígena frente al sistema oficial, el fundamento jurídico constitucional del derecho indígena y se analiza la sentencia del recurso de casación 218-2003 de la Corte Suprema de Justicia, relativa a un caso ocurrido en una aldea Panaxit, departamento de El Quiché, en el cual un hombre que ya había sido juzgado por un delito por las autoridades de su comunidad interpuso el recurso de casación ante la CSJ debido a que se le quería juzgar nuevamente en el sistema oficial; la CSJ resolvió a su favor, bajo el principio de que no se puede ser juzgado dos veces, sentando así un precedente en cuanto al reconocimiento de las autoridades indígenas. 37) Toxcón Alvarado, Blanca Estela. Etnogenocidio del derecho maya kaqchikel del

municipio de Tecpán, Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. 2005

Se plantea que el derecho maya o sistema jurídico maya es eminentemente práctico, oral, dinámico y no estático, capaz de adecuarse a los cambios en la familia, la comunidad y la sociedad, por lo que no es necesario codificarlo. Se examina el sistema jurídico maya, sus antecedentes históricos, concepto y definición, sus principios generales o filosóficos y sus características, así como el sistema de autoridades mayas y procedimientos para resolver conflictos. De definen genocidio y etnocidio y los aspectos que en ellos influyen, apuntando algunos causas de estos fenómenos en Guatemala; se describe la situación actual del derecho maya kaqchikel en Tecpán, los tipos de autoridades comunitarias y los principios que aplican, recomendando que el Organismo Judicial reconozca y financie a las autoridades del sistema jurídico maya, que resuelven un 75% de los conflictos en el mencionado municipio, que en la Universidad de San Carlos de Guatemala se imparta un curso sobre el tema, dentro del pensum de derecho. 2006 38) Laines Ramos, Cristóbal Salvador. Formas de desarticulación y recomposición del

derecho consuetudinario en la región Mam, caso particular: municipios de Ixchiguán y Tajumulco. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Campus Quetzaltenango, octubre de 2006. 203 páginas.

La investigación descriptiva se realizó con la participación de 186 actores, tanto del derecho positivo como del sistema jurídico maya en los municipios mencionados del departamento de San Marcos, por medio de la cual se pretende contribuir al debate jurídico, político y social para entender, comprender y apoyar el sistema jurídico nacional que debería de ser humanista, garante, incluyente en búsqueda de la unidad dentro de la diversidad jurídica guatemalteca, para construir el pluralismo jurídico. Se concluye que hay similitudes y diferencias en cuanto a la aplicación del sistema jurídico maya mam en los municipios estudiados, que los actores del derecho oficial, en su mayoría, desconocen dicho sistema jurídico que incluye autoridades y mecanismos propios, que en su orden la población acude primeramente a tal sistema, luego a los mecanismos de resolución de conflictos y sólo al final, al derecho oficial y que si bien el conflicto armado y la conflictividad alrededor de la tenencia de la tierra han influido en la desarticulación del sistema jurídico maya, en la actualidad hay un importante proceso de recomposición. Se formulan

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recomendaciones dirigidas al sistema oficial de justicia, tanto a nivel local como nacional, a los actores del sistema jurídico maya y a las universidades para que aporten en el proceso de recomposición de este sistema. 39) Defensoría Indígena Wajxaqib´Noj. Una visión global del sistema jurídico maya. Julio de

2006, 161 páginas. Investigación realizada por un equipo de investigadores en Chimaltenango, Baja Verapaz, Sololá, Jalapa y Huehuetenango en el que se ofrece un marco conceptual del sistema jurídico maya y sus fundamentos, los principios, valores, normas, antivalores y sanciones reparadoras, las formas de elección de las autoridades mayas, sus funciones y obligaciones, los procedimientos en el uso del derecho maya en la resolución de conflictos.

40) Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. César Parodi y Nadezhda Vásquez, consultores. Propuestas de lineamientos de políticas públicas para el acceso de los pueblos indígenas a la justicia oficial. Enero de 2007, 70 páginas.

Se indica que el acceso a la justicia no es solamente in tema de principios ni de ampliar el número de sedes que prestan el servicio de asistencia judicial en el ámbito nacional sino un medio importante para combatir la pobreza y una condición necesaria para hacer más humana y digna la vida de las personas. El estudio tiene como objetivo dar a conocer los obstáculos que enfrentan los indígenas y las indígenas cuando demandan los servicios de las instituciones del sistema de justicia ordinaria y sus repercusiones; se realizó entre enero y agosto de 2006, e incluye revisión de material documental, encuestas, entrevistas. Se formulan varias recomendaciones como fortalecer la misma comisión, y a la Defensoría de la Mujer Indígena, “desinvisibilizar” a los indígenas que acuden a las instituciones del Organismo Judicial y el Ministerio Público, incluyendo en el ingreso de atención el registro sobre pertenencia étnica y grupo lingüístico, y firmar acuerdos institucionales con entidades como la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo -CODISRA- y la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres -CONAPREVI-. 41) Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. Jesús

Gómez, consultor. Acceso de los indígenas a la justicia oficial en Guatemala. Mayo de 2007, 77 páginas.

Parte de que la protección de la diversidad étnica y cultural encuentra un punto de apoyo en el reconocimiento del pluralismo jurídico, que plantea tensiones y contradicciones con la jurisdicción ordinaria. Se realizó esta investigación entre marzo y septiembre de 2006, en Cobán, Alta Verapaz y Quetzaltenango, a fin de examinar la percepción que tienen los usuarios sobre el sistema de justicia oficial; se exponen algunos referentes teórico conceptuales sobre el acceso a la justicia, se analiza la problemática del acceso de los indígenas a la justicia oficial a partir de casos y situaciones concretas y se presentan algunas recomendaciones emanadas de los mismos usuarios, como depurar algunas instituciones como la PNC, establecer mecanismos para la selección de personal idóneo, crear una justicia realmente bilingüe, respetar el sistema jurídico propio de los pueblos indígenas. También se indican algunas condiciones necesarias para la transformación del sistema.

Administración de justicia 2001 42) Vásquez Vicente, Manuel Geovanni. Estado de calamidad y vulneración de garantías

procesales en Guatemala. (análisis del caso de la depresión tropical denominada

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“Mitch”). Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC Julio de 2001, 102 páginas

Análisis con enfoque social de los fundamentos utilizados para decretar el Estado de Calamidad Pública por parte del Organismo Ejecutivo, como consecuencia de los estragos ocasionados por el “Mitch” y la gran cantidad de hechos vandálicos y delictivos perpetrados en determinadas regiones del territorio nacional. Como resultado de declarar el Estado de Calamidad se suspenden las Garantías Constitucionales contenidas en los artículos 6 y 26 de la Constitución y como consecuencia se viola los derechos de una detención legal y a la libre locomoción, vulnerando los Derechos Humanos de Primera Generación. Al ser compelidos estos derechos: poderse aprehender, allanar los inmuebles y coartar el derecho de locomoción sin orden de juez competente por los órganos de seguridad del Estado (Polícia y Ejército). Recomienda valorar los motivos que justifique para evitar que el daño causado a la sociedad, no sea mayor que el que se pretende evitar. 43) Solares Cabrera, Pedro Pablo. El respeto al derecho de libre acceso a tribunales en la

creación de Centros de Recepción y Distribución de Demandas. (Constitucionalidad del Decreto 112 -97 del Congreso de la República). Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Noviembre de 2001. 77 páginas.

En 1997, ante la corrupción que imperaba en los tribunales, derivada de la ventaja y del favoritismo de que gozaba el actor dentro de un proceso, al poder seleccionar el juzgado o tribunal para que conociera el caso y ante las continuas quejas de jueces porque algunos de ellos tenían mayor carga de trabajo, derivado de la preferencia de los litigantes por algunos juzgados específicos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) creó una dependencia encargada de recibirle a los abogados litigantes todas las demandas o solicitudes nuevas, para luego repartirlas de manera rotativa y ecuánime entre todos los juzgados o tribunales competentes, los centros encargados de recibir y distribuir demandas equitativamente entre los juzgados competentes, ante los cuales se obliga al abogado litigante a presentar su escrito inicial. El estudio aborda las ventajas y desventajas de dichos centros de distribución y su legalidad, pues algunos juristas consideran inconstitucional estos centros, que violarían el derecho al libre acceso a los tribunales. 44) García Mencos, Andrés. El manejo de la evidencia en la escena del crimen y la cadena

de custodia, en la capital de Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. 2001. 178 páginas.

Se parte de que en la legislación guatemalteca no existe ningún precepto legal que establezca el protocolo a seguir en cuanto a la protección adecuada de la escena del crimen, razón por la cual el proceso penal se ha visto afectado porque se desvirtúa el esclarecimiento del hecho delictivo y como consecuencia, no se aplica una justicia conforme a derecho realizada por el órgano jurisdiccional competente, lo que ocasiona el aumento de los índices de impunidad y el entorpecimiento del ejercicio del derecho de defensa. Se resalta que la evidencia de la escena del crimen, el manejo de la misma y la cadena de custodia aportan objetivamente elementos científicos de convicción para plantear una debida acusación para posteriormente obtener una sentencia justa. Se examina el trabajo de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público y el Servicio de Investigación y Criminal de la Policía Nacional Civil y se analiza un caso real para establecer que el empirismo, la falta de recursos económicos, la carencia de un instructivo específico que regule el manejo de la evidencia dentro de la escena del crimen y la negligencia de los investigadores y la tardanza en llegar a la escena del crimen dificultan el proceso penal. 45) Alvarez Illescas, Miriam Elizabeth. La Misión de las Naciones Unidas para Guatemala y el

proceso penal guatemalteco. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Septiembre 2001 56 p.

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Tiene como propósito establecer la importancia que a nivel nacional tiene la intervención de organismos que se encarguen de verificar el cumplimiento de mandatos establecidos en instrumentos jurídicos en materia de Derechos humanos, fundamentalmente en Guatemala que tanto ha costado impulsar los Acuerdos de Paz. Describe los antecedentes del conflicto armado, el proceso de negociación, la suscripción de los Acuerdos de Paz y la participación de MINUGUA. Quedó demostrado que el gobierno es el mayor responsable directo de violaciones a los derechos humanos. MINUGUA realizó satisfactoriamente la misión que le fue encomendada. Los funcionarios de distintas instancias relativas al proceso penal, los operadores de justicia, deben considerar lo importante que resulta el acompañamiento de personeros de la Misión. 46) ASIES. Proceso de modernización y fortalecimiento del sistema de justicia: avances y

dificultades. Guatemala, 2001.

El estudio contiene los principales avances y dificultades en el referido proceso durante el año 2001, en cada una de las instituciones que conforman el sistema de justicia. Entendiendo que dicho sistema, en un sentido amplio, está integrado por el Organismo Judicial; el Ministerio Público; el Instituto de la Defensa Pública Penal; el Ministerio de Gobernación, que comprende el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil; y la Corte de Constitucionalidad. La investigación estuvo basada en el análisis de información documental, generada por las propias instituciones, así como por organizaciones nacionales e internacionales; y se complementó con un conjunto de entrevistas a representantes de cada una de las instituciones del sistema de justicia, de la cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil. Se basa en los compromisos de los Acuerdos de Paz y toma también como marco de referencia las recomendaciones presentadas por el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados. En estudio revela que en el año 2001 se alcanzaron progresos en el sistema de justicia, particularmente, en cuanto a la ampliación de la cobertura del servicio; la implementación de acciones orientadas a facilitar y mejorar el acceso a la justicia de la población indígena; el fortalecimiento de los recursos humanos y de la infraestructura física y de la informática; así como la modernización de la organización de las instituciones, entre otros, progresos que fueron desiguales entre las instituciones. Durante el período del estudio, el sistema de justicia se vio afectado por la persistencia de amenazas, intimidaciones y hostigamientos contra jueces y otros operadores de justicia, lo cual constituye un ataque directo al estado de derecho. E idncia que aún se observa que son parciales los avances que se registran en el proceso conjunto de reforma, modernización y fortalecimiento del sistema de justicia. El reto para cada una de las instituciones, con el apoyo de la sociedad civil y de la cooperación internacional, es avanzar hacia un proceso de carácter integral, orientado a cumplir un servicio eficiente y eficaz de resolución de los conflictos, tanto en el ámbito penal como en los ámbitos civil, familiar, laboral, juvenil, agrario, etc., así como de protección de los derechos de todas las personas y de grupos específicos de personas (indígenas, mujeres, niñez); que genere la confianza de la población en el sistema de justicia.

2002 47) Azpuru Zabalza, Federico José. El procedimiento especial de averiguación como medio

de establecer el paradero de alguna persona que fue detenida ilegalmente. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Enero de 2002, 124 páginas.

Se examina el procedimiento especial de averiguación, que es uno de los elementos novedosos contenidos en el Decreto Legislativo 51-92 del Congreso de la República, que contiene el actual Código Procesal Penal, que entró en vigencia el 1 de julio de 1994, que contiene, además un procedimiento común u ordinario aplicable a la mayoría de supuestos, compuesto de cinco fases; formas desjudicializadoras; la oralidad dentro de los diferentes procesos y procedimientos específicos aplicables a casos concretos. Uno de dichos procedimientos es el referido procedimiento especial de averiguación, que procede en caso existan sospechas suficientes para afirmar que una persona se encuentra detenida o mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o por agentes regulares

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o irregulares. Se aborda el procedimiento, su tramitación, utilización práctica, ventajas y desventajas que el mismo presenta y se concluye que entre sus ventajas están: que es un medio de garantizar principios constitucionales y procesales, que le agrega efectividad a la Exhibición Personal, que establece plazos perentorios para practicar las diligencias necesarias, involucrando en su trámite a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que encarga la investigación a personas o entidades diferentes al Ministerio Público, el cual, en caso sea necesario, le puede prestar protección al querellante. Se recomienda seguir con el estudio del tema, difundir entre la población la existencia de procedimientos específicos en el ámbito penal y que los operadores de justicia, si el caso reúne los requisitos para aplicar dicho procedimiento, lo apliquen.

48) Hernández López, Victor Hugo. El recurso de apelación especial y el derecho humano

de recurrir a los fallos ante la Sala séptima de apelaciones de Quetzaltenango. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Septiembre de 2002, 89 páginas.

En los casos de Apelación Especial en la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango, al dictar sentencia declaró “improcedentes” los recursos, al considerar que no reunian los requisistos de argumentación y fundamentación exigidos para su planteamiento. Lo que le pareció incorrecto, porque considera quer el Tribunal ya no puede hacer mérito de sentencia de los errores u omisiones contenidos en el recurso, cuando el mismo ya fue admitido formalmente. Concluye que la interpretación y aplicación es con rigor formalista por la Sala. Recomienda una reforma a la normativa. Recomienda hacer un análisis detallado sobre la efectividad del recurso de Apelación Especial, en la satisfacción del derecho humano de recurrir a los fallos condenatorios ante Tribunal Superior, y realizar lo pronunciamientos que se crean adecuados, en resguarde de este derecho humano. 2003 49) Figueredo Cacacho, Marisol. Análisis doctrinario y legal de la excepción de falta de

acción en el proceso penal guatemalteco. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Julio de 2003, 70 páginas.

Se parte de que el derecho de defensa consiste en la facultad que tiene toda persona para defender sus derechos y no ser privado de ellos, sin haber sido previamente citada, oída y vencida en un proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido, lo que está regulado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como en el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo No. 51-92, en el artículo 20. El trabajo examina cómo aplican los defensores la excepción de falta de acción en el Proceso Penal Guatemalteco, a la luz de la doctrina y de las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal Guatemalteco, y para ello, estableciendo los motivos y efectos que se produce en la situación jurídica del imputado. Por medio de investigación bibliográfica, entrevistas y estudio de expedientes en donde se interpuso la excepción, se concluye que esta figura procesal esa aplicada por los defensores para argumentar la invalidez de la relación procesal y de la acción penal promovida contra el sindicado, recomendándose que se profundice en su conocimiento y aplicación a través de seminarios, congresos y foros.

50) Barrientos Pellecer, Jorge Rolando. La independencia judicial y su incidencia en la administración de justicia. Tesis de Maestría en Derecho Penal, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. Junio de 2003, 247 páginas y anexos.

Se examina la importancia de la independencia judicial, indicando que se trata de una garantía del ciudadano y no del juzgador, siendo un postulado constitucional que todos los poderes del Estado están obligados a respetar y el Estado a garantizar. Se parte de la relación entre administración de justicia, Estado de Derecho e independencia judicial, sobre la cual se ofrecen conceptos,

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importancia, clases, naturaleza jurídica, causas que la amenazan, dedicando un capítulo a la Ley de Carrera Judicial de Guatemala. Se aplicaron encuestas a jueces, magistrados y abogados litigantes, quienes reconocieron que en el país se encuentra amenazada la independencia judicial por las presiones internas y externas que inciden en las decisiones de los jueces. Se recomienda impulsar reformas tanto a nivel constitucional como ordinario, para que el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala tenga plena vigencia, que las universidades pongan empeño en la formación académica de sus egresados, que el Colegio de Abogados aplique un examen de admisión en el marco de una nueva Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, revisar la Ley de Carrera Judicial, entre otros. 51) Vásquez Smerilli, Gabriela. Hacia una política criminal para un Estado Democrático de

Derecho. Fundación Myrna Mack, Febrero de 2003, 91 páginas. A partir de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en 1996, se establecieron las condiciones necesarias para la construcción de un Estado democrático de derecho, generándose un ambiente de mayor respeto a los derechos humanos. Sin embargo, diversos acontecimientos empañaron este desarrollo, tal es el caso del asesinato de Monseñor Gerardi que demostró, una vez más, las graves deficiencias en el sistema de administración de justicia y la persistencia de sectores oscuros enraizados en estas instituciones. La convicción de ilegalidad genera violencia, justicia por mano propia y desconfianza en el derecho y lleva a la ciudadanía a optar por acciones violentas. Una de las dimensiones estructurales de la paz se vincula con el respeto de la sociedad y de cada ciudadano a la legalidad y la convicción de unos y otros en la garantía de la legalidad es la base de la convivencia pacífica. Por ello, la construcción de un verdadero Estado de derecho gira en torno a: la seguridad y la justicia.

52) Mendoza, Carlos. Torres-Rivas, Edelberto. (Editores). Linchamientos: ¿Barbarie o Justicia Popular? Colección Cultura de Paz, No.1 Colección Cultura de Paz. FLACSO/UNESCO/ Cooperación Italiana. 2003, 329 páginas.

En los escenarios del linchamiento concurren sin duda factores psicológicos sociales, de psicología de masas, como las frustraciones que originó la guerra y alimenta la paz. La presencia de conductas agresivas supone casi siempre la existencia de frustraciones, y viceversa. Los linchamientos no se explican por mal formaciones individuales o por la maldad intrínseca del guatemalteco. La histeria colectiva y los linchamientos son un mero problema de la sociedad, donde el estado es enteco y, en consecuencia, la justicia privada surge como la compensación inevitable. El libro incluye los siguientes capítulos: “Violencia colectiva en Guatemala una aproximación teórica al problema de los linchamientos”, de Carlos Mendoza. Se cuestiona las principales hipótesis que se utilizan en Guatemala para explicar los más de 400 casos de linchamiento registrados entre 1996 y 2001. Relega a segundo plano la común explicación que considera que todos los problemas de violencia que la sociedad guatemalteca afronta actualmente en consecuencia del conflicto armado interno. Hace referencia de la “cultura del honor”, en el oriente del país para llamar la atención sobre otras formas no colectivas de justicia privada. Afirma que existe un choque entre las instituciones del estado y la de los pueblos indígenas, y que las fuertes identidades étnicas favorecen la acción colectiva contra aquellos que agravian a la comunidad o a algunos de sus miembros. “Los linchamientos y la democracia del terror en la Guatemala de la pos guerra: implicaciones en el campo de los derechos humanos”, de Angelina Snodgrass Godoy. Se considera que los linchamientos son una nueva forma de violación de los derechos humanos, ahora protagonizada por la sociedad civil. Vincula esta violencia colectiva con el conflicto armado en dos aspectos: los instigadores no sólo pertenecieron a grupos que ejercieron el terror estatal, sino que además han suplantado a las autoridades tradicionales en las comunidades y los linchamientos son la manifestación de un trauma y miedo sociológico adquirido tras la brutalidad de la represión contra insurgente que destruyó las redes de cohesión social y confianza.

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“Los mecanismos de poder en la violencia colectiva: los linchamientos en Huehuetenango”, de Marta Estela Gutiérrez. Parte de un amplio trabajo de campo y estudio de los mecanismos del poder en este departamento donde han ocurrido 37 de los 421 registrados por MINUGUA entre 1996 y 2001. Subraya que las formas de violencia extrema han sido aprendidas por la población civil en el período del conflicto armado. Aporta información sobre la preexistencia de castigos públicos de carácter comunitario, como los chicotazos, y sobre la continuidad de mecanismos alternativos de las comunidades indígenas para responder a la conflictividad local. “Abordando los linchamientos en Guatemala: del autismo capacitador a consensos negociados” de Julián López García. Considera que el abordaje que se está siguiendo para solucionar el problema del linchamiento es ineficaz, aunque bien intencionado, pues se basa en el uso de la palabra. Es ineficaz porque reproduce formas de relación verticales con los otros cuya voz siempre queda opacada. Frente a ese autismo en las estrategias capacitadoras en derechos humanos para acabar con los linchamientos propone un acercamiento horizontal a las comunidades donde se han producido éstos; un acercamiento que posibilite un diálogo igualitario y contextualizado. 53) ASIES. Proceso de modernización y fortalecimiento del sistema de justicia: avances y

dificultades. Enero 2002 – junio 2003, 139 páginas. Se trata del tercer estudio sobre los avances y dificultades del proceso de modernización y fortalecimiento del sistema de justicia, utilizando la misma metodología y marco de referencia de los estudios anteriores. Se concluye que los avances se registraron en la ampliación de la cobertura del servicio, en el fortalecimiento de infraestructura física y de informática y en la organización y modernización de las instituciones, aunque de forma desigual, como consecuencia de la falta de políticas institucionales sostenidas en cuanto a procesos transparentes y efectivos de selección y ascensos. Los avances en cuanto a mejorar el acceso a la justicia fueron limitados, así como en cuanto la coordinación eficiente entre las instituciones. Se recomienda retomar los compromisos de los Acuerdos de Paz. 2004 54) Solares Sosa, Flor de María. El bufete popular de Playa Grande, Ixcán, El Quiché, como

ente coadyuvante del Centro de Administración de Justicia creado en esta área por el Organismo Judicial. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. 2004, 122 páginas.

El Organismo Judicial, en el marco de la modernización de la administración de justicia ha implementado una serie de proyectos encaminados a ampliar sus servicios. Para atender a la población del área rural del país que se encuentra en situación de abandono y pobreza extrema, se creó el Centro de Administración de Justicia en el municipio de Ixcán, departamento de El Quiché. El CAJ está conformado por una serie de instituciones que trabajan de manera conjunta para brindar a los pobladores de la región soluciones legales a sus problemas jurídicos. Una de las instituciones integrantes del CAJ de Playa Grande, Ixcán, El Quiché, es el Bufete Popular, mismo que se integra por estudiantes con pensum cerrado de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, cuya función principal es brindar asesoraría legal gratuita en los ramos civil, mercantil, laboral y notariado. Esto ofrece la posibilidad de generar sensibilidad hacia los problemas que presenta la población y la oportunidad para que los futuros profesionales del derecho conozcan a profundidad los problemas sociales del área rural del país. Se formula recomendaciones para mejorar la administración de justicia en ese municipio y se sugiere a la URL aumentar la realización de práctica profesional supervisada en las áreas rurales del país.

55) Morales Montúfar, Oscar Adolfo. La modernización del sistema de justicia como garantía para el cumplimiento y respeto del debido proceso en Guatemala. Tesis de

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Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Noviembre de 2004, 75 páginas.

En esta investigación descriptiva, con información cuantitativa y cualitativa, se aborda el tema de la modernización del sistema de justicia, como presupuesto indispensable para la realización del Estado de Derecho, para lo cual se hizo un análisis de los principales planes de modernización, leyes y procesos para determinar que aspectos podrían contribuir para que el proceso judicial cumpla con sus objetivos, teniendo como fin último, el bien común de la persona y su derecho a la justicia. Se trata de encontrar elementos para orientar estos esfuerzos de modernización, con base en el conocimiento directo de las experiencias prácticas del ejercicio de la actividad procesal del complejo sistema de justicia y del debido proceso. 56) Cano Morales, Rodrigo. Acción de Habeas Data como mecanismo para la protección

jurídica de los datos personales. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Mayo de 2004, 83 páginas.

Ante la amenaza que representa la utilización de nuevas tecnologías en relación a la recolección, acumulación y uso de información de carácter personal, se hace necesaria una respuesta pronta del ordenamiento jurídico que permita contrarrestar y proteger el derecho a la intimidad de las personas mediante la tutela y la protección jurídica preferentemente al derecho humano de acceder a los datos contenidos en las bases y registros de datos. En éste trabajo de tesis se justifica, explica y propone la pronta incorporación a la legislación guatemalteca del habeas data como mecanismo jurídico necesario para la protección de la información personal y los derechos fundamentales de los sujetos titulares de los datos. Es el Estado el que debe asumir la responsabilidad que por mandato legal le corresponde, creando las instituciones necesarias para tutelar los derechos fundamentales de la ciudadanía. El derecho que tienen todos los habitantes de conocer la información que sobre ellos conste en archivos, registros y bases de datos, no debe condicionarse a ningún trámite administrativo previo. Es necesaria la pronta incorporación y reglamentación del habeas data al ordenamiento jurídico a través de una Ley de protección de datos personales, con la finalidad de otorgar a los sujetos titulares de los datos, el mecanismo necesario y exclusivo a través del cual se logre priorizar el derecho que tienen las personas de ejercitar su derecho de libertad informática y libre autodeterminación informativa. 57) Alfaro Guerra de Nájera, Blanca Odilia. Estudio jurídico – doctrinario del delito de

desaparición forzada de personas. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de la Escuela de Estudios de Postgrado USAC. Noviembre de 2004, 326 páginas.

En esta investigación, dedicada al general José Efraín Rios Montt, se desarrollan los temas de las desapariciones forzadas, como consecuencia de la guerra interna en Guatemala, su relación con la doctrina de seguridad nacional, derecho Internacional y derecho Interno, protección de todas las personas contra la desaparición forzada y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición forzada. Se examinan los conceptos de totalitarismo, democracia y el delito de desaparición forzada. Agrega un capitulo con los artículos que sobre el tema están en la Constitución y leyes ordinarias. 58) Sierra González, José Arturo. Propuestas para reducir los efectos dilatorios que

provoca el abuso del amparo judicial. Fundación Myrna Mack. Noviembre de 2004. 91 páginas.

El amparo está instituido en la Constitución Política de Guatemala como uno de los más importantes medios de garantía y defensa del orden constitucional y de los derechos de las personas. Es desarrollado con amplitud en la Ley de Amparo, Exhibición personal y de Constitucionalidad. La amplitud de esta disposición y de la propia Ley de Amparo, sumado a la falta de consistencia e interesada actitud de algunos juzgadores que han interpretado laxamente esta normativa específica, tienen consecuencias nefastas para la administración de justicia. Por

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ejemplo, en congruencia con este criterio y confirmando su negativo influjo en el proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la antropóloga Myrna Mack –sentencia emitida el 25 de noviembre de 2003- manifestó, entre sus consideraciones y conclusiones, que “...los jueces intervinientes han sido corresponsables de que la acción de amparo en este caso halla sido utilizada como una cuarta instancia, transformándose en una apelación encubierta y desvirtuando su objetivo y fin como recurso sencillo, rápido y efectivo”. Estima conveniente y necesario encomendar a la Subcomisión de Agilización y Transparencia, la realización de un estudio detenido sobre el uso del amparo en materia judicial y la formulación de una propuesta para la eventual modificación de la ley respectiva. 59) ASIES. Estudio sobre avances y dificultades en la implementación de la carrera

judicial. Diciembre 1999 – agosto 2004. Guatemala, noviembre de 2004, 72 páginas. El estudio se dedica a analizar la información documental generada por la Corte Suprema de Justicia y órganos como el Consejo de la Carrera Judicial, la Junta de Disciplina Judicial y la Unidad de Capacitación Institucional del Organismo Judicial y la información de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas al tema, complementándola con entrevistas a referentes idóneos. El estudio expone que la vigencia de la Ley de la Carrera Judicial es un avance importante en el proceso de reforma y modernización del Organismo Judicial, en cuanto a la dignificación de magistrados y jueces, existiendo también la necesidad de promover acciones orientadas a la consolidación de la carrera judicial, que requieren voluntad política de los magistrados, de la CSJ para dar seguimiento a las acciones realizadas desde la vigencia de la mencionada ley, así como la revisión pormenorizada de sus normas y su reglamento. 60) Ochoa López, Aleida Rosario. La regla del previo agotamiento de los recursos internos

en el derecho internacional. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de la Escuela de Estudios de Postgrado USAC. Agosto de 2004, 159 páginas.

Hace énfasis en que para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a plantear una petición o comunicación conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el peticionario debe agotar los recursos internos que se encuentran legislados en el sistema jurídico vigente del Estado al que se pretende denunciar internacionalmente por violación a los derechos humanos contenidos en dicha Convención. Analiza la naturaleza, la significación jurídica, el funcionamiento, las excepciones a la regla del previo agotamiento, y la jurisprudencia de los casos hondureños y guatemaltecos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Paniagua Morales y otros, Blake, Villagrán Morales y otros, Myrna Mack Chang y de los cuales se ha emitido sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se ha condenado al Estado de Guatemala por violación a los derechos humanos contenidos en la Convención. Se debe fortalecer y modernizar el sistema de administración de justicia para que el estado de Guatemala evite verse denunciado a procesos internacionales por violación a los derechos humanos. 2005

61) Carranza Sagastume, Erwin Francisco. La reforma policial en Guatemala como una expresión de política criminal para el fortalecimiento del sistema de administración de justicia penal. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Marzo de 2005, 132 páginas.

Se delimita el alcance de la última reforma policial guatemalteca, incluida en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, como una expresión de política criminal para fortalecer el sistema de administración de justicia penal. Se fundamenta el alcance de la política criminal como categoría dentro de la ciencia del Derecho Penal y la implementación del Acuerdo, a partir de la reforma del subsistema policial en 1997, para la construcción de una nueva Policía Nacional Civil, comprometida con los principios

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constitucionales y los derechos humanos y se determinan las carencias de una reforma que no arroja resultados positivos para el sistema de administración de justicia penal. El trabajo además plantea la necesidad de retomar la reforma policial, orientando los cambios que es necesario introducir en la Policía Nacional Civil, para aumentar su capacidad operativa para prevenir y combatir el delito.

62) Flores Muñoz, Julio Roberto. La función de los Centros de Mediación del Organismo Judicial en la ciudad de Guatemala. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Agosto de 2005, 121 páginas.

Investigación jurídico descriptiva que examina la función que actualmente desempeñan los Centros de Mediación del Organismo Judicial de la Ciudad de Guatemala, haciendo referencia a temas relacionados estrechamente con el acceso a la justicia y modernización en la administración de la misma, incluyendo una reseña histórica de la creación y desarrollo del los Centros de Mediación del Organismo Judicial que funcionan en dicho lugar. Se presentan datos estadísticos, relativos a los centros en sus últimos tres años de funcionamiento, se hace referencia a las opiniones de mediadores, usuarios y personas relacionadas de forma directa con los Centros de Mediación, relativas a la función de los mismos y se formulan una serie de conclusiones y recomendaciones, sobre todo dirigidas al Organismo Judicial, para mejorar el funcionamiento de los Centros de Mediación de la ciudad de Guatemala, como desarrollar una campaña de divulgación social de la existencia, función y servicios de los centros de mediación, implementar el funcionamiento de los centros durante fines de semana y horas no laborables, crear un mayor número de centros de mediación y la contratación de mediadores adicionales para los centros existentes; capacitar a los mediadores de los centros sobre los aspectos legales fundamentales que deben contemplar dichos acuerdos, organizar talleres o conferencias con jueces y magistrados de dicho organismo, con el fin de fomentar los criterios que tiendan a favorecer y no a antagonizar la tarea que los mismos realizan. Se recomienda también que las Facultades de Derecho del país, incorporen laboratorios prácticos de mediación, dentro de las prácticas requeridas en los programas de estudio, para promover la utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como una opción a los procesos judiciales. 63) Sánchez de Girón, María Teresa Miriam. La violación constitucional al presentar a los

detenidos como culpables de algún ilícito, a los medios de comunicación sin haber sido indagados. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Octubre de 2005, 64 páginas.

Se examina el hecho de que con frecuencia, la Policía Nacional Civil presenta a los medios de comunicación a sindicados de un delito, sin que hayan sido oídos por juez competente y muchas veces, habiendo sido detenidos sin orden judicial, contraviniendo el artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala y causando serios daños y perjuicios a las personas. Se plantea que se debe sancionar a la PNC por este hecho, que afecta el honor de los sindicados, aunque se le absuelva por falta de pruebas. Se analiza las funciones de los funcionarios y empleados públicos, las funciones de la PNC y el papel de los medios de comunicación en estos casos. Se recomienda que en la Academia de la PNC se haga énfasis en los derechos de los detenidos y que se aplique cuando sea el caso del Reglamento Disciplinario 420-2003. 64) Mosquera Aguilar, Antonio. Recreación cultural del derecho en Guatemala. En Revista

de Derechos Humanos Prisma, No. 1. IDHUSAC. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Guatemala, 2005. Pp. 59 – 84.

Se examina el papel de los juzgados de paz comunitarios, cuya actuación, a pesar de mostrar aún deficiencias, intenta acelerar y concretar la dinámica hacia la realidad pluricultural del país, porque están tomando en cuenta su entorno cultural, a fin de superar la tradición neorromana, latina o continental que se ha asentado en el país. Se incluye las dificultades para la impartición de justicia, el reconocimiento legal de la costumbre, el establecimiento de los juzgados de paz comunitarios, sus principales resultados, el fortalecimiento de la legalidad como interculturalidad -desde la perspectiva del realismo jurídico-, el lugar del abuso en las diferentes culturas, afirmando

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que las resoluciones judiciales no sólo deben basarse en razones técnicas sino también surgen de una variada gama de razones morales, políticas, etc. El autor afirma que esto no es posible que una institución transforme una realidad social que la sobrepasa y que ya hay apertura en las instituciones judiciales hacia la realidad pluricultural del país; sostiene que la tradición legal del país ofrece un espacio de concreción que cubre a la población con su beneplácito pues responde a un anhelo de terminar con la impunidad y establecer un Estado democrático de derecho y que los esfuerzos de las organizaciones sociales quedarán en una utopía si sus planteamientos no son compartidos por el resto de la sociedad. 65) Richter, Marcelo Pablo Ernesto. Habeas Data: un remedio ante la violación del derecho a

la intimidad. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de la Escuela de Estudios de Postgrado USAC. Junio de 2005, 107 páginas. .

La informática se ha introducido en la cultura que casi no existe ciudadano que no esté fichado en un banco de datos y se halla expuesto a una vigilancia permanente. Incluyendo su vida privada. Por lo tanto las personas deben conocer y controlar los datos personales que estén contenidos en cualquier base de datos. El derecho a la intimidad, en relación directa con la libertad individual, protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituido por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física, es decir, las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo contenido y divulgación por los extraños significan un peligro real o potencial a la intimidad. El Estado garantiza la protección y mantenimiento del derecho a la intimidad. 2006 66) Flores Ovando, Nancy Carolina. Los Centro de Administración de Justicia –CAJ-: un

esfuerzo orientado al fortalecimiento y modernización del sector justicia en armonía con los Acuerdos de Paz. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Agosto de 2006, 180 páginas.

El gobierno de Guatemala por medio de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (ICMSJ), creó el programa “Apoyo a la Reforma del Sector Justicia” encaminado a fortalecer el Estado de Derecho democrático y pluricultural del país, fines enmarcados en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función de Ejército en una Sociedad Democrática. Los Centros de Administración de Justicia -CAJ- son el resultado de dicho programa y se encaminan a facilitar el acceso a la administración de justicia, por parte de los pobladores de aquellas comunidades, en especial las indígenas, que se vieron más afectadas por el conflicto armado interno. El fin principal de los CAJ es la concentración de los distintos operadores de justicia en un mismo espacio físico ubicado en el interior del país, para descentralizar la administración de la ciudad capital, lo que representa a los pobladores de las comunidades lejanas, ahorro en tiempo y costo a la economía familiar. Se llega a la conclusión que los CAJ responden a la necesidad del consolidar el Estado de Derecho de Guatemala, enmarcado dentro de los Acuerdos de Paz y mejoran el sector justicia.

67) Leonardo Figueroa, Waldemar Antonio. Avances en la modernización del Organismo Judicial. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Septiembre de 2006, 156 páginas.

Se trata de una investigación histórico jurídica que analiza la ejecución del Plan de Modernización del Organismo Judicial de la República de Guatemala 1997 – 2002, desde sus orígenes y su impacto en la modernización del Organismo Judicial de la República de Guatemala, incluyendo consideraciones acerca de sus cuatro componentes estratégicos: acceso a la justicia, mejoramiento de la función tribunalicia, mejoramiento de gestión institucional y mejoramiento de la

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comunicación social. Se concluye que dicho plan sí modernizó jurisdiccional y administrativamente a ese Organismo, beneficiando al Sector Justicia en su conjunto, por lo que se recomienda que el Organismo Judicial continúe con sus esfuerzos de modernización, en los cuatro componentes estratégicos identificados.

68) Pablo Agustín, Floridalma Anacleta. Desjudicialización de conflictos sociales en el

Centro de Administración de Justicia de Ixchiguán. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Campus Quetzaltenango, noviembre de 2006. 168 páginas.

Se aborda desjudicializaciòn de los conflictos sociales en el Centro de Administración de Justicia de Ixchiguán, San Marcos, donde en la actualidad únicamente es aplicada en materia penal, siendo que es factible su aplicación en otras ramas del derecho. Se estableció que en dicho CAJ se aplican diversas medidas desjudicializadoras, pero que muchas veces los conflictos sociales no son tan complejos ni mayores, siendo la mentalidad de los abogados litigantes -que es de ganar o perder- y la de los funcionarios (agentes fiscales y auxiliares fiscales del Ministerio Público, el juez de Primera Instancia) lo que complica los conflictos, porque en lugar de solucionarlos para que exista el verdadero acceso a la justicia y se fomente credibilidad en la misma, se dictan resoluciones y sentencias que supuestamente solucionan el conflicto cuando en verdad crean otros, por la venganza que se dan de diferentes formas. Se hace varias recomendaciones, como seguir el debate sobre el tema, que las instancias legitimadas para presentar una propuesta de ley o reformarlas hagan una propuesta o reforma con respecto a la ampliación de la aplicación de la desjudicialización, que el CAJ mencionado aplique con mayor frecuencia y en mayor porcentaje la desjudicialización en materia penal para la resolución de conflictos sociales que se dan dentro de su jurisdicción, en atención a los instructivos de desjudicializaciòn emitidos por el fiscal general de la república en marzo de 2005 y que se apliquen los procedimientos más breves y cortos para la resolución de conflictos como los son las medidas desjudicializadoras, los métodos alternativos para la resolución de conflictos y el derecho consuetudinario. 69) Prado Ayau, Ricardo. La violación al derecho humano de protección judicial del

querellante adhesivo en el proceso penal guatemalteco. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Agosto de 2006. 114 páginas.

El trabajo señala cuáles son las normas que dejan en un estado de indefensión de sus derechos y desprotegido al querellante adhesivo, paradójicamente, dentro del marco de un debido proceso, siendo que el Código Procesal Penal establece que la víctima de un delito está facultada para participar dentro del proceso penal, coadyuvando con el Ministerio Público para que se imponga una pena al responsable del hecho delictivo, participación que ejecuta en calidad de querellante adhesivo y debe ser autorizada por el juez contralor de la causa. Dentro del proceso penal, la actuación del querellante adhesivo esté seriamente limitada por normas que lo sitúan en un plano de desigualdad frente al sindicado, normas que fácilmente le dejan fuera del proceso sin posibilidad de colaborar, aportar pruebas o de interponer recursos, relegándole así, únicamente, a la calidad de testigo. Se recomienda revisar la redacción de los artículos contenidos en el Código Procesal Penal, la Ley del Organismo Judicial, Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial que limitan la participación del Querellante Adhesivo, readecuando la norma para que permita la participación del querellante adhesivo para garantizar los derechos humanos de Igualdad ante la ley, Protección judicial, Derecho de Defensa y Debido Proceso; reformar artículos del Código Procesal Penal, proponiendo una redacción, y emitir una ley que instituya un mecanismo para que las víctimas de los delitos puedan gozar de asistencia judicial en forma gratuita para poder apersonarse como querellantes adhesivos y que se reforme la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial para que los memoriales y peticiones que el querellante adhesivo formule estén exentos del timbre forense.

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70) Alvarado Pazos, Cintia Evelyn. Ausencia de regulación legal en el código procesal penal guatemalteco respecto a la representación legal del querellante adhesivo por medio de un mandatario judicial cuando ostenta al mismo tiempo la calidad de testigo en el debate. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Septiembre de 2006, 91 páginas.

Se analiza la naturaleza, fines, elementos y desarrollo del proceso penal en Guatemala en cada una de sus etapas, así como el papel que desempeña cada uno de los sujetos que intervienen en el mismo, profundizando en la participación del querellante adhesivo en el debate y la necesidad de su representación legal, cuando ostenta al mismo tiempo la calidad de testigo, tomando en cuenta la legislación vigente, la jurisprudencia, los principios constitucionales y entrevistas, concluyéndose con una propuesta para superar esta laguna legal, que podría ser el otorgamiento de un mandato judicial a su abogado defensor con las formalidades de ley, para que pueda representarlo legalmente en el mismo. 71) Vásquez Cucho, Nadezha Elvira. Lineamientos generales que deben contener las

propuestas en materia de búsqueda de personas desaparecidas y en la calificación jurídica de ausencia por desaparición forzada. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre de 2006, 172 páginas.

Guatemala atravesó un conflicto armado interno entre los años 1962 y 1996, dejando un saldo considerable de muertos y sobre todo desaparecidos, cuyos casos podrían superar la cifra de 45,000. Ante esta situación, la CEH emitió una serie de recomendaciones a las diferentes instituciones estatales para enfrentar este fenómeno, relacionadas con la búsqueda y la localización de los desaparecidos y con los principales problemas legales que padecen sus familiares en materia civil. La tesis realiza un análisis sistemático de cómo se ha dado respuesta a estas recomendaciones, su relación con el deber de garantía estatal y las obligaciones estatales que emanan de los instrumentos internacionales, incluyendo un estudio de la legislación comparada, así como la situación actual de los mecanismos de búsqueda y de calificación de la ausencia por desaparición forzada. Se trata de evidenciar la intensidad con que el Estado ha enfrentado el problema para proponer los Lineamientos Generales sobre el contenido normativo de estos mecanismos, como un aporte para la construcción de futuras propuestas legislativas sobre la materia. La investigación permite dar a conocer los aspectos teóricos, normativos y pragmáticos que fijan las bases de los mecanismos de búsqueda y del estatus jurídico de la ausencia por desaparición forzada, así como mejorar el marco normativo que permita a las víctimas tener un efectivo derecho a la verdad y a la justicia. 72) Toaspern, Medina, Carmen Adelina. Creación de una normativa para la selección de

magistrados para fortalecer la independencia judicial. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre de 2006. 181 páginas.

El trabajo se refiere a la independencia judicial, describiendo su concepto y antecedentes, resaltando su importancia en un Estado Democrático de Derecho. Se estableció que para que los magistrados sean imparciales en el ejercicio de su cargo, tienen que ser independientes, y por ello, desde que son seleccionados y luego electos, deben acceder a los puestos por sus propios méritos de capacidad y honorabilidad. Se realizó una encuesta entre una muestra de cincuenta abogados (fiscales, defensores públicos y abogados litigantes), se estableció que existe la necesidad de que se normen las funciones de las Comisiones de Postulación y la forma en que deben ser seleccionados los magistrados, proponiéndose una entrevista y un examen de oposición. Se aporta una normativa que rija el funcionamiento y desarrollo de las Comisiones de Postulación para la selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría, en virtud de que la Constitución Política de la República de Guatemala, sólo indica cómo se integran y votan las Comisiones y la Ley de la Carrera Judicial en forma escueta habla sobre sus funciones, dejando a su discrecionalidad todo el proceso de selección. Se recomendó que se motive el cambio del sistema de postulación de magistrados que hasta la fecha se ha usado.

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73) Jerez Chacón, Elfego René. Análisis de la violación al derecho de defensa en las

comisarías de la Policía Nacional Civil. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Junio de 2006. 91 páginas.

La PNC es la institución que ocupa el primer lugar en las denuncias de abuso de autoridad y violación a los derechos humanos de conformidad con las estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En este orden de hechos concluye que dicha institución constituye el eslabón más débil en la cadena de administración de justicia. El análisis se baso en casos de detenciones colectivas en barrios marginales de la periferia de la Capital, estableciendo como colofón que es la Comisaría 11 donde más se violan los derechos humanos. Existe en la PNC, una fundamental contradicción entre los conceptos de libertad, seguridad y democracia.

74) ASIES. Proceso de Fortalecimiento del Sistema de Justicia: avances y debilidades.

Guatemala, noviembre de 2006, 159 páginas. Se trata del cuarto estudio periódico de los principales avances y debilidades en el proceso de fortalecimiento del sistema de justicia, en cada una de las instituciones que lo conforman, durante el período comprendido de julio de 2003 a junio de 2006. El análisis institucional se circunscribió al Organismo Judicial, utilizando la misma metodología y marco de referencia de los estudios anteriores. La investigación se basó en el análisis de la información documental generada por las instituciones objeto del estudio y ordenamientos jurídicos; así también por la proveniente de entidades académicas e investigación y por organizaciones nacionales e internacionales vinculadas al tema del sistema de justicia. El estudio se complementó con más de 50 entrevistas personales a funcionarios clave de las instituciones estudiadas, así como a representantes de organizaciones no gubernamentales y de la cooperación internacional. El período analizado revela que los avances registrados en el fortalecimiento del sistema de justicia todavía son parciales, requieren consolidarse y siguen constituyendo un desafío para cada una de las instituciones; en tal razón es fundamental el apoyo de la cooperación internacional y de las organizaciones sociales, mediante propuestas, auditoría y monitoreo permanente. ASIES reitera que se debe avanzar hacia un proceso de fortalecimiento integral del sistema de justicia, tomando en cuenta que este sistema, está relacionado con temas que afectan la estabilidad emocional, la vida y la dignidad de las personas. Se señala la necesidad de cambios culturales, en diversos aspectos, cambios en la cultura cívica y legal de los ciudadanos, reconocimiento del pluralismo jurídico. Incorporación de valores y pautas de comportamiento de los pueblos indígenas, una reforma legal, que comprende la aprobación y vigencia de nuevos códigos, leyes y reglamentos, así como la aprobación y ratificación de tratados internacionales, que den un marco jurídico adecuado al fortalecimiento del sistema de justicia, y una reforma práctica, referida a la organización administrativa de las instituciones, a la infraestructura, servicios de asesoría jurídica gratuita, sistemas de agilización en la gestión de casos; coordinación interinstitucional. 2007 75) Pérez Tuna, Olga María. La importancia de los centros de justicia en Guatemala. Tesis

de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Abril de 2007. 148 páginas.

La creación de los Centros de Justicia nace del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática; su implementación fue financiada en sus inicios por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, que tienen como objetivo la coordinación de los operadores de justicia para que impulsen acciones que hagan accesible la justicia así como el fortalecimiento de cada una de las entidades que integran el sistema. Por ello los CAJ son un modelo institucional de acción programática orientados a promover los cambios en la administración de justicia a nivel local, que sólo pueden provenir de la

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voluntad de los actores nacionales involucrados, quienes deben tener una vinculación más profunda de la realidad social en que operan. 76) Retolaza Alvarado, Jorge Miguel. Importancia de la Comisión Nacional para el

Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Enero de 2007. 144 páginas.

El trabajo pretende sensibilizar a la población acerca de la importancia de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, instancia creada en virtud del Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, por el papel que desempeña, así como la función y el rol que desarrollan cada uno de sus integrantes. Esta comisión funda sus objetivos y fines primordiales en ser un ente de monitoreo y asesoría de las labores del sector justicia, pero enfrenta diversos problemas como carecer de mecanismos adecuados para su integración (que se propone sea mediante un concurso de oposición), no tener una asignación presupuestaria (que no permite dar seguimiento a sus propias propuestas), no contar con autonomía ni sostenibilidad. Se recomienda contar con una ley que permita, entre otras cosas, que esta comisión tenga autonomía y presupuesto, crear un mecanisno nuevo para la selección de sus miembros, diseñar una política de impacto social y contar con un plan estratégico.

77) Polanco, Mario. La desaparición forzada en Guatemala. Necesidad de esclarecimiento e investigación. GAM. Marzo de 2007, 125 páginas.

Se abordan aspectos históricos y políticos que rodean la práctica de la desaparición forzada en Guatemala y el marco jurídico que debe hacerse cumplir para evitarla. Incluye conceptos (desaparición forzada, crimen de lesa humanidad, guerra sucia, tortura, y otros), antecedentes en el contexto mundial y en Guatemala, y los efectos sociales de la desaparición forzada; la protección nacional e internacional contra esta práctica y se plantean los fundamentos legales para la formación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición, sus características y facultades y la figura de la ausencia como forma de garantizar mantener con vida jurídica al desaparecido.

78) Ramírez Poggio, Elena Michell. La legitimidad del pago a los ex patrulleros de autodefensa civil. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Marzo de 2007, 86 páginas.

En esta investigación histórico – jurídica, se analizan las causas que originan que los miembros de estos grupos soliciten al Estado un resarcimiento económico, que ha sido parte de los ofrecimientos de los Presidentes, aunque la normativa que otorga esta compensación ha sido declarada inconstitucional, por lo que no hay fundamento jurídico alguno que legitime tal pago, pues los expatrulleros carecen de legitimidad activa en virtud de que fueron desmovilizados mediante decreto del Congreso de la República y de que no hay ninguna norma que contenga los elementos de validez, justicia y eficacia para este reclamo. El programa denominado “Bosques y Agua Para la Concordia” trata de encubrir el verdadero trasfondo del pago ofrecido y no es un mecanismo adecuado para la reforestación. Se recomienda al Procurador de los Derechos Humanos la búsqueda de formas alternativas de resarcimiento, que se solicite al Organismo Ejecutivo la suspensión del pago y que se inicien acciones penales contra los expatrulleros por usar la violencia en sus manifestaciones.

79) Granowsky Larsen, Simón. La CICIACS. Defensores de derechos humanos y el Estado de Derecho en la pos-guerra. GAM- Oxfam Novib. Marzo de 2007, 58 páginas.

Se aborda el proceso de formulación de la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), qu surgió de propuestas presentadas por organizaciones no gubernamentales guatemaltecas entre 2002 y 2004, como un mecanismo para

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investigar los ataques contra defensores de derechos humanos y que sufrió cambios, para encaminarse a la formación de una comisión internacional con facultades de investigación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Se analiza la proliferación de actores armados en la pos-guerra, el papel de los defensores de derechos humanos en esta etapa, y el proceso de formulación de la CICIACS que se interpreta como un reflejo de un momento particular del Estado de Derecho en el pos-conflicto, proceso que tuvo el mérito de abrir caminos hacia la reforma de la justicia para las organizaciones sociales que pudieron elevar su propuesta hasta el ámbito internacional.

Derecho penal 2001 80) Florián Carbonell, Maynor Leonel. Principios del sistema acusatorio y garantías

procesales en la reapertura del debate por el Tribunal de Sentencia en el Proceso Penal guatemalteco. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Febrero de 2001, 97 páginas.

Se examina el hecho de que, a pesar de que los principios que guían el sistema acusatorio del Código Procesal Penal son los propios del sistema acusatorio, se mantienen aspectos del sistema inquisitivo, especialmente en la reapertura del debate por el Tribunal de Sentencia. Se argumenta que la aplicación de justicia se ha visto limitada por facultades que han sido concedidas a los jueces, mediante las cuales pueden asumir funciones que no les corresponden como investigar e interferir en el ejercicio de la acción pública, ordenando al Ministerio Público que acuse, lo que está fuera de su función jurisdiccional y violentan principios procesales garantizados por convenios internacionales y por la legislación guatemalteca. 2003 81) Romero Escribá, Ingrid Johana. La necesidad de que el acoso sexual sea tipificado

como delito por el ordenamiento penal guatemalteco. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Mayo de 2003, 121 páginas.

La investigación evidencia la necesidad que existe en Guatemala de tipificar la conducta del acoso sexual como delito, y así evitar que por la falta de reglamentación, se continúe encuadrando el acoso sexual dentro de otros delitos que se le asimilan, pero que por las características propias y únicas de esta figura, no contemplan todos sus elementos esenciales. Se comparan distintas legislaciones extranjeras que actualmente ya consideran esta figura como un delito y se examina cómo se expresa este problema en diversos ámbitos sociales, indicando que en Guatemala, se trata de una realidad frecuente y grave, que empeora debido a la inexistencia del delito en una normativa específica que la regule y castigue severamente, aunque existen actitudes de rechazo que impiden aceptar el acoso sexual como una conducta que debe ser sancionada. Se recomienda, entre otras medidas, la definición penal de este delito, pues ésta es la más amplia y comprensiva, ya que estará destinada a regir la mayor variedad y cantidad de casos, los cuales dependerían tanto de la relación entre la víctima y el acosador como del lugar donde dicha conducta se suscite, mientras en el campo laboral se le deberá agregar los elementos propios para que sea más efectiva, siendo que dicho ámbito es uno de los más propicios para establecer medidas preventivas o positivas contra el acoso sexual y que Guatemala lo regule como un hecho ilícito, tomando como ejemplos las leyes con las que cuentan esos países. 82) Maas Jácome, Axel Ottoniel. La prisión preventiva como medida de coerción de

carácter al y su aplicación en el sistema penal guatemalteco. Tesis de Maestría en Derecho Penal, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. Junio de 2003, 198 páginas.

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La prisión preventiva tiene como fin asegurar la presencia del sindicado en la comisión de un hecho delictivo en el proceso, siendo excepcional, es decir, aplicable en situaciones extremas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la normativa procesal penal y cuando cualquiera de las restantes medidas de coerción reguladas no sirvan para el efecto. Se indica que la interpretación distorsionada de esta normativa hace que los juzgadores consideren que la prisión preventiva es la medida coercitiva por excelencia, lo que viola la ley y los derechos fundamentales de las personas, generando hacinamiento en los presidios y perjudicando a la familia del imputado. Ello se debería al arraigo de la cultura inquisitiva, a los vacíos y contradicciones del marco jurídico que rige la prisión preventiva, a la actuación de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público y del Instituto de la Defensa Pública Penal entre otras causas; se recomiendan reformas al Código Procesal Penal, ejercer mayor control sobre el personal de la PNC, y acrecentar la conciencia entre los operadores de justicia en cuanto a que el sistema de justicia penal vigente no es inquisitivo. 2004 83) Solórzano León, Justo Vinicio. Las personas menores de edad ante el derecho penal en

Guatemala. Tesis de Maestría en Derecho Penal, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. Abril de 2004, 237 páginas.

Se analiza la legitimación política del control socio penal que se ejerce sobre las personas menores de edad, siguiendo las tendencia en el derecho penal que exigen profundizar en el sujeto activo del delito, de una forma cercana a la realidad que este derecho desea regular, tomando en cuenta el contexto en que se aplica, su operatividad y consecuencias. Por medio de un estudio genealógico – dogmático sobre el tema, se argumenta que esto ha respondido más a un fin ideológico de control social -que considera inimputable a la persona menor de edad, a quien no se reconoce como sujetos de derecho- que a los fines pacificadores que sustentan el nuevo paradigma en cuanto a justicia penal juvenil. Se abordan conceptos fundamentales como sociedad, Estado y control, los modelos de intervención penal sobre las personas menores de edad y su legitimación política, se perfila un modelo de justicia y responsabilidad penal de los adolescentes en Guatemala y se examina el tema de la culpabilidad y la responsabilidad penal de las personas menores de edad en el país. Se concluye, entre otras cosas, que las personas menores de edad son un grupo social diferenciado y que como tales deben ser objeto de un trato jurídico penal diferente, que la concepción de la persona menor de edad como sujeto activo del delito está ligada a la definición histórica del desviado, y que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia recoge el modelo de justicia y responsabilidad penal de los adolescentes en forma coherente con la Constitución Política y la Convención sobre los Derechos del Niño y que implica dar un salto del modelo tutelar al modelo de responsabilidad, sin pasar por el modelo educativo, lo que puede ser perjudicial y peligroso, porque dicho modelo respondía a una política social más amplia y porque implementar un modelo de responsabilidad afirma la existencia de garantías que favorecen el principio de igualdad sin que éstas sean aplicadas en la realidad operativa del sistema, generando una aplicación pura y dura del derecho penal, aunque LPINA establezca diferencias entre las garantías básicas y las especiales. 2005 84) Ruiz Ramírez, Luis Fernando. Exhibición personal, procedimiento breve instaurado

como un aseguramiento al debido respeto a la libertad individual, análisis sobre la interposición y diligenciamiento de esta clase de acción. Tesis de Maestría en Derecho Penal, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. Junio de 2005, 181 páginas.

Se examina el Hábeas Corpus, que se configura como la comparecencia del detenido ante el juez, y que requiere la articulación de una acción de garantía lo suficientemente rápida como para conseguir la inmediata verificación judicial de la legalidad y las condiciones de detención y lo

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suficientemente sencillo como para que permita a todos los ciudadanos, sin complicaciones, el acceso a la autoridad judicial. Se plantea que en Guatemala este recurso ha sido ineficaz, pues en la mayoría de casos los órganos jurisdiccionales dejan de resolver la situación jurídica de los detenidos, haciendo dispendioso el trámite. Se examina el desarrollo histórico del Hábeas Corpus, la naturaleza jurídica de la exhibición personal en Guatemala, como una acción de garantía a la libertad de la persona, la relación de esta garantía con otras, como el amparo, en la legislación comparada, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con Guatemala en esta materia. Se recomienda que la competencia para el conocimiento completo y resolución definitiva del acto de exhibición personal se extienda a tribunales o jueces, cualquiera que sea su categoría, eliminando la distribución que contiene la ley vigente en la materia. 2006 85) Flores Ovando, Cynthia Roxana. Análisis jurídico y doctrina de las medidas de

seguridad. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Agosto de 2006, 153 páginas.

Las medidas de seguridad son una materia del derecho penal que en la actualidad se encuentra regulada en el Código Penal, que data de 1973, y que fue concebido bajo una visión peligrosista del individuo. Se concluye que no es posible determinar la peligrosidad del individuo; que los índices de peligrosidad y la indeterminación en el tiempo de las medidas de seguridad son inconstitucionales y que existen cuatro problemas para la imposición de medidas de seguridad siendo: a) la falta de un centro adecuado para la internación de los individuos sujetos a medidas de seguridad; b) el desconocimiento por parte de los operadores de justicia de las medidas de seguridad; c) el incumplimiento por parte de los jueces de ejecución, con el término establecido en la ley para realizar la revisión de medidas de seguridad y d) la incertidumbre que crea la imposición de medidas de seguridad bajo el fundamento de la peligrosidad. Se afirma que es necesario impulsar la vigencia del nuevo Código Penal, proponiendo para el efecto una modificación; en tanto no se ponga en vigencia dicho código los operadores de justicia deben hacer uso de los principios constitucionales para la imposición de las medidas de seguridad. Se recomienda capacitar a los operadores de justicia en materia de principios constitucionales, fortaleciendo su conocimiento en materia de medidas de seguridad e incluir el tema dentro del pensum de estudios de los estudiantes de derecho, y finalmente fundar las medidas de seguridad en el concepto de dignidad humana. 86) Mazariegos Mérida, Shirley Paola. Penas alternativas a la prisión en Guatemala. Estudio

realizado en el municipio de Quetzaltenango. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Diciembre de 2006, 201 páginas.

En esta investigación descriptiva, se intenta determinar qué penas alternativas a la prisión pueden aplicarse en Guatemala para los delitos que tengan pena de prisión de un mes a cinco años de duración. Se examina la política criminal del Estado respecto a la pena de prisión, qué delitos serían susceptibles de aplicación de penas alternativas a la prisión, identificando las posibles limitaciones para su funcionamiento. Se establece que en Guatemala se pueden aplicar la prestación de servicios a la comunidad, el arresto de fin de semana y la reparación del daño como penas alternativas a la prisión, a aquellos delitos que tengan una pena de prisión de un mes hasta cinco años de duración, pero que hay un pensamiento represivo existiendo una política autoritaria en la cual no se tiene en cuenta la mínima intervención del derecho penal ni la racionalidad del mismo para constituirse como una garantía de la persona, sino que se ha maximizado el derecho penal y sobre todo la crueldad en las penas. Los delitos que podrían ser susceptibles de aplicación de penas alternativas a la prisión en Guatemala serían los que estén tipificados en la actualidad en el ordenamiento sustantivo penal, cuya pena no supere los 5 años de prisión toda vez que estas penas cortas tienen graduación con el hecho que se ha consumado. Las limitantes son que en Guatemala únicamente existen dos jueces de ejecución penal, lo que impediría un correcto control de su cumplimiento, que no existe una ley del sistema penitenciario, que no

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existen instituciones que tiendan a verificar el cumplimiento de las penas alternativas a la prisión, y que no existe cultura jurídica en los niños, niñas, adolescentes y población en general.

87) Montiel Viesca, Lorena Elizabeth. Rol del Instituto de la Defensa Pública Penal en el respeto de las garantías procesales. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre de 2006, 107 páginas.

La investigación jurídica descriptiva se enfoca en el rol que desempeña el Instituto de la Defensa Pública Penal, en el respeto de las garantías procesales, partiendo de un análisis de los derechos humanos, base de las garantías procesales, analizando cómo éstas aparecen en el Código Procesal Penal guatemalteco. Se analiza el IDPP, que es una institución poco conocida, incluyendo su origen y su estructura legal, las actividades realizadas para la defensa de las garantías procesales, tomando en consideración la opinión de jueces, usuarios y abogados particulares. Se recomienda, entre otros, el aumento del presupuesto destinado a esta institución, que está en una precaria situación, y que se le otorgue el trato establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad democrática, que indica que el IDPP debe tener la misma jerarquía que el Ministerio Público. 88) Franco Hernández, Hilda Margarita. La inclusión del delito de violencia intrafamiliar en la

legislación penal guatemalteca. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre de 2006, 113 páginas.

Se analizó la realidad de la mujer guatemalteca frente a la violencia intrafamiliar y el marco jurídico de protección. Se señaló la necesidad de que se tipifique como delito la violencia intrafamiliar, como producto de las causas y consecuencias de los hechos criminales de que son sujeto las personas sometidas a violencia intrafamiliar y la necesidad de que el Estado intervenga por la vía familiar en el tema de prevención y por la vía penal en el tema de sanción. 89) Caal Caal, German. El delito de discriminación en el Derecho Penal guatemalteco. Tesis

de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Mayo de 2006, 134 páginas.

Algunas de las causas de discriminación en Guatemala son las diferencias sociales, culturales, políticas y económicas que crea una situación dual de ricos y pobre, de indios y ladinos, de indígenas y no indígenas... que producen abismales diferencias y humillaciones, propiciando un uso y abuso del derecho de parte de las clases dominantes generando una discriminación evidente. La ley penal de la discriminación tutela el principio de igualdad y no la libertad, aunque aquel y esta se complementan en la defensa de los derechos humanos. Como también tutela el principio de derecho internacional de la no-discriminación. Al ejecutarse y consumarse el delito de discriminación y probablemente al sancionarse, se genera un problema de tipificación y de interpretación jurídica del tipo por el bien jurídico tutelado, por ser muy difuso y ambiguo su contenido, cuando pudo ser mas específico y delimitado. 90) Monroy Campos, Marina Esperanza. Análisis jurídico y doctrinario del delito de

desaparición forzada de personas regulado en el Código Penal guatemalteco. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Febrero de 2006, 62 páginas.

Determina las causas de falta de divulgación del delito en Guatemala, a pesar que durante el conflicto armado interno, el Estado asumió como política estatal esta práctica. El delito no se persigue debido a que varios de los sujetos activos y de los autores mediatos del ilícito todavía son parte de organismos del estado, lo que permite que su conducta criminal se mantenga impune. El delito es imprescriptible, norma vigente pero no positiva. Debe fortalecerse la Fiscalía que tiene como misión la persecución penal de los actores y cómplices de este delito para la aplicación de la

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justicia y la ley, permitiendo superar la cultura de impunidad prevaleciente en el país. Que el Estado brinde asesoría legal a los familiares de las víctimas y a éstas cuando estén vivas, para que cuando actúen de querellantes adhesivos puedan plantear y fundamentar adecuadamente su querella. 2007

91) Alvarado Barrios, Cynthia María. Análisis doctrinario y legal de los delitos contenidos en el Código Penal en los cuales las víctimas únicamente pueden ser mujeres. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Julio de 2007. 140 páginas.

Se presenta un análisis de los delitos contenidos en el Código Penal donde las víctimas únicamente pueden ser mujeres, a partir de investigación bibliográfica y entrevistas a un abogado, funcionarios del Organismo Judicial y de una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y del análisis del Anteproyecto de ley mediante el cual se pretende reformar dicha ley ordinaria. Se destacan las debilidades en cuanto a la regulación de estos delitos (aborto, violación, estupro, rapto, trata de personas, inseminación). Presenta 8 conclusiones, en las que expone cómo la desigualdad de género se mantiene y se expresa en la falta de protección preferente hacia las mujeres, dentro de la rama penal, y en la inaplicabilidad de las normas penales donde las mujeres son sujeto pasivo. Se formulan seis recomendaciones generales, incluyendo la capacitación de operadores de justicia sobre desigualdad de género y discriminación y sobre la normativa existente para combatirlas. 92) Monterroso Bolaños, Luis Fernando. Evolución histórica de las garantías

constitucionales en materia procesal penal. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Abril de 2007. 146 páginas.

Monografía sobre la evolución de las garantías constitucionales en materia procesal penal en Guatemala, para establecer los avances, determinando sus fuentes directas. Se compara la evolución de las garantías en el ámbito nacional con su desarrollo en el ámbito internacional, para afirmar que ha habido un avance pero pausado, debido, entre otras cosas, a que las garantías constitucionales no fueron vistas como tales, menos aún en materia procesal penal, lo cual se ha superado no sólo con la actual Constitución sino con los Acuerdos de Paz, que impulsaron importantes reformas en el sistema de justicia. En proceso al 30 de septiembre de 2007 ICCPG. Se está desarrollando un proceso de investigación – acción con líderes sociales en algunas comunidades de Chiquimula y Alta Verapaz, para evaluar mecanismos de seguimiento que existen para el cumplimiento de los acuerdos de reparación, tanto en el marco de la justicia oficial como en la comunitaria, que usa otros mecanismos de solución de conflictos, para establecer una ruta que permita visualizar qué pasa con tales acuerdos, dada la falta de mecanismos de seguimiento. ICCPG. Estudio sobre la investigación criminal para establecer un nuevo modelo de carácter policial, pues se ha establecido que las debilidades en la investigación criminal es una de las causas de la impunidad es la investigación criminal. Se hace un estudio comparado, con otras experiencias en América Latina, y a partir de ello y de la descripción y explicación del problema se formula una propuesta para coadyuvar en el combate a la impunidad. El estudio fue presentado en octubre de 2007. ICCPG. Resultados del 2º. Observatorio de Justicia Penal. La experiencia acumulada ha sido aprovechada para establecer indicadores alrededor de aspectos culturales (las prácticas de los operadores de justicia que posibilitan buen o mal funcionamiento: trato a la víctima -evitar victimización secundaria, conocimientos, etc.), acceso a la justicia, organización y resultados, inversión pública en esta materia, que no es prioritaria ni estratégica. Seguimiento en materia de

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justicia. 1er. Observatorio permitió conocer el estado de la cuestión entre 2004 y 2004, y facilitó la formulación de los indicadores, que era una carencia muy fuerte. Se ha compartido estos indicadores con otros países de Centro América, para construir una red regional, que se seguirá fortaleciendo. A publicar fines de 2007. ICCPG. Estudio sobre la investigación criminal de delitos contra la vida, a partir de prácticas de fiscales de MP, con apoyo del Fiscal General de Neuque, Argentina. En Guatemala hay suficiente normativa para hacer buena investigación, pero no se aplica y fracasa debido a las actitudes de los operadores de justicia. El resultado será publicado en la Revista Centroamericana, a fines de 2007. ICCPG. Se concluirá estudio sobre respuestas del sistema de justicia a la muerte violenta de mujeres y delitos sexuales contra mujeres y femicidio. Se indica que adicionalmente a las debilidades generales conocidas, se agrega el elemento de violencia estructurada contra las mujeres, que se refleja en el sistema de justicia, donde se practica la expulsión selectiva de casos porque prejuzgan por origen, condición social, prácticas sexuales. El estudio incluye entrevistas a fiscales, datos cualitativos y cuantitativos, análisis de expediente, observación de debates.

Pena de muerte 93) León Sáenz, Juan Fernando. La aplicación de la pena de muerte en los delitos de grave

impacto social. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. 2001. 25 páginas y anexos.

Se plantea que la incorrecta aplicación de las leyes al imponer o no la pena de muerte en los delitos de grave impacto social, provoca incremento de la ola de violencia, derivado de la necesidad de una pronta y eficaz justicia. Se examinan aspectos generales de la pena de muerte, los argumentos favorables y abolicionistas, sus antecedentes históricos, el marco legal de la pena de muerte en Guatemala, las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala al tenor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se indica que la aplicación de la Pena de muerte no debe ser vista como venganza, ya que corresponde al Estado mediante su poder sancionador el de aplicar la pena de muerte sin distinción alguna en aquellos casos en los cuales cabe la posibilidad de aplicarla, respetando así el estado de derecho; que el Ministerio Público debe mejorar la investigación para que los jueces puedan dictar sentencias con más certeza jurídica al momento de decretarse la aplicación o no de la pena de muerte. 94) Cifuentes López, Marvin Aroldo. Las consecuencias jurídicas y sociales de la

derogatoria del indulto o recurso de gracia en la legislación guatemalteca y la preeminencia del derecho internacional relativo a los derechos humanos. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Marzo de 2001, 65 páginas.

Se aborda el indulto o gracia presidencial como último recurso que tiene el condenado a la pena capital, recurso que está plenamente legitimado en la Convención Americana de Derechos Humanos pero respecto del cual existe vacío en cuanto a qué autoridad debe conocer y responder, que debía ser resuelto por el Organismo Legislativo. Se examina algunos aspectos doctrinarios de los derechos humanos, las consecuencias jurídicas del delito y la pena, el indulto en el sistema penal guatemalteco y su relación con la independencia de poderes, pues hasta ahora la potestad recae en el Presidente de la República, quien no debería tener injerencia en las decisiones del Organismo Judicial.

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2003 95) Font Verdugo, David Fernando. La aplicación de la pena de muerte en Guatemala por el

delito de plagio o secuestro cuando la víctima no fallece. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Febrero de 2003, 116 páginas.

Se examina el Decreto 81-96, que modificó el artículo 201 del Código Penal, ampliando la aplicación de la pena de muerte a los autores materiales e intelectuales de dicho delito, aunque la víctima no falleciera, pena que antes de esa modificación sólo se aplicaba cuando la víctima fallecía, cambio que se debió al alto índice de secuestros que se registraba en esa época. Se indica que en algunos casos, los condenados no son sentenciados a muerte en virtud de que, según los distintos órganos jurisdiccionales, el decreto a través del cual se amplió la aplicación de la pena de muerte a los autores del delito de plagio o secuestro aunque la víctima no fallezca, contradice lo establecido por el último párrafo del numeral 2 del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, mientras en otros casos en los los tribunales han aplicado esta pena basándose en el artículo 204 de la Constitución, que indica que ésta debe prevalecer ante cualquier ley o tratado. En este estudio doctrinario jurídico se concluye que legalmente no puede ni debe aplicarse la pena de muerte por el delito de plagio o secuestro si la víctima no fallece y que no existe un criterio uniforme en los tribunales de justicia sobre la aplicación de la pena de muerte por el delito de plagio o secuestro, tal y como lo regula el ordenamiento adjetivo penal. Se recomienda que los distintos Tribunales de Justicia unifiquen su criterio respecto a la aplicación de la pena de muerte en estos casos, que se realicen investigaciones para establecer los efectos que en Guatemala ha tenido, tiene y tendría en el futuro la aplicación de la pena de muerte, a fin de determinar si ha tenido efectos disuasivos y frenar la delincuencia, o únicamente constituye un acto contrario a los principios de la sociabilidad humana y que se derogue el Decreto 81-96 o se denuncie parcialmente el Pacto de San José para que la pena de muerte sea aplicable. 2004 96) Andrade Leal, Marylena. El indulto en el caso de la pena de muerte. Propuesta de ley.

Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Noviembre de 2004, 92 páginas.

En esta investigación jurídica explorativa y propositiva, se analiza la institución del Indulto regulado por el Decreto Número 159 de la Asamblea Nacional Legislativa de la República de Guatemala del 19 de abril de 1892 y derogado por el decreto 32-2000 del Congreso de la República de Guatemala, a fin de proponer una ley que lo regule, ante el vacío existente en la ley, que representa un estancamiento de los procesos pendientes de ejecución, sino a la vez, sitúa a Guatemala en una posición delicada en el ámbito internacional, pues los tratados internacionales, suscritos y ratificados por Guatemala contemplan este derecho. Se indica, entre las conclusiones, que el recurso de gracia o indulto está vigente, pues está regulado en tratados internacionales que forman parte del derecho interno guatemalteco; que el no contar con legislación interna específica tiene como consecuencia una laguna legal que se puede entender como una denegación de justicia. Se recomienda, en los casos pendientes de ejecución, que el Presidente de la República conforme una comisión de alto nivel para que lo asesore sobre la conveniencia o no de conceder este recurso, caso contrario, le de cumplimiento a la sentencia respectiva y que el Congreso de la República promulgue una ley que regule el procedimiento del Indulto en el caso específico de la pena de muerte, para lo que la autora formula una propuesta de ley. 97) Nij Patzán, Marta Lidia. El problema de la pena de muerte en Guatemala: un análisis

desde el punto de vista del abolicionismo penal. Tesis de Maestría en Derecho Penal, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. Junio de 2004, 163 páginas.

Se analiza la pena de muerte, su finalidad, definición, características, teorías de la pena, los aspectos históricos de la pena de muerte en Guatemala, las propuestas doctrinarias ante la pena

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de muerte, los argumentos abolicionistas y antiabolicionistas. Se concluye que la pena de muerte es utilizada por los gobiernos como herramienta política, que el Congreso de la República debe abolirla, pues está facultado para hacerla, porque no tiene efecto disuasivo, es injusta y arbitraria y altamente discriminatoria y no proporciona seguridad a la población guatemalteca. 98) Wagner Mota, Karin Paola. Régimen Jurídico y aplicación práctica de la pena de muerte

en Guatemala, a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. 2004, 126 páginas.

El trabajo de investigación pretende determinar si el Estado de Guatemala, cuando aplica la pena de muerte observa las garantías mínimas establecidas en los estándares internacionales sobre derechos humanos. La investigación constata que estos estándares han sido constantemente inobservados, lo que unido a la comprobada ineficacia de la pena de muerte como instrumento de política criminal, refuerza la proposición a la que se alude en la recomendación de este estudio, en el sentido de que Guatemala debe ir hacia la abolición de la pena capital. Para el efecto, el estudio presenta inicialmente una descripción de las tendencias con relación a la aplicación de la pena capital, según el sistema universal y regional de protección de los derechos humanos. Posteriormente se expone un análisis del régimen jurídico y de la aplicación práctica de la pena de muerte en Guatemala, que tiene como marco de referencia de los estándares internacionales las “Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte”, aprobadas en 1984 por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, cuyo contenido se refiere a los siguientes temas: imposición de la pena de muerte para los delitos más graves; personas a quienes no se puede imponer ni ejecutar la pena capital; derecho a apelar ante un tribunal de jurisdicción superior, así como a solicitar el indulto o la conmutación de la pena; prohibición de ejecutar la pena capital mientras algún recurso esté pendiente de resolución; y ejecución de la pena de muerte de manera que cause el menor sufrimiento posible. 2006 99) Leonardo Figueroa, Manuel Alejandro. Aspectos sociales, culturales e históricos de la

no imposición de la pena de muerte a las mujeres guatemaltecas. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Noviembre de 2006, 100 páginas.

Se analizan los aspectos sociales, culturales e históricos por los cuales se excluye de la aplicación de dicha pena a las mujeres en Guatemala, para establecer si la pena de muerte pueda ser extendida a las mujeres o por el contrario debe ser abolida de la legislación guatemalteca, revisando para ello las legislaciones de otros países, como México y Argentina. Se argumenta que dado que la mujer es percibida social y culturalmente como un pilar de la sociedad por su papel de madre y que históricamente se le ha tratado de proveer de una protección especial, la pena de muerte no se puede ser extendida a ellas sino abolida, tomando en cuenta que está en una encrucijada moral, ética y jurídica. 100) Rodríguez Díaz, Hugo Kerwin. La discriminación en la aplicación de la pena de muerte.

Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre de 2006, 122 páginas.

En la legislación guatemalteca se encuentra regulada la aplicación de la pena de muerte, como consecuencia de la comisión de delitos graves. A lo largo de la historia guatemalteca, en las distintas legislaciones se ha regulado la pena de muerte, considerándola como un remedio al mal social, en donde debe eliminarse a los elementos negativos y evitar la contaminación de las mayorías. La población guatemalteca está de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte, como consecuencia de la inseguridad y altos índices de violencia. Al mismo tiempo, se han ratificado convenios, pactos y tratados internacionales, en los que se lucha por abolir la pena de muerte, por lo que debe legislarse a favor de su abolición, para lo cual en la constitución política se

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faculta al Congreso de la República, pues aplicarla pena de muerte, atenta contra el derecho fundamental a la vida, a la vez que debe considerarse inhumana y discriminatoria.

Derechos de las personas privadas de libertad 2001 101) Clavería Ortiz, Ricardo Rafael de Jesús. El reo discapacitado y la falta de atención

especial en los centros penitenciarios. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Febrero de 2001. 137 páginas.

Se parte de que el sistema penitenciario en Guatemala carece de protección, cuidado y asistencia continuada a las personas que padecen de limitaciones físicas, síquicas o sensoriales, siendo que los artículos 19 y 53 de la Constitución Política de la República de Guatemala que estipulan, respectivamente, que el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social de los reclusos, quienes deben ser tratados como seres humanos y sin discriminación, y que el Estado debe garantizar la protección de los minusválidos. La investigación analiza la situación de este sector de la población bastante olvidado, entrevistando a representantes de centros de cumplimiento de condena, jueces penales, magistrados de salas penales, del Ministerio Público y del Instituto de la Defensa Pública Penal, a reclusos de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón y a reclusas del Centro de Orientación Femenino -COF-. Se recomienda la emisión de una ley que regule el sistema penitenciario, que incluya un apartado sobre la atención de reclusos con discapacidad, que instituciones privadas y de beneficencia lleven a cabo programas de rehabilitación incluyendo a esta parte de la población reclusa, entre quienes podrían implementarse proyectos piloto, que se adecue la infraestructura de los centros penitenciarios a las necesidades de las personas con discapacidad. 2003 102) Díaz García, Celeste. Aplicación del Sistema Progresivo como una solución a la crisis

del sistema penitenciario guatemalteco. Tesis de Maestría en Derecho Penal, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. Noviembre de 2003, 280 páginas con anexos.

Se parte de que el principio de legalidad ejecutiva permite interpretar la limitación de derechos y reconocer los que son fundamentales para la ejecución de la pena, a fin de regular las características cualitativas de la pena y las circunstancias en que ha de ejecutarse, por medio de la ley. Se hace una revisión histórica del derecho penitenciario, refiriendo su relación con otras disciplinas jurídicas, se refiere la necesidad de implementar una política penal penitenciaria que prevenga el delito por medio de la aplicación de políticas sociales, pues muchos delitos son cometidos como resultado de la desigualdad social; se analiza el sistema progresivo y la individualización científica, formulándose, con base en estos conceptos, un Proyecto de Ley Orgánica Penitenciaria, fundamentado en normativa internacional y legislación de derecho comparado. 2005

103) Tzún Ajxup, Herbert Macario. Ejecución de sentencia en el proceso penal guatemalteco. Granja de rehabilitación Cantel, Quetzaltenango. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Junio de 2005, 63 páginas.

El cumplimiento de las penas en los diferentes centros penitenciarios de Guatemala está atravesando por una serie de problemas que lo están llevando a una crisis, que puede agravarse. Existen solamente dos juzgados de ejecución penal, ubicados en la ciudad capital, que llevan a

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cabo el cumplimiento de la aplicación de las penas de los condenados, pero que no llenan a cabalidad el objetivo de cumplir con los fines que persigue, pues no están en capacidad de realizar un verdadero control de las penas impuestas a los condenados. Tras examinar la situación en la mencionada granja, se indica que es necesaria la creación de un Juzgado de Ejecución Penal en Quetzaltenango, para que este ejerza el control sobre la eficacia de la pena impuesta, sobre los derechos fundamentales de la persona que han sido condenados y las sanciones disciplinarias dentro del cumplimiento de la condena, practicar ciertas diligencias. Se indica además que la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos, cumplir con el tratamiento de los mismos, las personas recluidas deben ser tratados como seres humanos tienen derecho a comunicarse cuando lo solicitan con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso, médico, al trabajo, a la educación y si es necesario protegido por el Juez de Ejecución Penal. 104) Lemus Reyes, Gandy Johana. Necesidad de otorgar el beneficio penitenciario de la

libertad anticipada a la persona del condenado padeciendo de una enfermedad en su fase terminal, análisis de nuestra legislación interna. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Octubre de 2005, 81 páginas.

La pena no constituye únicamente un castigo para el que sufre. Debe ser ética y moral, ya que debe prevenir el delito, rehabilitando eficazmente y prevención especial para el que sufre y, prevención general para evitar que se cometa por otras personas. El Estado de Guatemala no cumple con las exigencias que imponen los tratados internacionales en materia de trato humanitario a la persona confinado en una cárcel al cual se le debe brindar, en especial a lo relativo a la salud, el respeto a vivir y a morir con dignidad. Es imprescindible adicionar al Artículo 80 del Código Penal, la concesión de la libertad condicional a un condenado que sufre de enfermedad en fase terminal, previo dictamen de peritos en medicina con el objeto que muera dignamente fuera de la cárcel, con los cuidados paliativos respectivos. 105) ODHAG. Prevención y abordaje de tratos crueles, inhumanos o degradantes en las

cárceles de Guatemala. Año 2005. 184 paginas. Es una compilación producto del Seminario de Prevención y abordaje contra los tratos degradantes, crueles e inhumanos en el sistema penitenciario de Guatemala, realizado en el mes de octubre 2004. La problemática de poblaciones excluidas, las cuales dentro del marco del Acuerdo de Paz y el proceso de reparación y resarcimiento, no son incluidas por no ser víctimas directas del conflicto armado. Sin embargo viven el embate de la violación de sus derechos desde diversas perspectivas. La ODHAG junto a otras instituciones realizó acercamientos pertinentes a los centros de detención. El sistema penitenciario en Guatemala carece de legislación. Deja al descubierto la debilidad institucional y deja desprotegidas a las personas privadas de libertad, frente a un sistema que infiltrado por las estructuras del crimen organizado, facilita condiciones para que más allá de expiar responsabilidades jurídicas, se violen derechos humanos, con lo cual en vez de generar procesos de rehabilitación y reincorporación social, se convierte en espacios de victimización y reafirmación de conductas poco favorables para el Estado Democrático de Derecho. Los resultados de la investigación brinda reflexiones necesarias para la elaboración de propuestas de ley que reformule las instancias del sistema penitenciario. 2007 106) Guzmán Cermeño, Sindy Patricia. La necesidad de institucionalizar programas para

hacer efectiva la reinserción social del recluso. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Noviembre de 2007. 132 páginas.

Con base al examen de diversos tipos de régimen penitenciario, se trata de establecer las actividades que debería realizar para poner en práctica el Régimen Progresivo establecido en la

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Ley del Régimen Penitenciario dirigidas a la reeducación y readaptación del recluso. La falta de una visión integral de la rehabilitación genera el incumplimiento de esta normativa, el confinamiento de reclusos y reclusas y el fracaso en los procesos para su reinserción laboral y social. Se indica que este tema debe ser objeto de una amplia discusión en la sociedad. En proceso al 30 de septiembre de 2007 ICCPG. Investigación de seguimiento sobre las cifras de impunidad de mujeres privadas de libertad, cuyos casos se siguen desde la detención hasta el encarcelamiento, a fin de compararlas respecto de la investigación anterior, estableciendo que las mujeres que van a las comisarías siguen sufriendo abusos, en vulneración de sus derechos fundamentales reconocidos nacional e internacionalmente. Se persigue impulsar Protocolo Facultativo contra la Tortura. 2007 Existe ya una separata. ICCPG. Investigación relacionada con privados de libertad, adultos y varones, en coordinación con la IPDH, cuya participación permitirá un mayor nivel de incidencia en el tema, a partir de los indicadores del observatorio por medio de los cuales se intenta medir la situación de las cárceles. El trabajo conjunto con la IPDH permite ingreso a centros y genera aumento de las propias capacidades de la Oficina del Debido Proceso de la institución. Se espera la publicación para fines de 2007 ICCPG. Está iniciándose una investigación sobre respuesta del sistema de justicia a casos de tortura; han construido ya el plan, diseño metodológico, equipo, etc. Estudiarán el comportamiento de las instituciones, el régimen disciplinario de la Policía Nacional Civil. Febrero 2008. ICCPG. Está en preparación el segundo informe sobre condiciones carcelarias de condenados a la pena de muerte, en coordinación con la IPDH, pues el ICCPG se inscribe en propuesta abolicionista donde derecho penal es mecanismo de último recurso, planteando que antes de intervención penal se deben buscar soluciones menos violentas. Todas las personas privadas de libertad constituyen un sector vulnerable, pero más aún los condenados a la pena de muerte.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 2001 107) Aguilar Palencia, Christian Renato. Mecanismos de protección de los derechos

económicos, sociales y culturales, en el Derecho Interno. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Noviembre de 2001, 163 páginas.

En Guatemala donde el conflicto armado y las secuelas de la colonización, entre otras causas, no se ha podido establecer una ruta que permita la igualdad económica, social y cultural entre todos los habitantes. Los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales son materia del Estado, por tanto no sólo debe reconocer en su norma todos los derechos que sobre el tema correspondan sino establecer mecanismos de defensa eficaces y fáciles de utilizar por los ciudadanos. La justicia debe ser accesible a todos. Sin el reconocimiento de estos derechos no será posible alcanzar la dignidad de los guatemaltecos. Falta mucho para que sean respetados. 2002 108) Midré, George y Sergio Flores. Élite ladina, política públicas y pobreza indígena. IDEI-

USAC. Universidad de Tromso, Noruega. 2002, 216 páginas. El estudio pretende analizar cómo la élite guatemalteca, responsable, -por una parte- de las políticas públicas en el país, percibe la posibilidad de desarrollo económico y social en Guatemala, la presencia de “lo indígena”, y los niveles de pobreza, fenómenos que se consideran estrechamente relacionados. Se hace un análisis específico en el campo de las relaciones entre políticas públicas y pueblos indígenas, y el carácter de las políticas públicas y sus procesos de definición, en particular cómo se visualiza la sociedad multiétnica. La investigación tiene dos partes, sobre distintos aspectos de la relación entre el Estado guatemalteco y la población indígena. En la primera se presenta un análisis del Estado guatemalteco y la estructura burocrática; el carácter de las políticas públicas en términos generales, focalizado en los programas de salud y vivienda, sin evaluarlas en su sentido amplio, sino de cómo –en forma general– éstas son vistas por la élite de funcionarios, partiendo de sus propios puntos de vista. En la segunda parte se hace un análisis de cómo las élites de los sectores de salud y vivienda conciben las necesidades en estos rubros y el problema de la pobreza: los modelos causales, intentado comprender cómo se construyen estos modelos, qué clase de elementos incluyen, y cómo se relacionan con las tradiciones sociopolíticas del país. Se emplearon dos aproximaciones epistemológicas diferentes: la primera “objetivista” o “realista” para describir el carácter “real” del Estado y las políticas públicas, y la segunda “constructivista”, para reconstruir el significado de la pobreza para los informantes, examinando las construcciones conceptuales encontradas en las entrevistas. Se trata de un estudio exploratorio, que incluyó una muestra de 22 funcionarios de la élite de diferentes niveles y de tres áreas distintas, la capital y los departamentos de Quetzaltenango y Chiquimula, que se ocupan de los problemas de vivienda y salud. 2003 109) Cruz Castellanos, Alfredo y Marco Augusto Recinos. Plan Puebla Panamá, ¿Alternativa o

amenaza al desarrollo rural? AVANCSO. Serie Otras Publicaciones. Diciembre de 2003, 160 páginas.

Es un trabajo exploratorio sobre el proceso del Plan, especialmente con su posible impacto sobre las propuestas de desarrollo rural generadas por las organizaciones campesinas. El carácter exploratorio se explica por el hecho, que los procesos de la globalización son dinámicos y rápidos. Tiene que ver con la constatación de que las propuestas de desarrollo rural producidas desde las

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organizaciones campesinas no son de momento políticas públicas, de manera que hablar de impactos o de oportunidades y amenazas es por ahora un ejercicio con frecuencia abstracto, aunque necesario. Su análisis pone en contacto con las formas de concretarse en nuestro país uno de los proyectos de la globalización neoliberal que se orienta a la Región, así como a las necesidades de información y análisis de las organizaciones sociales para poder posicionarse, proponer y actuar sustentadas con base en información objetiva. 2004 110) Arroyave Reyes, Jorge Raúl. El genocidio social, un crimen de lesa humanidad. Tesis

de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. Junio de 2004, 196 páginas.

Se aborda las diversas formas en que, por acción o por omisión, el Estado viola los derechos económicos, sociales y culturales, constituyendo un genocidio social. Se analiza el marco teórico y jurídico para mostrar que las políticas económicas de ajuste estructural recomendadas por el Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional producen el exterminio de un sector de la población y que conducen, a la vez, a violaciones de los derechos civiles y políticos. Se abordan los temas de la pobreza, deuda externa, la globalización, los derechos económicos, sociales y culturales, las diferentes formas de destrucción física que conllevan a un genocidio social, y los medios para garantizar estos derechos en el sistema internacional e interamericano. Se concluye que la pobreza no permite el disfrute de los derechos humanos, que el sistema jurídico para la protección de los DESC es muy débil, que hay vacíos en el marco jurídico interno (pues están recogidos en normas programáticas), que la inexistencia de la acción popular limita la exigilidad de los DESC, y que el genocidio social se traduce en el sistemático y deliberado exterminio cotidiano que afecta a la mayoría de la población guatemalteca. 111) Coto Pineda, Oscar René. La necesidad de la elaboración técnica legal de un modelo de

denuncia individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de conformidad con la entrada en vigencia del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador”, con el objeto de restituir derechos humanos conculcados dentro del ordenamiento jurídico interno. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Septiembre de 2004, 140 páginas

La teoría de fundamento de la investigación son los considerandos del “Protocolo de San Salvador”. “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacionales de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados americanos”. La vigencia de este Protocolo encamina a establecer la unidad de los Derechos Humanos como un todo indisoluble, para que los seres humanos puedan gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos. Recomienda dar a conocer el Protocolo a todos los habitantes, especialmente a los trabajadores y operadores de justicia. 2005 112) Miranda, José y Francisco Cabrera. El DR-CAFTA: Impactos probables en salud y

educación en Guatemala. CONGCOOP –CIIDH. Centro de Documentación CIIDH. Septiembre de 2005. 113 páginas.

La investigación trata de establecer la forma en que algunos de los contenidos de los Acuerdos del DR CAFTA podrían afectar la salud de tres grupos poblacionales -infantil, materno y del adulto mayor-, a partir de caracterizar sus perfiles de morbilidad y de mortalidad, y la capacidad resolutiva institucional del Ministerio de Salud y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-.

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También se describen algunos de los cambios jurídicos realizados en las leyes nacionales, “afines” a los requerimientos de los Acuerdos del DR CAFTA, y los procesos administrativos contractuales que en la actualidad desarrollan estas instituciones, y que reflejan las condiciones más próximas a lo que el DR CAFTA exigiría tras su entrada en vigencia. Se aborda el problema de los productos farmacéuticos, en especial los antirretrovirales, donde ya se detectan tres situaciones: concretas: el bloqueo a la competencia entre productos, la generación de exclusividades a favor de proveedores transnacionales, y el impacto negativo en el presupuesto del IGSS debido a los sobreprecios. En cuanto a la educación, se indica que en el TLC pocas veces hace mención o referencia a la educación o a aspectos relacionados con ésta pero que un análisis detenido puede hacer aflorar las profundas implicaciones que tiene sobre la educación, que se expresan como “riesgos” que la educación corre frente al contexto que produce el Tratado y el contexto de la globalización en el que éste se concretará. 2007 113) Aguilar Leonardo, José Arturo. La defensa de los derechos económicos, sociales y

culturales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Agosto de 2007. 293 páginas.

Desde una perspectiva integral de los derechos humanos, el autor sostiene que no hay impedimentos legales sustantivos y procesales para presentar peticiones individuales en materia de derechos económicos, sociales y culturales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se examinaron los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se exploró la opinión de expertos nacionales e internacionales. Se recomienda aplicar los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos para fundamentar las peticiones. Se presentan 15 conclusiones y 4 recomendaciones, entre las que destaca la necesidad de seguir profundizando en el tema y otra dirigida especialmente a las organizaciones sociales, en el sentido de poner a prueba el sistema, construyendo argumentos creativos y fundamentando sus peticiones en los principios indicados, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte.

Seguridad alimentaria 2001 114) Hätse, Inga. Patrick De Ceuster. Prácticas agrosilvestres Q´eqchíes. Más allá de maíz y

frijol. Guatemala, 2001, 218 páginas.

Patrick De Ceuster e Inge Hatse son ingenieros agrónomos belgas que, con sus hijos, convivieron durante seis años (1996 - 2001) con los q'eqchi'es en la comunidad Se'sajab' al norte de Cobán, donde conocieron de cerca la agricultura y la cultura local. Tras varios años de inserción y aprendizaje, motivaron a los ancianos de la región a recuperar su autoestima y su función como guías culturales. El documento aporta a la revalorización de la agricultura tradicional q'eqchi', vinculándola a las problemáticas actuales.

115) Hätse, Inga. Patrick De Ceuster. Cosmovisión y espiritualidad en la agricultura Q´eqchí Cobán, Alta Verapaz, 2001, 120 páginas.

Este texto hace un aporte para la valoración de la cultura y agricultura q'eqchi' y explora sobre cómo integrar la cosmovisión en las intervenciones en desarrollo local. Contiene una presentación resumida de datos, conocimientos, experiencias y resultados obtenidos durante la realización del

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trabajo de 'Revalorización y Fortalecimiento de la Agricultura Tradicional Q'eqchi''. Se partió de tres observaciones: de que hay una erosión progresiva de valiosos conocimientos y prácticas tradicionales de la agricultura en las comunidades q'eqchi'es, de que falta conocimiento y respeto para las prácticas tradicionales a nivel general y de que dentro de la agricultura tradicional, se puede encontrar una gran riqueza de sabiduría y técnicas que podrían ayudar a construir alternativas para muchos problemas que están viviendo hoy en día las comunidades indígenas q'eqchi'es y también las sociedades occidentales industriales. Después de analizar en varios capítulos las diferentes formas de expresión de la cosmovisión, tanto en el pasado como en la actualidad y de revisar los cambios que se han dado en la vivencia de la cosmovisión durante los tiempos y las consecuencias que esto trajo para la espiritualidad en la agricultura q'eqchi' , se examina la viabilidad y el posible papel de la cosmovisión en el contexto actual global, a partir de algunas experiencias concretas de trabajo, ofreciendo algunas sugerencias para incorporar la cosmovisión en los proyectos de desarrollo. 2006 116) Zepeda Gaitán, Ricardo y Nadia Sandoval Ramos. Alimentación, derecho desnutrido.

Análisis de la Política de Seguridad Alimentaría en Guatemala. Obstáculos, avances y retos para su implementación. CIIDH. Octubre de 2006, 37 páginas.

Se indica que las políticas implementadas desde el Estado carecen de la eficacia y contenido necesario para garantizar derechos fundamentales como el de la Alimentación, pues para el caso guatemalteco ha quedado demostrado que el problema no se reduce única y exclusivamente a la variable del crecimiento económico sino fundamentalmente a la distribución del ingreso. Se parte de que un aspecto fundamental para garantizar el acceso de la población a una Alimentación Adecuada es lo relativo al salario, indicando que a pesar que legalmente existe la posibilidad de nivelar el Salario Mínimo con respecto a la inflación, ha existido resistencia del actual gobierno a realizarlo, registrándose un único incremento del Salario Mínimo en tres años. Al analizar las acciones gubernamentales relativas al tema alimentario se puede observar que no existe una voluntad real por desarrollar una política integral que cubra a toda la población. Si bien las acciones de “asistencia alimentaria” a poblaciones vulneradas tienen una importancia de carácter imprescindible en situaciones de crisis, estas no pueden constituirse en el objetivo fundamental del quehacer estatal. El conjunto de políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional pueden tener sentido solamente en la medida que los diferentes gobiernos se apeguen a los principios establecidos en la Constitución Política de la República. 117) Zepeda Gaitán, Ricardo y Nadia Sandoval Ramos. Aún tenemos hambre. CIIDH.

Noviembre de 2006, 35 páginas A nivel centroamericano, históricamente Guatemala presenta los mayores rezagos en indicadores relacionados a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, tendencia que se ha agravado durante la última década, generando el incremento de los niveles de subnutrición, desnutrición y desnutrición crónica. En términos generales la mayoría de población guatemalteca tiene algún grado de desnutrición, pero es fundamentalmente en las áreas con predominio indígena donde se presentan los mayores niveles, lo cual ratifica la correspondencia directa en el caso de Guatemala entre desnutrición, pobreza y población indígena. Se indica que las políticas implementadas no superan el enfoque asistencialista y coyuntural, los recursos asignados son insuficientes y no existe un respeto del contexto sociocultural en un país donde la mayoría de su población es de origen indígena-maya y que la profundización de la apertura comercial que trae consigo la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, implica un grave riesgo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de toda la población guatemalteca. 118) Guadrón Díaz, Aura Marina. Marta Lidia Nij Patzán. El derecho humano a la seguridad

alimentaria. El caso de la niñez en los municipios de Camotán, Jocotán y Olopa, departamento de Chiquimula, República de Guatemala. Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre 2006, 238 páginas.

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Análisis de tipo doctrinario y jurídico, con un enfoque sociológico y trabajo de campo, de la situación de desnutrición y mala alimentación que afectó la niñez de los municipios mencionados, que deriva en grave sufrimiento, limitación de sus posibilidades de desarrollo físico y mental, ocasionándoles en algunos casos, la muerte. Se analiza el derecho humano a la alimentación, a la seguridad alimentaria, al agua y a los servicios básicos. Con base en una visión integral de los derechos humanos, se afirma que los derechos económicos, sociales y culturales son verdaderos derechos, que no pueden serlo sólo cuando un Estado haya alcanzo cierto grado de desarrollo económico. Uno de esos derechos es el derecho a la alimentación, que se viola gravemente en el caso de los municipios estudiados, constituyendo violencia institucional, estructural, por omisión, por lo que Guatemala es un Estado fracasado.

Tenencia de la tierra 2001 119) Echeverría Villatoro, Jennifer. Evaluación jurídica del proceso de reasentamiento de

refugiados guatemaltecos provenientes de México: estudio de caso de la cooperativa integral agrícola El Triunfo, situada en el valle del río Oxec, Cahabón, Alta Verapaz. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Octubre de 2001, 179 páginas.

Se analiza las causas que generaron el refugio de miles de guatemaltecos y guatemaltecas a principios de la década de los ´80, las causas y consecuencias del proceso de retorno al país, y las situaciones adversas del reasentamiento de los grupos retornados a la cooperativa indicada. Se señala que la organización, capacitación y participación que los refugiados lograron en territorio mexicano fue una valiosa experiencia y un importante aporte al efectuarse el retorno, que los Acuerdos del 8 de octubre de 1992 firmado entre las Comisiones Permanentes de Refugiados Guatemaltecos -CCPP- y el Gobierno de Guatemala constituyó una base sólida para el retorno, proceso que tuvo trascendencia nacional e internacional, pero que el reasentamiento ha sido difícil por la carencia de fondos y de institucionalidad adecuada por parte del Estado y la falta de asistencia técnica y productiva para la población reasentada y por problemas vinculados a la adquisición y posesión de tierras. Se formula una serie de recomendaciones como la aplicación de procesos judiciales y extrajudiciales ágiles, definición de fórmulas compensatorias en caso de litigios y reclamos de tierra en los que las comunidades resultan desposeídas por causas no imputables a ellos y que en el caso estudiado se estableciera un acuerdo entre las partes para solucionar de forma pacífica el litigio de tierras entre dos comunidades, que estaba afectado gravemente el reasentamiento de los retornados. 2007 120) ODHAG. Lucha, dolor y esperanza del campesinado guatemalteco. Abril de 2007, 180

páginas. Plantea que diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, se sigue en similares condiciones sociales y económicas, sino además se está regresando poco a poco a lo que ya se había logrado al evitar en cierto porcentaje: la militarización de la cotidianidad y sobre todo, la aprobación de la violencia extrema para frenar la violencia extrema. De todas las víctimas del conflicto armado son, con seguridad, los campesinos quienes más sufrieron los embates de la guerra. Siendo Guatemala un país eminentemente agrícola, es claro que la situación de quienes trabajan la tierra, es la representación de la realidad del país. Por tanto una dignificación de este sector social, abarca el acercarse a su realidad, tratar de entender su dinámica histórica. No es posible entender lo que les sucedió y los niveles en que sucedió, sin antes no haber revisado su situación histórica, política y espiritual. Que el dominio de la tierra ha sido y sigue siendo la más clara demostración de la exclusión y el racismo que ha imperado desde siempre. Que la defensa

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de este estatus quo es la más ferviente ejemplificación del autoritarismo que nos ha caracterizado. Esta publicación revisa algunas partes de esa compleja realidad y presenta las acciones de movilización y beligerancia del movimiento campesino organizado desde 1944 hasta el conflicto armado. Introduce semblanzas, ejemplos de vida de guatemaltecos campesinos.

Derechos laborales 2001 121) Moratalla Bonilla, Ana Patricia. Naturaleza jurídica de la indemnización y los daños y

perjuicios en materia laboral. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Guatemala, 2001.

Se trata de un análisis doctrinario que estudia la naturaleza jurídica de la indemnización y de daños y perjuicios en el derecho laboral guatemalteco, de conformidad con el contenido del artículo 78 del Código de Trabajo. Se plantea que en Guatemala, es usual que al terminarse la relación laboral sin justa causa algunos patronos no pagan la indemnización como lo establece la ley, porque esperan que el transcurso del tiempo los beneficie, porque los trabajadores por su propia necesidad aceptan una cantidad muy por debajo de lo que les corresponde conforme a la ley y porque los patrones saben que al ser citados por los juzgados de trabajo a juicio ordinario, en la primera audiencia pueden conciliar. Se señalan las deficiencias que existen en la actualidad, sugiriendo que en un futuro estudio de tipo económico-jurídico se enmienden tales deficiencias. 122) Rebulli Villavicencio, Evelyn Ruth. La conciliación extrajudicial obligatoria en materia

laboral. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Octubre de 2001.

Los métodos alternativos extrajudiciales de solución de conflictos además de una herramienta fundamental dentro de los programas de mejoramiento de la justicia, son considerados un instrumento efectivo para lograr un adecuado clima de convivencia social, pues el canal natural para la solución de los conflictos es la solución directa. Dentro de estos sistemas se han implementado y consolidado una serie de alternativas no judiciales, haciendo especial énfasis en la Conciliación. En la legislación guatemalteca existen escasas normas jurídicas sobre el trámite conciliatorio que indiquen la procedencia, exigibilidad, práctica y obligatoriedad de la conciliación. En materia laboral se introduce la figura de la conciliación en el Código de Trabajo, como un acto procesal de todos los procesos laborales (Art. 340 y 341 de dicho cuerpo legal). Siendo la conciliación uno de los Principios que informan el Derecho de Trabajo Guatemalteco, como lo señala el Considerando Sexto del Código de Trabajo, se examina si la conciliación extrajudicial que se regula en la Ley de Arbitraje puede ser aplicada obligatoriamente, constituyéndola en un presupuesto procesal en materia laboral, así como establecer una regulación, procedimientos y acuerdos compatibles con los principios que informan el Derecho de Trabajo y en especial la tutelaridad e irrenunciabilidad de los Derechos de los trabajadores. 123) Sánchez Muñiz, Mónica Solange. Asistencia de experto sin jurisdicción (rente un juez)

como alternativa a la solución de conflictos laborales. Tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca. Enero de 2001, 98 páginas.

Se parte de que entre las causas principales de los problemas laborales está la poca importancia que se le ha dado al factor humano, sin el cual es la empresa no puede subsistir, y de que si bien la necesidad primordial del trabajador es obtener un salario, éste no sólo lo constituye una cantidad de dinero, sino que también existe lo que se llama el salario moral, que se define como el nivel de comodidad que éste obtiene en el trabajo, el nivel de confianza que adquiere de sus patronos, la estabilidad y la identificación que tiene con la empresa, que necesita contar con personas calificadas para llevar los conflictos a una solución satisfactoria y rápida. Se analiza en la tesis el método de Asistencia de un Experto sin Jurisdicción (Rente un Juez) el cual constituye

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una alternativa para la solución de conflictos laborales, y que consiste en la contratación de un profesional para la solución de un conflicto, lo que se origina en la noción de Locatio, del Derecho Romano. La tesis plantea que este método es un complemento del acervo cultural del abogado laboralista, el cual le permitirá utilizar este mecanismo alternativo de solución de conflictos, en el momento que sean requeridos por sus clientes como mediadores o asesores al actuar en controversias que surjan en las relaciones laborales, y que beneficia a quienes deseen encontrar respuestas sencillas y prácticas para llegar a un buen acuerdo, en el menor tiempo posible. 124) González Torres, Carlos Enrique. Análisis crítico jurídico del Reglamento General sobre

Higiene y Seguridad del Trabajo. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Marzo de 2001. 73 páginas.

Aborda la institución higiene y seguridad, que forma parte de la legislación nacional guatemalteca, describiendo cómo está regulada y cómo, al ubicarse en un ambiente en un ambiente social subdesarrollado, dicho reglamento es constantemente violado, afectando preceptos económico – jurídicos relacionados con el trabajo. Se realiza una revisión histórica del derecho al trabajo, los antecedentes de la higiene y seguridad en el trabajo y los tratados internacionales firmados por Guatemala en la materia, incluyendo una copia textual del reglamento en cuestión, que el autor propone revisar en cuanto a las sanciones, señalando que muchos accidentes ocurren por descuido de los trabajadores y por negligencia de los patrones, quienes ven como un gasto y no como una inversión la implementación de medidas de seguridad. 125) Mazariegos Vásquez, Edilmar. Aspectos considerativos de las recomendaciones en los

convenios internacionales del trabajo, grado de positividad dentro del derecho interno y las repercusiones en materia de derechos humanos. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Junio de 2001, 73 páginas.

Se aborda el debate sobre si los convenios de la OIT son o no materia de derechos humanos y por ende, si por ende, tienen o no preeminencia según el Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, asunto que se argumenta como una de las razones por las cuales el Estado de Guatemala no acata las recomendaciones de la OIT. Se revisa la CPRG, la normativa adjetiva y sustantiva en materia laboral y el origen y funcionamiento de la OIT, se examinan brevemente la doctrina sobre la jerarquía de las normas y se concluye que si el derecho al trabajo es un derecho humano, los tratados internacionales en esta materia son tratados de derechos humanos, siendo que el Artículo XX de la CPRG indica que los derechos y garantías que se reconocen en ella no excluyen otros que aunque no figuren expresamente, son inherentes a la persona humana, y que cualquier tratado de derechos humanos que se firme y ratifique debe ser de observancia general y obligatoria, por lo que Guatemala tiene la obligación de cumplir con los tratados internacionales en materia de derecho al trabajo. 126) Laínez García, Leopoldo Augusto. Análisis crítico del tema de la protección laboral, las

políticas del gobierno y lo establecido en los Acuerdos de Paz. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Mayo 2001, 62 páginas.

Investiga las consecuencias y medidas a tomar por el gobierno con relación al trabajo rural y la necesidad de fortalecerlo a través de modernizar y hacer eficiente la legislación como se contempla en los Acuerdos de Paz. Recomienda la adopción de políticas congruentes con la realidad que impliquen ejercer acciones relacionadas con los principios filosóficos del Derecho al Trabajo. Señala la necesidad de tutelaje, la protección jurídica por la desigualdad existente de los trabajadores en el campo. Atribuye al conflicto armado la situación deplorable de los trabajadores y de los derechos laborales en el área rural. Lo cual mejorara con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y del Convenio 141 de la Organización Internacional del Trabajo con énfasis en atención a los trabajadores emigrantes externos e internos.

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2002 127) Vásquez Ortíz, Rene Humberto. Consideraciones doctrinarias y legales acerca de la

defensa en materia laboral desde la concepción de los Acuerdos de Paz. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Febrero de 2002, 47 páginas.

El desarrollo del estudio argumenta que el trabajo como parte de la vida del ser humano, el trabajo es fundamental para el desarrollo integral de la persona, el bienestar familiar y el desarrollo económico del país. Para fundamentar las relaciones laborales, debe considerarse el aspecto procesal y los principios que debe fundamentar el Derecho Procesal del trabajo, donde debe figurar el Principio de Defensa. Tomando en cuenta que el derecho al trabajo es por excelencia tutelar de los trabajadores, debido entre otras cosas por la desigualdad material que existe entre las relaciones de patronos y trabajadores, debe establecerse dentro de los principios en juicio, el de defensa y los que se desprenden de él. Por lo tanto debe ser incluido y desarrollado ampliamente en el proyecto del Código Procesal del Trabajo. 128) Hernández Rivas, Sharon Karina. Los derechos y obligaciones que surgen de la relación

de trabajo. Perspectiva doctrinal, legal y jurisprudencial. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Abril de 2002, 97 páginas.

Se plantea que los derechos y obligaciones que surgen de la relación de trabajo, desde una perspectiva doctrinal, legal y jurisprudencial, es el vínculo existente entre patronos y trabajadores. El contrato de trabajo, como figura jurídica, tiene conexión con la relación de trabajo, pues de él se deriva esta relación, que se perfecciona desde que el trabajador presta sus servicios al patrono. La tesis indaga sobre los derechos y obligaciones que se derivan de la relación de trabajo, de acuerdo a la legislación guatemalteca vigente, resaltando la importancia del vínculo jurídico que existe en virtud del contrato, escrito o verbal y parte de que el Derecho de Trabajo es la protección o tutelaridad y la búsqueda de beneficios para el trabajador, quien se encuentra en desventaja económica ante el patrono, siendo un compromiso de los Estados mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Se examina la doctrina sobre el tema, los fundamentos legales y sentencias dictadas por Tribunales de Trabajo y fallos de la Corte de Constitucionalidad y se recomienda que los jueces invoquen en sus sentencias no sólo el Código de Trabajo sino también los tratados internacionales en esta materia.

2003

129) Folgar Mejía, Alberto Antonio. La prescripción del derecho de jubilación en la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC Junio de 2003, 80 páginas.

A partir de la constatación de que en la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) había numerosos expedientes de solicitud de pensión de jubilación denegados por haber prescrito tal derecho, pues al momento de legislar la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, Decreto 63-88 del Congreso de la República, no se previó, al regular la prescripción del derecho, el grave perjuicio que esto afectaría por mero desconocimiento. Se indica que el haber jubilatorio es un derecho inalienable e imprescriptible, legítimamente adquirido por los trabajadores, que es violado por la mencionada prescripción y se recomienda evaluar tres opciones: la derogatoria del Artículo 40 de esta ley, la reforma de dicho artículo o la interposición de Acción de Inconstitucionalidad contra éste, acciones que deberían ser impulsadas por la IPDH, la USAC y los propios interesados. También se recomienda crear Oficinas Regionales de Servicio Civil y dar a conocer la problemática entre los interesados, mientras se impulsa alguna de las acciones descritas.

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130) Fion Corzantes, Nydia Marisol. El debido proceso en el proceso de ejecución laboral. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Noviembre de 2003.

Partiendo de que en defensa de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, en el que va inmerso el derecho de defensa y la igualdad procesal, las partes deberían gozar de los mismo derechos procesales así como las mismas oportunidades para ejercitarlos, la tesis indaga sobre el procedimiento que debe implementarse para garantizar el debido proceso del ejecutado en el proceso de ejecución laboral, para determinar si existe violación al derecho de defensa del ejecutado dentro del proceso de ejecución laboral, para a partir de allí y con base en los principios sustantivos y procesales de la rama del derecho, buscar el procedimiento ad hoc para evitar la violación de una garantía constitucional con el fundamento de estar aplicando un proceso tutelar del trabajador dentro de una rama privativa del derecho.

2005 131) Hernández Mendoza Ruth Mercedes. Análisis jurídico doctrinario sobre la interpretación

y aplicación del principio Indubio pro operario en los Derechos Sociales mínimos. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Julio de 2005, 86 páginas.

Al momento de defender los derechos sociales mínimos que tienen los trabajadores guatemaltecos aparece la interrogante ¿qué norma jurídica aplicar cuando exista discrepancia entre una y otra norma? Esta interrogante la resuelve el principio doctrinario denominado In Duvio Pro Operario que interpreta en el sentido más favorable a los trabajadores. Este principio se encuentra taxativamente en la Constitución Política y es jurídicamente necesario nominarlo e identificarlo claramente para entender significado de los artículos 102 y 106 de la Constitución Política y el artículo 17 del Código de Trabajo. 132) Castellanos de León, Wendy Paola. La legislación laboral para los trabajadores del

sector público y trabajadores del sector privado en materia de prestaciones laborales. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. 2005, 87 páginas.

A fin de ampliar el tema de las prestaciones laborales, se trata de establecer las diferencias y similitudes entre cada una de las prestaciones laborales, otorgadas a los trabajadores del Estado y a los trabajadores del Sector Privado, a la luz de la legislación laboral guatemalteca, por medio de un estudio comparativo y una investigación exhaustiva, enfocada en la doctrina y leyes relativas a las prestaciones laborales y previsión social, considerando el origen histórico jurídico de las prestaciones laborales en Guatemala. Se hace una breve descripción de las prestaciones laborales, tomando en cuenta su etimología, definición y finalidad, haciendo énfasis en las prestaciones que otorga la legislación laboral guatemalteca a los trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado. Se pretende que este trabajo sirva de material de apoyo estudiantil para el curso de derecho laboral, el cual se imparte en las distintas universidades del país.

2006 133) Estrada Kihn, Luis Pedro. Análisis de las reformas efectuadas al Código de Trabajo a

través de los Decretos 13 - 2001 y 18 – 2001 del Congreso de la República de Guatemala con respecto al movimiento sindical. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Marzo de 2006, 83 páginas.

Se estudian las normas que han sido reformadas en el Código de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso de la República, a través de los Decretos 13-2001 y 18-2001 del Congreso de la República, con respecto al movimiento sindical, tomando en cuenta los aspectos tanto positivos

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como negativos de las mismas así como lo es entrevistas a personas conocedoras del tema laboral y que se encuentran vinculadas a éste. Tales disposiciones se extienden y abarcan todo lo relativo a materia laboral en su campo específico, por lo que el análisis las interpreta en forma objetiva y revisa su aplicación subjetiva, que modificarán las relaciones obrero – patronales en su práctica diaria. Estas son aplicaciones obligatorias ya que no puede establecerse y mucho menos decidir las partes involucradas, que normas van a cumplir en su aplicación por estar obligados a su cumplimiento coercitivo. Se recomienda, entre otras cosas, que se haga un estudio más a profundidad por parte de los legisladores en esta materia, para poder adaptar los Convenios Internacionales de Trabajo junto con los aspectos positivos y negativos que puedan surgir con las reformas al Código de Trabajo vigente, que se planteen mesas de discusión con los respectivos sectores involucrados, para la discusión amplia y pacífica de las consecuencias que traerán las presentes reformas y que en la fiscalización e inspección de las actividades de las organizaciones sindicales, participen tanto trabajadores de la misma como autoridades de trabajo, formando para el efecto una comisión en que ambas participen. 134) Figueroa Ovalle, Fernando José. La viabilidad de la indemnización universal en la

legislación guatemalteca. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Abril de 2006, 76 páginas.

Establece los efectos en las relaciones laborales que tendría la implementación de la prestación de la indemnización universal en la legislación guatemalteca, estudiando el contrato de trabajo, ya que a partir del mismo surge la obligación del patrono de pagar al trabajador las prestaciones laborales, dentro de las que se incluiría, de legislarse, la indemnización universal, como una prestación pecuniaria que resarce al trabajador del desgaste físico y mental sufridos consecuencia de los servicios prestados a un patrono. Se señalan efectos positivos por ejemplo, que por ser una prestación similar a la indemnización por despido injustificado o indirecto, la indemnización universal ha de calcularse con base al salario devengado y el tiempo laborado para determinado patrono, que el monto de la indemnización universal no podría ser menor a la indemnización por despido injustificado o indirecto, pues los derechos laborales son mínimos e irrenunciables para los trabajadores y llamados a ser mejorados y entre los efectos negativos se señala que se podría generar inestabilidad laboral, ya que el patrono tendría que pagar esta prestación por cualquier causa de terminación de contrato de trabajo, por lo que podría decidir despedir a sus trabajadores cada cierto período de tiempo para no acumular tanto pasivo laboral, o bien podría despedir a cualquier trabajador cuando quisiera porque no tendría que esperar su renuncia o el cese de la relación laboral por mutuo acuerdo para no indemnizarlo y que traería desempleo. 135) Martínez Choc, Fabiola Alejandra. La aplicación del principio de celeridad en el juicio

ordinario laboral, en Cobán, Alta Verapaz. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Octubre de 2006, 77 páginas.

Se analiza la aplicación del principio de celeridad en el juicio ordinario laboral, en Cobán, Alta Verapaz, identificando los aspectos legales y doctrinarios y estableciendo si el Proyecto del Código Procesal General regula eficazmente el cumplimiento de plazos legales, acto procesal necesario para lograr la aplicación del principio de celeridad en juicio ordinario laboral. Se realizó investigación bibliográfica y de campo, por medio de encuesta, cuestionario y cuadros de cotejo para analizar expedientes judiciales fenecidos, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia Jurisdiccional y para analizar el Código de Trabajo y el proyecto del Código Procesal General. Se concluye que la aplicación del principio de celeridad es deficiente, lo que tiene consecuencias para el trabajador como sujeto procesal, presentando algunas recomendaciones que incluyen incentivar la voluntad política de los magistrados del Organismo Judicial, para que emitan acuerdos que propicien el cumplimiento estricto de los plazos legales, capacitar constantemente a al personal del Juzgado de Trabajo y Previsión Social y de Familia de Alta Verapaz a efecto de que cumplan con los plazos establecidos por la ley y tengan conciencia social de la problemática y crear un juzgado especializado de Trabajo y Previsión Social.

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136) Quiroa Sánchez, Luis Alejandro. El debido proceso en los procedimientos de huelga dentro del Marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y los Estados Unidos de América. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Julio de 2006, 123 páginas.

El Estado de Guatemala ratificó el TLC RD-CAUSA para impulsar el desarrollo económico y social de la región; incluye una sección laboral en la que se compromete cada Estado a reforzar sus propias leyes laborales y a garantizar la aplicación de los convenios de la OIT, específicamente los 8 Convenios Fundamentales. El Estado de Guatemala enfrenta un reto trascendental con la firma de este tratado: respetar las leyes vigentes y los convenios adoptados en materia laboral. No se está cumpliendo con dicho desafío en materias específicas como el derecho de asociación, la libertad sindical y el derecho de huelga, incluso Guatemala presenta observaciones de la Comisión de Expertos y la Comisión de Normas de la Conferencia de la OIT. Ello genera la necesidad de vigilar y examinar la situación que impera y determinar si el Estado de Guatemala verdaderamente puede cumplir con tales compromisos. 137) Barrientos Reyes, Elena. VIH/SIDA y la discriminación en el empleo en Guatemala. Tesis

de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Febrero de 2006, 175 páginas.

Se buscó identificar las implicaciones de padecer VIH/SIDA en el lugar de trabajo, contemplando el marco legal aplicable y el papel de los empleadores en el proceso de acción frente al VIH/SIDA. Haciendo uso del método deductivo y del análisis cualitativo, se encontró que los trabajadores que viven con VIH/SIDA son víctimas de prácticas discriminatorias en el sitio de trabajo, con lo que sufren una condena a la pobreza, personal y familiar, así como una restricción al desarrollo y progreso social. La información y educación se encuentran en la base de la solución. Las políticas laborales implementadas por los empleadores pueden constituirse en herramientas útiles en el proceso de acción correctiva; programas permanentes de capacitación en los lugares de trabajo y eficientes medidas de seguridad e higiene son algunos de los elementos que las directrices empresariales deben contemplar para garantizar una participación activa en el proceso de lucha contra la discriminación a causa de VIH/SIDA en el mundo del trabajo. 138) Aguilar Calvillo, Karim Georgina. La necesidad de crear un código procesal de trabajo.

Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Enero de 2006, 88 páginas.

El procedimiento ordinario de trabajo fue implementado con la finalidad de que tanto empleador como empleado puedan dirimir sus diferencias o desacuerdos. A pesar de estar regulado ampliamente en el Código de Trabajo, se ha evidenciado una aplicación inadecuada de sus normas, dando como resultado un debilitamiento en la administración de la justicia. Ante tal situación surge la interrogante de la necesidad de crear un Código Procesal de Trabajo, planteándose como un requerimiento de cambio al sistema de justicia laboral. En la tesis se analiza los problemas que enfrenta el sistema de justicia laboral y la propuesta de ley denominada Anteproyecto de Código Procesal de Trabajo, y se concluye que éste no responde a la necesidad de fortalecer la justicia laboral. Se recomienda algunas acciones para fomentar una cultura de cumplimiento de la ley y que al momento de plantear una reforma se observen los principios que inspira al Derecho de Trabajo, el lenguaje jurídico propio, y que los cambios propuestos sean posibles y acordes a la realidad social. 139) Contreras Flores de Aragón, Coralia Carmina. Aplicación judicial de los convenios

internacionales en materia laboral e interpretación del Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre de 2006

El derecho al trabajo está protegido a nivel internacional en tratados que Guatemala ha ratificado y que de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República son parte

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de los derechos humanos y aplicables dentro del ordenamiento jurídico vigente. Se indica que es inaceptable que por desconocimiento de estas normas, que contienen derechos laborales superables a los que contiene el Código de Trabajo, no sean invocadas en los pronunciamientos que se materializan a través de las sentencias en el caso de los jueces constitucionales y jueces judiciales, lo que perjudica a los trabajadores. En las sentencias no existen razonamientos lógicos y coherentes con las normas aplicables a los casos concretos en las demandas interpuestas por los trabajadores ante los Juzgados de Trabajo y Previsión Social. Se recomienda que, siendo obligación del Estado cumplir con los tratados que firma, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de a conocer dichos tratados y que se forme una comisión para revisar tales tratados y promover las reformas legislativas correspondientes.

2007 140) Golom Nova, Juan Francisco. Los derechos humanos en el Magisterio de Juan Pablo II

Estudio de la Laborem Exercen. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Marzo de 2007. 93 páginas.

Afirmando que la iglesia católica tiene una función orientadora dela iglesia católica, el trabajo analiza la encíclica “Laborem Exercen”, de Juan Pablo II, uno de los documentos eclesiales que más desarrolla el derecho al trabajo. Con base en la DUDH y los principios orientadores del Magisterio Eclesial dentro de la Doctrina Social de la Iglesia, se examina el contenido y alcances de la encíclica, a fin de identificar la dimensión del fundamento de sus contenidos y su cercanía con la ciencia jurídica, pues la encíclica visualiza el derecho al trabajo como parte del principio jurídico de la dignidad del ser humano y las garantías que protegen este derecho como generadoras de respeto y concreción de dicha dignidad. 141) Jucub, Caal. Víctor Armando. El Convenio 169 de la OIT en los conflictos colectivos de

carácter económico social, sus efectos e implicaciones en la legislación laboral (análisis de un caso concreto). Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Julio de 2007. 102 páginas.

Incluyendo una parte sobre la realidad social del pueblo Q´eqchi´, se trata de establecer la frecuencia con que se invoca el Convenio 169 de la OIT en los fallos judiciales en los conflictos de carácter económico social, promovidos por los mozos colonos en contra de fincas de Alta Verapaz, y fundamentar legal y doctrinariamente los presupuestos jurídicos en su interpretación, en el caso concreto de la finca Kub´ilwitz, en que dicho convenio se aplicó insubstancialmente en el fallo. Se estableció, que de igual forma, por falta de pericia en la interpretación del Derecho Internacional, los asesores de los mozos colonos tampoco invocan este tratado, lo que muestra la necesidad de discusión académica sobre el tema. 142) Mejía Franco, Sandra Marleny. La incorporación del salario por productividad en la

legislación guatemalteca de trabajo. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Mayo de 2007.

Se argumenta que el salario mínimo debe ser fijado tomando en cuenta los cambios en la economía mundial. El salario por productividad tiene como fin aumentar la rentabilidad del trabajador, lo que generaría, según sus defensores, beneficios tanto para los empresarios como para los trabajadores. Sin embargo, se indica que también deben ser tomadas en cuenta las necesidades básicas de los trabajadores, sobre todo cuando su salario se vea disminuido por la aplicación del criterio de productividad, a fin de no menoscabar los derechos mínimos establecidos en la legislación nacional. 143) Rodríguez Mazariegos, Luis Roberto. La flexibilidad en el contrato de trabajo. Tesis de

Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Febrero 2007, 86 páginas.

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La contratación laboral es una institución jurídica, al igual que el Derecho del Trabajo en general, es una pilastra fundamental en la estructura y en el equilibrio social de cualquier Estado. Tales formas contractuales, entre las cuales se destacan el contrato a tiempo parcial, el subcontrato y el contrato temporal, han incrementado en su implementación en los últimos dos decenios, debido a la necesaria adaptabilidad del Derecho Laboral a la realidad material. A este fenómeno se le ha denominado flexibilidad o flexibilización laboral, se enmarca en el proceso de globalización y se expresa en diversas formas. Aunque tales adaptaciones normativas son necesarias para la vida laboral de cualquier Estado, debe respetarse firmemente la normativa laboral y no permitir que tendencias que pretendan desregular el Derecho del Trabajo sean instrumentos que amparen actos jurídicos en fraude de ley o contratos simulados, en desmedro de los derechos de los trabajadores, y por ende, de la sociedad en general. Se recomienda que el Estado, las organizaciones económicas y sindicales velen por el cumplimiento del orden jurídico laboral, que se ratifique el Convenio 175 de la OIT, que la Inspección General de Trabajo controle el cumplimiento de las normas laborales, entre otras.

Derecho a la educación 2001 144) Duque, Vilma. Vivian Salazar, Rosa Simón y Danilo Rivera. La interculturalidad en el

sistema educativo formal y no formal en Guatemala. Informe de consultoría presentado a la Subcomisión de Multi e Interculturalidad de la Comisión Consultiva de la Reforma Educativa. Ministerio de Educación, julio de 2001. 86 páginas y anexos (Centro de Documentación de ASIES)

En este diagnóstico se aborda cómo se visualizan en el país los conceptos de multi e interculturalidad en el marco del sistema educativo formal y no formal, para precisar los avances en este debate, los problemas que enfrenta, las visiones de múltiples autores y las perspectivas a futuro. Se trabajó con base en una muestra de 68 personas y organizaciones que trabajan con enfoque intercultural, entre organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones mayas. Se revisa cómo se ha implementado la interculturalidad en Guatemala para plantear algunas premisas básicas para su impulso, así como algunos retos en la transformación curricular, en nuevos enfoques pedagógicos, en la producción de materiales, la necesidad de que la interculturalidad más que eje transversal sea desarrollada en contenidos como la historia, la identidad y la cultura, el reconocimiento de la diferencia, la unidad en la diversidad, aprender a vivir la diferencia. 2002 145) Palma, Gustavo (Coordinador). Mendizábal, Beatriz. Imágenes homogéneas en un país de

rostros diversos. El sistema educativo formal y la conformación de referentes de identidad nacional entre jóvenes guatemaltecos II. AVANCSO. Serie Cuadernos de Investigación No 16 Enero de 2002, 213 páginas.

Resultados de una encuesta realizada entre estudiantes de secundaria en la ciudad de Guatemala y los municipios de Chinautla y Mixco, que relacionó los contenidos impartidos por el sistema educativo formal y la realidad identitaria de estos jóvenes. Agrega elementos para la reflexión, esta vez desde la realidad de los estudiantes de secundaria del interior del país. Los resultados permiten introducir nuevas perspectivas a las variables etnia y religión. El trabajo también presenta nuevas incursiones teóricas para la comprensión del contexto en el que se debe desarrollar la Reforma Educativa.

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2003 146) Muñoz, Lily. Potencialidades y retos de la educación no formal en Guatemala.

AVANCSO. Textos para el debate No.17. Noviembre de 2003, 95 páginas. Este trabajo exploratorio sobre la educación No Formal se acerca al tema desde la preocupación por la exclusión, tanto de cobertura como cualidad, que muestra la educación Formal en Guatemala. La investigación fue planteada como una necesidad derivada del hecho que las nociones de identidad nacional que manejan los jóvenes son también producto de otros procesos, entre ellos los no formales. El trabajo de campo y los análisis iniciales se realizaron después de la firma del Acuerdo de Paz y continúa vigente el tema.

147) Sacayón Manzo, Eduardo Enrique. Un llanto ante la sociedad, violencia en el sistema

escolar. IDEI-USAC. 2003, 147 páginas. Se indica que en Guatemala aún no se discute públicamente el problema de la violencia en el sistema educativo, a pesar de que ha existido desde hace mucho tiempo y ha sido inherente al carácter autoritario y represivo de sus instituciones, particularmente la escuela y la familia. Los objetivos del estudio son, entre otros, identificar las principales manifestaciones de la violencia escolar y la discriminación étnica y de género en las escuelas de Guatemala, examinar las percepciones, actitudes y expectativas de las autoridades escolares ante la violencia dentro de las aulas y el ambiente escolar y promover una alianza interinstitucional para impulsar acciones de estudio y prevención de la violencia en el sistema escolar guatemalteco. La investigación consta de cinco capítulos y se trata de un estudio cualitativo –en el que se usó entrevista a profundidad y grupos focales, lo que incluyó a 40 personas entre maestros, autoridades educativas del sector público y padres de familia-, y cuantitativo, basada en una encuesta a estudiantes de escuelas del sector público del nivel primario y secundario, ubicadas en las tres regiones siguientes: Nor Oriente, con Petén, Zacapa y Jalapa; Occidente, con Sololá; y Central, con escuelas ubicadas en barrios marginales de la ciudad capital. Se validó la investigación y se formuló una serie de recomendaciones para enfrentar la violencia en el sistema escolar guatemalteco, para divulgar el estudio sobre violencia escolar y para crear una red interinstitucional para su prevención. 2004 148) Heckt, Meike. Guatemala. Pluralidad, educación y relaciones de poder. Educación

intercultural en una sociedad étnicamente dividida. AVANCSO. Julio de 2004, 265 páginas.

Explora las posibilidades de una sociedad étnicamente dividida. Incluye el trabajo de campo en Alta Verapaz. Es una perspectiva crítica con respecto a las estructuras de desigualdad y a las características de las relaciones de poder vigentes e incorpora estos elementos en su análisis. Se sitúa críticamente frente a la globalización neoliberal y su impacto excluyente, en una sociedad y en un Estado ya caracterizados por su carácter concentrador y excluyente. 149) González Rodríguez, María Esperanza. La importancia jurídica y social en Guatemala del

desarrollo integral de la persona humana, y la tarea fundamental de la familia como institución primaria responsable de su promoción. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Noviembre de 2004, 140 páginas.

El Estado tiene la obligación de tutelar el derecho a la educación a sus habitantes. Pero es erróneo pensar que la escuela por si sola es capaz de promover educación completa. Es necesaria la labor conjunta con los padres de familia. A ellos compete de manera primaria la obligación y el derecho de educar a sus hijos. El Estado debe ser impulsor de un conjunto de

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condiciones sociales y económicas, que progresivamente aumenten las posibilidades concretas de realización efectiva para todas las personas, de sus derechos económicos, sociales y culturales. 2006 150) Espinoza, Humberto. Crisis del sistema educativo en Guatemala: necesidad de una

redefinición. CIIDH-GAM-Vía Libre a la Información Pública. Julio de 2006, 185 páginas. Se examina el sistema educativo de Guatemala revisando sus antecedentes históricos y el papel que el movimiento magisterial ha desempeñado antes y después de la firma de los Acuerdos de Paz, así como Reforma Educativa, señalándose las características del conflicto entre los maestros y el gobierno de Oscar Berger. Se indica que para superar la crisis es necesario remontar las visiones particulares en beneficio del futuro de la niñez, para lo cual los maestros deben separar su legítimo derecho de organización y las demandas gremiales del ejercicio de su derecho/obligación de ser parte del proceso y de participar en la política partidaria sin comprometer la organización sindical del magisterio y las autoridades apegarse a los Acuerdos de Paz. 151) CIIDH. Más becas para más educación. José Pedro Mata, consultor. S/f. 75 páginas. Estudio realizado en el marco del proyecto “Monitoreo del presupuesto: una herramienta para el fortalecimiento de la democracia, respeto de los derechos humanos y la promoción de la transparencia en la gestión pública”, en que se analiza los programas becarios como parte de los apoyos a la educación ofrecidos por el Ministerio de Educación, revisando sus objetivos y líneas directrices de implementación, diseño, calidad y extensión. Se concluye que para garantizar una educación de calidad y cobertura completa a una población escolar que anualmente es engrosada por entre 700 y 825 mil nuevos estudiantes, se requiere una asignación de Q.9,300 millones (3.6% del PIB) gasto que debería aumentar gradualmente hasta alcanzar el 4.6% del PIB en 2021. Se recomienda financiar el aumento de recursos por medio de una reforma fiscal.

Derecho a la salud 2002 152) Sánchez Gómez, Antolín Augusto. Las violaciones a los derechos humanos del paciente

con VIH/SIDA en Guatemala. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. USAC. Noviembre de 2002. 263 páginas y anexos.

Este estudio retrospectivo parte de que el VIH/SIDA es una enfermedad que se aparta de los parámetros convencionales por sus características médicas, sociales y jurídicas, constituyendo un problema de derechos humanos, lo que implica, entre otras cosas, ver a las personas afectadas como seres humanos con todos sus derechos vigentes. Con base en investigación bibliográfica y entrevistas a 70 personas que requieren los servicios de una organización no gubernamental, se examinan la legislación internacional y nacional sobre derechos humanos, y las políticas públicas en materia de salud y educación referidas a los pacientes de VIH/SIDA. Se concluye que hay permisividad de la violación de sus derechos, que hay un déficit importante en la educación en derechos humanos, que hay negligencia del Estado al definir el VIH/SIDA como enfermedad común y que no existe el factor seguridad en la prestación médico asistencial. Se recomienda incorporar un curso de derechos humanos en la formación académica en ciencias de la salud, haciendo una propuesta en cuanto a objetivos, contenidos y evaluación.

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2003 153) Estrada Artola, Julissa Saramaría. Los derechos humanos de las personas con VIH/SIDA

en Guatemala: su protección y promoción. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Octubre de 2003. 161 páginas.

En este trabajo se desarrollan doctrinariamente los derechos humanos, aspectos sobre el VIH/SIDA, los derechos humanos especialmente protegidos de estas personas y su fundamentación en algunos instrumentos internacionales en esta materia. Además se incluyen ejemplos de acciones legales que se han promovido con motivo de vulneraciones a sus derechos, un análisis de los instrumentos nacionales y la comparación con leyes específicas de esa materia en Centroamérica, los medios de defensa contenidos en el ordenamiento jurídico guatemalteco que aseguran su debida protección, y la necesidad jurídica de su promoción. Se parte de que las personas con VIH/SIDA tienen los mismos derechos humanos que las que no padecen esta enfermedad, pero por ser contagiosa, mortal e incurable, en algunos casos, son objeto de violaciones a ellos, por lo que en varios países del mundo así como en Guatemala, se ha legislado y protegido de manera especial sus derechos humanos por ser considerados como un grupo vulnerable. 154) García Noval, José. Tras el sentido perdido de la medicina. Un ensayo a la luz de la

ética sobre la desaparición del sujeto en el trabajo en salud. AVANCSO. Colección Autores invitados. Marzo de 2003, 236 páginas

En el ensayo queda la pregunta planteada para la investigación, la política, el trabajo en desarrollo, las iglesias, en Cómo rescatar ese sujeto también desaparecido de su quehacer, y restituirlo al centro de sus preocupaciones. El autor da cuenta de las posibilidades de esta búsqueda al ponernos en contacto con los enfermos, los estudiantes de medicina, los trabajadores de salud, los médicos y los catedráticos universitarios, y mostrarnos un mundo de razón y emoción en el que se pueden hacer concordar el conocimiento personal y el crecimiento social. 2004 155) Leal Monterroso, Oscar Humberto. La corresponsabilidad civil de la institución

hospitalaria privada y el médico que presta sus servicios en ésta. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Junio de 2004, 67 páginas.

Es inexistente la regulación jurídica o estudio acerca de la corresponsabilidad entre la institución médica privada y los médicos que prestan sus servicios en la misma o viceversa, en caso de daños y perjuicios al paciente. No existe un Reglamento para la autorización, control y funcionamiento de los hospitales privados, solamente existe una guía con requerimientos que se debe llenar previo a la autorización de los hospitales. La relación médico- paciente e institución médica hospitalaria privada- paciente es de tipo contractual y sólo en raros casos es de tipo extra contractual. Se recomienda que el Colegio de Médicos y Cirujanos, a través de la Universidad de San Carlos, cree un Proyecto de Ley para regular la responsabilidad y corresponsabilidad civil médica, tanto del médico como de las instituciones hospitalarias. Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como rector de la salud de la población, cree un Reglamento para la creación, funcionamiento y control de las clínicas médicas y hospitales privados. 2005 156) Portillo Berthet, Mirza Valeria Elizabeth. La medicina alternativa y su legislación en

Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Enero de 2005, 176 páginas.

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Esta investigación pretende determina cuál es la legislación que regula el funcionamiento, supervisión, capacitación y ejercicio de la medicina alternativa en Guatemala y cuál debería ser el marco legal adecuado que regule la medicina alternativa, pues en el país tiene amplia difusión y aprobación popular este tipo de medicina, como método para mantener o recuperar un estado óptimo de salud. Considerando que el derecho se desarrolla por las necesidades de la sociedad, se considera que es adecuado que surja a la vida jurídica una legislación completa de la medicina alternativa. Se analiza la legislación nacional vigente, acudiendo a la opinión de profesionales relacionados con el tema a nivel nacional, para establecer el significado del derecho a la salud, determinar la relación entre el derecho a la salud y la medicina alternativa, y proponer un proyecto de ley. 157) GAM-CIIDH-Vía Libre a la Información Pública. Análisis de la problemática en el sistema

hospitalario en Guatemala. Humberto Espinoza, investigador. 207 páginas. S/F Se aborda la problemática del sistema de salud en Guatemala, a partir del movimiento médico hospitalario que surgió en el año 2006, analizando sus causas, consecuencias, desarrollo y desenlace, identificando sus fases y etapas. Se hace una referencia histórica del sistema de salud en Guatemala, tanto del sistema hospitalario como de la práctica privada, se ubica el problema en el marco de los Acuerdos de Paz y de las Metas del Milenio de Naciones Unidas y de la situación macroeconómica del país; se analiza la crisis del sistema así como la naturaleza, organización y estrategia del movimiento médico así como su plataforma reivindicativa, la respuesta gubernamental y sus perspectivas. Entre las conclusiones se aborda la debilidad de las instituciones y el riesgo de personalizar conflictos, las implicaciones de la renuncia de un Ministro, las dificultades en la mediación y negociación de acuerdos, la necesidad de documentar la experiencia y las características de un movimiento social diferente.

Derecho al ambiente sano 158) Ramírez, Dunia. Creación y fortalecimiento de la conciencia ambiental. Tesis de

Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. 2001, 140 páginas.

Se plantea que uno de los aspectos fundamentales para la protección y mejoramiento del ambiente es la creación y fortalecimiento de la conciencia ambiental, con la cual la población comprenda y tome conciencia de su posición en el proceso dinámico de la naturaleza, así como la necesidad de conservar el ambiente para el bienestar no sólo social sino que también económico de los seres humanos. En Guatemala se cuenta con alguna legislación ambiental, la mayoría de la cual es de reciente creación y aún bastante desconocida, por lo que el trabajo pretende analizar la ley de difusión de conciencia ambiental, para poder establecer y lograr su aplicación efectiva, a efecto de poder promover y difundir las normas de Derecho Ambiental que se necesita conocer para proteger y conservar el ambiente, partiendo del derecho que tenemos a ser informados. Se indica que existen los elementos necesarios para poder crear la conciencia social y ambiental, pero que para formarla es indispensable mejorar el conocimiento sobre el tema y conocer a fondo los problemas ambientales que aquejan a Guatemala. 2002 159) Lemus Navarro, Karla Yescenia. Análisis sobre la responsabilidad internacional del

Estado de Guatemala por el incumplimiento de los tratados de los tratados que ha ratificado y aprobado en materia ambiental. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Julio de 2002, 206 páginas.

El trabajo, documental bibliográfico, se centra en la responsabilidad que el Estado de Guatemala adquiere frente a la Comunidad Internacional, como consecuencia de la ratificación y aprobación de tratados internacionales referidos al ambiente. Se parte de que la contaminación producida en

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determinado territorio, causa daños a nivel regional y mundial, por lo que resulta necesaria una búsqueda inmediata de mecanismos eficaces para preservar el ambiente y prevenir su deterioro. Tras analizar los tratados y la legislación interna, se establece que Guatemala ha cumplido parcialmente con su responsabilidad internacional, recomendándose que se implemente una política ambiental clara y definida, que entre otros tópicos, incluya la educación ambiental, debiendo fortalecer y dar seguimiento a los programas de capacitación ambiental que hasta la fecha se han impartido, que se creen nuevas leyes ambientales, más específicas y sancionatorias; que se fortalezcan las instituciones ambientales ya existentes y promover la creación de otras, para mejorar el marco institucional ambiental, capacitando y empleando personal profesional en materia ambiental. También se recomienda actualizar sus leyes en materia ambiental, las que deberá armonizar con las obligaciones adquiridas en los tratados, utilizar los alicientes o incentivos ambientales, fomentar la creación de entes contralores del cumplimiento de los Tratados Internacionales Ambientales, ya sea un mismo Estado-Parte o un Organismo Internacional específico, como una Corte Internacional Ambiental Regional.

2003 160) Pelico Caballeros, Nicolás Alfredo. Melini, Yuri Giovanni (Coodirección de la investigación.

Normas indígenas sobre el uso del agua, el bosque y la vida silvestre.. CALAS. 2003. Primer Tomo: Comunidades del área lingüística K´iche´: Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá, Quiché. 127 páginas. Segundo Tomo: Comunidades del área lingüística Mam: San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango. 233 páginas Tercer Tomo: Comunidad del área lingüística Q´eqchi´: Alta Verapaz, Izabal, Petén. 155 páginas La investigación pretende ser un mecanismo para construir un puente y servir para llenar brechas y espacios, entre los modos formales institucionales de administración de recursos naturales tradicional y por costumbre de los pueblos indígenas hacen sobre dichos bienes y servicios naturales. Lo que identifica a primera vista son los valores que se ocultan en el pensamiento y práctica de los pueblos indígenas, en cuanto al manejo, uso y conservación de los recursos naturales, que por años se ha invisibilizado, ignorado o tergiversado; dando como resultado una cortina de indiferencia hacia dichas prácticas. La investigación, también dio como resultado, la falta de visión integral de las instituciones del Estado encargadas de los componentes del trabajo, lo que hace necesario que a futuro esta relación debe establecerse sobre bases o principios de respeto a las prácticas indígenas consuetudinarias, ejes guardianes de la naturaleza. Hacer las valoraciones desde la comunidad, desde las necesidades de concretar acciones coordinadas, en función de salvaguardar los tesoros ambientales y recursos renovables, desde la perspectiva de un mundo más equilibrado. En particular, la interrelación de la concepción occidental y la cosmovisión maya, para neutralizar los efectos dañinos que generan las políticas criminales hacia los recursos naturales renovables y no renovables. Los resultados de la investigación buscan incidir en la reformulación de leyes y contribuir a la construcción de una legislación guatemalteca desde la población mayoritaria tomando en cuenta los intereses y necesidades desde el punto de vista ambiental y de derechos humanos. 2005 161) Carrera Campos, Juan Carlos. Análisis de la legislación forestal en Guatemala desde la

óptica del derecho ambiental. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Marzo de 2005, 104 páginas.

En el trabajo se analiza jurídicamente la normativa forestal guatemalteca a partir de la integración de los mecanismos de protección, conservación y aprovechamiento sustentable del recurso. Busca determinar su naturaleza jurídica en función de esos criterios, identificar su relación con

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otras normas y los vacíos que en materia ambiental pudiesen existir. Se trabajó con base en un estudio comparativo entre el texto de normas vigentes y sus antecedentes legales y el alcance conceptual y los criterios de Derecho ambiental moderno. Como resultado del estudio puede afirmarse que desde el origen constitucional, la legislación forestal guatemalteca tiene un carácter eminentemente ambiental e incluso antes de la vigencia de las actuales normas, existe en las primeras leyes forestales criterios de derecho ambiental como la protección y la conservación forestal. Sin embargo, persisten incongruencias entre estas normas y el espíritu constitucional que pueden ser subsanadas a través de medidas que privilegien los criterios ambientales en la normativa forestal vigente.

162) Diaz, Claudia. Sistema guatemalteco de justicia, cómplice silencioso de la impunidad. La lucha contra la impunidad ambiental en Guatemala. El Caso Ochoa – Vásquez. CALAS. 2005, 102 páginas.

El 29 de febrero del 2000, el licenciado Erwin Ochoa y el señor Julio Vázquez trabajadores de CONAP del área de Puerto Barrios fueron asesinados por personas que según investigaciones del Ministerio Público, pertenecían a una banda de sicarios. Con el fin de establecer si el aparato judicial de Guatemala cumplió con administrar justicia en este caso, se hizo una investigación que estudió el proceso penal. Hizo un análisis objetivo de la sentencia, evidenciando que los responsables intelectuales de estos crímenes no han sido llevados ante la justicia. El Estado guatemalteco en su conjunto y particularmente el Sistema Jurídico falló en una serie de cuestiones procedimentales durante el desarrollo del proceso penal. 163) Maldonado, Pedro Rafael. El caso Ochoa – Vásquez y su impacto a nivel nacional e

internacional (2000 – 2004). CALAS. Febrero de 2005, 92 páginas Compilación de la investigación realizada por el Programa de Incidencia y Fiscalización Ciudadana del CALAS dentro del marco del proyecto Fortaleciendo la Gobernabilidad y el Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad ambiental en Guatemala. 164) Gramajo, Jessica. Con un nudo en la garganta... CALAS. 2005. 58 páginas. Relata la vida de Erwin Ochoa y Julio Vásquez, ambientalistas que perdieron la vida por el bien de la humanidad. La narración de la vida de ellos contada por familiares y amigos es presentada como mecanismo para mejorar la gobernabilidad del país, a través de acciones concretas de participación ciudadana para la obtención de justicia y con ello la consolidación del Estado de derecho guatemalteco. 2006

165) Gallego, Felipe Marcos. Normas indígenas sobre el uso del agua, el bosque y la vida

silvestre en la Región Maya Ixil. CALAS. Agosto de 2006. 54 páginas La documentación socio antropológica y jurídica de la norma maya ixil sobre los usos del agua, el bosque y la vida silvestre; se plantea por la falta de ordenamiento y reconocimiento dentro de las políticas y reglamentaciones estatales, situación que motivó su sistematización. Con el afán de que los valores culturales indígenas ixiles favorables a los recursos naturales sean reconocidos e incluidos dentro de las leyes estatales. El municipio de San Gaspar Chajul es uno de los 21 municipios que conforman el Departamento del Quiché. Posee un área silvestre (protegida) de 45 mil hectáreas reconocido por el Estado guatemalteco aunque no por la población local. Los ixiles conciben la tierra como parte misma de su propia existencia y que tiene cualidades de sentir y juzgar sus actos sobre la tierra. Los efectos de la guerra y la pobreza han impactado las estructuras de convivencia de los ixiles.

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2007 166) CALAS. Mujeres indígenas y biodiversidad en Guatemala. 2007. 42 páginas. Tradicionalmente la mujer maya es la responsable de conservar y mantener los recursos naturales, así como preservar y transmitir la sabiduría indígena. Son las principales productoras de alimentos y custodian la diversidad de muchos ecosistemas. La aplicación irregular de la legislación guatemalteca que protege a la mujer reafirma su situación de exclusión y marginación en la sociedad. Debe darse cumplimiento a las convenciones internacionales con énfasis en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Convenio 169 de la OIT, instrumentos jurídicos importantes para una participación plena en la toma de decisiones en cualquier espacio.

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DERECHOS DE GRUPOS ESPECÍFICOS

Derechos de la niñez y adolescencia 2001 167) Zavala Lemus, Alvaro Alejandro. Análisis de los derechos y garantías laborales de los

menores de edad en el Código de la Niñez y Juventud. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Mayo de 2001, 54 páginas.

Se analiza la situación del trabajo infantil en Guatemala y las condiciones en que se realiza, tanto en el sector formal como en el ámbito familiar, y en diversas áreas productivas; se revisa la legislación interna, que en ese entonces se limitaba al Código de Trabajo, destacando las virtudes que mostraba el Código de la Niñez y Juventud que no había sido aprobado y en el que, por primera vez, se clasificaba a los menores trabajadores, según el sector productivo donde trabajan. Se concluye que aunque las normas establecidas en dicho código serían obligatorias, resultaban insignificantes frente a las ganancias de los patronos infractores, como lo eran las del Código de Trabajo vigente, que resultaban inoperantes. Se recomendó que el Código de la Niñez y Juventud no entrara en vigor por sus omisiones y contradicciones, su inaplicabilidad en los casos de jóvenes trabajadores en el sector informal y familiar y porque sus normas ya estaban contempladas en la Constitución Política de la República de Guatemala y en el Código de Trabajo. 168) Hernández Morán, Edith Guadalupe. El trabajo infantil y la legislación guatemalteca.

Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Julio de 2001, 61 páginas.

Se analiza el problema del trabajo infantil en el país, que en parte está asociado a condiciones de informalidad, que conlleva diversos riesgos para el desarrollo integral de niños y niñas y que se realiza tanto en espacios públicos como privados. Se revisan los antecedentes históricos del problema y de los derechos humanos, el fenómeno de la niñez trabajadora en Guatemala y la aplicación de la legislación laboral, mencionando la doctrina de la situación irregular y la de la protección integral. Se concluye, entre otros, que el caso de la niñez trabajadora no es abarcado en la legislación, sobre todo en lo que concierne a los tipos de trabajo que con mayor frecuencia realizan niños y niñas: en la agricultura, en el servicio doméstico y en el sector informal. 2002 169) Iturriaga Reyes, Guillermo Felipe. Los tratados internacionales en materia de adopción

internacional y su debida aplicación en la legislación de adopción del niño en Guatemala. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Noviembre de 2002, 163 páginas.

La investigación aborda el tema de la adopción internacional en Guatemala, que se ha constituido como fuente del tráfico de niños y mercado de adopciones que se ha denunciado en nuestro país por su ineficiente regulación. Se enfoca la investigación bajo el método dogmático jurídico, examinando la legislación guatemalteca vigente y los instrumentos internacionales en materia de adopción internacional, con el objeto de efectuar un análisis entre ambos y comparar las instituciones. La investigación busca aportar disposiciones concretas que protejan los derechos del niño en Guatemala mediante los controles y fiscalizaciones de los procedimientos de adopción contenidos en convenios internacionales y que son el parámetro ideal para el mantenimiento de los derechos humanos del niño.

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170) Laparra Morales, Ellen Noemí. Análisis jurídico – doctrinario del Proyecto de Ley de Adopciones. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Enero de 2002, 169 páginas.

Las adopciones realizadas en Guatemala generan controversia y preocupación, debido al interés en ellas de abogados y notarios, y por las diversas anomalías e irregularidades, supuestamente encontradas en sus trámites. En 1998 se presentó una Iniciativa de Ley al Congreso de la República, con el fin de crear un estatuto que regule y controle las adopciones realizadas en Guatemala, pues actualmente se carece de una ley específica que regule su trámite; el proyecto hace hincapié en que la adopción es una institución jurídica de integración y protección de la niñez y la juventud, de interés público y social, y que el objeto de la adopción es “asegurar el derecho de los niños, privados permanentemente de un medio familiar a vivir con una familia”, estableciendo un vínculo de filiación de manera legal y propone la creación de un Centro de Adopciones, adscrito al Organismo Ejecutivo a través de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. En la tesis se analiza cada uno de los artículos del Proyecto de Ley de Adopciones, comparándolo con la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes vigentes referentes al tema. Se concluye que la adopción es una institución de vital importancia no sólo para niños y niñas sino para la sociedad, que el mencionado proyecto de ley presenta significativas carencias, que la creación del Centro de Adopciones podría generar corrupción y que no habría necesidad de crear nuevas leyes sino modificar y actualizar las existentes a los cambios de la sociedad guatemalteca.

171) Leal Casanova, María José. Homosexualidad, ¿impedimento para la adopción en Guatemala? Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Abril de 2002, 190 páginas.

Se trata de una investigación de tipo documental y por observación, sobre la posibilidad de que, al no existir en Guatemala una legislación adecuada que regule la institución de la adopción en forma específica y como consecuencia de las lagunas legales que actualmente existen en su regulación, una persona homosexual extranjera solicite la adopción de un niño guatemalteco, dado que países como Estados Unidos de América, Canadá, Holanda, Bélgica y Reino Unido, reconocen legalmente y regulan la homosexualidad y permiten y autorizan la adopción de menores por personas homosexuales. Se argumenta que Guatemala debe estar preparada legalmente para resolver una situación de esta naturaleza, a fin de aceptar o denegar dicha solicitud de adopción sin cometer arbitrariedades e ilegalidades, partiendo de que la tendencia sexual del adoptante no se puede tomar como fundamento para otorgar o denegar una adopción, sino resolver sin atentar en forma alguna contra los derechos inherentes de la persona homosexual que solicita la adopción así como del menor adoptado.

2003

172) Torres Ramírez, Sandra Carolina. La restitución de menores en el ámbito internacional. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Septiembre de 2003. 113 páginas.

La sustracción de un menor de edad se ha vuelto frecuente en Guatemala; la mayoría de personas no conoce los procedimientos para recuperar al menor de edad, por lo que no acuden a los tribunales, aunque si acudieran no se podría solucionar el conflicto porque no se cuenta con la legislación necesaria que regule el procedimiento y las vías legales que deben accionarse para lograr que el menor regrese al núcleo familiar, lo que provoca que se deje en un estado de indefensión tanto a los menores, como a sus padres o tutores. Con base en las entrevistas aplicadas, se establece que la mayoría de los profesionales del Derecho que se encuentran tanto en la administración de justicia, como los abogados litigantes, no saben dar una solución concreta al problema que hoy se suscita, ya que en la actualidad se podría decir que el menor, lo que aumenta la desprotección. Al analizar la legislación vigente con respecto a la Restitución de

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Menores en el Ámbito Internacional no encontró regulación y por ello se propone examinar la conveniencia de que Guatemala ratifique la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores o que se promueva un proyecto de ley para incluir dentro de nuestra legislación vigente, el procedimiento de restitución internacional de un menor, señalando que en ambos casos se deberá brindar una capacitación tanto a las personas encargadas de impartir justicia y a los particulares para que conozcan los procedimientos, plazos y autoridades a las que deben dirigirse en caso de solicitar la restitución internacional de un menor. 173) Espaderos Lorente, Luis Fernando. Estudio socio – jurídico de menores trabajadores.

Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Mayo de 2003, 106 páginas.

En esta investigación jurídico – descriptiva se parte de que el trabajo de menores puede concebirse como el conjunto de actividades a las que se dedican muchas personas que aún no han alcanzado la mayoría de edad, ya sea para su sustento propio o para coadyuvar al sustento económico de sus familias y de que, cuando en este tipo de actividades hay explotación, discriminación, intolerancia, irregularidad de horarios, así bajos niveles de remuneración, elevado riesgo para sus vidas, el trabajo se convierte en una violación a los derechos humanos del menor, entorpeciendo su educación, recreación, afectado su salud y su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, haciendo que se tengan más obligaciones que derechos. Se examinan las causas del trabajo de menores, la legislación nacional e internacional aplicable, el trabajo de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas al tema, arribando a numerosas conclusiones y recomendaciones, dirigidas a diversos ámbitos del Estado y de la sociedad, referidas a legislación, investigación, educación y sensibilización e incidencia.

174) García Argueta, Irma Sucel. El derecho humano a la educación y la niñez discapacitada en Guatemala. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. Noviembre de 2003. 206 páginas.

Se ofrece una panorámica del problema de la discapacidad en Guatemala, abordando el tema desde sus relaciones con los derechos humanos en general, con los derechos económicos, sociales y culturales y con los derechos de la solidaridad, la definición de discapacidad, su etiología y tipos. Se describen las normas internacionales relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad a nivel internacional y nacional así como las políticas enfocadas en el tema y el quehacer de algunas instituciones públicas y privadas así como las formas de discriminación de niños y niñas con discapacidad en la familia y la sociedad, sistemas de salud y educación. Afirmando que la población infantil discapacitada no ha sido protegida por el Estado, se proponen formas para hacer efectiva la no discriminación de la población infantil discapacitada, como el control estadístico poblacional, el control legal, el impulso de programas especiales, la creación de un fondo nacional en pro de la discapacidad, la creación de un reglamento para la evaluación y clasificación de la discapacidad y programas para la educación para el trabajo y la descentralización de los servicios de rehabilitación del Ministerio de Salud y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 2004

175) Liquez Aldana, Cynthia Paola. Los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes relativos a la preservación y conservación de su integridad física, moral y sicológica, en la legislación guatemalteca y la Convención de los Derechos del Niño. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Junio 2004, 144 páginas.

Un acercamiento a la realidad que vive la niñez y la adolescencia de Guatemala, delimitando cuáles son los derechos humanos relativos a su integridad física, moral y psicológica y las formas

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de protección que contiene el ordenamiento jurídico guatemalteco y de qué forma la Convención sobre los Derechos del Niño puede llegar a ser un instrumento determinante en la aplicación de las leyes nacionales, a la vez como supervisor de las medidas que en Guatemala se toman con respecto a la niñez y adolescencia de Guatemala. Se indica la necesidad de que este instrumento sea más pedagógico que coercitivo, que fortalezca la familia, que propicie la participación de la sociedad, que dé preponderancia a los valores éticos y morales, propicie la desconcentración y descentralización del poder.

176) Ortíz Melgar, Jessica Ivonne. Análisis jurídico de la norma que desarrolla el seguimiento a la medida de protección y abrigo, decretada por los juzgados de la niñez y adolescencia a niños y niñas que han sufrido mal trato infantil. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Octubre de 2004, 172 páginas.

Una de las formas por medio de las cuales los niños y las niñas amenazados o violados en sus derechos, pueden superar el temor, la desconfianza, la baja autoestima, depresión o frustración es con la restitución de sus derechos humanos, a través de medidas de prevención y protección adecuadas, así como con programas de orientación y apoyo familiar. La protección contra el maltrato es un derecho social por lo que la protección por parte del Estado debe ser mediante la creación de instituciones y programas así como la asistencia en el tratamiento y rehabilitación a las víctimas, en igual forma debe destinar recursos para tal fin. Por no ser así, el Estado guatemalteco viola los derechos de la niñez por omisión. Es importante que se incluya dentro del Reglamento de la Ley, una norma que regule el registro para las instituciones privadas que brindan protección a la niñez y vigilar su cumplimiento. Los programas que brindan protección deben tener un contenido orientado a su inserción social y familiar. Es conveniente que la Corte Suprema de Justicia evalúe la función de los jueces y personal de la policía y los juzgados con el fin de evitar anomalías. Que se dote a la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia de los mecanismos y recursos que le permitan ejercer las políticas necesarias para su buen desempeño.

177) Cuma Chavez, Baldomero. Análisis sobre el conocimiento y cumplimiento del derecho infantil en el ámbito educativo de la comunidad indígena de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, como una aproximación a la realidad del interior del país. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Marzo de 2004, 91 páginas.

Aborda los temas historia de los derechos humanos, derecho constitucional, derecho consuetudinario y derecho indígena en relación con los derechos de la niñez. Las conclusiones y recomendaciones están basadas en el trabajo de campo realizado en cuatro centros educativos a directores, maestros y niños. Concluye en la necesidad de divulgar los derechos de la niñez y de informar a padres y madres de familia y a todos los involucrados en las tareas educativas. Señala la importancia de conocer y respetar el derecho indígena para que no sean violentados los derechos y obligaciones de los habitantes de Santa María de Jesús. 178) Najarro Quinteros, Mario Efraín. La desprotección jurídica y social de los hijos menores

de edad como víctimas colaterales de los sujetos del delito en el derecho penal guatemalteco. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Julio de 2004, 105 páginas.

El Estado cumple con castigar al responsable del hecho antijurídico, pero se olvida de sus hijos menores aduciéndose que no existe una regulación específica (ordenada y sistematizada) sobre este grupo social en riesgo o abandono. Para contar con un marco jurídico constructivo, es necesario obtener ayuda de instituciones establecidas por la misma Ley, así como de las organizaciones no gubernamentales, para la elaboración de programas de atención, acceso y protección a las necesidades materiales y psicológicas. Distinguir las competencias de las políticas sociales de la cuestión penal, planteando la defensa y el reconocimiento de los derechos de la

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niñez y los jóvenes como una cuestión que depende de un adecuado desarrollo de las políticas sociales.

179) Marroquín Paz, Willian Nicolás. La violación del derecho a la educación de los niños de la calle por parte del Estado guatemalteco. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Noviembre de 2004, 71 páginas.

Este trabajo busca que el Estado asigne un presupuesto para la educación de los “niños de la calle” y la construcción de Centros de educación especial; o que establezca un presupuesto para las instituciones particulares o descentralizadas que se dedican a la educación en vías de regeneración del menor. La investigación enfocada desde lo jurídico y social se realizó en la Capital de enero 1999 a marzo del 2003 con personas dedicadas a dar instrucción y educación a estos niños, jueces de menores y personal de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Presidencia de la República. Es preciso que el Estado tenga como cuestión primordial la rehabilitación, por medio de la educación a los “niños de la calle”. Fundar centros educativos para brindar educación a la niñez abandonada y a menores maltratados, evitando así, entre otros mecanismos la delincuencia infantil.

180) Rabanales García, Marvin. Teoría general de los Derechos Humanos de la Niñez y sus mecanismos de exigibilidad. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de la Escuela de Estudios de Postgrado USAC. Agosto de 2004, 160 páginas.

Aprobado Summa Cum Laude. Presenta los mecanismos de exigibilidad de los Derechos Humanos de la Niñez, que persiguen lograr la eficacia de tales derechos, con lo cual la teoría general de los derechos humanos de la niñez se complementan con la praxis política y jurisdiccional, complementariedad que en definitiva contribuye al reconocimiento, cumplimiento o restitución de los derechos humanos de todos los niños y las niñas. Recomienda revisar la legislación vigente en el país que en forma directa o indirecta se relaciona con la niñez y adolescencia, para establecer si la misma se encuentra en congruencia con la evolución de los Derechos Humanos de la Niñez, tanto en su aspecto doctrinario como normativo.

2005

181) Beltetón, González, Ana del Rocío. La situación de los niños a la luz del Derecho Internacional Humanitario en los conflictos armados no internacionales. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Enero de 2005, 102 páginas.

La investigación señala la importancia que existe en determinar cuál es y cómo es la protección que otorga el Derecho Internacional Humanitario a los niños en los conflictos armados no internacionales; analizar la legislación que protege a los niños en un conflicto armado de carácter no internacional; y determinar en qué situaciones se aplica el Derecho Humanitario, tomando en cuenta que en la actualidad son más frecuentes los conflictos armados no internacionales, aquellos que ocurren cuando en el territorio de un Estado se oponen las fuerzas armadas de este Estado a fuerzas armadas o grupos armados que no reconocen su autoridad. Los niños y las niñas como parte de una población civil sufren en forma continuada de múltiples violaciones a sus derechos, mientras la población civil, en general, se ve afectada sin formar parte de un conflicto armado interno. El Derecho Internacional Humanitario busca humanizar la guerra para evitar abusos y atrocidades, como sucede o ha sucedido en muchos países, tales como en Guatemala.

182) Puertas Corro, Ana Belén. La necesidad de tipificar el maltrato infantil como delito

dentro de la legislación penal guatemalteca. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Marzo de 2005, 114 páginas.

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Se analiza el problema del maltrato infantil, desde el punto de vista de la legislación aplicable existente en Guatemala, donde el hecho de que no existan normas específicas que tipifiquen el maltrato infantil como delito y no se impongan penas, hace que se continúe maltratando a los niños, niñas y jóvenes. Son las normas del Código Penal las que se aplican en Guatemala en caso de cometerse maltrato infantil pero no son eficaces, como lo demuestra el aumento de casos de agresiones a niños, niñas y jóvenes. A pesar de que el tema de los derechos de la niñez ha sido motivo de legislaciones a nivel mundial, en América Latina son pocos los países que tienen tipificado el maltrato infantil como delito. En Guatemala hay instituciones que conocen del maltrato infantil de forma administrativa, y luego remiten la investigación a los tribunales para aplicar la ley vigente. Tras examinar legislación de otros países, se hace una propuesta de redacción del articulado para tipificar el maltrato infantil.

183) Cruz Clavería, Línely. El trabajo doméstico asalariado de los menores de edad y una propuesta para una mejor protección. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Diciembre de 2005, 129 páginas.

Por la pobreza extrema que existe en Guatemala, miles de familias dependen del ingreso económico de sus hijos, siendo que muchos menores se incorporan al trabajo doméstico, enfrentando múltiples explotaciones y careciendo de un respaldo legal. Se trata de establecer la ausencia en el Código de Trabajo de protección legal adecuada para dichos menores, analizando la doctrina relacionada con el trabajo doméstico, y empleando cuadros de cotejo para el análisis de leyes relacionadas al trabajo infantil, realizándose a la vez entrevistas a expertos en el tema. Se determina que el trabajo doméstico de los menores de edad se caracteriza por escapar de la regulación que establece el Código de Trabajo, por lo que es necesario desarrollar procesos de sensibilización sobre el tema, promover mecanismos simples para que la sociedad en general y en particular las personas menores de edad puedan denunciar condiciones de explotación, de conformidad con la legislación nacional y los Convenios Internacionales ratificados por Guatemala; coordinar acciones con entidades dedicadas a luchar contra el trabajo infantil, a iniciativa de la Unidad de Protección a la Adolescencia Trabajadora del Ministerio de Trabajo, velar porque la Inspección General de Trabajo realice de forma constante supervisiones de los lugares de trabajo de los menores trabajadores e implementar una modificación normativa dentro del Código de Trabajo que brinde una mejor protección legal a todos los menores de edad que se dedican al trabajo doméstico.

184) Funes de León de Ayala, Nancy Carolina. Análisis histórico – jurídico del principio del interés superior del niño en Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Julio de 2005, 103 páginas.

Se establece el significado y la importancia del principio del interés superior del niño, así como su relación con el derecho interno, ya que es un deber del Estado velar por el desarrollo integral de la persona y éste se organiza para proteger a la persona y a la familia. Se abordan conceptos sobre el principio del interés superior del niño y se esboza su alcance, su importancia, interpretación y aplicación a casos concretos, con el fin de coadyuvar a promover sus derechos. Se recomienda a los órganos administrativos y judiciales, así como las instituciones de bienestar social de cualquier índole apegarse a la observancia del principio rector en materia de derechos humanos de los niños que es la consecución de su interés superior; encaminar una política pública y una educación adecuada con los niños y la sociedad, para lograr así su pleno desarrollo y supervivencia, en un espíritu de respeto irrestricto de sus derechos humanos, implementar medidas que persigan el pleno conocimiento y valorización del principio rector en materia de derechos humanos de los niños, fortalecer la institución de la adopción de acuerdo a los valores éticos y morales de los derechos humanos de los niños para brindar la seguridad jurídica necesaria en estos casos a través de los controles idóneos y leyes específicas de la materia.

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185) González Díaz, Ericka Rocío. Los métodos de interpretación del derecho utilizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia sobre el caso Villagrán Morales y otros (caso de “los niños de la calle”). Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Agosto de 2005, 150 páginas.

Trabajo de investigación donde se analiza la condena al Estado de Guatemala por haber sido protagonista de violaciones a los derechos de la niñez , cometido por agentes de la Policía Nacional contra cuatro niños, con el agravante que estos eran “niños de la calle”, con énfasis en los métodos de interpretación del derecho utilizados por la Corte en este caso. Se considera que la sentencia constituye un ejemplo de la debida aplicación e interpretación de la ley, dándole un sentido de justicia a las violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de personas, a la integridad física, psíquica y moral y a las garantías de protección judicial y que se aplicaron diversos métodos: gramatical, lógico, histórico, y, especialmente, el sociológico, acompañado de un análisis desde los derechos humanos. Se indica que en un Estado con dificultades estructurales como el guatemalteco, difícilmente puede cumplir con los propósitos y el espíritu que impulsa la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de ahí que las sentencias de la Corte sean desfavorables, en tanto el Estado de Guatemala no demuestre gozar de estabilidad social, fortalezca el estado de derecho, equilibrio político, respeto a los derechos humanos, vigor y solidez en sus instituciones y desarrollo social, tendrá que cumplir con el fallo que emita dicha instancia internacional. Se recomienda a la jurisdicción interna, los operadores de justicia y los legisladores en Guatemala que apliquen la ley basados en una interpretación a la luz de los derechos humanos, para lo que deben capacitarse. 186) Guillermo Rivas, María Argentina. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de la

Oficina del Procurador de los Derechos Humanos ante el maltrato infantil. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Octubre de 2005, 102 páginas.

Con la finalidad de brindar especial atención a los problemas que enfrenta la niñez guatemalteca, el Procurador de los Derechos Humanos creó administrativamente la Instancia del Defensor de los Derechos de la Niñez; con la entrada en vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, se reguló la doctrina de protección integral y desde entonces, una de las instituciones encargadas de velar por la protección de los Derechos de la Niñez y adolescencia es dicha defensoría. Uno de los principales problemas de la sociedad guatemalteca es el maltrato a niños, niñas y jóvenes –que no está tipificado- , que se aborda en esta investigación jurídico – descriptiva, analizando el papel esta Defensoría en la lucha para contrarrestar el maltrato a niños, niñas y jóvenes en Guatemala, qué tipo de maltrato se atiende con mayor frecuencia y cuáles son los mecanismos que se emplean, contando para ello con el apoyo de las Juntas Municipales. Se señala que la Defensoría, debido al extenso trabajo y escasez de personal, no cumple a cabalidad con dicha función, a lo que se suma la falta de tipificación del delito de maltrato. Se recomienda que esta Defensoría asuma su papel protagónico en la defensa de los derechos, que asuma una postura de diálogo con las otras instituciones que tienen relación con lo niños, niñas y adolescentes, que de publicidad a todas las estrategias jurídicas y sociales que involucran a todos los sectores relacionados con maltrato infantil, brindar educación a todo nivel y a toda la población sobre los valores morales que deben de prevalecer en la familia y la sociedad, realizar campañas que difundan los daños y consecuencias que produce el irrespeto a los Derechos Humanos de la niñez y adolescencia, específicamente el maltrato infantil.

2006

187) Ligorría Sierra de Díaz, Rosa Citlali. Análisis sobre la regulación legal en materia de desarrollo integral y rehabilitación de los jóvenes transgresores de la ley penal. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Septiembre de 2006, 205 páginas.

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Se analiza en materia legal, social y política el desarrollo integral y rehabilitación de la juventud transgresora de la Ley Penal, para determinar cuáles son las leyes que regulan la materia y examinar la situación general de este sector ante sus conductas transgresoras. Se indica que las difíciles condiciones socioeconómicas que se viven en la actualidad, colocan a la niñez y adolescencia en estado de vulnerabilidad ante la pobreza, la discriminación, la desintegración familiar, el abandono, la violencia, la falta de oportunidades, el fácil acceso a las drogas y pandillas juveniles, por lo que son necesarios cambios que se ajusten a la realidad del país, así como la creación de programas y acciones para combatir estos flagelos sociales que son el germen de las manifestaciones de violencia y crímenes que afectan a toda la sociedad en conjunto.

188) Mazariegos Lorenzana, José Manuel. Análisis jurídico de la cesación de la obligación de

prestar alimentos, en el caso de que un menor contraiga matrimonio sin la autorización de sus padres. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Febrero de 2006, 86 páginas.

Se analiza el inciso 5 del artículo 289 del Código Civil, que establece que los padres pueden dejar de alimentar a un hijo o hija por el hecho de haber contraído matrimonio sin autorización de sus padres, confrontándolo con ciertas normas de la Constitución Política de la República que protegen a los menores y con algunas normas contenidas en convenciones internacionales en materia de derechos humanos y derechos de menores que se encuentran vigentes. Se concluye que existe transgresión a los artículos 4, 50 y 51 de la Constitución Política de la Republica, a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y a lo establecido a varias con convenciones internacionales, por lo que se recomienda plantear la inconstitucionalidad de dicha medida, a fin de dejarla fuera del ordenamiento jurídico, además de que no existe ningún caso en que algún menor que hubiere contraído matrimonio sin la autorización de sus padres, hubiere planteado alguna demanda contra éstos solicitando pensión alimenticia.

189) Núñez Lavagnino, Ana Cecilia. El nuevo proceso penal juvenil. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Junio de 2006, 154 páginas.

Se trata de un análisis jurídico-comparativo del nuevo Proceso Penal Juvenil, regulado en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, relacionándolo con el anterior procedimiento contenido en el ya derogado Código de Menores, a fin de conocer ampliamente el nuevo proceso penal de adolescentes en conflicto con la ley penal y determinar las ventajas y desventajas que la aplicación de esta nueva ley representó para el sistema de justicia guatemalteco. Haciendo un estudio práctico y legal del tema, se concluye que el nuevo proceso penal juvenil representa una amplia gama de beneficios en cuanto al derecho de jóvenes se refiere, como la innovación que se ha dado con las formas de terminación anticipada del proceso, ha permitido que los Juzgados de Primera Instancia de Adolescentes en conflicto con la ley penal, se descongestionen; la división por etapas del proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, pues marca un nuevo período en la legislación guatemalteca, ya que son etapas precluibles, bien diferenciadas, que garantizan el respeto de los derechos de los adolescentes en todas ellas; la ampliación en la recepción y aporte de los medios de investigación, que es un factor que representa un gran beneficio para las partes intervinientes en el proceso. Recomienda, entre otras cosas, mayor formación de los abogados defensores particulares y que la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República de Guatemala, cree los mecanismos necesarios a efecto que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia se haga del conocimiento de la población guatemalteca, principalmente de la niñez y adolescencia, impartiendo cursos breves en las escuelas a efecto que los niños y adolescentes, conozcan la misma y puedan ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones.

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190) Esteban Carrillo, José Rocael. El derecho humano a la libertad en el proceso de adolescentes en conflicto con ley penal. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre de 2006, 74 páginas.

El trabajo aborda el tema de las sanciones privativas de libertad en las resoluciones emitidas por los Jueces de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la ciudad de Guatemala, examinando los antecedentes históricos de las distintas leyes de menores que han existido en Guatemala, las doctrinas de protección integral y de la situación irregular, los distintos componentes del proceso de adolescentes en conflicto con la le penal y se tratan los distintos tipos de sanciones que contiene la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, analizando varias sentencias emitidas por los Jueces de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la ciudad de Guatemala, durante el año 2004. Se establece, entre otros elementos, que en el año en mención todas las resoluciones condenatorias emitidas por los jueces de adolescentes en conflicto con la ley penal de la ciudad de Guatemala, fueron de privación de libertad en régimen cerrado de cumplimiento y que en ninguna resolución se discutió la posibilidad de otro tipo de sanción alternativa, sin importar la gravedad del delito, lo que pone en evidencia que los jueces no se preocupan por el interés superior del adolescente, lo que tiene diversas consecuencias para los adolescentes. Propone que los Jueces de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal tomen en cuenta las distintas clases de sanciones que prevé la ley y que en Guatemala se implemente una política criminal acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional, relativa a velar por el bienestar de los adolescentes sindicados de la comisión de delitos, que refleje la aplicación del interés superior de los mismos. 191) Dávila Salazar, Delia Marina. Análisis de la aplicación de la Ley de Protección Integral

de la Niñez y Adolescencia referido al maltrato infantil. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre 2006, 146 páginas.

El análisis incluye temas relacionados a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, sector de población que se encuentra en un alto grado de indefensión. Se realizan un diagnóstico de la aplicación de la ley, integrando al estudio los instrumentos internacionales que contienen disposiciones para asegurar dicha protección y que son parte del sistema jurídico de Guatemala. Se realiza un estudio de las instituciones vinculadas legalmente con la aplicación de la referida ley y un estudio de casos, mediante lo cual se establece que la aplicación de LPINA afronta muchos problemas, entre los cuales están que no es una ley autónoma, que los juzgadores aplican supletoriamente otras leyes, sin un criterio unificado, se encuentran vacíos legales para su aplicación y por lo tanto se tornan inaplicables por los jueces, lo cual ocasiona perjuicio a los niños, niñas y adolescentes respecto a sus derechos, por lo que su aplicación es parcial. Se indica también que el maltrato en todas sus formas ejercido sobre los niños, niñas y adolescentes, es la replica de los modelos autoritarios, que trasciende mas allá del golpe, de la amenaza, de la violación, establece relaciones de poder y es un obstáculo para la participación democrática, para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia y por ende para el desarrollo del país. Se propone que hay que hacer reformas a la ley, especialmente en cuanto a la regulación, registro, control, funcionamiento y supervisión de los hogares ó albergues temporales no gubernamentales de protección a la niñez y adolescencia, y que todas las instituciones del Estado que la Ley les confiere atribuciones de protección de niñez y adolescencia, cumplan con su función, entre otras recomendaciones.

192) ODHAG. Defendamos a la niñez, un futuro de paz. Abril de 2006. 250 páginas. El propósito fundamental de este libro, es dignificar la memoria de la niñez guatemalteca. Es misión y obligación del Estado, asumir las recomendaciones de la CEH, incluyendo la dignificación de las víctimas. “Demos a la niñez un futuro de paz” ha sido una tarea ardua que inició en el 2005. La investigación se basó en los contenidos de los informes de memoria histórica, entrevistas realizadas a líderes y activistas de organizaciones de derechos humanos y otras de la sociedad civil; testimonios directos proporcionados por los familiares de esas personas o por ellos y ellas mismas, que fueron golpeados por la violencia represiva, en tiempos del conflicto armado.

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Presenta un marco general tratando de entender las circunstancias o el contexto en donde se dieron las violaciones a los derechos de la niñez. Se pretende visualizar las formas crueles y estratégicas, en donde las víctimas, que generalmente era la población civil, sobre todo campesina y niñez y juventud. Presenta una descripción de los efectos que tuvieron las violaciones a la integridad de estas personas, con el fin de comprender su situación y padecimiento, y de esta manera prevenir que ocurran nuevamente esas atrocidades. 2007 193) Figueroa Arbizú, Herbert Federico. Consideraciones sobre el Trabajo de Menores y Edad

Mínima con Relación al Convenio No. 138 de la OIT Ratificado por el Estado de Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Julio de 2007. 106 páginas.

Se exponen consideraciones sobre la situación de miles de niños y niñas que desempeñan actividades laborales no aptas a su condición, en detrimento de sus derechos, principalmente a la recreación, la salud y la educación, ante la indiferencia de las autoridades, las instituciones sociales y la sociedad en general, a pesar de que contraviene el convenio No. 138 de la OIT. Para establecer el margen de cumplimiento por parte del Estado de Guatemala, además del examen de los instrumentos jurídicos se entrevistó a personas vinculadas a instituciones que trabajan en este ámbito. Se hacen 22 recomendaciones para que se dispongan medidas para erradicar esta práctica, como la armonización de las normas legales sobre la edad mínima para trabajar con las de la obligatoriedad escolar, aumentando el monitoreo de su cumplimiento, formular políticas y programas intersectoriales, flexibilizar el sistema escolar, desarrollar actividades de sensibilización y promover el trabajo de actores clave, entre otras.

194) Franco de León, Flor de María. Necesidad de que el Estado de Guatemala Brinde Mayor Protección a los Menores de Edad, en cuanto Posibles Víctimas de Prostitución en la Ciudad de Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Marzo de 2007. 107 páginas.

Aborda un tema de fuerte impacto social, analizando la falta de protección por parte del Estado hacia los menores de edad y plantea una propuesta de reforma legislativa del Código Penal actual creando una norma que regule la prostitución, tarea a la que día a día se incorporan niños y niñas debido a sus precarias condiciones de vida, que constituye una forma de violencia abuso y victimización que ocurre en el contexto de la cultura de silencio que existe en Guatemala. Se sugiere reformar el Código Penal o crear una nueva norma para sancionar esta práctica, con contenga un proceso especial para los infractores, crear centros de rehabilitación para las víctimas. 195) Pérez Arévalo, Claudia María. Análisis del proceso de adolescentes conocido por los

juzgados de adolescentes en conflicto con la ley penal regulado en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Decreto 27 – 2003). Tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Febrero 2007, 138 páginas.

Por medio de la aprobación de esta ley se instala en Guatemala la doctrina de la protección integral que reconoce a niños y niñas y jóvenes como sujetos de derecho y no objetos de protección, principio que deben practicarse en la tramitación de los procesos judiciales y por ende en el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, que debe buscar la educación del sujeto activo en los valores de libertad, justicia y responsabilidad así como protegerle de forma integral. Dado que los funcionarios públicos vinculados a este proceso tienen un conocimiento limitado de esta doctrina se recomienda su capacitación, así como una reforma de la LPINA a fin de modificar la competencia de los jueces de adolescentes en conflicto con la ley penal, a fin de

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asignar el control de la investigación y la decisión a jueces distintos, para garantizar la presunción de inocencia y la imparcialidad. 196) Vega Corado, Claudia Nineth, Observancia del Principio del Interés Superior del Niño,

contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño, en las sentencias dictadas por los jueces de familia del Municipio de Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Junio de 2007, 133 páginas.

La tesis desarrolla la importancia y el contenido del principio del Interés Superior del Niño, contenido en la Convención sobre los derechos del Niño, dentro del contexto del artículo tres inciso primero dentro del cual se contempla como una obligación para las instituciones publicas y privadas. Se trató de conocer cómo se considera este principio en las sentencias dictadas por Jueces de Familia del Municipio de Guatemala y los juicios orales de pérdida de la patria potestad, fijación de horario de relaciones familiares y guarda y custodia, todos procesos que afectan el derecho de los niños a relacionarse libremente con uno o ambos padres. Se destaca el impacto que tiene el interés superior del niño en la protección de sus derechos, que cobra vida en manos de los jueces, aunque en un 30% de las sentencias analizadas, emitidas por jueces de familia, no figura dicho principio, por lo que se les recomienda aplicarlo y jugar un papel conciliador, sensibilizando a los padres y madres en dicho principio.

197) Ordóñez, Carlos Ricardo. Mecanismos de aplicación efectiva del ordenamiento jurídico relativo a la observancia de los derechos de los niños de la calle del departamento de Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Febrero de 2007, 96 páginas.

En esta tesis jurídica – descriptiva, se analiza la falta de mecanismos legales para abordar la problemática de niños y niñas de la calle del departamento de Guatemala, no obstante se han firmado y ratificados instrumentos internacionales, explicando que no es suficiente establecer una política gubernamental. Con base en entrevistas a personas que trabajan con este sector vulnerable de la sociedad y revisión estadística, se examina el proceso de callejización, el rol del Estado respecto de este sector de la infancia y la aplicación de las política públicas y mecanismos existentes, que es su mayor debilidad, por lo que se concluye, entre otras cosas, que si bien en el discurso se maneja la doctrina de protección integral, en la práctica se niegan los derechos de niños, niñas y jóvenes, especialmente de quienes viven en la calle. Se hace varias recomendaciones, dirigidas tanto al Estado como a las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas impulsar estrategias de sensibilización y comunicación sobre el tema.

198) CALDH. ICCPG. Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia. Claudia Samayoa, consultora. Las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados. Enero de 2007, 104 páginas.

Las muertes violentas de jóvenes han registrado crecimiento en Guatemala, que se enmarcan en patrones que se denominan “limpieza social”. Se trata de un estudio exploratorio para profundizar en la dimensión jurídica, social y humana de este fenómeno, analizando las características de las víctimas, el entorno de las ejecuciones y los victimarios, sin constituir una investigación de carácter criminal. Incluye los resultados de un trabajo de campo realizado entre agosto y octubre de 2006, e investigación jurídica, histórica y social. Se concluye que existe estigmatización de las víctimas, que ésta crea un ambiente de selección y represión, que por parte de los victimarios hay una acción de ejecución selectiva y arbitraria, que es justificada por el discurso oficial y que hay aquiescencia o acción directa de agentes del Estado en los hechos. Se formulan recomendaciones a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público y a las autoridades de los organismos legislativo y ejecutivo.

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En proceso al 30 de septiembre de 2007

ICCPG. Investigación exploratoria sobre la prestación de servicios a la comunidad, pues se ha registrado una disminución de casos, lo que puede deberse a la aplicación de la LPNA pero también puede obedecer a diferentes factores como la migración y la limpieza social.

Derechos de las mujeres 2002 199) Ortiz Ramírez, Edgar Nemecio. Acceso a la justicia de las mujeres en convivencia

conyugal que sufren actos de violencia o agresión en el departamento de El Progreso. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales, URL. 2002.

Se refiere al cumplimiento sistemático y oportuno de las leyes de protección a la mujer en los Juzgados de Paz y de Familia en el departamento de El Progreso, revisando el acceso, el trámite, la protección a través de las medidas de seguridad y el cumplimiento de las mismas. Se concluyó que las mujeres tienen limitado acceso a la justicia porque no se dictan medidas en forma inmediata, las medidas no son cumplidas a cabalidad y los procesos que ayudan a restablecer la situación de las mujeres como el divorcio, la recuperación de sus bienes u otros duran mucho tiempo por la falta de apoyo legal e institucional. 200) Rivera Castillo, María Teresa. Protección jurídica de la trabajadora en estado de

embarazo y período de lactancia en la legislación ordinaria y convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Octubre de 2002, 87 páginas.

Se analiza la situación jurídico-laboral de la trabajadora guatemalteca que se encuentre en estado de gravidez o en período de lactancia, quien goza de una serie de derechos como el descanso pre-natal, post-natal y para lactancia, remunerados todos, así como del derecho de inamovilidad y reinstalación, entre otros. Dicha situación es regulada dentro de la legislación ordinaria nacional, así como en el Convenio sobre la protección de la maternidad 103, ratificado por Guatemala en 1989, el cual ha sido revisado por la Organización Internacional de Trabajo en el año 2000, a través del convenio sobre la protección de la maternidad 183, que entró en vigencia el 7 de febrero del año 2002 y fue presentado como iniciativa de ley al Congreso de la República de Guatemala, conociéndolo el Pleno el 8 de julio del año 2002. A partir de un estudio comparado de distintas legislaciones americanas y europeas, se recomienda que el Estado de Guatemala ratifique el Convenio 183 de la OIT y que tanto el Estado, como los patronos y las organizaciones sociales divulguen los derechos de las trabajadoras en estado de gravidez y de lactancia, sobre todo en los centros de trabajo. 2003 201) López Morataya, Marco Tulio. La victimización femenina y la falta de positividad de la

Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Febrero de 2003, 62 páginas.

Se expone que esta ley, por su falta de positividad, no logra establecer nuevos parámetros de acción de las instituciones que están encargadas de hacerlas valer, lo que se suma a la falta de conocimiento de esta ley por parte de la población. Se revisan los antecedentes históricos y la clasificación de los derechos humanos, los instrumentos que los reconocen y las instituciones que los protegen, de describe el tema de la victimización femenina en forma general, el papel del varón como victimario y la mujer como víctima, y las etapas de la violencia intrafamiliar así como la

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legislación guatemalteca, argumentando que la legislación que regule las relaciones en el ámbito familiar debe ubicarse en dicho ámbito y plantear garantías que concreten su positividad. 202) Participación ciudadana de la mujer guatemalteca en el proceso electoral 2003. En

Revista de Derechos Humanos Prisma, No. 1. IDHUSAC. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Guatemala, 2005. Pp. 85 – 111.

Se examina el papel de las mujeres en la historia universal, las primeras reivindicaciones, algunos movimientos de mujeres (sufragista, la concepción marxista de los movimientos feministas, el feminismo decimonónico, el movimiento anarquista) para revisar la participación de la mujer en los movimientos sociales guatemaltecos, con énfasis en los años 70. 2004 203) García Ortíz, Lucinda. Análisis jurídico doctrinario de la situación social de la mujer

indígena en el Municipio de Aguacatán del Departamento de Huehuetenango. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Noviembre de 2004, 115 páginas

Este estudio se hizo para determinar los avances en cuanto a participación ciudadana, acceso a la justicia y la existencia o no de políticas incluyentes por parte del gobierno en cuanto a la participación política del Municipio. Poseen un Plan estratégico para el desarrollo integral de Aguacatán que será la guía a seguir hasta el año 2012. Recomienda que amplíe el tema de la mujer con el fin de su verdadera inclusión y al lograr su empoderamiento empiecen a hacer incidencia política. Las autoridades locales deben informarse de los contenidos de las leyes guatemaltecas principalmente de las leyes descentralizadas, los Acuerdos de Paz e instrumentos internacionales. Las autoridades deben coordinar con las deferentes organizaciones, operadores de justicia, servicios de salud y educación para una mejor atención a las mujeres. De igual manera buscar alternativas de financiamiento y crédito para ellas. 204) Alvarado de Palencia, Karla Johana. Análisis socio-jurídico de la escasa participación de

la mujer guatemalteca en la vida político partidaria del país. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Marzo de 2004, 92 páginas.

En la reciente vida democrática del país existen obstáculos para la participación política de las mujeres, tales como el sistema patriarcal y sus manifestaciones machistas de opresión y discriminación. Muy pocas mujeres tienen conocimientos de sus derechos constitucionales. En Guatemala persisten factores estructurales que restringen y limitan el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, aunado al descrédito que tienen los Partidos políticos. Las condiciones educativas, el analfabetismo y la pobreza afectan de igual manera. Recomienda convocar a un referéndum para propiciar las reformas constitucionales y a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Es recomendable propiciar la educación cívica política de la ciudadanía y elaborar e implementar un Programa orientado a promover la participación política de las mujeres. 205) López Zamora, Juan Francisco. La inaplicación del reglamento de la Ley para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar en los juzgados de Paz de los Municipios del Departamento de Sacatepéquez. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Agosto de 2004, 52 páginas.

La violencia intrafamiliar es un fenómeno social. Es la violación a los derechos fundamentales de mujeres, niños y ancianos. En la Unidad de Capacitación del Organismo Judicial, no existe planificación acerca de cursos de capacitación de este tema dirigidos al Secretario y Oficiales de los juzgados de paz en el Departamento de Sacatepéquez. El personal auxiliar adolece de una preparación idónea para la atención de denuncias. Recomienda administrar la justicia en el idioma

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materno de las usuarias, kaqchiquel, en cumplimiento del Decreto 19-2003. Nombrar intérpretes en los juzgados de paz para que el servicio sea de conformidad a las necesidades de la población indígena. Y, que se de información sobre el contenido de la ley, con el fin de reducir el mal trato y marginación contra las mujeres. 2005 206) Bueso Castañeda, Rita María. El feminicidio: violación del derecho a la vida. Tesis de

Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Noviembre de 2005, 92 páginas.

Utilizando el método deductivo, se trata de determinar las causas del aumento de muerte violenta de mujeres en Guatemala, a partir del año 2000. Se describe los perfiles (de la víctima y del victimario), las formas comunes de realizar el Ilícito y los lugares de riesgo en el departamento de Guatemala, a fin de crear conciencia sobre el problema. Se concluye que la mayor causa es la violencia intrafamiliar y el crimen organizado; que las víctimas son mujeres jóvenes de bajos estratos sociales y culturales que en su mayoría residían en la zona 18 de la ciudad de Guatemala y en los municipios de Villa Nueva y Mixco, del departamento de Guatemala. Ni los operadores de justicia, defensores públicos y expertos penalistas manejan satisfactoriamente el tema, lo que se refuerza la necesidad de incentivar la investigación del problema y crear cursos específicos en las universidades.

207) Enríquez Prado, Carlos Alberto. Gladys Mazariegos e Iris Elena Portillo. Violaciones

sexuales en Guatemala, Estado y derechos humanos: un estudio desde la victimología. Informe de la primera fase de investigación. Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales. DIGI. Sistema de Investigación de la USAC. Programa Universitario de Estudios para la Paz. Noviembre de 2005, 107 páginas y anexos.

Desde la victimología crítica, se realiza un estudio multidisciplinario, clasificatorio y propositivo para encontrar los elementos de responsabilidad del Estado guatemalteco, por omisión, en el incremento de las violaciones sexuales a mujeres de entre 18 y 50 años, en algunos municipios del departamento de Guatemala. Los ejes de análisis son las violaciones sexuales, el desamparo de las víctimas y la falta de respuesta del Estado a estos hechos y en general, a la violación de derechos humanos. Se concluye que hay diferencia entre los ataques callejeros y las violaciones y abusos intrafamiliares –que son la mayoría-; que hay una relación inversamente proporcional entre las edades de las víctimas y el lugar donde se perpetran los hechos (en el ámbito intrafamiliar mayoritariamente las víctimas son menores de edad y los victimarios mayores de 40 años); que existe la revictimización tanto familiar como institucional y que menos de 10% de los casos presentados ante el Organismo Judicial obtuvieron una sentencia condenatoria. El estudio se realizará en seis fases, entre 2005 (exploración, construcción de perfil de víctima y victimario, reflexión sobre el tema), 2006 (relación de responsabilidad del Estado con incremento de violaciones sexuales) y 2007 (fase propositiva y de elaboración de una política preventiva).

2006

208) Méndez Chicas, Cecilia Aracely. Derechos de la mujer y violencia intrafamiliar. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Campus Quetzaltenango. Diciembre de 2006. 93 páginas.

Las estadísticas y la realidad social demuestran que las mujeres son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar (de carácter físico, psicológico y patrimonial), por parte de la comunidad, de las instituciones estatales y del propio entorno familiar. La violencia intrafamiliar no está condicionada por razones económicas, profesionales o políticas, sino que las mujeres por el sólo hecho de serlo se convierten en el sector más vulnerable a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Existe la Ley Para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, su

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reglamento así como también tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, pero se debe lograr que la población femenina los conozca y luchar porque se cumplan.

209) Filipi Estrada, Mélida Janet. El derecho humano a la maternidad y a la familia de las mujeres privadas de libertad en el Centro de Orientación Femenino -COF-. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre de 2006, 81 páginas.

La investigación pretendió determinar si el Estado de Guatemala aplica las disposiciones legales nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres privadas de libertad en estado de embarazo, y de la madres reclusas que se encuentran al cuidado de sus menores hijos dentro de una cárcel, específicamente en el sentido de verificar si en el Centro de Orientación Femenino –COF-, para establecer si se les garantiza el derecho a la maternidad y a la familia. El Estado de Guatemala ha complementado la legislación interna, con la suscripción y aprobación de Convenios y Tratados Internacionales en la temática relacionada; sin embargo, el papel que éste desempeña a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, para garantizar la efectiva aplicación de los derechos humanos de las reclusas en estado de embarazo, y de aquellas que se encuentran al cuidado de sus menores hijos, es a todas luces deficiente. Se recomienda la construcción e implementación del complejo Maternal Penitenciario y su posible regulación, como un elemento fundamental en la transformación del Sistema Penitenciario. 210) Enríquez Prado, Carlos Alberto. Gladys Mazariegos e Iris Elena Portillo. Violaciones

sexuales en Guatemala, Estado y derechos humanos: un estudio desde la victimología. Informe de la segunda fase de investigación. Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales. DIGI. Sistema de Investigación de la USAC. Programa Universitario de Estudios para la Paz. Noviembre de 2006, 272 páginas y anexos.

Se da seguimiento al informe anterior; se amplía el marco teórico desde la victimología crítica, examinando las propuestas de varios autores, y se avanza en el perfil de la víctima y del victimario; se revisa la relación entre la violación sexual contra las mujeres con el conflicto armado y la situación de la violencia sexual contra las mujeres en Guatemala, vinculándola con el problema de seguridad. Se analizan las políticas nacionales relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres y la equidad de género, el trabajo de las organizaciones sociales dedicadas al tema y el marco jurídico nacional e internacional. Se formulan conclusiones generales, sociopolíticas, jurídicas y sicológicas y recomendaciones, entre las cuales están realizar una propuesta de integración de esfuerzos interinstitucionales en el marco de la propuesta del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (PLANOVI), firmar convenios de cooperación entre los institutos de investigaciones de la USAC y organizaciones de la sociedad civil para presentar un proyecto de ley para reducir la revictimización de las mujeres violadas sexualmente y se impongan penas más severas a los violadores, que se cree un sistema efectivo de atención terapéutica a las víctimas, entre diversas entidades de la USAC y hospitales nacionales, y que el MP tenga representantes en los hospitales y unidades policiales para que las víctimas conozcan sus derechos y se evite su revictimización. 211) Morales Lemus, Edna Mercedes. La discriminación de la Mujer en el campo laboral y su

regulación por parte de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Junio de 2006. 82 páginas.

Los patronos son los únicos que tienen la facultad de elegir calidades, habilidades o destrezas que los trabajadores deben poseer para lograr objetivos propios. A tal grado que a los trabajadores aspirantes se les exigen requisitos exagerados, injustos, ilegales y discriminatorios que contravienen las disposiciones legales laborales vigentes en el país. Los requisitos en caso de las mujeres son edad, soltería, no embarazo, religión, etc. El trabajo de campo presentado es una encuesta dirigida a mujeres que trabajan en diferentes actividades en Colonia Residenciales Petapa II, en el Municipio de San Miguel Petapa, Depto. de Guatemala. Recomienda que el

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gobierno impulse planes que informen a las mujeres sobre sus derechos y obligaciones consignadas en las leyes nacionales y en los convenios internacionales, específicamente con la OIT. Que ellas tengan acceso a las instituciones públicas especializadas en atención a la violación de los derechos establecidos en la Constitución Política de guate, el Código de trabajo y la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer de la OIT. Que sepan que esas conductas atenta contra las libertades de las mujeres o bien las dejan des protegidas frente a delitos de agresión o discriminación. En proceso al 30 de septiembre de 2007 Lemus Peralta, Astrid Johana. El Estado como garante de la vida y la seguridad de las mujeres a través de la prevención y control de la criminalidad con arma de fuego en el municipio de Cobán, Alta Verapaz. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre de 2007. 82 páginas. Se examina el deber del Estado de velar por la tranquilidad individual y colectiva por medio de la aplicación de controles de criminalidad con arma de fuego; se examina el cumplimiento de esta función en el caso de este municipio, donde se muestra los efectos de la falta una política de seguridad ciudadana. Se recomienda estructurar una política de seguridad y criminal que contengan políticas y acciones para enfrentar y prevenir diversos tipos de amenazas, para lo cual las instituciones necesitan equipo y técnico y operativo, que conozcan las leyes y tengan responsabilidad, eficiencia y profesionalismo.

Derechos de los pueblos indígenas

2001

212) Fuentes Chin, Karina Zaydé. Evolución y reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas: el papel del Estado guatemalteco (1982-1999). Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Octubre de 2001, 91 páginas.

En las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado, los derechos de los pueblos indígenas han surgido como una importante dimensión en el derecho internacional sobre derechos humanos. Es importante revisar cómo el Estado, como conjunto que sintetiza la vida social, determina la situación de las poblaciones indígenas en las cuales se ha permitido y perpetuado la discriminación y dominación en todo el conjunto nacional y sólo en años recientes se ha dado un cambio paulatino en algunas legislaciones. Los pueblos indígenas están activando múltiples procesos de reconstitución como pueblo maya. Es necesario crear un marco jurídico y político para que puedan accionar en libertad, con autonomía y respeto a la diversidad cultural. 213) Cumatz Pecher, Carlos. Los organismos internacionales y la protección de los

derechos de los pueblos indígenas de Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Escuela de Ciencias Políticas. USAC. Biblioteca Central, USAC Julio de 2001, 72 páginas.

Se revisan las principales acciones que realizaron en esa época diferentes actores internacionales actuando en el contexto guatemalteco, enfocándose en los organismos especializados de la OEA y de ONU, incluyendo la OIT. Se hace un recorrido histórico de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, se revisan los instrumentos internacionales de protección indígenas de Guatemala, partiendo de que los actores internacionales son determinantes en dichas acciones.

2002

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214) Jocholá Tujal, María Magdalena. Cumplimiento del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en materia legislativa a partir de 1995 a 1999. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Julio de 2002, 58 páginas.

El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas se firmó el 31 de marzo de 1995. El Estado guatemalteco reconoce que a raíz de su historia, conquista, colonización, desplazamientos y migraciones, la nación guate. tiene un carácter multiétnico, multilingúe y pluricultural. Analiza los compromisos adquiridos por el gobierno, en cuanto a emitir, derogar y modificar leyes a fin de darle cumplimiento al Acuerdo. Los Acuerdos de Paz constituyen un marco excepcional para que el Estado guatemalteco transite de una realidad autoritaria, excluyente, monocultural y opresiva hacia un Estado plural, democrático, intercultural e incluyente. Las leyes emitidas por el Organismo Legislativo de 1995-99 no responden a plenitud los compromisos adquiridos por el gobierno. Las organizaciones indígenas han planteado, a través de las Comisiones Paritarias, propuestas de iniciativas de ley en los diferentes temas que abarca el Acuerdo, las que hasta el momento no han sido tomadas en cuenta por el legislativo. Recomienda que los pueblos no abandonen la lucha y sigan presentando propuesta a la vez que se buscan los mecanismos de escucha. Los resultados adversos de la Consulta Popular, en cuanto a la reforma política, representa un duro golpe al proceso de paz, a la identidad y a los derechos de los pueblos indígenas. 215) Medina Ortiz, Romeo Estuardo. Estudio social y jurídico sobre la discriminación racial

como violación de los Derechos Humanos en la ciudad de Chimaltenango. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Mayo de 2002, 101 páginas.

Estudio de las principales leyes que conforman el Derecho Internacional y el guatemalteco sobre derechos humanos y los pueblos indígenas. Con base en una encuesta a ladinos del departamento de Chimaltenango. Análisis de los temas de discriminación y racismo en el área cackchiquel. Algunos líderes de las organizaciones mayas y algunos intelectuales indígenas, como actores políticos y de conciencia, han propiciado una reacción antiladina (racismo al revés) que viene a complicar más el panorama social del país. Recomienda que el Estado asigne parte del presupuesto nacional para impulsar una campaña masiva de concientización sobre derechos humanos en general, y sobre los derechos de los pueblos indígenas, dándole mayor énfasis a los derechos de igualdad y dignidad de todos los habitantes del país. Que el Ministerio de Educación Pública implemente la asignatura de Derechos Humanos en Primaria, Básicos y Diversificado 2004

216) Tut Quim, Ervin Orlando. Los Artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo (sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes) en el Municipio de Fray Bartolomé de las Casas, Departamento de Alta Verapaz y el conflicto de su aplicabilidad con relación al orden jurídico nacional. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Abril de 2004, 66 páginas.

La investigación tiene por objeto que los operadores de justicia tomen conciencia de la importancia de aplicar el Convenio 169 de la OIT, como alternativa legal para resolver conflictos dentro de las poblaciones indígenas. Al no ser aplicado se violan los derechos humanos fundamentales. Con la aplicación del Convenio, la mayoría de la población, tendrá acceso a la justicia de manera pronta y cumplida sin mayores formalismos, teniendo como base el diálogo, consulta, consenso, características del Derecho Indígena. Es necesario un cambio de actitud entre los operadores de justicia y otros sujetos inmersos en el sistema de legalidad, planteando el Convenio como alternativa jurídica moderna para la resolución de conflictos.

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2005

217) Hernández Sanic, Eluvia. Los pueblos indígenas en el ámbito de la organización de los Estados Americanos: El Proyecto de Declaración Americana sobre derechos de los pueblos indígenas. Tesis de Licenciatura. Escuela de Ciencias Políticas. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Junio de 2005, 155 páginas.

El Proyecto es un aporte y complemento al Derecho Internacional. Puede contribuir a reducir la contradicción, la polarización social, los levantamientos indígenas y en algunos países aportará a la gobernabilidad democrática. La OEA debe seguir con el mismo interés en la consolidación y creación de mecanismos idóneos, efectivos y transparentes para la participación activa y propositiva de los representantes de los pueblos indígenas y Estados para lograr una legítima y respaldada Declaración. Seguir proponiendo mecanismos de explicación profunda de argumentos para llegar a la comprensión de los intereses de los pueblos indígenas en cuanto a la propuesta sobre Libre determinación, Tierra y Territorios. Impulsar diálogos entre las partes. 2006 218) España Pinetta, Héctor David. “Incorporación del Derecho Indígena, al Sistema Jurídico

Nacional”. IDHUSAC. Junio de 2006, 59 páginas El derecho indígena reviste una especial importancia aunque ha sido tratado de manera marginal por las autoridades judiciales. Plantea que el tema indígena en torno a la incorporación al sistema jurídico nacional, es y debe ser un esfuerzo de todos, partiendo del Organismo Legislativo para que impulse mejoras y el respeto a la multi-cultura indígena, tomando en cuenta su práctica tradicional e incorporarla al sistema jurídico vigente. Interpreta las diferentes prácticas regionales en las que se aplica el Derecho Consuetudinario en forma tradicional que a la fecha han conformado los sistemas jurídicos K’iché, Ixil, Pocomchí y Mam, caracterizándose como un sistema desarrollado. El estudio presenta los antecedentes, características y aspectos fundamentales del Derecho Indígena y realiza un reconocimiento de la diferencia cultural y la dificultad de incorporar el derecho consuetudinario al sistema jurídico nacional. Indica en sus conclusiones que el andamiaje jurídico fue destruido por la conquista y en este proceso contribuyó a la evangelización mediante la prohibición de las prácticas y creencias ancestrales. Destaca la dificultad que existe para proceder a la incorporación del Derecho Indígena al Derecho vigente, para lo cual recomienda la formación de una comisión a nivel nacional. 219) IDHUSAC/DEMA. Implementación del Derecho de los Pueblos Indígenas en el sistema

Jurídico Oficial. Formando y sensibilizando para la construcción de ciudadanía. Programa Plurianual Democracia y Derechos Humanos de América Central, Guatemala (PPDDHAC). S/f

Se parte de que el derecho de los pueblos mayas, fundamentado en la costumbre jurídica, es todo un sistema de justicia, tomando también como punto de partida lo establecido en la propia Constitución 58 y 66, y 169. Se basó en la búsqueda de la externalización de criterio sobre la viabilidad de la implementación del derecho indígena, por parte de juristas que en la práctica diaria forman parte de la estructura del sistema de justicia. Se entrevistó a profesionales del derecho en una muestra cuyo tamaño se estableció de conformidad con el número de colegiados activos: 49% mujeres, 51 % hombres. Se arriba a diversas conclusiones, entre las que se destaca el hecho de que hay una apreciación dividida a partes iguales sobre si las partes deben estar de acuerdo con que se les aplique el derecho indígena para resolver un conflicto, mientras que en cuanto a la designación de un juzgado local con facultad de homologar (80% que no y 20% que sí). También hay opiniones divididas sobre la implementación del derecho indígena y se presentan algunas recomendaciones, como crear cámaras de asuntos indígenas en al CSJ y establecer juzgados con jurisdicción para derecho indígena y reconocimiento de sus autoridades

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Derechos de las personas con discapacidad 2004

220) Mejía Arriaza, Emma Consuelo. Falta de regulación legal en la propiedad horizontal que limita el derecho de movilidad de las personas con discapacidad. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Abril de 2004, 60 páginas.

Destaca el derecho que tienen las personas con discapacidad de poder desenvolverse cómoda e integralmente en la sociedad. De ahí su derecho al acceso a los diferentes espacios de las construcciones de edificaciones de concurrencia pública, medios de transporte, en su hogar u oficina proponiendo la reforma al Decreto Ley 106, del Código civil. 221) Alfaro Contreras, Nilrro Mercedes. La inserción profesional en el campo laboral de las

personas discapacitadas no videntes. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Marzo de 2004, 83 páginas.

No obstante que la Constitución Política de la República, promulga que en Guatemala todos los seres humanos son iguales en derechos y obligaciones, gran porcentaje de la población profesional no vidente y-o con deficiencia visual enfrentan problemas de desempleo y discriminación. Además la Organización Internacional del Trabajo OIT señala que las personas con discapacidades deben tener acceso y oportunidad en el campo laboral con las mismas condiciones que el resto de los trabajadores. Es necesario establecer la desprotección de este sector en el marco de la legislación laboral guatemalteca. 2006 222) Quan Chan, Silvia Judith. El derecho humano de las personas con discapacidad al

transporte público. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre de 2006, 97 páginas.

Se trató de determinar si el Estado de Guatemala garantiza el derecho que tienen las personas con discapacidad al transporte público. Se hizo un análisis del marco jurídico nacional e internacional de protección de los derechos humanos, y se aplicó una entrevista semiestructurada a varios expertos y expertas que actualmente se encuentran trabajando en el área de la investigación. Se determinó que en el ámbito nacional, no se cuenta con muchos instrumentos, apenas con la Constitución Política de la República y con una ley específica en la materia, no existiendo normativa que regule la prestación del transporte público que incluya disposiciones específicas de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Se logró llegar a la conclusión que en Guatemala no se cuenta con las condiciones jurídicas, administrativas, sociales ni políticas necesarias para lograr una efectiva aplicación de las distintas normativas existentes relativas a los derechos de las personas con discapacidad, en particular aquélla que regule que la accesibilidad al transporte. Las recomendaciones se dirigen a llenar estos vacíos legales, así como a crear las condiciones sociales y políticas para un fortalecimiento de la capacidad de incidencia y la participación social y política del movimiento de personas con discapacidad en el país.

Derechos del adulto mayor 2004 223) Guerra Itzol, Mario Fernando. Principales causas sociológicas y jurídicas de la violencia

intrafamiliar contra el adulto mayor, en el Municipio de Antigua Guatemala del Departamento de Sacatepéquez. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Mayo de 2004, 57 páginas.

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Las principales causas sociológicas de la violencia intrafamiliar contra las personas de tercera edad (de 60 años en adelante) son aislamiento, entorno inapropiado, delegación de tareas domésticas recargadas, falta de comunicación entre familiares. Las causas jurídicas son los malos tratos, lesiones, hurto, robo, estafa, despojo, usurpación, negación de atención, alimentación y habitación, homicidio, asesinato y parricidio. Generalmente estas acciones se cometen porque el anciano y la anciana carecen de una economía propia y por el vacío afectivo y desinterés familiar y social. El envejecimiento de la población que suponen un enorme progreso en el desarrollo de los pueblos, representa un importante reto en las políticas y sistemas públicos de bienestar social, para permitir que las personas mayores puedan seguir participando la mayor parte de tiempo posible en la sociedad y tener servicios asequibles, apropiados y ajustados a sus necesidades, no sólo en Antigua Guatemala, sino en todo el país.

Derechos de los migrantes 2006 224) García Saénz, Pablo César. El caso de los trabajadores guatemaltecos agrícolas

migrantes temporales en México y la falta de acciones de política exterior del gobierno de guatemalteco que contribuya al resguardo de sus derechos mínimos. Tesis de Licenciatura, Escuela de Ciencias Política, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Mayo 2006 , 74 páginas.

El grupo binacional México-Guatemala donde acuden funcionarios con competencia administrativa suficiente para producir actos con validez jurídica, el tema de los migrantes es relegado. En los grupos Ad-Hoc y Sub grupo que constituye el espacio propicio para discutir y negociar cuestiones de fondo respecto del mismo tema, no participan funcionarios con competencia para que las decisiones sean efectuadas inmediatamente, sólo asisten sub directores, jefes de departamento y asesores, quienes no cuentan con la capacidad de decisión para resolver los puntos determinantes. 2007 225) Pelaez “Derechos Humanos de los migrantes guatemaltecos indocumentados en

estados Unidos y los ofrecimientos hechos a las organizaciones de Migrantes por parte de los partidos políticos, en la contienda electoral 2007” IDHUSAC. 2007, 60 páginas

El estudio se refiere a la situación de los trabajadores migrantes y sus familias en Estados Unidos de Norte América, las violaciones a sus derechos humanos y la falta de voluntad política del Estado Guatemalteco para proteger a los connacionales, lo que evidencia una marginación y discriminación. Argumenta la necesidad de políticas de protección, asistencia y atención a la comunidad guatemalteca en el exterior. Recopila compromisos asumidos en materia de derechos humanos por parte de los partidos políticos que participan en la contienda electoral 2007 ante organizaciones de migrantes. Indica que los partidos políticos no cuentan con planes que en la práctica puedan resolver problemas de migración, debido a la ausencia de programas de gobierno; analiza las propuestas de los partidos políticos correspondientes al período 2008-2012. Documenta violaciones a derechos humanos de los migrantes desde la perspectiva de las organizaciones de migrantes.

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B. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 2002

226) Salazar Muñoz, Julio Santiago. El Tribunal Penal Internacional de Ruanda, como medio para la sanción a los infractores del Derecho Internacional Humanitario en ese país. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Mayo de 2002. 157 páginas.

Se efectúa un estudio jurídico del Tribunal Internacional Penal de Ruanda (TPIR), su organización, funciones, jurisdicción y competencia, actividades y procedimientos para juzgar a los sindicados de violaciones al derecho internacional humanitario y determinar el grado de efectividad que ha tenido desde la fecha de su implementación hasta la actualidad, analizando los elementos a favor y en contra. Se pretende contribuir a la comprensión actual de situaciones jurídicas nuevas y desconocidas en el país, en el ámbito del Derecho Internacional Público, con énfasis en la jurisdicción penal internacional, revisando la génesis del TPIR, sus cimientos, las organizaciones y normas jurídicas que precedieron y le impulsaron.

2003

227) Bustamante Tuchez, Vilma Corina. Aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario por medio de la Cruz Roja y el impacto social. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Noviembre de 2003, 124 páginas.

Revisa los orígenes, en distintas culturas, de lo que se denomina Derecho Internacional Humanitario así como sus funciones organizadora, preventiva y protectora así como los principales conceptos y principios de esta rama del Derecho Internacional Público, sus ámbitos de aplicabilidad, los bienes y personas protegidos, examinando también el lugar que ocupa el derecho consuetudinario en la legislación guatemalteca, en virtud de la cual habría ciertas normas de aplicación directa, en tanto otras no, como aquellas que permitirían el enjuiciamiento de responsables de crímenes internacionales que requerirían figurar en el ordenamiento jurídico interno. Se aborda también la naturaleza y quehacer del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y se presentan 15 conclusiones y 6 recomendaciones, entre ellas que la Oficina Regional del CICR ubicada en Guatemala promueva el conocimiento del DIH. 228) Giordano Mazariegos, Michele Paolo. Personas y objetos que protege el derecho

internacional humanitario. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Septiembre de 2003, 209 páginas.

Es una investigación bibliográfica en la que se analiza el ámbito material de aplicación del Derecho Internacional Humanitario, centrándose en las personas y objetos protegidos. Se revisa el origen y evolución del DIH, los principios que lo sustentan, los principios que comparte con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los principios aplicables a las víctimas de los conflictos (derecho de Ginebra): neutralidad, normalidad y protección, y los principios del derecho de la guerra: ratione personal, ratione loci y ratione conditionis, las convergencias y divergencias entre el DIDH y el DIH, afirmando la complementariedad de estas ramos del Derecho Internacional Público, y las personas y objetos que se protegen. Se recomienda la divulgación de las normas del DIH, que no se regulen nuevas categorías específicas de personas protegidas sino se fomenten y apliquen las normas relativas a las categorías existentes, que se traduzcan a los idiomas mayas las normas del DIH y que se incluya el tema en todos los niveles educativos en Guatemala.

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229) Búcaro Flores, Mario Adolfo. Violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario cometidas en la aldea Chacalté, municipio de San Gaspar Chajul del departamento de El Quiché de la República de Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Febrero de 2003, 89 páginas.

Investigación histórico jurídica (descriptiva) que da seguimiento de la institución jurídica del Derecho Internacional Humanitario desde sus orígenes hasta el presente, rastreando legislaciones, doctrina, hechos históricos y jurídicos de carácter nacional y extranjero, así como la protección jurídica hacia ciertas categorías de víctimas. Se determinan las normas de Derecho Internacional Humanitario que fueron violadas por los miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres (E.G.P.) pertenecientes al Frente “Ho Chi Minh” de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (U.R.N.G.), en la Masacre de la aldea Chacalté del municipio de San Gaspar Chajul del departamento de El Quiché, ocurrida el día 12 de junio de 1,982. Se formulan varias recomendaciones, entre ellas que la U.R.N.G. aclare todas las muertes y desapariciones de las que fue responsable en el conflicto armado interno, que de información a los familiares sobre lo sucedido y facilitar la búsqueda y el encuentro de las víctimas, que se reconozca públicamente los errores propios, colaborando así en la reconstrucción social de la postguerra; que el Estado de Guatemala tome las medidas necesarias para que se incorporen plenamente las normas del Derecho Internacional Humanitario a la legislación nacional y, realizando las reformas necesarias al Código Penal para incorporar los delitos denominados "Crímenes de Guerra", que se indemnize tanto moral como económicamente a las víctimas de esta masacre y que se juzgue a los autores intelectuales y materiales del hecho.

2005

230) Asturias Ruiz, Carlos Rafael. Análisis respecto a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y su Destrucción. El caso de Nicaragua. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Septiembre de 2005, 139 páginas.

Se examina cómo Nicaragua representa un modelo de legislación para los Estados que quieran implementar esta convención, conocida como el Tratado de Ottawa. Las minas antipersonal son un problema a largo plazo; sin embargo a pesar de que Nicaragua hizo un gran esfuerzo que concierne la supervisión de campos minados, así como el mapeo y la limpieza de las minas y lo que se refiere a la rehabilitación de las víctimas de las minas antipersonal, éstas siguen mutilando a personas año con año, independientemente del progreso sustancial llevado a cabo para reducir su impacto. Las medidas de implementación del Tratado de Ottawa en Nicaragua están salvando vidas y coadyuvan a reducir el daño económico efectuado por las minas antipersonal; sin embargo hay todavía mucho trabajo y compromiso necesario para asegurar la adhesión universal del tratado, en tanto que tomará décadas para limpiar las minas sembradas.

231) Pineda Reyes, Claudia María. Análisis sobre la normativa del Derecho Internacional Humanitario referente a los prisioneros de guerra en un conflicto armado internacional. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Octubre de 2005. 210 páginas.

Analiza el Derecho Internacional Humanitario que tiene como uno de sus objetivos primordiales la protección de las víctimas de los conflictos armados, entre ellas a los prisioneros de guerra, cuya reglamentación parte de la idea de que el cautiverio no tiene carácter represivo, sino que constituye una medida de precaución para que el prisionero no se integre nuevamente a las fuerzas armadas de su país. Se presentan cuadros de cotejo con el objeto de analizar los derechos de los prisioneros de guerra contenidos en el Convenio III de Ginebra de 1949, el Protocolo Adicional I de 1977 y el Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre de La Haya del 18 de octubre de 1907, a raíz de los conflictos armados de carácter internacional.

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232) Polo Juárez, Pedro Ramón. Actuación de la Organización de las Naciones Unidas en la no aplicación del derecho internacional humanitario dentro del conflicto armado interno guatemalteco. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Agosto de 2005, 62 páginas.

Durante el conflicto armado no se respetó los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados en materia de Derecho Internacional Humanitario por el gobierno guatemalteco. La ONU tuvo responsabilidad en la violación de los derechos humanos de los guatemaltecos por su intrascendente intervención. En otros conflictos armados internos de otros Estados la intervención de la ONU fue exitosa, encontrando y sancionando a los responsables de las violaciones de las normas del derecho internacional humanitario con penas ejemplares como sucedió en la ex Yugoslavia y Rwanda. Después de la firma de la paz, la ONU no ha cumplido en su totalidad con las obligaciones que adquirió. Los programas de capacitación para maestros de las áreas rurales son medida preventiva para evitar otro conflicto, pero no para eliminar las secuelas que este dejó. Es necesario individualizar a los responsables en las violaciones de los convenios y tratados internacionales ratificados por el estado de Guatemala en referencia con el Derecho Internacional Humanitario y sancionarlos haciendo valer el marco jurídico vigente. 2006

233) Dávila Figueroa, Roberto Emilio. Análisis del Proyecto de la Declaración de Turku, sobre Normas Humanitarias Mínimas en Casos de Violencia Interna, Disturbios, Tensiones y Emergencias Públicas y su Posible Aplicabilidad en la Ley de Orden Público Nacional. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Noviembre de 2006. 95 páginas.

Se ha argumentado que esta declaración no responde a la realidad actual del país; sin embargo, el autor, tras analizar dicha declaración, la CPRG y la Ley de Orden Público, sostiene que no es problemático incluir en esta ley el listado de derechos que se ven restringidos en tales situaciones y que son propuestos en el proyecto de Declaración de Turku, dado que los tratados internacionales no ofrecen la protección necesaria a las personas en estas circunstancias, que no pueden ser catalogadas como conflictos armados. Argumenta que la Ley de Orden Público, que es incongruente con la CPRG, no debe contener sólo una lista interminable de restricciones sino medidas para garantizar los derechos de las personas. Se propone crear una nueva ley en esta materia, capacitar a los funcionarios encargadas de hacerla cumplir en sus obligaciones y derechos e informar a la sociedad de los derechos que en no pueden ser restringidos por la implementación de un Estado de Excepción. 234) Elizondo, Rita María. El papel del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media

Luna Roja en el Derecho Internacional Humanitario. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Septiembre de 2006, 82 páginas.

Se analiza el papel que juega el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja con respecto al Derecho Internacional Humanitario. Se indica que el Movimiento está formado por las Sociedades Nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y que teniendo cada uno de los componentes distintas actividades, todos están, unidos por los principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. El CICR tiene responsabilidades que nacen de sus propios estatutos hacia el movimiento, como ser responsable en asegurar el respeto y promover el conocimiento de los principios fundamentales, así como de reconocer a las nuevas sociedades nacionales de Cruz Roja, la Media Luna Roja o del Cristal Rojo que cuenten con las condiciones de reconocimiento respectivo. 235) España Osorio, Sayda Rebeca. Medidas legales que debe adoptar el Estado de

Guatemala para el cumplimiento de los Convenios de Ginebra de 1949. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Marzo de 2006, 92 páginas.

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Guatemala ratificó los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales I y II, que contienen normas de Derecho Internacional Humanitario, y que son tratados heteroaplicativos, que necesitan aplicación de medidas legales para ser eficaces dentro del ordenamiento jurídico del Estado. La tesis realiza una comparación entre el contenido de las normas internas y las medidas en mención con el objetivo de establecer lo que falta al Estado para cumplir las obligaciones convencionalmente contraídas. Se concluye, entre otras cosas, que el Código Penal no contiene de manera concreta normas que hagan referencia al DIH y que las normas que tienen relación con infracciones graves al DIH se encuentran dispersas y no responden al mandato de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, lo que conlleva la recomendación de reformarlo; que la información que maneja el Comité Internacional de la Cruz Roja respecto de las medidas legales llevadas a cabo por el Estado de Guatemala para el cumplimiento de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, no tiene concordancia con la manejada por los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores, en cuanto al avance en la aplicación de las medidas en cuestión, lo que requiere elaborar un plan de trabajo conjunto, y que la Comisión Nacional Para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario no ha sido elemento activo dentro de las actividades que ha llevado a cabo el CICR para la difusión del DIH, por lo que debe fortalecerse.

236) De León Duque, Jorge. Protección a los prisioneros de guerra en el derecho internacional humanitario. El caso de Abu Grhaib. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre de 2006, 77 páginas.

En los recientes conflictos armados de carácter internacional se trata de forma cruel e inhumana a los prisioneros de guerra, irrespetando sus derechos humanos fundamentales y violando la normativa de carácter internacional que les ampara y que son de cumplimiento obligatorio para los estados contratantes. Se debe exigir el irrestricto cumplimiento de estas normas, ya que, a pesar de haber sido creadas para proteger a los prisioneros de guerra, no se respetan. Se analiza el Tercer Convenio de Ginebra, el Protocolo I Adicional, el Estatuto de Roma y la situación de los prisioneros de guerra en Irak. Con base en lo anterior, se tiene como resultado el objetivo que consiste en establecer de qué manera los instrumentos de carácter internacional, prevén la protección a los prisioneros de guerra y su cumplimiento en casos de conflicto armado de carácter internacional y su relación con el caso de Abu Ghraib, una prisión iraquí, donde los prisioneros sufrieron diversos vejámenes, lo que se impuso a los soldados estadounidenses penas que no correspondían a la gravedad de los crímenes cometidos.

237) Preti Valenzuela, Carmen Lucía. La protección del ambiente en el Derecho Internacional Humanitario. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. 2005, 171 páginas.

La investigación analiza los tratados internacionales que protegen al ambiente en tiempos de conflicto armado, partiendo de que en décadas recientes, varios conflictos armados han causado serias amenazas al ambiente, incluyendo contaminación química prolongada en la tierra, contaminación marítima y atmosférica, instalación de minas y otros artefactos peligrosos, amenazas al suministro de agua y a otros suministros necesarios para la supervivencia humana. Las consecuencias han afectado no solo a beligerantes, sino también a civiles y a Estados neutros; y algunas veces han continuado tiempo después de concluido el conflicto armado. La importancia vital que tiene para la Humanidad proteger el ambiente, así como la acción decisiva de numerosos organismos especializados, ha llevado, con los años, a la aprobación de una importante reglamentación jurídica de las cuestiones relativas a la protección y a la preservación del ambiente. La inclusión, en los trabajos más recientes de codificación del derecho internacional humanitario, de las cuestiones relacionadas con la protección del ambiente era lógica teniendo en cuenta los graves daños que algunos métodos o medios de guerra modernos causan a éste.

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Corte Penal Internacional 2001 238) Guzmán Godínez de Zúñiga, Amada Victoria. La Corte Penal Internacional. Tesis de

Maestría en Derecho Penal, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. Julio de 2001, 431 páginas, incluyendo anexos.

Se examina el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción contenciosa se limita a los Estados, tiene la capacidad jurídica para procesar individuos, sin limitaciones geográficas o temporales, como ha sucedido con los tribunales creados por el Consejo de Seguridad para Ruanda y ex Yugoslavia. Se examinan los crímenes de guerra, los antecedentes históricos de los Tribunales Penales Internacionales, los crímenes contra la humanidad, funcionamiento y competencia de la CPI, los delitos de trascendencia internacional contenidos en la legislación guatemalteca, incluyendo el genocidio, estableciéndose, por medio de trabajo de campo realizado en tribunales de Primera Instancia y de Sentencia ubicados en la ciudad de Guatemala y varios departamentos del país, que a la fecha no se había dictado sentencias por delitos regulados en el Código Penal como Delitos de Trascendencia Internacional. Se formulan 30 conclusiones y se recomienda que se promueva el conocimiento de la CPI, que el Estado ratifique el Estatuto de Roma que crea un sistema de justicia penal internacional, que estos temas se incorporen al estudio del derecho penal y que legisle en forma taxativa el principio de jurisdicción universal, reformando el Código Penal. 2002 239) De la Cruz Recinos, Ana Rocío. Los crímenes de guerra enmarcados dentro del Estatuto

de Roma de la Corte Penal Internacional: violencia sexual. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Noviembre de 2002. 150 páginas.

Se hace referencia a la relación de las normas del DIH con aquellas que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estableciendo sus elementos compartidos, sus diferencias y la complementariedad de ambos sistemas del Derecho Internacional; se hace un análisis sobre los crímenes de guerra enmarcados dentro del Estatuto, enfocándose en aquellos que tienen como bien jurídico tutelado la seguridad sexual de las víctimas de los crímenes en los conflictos armados. Se indica que la aprobación del Estatuto de Roma marca un verdadero hito en la historia, ya que podrán ser juzgados crímenes como la violación, prostitución forzada y embarazo forzado, y de los cuales son objeto las mujeres en los conflictos armados, siendo las víctimas más fuertemente afectadas, de crímenes. Todo ello es resultado del movimiento en favor del reconocimiento de la igualdad de derechos de las mujeres.

2003 240) Sian Chávez, Olivia. La obligación moral y jurídica de la República de Guatemala de ser

Estado Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Mayo de 2003, 97 páginas.

Se hace un análisis del Estatuto de Roma, su historia, los crímenes de lesa humanidad que juzga, su tramitación, sentencia y ejecución, revisando la formación de tribunales ad-hoc en el contexto de la I y II Guerra Mundial así como la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad a petición del Presidente Alfonso Portillo, que estableció que no había inconstitucionalidad si el Estado de Guatemala decidía adherirse al Estatuto de Roma.

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2006 241) Chávez Chutá, Anselmo Manuel. La inexistencia de mecanismos de defensa contra los

delitos de Lesa Humanidad. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Marzo 2006 75 p.

Los delitos de lesa humanidad son los cometidos contra población civil, en los casos establecidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que es sujeto pasivo la humanidad ofendiendo a la Comunidad Internacional, porque hieren o lesionan la conciencia colectiva causando gran impacto que trasciende las fronteras del país, por lo que se vuelve un delito internacional, competencia de la Corte Penal Internacional. Durante el conflicto armado los órganos encargados de administrar justicia se sometieron al Organismo Ejecutivo, permitiendo la impunidad de los delitos de lesa humanidad. No existe ningún obstáculo jurídico que impida al Estado guatemalteco la ratificación del Estatuto de Roma. Es urgente para que, sin reserva alguna, sea aplicado por los órganos responsables de administrar justicia lo hagan pronto y con eficacia

242) Ajcam Leal, Lilian Patricia y Manuel Geovanni Vásquez Vicente. Las implicaciones jurídicas de suscribir acuerdos bilaterales de inmunidad entre Estados Unidos de América y los Estados latinoamericanos que son parte del Estatuto de Roma. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre 2006, 107 páginas.

En la investigación se analizan el Estatuto de Roma que establece la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, los Acuerdos Bilaterales de Inmunidad que han sido suscritos por los Estados Latinoamericanos que ya eran parte del Estatuto de Roma, revisando los estudios realizados por tratadistas internacionales con relación a los conflictos que surjan entre estas normativas de carácter internacional y las opiniones de los opositores que luchan para que no se frustre el Tratado de la CPI, sin el cual se legitima la impunidad. Se concluye que la Corte Penal Internacional debe afrontar desafíos de carácter político y jurídico, que hay un conflicto de tratados internacionales, que puede resolverse tomando en cuenta que los tratados de derechos humanos establecen obligaciones erga omnes, a diferencia de los Acuerdos Bilaterales que únicamente protege a los ciudadanos norteamericanos, por lo que en una legislación de implementación en el futuro, así como en la política exterior en el presente, se debe rechazar acuerdos que limiten la jurisdicción eficaz de la Corte y propicie la impunidad es contrario a los fines del Estatuto y por tal razón contraria a la Independencia Judicial de cada Estado. Se formulan numerosas recomendaciones para los Estados latinoamericanos y, en el caso de Guatemala, se indica que para una efectiva cooperación con la CPI, es imprescindible regular la obligación que recae en la Policía Nacional Civil, Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, así mismo brindar todo tipo de colaboración que requiera el Fiscal de la Corte Penal Internacional cuando éste lleve a cabo una investigación. 2005

243) Velásquez Villagrán, Yoli Gabriela. Análisis de los conflictos armados de carácter interno y su enunciación en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Octubre de 2005, 112 páginas.

La investigación se ocupa de la forma en que los delitos de genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad se encuentran regulados en el Estatuto de Roma; se revisan los antecedentes históricos, el surgimiento del Derecho Internacional Humanitario y sus diferentes instrumentos internacionales, hasta desembocar específicamente en el Estatuto de Roma, haciéndose énfasis en el Artículo 8.2. Como importante antecedente también se tratan los tribunales ad hoc que han conocido delitos cometidos en conflictos armados de carácter interno. Se parte de que en siglo XX los conflictos armados de carácter interno adquirieron magnitudes desproporcionadas y de que, exceptuando las dos Guerras Mundiales, fue este tipo de hostilidades las que produjeron la mayor

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cantidad de víctimas, sin que en muchos casos fueran efectivamente juzgados los responsables de los crímenes cometidos durante los mismos, anotando que a pesar de la aprobación en 1949 de los Convenios de Ginebra, y específicamente lo regulado en su Artículo 3 común, hasta antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no existía un cuerpo que regulara integralmente y de forma pormenorizada este tipo de crímenes.

Genocidio 2003 244) Toledo Castañeda, Soria. La impunidad de los delitos de genocidio, las teorías

internacionales y el caso de Guatemala. Maestría en Derecho Penal. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Postgrado. Junio de 2003, 450 páginas.

Se parte de que a pesar de que el genocidio es un delito contemplado en el Código Penal, en el Capítulo IV, referido a los delitos de trascendencia internacional, ha quedado en impunidad en Guatemala, por lo que se ha tramitado una demanda ante la Audiencia Nacional de España. Se aborda en sendos capítulos los crímenes de lesa humanidad, el delito de genocidio, el concepto de inmunidad, la extradición, la ley procesal española, el caso de Chile, el principio de justicia o jurisdicción universal, la corte penal internacional y el caso de Guatemala. Se entrevistó a jueces de Primera Instancia, Fiscales y abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal y abofados litigantes. Se concluyó, entre otras cosas, que el caso de Pinochet significó un salto cualitativo en la protección jurisdiccional de los derechos humanos y que en Guatemala no han sido juzgados los responsables de delito de genocidio porque algunos de ellos están en el poder y otros tienen poder económico; se recomienda que se ratifique el Estatuto de Roma y que en Guatemala se juzgue el delito de genocidio y se condene a los responsables.

2004 245) Valdés Rodas, Irma Jeannette. Criterios para una mejor aplicación del delito de

genocidio. Tesis de Maestría en Derecho Penal, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. Marzo de 2004, 153 páginas más anexos.

Se examina la eficiencia de la norma penal ante el delito de genocidio, para determinar si la pena cumple o no con su finalidad social. Se analiza cada uno de los elementos de los delitos: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad relacionados con el delito de genocidio y la noción de autoría, sus clases y teorías que la sustentan; se aborda brevemente el conflicto armado en Guatemala, el delito de genocidio en el derecho internacional y en el derecho comparado, la importancia de los tribunales penales internacionales, para exponer al final los criterios para una mejor aplicación del delito de genocidio, todo ello con base en investigación bibliográfica y entrevistas realizadas entre jueces, fiscales, abogados litigantes y estudiantes de derecho. Se concluye, entre otras cosas, que entre 1996 y 2001 solamente se había registrado 31 procesos por delito de genocidio, que se necesitaba la creación de un tipo penal específico para garantizar la participación y protección de los sujetos procesales, y que el derecho de antejuicio contribuye a la impunidad. Se recomienda promover cambios constitucionales para que no proceda el derecho de antejuicio cuando los funcionarios públicos sean acusados de delitos como el de genocidio, que se cree un tipo penal que proteja a los afectados, que el Ministerio Público aplique la Ley de Protección de Testigos, que se formulen acusaciones objetivas con base en la teoría de la autoría mediata, que se reforme la pena regulada en el ordenamiento punitivo para el delito de genocidio en forma proporcional a cada uno de los presupuestos que contempla.

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2006

246) Lara Grazioso, Ana Cecilia. Análisis de los instrumentos internacionales concernientes

al genocidio. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Octubre de 2006, 144 páginas.

Se analiza, desde la perspectiva del Derecho Internacional, el delito de Genocidio y los distintos instrumentos internacionales que regulan este delito, que es importante dentro de los crímenes de lesa humanidad, abordándolo en el marco del conflicto armado guatemalteco. Se trata de una investigación de tipo jurídica comparativa, donde se establece que en Guatemala hubo genocidio, aunque no se haya creado tribunales Ad Hoc como ocurrió en otros países. Se concluye que el Estado de Guatemala debe de dar mayor información sobre el delito de Genocidio; que se deben crear instrumentos de gestión en el campo de la política y de las fuerzas armadas con un «punto de ruptura internacional» que se debe definir de acuerdo con el derecho internacional; que la desobediencia legal de una orden delictiva se debe convertir en un elemento del derecho internacional; que es necesario poner ya a la disposición de las autoridades judiciales a quienes les resulte presunta responsabilidad por este crimen de Estado y que acabar con los crímenes de lesa humanidad pasa por el fin de las impunidades, por lo que la mejor manera de prevenir los genocidios es juzgar a los responsables de ese hecho criminal, procurar su castigo de conformidad con la ley.

Derechos de las víctimas 2001 247) Ortiz Samayoa, María José. Responsabilidad del Estado de Guatemala por no resarcir a

las víctimas del conflicto armado interno a partir de la firma de la paz. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Noviembre de 2001, 199 páginas.

El derecho a la reparación es un derecho fundamental de las víctimas, aunque el Estado de Guatemala ha pretendido negarlo y, en algunos casos, negociarlo, existiendo también una tendencia a confundirlo con obligaciones constitucionales de crear infraestructura o satisfacer las necesidades básicas de educación, vivienda o salud. Se define el alcance de este derecho en sentido amplio, brindando un apoyo teórico para su definición, mediante investigación bibliográfica y entrevistas a personas vinculadas con el tema, incluyendo una revisión de las secuelas del conflicto armado interno y las diversas experiencias de resarcimiento existentes al momento de elaborar la tesis así como las medidas de reparación institucionales, la responsabilidad del Estado como de la URNG a la luz del derecho internacional así como las acciones de las organizaciones de la sociedad civil en este campo. Se concluye, entre otras cosas, que el compromiso de resarcir a las víctimas del conflicto armado interno es un compromiso del Estado ante la población y ante la comunidad internacional, que no debe confundirse con sus obligaciones constitucionales, que la indemnización pecuniaria no es la única forma de reparación existente y que los mayores logros en este campo se deben a la sociedad civil, pues las acciones gubernamentales han sido limitadas por la falta de recursos y voluntad política. Se recomienda, entre otras cosas, la creación de un programa de resarcimiento, derogar la Ley de Reconciliación Nacional. 2003 248) Herrera Bejarano, David Estuardo. Reparación a las víctimas del conflicto armado

interno en Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Julio de 2003, 90 páginas.

A partir de que tanto el informe Guatemala Memoria del Silencio de la CEH como el informe Nunca Más del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI-,

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recomendaron la reparación del daño sufrido por las víctimas, se analiza los conceptos resarcimiento, reparación, compensación e indemnización, con una aproximación a las interpretaciones que en el ámbito internacional existen sobre el tema y los modos de resarcir. Se indica que el derecho a la verdad y el derecho a la justicia son parte del resarcimiento y por ello se examinan algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se recomienda, entre otros, la creación de un programa gubernamental de reparación. 249) ODHAG Camino a una vida digna. Elementos para un modelo de reparación

psicosocial 2003, 181 páginas. El objetivo fundamental de la investigación, fue la búsqueda de elementos que pudieran dar insumos a una propuesta de modelo integral de reparación psicosocial, que arrojara la experiencia genuina del trabajo de salud mental en las comunidades por parte de los Equipos Profesionales Locales EPL como los Promotores Voluntarios Comunitarios PVC a partir del manejo y abordaje de las diferentes teorías de la psicología y técnicas alternativas utilizadas en los grupos de autoayuda de las siete Diócesis que trabajan la salud mental. De manera que esta experiencia refleje elementos que puedan ser punto de partida, para la construcción de un modelo de Reparación Psicosocial en la Arquidiócesis de Guatemala y en las demás diócesis y vicariatos de Guatemala. Se trabajó durante un año y medio en: Arquidiócesis de Guatemala, Arquidiócesis de los Altos, Diócesis de San Marcos, de Zacapa, de Las Verapaces, El Quiché, Pastoral Social de Ixcán (El Quiché) y Vicariato de Petén. 250) Kobrack, Paul. Historia de una guerra. CEDFOG. Abril de 2003, 172 páginas.

Este libro, dirigido principalmente a la población huehueteca, es una contribución al estudio de la historia de este departamento, desde la experiencia de ex patrulleros, guerrilleros, refugiados. Se trata de explicar por qué tantos huehuetecos murieron en el conflicto y por qué murieron de una manera tan cruel. El libro persigue ser más accesible que los informes de REMHI y de la CEH, que desde luego son referencia, afirmando que la historia de Huehuetenango no es generalizable para el resto de Guatemala. El sociólogo estadounidense entrevistó a diversos actores de diferentes municipios de Huehuetenango, quienes contaron la historia de su comunidad e intentó entrevistar a oficiales del ejército, aunque pocos aceptaron, a fin de promover la reconciliación en Huehuetenango, particularmente en comunidades donde persisten problemas provocados por la guerra y la militarización. 2004 251) León Chic, Eduardo. Limpiemos nuestro corazón. Textos Ak´Kutan, No. 28. Guatemala

2004, 53 páginas, Se plantea el tema de la reconciliación desde lo vivido por el autor, indígena K'iche' su familia, y otras familias y desde la experiencia con otras personas, proceso en el que han aprovechado el hecho de que en toda cultura hay modos, formas y ritos para purificar la vida, para limpiar los caminos del corazón y para vivir en armonía con Dios, con las personas cercanas o lejanas a nosotros, con nuestros difuntos y con la madre naturaleza. Se indica que en la cultura K'iche', el que se confiesa ha de haber hecho antes un camino y un proceso largo y bien definido con la orientación de una anciana o anciano y que toda la familia ayuda en la preparación de la confesión o reconciliación K'iche', que está llena de signos y símbolos. 252) Del Valle Cóbar, Dora Ruth. El cambio en las estructuras de poder comunitarias en el

Municipio de Rabinal, Baja Verapaz como consecuencia de la violencia política. Maestría en Psicología Social y Violencia Política. Escuela de Ciencias Psicológicas, USAC. Febrero de 2004, 114 páginas.

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Rabinal es un ejemplo de lo que sucede en otras comunidades del país donde, en medio del dolor, se ven obligados a “convivir” las víctimas con los victimarios. Están presentes dos fuerzas de poder. Aquellas que reprimieron, negaron sus derechos a la población y quieren mantener las cosas como están –que podrían verse reflejadas en sujeto social que ejerce el poder y que está vinculado a los victimarios-, y las fuerzas de la comunidad que empujan a cambios profundos, que han perdido el miedo en el proceso de recuperación de la memoria y ejercen sus derechos en la búsqueda de reconstruir su tejido social y afirmarse como protagonistas de su propia historia –que podría asociarse al sujeto social víctimas y sobrevivientes-. Es una lucha por el control del poder donde, a pesar de la violencia ejercida por unos, se va imponiendo la razón de los otros. En términos de búsqueda de la justicia, Rabinal es uno de los pocos lugares del país donde se ha abierto juicios contra los victimarios, especialmente los responsables de la masacre de Río Negro. Recomienda que las comunidades conozcan las causas que motivaron la guerra y quienes fueron los responsables, para que puedan comprender por qué fueron víctimas. Para ello el magisterio tiene el compromiso ético. 253) Ponce Lacayo, María Elena. Efectos psicosociales en familiares de víctimas por la

violencia política en la Universidad de San Carlos de Guatemala durante el conflicto armado (1960-1996). Maestría en Psicología Social y Violencia Política. Escuela de Ciencias Psicológicas, USAC. Marzo de 2004, 110 páginas.

La USAC vivió un impacto psicosocial a través de la violencia política de la cual fue blanco estratégico. Durante el conflicto armado la USAC perdió valiosos recursos humanos e implantó en su interior la cultura del terror, promovió su deterioro académico y la pérdida de su papel crítico ante la sociedad guatemalteca. Como consecuencia de esta violencia, identifica el impacto psicosocial en las víctimas, ante las circunstancias de amenaza, el proceso de toma de decisión, los mecanismos psicológicos de adaptación, la incertidumbre al futuro, la desintegración familiar, el desempleo, al alcoholismo, las consideraciones sobre lo justo e injusto del castigo, el optimismo y el pesimismo sobre la manera de resolver la situación personal, la valoración del sacrificio, etc. Expone la interpretación de la violencia y un análisis de los efectos psicosociales a través de testimonios de las víctimas. Recomienda elaborar contenidos que expliquen y den cuenta de los significados de los conceptos de verdad, justicia, reparación, resarcimiento y reconciliación enriqueciéndolos desde la dimensión psicosocial. Es necesario el diseño de propuestas de seguimiento y soporte integral: social, legal, material, psicológico para los afectados, en una perspectiva de desarrollo. 254) González Barrios, José Mariano. La construcción del sujeto y la esperanza. Análisis de

tres textos surgidos del conflicto armado interno. Maestría en Psicología Social y Violencia Política. Escuela de Ciencias Psicológicas, USAC. Abril de 2004, 167 páginas.

Los textos literarios analizados son: “Los compañeros” de Marco Antonio Flores, “Los días de la selva” de Mario Payeras y “Mujeres en la alborada” de Yolanda Colom. Presenta el concepto de esperanza y lo desarrolla a partir de las categorías de espera y desesperación. En las obras analizadas le fue posible observar las diferencias que ilustran los procesos de construcción o frustración del sujeto y el mantenimiento de la esperanza o la desesperación. Son dos formas de contar: Flores caótica y contradictoria y Payeras y Colom más coherentes, con contradicciones, pero menos problemáticas y lo que es crucial, con visión de un proyecto compartido entre los personajes. La obra de Flores la ve como testimonio del fracaso y la pérdida de la esperanza. Es una obra dolorosa y amarga. En las de Payeras y Colom, contrariamente, narran una experiencia revolucionaria donde constantemente expresa los deseos por cambiar las injusticias. Cuentan de la esperanza que los anima, pensaban que cambiar el país es posible y necesario. El proyecto ético revolucionario es asumido con todas sus contradicciones y se mantiene 255) Bravo Soto, Mario Alfonso. Poder, violencia política y “adherencia al opresor”. Dinámica

psicosocial de la intolerancia, la exclusión y el divisionismo en organizaciones y protagonistas de la “izquierda revolucionaria” en Guatemala. Maestría en Psicología

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Social y Violencia Política. Escuela de Ciencias Psicológicas, USAC. Septiembre de 2004, 201 páginas.

Un conjunto de valoraciones críticas, aunque también propositivas, condensan y ratifican el conjunto de elementos que constituye la parte fenoménica de la adherencia al opresor, la cual desafortunadamente es la que caracteriza en buena medida a la “izquierda revolucionaria” en Guatemala. Es evidente que no se ha visibilizado y mucho menos internalizado las causas de orden psíquico y, por supuesto, psicosociales que intervienen en la aparición de la adherencia al opresor como un fenómeno recurrente. Esto lo hace más grave y complica aún más la posibilidad de resolverlo. Desde una percepción general, hay un alto grado de coincidencia en la ubicación de las causas de la división y la dispersión en la izquierda, resultado excepcionalmente diferente y esclarecedora la visión que proviene de mujeres militantes y feministas. Estas ubican las causas de la intolerancia, la exclusión, el divisionismo en la reproducción de una cultura patriarcal y racista en el seno de la “izquierda” que, por eso mismo, adjetivan también como patriarcal.

2005 256) ODHAG. Significado del Trabajo de Reparación Psicosocial. Abril de 2005, 199 páginas. El trabajo de investigación se desarrollo en cuatro contextos: Cobán, Guatemala, San Marcos y Zacapa. El modelo en que se basa el proyecto es: la sanación, el fortalecimiento y el desarrollo comunitario. En el ámbito nacional se ha producido un proceso acelerado de desmantelamiento del ya precario aparato estatal e igualmente de su economía. Lo que trae mayores condiciones de exclusión social y pobreza extrema, las cuales se constituyen en grandes obstáculos para la labor de reparación psicosocial, ya que esta situación va en dirección contraria a la dignificación de las personas y los colectivos que históricamente han padecido la injusticia social en el país. Debilita los esfuerzos por construir procesos de democratización y rearticulación del tejido social. Plantea lógicas perversas de reproducción social y económica basadas en el despojo, violencia, ilegalidad y corrupción, quebrando toda posibilidad de construir una ética solidaria y democrática. 2006 257) Reyes Castillo, Consuelo de Jesús. Efectos psicosociales y mecanismos de

afrontamiento de la migración forzada en familias desplazadas por el conflicto armado interno (Estudio de casos Tierra Nueva II) en 1980-1985. Maestría en Psicología Social y Violencia Política. Escuela de Ciencias Psicológicas, USAC. Julio de 2006, 150 páginas.

La consecuencia de la migración fue de carácter político y la militar. Las familias manifiestan que la violencia las afecto directamente, provoco la ruptura del tejido social debido al desplazamiento forzoso, rompiendo las relaciones que sustentaban la vida social, familiar e incluso personal. Las familias entrevistadas recordaron los hechos traumáticos que ocurrieron durante la época de la violencia, lo cual reactiva los sentimientos de miedo, tristeza, nostalgia, cólera e impotencia. Todos expresan un sentimiento de pérdida al no recuperar sus bienes materiales y culturales, además de no ser posible regresar a sus comunidades de origen. Recomienda un programa de salud mental encaminado a reconstruir la dignidad de las personas, para la reivindicación social y humana. El abordaje psicosocial debe plantearse con un enfoque integral comunitario, dirigido a favorecer el apoyo y el fortalecimiento de las relaciones sociales, propiciando un proceso de acompañamiento para comprender mejor los acontecimientos de las personas de la comunidad, antes, durante y después de la violencia, enfatizando en las diferentes formas de afrontamiento ideológico, cultural y religioso que ya existen, para abordar los efectos psicosociales del desplazamiento interno. 258) Mejía Palencia, Guillermina Ninette. Proceso psicoterapéutico en viudas víctimas de la

violencia política. (Quiché, Sololá, Chimaltenango, Alta Verapaz, Departamnetos de la República de Guatemala) Período 1978-1982. Maestría en Psicología Social y Violencia Política. Escuela de Ciencias Psicológicas, USAC. Junio de 2006. 124 páginas.

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Hoy una de las necesidades sociales apremiantes son el resarcimiento y la rehabilitación emocional de las víctimas del conflicto armado. La satisfacción de estas demandas debe ser contemplada como un proyecto de nación. El accionar tiene que ser integral: individual y comunitarios para aglutinar todos los sectores de la sociedad civil. El proceso psicoterapéutico es un camino emocional que se recorre grupalmente, desde las manifestaciones de crisis, las actitudes de desconfianza, el desarrollo de solidaridad interna, la seguridad y apoyo mutuo, hasta llegar a la verdadera catarsis de sentimientos, para llegar al momento en el cual se da la recuperación y comienzan a fluir nuevamente los proyectos de vida. El proceso psicoterapéutico además de ser reparador de las heridas emocionales, configura los valores morales y sociales perdidos como consecuencia de la guerra. La técnica es insuficiente ante las experiencias traumáticas causadas por la violencia política. Fueron hechos de denigración pública, hechos de injusticia social, de abuso de poder, de autoritarismo, por lo que es necesario acompañarlo con procesos de justicia social. La reparación necesita un proceso público que de explicación a los hechos, que restablezca la dignidad humana, independientemente del grupo social al que pertenezcan. 259) Perkič-Krempl, Sonja. El derecho a saber. ¿En qué forma el Estado puede reparar el

daño causado a familiares de víctimas de desaparición forzada? Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre de 2006, 210 páginas.

La tesis pretende establecer en qué forma el Estado de Guatemala puede reparar el daño causado a familiares de víctimas de desaparición forzada. Se realizaron siete entrevistas a profundidad a familiares de personas desaparecidas para conocer el sufrimiento y las consecuencias que están enfrentando a causa de la desaparición de su familiar y entrevistas semiestructuradas a tres expertos y expertas relacionados con el tema. Se analizó el marco jurídico nacional e internacional que protegen a las personas contra la desaparición forzada, que obligan al Estado a investigar los hechos y sancionar los responsables, revisando tres sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de casos de desaparición forzada en Guatemala y su grado de cumplimiento. Después se analiza la necesidad de la creación de una Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y las propuestas existentes en ese momento.

260) Polanco Pérez, Mario Alcides. Las desapariciones forzadas en Guatemala, su búsqueda

y localización. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Mayo de 2006. 103 páginas

Guatemala es el país que ha enfrentado la mayor cantidad de capturas ilegales y desapariciones forzadas de sus ciudadanos. Durante 28 años se produjeron 45mil casos, de los cuales no se ha esclarecido ninguno. Esas desapariciones provocaron la destrucción del estado de derecho y la confianza de la ciudadanía en las autoridades. Con estos hechos se violaron las pocas leyes nacionales existentes, y la totalidad de tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos. Recomienda fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas por Razones Políticas. Que los tres poderes del Estado faciliten los mecanismos de información, gestión, localización y exhumación (en los casos que amerite) para la pronta localización de los desaparecidos-as. Además que el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos se sumen a la Comisión y contribuyan a la resolución de casos.

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C. TEMAS GENERALES

Derecho Constitucional 2001 261) Velásquez Juárez, María del Rosario. Las normativas constitucionales de carácter

programático y su repercusión en los derechos humanos. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. USAC. Julio de 2001, 301 páginas.

El estudio se centra en las limitaciones jurídicas, sociales y económicas para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos están plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala como normas de carácter programático, es decir, normas que requieren ser reguladas por otra y otras de menor jerarquía, que conllevan un procedimiento más tardado que el resto de normas constitucionales, por lo que se plantea la necesidad de proponer alternativas judiciales que permitan que tales derechos sean vistos como normas jurídicas y no normas políticas, cuyo cumplimiento depende del gobierno de turno. Se examina la influencia de las normas programáticas en el disfrute de los derechos económicos y sociales, y la actuación de los poderes del Estado en este campo y se estudian nuevos procedimientos judiciales, que facilitan la participación de la sociedad civil en la búsqueda de la viabilidad de estos derechos, reafirmando que o se debe privar a mujeres, niños, personas con discapacidad, adultos mayores del disfrute de tales derechos por el solo hecho de que las normas que los reconocen sean de tipo programático. Se formulan 32 conclusiones, entre las que figuran: que el principio de supremacía, que es de gran relevancia en la interpretación constitucional, constituye en la práctica parece bloquear el disfrute de los derechos humanos, que cargar a la CPRG de normas programáticas (maximalismo programático) contrasta con el sistema institucional establecido en las mismas constituciones, lo que frena su cumplimiento y que ante este hecho se requieren normas más dinámicas, como el amparo colectivo o la inconstitucionalidad por omisión. Se recomienda, entre otras cosas, dinamizar la vía judicial tomando en cuenta recursos como los mencionados. 2003 262) Gómez Morales, René Francisco. Cumplimiento y respeto de los derechos humanos

contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala para alcanzar la verdadera democracia. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Mayo de 2003, 84 páginas.

Se aborda conceptos fundamentales de esta materia, la evolución histórica de los derechos humanos a nivel internacional y en el caso de Guatemala, su concepto, la protección internacional de los derechos humanos y el quehacer de algunas instituciones nacionales dedicadas a su defensa y promoción. Se examina la regulación legal de los derechos humanos en la CPRG de 1986, el concepto de Estado de Derecho y su marco formal en Guatemala, los obstáculos estructurales, socioculturales e institucionales para su vigencia y el concepto de democracia. Se presentan 16 conclusiones.

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2005 263) Argueta Mejía, Brenda Concepción. La interpretación de la Corte de Constitucionalidad

del periodo anterior al año 2005, en el tema de los derechos humanos conforme el Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala y sus repercusiones en el derecho interno. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Noviembre de 2005, 71 páginas.

Luego de un análisis histórico de los derechos humanos se revisa la función de la Corte de Constitucionalidad en la interpretación correcta del mencionado artículo, revisando varios fallos emitidos por este tribunal al respecto, haciendo notar los cambios que se han registrado en la jurisprudencia. Indica que se hace necesario que el Estado implemente políticas preventivas para combatir la violencia que mantiene el clima de inseguridad. Desarrollar programas de sensibilización social que transforme mentalidades, actitudes y comportamiento de la sociedad guatemalteca. Resulta indispensable la creación de instituciones paralelas a la función del Procurador de los Derechos Humanos en auxilio de sus funciones. 264) Bejarano, Carmen. Derecho internacional de los derechos humanos y su aplicación en

el derecho interno. En Revista de Derechos Humanos Prisma, No. 1. IDHUSAC. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Guatemala, 2005. Pp. 11 – 58.

Se aborda la posición y aplicabilidad del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno de Guatemala, examinando la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Se incluye nociones generales indispensables para tratar el tema, la capacidad activa y pasiva de los sujetos individualmente concebidos en el derecho internacional de los derechos humanos, la capacidad pasiva del Estado, los tratados internacionales y mecanismos de protección y la soberanía, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se formulan varias conclusiones, entre ellas que: con base en los criterios sostenidos por la Corte de Constitucionalidad, los tratados de derechos humanos ingresan al ordenamiento jurídico interno con carácter de norma constitucional, siendo vinculantes para el Estado, con superior jerarquía que la legislación ordinaria, pero no pueden derogar ni reformar artículos de la Constitución; que dado que en algunos casos la Corte se ha separado de estos criterios, en su jurisprudencia se encuentran fallos contradictorios, aunque hayan sido los mismos Magistrados quienes los hayan emitido, lo que genera incertidumbre sobre la aplicabilidad y sobre el futuro del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno y que las organizaciones sociales tienen un importante papel en el fortalecimiento de la autoridad del derecho internacional de los derechos humanos. 2006 265) Fernández García, María Cristina. Análisis de la aplicación de la Carta Internacional de

Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos en las sentencias de amparo dictadas por la Corte de Constitucionalidad. Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre 2006, 173 páginas.

Argumentando que los derechos humanos han dejado de ser un asunto doméstico para convertirse en un tema que concierne a la comunidad internacional y a la humanidad entera y que la globalización ha obligado también a que el derecho internacional de los derechos humanos sea aplicado y administrado por operadores jurídicos internos, en este trabajo se analizan las sentencias de amparo dictadas por la Corte de Constitucionalidad para determinar si en sus fallos ha aplicado la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De igual manera, se establece la jerarquía que la Corte de Constitucionalidad le ha atribuido a los tratados en materia de derechos humanos frente al derecho interno, usando como muestra las sentencias dictadas durante el primer y quinto año de gestión de cada uno de los grupos de magistrados que ha integrado la Corte de Constitucionalidad. Se estudiaron un total

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de 3,670 sentencias para determinar que en todos los períodos analizados se aplicaron dichos instrumentos internacionales de derechos humanos en menos del 2% de los casos. Se recomienda, entre otras cosas, que los tribunales nacionales apliquen la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos, de conformidad con el principio de progresividad , y que para el desarrollo de la jurisprudencia constitucional es relevante que no sólo los jueces tomen la responsabilidad de profundizar en los preceptos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos, sino que también lo hagan los abogados litigantes al momento de fundamentar argumentos sólidos sobre dicha normativa.

2007 266) Ramírez Archila, Ana Rocío. Análisis de las resoluciones de la Corte de

Constitucionalidad respecto al expediente 1089 – 2003 (caso de candidatura de José Efraín Ríos Montt a la Presidencia de la República de Guatemala). Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Febrero de 2007. 126 páginas.

Se estudia las normas constitucionales que fueron afectadas por estas resoluciones, haciendo un análisis comparativo para determinar si los magistrados que integraron la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad cumplieron su función como tribunales constitucionales. Se examina también la forma como se integró la Corte de Constitucionalidad que resolvió este caso y los votos razonados a ellas, entrevistándose para el efecto a profesionales del derecho expertos en la materia, que participaron directamente en el caso. El tema, por su trascendencia histórica para Guatemala, siempre estará vigente en el ámbito jurídico. Se estableció que en este caso la CC no cumplió con su función esencial de defender el orden constitucional, pues no se podía aplicar retroactivamente el artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala y que la Corte Suprema de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional de Amparo sí cumplió con la suya.

Estado de Derecho 2006 267) Garza Maderos, Carmen Silvia. Factores Jurídicos que afectan a un Estado de Derecho:

situación de Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Junio de 2006, 100 páginas.

Se trata de determinar cuales son los factores jurídicos que obstaculizan la plena realización del Estado de Derecho en Guatemala, indicando que éste tiene como fundamento la democracia, proclama la protección de los derechos fundamentales y la organización del Estado con base a la división de los poderes. Se establece que los mecanismos de designación para las autoridades judiciales, la relación entre el Derecho Positivo y el Derecho Consuetudinario, la deficiencia en los diferentes componentes de la cadena de justicia, entre otros, constituyen factores jurídicos que perjudican la consolidación del Estado de Derecho en Guatemala, por lo que el fortalecimiento de la administración de justicia y la reforma del sistema jurídico, constituyen mecanismos fundamentales para que el Estado de Derecho se establezca, como una forma de consolidar la Democracia.

Cultura de paz y cultura democrática 2001 268) Reyes Prado, Anantonia. Aproximación a la formación de una cultura de derechos

humanos en Guatemala. Tesis de Licenciatura en Antropología. Escuela de Historia. Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas/Programa Cultura de Paz – UNESCO. 2001, 105 páginas.

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Luego de examinar los conceptos de cultura y de derechos humanos, se examina brevemente cómo se han incluido los derechos humanos en las Constituciones que ha tenido el país, desde 1823, y los tratados internacionales de los que Guatemala es parte. Con base en entrevistas a diversos actores sociales e investigación bibliográfica, se revisar críticamente la práctica social de la defensa y promoción de los derechos humanos, desde 1944, que la autora valora como la semilla para la formación de una cultura de derechos humanos, proceso en el que tanto el Estado como la sociedad tienen responsabilidad. Se formula conclusiones alrededor de cuatro temas: el problema de los conceptos, la necesidad de la reconstrucción histórica de la defensa de los derechos humanos en Guatemala, las características de una cultura de derechos humanos en el país y el papel del Estado y la sociedad en esta tarea, que no puede ser dejada al azar. 269) ASIES. Cultura democrática de los guatemaltecos en el nuevo siglo. V Estudio de

cultura democrática de los guatemaltecos. Dinorah Azpuru, coordinadora. 2001, 225 páginas.

Es parte del esfuerzo para evaluar el desarrollo de los valores democráticos en Guatemala que se ha realizado desde 1993 y se basa en la encuesta nacional llevada a cabo en septiembre de 2001, y en comparaciones con los resultados de estudios anteriores realizados en Guatemala y otros países. Contiene, además de los aspectos metodológicos, una evaluación del proceso de democratización del país, el recuento de temas importantes que conformaron la opinión pública entre septiembre de 1999 a septiembre de 2001 y el análisis de los resultados de la encuesta de 2001. Se incluye anexos.

2002 270) Zepeda López, Raúl Anselmo, Edgar Alfredo Pereira Rivadeneira, Manuel Baudilio Ramírez

Mora y Humberto Alejo Cana Chali. Condiciones para el desarrollo de una cultura de paz: obstáculos, desafíos y perspectivas. Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales. DIGI. Sistema de Investigación de la USAC. Programa Universitario de Estudios para la Paz. Enero de 2002, 87 páginas y anexos.

Se examina la posibilidad de construir una cultura de paz en Guatemala, identificando obstáculos y desafíos, en el marco del gobierno de Alfonso Portillo. Se señala que la certeza jurídica, la confianza en el sistema político y la independencia de poderes favorecen el desarrollo de la cultura de paz, pero que al mismo tiempo lo desfavorecen el escepticismo debido al incumplimiento de los Acuerdos de Paz, la percepción negativa del papel de los actores políticos y sociales y el enrarecimiento del clima político nacional e internacional, así como el agravamiento de la pobreza. Se parte de que la cultura de paz en fase embrionaria estuvo presente aún en los peores momentos del conflicto armado y que encuentra en los Acuerdos de Paz, aunque éstos no hayan definido en qué sentido o con qué procesos había que construir una cultura de paz. Se analizan programas de organizaciones nacionales e internacionales orientados al tema, desde 1985, y se indica que la construcción de una cultura de paz obliga a desplegar un pensamiento estratégico, lo que requiere buscar los embriones de futuro en prácticas y estilos políticos del presente, tomar en cuenta que no se da en el vacío así como la participación de instituciones políticas y organizaciones sociales. El estudio abarcó municipios de El Quiché, Alta y Baja Verapaz, Chimaltenango y Huehuetenango, a partir de la conflictividad social a nivel local. Se exponen numerosas conclusiones, entre ellas que la paz es un proceso que se desarrollo mediante la transformación de las condiciones materiales de vida, las relaciones sociales y la cultura política, lo que no encuentra un ambiente adecuado en Guatemala y que necesita determinadas correlaciones de poder para surgir y consolidarse. Se hacen varias recomendaciones generales. 271) López Chávez, Carlos y José Efraín Pérez Xicará y Raúl Zepeda López. Obstáculos,

perspectivas y desafíos para el desarrollo de una cultura de paz en contextos políticos y socioculturales complejos. Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales. DIGI.

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Sistema de Investigación de la USAC. Programa Universitario de Estudios para la Paz. Diciembre de 2002, 167 páginas.

La cultura de paz es una de las opciones desde las cuales se puede abordar los conflictos sociales que reafirma la fe en los derechos humanos y en la igualdad de las personas, favoreciendo el diálogo y la negociación, la comprensión intercultural y la tolerancia interpersonal y grupal. Como continuidad del estudio anterior, plantea que el reconocimiento de Guatemala como un país diverso, pluriétnico, pluricultural y plurilingüe, es una ventaja comparativa para construir una cultura democrática, con la que la cultura de paz guarda estrecha relación; analiza la conflictividad social en el año 2002 y el accionar de programas desarrollados por organizaciones sociales que, al igual que las entidades estatales, no han trabajado el tema de forma explícita. Se concluye, entre otras cosas, que la cultura de paz requiere continuidad en el respeto a los derechos humanos, la imparcialidad en la justicia, el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, la participación ciudadana, la democratización del sistema político, la lucha contra las discriminaciones, y la satisfacción de las necesidades básicas de la población; que los actores sociales no han sido capaces de promover una cultura de paz de forma creativa y sostenida, que existe poco fundamento teórico y claridad conceptual para estructurar una estrategia en esta dirección. Se recomienda que los sectores dominados impulsen el proceso, pues son los más interesados en la construcción de una cultura de paz y que los grupos organizados de la sociedad sean los primeros en implementar prácticas internas y externadas cimentadas en los valores de la cultura de paz. 2003 272) Garavito Fernández, Marco Antonio. Violencia política e inhibición social, estudio

psicosocial de la realidad guatemalteca. Colección de paz No 4: FLACSO/Proyecto Cultura de Paz - UNESCO/Cooperación Italiana. 2003, 199 páginas.

En Guatemala producto de una historia hecha a sangre y fuego, de una lógica de “conquistadores” y “conquistados”, de más de tres décadas de guerra interna, el poder político se encuadra en buena medida en el ejercicio violento. Esto tantas veces confirmado por la realidad deja trazas psicosociales, conforma una cultura, por lo que el hecho político y dimensión psicosocial son dos aspectos de un mismo todo. Autoritarismo y violencia traen sumisión y violencia; pero siempre uno y otra condena al ciclo de la violencia. Poder político puede llegar a ser sinónimo de “impunidad”. Como aporte a una nueva cultura de paz propone romper el ciclo de la violencia, superar el miedo y la inhibición, fomentar la educación política para lo cual es necesario luchar por la expansión de las libertades políticas, contra la impunidad y la corrupción, por la organización y la movilidad social. 2004 273) LAPOP. Vanderbilt University, ASIES. La cultura política de la democracia en

Guatemala. VI estudio sobre la cultura democrática de los guatemaltecos. VI Estudio de cultura democrática de los guatemaltecos. Mitchell A. Seligson, coordinador científico Azpuru, Dinorah, Juan Pablo Pira y Max Eduardo Lucas. 2004, 275 páginas.

Se aborda el tema de la construcción de la democracia política en Guatemala, fundamentándose en una encuesta de opinión pública realizada en marzo de 2004, cuyos resultados frecuentemente se comparan con los de estudios anteriores realizados en Guatemala y en otros países, por lo que se establece que en comparación con otros países latinoamericanos incluidos en este estudio, los guatemaltecos denotan menor apoyo a la democracia estable, como producto de un menor apoyo al sistema políticos y a una menor tolerancia política hacia otras personas. Se describe la metodología y se abordan temas como el contexto del país, el apoyo a la democracia estable, las perspectivas sobre la corrupción, el estado de Derecho, el gobierno local, el comportamiento electoral de los guatemaltecos, el capital social y los valores democráticos y los resabios del autoritarismo. Se incluye anexos.

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2007 274) Barómetro de las Américas, FLACSO, Vanderbilt University, LAPOP. Cultura Política de la

Democracia en Guatemala: 2006. VII Estudio de cultura democrática de los guatemaltecos. Mitchell A. Seligson, coordinador científico. Azpuru, Dinorah y Juan Pablo Pira. 2007, 167 páginas (Centro de Documentación de ASIES).

Siguiendo la categorización realizada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), respecto de las concepciones de la democracia, el estudio concluye que en Guatemala, el 56% de los entrevistados indicó tener una concepción normativa, el 32.2% vacía, un 7% utilitaria y un 4.3% una concepción negativa; la diferencia existente está relacionada con los factores sexo (los hombres tienen una menor concepción vacía), la edad (a más edad menos concepción vacía), el nivel educativo (a más educación menos concepción vacía) y la autoidentificación étnica (los ladinos tienen menos concepción vacía). Se indica que dado que se puede contar con una perspectiva longitudinal, pues estas investigaciones se han realizado desde 2001, en Guatemala hay una tendencia positiva, pues más guatemaltecos se ubican en la casilla de la democracia estable: 26.8% respecto del 21.2% en 2004. 26% en la casilla de la estabilidad autoritaria, 21.5% en la de democracia inestable y 25.6% en la de democracia en riesgo. El estudio aborda temas como el apoyo al sistema político, el capital social, el gobierno local, la participación política convencional y no convencional, la legitimidad de las instituciones. Se incluye anexos.

Fundamentos filosóficos de los derechos humanos 2004 275) García Fong, Gustavo Adolfo. La condición histórica de los derechos humanos y su

fundamento consensual. Un diálogo con la filosofía de Norberto Bobbio. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Septiembre de 2004. 138 páginas.

Estudio descriptivo y documental, con elementos históricos, analógicos y analíticos, sobre la fundamentación filosófica de los derechos humanos y, examinando si el enfoque de la fundamentación consensual e histórico, planteado por el pensador italiano Norberto Bobbio constituye una orientación filosófica jurídica científicamente defendible para fundamentar los derechos humanos. Se abordan temas vinculados a la fundamentación filosófica de los derechos humanos, filosofía del derecho, teoría general de los derechos humanos, filosofía de los derechos humanos, los textos y estudios propios de Bobbio, a nivel filosófico, jurídico y político, como también aquellos referentes a su obra. Se destaca la importancia de la fundamentación de tales derechos para la comprensión integral de los mismos y la relevancia que tiene la propuesta consensual para fundamentarlos filosóficamente y, comprender la doctrina histórica consensual de fundamentación de los derechos humanos propuesta por Bobbio. 2006 276) Muñoz, Lily. “La tolerancia ¿una propuesta contra la exclusión?” Programa de

Formación “Sociedad Civil, Estado y Derechos Humanos” IDHUSAC – PPDDHAC, octubre del 2006. 50 páginas.

El estudio revisa el concepto de tolerancia, en el marco de la democracia, indagando sobre las posibilidades de su aplicación como mecanismos para la construcción de sociedades democráticas. Se ubica en el periodo histórico contemporáneo y se refriere a la Ciudad de Guatemala. Se vincula el concepto a la diversidad social, explorando e incluyendo múltiples y diversas expresiones de guatemaltecos y guatemaltecas, como sujetos de los distintos ámbitos de

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la exclusión: genérica, étnica, etárea, orientación sexual, discapacidad. En el capítulo primero desarrolla el marco teórico conceptual básico para un debate sobre tolerancia; el segundo presenta las percepciones sociales predominantes en el país en torno a las prácticas de tolerancia e intolerancia hacia los colectivos sociales excluidos y el tercero hace referencia a la Tolerancia y colectividades sociales excluidas (niñez, juventud, tercera edad, pueblos indígenas, garífunas, homosexuales, personas con alguna discapacidad). No incluye conclusiones y recomendaciones. El carácter de la investigación es exploratorio por no haber antecedentes de trabajo sobre este tema. 2007

277) Centro Ak´kutan. Valores en la Cultura Q´ekchí. Cobán, Alta Verapaz. Guatemala 2007, 88 páginas,

Se plantea que hasta hace poco, los valores como ética de comportamiento y conducta los dictaban la religión y la familia. La sociedad aceptaba como cualidad o virtud comportamientos que proponían las leyes y normas religiosas y familiares y que al derrumbarse la influencia familiar y religiosa, fruto de la influencia del ambiente y de las distintas maneras de pensar, en el contacto con distintas culturas, se ha dado un vacío de valoración común en la convivencia, lo que genera consecuencias peligrosas para una sociedad democrática. En Guatemala conviven culturas milenarias que todavía mantienen una escala de valores acorde con su visión del mundo y de la vida, valoraciones que también son una oferta válida para la cultura occidental moderna. En el trabajo se recoge el resultado de dos años de reuniones y coloquios de un grupo de ancianos Q´eqchíes de tres municipios de Alta Verapaz.

Educación en derechos humanos 278) Ruiz Sanchinelli, Omiria Ludmila. La importancia de incorporar el estudio de los

derechos humanos en el nivel primario. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. 2003, 91 páginas.

Se indaga en esta investigación la importancia de introducir el estudio de los derechos humanos en el nivel de educación primaria, para lo cual se examina el material sobre el tema con que los maestros/as deberían contar para poderlos difundir, revisando los contenidos curriculares propuestos por el Sistema Nacional de Mejoramiento de los Recursos Humanos y Adecuación Curricular (SIMAC), la aplicación del eje transversal de los derechos humanos en el nivel primario, los contenidos curriculares propuestos por el Sistema Nacional de Mejoramiento de los Recursos Humanos y Adecuación Curricular (SIMAC), y los mecanismos empleados en su aplicación, tomando como muestra el nivel de educación fundamental (50 maestros de Educación Primaria Urbana). Se propone un plan piloto para la enseñanza de los derechos humanos, que fue aplicado en la Escuela Oficial Andrés Gilberto Cuxil Toc, con los alumnos de cuarto grado. Se indica que sólo por medio de la educación en derechos humanos se puede construir una sociedad con justicia social para todos sin ninguna Discriminación, que todos los derechos del hombre y de la mujer tienen implícitos ciertos deberes y que la enseñanza de los derechos Humanos no debe ser una asignatura más, sino un tema transversal en todo el currículum de la educación primaria, lo que supone el desarrollo y enfoque de ese contenido curricular desde todas y cada una de las materias en los diferentes grados del nivel primario. 2002 279) Reyes Prado, Anantonia. Promoviendo una visión integral de los derechos humanos.

Proyecto “Uniendo Lazos y Esfuerzos por los Derechos Humanos” en Baja Verapaz. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Noviembre de 2002. 113 páginas y anexos.

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En este trabajo se examina la propuesta metodológica de “Uniendo Lazos y Esfuerzos por los Derechos Humanos” -ULEDH-, que pequeñas organizaciones locales han impulsado en municipios de Baja Verapaz, departamento donde además de su extrema pobreza la organización social está poco desarrollada, con excepción de Rabinal, donde varias ONG han centrado su trabajo, por la violencia extrema que se viviera allí en el marco del conflicto armado. Se trata de una investigación documental y descriptiva, en la que se realizó investigación bibliográfica y un modesto trabajo de campo con quienes participan en ULEDH, en Salamá y El Chol, para identificar los aportes puede ofrecer el enfoque de este proyecto para enriquecer la promoción de los derechos humanos, experiencia que parece haber llegado a un límite tanto en los conceptos como en la metodología, para hacer un aporte conceptual a la reflexión actual sobre la educación en derechos humanos. Se estableció que los ejes principales alrededor de los cuales se desarrolló este proceso de apropiación del concepto de derechos humanos, que estuvieron presentes desde el principio en la definición y ejecución del proyecto fueron autoconciencia, integralidad y vigencia. De acuerdo a la propuesta de ULEDH, todo ello conduciría a una nueva visión o reconceptualización del tema y trabajo por los derechos humanos, pues al contar con una nueva forma de ver y entender el tema, era posible un cambio de mentalidad y de actitud frente a estos derechos, una nueva forma de concebirlos y trabajar por ellos. 280) López Guevara, Manuel Arnoldo. La inclusión legal de los derechos humanos en los

contenidos de enseñanza en los establecimientos del ciclo básico de nivel medio de la Cabecera departamental de Huehuetenango. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Noviembre de 2002, 49 páginas.

Es importante impulsar aspectos de formación y orientación para la educación integral sobre Derechos Humanos y la cultura de paz. Igualmente que los maestros desarrollen temas que contribuyan a cimentar y favorecer valores que mejoren el nivel de convivencia practicando los valores de tolerancia, respeto y aceptación en pro de la defensa de los derechos humanos. Motivar a los maestros proporcionándoles las facilidades para actualizarse temática y metodología así como, dotarles. del material didáctico adecuado para motivar sus enseñanzas 2004 281) Estrada García, Alfonso. Niveles de conocimiento en derechos humanos de los oficiales

del Ejército de Guatemala. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Noviembre de 2004, 116 páginas.

El autor afirma que, a partir de los Acuerdos de Paz y de las recomendaciones del Informe Guatemala, Memoria del Silencio, se han impulsado algunas iniciativas al interior del Ejército de Guatemala, en materia de derechos humanos, como incorporar cursos en las escuelas de formación y profesionalización y la creación del Departamento de Derechos Humanos (Acuerdo Gubernativo 358-2003). La tesis trata de identificar cuáles son los niveles de conocimiento que tienen los oficiales a partir de estos procesos formativos, incluyendo oficiales de todas las jerarquías en servicio activo (2,263 en ese momento) y 5 oficiales que ocupan diversos puestos en las escuelas de formación y profesionalización. Tras concluir que un 34% de los oficiales cuenta con un nivel adecuado de conocimiento legal en materia de derechos humanos y que un 27% tiene un nivel alto, y que hay bajo conocimiento en los grados militares bajos, se recomienda revisar el proceso formativo, para que se incluya todos los grados y para que corresponda a la Doctrina Militar establecida en 2004, que organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales participen en dicha formación y se propone un Programa para la Enseñanza de los Derechos Humanos en el Ejército de Guatemala.

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Acuerdos de Paz 2001

282) Hernández Martínez, Andrés. Análisis de la Verificación de MINUGUA en el Proceso de Paz Guatemalteco. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Abril de 2001.

Luego de revisar el conflicto armado en Guatemala, el autor se ocupa de examinar el papel desempeñado por la Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala, su marco legal, funciones, facultades, estructura organizativa y áreas en que cumple su trabajo, para establecer la forma en que la MINUGUA cumple con sus atribuciones y su beneficio para el proceso de paz señalando algunas deficiencias en el cumplimiento de su función, examen relevante dada la temporalidad de la presencia en el país de esta misión internacional, recomendando particularmente que MINUGUA fortalezca las instituciones nacionales, antes de la conclusión de su mandato. 283) Ramos Martínez, Manuel Eduardo. Análisis crítico de la discriminación legal y de hecho

que contiene el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y la realidad social y legal guatemalteca. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Septiembre de 2001, 80 páginas.

Se plantea que en el marco de los Acuerdos de Paz, la palabra indígena ha cobrado una nueva acepción, porque se ha cambiado por el de población maya, que se considera menos ofensivo. El cambio de términos o conceptos muestra buena voluntad, pero no cambia la verdadera situación social de discriminación, que puede ser legal, de hecho y autodiscriminación. Se examina a la sociedad guatemalteca en general y se hacen algunos comentarios sobre el AIDPI, para argumentar que no es necesario el solo reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas porque se lo han ganado históricamente, sino que, en el marco de la democracia, éstos participen en las decisiones políticas, y que la lucha contra la discriminación debe darse en el marco de fortalecimiento de la unidad nacional y de la multiculturalidad.

2002

284) Sánchez Montenegro, Efraín Estuardo. Los Acuerdos de Paz y la discriminación racial o étnica y el compromiso por resolver su regulación legal. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Septiembre 2002 189 p.

Se afirma que los Acuerdos de Paz no tienen carácter vinculante. Esto quiere decir que los gobiernos de turno no tienen ninguna obligación jurídica para su aplicación, por lo que los grupos sociales interesados son los que tienen que promover y ejercer la presión política para que los compromisos nazcan a la vida jurídica nacional. Hay una serie de definiciones conceptuales que sirven de base al trabajo, como indio, ladino, racismo, etc. Examina y analiza algunas figuras delictivas antirracistas más representativas. Da la propuesta de la creación del delito de discriminación racial o étnico por los siguientes factores antropológico, histórico-jurídico, político. Este delito impide a gran parte de la población de gozar sus derechos. Que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC promueva la continuidad y fortalecimiento de la Maestría Internacional, Interdisciplinaria y Plural de Etnicidad, Etnodesarrollo y derecho indígena.

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2003

285) Maldonado Ericastilla, Pablo Alberto. Aplicación de los Acuerdos de Paz mediante la

reforma de la ley ordinaria. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. 2003, 110 páginas.

La investigación contiene una síntesis histórica sobre el enfrentamiento armado interno de Guatemala, el cual finalizó con la suscripción de los Acuerdos de Paz, que fueron el resultado de un proceso de negociaciones y que presentan un planteamiento real de los principales problemas socio – económicos del país. Se recomienda que se cumpla con los Acuerdos de Paz, pues aún siendo de carácter político, sin obligación legal de cumplirlos, son acuerdos de Estado; que se genere conciencia sobre su importancia y sobre la necesidad de que los diferentes sectores de la sociedad se comprometan en su cumplimiento como mínimo y una reforma legal en los programas educativos, para que se incluya el tema del conflicto armado y los Acuerdos de paz, recordando que varios de los tratados internacionales firmados y ratificados por Guatemala abarcan temas tratados en dichos acuerdos, y son fuente de derecho para el derecho interno.

2004 286) Palma Urrutia, Ernesto, Coordinador y Geovanny Urrutia Cárcamo, Néstor Noé Arrivillaga

Méndez y Ana Gabriela Martínez Chinchilla. La regularización de tierras adjudicadas por el Estado: sus alcances y limitaciones en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, durante los años 2000 a 2003. DIGI. Sistema de Investigación de la USAC. Centro de Estudios Regionales y Regionales –CEUR-, 2004.

Se trata de un estudio multidisciplinario que relaciona mediante un análisis sistemático y valorativo los factores determinantes en el proceso de regularización de tierras (base legal general y específica y metodología y técnica utilizadas) para explicar los alcances y limitaciones de dicho proceso, en función a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz. Se sostiene que el marco jurídico general y específico para la regularización de tierras afianza y mantiene factores históricos y coyunturales que alimentan el orden de explotación de los sectores rurales, lo que impide su desarrollo socioeconómico. Se indica que el régimen de transformación agraria contrarrevolucionario, anti reforma agraria y de seguridad nacional iniciado en 1962 sigue parcialmente vigente y se concluye, tras analizar los métodos y técnicas topográficas y sociológicas, además de las normas legales, que la regularización de tierras constituye una de las principales fuentes de los problemas agrarios nacionales porque reproduce, mantiene y multiplica la dicotomía latifundio-minifundio y que, en dos casos estudiados, los procedimientos aplicados agravaron la falta de certeza jurídica y física – catastral. Se atribuye esto a los abusos y discrecionalidad con que pueden actuar los funcionarios y al marco jurídico y la doctrina política y económica en los que surgió el régimen de transformación agraria, la creación de zonas de desarrollo agrícola y los programas de colonización y reparto agrario.

2006

287) Morales Gutiérrez, David Antonio. Viabilidad jurídica para dar cumplimiento al Acuerdo Global en Materia de Derechos Humanos, suscrito por el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el 29 de marzo de 1994, con respecto a la desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Marzo de 2006, 117 páginas.

Se analiza la viabilidad jurídica para dar cumplimiento al Acuerdo Global de Derechos Humanos, en lo que respecta a la desarticulación de los CIACS. Se generó información mediante un marco teórico, el que se cotejó con el resultado obtenido en el instrumento utilizado, llegándose a la conclusión de que sí existe el marco jurídico suficiente para la desarticulación de los CIACS y que la mayor dificultad para identificar y sancionar a estos dentro de los procesos penales, es la

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deficiente investigación, atribuible a cuestiones institucionales y no jurídicas, por lo que se recomienda el establecimiento de la CICIACS, con un mandato temporal que actúe acompañando a la institucionalidad estatal y brindando fortalecimiento a las instituciones ya establecidas.

2007

288) Soberanis Reyes, Ana Catalina. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y sus efectos en la trasformación de la estructura del Estado de Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Abril de 2007. 163 páginas.

La tesis describe la evolución histórica del tratamiento normativo hacia los pueblos indígenas, determinando el tipo de relaciones interétnicas que se reflejan en la estructura del Estado de Guatemala y las normas específicas que se requieren para cumplir dicho acuerdo. Mediante el un enfoque sociológico, se concluye que Guatemala no ha reconocido jurídicamente la identidad y derechos de los pueblos indígenas, oscilando entre la visión asimilacionista–integracionista y la visión segregadora–discriminadora. La Constitución vigente, contiene una visión de derechos humanos, pero con carácter tutelar limitado, por lo que se recomiendan reformas constitucionales a ser efectuadas por el Congreso de la República y, de no ser posible, emisión de legislación ordinaria, especialmente en aplicación del Convenio 169 de OIT.

Interculturalidad 2004 289) Suazo, Fernando y Jesús Tapuerca. Sujetos culturales en la iglesia. Textos Ak´kutan No.

27. Guatemala, 2004. 68 páginas.

Se parte de que tanto la sociedad con sus instituciones como las mismas iglesias están siendo interpeladas por estos pueblos culturalmente diversos, partiendo de preguntarse sobre los cambios que la iglesia debería hacer para responder a los derechos de los distintos pueblos que viven en su interior y qué campos de la Iglesia habría que repensar para que estos pueblos sean sujetos y no sólo participantes o, peor aún, destinatarios de su acción, lo que ha llevado al Centro Ak' Kutan a reflexionar sobre las identidades y los sujetos culturales. El texto recoge los trabajos de reflexión de un taller realizado en mayo del 2004 en Cobán y dos ponencias del V Coloquio Teológico Dominicano celebrado de 1996 que abordan estos temas. Suazo reclama de manera especial el derecho del pueblo maya a su memoria mientras Tapuerca enfatiza el derecho del indígena a ser sujeto cultural, no sólo actor, y las consecuencias que ello tiene para la Iglesia.

2006

290) Del Cid, Alvaro Enrique. Principios de interpretación intercultural de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Junio de 2006, 132 páginas.

En esta monografía, con un abordaje sociológico, se identifican los principios generales de interpretación constitucional, que adopten los postulados de la interculturalidad, para establecer así la base de la convivencia intercultural. La historia social y la situación actual guatemalteca muestran una deficiencia estructural, al concebir al Estado y al orden jurídico, desde una visión monocultural, existiendo una realidad sociocultural diversa. Mediante investigación bibliográfica y realización de entrevistas, se ha recopiló y se analizó información, llegándose a concluir que la situación sociocultural actual de Guatemala es producto de una historia plagada de desigualdades sociales, en parte sustentadas en actitudes discriminatorias, trasladadas al Estado por medio de las Constituciones. Tal situación puede ser corregida a través de la interpretación intercultural de las normas constitucionales, conforme a los principios que se plantean, aunque es también

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necesario ampliar en el estudio y las propuestas al respecto. Esta interpretación intercultural se muestra adecuada para abordar la diversidad cultural, pero se requiere profundizar en su estudio y en el análisis de su relación con el derecho, para lo cual se recomienda impulsar un diálogo intercultural.

Etnicidad 2001 291) Flores Mazariegos, Ruth Fabiola. Los conflictos étnico-nacionalistas en el contexto del

nuevo orden internacional. Estudio de los casos de Turquía, los Balcanes y Guatemala. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Escuela de Ciencias Políticas, USAC. Biblioteca Central USAC. Mayo de 2001, 105 páginas.

En el contexto guatemalteco, el problema étnico es de vital importancia por la tensión que ha generado las demandas de los grupos indígenas en busca de protección especial, han chocado con el deseo de otros grupos, que se resisten al otorgamiento de derechos diferenciados. El otorgamiento de principios particulares y derechos especiales tornan muy compleja la aplicación de reglas de derecho, válidas en todo tiempo y lugar. Los temas abordados son la “crisis” del paradigma de la soberanía estatal y el de la contradicción entre identidad nacional-étnica. El estudio de los conflictos étnicos en la actualidad, comprender su significado, alcances y consecuencias es uno de los retos principales en el campo de las relaciones Internacionales. Lo que puede desprenderse del análisis de los tres casos es la importancia de los canales institucionales de dialogo y el valor de la tolerancia como forma de evitar los enfrentamientos violentos. Su objetivo es contribuir a que en Guatemala se valorice lo que se tiene y se defienda la institucionalidad. 292) Bastos, Santiago y Manuela Camus. El movimiento maya en perspectiva. Texto para

reflexión y debate. FLACSO, Guatemala. 2003, 350 páginas. Este documento parte de la idea de que el movimiento maya tiene mucho que enseñar con su ejemplo a otros actores de la sociedad civil guatemalteca, así como a otros movimientos indígenas de Latinoamérica y ofrece una serie de elementos para promover el debate y la reflexión al interior de las organizaciones y los actores que conforman el movimiento maya, para contar con un producto que refleje la sistematización de los hechos, realizada desde fuera del movimiento maya, con la intención de comprender qué es lo que ha ocurrido en el mismo a lo largo de las últimas décadas. Se aborda el uso del término “maya”, que es una autodefinición con una connotación política no sólo evidente, sino conscientemente asumida por quien lo usa. Se señala que una limitación del texto es ceñirse a un solo sector del movimiento maya, el que trabaja a nivel nacional, tiene al Estado guatemalteco como su objetivo e interlocutor y suele concentrarse en la ciudad capital, pues no se exploraron otras expresiones locales y regionales. El libro está compuesto por cuatro capítulos, que pueden discutirse por separado; en el primero se aborda el proceso de construcción del movimiento maya y las aceleradas coyunturas y tensiones a las que se ha visto sometido; el segundo se analiza las relaciones del movimiento maya con el Estado guatemalteco; en el tercero se visualiza al movimiento maya como uno más de los actores políticos presentes en la escena guatemalteca, y se analizan las relaciones con otros actores con los que ha compartido protagonismo, y en el cuarto capítulo se centra en el mismo movimiento, mostrando los principales desafíos que tienen los actores mayas para constituirse en una fuerza política acorde con el peso histórico y la legitimidad que se merecen. Se incluye una bibliografía que recoge las publicaciones más importantes que se han escrito en Guatemala sobre el movimiento maya.

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2004 293) Paredes Guancin, Pedro Antonio. Relaciones inter étnicas y perspectivas de etno

desarrollo en la región Chortí, 1944 - 2003. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de la Escuela de Estudios de Postgrado USAC. Noviembre de 2004, 233 páginas

La investigación se realizó en: municipio de Jocotán con sus respectivas comunidades Pacrén y Tunucó. Olopa en la comunidad de Tuticopote y Quetzaltepeque, marcadas por características socio culturales, pero a la vez atravesadas por una historia común y por una convivencia recíproca. Se apela a la necesidad de la organización y de creación de organismos de dirección política e ideológica para la recuperación histórica. Del conocimiento y manejo de su historia dependerá la efectividad de la construcción del etnodesarrollo y superen los problemas de atraso y de pobreza socioeconómica y política.

294) Curruchich Mux, Marco Antonio. Etnocidio religioso en Comalapa. Tesis de Maestría en Etnicidad, Etnodesarrollo y Derecho Indígena, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. Julio de 2004, 103 páginas.

Se aborda el tema de la espiritualidad maya y los cambios que se han producido en este campo en Comalapa, a raíz de la penetración de las sectas protestantes y fundamentalistas, que constituyen etnocidio religioso. Se presenta una monografía de Comalapa, se refiere la relación entre derechos humanos y religión, se describen las características y principios de la espiritualidad maya y su sistema de autoridades y se explica el etnocidio religioso, entendiendo como tal la negación del derecho que tiene un pueblo a disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura. Se concluye, entre otras cosas, que las sectas modifican el pensamiento de sus miembros, quienes, para ser aceptados, deben rechazar sus propias formas de vida y que la espiritualidad maya es una realidad en la vida cotidiana de las comunidades. 2004 295) Arenas Bianchi, Clara. Hale, Charles R. y Gustavo Palma Murga. ¿Racismo en Guatemala?

Abriendo debate sobre un tema tabú. Junio 2004 429 p. Es una variedad de perspectivas teóricas e ideológicas que abordan el tema de manera seria y formativa. Este esfuerzo cuenta con la colaboración de intelectuales guatemaltecos y estadounidenses. Los capítulos son los siguientes: “Esas sangres no están limpias”. Modernidad y pensamiento civilizatorio en Guatemala (1954 - 1977) por Jorge Ramón González Ponciano. La metamorfosis del racismo en la elite de poder en Guatemala, por Marta Elena Casaús Arzú. Interpretaciones norteamericanas sobre la raza y el racismo en Guatemala, por Carol Smith. De la hegemonía a la anti hegemonía. Racismo y antropología estadounidense en Guatemala, por Richard Adams. Heterofobia y racismo en Guatemala por Demetrio Cojtí Cuxil. Esencialismo “maya”, mestizaje ladino y nación intercultural, por Mario Roberto Morales. El discurso ladino del racismo al revés en Guatemala, por Charles Hale y Educación, identidad y racismo en Guatemala, por Gustavo Palma y Ana Beatriz Mendizábal. 2005 296) Cojtí, Demetrio. Waql´ Q´anil. La difícil transición al Estado multinacional. El caso del

Estado monoétnico de Guatemala: 2004. Editorial Cholsamaj. Guatemala, junio de 2005. 167 páginas. CENDOC/CEDIM.

Inventario de la situación en que se encuentra el tema indígena en el Estado guatemalteco y sus dependencias, para conocer el tratamiento de la multiculturalidad, que conllevaría el cese del racismo contra los pueblos indígenas, y evidenciar la manera en que el Estado, actualmente controlado por criollos y ladinos, integra y procesa lo indígena en su mentalidad, legislación,

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estructuras, planes, programas y procedimientos, aspectos que generalmente no se conocen, pues lo más avanzado es el ámbito legal. El estudio parte de que sólo siendo multiétnico o multinacional el Estado podrá implementar la multietnicidad y fue realizado, entre fines de 2003 y principios de 2004, por un grupo de mayas que laboraron en el Estado, que reconocen que la transformación del Estado y la democracia es un proceso, por lo que el estudio tiene este enfoque, además de una visión diacrónica. Se usó la investigación bibliográfica y la entrevista a referentes idóneos, partiendo también de la experiencia y conocimiento que, como funcionarios públicos, habían adquirido los autores. En el primer capítulo contiene el análisis del que denominan el proceso de multinacionalización del Estado y de la democracia en Guatemala y en los capítulos siguientes se describe la labor realizada por las diversas dependencias en esa materia, ordenándolas de acuerdo a los tres poderes del Estado, comisiones mixtas de diálogo y participación, entidades descentralizadas y autónomas, y organismos de fiscalización del Estado, ordenamiento que sigue la lógica de mando entre organismos y funcionarios de Estado, para terminar en los espacios donde el Estado es casi un socio, como las instancias de diálogo, buscando en cada una avances, convenios institucionales y legislación emitida. 297) Avendaño Toledo, Miguel Ángel. Identidad étnico cultural de los niños indígenas

trabajadores en la Ciudad de Guatemala: el caso de los lustradores de la plaza central. Tesis de Maestría en Etnicidad, Etnodesarrollo y Derecho Indígena. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. Noviembre de 2005, 136 páginas.

Se indica que el tratamiento que se ha dado al tema de la niñez trabajadora en Guatemala ha sido general, obviando la diversidad étnico cultural que constituye parte de la identidad de niños y niñas, mencionando que algunos grupos rechazaron el Código de la Niñez y la Juventud por considerar que no respondía a la realidad cultural, social y étnica de Guatemala. Se indica que hay numerosos estudios sobre el tema, en los que poco se dice sobre cómo sobreviven, con qué y cómo se identifican, cómo se reconocen, qué espacios públicos y privados frecuentan y qué nuevas identidades se generan ante la realidad cotidiana que viven en la ciudad de Guatemala y qué rasgos culturales se afincan, aspectos que se abordan en esta investigación antropológica, que presenta un cotejo para diferenciar los conceptos de niñez que manejan la Convención, la LPINA y los pueblos indígenas. Las conclusiones se organizan por temas y se recomienda que el Estado asuma un papel más activo en el tema de la diversidad cultural y que las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el campo de la niñez tomen como un eje fundamental la cuestión étnica y que las instancias de estudios superiores propicien una investigación multidisciplinaria del derecho. 298) Falla, Ricardo. Alicia, explorando la identidad de una joven maya. Ixcán, Guatemala.

AVANCSO. Colección Otras Publicaciones. Noviembre de 2005, 224 páginas Alicia es la puerta de entrada al entendimiento y la discusión de esos aspectos de la persona en sociedad: ¿qué es la identidad?, ¿qué es la juventud?, ¿qué es ser joven maya hoy, en la era de la globalización? ¿qué es ser mujer maya?. El paralelo entre Alicia, la protagonista de la vida real de Ixcán, e Ixkik, la protagonista del mito cosmogónico del Popol Vuh, nos ubica rápidamente y de manera simultánea en el tiempo real y en el tiempo mítico y nos provee elementos del segundo para situarnos en el primero. Situado en la realidad de la globalización y haciéndose preguntas sobre el cambio cultural, deja las puertas abiertas para barruntar el futuro y para profundizar alrededor de las diversas identidades que va construyendo la juventud maya del presente. 2007 299) PNUD. Raxalaj Mayab´ K´aslemalil. Cosmovisión maya, plenitud de vida. Guatemala,

febrero de 2007. 132 páginas.

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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- Guatemala ha propiciado un esfuerzo, inscrito en un planteamiento de “revitalización cultural”, para vincular la cosmovisión maya con el concepto de desarrollo humano. De esta cuenta, Faviana Cochoy, Santiago Tzapinel, Rosenda Camey, Daniel Domingo, Isabel Taxón, Carlos Tamup Canil, Pedro Yac Noj y José Yac Noj, al exponer que la humanidad surgió del proceso energético y material del Padre Sol, la Madre Tierra, el Padre Aire y la Madre Agua, señalan que sólo se llega a ser seres humanos en colectividad, en comunión con la Madre Naturaleza y el Cosmos, por lo que la organización social se caracteriza por la comunitariedad, que se sustenta en el principio de reconocer a la Naturaleza y a las otras personas en la vida propia, siendo que la estructura social se basa en los valores de respeto, complementariedad y solidaridad. El trabajo se basa en textos como el Pop Wuj, los Anales de los Cakchiqueles, el Título de los Señores de Totonicapán, el Rabinal Achí y el Libro de los Libros del Chilam Balam, los autores identifican veinte principios, granos de maíz, pues Jun Winaq, el veinte, sustenta el sistema matemático maya. De estos principios surgen los hilos, con los que debe tejerse la vida personal, familiar, comunitaria y social: el respeto, el agradecimiento, la protección a la naturaleza y el servicio, que es estar atento a la necesidad de otros y que es la base del cumplimiento de la misión de cada quien, para una vida útil y buena. 300) Bastos, Santiago, Aura Cumes y Leslie Lemus. Mayanización y vida cotidiana. La

ideología multicultural en la sociedad guatemalteca. Texto para el debate. FLACSO, Guatemala. Octubre de 2007, 104 páginas.

El objetivo del proyecto de investigación es conocer cómo están recibiendo, interpretando y recreando la ideología y la identidad étnica asociadas a lo maya y el multiculturalismo, las personas que no están insertas en las estructuras que generan este discurso, para mostrar la diversidad ideológica en relación con la identidad étnica y los discursos sobre la etnicidad de los y las guatemaltecos/as, para propiciar la discusión y el debate. Se plantea que en Guatemala está ocurriendo una transformación de la forma en que percibe y se entiende la diferencia étnica, que incluye una nueva terminología para nombrarla asociada a lo maya, detrás de lo cual hay un proceso de ascenso de un nuevo paradigma ideológico, el multiculturalismo así como otros procesos de cambio social, donde confluyen el contexto nacional y los procesos globales. Se indica que la identidad de los y las mayas en particular y de los guatemaltecos y guatemaltecas en general se está reformulando, ello no sucede de la misma manera ni en el mismo sentido en todos los casos, por diversas razones. En la primera parte se incluyen consideraciones conceptuales e históricas acerca de las identidades étnicas; en la segunda se describe la amplia gama de identidades y discursos étnicos a partir de su relación con el discurso maya y multicultural, tomando en cuenta el contexto social y las condiciones de vida de las personas. En la tercera parte se ubica ideológicamente las identidades y discursos analizados, desde la propuesta de los polos ideológicos. Los insumos empleados provienen de los estudios etnográficos previos realizados en municipios de Chimaltenango, Sololá, Huehuetenango, Alta Verapaz, Zacapa, Totonicapán, Chiquimula, en la colonia 1º. De julio (ciudad de Guatemala) y en instituciones como la IPDH y el Ministerio de Cultura y Deportes, la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala y la Escuela Normal Pedro Molina. El estudio comprende tres volúmenes, además de este texto introductorio.

Género 2001 301) Barrios Kleé Walda y Gaviola Edda, Mujeres Mayas y cambio social. Colección de

estudios de Género. FLACSO, Sede Guatemala, 2001. 156 páginas.

La publicación contiene tres secciones. La primera, desarrollada por Barrios, trata la experiencia con mujeres tzotziles de Chiapas, México y con lideresas mayas guatemaltecas. Es un estudio sociológico y antropológico sobre cambio social y la transición de sociedades tradicionales a sociedades modernas: de modelos autoritarios a democráticos, del patriarcado a la equidad.

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Desarrolla temas que evidencian cambios comunitarios y sociales: a) la asignación de roles y la división sexual del trabajo. b) Conductas reproductivas. c) Relaciones genéricas. d) Acceso ala educación. e) Nuevas opciones religiosas. Reconoce aspectos que permanecen constantes: aprecio por el lugar de residencia, relación con la familia y la domesticidad de las mujeres. Elabora tres conclusiones i) El trabajo favorece cambios en las mujeres que repercuten en toda la unidad doméstica. ii) Las migraciones no son un proceso nuevo y, iii) Los procesos de cambio producen choques entre la traición y la modernidad. La segunda sección está desarrollada por Eda Gaviola y toca el tema de participación, derechos y conflictos desde la cotidianidad de las mujeres mayas (San Martín Sacatépequez y cabecera departamental –Quetzaltenango-, Rabinal -Baja Verapaz-, y Guatemala); aborda y define género, feminismo, relaciones de poder, empoderamiento. Plantea trasformas de opresión a las mujeres mayas basadas en relaciones de poder y dominio. La tercera sección se refiere a aspectos metodologías donde se intenta medir a) el ejercicio cotidiano de los derechos, la organización y la participación, b) Los conflictos más frecuentes en lo privado y publico y c) La percepción de cambios más importantes en lo público y privado. 2002 302) Varela Martínez, Rodolfo Estuardo. El delito de violación y sus efectos psicológicos en

la víctima. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Julio de 2002. 65 páginas.

La libertad sexual, la cual se puede entender como aquella parte de la libertad referida al ejercicio de la propia sexualidad, y en cierta forma, a la disposición del propio cuerpo, es un bien jurídico merecedor de protección y necesitado también de la tutela penal y es entendida como un contexto valorativo de reglas que disciplinan el comportamiento sexual de las personas en sus relaciones con otras personas. En Guatemala los delitos contra la libertad sexual (incesto, estupro, abusos deshonestos y violación) han aumentado, siendo la violación uno de los que más agobia a la sociedad, que debe se analizado desde un enfoque jurídico y humano. Se presentan referencias históricas o jurídicas así como los posibles daños de índole psicológico que sufre la víctima del delito de violación, algunas de las actitudes que se toman para enfrentar el problema y la importancia del brindar un adecuado tratamiento psicológico a las víctimas, para reinsertarlas a la sociedad. Se entrevistó a psicólogos de instituciones estatales ubicadas en la ciudad capital que prestan auxilio a las víctimas del delito de violación. 2003 303) Walda Barrios Klée y Romero Wilson. Mirando el presupuesto con perspectiva de

género, Educación, Salud y vivienda. FLACSO/Guatemala- UNAMG, 2003, 127 páginas. Hace una relación entre el movimiento feminista y los instrumentos nacionales e internacionales que protegen los derechos de las mujeres, para afirmar que el Presupuesto no hace referencia explícita a la equidad de género. El estudio presenta cuadros y gráficas comparativas entre PIB e inversión social en temas de género, y concluye que incluir este enfoque en políticas públicas es resultado de las luchas de las organizaciones de mujeres por convertirse en ciudadanas y sujetas sociales activas. Se proponen indicadores para verificar si los presupuestos o programas tienen enfoque de género y la manera en que contribuyen o no al empoderamiento de las mujeres y se afirma que las experiencias de otros países que cuentan con el presupuesto sensible a la equidad de género han contribuido a determinar objetivamente el valor real de los recursos asignados a mujeres. El discurso que se encuentra en los ministerios que fueron analizados es abiertamente patriarcal e invisibiliza a las mujeres. Examina los presupuestos de vivienda, salud pública y asistencia social, educación. Indica que el movimiento de mujeres en Guatemala cuenta con valiosos instrumentos: Acuerdos de Paz, la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006.

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304) Barrios Kleé, Walda y Ericastilla Ana Carla. Cuaderno de Género No. 6. Universidad de San Carlos de Guatemala, Área de Antropología, Escuela de Historia, 2003. 177 páginas.

La publicación contiene tres secciones. La primera, desarrollada en 50 páginas, a cargo de Walda Barrios-Klée documenta y analiza el desarrollo del feminismo en Europa. Refiere el feminismo burgués y el feminismo revolucionario como dos corrientes de un mismo origen pero con interpretaciones propias a la época y a las demandas y reivindicaciones de las impulsoras. La segunda sección es desarrollada en 73 páginas por Ana Carla Ericastilla y trata de la sexualidad y el poder; desarrolla el tema de las mujeres públicas ligadas al placer y al erotismo, a las satisfacciones del cuerpo y las afectivas, las portadoras de las enfermedades y las reinas de la tolerancia y refiere que eran consideradas como mujeres caídas y un mal socialmente aceptado Las mujeres privadas que son madres y esposas, las que se casan y someten a las condiciones e imposiciones de la institución, siendo el matrimonio es el único medio moral aceptado para fundar una familia, donde se valida la violencia como corrección necesaria a la mujer, vista como un hecho social definida a partir de su sexualidad, el hombre un acontecimiento social definido a partir del trabajo. Las reflexiones generales sitúan a las mujeres en los papeles que históricamente se les ha asignado y las capacidades colectivas de interpelarlas y transformarlas. 305) Gutiérrez, Lizeth. Cuaderno de Género No. 6 El matrimonio y la sujeción de mujeres

Universidad de San Carlos de Guatemala, Área de Antropología, Escuela de Historia. 2003, 177 páginas.

El estudio se centra en las mujeres Q ´eqchi´ de Las Verapaces en la segunda mitad del periodo liberal (1870 al 1945), siendo el objetivo comprender cómo operó concretamente el matrimonio como mecanismo de libertad y dominación para los hombres y de sujeción para las mujeres. Plantea la necesidad de conocer los argumentos usados en la época y conocer las acciones tomadas. El estudio parte de la visión general de la época, asumiendo los cambios económicos –tenencia y explotación de la tierra, el cultivo del café, la economía de consumo propio- los cambios políticos y el marco legal. En el marco legal se conceptualiza el matrimonio como “el contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”. A partir del contrato se señalan también algunas faltas y sanciones, minimizando las faltas de los hombres, por lo que el matrimonio actúa como un contrato desigual entre las partes, lo que refleja en si el puesto de la mujer Q´eqchi´ en la sociedad. Dentro de las conclusiones se indica que la vida matrimonial de las mujeres estaba expuesta a la opinión pública y el comportamiento social era seguido y calificado comunitariamente. En todos los casos se encontró que el matrimonio actúa como un contrato desigual entre los contrayentes, aunque las precarias condiciones de vida no privilegiaban a los hombres pues la sobrevivencia era tarea del grupo familiar. Respecto al adulterio reportan que el 88.23% de las mujeres fueron perdonadas por los maridos, en cuanto que el 11.76% no tenían acceso al indulto. Las primeras fueron perdonadas por los esposos ofendidos, no por amor sino por la necesidad de los servicios que ellas prestaban en el trabajo reproductivo. En el caso de los hombres se reconocía adulterio solo en el grado de adulterio escandaloso, es decir que yacieren en el mismo hogar a la legítima esposa. 2004 306) Morales Trujillo, Hilda. Derechos humanos de las mujeres en la legislación

guatemalteca. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de Escuela de Estudios de Post Grado. Junio de 2004, 125 páginas.

Aprobada Suma Cum Laude. Se examina el complejo problema de adecuar la legislación interna a los compromisos que ha adquirido el Estado de Guatemala al ratificar instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos de las mujeres, quienes conforman el 51.2% de la población guatemalteca. Se analiza teóricamente la naturaleza programática de las convenciones sobre el tema (non self executing o de legge ferenda), para establecer su inserción

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en el derecho interno, desglosando su contenido confrontándolo con el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos y evidenciando la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, la cual, al amenazar el sistema construido, que toma como paradigma de lo humano al género masculino, es vista como falta de seriedad profesional. Se indica que analizar esta legislación implica la aplicación de métodos de hermenéutica jurídica y de la teoría de género, así como la reflexión filosófica sobre el significado del derecho. Se concluye, entre otras cosas, que el Estado de Guatemala se ha limitado a firmar tratados pero que no ha cumplido con los compromisos adquiridos, que los pocos avances se deben a la lucha de las organizaciones de mujeres, y que el Estado debe considerar la adopción de medidas afirmativas de carácter temporal a favor de las mujeres en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que debe reformarse el Código Penal y el Código Procesal Penal, respecto de los delitos contra las mujeres así como el Código de Trabajo. 2005 307) López, Carmen Yolanda, Marianne Urrutia y Dina Mazariegos. “Estudios de Género en el

sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos-SINUSAC-” IUMUSUC. Noviembre de 2005, 126 páginas

El presente estudio permite conocer los aportes de la investigación universitaria y los Estudios de Género de las unidades que conforman el Subsistema Operativo del Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala -SINUSAC-. En el capítulo I, se describe el proceso histórico del desarrollo de la investigación dentro de la institucionalidad y normativa universitaria, así como la conformación del Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, -SINUSAC- y la conformación de su estructura organizacional. Permite conocer el aporte de las mujeres universitarias en investigación, docencia y extensión universitaria, desde su quehacer dentro de las diferentes unidades académicas, para el logro de la conformación de la Comisión Universitaria de la Mujer -CUMUSAC-, la instalación del Programa Universitario de Estudios de Género -PUIEG- dentro de la DIGI y la creación del Instituto Universitario de la Mujer -IUMUSAC-. En el capítulo II, se presenta un planteamiento teórico metodológico de la investigación y los estudios de la mujer, las mujeres, género y feminismo dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el capítulo III, se presenta una descripción de la información proporcionada por las 36 unidades que conforman el Subsistema Operativo del SINUSAC, clasificadas por su área de estudio en: Científico Asistencial, Científico Tecnológica y Social Humanística. En el capítulo IV, se hace un análisis de la situación actual de las unidades que conforman el Subsistema Operativo del SINUSAC, de acuerdo a su área de estudio, fecha de creación y proceso de institucionalización; los avances de los estudios de género dentro del SINUSAC, a través del cofinanciamiento de proyectos de investigación dentro del Programa Universitario de Investigación en Estudios de Género, de la Dirección General de Investigación En el capítulo V, se hace una propuesta para el desarrollo y fortalecimiento de la investigación y los estudios de la mujer, las mujeres, género y feminismo dentro del SINUSAC. Se presenta como producto de esta investigación, una base de datos en disco compacto 308) Chacón España, Haroldo Antonio. Situación actual de los derechos específicos de la

mujer indígena en el Municipio de San Antonio Aguas Calientes del Departamento de Sacatepéquez. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Marzo de 2005, 101 páginas.

Ser mujer indígena el Guatemala, es estar sujeta a la triple opresión: mujer, indígena y pobre. Es estar excluida de lo público. Consideran, por parte de la sociedad y su familia, innecesaria su educación ya que al “final de cuentas” terminara criando niños y realizando oficios domésticos. En Aguas Calientes no se respetan los derechos específicos de las mujeres: respeto a la identidad cultural, derecho a no ser asimilada por una cultura ajena, derecho a la participación en cargos de dirección y de toma de decisiones a todo nivel, dentro y fuera de la Comunidad, derecho a un trato digno y respetuoso, oportunidad de empleo y acceso a la propiedad de la tierra. Los principales

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violadores de estos derechos son: personas de la cultura ladina, el sector laboral –específicamente el privado- y los centros educativos. 309) Herrera López, Adelaida Isabel. Vulnerabilidad étnica de las mujeres indígenas

migrantes en la ciudad de Guatemala. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca de la Escuela de Estudios de Postgrado USAC. Noviembre de 2005, 168 páginas.

Estudio que plantea la preocupación por entender y explicar los procesos de vulnerabilidad étnica, de género, y socioculturales de la mujer migrante indígena en su inserción al ámbito urbano de la ciudad de Guatemala. Las áreas de estudio fueron: La Ruedita, Anexo a La Ruedita, zona 3. Cerritos, zona 7. Tierra Nueva I y II. Los “valores sociales” para el Estado son la base para la discriminación, exclusión, intolerancia y racismo que reafirma el sistema y para la mujer se convierten en sistematización de los mecanismos de vulnerabilidad, que la estigmatizan dentro de un sistema de inferioridad como ser humano y como sujeto social. La influencia de la antropología estadounidense fue perjudicial y determinante en el campo político y las clases sociales en Guatemala, ya que fijaron toda una realidad étnica nacional errada. La mujer indígena migrante pierde su identidad étnica y no son protegidas por las leyes que amparan a las otras personas.

310) Muralles Bautista, Myra y Violeta Lacayo. Feminicidio en Guatemala: crímenes contra la humanidad. Congreso de la República, Bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Noviembre de 2005, 148 páginas.

La investigación aporta insumos útiles para el desarrollo de iniciativas de acción para fiscalizar la actuación del Estado frente a la problemática del feminicidio y fundamentar propuestas de ley dirigidas a la prevención, persecución y sanción de los asesinatos de mujeres. Se aborda el fenómeno desde los enfoques sociológico, jurídico y criminológico, para identificarlo así como sus causas y consecuencias, para que el Organismo Ejecutivo destine recursos a promover que el Estado guatemalteco cumpla su función de garantizar la vida, la seguridad, la dignidad, la libertad y bienestar de todas las personas. Recoge la visión de numerosas personas, representantes de entidades del Estado y de organizaciones de la sociedad civil y presenta una conceptualización del feminicidio, partiendo de los términos feminicidio y femicidio, que, desde la teoría feminista, permiten comprenderlo como violación a derechos humanos por razones de género. Se abordan las figuras delictivas que en la legislación guatemalteca son aplicables a los asesinatos de mujeres y los vacíos legales, examinando también las consecuencias del conflicto armado. Se incluye cifras y características de los crímenes, las principales hipótesis que manejan las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, así como un resumen de las principales demandas planteadas al Estado en este tema. 2006 311) Borrayo, Ana Patricia “Las Mujeres en cifras políticas, económicas y sociales”

IUMUSAC.Octubre de 2006, 41 páginas. El contar con la información sistemática, confiable, oportuna y actualizada de la población y en particular de las mujeres, permite conocer sus condiciones económicas, políticas, sociales y culturales para promover políticas públicas de acuerdo a sus características y tendencias, a fin de mejorar su nivel y calidad de vida. El trabajo hace un significativo aporte, al integrar la información estadística generada por diferentes instituciones. Evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado y además, de que la Universidad de San Carlos de Guatemala aporte desde la academia, propuestas para fortalecer la información estadística, sociodemográfica y desarrollo, desagregada por sexo. Uno de los valiosos aportes que brinda este estudio, es que presenta una visión holística desde un enfoque de género sobre la condición, posición y situación de las mujeres en lo político, económico y social. Esto brinda la oportunidad, de impulsar acciones

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para eliminar los obstáculos que limitan el desarrollo integral de las mujeres, en igualdad y equidad en la sociedad guatemalteca. 312) Maldonado, Miriam y Marianne Urrutia y Miriam Villagrán. “Estadísticas condicionantes de

género de las estudiantes de la USAC/Parte II. IUMUSAC. Octubre de 2006, 260 páginas.

El estudio determina las condicionantes de género que presentan las estudiantes del último año de las 10 Facultades y 6 Escuelas no facultativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La población la constituyeron 4,393 de estudiantes inscritas en los últimos años de las carreras en el Campus Central zona 12 y Centro Universitario Metropolitano-CUM, según datos proporcionados por los Departamentos de Control Académico en el año 2006. Las condicionantes de género inciden en el proceso formativo de las estudiantes universitarias, por su condición personal, familiar, económica y las relaciones que establecen con sus compañeras, compañeros, docentes, mujeres y hombres, autoridades universitarias y personal administrativo, así como sus expectativas e incertidumbres. Se identifica el perfil sociodemográfico, responsabilidades familiares, situación laboral, características de ingreso, proceso de enseñanza aprendizaje, perspectiva a futuro y problemática de las mujeres universitarias y se presentan los datos estadísticos, de cada una de las unidades académicas participantes. Uno de los valiosos aportes del presente estudio, es que presenta la oportunidad de impulsar políticas y a acciones para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y además, eliminar los obstáculos que limitan el acceso, ingreso, graduación y profesionalización de las mujeres en la educación superior; tomando como base las condiciones académicas, económicas, políticas, sociales y culturales, entre otras, de la población estudiantil. 313) Agreda Ajqui, Claudia Verónica. El derecho de la igualdad de la mujer en el contexto

guatemalteco. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Junio de 2006. 207 páginas.

Desde un enfoque teórico feminista, se aplica el análisis de género y se desarrolla el trabajo de manera deductiva. Se examinan los principios de “igualdad” y “universalidad” de los derechos humanos, su ámbito de aplicación y sus titulares, haciendo un análisis de distintos instrumentos en materia de derechos humanos, correlacionándolos con la especificidad de los derechos de las mujeres, abordando el concepto de “equidad” y el aporte del feminismo. Se trata el imaginario social guatemalteco en cuanto a las mujeres y su rol en la sociedad, con base en investigaciones y entrevistas, analizando el caso de María Eugenia Morales de Sierra, que ilustra la patriarcalidad de la hermenéutica aplicada a la ley dentro de Guatemala, cuando se trata de reivindicar los derechos de las mujeres. Se estudia cuál es la situación de las mujeres respecto a los hombres dentro del país, por medio de diversas variables, para sustentar cuantitativamente las afirmaciones vertidas en el trabajo. Se hace recomendaciones, especialmente dirigidas a las universidades del país, porque están formando a los futuros funcionarios y funcionarias de Estado. 314) Aqueche Sandoval. Christa Gabriela. Feminicidio en Guatemala. Tesis de Maestría en

Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre 2006, 148 páginas.

La muerte de mujeres en Guatemala es un problema de seguridad democrática en la que es imperativa la intervención del Estado como ente obligado a garantizar la seguridad de la población y que está vinculada a la construcción social de género, que ha sido utilizada para asignar roles a la mujer y discriminarla por razón de sexo, unido a ello la misoginia ha provocado que las mujeres sufran violencia física, abuso sexual, degradación, tratamiento injusto, discriminación legal y económica a causa del poder masculino. La muerte de mujeres ha sido calificado por organizaciones internacionales y sectores del movimiento feminista como femicidio y feminicidio y como homicidio y muerte violenta de mujeres por las instituciones del Estado que tienen a su cargo la administración de justicia y seguridad. La autora de este trabajo de investigación considera que el término mas adecuado para calificar este fenómeno es el de feminicidio, en tanto contiene elementos que lo identifican como tal. Se examina el fenómeno desde la perspectiva de

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las organizaciones del Estado y de la sociedad civil, gracias a cuyas acciones se ha puesto en la agenda pública. Se hace recomendaciones en cuanto al sistema de justicia y de seguridad, resaltando el papel del Estado en la prevención y sanción del feminicidio, cuya discusión teórica estaría ya superada, por lo que corresponde pasar a la lucha porque se tipifique en el Código Penal. 315) Consultora Grupo Olympe. Derechos humanos de las mujeres en Guatemala.

Diagnóstico. IDHUSAC. 2006, 208 páginas. Afirmando que los derechos humanos de las mujeres son una categoría indispensable en la construcción de los derechos humanos, se indica que replantearlos desde y para las mujeres significa la revisión crítica de la doctrina y el cuestionamiento de conceptos como “universalidad” e “igualdad”. El establecimiento de un listado cerrado de los derechos de las mujeres está aún en debate por lo que el diagnóstico se refiere a las categorizaciones más extendidas y reconocidas en el ámbito del movimiento de mujeres y feminista: derecho a una vida libre de violencia, derechos cívicos – políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y derechos sexuales y reproductivos, en once departamentos de Guatemala. Se hace recomendaciones por derecho y generales, dirigidas al Estado y a las organizaciones sociales; se recomienda que todas las instituciones del Estado desagreguen sus estadísticas contemplando las variables género y etnia; que se creen indicadores específicos, que se ofrezca capacitación a los funcionarios públicos para que exista un tratamiento más riguroso, profesional y objetivo en los casos de mujeres violentadas en sus derechos, que se incluya la formación en los derechos humanos de las mujeres en el currículo educativo, que la IPDH cree un sistema de monitoreo específico. Se recomienda una mayor articulación de los esfuerzos de las organizaciones sociales a nivel departamental y nacional, realizar investigaciones sobre el tema. 2007 316) Reyes Monzón, Eneida Victoria “Derechos de Mujeres y acciones afirmativas”

IDHUSAC. Noviembre de 2007, 61 páginas. El estudio surge de la preocupación por entender los procesos de género, socio culturales y vulnerabilidad de la mujer en el ámbito guatemalteco. La discriminación de la mujer es un problema social por lo que deben establecerse las acciones necesarias para eliminar la desigualdad. Realiza una reseña histórica a partir del año mil novecientos setenta y cinco al dos mil siete. En este recorrido identifica el momento en el que se sientan las bases feministas, el auge de la participación de las mujeres en acciones políticas y sociales, el período en el que las mujeres se suman a movimientos de sobre vivencia y derechos humanos. Evidencia la importancia de acciones relevantes como lo es el surgimiento de programas radiales, la red de la no violencia, la incorporación de las demandas de mujeres en los Acuerdos de Paz entre otros. Caracteriza a las acciones afirmativas como aquellas que consiguen que las mujeres tengan abiertas todas las posibilidades de esta sociedad para defensa de la vida y la búsqueda del sujeto. Concluye indicando que existen diferencias reales de jerarquía aunque la ley exprese igualdad formal, al no existir legislación, ni políticas publicas que otorguen cuotas de poder a la mujer. El Estado debe crear estas acciones, pues a la fecha son insuficientes, por falta de voluntad política para implementar mandatos de la ley y recomendaciones de convenciones internacionales.

Procurador de los Derechos Humanos 2001 317) Avelar, Sandino Antulio. La defensoría laboral de la Procuraduría de los Derechos

Humanos y la necesidad de su existencia. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Octubre de 2001, 114 páginas.La

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clase trabajadora está considerada como un sector vulnerable y por ende en riesgo. Su vulnerabilidad da la pauta para que sus derechos sean violados constantemente, razón que impulsa al Estado a darles una protección preferente frente a la clase patronal. Es necesaria la creación de la Defensoría Laboral en la Procuraduría de los Derechos Humanos para que los Derechos laborales avancen en la práctica. Muy importante será verificar constantemente el desarrollo laboral dentro de las empresas para constatar que cada empleado goce de sus derechos humanos. También realizar campañas informativas para que cada trabajador y patrono conozcan sus derechos y obligaciones.Yax Ajpacaja,

318) José Francisco. Surgimiento del Procurador de los Derechos Humanos, carácter de

sus resoluciones y el proceso de amparo. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Septiembre de 2001, 118 páginas.

Afirmando que el respeto de los derechos humanos no es sólo responsabilidad de esta institución sino de toda la administración pública, se examina el papel que la IPDH ha desempeñado en el proceso de transición de un régimen autoritario a uno democrático, afirmando que la trascendencia de sus resoluciones están relacionadas con su apego al derecho, pues los numerosos amparos que se han interpuesto contra éstas se deben a que violan derechos como el de defensa, audiencia y debido proceso. Se concluye que las resoluciones del Procurador de Derechos Humanos no son susceptibles de amparo cuando éste se enfoca al fondo, pero sí cuando se refiere a la forma. 319) Cruz Vásquez, Karla Sucely. La naturaleza jurídica de las resoluciones y

recomendaciones del Procurador de los Derechos Humanos. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Octubre de 2001, 103 páginas y anexos.

Se examina cuál es la naturaleza jurídica de las resoluciones y recomendaciones de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, analizando si son o no de carácter moral –lo que en caso afirmativo haría improcedente la acción de amparo- y si son sólo opiniones u opiniones técnico jurídicas con efectos jurídicos no vinculantes que pretenden que la conducta humana se identifique con intereses sociales, como expresión de lo bueno, basándose en la fuerza moral de los derechos humanos. Se concluye que las resoluciones y recomendaciones de la IPDH por ser morales no son de cumplimiento obligatorio, por lo que no proceden interponer amparos contra ellas, porque no conllevan agravios, aunque los tribunales estén obligados a tramitarles bajo la norma de que no hay ámbito que no sea susceptible del amparo 320) Enríquez Oliva, Corina Haydee. Eficacia de las resoluciones de conciencia del

Procurador de los Derechos Humanos (especial referencia a la acción de amparo) Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Mayo 2001, 109 páginas.

El conocimiento doctrinario de la naturaleza moral o de conciencia de las resoluciones del Procurador de los Derechos Humanos, de la falta de coercibilidad de las mismas y de su carencia de facultades para anular, modificar o renovar actos administrativos y-o sentencias judiciales. pareciera que las resoluciones por no ser vinculantes, no son impugnables, sin embargo, la experiencia dice que en muchas ocasiones, estas lo han sido a través de acciones de amparo. Motivada por esta contradicción, la investigadora al realizar su trabajo concluye que el Procurador de los Derechos Humanos, está obligado a atender sin formalismos y sin costo alguno, cualquier denuncia relacionada con la violación a los derechos humanos cometida por funcionarios y-o empleados públicos. Asimismo, doctrinaria y jurídicamente las resoluciones del procurador no son vinculantes, no producen agravio, únicamente tienen carácter moral, por lo que no son impugnables.

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2002 321) ASIES. Informe Comparativo de la situación de los derechos humanos en Guatemala

durante el año 2001 y propuesta de esquema: Informe Anual Circunstanciado del Procurador de los Derechos Humanos al Congreso de la República. Guatemala, mayo de 2002.

En este informe se comparan los informes sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala que presentan anualmente la Institución del Procurador de los Derechos Humanos -IPDH- la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala -MINUGUA-, el Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH- y el Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Se analiza la clasificación utilizada en cada uno de estos informes y se organiza la información contenida en ellos de acuerdo a una propuesta de clasificación propia, para presentar un documento sintetizado y de fácil manejo, brindar una visión global y sintetizada de su situación en el país, identificando los avances, retrocesos y perspectivas de la situación de los derechos humanos en el país, a efecto de motivar su tratamiento en la gestión gubernativa, que favorezca el sistema democrático en Guatemala. Se indica que durante el año 2001 se evidenció un deterioro en la vigencia de los derechos humanos, como consecuencia de la inexistencia de una política de Estado plenamente definida e implementada en esa materia. Se entrevistaron numerosos referentes en la materia, tanto gubernamentales como no gubernamentales e internacionales. Se formulan varias recomendaciones en diversas áreas, incluidas algunas dirigidas a mejorar la presentación de los informes anuales, tanto de las entidades gubernamentales como los de las ONG, enriqueciéndolos con la relación de avances y perspectivas y, en el caso de las instancias oficiales, con el seguimiento de las recomendaciones dirigidas al gobierno de Guatemala por los órganos convencionales y no convencionales tanto del Sistema Universal como del Sistema Interamericano. A partir de una recomendación del informe correspondiente al año 2000, en el informe de 2001, se presenta una propuesta de esquema para la elaboración del Informe Anual Circunstanciado que el Procurador de los Derechos Humanos debe presentar al Congreso de la República, con la cual se mejoraría la estructura y contenido del informe del PDH, para contar con una visión más clara, objetiva, ordenada e integral de la situación de los derechos humanos en el país, así como de las tareas de promoción, garantía y respeto de estos derechos. 2003 322) López Cruz, Ottoniel. Breve análisis de la actuación de la Corte Suprema de Justicia y

los principios procesales que dieron lugar al mandato de averiguación a la Procuraduría de los Derechos Humanos que origina recurso de inconstitucionalidad. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central, USAC. Marzo de 2003, 90 páginas.

Después de abordar el desarrollo histórico, terminología, características y definición de los derechos humanos, las funciones de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala y de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos así como las facultades y funciones que le corresponden, el autor analiza la acción de inconstitucionalidad 669 – 94 presentada por el Procurador de los Derechos Humanos contra los artículos 467 y 469 del Código Procesal Penal, que le asignaba responsabilidad en el Procedimiento Especial de Averiguación, por considerar que el Organismo Judicial no podía imponerle funciones, siendo el Procurador de los Derechos Humanos un comisionado del Congreso de la República. Se sostiene que no procedía presentar esta acción de inconstitucionalidad, porque en la IPDH, por sus propias funciones, es la institución idónea para impulsar el Procedimiento Especial de Averiguación. 2004

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323) Paz Kroell, Otto José. La naturaleza de las resoluciones del Procurador de los Derechos Humanos. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC. Biblioteca Central USAC. Mayo de 2004, 82 páginas.

El Procurador de los Derechos Humanos está obligado a atender sin formalismos y sin costo alguno, cualquier denuncia relacionada con la violación de los derechos humanos, cometida por cualquier persona particular, jurídica o por funcionario o empleado del Estado. Doctrinaria y jurídicamente la resolución del procurador no son vinculantes, no producen agravio, únicamente tienen carácter moral, razón por la cual se les denomina de conciencia, por lo que no son impugnables. Recomienda elaborar y presentar un anteproyecto de Ley, que incorpore a la ley de la Comisión de los Derechos Humanos, la facultad de poder requerir información a través del Ministerio Público. 2005 324) Hurtado García, Pablo Gerardo. El Procurador de los Derechos Humanos y la Justicia

Constitucional en Guatemala. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Febrero de 2005.187 páginas

Partiendo de que el concepto de Constitución va más allá del simple texto normativo que contiene principios, derechos, instituciones y disposiciones, e incluye aspectos no expresamente señalados, que da origen al Estado de Guatemala, se destaca que la Carta Magna actual contiene un alto espíritu humanista de la misma, que otorgó mucho énfasis a la defensa de los derechos humanos, contemplado la figura del Procurador de los Derechos Humanos y la Justicia (o Jurisdicción) Constitucional, que tienen mucha relación entre sí. La tesis sostiene que las funciones del PDH van más allá de una simple “objeción de conciencia” a comportamientos lesivos a los derechos fundamentales e incluyen el accionar e instar las garantías constitucionales que el ordenamiento jurídico guatemalteco establece. Se plantea entre las recomendaciones que el PDH se ocupe no sólo de la defensa de los intereses difusos en Guatemala a los derechos económicos y a la salud, sino dedique parte de su quehacer a la protección de otros derechos sociales y colectivos, coordinando acciones con distintas organizaciones no gubernamentales, entidades estatales y comunidad internacional; que se cree una unidad encargada de asuntos constitucionales, y que se incluya en los informes anuales, que presenta al Congreso de la República, un detalle de su actuación en la justicia constitucional. 325) ASIES. Estudio sobre competencias en derechos humanos de instituciones públicas:

Procurador de los Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derecho Humanos (COPREDEH) Ministerio de Relaciones Exteriores. Guatemala, octubre de 2005, 53 páginas.

El estudio tiene como propósito determinar los alcances, resultados y obstáculos en el cumplimiento de las competencias atribuidas por la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley respectiva al PDH y a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y las que corresponden a COPREDEH según el Acuerdo Gubernativo 486-91 y sus reformas, así como las asumidas por al Viceministerio de Relaciones Exteriores en relación a los derechos humanos y la atención a los migrantes guatemaltecos. Se basa en el análisis del ordenamiento jurídico e información documental generada por las mismas instituciones estudiadas, por entidades académicas y organizaciones internacionales. El estudio puso de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones, a fin de que cumplan responsable, eficiente y eficazmente su mandato, de revisar las atribuciones legales a fin de evitar que la práctica exceda el ámbito de competencia, de que la cooperación internacional evalúe los programas que apoyan financieramente para que éstos respondan a las atribuciones y competencias que corresponden a cada institución y de que el Estado asigne presupuestos adecuados para garantizar la sostenibilidad y consolidación de los programas que se ejecutan con apoyo de la cooperación internacional.

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2006 326) González de León, Alan Alfredo. El papel del Procurador de los Derechos Humanos en la

protección y defensa de los derechos humanos a la salud y a la seguridad social. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Octubre de 2006. 255 páginas.

Se analiza el papel del Procurador de los Derechos Humanos en la protección y defensa de los Derechos Humanos a la Salud y a la Seguridad Social, identificando fortalezas y debilidades de su actuación en esta materia, para formular propuestas concretas que coadyuven a dicha Institución a fortalecer su papel y hacer frente al número significativo de denuncias recibidas por violaciones al derecho humano a la salud y a la seguridad social en Guatemala. Se estudiaron las acciones que el Procurador ha realizado en este campo y los expedientes de investigación de las denuncias que el Procurador recibe por las violaciones al Derecho Humano a la Salud y a la Seguridad Social, que han aumentado de manera significativa, lo que requiere un mayor involucramiento por parte del Procurador de los Derechos Humanos. Se recomiendan acciones concretas para apoyar a los usuarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, para impulsar de la formación en cuanto a los derechos a la salud y seguridad social y diseñar una estrategia de incidencia en políticas públicas en esta materia. 2007 327) Gudiel Samayoa, Fredy Misael. La posición del Ombudsman frente a las sentencias de

la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la pretensión de fiscalizar su cumplimiento por parte del Estado (procedencia o improcedencia en relación a su competencia). Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Biblioteca URL. Marzo de 2007. 152 páginas.Analiza las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y delimita la obligación del Estado en el cumplimiento de sus sentencias, así como el papel del Procurador de los Derechos Humanos en el seguimiento de dicho cumplimiento, a partir de dos casos concretos, el de los “Niños de la Calle” y el de la “Masacre de Plan de Sánchez”. Se concluye que el Estado de Guatemala no ha cumplido los requerimientos de las sentencias en el plazo razonable, que ha fallado por completo en lo relativo a la administración de justicia y que la IPDH sí tiene competencia para dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias.

Defensores y defensoras de derechos humanos 2004 328) Samayoa, Claudia. El rostro del terror. Análisis de ataques contra defensores de

derechos humanos, entre 2000 y 2003. Coalición por la CICIACS. 2004, 39 páginas.Luego de analizar información sobre ataques a defensores de derechos humanos, se sostiene que éstos no son simple producto de la casualidad ni de acciones provocadas por individuos que actúan por sí mismos sino responden a patrones de acción planificados, a los que el Estado no es ajeno, por lo que constituyen violaciones a los derechos humanos, pues aunque algunos ataques provienen del sector privado y del poder local, responden a una lógica de impunidad generalizada. Se intenta demostrar cómo las estructuras de poder paralelo, ubicadas dentro y fuera del estado, se revitalizan y amplían notablemente su margen y capacidad de acción represiva durante el gobierno de del FRG, así como devolver a los defensores atacados un análisis y una interpretación de la información que ellos/as mismos/as han proporcionado, mostrar a la ciudadanía la dimensión de los ataques y motivar

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un debate entre expertos y políticos para buscar formas de garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.

329) Yagenova, Simona Violetta. Compiladora. Guatemala: aproximación a los movimientos y

luchas sociales del año 2005. FLACSO, 2007, 231páginas. La investigación busca acercar al lector-a a las acciones y luchas que diversos movimientos sociales libraron durante el 2005. Aborda demandas y acciones colectivas de diferentes expresiones organizadas del movimiento de mujeres, campesino, sindical, indígena y de derechos humanos que tuvieron particular relevancia. Visibiliza sus esfuerzos para profundizar el proceso de democratización del país y conquistar el respeto de sus más elementales derechos. Los subtemas abordados son: Los pueblos indígenas frente a la minería de cielo abierto: el caso de Sololá (Simona Violetta Yagenova), La lucha del movimiento sindical en demanda por salarios justos (Wendy Santa Cruz). La movilización social frente a la ratificación del CAFTA (Simona Yagenova y Wendy Santa Cruz). Pueblos indígenas, a diez años de la firma de la paz (Santiago Bastos). Avances y limitaciones en la lucha campesina de cara al desarrollo rural y al tema agrario (Wendy Santa Cruz). Algunas valoraciones sobre el movimiento de derechos humanos (Silvia Trujillo). Consultas populares, un ejercicio de democracia directa y participativa (Marcel Arévalo) Las luchas del movimiento de mujeres (Ivonne Solórzano y Rosa Cuéllar).

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SINTESIS DE LAS INVESTIGACIONES HONDURAS

A.- PARTICIPACIÓN POLITICA Y CIUDADANA

2002

01) MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN HONDURAS. Cruz, Anabel; Espinoza, José Luis. CEDOH. Año 2002 158 p. Edición CEDOH.

Ofrece a la sociedad civil, organizaciones estatales y del sector privado, los resultados de la investigación Mapeo y Caracterización de la Sociedad Civil hondureña como resultado de la Consultoría Internacional del BID y ASDI, ante la ausencia de un Directorio Conceptual abarcador de todo el sector de organizaciones que integran la sociedad civil en el país. De acuerdo al resumen ejecutivo se apunta que la metodología del estudio discurre en primer lugar sobre la presentación del universo que es objeto el estudio, describiendo el proceso de construcción del mismo y la muestra final que fue objeto de investigación detallada. Los dispositivos de investigación utilizados, como formularios de encuesta, entrevistas a informantes calificados y recolección de información relevante. Subsiguientes capítulos hacen un estudio de la Sociedad Civil y dan una mirada cercana sobre cientos de organizaciones de primero grado así como de redes y federaciones. Un primer documento de carácter preliminar fue presentado en diciembre 2001 y fue discutido con representantes de organizaciones de la sociedad civil y de agencias de cooperación. La temática abordada es: I. Resumen Ejecutivo. II. Introducción. III. Aspectos Metodológicos. IV. La sociedad civil en Honduras. V. Una mirada cercana a las OSC de Honduras. VI. La participación ciudadana en la estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. VII. Cooperación Internacional y Sociedad Civil en Honduras. VIII. Principales hallazgos. XI. Recomendaciones. X. Anexos.

02) HONDURAS: PRENSA, PODER Y DEMOCRACIA. Meza, Víctor, Fúnez, Lucila, Méndez, Carlos, Salomón, Leticia. Centro de Documentación de Honduras. CEDOH. Tegucigalpa, Honduras. 3era edición. Año 2002. 301 p.

El libro trata un tema que tiene una crucial importancia para el futuro de la cultura política y la construcción democrática de Honduras: El papel de los medios de comunicación en una sociedad que vive su propio proceso de transición política hacía la democracia. A pesar de la trascendencia del tema y su creciente significado político y social, la prensa como objeto de estudio ha estado casi ausente entre cientístas sociales, en los análisis políticos y académicos en general, por no hablar de los periodistas mismos. El libro aborda desde distintos puntos de vista y con diferentes visiones analíticas la temática. Es un primer -intento- por descifrar las claves que explican la relación entre la prensa y el poder en la sociedad hondureña actual. Señalan sus autores que los medios de comunicación son demasiado importantes para la sociedad y su influencia es cada vez más decisiva en la toma de decisiones y definición de políticas públicas.

03) PROCESO ELECTORAL 2001 – MONITOREO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL. Meza, Víctor, CEDOH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2002. 249.p. IMPRESO EN EDIGRAFIC

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Los autores sustentan la publicación del libro partiendo de la preocupación por el creciente deterioro de la calidad política del proceso electoral que se llevó a cabo en ese año y a la vez se interesan en convertirlo en un ejercicio abierto de cultura democrática. A partir de lo anterior, un grupo de cientistas sociales, asociados al Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), deciden elaborar un proyecto de investigación para dar seguimiento a la campaña electoral y analizar, paso a paso, los discursos y declaraciones de los candidatos, la factibilidad o viabilidad de sus ofertas electorales, sus relaciones con la sociedad civil y la visión de país que cada uno tiene o dice tener de cara al futuro de la nación. Este proyecto de investigación recibió el apoyo inmediato del Foro de Fortalecimiento a la Democracia (FFD), que lo adoptó como fuente de insumos e información valiosa para su propio trabajo a favor de una nueva cultura política democrática en nuestro país.

04) CORUPCIÓN Y TRANSPARENCIA EN HONDURAS .Meza, Víctor, Castellanos, Julieta, Ávila, Oscar, Romero, Ramón, Salomón, Leticia. CEDOH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2002. 1ª Edición.

Plantean los autores que la corrupción ha dejado de ser, si es que alguna vez lo fue, un problema simplemente moral ó ético. Es algo que afecta y concierne a la economía del país, a la lucha para erradicar la pobreza, a la credibilidad y legitimidad del sistema político, a la gobernabilidad democrática y al funcionamiento, eficiencia y eficacia del Estado de derecho. Señalan que, no es posible luchar contra la pobreza y construir la democracia si, al mismo tiempo, no se libra una lucha abierta y decidida en contra de la corrupción. Esa es la convicción que anima el espíritu de este libro. Esa es la idea guía que lo atraviesa y da fundamento. 2003

05) MANUAL DE PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA

LA CORRUPCIÓN A NIVEL MUNICIPAL. CIPRODEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2003. 35 p. Impresión Offset – Publigráfica S. de R. L.

Promover la participación de la población en la toma de medidas preventivas y activas para contrarrestar la corrupción y contribuir a fortalecer las prácticas democráticas y transparentes en el manejo de los asuntos públicos, tanto a nivel central como en el ámbito local. El Manual ha sido elaborado en el marco del Proyecto “Descentralización, Participación Ciudadana y Lucha Contra la Corrupción” Auspiciado con el apoyo de la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo, TROCAIRE. En cuanto a contenido este se divide en cuatro módulos de entre los que sobresalen temas como: Transparencia y Participación ciudadana, Transparencia y desarrollo, Comisiones de transparencia municipal y Combatiendo la corrupción.

06) SEGUNDO INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO EN CENTROAMERICA Y PANAMA – EL DESAFÍO DE LA DEMOCRACIA. PNUD. San José Costa Rica. Año 2003. 444 p. Impreso en EDITORAMA S.A. Costa Rica.

Identifica los principales desafíos de desarrollo humano en la región a fin de contribuir a una agenda regional de prioridades y servir de base a procesos de diálogo entre distintos actores sociales y políticos. La coordinación del capítulo correspondió a la unidad de prospectiva y estrategia del PNUD de Honduras. Como insumos para la elaboración del texto se contó con un conjunto de estudios sobre administración de justicia; un conjunto de estudios sobre transparencia y rendición de

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cuentas en cada país y un estudio sobre “Grupos Focales sobre corrupción política en Honduras y Costa Rica”. El estudio constituye una separata del Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá “El Desafío de la democratización de la justicia y del fortalecimiento de la rendición de cuentas”, que es el resultado de un amplio proceso de investigación y consulta en que participaron un diverso grupo de instituciones, organizaciones y personas de seis países. Ha sido preparado en el marco de las diversas iniciativas de apoyo y financiamiento para distintas fases del proceso bajo la responsabilidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD, oficina de Costa Rica) con el aporte de los Países Bajos, La Cooperación Sueca (ASDI) y la Cooperación danesa por medio de (PRODECA).

07) CONSTRUYENDO JUSTICIA: EL PROCESO DE INCIDENCIA - EN LA NOMINACIÓN DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS A LA CORTE - SUPREMA DE JUSTICIA. Torres Calderón, Manuel. Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia. Tegucigalpa, Honduras. Año 2003. 244 p. Impreso en Ediciones Guardabarranco

A partir del Título V, Capítulo XII, de la Constitución de la República, describe los distintos momentos de los procesos de elección del altos funcionarios públicos. Es muestra de una publicación interinstitucional de la red denominada “Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia”, en él se describe el proceso de incidencia realizado por esta coalición el cual culminó con un procedimiento nuevo en la elección y selección de los actuales Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dicho proceso estuvo marcado por distintos momentos, cada uno de ellos lleno de complejidades y con protagonistas claves. Cinco momentos son determinantes que el autor apunta: Primero: referida reforma al texto Constitucional; Segundo: redacción, aprobación y entrada en vigencia de la “Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la elección de candidatos; Tercero: la participación de siete personas representantes de las organizaciones que integran la Junta Nominadora; Cuarto: cabildeos al interior del Congreso Nacional; y Quinto: la elección de las quince personas electas para integrar la CSJ- Entre las conclusiones y recomendaciones señalan: el libro debe ser leído, no solamente para percatarse de los detalles de un acontecimiento histórico, sino más bien, para conocer que la labor no ha terminado, y que con el mismo fervor con que se inició debe continuarse a efecto de que los hondureños y hondureñas, podamos un día vivir en un Estado democrático de Derecho, donde la justicia sea baluarte de la paz.

08) DESARROLLO LOCAL DE BASE: GUAJIQUIRO – PROYECTO DE DESARROLLO Y TENDENCIAS ETNICAS. López, Julián Alfredo. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. Año 2003 (edición electrónica, UNAH) TESIS DOCTORAL

Esta investigación de tesis, no publicada aún, lleva como objetivo general el caracterizar la gestión del desarrollo de los diferentes proyectos que han intervenido en el municipio de Guajiquiro, departamento de La Paz, en el marco de la teoría del desarrollo local de base que ha tenido lugar durante la década de los años noventa y vislumbrar las tendencias que ha generado dicha intervención al interior del municipio. Trata de contextualizar la gestión del desarrollo de los diferentes proyectos de intervención en Guajiquiro y analizar dicha gestión durante la década de los noventa, así mismo develar la emergencia de las tendencias étnicas de desarrollo a partir de la intervención de los proyectos de desarrollo en la zona. La tesis que se demuestra es que el estudio de la realidad de una sociedad no sólo se puede realizar bajo los parámetros del modelo de desarrollo industrializado, sino que se puede efectuar una ponderación más rica de una sociedad a través de la noción de desarrollo de base y que se

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da en llamar desarrollo local de base; desde lo cual se develan las peculiaridades, especificidades y diversidad de una sociedad. El espíritu que lleva implícito esta tesis, está enmarcado dentro de una teoría del desarrollo que actualmente está en debate, como es el tema del desarrollo local de base. El aporte que puede brindar la presente investigación a la academia hondureña es que puede enriquecer las investigaciones particularistas-cualitativas, que se han realizado en las comunidades y comprender las acciones de los múltiples actores sociales, exaltando las características específicas, lo cotidiano, la diversidad. La investigación se practica en un territorio, donde su gente es lenca, por tanto, se da una muestra situacional de un sector de la población étnica del occidente de Honduras. 2004

09) DEMOCRACIA, LEGISLACIÓN ELECTORAL Y SISTEMA POLÍTICO EN HONDURAS. Coordinador: Meza, Víctor. (Salomón, Leticia, Orellana Mecado, Edmundo, Fúnes Valladares, Lucila, Torres Calderon, Manuel) CEDOH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 317 p. Impreso en EDIGRAFIC.

Señalan los autores que en el mes de septiembre de 2001, los partidos políticos y sus candidatos presidenciales firmaron varios acuerdos y pactos políticos, comprometiéndose ante la sociedad civil y diversos representantes de los países y organismos de la comunidad donante internacional a realizar importantes reformas políticas e institucionales dentro de la estructura y funcionamiento del Estado hondureño. Uno de esos compromisos fue de redactar una nueva legislación “que modernice el régimen electoral y mejore las posibilidades de la competencia política” El cumplimiento de tal promesa se tradujo en la aprobación de la nueva Ley Electoral y de las Organizaciones políticas, que entró en vigencia en el mes de mayo del año 2004.

10) DEMOCRACIA Y PARTIDOS POLITICOS EN HONDURAS. Salomón, Leticia. CEDOH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 259 p.

La autora señala que los partidos políticos son instituciones inherentes a la sociedad democrática. Pero, para que puedan cumplir eficazmente sus funciones clásicas de representación e intermediación, deben de ser estructuras que tengan un funcionamiento abierto, plural, transparente, en una palabra, democrático. El libro aborda los problemas antes expuestos y analiza el funcionamiento interno de los partidos políticos hondureños y su relación con el proceso de construcción de democracia. Indaga, en el laberinto del sistema político, en sus mecanismos de funcionamiento, en sus vicios y virtudes, tratando de encontrar las profundas razones que subyacen bajo la superficie y explican el comportamiento público de la llamada “clase política”. Es, por ello, un libro necesario y útil, especialmente para que la ciudadanía conozca mejor a los partidos políticos y a su clase dirigente, para que valore más racionalmente los defectos y bondades, las carencias y ventajas del sistema político que actualmente vivimos.

11) SOBRE DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 2004. C – LIBRE. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 60 p. Edición C-LIBRE

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El informe ofrece una lectura de lo que a su criterio es el avance “más significativo” en este campo, haciendo alusión con ello al proceso de socialización y enriquecimiento del Anteproyecto de Ley de Acceso a la información Pública y Habeas Data, formulado por el Comité para la Libre Expresión (C-LIBRE), cuya primera etapa culminó con la introducción del mismo en el seno del Congreso Nacional, el 26 de octubre, 2004. El documento se presenta a partir del tema: 2004 UN AÑO PARA COMPARTIR Y CABILDEAR EL PROYECTO DE LEY A LA INFORMACION PUBLICA; acompañado de una matriz que define lugar y fecha, sectores representativos, objetivo y logros. Un segundo tema que aborda: PERIODISTAS AFECTADOS EN SU LIBERTAD DE EXPRESION; FUENTES INFORMATIVAS AFECTADAS EN SU LIBERTAD DE EXPRESION, entre otros. Uno de los aspectos del informe y que se anexa como complemento al informe nacional, es que el presente Informe Especial del Comité para la Libre Expresión (C-LIBRE) apunta que, al cierre del 2004, las amenazas e intimidaciones contra los periodistas no cesaron, al contrario, se intensificaron con impunidad en hechos precedentes y nuevas querellas contra comunicadores, que en su afán de informar y orientar, abordando en sus agendas temas como el de la corrupción. Amenazas a muerte, persecución de comunicadores y dilatorias en el caso del periodista copaneco German Rivas, ocurrido en noviembre del 2003, son elementos que resaltan en el presente informe y que se achacan a esa falta de libertad expresión y acceso a información pública en el país.

12) SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA AUDITORIA SOCIAL EN HONDURAS. Irías MENA, Jorge. SERVICIO HOLANDES DE COOPERACION INTERNACIONAL (SNV) Año 2004. Tegucigalpa, Honduras. 174 p. Impresión Publigráficas S. de R. L.

Este estudio constituye una aproximación al tema sobre la práctica de auditorias sociales en Honduras, ofrece un panorama general de ésta y una amplia variedad de experiencias y figuras organizativas desde las cuales se realiza el trabajo de auditoría social en el país. Ofrece una visión más en profundidad, y desde la perspectiva de los responsables directos, analiza el tema desde la una muestra de diez experiencias concretas de auditoría social y ubica dichas experiencias en el marco legal e institucional y de políticas del país, así como el contexto de otras experiencias similares en otros países. A partir de lo anterior, el estudio identifica los puntos centrales para una agenda nacional en materia de transparencia y auditoría social y plantea la urgencia de concertar e impulsar la misma por parte de todos los actores involucrados. Algunos aspectos señalados en el resumen ejecutivo plantean que para concretar el marco legal y de políticas, las prácticas de auditoria social cuentan con un marco de instituciones públicas y privadas. Dicho marco está dado por todas las instituciones y organizaciones con las cuales establece relaciones de manera directa o indirecta: a) Las instituciones y organizaciones a las cuales se le realiza auditoría social. b) Las instituciones que toman la iniciativa en la organización de las experiencias de la auditoría social. c) Las organizaciones sociales que participan en la elección de las figuras responsables de la auditoría social. d) Los órganos de control y fiscalización que reciben denuncias realizadas por organizaciones que realizan la auditoría social. e) El Poder Judicial quien finalmente recibe la información de posibles actos de corrupción, define si hay comisión de delitos y establece las penas. f) Los medios de comunicación que son utilizados por las experiencias de auditoría social para diferentes fines: educación ciudadana, presión sobre las autoridades, difusión sobre sus hallazgos, entre otros. El estudio en resumen está contenido en cuatro grandes aspectos: 1. La situación actual de las experiencias de auditoría social. 2. El marco legal e institucional de las experiencias de auditoría

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social. 3. Los recursos y herramientas con que cuentan las experiencias de auditoria social. 4. Balance general y propuestas hacía futuro.

13) HONDURAS: ESTADO, SOCIEDAD Y DESARROLLO – MONITOREO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL. Meza, Víctor, CEDOH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 192 p.

Hace referencia sobre aspectos concernientes a la historia política de Honduras, la firma de acuerdos políticos vistos como algo que no es novedad. Sin ser totalmente una tradición, la suscripción de pactos y alianzas que han sucedido con relativa frecuencia y, casi siempre, ha concluido en acuerdos bipartidistas para facilitar el reparto del botín estatal y la administración pública. Señalan, han sido acuerdos concertados y signados casi a hurtadillas, de espaldas a la nación, en reuniones confidenciales y poco transparentes, con participación reducida y circunscrita sólo a los círculos de las cúpulas de poder de la clase política criolla o de los poderes fácticos que le dan aliento y sustento. 2005

14) OBSERVACION ELECTORAL CIUDADANA – MOVIMIENTO CIVICO PARA LA DEMOCRACIA – HONDURAS. ELECCIONES 2005 – FOPRIDEH - foprideh@cablecolor.hn , www.foprideh.org.hn

El presente documento contiene una serie de instrumentos que son producto del trabajo que sobre el fortalecimiento democrático ha venido desarrollando el Movimiento Cívico para la Democracia. El informe técnico contiene información sobre los hallazgos relacionados con el comportamiento de las principales variables y la identificación de los factores que incidieron en los resultados del proceso electoral. Sobre las valoraciones que hace el Movimiento Cívico, se menciona y califica el proceso electoral desarrollado en ese año como en peor celebrado en la actual transición democrática, esto es por el papel de activistas políticos que jugaron los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por las violaciones a la Ley Electoral y La Constitución de la República, entre otras; considerada la campaña electoral como la más violenta de los últimos 25 años y muestra su preocupación por la gobernabilidad ya que le presidente de la República fue elegido apenas con un 23% de los votos válidos. Ello entre otros aspectos.

15) LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL: LUCHA CÍVICA POR EL RESPETO DE LA VOLUNTAD SOBERANA DEL PUEBLO HONDUREÑO. Orellana Mercado, Edmundo. Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 163 p.

Muestra a la ciudadanía hondureña un texto encomiable de la Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia, orientado a mostrar los aportes surgidos del recién pasado debate sobre la competencia y alcances para interpretar la Constitución de la República. Entre los aspectos que conforman el texto del presente libro se encuentran en una reseña histórica que hace alusión al constitucionalismo en nuestro país y la región centroamericana, pasando por los criterios de interpretación constitucional y los recursos existentes para garantizar su inviolabilidad, parte del índice se desarrolla de la siguiente forma: PRIMERA PARTE: I. La interpretación de la Constitución. II. La interpretación Constitucional en las Constituciones de Centroamérica. III. Las Constituciones anteriores a la independencia. IV. Las Constituciones Federales. V. Constituciones de la República de Honduras. SEGUNDA PARTE: I. La interpretación como una modalidad de la Reforma. II. Las interpretaciones legislativas. III. La costumbre y la interpretación constitución al. IV. La aprobación y ratificación del decreto 307-98- TERCERA PARTE: I. La coalición para el fortalecimiento de la justicia. II. Desarrollo del Plan de Trabajo. CUARTA PARTE: La Reforma Constitucional contenida en el decreto N° 276-2002 I Aprobación. II. En que consiste la Reforma. III. Los peligros que implica la Reforma. QUINTA PARTE: La

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Garantía de Inconstitucionalidad contra el Decreto número 307 – 98 SEXTA PARTE: I. La Regulación Constitucional. II. Motivación y Alcances de la sentencia. SEPTIMA PARTE: Conclusiones. I. Sobre los resultados.

16) DEL DIALOGO A LA CONCERTACIÓN EN HONDURAS. Montesdeoca, Edison Ariel; Herrera, Fabricio, Castro, Carolina. CIPRODEH – Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 276 p. Impreso – Ediciones Guardabarranco

Da a conocer temáticas orientadas al análisis y reflexión sobre la concertación desde la perspectiva de gobernabilidad, la transición a la democracia y la concertación abordada a partir de cuatro instancias nacionales: FONAC, CONASIN, CNA, CC-ERP. Se diseñaron encuestas y entrevistas individuales tanto con miembros de las instancias analizadas, como con otros informantes claves que aportaron sus percepciones. Algunas interrogantes claves formuladas en el proceso metodológico fueron: ¿Qué significa la consulta y la concertación en Honduras?, ¿Cuáles son los factores que originan los cambios hacía la consulta y la concertación?, ¿Cuáles son los avances y limitantes de la consulta y la concertación?, Cuál ha sido el papel de la sociedad civil en las instancias de consulta y concertación?, ¿Cuál ha sido la equidad de género en las mismas?. Preguntas que para ser respondidas se acudió al diseño de instrumentos metodológicos como por ejemplo el diagnóstico organizacional a fin de registrar los antecedentes, los principales avances y limitantes y desafíos en las cuatro instancias de consulta a nivel nacional. Este estudio es un punto de partida para conocer el funcionamiento y la dinámica de la concertación democrática en el país y quiere, a la vez, ser un instrumento para la sociedad civil, para los hombres y mujeres de Honduras para revisar y evaluar cuál ha sido hasta ahora nuestra participación en cada una de estas instancias que han surgido en torno a los problemas más sentidos por la población hondureña como son pobreza, inseguridad y la construcción conjunta de la transparencia pública. Entre las conclusiones y recomendaciones apunta: Desde una perspectiva se puede concluir que al inicio del siglo XXI, la democracia en Honduras sigue su destino de necesarias transformaciones. Mientras la década de los años ochenta, se caracterizó por una transición de los regímenes autoritarios a los de democracia representativa, el fin de la década de los noventa, testimonia el desarrollo de otro proceso de transición: el que conduce hacía una democracia participativa. Entre las recomendaciones se resalta la importancia de la apropiación de lo ético, como referente requiere que se pueda construir y aplicar un código de ética para la consulta y la concertación, que potencie el respeto mutuo y fomente la erradicación de las desconfianzas interinstitucionales, entre otros.

17) SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE AUDITORIA SOCIAL POR COMISIONES DE TRANSPARENCIA. Ávila, Marlin Oscar. CIPRODEH – OXFAM – TROCAIRE. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005 40 p. Impreso – Ediciones Guardabarranco

Rescatar los aprendizajes, errores, aciertos y recomendaciones en el proceso de promoción de la auditoría social como medio de lucha contra la corrupción en los procesos municipales y regionales, así como un análisis comparativo con al menos una de las experiencias que han sido acompañadas por el CONADEH u otras organizaciones en el departamento de Copán. La auditoría social se refiere a los procesos por medio de los cuales la ciudadanía (organizados en sociedad civil o individualmente) establecen mecanismos por medio de los cuales exigen a la administración pública una provisión de servicios de manera eficiente y satisfactoria. Asimismo, establecen controles para el ejercicio adecuado de la administración pública local.

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Entre las conclusiones y recomendaciones señalan: La auditoria social se ha logrado establecer en Honduras como un medio útil para controlar, supervisar y hacer propuestas desde la ciudadanía hasta las autoridades nacionales e internacionales, pasando por las autoridades municipales. Las autoridades municipales que se han abierto a la intervención de la sociedad civil para ejercer la auditoría social han confirmado que ésta le beneficia política y administrativamente. Señala el documento que se puede afirmar que un municipio tiene múltiples complejidades en un micro-ambiente, esto hace creer que la atención, el asesoramiento y el acompañamiento deben ser proporcionados por más de una institución u ONG, en una especie de sinergia y coordinación de sus intervenciones.

18) LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA LOCAL EN HONDURAS. Sierra Fonseca, Rolando. Cálix, Álvaro. CIPRODEH-AMHON-COSUDE. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 176 p. Impreso en Litografía López.

Se propone organizar en este estudio un cuerpo de conocimiento teórico – empírico que permita aproximarse al municipio para diagnosticar, identificar y analizar algunos de los principales aspectos que estarían condicionando la gobernabilidad democrática en un sentido particular y la consolidación de la democracia, a nivel general. Es así, como en el estudio se realiza un balance de la gobernabilidad democrática en 16 municipios de Honduras, que han sido seleccionados a partir de su nivel de desarrollo humano, su clasificación de desarrollo municipal y la participación electoral, pero que además, presentan una serie de características/variables particulares que a criterio de los investigadores incide en los avances de gobernabilidad democrática. En primer lugar, se trata de municipios que fueron creados algunos de ellos en el período colonial y la mayoría a lo largo del siglo XIX. Ninguno de ellos fue creado en el siglo XX, exceptuando el Distrito Central que, si bien surgió en el período colonial, su reorganización se efectuó en este siglo. En segundo lugar, son municipios que guardan una brecha significativa en cuanto a su población. Es así que en el Distrito Central y San Pedro Sula, en los cuales se concentra cerca del 35% del total de población nacional. Luego están los municipios como la Ceiba, Tela y Yoro, que pueden identificarse como municipios intermedios en cuanto a la población, mientras que los restantes con municipios con baja y escasa población. Otros apuntes señalan que los municipios estudiados son predominantemente rurales, exceptuando cuatro de ellos y los desafíos en el campo de la educación y de la salud son significativos para algunos de ellos.

19) EL TERCER FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA “PROCESO DE NOMINACIÓN Y ELECCIÓN”. Orellana, Edmundo, Alvarado, Raúl Pineda. Herrera Cáceres, Roberto. Espinal, Germán. FOPRIDEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 127 p.

Presenta de manera objetiva las interioridades de cada uno de los procesos más importantes en la vida institucional del país, la construcción de un registro necesario para la preservación histórica y satisfacer el derecho a la información como elemento fundamental de toda persona. En el documento se presentan los principales acontecimientos de las dos etapas del proceso: la primera que corresponde a la selección y es otorgada a un órgano denominado Junta Proponente y una segunda etapa, esencialmente política y que corresponde a la elección propiamente dicha, misma que se reserva el Congreso Nacional de la República. En esta importante obra, los autores recogen también la propuesta hecha al entonces Fiscal General Abogado Roy Medina, para que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Ministerio Público, se emitiera un Reglamento que garantizara la idónea y transparente selección de candidatos al cargo del Fiscal General y Fiscal General Adjunto. Sistematiza las actuaciones de la Junta Proponente y explica como ante la ausencia de un Reglamento como el propuesto por la

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Coalición, la Junta sólo se rigió por aspectos de organización y funcionamiento muy discrecionales, sin criterios objetivos para determinar los méritos académicos y profesionales. Entre las conclusiones y recomendaciones señala: En definitiva, la presente obra es de singular importancia, ya que los autores nos la presentan como un instrumento de diagnóstico, que permite que hagamos nuestras propias valoraciones de lo ahora acontecido, y también para efectos de memoria historica, recordándonos que se debe seguir incidiendo para persuadir a los sectores políticos de que es indispensable y consustancial con el Estado de Derecho, fortalecer y preservar libres de toda injerencia política las instituciones de Derecho.

20) MANUAL BÁSICO DE PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS. Diakonia - HIVOS – CIPRODEH. Tegucigalpa, Honduras. 2005. Impreso en PUBLIGRÁFICA S. de R.L.

Con este manual/estudio, se pretende no sólo socializar la ruta critica de los procesos de incidencia a nivel legislativo, sino también analizar el proceso de participación ciudadana, democratización en los municipios y las condiciones de gobernabilidad democrática local. Para la primera se emplea la metodología de las lógicas democráticas del politólogo Alemán Andrea Scheller y para el segundo se ha elaborado el Índice de Condiciones Básicas de Gobernabilidad Local (ICBGL) Es una publicación del CIPRODEH que desde el año 2000, a través del área de Incidencia Legislativa impulsó un proceso mediante el cual asumió, entre otros objetivos, el fortalecer las capacidades de incidencia política de los diferentes actores sociales -locales y nacionales- interesados en proponer ante el Congreso Nacional iniciativas que conlleven a la transformación del marco legal del país. En cuanto a contenidos este se desarrolla de la siguiente forma: MODULO I. Democracia, Gobernabilidad, Organización Política en Honduras. MODULO II. Organización interna del Poder Legislativo, El Órgano Asesor del Congreso Nacional, Sistemas de Comisiones en el Congreso Nacional, Las formas de expresión Legislativa. MODULO III. La Ley, Tipos de Leyes. MODULO IV. Proceso de formación, aprobación y sanción de la ley. 2006

21) PROGRAMA PLURIANUAL DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN AMERICA CENTRAL HONDURAS. Ortega, Ana. Rodríguez, Arnaldo. Hernández Evelin. López, Osman. COFADEH – PPDDH – AC – CIPRODEH. Tegucigalpa, Honduras. 2006. 242 p. Impreso en PUBLIGRÁFICA S. de R.L.

El Programa Plurianual Democracia y Derechos Humanos, acción para Honduras, tiene como propósito apoyar el desarrollo de procesos que contribuyan a la profundización de la democracia y la vigencia de los Derechos humanos en el ámbito nacional y local, mediante el desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la definición, implementación y fiscalización de políticas públicas locales a partir de la construcción de agendas comunes y planes de desarrollo municipal. Más que una descripción metodológica es una publicación orientada a dar a conocer el Programa en sus diferentes áreas de influencia, su estructura organizativa y las maneras de intervención a nivel nacional y local. El Programa Plurianual Democracia y Derechos Humanos en América Central (PPDDHAC), se enmarca en la iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. El Programa incluye dos Programas regionales, a través del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y el Centro Internacional por la Justicia (CEJIL), y seis programas nacionales ejecutados bajo la modalidad de consorcios de organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos

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en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El Programa Honduras es co-ejecutado por el consorcio que integran el CAFADEH y CIPRODEH. Entre las conclusiones y recomendaciones señalan: En los Municipios meta, el Programa Plurianual Democracia y Derechos Humanos, logró posicionamientos importantes en los temas de Derechos Humanos, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas, a pesar de tener en contra un contexto caracterizado por una cultura autoritaria, bajos niveles de participación ciudadana, y una población que en su mayoría desconoce los Derechos humanos. En cuanto a recomendaciones resalta el determinar cual va a ser el papel de CIPRODEH en el acompañamiento al proceso iniciado con los pactos locales, y específicamente con las comisiones de seguimiento ciudadano que se organizó a partir de la firma de cada pacto local en los ocho municipios en que se desarrolla esta iniciativa.

22) SOBRE DERECHO A LA INFORMACIÓN. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 96 p. Edición, C- LIBRE

El informe ofrece una lectura del avance “más significativo” en este campo que constituyó el proceso de socialización y enriquecimiento del Anteproyecto de Ley de Acceso a la información Pública y Habeas Data, formulado por el Comité para la Libre Expresión (C-LIBRE), cuya primera etapa culminó con la introducción del mismo en el seno del Congreso Nacional de la iniciativa de Ley, el 26 de octubre, 2004. El documento se presenta a partir del tema: 2004 UN AÑO PARA COMPARTIR Y CABILDEAR EL PROYECTO DE LEY A LA INFORMACION PUBLICA; acompañado de una matriz que define lugar y fecha, sectores representativos, objetivo y logros. Un segundo tema que aborda: PERIODISTAS AFECTADOS EN SU LIBERTAD DE EXPRESION; FUENTES INFORMATIVAS AFECTADAS EN SU LIBERTAD DE EXPRESION, entre otros. Uno de los aspectos del informe y que se anexa como complemento al informe nacional, es que el presente Informe Especial del Comité para la Libre Expresión (C-LIBRE) apunta que al cierre del 2004, las amenazas e intimidaciones contra los periodistas no cesaron; al contrario, se intensificaron con impunidad en hechos precedentes y nuevas querellas contra comunicadores, que en su afán de informar y orientar, abordaron en sus agendas temas de corrupción. Amenazas a muerte, persecución de comunicadores y dilatorias en la investigación y esclarecimiento en el caso del periodista copaneco German Rivas, ocurrido en noviembre del 2003.

23) EL ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA EN HONDURAS SITUACIÓN Y PERSPECTIVA. Sarmiento, Armando. C-LIBRE. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 96 p. Edición C- LIBRE

El objetivo del informe está orientado a determinar científica y empíricamente si existen restricciones al momento de acceder a información en las oficinas públicas y bajo que condiciones en que esta se otorga. Lo anterior, en el marco de una lucha por lograr la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que surge a partir de las demandas ciudadanas de mayor transparencia en el accionar del Estado, pero además de la tesis que operan una serie de restricciones a nivel institucional que impiden la divulgación de información. La metodología empleada fue de tipo cualitativa y cuantitativa, empleándose dos técnicas para la recolección de la información, a) observación participante para la primera etapa, b) la entrevista en profundidad realizada a directores de las oficinas de relaciones públicas y jefes de las unidades que sistematizan la información al interior de las instituciones. Para llevar a cabo el informe se realizaron una serie de visitas a las instituciones públicas más importantes del país y a algunas ONG (Organizaciones No Gubernamentales). Para realizar la investigación se manejó el concepto de “potencialmente conflictiva”, para referirse a aquel tipo de información que genere incomodidad en los funcionarios cuando los ciudadanos la solicitan.

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Entre las conclusiones y recomendaciones señalan: Con el estudio se logró determinar científica y empíricamente la existencia de restricciones al acceso a la información pública, quedando documentadas además las condiciones en las que éstas operan. Entre otros puntos se resalta el hecho de que el Estado, en las condiciones imperantes al momento en que se desarrollo la investigación, no puede garantizar el acceso a los documentos públicos por sí solo sin tener el auxilio de un instrumento legal que lo respalde.

24) LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACION DE ESTRATEGIAS LOCALES PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA (ERP) EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DEL PAIS. Terrazas, Richard. FOPRIDEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 76 p.

Rescata y analiza los diversos niveles y modalidades de participación de la población en el proceso de formulación participativa de las ERP´s (Estrategia de Reducción de la Pobreza) locales en el marco del PPC (Programa de Participación Ciudadana) que desarrolla la ASONOG en la región. Documenta las visiones, expectativas y lecciones aprendidas sobre el proceso con participación de los diferentes actores involucrados. Metodológicamente se utilizó el Cabildeo en Comisiones de Desarrollo Departamental – Entrevistas semi-estructuradas- La Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), a través de su Programa de Participación Ciudadana ha venido desarrollando e implementando diversas actividades junto con la población de la región Occidental del país a fin de lograr una participación efectiva. Con los procesos y lecciones aprendidas busca fortalecer la ERP con perspectivas que reflejen las dinámicas y realidades particulares a cada región. Entre las conclusiones y recomendaciones señala: Los resultados de contar con los documentos elaborados por la ERP´s departamentales, demuestran los niveles de participación con características positivas y negativas, como ellos mismos señalan: “Al fin de cuentas es un proceso construido por la gente y no necesariamente es perfecto como producto de promover la participación ciudadana.” Se recomienda el mapeo de las diferentes regiones, localización de alianzas estratégicas, análisis de experiencias sobre el tema de la ERP y acciones de cabildeo e incidencia entre otros puntos.

25) LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO – COPÁN. Suazo, Alma Maribel. FOPRIDEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 52 p.

Documenta la experiencia de la Comunidad Rural de la Esperanza como un proyecto de participación ciudadana, orientado a mejorar los procesos que eleven la calidad de vida de la población, esta experiencia se sistematiza y documenta mediante una metodología de tipo participativa, que involucra a las personas y líderes del municipio a través del desarrollo de entrevistas formales, consultas y discusiones con grupos focales. Entre las conclusiones y recomendaciones señalan: La experiencia permite recoger una serie de lecciones basadas en principios de participación y transparencia, la construcción de liderazgo municipal y comunitario en el marco de la descentralización y apoyo en la reducción de la pobreza.

26) LA AGENDA NACIONAL EN LOS CONTENIDOS INFORMATIVOS DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN EN HONDURAS (UNA APROXIMACIÓN). Ramos, María Eugenia. C – Libre. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 44 p.

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El Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), ONG dedicada al análisis del derecho a la información pública y la libre expresión, determina con base en una muestra representativa de medios urbanos y rurales, cuáles son los contenidos informativos que predominan en la radio y la televisión en Honduras y su incursión en la agenda de país, así como los factores que inciden en la determinación de estos contenidos y elabora algunas recomendaciones dirigidas a lograr una mayor cobertura sobre aspectos de interés nacional por parte de los medios de comunicación. El estudio pretende establecer una comparación entre los temas de la agenda nacional y los temas relevantes en los contenidos informativos de la radio y la televisión, encontrando que existe un aparente divorcio con la realidad. El estudio se realizó entre noviembre de 2005 y enero 2006, abarcando un total de 14 medios de comunicación, localizados en ocho ciudades del país. Para fines de este estudio los medios de cobertura nacional se clasifican como urbanos, y los de cobertura local o regional como rurales, atendiendo al predominio de su área de influencia. El informe incluye una contextualización de los medios de comunicación en el país; el marco teórico del estudio; una propuesta de conceptualización, la metodología empleada y un resumen de hallazgos identificando en lo posible las diferencias entre medios urbanos y rurales.

27) EL PODER DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA A NIVEL LOCAL, LA EXPERIENCIA DE LAS COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA EN OCCIDENTE. Azurdia de León, Rogelio. C – LIBRE. Tegucigalpa, Honduras, 2006. 41 p.

Produce un documento sobre los métodos y técnicas, resultados e impactos del acceso a la información en los procesos de transparencia municipal y lucha anticorrupción en los departamentos de Copán y Ocotepeque. A través de una metodología cualitativa, guía semiestructurada, asimismo se dio espacio a informantes para profundizar en temas que consideraran relevantes para la sistematización. En su carácter participativo durante la semana del 21 al 24 de noviembre del año 2005 se realizaron 6 entrevistas grupales (7 personas) y un ejercicio de grupo focal en Santa Rosa de Copán (11 personas) La orientación principal que guió este proceso fue la sistematizar esta experiencia y mostrarla como un avance en la práctica del acceso a la información antes de la aprobación de leyes. Una característica de este trabajo fue su carácter participativo. Por su naturaleza, este constituye un ejercicio de carácter cualitativo, tanto porque la entrevista constituyó una conversación amplia en cuanto a la temática seleccionada, como por el tipo de instrumento utilizado. Entre las conclusiones y recomendaciones señalan: Lla información obtenida en este ejercicio constituye un aporte muy importante en el proceso de movilización e incidencia política en procura de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. 2007

28) SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPALIDAD DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN (Estudio de caso período 2003, 2004, 2005). Corea Silva, Rigoberto. CIPRODEH – OXFAM. Tegucigalpa, Honduras. Año 2007. 56 p. Impreso en Ediciones Guardabarranco.

Esta sistematización presenta la experiencia obtenida en el proceso e elaboración del presupuesto participativo desarrollada a nivel local en el municipio de Talanga, ubicado en el departamento de Francisco Morazán, región central de Honduras, y recoge experiencias de múltiples aprendizajes en términos de ejercicio de la participación política ciudadana y el establecimiento de mecanismos compartidos para la discusión de los asuntos públicos.

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En el capítulo primero se presentan las bases teóricas y metodológicas que sustentan el trabajo de sistematización. El segundo capítulo explica de manera exhaustiva la definición de presupuesto participativo. El capítulo tercero, describe el caso de Talanga, el trabajo que se ha realizado en este municipio, sobretodo en la aplicación de un presupuesto participativo. El capítulo cuarto da a conocer los cambios, producto del proceso apoyado, para lo cual se presentan y analizan los testimonios de actores y actoras que lo llevaron a cabo. En el capítulo quinto se refleja un análisis de los cambios que la experiencia produjo en los participantes. En el capítulo sexto se ven aspectos de la intervención y sinergias y en los capítulos séptimo y octavo se detallan conclusiones, lecciones y desafíos. Entre las conclusiones señalan: Las estrategias concertadas entre CIPRODEH y la Alcaldía Municipal, con el concurso de las instituciones y organizaciones de la sociedad local de Talanga, han resultado fundamentales para el desarrollo de la experiencia. Los cambios de los cuales da cuenta la experiencia se produjeron a nivel de concepciones, valoraciones y actitudes de las y los participantes, traduciéndose en nuevas formas de relación e interacción funcional en gestión municipal.

29) Guía mancomunidades. SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO PARA MANCOMUNIDADES. AMHON Col La Reforma, N° 2697- Tel: (504) 238-6398 / 2150. Fax: 238-5113– Año 2007. Tegucigalpa, Honduras. 91 p. Impresión - Lithoprint

La Guía de Evaluación del Desempeño de Mancomunidades es una herramienta que utilizada correctamente beneficia la gestión de la Mancomunidad, mejorando o maximizando no sólo el desempeño individual, sino también cada una de las instancias que la conforman, en el marco de la gestión de los recursos humanos. El documento señala que la ventaja principal de la evaluación del desempeño aquí planteada es que focaliza la atención en la calidad del trabajo y en el cumplimiento de metas y objetivos, alejando de esta forma los juicios o prejuicios de los atributos personales de los individuos y de otros factores irrelevantes; integrar esta estrategia en un marco de gestión participativa implica un amplio entendimiento de los objetivos y metas de la Mancomunidad, invitando a sus miembros (as) a usar su energía y creatividad para impulsar el logro y mantenimiento de esas metas. El sistema de evaluación propuesto también enfatiza los aspectos positivos de la planificación y evaluación de forma participativa, otro aspecto relevante es la comunicación abierta y franca sobre lo que se espera de cada uno y como deben trabajar en equipo hacia el logro de las metas y a mejorar el desempeño de la mancomunidad.

30) LOS PARTIDOS POLITICOS – PROCESOS ELECTORALES – INCIDENCIA POLITICA Y MUNICIPALISMO. AMHON. Año 2007 – Impreso en LITHO- GRAphiix. Impreso en Litho – Graphix editores

El documento hace una reseña histórica de la creación de distintos partidos políticos legalmente constituidos y explica detalladamente todo el proceso formativo de los mismos, su democratización, estatutos, problemática, vinculación con los distintos sectores de la sociedad y la legitimidad que les da su institucionalidad actual. A lo largo del documento se analizan aspectos como el centralismo político, el proceso electoral, no como la vía democrática que permita alcanzar el desarrollo del país, sino como una actividad de afianzar un trabajo, figurar o hacer negocios particulares a través de dichos cargos políticos y el descrédito en que dichas instituciones han ido cayendo a causa de los destinos que les han

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trazado sus líderes a lo largo de la historia democrática del país, se destaca que la participación de mujeres y etnias en estos ámbitos es aún limitada. Además de plantean las distintas líneas de dirección y deliberación para promover la descentralización de los partidos, la búsqueda de nuevos espacios que promuevan la integración correcta y atinada de los cargos públicos, el fortalecimiento de la participación ciudadana y autonomía.

31) INFORME PÚBLICO DE PRODUCCION DE LAS Y LOS DIPUTADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL SEGUNDO AÑO (ENERO A JUNIO 2007). CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS. Fundación Democracia sin Fronteras, Tegucigalpa, Honduras. Año 2007. 50 p.

La Fundación Democracia sin Fronteras, instancia de la Sociedad civil organizada cuyo quehacer se orienta al monitoreo y evaluación de la actividad legislativa, mediante el presente informe hace de nuestro conocimiento que en cuanto producción legislativa de enero de 2006 a enero de 2007, en el Congreso Nacional se presentaron 191 Proyectos de Ley y 455 Mociones para hacer una muestra total de 646 iniciativas; mientras que en el primer semestre se presentaron 157 proyectos de ley y 65 mociones para hacer un total de 222. Respecto a la relación por sexo, las mujeres representan el 24% del total de diputaciones, por lo tanto es importante hacer una comparación entre la labor de estas con los hombres. Considerando que en el actual Congreso Nacional se ha fomentado de manera preponderante la participación de las y los diputados suplentes, se valoró la producción de estos. En vista de que más de la mitad de los miembros del Congreso Nacional son electos por primera vez, se hizo una comparación entre la producción de éstos con los que tienen más de un período de elección. Respecto al número de diputaciones por Departamento, se valoró la producción, no solo para precisar el dato cuantitativo, sino para corroborar si el número de diputadas (os), hacen una labor cualitativa favorable al Departamento que los eligió. Con la presentación del Primer Informe sobre Producción Legislativa y el nombramiento de un Coordinador de Comisiones Legislativas, el Congreso Nacional se ha sistematizado mejor la producción y participación de los miembros integrantes de las mismas, permitiendo medir cuantitativamente su desempeño general.

32) TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN HONDURAS. Espinoza, M. José Luis, Martínez, H. José Filadelfo. CENTRO HONDUREÑO DE PROMOCION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO - CEHPRODEC. Año 2007. Tegucigalpa, Honduras. 113 p. Impreso en Editorial Guaymuras.

Mediante la presente investigación el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo comunitario (CEPRODEC) nos presenta los hallazgos del análisis hechos a los procesos de rendición de cuentas entre las denominadas organizaciones de la Sociedad Civil en Honduras, que a manera de conclusión indica que las mayores debilidades en valores de las organizaciones del sector son la falta de democracia interna y escasa transparencia de sus actos. Lo antes expuesto y la invitación del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) de Uruguay para formar parte del proyecto “Transparencia y Rendición de Cuentas de la Sociedad Civil en América Latina”, hizo que el CEHPRODEC aceptara el reto de realizar esta investigación sobre la rendición de cuentas desde las organizaciones de la sociedad civil.

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33) HONDURAS: PODERES FACTICOS Y SISTEMA POLITICO. Meza, Víctor, Salomón, Leticia, Romero, Ramón, Torres Calderón, Manuel, Illescas Oliva, Jorge. CEDOH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2007. 352 p. Talleres litográficos – CERRATO.

El libro es resultado de un trabajo, en cierta forma, pionero y precursor, aunque no por ello, exclusivo y completo. Es, como dicen sus autores, un punto de partida, un inicio, un esfuerzo académico e institucional desde los espacios abiertos de la sociedad civil, que sin duda alguna, habrá de ser referencia obligada cada vez que se intente entender mejor cómo funcionan los grupos de poder económico en el sistema político en particular y en la sociedad hondureña en general.

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B.- GENERO 2000

34) LA IGLESIA CATOLICA Y LOS DERECHOS DE LA MUJER EN HONDURAS. De Jesús Carvajal, Ligia Mariela. UNAH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2000. 120 p. Edición electrónica UNAH. Tesis.

La investigación trata sobre el papel que ha desempeñado la iglesia en el reconocimiento y promoción de la dignidad y los derechos de la mujer, paralelamente a la legislación y órganos de protección seculares. La totalidad del trabajo se divide en dos partes: la primera, un marco teórico. La segunda, las bases históricas y doctrinales del accionar específico de la labor de la iglesia con la mujer en Honduras. En el trabajo se recopila información sobre la Pastoral de la Mujer y que la considera de mucho valor para el análisis de la promoción de la mujer dentro de la iglesia hondureña. Sintetiza, al mismo tiempo, los rasgos más relevantes de la doctrina de la iglesia sobre este tema, relacionándola con la legislación vigente en la comunidad internacional, ya que esta es una faena de interés general donde muchos proyectos se realizan de manera conjunta entre la iglesia y el Estado. Concluyen que a partir de tres hipótesis planteadas sobre la pregunta inicial, de si la iglesia ha impulsado o no la dignidad y derechos de la mujer, fueron confirmadas. Se corroboró la existencia de una doctrina profunda y teológica que emana de la Santa Sede, sobre el tema de la dignidad de la mujer y sus derechos. La legislación y documentos eclesiales, ubicados en el Catecismo, los textos canónicos y principalmente los documentos que emanan del Papa Juan Pablo II, junto con las Conferencias Episcopales Latinoamericanas y el resto de doctrina social de la iglesia, indican que se ha dado al tema de la mujer mayor importancia en el seno de la iglesia, a nivel internacional y latinoamericano. En el ámbito nacional, resultó mucho más difícil recuperar los pronunciamientos oficiales de la iglesia, al igual que la praxis sobre la labor de la Pastoral de la Mujer, ya que no existía ningún documento en que esta labor estuviera sistematizada o analizada a profundidad.

35) MUJER, FAMILIA Y SOCIEDAD. Oyuela, Leticia. 2da. Edición. Tegucigalpa, Honduras. Año 2000. 352 p. Impreso – Editorial Guaymuras.

En la segunda edición, la autora (QDDG), amplia el texto de la versión original publicado en 1993, abordando temas que apuntan directo al corazón de las mujeres de fin de milenio. De acuerdo a los apuntes de “contraportada” la autora se sumerge en la turbulencia del cambio de época en que vivimos, demostrando cómo ésta ha trastocado la familia, las relaciones de pareja, el amor y el desamor, y el rol de las mujeres en una sociedad que, abruptamente, abandona los valores tradicionales sin ofrecer nada a cambio. De esa manera, brinda una visión de la totalidad en que la mujer, con su capacidad organizativa y especial sentido de la solidaridad, sigue siendo la piedra fundamental para construir nuevas formas de diálogo y convivencia, más allá del verticalismo patriarcal y, por tanto, más humanas y afectivas.

36) EL COMPONENTE DE GÉNERO Navarro, Aminta, Lok Rosana, Fúnez Nelda. CEM – H, Tegucigalpa, Honduras 2001. 51 p.

En el presente documento se evalúa este proyecto en su primer año de implementación en la estrategia de género, el desarrollo en las áreas de impacto y sostenibilidad, aunado a las recomendaciones constructivas y adecuadas que sean guía para el resto de la vida del proyecto.

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En base a la estrategia de género y los objetivos de la evaluación el documento se sub-divide en cuatro capítulos: en el primero se enmarca la evaluación por medio de una presentación de base y una explicación sobre la metodología utilizada para la recolección de los datos utilizados. Un segundo capítulo dedicado a la capacitación y concientización como parte de la estrategia del componente de género. El tercer capitulo da cuenta de las actividades de seguimiento y en el cuarto capítulo se evalúa el sistema de monitoreo y evaluación que el proyecto PACO está implementando. En la evaluación se trató de analizar el funcionamiento del componente de género considerando el impacto y la sostenibilidad de éste a los diferentes niveles. Entre las conclusiones y recomendaciones señalan: En la propuesta de Género se planificó el diseño de una política de género específica para el proyecto PACO y una para CARE, el componente de género de PACO ha sido exitoso y se refleja en que CARE – Honduras, ha formulado su política de Género a nivel nacional. Los Equipos de Apoyo mostraron todos una buena voluntad hacía la incorporación del enfoque de Género en su trabajo. Después de las observaciones realizadas a lo largo de la evaluación recomiendan que la sostenibilidad del enfoque de Género dependerá en su generalidad del nivel de sensibilización, concientización, conocimiento teórico y la capacidad metodológica que se pueda desarrollar con los mismos ETC S y las UMEC en las comunidades.

37) OTRA VEZ EL ABORTO LO QUE DICEN Y HACEN SOBRE EL ABORTO EN TEGUCIGALPA. Olivo Granadino, María Victoria. UNAH. Año 2002. 112 p. Edición electrónica – UNAH. Tesis.

La investigación tiene como propósito contribuir al conocimiento y profundización de la temática en salud reproductiva, en lo referente a las políticas de atención en salud que reciben las mujeres que abortan o llegan a abortar en dos Centros Hospitalarios de Honduras. El Hospital Escuela y el Hospital San Felipe de la Ciudad de Tegucigalpa. La problemática planteada en la investigación fue motivada a partir de una experiencia realizada con grupos de mujeres rurales y urbanas en el Salvador. El observar como las políticas y programas en salud no satisfacen las expectativas en salud reproductiva de las mujeres hondureñas llevó a la elección del tema del aborto. Con el estudio se busca conocer las políticas de atención en salud que manejan los Centros Hospitalarios y rescatar la atención médico-hospitalaria que reciben las mujeres que abortan de manera natural o provocada. De esa manera, se busca describir y descubrir las formas de discriminación que son objeto las mujeres por decidir abortar; así como las limitaciones económicas, sociales, culturales, políticas, con que se encuentran para acceder a servicios de salud adecuados. En el primer capítulo se describe el planteamiento del problema, los objetivos y la metodología que se utilizó en la investigación. En el segundo capítulo se exponen los antecedentes más relevantes sobre el aborto a nivel internacional, nacional y local; así como las consecuencias, limitantes, que enfrentan las mujeres que abortan. El tercer capítulo conceptualiza el aborto y presenta una relación entre éste, la maternidad, la sexualidad y el Estado. El cuarto capítulo presenta un análisis de las políticas en salud reproductiva y el quinto y último capítulo presenta el rescate de la atención y servicio que brindan los centros hospitalarios en la ciudad de Tegucigalpa. Entre las conclusiones señalan que aunque muchas leyes y políticas restrictivas han sido liberalizadas en otros países. En Honduras el aborto continúa siendo prohibido en cualquier circunstancia, las fuerzas antiaborto muy movilizadas y bien financiadas como SI a la VIDA, las Iglesias, están intentando, en todas partes, mantener leyes restrictivas, incluyendo enmiendas institucionales para bloquear el acceso de las mujeres a servicios seguros por aborto y a evitar que miles de mujeres continúen muriendo a diario en los hospitales de Tegucigalpa.

38) ANALISIS DE LA POBREZA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CAMPESINA DEL BAJO AGUAN CON ENFOQUE DE GENERO.

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Benjamen, Raims. UNAH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2002. 111 p. Edición electrónica – UNAH. Tesis.

El trabajo de investigación surge de la preocupación personal sobre la situación de pobreza en la que viven las mujeres rurales, especialmente en la zona del Bajo Aguán, ubicada en el departamento de Colón y abarca además los departamentos de Olancho y Yoro. Se piensa que el bajo nivel tecnológico, la escasa calificación del recurso humano, el reducido acceso y control sobre la tierra y la deficiente gestión y organización de las mujeres pobres de la zona del Bajo Aguán, implica la incapacidad de estas mujeres para mejorar su calidad de vida. Para comprobar dicha afirmación, se estructura la investigación de la siguiente manera: en el primer capítulo se explica el problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis, la metodología utilizada y el marco teórico. En el segundo capítulo se expone la situación socio - económica del Bajo Aguán. En el tercer capítulo, se presenta un análisis sobre la tenencia, el control y el uso de la tierra con respecto a las mujeres del Bajo Aguán. El cuarto capítulo presenta un análisis referente a las actividades y características de la mujer de la zona y establece la estrategia y las acciones apropiadas para superar la situación de pobreza en la que se encuentra y el quinto capítulo es objeto de varias conclusiones y recomendaciones aptas para mejorar el papel que juega la mujer, así como la importancia en los proyectos de desarrollo rural y en la estrategia de reducción a la pobreza. Entre las conclusiones y recomendaciones hace referencia la subordinación de la mujer, la explotación directa, el recurso de la producción doméstica como medio de reproducción de la fuerza de trabajo, entre otros. Los resultados del estudio muestran que existen diferencias con relación al acceso de las mujeres del sector rural del Bajo Aguán a los recursos para la producción, según sean sus condiciones ya sea como madres solteras o con compañero de hogar. Estas diferencias deben tenerse en consideración para la formulación de políticas y estrategias desde una perspectiva de género. La mayoría de las mujeres incluidas en este estudio tienen acceso a la tierra, sin embargo, el control sobre este recurso es ejercido principalmente por los hombres, pues, sólo un 22% de los casos la tierra está registrada a nombre de las mujeres. 2003

39) MANUAL PARA REALIZAR GRUPOS DE APOYO CON MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. Rivera, Suyapa. Centro de Derechos de Mujeres – CDM. Tegucigalpa, Honduras. Año 2003 131 p. Impreso en Litografía López

Si bien el presente trabajo se presenta en forma de manual, la relevancia de sus contenidos se orientan a ofrecer principios básicos y lineamientos para trabajar con mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y herramienta para grupos de apoyo y profesionales de la salud dentro de un esfuerzo más amplio para combatir la violencia contra las mujeres. El aporte al campo de los Derechos humanos en la producción del Manual es que en sí constituye un paso dentro de un esfuerzo más amplio para combatir la violencia contra las mujeres. Es una producción del Centro de Derechos de la Mujer, (CDM) que contribuye a luchar de forma conjunta por la eliminación de desigualdades de poder entre hombres y mujeres. El diseño del mismo surge de la sistematización de la experiencia cotidiana desarrollada durante varios años dentro de CDM. 2004

40) UNA APUESTA A LA EQUIDAD Ursula Peñate, Martín. FOPRIDEH, Tegucigalpa, Honduras, 2004. 102 p.

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Muestra una guía orientada a las organizaciones y otros sectores organizados interesados en el proceso de institucionalización del enfoque de género como eje – transversal en su quehacer cotidiano. Metodología utilizada: Entrevistas. Algunos puntos señalados son: 1. Mapa ilustrativo del organigrama de la Fundación Banhcafé. 2. Ámbito de actuación. 3. Proceso metodológico. 4. Interrelación de los componentes de incidencia. 5. Sistema de Análisis, planificación y monitoreo. Entre las conclusiones y recomendaciones señala: La publicación se trata de una experiencia concreta realizada por un grupo de profesionales bajo un contexto determinado y pretende servir de base para experiencias similares, ayudar a la reflexión, compartir estrategias de acción y poner en alerta, sobre las principales dificultades encontradas en los procesos de construcción de una sociedad más justa y equitativa. 2005

41) MODULO SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. Colectivo

Feminista Mujeres Universitarias. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. El Colectivo Feministas de Mujeres Universitarias, es una iniciativa que tiene su génesis en el ámbito académico -La universidad- y se constituye como un espacio de difusión y defensa de los Derechos humanos de las mujeres, en ese sentido mediante publicaciones como la presente contribuye al reconocimiento de esos Derechos Humanos y busca transmitir conocimiento y de construir alianzas con diversas expresiones del movimiento amplio de mujeres en el ámbito local, nacional, y regional. Mediante estos módulos se pretende abordar puntos seleccionados de la agenda de las mujeres hondureñas que participan en distintos procesos sociales tanto en el nivel local como nacional. La publicación comprende Cuatro Módulos seccionados en 1. Derechos Humanos de las Mujeres. 2. Vulnerabilidades. 3. Violencia Doméstica. 4. Derechos Sexuales y Reproductivos. Dichos materiales educativos han sido elaborados con la visión de ser utilizados para la autoformación y reforzar los procesos de capacitación actualmente en desarrollo. 2005

42) INDICE DE COMPROMISO CUMPLIDO HONDURAS. UNA ESTRATEGIA DE CONTROL CIUDADANO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. Flores, María Susana, Padilla, Nitza Mónica. Colectivo Feminista Mujeres Universitarias. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 147 Impreso por Z y Z Impresiones.

El documento señala que la iniciativa de realizar acciones de monitoreo y seguimiento a los acuerdos internacionales –Programa de Acción Mundial de el Cairo (1994) y la plataforma de acción de la IV Conferencia sobre mujer (Beijing 1995) -, surge de la necesidad de evaluar el nivel de cumplimiento de los compromisos contraídos por los gobiernos con la equidad de género. El documento es producto de un proceso de consulta participativo con el movimiento amplio de mujeres en las regiones del país: Centro, Sur, Norte, Oriente y Occidente, consultas en las que se retomaron las demandas planteadas por las mujeres desde sus diferentes realidades. El proceso investigativo retoma como año base 1995 y como años comparativos 1998, 2000 y 2003. El análisis se compone de tres capítulos y sus anexos. El primer capítulo aborda un breve contexto nacional, el origen y actualidad del movimiento de mujeres y movimiento feminista. El segundo describe el planteamiento del índice de Compromiso Cumplido. Y el último capítulo recoge las conclusiones y las reflexiones finales.

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43) MUJERES EN CIFRAS HONDURAS 2004.- Centro de Derechos de Mujeres – CDM Tegucigalpa, Honduras, año 2005.- Impresión en PUBLIGRÁFICA

El informe ofrece datos de tipo cualitativo y cuantitativos relevantes sobre la situación d la mujer hondureña, la salud de las mujeres y la violencia contra las en contra de estas, son algunos de los temas que ponen de manifiesto su condición vulnerable los cuales se contrastan con aspectos como la salud, la educación, su participación política y social y sus derechos dentro del marco jurídico nacional e internacional. En cuanto al contexto poblacional general del país se toman datos como los concernientes a los hogares y las familias en Honduras; la salud de las mujeres; violencia contra las mujeres; la educación de las mujeres; el empleo de las mujeres; la pobreza de las mujeres; la participación política y social de las mujeres. El informe se presenta con cuadros comparativos de acuerdo a cada tema y concluye con el marco jurídico nacional e internacional referente a la protección de las mujeres que abarca: El Código de la Familia; el matrimonio; la unión de hecho; el patrimonio familiar; la patria potestad, código penal; ley contra la violencia domestica entre otros temas.

44) ”NUNCA ANTES LO HABIA HABLADO” Centro de Derechos de Mujeres –CDM Tegucigalpa, Honduras, año 2005.- Impresión – PUBLIGRÁFICA

El Estudio tiene como propósito ofrecer diferentes lecturas sobre un tema común “el aborto” haciendo referencia a factores y métodos, todo ello, presentado a partir de entrevistas realizadas a distintas mujeres que sumidas al problema en sí, enfrentan las condiciones legales, culturales, religiosas y médicas que rodean la interrupción de un embarazo no deseado y que son creados no solamente por el hecho que es ilegal, sino sobretodo, por las significaciones y valoraciones que se vinculan a ello. La metodología utilizada son entrevistas y algunos conceptos de los que parten son. 2. Metodología del estudio. 3. Las Mujeres entrevistadas. 4. Los relatos de las mujeres. 5. Vivencias de Mujeres. 6. Resumen y conclusiones. Los puntos que más sobresalen en las entrevistas son: 1. la falta de control y el desconocimiento de las mujeres sobre sus cuerpos. Varias de ellas no tienen conocimiento sobre el funcionamiento de sus cuerpos, se dan cuenta de sus embarazos porque durante varias semanas no les viene la menstruación. 2. La soledad; la mayoría de las entrevistadas encontró poco apoyo emocional. No se atrevieron a hablar sobre sus embarazos y sus planes de interrumpirlo. 3. El miedo a morir y marcar la vida se entrelazan en el análisis, ello entre otros apuntes. 2006

45) EJERCICIO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN ADOLESCENTES. Centro de Derechos de Mujeres – CDM Tegucigalpa, Honduras, año 2006.- Impresión – IMPRESIONES INDUSTRIALES.

Presenta los resultados del estudio de carácter cualitativo orientado a investigar los factores culturales y de género que determinan las conductas sexuales de las y los adolescentes. Aunque se utilizan técnicas de investigación propias de la metodología cuantitativa como las encuestas, el tipo de instrumentos que se utilizó para este trabajo permitió que la información obtenida fuera de carácter más cualitativo que cuantitativo. Se plantea una delimitación temporal y espacial; fuentes de investigación, y el diseño de los instrumentos de investigación, análisis de los datos y elaboración del informe. En el estudio participaron 145 jóvenes: 115 respondieron la encuesta y 30 formaron parte de los grupos focales. Señalan algunos apuntes metodológicos que fueron útiles para analizar ciertos aspectos de la sexualidad que otros estudios no abordan, como

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la relación entre el amor y el placer; la virginidad y los mandatos sobre la sexualidad; las opiniones sobre la sexualidad y la práctica de las relaciones sexuales. La investigación parte de una premisa fundamental apuntando a que los programas de prevención no están siendo del todo efectivos porque, a pesar de que informan sobre los riesgos de las conductas sexuales no protegidas, no permiten que las personas reflexionen sobre los factores sociales, culturales y de género que inciden en este tipo de conductas- Entre las conclusiones y recomendaciones señalan: En sociedades como la nuestra, la sexualidad continúa siendo un tabú. Aunque poco a poco ha ido perdiendo su carácter de sagrado, de innombrable, la mayoría de las personas continuamos hablando en voz baja de estos temas. Ser mujer u hombre determina en qué medida el discurso de la sexualidad como derechos se adecua a las prácticas. Así, el discurso de la sexualidad se construye alrededor de la diferenciación clara, entre los hombres y las mujeres, de los roles, permisos, prohibiciones, sentimientos, afectos, maneras de ver el mundo, sensaciones, presente y futuro. Aunque afirman que los hombres y las mujeres son iguales en emociones, sentimientos o necesidades, tienen muy claro que el contenido de esta igualdad no es el mismo para los hombres y las mujeres, entre otras conclusiones y recomendaciones.

46) LA ATENCIÓN POST-ABORTO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN TEGUCIGALPA, HONDURAS. Centro de Derechos de Mujeres -CDM. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 56 p. Impresión - IMPRESOS INDUSTRIALES.

El estudio tiene como propósito conocer cuál es el trato y la atención que reciben las mujeres que abortan, sea este aborto espontáneo o provocado en el Hospital Materno Infantil. Para el presente estudio se entrevistaron a 122 mujeres que habían ingresado al Hospital Materno Infantil con diagnóstico de aborto en un período de 5 semanas entre el 14 de septiembre y 18 de octubre del 2005. Las mujeres fueron escogidas al azar. Las entrevistas estructuradas se realizaron al momento de salir del hospital o al tener la paciente el alta. Además se revisaron los expedientes de las pacientes y las estadísticas mensuales del hospital. Marco de referencia: De manera introductoria el estudio plantea los acuerdos de la Asamblea Mundial de Salud (1967) donde se reconoció el aborto como un importante problema de salud de las mujeres y de la salud pública. Señala que la dimensión del problema sigue siendo desconocida debido a que una gran parte de los abortos ocurren en condiciones clandestinas y que, en Honduras, la interrupción del embarazo está prohibida sin excepciones. Sin embargo, muchas mujeres frente a un embarazo no deseado recurren a este camino, que consecuentemente les lleva a hacerlo de forma clandestina, lo que pone en riesgo su salud y hasta la vida. La presente investigación constituye la Tercera que realiza el CDM con respecto al tema del aborto y con la cual apertura el debate con el fin de sacarlo de la invisibilidad y de la clandestinidad. Entre las conclusiones y recomendaciones señala: No se puede constatar un maltrato explícito hacía las mujeres que llegan con un aborto en el Hospital Materno Infantil, como manera de castigarlas por el mal que cometieron. Los médicos y enfermeras mencionan en su mayoría que atender una mujer con un aborto no les causa sentimientos diferentes que tratar cualquier otra enfermedad. Las mujeres entrevistadas se muestran en su mayoría contentas con la atención que recibieron del personal médico y enfermera. Un 32 % de las mujeres entrevistadas no recibió información en planificación familiar. El 90% de las mujeres entrevistadas respondió haber tenido la privacidad que necesitaba para sentirse bien.

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47) PERFIL DE LA AGREDIDA Y EL AGRESOR DE LA VIOLENCIA DOMESTICA: CONSEJERÍAS DE FAMILIA “EL BOSQUE Y VILLANUEVA”, Mejía, Glenda Xiomara, Wiemer, Waleska. DIPLOMADO EN VIOLENCIA Y CONVIVENCIA SOCIAL. UNAH. Año 2006. Tegucigalpa, Honduras. Edición electrónica del Diplomado- UNAH

La investigación aborda datos sobre las estadísticas nacionales, relevando que desde 2003 al 2005, fueron interpuestas 28, 927 denuncias por violencia doméstica y solamente en el 2005 se interpusieron 9, 870 denuncias. Similares datos se reportan en la fiscalía de la mujer, área de violencia doméstica con 9, 382 denunciantes y en el 2006, entre enero y septiembre, se han reportado 6439 denuncias. Sobre el tema de la violencia han existido importantes avances en Honduras, con la creación de la Ley Contra la Violencia Doméstica y su reforma. Asimismo con la creación de las Consejerías de Familia en 1993; como un mecanismo de control y de garantía a los derechos humanos de las mujeres, para prevenir, dar asistencia, protección y apoyo a las victimas de la violencia intrafamiliar/doméstica, sea esta psicológica, física, patrimonial y/o económica y sexual. A partir de los datos recopilados por las Consejerías de Familia, las investigadoras elaboran un trabajo que permite identificar dichos perfiles, así como los vacíos existentes en la recolección de información, en la atención y metodologías, abriendo la posibilidad de efectuar cambios y mejoras en el proceso de lucha en contra la violencia doméstica a fin de revertir lo existente.

48) LA VIOELENCIA HACIA LA MUJER Y SU REPERCISION EN EL CAMPO LABORAL. UN ESTUDIO DE CASOS. Hernández, Ziola Rosa, Reconco, Sandra María, Midence, Erica Lizzete. DIPLOMADO EN VIOLENCIA Y CONVIVENCIA SOCIAL UNAH. Año 2006. Tegucigalpa, Honduras. Edición electrónica del Diplomado – UNAH

De acuerdo a las investigadoras, en el campo de violencia de Género se ha escrito mucho en Honduras, sin embargo, señalar puntualmente la repercusión de esta violencia sobre el desempeño de un cargo, oficio o profesión de la mujer resulta difícil por ser una de las áreas menos estudiadas y documentadas. El campo laboral de ha definido, considerando la eficiencia sexual entre hombres y mujeres, lo que ha sido visto por la sociedad como algo natural. Esta división produce que las mujeres sean excluidas del ámbito público y agudiza la discriminación, concediéndole más valor al trabajo que realiza el hombre y desvalorizando el trabajo que realiza la mujer, lo que ha sido determinante para la condición de dominación del hombre hacía la mujer. En una investigación novedosa en su orientación, las autoras entrevistaron a mujeres víctimas de violencia doméstica y realizaron un grupo focal orientado, casi exclusivamente, a explorar los efectos de la violencia en el desempeño laboral de las mujeres, encontrando constantes de ausentismo, pérdida de empleos, y ausencia de atención institucional especializada en el ámbito laboral. Las palabras de las mismas mujeres víctimas de violencia se convierten en una lectura interesante y refrescante que las autoras han reflejado en la investigación.

49) FORMAS DE VIOLENCIA QUE SE PRESENTAN EN EL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRAN Y FACTORES DE RIESGO EXTERNOS DE MAYOR INCIDENCIA. Sánchez, Elva María, Castro, Ana María, Peralta, Sonia Elbeda. DIPLOMADO EN VIOLENCIA Y CONVIVENCIA SOCIAL UNAH. Año 2006. Tegucigalpa, Honduras. Edición electrónica del Diplomado – UNAH

De acuerdo a las autoras, la violencia que viven las familias y sociedad hondureña ha traspasado los muros insertándose en el ámbito de la Escuela. Esta última como parte fundamental del

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proceso de socialización, se encarga de educar a las y los jóvenes en la cultura, valores, comportamientos, actitudes y símbolos aceptados socialmente. De esa cuenta, las escuelas y colegios reproducen tanto la cultura patriarcal como la expresión de la violencia como un mecanismo válido para enfrentar los conflictos en lugar de transformarlos. Las autoras encuestaron a profesores/as y alumnos/as del Instituto Técnico Luis Bográn, obteniendo valiosa información sobre las características y dinámicas de la violencia en el marco escolar. La violencia psicológica y patrimonial son las expresiones presentes con mayor incidencia en el Instituto. Los lugares donde más ocurren las agresiones son: alrededores de las instalaciones físicas del instituto (35.2%), aulas de clase (34.5%), pasillos (33.8%) y profesores (22.8%). Particularmente esclarecedor de las características de auto reproducción de la violencia son las reacciones de las víctimas al momento de la agresión: “insulto (35.9%), respondo de la misma forma (34.7%), pego (26.2%)” 2007

50) ANALISIS DE LA PARTICICIPACION POLITICA DE LA MUJER HONDUREÑA 2005. Colectivo Feminista Mujeres Universitarias. 1era. Edición. Tegucigalpa, Honduras. Año 2007. 38 p. Impresión en - Ediciones Z y Z.

El documento plantea que cuando se habla de participación política de las mujeres se refiere al ejercicio pleno de la ciudadanía por medio del ejercicio del derecho a elegir y a ser electos. Pero este precepto constitucional debe ser analizado, estudiado y vivido desde una perspectiva feminista con enfoque de equidad de género que traspasa los límites preestablecidos del sistema patriarcal. De ahí la importancia de crear alianzas, redes y vínculos, los que tienen como objetivo principal la visibilidad y reconocimiento del aporte de las mujeres dentro del sistema político, social, económico, productivo y reproductivo de las naciones. De acuerdo al documento, las estrategias que las mujeres utilizan para conquistar sus derechos van desde la incidencia política, defensa de los Derechos humanos de las mujeres, la creación de políticas publicas, la exigencia del cumplimiento de las mismas, así como de los compromisos políticos internacionales asumidos por cada Estado.

51) AUDITORIA SOCIAL ¿DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE VAMOS CON LA AGENDA MÍNIMA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS? 2002 – 2006. Colectivo Feminista Mujeres Universitarias. 1era. Edición, Tegucigalpa, Honduras. Año 2007. 59 p. Impresiones Z y Z.

El documento presenta los compromisos asumidos por el gobierno hondureño en el período presidencial del licenciado Ricardo Maduro 2002 – 2006, a través de la firma de Agenda Mínima de las Mujeres hondureñas en septiembre de 2001 y la política nacional de la mujer, elevada a política de Estado por el Poder Ejecutivo en el mismo período. Se constituyen en dos herramientas fundamentales para la auditoría social, ya que la primera es la propuesta de las ciudadanas organizadas en el ámbito nacional, y la segunda es una política pública construida y consensuada con el Movimiento Amplio de Mujeres y con las diferentes Secretarías de Estado. La auditoría busca estimular la capacidad crítica de las ciudadanas y ciudadanos y sus organizaciones, a fin de demandar una administración pública correcta y adecuada que permita que el Estado cumpla efectiva, eficiente y eficazmente, con las responsabilidades asignadas en la Agenda Mínima de las Mujeres hondureñas y con los convenios Internacionales ya ratificados, dirigidos a beneficiar a las mujeres.

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52) EJERCIENDO CIUDADANIA Auditoria Social. RED LÉSBICA – CATRACHAS. Tegucigalpa, Honduras, 2007- 80 p. Impreso en PRONTO PRINT

Da una mirada desde las personas viviendo con VIH, hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, desde la realidad que viven a lo interno del sistema de salud pública. La Red de Respuesta Lésbica Catrachas, desde el año 2004 intensificó su quehacer institucional hacia la defensa de los Derechos Humanos de las personas de la comunidad lésbica-gay-transexual-travesti-bisexual e Intersex de Honduras, parte de dichos esfuerzos involucran acciones orientadas hacia la erradicación gradual de la discriminación laboral, detenciones extrajudiciales, tortura, estigma y vulnerabilidad hacia la comunidad LGTTBI. Si bien es cierto, el presente trabajo en su parte introductoria señala aspectos concernientes a sus principios y concepciones, es en la parte medular del documento donde se señalan aspectos concernientes a metodologías del proceso de auditorias, Planes de Capacitación en D.D.H.H. con enfoque de Género, para la atención de las personas viviendo con VIH-SIDA. Entre las conclusiones y recomendaciones señalan que existe una deshumanización de la epidemia, lo que genera prácticas de violaciones a los Derechos humanos de las personas viviendo con VIH/SIDA dentro del sistema de salud nacional y convierte los Centros de Atención Integral en guetos. El impacto emocional de la violación de los Derechos humanos de las personas viviendo con VIH/SIDA, tiene secuelas en el sentir y pensar que desembocan en frustración, desesperanza e incredibilidad a un Sistema de Salud. Se recomienda la creación de una oficina de denuncias de violaciones de los D.D.H.H. de las personas viviendo con VIH. Que se realicen estudios para minimizar los efectos secundarios de los Antiretrovirales.

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C.- SEGURIDAD 2001

53) Investigación. EJECUCIÓN DE MENORES EN HONDURAS. Ávila, Marlin Oscar, Sagastume, Lourdes Yasmin, Flores Izaguirre, Janeth. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Tegucigalpa, Honduras. Año 2001

La presente investigación buscó determinar las causales de las ejecuciones de menores edad -entre 1 a 18 años inclusive-, en las diferentes ciudades del país, abarcando un período de enero de 1998 a diciembre del 2000. Este informe inicia con una explicación del método de investigación utilizado, una ubicación del contexto nacional y particularmente de nuestra infancia; su situación de salud, educación e institucional. Se hace un análisis teórico del entendimiento psicológico, biológico y social de los menores de edad, producto de caros y profundos estudios, realizados por científicos que han aportado al conocimiento universal actual. Luego se destaca que las ejecuciones de menores de edad, erradamente conocidas, en el caso de Honduras, por los medios de comunicación como “ejecuciones extrajudiciales” -ya que en nuestro medio no es permitida ni judicialmente la ejecución de una ser humano-, han tenido un alarmante aumento año tras año, sin que se hayan tomado las medidas pertinentes para detenerlas. A criterio de los investigadores se ha desviado la atención de sus causales hacia las mismas victimas, para auto excluir de la mayor responsabilidad a los ciudadanos adultos, a las instituciones del Estado. Al hacer esto, los entes de investigación del delito automáticamente excluyen a los grupos irregulares que siguen funcionando en la clandestinidad, como lo es el caso de grupos paramilitares o de limpieza social al servicio de intereses económicos, completamente alejados del bien común y del interés de una nación que busca salir de su pobreza. Con esta investigación el CONADEH buscó aproximarse a las causales de fondo del fenómeno, aún y cuando –según los investigadores- los actos de corrupción y crimen organizado actúan con premeditación y mantienen ocultas las evidencias de las mismas, los datos y hechos encontrados en esta recopilación de información concluyen que la gran mayoría de ejecuciones en menores de edad son causadas por personas organizadas, que están protegidas y aparecen normalmente como desconocidas en los expedientes de la Dirección General de Investigación Criminal. 2003

54) MANUAL FORMULARIOS POLICIALES. Menjivar, Omar; Alvarado, Celso. CIPRODEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2003. Impreso – PUBLIGRÁFICA S. de R.L.

Facilita un instrumento de trabajo a los policías a fin de que puedan registrar información valiosa que servirá para respaldar una eventual investigación y como un indicador que permita medir y verificar la cantidad y calidad de trabajo realizado, de tal manera ir corrigiendo gradualmente los errores. Es un documento auxiliar y formativo para la policía, tomando en cuenta que son múltiples las quejas de la ciudadanía al momento de dar seguimiento a sus denuncias ya que en ocasiones carecen de información registrada o ausencia de datos que faciliten la investigación. Por otro lado el manual es una respuesta a la escasa cultura por parte de los policías en registrar información, ya que en ocasiones se piensa que ello puede contribuir en aportar elementos en su contra en caso de una potencial denuncia. Por ello aún cuando se otorgue un beneficio legal y humanitario a cualquier persona bajo la responsabilidad policial, debe dejarse constancia.

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2004

55) HONDURAS: REFORMA POLICIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA. Castellanos, Julieta, Salomón, Leticia. CEDOH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 201 p.

Esta publicación es producto de una investigación regional impulsada por The Washington Ofiice of Latin América (WOLA) que toma como ámbito temporal los años 2000 – 2001, fechas en las que se intentó evaluar las reformas policiales en Centro América en la década de los noventa, tomando en cuenta tres perspectivas: Los controles internos y externos de la policía, La relación policía – comunidad y La transparencia informativa en la gestión policial. La investigación desarrollada -en el caso hondureño- utilizó una metodología que incluyó entrevistas a un medio centenar de personas vinculadas al tema de seguridad en diversos puntos del país, a nivel del Estado y de la sociedad, así como la realización de cuatro talleres: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Juticalpa y Danlí, para recoger opiniones de las y los ciudadanos con respecto a las tres perspectivas antes descritas, partiendo de ello para hacer el análisis y evaluación de dichas reformas en nuestro país.

56) HONDURAS: HACIA UNA POLITICA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. Meza, Víctor, Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 290 p. CEDOH

La presente investigación, da a conocer un diagnóstico y estudio detallado, sobre la seguridad ciudadana el cual se orientada hacía la construcción de una política integral de seguridad, acompañada de elementos y componentes claves para una estrategia global a largo plazo y de carácter estatal. Para llevar a cabo el proceso de investigación el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) conformó un equipo interdisciplinario de investigadores con el auxilio de quienes llevó a cabo una encuesta para medir la percepción ciudadana sobre la seguridad, la muestra incluyó aproximadamente 220 personas a nivel nacional, cuidadosamente escogidas, de tal manera que representaran un universo múltiple en el ámbito del sector seguridad en particular y del sistema de administración de justicia, en general. Entre los perfiles de los encuestados se encuentran alcaldes, regidores, fiscales, defensores públicos, diputados, lideres comunales, empresarios, etc. En adición a ello el se realizaron cincuenta y dos entrevistas con los más variados actores y protagonistas en el tema se seguridad. Esta investigación entre otras cosas - señalan sus autores-, es también un esfuerzo por generar conocimiento desde el ámbito de la sociedad civil para promover la reforma integral del sector seguridad en Honduras. Entre las conclusiones y recomendaciones señalan: Que es necesario proceder al fortalecimiento y la capacitación en temas de Género a personal de instituciones como el Centro Integrado de procesos de trabajo interinstitucional, la Fiscalía Especial de la Mujer y la Dirección General de Investigación Criminal, por ser los lugares donde acude la mayoría de mujeres a interponer denuncias. Por otro lado resaltan que “Un análisis especial deben merecer las cárceles de mujeres y los Centros de internamiento para mujeres menores de edad. En ellos se debe prestar especial atención a los componentes de rehabilitación y reincersión.”

57) EL ESTADO Y LAS ONG EN LA REHABILITACIÓN Y LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES. Flores, Mirna. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. PNUD. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 65p. Graficentro Editores.

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Este trabajo tiene como propósito conocer las metodologías y los resultados que están obteniendo las Organizaciones No Gubernamentales y las instituciones del Estado que trabajan con jóvenes en riesgo social. Trata de identificar y caracterizar las ONGs e instituciones que realizan este trabajo directamente con jóvenes, lo cual tiene especial relevancia si tomamos en cuenta nuestro contexto en donde se presume la creciente participación –en particular de los jóvenes asociados en maras- en la ola delincuencial y de inseguridad, situación que viene acompañada de una mayor demanda y endurecimiento de penas. En el primer apartado se hace un rápido repaso al contexto de violencia –y especialmente a la participación de los niños, niñas y jóvenes- de los últimos años, al parecer asociado a la profunda crisis económica y social que se sucede en la sociedad hondureña, las condiciones del sistema de justicia y la influencia de factores socioculturales externos. Posteriormente se presenta una caracterización de las organizaciones que trabajan con niños, niñas y jóvenes en riesgo y asociados en acciones delictivas. En este apartado se hace una rápida mención de los orígenes y del contexto en el cual surgen dichas organizaciones. Posteriormente se caracterizan a las organizaciones de la sociedad civil y centros de atención del Estado según el perfil de los adolescentes y jóvenes incorporados a los programas; seguidamente se revisa la intervención del Estado a través de sus centros en la labor de reeducación social los cuales se contrastan con un sucinto esbozo del marco legal que rige la acción penal hacía los jóvenes.

58) MARAS Y PANDILLAS EN CENTROAMERICA. UCA – EDITORES – ERIC – IDESO – IDIES - IUDOP. San Salvador. El Salvador. Año 2004 – 346 P.– UCA – Editores

La pretensión de este trabajo de investigación regional es alejarse de las perspectivas centradas en lo individual que han poblado los abordajes sobre el tema. Como alternativa, se propone volver los ojos y las herramientas de estudio a los factores que rodean a las y los jóvenes, los cuales no permiten que tengan otra alternativa que entrar a las maras, drogarse o delinquir, es de aclarar que se infiere en el mismo texto que con esta postura, los autores del estudio no niega los factores personales, ni tampoco desatender las contribuciones de los estudios sobre pandillas centrados en sus personas o sus historias de vida. Sobre la metodología utilizada y tomando en cuenta que el estudio es regional y que busca explicar el fenómeno de cómo las pandillas necesitan para su surgimiento un contexto social con características muy particulares, dicha metodología parte de dos supuestos básicos: Primero, la existencia de información previa del fenómeno a estudiar; Segundo, una teoría social existente que fue aplicada al problema que se deseaba investigar, a partir de la creación de una serie de indicadores que pretenden medir el nivel de capital social de un universo escogido. Desde este marco se estimó a nivel metodológico que la mejor forma de verificar la hipótesis planteada era mediante encuestas que tomaran diversas muestras y permitieran contrastar dos poblaciones con similares características sociodemográficas, con la diferencia que en una de ellas hubiera una fuerte presencia de pandillas en contraste con los niveles que pudieran existir en otra. El diseño de la muestra, de cada país se ajustó a sus propias condiciones y posibilidades. En el caso del equipo de Honduras, conformado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, de la Compañía de Jesús (ERIC), se decidió tener como destinatarios de la investigación a los habitantes del casco urbano de la ciudad de El Progreso, ubicada en el departamento de Yoro. Uno de los criterios que influyó es que las pandillas se agrupan en lugares específicos, no como un fenómeno extendido sino focalizado- Entre las Conclusiones y Recomendaciones señalan: Los datos revelan que en las comunidades en donde hay pandilleros, el promedio de edad, el promedio de educación de las personas

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entrevistadas y el promedio mensual de ingreso de los hogares es significativamente inferior que en las comunidades en donde no existe el problema de las pandillas. En términos regionales, ciertas variables no tienen el mismo peso que en otras. Cualquier abordaje sobre la problemática de maras en Centroamérica debe comenzar por reconocer que el entorno inmediato de las y los jóvenes constituye un área de intervención particularmente válida y urgente, por encima de las concepciones de intervenciones que criminalizan o personifican el fenómeno sin atender al contexto. 2005

59) HONDURAS: MIGRACIÓN, POLITICA Y SEGURIDAD. Salomón, Leticia. CEDOH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 218 p.

El presente estudio toca uno de los temas de interés en el contexto actual del país que es el tema de la población migrante y su contraste con lo que es política y seguridad ya que entre estos existe una relación sinérgica, la autora del estudio aborda el tema de la migración como un fenómeno complejo. Al tiempo que es un hecho económico y social, también se le puede concebir como una valiosa oportunidad. Problema y solución, esa es la dicotomía dialéctica del fenómeno, que influye en su interpretación y, con frecuencia, limita o distorsiona su comprensión y análisis. Dicha dicotomía se refleja en el hecho de que este fenómeno se le percibe como válvula de escape ante la presión social del desempleo, la marginalidad y la insatisfacción de otros Derechos humanos elementales en nuestro país y que por otro lado se interpreta como la búsqueda de las oportunidades, no obstante dicha dicotomía se le concibe también como un desangramiento de capital humano y social en nuestras comunidades.

60) DIAGNOSTICO. EL PROBLEMA DE LAS ARMAS ILEGALES EN CENTROAMERICA. IEPADES – FESPAD – CIPRODEH – CEI. RED CENTROAMERICANA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA. Año 2005.- impreso en Guatemala.

El objetivo de la presente documento es el de contribuir a la sensibilización y divulgación de la situación actual del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en la región centroamericana, sus consecuencias o efectos y posibles estrategias para su control y reducción. Se plantea como un acercamiento al problema el hecho que la región centroamericana ha sido marcada por conflictos violentos desde sus inicios como Estados Nacionales, guerras entre estados, alzamientos militares y guerras civiles entre otros, que han sido parte de una historia que refleja las profundas desigualdades políticas, sociales y económicas de la zona y que han imposibilitado la estabilidad regional en general. Para efectos del diagnóstico se asumen definiciones y conceptos incorporados en la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. La investigación facilita información cuantitativa referente a esta problemática mediante la presentación de cuadros estadísticos con tablas que reflejan los porcentajes de homicidios y muertes violentas producidas por armas de fuego. Acciones institucionales contra el tráfico ilícito de armas vinculado a la falta de políticas públicas en el tema del tráfico ilícito son algunos de los contenidos del diagnóstico.

61) Investigación. INCIDENCIA DELICTIVA Y PREVENCION COMUNITARIA DEL DELITO (AÑO 2005 A JUNIO 2006). Zúñiga, Adán, Chinchilla, Carmen, Hernández, Miguel, Flores, Lázaro, Vásquez, Oscar. DIPLOMADO EN VIOLENCIA Y CONVIVENCIA SOCIAL UNAH. Año 2006. Tegucigalpa, Honduras. Edición electrónica del Diplomado.- UNAH

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El estudio se realizó en la zona norte de comayagüela. Su objetivo se centró en conocer los tipos de delitos y sus principales características en esta zona del Distrito Central. El estudio combinó metodología cuantitativa y cualitativa. En la primera se utilizó información de la IV Estación Preventiva. Los datos encontrados dan cuenta de que los principales delitos ocurridos en la zona son el homicidio, el robo y las lesiones en el orden respectivo. Estos delitos ocurren principalmente en la zona de Belén, el Carrizal y la zona de la Laguna. En general, de los datos conocidos, el sexo de las victimas corresponde a hombres (60%) y un (30%) corresponde a las mujeres. La edad de las victimas se localiza principalmente entre los 19 y 35 años. (46.09%). El tipo de arma con que se cometió el delito fue básicamente armas de fuego. En el análisis cualitativo, sobre la base de entrevistas e informantes claves, se conoció que el principal problema que viven los vecinos es la violencia y destacan que el principal delito que ocurre es el robo. Entre las causas del delito destacan la escasa vigilancia policial y en menos medida los bajos niveles educativos, el desempleo, el descuido de los padres, la falta de organización comunal, los procedimientos penales y el temor a denunciar.

62) Investigación. FACTORES CONDICIONANTES DE LA DELINCUENCIA

JUVENIL EN HONDURAS. Enamorado, Josefina, Maradiaga, Cándida, Alvarenga, Enio, Andrade, Carmen, Álvarez, Maribel. DIPLOMADO EN VIOLENCIA Y CONVIVENCIA SOCIAL UNAH. Año 2006. Tegucigalpa, Honduras. Edición electrónica del Diplomado UNAH.

El tema del niño o niña infractora o en conflicto con la ley, ha adquirido notoriedad en Honduras en los últimos años. Los medios masivos de comunicación constantemente informan acerca del supuesto aumento en el número y gravedad de los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes por lo que las y los autores buscan identificar los diferentes factores de riesgo presente y condicionante de las conductas de violencia en las jóvenes y a la vez, sus vínculos con la comisión de infracciones a la ley. Debido a que el problema de la niñez infractora de la Ley tiene una multi-causalidad, es fundamental la prevención dentro de la familia, es por ello que de una manera integral el estudio presenta algunos hallazgos que a su criterio deben ser analizados y tomados en cuenta, para disminuir la incidencia de los factores de riesgo relacionados con la violencia. Entre las recomendaciones plantean que en las comunidades debe promoverse la participación ciudadana para que existan verdaderas estructuras organizativas donde exista la confianza, ayuda reciproca y cooperación que facilite la organización y gestión de base efectiva de actores sociales y sociedad civil que contribuya a la prevención del problema de niños y niñas infractores de la Ley una forma integral. En las escuelas deben existir programas de educación preventiva integral, permanentes con cobertura nacional, con un proceso continuo, los mismos deben comenzar desde la educación pre-escolar hasta que los jóvenes concluyan sus estudios en educación secundaria.

63) DIAGNOSTICO. PREVENCION DE MARAS Y PANDILLAS – REALIDAD Y DESAFIOS. Caldera, Hilda, Jiménez, Guillermo. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN – Por una Cultura de inclusión social, paz y vida saludable. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 116 p. Edición – MULTIGRAFICOS FLORES S. de R.L.

El diagnóstico se orienta en aspectos en relación a las condiciones institucionales existentes en el año 2005 para prevenir la participación de jóvenes en pandillas así como para rehabilitarlos y reinsertarlos constructivamente en la sociedad. Contiene aproximaciones a la problemática en

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estudio, desde los esfuerzos pioneros realizados por la sociedad civil hasta las respuestas proporcionadas por el Estado. El proceso de investigación se realizó haciendo uso de la metodología de grupos focales y entrevistas con la población meta activa y no activa en las pandillas, de igual manera se auscultó la perspectiva y apreciación de directivos e instituciones privadas y públicas que trabajan en este campo. La investigación es enriquecida por elementos a ser considerados en una prevención, rehabilitación y reinserción social exitosa. También se abordan obstáculos que deben ser removidos, en los cuales el Estado, la sociedad Civil y los medios de comunicación social pueden ser una voz de esperanza. En la múltiple causalidad del problema se aborda la variable de género y la sociedad de consumo como elementos a ser trabajados de forma permanente.

64) Investigación. APROXIMAXION A LOS FACTORES DE RIESGO DEL SUICIDIO EN LA POBLACION DEL DISTRITO CENTRAL Y AREAS DE INFLUENCIA PERIODO 2002 – 2005. Duarte, H. Melvin, Villaseñor, Elvia Patricia. DIPLOMADO EN VIOLENCIA Y CONVIVENCIA SOCIAL UNAH. Año 2006. Tegucigalpa, Honduras. Edición electrónica del Diplomado UNAH.

El suicidio sigue siendo un tema tabú en Honduras lo que hace un tanto complejo el manejo de las estadísticas. Aún cuando la investigación no es concluyente, se establecen pistas y tendencias para seguir estudiando el fenómeno. El estudio ofrece indicadores que pueden ser útiles para la prevención, tal es el caso de algunos de sus hallazgos que indican que los suicidios ocurren frecuentemente en una población con baja escolaridad, lo que a su vez se relaciona con la variable ingreso y los casos se localizan en un gran número en la zona urbana. Y, si al mismo tiempo se valoran los motivos aparentes del suicidio como los conflictos de pareja, depresión, crisis económica, enfermedad y problemas familiares. En cuanto a las victimas, principalmente hombres, se les encontraron vínculos con alcohol, antecedentes de depresión, por lo que no está del todo lejos que se deba de realizar una intervención preventiva adecuada. Se recomienda además, de suma importancia hacer un seguimiento y plantearse estudios para profundizar y conocer pautas suicidas principalmente en la población joven, así como los factores de riesgo conforme a las historias personales, trayectorias familiares y contextos sociales.

65) HACIA UN ENFOQUE PROGRESISTA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA –SITUACION Y DESAFIOS EN EL CASO HONDUREÑO. Cálix R. J. Álvaro. Friedrich Ebert Stifung – CIPRODEH. Año 2006. Teg. Honduras. 104 p. Impreso – Ediciones Guardabarranco

El documento tiene como propósito principal el brindar una aproximación a la situación de la seguridad ciudadana en Honduras, a la vez, que el esbozo de un discurso alternativo – progresista que pudiera después operativisarse para hacer frente al resquebrajamiento acelerado de la convivencia social. Para abordar el objeto de estudio, este documento pasa revista a los elementos de contexto que puedan facilitar la comprensión del fenómeno de la violencia y el crimen en el contexto latinoamericano y centroamericano, luego se hace una breve caracterización de los niveles de aumentos delictivos y de percepción de inseguridad ciudadana en el país, para luego pasar a describir los cambios observados en el sistema penal hondureño, especialmente a partir de la década del noventa. Seguidamente, se aborda la tensión entre los avances jurídico-institucionales y el discurso y praxis de tendencia represiva que ha cobrado fuerza durante la primera mitad del presente decenio. Finalmente se hace mención a las relaciones entre la inseguridad ciudadana y

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la legitimidad del estado democrático de derecho, así como el planteo básico de un enfoque progresista que permita una política de seguridad ciudadana de corte pro – democrático, en el que la ciudadanía sea el centro y sujeto principal de la misma. Como consideraciones finales el documento plantea en síntesis que Honduras precisa de un pacto político multipartidario, con el acompañamiento de diversos sectores sociales, que haga frente al desafío de impulsar una política integral progresista en seguridad ciudadana, con la cual se pueda revertir la preocupante situación actual. Apuntando a esa dirección, el documento cumple la finalidad de provocar el debate en un tema que requiere sustraerse de los reflejos del temor y de las visiones reduccionistas a las que orilla una visión de corto plazo.

66) PROBLEMA DE LAS ARMAS ILEGALES EN CENTRO AMÉRICA – UN ACERCAMIENTO AL PROBLEMA. RED CENTROAMERICANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD CIUDADANA. IEPADES-FESPAD – CIPRODEH. Año 2006.

El documento presenta una reseña informativa y formativa sobre el tráfico ilícito de las armas de fuego como un fenómeno que atraviesa fronteras utilizando métodos similares en las diferentes regiones del mundo. Problemas que se traducen de acuerdo al nivel, en ruptura del tejido social, debilitamiento de las instituciones y en definitiva, en vidas humanas que se pierden diariamente alrededor del planeta. El Proyecto “Abordando el problema del tráfico ilícito desde una perspectiva regional”, surge a partir de la necesidad de establecer una metodología que pueda ser aplicable y brindar herramientas de trabajo para afrontar la problemática de la presencia de armas pequeñas en las fronteras y el impacto que su tráfico provoca a la población y a la gobernabilidad de las comunidades implicadas. Plantea que la proliferación ilegal de armas de fuego impactan los niveles de inseguridad de las poblaciones, el irrespeto a los Derechos humanos, así como en la salud, desarrollo y desenvolvimiento de sus sociedades. Señala que de acuerdo a (IANSA) -siglas en ingles de la Red de Acción Internacional (Internacional Action Network on Small Arms)- cada minuto muere una persona alrededor del mundo por arma de fuego. En Centroamérica y México, producto de los conflictos armados en la región, están circulando armas de uso civil y militar, así como la munición para las mismas de forma legal e ilegal lo que impacta negativamente en el desarrollo de las comunidades.

67) Investigación. CONOCIMIENTO Y PERCEPCIONES SOBRE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA VIAL EN LOS CONDUCTORES DE LA RUTA URBANA. Domínguez, Saraí, Castellanos, Gabriela, Maradiaga, Edna. DIPLOMADO EN VIOLENCIA Y CONVIVENCIA SOCIAL UNAH. Año 2006. Tegucigalpa, Honduras. Edición electrónica del Diplomado UNAH.

De acuerdo a los autores de la investigación, la convivencia que es una serie de normas que regula el comportamiento de los individuos y que a su vez permite vivir en armonía con los demás, estas normas se aplican en todos los ámbitos de la vida, desde el familiar hasta la vía pública, espacios donde todas y todos comparten a diario, ya sea por que se movilizan en sus vehículos, transporte público o como peatones. Aquí se evidencia a diario las costumbres, los valores, las normas, los quehaceres de los diferentes conductores y conductoras de vehículos, independientemente de su sexo, nivel de instrucción demostrando comportamientos que en diversas ocasiones no favorecen la convivencia armónica. En un Estudio pionero en Honduras, las investigadoras contrastan los comportamientos de los diferentes conductores en la vía pública a través de la observación, con la percepción que sobre sí mismos refieren los encuestados, encontrando fuertes contradicciones ya que en los diferentes puntos observados los conductores de los tres tipos de individuos objeto del presente estudio-

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peatones-conductores de transporte publico y conductores particulares-, cometieron violaciones a las normas de tránsito. Parte de las conclusiones se orientan en hacer ver que los que más violentan las normas son los que manejan los buses seguido de los taxis y por último los particulares, normas de convivencia que al no contar con controles de regulación en la vía pública son factores condicionantes de otro tipo de violencia –la omisión-. 2007

68) MANUAL DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA. Cálix, Álvaro; Herrera, Fabricio; CIPRODEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2007. 50 Impreso – Editorial Guaymuras

Derivado de algunos aportes investigativos del CIPRODEH en el tema Seguridad el presente manual trata de Contribuir en la construcción de una sociedad más segura y solidaria, mediante la sensibilización ciudadana, con la finalidad de ayudar en el mejoramiento y ampliación de la visión tradicional que sobre el tema de seguridad se tiene en nuestro país. El Manual en un primer momento nos acerca al significado de seguridad ciudadana dando una mirada rápida, pero provechosa, a distintas concepciones de seguridad como lo es por ejemplo e de la seguridad humana, la seguridad externa, la seguridad interna y la política criminal, para llegar finalmente, al concepto de seguridad ciudadana. En ese punto, aborda las cuatro dimensiones que constituyen la seguridad ciudadana integral: La prevención, la reacción o coerción, la rehabilitación y la reinserción. Con una visión clara se hace un recorrido por los elementos históricos institucionales de la seguridad e inseguridad en Honduras.

69) MODULO III. ¿COMO ABORDAR EL TEMA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL? UNA GUIA PARA PERIODISTAS. Mejía, Thelma. Morales, Ileana. CIPRODEH – EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAISES BAJOS.Tegucigalpa, Honduras. Año 2007. 65 p. Impreso – Editorial Guaymuras.

El documento pretende contribuir al desarrollo de una mejor cobertura de los y las periodistas sobre el tema relacionado con la violencia y seguridad ciudadana. Basado en los niveles de inseguridad que presenta el país, cuyo repunte ha sido mayor en la última década, obligan a la prensa a efectuar una lectura más crítica. Aborda temas como: qué se entiende por Seguridad Ciudadana; qué se entiende por violencia; cómo ven y entienden el problema los periodistas. En el segundo capítulo identifica el problema de la seguridad ciudadana. En el tercer capítulo cómo aborda la prensa la violencia y la seguridad ciudadana. En el capítulo cuarto consejos para abordar mejor la información sobre violencia y seguridad ciudadana y finalmente el quinto capítulo plantea otros insumos prácticos a la hora de investigar, redactar y editar. En ese sentido este trabajo busca ofrecer insumos a los comunicadores sociales sobre el tema seguridad ciudadana, que en nuestro medio por influencia o desconocimiento se ha reducido a la ausencia de conflictividad o violencia en las calles.

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D.- ACCESO A LA JUSTICIA 2000

70) LA REFORMA JUDICIAL – UN RETO PARA LA DEMOCRACIA. Romero, Ramón, Salomón, Leticia. CEDOH - ASDI. Tegucigalpa, Honduras. Año 2000. 175 p. cedoh@david.intertel.hn IMPRESO EN EDIGRAFIC

El libro trata sobre los retos que la transformación o reforma del sistema de justicia representa para la institucionalidad democrática del país, ello enmarcado en el contexto histórico de finales del siglo anterior e inicios de uno nuevo que dejaron pendiente el afianzamiento de la institucionalidad y la accesibilidad y transparencia en el sector justicia, ello con miras a contar con seguridad en este trascendental aspecto. Esta investigación se sustenta en la información que sobre el tema de la reforma judicial se encuentra en el Centro de Documentación de Honduras, así como en la valiosa información proporcionada por notables abogados, juristas y conocedores de la realidad judicial, a través de entrevistas, algunas de las cuales se incorporan en el anexo de la publicación. Las reflexiones de los autores se complementan con los planteamientos realizados por el Primer Fiscal de la República, Dr. Edmundo Orellana, los cuales se encuentran resumidos en un artículo especial que de igual manera aparece en los anexos. 2002

71) LA REFORMA PROCESAL PENAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO EN HONDURAS: JUSTIFICACIÓN Y PERSPECTIVAS. Cuellar Cruz, Rigoberto. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Honduras. INECIPH -2da Edición. Tegucigalpa, Honduras. Año 2002. Tesis doctoral.

Aborda desde su trabajo de tesis doctoral la reforma garantista que parte de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, la reforma judicial y el rol que juega una institución como lo es el Ministerio Público, al ser garante del proceso penal y el control de la legalidad, en su tesis el autor deja entrever el desarrollo de una gran diversidad de temas que fueron objeto de investigación, con una abundante sustentación bibliográfica que, lamentablemente, no está al alcance de los estudiosos hondureños, por lo que, consciente de esa limitación, el autor optó incorporar una gran cantidad de referencias bibliográficas que creyó necesarias lo cuales terminan por hacer académicamente más rico el trabajo investigativo. Desarrolla el concepto de Estado de Derecho y hace una exhortación para el forjamiento de una cultura constitucionalista y de respeto a los Derechos humanos. Expone los principios constitucionales en que debe enmarcarse el proceso penal; luego hace un recorrido por lo que ha sido el procedimiento penal bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1985, después de explicar cómo está organizado el sistema judicial en el área penal y el importante papel que el Ministerio público tiene a la Luz de una normativa de corte garantista y respetuosa de los Derechos humanos como lo es el Código procesal penal vigente. 2003

72) DERECHOS HUMANOS Y PROCESO PENAL. Mejía, Joaquín. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús ( ERIC) Apartado Postal 10 – El Progreso, Yoro . Año 2003– Impreso – Editorial Guaymuras

Promueve el debate sobre la importancia de un sistema procesal penal liberal en un país como Honduras, donde la administración de justicia se caracteriza por la injerencia política, la

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parcialidad, el retardo y la denegación de justicia, la corrupción e impunidad, lo cual se traduce en graves violaciones a los Derechos Humanos. El libro contiene seis capítulos seccionados de la manara siguiente: Capítulo I Normas de Derecho Internacional; Capítulo II Jerarquía Normativa del Código Procesal Penal; Capítulo III Sistematización de la evolución del Proceso Penal; Capítulo IV Derechos Humanos y Debido Proceso; Capítulo V Principios y Garantías de Derechos Humanos que orientan el proceso penal en Honduras. Si bien es cierto, el presente libro es producto del análisis, el autor apunta que ¨En el proceso penal, especialmente en las prisiones, los indiciados y detenidos están completamente sujetos al poder estatal- El Estado, en su carácter monopolizador del ius punendi y de la fuerza, está investido de la mayor capacidad de intervención en la vida de estas personas quienes, además de sufrir el rechazo de la sociedad que las considera enemigas o lacras sociales, no cuentan con las mismas posibilidades que el Estado y sus órganos para combatir en el proceso. En síntesis, el principio de igualdad de armas en el proceso penal en nuestro país genera un desbalance que opera en contra del imputado y allí radica en el campo práctico una eventual violación a los Derechos humanos.

73) CONSTRUYENDO JUSTICIA. Torres Calderón, Manuel. FOPRIDEH. Tegucigalpa, Honduras. AÑO 2003. 243 P.

El Libro “Construyendo Justicia”: el proceso de incidencia en la nominación de los Magistrados y Magistradas a la Corte Suprema de Justicia, describe los distintos momentos de un proceso de elección de altos funcionarios públicos. Se narra el proceso con claridad el proceso que dio como resultado la elección de los actuales magistrados y magistradas del la CSJ que nace como un mecanismo novedoso en la elección de estos funcionarios y que sustituye la tradicional forma política de escogencia por parte del Congreso Nacional. El libro constituye un valioso documento, no sólo por el rescate de la memoria histórica en este tipo de procesos, sino también porque describe con precisión, los pasos previos a la consumación de la Reforma Constitucional, y la Ley de la Junta Nominadora, pero más importante dejar planteado el reto de continuar profundizando en los cambios y subrayar el hecho de que todos, en algún momento debemos rendir cuentas al pueblo. La temática es abordada entre algunos temas por “Las raíces de la Reforma; El camino seguido por la coalición para el fortalecimiento de la justicia; La “independencia” judicial reclamada; Experiencia de convergencia nacional legislativa; El papel de los medios de comunicación, La Junta Nominadora y la Nueva Corte Suprema de Justicia entre otros. 2004

74) SOBRE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN RECLUSA. Valderas, Lucas. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, ERIC. Progreso. Yoro. Año 2004– Impreso – Editorial Guaymuras

En la investigación se plantea que el Equipo de Reflexión, Comunicación e Investigación, ERIC, contempla como una preocupación permanente la creciente degradación de la situación del sistema penitenciario. Esta inquietud es un sentimiento ampliamente compartido por la comunidad nacional de Derechos Humanos. Los principales elementos que alimentan esta inquietud serían: el creciente numero de incidentes dentro de los centros de reclusión y el aumento de la gravedad de los mismos. Ubicado en el contexto histórico de los años 2003 y 2004 da cuenta que en esos últimos dos años han sacudido gravísimos incidentes los pilares del sistema penitenciario hondureño, de entre los cuales sobresalen:

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El Informe preeliminar sobre la matanzas, el de la granja penal “El Porvenir.” Ubicado en la Ceiba, Departamento de Atlántida y el incendio del centro penal de San Pedro Sula, Cortes, incidentes que dejaron un saldo superior a las 200 victimas mortales entre la población reclusa y visitantes. El informe sobre la sobrecarga del sistema penitenciario: en el sistema penitenciario del país existe una capacidad reconocida para 5500 presos. Para el momento de elaboración de esta investigación se estima una población penitenciaria de más de unos 11500 presos internos. Esta situación es agravada por el altísimo porcentaje de personas detenidas en calidad de prisión preventiva: aún los datos más optimistas señalan que en torno al 60% se encuentra privada de libertad sin sentencia firme condenatoria. En ambos parámetros Honduras tiene el dudoso honor de encabezar las estadísticas a nivel regional. Este primer diagnostico es objeto de un amplio consenso en la sociedad nacional. El deterioro de la situación ha llegado a tal extremo que se llega a responsabilizar al propio Presidente de turno en ese año, como responsable último del sistema penitenciario en materia de una política general del estado: Art. 245.2 de la Constitución de la República.

75) MANUAL – ACCESO CIUDADANO A LA JUSTICIA. . Rivera Reina. CIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 39 p. Impresión – PUBLIGRÁFICA S. de R.L.

Posibilitar el libre acceso a la información en la temática de Acceso ciudadano a la Justicia en una propuesta de mediación comunicacional de textos legales y las necesidades de la población de presentar denuncias y demandas ante el sistema de justicia para la resolución pacífica de las controversias sociales, es el contenido esencial de este documento que aunque no reviste las formalidades o rigurosidad de la investigación científica constituye una muestra de el trabajo que algunas instituciones realizan en la promoción del tema justicia como Derecho humano y que en su mayoría derivan de investigaciones –que aunque no son publicadas- son presentadas en otros formatos a fin de hacerles accesibles a sectores de base, así mismo trae a discusión el tema democratización en la aplicación de justicia por medio de formas participativas de solución de conflictos. En cuanto a contenido esta publicación se estructura de la siguiente forma: Capítulo I. Los Conflictos Sociales. Capítulo II. Los Derechos Humanos y los Mecanismos del sistema de Justicia. Capítulo III. Mecanismos del Sistema de Justicia Formal en Honduras. Capítulo IV. Los Mecanismos Alternativos para la solución de conflictos.

76) VIOLACIONES A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN CENTROAMERICA. INFORME ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2004. Diez, Andrea. Programa de Dinamarca pro Derechos Humanos para Centroamérica, PRODECA. Coordinación, Año 2004. Guatemala. 168 p.

El informe es una versión preliminar del tercer Monitoreo Anual sobre independencia Judicial y Asociacionismo en la región centroamericana, realizado en el marco de la Red Centroamericana de Jueces, Fiscales y Defensores por la Democratización de la Justicia. Mediante el monitoreo pretende reflejar la situación de la independencia judicial en El Salvador, Honduras y Guatemala. El presente informe gira alrededor de tres ejes que se exponen en forma autónoma pero que se hallan íntimamente relacionados incidiendo ampliamente la vulnerabilidad de cada aspecto en los demás. Asimismo, se incluye un apartado sobre el acceso a la justicia. Se considera que dicha información es pertinente a pesar de que no se refiere directamente a la independencia judicial. El 2003 fue un año en que la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Publico y la Defensa Pública fueron profundamente vulnerados en la región a través de una sucesión de hechos gravísimos que pueden clasificarse en:

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Amenazas e intimidaciones a operadores del sector justicia, Debilitamiento de las instituciones del sector justicia y Debilitamiento de Carreras Profesionales. El conjunto de hechos que se presentan constituyen un obstáculo al fortalecimiento del Estado de Derecho en la región y representan la continuidad de prácticas características de poderes judiciales adictos a determinados sectores del poder político, de la debilidad institucional para responder a las presiones externas y de conflictos de carácter corporativo que han signado a en nuestra región.

77) LOS CONTROLES DEMOCRÁTICOS EN LOS OPERADORES DE JUSTICIA. Meza, Miroslava A. CEDOH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 2006 p. 204 –

En el libro la autora plantea que la construcción de la democracia y, en consecuencia, el fortalecimiento y consolidación del Estado de derecho, son procesos simultáneos y complementarios que comenzaron hace ya más de dos décadas en la historia contemporánea de Honduras. Señala que no puede haber una verdadera transición hacía la democracia si, al mismo tiempo, no existe una constante construcción de instituciones democráticas, que sean fuertes desde el punto de vista de su legitimidad social y eficientes y creíbles en su funcionamiento cotidiano. En ese sentido resalta la necesidad de dichos controles y acciones encaminadas a realzar auditoria social en el Sector justicia. 2005

78) DEL PAPEL A LA PRÁCTICA – UN ANALISIS DEL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL EN HONDURAS. Harvey, Rachel. Save The Childrens Reino Unido. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. Impreso en ediciones Industriales.

Este documento analiza las leyes, políticas y prácticas para el tratamiento de los niños y niñas en conflictos con la ley en Honduras, a la luz de las reglas y normas internacionales básicas sobre justicia juvenil. En cuanto a contenido señala que, después de significativas reformas, el sistema de justicia juvenil de Honduras en general cumple formalmente con estas normas. La legislación penal adoptada en los últimos diez años para superar las deficiencias del sistema anterior requiere aún de voluntad política para hacerlo viable en la vida práctica. Abarca la temática en gran medida desde la perspectiva de los Derechos humanos fundamentales y reconoce los derechos que les corresponden a los niños y niñas en conflicto con la ley. Apunta que, sin embargo, al pasar de la legislación a la práctica, encuentran un sistema que no propicia de manera consciente el cumplimiento de los derechos consagrados en las leyes, y menos aún las normas internacionales básicas sobre justicia juvenil. 2006

79) Investigación. EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

DE SANTA ROSA DE COPAN EN LA CREACION DE UNA CULTURA DE PAZ. Ramírez, Lourdes María. DIPLOMADO EN VIOLENCIA Y CONVIVENCIA SOCIAL UNAH. Año 2006. Tegucigalpa, Honduras. Edición electrónica del Diplomado – UNAH

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Santa Rosa de Copán se encuentra dentro de la zona del occidente de Honduras, considerada como zona de pobreza con los índices de desarrollo humano más bajo y con el mayor reporte a nivel policial y judicial, de casos de violencia doméstica y es el primer departamento en tazas de homicidios en el país, por su proximidad a zonas de tráfico de café, ganado, mercancías, drogas, autos y personas, delitos acreditados al crimen organizado intraregional. Los medios masivos de comunicación son hoy los principales constructores que abastecen al conjunto de la población de los modelos de interpretación de la realidad, de los estereotipos, así como de los datos que alimentan o desmienten las visiones del mundo. En su estudio, la autora encuentra que los medios locales han sido influidos por los formatos, métodos y técnicas de los medios de cobertura nacional al nivel de la imitación. Este elemento revela el porqué de la imposición del discurso oficial de la inseguridad como el tema de mayor consumo noticioso a nivel local. A manera de conclusión deja entrever que parte de sus hallazgos confirman su tesis de que la programación de los medios en Santa Rosa de Copán, incluyen programas altamente violentos en sus contenidos y no muestra mayor interés en impulsar contenidos de carácter educativo, cultural o impulsores de valores de Cultura de Paz. 2006

80) VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS INFORME ALTERNATIVO PRESENTADO AL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS”. CEM – H – COIPRODEN – CPTRT COORDINADO POR LA OMCT – ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. Año 2006 . 144 p.

El presente informe sobre las violaciones de los derechos humanos y particularmente sobre la práctica de la tortura y de los malos tratos en Honduras, fue presentado durante el 88° período de sesiones del Comité de Derechos Humanos, llevado a cabo del 16 de octubre al 3 de noviembre de 2006. Es una publicación elaborada por El Centro de Prevención, la Rehabilitación y el tratamiento de las victimas de la tortura y sus familiares (CPTRT), COIPRODEN, CEM-H, y la Organización Mundial contra la Tortura, OMCT. Y pretende ser un informe de carácter temático, relativo a la observancia de algunos de los derechos reconocidos en la Convención contra la tortura, en particular dentro de las comunidades cerradas del país como son los Centros de detención. El propósito es ilustrar al Comité sobre la realidad de la convivencia en dichos espacios, en donde se observa el deterioro progresivo de las condiciones de vida y la propensión a la violación de los derechos de las personas en esta situación, y asimismo la vulnerabilidad en la que viven las mujeres, los niños y adolescentes: a la vez, en la familia, la comunidad y en los Centros de detención. El fin del documento es contribuir al conocimiento de esta situación, exponer las iniciativas del Estado en materia penitenciaria y proponer recomendaciones que mejoren la observancia de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad bajo la tutela del Estado. Entre las Conclusiones y Recomendaciones señala: Que el Estado agilice la aprobación e implementación de la Ley hondureña del Privado de Libertad, cuyo trámite se ha prolongado por más de dos años. Que el Estado fortalezca los mecanismos de garantía nacionales implicados en la Defensa de los Derechos Humanos de los privados de libertad y, en particular, impulse la creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura en los términos previstos por el protocolo optativo de la Convención contra la tortura, recientemente ratificado por Honduras el 9 de enero del año 2006

81) MANUAL BÁSICO DE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES. Cálix, Jacobo; Puerto Gómez, Oscar; Bueso Licona, Saúl; Matamoros, Reina; USAID – FOPRIDEH- Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 59 p.

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Esta publicación que para efectos de muestra es incluida en el presente apartado, tiene como objetivo lograr que los lectores puedan entender aspectos relacionados con Derechos y Garantías Constitucionales como factores claves para el entendimiento y realización de los Derechos Humanos en este campo. El Manual hace referencia de varios tópicos, se refiere a la Constitución de la República como “La Norma suprema del Estado, que se encarga de distribuir el poder entre sus principales órganos y garantiza los derechos fundamentales reconocidos a los ciudadanos para que puedan desarrollarse dentro de la sociedad con dignidad; marcando un límite a la intervención del poder político. Divido en tres partes aborda en la primera lo concerniente a Derechos Fundamentales, Una Segunda parte de Garantía de Protección de los Derechos y una Tercera parte de El Ejercicio de las Garantías Constitucionales, siendo en este último donde aparece el Formato de un Escrito de Interposición de Habeas Corpus y el Formato de un Escrito de Interposición de Acción de Amparo.

82) MANUAL BÁSICO “SOBRE VALORES, DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES”. USAID – UPNFM – FOPRIDEH – COALICIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006 . www.foprideh.org.hn – 00504 – 239 – 8422

El manual es una herramienta de capacitación a maestros y maestras de escuelas e institutos de educación pública del Departamento. de Francisco Morazán, en temas orientados a la formación en valores, derechos y garantías constitucionales. La materialización y publicación del manual es prueba fehaciente de la convicción de FOPRIDEH que cualquier esfuerzo serio – sea este estatal, particular, o como en el presente caso, privado institucional –para combatir males endémicos que lamentablemente vienen obstaculizando nuestra consolidación como verdadero Estado Democrático de Derecho, entre estos y principalmente la corrupción, la delincuencia común, la impunidad fomentadora de las anteriores, el irrespeto a la división de poderes, la frecuente y en ocasiones sistemática vulneración de Derechos fundamentales. En cuanto a contenidos esta herramienta presenta la siguiente estructura: Módulo I – Formación pedagógica para facilitadores del Manual Básico Sobre Valores, Derechos y Garantías Constitucionales. Módulo II. Constitución de la República. Módulo III. Los Derechos del Niño y el Marco del Código de la Niñez y la Adolescencia – Código de Familia. Módulo IV. Convención de los Derechos del Niño – Convención sobre los Derechos de la Mujer. Modulo V. Derechos Humanos, Normas Nacionales e Internacionales – Protección de los Derechos Humanos.

83) MANUAL PARA FACILITADORES EN TEMAS DE ORIENTACIÓN JURIDICA A FAMILIAS ¿QUÉ HACER CUANDO… FOPRIDEH – USAID. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 42 p. Impresión – IDEAS.

Posibilitar información en la temática de Acceso ciudadano a la Justicia en una propuesta de mediación comunicacional de textos legales y las necesidades de la población ante eventuales situaciones que requieren de orientación legal para acudir ante el sistema de justicia, es el contenido esencial de este documento que aunque no reviste las formalidades o rigurosidad de la investigación ofrece un instrumento de apoyo a facilitadores sobre contenidos básicos de áreas del Derecho vinculados al cumplimiento de los Derechos humanos como el concerniente a familia, infancia y discriminación por razones de género a través de una explicación sucinta de leyes de reciente emisión, que responden a nuevas e inquietantes realidades incluyendo Ley especial del VIH-SIDA.

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Marco de referencia: 1. MALTRATO INFANTIL. 2. NEGACION DE PATERNIDAD. 3. NEGACION DE ALIMENTOS. 4. VIOLENCIA DOMESTICA. 5. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 6. DIVORCIO. 7. VIH – SIDA. 8. GLOSARIO. QUE ES LA COMISIÓN DE JUSTICIA y DD HH? – MIEMBROS DEL CJDH-

84) Investigación. RESOLUCION DE CONFLICTOS E INSTANCIAS DE CONCILIACION EN CHOLUTECA. Ortega, Ricardo. DIPLOMADO EN VIOLENCIA Y CONVIVENCIA SOCIAL UNAH. Año 2006. Tegucigalpa, Honduras. Edición electrónica del Diplomado – UNAH

La investigación hace una caracterización de los tipos de conflictos, las formas en que estos se dan y como las partes los resuelven, para el análisis toma como referencia a los pobladores del barrio “El Centro” de Choluteca, durante el período de tiempo correspondiente al año 2006. Con esta investigación se pretende explorar la asociación de variables sociodemográficas con una tipología de conflictos; así como la instancia o la forma de gestionar el conflicto. La metodología combina un cuestionario a pobladores del barrio el Centro de Choluteca y entrevistas a personas vinculadas al tema del centro de conciliación de la ciudad. Lo anterior, tomando en cuenta la contrapartida a la violencia y a las condiciones para su reproducción social que pasa por la formación –conciente- de ciudadanas y ciudadanos en valores y metodologías de conciliación para la resolución pacífica (transformación) de conflictos. La investigación aporta interesantes elementos de reflexión sobre el funcionamiento de los distintos mecanismos institucionales para la resolución de conflictos en el departamento de Choluteca al sur de Honduras- Este estudio es un abordaje cualitativo de los tipos de conflicto y las formas de solución pacifica lo que contribuye no solo a la formación de ciudadanía en los intervinientes sino que democratiza la aplicación de justicia y como experiencia educativa contribuye a impulsar la cultura de paz entre los habitantes de la zona. Entre los principales conflictos identificados el 44% corresponde a conflictos vecinales y el 56% a conflictos por robo, de acuerdo a estadísticas de la DGIC y la Dirección de Medicina Forense.

85) Investigación. TIPOLOGIA DE CONFLICTOS Y LA EXPERIENCIA DE CONCILIACION DE LA IV ESTACION POLICIAL DE BELEN. Mejía, Eunice, Bonilla, Karla, Soto, Elizabeth. DIPLOMADO EN VIOLENCIA Y CONVIVENCIA SOCIAL UNAH. Año 2006. Tegucigalpa, Honduras. Edición electrónica – UNAH

El trabajo inicia un acercamiento exploratorio al tema de los conflictos conocidos en el Centro de Conciliación de una de las estaciones policiales del Distrito Central. El estudio se basa en un registro de casos de los primeros 6 meses del año 2006. El acercamiento al tema es novedoso. Uno de los hallazgos importantes del estudio es precisamente el establecer una tipología de conflictos donde destacan los conflictos interpersonales, los conflictos familiares y conflictos por deudas. En la parte cualitativa, el estudio permite conocer de forma preliminar las causas del conflicto, la gestión del mismo, los impactos y costos que estos suponen. A su vez, el estudio permite ver las dificultades existentes en los barrios y colonias para la resolución adecuada de conflictos, pero por otro lado da cuenta del papel fundamental que desempeña el Centro de Conciliación Policial para atender los casos que sobre el tema se presentan. Lo primero permite sugerir el mayor protagonismo de los gobiernos locales para la creación de mecanismos comunitarios en la resolución de conflictos como forma de participación ciudadana en la gestión de la conflictividad y lo segundo, la necesidad de fortalecer instancias correspondientes.

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E.- EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS 2003

86) MANUAL DE DERECHOS HUMANOS PARA POLICIAS… Y una breve

historia del COFADEH. COFADEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2003. 91 p. Impreso – Ediciones Guardabarranco

El presente documento ha sido diseñado con el objetivo de incursionar en el proceso de educación a policías con el tema Derechos humanos, el papel del estado, la aplicación de leyes, principios y derechos. Los Deberes y Derechos según la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La Responsabilidad Penal por la violación al derecho a la vida. El Estado, los crímenes contra la humanidad y el derecho a la vida. Principios para el respeto a la integridad física y moral de las personas detenidas o presas. La responsabilidad penal por la violación a la integridad física, psíquica y moral- El arresto y el control judicial de la orden de detención. La actuación policial y el derecho a privacidad, al domicilio y a las comunidades, entre otros temas.

87) PROCEDIMIENTOS POLICIALES CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS. Manual para Instructores Policiales Módulo 1: La Seguridad: un Derecho de todos y todas. Módulo 2 – Aprehensiones y Detenciones. Módulo 3 – Procedimiento Policial de violencia domestica. 89 p. Alvarado, Celso; Rivera Joya, Reina. CIPRODEH – Tegucigalpa, Honduras. Año 2003. Impreso PUBLIGRÁFICA S. de R.L.

Producto de una investigación previa sobre necesidades de capacitación en materia de Derechos humanos, la percepción en el tema de accesibilidad a justicia en la Policía Nacional y enmarcado en la Seguridad no como servicio sino como un Derecho, es que el CIPRODEH introduce su oferta curricular en el proceso de Educación policial en Derechos humanos, dirigido a instructores de policía, mediante este compendio de tres módulos cuyo objetivo es el sensibilizar a los y las agentes de policía nacional en el abordaje y trato que se debe a las víctimas de acciones delictivas, así mismo resaltar las principales acciones que debe realizar la Policía Nacional Preventiva, al momento de recibir denuncias y generar actuaciones para detener o castigar la violencia doméstica contra las mujeres, así mismo el abordaje de miembros pertenecientes a otros grupos vulnerables tal es el caso de la población gay y las Trabajadoras comerciales del sexo en aquellos supuestos que acudan ya sea como denunciantes o denunciados. Entre otros aspectos estos tres módulos buscan definir el rol de la Policía Nacional como una institución creada para proteger Derechos humanos, en tal sentido, CIPRODEH hace llegar a la comunidad hondureña en general y en particular a los funcionarios encargados de educar a nuestra policía, esta serie educativa en las que se ha tratado de sistematizar la normativa nacional e internacional de Derechos humanos, relativa al tema seguridad, función policial y trato al detenido. Metodológicamente toman muy en cuenta los principios de educación andragógica o de educación de adultos y ubica como Derecho humano el tema la Seguridad, cuyo cumplimiento al ser compromiso estatal es obligatorio razón por la que este mantiene el monopolio en el uso de la fuerza, con lo cual se descarta la visión de servicio ya que de ser así se corre el riesgo de convertirle en objeto de compra-venta.

88) MANUAL DE DERECHOS HUMANOS PARA DOCENTES…Y UNA BREVE HISTORIA DEL COFADEH. COFADEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2003. 82 p. Impreso – Guardabarranco Editorial

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Pone en manos del personal docente de Honduras una herramienta de promoción, enseñanza y práctica de las aulas escolares como un aporte un aporte significativo del Comité de Familiares – Desaparecidos en Honduras. En el documento se honra la memoria de los hombres y mujeres, trabajadores de la educación, que fueron desaparecidos por razones políticas y se reconoce el trabajo que durante los últimos años han compartido con los dirigentes y afiliados del COLPROSUMAH, COPRUM, PRICHMA y COPENH. En el manual se comparten los conocimientos aportados por diversos autores, entremezclados con las experiencias locales, con el propósito de recrear la memoria histórica, equipar éticamente a maestros y alumnos, y construir un país distinto. 2004

89) Cuadernillo. DERECHOS HUMANOS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Flores, Nélida; Valladares, Sally; SNV-Embajada del Reino de Países Bajos – CIPRODEH. Tegucigalpa, Honduras. 10 p. Impreso PUBLIGRÁFICA S. de R.L.

Promueve en la sociedad en general y en el nivel organizacional aspectos relacionados con los derechos y normativas sobre discapacidad. Es un cuadernillo que aborda temática importante en aspectos de: Derechos Humanos de las personas con Discapacidad; Principios rectores en la atención de personas con Discapacidad; la discapacidad en Honduras; Una Política Nacional para las personas con discapacidad y un directorio de Instituciones que trabajan en la protección, promoción de los derechos humanos con Discapacidad en Honduras.

90) DERECHOS HUMANOS EN LA PRÁCTICA POLICIAL. Rivera Joya. Reina; 2ª Edición revisada y actualizada por Alvarado, Celso. CIPRODEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 50 p. Impreso PUBLIGRÁFICA S. de R.L.

Es indiscutible que la creación de la Policía Nacional Civil ha sido uno de los logros más significativos dentro del proceso de Democratización y desmilitarización del Estado de Honduras. No obstante, el incremento acelerado de la criminalidad y de la inseguridad ciudadana ha urgido medidas tendientes a fortalecer las actividades policiales, dotándoles de mayores prerrogativas en el combate al delito, el uso de la fuerza y mayores recursos para su gestión. Estas medidas han carecido por lo general de mecanismos de control efectivo sobre el actuar policial y tampoco se ha hecho énfasis en la necesidad de un entrenamiento adecuado a partir del cambio cultural en la mente de una policía nacida y formada en el ámbito militar. Un paso muy importante para superar estas debilidades es el facilitar a los miembros del ente policial el conocimiento de los instrumentos de Derechos humanos que deben cumplir y hacer cumplir al momento de hacer uso de la fuerza. Una novedad en el presente documento es el hecho de que parte del contenido se orienta a hacer ver al agente de policía y su labor en el contexto de los Derechos humanos ya que parte de la enseñanza se hace desde la perspectiva del policía como sujeto de derechos y obligaciones, en ese sentido se ofrece el catalogo mínimo de los Derechos que estos tienen como seres humanos.

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91) Investigación. EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS. Mejia, Thelma. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 68 Graficentro Editores.

El informe tiene como objetivo efectuar un estudio del manejo que hacen los medios de comunicación: prensa escrita, radio y televisión sobre la violencia, la delincuencia y la seguridad pública. Identifica a que tipo de violencia dedican más espacios los medios de comunicación: violencia delictiva, violencia intrafamiliar, juventud y violencia, pobreza y violencia, seguridad pública y violencia entre otros. Señala que los altos índices delictivos y la falta de respuesta estatal para proveer de seguridad a las personas y sus bienes, ha tenido como consecuencia que la ciudadanía recurra a solicitar endurecimiento de las penas, entre ellas la reducción de la edad punible y la pena de muerte; además que ha llevado a culpar a los organismos de Derechos Humanos de proteger a los delincuentes y ser responsables de la impunidad. La investigación se dividió en tres etapas: la primera consistió en la recolección de la información orientada a los temas de violencia, delincuencia y seguridad que aparecía en las páginas de los cuatro diarios de información nacional de lunes a viernes. En la segunda etapa la actividad se orientó al procesamiento de la información tomando en cuenta algunas de las variables de interés y finalmente el informe final. El período analizado en el caso de los medios escritos fue de trece meses, de julio 2002 a agosto 2003. En este período se analizaron 3,578 noticias en total, comprendidas en las áreas de violencia, delincuencia y seguridad pública. 2007

92) TEMAS INTRODUCTORIOS SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES. Sánchez Cubas, Claudia Janeth. CIPRODEH / Año 2007. Tegucigalpa, Honduras. 155 p.

Este trabajo pretende servir como un aporte a los alumnos, maestros, investigadores y demás interesados por la lectura y el estudio sobre Derechos fundamentales. La autora desarrolla el contenido en cinco unidades temáticas. Estas unidades abordan de forma general, el temario utilizado en la asignatura de “derechos humanos” dentro del pensun académico del Centro Universitario de Estudios Generales (CUEG), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) constituyéndose en una alternativa científica para la enseñanza de los Derechos humanos. En cuanto al contenido este comienza abordando la problemática relativa al concepto de los Derechos humanos y el fundamento de los llamados Derechos fundamentales, temas que generan mucha discusión entre los académicos conocedores del tema, pero que no pueden desvincularse e n su concepto sin analizar los motivos que le sirven de fundamento –argumenta- En relación siempre a discusiones existentes, incluye un pequeño apartado sobre lo que se considera una violación o infracción de Derechos fundamentales para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, ello con el objetivo de enriquecer las discusiones al respecto entre lo que se considera o no violación a un Derecho humano o a Derecho fundamental. Luego hace un breve repaso a la historia de los derechos fundamentales comenzando con la Carta Magna de Inglaterra de 1215, su importancia y trascendencia hasta los documentos recientes adoptados en el marco de las Naciones Unidas. Dedica un apartado especial a los Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Los mayores adultos que constituyen una población en aumento en nuestra sociedad, con lo que ello implica, incremento de la pobreza en muchos casos. Los derechos de los niños y las niñas como colectivo en situación de vulnerabilidad. Las personas que viven o conviven con el VIH / SIDA, la

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importancia de proteger sus derechos y promover la no discriminación y la estigmatización de que son objeto. Los Derechos de las personas gay-lesbicas, derechos que son los mismos que goza el resto de la población y algunas de las discusiones académicas que surgen de este tema.

93) REVISTA ACADEMICA DE DERECHOS HUMANOS. En el marco del Proyecto Apoyo a la Educación, Investigación y Capacitación en Derechos Humanos en Centroamérica. Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. Año I – Número I 2006

La Revista presenta una serie de trabajos, entre ellos los aportes del autor Salas Montes, Carlos, con Propuestas Metodológicas Alternativas para la Educación en Derechos Humanos cuyo contenido se basa en reflexiones, experiencias y lecciones aprendidas en el proceso de educación no formal en Derechos Humanos impulsado por el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, CIPRODEH. Los aportes de Gutiérrez de Colmenares, Carmen María con su trabajo “El Derecho al Desarrollo ¿un derecho humano?, Donde se refiere a la concepción del “Derecho al desarrollo” en términos jurídicos, económicos y políticos que comprometen a los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas a proveer bienestar integral a todos los países del orbe sobre una base de justicia social. El trabajo de Vargas Castellanos, Erick, “Comisiones de la Verdad y Educación interdisciplinaria en problemas de Derechos Humanos” donde alude a las invocaciones del término Derechos humanos en Honduras durante la huelga de 1954 y luego en el decenio de 1980 – 1990, en el contexto de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. Se hace referencia de los informes del Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras “Los hechos hablan por si mismos” y de la comisión chilena de Verdad y Reconciliación, así como conocer la verdad, castigar los crímenes en ambos casos y reconciliar los sectores confrontados. Otros trabajos se suman a la publicación, entre ellos “La salud y la enfermedad en las concepciones tradicionales de las poblaciones indígenas, garífuna y mestiza de Honduras – como base para la construcción de un modelo de atención integral en salud, de los autores, Lara Pinto, Gloria y Lara Pinto, José Ángel. El trabajo “Introducción al proyecto de declaración de las naciones unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas” de los autores, Méndez Díaz, Marta y Castro, David Martín.

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F.- ETNICIDAD 2001

94) ETNIAS EN HONDURAS Y EL CONVENIO N° 169 DE LA OIT. Zapata Grande, Sobeida Isabel. UNAH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2001. 67 p. Tesis.

El presente trabajo contenido en la Tesis Etnias de Honduras y el Convenio 169 de la OIT, es un nuevo ámbito jurídico, no obstante que los pueblos indígenas existían como tales en el momento de la independencia de Honduras, siendo ellos los grupos autóctonos, que históricamente pertenecen al mismo como es: Tolupanes, Pech, Lencas, Chortís, Tawahkas y las nuevas entidades que se conforman después del siglo XVI como son los Misquitos, Garífunas, Negros y Creoles, Considerando los alcances y limitaciones, de este nuevo instrumento jurídico se establece el manifiesto y las disyuntivas encontradas al invocarse su aplicación, ejemplo de ello es el tema sobre el Derecho de Usos y Costumbre que los pueblos indígenas aplican para resolver sus conflictos sociales dentro de su comunidad y el límite de la costumbre usada por los pueblos. En un tercer capítulo se aborda una recopilación con los límites de legislación Indígena hondureña y que debe ser emitida por el Gobierno. En cuanto a reseña histórica de los grupos étnicos, esta investigación resalta el hecho de que en el siglo pasado y parte de este siglo, el Misionero Manuel de Jesús Subirana se preocupó por dotarles de tierras y legislaciones, los evangelizó con la Religión Católica y fue hasta el año de 1996, que se firma el convenio 169 de la OIT, ratificado mediante Decreto legislativo 26 – 94. En síntesis, el objetivo de la investigación se centra en conocer el contenido, alcances y normas del Convenio 169 de la OIT, que protege a todos los pueblos indígenas y tribales en los países que lo han ratificado y en específico la problemática de los indígenas para su aplicación. Sobre las conclusiones señala que las etnias en Honduras siguen en la actualidad conservando su identidad de pueblo que los distingue del resto, su existencia es memorable, en su riqueza patrimonial que nos representa un legado de nuestra historia. Que el Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Gobierno de Honduras; forma parte del Derecho interno del país y para darle aplicación hace falta una legislación indigenista y una reglamentación y que el sistema jurídico hondureño como está desarrollado, no ofrece un marco de tratamiento adecuado y específico para la protección de los Derechos de las etnias existentes en el país. 2004

95) REFLEXIONES EN TORNO A LA PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS INDIGENAS. – FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES GERENCIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Brenes, Carlos. URACCAN, MOPAWI. a. Año 2004.

Es una publicación recoge varias ponencias presentadas en el marco del Encuentro Centroamericano sobre la problemática de la Gestión de Proyectos indígenas, realizado en Valle de Ángeles en el año 2003. El evento contó con más de 40 representantes de organizaciones indígenas. Organismos No Gubernamentales, entidades de Cooperación y Programas estatales y especialistas en el tema que se reunieron para analizar críticamente la gestión administrativa y financiera de los proyectos gerenciados por organizaciones indígenas; los nudos organizativos, culturales, técnicos y financieros que han dificultado o impedido el éxito de proyectos en comunidades indígenas y finalmente; reflexionar sobre las nuevas tendencias de la cooperación internacional en temas prioritarios, modalidades de cooperación, focalización a pueblos indígenas y sus retos.

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La presentación de los trabajos se realizó en forma de ponencias específicas y conferencias temáticas organizadas en cuatro bloques temáticos siguiendo el ciclo del proyecto. Formulación de proyectos. (Diagnóstico y negociación), Ejecución – Monitoreo (técnico – financiero), Rendición de Cuentas (informes, evaluación) y finalmente un bloque dedicado a la cooperación y la necesidad de construir alianzas duraderas. 2005

96) ESTUDIO SOBRE NECESIDADES DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DESDE EL ENFOQUE DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO. Sosa Ferrari, Ana María, CIPRODEH/ PNUD/ GOBIERNO DE FINLANDIA. Proyecto de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica. Año 2005

A fines del año 2004 se inicio el levantamiento de un diagnóstico de tipo exploratorio sobre el interés de participación en programas de capacitación en Derechos humanos para pueblos indígenas y afrodescendientes. Este se encuentra enmarcado en el “Proyecto de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centro América- Honduras” y responde al componente tres del mismo. Este componente está dedicado a la educación no formal en Derechos humanos para la población indígena, afrodescendiente y grupos vulnerabilizados. Se incluye la propuesta de contenidos curriculares de los programas formativos. El trabajo diagnóstico levantó información en siete comunidades étnicas y un grupo vulnerabilizado (Movimiento Ambientalista de Olancho). De esta manera se logró dar cobertura a siete de las nueve etnias del país –misquitos, pech, lenca, chortí, garífuna, tolupán y tawahka- dejando por fuera a los ingleses creolle y a los nahoas. Esta propuesta registra las demandas de servicios educativos en derechos humanos, la problemática identificada así como medidas y recomendaciones vertidas por cuadros de las etnias, informantes clave y expertos. En sí constituye la oferta educativa en derechos humanos y desarrollo de CIPRODEH a las etnias de Honduras. 2006

97) Módulos. CERTIFICADO EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO A PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES. Sosa Ferrari, Ana María; Salas Montes, Carlos; CIPRODEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 35 p. Impreso – Editorial Guaymuras

Los documentos tienen el objetivo de formar promotores comunitarios que puedan elaborar propuestas que combatan la desigualdad, discriminación e injusticia que enfrenta este sector de la población. El Certificado en Derechos Humanos y Desarrollo a Pueblos Indígenas y Afrodescendientes consta de cuatro módulos: 1. Los Derechos Humanos, las comunidades y las personas- 2. La Igualdad, los Derechos Humanos y el Desarrollo. 3. La Igualdad es un reto para el movimiento social. 4. El Derecho al Desarrollo. Con estas herramientas para la educación no formal, CIPRODEH busca contribuir al desarrollo de las etnias de Honduras, proveyéndolas de los conocimientos básicos en Derechos Humanos y Desarrollo, para generar cambios en las relaciones sociales, y en el diálogo entre gobierno y pueblos indígenas y afrodescendientes.

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G.- MEDIO AMBIENTE 2004

98) CUADERNO SOBRE DERECHO AL AMBIENTE. COFADEH – CIPRODEH- Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 60 p. Impreso – Ediciones Guardabarranco

Promueve el conocimiento del derecho al ambiente, aportando los elementos doctrinarios y jurídicos tanto nacionales como internacionales para su promoción y defensa así como su marco institucional e instrumentos de protección en el país. Es una publicación del Programa Plurianual Democracia y Derechos Humanos en América Central – País Honduras, co-ejecutado por el consorcio que integran el COFADEH y CIPRODEH. El Programa tiene como propósito apoyar el desarrollo de procesos que contribuyan a la profundización de la Democracia y la vigencia de los Derechos Humanos en el ámbito Nacional y local. El Manual consta de seis temas, seccionados por Títulos: Titulo 1. Concepción del Derecho Humano a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 2. Importancia de conservar, proteger y defender el ambiente. 3. Normativa nacional e internacional y derecho al ambiente. 4. De los principios de la normativa internacional de protección del ambiente y de algunos convenios y declaraciones. 5. De los delitos ambientales y de las infracciones administrativas contra el ambiente. 6. Marco institucional de protección al ambiente y los recursos naturales. 2006

99) INFORME DEL ESTADO Y PERSPECTIVAS DEL AMBIENTE. GEO HONDURAS 2006. PRONADERS –MARENA. SERNA. Año 2006. Tegucigalpa, Honduras.

El presente informe ofrece una panorámica general de la situación nacional en materia de ambiente y desarrollo, que pone en evidencia los aspectos críticos tanto en el avance logrado como en aquellas áreas más problemáticas en las que se debe mejorar. Desatacan que la elaboración del informe contó con la participación activa de un equipo interdisciplinario e interinstitucional del sector político, académico y organizaciones no gubernamentales relacionadas con la temática. Este grupo fue coordinado por funcionarios de la SERNA, contando con el apoyo técnico de la Oficina Regional para América Latina y Caribe, PNUMA/ORPALC, a través del desarrollo de talleres y reuniones técnicas, obteniéndose los insumos necesarios para la concreción del documento. Para la elaboración del Informe del Estado y Perspectivas del Ambiente GEO Honduras 2006 se ha utilizado la metodología GEO (Global Enviroment Outlook), la cual consiste en una evaluación ambiental integral que va más allá del análisis del estado del ambiente ya que también toma en consideración las políticas y los temas emergentes en materia ambiental.

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H.- DERECHO LABORAL 2001

100) CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS DE SEGUNDA GENERACION EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE HONDURAS. Ortiz, Miguel Ángel. UNAH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2001. 42 p. Edición electrónica UNAH. Tesis

Pretende demostrar a nivel de cumplimiento por parte de las empresas maquiladoras, de derechos económicos y sociales de los trabajadores consignados en la Constitución de la República, los tratados internacionales y la legislación laboral hondureña. De manera específica, medir el tiempo de permanencia de los trabajadores en sus puestos de trabajo para conocer la estabilidad laboral y verificar la existencia y funcionamiento de sindicatos libres y legalmente constituidos para medir el nivel de respeto a la Libertas Sindical y la Contratación Colectiva. Entre otros aspectos; examinar las condiciones de trabajo para determinar el nivel de cumplimiento de los derechos económicos y sociales que la legislación laboral hondureña les otorga. Comprobar el acceso a los servicios de salud, seguridad social y la observancia de las medidas de higiene y seguridad en el centro de trabajo. Asimismo, evaluar las oportunidades referentes al acceso de las y los trabajadores a la educación básica, técnica, media y superior y finalmente describir políticas empresariales que atentan contra la libertad de constituir familia, contra la unidad e integridad familiar; denegación de los derechos e indemnizaciones sociales por despido injustificado y la discriminación laboral. La investigación fue casi exploratoria, dado que se aplicó un sistema mixto consistente en la entrevista a una muestra aleatoria de 200 trabajadores (as). Las variables independientes para elaborar el perfil sociodemográfico de las personas que trabajan en las empresas maquiladoras fueron: sexo; edad; estado civil, lugar de procedencia, escolaridad. Los datos recopilados tanto en la encuesta como en la investigación bibliográfica se vaciaron en una matriz de salida, instrumento en base al cual se hizo el análisis e interpretación de los datos. Entre las conclusiones señala que ciertamente la industria de la Maquila contribuye con el desarrollo del país generando muchos puestos de trabajo. No se puede ignorar los resultados de la investigación que confirman el hecho referente a que los Derechos humanos de segunda generación, conocidos como los derechos económicos y sociales, consignados en diversos instrumentos jurídicos de carácter nacional e internacional, no son respetados por las dos terceras partes de las empresas maquiladoras que operan en el país. 2007

101) VIOLACIONES DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE LIBERTAD DE PETICIÓN Y ASOCIACIÓN: REPRESIÓN Y LISTAS NEGRAS DE LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DE HONDURAS. Sánchez, Jessica. Centro de Derechos de Mujeres, CDM. Tegucigalpa, Honduras. Año 2007. 93 p. Impreso – Impresiones Industriales.

El propósito de la investigación es evidenciar, desde las experiencias de las obreras, las prácticas empresariales de discriminación, intimidación y represión laboral que se ejercen en contra de las obreras de las maquilas cuando reclaman, exigen, demandan sus derechos ante cualquier instancia de trabajo. De manera específica, el estudio busca identificar los elementos internos y externos (creencias, temores, represalias, etc.) que confluyen cuando opta por denunciar ante una instancia administrativa o judicial. Asimismo, identificar las situaciones y prácticas de las empresas maquiladoras que puedan estigmatizar, coartar o restringir el acceso a un nuevo empleo.

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La Metodología utilizada en la investigación se realizó mediante informantes claves y mediante fuentes directas; revisión bibliográfica y documental, grupos focales, entrevistas a profundidad, entrevistas a informantes claves. La investigación parte de la hipótesis de “que las listas negras son una práctica de las empresas maquiladoras, mismas que son construidas con los nombres de las obreras y obreros que han reclamado respeto, cumplimiento u observancia de sus derechos laborales en la empresa y han solicitado la intervención de la Secretaría de trabajo y Seguridad Social o Juzgados de Letras. Presenta un marco teórico y las experiencias de decenas de trabajadores y trabajadoras de las maquilas desde donde se puede construir un punto de partida para analizar y discutir esa práctica de las fabricas maquiladoras de Honduras. Se conceptualiza el término de “Listas Negras” como la información confidencial que circula en los mandos directivos o administrativos de las empresas “políticas y prácticas” que son expresadas en condiciones de exclusión y discriminación. Entre las Conclusiones y Recomendaciones señalan: La evidencia y circulación de listas negras constituye un secreto a voces dentro del ámbito laboral hondureño. El contexto de aplicación y administración de la justicia nos coloca ante un sistema tutelar débil y con poca voluntad de apoyar al sector trabajador. Establecer lineamientos para la correcta y debida aplicación de la justicia a nivel laboral

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I.- RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2006

102) SITUACION DE LAS MUJERES MICROEMPRESARIAS ORGANIZADAS EN GRUPOS SOLIDARIOS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. Rodas Amaya, Sandra Consuelo. UNAH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 157 p. Edición electrónica – UNAH. Tesis.

El estudio de tesis responde a la interrogante sobre qué ha sucedido con las mujeres microempresarias organizadas en grupos solidarios, en la cuidad de Comayagua del año 1996 – al 2006. Se pretende conocer el rol de la mujer microempresaria en el sostenimiento de la familia, especialmente en las zonas urbanas y semi – urbanas de la ciudad. Se necesita saber si las microempresas organizadas en Grupos Solidarios de mujeres y conformadas por una micro-financiera, pueden ser una opción viable para integrarse al trabajo, sin que ello implique el abandono total del hogar como lo es en el sistema que actualmente vivimos y que por carencias de compromiso empresarial para con ciertos sectores se relega especialmente a las mujeres que tienen compromisos de tipo familiar. Al final, se deberá conocer o negar si las microempresas organizadas en Grupos Solidarios y conformadas por una micro – financiera, representan una oportunidad real de empleo digno para las mujeres pobres de Comayagua. Algunas conclusiones a que llega la investigación se orientan a que los Grupos Solidarios y por ende las microempresas, representan una opción legitima de empleo, el cual genera ingresos que contribuyen relativamente a solventar por lo menos, las necesidades básicas del hogar. Asimismo, la microempresa organizada en Grupos Solidarios genera en la mayoría de casos, ingresos muy reducidos como para que las mujeres puedan hacer crecer su negocio y reducir sus niveles de endeudamiento; versus, una minoría que realizan un control estricto de sus ingresos, logrando una redistribución más eficiente de los mismos. Recomiendan llevar una base de datos, un estudio de mercado, un registro de rubros productivos y entre otros acelerar el proceso de control legal hacía las micro – financieras por la Comisión Nacional de Banca y Seguros; evitando así las elevadas ganancias que éstas obtienen con las microempresarias pobres del país.

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J.- DERECHOS DE LA NIÑEZ Y OTROS TEMAS DE DERECHOS HUMANOS 2002

103) INVESTIGACION REGIONAL SOBRE TRÁFICO, PROSTITUCIÓN, PORNOGRAFÍA INFANTIL, Y TURISMO SEXUAL INFANTIL EN MÉXICO Y CETROAMERICA. Casa Alianza Internacional. San José, Costa Rica. Año 2002. 161 p.

La presente investigación parte de una base de datos, que desde cada uno de los países involucrados –Guatemala, Honduras y Costa Rica-, brinde información sobre las formas, redes y rutas en las que se realiza el tráfico, prostitución, pornografía y turismo sexual en la región. La investigación es hemerográfica y abarca un período 1998 – 2000 y fueron utilizadas como fuente de información -en el caso de Honduras- las publicaciones diarias de dos medios escritos masivos: El Heraldo y Tiempo. (Aunque se incorporaron en lo posible otros medios), a la investigación se agregan fuentes bibliográficas, Entrevistas personales e institucionales, así como guías de observación. Constituye un acercamiento a una de las realidades más violentas que enfrentan día a día los niños, niñas y adolescentes de Centroamérica y México. El libro es resultado la sistematización de las principales violaciones de los Derechos humanos de la Niñez y Adolescencia; es el producto final de un estudio bibliográfico y documental, complementado con entrevistas a los propios protagonistas de éste drama humano que a pesar de los años que han transcurrido no deja de ser actual, por la problemática aún sin resolver. Entre las conclusiones y recomendaciones señalan: En Honduras existe un problema serio de explotación sexual comercial de la niñez, y se expresa a través de todas sus manifestaciones aunque en distintos grados: niños y niñas victimas de la prostitución infantil, turismo sexual, tráfico de niños con fines sexuales y de pornografía infantil. A nivel social, no existen niveles de atención y condena que se movilicen contra este tipo de explotación. En cuanto al tráfico internacional, Honduras parece ser un país expulsor (que trafica hacía afuera) y no un receptor de trafico regional. Se detectó existencia de pornografía infantil en el país, que no parece estar orientada a un mercado interno de pedófilos. Al igual que en el turismo sexual, los ofensores detectados son en la gran mayoría de casos ciudadanos norteamericanos (estadounidenses y europeos).

104) EJECUCIONES SUMARIAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. Capellín, José Manuel; Zelaya, José Gustavo; Cueva, Karla; Herrera, Ubaldo Arquímedes. Casa Alianza de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Año 2002. 188 p. – Impreso Litografía López

El libro presenta un informe sobre ejecuciones sumarias de niños, niñas y adolescentes, como un informe de Casa Alianza de Honduras, con la intención de presentar a la comunidad nacional e internacional aquellos elementos importantes para abordar este fenómeno. Presentar los sucesos con estadísticas precisas y hacer ver la cultura del odio, la violencia y la muerte entorno al tema. El libro se desarrolla a partir de los sucesos que en 1995 se suscitaron al aparecer cuatro adolescentes ejecutados en las 4 salidas del Distrito Central, de los cuales siguieron una serie de atentados contra personas menores de 18 años de edad -que se mantienen a la fecha-, cuyas condiciones particulares eran de riesgo y vulnerabilidad. (Niños y niñas en situación de calle, adolescentes pertenecientes a maras o pandillas y otros que habían sido sometidos al sistema de justicia o que poseían antecedentes de infracción a la ley).

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Entre las Conclusiones señala: Investigar profundamente los hechos, perseguir y sancionar a los responsables. Exigir el respeto a la vida y la dedicación del máximo de los esfuerzos del Estado para prevenir la continuación de las ejecuciones-

105) EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN HONDURAS. Kennedy, Mirta. Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil IPE.C-OIT. Año 2002. Impreso en Litografía Masterlitho S.A. Costa Rica.

La investigación sobre explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Honduras, fue realizada en el marco del Programa Internacional para la Erradicación del trabajo infantil (IPEC) para Centroamérica y forma parte de las acciones requeridas para eliminar de forma inmediata las peores formas de trabajo infantil, según se define en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para fines de la investigación el “término” “explotación sexual comercial” fue definido como una violación de Derechos humanos que ocurre cuando una persona o grupo de personas involucra a una niña, niño o adolescente en actividades sexuales, para la satisfacción de los intereses y deseos de otras personas o de si misma, a cambio de una remuneración económica u otro tipo de beneficio o regalía. El estudio se realizó entre los meses de marzo a septiembre del año 2001, en los ámbitos de intervención: el ámbito nacional, a través del análisis de información general sobre el país; y el local, con estudios de casos en las dos ciudades de Honduras, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Uno de los objetivos del trabajo fue realizar una investigación de carácter nacional, que permitiera conocer las características y condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes, sometidos a explotación sexual comercial en Honduras.

106) Investigación. LOS NIÑOS Y NIÑAS TIENEN DERECHO A LA PRIVACIDAD DE SU CUERPO – DIAGNOSTICO SOBRE ABUSO SEXUAL CONTRA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. Sosa Ferrari, Ana María. CIPRODEH. Año 2002. Tegucigalpa, Honduras. 84 p. Impreso – Ediciones Guardabarranco

El documento da cuenta de las especifidades de la problemática de abuso sexual perpetrado contra las niñas, los niños y adolescentes del departamento de Atlántida. Se trata de una intensa experiencia participativa que logró involucrar a una diversidad de grupos de interés de la zona lo cual permitió conocer y analizar la problemática desde distintas ópticas. Es un importante insumo para dar pasos sustantivos en la erradicación del abuso y para formular concretamente planes de acción contundentes y realizables. El primer capítulo parte de una reflexión desde la perspectiva de Derechos Humanos tanto para la conceptualización como para el abordaje de la problemática. En el segundo capítulo se presenta un breve análisis de la situación del Departamento de Atlántida. Describe la región y aborda la inserción de esta a los modelos económicos. Pone sobre la mesa tanto el riesgo como la vulnerabilidad en lo natural como en lo antrópico. El Tercer Capítulo se dedica a escudriñar las tendencias del abuso sexual contra la infancia y adolescencia en el Departamento de Atlántida. Todo se hace sobre la base de los casos identificados por las instancias oficiales, así como aquellos documentados por los Defensores municipales de la infancia. Por su parte, el Cuarto Capítulo revisa las especificidades de la ruta crítica y traza el proceso mediante el cual se revitaliza el círculo de impunidad en Atlántida. A su vez, se aborda el papel del área de salud y sus limitaciones en la región. En el Quinto Capítulo se sintetizan los principales hallazgos en diferentes niveles a ser: conceptualización y abordaje, características generales del abuso sexual contra la niñez, las especificidades de Atlántida y las oportunidades al igual que las limitaciones para la aplicación de la justicia y la sanación de la agresión. Finalmente el Sexto Capítulo presenta las recomendaciones finales.

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107) Investigación. HONDURAS- INVESTIGACIÓN REGIONAL SOBRE

TRÁFICO, PROSTITUCIÓN, PORNOGRAFÍA INFANTIL Y TURISMO SEXUAL EN MEXICO Y CENTROAMERICA. Nelly, Ana; Birch, Ann. ECPAT – CASA ALIANZA. . San José, C. R. Año 2002. 162 p.

La investigación constituye un acercamiento a una de las realidades más violentas que enfrentan día a día los niños, niñas y adolescentes de Centroamérica y México: la explotación sexual Comercial de la Niñez. El libro es el producto final de un estudio bibliográfico y documental, complementado con entrevistas a los propios protagonistas. De acuerdo a sus autoras el contenido de esta investigación va más allá de estadísticas, de aproximaciones teóricas, de propuestas metodológicas. El Primer Capítulo (“ojos que no ven…”) busca presentar una visión general de la situación de la niñez en Honduras, los principales problemas que enfrenta y la respuesta del Estado hondureño ante los mismos. El Segundo Capítulo introduce los aspectos metodológicos considerados en esta investigación. El Tercer Capítulo presenta los resultados de las visitas a distintas ciudades hondureñas, la identificación de las zonas de las mismas en que geográficamente encontraron explotación sexual comercial de la niñez, así como las entrevistas realizadas a niñas y niños, la existencia de redes criminales dedicadas a la explotación sexual. El Cuarto Capítulo estudia la labor institucional relacionada con la defensa de los derechos de la niñez y el Quinto Capítulo consiste en un análisis jurídico del problema, que intenta identificar vacíos y hacer propuestas en materia legal, particularmente a nivel de los mecanismos de ejecución y aplicación de justicia. 2003

108) Investigación. ANÁLISIS JURÍDICO-CUANTITATIVO SOBRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN HONDURAS. Alvarado Celso, Arquímedes Herrera, Cueva karla. Casa alianza de honduras. Tegucigalpa, Honduras Año, 2003.

Aspectos relevantes en la investigación se orientan hacía una propuesta político – criminal a la explotación sexual comercial en niñas, niños y adolescentes. Y se plantean con similares características que hace diez, cuatro, dos años o quizás meses atrás y luego de haber hecho denuncias públicas y haber provocado discusión social, se encuentran frente al mismo dilema ¿y ahora qué hacemos?, A criterio de los autores de los análisis que se han hecho, tanto al cuerpo normativo como a la realidad que se presenta con respecto al tema de Explotación sexual comercial en niñez, se puede concluir que parte de la problemática se genera en las distorsiones existentes en el campo de la política criminal utilizada para es fin, lo que aunado a la insatisfacción de necesidades básicas y a la precaria situación social del país producto de la descoordinación con las demás políticas de Estado, hacen que al final los esfuerzos no den los resultados esperados. Luego de un estudio de campo apuntan que muchas niñas, niños y adolescentes “Explotados Sexualmente” pasan por una serie de violaciones a sus Derechos humanos, se pudo establecer que muchos de ellos se iniciaron sexualmente entre los 8 y 15 años y otros habían sido violadas y violados por medio de engaños, en la iniciación sexual participaron novio, familiares, conocidos de la familia, en base a proyecciones hacen un aproximado de alrededor de 10,000 niños y niñas explotados sexualmente en el país, de ello deriva la necesidad de incorporar al derecho interno una legislación especial que sancione a quienes explotan a nuestra niñez, en ese sentido se sientan las bases para una Política Criminal en el tema. 2005

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109) ENTRE AVANCES Y RETROCESOS ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN CENTRO AMERICA. 1998 – 2005 Red para la Infancia y Adolescencia de El Salvador – COIPRODEN – Ayuda en Acción. San Salvador, El Salvador. Año 2005. 140 p. Impresión – Talleres Gráficos UCA

Presenta una investigación bibliográfica y documental basada en los informes nacionales y alternativos de los países de Centroamérica y Panamá, presentados ante el Comité de Derechos del Niño y provee un panorama general de la región, destacando los Avances, Logros y Limitantes en el respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez. El estudio inicia describiendo y analizando los avances legislativos nacionales y como región, respecto a la Convención de los Derechos del Niño. Presenta el estudio sobre la situación de los derechos de los niños, niñas, y adolescentes de los países de Centroamérica y Panamá como un esfuerzo de vincular realidades diversas con elementos comunes. El estudio nos introduce en los capilares y tejidos más finos de la trama de la niñez centroamericana y muy especialmente de sus complejos escenarios derivados de la pobreza, la exclusión, la violencia o diferentes modalidades de vulnerabilidad de sus derechos. Entre las conclusiones y recomendaciones señala: El estudio muestra como los países de la región centroamericana y Panamá, han avanzado en la adecuación de la normativa interna a los parámetros de la Convención, orientados al fortalecimiento de la exigibilidad de los Derechos a favor de la niñez; sin embargo, algunos de sus instrumentos jurídicos aún presentan postulados propios de la Doctrina de la situación irregular. Sobre la situación de violencia contra las niñas, niños y adolescentes de la región, el estudio permite visualizar e identificar ciertos factores de riesgo, los varones jóvenes están más propensos a morir de forma violenta en relación con las niñas y las adolescentes mujeres. Los niños en situación de calle y los jóvenes pertenecientes a pandillas tienen aún más riesgo de perecer y de ser objeto de violaciones a sus Derechos humanos, como se evidencia de manera ejemplarizante en el caso de las ejecuciones extrajudiciales y sumarias en el caso de Honduras, entre otras. 2006

110) Investigación. DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE TELA. Fernández, Juana María, Calidonio, Isabel, Mancía, José Amado, Ramos, Elías. DIPLOMADO EN VIOLENCIA Y CONVIVENCIA SOCIAL UNAH. Año 2006. Tegucigalpa, Honduras. Edición electrónica del Diplomad UNAH.

Este estudio se adentra en una de las formas del maltrato del niños y niñas a partir del registro de expedientes en las instancias de justicia, da cuenta del tipo de delitos sexuales, las características principales de las víctimas y agresores que predominan en el municipio de Tela. Esta caracterización es precisamente uno de los aportes centrales de los autores. El estudio encontró que solo los 40% de las denuncias sobre abusos sexuales contra adultos, niñas y niños son judicializados. Que el tipo de violación agravada y violación no agravada representan el 60% de los delitos registrados; que la población infantil más vulnerable son las niñas de 4 a 12 años de las zonas rurales; que el agresor sexual es principalmente una persona conocida, hombres en su mayoría y mayores de 18 años en el 87% de los delitos. Con ello el estudio hace una invitación para que las instancias similares realicen caracterizaciones semejantes y permitan ver las formas y la gravedad de este tipo de delitos en el país.

111) Investigación. PREVALENCIA DE MALTRATO INFANTIL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA ROMULO DURON Y MARINA MARADIAGA DE LA

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ALDEA MATEO. Teg. Rodríguez, Nora, Montes, Marleni, Moreno, Margarita. DIPLOMADO EN VIOLENCIA Y CONVIVENCIA SOCIAL UNAH. Año 2006. Tegucigalpa, Honduras.

El trabajo establece con claridad los conceptos fundamentales y los tipos de maltrato infantil y como contribución particular destacan las señales o signos que dan cuenta del maltrato en niños y niñas. En la construcción del dato del estudio sigue con rigor la aplicación de una metodología cualitativa la que a su vez permite llegar a conclusiones importantes de prevalencia sobre el maltrato físico, el tipo de instrumento de maltrato, el maltrato emocional, el abuso sexual, la negligencia y abandono, así como los factores que están asociados al maltrato infantil. Si bien el trabajo deja pendiente para otros estudios la aplicación y el significado de los tipos de maltrato y la ponderación de cada uno de ellos respecto a formas de intervención. Fórmula algunas hipótesis sobre la asociación existente entre distintas dinámicas y comportamientos sociales con el maltrato infantil. Este estudio es importante porque el maltrato infantil no es un tema estudiado en el país. El maltrato es un fenómeno oculto, es una forma de violencia que perjudica el desarrollo normal de nuestra infancia, por tanto tiene enormes costos para la sociedad. El maltrato es también uno de los eslabones de las estructuras de violencia que es necesario desmontar. 2002

112) SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 2002. COFADEH. Tegucigalpa, Honduras 2002. 51 p. Impreso – Ediciones Guardabarranco

Presentar a la ciudadanía y las organizaciones del Estado la percepción de la situación de los Derechos humanos para el año 2002, mediante informes y estudios de casos da cuenta que mayoritariamente se ha atentado contra los derechos civiles y políticos de ciudadanos hondureños. Plantea en su estructura la temática siguiente: 1. Marco General. 2. Inseguridad. 3 Autodeterminación. 4 Reformas y Contrarreformas. 5… I. Derechos Civiles y Políticos. I.I. Libertad de asociación, libre manifestación y reunión. I.II Desalojos. I.III Torturas. I.V. Lesiones graves y golpes. I. V. Atentados. I. VI. Homicidios por abuso de autoridad. I. VII. Muerte por autoría sospechosa. I. VIII. Amenazas a muerte y allanamientos. I. IX. Asilo Político. I. X Desaparición forzada e impunidad. I. XI. Libertad de expresión. I. XII. Defensores de Derechos Humanos. II. ETNIAS. III. MEDIO AMBIENTE. IV. RECOMENDACIONES. V. ESTADISTICAS. Entre las conclusiones y recomendaciones señala: Para asegurar a la población un efectivo mecanismo de participación y formulación de políticas en materia de seguridad, el Congreso Nacional debe reformar la Ley Orgánica de la Policía Nacional, especialmente en su artículo 6, con el objeto de independizar el Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN), cuya credibilidad e imparcialidad está seriamente menguada y comprometida. Se recomienda a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse cuanto antes sobre la inconstitucionalidad de la reforma por adición del artículo constitucional 205, numeral 10, que crearía un paralelismo legislativo sin precedente en la historia constitucional de Honduras al otorgar al Congreso la facultad de interpretar la Constitución. En materia de reconstrucción de la verdad histórica y lucha contra la impunidad en temas de desaparición forzada y graves violaciones a los derechos humanos entre 1980 – 1994, el COFADEH reconoce los bien intencionados esfuerzos del Gobierno. 2003

113) LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES – REFLEXIONES SOBRE SU CONCEPTO Y SITUACION EN HONDURAS.

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CIPRODEH. Pérez Munguía, Andrés. 1era Edición. Tegucigalpa, Honduras. Año 2003 29p.

El documento señala en el primer capítulo denominado “Hacía una base jurídico – conceptual de los derechos económicos, sociales y culturales” aporta, desde una perspectiva de la Ciencia del Derecho, un punto de partida dogmático para el análisis de los DESC en el ordenamiento jurídico hondureño. Si bien puede considerarse como un primer intento de construir doctrina nacional sobre el tema, este apartado emplea contribuciones muy recientes de juristas europeos. Parte de esa manera, porque consideran lo que distingue el trabajo de los DESC de otras iniciativas que realizan organizaciones no – gubernamentales, instituciones estatales y agencias internacionales en el campo socioeconómico. Puntualizan que es, sin lugar a dudas, el enfoque de justiciabilidad de los Derechos humanos. El segundo capítulo, titulado “Síntesis de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Honduras”, es un aporte a la línea de base o punto de partida de las iniciativas que sobre el tema se planteen desde la sociedad civil. Puntualizan: Siendo que fabricar un set primario de datos escapa a los objetivos y posibilidades del presente trabajo por lo que se utiliza cifras de otros informes, aclarando que no se pretende, particularmente en ese sentido, ser fuente autorizada de indicadores, sino más bien organizar la información de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. 2005

114) Estudio. CENTROAMERICA 2004 – 2005 DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS. Impreso, San Salvador, El Salvador. Año 2006. 77 p.

El material, con carácter regional, se orienta a contribuir al análisis de la situación social, política, económica y cultural de Centroamérica desde un enfoque específico de Derechos Humanos. Como punto de partida se retoman varios principios de Derechos humanos y responsabilidades de los Estados centroamericanos en relación a normas e instrumentos suscritos y ratificados en materia de derecho internacional en derechos humanos. La principal fuente de datos, descripción de hechos, denuncias de casos, gráficas, cuadros, referencia de citas y opiniones, así como también el material fotográfico que ilustra la publicación, parte de las diferentes organizaciones especializadas que han conformado un equipo regional de análisis de la situación de los Derechos humanos en la región. Desde un enfoque de los Derechos humanos, la impunidad de ayer y ahora es un tema principal abordado, con particular énfasis en reparación a víctimas de violaciones a sus derechos y la corrupción. El segundo gran tema abarca los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, empezando con una revisión de las particulares condiciones de vulnerabilidad que enfrentan significativos sectores centroamericanos para el goce de estos derechos y las principales amenazas que marcan un orden progresivo en materia de garantía y protección por parte de los Estados. Aunque el enfoque de la publicación es de carácter regional, en cada apartado se procura hacer referencia a la situación particular de cada país conforme la información remitida por las organizaciones responsables. Por último, es esbozan algunas conclusiones, desafíos, apenas esbozándolos, puesto que las propuestas y soluciones a tan complejas problemáticas como las abordadas requieren de un trabajo mucho más colectivo.

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115) CENTROAMERICA 2004 – 2005. CODEH – CIPRODEH – CENIDH –

COMISION DE DERECHOS HUMANOS EN PANAMA – FEDEREACION LUTERANA MUNDIAL – GRUPO DE APOYO MUTUO GAM. San Salvador, El Salvador. Año 2006. 79 p.

Este informe pretende contribuir al análisis de la situación social, política, económica y cultural en Centroamérica desde un enfoque específico de derechos humanos. La fuente principal de datos, descripción de hechos, denuncias de casos, gráficas, cuadros, referencias de citas, opiniones, así como también el material bibliográfico que ilustra la publicación, parte de las diferentes organizaciones especializadas que han conformado un equipo regional de análisis de la situación de los Derechos Humanos en sus respectivos países. La publicación retoma varios principios de Derechos humanos y responsabilidades de los Estados centroamericanos en relación a normas e instrumentos suscritos y ratificados en la materia. Entre las Conclusiones y Recomendaciones señala: (Conclusiones y Desafíos) 1. Juridicidad- aprobar las leyes de protección para trabajadores de la maquila y en el caso de que las mismas ya existen, hacerlas valer. – Regular adecuadamente la explotación minera. – Promover la equidad de participación política de la mujer y de los sectores minoritarios del país. – Aprobar y aplicar legislación que garantice el ejercicio del derecho a la información. 2. Justiciabilidad. – Independencia del poder Judicial. – Independencia del Tribunal Superior de Cuentas. 3. Disponibilidad. – Mejorar la cobertura de Salud- . – Cobertura educativa. 4. Accesibilidad. 5. Gestión, entre otros. 2005

116) NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA DISCRIMINACIÓN: Meza, Miroslava. CEDOH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. info@cedoh.org, www.cedoh.org. Edición electrónica – CEDOH

El presente documento está orientado a conceptualizar el fenómeno de la discriminación de una manera práctica y digerible para socializar el tema y sensibilizar a la sociedad sobre las secuelas negativas que provoca en todos los ámbitos de desenvolvimiento del ser humano, pero particularmente en la educación y en el trabajo. Aborda temas como ser: ¿Qué es y que no es discriminación?; ¿Que tipo de discriminación existe? ; ¿Cuáles son los grupos discriminados en Honduras?; ¿Cómo se sanciona la discriminación? Señala que la discriminación puede darse en contra distintos seres humanos, puede ser formal o informal es decir, prohibida o permitida. También que no siempre la discriminación se da contra grupos de personas. También se puede dar contra un solo individuo, pero considerándolo siempre como parte de un grupo de personas que tienen características humanas que dan lugar al rechazo, como por ejemplo su edad, su color de piel, el lugar donde nacieron, etc. Aclara que no se debe confundir la exclusión con la discriminación. La exclusión consiste en que el Estado aísla a ciertos grupos sociales mediante el descuido intencional o negligente de sus derechos humanos, que los pone en una evidente situación de desventaja social. La discriminación, además de la exclusión que presupone y que puede ser cometida tanto por el Estado como por la sociedad, se manifiesta con desprecio, odio, rechazo, ofensas, agresión, demérito o invisibilidad de capacidades y/o un trato despectivo contra un grupo social determinado. El estudio hace mención de Grupos discriminados y de algunas formas de discriminación o violación de sus derechos humanos, entre ellos categorizando a: Extranjeros residentes, Mujeres, Homosexuales y Transgénero, Adultos mayores, Jóvenes profesionales, Jóvenes sospechosos o

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delincuentes, Etnias, Negros, Religiosos y/o ateos, Discapacitados, Enfermos con VIH/SIDA, enfermos mentales y otros, Personas obesas o con apariencia física desfavorable, Migrantes

117) EXTRANJEROS, DERECHOS Y XENOFOBIA. NOCIONES: Meza, Miroslava. CEDOH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. info@cedoh.org, www.cedoh.org. Edición electrónica – CEDOH

El presente trabajo señala como una observación importante que la xenofobia debe estudiarse como un fenómeno eminentemente social, cultural, no jurídico, lo que quiere decir que atiende a la reacción fóbica de grupos sociales ante la presencia de otros que no comparten su origen, y que las leyes no son más que el reflejo de esa fobia cultural y no a la inversa. De igual manera plantea que tradicionalmente se ha reconocido el universalismo como una característica de los derechos humanos, lo que quiere decir que todos los habitantes del mundo tenemos el privilegio de gozar de los mismos derechos humanos, sin diferencias discriminatorias por nuestro origen social, nacionalidad, edad, sexo, etc. El documento hace referencia a que según estudios de la Organización de las Naciones Unidas, 1 de cada 35 personas es un migrante en el mundo, lo que quiere decir que 1 persona de cada 35 se desenvuelve en una nación que no es la suya, al menos por nacimiento. Esta importante estadística nos da la pauta para reconocer la importancia de analizar el tema de los extranjeros en relación a sus derechos humanos en la nueva nación que les abre las puertas y cómo su nacionalidad repercute en el trato que recibe en su nuevo ambiente social. Puntualiza que una vez entendido el concepto común de extranjero, habrá que definir el significado de xenofobia para los efectos de este artículo. La acepción jurídica del término según Guillermo Cabanellas, es que consiste en un “odio u hostilidad hacia los extranjeros, siendo consecuencia, por lo general, de un exceso de nacionalismo. Esta actitud, recrudecida en los tiempos modernos, rompe la solidaridad humana, deber imperioso derivado de su unidad o al menos de la capacidad de entenderse y reproducirse todos los pueblos y razas.

118) JOVENES PROFESIONALES Y DISCRIMINACIÓN EN HONDURAS: Meza, Miroslava. CEDOH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. info@cedoh.org, www.cedoh.org. Edición electrónica – CEDOH

El documento inicia con una aclaratoria sobre el término discriminación que no es más que el acto de separar o distinguir una cosa de la otra; sin embargo, jurídicamente hablando, atiende a un trato de inferioridad a una persona o grupo de personas por motivos de raza, sexo, religión, edad, nacionalidad u otros. En otro sentido plantea que contrapuesto al concepto de prejuicio que fácilmente lleva a la discriminación, también existe el concepto de tolerancia o respeto a los demás, lo que se manifiesta con calificar a otros como individuos, en lugar de ponerles etiquetas de acuerdo con el grupo al cual pertenecen. Señala que y para beneficio de todos los hondureños, hoy en día son más los jóvenes que ocupan las aulas universitarias. Miles son los graduandos en cada promoción y poco a poco se van abriendo más carreras profesionales específicas en cada campo. En instituciones públicas son cada vez más los jóvenes adultos que ocupan los puestos de toma de decisiones (por ejemplo diputados, fiscales, secretarios generales, jefes de departamentos legales, etc.) y en la empresa privada se han destacado muchos en puestos gerenciales. Hace énfasis que en la actualidad, en el mundo entero se han logrado importantes avances para regular y prohibir las formas de discriminación contra las personas por razón de sexo, religión, nacionalidad y otras condiciones sociales. No es casualidad que países europeos, precisamente

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después de la segunda guerra mundial, se hayan destacado por volver el tema de la discriminación como uno sumamente sensible y prioritario en sus agendas jurídicas, a fin de garantizar la eliminación de cualquier ambiente propicio para los prejuicios, la discriminación, el odio y la violencia. Sin embargo, en Latinoamérica se han visto pocos intentos por comenzar a regular también los tratos desiguales e injustos hacia las personas, particularmente por razón de su edad, y más específicamente hacia los jóvenes en los empleos.

119) MANUAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CIPRODEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005 45 p.

Concrecionar el mandato constitutivo de CIPRODEH de promover el conocimiento y aplicación de los Derechos Humanos como elemento necesario para su respeto a los hondureños y a las hondureñas. El Manual está estructurado en un primer capítulo introductorio sobre los Derechos Humanos en general. Un Segundo Capítulo que lleva al lector por el entramado de los Derechos Consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un Tercer Capítulo donde se aborda uno de los Derechos establecidos en el Pacto y su reconocimiento en la legislación nacional. El Cuarto Capítulo está orientado hacía la reclamación judicial de los DESC y finalmente el Capítulo Cinco aborda la realización de los DESC en los servicios públicos de agua y energía eléctrica- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS En el caso de Honduras, durante el estudio se identificó una gran cantidad de publicaciones de tipo formativo e informativo como guías, folletos, cartillas y otros que no revisten las formalidades o rigurosidad de la investigación científica pero que se incluyeron, ante la ausencia de proyección de la academia y de los sistemas formales de educación en derechos humanos o por lo inaccesible que resulta la producción científica del tema.

1) 2000/ VIOLENCIA E INSEGURIDAD CIUDADANA EN HONDURAS. Cuaderno de Educación Popular. DIAKONIA CH – HONDURAS. Tegucigalpa, Honduras. Año 2000. 28 p-

2) 2000/ AGENDA LEGISLATIVA – PRIMERA CONVERGENCIA NACIONAL

LEGISLATIVA – Propuesta Mínima de Sociedad Civil Organizada. CIPRODEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2000. Impreso – PUBLIGRAFICAS

3) 2003/ CONOCE TUS DERECHOS HUMANOS Y UNA BREVE HISTORIA DEL

COFADEH – EDICION ESPECIAL – COFADEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2003. 42 p.

4) 2004/ CUADERNO DE DERECHOS HUMANOS. PROGRAMA PLURIANUAL

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN AMERICA CENTRAL, PAIS HONDURAS. COLECCIÓN DEMOC RACIA EN DERECHOS HUMANOS. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 35 p.

5) 2004/ FORTALECIMIENTO DE LAS DEFENSORAS MUNICIPALES DE LA INFANCIA

EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA – RESUMEN EJECUTIVO. CIPRODEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 27 p-

6) 2004/ SERIE CUADERNOS DE CONSULTA – queriéndonos más. CENTRO DE

DERECHOS DE MUJERES CDM – Tegucigalpa, Honduras. Año 2004- Litografía López.

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7) 2004/ PACTO POR LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE HONDURAS. Invertir en la infancia, Adolescencia y Juventud. UD-DC PINU. PN.PL. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. 11p.

8) 2004/ SERIE CUADERNOS DE CONSULTA – Las raices de la diferencia. CENTRO DE

DERECHOS DE MUJERES CDM – Tegucigalpa, Honduras. Año 2004- Litografía López.

9) 2004/ SERIE CUADERNOS DE CONSULTA – Reconociéndome en las otras. CENTRO

DE DERECHOS DE MUJERES CDM – Tegucigalpa, Honduras. Año 2004- Litografía López.

10) 2005/ SERIE: DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS – HOSTIGAMIENTO SEXUAL.

CENTRO DE DERECHOS DE MUJERES CDM – Tegucigalpa, Honduras. Año 2005 16 p.

11) 2005/ DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS – PODER Y LIDERAZGO FEMENINO.

CENTRO DE DERECHOS DE MUJERES CDM – Tegucigalpa, Honduras. Año 2005 16 p.

12) 2005/ HACIA UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. Memoria.

Encuentro de Experiencias Nacionales e Internacionales de acceso a la información pública, C – LIBRE - COALICION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005.

13) 2005/ MODULO I – DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. COLECTIVO

FEMINISTA MUJERES UNIVERSITARIAS. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 24 p. mujersu@cablecolor.hn

14) 2005/ AGENDA REGIONAL DE LAS MUJERES HONDUREÑAS. Colectivo Feminista

Mujeres Universitarias. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. mujersu@cablecolor.hn

15) 2005/ LA VIOLACIÓN – SERIE DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS. Centro de

Derechos de Mujeres CDM. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 21 p.

16) 2005/ UNA MIRADA AL PROCESO ELECTORAL PRIMARIO 2005 – Resultados del sistema de indicadores de seguimiento. CIPRODEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 72 p.

17) 2005/ CALIDAD DE VIDA Y DISCAPACIDAD. FIDAS –CIARH. COORDINADORA DE

INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN DE HONDURAS. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 19 p. ciarhhonduras@yahoo.com

18) 2005/ MANUAL BASICO DE ALERTAS. Para la denuncia, defensa y protección de la

Libertad de expresión y el Derecho a la información en Honduras. C – LIBRE. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005

19) 2005/ MODULO II – VULNERABILIDADES Y GESTION DE RIESGOS. COLECTIVO

FEMINISTA MUJERES UNIVERSITARIAS. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 24 p. mujersu@cablecolor.hn

20) 2005/ MODULO III – VIOLENCIA DOMESTICA. COLECTIVO FEMINISTA MUJERES

UNIVERSITARIAS. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 24 p. mujersu@cablecolor.hn

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21) 2005/ MODULO IV – DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. COLECTIVO

FEMINISTA MUJERES UNIVERSITARIAS. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 24 p. mujersu@cablecolor.hn

22) 2005/ SERIE: DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS – MUJER Y TRABAJO.

CENTRO DE DERECHOS DE MUJERES CDM – Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 16 p.

23) 2005/ APORTES A LA DEMOCRACIA DESDE LO LOCAL: POLITICA DE Y PODER

ENTRE MUJERES. Alianza Nacional de Mujeres Municipalistas de Honduras. AECI- AMHON – SNV – CEM – H Tegucigalpa, Honduras. Año 2005. 54 p. Ediciones San Miguel.

24) 2005/ COMO VIVIMOS LA POBREZA Y QUE TIPO DE DESARROLLO QUEREMOS

LAS MUJERES HONDUREÑAS – Sin las mujeres no hay desarrollo posible. COLECTIVO DE MUJERES FEMINISTAS UNIVERSITARIAS. Tegucigalpa, Honduras. Año 2005.

25) 2006/ BALANCE LEGISLATIVO 2006 – Revista Trimestral – Edición Especial -

DEMOKRATIA. Elaboración de análisis, Sierra Fonseca, Rolando. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 26 p.

26) 2006/ ESTILO DE VIDA SALUDABLE. Garciga, Octavio. PROGRAMA NACIONAL

DE PREVENCIÓN – Por una cultura de inclusión social, paz y vida saludable. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. pnprrs@cablecolor.hn

27) 2006/ INFORME NACIONAL SOBRE DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA LIBERTAD

DE EXPRESIÓN 2006. C – LIBRE. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 30 p.

28) 2006/ POLITICA INSTITUCIONAL DE GÉNERO. ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS. AMHON. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 16 p.

29) 2006/ POLITICA INSTITUCIONAL TRANSPARENCIA. ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS

DE HONDURAS. AMHON. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006. 24 p.

30) 2007/ MODULO/ COMO ELABORAR ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN LA COMUNIDAD. CIPRODEH – EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAISES BAJOS. Tegucigalpa, Honduras. Año 2007. Editorial Guaymuras.

31) 2007/ RESUMEN/ ESTADO NACIONAL DE LA INFANCIA HONDUREÑA 2007 –

INVERSIÓN EN LA INFANCIA, ¿PRIORIDAD NACIONAL? RESUMEN EJECUTIVO. UNICEF.

32) 2007/ COFADIN Y LA JUVENTUD – Historieta de presentación del Comité de

Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Tegucigalpa, Honduras. Año 2007- 22 p.

33) 2007/ CRECIENDO EN LAS CALLES DE TEGUCIGALPA. MEDICOS SIN FRONTERAS.

Centro Terapéutico de día. Tegucigalpa, Honduras. Año 2007. 50 p. msfch-tegucigalpans@geneva.msf.org

34) 2007/ GUIA DE INFORMACIÓN PARA EL DENUNCIANTE SOBRE EL PROCESO DE

ATENCIÓN DE DENUNCIAS DEL TSC – Tribunal Superior de Cuentas – DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Tegucigalpa, Honduras. Año 2007

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35) 2007/ LENTE CIUDADANO – SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE SEGURIDAD

CIUDADANA. BOLETÍN 3. FOPRIDEH. Tegucigalpa, Honduras. Año 2007. 27 p.

36) 2007/ TU HISTORIA, MI HISTORIA, NUESTRA HISTORIA – EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. Colectivo Feminista Mujeres Universitarias. Tegucigalpa, Honduras. Año 2007. 36 p.

37) 2007/ PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INTERMUNICIPAL. ASOCIACION DE

MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA, AMFI. – San Marcos de la Sierra, Concepción, Camasca, Colomoncagua, San Antonio, Magdalena y Santa Lucía. Tegucigalpa, Honduras. Año 2007. 25 p.

38) 2007/ LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – DECRETO N° 3-2006 – ASOCIACIÓN

DE MUNICIPIOS DE HONDURAS. AMHON. Tegucigalpa, Honduras. Año 2007. 15 p.