SCP 0283-2013 -AAC (13-03). Penal (Delitos instantaneos y
permanentes, delitos continuados no estan legislados, computo de la
prescripcion, estafa y estelionato delitos instantaneos) OPV
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0283/2013Sucre, 13 de marzo
de 2013SALA TERCERAMagistrada Relatora: Dra. Ligia Mnica Velsquez
CastaosAccin de amparo constitucionalExpediente:
02249-2012-05-AACDepartamento: Santa CruzEn revisin la Resolucin
179 de 12 de noviembre de 2012, cursante de fs. 274 vta. a 276
vta., pronunciada dentro de la accin de amparo constitucional
interpuesta por Rosa Ftima Cullar Mendoza contra Sigfrido Soleto
Gualoa y Edgar Carrasco Sequeiros, Vocales de la Sala Penal Segunda
del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.I.ANTECEDENTES
CON RELEVANCIA JURDICAI.1. Contenido de la demandaPor memorial
presentado el 14 de septiembre de 2012, cursante de fs. 260 a 263
vta., el accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y
de derecho:I.1.1.Hechos que motivan la accinEl 21 de abril de 2010,
Mara Luisa Quinteros de Hinojosa present denuncia en su contra por
la presunta comisin del delito de estafa ante la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Crimen (FELCC), la cual luego de tramitada la
conversin de accin por la querellante, el 14 de julio de 2011,
formaliz acusacin particular ante el Juez Segundo de Sentencia
Penal.Posteriormente y teniendo presente que desde la fecha de la
presunta comisin del delito; es decir, el 11 de mayo de 2006
(cuando suscribi el documento privado de transferencia de la
tercera parte del Gabinete de Fisioterapia y Rehabilitacin
Fisiocruz); y el 11 de agosto del mencionado ao (cuando se realiz
el ltimo desembolso econmico), transcurrieron ms de cinco aos, por
ende, la accin penal se encuentra prescrita, toda vez que, no se
present ninguna causal de interrupcin de la prescripcin; por lo que
plante excepcin de prescripcin, opuesta por la contraparte con el
argumento que la misma se hubiere interrumpido con la denuncia de
19 de abril de 2010, formalizada en oficinas de la FELCC; la que
fue declarada probada por el Juez Segundo de Sentencia Penal,
mediante Auto de 30 de agosto de 2011, ordenando el archivo de
obrados.Contra la citada Resolucin, la querellante plante apelacin
incidental con el argumento que recin se enter de la estafa el 19
de abril de 2010, a tiempo de ver una publicacin en el peridico El
Deber, sobre ofertas de venta de equipos e instrumentos del centro
de fisioterapia; recurso que fue declarado procedente por la Sala
Penal Segunda, a travs del Auto de Vista de 7 de febrero de 2012,
revocando la Resolucin impugnada, con el argumento que el delito se
hubiera consumado recin el 19 de abril de 2010, cuando la acusadora
particular se enter de la publicacin del matutino; momento a partir
del cual, a criterio del Tribunal de apelacin, se inicia el cmputo
de la prescripcin; por tanto, a su criterio, la accin no habra
prescrito y por ello, dispuso la continuidad del proceso penal.
Interpretacin grosera y arbitraria de los arts. 335 del Cdigo Penal
(CP) y 30 del Cdigo de Procedimiento Penal (CPP), que vulnera sus
derechos fundamentales; por cuanto el delito de estafa es
instantneo y se consuma en el momento en el que el sujeto activ
mediante el ardid, artificio o engao, provoc o fortaleci el error
en el sujeto pasivo, lo cual determina la realizacin de acto de
desplazamiento patrimonial.En el caso concreto, el momento de la
presunta consumacin es el 11 de agosto de 2006, cuando se realiz el
ltimo pago (acto de desplazamiento patrimonial) con cargo al
documento de transferencia de acciones de 11 de mayo de ese mismo
ao, base de la accin que se le sigue. No obstante ello, los ahora
demandados en su propia Resolucin establecieron que el momento de
la presunta consumacin del delito de estafa, sera el 19 de abril de
2010, es decir, cuatro aos despus de realizarse el ltimo
desplazamiento patrimonial, cuando supuestamente la querellante
hubiera tomado conocimiento por una publicacin en el peridico, lo
cual no provoc ningn pago y menos desplazamiento, vale decir que el
delito de estafa sera permanente y adems que el cmputo de la
prescripcin se iniciara cuando el querellante toma conocimiento del
hecho. Interpretacin diametralmente opuesta a la constitucional y
carente de razonabilidad.I.1.2.Derechos supuestamente vulneradosLa
accionante seala como lesionado su derecho al debido proceso en su
vertiente a la correcta y debida fundamentacin as como los
principios de seguridad jurdica y de legalidad; citando al efecto
el art. 115 de la Constitucin Poltica del Estado
(CPE).I.1.3.PetitorioSolicita que se conceda la tutela impetrada;
disponiendo que: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 30 de
abril de 2011 (sic); y, b) Se ordene que las autoridades
jurisdiccionales demandadas emitan un nuevo auto de vista,
enmarcado en los alcances y lnea interpretativa establecida en la
SC 0101/2006-R.I.2. Audiencia y Resolucin del Tribunal de
garantasCelebrada la audiencia pblica el 12 de noviembre de 2012,
segn consta en el acta cursante de fs. 272 a 274 vta., en presencia
de la accionante asistida de su abogado y en ausencia de las
autoridades demandadas, de la tercera interesada y del
representante del Ministerio Pblico, se produjeron los siguientes
actuados:I.2.1.Ratificacin de la accinEl abogado de la accionante
ratific los argumentos del memorial de demanda.I.2.2. Informe de
las autoridades demandadasLas autoridades jurisdiccionales
demandadas no presentaron ningn informe escrito y tampoco
asistieron a la audiencia sealada.I.2.3. Intervencin de la tercera
interesadaLa tercera interesada no present informe.I.2.4.
ResolucinLa Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de
Justicia de Santa Cruz, por Resolucin 179 de 12 de noviembre de
2012, cursante de fs. 274 vta. a 276 vta., otorg la tutela
solicitada, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 9 de 7 de
febrero de 2012, dictado por los Vocales de la Sala Penal Segunda,
debiendo la citada Sala, dictar nueva resolucin de acuerdo a los
aspectos considerados en la Resolucin; bajo los siguientes
argumentos: a) En la SC 0101/2006-R, emitida por el Tribunal
Constitucional, se estableci que el inicio del cmputo de la
prescripcin para el delito de estafa, empezar a correr desde la
media noche del da en que se cometi el delito o en que ces su
consumacin; b) Por ello, los delitos de estafa y estelionato son
instantneos, conforme a su naturaleza; y, c) Al ser la estafa un
delito instantneo, se consuma en el momento en el que, el sujeto
activo mediante ardid, artificio o engao, provoca o fortalece error
en el sujeto pasivo, lo cual determina el acto de desplazamiento
patrimonial; por ende, la presunta consumacin del delito se produjo
el 11 de agosto de 2006, cuando se realiz el ltimo pago (acto de
desplazamiento) con cargo al documento de transferencia de acciones
de 11 de mayo de 2006, base de la accin.II.CONCLUSIONESDel atento
anlisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se
establecen las siguientes conclusiones:II.1. Por documento privado
suscrito el 11 de mayo de 2006, entre Rosa Ftima Cullar Mendoza,
ahora accionante, y Mara Luisa Quinteros, reconocido en sus firmas,
se constata que la primera de las citadas transfiri en calidad de
venta sus acciones consistentes en la tercera parte de un Gabinete
de Fisioterapia y Rehabilitacin Fisiocruz, que funciona en la Av.
Argentina 849 de la ciudad de Santa Cruz, con NIT 1014679023, a
favor de la segunda, por el precio de $us4000.- (cuatro mil dlares
estadounidenses) a ser cancelados $us2800.- (dos mil ochocientos
dlares estadounidenses) a tiempo de la suscripcin del documento; y
el saldo, $us1200.- (un mil doscientos dlares estadounidenses) el
30 de mayo de 2006 (fs. 17 y vta.). Monto este ltimo que consta su
cancelacin en varios pagos parciales, el ltimo de ellos,
efectivizado el 11 de agosto de 2006, conforme se acredita del
recibo de la citada fecha (fs. 36).II.2.El 21 de abril de 2010,
Mara Luisa Quinteros de Hinojosa, formul denuncia contra Rosa Ftima
Cullar Mendoza, por la presunta comisin del delito de estafa ante
la FELCC (fs. 2); y el 28 del mencionado mes y ao, present querella
por el mismo delito (fs. 44 a 46); procedindose a su conversin a
pedido de la querellante, quien present acusacin particular ante el
Juez Segundo de Sentencia Penal el 12 de julio de 2011 (fs. 76 a
78).II.3.Por memorial presentado el 22 de agosto de 2011, ante el
precitado Juez de Sentencia, Rosa Ftima Cullar Mendoza, plante
excepcin de extincin de la accin por prescripcin, alegando haber
transcurrido ms de cinco aos, desde el ltimo pago realizado con
cargo al documento suscrito con la denunciante el 11 de agosto de
2006 (fs. 91 y vta.), la cual fue declarada probada mediante Auto
Definitivo 247 de 30 de agosto de 2011 (fs. 97 y vta.).II.4.Contra
la Resolucin descrita en la Conclusin anterior, por escrito
presentado el 19 de octubre del citado ao, la acusadora particular
interpuso apelacin incidental (fs. 100 a 103) dando lugar a la
emisin del Auto de Vista 9 de 7 de febrero de 2012, por el cual, la
Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa
Cruz, revoc el Auto apelado, disponiendo la continuacin del proceso
penal conforme a derecho, bajo el argumento que la presunta comisin
del delito de estafa se habra consumado y dado a conocer a la luz
pblica el 19 de abril de 2010, cuando el querellante vio una
publicacin en el peridico El Deber, que ofreca la venta de los
equipos de fisioterapia como si fuera de propiedad de la imputada,
fecha en la cual, sent la denuncia ante la FELCC y desde la cual
empieza a correr el cmputo para la prescripcin (fs. 234 a 238
vta.).III. FUNDAMENTOS JURDICOS DEL FALLOLa accionante alega que
las autoridades jurisdiccionales demandadas lesionaron su derecho
al debido proceso en su vertiente a la correcta y debida
fundamentacin as como los principios a la seguridad jurdica y
legalidad, porque dentro del proceso penal seguido en su contra por
la presunta comisin del delito de estafa, plante excepcin de
extincin de la accin por prescripcin ante el Juez Segundo de
Sentencia Penal; y no obstante que dicha peticin fue declarada
probada por el a quo, en recurso de apelacin incidental planteada
por la parte acusadora, el Tribunal de alzada revoc dicha la
decisin, basado en una interpretacin grosera y arbitraria de las
normas penales, contradiciendo la jurisprudencia constitucional. En
consecuencia, en revisin de la Resolucin dictada por el Tribunal de
garantas, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y
si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales
o garantas constitucionales de la accionante, a fin de otorgar o
denegar la tutela solicitada.III.1. Interpretacin de la legalidad
ordinaria como atribucin privativa de la jurisdiccin comnEn el
presente caso, se evidencia que la accionante reclama que los
Vocales demandados incurrieron en una supuesta grosera y arbitraria
interpretacin de los arts. 335 del CP y 30 del CPP; extremo que
guarda estrecha relacin con la interpretacin de la legalidad
ordinaria. Con relacin a lo cual, el extinto Tribunal
Constitucional, va jurisprudencial estableci que dicha tarea le
corresponde exclusivamente a los tribunales y jueces ordinarios y
no as a la jurisdiccin constitucional, porque no puede pretenderse
que esta ltima sea utilizada como va alternativa, sustitutiva,
complementaria o una instancia adicional a la que puedan recurrir
los litigantes frente a una determinacin judicial que les resultare
adversa, puesto que las acciones tutelares han sido instituidas
como recursos extraordinarios y en particular, el amparo
constitucional adems subsidiario de proteccin de los derechos
fundamentales y garantas constitucionales, y en ningn caso pueden
ser equiparadas o utilizadas como una instancia de apelacin y menos
de casacin. En ese sentido, en la SC 0101/2006-R de 25 de enero se
sealo que: como qued establecido precedentemente, si bien la
interpretacin de la legalidad ordinaria corresponde a las
autoridades judiciales y administrativas; compete a la jurisdiccin
constitucional, en los casos en que se impugne tal labor como
arbitraria, insuficientemente motivada o con error evidente, el
estudio, dentro de las acciones de tutela, de la decisin impugnada,
a los efectos de comprobar si la argumentacin jurdica en la que se
funda la misma es razonable desde la perspectiva constitucional
-razonamiento que debe ajustarse siempre a una interpretacin
conforme a la Constitucin- o si por el contrario, se muestra
incongruente, absurda o ilgica, lesionando con ello derechos
fundamentales o garantas constitucionales .Ampliando dicho
entendimiento, la SC 1654/2010-R de 25 de octubre, refiri: Con
relacin a la interpretacin de la legalidad ordinaria, el Tribunal
Constitucional, a travs de su jurisprudencia, reconoci que la misma
corresponde a los rganos jurisdiccionales ordinarios y
administrativos, debiendo el accionante, fundamentar debidamente su
solicitud de analizar, con carcter excepcional, la interpretacin
efectuada por las autoridades demandadas, debiendo considerar los
siguientes lineamientos:a) El Tribunal Constitucional, reconoce que
la labor interpretativa de la legalidad ordinaria es privativa de
las autoridades ordinarias; ingresando a revisar dicha labor, slo
para verificar el cumplimiento de los principios constitucionales
informadores del ordenamiento jurdico, entre ellos, los de
legalidad, seguridad jurdica, igualdad, proporcionalidad, jerarqua
normativa y debido proceso, actualmente reconocidos como tales en
la Constitucin Poltica del Estado vigente (CPE), en sus arts. 178 y
180.b) Como consecuencia de la funcin especfica sealada
precedentemente, el accionante conocedor de esta facultad limitada,
y por ende excepcional, debe indicar detalladamente porqu considera
que la interpretacin est insuficientemente motivada, es ilegal,
incongruente, absurda o ilgica, relacionndola con los derechos o
garantas lesionados; adems, estableciendo las reglas de
interpretacin inaplicadas, o aplicadas errneamente, por las
autoridades ordinarias a momento de resolver su solicitud.En
conclusin, si bien la labor de interpretacin de la legalidad
ordinaria le compete de manera privativa a la jurisdiccin
ordinaria; sin embargo, dicho entendimiento no es absoluto, puesto
que la justicia constitucional, est obligada a verificar que en
dicha labor, las autoridades ordinarias, no quebrantaron los
principios constitucionales informadores del ordenamiento jurdico,
entre los que se encuentran, los de legalidad, seguridad jurdica,
igualdad, proporcionalidad, jerarqua normativa y debido proceso,
principios a los que, conforme se estableci en la SC 2040/2010-R de
9 de noviembre; que refiere: se hallan vinculados todos los
operadores jurdicos de la nacin; dado que compete a la jurisdiccin
constitucional otorgar la proteccin requerida, a travs de las
acciones de tutela (), ante violaciones a los derechos y garantas
constitucionales, ocasionadas por una interpretacin que tenga su
origen en la jurisdiccin ordinaria, que vulnere principios y
valores constitucionales.III.2. La prescripcin de la accin penalEl
derecho fundamental del imputado a la conclusin del proceso penal
dentro de un plazo razonable, no se encuentra consagrado en la
Constitucin Poltica del Estado de manera expresa; sin embargo, del
contenido de varias normas se denota que implcitamente se asegura
su ejercicio. As en el art. 115.I de la CPE, estipula que toda
persona ser protegida oportuna y efectivamente por los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legtimos,
agregando en el segundo pargrafo que el Estado garantiza el derecho
al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta,
oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; concordante con
lo previsto por el art. 178 de la misma Ley Fundamental, donde prev
que la potestad de impartir justicia se sustenta en varios
principios, entre ellos, el de celeridad, inmerso igualmente en el
Captulo Segundo art. 180.I de la CPE, correspondiente a la
jurisdiccin ordinaria.Derecho que encuentra sustento en la
normativa internacional sobre derechos humanos, como son: (los
Pactos), que segn la doctrina de este Tribunal integran el bloque
de Constitucionalidad y por tanto tienen rango constitucional (As
SSCC 1494/2003-R, 1662/2003-R, 0069/2004, entre otras), de manera
expresa reconocen tal derecho, conforme a lo siguiente:1) Convencin
Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1) 'Toda persona tiene
derecho a ser oda, con las debidas garantas y dentro de un plazo
razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por ley, en la sustanciacin de
cualquier acusacin formulada contra ella, o para la determinacin de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carcter'.2) Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Polticos (art. 14.3) 'Durante el proceso, toda persona acusada de
un delito tendr derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantas mnimas: c. A ser juzgada sin dilaciones indebidas'.De lo
anterior se extrae que la finalidad que persigue el legislador
constituyente boliviano al introducir, en concordancia con los
preceptos internacionales aludidos, el derecho a ser juzgado dentro
de un plazo razonable, es que el imputado pueda definir su situacin
ante la ley y la sociedad dentro del tiempo ms corto posible, desde
un punto de vista razonable; poniendo fin a la situacin de
incertidumbre que genera todo juicio, y la amenaza siempre latente
a su libertad que todo proceso penal representa. Con esto se
persigue evitar que la dilacin indebida del proceso, por omisin o
la falta de la diligencia debida de los rganos competentes del
sistema penal, pueda acarrear al procesado lesin a otros derechos,
entre ellos, el de la dignidad y la seguridad jurdica, que resulten
irreparables (SC 0101/2004 de 14 de septiembre).Normas
constitucionales que imponen a las autoridades jurisdiccionales, a
cumplir con la funcin de impartir justicia, de forma pronta,
oportuna y sin dilaciones; prevaleciendo el cumplimiento del
principio de celeridad dentro de un debido proceso; imponiendo al
Estado la carga de garantizar su cumplimiento; motivo por el cual,
las normativas adjetivas penales contienen institutos jurdicos como
el de la prescripcin que causan la extincin de la responsabilidad
criminal por el transcurso de un determinado tiempo desde la
comisin del delito sin que el procedimiento se dirija o se reanude
contra el supuesto culpable. Fin para el cual, el propio Estado, a
travs de las normas penales, establece los lmites de tiempo para
ejercer la persecucin penal.Refirindose a la prescripcin en materia
penal, la SC 0023/2007-R de 16 de enero, seal lo siguiente: El art.
29 del CPP determina los plazos para la prescripcin de la accin
penal, atendiendo al mximo legal de la pena privativa de libertad
(presidio o reclusin) prevista para los distintos tipos penales
establecidos en el Cdigo Penal. Los trminos sealados en esa norma,
de acuerdo al art. 30 del CPP, empiezan a correr desde la media
noche del da en que se cometi el delito o en que ces su consumacin,
y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebelda del imputado,
como se analizar posteriormente, y suspenderse en los siguientes
casos previstos en el art. 32 del CPP:1. Cuando se haya resuelto la
suspensin de la persecucin penal y est vigente el periodo de prueba
correspondiente.2. Mientras est pendiente la presentacin del fallo
que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas.3. Durante la
tramitacin de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de
un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso;
y,4. En los delitos que causen alteracin del orden constitucional e
impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades
legalmente constituidas, mientras dure ese estado.Ahora bien, de
acuerdo a nuestra norma procesal, slo esas causales suspenden la
prescripcin; en consecuencia, fuera de ellas, la prescripcin
contina corriendo, independientemente de que se hubiera iniciado o
no la accin penal correspondiente, lo que sin duda marca una clara
diferencia con la anterior normativa sobre el particular, que en el
art. 102 del Cdigo Penal (CP) estableca que la prescripcin se
interrumpa con el inicio de la instruccin penal y se la computaba
nuevamente desde la ltima actuacin que sta
registrara.Efectivamente, el anterior sistema procesal, permita la
prolongacin indefinida de los procesos y el sometimiento del
imputado a la exclusiva voluntad del Ministerio Pblico y/o del
querellante, quienes, de manera arbitraria, podan hacer abandono
del proceso penal y reactivarlo despus de mucho tiempo, slo con la
finalidad de evitar la prescripcin, lo que determinaba la constante
zozobra del imputado y la vulneracin de sus derechos y garantas,
fundamentalmente del derecho a la seguridad jurdica.El nuevo Cdigo
de Procedimiento Penal, conforme se tiene dicho, cambia
radicalmente el sistema anterior, puesto que no establece entre sus
causales de interrupcin o prescripcin de la accin penal, el inicio
de la accin penal; consecuentemente, es posible interponer esta
excepcin en cualquier momento del proceso, conforme ha quedado
establecido en la jurisprudencia del Tribunal contenida en la SC
1510/2002-R, de 9 de diciembre, que de manera expresa determin que
la denuncia no constituye causal de interrupcin o suspensin de la
prescripcin al no estar contemplada en los arts. 29 y 31 CPP.
Entendimiento que fue reiterado en la SC 0187/2004-R, de 9 de
febrero, en la que se determin que: para la interrupcin o suspensin
de la prescripcin, necesariamente tienen que presentarse uno de los
supuestos descritos, entre los que no se encuentra el inicio de la
accin penal, debiendo contarse el plazo desde el da en que
supuestamente se consum el delito, sin interrupcin.Conviene dejar
claramente establecido que tanto en la jurisprudencia glosada, as
como las SSCC 0187/2004-R y 1214/2004-R, entre otras, se estableci
que el inicio de la accin penal o la denuncia ante el Ministerio
Pblico, no constituye causal de interrupcin o suspensin de la
prescripcin al no estar contemplado en los citados arts. 29 y 31
del CPP, de manera tal que, al no constituir la denuncia del hecho
causal de suspensin ni de interrupcin de la prescripcin, no es
posible derivar conclusiones a partir de sta, con relacin a la
prescripcin de la accin penal seguida contra el procesado.III.3. La
estafa y su caracterizacin como delito instantneoUna temtica que
precisa ser considerada, es la relativa a la clasificacin de los
delitos por el momento de su consumacin y la duracin de la ofensa
al bien jurdico protegido. Al respecto, la SC 0190/2007-R de 26 de
marzo, haciendo referencia a las SSCC 1190/2001-R y 1709/2004-R,
concluy lo siguiente: en los delitos instantneos, la accin coincide
con el momento de consumacin del delito, en tanto que en los
delitos permanentes, la consumacin del delito se prolonga en el
tiempo. Ambos tipos de delitos estn previstos, de manera indirecta
en el art. 30 del CPP, cuando la norma que establece el momento
desde el cual empieza a computarse el trmino de la prescripcin. As,
para los delitos instantneos, el cmputo se inicia desde la media
noche en que se cometi el delito, y para los permanentes, desde que
ces su consumacin.Ahora bien, en la doctrina adems de los delitos
instantneos y permanentes se hace referencia a un tercer grupo de
delitos, denominados continuados, en los cuales existe una
pluralidad de acciones u omisiones homogneas, en distinto tiempo
pero en anlogas ocasiones, y con unidad de propsito, con las que se
infringe una misma o similar norma penal.Este delito supone,
entonces la unificacin de la pluralidad de acciones, en una unidad
jurdica de accin, con la finalidad de evitar la existencia de
varios procesos penales contra una persona por un mismo o similar
delito, y la acumulacin de penas. La doctrina y jurisprudencia
comparada han establecido, fundamentalmente, los siguientes
elementos del delito continuado:1. Unidad de propsito o el
aprovechamiento de una similar ocasin: lo que significa que el dolo
debe ser total, unitario y debe abarcar, desde el inicio, al hecho
total, es decir al 'resultado total', o que las acciones sean
realizadas en situaciones anlogas o semejantes.2. Unidad de lesin
jurdica, como la exigencia de que las mltiples acciones infrinjan
una misma norma jurdica; algunos autores exigen la unidad de tipo,
en tanto que otros slo exigen que los preceptos penales sean de
igual o semejante naturaleza.En el delito continuado cada accin
cometida por el sujeto activo es constitutiva del tipo penal, es
decir, ya es un delito, lo que supone que la accin coincide con la
consumacin del delito (si es un delito instantneo), pero para
efecto de computar el trmino de la prescripcin en el delito
continuado, slo se toma en cuenta la ltima accin realizada.Esta
clase de delitos no est contenida en muchas legislaciones y, en
otras, ha sido creada a travs de la jurisprudencia de los
tribunales penales ordinarios. As, en el caso de Espaa, antes de
1983, ao en el que se introdujo el delito continuado en la
legislacin penal, ese delito era una construccin jurdica, obra de
la jurisprudencia y no de la ley; que fue criticada ampliamente por
muchos autores, por vulnerar el principio de legalidad y porque en
muchos casos era aplicada en malam partem; es decir, contra el
imputado o procesado, agravndole las penas o limitando su acceso al
beneficio de la prescripcin, debido a que el cmputo de la misma era
realizado desde el ltimo hecho cometido, obviando el tiempo
transcurrido entre la primera accin y la ltima.En Bolivia, el
delito continuado no est previsto en nuestras leyes penales, pues
el Cdigo de Procedimiento Penal, como se seal precedentemente, solo
hace referencia, de manera indirecta, a los delitos instantneos y
los permanentes; consecuentemente, en virtud al principio de
legalidad (); no puede aceptarse la construccin jurisprudencial de
este delito, y menos que ese entendimiento sea aplicado contra el
imputado. En tal sentido, una pluralidad de infracciones, slo puede
unificarse cuando as lo dispone la ley (por ejemplo, el concurso
real previsto en el art. 45 del CP) y, ante su silencio, la
autoridad judicial, como intrprete, debe penarlas de manera
individual.Dicho ello y teniendo en cuenta, la clasificacin de
delitos realizada por la doctrina y jurisprudencia, corresponde a
continuacin verificar en cul de ellos se encuentra inmerso el
delito de estafa; fin para el cual, se pasar a revisar la normativa
legal y la jurisprudencia desarrollada por el extinto Tribunal
Constitucional, con relacin al tema en cuestin.En ese contexto, se
debe partir de lo estipulado por el art. 335 del Cdigo Penal (CP)
que configura la estafa de la siguiente manera: El que con la
intencin de obtener para s o un tercero un beneficio econmico
indebido, mediante engaos o artificios provoque o fortalezca error
en otro que motive la realizacin de un acto de disposicin
patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, ser
sancionado con reclusin de uno (1) a cinco (5) aos y con multa de
sesenta (60) a doscientos (200) das.A su vez, el art. 29 inc. 2)
del CPP, en relacin a la prescripcin de la accin penal, seala que:
La accin penal prescribe: 2) En cinco aos, para los ( delitos ) que
tengan sealada una pena privativa de libertad cuyo mximo legal sea
menor de seis y mayor de dos aos; y, el art. 30 del CPP referido al
cmputo del trmino de la prescripcin, establece que: El trmino de la
prescripcin empezar a correr desde la media noche del da en que se
cometi el delito o en que ces su consumacin.En ese orden, la ya
citada SC 0190/2007-R, ms adelante seal que: la estafa es un delito
instantneo, pues se consuma en el momento en el que el sujeto
pasivo realiza el acto de disposicin patrimonial, sin que su
consumacin se prolongue en el tiempo. Lo mismo sucede con el delito
de estelionato, que se consuma en el momento en el que el sujeto
activo vende o grava como bienes libres los que fueren litigiosos o
estuvieren embargados o gravados, o cuando vende, grava o arrienda,
como propios los bienes ajenos.Consecuentemente, la prescripcin de
ambos delitos (refirindose a la estafa y estelionato) debe empezar
a computarse desde la media noche del da en que fueron cometidos,
conforme a la regla contenida en el art. 30 del CPP, y si bien,
esta conducta podra repetirse en el tiempo y en similar ocasin, no
es posible unificar esas acciones para configurar,
jurisprudencialmente, el delito continuado, y computar, desde la
ltima accin, el trmino de prescripcin; pues, se reitera, al hacerlo
se vulnerara el principio de legalidad como garanta de la seguridad
jurdica.Lo anotado precedentemente, no impide que el sujeto activo,
por las nuevas acciones cometidas, si es que lo ameritan, sea
sometido a juicio y, luego, a sancin penal; toda vez que, para esas
nuevas acciones, el trmino de la prescripcin ser computado desde la
media noche del da en que se cometieron.En sntesis, la estafa es un
delito instantneo porque la accin coincide con el momento de
consumacin del hecho delictivo; esto es, desde que el sujeto pasivo
realiz el acto de disposicin patrimonial, sin que su realizacin se
prolongue en el tiempo, y la prescripcin empieza a computarse,
conforme establece el art. 30 del CPP, desde la media noche en que
se la cometi.III.4. Anlisis del caso concretoEn la especie, la
accionante refiere que dentro del proceso penal iniciado en su
contra por la presunta comisin del delito de estafa, plante
excepcin de extincin de la accin por prescripcin, alegando haber
transcurrido ms de cinco aos desde el ltimo pago realizado el 11 de
agosto de 2006, con cargo a un documento privado de transferencia
de la tercera parte del Gabinete de Fisioterapia y Rehabilitacin
Fisiocruz, suscrito con la acusadora particular el 11 de mayo del
mismo ao.Excepcin que se declar probada por Auto Definitivo 247 de
30 de agosto de 2011, por el Juez de Sentencia Penal del Tribunal
Departamental de Justicia de Santa Cruz; autoridad que entre sus
argumentaciones sostuvo que el delito de estafa se encuentra
definido por la jurisprudencia constitucional como instantneo, y
que se entiende consumado cuando se produce la disposicin
patrimonial, la que viene asociada al error y principalmente al
engao, que en todo caso, resultan ser elementos coetneos y no media
un tiempo apreciable que los separe el uno del otro; agregando que
el cmputo de la misma se inicia desde la media noche del da
siguiente en que se consum el hecho, por tanto, en el delito de
estafa se debe identificar cundo se produjo la disposicin
patrimonial; que en la especie, sera el 11 de mayo de 2006, cuando
se celebr el contrato de transferencia de las acciones de Fisiocruz
y se realiz la mayor entrega de dinero y que los dems pagos fueron
efectivizados al poco tiempo de la celebracin del documento, por
cuanto de igual manera estn dentro del trmino de la
prescripcin.Asimismo, seal que el nico motivo que interrumpe la
prescripcin es la declaratoria de rebelda y de ninguna manera puede
hacerlo el inicio de la accin penal, conforme se entendi en la SC
0101/2006-R, que cita entre otras, a las SSCC 0187/2004-R y
1214/2004-R.Contra la citada Resolucin, el 19 de octubre siguiente,
la parte acusadora interpuso recurso de apelacin incidental,
resuelto por Auto de Vista 9 de 7 de febrero de 2012, mediante el
cual, la Sala Penal Segunda del precitado Tribunal Departamental,
revoc el Auto Definitivo 247, disponiendo la continuidad del
proceso, bajo el argumento que la presunta comisin del delito de
estafa se habra consumado y dado a conocer a la luz pblica el 19 de
abril de 2010, cuando el querellante vio una publicacin en el
peridico El Deber que ofreca la venta de los equipos de
fisioterapia como si fuera de propiedad de la imputada, fecha en la
cual, sent la denuncia ante la FELCC y desde cuando, a su criterio,
empezara a correr el cmputo para la prescripcin, toda vez que el
documento privado de compraventa por s solo no configuraba el
delito (sic).III.4.1. Con relacin a la interpretacin de la
legalidad ordinariaDados as los antecedentes, antes de ingresar al
anlisis del caso concreto, corresponde a este rgano de justicia
constitucional, verificar si la accionante, a tiempo de plantear su
demanda cumpli con los cnones establecidos por la jurisprudencia a
efectos de viabilizar que esta jurisdiccin ejerza el control sobre
la interpretacin de la legalidad ordinaria efectuada por los
Vocales demandados a tiempo de emitir el Auto de Vista 9, por el
que revocaron la decisin del a quo y determinaron la continuacin
del proceso penal contra la procesada.En ese orden, de la
fundamentacin contenida en el memorial presentado por la
accionante, se constata que denuncia una grosera y arbitraria
interpretacin del art. 335 del CP, con relacin al art. 30 del CPP,
y que vulnera abiertamente sus derechos y garantas constitucionales
al debido proceso en su vertiente a la correcta y debida
fundamentacin, consagrado por el art. 115 de la CPE, as como los
principios de seguridad jurdica y legalidad por cuanto, al ser la
estafa un delito instantneo, sta se consuma en el momento en que el
sujeto activ mediante ardid, artificio o engao, provoc o fortaleci
el error en el sujeto pasivo, lo cual determinara la realizacin del
acto de desplazamiento patrimonial, momento en que el caso de autos
corresponde al 11 de agosto de 2006, cuando se efectu el ltimo pago
con cargo al documento de transferencia de acciones de 11 de mayo
de 2006, base que la accin que se le sigue.Agrega que los Vocales
demandados realizaron una interpretacin errnea de las normas
citadas, porque establecieron que el momento de la presunta
consumacin del delito de estafa sera el 19 de abril de 2010; es
decir, cuatro aos despus de realizarse el ltimo desplazamiento
patrimonial, cuando la acusadora tom conocimiento de la publicacin
del peridico. Por lo que, seala que la interpretacin realizada fue
diametralmente opuesta a la constitucional y carente de
razonabilidad.Los extremos descritos precedentemente demuestran que
la actora cumpli con los requisitos bsicos para que este Tribunal,
de manera excepcional, pueda efectuar la labor de verificacin de la
interpretacin de la legalidad ordinaria; por lo que, en mrito a
esos antecedentes, corresponde a continuacin ingresar al anlisis de
la problemtica en el presente caso.III.4.2. Anlisis de
fondoEstablecidos los antecedentes fcticos, el marco normativo
aplicable al caso, as como la jurisprudencia glosada
precedentemente, se evidencia que al ser la estafa un delito
instantneo, se consuma en el momento en que el sujeto activo,
mediante ardid artificio o engao, provoca o fortalece error en el
sujeto pasivo, lo cual se determina con la realizacin del acto de
desplazamiento patrimonial; momento que en la especie corresponde
al 11 de agosto de 2006, cuando se realiz el ltimo pago con cargo
al documento de transferencia de acciones de 11 de mayo de 2006,
base de la accin; en consecuencia, se evidencia que a tiempo de la
interposicin de la excepcin de prescripcin, esto es el 22 de agosto
de 2011, transcurrieron ms de los cinco aos que el Cdigo de
Procedimiento Penal establece como trmino de la prescripcin, de
acuerdo al quantum de la pena privativa de libertad establecida
para el delito acusado.Bajo dicho razonamiento, de manera correcta,
el Juez de Sentencia Penal a cargo del proceso, declar probada la
excepcin opuesta, disponiendo el consiguiente archivo de obrados;
criterio que posteriormente, en recurso de apelacin, fue revocado
por los Vocales ahora demandados, integrantes de la Sala Penal
Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz,
autoridades que si bien determinaron que la estafa es un delito de
carcter instantneo, y glosan la lnea jurisprudencial aplicable al
caso; sin embargo, a tiempo de subsumir los hechos a la figura
penal, establecen criterios de interpretacin alejados de la
realidad jurdica, sealando que: se evidencia que la presunta
comisin del delito de estafa que se acusa a la imputada Rosa Ftima
Cullar Mendoza, se habra consumado y dado a conocer a la luz pblica
el 19 de abril de 2010 cuando la querellante v una publicacin en el
peridico El Deber, en la pgina de clasificados que ofrecan la venta
de los equipos de fisioterapia como si fuera de propiedad de la
imputada () toda vez que el documento privado de compraventa por s
solo no configuraba el delito hasta que la imputada lo ofrece en
venta a otras personas en forma pbica, entonces el cmputo de la
prescripcin en este caso empieza a correr a partir del 19 de abril
de 2.010 cuando la querellante sienta denuncia formal ante la FELCC
por el delito de estafa(sic).En ese marco, sin duda, el criterio
empleado para establecer el inicio del cmputo en la fecha de
publicacin del anuncio en el matutino, se funda en la doctrina
elaborada para los delitos continuados, no obstante de haber
revisado previamente, la aplicable al caso conforme a nuestra
legislacin penal; sin embargo, se la emple para rechazar la
excepcin, pues al tratarse de un delito instantneo, el momento de
su consumacin coincide con el de la ltima efectivizacin del pago
estipulado en el contrato, no existiendo por tanto, una extensin o
permanencia en dicha consumacin, como interpretaron las autoridades
demandadas.Consecuentemente, los Vocales demandados al emitir el
impugnado Auto de Vista 9 y revocar la decisin del inferior, sin
soslayar que la misma no implicaba privacin de derechos
fundamentales y garantas constitucionales de las partes, se
apartaron de las normas legales citadas que rigen la materia, lo
que constituye un acto ilegal que lesiona el derecho alegado como
vulnerado e infringe los principios a la seguridad jurdica y
legalidad, por no haber enmarcado sus actos y realizado una
adecuada interpretacin de la legalidad ordinaria conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurdico vigente, y por tanto,
corresponde otorgar la tutela prevista por el art. 128 del CPE.Por
lo sealado precedentemente, la situacin planteada se encuentra
dentro de las previsiones y alcances de la accin de amparo
constitucional, por lo que el Tribunal de garantas, al haber
concedido la tutela solicitada, efectu una adecuada compulsa de los
antecedentes procesales y dado una correcta aplicacin a esta accin
tutelar.POR TANTO El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su
Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la
Constitucin Poltica del Estado Plurinacional de Bolivia, y el art.
12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en
revisin, resuelve: CONFIRMAR la Resolucin 179 de 12 de noviembre de
2012, cursante de fs. 274 vta. a 276 vta., pronunciada por la Sala
Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz;
y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos
trminos que lo hizo el Tribunal de garantas; es decir, disponiendo
la nulidad del Auto de Vista 9 de 7 de febrero de 2012, dictado por
las autoridades demandadas, debiendo las mismas dictar nuevo fallo,
conforme a los lineamientos establecidos en la presente Sentencia
Constitucional Plurinacional.Regstrese, notifquese y publquese en
la Gaceta Constitucional Plurinacional.Fdo. Dra. Ligia Mnica
Velsquez Castaos MAGISTRADAFdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martnez
MAGISTRADA
