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Senado 23 y 24 de mayo 2017 Congreso responde a la sentencia contra el fast track por parte de la Corte Constitucional, y deja a una firma la disminución de los aportes de los pensionados a salud. Para entrar en actividades del congreso esta semana los integrantes del Congreso respondieron al sorpresivo fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track, resaltando que en el Senado la paz sigue siendo un tema prioritario y que con Fast track 0 sin él, el Congreso tiene el deber de cumplirle al Acuerdo de Paz ya su implementación, fueron las palabras del hoy presidente de la corporación, Mauricio Lizcano. Sustentando sus palabras el organismo procedió a establecer la aprobación de dos proyectos, uno de ellos el de los recursos para financiar la paz. Y es que la decisión de la Corte golpeó drásticamente la columna del Fast track ya que fue creado, justamente, para acortar el tiempo de la aprobación de las leyes del Acuerdo de Paz. La Corte Constitucional en su fallo tumbó la votación de los proyectos en bloque y le quitó facultades al Gobierno para avalar las modificaciones. Ante ese panorama y la incertidumbre creada por el fallo del tribunal sobre el futuro de Asimismo, el presidente del Senado instó al Gobierno para que agilice el envío de los proyectos y así poder cumplir con el cronograma de los acuerdos de manera pronta y eficiente. Siguiendo con sus actividades la plenaria aprobó el Proyecto de Ley que reglamenta una reducción en los aportes a salud de los pensionados con mesadas hasta de cuatro salarios mínimos. En consecuencia, el 70% de los jubilados del país pasarían a pagar el 4% y no el 12% al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), de este modo el mismo solo aguarda la sanción presidencial, dicho proyecto tiene como fundamento que los pensionados no reciben pagos adicionales relacionados a las primas, ni cesantías, ni vacaciones y que el incremento de sus sueldos, aún se ajusta de acuerdo al índice de precios al consumidor, IPC, es decir, por debajo del aumento ordinario del salario mínimo, que suele decretar el gobierno nacional. Aunque el mismo está a una firma de ser ley, el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Andrés Escobar, se pronunció de manera negativa ante este proyecto asegurando que el mismo está viciado por cuanto no tiene el aval del Gobierno Nacional. Según el funcionario, la iniciativa tampoco aclara la fuente de su financiación, pues la disminución del tributo o parañscal costaría 2.5 billones de pesos anuales.

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Senado 23 y 24 de mayo 2017

Congreso responde a la sentencia contra el fast track por parte de laCorte Constitucional, y deja a una firma la disminución de los aportes

de los pensionados a salud.

Para entrar en actividades del congreso esta semana los integrantes del Congreso

respondieron al sorpresivo fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track,

resaltando que en el Senado la paz sigue siendo un tema prioritario y que con Fast

track 0 sin él, el Congreso tiene el deber de cumplirle al Acuerdo de Paz y a su

implementación, fueron las palabras del hoy presidente de la corporación, Mauricio

Lizcano. Sustentando sus palabras el organismo procedió a establecer la aprobación

de dos proyectos, uno de ellos el de los recursos para financiar la paz. Y es que la

decisión de la Corte golpeó drásticamente la columna del Fast track ya que fue creado,

justamente, para acortar el tiempo de la aprobación de las leyes del Acuerdo de Paz.

La Corte Constitucional en su fallo tumbó la votación de los proyectos en bloque y lequitó facultades al Gobierno para avalar las modificaciones. Ante ese panorama y la

incertidumbre creada por el fallo del tribunal sobre el futuro de Asimismo, el presidente

del Senado instó al Gobierno para que agilice el envío de los proyectos y así poder

cumplir con el cronograma de los acuerdos de manera pronta y eficiente.

Siguiendo con sus actividades la plenaria aprobó el Proyecto de Ley que reglamenta

una reducción en los aportes a salud de los pensionados con mesadas hasta de cuatrosalarios mínimos. En consecuencia, el 70% de los jubilados del país pasarían a pagar

el 4% y no el 12% al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), de este

modo el mismo solo aguarda la sanción presidencial,

dicho proyecto tiene como fundamento que los pensionados no reciben pagos

adicionales relacionados a las primas, ni cesantías, ni vacaciones y que el incremento

de sus sueldos, aún se ajusta de acuerdo al índice de precios al consumidor, IPC, es

decir, por debajo del aumento ordinario del salario mínimo, que suele decretar el

gobierno nacional.

Aunque el mismo está a una firma de ser ley, el viceministro técnico del Ministerio de

Hacienda y Crédito Público, Andrés Escobar, se pronunció de manera negativa ante

este proyecto asegurando que el mismo está viciado por cuanto no tiene el aval delGobierno Nacional. Según el funcionario, la iniciativa tampoco aclara la fuente de su

financiación, pues la disminución del tributo o parañscal costaría 2.5 billones de pesos

anuales.

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En la Comisión Séptima se aprobó en tercer debate, el proyecto que busca recortar en

una hora la jornada diurna, la cual estaría comprendida entre las 6 a.m. y las 9 p.m. y

no entre las 6 a.m. y las 10 p.m. como se aplica, desde el año 2002. El consenso de la

célula legislativa consiste en devolverles a los trabajadores el reconocimiento de una

hora de recargo nocturno, al considerar que la jornada nocturna deberá iniciar a las 9

p.m. y no a las 10 p.m. como lo reglamentó la ley 789 de 2002. En otras palabras, de

llegar a convertir en Ley de la República, los trabajadores colombianos, especialmente

quienes trabajan de noche como los vigilantes, tendrían derecho al pago de recargo

nocturno, a partir de las 9 p.m. y no a partir desde las 10 p.m. como está legislado.

A un vigilante, una hora adicional de pago de recargo nocturno le representa un ingreso

entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales.

En otros temas de conocimiento nacional algunos senadores presentaron una

intervención con el fin de buscar una solución al para cívico en Buenaventura, dentro

de las ideas para solucionar dicha situación nació una propuesta de formalizar a 985

trabajadores a través de contratos directos e indefinidos, solo de la Sociedad Portuaria

de Buenaventura — SPB, pues el análisis en que se basa su propuesta tomó como

muestra dicho puerto por ser el más grande. Otros senadores declararon que el

problema fundamental que está afectando a los Bonaverenses, es la automatizaciónportuaria, lo cual, estableciéndolo como un hecho que ocurre a nivel mundial y que

desplaza la fuerza laboral. “Nos oponemos a la automatización o empezamos a

entender que Buenaventura tiene otros problemas que son críticos relacionado con las

cosas que debería gravitar entorno a una gran estructura portuaria”, resaltando que es

absurdo que un puerto, que tiene una participación entre el 25 y el 30 % del flujo de

carga que entra al país, "tenga una situación de cobertura social tan precaria en la

calidad de la educación, de la salud, soluciones de vivienda y solución de servicios

públicos domiciliarios.

Otro pronunciamiento hecho por parte de los senadores fue un llamado de atención a

las autoridades ambientales, al considerar que las mismas no han hecho especial

cuidado en la proliferación de la minería ilegal y los rellenos sanitarios que ya no danabasto, de este modo durante una discusión con presencia de las directivas del ANLA,

se puntualizó que el Gobierno se ha quedado corto para instaurar políticas que

combaten a los que promueven la minería ¡legal. Por su parte los senadores Jorge

Robledo y Nora Garcia denunciaron que el sistema de recolección de basuras "procede

con engaño ante los hogares Colombianos, porque se les pide reciclar pero el camión

recolector mezcla toda la basura sin tener en cuenta la selección que se hace en las

casas". Las críticas sobre la mala política ambiental también vinieron del senador

Ernesto Macías al recriminar la falta de diligencia del Gobierno para frenar el gran

volumen de residuos contaminantes que el departamento del Huila vierte al Río

Magdalena.

Ante las fuertes críticas las respuestas de la Directora del ANLA resultaron precarias y

poco convincentes debido a que de 36 investigaciones por irregularidades, solo se hasancionado con multas irrisorias a dos empresas. Por su parte el ministro de Ambiente,

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Luis Gilberto Murillo, aclaró que está prohibida la importación de basura y propuso

analizar las irregularidades de estas entidades en una mesa de trabajo donde participe

la Fiscalía General.