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1128-11280000112322800001001.dddJUICIO DE AMPARO 1508/2011-II
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V I S T O S, para resolver los autos del juicio de
amparo número 1508/2011-II; y
R E S U L T A N D O
PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado
el treinta de septiembre de dos mil once, en la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el
Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del
mismo nombre, **********solicitó el amparo y protección de la
Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a
continuación se indican:
“III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Presidente de
la República de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría
de Relaciones Exteriores, Director General de Delegaciones
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Sub Delegado
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estos dos últimos
con sede en este Estado de Aguascalientes,
Aguascalientes.
IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada
como responsable, la negativa de otorgarme mi pasaporte
con el nombre de **********, por parte del Delegado de
Relaciones Exteriores con sede en el Estado de
Aguascalientes, Aguascalientes (…).”
SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de octubre
de dos mil once, el Juez Primero de Distrito en el Estado de
Aguascalientes, a quien por razón de turno correspondió
conocer de la presente demanda, la admitió a trámite, ordenó
registrarla en el libro de gobierno con el número **********, dio
al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la
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intervención que legalmente le compete, solicitó el informe
justificado a las autoridades responsables y citó a las partes a
la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo el
veintiocho de noviembre de dos mil once1.
TERCERO. Radicación del asunto en el juzgado
auxiliar. En proveído de uno de diciembre de dos mil once,
dictado por este juzgador federal, se recibieron los autos que
conforman el juicio de amparo **********, acto continuo, se
ordenó radicar el asunto en este órgano auxiliar con el
número **********, y dictar en su momento la sentencia
constitucional correspondiente; y,
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de
Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con
residencia en Zacatecas, Zacatecas, resulta legalmente
competente para resolver el presente juicio de garantías, con
fundamento en lo previsto por los artículos 94, 103, fracción I
y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 36 y 114 de la Ley de Amparo; 48 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación
con los puntos Primero y Segundo del Acuerdo General
51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
relativo a la creación del aludido Centro Auxiliar, que
determina, además, la denominación, residencia,
competencia y domicilio de este órgano jurisdiccional;
asimismo con los puntos Primero y Tercero del diverso
Acuerdo General 52/2009, emitido por el propio cuerpo
colegiado, que establece el inicio de funciones; y con la 1 Foja 96.
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circular STCCNO/2883/2011, de veinticuatro de octubre de
dos mil once, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial,
Adscripción y Creación de Nuevos Órganos de la Comisión
de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura
Federal, por el que se comunica que este órgano
jurisdiccional apoyará a los Juzgados Primero y Tercero de
Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en el
ciudad del mismo nombre. Tal competencia deriva,
precisamente, de la circunstancia de que se está brindando
asistencia en el dictado de la resolución correspondiente al
primero de los anteriores órganos jurisdiccionales.
SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con
el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta
necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los
actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis sustentada
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la
jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad,
respectivamente de rubros: “ACTOS RECLAMADOS.
REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA
SENTENCIA DE AMPARO”2 y “ACTOS RECLAMADOS.
DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE
AMPARO PARA DETERMINARLOS” 3.
Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en
relación con las demás constancias de autos, se advierte que
la quejosa se duele esencialmente de:
* La resolución de nueve de septiembre de dos mil
once, emitida por el Delegado de la Secretaría de Relaciones
Exteriores en el Estado de Aguascalientes, respecto de la 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255. 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, página 227.
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solicitud al trámite y expedición del pasaporte mexicano a su
favor.
TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El
Presidente de la República de los Estados Unidos
Mexicanos4, la Secretaría de Relaciones Exteriores5, la
Directora General de Delegaciones6 y el Subdelegado7 de la
mencionada Secretaría, este último con sede en el Estado de
Aguascalientes, en su respectivo informe justificado negaron
la existencia del acto que se les reclama.
Por su parte, la quejosa no aportó prueba idónea para
desvirtuar dicha negativa, ya que el único documento que se
aprecia -en relación al acto reclamado- en el presente
sumario, es el oficio ********** suscrito por el Delegado de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en el Estado
de Aguascalientes, en el que da contestación a la solicitud
formulada por la quejosa respecto a la expedición de un
pasaporte -mismo que se analizará más adelante-; esto es,
no se advierte la participación de las diversas autoridades
señaladas como responsables en el acto que aquí se
controvierte.
Consecuentemente, al no existir el acto reclamado a las
autoridades responsables referidas inicialmente, y no existir
prueba que demuestre lo contrario se debe sobreseer el
presente juicio, por lo que hace a tales actos y autoridades; lo
anterior, con fundamento en el artículo 74 fracción IV, de la
Ley de Amparo.
4 Foja 75. 5 Foja 77. 6 Foja 79. 7 Foja 71.
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Sirve de apoyo a esta determinación, la jurisprudencia
284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación8, que establece:
INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS
ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables
niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no
desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los
términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de
Amparo.
CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto
el acto reclamado a la autoridad responsable Delegado de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en
Aguascalientes, pues así lo manifestó al rendir su informe
justificado9.
Además, así se desprende de las constancias que
allegó la quejosa al escrito inicial de demanda. Documentales
a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los
artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo,
conforme al numeral 2°.
En esas condiciones, el acto reclamado se tiene por
existente respecto de la autoridad en cita, en términos de la
jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de rubro y texto siguientes:
INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la
autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama,
debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a
8 Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, página 36. 9 Foja 58.
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examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese
acto.10
QUINTO. Análisis de causas de improcedencia.
Toda vez que las causales de improcedencia son de orden
público y pronunciamiento preferente, las invoquen o no las
partes, previamente al estudio de la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben
examinarse de acuerdo con lo establecido por el artículo 73,
último párrafo de la Ley de Amparo.
Respalda lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica:
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no,
debe examinarse previamente la procedencia del juicio de
amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio
de garantías. 11
En consecuencia, quien ahora resuelve estima en
concordancia con lo alegado por el Delegado de la Secretaría
de Relaciones Exteriores en Aguascalientes, que en el
presente caso se actualiza la causal de improcedencia que
refiere el artículo 73 fracción XVIII, en relación con el diverso
114 fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de los
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; ello, toda vez que el acto reclamado no es
definitivo para efectos del juicio de amparo.
10 Tesis 278, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 231. 4Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, tomo parte VIII, materia común, página 262. 11 Jurisprudencia 158, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Tomo parte VIII, Materia Común, página 262.
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Para una mayor comprensión del asunto, es menester
transcribir los preceptos legales y fracciones referidas; los
cuales son del tenor siguiente:
“Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
(…)
XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia
resulte de alguna disposición de la ley.
Las causas de improcedencia en su caso, deberán
ser examinadas de oficio.”
Por su parte, el artículo 114, fracción II, de la Ley de
Amparo, dispone:
“El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:
(...)
II. Contra actos que no provengan de tribunales
judiciales, administrativos o del trabajo.
En estos casos, cuando el acto reclamado emane de
un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo
podrá promoverse contra la resolución definitiva por
violaciones cometidas en la misma resolución o durante el
procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere
quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos
que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo
sea promovido por persona extraña a la controversia.
(…)”.
De lo anterior, se advierte que en contra de actos que
no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del
trabajo y emanen de un procedimiento seguido en forma de
juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución
definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o
durante el procedimiento; estimándose, que por
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“procedimiento en forma de juicio” deben entenderse, con
amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad
decide una controversia entre partes contendientes, sino
también todos aquellos procedimientos en que la autoridad,
frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución
definitiva, aunque sólo sea para cumplir con la garantía de
audiencia.
En efecto, la procedencia del juicio de amparo, exige
que el acto de autoridad reclamado sea definitivo; lo cual, en
el presente caso, se estima no contiene dicha característica
el oficio número **********, emitido por el Delegado encargado
de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Aguascalientes,
el nueve de septiembre de dos mil once, puesto que, tal y
como advertirá a continuación, es sólo la contestación inicial
a la solicitud de pasaporte efectuada por la parte quejosa el
quince de marzo de ese mismo año.
En ese sentido, para tener una mejor intelección del
problema jurídico planteado, es menester narrar brevemente
los antecedentes que forman el acto de estudio, los cuales se
pueden apreciar de las documentales allegadas por la parte
quejosa a la demanda génesis del presente sumario, de las
cuales se desprende lo siguiente:
1. Mediante escrito de quince de marzo de dos mil
once, la quejosa ocurrió ante el Delegado de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, con sede en el Estado de
Aguascalientes, a fin de solicitar la expedición de un
pasaporte a su favor.
2. Después, por ocursos de veintiocho de marzo y
diecinueve de abril siguientes, la impetrante aclaró diversos
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puntos de su escrito inicial -sustancialmente del nombre que
aparece en su acta de nacimiento con el diverso que aparece
en los anteriores pasaportes que se le habían expedido
anteriormente-.
3. Como consecuencia a dicha petición, el Delegado de
la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de
Aguascalientes, proveyó, en lo aquí interesa, lo siguiente:
“El artículo 10 del Reglamento de Pasaportes
publicado en el Diario Oficial de la Federación en día 9 de
enero de 2002, establece que uno de los requisitos para el
trámite de pasaportes es la presentación de una acta de
nacimiento certificada por el Registro Civil. En ese tenor,
usted presentó un acta de nacimiento con el nombre de
María Teresa Oropeza Martínez, misma que contiene una
anotación marginal que a la letra dice:
“El Juzgado Segundo de lo Civil y de Hda. de esta
capital en su oficio num. ********** de hoy transcribe los
puntos resolutivos dictados en diligencias **********
trasmitidas por el señor ********** las cuales en la parte
conducente son como siguen: PRIMERO. Se declara que
**********, nacida en esta ciudad el día doce de septiembre
de mil novecientos cincuenta y tres, hija de los señores
********** y **********, ha sido conocida con el nombre de
**********.- SEGUNDO.- Gírese atento oficio al Of. al C. Of.
Del Reg. Civil de esta capital, a efecto de que se anote en
el sentido indicado en el punto resolutivo anterior el acta
de nacimiento número ********** del Libro No. ********** a
fojas compendio al año de ********** de la oficina a su
digno cargo. Doy fe: Aguascalientes, Ags. 8 de abril de
1968.- El Oficial del Registro Civil: **********.- Rúbrica.”
Al respecto, es importante mencionar que el artículo
133 del Código Civil del Estado de Aguascalientes establece
que: “No será permitido a persona alguna cambiar su
nombre, modificando el registro de su nacimiento, pero si
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alguien hubiere sido conocido con nombre diferente al que
aparece en su registro, declarado este hecho mediante
información testimonial en diligencias de jurisdicción
voluntaria con intervención del Ministerio Público, se
asentará la anotación marginal correspondiente en el
referido registro en tal sentido.”
Del análisis de dicho artículo se desprende que la
legislación civil del Estado de Aguascalientes no permite a
persona alguna cambiar su nombre modificando el registro
de nacimiento y que la anotación marginal que indica que
una persona ha sido cocida con nombre distinto al que
aparece en su registro sólo tiene efectos declarativos.
En virtud de la anterior, considerando que esta
Delegación no cuenta con facultades para interpretar
disposiciones de naturaleza civil, se hace necesario a la
autoridad competente, esto es, al Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Aguascalientes, precisar el alcance
legal de la nota marginal en relación con lo dispuesto en el
artículo 133 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.
Lo anterior, servirá como sustento para determinar el
nombre que deberá asentarse en el pasaporte solicitado por
Usted, considerando que dicho documento acredita
nacionalidad e identidad de conformidad con el artículo 2
fracción V del Reglamento de Pasaportes y del documento
de identidad y viaje.
(…)”.
De lo antes transcrito, se tiene que el oficio impugnado
es sólo el inicio del procedimiento relativo a la expedición del
pasaporte solicitado, lo que conduce a razonar que en ese no
se resuelve en definitiva lo peticionado; es decir, la autoridad
responsable en ningún momento negó la expedición del
pasaporte solicitado. Lo anterior, se corrobora con la lectura
de los últimos dos párrafos del oficio en análisis.
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Bajo tales premisas, es claro que tal acuerdo sólo
constituye un acto de mero trámite para la inicialización de un
procedimiento respecto de la solicitud del pasaporte que
solicitó por la aquí quejosa; revistiéndole entonces, el
carácter de acto de trámite que sirve de base a la autoridad
competente, para emitir sus resoluciones dentro del
procedimiento administrativo respectivo, el cual, una vez
resuelto en definitiva determinaran la factibilidad o
imposibilidad de otorgar a la aquí quejosa en pasaporte en
los términos que lo solicitó –particularmente el nombre que
deberá contener el mismo-.
Encuentra aplicación al tópico, la jurisprudencia número
2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación12, de rubro y texto
que literalmente rezan:
PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS
POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II,
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU
CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE
LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE
PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS
MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU
RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL
PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose
de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con
algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo
procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual
cabe alegar tanto violaciones de fondo como de
procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar
12 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Abril de 2003, Página 196.
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la protección de las garantías constitucionales del
gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de
las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que
dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los
procedimientos de ejecución y en los procedimientos de
remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114,
fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el
segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado
de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades
distintas de tribunales judiciales, administrativos o del
trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el
amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva,
debe interpretarse de manera amplia la expresión
procedimiento en forma de juicio, comprendiendo aquellos
en que la autoridad dirime una controversia entre partes
contendientes, así como todos los procedimientos en que la
autoridad, frente al particular, prepara su resolución
definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la
garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman
actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse
la misma regla, conclusión que es acorde con la
interpretación literal de dicho párrafo.”
En esa tesitura, debe estimarse que el acuerdo de
nueve de septiembre de dos mil once que emitió el Delegado
encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores con
sede en Aguascalientes, en atención a la petición de la
expedición del pasaporte que la quejosa solicitó, no es un
acto definitivo para la procedencia del juicio de amparo, sino
que sólo constituye un acto que forma parte de las etapas de
un procedimiento administrativo (en este caso, el inicio); por
lo cual, al no constituir una resolución definitiva, el presente
juicio de amparo deviene improcedente.
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Entonces, por los razonamientos expuestos, con
fundamento en los artículos 73 fracción XVIII, en relación con
el 114 fracción II y 74 fracción III, de la Ley de Amparo, lo
procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio
de garantías.
Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE:
ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de garantías
promovido por **********, que promovió contra el acto
precisado en el considerando segundo de este fallo, atribuido
a las autoridades a que se hizo referencia en los
considerandos tercero y quinto del mismo, por las razones
ahí contenidas.
Notifíquese por conducto del juzgado de origen; dese
de alta en el módulo de sentencias contenido en el sistema
integral de seguimiento de expedientes; remítase este
expediente que contiene la sentencia dictada y envíese esta
última de manera electrónica al juzgado auxiliado, todo lo
anterior en acatamiento del punto quinto, arábigos 6 y 7 del
Acuerdo General 51/2009, del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la
Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, así
como los órganos auxiliares que lo integrarán, en relación a la
circular CAR06/CCNO/2011 de la Comisión de Creación de
Nuevos Órganos del citado órgano colegiado.
Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera,
Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena
Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, quien actúa
con el licenciado Miguel Ángel Cruz Quero, Secretario que
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autoriza, en catorce de diciembre de dos mil once, en que lo
permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
