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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Dentro de las investigaciones que sustentan este estudio, se
encuentraÁvila y Orozco (2010) con su análisis Asistencia Electoral y
Democratización Latinoamericana, asegura que en los últimos treinta años
América Latina se sumó al proceso global de democratización. Entre 1978 y
2008, los diecinueve países de la región (exceptuando los países de El
Caribe) han sufrido importantes cambios en sus estructuras y contextos
políticos.
Aunque la mayoría de estos países transitó de regímenes político
militares a regímenes político civiles algunos eran regímenes político civiles
no democráticos que cambiaron a formas de gobierno más democráticas.
Estas, sin embargo, se enfrentan a varios riesgos que amenazan con
socavar algunos de sus fundamentos básicos, tales como la democracia
representativa y elecciones libres y justas.
En este documento se plasma la experiencia democrática electoral en
América Latina, focalizada en particular en la dimensión institucional de ese
desarrollo y en el efecto de la cooperación internacional, particularmente de
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la Unión Europea (UE). Se apuntan una serie de recomendaciones de
política diseñadas para incrementar la posición e impacto de la UE. A
manera de conclusión, afirma que la cooperación internacional entre la UE y
América Latina, a lo largo de los últimos lustros, ha incidido positivamente en
los procesos de democratización en la región. Sin embargo, a pesar de que
dichos procesos han avanzado, también han emergido nuevas y viejas
contradicciones y paradojas.
Estas deben ser superadas con apoyo y cooperación. En su modalidad
optimizada, esto hará una efectiva contribución al desarrollo de democracias
electorales estables. Hay cuatro aspectos clave que atender, renovar las
bases de confianza en la relaciones entre la UE y América Latina, reevaluar
el estado actual del proceso de desarrollo democrático en la región, sus
subregiones y en países específicos, así como llevar a cabo un proceso de
reflexión dentro de la UE conjuntamente con los países latinoamericanos,
para renovar el compromiso democrático así, como los conceptos, las
estrategias y los métodos de la cooperación, en particular en el rubro de la
asistencia electoral.
Deben fijarse líneas generales para la cooperación, pero asegurarse de
crear e implementar instrumentos eficaces y mecanismos proactivos y
reactivos para enfrentar cualquier contingencia que amenace la construcción
democrática de largo plazo y por último posicionar de manera más visible a la
UE en América Latina, operando mediante formatos más flexibles y ágiles
para aprovechar los recursos y las capacidades instituciona les legados por la
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política de democratización establecida en los últimos lustros.
La UE se encuentra en una posición de incrementar su presencia e
incidencia en los procesos de democratización de América Latina. Este
documento recomienda: (a) fortalecer la base de confianza en las relaciones
con los países de América Latina; (b) adoptar la concepción y los contenidos
de la asistencia electoral internacional en conformidad con las realidades
contextuales de las regiones y los países latinoamericanos; (c) combinar la
formulación y aplicación de estrategias generales de consolidación y
democratización con políticas e intervenciones específicas y concretas en el
ámbito de los sistemas y procesos electorales.
Y finalmente (d) posicionarse política e institucionalmente de manera
flexible para interactuar en diversos formatos multilaterales y bilaterales e
impulsar y complementar sus estrategias, políticas y programas con
instituciones, organizaciones, agencias y actores que compartan intereses y
finalidades similares en los países y las regiones de América Latina.Con
respecto a este antecedente se plasma la experiencia democrática electoral
en América Latina, focalizada en particular en la cooperación internacional
para el proceso de la misma, sustentando teóricamente la categoría y
subcategoría de la investigación en desarrollo.
De igual forma, laSecretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (SG/OEA, 2008) presenta los Criterios para la Observación
Electoral: Un Manual para las Misiones de Observación Electoral de la
OEA,la misma contiene la metodología de la OEA para observar elecciones
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y toma como punto de partida una definición del concepto de elecciones
democráticas que incluye los derechosfundamentales consagrados en los
instrumentos legales del SistemaInteramericano. El concepto de elecciones
democráticas se definede tal manera que las elecciones se consideran
democráticas cuandocumplen con cuatro condiciones básicas.
En primer lugar, laselecciones deben ser inclusivas, es decir, todos los
ciudadanos debenestar efectivamente capacitados para ejercer su derecho al
voto enel proceso electoral. En segundo lugar, las elecciones deben
serlimpias, o en otras palabras, las preferencias de los votantes
debenrespetarse y registrarse fidedignamente. En tercer lugar, las elecciones
deben ser competitivas, es decir, que se debe brindar al electorado opciones
imparciales entre las alternativas.
Por último, los principales cargos públicos deben obtenerse mediante
elecciones periódicas, y los resultados expresados por los ciudadanos
mediante el sufragio deben ser irreversibles. En suma, las elecciones son
democráticas cuando son inclusivas, limpias y competitivas, y constituyen el
medio de acceso a los altos cargos públicos.
Esta definición tan concisa puede aclararse explicando lo que abarca
cada uno de estos cuatro atributos conceptuales clave: elecciones inclusivas,
elecciones limpias, elecciones libres y cargospúblicos electivos. Respecto de
las elecciones inclusivas, esimportante que se reconozca legalmente el
derecho al sufragiouniversal y secreto, y se permita ejercer adecuadamente
el sufragioen la práctica. En cuanto a las elecciones limpias, el tema clave
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esque se asegure la integridad de las preferencias de los votantes y
seregistren estas preferencias de forma fidedigna.
Respecto de laselecciones competitivas, se rescata que los ciudadanos
tengan elderecho a postularse como candidatos para cargos públicos
ypuedan competir sin temer por su integridad física y en un contexto en que
reine la igualdad de oportunidades, y en el cual se respeten los derechos
básicos como la libertad de prensa, el libre acceso a la información, y la
libertad de asociación, reunión, expresión ymovimiento. Por último, en cuanto
al atributo de cargos públicos electivos, es esencial que todos los principales
cargos públicos se obtengan mediante elecciones periódicas cuyos
resultados electorales sean irreversibles
Como conclusión, la metodología delineada en este manual responde a
la exigencia de que las misiones de observación electoral (MOEs) de la OEA
se realicen de forma “objetiva, imparcial y trasparente” (Art. 24, Carta
Democrática Interamericana). Su objetivo es contribuir a sistematizar las
prácticas de la observación electoral, así como estandarizar la información
que recopila cada MOE. Los productos de esta metodología proveen
insumos cualitativos y cuantitativos para que la Organización pueda elaborar
un informe final basado en observaciones de primera mano, a la vez que
sistematiza y estandariza su labor.
En otras palabras, estos productos brindan una base metódica y precisa
para evaluar un proceso electoral en su conjunto, para identificar sus
fortalezas y debilidades, y para elaborar recomendaciones. En suma, los
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métodos presentados en este manual buscan contribuir a la
profesionalización y a la estandarización de la observación electoral, así
como robustecer la credibilidad de la labor que desarrolla la OEA en
observación electoral en las Américas.
En razón a lo expuesto en párrafos anteriores se consideran
importantes estos antecedentes, pues los mismos expresan claramente,los
Criterios para la Observación Electoral plasmada en el Manual para las
Misiones de Observación Electoral de la OEA, la cual contiene, la
metodología de estas para observar elecciones, siendo relevante en el
análisis de los mecanismos de observación internacional.
Asimismo, Ortega y Morata (2008) en su investigación Los sistemas
Electorales y Gobernabilidad en América Latina, cuyo propósito fue analizar
120 elecciones nacionales (legislativas y presidenciales) celebradas en 15
países latinoamericanos en el período 1990-2008, destaca que, los sistemas
electorales son definidos en términos de tres propiedades fundamentales: el
tamaño de la Asamblea, estructura de las circunscripciones y fórmula
electoral.
Adicionalmente se han considerado las relaciones entre elecciones
presidenciales y parlamentarias. Los resultados muestran el alcance limitado
de las previsiones electorales sobre la gobernabilidad del sistema. En este
sentido, las dos dimensiones más importantes de los sistemas electorales
utilizados en América Latina, con consecuencias significativas sobre el grado
de fragmentación electoral y parlamentaria, la fórmula y la magnitud de los
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distritos, no han producido el efecto observado en otros países de
democracia estable.
Uno de los principales objetivos de este trabajo es estudiar las
relaciones entre sistemas electorales y gobernabilidad en América Latina.
Con este propósito hemos analizado 120 procesos electorales celebrados en
15 países latinoamericanos en el período 1990-2008. De las 120 elecciones
analizadas, 59 son presidenciales y 61 son legislativas.
En el estudio de las relaciones entre sistemas electorales y estabilidad
política se centraron en los efectos de los sistemas electorales sobre la
fragmentación electoral/parlamentaria y frecuencia de mayorías
parlamentarias. Con esta finalidad, los sistemas electorales han sido
definidos en términos de tres propiedades fundamentales: tamaño de la
Asamblea, número y magnitud de los distritos electorales y fórmula electoral
aplicada. Adicionalmente, se han considerado las relaciones entre elecciones
presidenciales y parlamentarias.
El análisis de la varianza factorial entre los elementos del sistema
electoral y los datos electorales ha demostrado que:
1. Hay diferencias significativas en el grado de fragmentación electoral
entre las elecciones legislativas y las presidenciales analizadas. De esta
forma, el número efectivo de partidos electorales tiende a ser menor en
elecciones presidenciales que en las parlamentarias. No obstante, el tipo de
consulta electoral apenas explica en 12,5 por ciento las variaciones
registradas en el número efectivo de partidos entre las dos clases de
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elecciones.
2. En elecciones presidenciales hemos encontrado diferencias
significativas en el grado de fragmentación electoral registrado en función de
la fórmula electoral empleada. El número efectivo de partidos electorales es
en términos generales mayor en los sistemas de mayoría absoluta, que en el
resto de modalidades electorales. El hecho de que las elecciones
presidenciales y las parlamentarias se celebren de forma simultánea o
separada, no tiene efecto significativo sobre la fragmentación electoral
registrada en elecciones presidenciales.
3. El número efectivo de partidos electorales y parlamentarios
registrado en las 61 elecciones parlamentarias analizadas fue en términos
medios de 4,31 y 3,43, respectivamente. De esta forma, los distintos
sistemas electorales aplicados tuvieron un efecto reductor sobre el número
de partidos con representación parlamentaria.
No obstante, el valor de los dos índices es bastante elevado en el
contexto de facilitar la estabilidad de los regímenes políticos analizados. Este
hecho se ve reflejado en la frecuencia de mayorías absolutas en el
Parlamento. De las 61 consultas analizadas, solamente en 39,3 por ciento de
los casos el partido de gobierno tiene el apoyo de la mayoría absoluta de los
miembros del Parlamento; en el 60,7 por ciento de los casos restantes se
dan situaciones de mayoría relativa.
Se analizó, luego, la contribución de los distintos componentes del
sistema electoral en la producción de estos resultados. De los distintos
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elementos considerados, las dos dimensiones más importantes de estos
sistemas con consecuencias significativas sobre la fragmentación electoral y
parlamentaria son, la fórmula electoral y la magnitud de los distritos.
No obstante, nuestro estudio sobre los efectos de estas dos variables
electorales contradice los resultados alcanzados en otros trabajos sobre
sistemas electorales y sistemas de partidos en países de democracia
estable. Así, en América Latina, cuanto más desproporcional es la fórmula
electoral, mayor es el grado de fragmentación electoral y parlamentaria. Del
mismo modo, no se observa una relación lineal entre magnitud de los
distritos y grado de fragmentación, ya sea parlamentaria o electoral en el
sentido de que, a mayor magnitud, mayor grado de fragmentación.
Un último resultado a destacar es el hecho de que, aunque en la
mayoría de los estudios en los cuales se ha analizado el impacto de la
organización del calendario de las elecciones presidenciales sobre el grado
de fragmentación electoral registrado en las consultas parlamentarias, han
encontrado una relación significativa entre las dos variables. Este trabajo
muestra que la simultaneidad o no de las elecciones presidenciales con las
parlamentarias no tiene efectos significativos sobre la fragmentación electoral
registrada en las segundas. De esta forma, en la década de los noventa las
elecciones presidenciales, consideradas tradicionalmente como las más
importantes, no ejercieron el típico efecto de "arrastre" sobre las consultas
parlamentarias.
La importancia de este antecedente analizado radica en que presenta
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una retrospectiva de lo que sucedía en los años ochenta y en la década de
los noventa en adelante , demostrando que los sistemas políticos analizados
se enfrentan a problemas de estabilidad derivados del hecho de que el
presidente del gobierno no cuenta con el respaldo unicolor de la mayoría
absoluta de los miembros del Parlamento. En este sentido, los sistemas
electorales utilizados en América Latina no han producido el efecto
observado en otros países de democracia estable, entre los que analiza a
México y Venezuela países que son objeto de este estudio.
Por su parte, Launay-Gama (2008) en su análisis sobre La organización
de una Misión de Observación Electoral Nacional e Internacional en las
Elecciones Presidenciales Colombianas, presenta por un lado una
experiencia de veeduría electoral que se desarrolló en mayo del 2006 en el
marco de las elecciones presidenciales en Colombia. Se refiere también, a
otras experiencias de veeduría y control ciudadano que se inscriben en el
marco legal de la Constitución de 1991.
Este autor analiza en qué medida los mecanismos de observación
veeduría y control ciudadano contribuyen a la legitimidad de las instituciones
democráticas, así considerando que la legitimidad institucional es una
condición necesaria para la gobernanza de un país, y que ella depende
también, de la percepción de la población sobre los procesos democráticos.
Para realizar su ejercicio de observación durante la jornada electoral del
28 de mayo, la misión optó por visitar varios puestos de votación en distintas
localidades del país. Se llevó a cabo una observación dentro y fuera de los
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puestos de votación, una observación del orden público en las ciudades y un
seguimiento del proceso de conteo en distintas mesas del puesto de votación
más importante de Bogotá (Corferías).
La información fue recopilada mediante tres formularios distintos: un
formulario de observación del ambiente general, uno de observación de los
puestos y las mesas de votación en la mañana y uno específico de
observación del cierre y el conteo de las votaciones. En Colombia, la práctica
de la veeduría es reciente.
En efecto hasta comienzos de los años 90, no existía una tradición de
veeduría ciudadana pues el sistema político colombiano ha sido un sistema
poco abierto a la intervención ciudadana. Sin embargo, la expedición de la
Constitución de 1991 y de sus desarrollos legislativos, han convertido la
veeduría en uno de los mecanismos fundamentales del control ciudadano de
la gestión de bienes y servicios públicos.
En primer lugar, es conveniente medir los niveles de independencia y
de transparencia de esos comités de veeduría. En general, esos comités
surgen por iniciativa ciudadana y actúan con una relativa autonomía con
respecto del Estado y la influencia de los partidos políticos. En esa medida
pudieron lograr una mayor transparencia en gestión local.
Sin embargo, una mayoría de tales comités es el resultado de una
convocatoria de las autoridades locales y se han inscrito en “sistemas
municipales de veeduría”, diseñados generalmente por los órganos
institucionales de control (las Personerías y las Contralorías). Eso limitó
26
bastante la autonomía de esos comités y generó una tutela estatal sobre sus
acciones.
En segundo lugar, se estudió la legitimidad de esos comités de
veeduría y su impacto en el mejoramiento de las relaciones entre Estado y
Sociedad civil. Según las palabras de un miembro de un comité de vigilancia
de Bogotá: “La veeduría ciudadana no es solamente legal, sino que también
es legítima […] La legitimidad se da en la medida en que la comunidad
respalde ese tipo de ejercicio; cuando la veeduría está reclamando o
aportando y la gente la apoya, es porque ha logrado recoger las aspiraciones
de la gente, entonces en esa medida es legítima”.
La legitimidad de esos comités está entonces relacionada con la
conciencia de un número creciente de ciudadanos acerca de la necesidad de
la participación ciudadana como forma válida de relación entre el Estado y la
sociedad civil.En tercer lugar, la legitimidad de los comités de veeduría o de
un ejercicio como la MOE ante los ojos del Estado o de otros sectores
sociales parece ser compartida por una nueva generación de dirigentes
políticos y funcionarios públicos, por gremios sindicales y empresariales, por
profesionales y funcionarios de ONG y por un número cada vez mayor de
líderes sociales.
A pesar de sus límites, las experiencias de veeduría, sean electorales
como la MOE o locales con los comités de veeduría, tienen un gran potencial
democratizador. En efecto, de un lado ellas obligan a una toma de conciencia
por parte de la población colombiana de su responsabilidad ciudadana y de
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su necesaria participación en los asuntos públicos. De otro lado, obligan a las
autoridades públicas a una mayor transparencia e implicación de los
ciudadanos en el desarrollo de la gestión pública.
Como lo señala el autor, esas experiencias se desarrollan con el
objetivo de responder a las aspiraciones de la gente y fortalecer las
relaciones entre Estado y Sociedad. En este sentido, y respetando algunas
reglas éticas, esta colaboración puede aumentar el nivel de legitimidad de las
instituciones democráticas. De hecho el control ciudadano constituiría un
criterio de legitimidad institucional y, más allá, una condición esencial a la
gobernanza.
Este trabajo aporto elementos técnicos y de orden legal para esta
investigación, que permiten especificar en qué consiste la Observación
Electoral nacional e internacional en las elecciones, cuales son los
procedimientos a seguir y que alcances tiene, de esto depende las futuras
conceptualizaciones al respecto y que serán manejadas en las bases
teóricas de esta investigación.
2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL-DOCTRINAL-JURISPRUDENCIAL
La fundamentación legal-doctrinal-jurisprudencial proporciona las bases
sobre las cuales la investigación se construye, por tanto determinan el
alcance o naturaleza de la misma. El marco legal de una elección, y
especialmente los temas relacionados con los mecanismos, fines y tratados,
regularmente presente dentro del proceso electoral.
28
2.1 MECANISMOS DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL
La observación electoral internacional según aceproject.org
(14/06/2013) ha llegado a convertirse en un mecanismo auxiliar para
asegurar la integridad de la elección en países que se encuentran en vías de
transición democrática. Asimismo, se ha convertido en una útil oportunidad
de aprendizaje para los funcionarios electorales y los participantes de la
elección. La idea para utilizar la tinta indeleble para frenar las prácticas de
votación múltiple en las elecciones de 1999, en Indonesia provino de un
observador de ese país quien observó la aplicación de este proceso en las
elecciones de 1988 en Camboya. Este observador más tarde llegó a ser uno
de los Comisionados de las Elecciones en Indonesia.
De acuerdo al Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral (IDEA 14/06/2013), la observación internacional "ha llegado a ser
una característica común de las operaciones electorales instrumentadas por
la comunidad internacional que actualmente, es casi aceptada
universalmente como una forma de contribuir a la confianza del elector
valorando la relativa legitimidad de un proceso electoral y sus resultados."
Cuando la observación internacional es utilizada para fines de
integridad, generalmente existe un problema relacionado con la libertad y
justicia de una elección. Para que la observación internacional sea un
efectivo identificador y factor disuasivo de problemas de integridad, necesita
ser adaptado adecuadamente a la modalidad de sistema electoral y
elecciones que está cubriendo. Las elecciones en países post-conflictivos
29
como Bosnia, requieren de distintos tipos de observación que las practicadas
en países que están en proceso de reforma electoral, como es el caso de
México.
Como mecanismo para asegurar la integridad, la observación
internacional debe cubrir el proceso electoral, sin enfocarse en un evento
específico, como por ejemplo la votación. Asimismo, necesita de
observadores calificados y capacitados. Una de las quejas más frecuentes
formuladas en contra de la observación electoral se refiere a que en
ocasiones se convierte en una práctica de turismo electoral, con
observadores políticamente importantes, pero con poca experiencia
profesional, que arriban al país dos días antes de la jornada electoral.
Temas como por ejemplo, quienes son los observadores
internacionales, cuáles son sus propósitos, y la forma en que practican su
trabajo, son entre otros algunos de los problemas de integridad involucrados
en la observación internacional.
Sin duda, la integridad es una parte esencial de una elección libre, justa
y confiable, es inherente a los principios de la democracia y del sistema
representativo de gobierno. Cuestiones como la transparencia, la rendición
de cuentas y la precisión en la administración de una elección son
consideradas de manera conjunta con una conducta electoral ética y con los
sistemas de monitoreo de la integridad.
2.1.1 PRINCIPIOS DE LOS MECANISMOS DE OBSERVACIÓN
30
INTERNACIONAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES EN VENEZUELA
Y MÉXICO
Los principios lo define Cabanellas Guillermo (2008, p.8), como las
bases o líneas directrices del sistema legal y el resultado del ordenamiento
jurídico, así entonces, desde el punto de vista electoral, son las normas guías
de actuación del Estado, con la participación de los ciudadanos, de los
partidos políticos, en la organización y realización de las elecciones de un
país.
2.1.1.1 PRINCIPIO DE INMEDIATEZ
Según, Ortiz Martínez (2006, p.12) Es el contacto personalísimo
permanente que tiene el juzgador con las partes y con todos los elementos
objetivos que conforman el proceso, durante todos los actos y actuaciones,
con carácter de protagonista activo y director del proceso. Este principio tiene
una especial importancia en toda la fase probatoria y de alegatos, en la que
el juez personalmente observa y escucha a los contendientes. Se dice que a
través de este principio el juez “vive” el proceso.
El principio de inmediatez según Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA 14/06/2013), se relaciona
directamente con el principio de seguridad jurídica, pues debe existir una
relación entre la petición de la tutela de derechos, y la reacción de los jueces
y tribunales para hacerla efectiva, la cual no puede ser perjudicada por
procedimientos lentos y burocráticos. El mismo, favorece la comunicación
31
directa del justiciable o de los denunciantes con el juzgador o el órgano
administrativo competente, particularmente en relación con los actos de
prueba.
Se refiere al contacto directo de los actores involucrados en los
comicios, partidos, árbitro en representación del Estado y la comunidad
internacional representados por la red veeduría internacional, observación
internacional, acompañamiento e invitados internacionales en aras de
preservar la legalidad y legitimidad de la contienda electoral que
posteriormente sirva de soporte a quienes resulten vencedores y formen y
ejerzan las funciones del futuro gobierno.
2.1.1.2 PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD
La integridad según Instituto Internacional para la Democracia y la
Asistencia Electoral (IDEA 14/06/2013) es un factor importante tanto en la
administración de elecciones libres y justas, como en la participación de los
partidos políticos, candidatos, grupos de interés y electores. El objetivo de
contender en una elección es el de ganar un cargo público, acceder al poder
e influir sobre las políticas públicas y recursos estatales.
Por tanto, las elecciones son resultado de un complejo proceso que
requiere la participación de una diversidad de actores, cada uno con
diferentes funciones y agendas. Las elecciones se traducen en ganadores y
perdedores. Todos quieren ganar, nadie perder. Los intereses en juego
pueden ser tan altos como la tentación de tratar de asegurar el triunfo a
32
través de medios ilícitos o poco éticos.
La integridad es inherente a los principios de la democracia y es un
componente importante de unas elecciones libres, justas y competidas que
son, a su vez, la base de un gobierno representativo. Sin integridad, no hay
garantía de que la voluntad de los electores se reflejará en los resultados de
la elección. Sin ella, las elecciones pueden ser arregladas de antemano,
predeterminar ganadores y perdedores.
De acuerdo a lo anterior, las elecciones pueden ser violentadas,
minando la participación de candidatos o electores y lanzando sombras de
duda sobre la legitimidad de los resultados. Una elección sin integridad
desvirtúa el cometido de unas elecciones democráticas e impide
considerarlas libres y justas.La integridad constituye un código de conducta
así como un conjunto de dispositivos adoptados para proteger la honestidad
y viabilidad del proceso electoral.
Es así como aceproject.org (14/06/2013) considera que la integridad
electoral requiere:Un código de conducta ética ampliamente aceptado en la
política; un marco legal justo e igualitario; una administración de las
elecciones justa, transparente e imparcial; así como libertad política para
participar de manera libre e igualitaria en un clima exento de amenazas;
responsabilidad de todos los participantes; el diseño de mecanismos para
salvaguardar la integridad y asegurar la rendición de cuentas, incluyendo la
vigilancia de la sociedad civil y de medios de comunicación independientes;y
33
la aplicación de la ley.
Normalmente se piensa en la corrupción electoral como una corrupción
política que traduce la manipulación del proceso para asegurar el triunfo de
un candidato, partido o posición determinada. Sin embargo, la corrupción
política permite la corrupción económica y, por tanto, ambas deben ser
enfrentadas. Los interesados en subvertir el sistema pueden sobornar a un
oficial electoral corrupto para obtener un tratamiento privilegiado o arreglar
un determinado resultado.
De igual forma, un soborno o cualquier otro incentivo financiero
personal para la asignación de un contrato de suministro puede dañar, quizá
sin pretenderlo, la integridad de la elección mediante la compra de servicios
deficientes o inexistentes. O si se relaciona con la selección de una empresa
deshonesta, que tiene intereses políticos para la impresión de algo tan
sensible como las papeletas de votación, es indudable que puede afectarla
de manera adversa y deliberada.
La integridad requiere que exista voluntad política para un buen
gobierno y elecciones "limpias". En virtud de la naturaleza facciosa de la
política y la sociedad, la integridad no debe darse por descontada. Es
necesario crear mecanismos para asegurar el cumplimiento de la integridad
en el marco legal, la administración de las elecciones y las condiciones de la
competencia. Entre ellos se considera la existencia de pesos y contrapesos
en la administración del organismo electoral, la supervisión por parte de otra
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agencia o instancia de gobierno, un monitoreo independiente del proceso por
la sociedad civil y los medios y el cumplimiento de las reglas mediante la
aplicación de acciones administrativas o legales.
La existencia de mecanismos legales para hacer cumplir la integridad
es especialmente importante porque sin ello las mejoras, reglas y
disposiciones pueden terminar convirtiéndose en simples buenas
intenciones. Identificar la corrupción electoral y detenerla a través de
medidas administrativas o legales cumple con el doble propósito de inhibir
cualquier corrupción en el futuro y conservar la integridad del proceso en
curso.
Se debe tomar en cuenta que el principio de integralidad se encuentra
presenta antes, durante y después del proceso electoral, con respecto a esto
aceproject.org (28/06/2013), considera que las elecciones no se llevan a
cabo en el vacío. Los administradores electorales establecen un marco y los
procesos, mediante los cuales los partidos políticos, los candidatos y los
electores participan. Es esencial para la integridad contar con participación
genuina en las elecciones.
Por esto, los partidos políticos necesitan postular a sus candidatos para
que el proceso sea competitivo. Los candidatos deben hacer campaña para
dar a conocer sus plataformas políticas de forma que puedan obtener el
apoyo de los electores. Los grupos de interés trabajan para motivar a la
opinión pública a fin de apoyar a ciertos candidatos o causas, y los electores
35
participan discutiendo asuntos de política, trabajando en las campañas y
votando el día de la elección. La participación es un factor importante en
elecciones democráticas, y para que éstas sean creíbles, libres y justas,
deben celebrarse con el mismo grado de integridad como el de la
administración electoral.
Con respecto al momento en el cual se está efectuando la elección,
aceproject.org (28/06/2013), afirma que la supervisión del proceso electoral
es una salvaguarda de integridad muy importante. Es parte de los
mecanismos de revisión y equilibrio que protegen la viabilidad y honestidad
de la administración electoral y la participación de los partidos políticos,
candidatos y grupos de interés.
La misma, asegura el apego con el marco legal y actúa como agente
disuasivo para aquellos que contemplan la instrumentación de actividades
cuestionables. El informe público a través de la supervisión incrementa los
márgenes de transparencia y ayuda a asegurar el contexto de
responsabilidad. El monitoreo incluye la Supervisión oficial por parte de un
auditor o agencia gubernamental, así como la observación del proceso por
parte de Medios de Comunicación, Observadores de los Partidos Políticos,
Organismos no Gubernamentales y grupos internacionales de observación.
Es importante señalar que así haya finalizado el proceso electoral, el
principio antes mencionado debe mantenerse, según el Instituto Internacional
para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA 14/06/2013) es esencial
36
hacer cumplir el marco legal para preservar la integridad de la elección. Sin
cumplimiento de la ley, el mejor marco legal o el mejor sistema electoral
pueden ser evadidos o ignorados.
De acuerdo a lo anterior, la aplicación de la ley sirve para prevenir
fraudes futuros y es también un mecanismo para detener y exponer
problemas actuales. El cumplimiento de la integridad electoral y de su marco
legal es una tarea que llevan a cabo distintas instituciones y en el que
concurren en distintos mecanismos de acuerdo con la infraestructura legal de
cada país.
Para que el cumplimiento de la ley sea efectivo, debe ser activo,
imparcial y oportuno. Las agencias investigadoras deben tener la suficiente
independencia para iniciar procedimientos e investigar a detalle, denuncias
de fraude electoral u otras actividades ilegales, en el proceso electoral
culminado.
2.1.1.3 PRINCIPIO DE LEGALIDAD
El principio de legalidad según Juan Linz (1987: 56 citado por
Barrientos, 2011,p.43) demanda que las actuaciones de la jurisdicción
ordinaria se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución y la
ley. De esta manera se concreta la certeza y la seguridad jurídica, pues la el
principio de legalidad exige que esta ley sea previa, sea producida con
anterioridad por el Órgano Legislativo, y que la misma pueda ajustarse al
caso concreto.
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Este principio según, Galván (2008,p.682) va másallá de la garantía
constitucional de legalidad, pues se refiere a la protección de todo individuo
ante la actuación de las autoridades exclusivamente; incluye tanto el actúa
de las autoridades electorales, como el de los ciudadanos y el delas
organizaciones políticas, que evidentemente no son autoridades sino
particulares, aun cuando de interés público tienen la naturaleza de partidos
políticos. En conclusión es un principio rector en el ejercicio de la función
electoral, que consiste en organizar y realizar las elecciones.
2.1.2 FINES DE LOS MECANISMOS DE OBSERVACIÓN
INTERNACIONAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES EN VENEZUELA
Y MÉXICO
La observación electoral debe consolidar un enfoque que resguarde no
solo la limpieza sino también la inclusividad y competitividad de las
elecciones, asumiendo los nuevos retos a partir de la presencia de Misiones
de Observación de largo plazo para observar aspectos como el acceso a
medios de comunicación, la participación de hombres y mujeres, el
financiamiento de las campañas entre otros; para dar cumplimiento a los
fines de los mecanismos de observación internacional permitiendo un
procesos legítimo, democrático, estable y legal.
2.1.2.1 LEGITIMIDAD
Como señala Max Weber (1944,p170 citado por Barrientos, 2011,p.35)
la legitimidad esuna creencia y sobre todo un principio de justificación de la
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dominación;significa una forma de validación de quien ejerce el monopolio de
la violencialegítima y presupone la aceptación de los individuos de las
normasde dicho ejercicio. En las sociedades modernas, es el Estado, y en
las democraciasson los gobiernos que, legítimamente por medio de las
normaselectorales de acceso al poder, han sido investidos de la facultad de
su ejercicioa través de las instituciones.
A diferencia de otras formas de legitimacióndel ejercicio del poder,
como la carismática fundada en la confianza hacia unlíder, o la tradicional
fundada propiamente en la tradición o la creencia históricade que alguien o
algunos tienen el derecho de ejercer el poder, la legitimaciónen los
regímenes democráticos se funda esencialmente en la creencia en la
legalidady/o el consenso a través del cumplimiento de la legalidad
(Serrano,1994: 11citado por Barrientos, 2011,p.37).
Esta forma de legitimidad implica que determinado orden jurídicoes
reconocido como válido y por lo tanto utilizado para regular las accionesen el
régimen político. En las democracias la legitimidad se bifurca en
dosdimensiones: (i) una de origen o electoral, es decir, aquella que obtienen
lasautoridades cuando son elegidas por medio de las normas electorales, y
(ii)otra funcional, que refiere propiamente al desempeño de las instituciones
democráticascomo el de los individuos que fueron elegidos dentro del
ordenjurídico existente.En la explicación elemental weberiana, la legitimidad
implica, en resumen, el consenso de las reglas en torno al acceso y al
ejercicio del poder. Pero tiene un componente más: la confianza,
39
propiamente dicha.
Como señala Juan Linz (1987: 40citado por Barrientos, 2011,p .39) la
legitimidad implica la convicción de que ese régimen y sus instituciones son
las mejores, por ello los miembros de una sociedad otorgan o retiran
legitimidad día a día. La pérdida del apoyo hacia ciertas instituciones o
actores del régimen político, pueden traer consigo, la erosión de la
legitimidad del régimen, así como un amplio apoyo hacia los gobernantes,
primero a través del voto y después en el ejercicio del poder, contribuyendo a
reforzar su legitimidad.
En la primera lectura del concepto de Weber, la legitimidad implicaría
sólo el consenso o no en torno a las reglas, pero en el sentido de Linz,
implica confiar en el régimen. Y en este aspecto el apoyo a un régimen
político, a una institución, o un político, puede fluctuar sin dañar al sistema
mientras se mantenga el consenso en torno a las reglas.
El componente ‘consenso’ de la legitimidad implica una carga real,
histórica y valorativa que difícilmente cambia por las coyunturas; implica, por
ejemplo, que se puede estar de acuerdo con el sistema democrático a lo
largo del tiempo; mientras que el componente ‘confianza’ implica que dentro
del mismo régimen democrático puede variar el apoyo hacia determinado
partido, institución o político en específico si éstos generan pautas de
desconfianza hacia los ciudadanos.
40
2.1.2.2 DEMOCRÁTICOS
En el contexto hermenéutico expuesto, lejos han quedado desde el
punto de vista doctrinario, afirmaciones como las de Sartori (1990. Teoría de
la Democracia. Citado en el Debate Contemporáneo. Argentina: Ediciones
Rei. 2019 Pág. 19), según la cual, la democracia se agota en el proceso
electoral, o el supuesto carácter elitista de la concepción según la cual, la
democracia supone usos y no sólo votos.
Ciertamente, la democracia exige la celebración periódica de
elecciones, como elemento legitimador del poder, y precisamente, ello, sirvió
de fundamento para la constitucionalización del Poder Electoral, y de su
carácter instrumental en la manifestación de soberanía popular. Sin
embargo, el principio democrático, como manifestación de confianza en la
sociedad y en su capacidad de autodeterminarse, es modernamente
concebida como un supra concepto, que trasciende los meros esquemas
electorales, para adentrarse en lo que Araujo Rentería (2007. Principios de
Derecho Constitucional. McGraw-Hill Interamericana. Bogotá. Pág. 3), califica
como el poder del pueblo, pues éste es el titular del poder político.
En este sentido, se pronunció García-Pelayo (1951. Derecho
Constitucional Comparado. Madrid: citado en Manuales de la Revista de
Occidente. 2009 Pág. 321), señalando, que el análisis de la democracia
implica algo más que un puro método de formación de la voluntad del
Estado, que se desarrolla desde el punto de vista de los particulares, a través
de los distintos medios de participación política, dentro de los cuales guarda
41
un papel estelar, el sufragio universal, directo y secreto.
De este modo, García Pelayo (1951. Derecho Constitucional
Comparado. Madrid: citado en Manuales de la Revista de Occidente. 2009
Pág. 331) planteaba, que el origen del principio in commento, se encontraba
en la antítesis del sistema de privilegios de l’ ancien régimen, para
caracterizarse, por una voluntad y actividad estadal formada y ejercida por
los mismos que están sometidos a ellas (igualdad), lo cual supone, que el
pueblo dirige el poder del Estado.
De allí, que Hauriou (1971, Derecho Constitucional e Instituciones
Políticas. Barcelona. Editorial Ariel. Pág. 73), concibe a la democracia como
una organización racional, que mediante el debate, le asigna a la comunidad
política una finalidad humanista, propugnando el desarrollo del grupo social,
la salvaguarda del bien común, la defensa y la protección de la persona y sus
bienes.
En tal sentido se pronuncia Naranjo Díaz (2007. Introducción al Estudio
del Derecho Constitucional. Caracas: Editorial Mobil Libros. Pág. 85), al
atribuirle a la democracia el carácter de régimen político, en el cual, la acción
de gobierno la ejerce el pueblo en su propio beneficio, y por tanto, en pro del
mayor bienestar colectivo posible.
De esta forma, el principio democrático tiende a construir la vida social y
política como un proceso indefinidamente abierto, donde priva por encima de
todo el interés de la sociedad y el respeto a la dignidad del ser humano y a
sus derechos esenciales. Es decir, el bien común es la función determinante
42
de toda la acción de Estado democrático y es su efectividad material o
finalista, la que permite evaluar si el Estado se adecua a dicho principio.
La democracia tiene como mecanismo para hacerse del poder a la regla
de la mayoría, dicho en otros términos, el cambio de un gobierno a otro se
da por medio del sistema electoral, en donde la mayoría se impone y queda
una minoría, que dentro de los canales de participación política hará el papel
de la oposición. Resulta evidente que el establecer la regla de la mayoría, es
el objetivo primordial y más reivindicado, de la democracias liberales, y en la
actualidad, se vienen estableciendo reglas para la toma de decisiones, en las
cuales las minorías sean tomadas en cuenta, ya que si bien la máxima más
estereotipada es que la voluntad de los que son más, debe prevalecer sobre
los que son menos, no es una cuestión de simple aritmética electoral.
La democracia sólo funciona óptimamente cuando todos los integrantes
o actores políticos de una sociedad consideran que forman parte de ella y
que se garantizarán sus derechos. Es probable el rechazo a los sistemas
políticos en los cuales el ganador acapara el poder, y ello entraña la tarea de
asegurarse, por algún medio u otro, que las minorías participen en el
ejercicio del poder, para lograr el equilibrio efectivo entre las mayorías y las
minorías.
2.1.2.3 ESTABILIDAD
La estabilidad de la ley, según García Pelayo (1951. Derecho
Constitucional Comparado. Madrid: citado en Manuales de la Revista de
43
Occidente. 2009 Pág. 331) es un elemento importante de la credibilidad del
proceso electoral que, a su vez, es esencial para la consolidación de la
democracia.
En efecto, si las reglas cambian con frecuencia, el votante puede
sentirse desorientado y no llegar a comprenderlas, especialmente si son
complejas. Y lo que es aún más importante: los votantes pueden llegar a
pensar, con razón o sin ella, que el derecho electoral es un instrumento que
manipulan en su favor quienes ejercen el poder y que, por lo tanto, el voto
del electorado no es el elemento que decide el resultado de las elecciones.
En la práctica, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho
(2011, p.47) señala que lo que es necesario proteger no es tanto la
estabilidad de los principios fundamentales que, probablemente, no se ven
seriamente amenazados, sino la estabilidad de ciertas reglas más
específicas del derecho electoral, en particular las relativas al sistema
electoral propiamente dicho, la composición de las comisiones electorales y
el trazado de las circunscripciones.
Esos tres elementos a menudo son considerados, con razón o sin ella,
factores determinantes de los resultados y deberán evitarse no solo las
manipulaciones en favor del partido en el poder, sino también incluso las
apariencias de manipulaciones. Lo que se debe evitar no es tanto la
modificación del sistema de votación, ya que éste siempre puede ser
mejorado, sino la revisión de ese sistema frecuentemente, o incluso poco
antes (menos de un año) de la fecha de las elecciones. Aun si no hubiera
44
voluntad de manipulación, los cambios darán la impresión de que están
dictados por intereses partidistas coyunturales.
2.1.2.4 LEGALIDAD
De acuerdo al Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral (IDEA 29/06/2013), esto significa; que el Estado se desenvuelve
dentro de los marcos legales que el sistema electoral impone. La
democracia, supone asimismo un Estado de Derecho, un equilibrio de
Poderes, que las Normas Constitucionales, diseñan el Estado Democrático
en una sociedad, en un país, distribuyendo los poderes del estado en la
mayoría de países, en un Poder Ejecutivo, que lo conforma la figura del
Presidente de la República, y su consejo ejecutivo, o consejo de ministros, o
secretarios de estado.
Así como, un Poder Legislativo, conformado por representantes del
pueblo en algunos casos llamados congresistas (diputados y senadores), de
acuerdo a su conformación bicameral, o finalmente conformado por los
asambleístas, que tienen por función primordial, la elaboración de leyes, que
regularan el desarrollo del país.
La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (2011, p.98)
señala que un poder del Estado, es también el Poder Electoral, o ente rector,
creado para desarrollar las elecciones en la sociedad, para el nombramiento
de nuevos representantes del Estado; así, elecciones generales para que el
país, elija su Presidente, al Vice Presidente, representantes al Congreso de
45
las República, o representantes al Poder Legislativo (Diputados y senadores)
y algunas otras autoridades regionales, y locales.
Cuando estos Poderes del Estado se desenvuelven dentro del marco
de la Legalidad, se establece un equilibrio de poderes; cada Poder del
Estado, se desarrolla orgánicamente con sujeción a la Constitución del
Estado, las Leyes Orgánicas y demás normas legales.
Se debe destacar, que cuando el Poder Electoral, o el Organismo
Nacional de Elecciones de un país, organiza una elección; toda la actividad
electoral, desde la recepción de listas de postulantes, verificación de firmas
de sus adherentes, verificación de sus planes de gobierno, publicidad de los
postulantes, la verificación del acto de sufragio, verificación de votos válidos
y nulos.Igualmente, actos de escrutinio respectivo, publicidad de resultados
electorales, proclamación y juramentación de los elegidos caen en el ámbito
de la dinámica del poder electoral.
El mismo, está constituido en la oficina general de elecciones, que
actúa bajo la norma constitucional, leyes electorales, existentes dentro del
Derecho Administrativo, para procesar los diversos actos electorales y/o
controvertidos que se hayan generado en el curso de las elecciones, desde
su convocatoria, hasta la culminación del proceso electoral yla proclamación
de las autoridades elegidas.
2.1.3 TRATADOS SUSCRITOS EN MATERIA DE OBSERVACIÓN
INTERNACIONAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES Y SU
46
CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DEL SUFRAGIO Y
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE VENEZUELA Y EL CÓDIGO FEDERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE MÉXICO.
Si bien existe el debate sobre la prelación jerárquica normativa que en
un sistema jurídico nacional corresponde a la Constitución y a los tratados
internacionales, lo cierto es que en la actualidad hay coincidencia en
sostener que, los preceptos contenidos en instrumentos internacionales
respecto de materias como los derechos humanos (incluidos los derechos
político-electorales identificados como de “segunda generación” ), deben ser
integrados al ordenamiento jurídico de toda Nación que se precie de ser un
Estado constitucional y democrático de derecho.
Es a través de instrumentos internacionales como se han difundido y
consolidado los derechos político-electorales, vinculando en su cumplimiento,
cada vez más, a un mayor número de Estados. Así se pueden citar, por
ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (más conocida como Pacto de San José) y la Convención sobre
los Derechos Políticos de la Mujer.
Se consideran como fuentes importantes del derecho electoral los
instrumentos provenientes del ámbito internacional, pues hoy, en materia
electoral, no se puede subestimar el alto número de convenciones
internacionales, resoluciones, cartas, declaraciones e informes que se
47
ocupan de los derechos humanos y, entre ellos, de los políticos,
estableciéndose contenidos relativos al sufragio como elemento insustituible
para la designación de los gobernantes en el marco de un sistema
democrático de gobierno, junto con otras aportaciones, como las reglas
emitidas en materia de observación internacional de elecciones.
Con independencia de que los instrumentos internacionales (tratados,
acuerdos, pactos, declaraciones, etc.) son regidos por las reglas
especializadas del Derecho Internacional, dichos instrumentos
(concretamente los tratados) deben ser reconocidos en la Constitución de
cada Estado, en cuanto a su definición como fuentes del derecho nacional,
su jerarquía normativa, obligatoriedad y órganos competentes para
celebrarlos.
A su vez, podrá ser a través de leyes ordinarias, reglamentarias u
orgánicas (en este último caso, en relación con el ejercicio de las
atribuciones de los órganos del Estado encargados de la celebración de
estos instrumentos jurídicos), donde se desarrollen con mayor detalle
diversos aspectos de índole sustantivo o procedimental.
Según las reglas establecidas en la Convención sobre el Derecho de
los Tratados (Viena, 1969), son tres los principios rectores en esta materia: a)
Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de
buena fe; b) Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer
Estado sin su consentimiento, y c) El consentimiento es la base de las
obligaciones convencionales.
48
Sin desconocer la soberanía de las naciones, el prestigio y la fuerza
jurídica de los tratados internacionales gozan de tal reconocimiento en el
mundo (específicamente, en el área de los derechos político-electorales, su
garantía y debida protección), que difícilmente podría aceptarse algún
precepto normativo nacional, incluso de orden constitucional, que los
contraviniera. Así, en la medida en que los Estados reconocen e incorporan
tales instrumentos internacionales a su derecho interno, se hacen
acreedores, o no, al calificativo de verdaderos Estados constitucionales
democráticos de derecho.
2.1.3.1 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE
1948
La adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en
1948 "fue la primera ocasión en que las comunidades organizadas de
Naciones, realizaron una Declaración de derechos humanos y libertades
fundamentales." Dicho acto es concebido como un logro de todas los pueblos
y naciones’ la Declaración Universal., se ha convertido es una medida que
sirve para evaluar el grado de respeto hacia los estándares de derechos
humanos..."
Durante la proclamación de Teherán, adoptada por la Conferencia
Internacional de Derechos Humanos, en 1968, se llegó a la conclusión de
que la Declaración Universal, manifiesta un entendimiento común de los
pueblos del mundo en todo lo concerniente a los derechos humanos
49
inalienables e inviolables de todos los miembros de la familia humana y
constituye una obligación para los miembros de la comunidad internacional.
La Declaración está compuesta por 30 artículos que hablan tanto de los
derechos civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales; y
que pertenecen a todas las personas, sin discriminación alguna.
Por su parte, los derechos económicos, sociales y culturales están
establecidos en los Artículos 22 al 27 y son derechos que pertenecen a todo
individuo como "miembros de la sociedad" " El Artículo 22 caracteriza a estos
derechos como indispensables para la dignidad humana y libre desarrollo de
la personalidad e indica que ellos serán obtenidos a través de los esfuerzos
nacionales y cooperación internacional. A la vez, se refriere también a las
limitaciones para su completo goce, el cual depende de los recursos del
Estado."
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la
Asamblea General en 1948, proyectó claramente el concepto de democracia
declarando «que la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del
gobierno». La Declaración especifica los derechos que son esenciales para
una participación política eficaz. Desde su aprobación, la Declaración ha
inspirado la elaboración de constituciones en todo el mundo y ha contribuido
notablemente a la aceptación mundial de la democracia como valor
universal.
50
2.1.3.2 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES DE 1966
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) establece
la base jurídica de los principios de democracia con arreglo al derecho
internacional, en particular: La libertad de expresión (Artículo 19); la libertad
de reunión pacífica (Artículo 21); El derecho a la libertad de asociación con
otras personas (Artículo 22); El derecho y la oportunidad de tomar parte en la
conducción de los asuntos públicos, directamente, o por conducto de
representantes libremente elegidos (Artículo 25); El derecho al voto y a ser
elegido en elecciones periódicas genuinas que se realizarán mediante el
sufragio universal e igual y tendrán lugar por voto secreto, garantizando la
libre expresión de la voluntad de los electores. (Artículo 25).
2.1.3.3 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES
DEL HOMBRE DE 1948 (BOGOTÁ)
La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre ha sido
el paso inicial dentro de la Organización de los Estados Americanos para el
desarrollo progresivo del sistema interamericano de protección de los
derechos humanos. Por su prelación temporaria, también ayudó en algunos
debates para la adopción de ciertas normas de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos en las Naciones Unidas.
Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse
fraternalmente los unos con los otros.En cumplimiento del deber de cada uno
51
es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran
correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los
derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de
esa libertad.
Los deberes del orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que
los apoyan conceptualmente y los fundamentan.Es deber del hombre servir
al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la
finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría.Es deber
del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance
la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del
espíritu.
En cuanto al Derecho de sufragio y de participación en el gobierno, se
presenta el artículo XX. Toda persona, legal- mente capacitada, tiene el
derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio
de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán
de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.
2.1.3.4 LEY ORGÁNICA DEL SUFRAGIO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE VENEZUELA
Para 1998 se efectuó, en busca de una mayor confianza y credibilidad
en la organización electoral, una reforma de la Ley Orgánica del Sufragio y
Participación Política, en donde se estableció expresamente en su artículo 51
la obligatoriedad de que los miembros del Consejo Nacional Electoral (antes
52
Consejo Supremo Electoral), así como los miembros de los organismos
electorales subalternos (art. 58 y 62) sean políticamente independientes. Así
mismo se estableció en el art. 168 el proceso de escrutinio mecanizado, el
cual fue utilizado por vez primera en los comicios regionales y parlamentarios
del ocho de noviembre de 1998 y en los comicios presidenciales del seis de
diciembre de ese mismo año.
Por tanto se puede resumir que la Ley Orgánica del Sufragio y
Participación Política, introdujo, por una parte la automatización del proceso
electoral en las fases de votación, escrutinio, totalización y adjudicación, y
por otra, la despartidización de los organismos electorales en todas las
instancias del organismo electoral (Kornblith, 2001).
Sin embargo, en donde realmente se expresala participación de la
observación nacional electoral y del acompañamiento internacional electoral,
desde el articulo 471 hasta el 488 es en laLey electoral, en esta se
especifica claramente que la misma tienen como propósito presenciar de
manera imparcial e independiente, la transparencia de los procesos
electorales.
2.1.3.5 CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DE MÉXICO
En México se reconoce que la observación electoral es una de las
facetas más importantes de la participación ciudadana, por esto, el Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE 2008) establece
53
como un derecho de los ciudadanos el participar como observadores
electorales: “es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar
como observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso
electoral, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada
electoral…” (COFIPE art. 5)
De acuerdo con este ordenamiento, para observar el proceso electoral
los ciudadanos deben cumplir los siguientes requisitos:Solicitar su registro
como observador ante la autoridad electoral a partir del inicio del proceso y
hasta el 31 de mayo del año de la elección.Ser ciudadano mexicano en pleno
goce de sus derechos; igualmente en los tres años anteriores a la elección
no ser, ni haber sido miembro de las dirigencias de algún partido político o
candidato a un puesto de elección popular. También, asistir a los cursos de
capacitación, que imparte el Instituto Federal Electoral o la organización de
observación a la que pertenezca el observador. (COFIPE art. 5)
La importancia de la observación electoral se expresa en los amplios
derechos que el COFIPE otorga a los observadores, de acuerdo con el
COFIPE podrán:
Realizar sus funciones en todo el territorio de la República Mexicana;
solicitar ante la autoridad electoral correspondiente la información electoral
que requiera;Durante la Jornada Electoral los observadores electorales
podrán observar, debidamente acreditados, en una o varias casillas:
Instalación de la casilla; desarrollo de la votación; escrutinio y cómputo de la
votación en la casilla; fijación de resultados de la votación en el exterior de la
54
casilla; clausura de la casilla; lectura en voz alta de los resultados en el
Consejo Distrital; y recepción de escritos de incidencias y protesta.
Los observadores podrán presentar, ante la autoridad electoral, un
informe de lo observado a lo largo de sus actividades, aunque dicho informe
no tendrá efectos sobre el proceso y sus resultados. (COFIPE art. 5).
También, tienen el derecho de observar todas las etapas del proceso
electoral pero deben evitar intervenir en su desarrollo, por esto en el artículo
5 del COFIPE prohíbe las siguientes acciones:
Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales e interferir en el
desarrollo de las elecciones;
Hacer proselitismo o manifestarse en favor de partido o candidato;
Declarar el triunfo de partido político o candidato. (COFIPE art. 5)
Las infracciones de los observadores electorales y las organizaciones
de observación electoral serán sancionadas, según lo siguiente:
Con amonestación pública;
Con la cancelación inmediata de la acreditación como observadores
electorales; y a las organizaciones con multa. (COFIPE art. 354)
2.1.3.6 MISIÓN DE APOYO INTERNACIONAL A LA OBSERVACIÓN DE
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN VENEZUELA, INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS (2013)
El apoyo de la Unión Europea (UE) a los derechos humanos, la
democracia y el estado de Derechoestá establecido por los Tratados. El
artículo 6 del Tratado de la Unión Europeaafirma con toda claridad que los
55
principios de libertad, democracia, respeto de losderechos humanos y de las
libertades fundamentales y el Estado de derecho sonvalores fundamentales
en Europa. En este sentido, las misiones sobre el terreno centradas en
losderechos humanos y las misiones electorales se aceptan como parte del
mandato dela UE, cuyo Tratado considera que la protección y el fomento de
los derechoshumanos son piedras angulares de la política exterior y de la
ayuda al desarrollo de laUE.
Sobre esta base, se considera la Misión de Apoyo Internacional a la
Observación de las Elecciones Presidenciales en Venezue la, del Instituto de
Altos Estudios Europeos (2013) como aporte al fundamentojurídico para las
acciones comunitarias que contribuyan a alcanzar el objetivo generalde
desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho, así como el
derespetar los derechos humanos y las libertades fundamentales dentro del
proceso electoral.
En los últimos años, ha aumentado la frecuencia de las misiones
electorales de la Unión Europea, realizándose bien en el marco de la Política
Exterior y de Seguridad Común o bien dentro del contexto de la Comunidad,
en particular su política de desarrollo, pero hasta la fecha la experiencia así
acumulada no ha sido compilada de manera sistemática.
Sin embargo, no parece apropiado seguir empleando un enfoque
específico para cada caso, ni este es el mejor empleo que puede hacerse de
los recursos con que se cuenta. La finalidad de esta Comunicación es
contribuir a la definición de una línea de actuación europea coherente a
56
través de un enfoque adecuado que incluya una estrategia y una
metodología, en el que se atienda a lo aprendido en experiencias anteriores.
Con ella se da respuesta a la petición específica del Parlamento
Europeo a la Comisión de que se llevara a cabo una evaluación de las
misiones de observación electoral de los últimos años.La evaluación de unas
elecciones, así como la decisión de enviar o no una misión de observación,
son cuestiones delicadas a nivel político que ponen en juego tanto los
intereses políticos como la credibilidad de la UE.
Considerando lo anterior, la comisión comparte la opinión expresada
por el Consejo en su Decisión de 28 de junio de 1998 en la que se enumeran
los factores o criterios que deben tenerse en cuenta para evaluar la validez
de una elección:el grado de imparcialidad mostrado por el organismo
encargado de la gestión electoral;el grado de libertad de los partidos
políticos, las alianzas y los candidatos para organizarse, desplazarse,
reunirse y expresar públicamente su opinión.
Así como, la igualdad de acceso de los partidos políticos, de las
alianzas y de los candidatos a los medios de comunicación;la inscripción de
los electores sin discriminación por razón de sexo, raza u origen
étnico;cualquier otro elemento que afecte al carácter esencial de la libertad y
la imparcialidad del escrutinio;el desarrollo de la votación y el recuento de los
votos, tal como se describen en la ley electoral.
Cabe señalar que esta Misión de acompañamiento internacional
electoral a los fines de presenciar el proceso electoral y con el único
57
propósito de presenciar de manera imparcial e independiente, la
transparencia de los procesos electorales tal como los señala el art.471 del
Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de
Venezuela. De igual forma estas labores de observación, se efectuaron con
la metodología y las normas de conducta aprobadas por Naciones Unidas
en su Declaración de Principios para la Observación internacional de
Elecciones y Código de conducta para observaciones Internacionales (2005).
3. SISTEMA DE CATEGORÍAS
3.1. DEFINICIÓN NOMINAL
Mecanismos de Observación Internacional
3.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL
De acuerdo al Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral (IDEA 14/06/2013), la observación internacional ha llegado a ser
una característica común de las operaciones electorales instrumentadas por
la comunidad internacional que actualmente es casi aceptada universalmente
como una forma de contribuir a la confianza del elector valorando la relativa
legitimidad de un proceso electoral y sus resultados.
3.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL
Esta variable fue analizada a través de los principios de los
mecanismos de observación internacional, principio de inmediatez, de
Integralidad y de Legalidad. De igual manera se conoció los fines de los
mecanismos de observación internacional Legitimidad, Democráticos,
58
Estabilidad y Legalidad en los procesos electorales en Venezuela y México.
A su vez fué sustentado sobre la base de los tratados suscritos en materia de
observación internacional en los procesos electorales y su conformidad con
la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de Venezuela y el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de México.
CUADRO 1
59
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS
OBJETIVO GENERAL: ANALIZAR LOS MECANISMOS DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES EN AMÉRICA LATINACON ESPECIAL REFERENCIA A VENEZUELA Y MÉXICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍA SUBCATEGORÍA UNIDADES DE
ANÁLISIS ANALIZAR LOS PRINCIPIOS DE LOS MECANISMOS DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES EN VENEZUELA Y MÉXICO.
MECANISMOS DE
OBSERVACIÓN INTERNACIONAL
PRINCIPIOS DE LOS MECANISMOS DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES EN VENEZUELA Y MÉXICO.
• Principio de Inmediatez • Principio de Integralidad • Principio de Legalidad
ANALIZAR LOS FINES DE LOS MECANISMOS DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES EN VENEZUELA Y MÉXICO.
FINES DE LOS MECANISMOS DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES EN VENEZUELA Y MÉXICO.
• Legitimidad • Democráticos • Estabilidad • Legalidad
ANALIZAR LOS TRATADOS SUSCRITOS EN MATERIA DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES Y SU CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DEL SUFRAGIO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE VENEZUELA Y EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE MEXICO
TRATADOS SUSCRITOS EN MATERIA DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES Y SU CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DEL SUFRAGIO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE VENEZUELA Y EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE MÉXICO.
• Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
• Pacto Internacional de Derechos Civiles de 1966
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (Bogotá)
• Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de Venezuela.
• Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de México
• Misión de Apoyo Internacional a la Observación de las Elecciones Presidenciales en Venezuela, Instituto de Altos Estudios Europeos (2013)
Fuente: Melus, Portillo y Sierra (2013)
![[SM2] 소셜스튜디오 소개서- Social Listening](https://img.pdfslide.net/doc/110x75/58f1a5881a28ab646e8b460f/sm2-social-listening.jpg)
