Resumen de prensa 23 de Febrero

23 de Febrero de 2012 Resu

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Resumen de Prensa - 23 de Febrero de 2012

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FITAG‐UGT exige que se desbloqueen las ayudas empresariales de 2011 (LNE)

UGT exige a Industria que cumpla íntegro el Plan del Carbón y rechaza los recortes (LNE)

PP, PSOE, IU y Foro se unen en el Congreso para asegurar las prejubilaciones mineras (LNE)

La FSA asegura que el PP pone en peligro «todo el sector» (LA VOZ DE ASTURIAS)

UGT exige a Industria que cumpla íntegro el Plan de Carbón y rechaza recortes (DIARIO DE LEÓN)

UGT exige sentar las bases para negociar un nuevo plan (DIARIO DE LEÓN)

El PP aboga por «cambiar lo que no está funcionando» en el Plan del Carbón (DIARIO DE LEÓN)

El conflicto de Rioglass prosigue sin acuerdo (LA VOZ DE ASTURIAS) ANÁLISIS: El despido colectivo: más europeo (EL PAÍS)

El precio de la gasolina y del gasóleo marca subidas históricas (EL PAÍS)

El beneficio de Iberdrola cae un 2,3% por extraordinarios (EL MUNDO)

Los Ruiz‐Mateos se subieron el sueldo días antes de la quiebra de Nueva Rumasa (EL MUNDO)

Un regulador único integrará las comisiones de energía, telecos, audiovisual y postal (ABC)

Salarios y competitividad ‐ VICENç NAVARRO (PÚBLICO)

Bruselas empeora su previsión sobre la economía española (PÚBLICO)

La reforma laboral limita la lactancia y la jornada reducida (PÚBLICO)

Los laboratorios de Córdoba despiden a 12 sindicalistas (PÚBLICO) Empleo rectifica y registrará el convenio de la construcción (CINCO DÍAS)


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Gamesa se hunde en Bolsa tras los decepcionantes resultados (CINCO DÍAS)

Enagás y EVE compran los gasoductos de EDP en España (CINCO DÍAS)

CC OO recurrirá la reforma al Constitucional y a la OIT (CINCO DÍAS)

Industria quiere intervenir los precios para controlar el mercado eléctrico (EL ECONOMISTA)

Competencia multa a Endesa con 23,1 millones de euros por abuso de posición de dominio en el mercado (ENERGIA DIARIO)

"Habría que plantear una amnistía fiscal para paliar el problema financiero" (EXPANSIÓN)

El futuro de la captura de CO 2 de Endesa «no es una decisión unilateral de la empresa» (DIARIO DE LEÓN)

Nuevo plan de empleo con fondos ya destinados a la lucha contra el paro (DEIA)

La reforma obliga a parados a sustituir empleados en formación (DEIA)

El amianto tocará esta década su techo de 'víctimas laborales' (DEIA)

La CEOE plantea una amnistía fiscal para las empresas (LA VOZ DE GALICIA)

Bruselas prevé que los duros recortes de Rajoy agudizarán la recesión (NOTICIAS DE NAVARRA)

El sector citrícola bajará los sueldos a los ćollidors´ que recojan menos producción (LEVANTE)

FITAG‐UGT exige que se desbloqueen las ayudas empresariales de 2011 (LNE)

Ayuntamiento y sector agroalimentario consideran que el nuevo acuerdo de la UE deja a los productores lorquinos "vendidos" y condenados a una "ruina total" (MURCIA.COM)

AZTI coordina un proyecto europeo para lograr una producción y distribución más sostenible de los productos alimentarios (EUROPAPRESS)

13 horas por 15 euros (EL MUNDO)


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UGT exige a Industria que cumpla íntegro el Plan del Carbón y rechaza los recortes (LNE)

Presentados los ERE para la mitad de la plantilla de Garvey (EUROPA SUR)

El sector citrícola bajará los sueldos a los ćollidors´ que recojan menos producción (LEVANTE EMV)

Habría que plantear una amnistía fiscal para paliar el problema financiero (EXPANSIÓN)

El PP, UPyD y CiU rechazan en el Congreso solicitar al Gobierno el cierre "inmediato" de Garoña (ENERGÍA DIARIO)


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FITAG‐UGT exige que se desbloqueen las ayudas empresariales de 2011

El sindicato FITAG‐UGT reclamó en la reunión con el Ministerio de Industria del pasado lunes que se desbloqueen las ayudas empresariales de fondos mineros de 2011 con el objetivo de atraer proyectos creadores de empleo a las Cuencas.

La central exige que las ayudas de reactivación industrial se queden al margen de los recortes y que «se ponga en marcha la convocatoria de ayudas del 2011 aún pendiente». Además reclamaron «el necesario control» de estas subvenciones cuando aún están latentes casos como el de Venturo XXI, Diasa, Alas Aluminium o Kerkus Metals, empresas en liquidación o en vías de hacerlo a pesar de recibir ayudas millonarias.

Desde FITAG‐UGT calificaron ayer como «una toma de contacto entre las partes implicadas» la reunión del pasado lunes con el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí. Lamentaron que el alto cargo de Industria no hubiera dispuesto de tiempo suficiente desde la toma de posesión para realizar una análisis del sector y ofrecer respuestas. «Por ello se ha determinado un margen de confianza para dar tiempo a la Administración a ponerse al día hasta una nueva reunión, que tendrá lugar a últimos del mes que viene, plazo que desde nuestra consideración es excesivo a parte de estar condicionado por las elecciones en Andalucía y Asturias».

El la reunión del lunes FITAG‐UGT dejó claro su rechazo a «los supuestos recortes» en el plan del carbón «que el Ministerio no se ha molestado en desmentir». Además exigieron que se cumplan «todos los parámetros» del Plan del Carbón 2006‐2012, que se paguen las ayudas al funcionamiento de las compañías mineras del último trimestre de 2011 (que ya está generando problemas de liquidez en las empresas) y que se convoquen las ayudas correspondientes a 2012. Asimismo demandan establecer un acuerdo de bases para dar continuidad al plan del carbón a partir de 2013 sin tener referencia al cierre de pozos.


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UGT exige a Industria que cumpla íntegro el Plan del Carbón y rechaza los recortes

UGT ha reclamado hoy al Ministerio de Industria el cumplimiento íntegro de los acuerdos del Plan del Carbón y ha manifestado su rechazo a los "supuestos recortes" en el sector minero que "el Gobierno no se ha molestado en desmentir".

La Federación de Industria del sindicato FITAG‐UGT ha criticado hoy que la primera reunión de la comisión de seguimiento del Plan del Carbón desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, celebrada el pasado lunes en Madrid, sirviera exclusivamente de "toma de contacto" y acabara "sin ningún avance".

UGT ha relatado que la delegación ministerial, encabezada por el Secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, argumentó que aún no habían dispuesto del tiempo suficiente desde la toma de posesión del cargo para realizar un análisis del sector y ofrecer respuestas.

En este sentido, se ha concedido "un margen de confianza" para dar tiempo a la Administración a ponerse al día hasta una nueva reunión, prevista para finales del próximo mes, un plazo que el sindicato ha considerado "excesivo", aparte de "estar condicionado por las elecciones en Andalucía y Asturias".

En la reunión de lunes, UGT trasladó la necesidad y la urgencia de cumplir el "Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006‐2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras" hasta su finalización en todos sus parámetros. Se hizo hincapié en la necesidad de la planificación de una política energética con un mix diversificado y en el cumplimiento de la directiva que garantiza la libre disposición de cada Estado a consumir el 15 por ciento de energía autóctona.

Solicitó, además, el pago de las ayudas al funcionamiento del último trimestre del año 2011 y la convocatoria de las del 2012; así como el desarrollo y prórroga del real decreto sobre restricciones por garantía de suministro para el consumo de carbón nacional y de los proyectos de reactivación acordados y aún pendientes.

También abogó por el necesario control de las ayudas empresariales y la puesta en marcha de la convocatoria de ayudas del 2011 aún pendiente y avanzó que no


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aceptará el cierre de ninguna explotación minera con la justificación de la crisis actual y la falta de competitividad del carbón nacional.

UGT planteó, además, la importancia de establecer un acuerdo de bases para una nueva negociación que dé continuidad al actual Plan para un periodo que dé comienzo el 1 de Enero de 2013 y que no tenga como referencia el cierre de las minas. EFE


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PP, PSOE, IU y Foro se unen en el Congreso para asegurar las prejubilaciones mineras

El PP «garantiza» la financiación de las obras de infraestructuras de fondos mineros que estén en marcha y de las prejubilaciones de los trabajadores de la minería del carbón. Al contrario, los populares se oponen a apoyar diversas enmiendas y una proposición no de ley de PSOE, IU y Foro Asturias que exigían, entre otras medidas, el cumplimiento íntegro del plan minero 2006‐2012, así como la negociación de un nuevo plan una vez que finalice el actual. Una de las enmiendas de IU al texto del PP, también rechazada, iba incluso más allá y pretendía «emplazar al Gobierno de España a que defienda en el seno de la UE un marco estable de ayudas a la producción de carbón, sin límite temporal, y dejando sin efecto el reglamento que establece 2018 como fecha de finalización de las ayudas a la producción».

El Congreso de los Diputados aprobó ayer una Proposición no de Ley presentada por el PP en la que se insta al Gobierno a «garantizar el abono de aquellos proyectos de infraestructuras» con cargo a los fondos mineros «que están formalmente comprometidos y vigentes». El diputado asturiano Ovidio Sánchez, que defendió la iniciativa ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, explicó por dos veces durante su intervención el alcance de este punto de su proposición: «En 2012 y 2013 sólo habrá dinero para continuar las obras en marcha», aseguró.

Esta parte de la propuesta sólo contó con los votos favorables del Partido Popular y la oposición del resto de grupos de la cámara excepto CiU y UpyD, que se abstuvieron. La iniciativa popular sí que obtuvo el respaldo prácticamente unánime de la Comisión en el punto en el que se garantizaba «el abono de las prejubilaciones del régimen especial de la minería».

Ovidio Sánchez se agarró a la herencia recibida para justificar el recorte de los fondos mineros decidido por el Gobierno el pasado 30 de diciembre: «El problema de los fondos ha sido la mala gestión, una gestión totalmente irresponsable del Gobierno socialista, por la que se han dejado de invertir 1.500 millones de euros en infraestructuras y 600 en proyectos empresariales. Por eso nadie cree en las comarcas mineras que el enemigo de los fondos es el PP», dijo, a la vez que se preguntaba: «¿Quién se llevó ese dinero? ¿Dónde está? ¿Por qué se utilizó para otras cosas? ¿Por qué no se ejecutó en las comarcas mineras?». Todo ello llevó a asegurar a Ovidio Sánchez, tras mostrar su «fe» en el carbón y en las comarcas mineras, que "en 2012 y


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2013 se ejecutarán los convenios en macha y hasta después de esa fecha no hay capacidad de comenzar ningún proyecto nuevo».

Por parte socialista, el diputado Antonio Trevín, que defendió su iniciativa, habló del «estado de alarma existente en las comarcas mineras» por el «drástico recorte de los fondos mineros decidido el 30 de diciembre por el Gobierno del PP y por lo que nos está dejando entrever de una política energética, que es un auténtico peligro para el carbón y los territorios carboneros». El ex delegado del Gobierno en Asturias, tras exigir el cumplimiento «íntegro» del Plan del Carbón 2006‐2012, afirmó que «en el PP se ha impuesto el sector más economicista y menos sensible socialmente, que impone una reforma laboral durísima; arremete con brutalidad contra los estudiantes que protestan y carga sin miramientos contra el carbón autóctono y las comarcas mineras». Gaspar Llamazares exigió al Gobierno «el cumplimiento total de los compromisos con las comarcas mineras y también, un compromiso con el futuro del carbón». Llamazares denunció los incumplimientos del Plan 2006‐2012, «la preocupación por el recorte de los fondos» y el «impago por parte del Gobierno de las ayudas a las empresas mineras del último trimestre del 2001 o la situación de las plantillas de las empresas, con muchos menos trabajadores que los pactados». El diputado asturiano de IU se preguntó si el Gobierno busca «un nuevo estallido de las comarcas mineras y los trabajadores del sector» ante los incumplimientos y aseveró que «nada ha sido idílico en el pasado porque la historia, en materia de fondos mineros, es la historia de un incumplimiento, pero el Gobierno tampoco puede estar refiriéndose continuamente al pasado para justificar sus actuaciones y sus recortes. No es aceptable. Cumplan sus compromisos», finalizó.

El diputado de Foro Asturias, Enrique Álvarez Sostres, habló de la «alarma social creada en Asturias por la eliminación de los fondos mineros». En «sólo dos líneas», del real decreto aprobado por el Gobierno el 30 de diciembre, «se borraron de un plumazo los fondos, se quebró el principio de solidaridad interterritorial y se hurtaron a Asturias 783 millones de euros que le corresponden y que estaban garantizados por reales decretos». Sostres, que como PSOE e IU exigió al Gobierno de Rajoy «el cumplimiento de lo pactado con Asturias y con las comarcas mineras», no dudó, sin embargo, en culpar a los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, de la situación por lo considera que ambos tienen «síndrome de culpabilidad en este tema» y practican «un cierto cinismo político y un juego parlamentario con final en la nada y en el que están retratados por un viejo aforismo asturiano que dice que "tanto tien el que mata como el que tien por la pata"».


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«El problema de los fondos ha sido la mala y totalmente irresponsable gestión de los socialistas» <Ovidio Sánchez >

Diputado del PP

«El Gobierno no puede referirse siempre al pasado para justificar sus recortes; cumplan sus compromisos»

<Gaspar Llamazares >

Diputado de IU

«El PP carga sin miramientos contra los estudiantes y contra el carbón autóctono y las comarcas mineras»

<Antonio Trevín >

Diputado del PSOE

«Se borraron de un plumazo los fondos y se hurtaron a Asturias 783 millones que estaban garantizados»

<Enrique Álvarez Sostres >

Diputado de Foro Asturias


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LA VOZ DE ASTURIAS

La FSA asegura que el PP pone en peligro «todo el sector»

La FSA no solo teme por el futuro de los fondos mineros, sino de todo el sector. Así lo explicó, ayer, Jesús Gutiérrez, secretario general de la Federación Socialista Asturiana durante una visita al municipio de Aller. Gutiérrez mostró su preocupación “y la de todos los socialistas” por el devenir de los proyectos financiados con cargo a las partidas presupuestarias del carbón. “La posición que ha manifestado el ejecutivo central es preocupante ya que quieren aplazar hasta después de las elecciones andaluzas y asturianas cualquier decisión al respecto”, señaló el líder del PSOE que añadió que “si el PP no quiere a priori, y más cuando ya estamos en campaña electoral, asumir ninguna responsabilidad, ningún compromiso, creo que mal vienen dadas para las comarcas mineras y los fondos mineros”.

Gutiérrez explicó que “quizás, lo peor que nos espera es que este Gobierno del PP no vaya a tener ningún compromiso con el sector, con la minería” y recordó que “Hunosa, que ha reducido el número de trabajadores, sigue siendo uno de los motores más importantes para generar riqueza y trabajo en las comarcas, tanto del Caudal como del Nalón”. El lider de la FSA criticó a la candidata popular, por “dar la callada por respuesta” .

“Ha tenido días más que suficientes para establecer el compromiso que el PP de Asturias quiere con los fondos mineros” afirmó Gutiérrez que para el que Fernánde “está en sintonía con el PP a nivel central y están en la misma estrategia, que es la de achicar aquellos compromisos que habíamos suscrito otros gobiernos”.


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Rioglass Solar acepta negociar un ERE de tres meses y posponer su plan de despidos

La dirección y el comité de empresa de Rioglass Solar llegaron ayer a lo que podría definirse como un principio de acuerdo, aunque aún con flecos sueltos, sobre la inminente aplicación del expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a la totalidad de trabajadores que integran las plantillas de las fábricas de espejos solares de Sovilla (Mieres) y Villallana (Lena). Las centrales asumieron ayer como inevitable el cese temporal de la actividad en las citadas plantas, en las que trabajan casi 200 personas, pero lograron paralizar, al menos momentáneamente, los 17 despidos planteados por la compañía. Además, la duración del expediente, en principio fijada para ocho meses, quedará reducida finalmente a tres.

El SOMA‐FITAG‐UGT intentó ayer de nuevo que los 17 puestos de trabajo que Rioglass Solar quiere eliminar sean absorbidos por Starglass, la antigua Rioglass Astur. El problema es que la dirección de la fábrica dedicada a la producción de lunas para automóviles alegó ayer mismo que en estos momentos no está en condiciones de ampliar su plantilla. El secretario de acción sindical del SOMA‐FITAG‐UGT, José Antonio Menéndez Barriada, explicó al término de la reunión que la solución temporal que han ofrecido a Rioglass Solar, y que ha tenido buena acogida, es paralizar el expediente de despedido y plantear una regulación temporal para la totalidad de la plantilla. «Dentro de tres meses se volvería a analizar la situación de Starglass y, en caso de que siguieran sin capacidad para acoger a los excedentes, habría que volver a sentarse para buscar una solución». Los sindicatos dejaron claro su disposición al diálogo. Tras aceptar la dirección de Starglass abrir una mesa de negociación para abordar un nuevo calendario y plan de trabajo, las centrales desconvocaron las huelgas que desde hace dos semanas se vienen realizando en la fábrica por una supuesta «mala gestión». «Se han comprometido a presentarnos los balances económicos en cuanto los tengan cerrados para poder sentar las bases de una plan de trabajo», indicó Barriada.

Los citados compromisos deberán refrendarse la próxima semana en una nueva reunión en la que está previsto fijar todos los detalles del expediente de regulación. A la espera de este encuentro, los sindicatos abandonaron ayer las instalaciones de Rioglass Solar con un sentimiento de cierto alivio, ya que temían que la dirección se enrocara en su decisión inicial de abordar despidos. El secretario general de la Federación de Textil, Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CC OO, José Luis Montes, reconoció los avances, aunque tampoco echó las campanas al vuelo y se mostró


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cauteloso a la hora de analizar los acuerdos: «Dentro de tres meses se podrá estudiar la reincorporación de los excedentes en Starglass», apuntó. De ser así, los 17 puestos de trabajo que Rioglass pretendía eliminar en su división termosolar pasarían a engrosar la plantilla de la antigua Rioglass Astur, dedicada a la fabricación de lunas para automóviles y también asentada en Sovilla.

La doble reunión que ayer hubo en el seno de Rioglass dejó un sabor agridulce a los sindicatos. «Hay que ser cauteloso, y por nuestra parte tenemos la máxima disponibilidad para llegar a consensos, pero de lo único que no queremos hablar es de despidos», señaló Menéndez Barriada.


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UGT exige a Industria que cumpla íntegro el Plan de Carbón y rechaza recortes

UGT ha reclamado hoy al Ministerio de Industria el cumplimiento íntegro de los acuerdos del Plan del Carbón y ha manifestado su rechazo a los «supuestos recortes» en el sector minero que «el Gobierno no se ha molestado en desmentir».

La Federación de Industria del sindicato FITAG‐UGT ha criticado hoy que la primera reunión de la comisión de seguimiento del Plan del Carbón desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, celebrada el pasado lunes en Madrid, sirviera exclusivamente de «toma de contacto» y acabara «sin ningún avance».

UGT ha relatado que la delegación ministerial, encabezada por el Secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, argumentó que aún no habían dispuesto del tiempo suficiente desde la toma de posesión del cargo para realizar un análisis del sector y ofrecer respuestas.

En este sentido, se ha concedido «un margen de confianza» para dar tiempo a la Administración a ponerse al día hasta una nueva reunión, prevista para finales del próximo mes, un plazo que el sindicato ha considerado «excesivo», aparte de «estar condicionado por las elecciones en Andalucía y Asturias».

En la reunión de lunes, UGT trasladó la necesidad y la urgencia de cumplir el «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006‐2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras» hasta su finalización en todos sus parámetros.

Se hizo hincapié en la necesidad de la planificación de una política energética con un mix diversificado y en el cumplimiento de la directiva que garantiza la libre disposición de cada Estado a consumir el 15 por ciento de energía autóctona.

Solicitó, además, el pago de las ayudas al funcionamiento del último trimestre del año 2011 y la convocatoria de las del 2012; así como el desarrollo y prórroga del real decreto sobre restricciones por garantía de suministro para el consumo de carbón nacional y de los proyectos de reactivación acordados y aún pendientes.

También abogó por el necesario control de las ayudas empresariales y la puesta en marcha de la convocatoria de ayudas del 2011 aun pendiente y avanzó que no


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aceptará el cierre de ninguna explotación minera con la justificación de la crisis actual y la falta de competitividad del carbón nacional.

UGT planteó, además, la importancia de establecer un acuerdo de bases para una nueva negociación que dé continuidad al actual Plan para un periodo que dé comienzo el 1 de Enero de 2013 y que no tenga como referencia el cierre de las minas.


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UGT exige sentar las bases para negociar un nuevo plan

La Fitag‐UGT reclamó ayer que se establezca un acuerdo «para sentar las bases de una nueva negociación que dé continuidad al actual Plan del Carbón», para un periodo que no tenga como referencia el cierre de las explotaciones mineras. El sindicato lamentó que la primera reunión de la Comisión de Seguimiento con el nuevo secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, se haya saldado sin ningún avance y se haya limitado a una toma de contacto.

UGT rechaza los «supuestos recortes» que en su opinión ha filtrado el Gobierno y que «el ministerio no se ha molestado en desmentir»; y exige el cumplimiento del Plan del Carbón «hasta su finalización en todos sus parámetros».

El sindicato exige también el pago de las ayudas al funcionamiento a las empresas, correspondientes al último trimestre del 2011, y que se cumpla el real decreto de restricciones por garantía de suministro, así como los proyectos de reactivación acordados y aún pendientes. Piden también control sobre las ayudas a las empresas.


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El PP aboga por «cambiar lo que no está funcionando» en el Plan del Carbón

El Partido Popular aboga por «cambiar lo que no está funcionando» en el Plan del Carbón, y no ha descartado incluir más proyectos de infraestructuras en las obras a realizar, siempre que generen empleo y sean negociadas en la Comisión de Seguimiento del plan. Así lo aseguró ayer Ovidio Sánchez, portavoz del PP en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, durante el debate de las proposiciones no de ley presentadas tanto por el grupo popular como por el socialista. Sánchez afirmó que no puede consentirse «que las comarcas mineras tengan más del 55% de los jóvenes menores de 30 años en el paro».

La Comisión de Industria aprobó ayer la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se instaba al Gobierno a investigar las razones por las que 179 convenios fueron anulados, cancelados o están caducados. Otro de los puntos de la proposición se refería a elaborar un estudio sobre la evolución de las plantillas mineras, así como sobre el grado de inserción laboral de los jóvenes que se han beneficiado de los programas de becas del plan. Estos puntos fueron aprobados por 25 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones.

La proposición incluye un punto en el que se reclama «garantizar el abono de los proyectos de infraestructuras que están formalmente comprometidos y vigentes», así como garantizar, «con independencia del número de beneficiarios, el abono y la garantía de las prejubilaciones». Estos puntos fueron aprobados con 40 votos a favor y 4 abstenciones.

Rechazo de la proposición del PSOE. Por otro lado, la Comisión de Industria rechazó la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, por 23 votos en contra, 16 a favor y 4 abstenciones. La propuesta reclamaba el cumplimiento íntegro del Plan del Carbón y que dispusiera «las anualidades correspondientes a los planes acordados y puesos en marcha en distintas fases, retirando los recortes correspondientes a las infraestructuras incluidas en el plan».

El portavoz PSOE, Antonio Trevín, denunció en su intervención la «ruptura del consenso» por parte del gobierno de la «hoja de ruta para reordenar la actividad minera». «Han perdido la fe en el carbón y lo reflejan las decisiones del Gobierno, han dejado sin esperanza a los territorios carboneros españoles», ha denunciado Trevín durante su


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comparecencia, para después pedir al Partido Popular que mantenga la solidaridad con las comarcas mineras «que perdieron en muy pocos años decenas de miles de empleos».

Ovidio Sánchez, ha negado las acusaciones y ha reiterado que no se van a «parar» las inversiones de los fondos mineros en los años 2012 y 2013, ya que continuarán las obras en marcha.

Por otro lado, la diputada socialista por León, Helena Castellano, denunció ayer la «alarma» creada por la política energética del Gobierno del PP, que supone «un peligro para las comarcas carboneras españolas». El Grupo Socialista en la Comisión de Industria denunció la «ruptura del consenso» por parte del Gobierno respecto a la «hoja de ruta para reordenar la actividad minera», compartida en sus líneas básicas por los sucesivos gobiernos socialistas y populares. «Se desdicen de lo acordado, rectifican la política tradicional sobre las comarcas mineras, y dan largas a la mesa de seguimiento sobre el actual Plan».


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LA VOZ DE ASTURIAS

El conflicto de Rioglass prosigue sin acuerdo

Los representantes sindicales y la dirección de las empresas Rioglass y Starglass no llegaron a ningún acuerdo para mejorar la situación de enfrentamiento que se mantiene entre los trabajadores y la empresa después de que hace una semana se presentase un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la primera de las factorías y que se plantease un cambio en los turnos de la factoría que fabrica lunetas para automóviles. “Por el momento no hay ningún acuerdo, pero nuestra voluntad es mantener el diálogo y poder garantizar que nadie quedará en la calle”, explicó ayer el secretario de acción sindical del SOMA‐FITAG‐UGT, José Antonio Menéndez Barriada.

En la primera de las reuniones se analizó la sentencia por la que se rechazó la imposición de la empresa para cambiar los turnos de trabajo. La dirección pidió a los sindicatos un plazo de 4 ó 5 días para consultar los términos en los que se dictó la sentencia “ya que nos dijo que en caso de no cambiaran los turnos no podría admitir a ninguno de los 17 empleados”, explica. En una segunda reunión celebrada ayer, en esta ocasión en las dependencias de Rioglass, se intentó llegar a un acuerdo sobre el ERE que afecta a toda la plantilla.


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El despido colectivo: más europeo

Cuando hace ya algunos años explicaba a un grupo de colegas laboralistas de diferentes países europeos la regulación española del despido colectivo, se sorprendían por la necesidad de que una autoridad administrativa pudiera interferir en las negociaciones entre empresarios y trabajadores para dar su beneplácito o su negativa a la extinción de los contratos de trabajo.

Utilizaban argumentos de peso, alegando que dicha intervención podría contravenir directivas europeas que no contemplan la necesidad de esa autorización, pero más allá de estar de acuerdo o no con esta aseveración, lo cierto era que su extrañeza se justificaba más en la excepcionalidad de este requisito respecto a otros ordenamientos europeos (a salvo de Grecia y Portugal), y de la existencia de un cierto poso intervencionista, más propio de otras épocas, que demostraban que de alguna manera nuestras relaciones laborales no habían madurado lo suficiente en este momento democrático, al precisar de un tercero que tomara parte en un acuerdo o desacuerdo colectivo, de carácter privado y con todas las garantías.

Con independencia de esta necesaria europeización de nuestra regulación del despido colectivo, y de un reconocimiento explícito de que a estas alturas de nuestra historia laboral nuestro mercado de trabajo ya es claramente más maduro en la toma de estas decisiones ciertamente traumáticas, la eliminación del expediente administrativo y la correspondiente autorización, a mi modo de ver, es absolutamente bienvenida.

La práctica estaba demostrando estos últimos años que la celeridad necesaria en restructuraciones empresariales, junto con el aumento de costes en la realización de las mismas, eran elementos que distorsionaban lo que pretendía la norma anterior. Se daba la paradoja de que no se cumplía la finalidad de la ley, al centrarse la negociación en el importe indemnizatorio y no tanto en medidas alternativas al despido. Creo que todo ello se va a poder evitar con la reforma realizada. Bien es cierto que cabría enmendar algún aspecto como que el acuerdo alcanzado en el periodo de consultas fuera vinculante para los afectados y con él se convalidaran las causas esgrimidas por el empresario, a efectos de evitar una excesiva judicialización que podría generar incertidumbres. Pero, en todo caso, insisto en que hemos dado un paso hacia adelante en nuestro régimen laboral.

Íñigo Sagardoy de Simón, presidente de Sagardoy Abogados


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El precio de la gasolina y del gasóleo marca subidas históricas

Los precios de la gasolina y del gasóleo mantienen su escalada y han marcado esta semana sendos máximos históricos, según el Boletín Petrolero de la UE. En concreto, el litro de la gasolina supera por primera vez los 1,4 euros y marca por segunda semana consecutiva un récord histórico al situarse en 1,415 euros, después de haberse encarecido un 1,6% en la última semana y un 9,1% en lo que va de año.

En el caso del gasóleo, su precio supera el máximo de mediados de enero y, tras subir un 1,3% en la última semana, alcanza los 1,368 euros. Este combustible acumula subidas del 6,4% en lo que va de año.

Los precios de la gasolina y el gasóleo son en la actualidad un 10% y un 9,7%, respectivamente, superiores a los de la misma semana del año pasado, cuando estos combustibles se encontraban ya muy por encima de los niveles de 2009.

El automovilista con un vehículo de gasolina con un depósito de 55 litros debe dedicar 77,8 euros al llenado, mientras que el vehículo de gasóleo requiere 75,2 euros

En el escenario actual de precios, el automovilista con un vehículo de gasolina con un depósito medio de 55 litros debe dedicar 77,8 euros al llenado, ocho más que hace un año, mientras que el vehículo de gasóleo requiere 75,2 euros, casi siete euros más.

Los precios actuales superan los máximos de julio de 2008, cuando el petróleo alcanzó su récord de 147 dólares, y distan mucho de los registados a comienzos de 2009, cuando el estallido de la crisis financiera provocó un brusco abaratamiento en los mercados energéticos.

En la actualidad, la gasolina cuesta un 71% más que los 82 céntimos el litro de enero de 2009, mientras que el gasóleo se ha encarecido un 64% con respecto a los 83 céntimos de marzo de aquel mismo año.

El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, ha marcado hoy su máximo en nueve meses y ha alcanzado los 122 dólares por barril

La escalada de precios de los combustibles coincide con presiones alcistas en los mercados de petróleo causadas por factores como las primeras suspensiones de exportaciones de crudo iraní a países europeos. El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, ha marcado hoy su máximo en nueve meses y ha alcanzado los 122


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dólares por barril, tres más que hace una semana, mientras que el Texas se cambia en Nueva York por casi 106 dólares, cinco más que la semana pasada.

Estos precios son aún muy inferiores al máximo histórico de 147 dólares por barril alcanzado en julio de 2008, si bien, una vez trasladados a euros, se encuentran muy cerca del récord. La divisa europea se ha devaluado hasta cambiarse por 1,3 dólares, lo que obliga a los países del continente a hacer más esfuerzos para comprar petróleo.

Subidas en la UE

Las subidas de precios en España no son aisladas y coinciden con nuevos récord en la UE de 27, donde por primera vez el litro de gasolina supera los 1,6 euros de media y alcanza los 1,605 euros. En la zona euro, la media está en 1,637 euros.

En el caso del gasóleo, también hay récord comunitario. La media de los 27 rebasa por primera vez el umbral de los 1,5 euros el litro, hasta 1,501 euros, mientras que en la zona euro este combustible se cambia por 1,488 euros.

Dos de los países con más dificultades de la UE, Italia y Grecia, son precisamente los que marcan los mayores precios de la gasolina, con 1,752 y 1,742 euros el litro, respectivamente, por encima de los precios de Reino Unido, Dinamarca o Suecia.


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El beneficio de Iberdrola cae un 2,3% por extraordinarios

Iberdrola registró un beneficio neto de 2.805 millones de euros en 2011, lo que supone un descenso del 2,3% respecto al ejercicio anterior, informa la eléctrica este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía explica que ha logrado este beneficio a pesar de los saneamientos llevados a cabo por el grupo por 402 millones de euros, del complejo entorno económico actual y de los menores atípicos registrados en el periodo, que descendieron en 133 millones de euros, tras la venta en 2010 de los activos de Guatemala y Connecticut.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 7.650,5 millones de euros, el mayor logrado en la historia de la compañía y un 1,6% más que el año anterior.

La compañía ha llevado a cabo inversiones por valor de 8.190 millones de euros, de los cuales 4.002 millones corresponden a inversiones orgánicas, con un 44% destinado al negocio regulado, un 39% a renovables, un 12% al negocio liberalizado y un 5% a otras áreas.

Iberdrola mantiene el dividendo y las perspectivas de crecimiento en torno al 5% del Ebitda para el periodo 2010‐2012.


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Los Ruiz‐Mateos se subieron el sueldo días antes de la quiebra de Nueva Rumasa

Los 13 hijos de José María Ruiz‐Mateos se elevaron el sueldo y se otorgaron indemnizaciones procedentes del dinero de Nueva Rumasa para poder seguir pagando sus hipotecas días antes de anunciar la quiebra del grupo empresarial, según se desprende de uno de los documentos que forma parte del sumario de la causa.

En el documento, elaborado presuntamente por los asesores de Nueva Rumasa, figura toda la estrategia que los Ruiz‐Mateos iban a llevar a cabo antes de solicitar el concurso de acreedores de la mayoría de las sociedades del grupo.

En el punto 9 del documento, bajo el título 'Comprobación y actualización de los sueldos y emolumentos de los hijos e hijas de Ruiz‐Matesos', los gestores ordenan la "actualización de los sueldos para permitir el pago de las hipotecas, añadiéndoles cláusulas indemnizatorias elevadas y bonus".

Además, el autor del informe añade una "nota" en la que destaca como "importante" el caso de Álvaro Ruiz‐Mateos Rivero, que "no está dado de alta", en referencia a su inscripción en la Seguridad Social. Este documento se incluye en el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional y enviado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Los asesores recomendaron a los seis hijos varones de Ruiz‐Mateos no presentar concurso de acreedores de sus sociedades patrimoniales mientras pudieran pagar los préstamos hipotecarios. Sin embargo, les aconsejaban "revisar" quiénes eran los administradores de estas sociedades "para que no coincidan" con las empresas del grupo que iban a presentar concurso de acreedores y evitar así embargos sobre sus bienes.

Respecto a las sociedades patrimoniales de las hijas, los asesores recomendaron formular contratos de arrendamiento de las viviendas con "sus familiares para poder pedir la suspensión de las ejecuciones" hipotecarias en caso de impago o los embargos.

Ordenaron destruir la documentación

Otro de los aspectos que revela el escrito es cómo días antes de declarar la insolvencia de Nueva Rumasa, la familia Ruiz‐Mateos ordenó la "limpieza de despachos profesionales y de las empresas concursales de toda aquella documentación comprometedora".


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Para ello decidieron "establecer un sistema camuflado, como una auditoría interna para evitar comentarios" con el objetivo de "realizar esta labor de forma externa sin dar explicaciones".

La incautación de este documento precipitó la petición de entrada y registro de siete inmuebles ‐viviendas de los Ruiz‐Mateos y varios despachos profesionales de sus asesores‐ formulada por la Fiscalía Anticorrupción al juez y que tuvo lugar el pasado 25 de enero.

Falsificación de los balances

Del documento también se desprende que los asesores de la familia Ruiz‐Mateos se dedicaron a estudiar "las diferencias entre los balances oficiales y los reales" de las empresas de Nueva Rumasa para evitar que los propietarios fueran declarados culpables del vaciamiento patrimonial.

En concreto, los gestores dieron instrucciones para "conseguir ajustarlos al máximo para evitar que declaren los procedimientos culpables. No obstante, se adjuntará valoración de activos a valor de mercado para evitar la liquidación".

En su auto del pasado 15 de febrero, Ruz levantó parte del secreto de sumario de la causa que investiga a José María Ruiz‐Mateos, su mujer, Teresa Rivero, siete de sus hijos, y otras seis personas más por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad documental en la venta de pagarés a los inversores.


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Un regulador único integrará las comisiones de energía, telecos, audiovisual y postal

Adelanto de planes. El Gobierno no pierde el tiempo, y una de las reformas estructurales anunciadas a finales de enero, se dará a conocer mañana, viernes, cuando estaba previsto hacerlo en un par de semanas. Según ha podido saber ABC de fuentes solventes, nace el regulador único, articulado sobre la estructura de la actual Comisión Nacional de la Competencia (CNC), cuyo consejo de administración constará de, al menos, siete vocales y un presidente, si bien aún el número de vocales no está cerrado,porque se barajan más.

Del único regulador —cuyo nombre aún está por decidir, pero se sopesa Tribunal o Comisión de Competencia— dependerán cuatro direcciones generales: Energía, Telecomunicaciones, Audiovisual, y Transporte y Postal. Todo en aras de recortar costes públicos para reducir déficit. Así, el Gobierno da un mayor poder a Competencia —un organismo transversal— y sitúa bajo su paraguas a los reguladores sectoriales, bajo la tutela del Ministerio de Economía y Competitividad de Luis de Guindos, ya que anteriormente Energía, telecomunicaciones, Audiovisual, y Transporte y Postal dependían de Industria (los tres primeros) y Fomento (el último).

Proyecto de ley

Las mismas fuentes aseguran que la creación del nuevo organismo se tramitará como proyecto de ley, que modificará algunas cláusulas de la actual Ley 2/2011 de Economía Sostenible (LES), norma creada por el anterior Gobierno socialista, que regula a los actuales supervisores, en la que especifica que cada organismo constaría de un presidente y seis consejeros, haciendo desaparecer la figura del vicepresidente.

Ya el pasado 20 de enero, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantaba, tras el Consejo de Ministros, que el Ejecutivo simplificaría «al máximo» los organismos reguladores en «un breve plazo de tiempo», para lo que se encargó un informe. «Plantearemos una estructura muy austera que incidirá en la profesionalidad, la independencia y la neutralidad de sus miembros», dijo entonces, a lo que añadió que la intención del gabinete es que estos organismos se nutran de «personas con una trayectoria profesional debidamente contrastada».


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Entonces, Sáenz de Santamaría recordaba que la Ley de Economía Sostenible recogía cuatro organismos reguladores: la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional del Sector Postal. A estas instancias se suma un quinto organismo regulador del Transporte, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, por lo que la vicepresidenta consideró que «se solapan en muchos ámbitos multiplicando las estructuras administrativas».

Para liderar el nuevo regulador hay varios nombres sobre la mesa: Elvira Rodríguez —si bien fuentes solventes aseguran que es más probable que acabe siendo presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)— y Nadia Calviño, ex directora general de política económica de Competencia con Solbes y directora general adjunta de Competencia en la UE, por su buena relación con el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Comisiones actuales y su composición

CNC

Presidida por Joaquín García Bernaldo de Quirós, la Comisión de Competencia tiene una vicepresidenta y cinco consejeros

CNE

Presidida por Alberto Lafuente desde 2011 el regulador del sector de la energía consta además de seis consejeros

CMT

La Comisión de Telecomunicaciones está presidida por Bernardo Lorenzo desde 2011, y consta de vicepresidente y 5 consejeros

Comisión Nac. Postal

La Comisión Nacional del Sector Postal tiene un miembro menos que el resto: un presidente, un vicepresidente y tres consejeros.

C. Medios Audiovisuales

El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) está formado por la presidencia y seis consejerías.


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PÚBLICO

Salarios y competitividad

Vicenç Navarro Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

Una postura sostenida por las élites gobernantes de la Unión Europea (UE), tales como el Consejo Europeo liderado por el binomio Merkel‐Sarkozy, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, así como por los partidos conservadores que hoy gobiernan la mayoría de países del tal comunidad, es que los estados periféricos de la eurozona deben su estancamiento económico a un excesivo crecimiento de los salarios que ha convertido a sus economías en poco competitivas. Esta postura subraya, pues, que a no ser que estos países reduzcan sus salarios, no podrán salir de la Gran Recesión en la que se encuentran.

Respondiendo a esta postura, el Gobierno Rajoy ha impuesto (utilizo la expresión “impuesto”, pues dichas medidas no estaban en su programa electoral) la reforma laboral más agresiva que haya existido en España en su periodo democrático, que tiene como objetivo reducir los salarios a base de intervenciones que intentan debilitar al mundo del trabajo; como son la facilitación del despido (que inevitablemente aumentará el desempleo), la descentralización y debilitamiento de los convenios colectivos y el debilitamiento muy marcado de la protección social (con reducción muy acentuada de derechos laborales y sociales que la clase trabajadora y otros sectores de las clases populares habían adquirido). Los recortes en gasto público social, con reducción de las transferencias, como las pensiones, así como del gasto en los servicios del Estado del bienestar, tienen también como objetivo debilitar al mundo del trabajo, diluyendo la universalidad de tales servicios, convirtiéndolos en servicios de beneficencia, de tipo asistencial. Hoy, las clases populares en España están sometidas al ataque más frontal que hayan experimentado en el periodo democrático, bajo el pretexto de aumentar la competitividad.

Tal postura ignora deliberadamente la evidencia científica que muestra el error y/o la falsedad de cada uno de sus postulados. Veamos los datos. En primer lugar, no es cierto que los salarios reales (a diferencia de los nominales) hayan crecido más que, por ejemplo, los salarios alemanes. El economista David Lizoain ha señalado en un artículo publicado en Social Europe Journal (The ECB’s Housing Omisión, 16‐02‐12) que Eurostat, la agencia de datos de la UE, no incluye en su cálculo de la inflación de los países miembros de tal comunidad la evolución del precio de la vivienda (uno de los artículos más importantes de consumo en nuestro país, acentuado todavía más en el periodo de la burbuja inmobiliaria), con lo cual los datos comparativos salariales han subestimado


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espectacularmente la inflación existente en España. Incluyendo la vivienda (para todos los países de la UE), resultaría que el salario real español (que mide la capacidad adquisitiva del trabajador) ha ido descendiendo en lugar de ir aumentando, como aparece erróneamente en los datos oficiales, incrementándose todavía más la diferencia con el salario real alemán (y el salario promedio de la Eurozona).

Otra falsedad de tal postura es asumir que el precio de los productos que se exportan es la variable determinante del éxito de las exportaciones. En realidad, el caso alemán es el mejor ejemplo de la falsedad de dicho supuesto. La variabilidad de los precios de exportación en Alemania tiene escaso impacto en el éxito de sus exportaciones. Juan Torres, en un artículo publicado en su blog Ganas de escribir titulado “¿Hace falta bajar salarios para que España sea competitiva?”, muestra, en base a un estudio internacional sobre competitividad (de Natixis), que esta no depende primordialmente de los precios ni de los salarios, sino de otros factores relacionados con el tipo de productos exportados. Las exportaciones españolas basadas en tecnología media y media alta, y en otras de tecnología baja (agrícola, pesquero, bebidas, tabaco, textil y calzado), tienen una marca diferencial de calidad que explican su éxito por vías diferentes al precio. Ello explica el mantenimiento –e incluso el aumento– de las exportaciones en los últimos años, desde 1999 a 2011 (para profundizar en este punto, ver mi artículo “¿Necesita España un látigo para salir de la crisis?”).

Es importante señalar que, aunque los precios fueran las variables determinantes del nivel de exportaciones, los salarios no son los únicos determinantes de los precios. Cuando se vende un producto, el dinero que se ingresa va en parte a pagar los salarios, pero por otra parte engrosa los beneficios (un coste de producción que ha ido creciendo de una manera muy marcada). En el argumento que da el Gobierno de Rajoy de que hay que disminuir los salarios para reducir los precios, deliberadamente se ignora que siguiendo el mismo razonamiento debieran reducirse los beneficios, que son también determinantes en la configuración de los precios. Esta alternativa es sistemáticamente excluida, lo cual muestra con mayor claridad la falsedad de su postura: no es aumentar la competitividad, sino aumentar los beneficios empresariales lo que se intenta conseguir con tales reformas, acentuando todavía más lo que ha estado ocurriendo estos años. Las rentas empresariales (los beneficios) han superado este año por primera vez a las rentas salariales en España. Esto es lo que se llama (aunque nadie lo dice) la brutal lucha de clases unilateral que la banca y la gran patronal, a través de su influencia en el Estado, están imponiendo en España, causando además de un enorme dolor (totalmente innecesario), un desastre económico, pues la reducción de los salarios determinará todavía más un descenso de la demanda, causa de la Gran Recesión, en vías de ser la Gran Depresión. Y si no se lo creen, esperen y lo verán. En realidad, para grandes sectores de la población, la Gran Depresión ya está aquí.


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PÚBLICO

Bruselas empeora su previsión sobre la economía española

La Comisión Europea rebajará considerablemente su pronóstico sobre el crecimiento de la economía española. Será en las previsiones económicas que presenta hoy el comisario Olli Rehn en Bruselas. Las últimas, publicadas en noviembre, confiaban en que durante este año la economía española creciese un 0,7%, pero esa meta se ha ido alejando en las últimas semanas.

Cinco países del euro se encuentran ya en recesión desde el último trimestre de 2011 y se estima que España ha vuelto ya al túnel en los primeros compases de 2012. El frenazo de la actividad económica se explica por los recortes en el gasto público y los efectos adversos de la crisis de la deuda soberana con origen en Grecia, según la mayoría de los analistas. El Fondo Monetario Internacional y el Banco de España ya han publicado sus previsiones actualizadas, que calculan la magnitud de la caída en un 1,7% y un 1,5% respectivamente, es decir, hasta dos puntos de diferencia con lo previsto en noviembre por Bruselas. Según aseguró el martes el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez, Bruselas dibujará un "escenario semejante" al de estos dos organismos.

La Comisión ya ha presionado a España para que presente sus Presupuestos

Hoy es clave, no sólo porque certifica que la recesión ha vuelto a la eurozona y a España, sino también por las consecuencias para las políticas de Gobiernos como el de Mariano Rajoy. El Ejecutivo no ha presentado aún los Presupuestos para 2012, algo que ha acarreado críticas de Bruselas, que considera injustificado que un país de la eurozona no cuente con unas cuentas públicas adecuadas en pleno ejercicio. Si el Gobierno no lo ha hecho es por la falta de tiempo y la ausencia de previsiones precisas sobre el rumbo de la economía, defendió ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, la oposición critica que el verdadero motivo son "las elecciones asturianas y andaluzas". "Quieren ocultar más recortes a los que les van a pedir el voto", denunció la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez.

Las previsiones de hoy serán el punto de partida para determinar el volumen del recorte del Gobierno en los Presupuestos. El déficit límite exigido en la actualidad por la Unión Europea es del 4,4% del PIB para 2012 y del 3% para 2013. Pero los objetivos se fijaron con las anteriores previsiones, que no pronosticaban una recesión para este año. Entre tanto, España cerró 2011 con un déficit que superaba el 8% por el gasto autonómico, cuando la meta era del 6%.

Fuentes comunitarias citadas por la agencia Reuters aseguran que la Comisión podría flexibilizar "en unas décimas" el objetivo para este año, pero mantendría el cumplimiento


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con el 3% que fija el Pacto de Estabilidad para el año que viene. De confirmarse, el Gobierno dispondría de cierto margen para repartir en dos ejercicios el ajuste.

Elevar el objetivo de déficit permitiría aplazar 6.000 millones de recorte

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró ayer que la presentación de las previsiones económicas abrirá "un proceso de revisión generalizada para ver si los objetivos presupuestarios de déficit y de deuda pública, que se hicieron con base a esas previsiones que se han quedado desactua‐lizadas, se mantienen o no en el futuro". El Gobierno no ha exigido hasta ahora una flexi‐bilización de los plazos o los objetivos, pero lo ha sugerido en numerosas ocasiones. Diversas informaciones apuntan, además, a que Economía pretende elevar del 4,4% al 5% el objetivo para este año, lo que permitiría aplazar un ajuste de unos 6.000 millones de euros. España cuenta con Italia y otros países para rebajar las exigencias que, sin embargo, no dependen de la Comisión Europea. Será el Consejo de Ministros de Economía, conocido como Ecofin, el que decida si hay nuevos objetivos y cuáles. En él tiene una importancia decisiva la opinión de Alemania y Francia, expresada, a menudo, de manera conjunta.

Merkel muestra piedad

La canciller, Angela Merkel, podría estar dispuesta a retirar el pie del acelerador de la consolidación fiscal. Eso sugirió su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, en una conversación reciente con su homólogo portugués, Vitor Gaspar. En el encuentro, interceptado por las cámaras antes de una reunión de ministros del euro celebrada a principios de mes, Schäuble se mostró abierto a "ajustar" el ritmo de las medidas de austeridad en Portugal "si fuese necesario". Según Schäuble, ese paso sólo podría darse "después de una decisión sustancial sobre Grecia" que finalmente se tomó en la madrugada del martes.

La decisión no depende de Bruselas sino de Alemania y Francia

Preguntado por el "proceso coordinado" de revisión del déficit, como lo define Guindos, el portavoz comunitario de Economía recordó ayer que los objetivos, al menos hasta hoy, siguen siendo los mismos. "No quiero prejuzgar nuestros próximos pasos", aseguró Amadeu Altafaj. En cualquier caso, la Comisión podría mantener su presión sobre el Gobierno para que presente sus Presupuestos cuanto antes, algo para lo que la presión con un instrumento tan delicado como las exigencias de déficit podría ser muy efectivo. Aunque el Gobierno aspira a que la UE rebaje el ritmo de la austeridad, la decisión no tiene por qué tomarse a corto plazo, ya que será objeto de debate en el seno de los 27.

Para el conjunto de la UE, Bruselas ya ha dicho que espera una "recesión moderada" al menos durante la primera mitad del año, en lugar del crecimiento del 0,6% que había


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vaticinado el pasado otoño. El FMI estima que la economía de la eurozona retrocederá un 0,5% en 2012, una cifra coherente con los datos de crecimiento de 2011 conocidos este mismo mes.


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PÚBLICO

La reforma laboral limita la lactancia y la jornada reducida

Los trabajadores que se acojan a una reducción de jornada tendrán que aplicarla día a día y no podrán acumular esas horas, como hasta ahora. Así lo contempla la reforma laboral aprobada por el Gobierno hace ya casi tres semanas. La norma obliga a reducir la jornada de forma diaria, "independientemente de las necesidades concretas de conciliación que tenga cada trabajador y trabajadora", según denunció ayer CCOO. Además, los convenios colectivos podrán regular la concreción horaria en la que tiene que producirse la reducción de jornada "en atención a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las empresas".

Para CCOO, esta disposición es una incitación a que los convenios colectivos regulen la concreción del disfrute de estos derechos "en función de los criterios empresariales y en contra de los derechos y de las necesidades de los trabajadores".

La reducción de jornada se aplicará día a día y no podrá acumularse

La norma introduce también modificaciones en el derecho a la lactancia. A partir de ahora, sólo podrán ejercer este derecho el padre o la madre, pero no los dos, cuando las horas de lactancia se cojan día a día y no se acumulen. El sindicato dice que, de esta forma, se impide la aplicación "en toda su extensión" de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que reconoció que el permiso de lactancia es "un derecho individual de la madre y del padre".

También UGT denunció ayer los efectos nocivos que la reforma laboral tendrá sobre la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida personal y profesional. En un informe, la central señala la diferencia salarial que existe entre hombres y mujeres: en España, las trabajadoras cobran un 16, 7% menos que los trabajadores, algo por debajo de la media europea, en el 17,1%. Tomando como referencia las retribuciones anuales, las mujeres perciben de media el 78% del sueldo de los hombres.

El estudio, elaborado con motivo de la celebración ayer del día por la igualdad salarial, destaca algunas de las causas de esta brecha: la mayor dificultad de promoción profesional de las mujeres, el acceso a puestos de dirección o el trabajo a tiempo parcial, mucho más frecuente entre las trabajadoras. No obstante, los contratos indefinidos también están peor remunerados para las mujeres, un 28,9% menos.

Las mujeres cobran menos en todas las comunidades y sectores


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El salario medio de las mujeres es inferior al de los hombres en todas las comunidades autónomas y en todos los sectores, aunque "los sistemas objetivos de acceso al empleo y la promoción" hacen que las diferencias en la Administración Pública y en la educación sean menores.

Para la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, algunos de los puntos de la reforma, como el periodo de prueba de un año del nuevo contrato o el fomento del empleo a tiempo parcial, "perjudicarán gravemente a las mujeres y la desigualdad será cada vez mayor".

Convenio de la construcción

Poco después de la aprobación de la reforma, los sindicatos denunciaron que la primacía del convenio de empresa que recoge la norma podría entrar en conflicto con algunos convenios sectoriales firmados en las últimas semanas. Ayer, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, denunció que el Ministerio de Empleo no ha registrado el convenio estatal de la construcción que se firmó y se presentó ante la autoridad laboral poco antes de la aprobación de la reforma del mercado de trabajo. Según fuentes de la patronal de la construcción, el conflicto podría solucionarse "en breve".

El nuevo convenio del sector establece que tendrá carácter "de norma exclusiva" y fija que condiciones como la contratación, la clasificación profesional o los salarios no podrán negociarse en ámbitos inferiores. La reforma laboral dice lo contrario: que estas condiciones laborales deberán ser pactadas en la empresa y, en ningún caso, en un ámbito superior.

CCOO denuncia que el Ministerio está aplicando la normativa actual en lugar de la norma vigente en el momento de la firma del convenio. Empleo, por el contrario, dice que el acuerdo "no se ajusta" a la nueva norma y da diez días a las partes para negociar una nueva redacción.


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PÚBLICO

Los laboratorios de Córdoba despiden a 12 sindicalistas

"Van a látigo a por los trabajadores". Saúl, informático, fue despedido el viernes pasado de los Laboratorios Pérez Giménez en Córdoba. Militante de CTA, tenía que haberse presentado ayer a las elecciones sindicales de la empresa. Ni él ni otros 11 compañeros del mismo sindicato podrán hacerlo. Todos han sido despedidos por "causas económicas".

Saúl forma parte de un grupo de 15 trabajadores despedidos de forma procedente. "Doce son militantes de la CTA y dos simpatizantes", denuncia Francisco Moro, el secretario provincial en Córdoba de este sindicato. A los 15 les corresponde una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, como refleja el decreto de la reforma laboral aprobado hace dos viernes por el Gobierno.

Pero los trabajadores no aspiran a cobrar. La empresa de fabricación de medicamentos más importante de Andalucía está en concurso de acreedores. En diciembre, negoció un ERE temporal que afecta a 47 trabajadores. Por eso, la indemnización de los últimos despedidos pasará a formar parte "de la masa concursal". Es decir, tendrán que esperar a que se resuelva el concurso. Y en Pérez Giménez llueve sobre mojado. Los 150 trabajadores que quedan sufren retrasos constantes en sus nóminas. La empresa, con la que Público intentó ponerse en contacto sin éxito, les debe parte de los meses de septiembre, octubre y noviembre; un tercio de la nómina de diciembre, y todo el mes de enero.


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CINCO DÍAS

Empleo rectifica y registrará el convenio de la construcción

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social paralizó la pasada semana el convenio de la construcción, firmado el 20 de enero y que afecta a 1,3 millones de trabajadores, al considerar que no se ajustaba a la nueva ley laboral al no reconocer el poder absoluto de los convenios de empresa sobre el resto. Pero finalmente ayer este departamento decidió aceptar las alegaciones sindicales y registrará hoy mismo este convenio.

La reforma laboral empieza ya a ser conflictiva no solo en el papel, sino en su aplicación sobre el terreno. Ayer se supo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social paralizó la pasada semana la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del convenio general del sector de la construcción firmado el pasado 20 de enero y que afecta a 1,3 millones de trabajadores y tiene una vigencia de 2012 a 2016. Consideraba que incumple una de las principales novedades de la nueva normativa laboral: la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial.

Según el escrito de la Dirección General de Empleo enviado a los firmantes del acuerdo, el artículo 12 del convenio estatal de la construcción ‐que se atribuye "prioridad aplicativa sobre cualesquiera otras disposiciones"‐ no se ajusta a la nueva redacción del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, que indica que "la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior".

Por ello, la Dirección General de Empleo insta a los firmantes del convenio a que rectifiquen los artículos cuestionados. Desde CC OO, su número dos, Ramón Górriz, hizo pública esta situación y aseguró: "No vamos a corregir nada"; al igual que en UGT, donde tampoco están dispuestos a modificar la estructura de negociación colectiva pactada.

Los sindicatos argumentan que el convenio está firmado el día 20 y registrado posteriormente, lo que es suficiente para avalar su aplicación.

La Administración, por su parte, argumenta en el citado escrito de la Dirección General que el cambio normativo se ha producido "durante la tramitación del expediente administrativo" y por ello puede exigirles la citada modificación.


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Pero en UGT alegan que la revisión que hace la Administración de los convenios antes de autorizar su publicación en el BOE es meramente formal y no de contenido, por lo que "la Dirección General de Empleo no es competente para decir si se ajusta o no a derecho, eso lo tendrá que decir un juez".

Ante estas alegaciones sindicales, a última hora de ayer se supo que los responsables del departamento que dirige Fátima Báñez decidieron finalmente que registrarán el convenio de la construcción hoy mismo para enviarlo posteriormente al BOE y lo dejarán tal y como está firmando, sin las modificaciones exigidas, pese a que los responsables de Empleo consideran en su notificación de la Dirección General que el texto "no se ajusta al vigente artículo 84 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores".

De no haberse producido esta decisión de última hora, y ante la negativa sindical a modificar el convenio, Empleo debería haber llevado el acuerdo a la Audiencia Nacional y que ésta hubiera decidido si se ajustaba a derecho.

Una regulación que será conflictiva

En cualquier caso, los sindicatos creen que este asunto "va a ser un tema de mucha confrontación jurídica" porque el texto legal de la reforma laboral no regula los efectos transitorios en esta materia y por ello fuentes jurídicas del sindicato CC OO aseguran que podrían plantear en los tribunales que, en términos generales, la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materias básicas como, por ejemplo, jornada y salarios no se produzca hasta que no termine la vigencia de los actuales convenios sectoriales. Según esto, se abre una importante incógnita acerca de si la nueva ley dejará en papel mojado acuerdos como el de la industria del metal publicado ayer en el BOE y que blinda la prioridad de los convenios de ámbito superior a la empresa.

Las cajas, a la espera de una notificación similar

La conflicto del convenio de la construcción puede ser el primero de una larga serie de capítulos. El siguiente en la lista puede ser el de las cajas de ahorros, firmado el pasado 8 de febrero, solo tres días antes de que entrara en vigor la reforma laboral. En ese texto también se establecía la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa.

Fuentes sindicales de las cajas de ahorros advierten que su convenio puede correr la misma suerte que el de la construcción, ya que todavía no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pese a haber transcurrido dos semanas desde su firma. De hecho, los representantes de los trabajadores ya están realizando consultas para


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preparar su defensa en el caso de que Empleo opte por paralizar el convenio y les obligue a realizar cambios en las condiciones pactadas con 120.000 empleados.

Conflicto que viene

En 2011 se registró una gran paralización de la negociación colectiva por motivos salariales, por lo que cuatro millones de trabajadores terminaron el año sin firmar sus condiciones. Ahora, el conflicto por la regulación de la estructura de negociación puede agravar esta parálisis.


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CINCO DÍAS

Gamesa se hunde en Bolsa tras los decepcionantes resultados

Las acciones de Gamesa caen más de un 6% como respuesta a los decepcionantes resultados de 2011 presentados hoy. El fabricante de aerogeneradores ganó un 2% más el año pasado y logró un alza del 10% en los ingresos de la compañía, gracias a India y América Latina.

Las cuentas de Gamesa han decepcionado al mercado que está penalizando al valor con un recorte del 6%, lo que convierte a la compañía en el peor valor del selectivo Ibex. Y todo a pesar de que ha logrado mantener el beneficio en 2011, elevando hasta 51 millones de euros (un 2%) el resultado neto sobre 2010.

El resultado, en todo caso, queda por detrás del alza de los ingresos, un 10% hasta 3.033 millones de euros. La empresa, además, propondrá a la junta de accionistas un dividendo de 0,0068 euros por acción y la aplicación de un mecanismo complementario de retribución al accionista vía ampliación de capital.

Su actividad principal, la de fabricante de aerogeneradores y que supone 2.800 millones de ingresos, ha crecido el 16% gracias principalmente a las ventas en India y América Latina. Gamesa ha establecido centros de producción en estos países, que ya suponen más de un tercio de los ingresos en este área. Las ventas en Estados Unidos han caído, y pasan de suponer el 28% del total al 14%. Actualmente, el 92% de las ventas de aerogeneradores de la empresa vienen de mercados extranjeros.

En todo caso, la alta competencia y el mal momento del mercado hacen que el margen bruto en esta actividad sea de un escaso 4%, con un resultado de explotación de 116 millones (‐9%) en esta actividad. El beneficio neto ha caído el 4%. El beneficio bruto consolidado total de la empresa queda, así, en 131 millones de euros, dado que 26 corresponen a la actividad de desarrollo de parques eólicos.

Sobre las perspectivas de futuro, Gamesa apunta que "la debilidad de la economía mundial y las dudas sobre la sostenibilidad del nivel de endeudamiento de Estados Unidos y Europa están teniendo un impacto negativo en la evolución de la demanda eólica en el corto plazo", pero prevé que el sector crezca aun así a tasas superiores al 10% hasta 2015.


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La empresa, además, "dará prioridad, dentro de sus objetivos financieros para 2012, a la solidez de balance y la rentabilidad, supeditando el volumen de ventas a dichos objetivos, y adelantando a este ejercicio su objetivo de alcanzar el punto de equilibrio de flujo de caja libre neto". Además. espera que el margen bruto siga bajando hasta rondar el 2%‐4%, también a causa del lanzamiento de nuevos modelos de aerogeneradores.


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CINCO DÍAS

Enagás y EVE compran los gasoductos de EDP en España

Enagás está a punto de hacerse con la propiedad, directa e indirectamente, de todos los gasoductos españoles operativos. La compañía presidida por Antonio Llardén y el Gobierno vasco se han aliado para comprar, a través de una sociedad conjunta, la red primaria de transporte de gas de EDP en España, propiedad de Naturgas, su filial al 95%.

El modelo Red Eléctrica, el único gestor y titular de la red de alta tensión en España, se impone también en el gas. La operación que están negociando a tres bandas Enagás, Ente Vasco de la Energía (EVE) ‐sociedad participada por el Gobierno vasco‐ y Naturgas, puede permitir a la primera de ellas hacerse con el 10% de la red primaria de transporte de gas que le faltaba y completar así su mapa de infraestructuras operativas.

El acuerdo, según fuentes cercanas a las negociaciones, supone la creación de una sociedad conjunta entre Enagás y el EVE, en la que la compañía presidida por Antonio Llardén tendrá una amplia mayoría. La nueva empresa, con sede en Bilbao, añaden los mismos medios, será la encargada de adquirir los más de 425 kilómetros de la red primaria de transporte de Naturgas ubicados, casi en su totalidad en Euskadi.

La operación está prácticamente cerrada a pesar de que se deben dar varios pasos previos. Medios del sector consultados aseguran que el consejo del EVE, reunido ayer en Bilbao, dio el visto al proyecto conjunto con Enagás tras llevar analizándolo en profundidad durante las últimas cuatro semanas. También está previsto que el máximo órgano de gobierno de Naturgas de luz verde, en la asamblea que celebrará hoy, a la propuesta inicial realizada por Enagás y la sociedad pública controlada por el Gobierno vasco. Este último debe, igualmente, validar el acuerdo en un próximo consejo de gobierno.

El plazo con el que juegan las tres compañías para materializar la transacción, una vez concluyan las due diligences en curso donde se fijará el precio, se sitúa a final de marzo. Para entonces, sus respectivos consejos deberán tener sobre la mesa todos los términos finales para su aprobación. Posteriormente los acuerdos se elevarán a la Comisión Nacional de Energía (CNE).


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Para Enagás y Naturgas esta operación tiene su encaje tras la publicación del Real Decreto 6/2009 que convirtió a la primera, por su condición de gestor técnico del sistema gasista, en la adjudicataria única de las gasoductos de transporte primario que formen parte de la red mallada. Esta condición supuso restar capacidad de maniobra a Naturgas, que entonces afrontaba la construcción de Euskadour, un gasoducto entre Bergara e Irún de 90 kilómetros y una inversión de 70 millones de euros.

Retomar las negociaciones

Las negociaciones para la venta de la red de gasoductos de alta presión de EDP en España se iniciaron el año pasado, antes de que el Gobierno portugués acelerara la privatización del grupo energético. Cuando el paquete salió formalmente a la venta las conversiones emprendidas con Enagás se paralizaron. Los tratos se retomaron a partir de diciembre del pasado año tras la compra por parte de la compañía china Three Gorges, por casi 2.700 millones, del 21,35 del capital de EDP en manos del Ejecutivo luso. Las propuesta de la eléctrica oriental superó las ofertas realizadas por la alemana Eon y las brasileñas Electrobras y Cemeg.

Apuntalar a Euskadi como polo energético de calado

La alianza del Gobierno vasco y Enagás para adquirir la red de transporte de Naturgas, a través de una sociedad radicada en Bilbao, supone dar un paso más para apuntalar a Euskadi como un importante polo energético y, también, como refuerzo de los lazos que unen al gestor técnico del sistema gasista y al Ejecutivo de Vitoria. Su relación no es nueva y participan conjuntamente en varias compañías. En la sociedad Bilbao Gas Hub han sido junto con BBK, ahora bajo el paraguas de Kutxabank, sus principales impulsores. Esta empresa, con sede en la capital vizcaína, pretende convertirse en el centro de referencia del sur de Europa a la hora de sellar los pactos para el suministro a corto plazo de gas. A ella se han ido incorporando los principales operadores y comercializadores de gas en España como Iberdrola, Cepsa, Endesa y la propia Naturgas, entre otros. Se da por descontado que Gas Natural, principal comercializador de gas en España, se va a sumar a un proyecto para el que se le ha reservado una porcentaje significativo del capital y que ronda el 10%.

Sus relaciones societarias van más allá. Enagás es, junto con el EVE y un fondo de inversión controlado por Deutsche Bank, accionista de Bahía de Bizkaia Gas, titular de la planta regasificadora situada en el puerto de Bilbao. Su entrada en el capital se materializó hace tres años al comprar la participación propiedad de Repsol.

La estrategia que están tejiendo ahora Enagás y el EVE puede ser de mayor calado. A la sociedad conjunta que se constituirá para comprar los gasoductos de Naturgas se pueden


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añadir más activos. Entre ellos se incluirían sus respectivas participaciones en Bahía de Bizkaia Gas.

Los datos. Naturgas Energía Transporte

Extensión: más de 425 kilómetros es la extensión de la red primaria de transporte de gas que tiene EDP en España, fundamentalmente en el País Vasco, a través de su filial, en la que controla el 95% del capital.

70 millones: es la inversión que está ejecutando Naturgas para poner en marcha el gasoducto Bergara‐Irún, denominado Euskadour, para interconectar los sistemas gasistas español y francés.


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CINCO DÍAS

CC OO recurrirá la reforma al Constitucional y a la OIT

Los responsables jurídicos del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) están ya elaborando los cambios de la reforma laboral que pretenden negociar con el Gobierno e introducir a través de enmiendas parlamentarias.

Esto no ha impedido que, al tiempo, estos servicios jurídicos hayan detectado una serie de aspectos que consideran inconstitucionales de la ley aprobada y otros que contravienen las normas de trabajo fundamentales que recoge la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De no corregirse estas disfunciones legales, este sindicato cursará los oportunos recursos ante el Constitucional (con recursos de amparo, cuestiones constitucionales o recursos directos, a través de grupos parlamentarios) y ante la OIT.

Los puntos que a juicio de estos servicios jurídicos atacan directamente los derechos fundamentales a la negociación colectiva y a la libertad sindical afectan tanto al fondo como a la forma de la nueva ley. Empezando por la forma, los expertos jurídicos de esta central consideran que la propia doctrina del Constitucional hace incompatible el uso de un decreto‐ley de carácter urgente con reformas estructurales del mercado de trabajo. De hecho, ya dio la razón a los sindicatos por este mismo motivo en la reforma de 2002. Si bien la resolución del Constitucional llegó cinco años después, en 2010.

En cuanto al contenido, hay varias cuestiones fundamentales que recurrirán: la primacía absoluta del convenio de empresa, "que altera el principio de eficacia de la negociación colectiva", y la imposición de un arbitraje en los descuelgues. Asimismo, ven contrario al derecho de estabilidad en el empleo todo el nuevo sistema de extinción de los contratos, "que quiebra las garantías constitucionales".


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Industria quiere intervenir los precios para controlar el mercado eléctrico

El Ministerio de Industria ha elaborado una propuesta para reformar las normas del mercado mayorista de electricidad en las que faculta al director general de Energía, Jaime Suárez, para que pueda alterar los precios del mercado.

En concreto, el departamento que dirige José Manuel Soria envió una propuesta al Comité de Agentes del Mercado el pasado mes de enero que le otorga al director general la capacidad de alterar, mediante una resolución, el valor del precio máximo y el mínimo establecido en la bolsa mayorista de electricidad (pool) y el horario de la misma. Esta decisión supone, en la práctica, que el Gobierno podría influir en las tecnologías que finalmente lograsen vender su electricidad en el mercado mayorista.

Esta medida se ha encontrado con la oposición frontal del sector que la califica de intervencionista y pide su inmediata retirada.

Limitar los precios

Actualmente, España tiene fijado un tope en 180,3 euros por megavatio/hora sobre el que empiezan a ofertar las distribuidoras. Sin embargo, con la nueva norma se podrá sobrepasar este nivel y también se podría bajar el mínimo, que actualmente está fijado en 0 euros, por lo que la Dirección General de Energía tendría capacidad para determinar precios incluso negativos.

Estas medidas se corresponden con la Regla 5 (para los vendedores) y la Regla 6 (para los compradores) en el glosario de las nuevas Reglas del Mercado de OMIE ‐el Operador del Mercado Ibérico de Energía‐ remitidas a todo el sector para ejecutar el plazo correspondiente de consulta de cara a elevar el documento final a la Comisión Nacional de la Energía.

El problema con el que se ha encontrado el Ministerio es que este sistema, que marca la subastas de energía, ha alcanzado en varias ocasiones un precio demasiado alto. La razón de este encarecimiento estriba en que en este sistema se oferta y se demanda energía pero algunas tecnologías, como los ciclos combinados de gas, quedan sin casar, como consecuencia de la obligatoriedad iniciada el pasado año de dar prioridad en el mercado al carbón nacional, incluso a costa de desplazar a otras tecnologías.


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Al quedar fuera el gas por el carbón y porque presentan unas elevadas ofertas que quedan sin casar una vez que ya está cerrado el mercado diario, Red Eléctrica redirige a estas plantas de gas al mercado secundario o de restricciones, siempre y cuando necesite más capacidad. Este mecanismo adicional retribuye a los generadores a un precio más alto porque este sistema busca cubrir la falta de suministro de ciertas zonas que en momentos determinados de alta demanda requieren un mayor potencial.

Reacciones encontradas

La medida ha confrontado a los generadores y a los clientes industriales. Los primeros creen conveniente elevar el precio máximo de cara a dar una mayor flexibilidad operativa del propio mercado porque el tope puede resultar una limitación para recuperar los costes reales de energía en horas concretas. Por contra, se oponen a reducir el mínimo e incurrir en precios negativos, lo que a su juicio carece de "sentido económico", según la mayoría de alegaciones presentadas por la patronal eléctrica Unesa, la eólica AEE y los comercializadores independientes Acie.

En el otro lado se encuentran los compradores, que estiman que el límite superior está suficientemente alejado de cualquier coste de generación, máxime en "un sistema con sobrecapacidad como el español y donde los generadores cobran un complemento por la potencia instalada", tal como se queja la Asociación de Empresas con gran Consumo de Energía (AEGE), quien además aboga por que se mantenga al comprador la certeza de que su demanda quedará casada si presentan las garantías exigidas para participar en el mercado.

La patronal eléctrica Unesa apuesta por elevar el precio máximo con el fin de facilitar la armonización de las reglas de oferta, pero al mismo tiempo apunta que esta habilitación supone una extralimitación en las competencias de la Dirección General de Energía. Además, añade que el precio mínimo es un factor básico para el funcionamiento del sistema y afecta a la prioridad de despacho de unas instalaciones frente a otras, por lo que no sería una modificación menor o puramente mecánica.

Muchas pegas

Por último, avisa que esta modificación afecta a las garantías de seguridad jurídica y control, rebajando el rango y el procedimiento administrativo para la aprobación de los llamados precios instrumentales. Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica explica que si hay exceso de oferta el precio debe caer, pero no tiene sentido que sea inferior a cero.

Además, esta medida representaría un aumento de coste del sistema por apoyar a instalaciones de Red Eléctrica que tengan ingresos asegurados. En la misma línea, la


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Asociación de Comercializadores Independientes (ACIE) apunta que no se justifica la necesidad de cambiar los precios instrumentales del mercado porque se modificará también el precio marginal y se desconoce el impacto final del cambio. Por ello, pide que la eventual entrada en vigor de los cambios se anuncien con antelación suficiente.

La Asociación de Representantes en el Mercado Ibérico de Electricidad se opone a modificar la hora de cierre. En concreto, afirma que en el caso que se moviese el cierre del mercado diario sería necesario mover la hora de siguiente sesión del intradiario a suficiente distancia temporal para permitir la comprobación de resultados, la reclamación, etc.

Para evitar estos problemas, la asociación pide la implantación de ambos cambios, desplazamiento el cierre del mercado diario a las 12:00 y ampliación del número de mercados intradiarios a 8, a la vez y de forma conjunta, lo cual evitará los problemas asociados a tener temporalmente dos mercados muy cercanos, con los problemas que se han explicado anteriormente. No es la primera vez que un Ejecutivo interviene el mercado. En marzo de 2006 fijó un valor regulado del pool de 42,35 euros.


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Competencia multa a Endesa con 23,1 millones de euros por abuso de posición de dominio en el mercado

El Consejo de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) impuso dos multas que suman más de 23 millones de euros a Endesa Distribución Eléctrica, que recurrirá la sanción, por abusar de su posición de dominio en el mercado de las instalaciones, según informó el organismo supervisor.

Endesa anunció que recurrirá esta sanción por la vía contencioso‐administrativa y explicó que la normativa actual obliga a las empresas a presentar presupuestos en instalaciones a los clientes, que luego pueden elegir.

Según Endesa, Competencia exige a las compañías eléctricas requisitos que contradicen la normativa vigente.

El expediente se abrió tras la denuncia presentada por la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (FENIE).

El mercado de las instalaciones eléctricas comprende la realización de las obras necesarias para conectar las instalaciones receptoras de los usuarios finales con la red de distribución (acometida, enganche, extensiones, conexión ...).

La normativa distingue entre las actividades de instalación que están reservadas a los distribuidores y las que no, de forma que estas últimas pueden llevarse a cabo en libre competencia por cualquier instalador autorizado.

En concreto, la CNC multó con 14.967.960 euros a Endesa por aprovechar su posición en el mercado de la distribución para "distorsionar la competencia en el mercado conexo de las instalaciones no reservadas, en el que también opera".

Según el organismo, Endesa usó la información sobre las solicitudes de suministro a la que tenía acceso privilegiado por su condición de distribuidor ‐como la identidad del cliente y los detalles técnicos del punto de suministro‐ para dirigirse a los clientes de mayor tamaño.

Esta conducta dificulta que el resto de operadores presentes en el mercado de instalaciones pudiese competir con Endesa Distribución en situación de mínima


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igualdad de condiciones en sus zonas de distribución por la parte más atractiva del mercado.

Desde la CNC recordaron que no es la primera vez que las autoridades de competencia imponen multas por conductas como esta. En el año 2011, las distribuidoras de los grupos empresariales E.ON, Gas Natural Fenosa e Hidrocantábrico fueron multadas por un comportamiento similar, como también lo fue la propia Endesa en 2006 por realizar una conducta parecida en la Isla de Mallorca.

Sobre la segunda multa de 8.158.000 millones de euros, Competencia consideró que Endesa también abusó de su posición de dominio al cobrar a los clientes por la ejecución de los trabajos de entronque y conexión de la instalación.

De acuerdo con el organismo, la norma prevé que estos trabajos debe costearlos el distribuidor y que, durante un determinado periodo, la distribuidora cobró por ello, lo que ha sido considerado un "abuso explorativo".


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EXPANSIÓN

"Habría que plantear una amnistía fiscal para paliar el problema financiero"

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell Lastortras, (Barcelona, 1957), se está multiplicando estos días en una labor didáctica sobre los cambios que los empresarios pretenden introducir en la reforma laboral y sus propuestas para salir de la grave crisis que sufre España.

Entre reunión y reunión con el Gobierno, los grupos parlamentarios y los empresarios europeos, que le piden que les explique que está pasando en España, Rosell analiza la situación económica en una extensa entrevista con EXPANSIÓN.

Rosell apunta que "en este momento la falta de financiación de las empresas es el primer problema" y considera que "se daría una vuelta de tuerca absoluta al sistema de financiación de las empresas" si se pudiese pagar paulatinamente a los proveedores.

Sobre la polémica creada a raíz de las declaraciones de José Luis Feito, presidente de la Comisión de Economía de CEOE, en las que pedía la retirada de la protección al parado que no acepte una oferta de trabajo, "aunque sea en Laponia", Rosell se limita a señalar que "en España, la ley dice que una persona se queda sin protección cuando rechaza la tercera oferta. Eso hay que mejorarlo".

Además, recuerda que "hay que ver qué pasa y analizar las estadísticas. Y estas dicen que como aquí el subsidio dura hasta 24 meses, la gente encuentra trabajo milagrosamente cuando falta un mes o dos para agotar el subsidio. Eso quiere decir que no está funcionando del todo bien".

Por ello, propone centrar las reformas en la protección por desempleo en tres aspectos, el coste de la cobertura, el número de beneficiados y que los servicios públicos de empleo, que "no funcionan ni a la de tres".


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El futuro de la captura de CO 2 de Endesa «no es una decisión unilateral de la empresa»

La empresa eléctrica Endesa sigue avanzando en las labores de recogida de datos para la caracterización geológica del suelo de la zona sureste de la provincia, en busca del mejor emplazamiento para el almacenamiento de CO2 de la planta de combustión limpia de carbón. Mientras ultima los sondeos de profundidad en Almanza, ha iniciado la realización de los análisis sísmicos que permitirán «visualizar» la formación de las distintas capas de un área de 260 kilómetros cuadrados, para determinar a través de un estudio en dos y tres dimensiones la idoneidad del terreno leonés para establecer el almacén geológico.

La recogida de datos para caracterizar esta «malla sísmica» comenzó el pasado día 17, y se prolongará hasta el 30 de abril. Desde esta semana, una cadena de cuatro camiones dotados de sistemas de emisión de ondas y recogida de datos recorre casi 15.000 fincas de una docena de municipios del sur de León, siguiendo la estela de un trazado de estacas y geófonos que marcan la zona de sur a norte, y de este a oeste, en un movimiento de zig‐zag que es seguido por un equipo de cien personas, 70 de ellos especialistas llegados desde Alemania.

Recogida de datos. La recogida total de muestras y datos para confirmar la idoneidad o no del terreno concluirá a finales de este año, dentro de la primera fase del proyecto en el que participan Endesa, la Ciudad de la Energía (Ciuden) y la empresa finlandesa Foster Wheeler Energía. Una fase dotada con 220 millones de euros, financiados con fondos europeos, que debería tener su siguiente paso en la construcción de una central térmica a escala de demostración comercial.

Un futuro que de momento no está asegurado. Endesa desistió la pasada primavera de presentarse a la siguiente fase de ayudas del proyecto NER300, en la que hubiera optado a una financiación de 300 millones de euros para construir la planta de demostración; y en las últimas semanas incluso desde la Ciuden se ha alertado de la posibilidad de que la financiación europea para construir las seis centrales supercríticas de combustión limpia se reduzca.

Una situación que no afecta a la marcha de los trabajos que se realizan actualmente, según explica Juan Carlos Ballesteros, subdirector de I+D de Endesa, que señala también, «con la máxima prudencia porque es algo que todavía no toca», que la decisión «no es unilateral de la empresa. Tendrá que estar con la Administración central», a través de la


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financiación de la multimillonaria inversión que supondrá para la compañía seguir adelante con el proyecto planteado.

En un momento de dificultad para el sector y de inestabilidad del mercado eléctrico, Ballesteros insiste en que «lo que estamos investigando es una tecnología de futuro, y las situaciones que afectan al sector energético ahora son coyunturales. No deberían ser motivo para paralizar este proyecto, que es sobre todo a largo plazo».

De momento el compromiso adquirido con la Unión Europea pasa, además de por las investigaciones y plantas piloto previas que se han realizado para probar la viabilidad del sistema de oxicombustión con caldera de lecho fluido circulante, por concluir la fase de análisis de los suelos susceptibles de acoger el almacén de CO2. «La recogida de datos concluirá a finales de este año, y las conclusiones estarán listas en el primer trimestre del 2013», explica Ballesteros.

Será el final de una fase de investigación que comenzó en el 2006, y que ahora se lleva a cabo en las pruebas tanto de captura como de almacenamiento.

Quedaría después el estudio de la fase de transporte, que es la menos complicada de las tres. «El CO2 capturado se traslada al almacén a través de tuberías, pero este es un proceso ya muy utilizado en otros países».

Una tubería subterránea similar a los gasoductos, que «no tiene complejidad ni afecta al entorno».

Antes de llegar a este punto, Endesa tiene que decidir cuál de los tres puntos que actualmente analiza desde el punto de vista geológico es el más adecuado, lo que determinará dónde se construirá la central.


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Nuevo plan de empleo con fondos ya destinados a la lucha contra el paro

El Gobierno vasco, Confebask, CC.OO. y UGT firmaron ayer en Gasteiz el Plan de lucha contra el paro 2012, cuyo enunciado expone con brevedad y sencillez un propósito que hasta el momento se ha mostrado muy esquivo. Su principal virtud es haber nacido del diagnóstico común realizado por los agentes sociales presentes en la Mesa de Diálogo de Lakua, su lastres más pesado es la certeza de que no existen fórmulas mágicas que generen empleo: todo está ligado a una mejora de la economía que continúa sin intuirse.

Sobre la mesa habrá teóricamente 321,4 millones de euros más para frenar la escalada del desempleo y buscar nuevas salidas profesionales a los parados. De esa cantidad, solo hay 30 millones extraordinarios, cuya procedencia no se detalla, aunque las estrecheces presupuestarias invitan a pensar que han sido trasvasados desde dentro de los Presupuestos. El resto de los fondos de los que dispondrá provienen en su mayoría de los presupuestos de Lanbide (179 millones de euros), es decir, de fondos ya consignados a la lucha contra el paro. Mientras que el Departamento de Educación (80 millones) y el de Industria (32 millones) reorientan partidas para completar el importe total.

Gracias a esos movimientos contables dentro de sus cuentas públicas el lehendakari pudo presentar ayer un plan con una dotación económica notable y, en el tramo final de su mandato, dar empaque de cara a la opinión pública a su gran apuesta en el ámbito laboral, el diálogo constante con patronal y sindicatos ‐con la importante autoexclusión de ELA y LAB‐.

Algunos de sus objetivos coinciden con los de la Estrategia vasca de Empleo 2011‐2014 , presentado el pasado 20 de diciembre y que dispone de un Presupuesto de 808 millones de euros de cara a este año y más de 1.500 millones para los dos próximos ejercicios.

compromiso por el empleo Dentro del programa pactado en la mesa de diálogo social circulan varias ideas que conforman todo un catálogo de intenciones unidas por un presupuesto procedente exclusivamente de las arcas públicas. De los más de 300 millones consignados, solo algo menos de un 10% no figuraba con anterioridad dentro de los gastos previstos para este año. Se trata de un "fondo extraordinario" que dota de contenido económico al compromiso por el empleo anunciado por Patxi López el pasado mes de septiembre. El lehendakari anunció entonces que vería la luz en semanas un acuerdo entre instituciones y agentes sociales a favor del empleo. Han tenido que pasar seis meses hasta conocer la esencia de ese "compromiso colectivo".


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Aunque el Gobierno vasco asegura que los fondos del programa están "blindados", lo cierto es que solo se comprometió a respetar la dotación de Lanbide y la del fondo extraordinario. La letra pequeña siembra más dudas ya que ambas quedarían al margen de cualquier ajuste presupuestario "salvo circunstancias extraordinarias". No hay ningún tipo de blindaje para las partidas retraídas de Educación e Industria

A efectos prácticos, el plan de empleo firmado ayer refuerza Lanbide en el plano económico e incide en sus ejes básicos: la formación y la orientación laboral. De hecho, entre los pilares del plan se citan algunos de los cometidos del Servicio Vasco de Empleo, como la atención individualizada a las personas sin empleo para mejorar su empleabilidad y sus posibilidades de inserción laboral.

Se realizarán asimismo actuaciones en el ámbito de la empresa para que los patronos detecten necesidades de contratación y diseñen políticas de formación para sus plantillas. Se estimulará en ese sentido también las nuevas iniciativas empresariales y el autoempleo.

Por último, se fomentará el equilibrio territorial ‐un aspecto también recogido en la Estrategia vasca de Empleo 2011‐2014‐ incidiendo en la comarcas vasca más azotadas por el paro.

Durante la presentación del plan, Patxi López afirmó que Lanbide será "pieza clave" y destacó el "valor social y económico" del acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social. Un aspecto este último también destacado por los representantes de Confebask, CC.OO y UGT. La consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, reconoció que el papel de la Administración en la lucha contra el paro se centra en abonar el terreno para facilitar la creación de puestos de trabajo cuando la economía empiece a fluir.


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La reforma obliga a parados a sustituir empleados en formación

Los sindicatos CC.OO. y UGT denunciaron ayer que la reforma laboral obliga a los parados que cobran una prestación a sustituir a trabajadores que desarrollen programas de formación en cualquier empresa, siempre que las acciones de formación estén financiadas por la Administración. Estos desempleados seguirán cobrando el paro y solo recibirán de la empresa la diferencia entre la prestación y la retribución que le corresponda, según explicaron fuentes sindicales a Europa Press tras las primeras reuniones técnicas con el Ministerio de Empleo para hablar de la reforma.

Hasta ahora, la ley permitía que, con carácter voluntario, estos parados pudieran sustituir a trabajadores en formación en empresas de menos de 100 trabajadores. La nueva norma convierte esta posibilidad en obligatoria y elimina el límite de tamaño de la empresa.

Precisamente, esta es una de las medidas que los sindicatos quieren modificar durante el trámite parlamentario de la reforma laboral, junto a otros aspectos, algunos de los cuales podrían ser inconstitucionales, denuncian CC.OO. y UGT. Comisiones también advirtió ayer de que los parados que sean contratados con el nuevo contrato indefinido creado por la reforma laboral y que decidan compatibilizar su sueldo con su prestación perderán parte de la misma.

oposición de bildu Por su parte, Bildu anunció que, "por coherencia", renuncia a aplicar cualquier aspecto de la reforma laboral en las instituciones y sociedades públicas de la CAV y Nafarroa que controla, entre ellas la Diputación de Gipuzkoa. La coalición presentará en las Juntas Generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba y en el Parlamento navarro iniciativas para exigir la retirada de esta reforma. El dirigente de la coalición Maiorga Ramírez indicó que su oposición a esta reforma se expresará no solo en los ámbitos teórico y político, sino también en el práctico, en la actuación diaria de las instituciones. Según Bildu, la reforma "ha instaurado el despido libre y gratuito en los doce primeros meses de contrato", "borra de un plumazo los logros de la negociación colectiva", y "perjudica especialmente a los jóvenes, que pueden verse con 33 años y un sueldo de 481 euros".


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El amianto tocará esta década su techo de 'víctimas laborales'

El número de personas afectadas por enfermedades derivadas del amianto alcanzará su tope durante esta segunda década del siglo. Esa es una de las conclusiones del Informe sobre el amianto en la CAV redactado por Osalan, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral. "Si el periodo de lactancia de la enfermedad en las personas que han estado expuestas es de unos treinta años, las cuentas salen", explicó ayer Pablo Uriarte, subdirector de planificación de Osalan. Y es que la década de los 80 fue en la que más amianto o asbesto puro se importó al Estado español.

El documento destaca además que el amianto "sigue estando presente" en Euskadi. Según los cálculos de José Antonio Vázquez, subdirector técnico de Osalan, de hecho, más de 260.000 toneladas de amianto permanecen en instalaciones de empresas, viviendas y, sobre todo, edificios públicos. Los datos del informe afirman que en España existen aún 2,6 millones de toneladas de amianto puro, de los que un 10% "como mínimo" se encuentra en Euskadi. Por todo ello, según las palabras de Vázquez, Osalan va a centrar su actuación en prevenir los riesgos derivados de la manipulación y retirada de esos materiales que aún persisten.

Fondo de compensación Entre las medidas a impulsar, el instituto trasladará al parlamento vasco ‐dónde se estudiará el análisis realizado por Osalan próximamente‐ la conveniencia de crear un fondo de compensación de víctimas del amianto. Pilar Collantes, directora general de Osalan, explicó ayer que, "es algo que propondremos que se estudie. Hay países europeos, como Francia o Bélgica dónde lleva en funcionamiento muchos años y otros dónde se descartó la idea. Además de trabajar en la prevención no debemos olvidar que la indemnización de los daños ya causados debe tenerse en cuenta". Precisamente, la creación de ese fondo es una de las reivindicaciones históricas de la asociación de víctimas de amianto de Euskadi. Por otra parte, Osalan propuso ayer a los ayuntamientos que establezcan un sistema de detección para conocer si en las obras de construcción de reforma y rehabilitación para las que se les solicite licencia hay presencia o no de este mineral ‐en caso afirmativo propone también exigir la presentación de un plan de trabajo aprobado por la Autoridad Laboral para conceder la licencia‐. "Al final podríamos crear una especie de censo, como existe en Francia y conocer dónde se encuentra el asbesto". Según fuentes oficiales, Osalan se ofrece para formar a técnicos municipales en esta materia mediante un Plan Formativo consensuado dirigido a la detección del amianto en las obras de construcción, tanto privadas como municipales.


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España entrará en recesión y su PIB se contraerá un 1% en 2012

La economía española se contraerá un 1% en 2012 y la recaída en la recesión durará hasta finales de año debido al impacto de la crisis de deuda, los recortes en el sector público y el bajo consumo privado debido al paro y al alto endeudamiento, según las previsiones económicas publicadas por la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario ha rebajado en casi dos puntos su pronóstico de noviembre (que daba un crecimiento del 0,7% para España), pero sus cálculos son más positivos que los del FMI (‐1,7%) o el Banco de España (‐1,5%). No obstante, Bruselas advierte de que la contracción será probablemente mayor del 1% porque esta cifra no tiene en cuenta los recortes adicionales que el Gobierno debe aprobar en los presupuestos de 2012 para cumplir los objetivos de déficit, ya que aún no se conocen. "Si se tienen en cuenta las medidas fiscales adicionales en el próximo presupuesto, puede cambiar significativamente el panorama tanto para el crecimiento real del PIB como para sus componentes individuales", alerta la Comisión.

Para el conjunto de la eurozona, Bruselas prevé una caída del PIB del 0,3% (en lugar del crecimiento del 0,5% que calculó en noviembre), con recesión hasta el segundo trimestre del año, mientras que la economía de la UE se mantendrá estancada (6 décimas menos de lo previsto en noviembre). Alemania (+0,6%), Francia (+0,4%) y Reino Unido (+0,6%) todavía crecerán, mientras que la economía italiana caerá un 1,3%.

Entre los países rescatados, Irlanda se recupera con un crecimiento del 0,5%, mientras que Grecia se hunde con una contracción del 4,4% y Portugal caerá un 3,3%.

Recesión y estancamiento

Según los cálculos de Bruselas, la economía española ya ha recaído en la recesión por segunda vez durante esta crisis, tal y como ha anticipado el Gobierno, ya que retrocedió un 0,3% en el último trimestre de 2011 y se contraerá un 0,7% más entre enero y marzo. La recesión seguirá durante el segundo y tercer trimestres de 2012 (con caídas del 0,3% y el 0,1%, respectivamente), mientras que en el último trimestre la economía estará estancada (0%).

"Se espera que las peores previsiones para la eurozona y el todavía alto nivel de incertidumbre, especialmente en relación con la crisis de deuda soberana, tengan un efecto negativo en el crecimiento en 2012", afirma la Comisión. "El consumo privado será


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significativamente más débil este año, debido al alto paro, la elevada deuda de los hogares y la restricción de crédito", señala el informe. "El consumo público también se contraerá a medida que España continúe con su programa de consolidación fiscal y aplique las medidas adicionales a finales de diciembre", agrega.

La inversión también se mantendrá en niveles bajos por el elevado nivel de deuda de las empresas (especialmente las de construcción), el exceso de capacidad y las dificultades de acceso al crédito. El único factor positivo será la "relativa resistencia" de las exportaciones.

Bruselas pronostica que la inflación se reducirá de forma significativa, desde el 3% en 2011 hasta el 1,3% en 2012. Ello se debe a la desaparición de los factores transitorios que impulsaron la inflación el año pasado, como los precios de la electricidad y el aumento de impuestos indirectos, así como a la débil demanda interna y a la moderación de los costes salariales. "Como resultado, el diferencial de inflación con la eurozona (que tendrá una tasa del 2,1%) será negativo, lo que permitirá cierta mejora en la competitividad de España en materia de precios", señala la Comisión.


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LA VOZ DE GALICIA

La CEOE plantea una amnistía fiscal para las empresas

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que habría que plantear una amnistía fiscal para las empresas con el fin de paliar el problema financiero que tienen.

Así lo asegura en una entrevista en Expansión, en la que Rosell destaca que la «situación de emergencia» es tal que hay que contemplar cualquier posibilidad, la que sea, para arreglar el problema financiero de las empresas.

En su opinión, los temas «tabúes» en materia económica han desaparecido y recuerda como en Italia han hecho «4 ó 5 escudettos (amnistías) fiscales».

Aunque Juan Rosell dice que la CEOE no ha planteado este asunto en España, sí propone que por lo menos se analice y evalúe viendo las ventajas e inconvenientes y si eso podría aportar al sistema. «Cualquier posibilidad, sea la que sea y venga de donde venga, para solucionar el problema financiero es planteable, hay que ponerla sobre la mesa», reitera el líder patronal.

Lo que no se puede hacer es ser complaciente, advierte Rosell, que cita en la entrevista otro ejemplo de lo que se esta haciendo en Europa: en Francia están aplicando la «libreta azul» con la que se intenta recuperar el dinero negro.

De la polémica sobre el rechazo de los parados a una oferta de empleo, el presidente de la CEOE considera que «a la mínima que puedan conseguir un puesto de trabajo lo tiene que aceptar, les guste o no». Respecto a la reforma laboral aprobada el pasado 11 de febrero, Juan Rosell destaca que hará que lo «normal» sea el despido con una indemnización de 20 días.


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BRUSELAS PREVÉ QUE LOS DUROS RECORTES DE RAJOY AGUDIZARÁN LA RECESIÓN

La economía española se contraerá un 1% en 2012 y la recaída en la recesión durará hasta finales de año debido al impacto de la crisis de deuda, los recortes en el sector público y el bajo consumo privado debido al paro y al alto endeudamiento, según las previsiones económicas publicadas por la Comisión Europea.

BRUSELAS. El Ejecutivo comunitario ha rebajado en casi dos puntos su pronóstico de noviembre (que daba un crecimiento del 0,7% para España), pero sus cálculos son más positivos que los del FMI (‐1,7%) o el Banco de España (‐1,5%). No obstante, Bruselas advierte de que la contracción será probablmente mayor del 1% porque esta cifra no tiene en cuenta los recortes adicionales que el Gobierno debe aprobar en los presupuestos de 2012 para cumplir los objetivos de déficit, ya que aún no se conocen.

"Si se tienen en cuenta las medidas fiscales adicionales en el próximo presupuesto, puede cambiar significativamente el panorama tanto para el crecimiento real del PIB como para sus componentes individuales", alerta la Comisión.

Para el conjunto de la eurozona, Bruselas prevé una caída del PIB del 0,3% (en lugar del crecimiento del 0,5% que calculó en noviembre), con recesión hasta el segundo trimestre del año, mientras que la economía de la UE se mantendrá estancada (6 décimas menos de lo previsto en noviembre). Alemania (+0,6%), Francia (+0,4%) y Reino Unido (+0,6%) todavía crecerán, mientras que la economía italiana caerá un 1,3%.

Entre los países rescatados, Irlanda se recupera con un crecimiento del 0,5%, mientras que Grecia se hunde con una contracción del 4,4% y Portugal caerá un 3,3%.

RECESIÓN Y ESTANCAMIENTO Según los cálculos de Bruselas, la economía española ya ha recaído en la recesión por segunda vez durante esta crisis, tal y como ha anticipado el Gobierno, ya que retrocedió un 0,3% en el último trimestre de 2011 y se contraerá un 0,7% más entre enero y marzo. La recesión seguirá durante el segundo y tercer trimestres de 2012 (con caídas del 0,3% y el 0,1%, respectivamente), mientras que en el último trimestre la economía estará estancada (0%).

"Se espera que las peores previsiones para la eurozona y el todavía alto nivel de incertidumbre, especialmente en relación con la crisis de deuda soberana, tengan un efecto negativo en el crecimiento en 2012", afirma la Comisión.


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"El consumo privado será significativamente más débil este año, debido al alto paro, la elevada deuda de los hogares y la restricción de crédito", señala el informe. "El consumo público también se contraerá a medida que España continúe con su programa de consolidación fiscal y aplique las medidas adicionales a finales de diciembre", agrega.

La inversión también se mantendrá en niveles bajos por el elevado nivel de deuda de las empresas (especialmente las de construcción), el exceso de capacidad y las dificultades de acceso al crédito. El único factor positivo será la "relativa resistencia" de las exportaciones.

Bruselas pronostica que la inflación se reducirá de forma significativa, desde el 3% en 2011 hasta el 1,3% en 2012. Ello se debe a la desaparición de los factores transitorios que impulsaron la inflación el año pasado, como los precios de la electricidad y el aumento de impuestos indirectos, así como a la débil demanda interna y a la moderación de los costes salariles.

"Como resultado, el diferencial de inflación con la eurozona (que tendrá una tasa del 2,1%) será negativo, lo que permitirá cierta mejora en la competitividad de España en materia de precios", señala la Comisión.


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El sector citrícola bajará los sueldos a los ćollidors´ que recojan menos producción

El nuevo convenio colectivo de recolección de cítricos de la Comunitat Valenciana ‐un colectivo que aglutina a unos 95.000 trabajadores‐ comienza su andadura con importantes novedades para los collidors tras el visto bueno de la subdirección general de Relaciones Laborales de la Generalitat y el preacuerdo alcanzado recientemente por los agentes sociales.

El pacto, vigente hasta 2014, contempla mejoras retributivas del 1,5 % e incluye por primera vez los "rendimientos mínimos" para los jornaleros, que sólo se percibirá en su totalidad cuando se alcance la producción estipulada (entre 540 y 720 kilogramos durante seis horas, según la variedad de mandarinas o naranjas). En caso de no alcanzarse no se cobrará el jornal completo, sino sólo la parte proporcional del salario según lo recolectado. Hasta ahora los jornaleros del campo percibían una retribución independientemente del volumen recogido, una situación que ahora cambia por completo. El convenio colectivo, que cuenta con el visto bueno del Comité de Gestión de Cítricos (comercio privado), cooperativas y UGT ‐Comisiones Obreras no lo ha firmado‐ garantiza en su tabla salarial la cantidad de 9,94 euros por hora trabajada para los collidors y de 10,83 euros, para la categoría de capataz. Si el IPC interanual a 31 de agosto de cada ejercicio supera el 3 %, el porcentaje de incremento de esta cantidad también se reflejará en la base del cálculo de las retribuciones durante la campaña siguiente.

Control del trabajo a destajo

Las jornadas de trabajo oscilan entre cinco horas (en temporada de otoño e invierno), mientras que se alarga hasta seis horas durante los meses de primavera y de verano.

En el caso del trabajo a destajo los incrementos salariales mejoran un 1,5 % (frente al 1 % del empleo por jornales). En esta primera modalidad de contratación se han pactado unas retribuciones por personas que oscilan entre 6,37 y 10,24 euros por cada cien kilogramos recolectados. Sea como fuere, el pacto laboral impone una seria restricción a esta modalidad de trabajo, ya que no se podrá aplicar "cuando exista paro agrario registrado oficialmente en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)". En concreto, en la localidad donde se efectúe la recolección y se considerará trabajador agrícola parada


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aquel que acredite su "condición agraria". Los collidors citrícolas cobrarán el 50 % del salario a jornal si se suspende la recolección por lluvia.

La Federación Agroalimentaria de CC OO‐PV ha rechazado la firma de este convenio por el "extremado abuso de las empresas y almacenes que contratan trabajadores a través de la ETT". También denuncia las condiciones de "explotación" de algunos empleados, tanto españoles como extranjeros, así como del incremento salarial cero aplicado en las nóminas durante los dos primeros años de vigencia de esta norma laboral.

Hasta ahora las personas contratadas los primeros veinte días de campaña tendían que ser fijos‐discontinuos, una modalidad que ahora se elimina y se fomenta más la contratación temporal. Por otro lado, el "contrato de duración determinada" se cambia por el de "obra o servicio determinado", no aceptado como válido en varias ocasiones por la propia Inspección de Trabajo, según la citada central sindical.


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Ayuntamiento y sector agroalimentario consideran que el nuevo acuerdo de la UE deja a los productores lorquinos

"vendidos" y condenados a una "ruina total"

En torno a 7.000 familias lorquinas viven del sector agrario. Estamos hablando de 3.000 explotaciones, que producen 400.000.000 de kilos de productos agroalimentarios. El nuevo acuerdo supondrá la destrucción del 90% de esta riqueza y de sus empleos.

22 febrero 2012. El Concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, ha comparecido en rueda de prensa esta mañana junto al Presidente de Alimer, Julián Díaz, y el Presidente de la Comunidad de Regantes, Julián Marín, con quienes ha ofrecido el balance de la reunión mantenida en la tarde de ayer en el Consistorio Municipal entre el propio Ayuntamiento y representantes del sector agroalimentario (Coag, Upa, Asaja, Proexport, Unexport, Comunidad de Regantes y la práctica totalidad de cooperativas agrarias).

Ángel Meca ha señalado que el panorama al que se enfrentan los productores de nuestra comarca es calificado por los propios profesionales del sector como "ruina total". El Concejal ha indicado que "el sentir general es de indignación. La reunión que mantuvimos en la tarde de ayer sirvió para que tuviéramos una definición clara de la situación a la que nos enfrentamos. Estamos ante un contexto extremo. Todos los productos que exportamos desde el valle del Guadalentín se ven perjudicados, lo que supone un golpe mortal a nuestra agricultura".

Los agentes del sector y el Ayuntamiento han acordado presentar una moción, cuyo texto será redactado por los propios afectados, y que exige a la Unión Europea que se elabore un informe del impacto socioeconómico que este acuerdo va a tener. Ángel Meca ha recordado que "desde los organismos públicos y los representantes del sector, ya pedimos en su momento (antes de que se ratificara este "maldito" acuerdo) que la UE elaborara un documento de este tipo. Es imperdonable que se haya ratificado el pacto sin ni siquiera evaluar las consecuencias que va a tener. Queremos que se evalúe este impacto por dos motivos; primero porque debemos tener un documento sobre el que trabajar para saber a qué nos atenemos (aunque nosotros ya podemos atisbar lo que va a suceder), y, en segundo lugar, queremos que la UE se de cuenta del desastre que nos va a provocar y sea consciente de la temeridad que han cometido.

La moción, que será elevada al próximo pleno del Ayuntamiento, se trasladará también a la Comunidad Autónoma, Ministerio de Agricultura y Unión Europea. Entre sus acuerdos


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contempla, además, la exigencia de que los productos que lleguen a España cuenten con todos los requerimientos en materia fitosanitaria. También se exigirá, entre otras cuestiones, a la UE que informe de en qué condiciones laborales se están produciendo los alimentos que van a llegar a partir de ahora, porque los consumidores tienen el derecho de saber qué están consumiendo, dónde se ha producido y en qué condiciones de trabajo.

El sector solicita una nueva reunión del Observatorio en Defensa de la Agricultura

El Concejal de Agricultura ha informado de que, en la actualidad, "en torno a 7.000 familias lorquinas viven del sector agrario. Estamos hablando de 3.000 explotaciones, que producen 400.000.000 de kilos de productos agroalimentarios. El nuevo acuerdo supondrá, según las previsiones que manejamos, la destrucción del 90% de esta riqueza. Este pacto va a generar mucho paro, puesto que, además de los empleos directos (mano de obra a pie de explotación y posterior manipulación), también se destruirán los puestos de trabajo indirectos e inducidos (transporte, fitosanitarios, talleres, administración.)".

Ángel Meca ha manifestado, en este sentido, que "el nuevo acuerdo hace imposible que podamos competir con la llegada de los nuevos productos. En Lorca los productores del sector cumplen con todas las obligaciones sanitarias y laborales, mientras que fuera de España todos sabemos cómo se está produciendo y en qué condiciones. No se ha tenido en cuenta qué condiciones laborales existen en aquellos países. En este panorama no podemos competir con productos como alcachofa, melón, sandía, brócoli, tomate, lechuga y cítricos (entre otros). Ante la situación generada, los agentes del sector agroalimentario nos han solicitado que se reúna el Observatorio en Defensa de la Agricultura para que sirva de altavoz de sus reivindicaciones".


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AZTI coordina un proyecto europeo para lograr una producción y distribución más sostenible de los productos

alimentarios

La sede de la Unidad de Investigación Alimentaria de AZTI‐Tecnalia, ubicada en Derio (Bizkaia) ha acogido este miércoles la primera reunión de trabajo del proyecto SESNSE, cuyo objetivo es contribuir a que el sector de alimentos y bebidas lleve a cabo una producción, transformación y distribución de sus productos de una forma medioambientalmente sostenible.

El centro tecnológico coordina esta iniciativa comunitaria, que se enmarca dentro del VII Programa Marco de la Unión Europea y en la que participan 23 socios, entre los que se encuentran empresas, asociaciones alimentarias y centros de investigación de 12 países europeos.

Desde AZTI han señalado que la industria agroalimentaria contribuye de manera destacada al calentamiento global del planeta y utiliza alrededor del 70 por ciento del agua fresca en el mundo.

A su entender, datos como estos ponen de manifiesto "la necesidad de contar con herramientas que ayuden a reducir el impacto ambiental de las bebidas y alimentos a lo largo de su cadena productiva, abarcando desde la producción y transformación, hasta su distribución comercial".

El proyecto SENSE (Sostenibilidad Ambiental Armonizada para la Cadena de Alimentos y Bebidas) reúne a investigadores, productores, transformadores y distribuidores, con el fin de lograr una metodología armonizada e integral, que sirva para evaluar de manera precisa y ágil el impacto ambiental de los productos alimentarios.

Los integrantes de SENSE se centrarán concretamente en crear una metodología aplicada a los sectores de zumos, lácteos, cárnicos y acuicultura, elegidos por su relevancia en el mercado europeo. La metodología resultante del proyecto SENSE deberá reunir varias características, entre ellas, que pueda ser implantada con facilidad en empresas alimentarias independientemente de su tamaño y que, a su vez, ayude a los consumidores a identificar en el mercado aquellos productos comprometidos con la sostenibilidad del medio ambiente.

El proyecto, que se desarrollará a lo largo de tres años, evaluará los sistemas actuales de análisis de impacto ambiental y desarrollará un nuevo sistema simplificado para la


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evaluación de la sostenibilidad trazable a lo largo de la cadena de producción. Se trata de conseguir un procedimiento que verdaderamente integre los tres pilares de la sostenibilidad: respeto al medio ambiente, viabilidad económica y beneficio para la sociedad.

La nueva metodología será transferida a los diferentes sectores alimentarios, así como a los actores de la cadena alimentaria. Igualmente, los consumidores también participarán diseñando el tipo identificativo sobre los productos y el contenido informativo que permita a los ciudadanos optar por aquellos artículos más sostenibles.


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13 horas por 15 euros

Apenas 15 euros por 13 horas recogiendo kilos y kilos de naranjas. CCOO ha denunciado este miércoles "explotación" en el campo onubense por parte de empresarios agrícolas "que se están aprovechando de la necesidad extrema por lograr un trabajo para sobrevivir a causa de la crisis brutal" que está sufriendo el país.

El responsable de la Federación Agroalimentaria de CCOO en Huelva, Santiago Lepe, ha advertido de la proliferación de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en el sector que están sacando pingües beneficios con la contratación de mano de obra para las campañas agrícolas a costa de "tirar por los suelos" las condiciones laborales de los jornaleros.

Según el sindicato, estas ETT hacen trabajar "a destajo" a sus empleados por un jornal de tan sólo 15 ó 20 euros cuando el convenio del campo en la provincia de Huelva estipula que la peonada de seis horas y media se paga a 35,65 euros, unas condiciones que los temporeros se ven obligados a aceptar «porque el que reclama ya no trabaja más».

'Una nueva raza de explotadores

"Ha desembarcado en Huelva una raza nueva de explotadores y negreros que son las ETT, cuyos trabajadores los tienen trabajando desde las ocho de la mañana hasta nueve de la noche y convirtiendo, además, kilos de naranjas por peonadas, lo que les obliga a trabajar tres días para sumar una sola peonada", ha asegurado Lepe.

En la provincia onubense CCOO tiene contabilizado una decena de ETT que están suministrando mano de obra para la inmensa mayoría de las empresas citrícolas. En Huelva, este sector contrata a 40.000 personas. El sindicato ya ha denunciado estas irregularidades ante la Inspección de Trabajo.

"Los empresarios agrícolas no se van a ir de rositas porque son subsidiarios de lo que está pasando en sus fincas y, además, están incumpliendo la ley porque las ETT están sólo para cuando hay una punta de producción y están obligados a tener una plantilla propia", ha remarcado Lepe, quien espera que la Inspección de Trabajo actúe con celeridad "para que este asunto no se nos vaya de las manos".

La elección, 'a dedo' y en la calle

Igualmente, el dirigente sindical ha denunciado que estas ETT eligen "a dedo" a los jornaleros en mitad de la calle. "He visto con mis propios ojos cómo en Cartaya había


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unos 40 trabajadores frente a una oficina de trabajo temporal, ha llegado un manigero en una furgoneta y se ha puesto a elegir señalando con el dedo a una docena de ellos", ha narrado Lepe.

El responsable de Federación Agroalimentaria de CCOO en Huelva ha avisado del riesgo de que se produzcan brotes racistas, ya que las ETT contratan a inmigrantes que hacen el mismo trabajo que un español "pero por la mitad de precio".

El sindicato teme que estos "mecanismos de explotación" detectados en la recogida de la naranja contagien a la campaña fresera que acaba de comenzar y en donde trabajan 60.000 temporeros. Por el momento, ya tiene detectada una ETT de Bulgaria que está pagando a sus jornaleros según el convenio de aquel país e, incluso, empresas agrícolas que han creado su propia ETT para sacar "un doble beneficio".

"Si lo que quieren es aprovecharse de la crisis, dejando de contratar a nuestros jornaleros o pretendiendo explotarlos pagándoles 15 euros, me da igual que no haya ni una mata de fresas ni naranjas y que se arruine el sector", ha concluido Santiago Lepe.


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Presentados los ERE para la mitad de la plantilla de Garvey

La documentación de Nueva Rumasa contempla el despido de 93 empleadosLos expedientes de regulación de empleo (EREs) de las bodegas del Grupo Garvey en Jerez para el despido de la mitad de los trabajadores ‐93 de los 164 en plantilla‐ ya están en marcha. Back in Business, actual propietaria de Nueva Rumasa, anunció ayer que ya ha presentado la documentación en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, paso previo al inicio de los periodos de consultas con los comités de empresa y delegados sindicales de las cuatro bodegas afectadas, que en el caso de Complejo Bellavista y Zoilo Ruiz‐Mateos se extenderá por periodo de un mes, mientras que Valdivia y Teresa Rivera tendrán sólo 15 días para lograr un acuerdo.

Antes, la juez que instruye los concursos tendrá que admitir a trámite la solicitud y decretar la apertura del periodo de consultas, que podrá cerrarse con acuerdo siempre y cuando el mismo tenga el visto bueno de la empresa, los trabajadores y los administradores concursales, a los que la actual propiedad del grupo anunció ayer en un comunicado que citará en los próximos días para el inicio de la negociación.

En la misma nota, la sociedad vinculada al empresario valenciano Ángel de Cabo recuerda que los EREs extintivos se integran en el plan de sostenibilidad elaborado por la empresa para garantizar la continuidad de la actividad y, según la documentación presentada al juzgado, la plantilla se verá finalmente reducida de 164 a 71 trabajadores, lo que supone el 56% del total en lugar del 54% anunciado inicialmente.

Los 93 trabajadores que verán extinguidos sus contratos recibirán una indemnización de 20 días por año trabajado y hasta un máximo de 12 mensualidades, cantidades que, según la empresa, serán satisfechas por los recursos propios de cada empresa.

Los EREs incluyen la reducción de entre el 10 y el 15% del sueldo de los ocho directivos y mandos intermedios, mientras que la empresa anuncia en su nota informativa el compromiso de mantener el salario a los 71 trabajadores que seguirán en activo, que "no se verán afectados por ningún recorte económico en sus nóminas".


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El PP, UPyD y CiU rechazan en el Congreso solicitar al Gobierno el cierre "inmediato" de Garoña

Los Grupos Parlamentarios de PP, UPyD y CiU coincidieron en rechazar una Proposoción no de Ley presentada por Izquierda Plural y debatida en la Comisión de Industria del Congreso por la que instaba al Gobierno a "acometer el cierre inmediato" de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) "por razones de seguridad, al tratarse de una instalación obsoleta que ya ha superado su vida útil".

EUROPA PRESS MADRID 22 ∙ 02 ∙ 2012

Durante el debate, el portavoz de IU, Jesús Yuste, aseguró que la intención de prorrogar la vida de la nuclear hasta 2019 se debe a que "la tónica general" de este Gobierno es ir "marcha atrás" porque, a su juicio, decidió paralizar las energías renovables y mantener la vida de la central más antigua de España, que está "obsoleta". En este contexto, culpó también al anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero porque "aprobó una prórroga de 4 años" y así, "se perdió la oportunidad de cerrarla".

Asimismo, subrayó que, "según reconoció el CSN, Garoña sufre un proceso de agrietamiento múltiple por corrosión" que afecta a diversos componentes internos de la vasija del reactor, lo que, en su opinión, "compromete seriamente la seguridad de la instalación", ya que el problema afecta al 70% de los tubos que atraviesan la vasija del reactor por los que pasan las barras de control, que son el "sistema de frenado" de la reacción nuclear.

Sin embargo, el portavoz del PP en la comisión, Antonio Erías, tras rechazar que la planta este obsoleta, aseguró que su producción no es "prescindible", ya que aporta el 6,5% de la energía nuclear de España, y el equivalente al consumo energético del 33% de la población de Castilla y León. Además, consideró que la energía nuclear es necesaria para dar estabilidad al sistema eléctrico y evitar los problemas de las renovables.

En la misma línea, la diputada de CiU Inmaculada Riera recordó que el CSN ya dijo que la orden de cierre del Gobierno anterior resulta "resoluble" al no existir impedimento "desde el punto de vista de la seguridad nuclear o la protección radiológica".

De la misma opinión es Carlos Martínez, de UPyD, que consideró que "es mentir decir que Garoña se cae a pedazos", por lo que, en su opinión, esto es un "insulto" a la sociedad y defendió la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear.


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Por el contrario, los socialistas presentaron una enmienda de adición, aceptada por los proponentes, en la que precisamente proponían, además del cierre, la vuelta a la estrategia de las energías renovables y al Real Decreto del anterior Ejecutivo que proponía un abandono progresivo de este tipo de energía. "Comporta serios riesgos para la seguridad", dijo al tiempo que aseguró que no se puede poner en duda la seguridad de las plantas españolas.

Mientras, el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, defendió su rechazo a la continuidad de la planta y pidió que se pongan en marcha políticas de reactivación de la zona para compensar su clausura. Finalmente, para la diputada de Amaiur, Maite Arístegui, Garoña es "un yogurt caducado desde hace mucho tiempo" porque "no cumple con las normas internacionales", una situación que definió como "lamentable".

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Resumen de prensa 23 de Febrero