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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Año I - Quito, Lunes 12 de Mayo de 2003 - N° 79
DR. JORGE A. MOREJON MARTÍNEZ DIRECTOR
Quito: Avenida 12 de Octubre N 16-114 y Pasaje Nicolás Jiménez
Dirección: Telf. 2901 - 629 - Oficinas centrales y ventas: Telf. 2234 - 540
Distribución (Almacén): 2430-110 - Mañosca N° 201 y Av. 10 de Agosto
Sucursal Guayaquil: Calle Chile N° 303 y Luque - Telf. 2527 -107
Suscripción anual: US$ 200 — Impreso en Editora Nacional
2.900 ejemplares ________ 40 páginas _______Valor US$ 0.70
SUMARIO:
Págs.
FUNCIÓN EJECUTIVA
DECRETO:
371 Créase la Unidad de Desarrollo Social
Integral "UDESIN", como dependencia de
la Presidencia de la República ................... 2
ACUERDO:
EMPRESA NACIONAL DE CORREOS:
03 001 Extínguese por nulidad del acto adminis
trativo, mediante oficio N° 2003-21-C.Q.l.
de fecha 15 de enero de 2003, notificado al
ingeniero Andrés Pérez Salvador, Gerente
General de Urbano Express ......................
3
REGULACIÓN:
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR:
Tabla de porcentajes de desvalorización
monetaria para el año 2003........................ 4
RESOLUCIONES:
CORPORACIÓN ADUANERAECUATORIANA:
Consulta de aforo relativa al producto
pistola de defensa personal ........................ 4
CONSEJO DIRECTIVO DE LA
POLICÍA JUDICIAL:
Expídese el Regíame o Interno de
Remates de la Dirección Nacional de la
Policía Judicial e Investigaciones............... 5
Págs.
Expídese el Reglamento Interno para la
Calificación de Proveedores de la Dirección
Nacional de la Policía Judicial e
Investigaciones............................................... 10
Expídese el Reglamento interno para
regular el procedimiento de remarcaciones
de sistemas de identificación automotriz...... 12
FUNCIÓN JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA
DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO:
Recursos de casación en los juicios seguidos
por las siguientes personas:
60 Modesto Quiñónez Torres en contra de la
Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro ......... 14
61 Gerente General de Química Aristón
Ecuador Cía. Ltda., en contra del Director
de Patrocinio y otros...................................... 15
62 Edmundo Zamorano Arroyo en contra de la
Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro .......... 17
64 Marcelino Bedón Oribio en contra de la
Municipalidad del Cantón EloyAlfaro........... 18
65 Simón Ecuador Rivas Sánchez en contra de
la Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro ..., 19
66 Oberman Gruezo Montano en contra de la
Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro .......... 21
67 Domingo Cimarrón Tamborero en contra
de la Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro 22
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2 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
Págs.
68 ítalo Ayoví Nazareno en contra de la
Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro ......... 23
70 Elsa Virginia Flores de Valgas Aragundi en
contra del IESS ............................................. 24
71 Walser Gerardo Martínez Valdez en contra de
la Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro ..... 25
ORDENANZA METROPOLITANA:
0088 Concejo Metropolitano de Quito: Sustitutiva del
Título III del Libro Cuarto del Código Municipal,
referente a las condecoraciones, premios y
reconocimientos 26
ORDENANZAS MUNICIPALES:
Cantón Gonzanamá: Que expide el Reglamento
para el manejo de desechos sólidos .... 30
Gobierno Municipal del Cantón Loreto: Que
regula la determinación y administración de
la tarifa por servicio de agua ......................... 33
Gobierno Municipal del Cantón Joya de los
Sachas: Que cambia su denominación como
"Gobierno Municipal del Cantón Joya de
los Sachas" .................................................... 34
Cantón Joya de los Sachas: Que establece la
reubicación del tramo del oleoducto secun
dario que atraviesa el centro de la ciudad ..... 35
Cantón Joya de los Sachas: Para la
aprobación del Plan de Desarrollo
Estratégico................................................... 36
Gobierno Local del Municipio de Nabón:
Que reglamenta el servicio del sistema de
agua potable................................................... 37
FE DE ERRATAS:
A la publicación del Acuerdo N° 008-CG,
emitido por la Contraloría General del
Estado, publicado en el Registro Oficial
N° 70 de abril 28 de 2003 .............................. 40
No. 371
Lucio Gutiérrez Borbúa
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA
Considerando:
Que el Sistema Económico de la República del Ecuador,
consagrado en la Constitución Política, se organiza y
funciona bajo los principios generales de eficiencia,
solidaridad, sustentabiíidad y calidad, con el propósito de
asegurar a los habitantes del Ecuador una existencia digna e
iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a
los bienes y servicios y a la propiedad de los medios de
producción;
Que es objetivo del Estado el desarrollo prioritario, integral
y sostenido de las actividades productivas, comercial,
microempresarial, artesanal, la dotación de infraestructura,
la recuperación de suelos, y otras actividades que
coadyuven al mejoramiento del nivel de vida de la
comunidad ecuatoriana;
Que es prioridad del Gobierno Nacional desarrollar políticas
de servicio a la sociedad haciendo uso de las facultades
que tiene la Presidencia de la República como máxima
dependencia del Poder Ejecutivo en cuanto a considerarla
órgano ejecutor de proyectos de beneficio social;
Que es necesario que el Estado canalice en forma eficiente y
oportuna, los fondos provenientes de distintos oferentes
internacionales, que financian programas de desarrollo
social integral, a través de proyectos y obras sociales
sustentables; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo
171, numerales 3 y 9 de la Constitución Política de la
República y el artículo 11, letras a) y g) del Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
Decreta:
Art. 1.- Créase la Unidad de Desarrollo Social Integral
"UDESIN", como dependencia de la Presidencia de la
República, la cuati gozará de personería jurídica, y tendrá su
sede en la ciudad de Quito.
Art. 2.- La "UDESIN", funcionará con los recursos
económicos provenientes de los fondos, donaciones o
ayudas de carácter «o estatal, que obtenga para el desarrollo
de sus actividades.
Art. 3.- La "UDESIN", tendrá como objeto contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más
vulnerables de la población mediante la ejecución de
proyectos de infraestructura básica, creación de fuentes de
trabajo y generación de ingresos, educación, salud,
fortalecimiento comunitario con la participación activa de las
juntas parroquiales y otras instancias locales.
Art. 4.- La UDESIN, estará conformada por un Directorio
compuesto por:
a) Un Vocal en representación del Presidente de la
República, designado en forma directa por el Jefe de
Estado, quien lo presidirá;
b) El Ministro de Obras Públicas o su delegado; y,
c) El Gerente General del Banco del Estado o su delegado.
Las resoluciones que adopte el Directorio se tomarán con el
voto favorable de dos de sus vocales.
Art. 5.- Son func' jncs iel Directorio & la UDESIN:
a) Conseguir y obtener líneas de financiamiento
autoliquidables; donaciones u otros recursos
provenientes de fuentes y entidades financieras,
multilaterales < no gubernamc tales extranjeras, para la
ejecución de programas de de ¡arrollo social; así como,
para proyectos productivos sv tentables.
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Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 3
A tal efecto, el Directorio se halla facultado para
negociar y suscribir los acuerdos, convenios y contratos
que tenga como finalidad conseguir fondos de
naturaleza no reembolsables;
b) Planificar las obras que la Presidencia de la República
las considere necesarias y prioritarias para el desarrollo
social y productivo del Ecuador; y,
c) Coordinar las relaciones y acciones del UDESIN con los
demás organismos gubernamentales, y extranjeros, para
conseguir sus fines, proyectos y programas.
Art. 6.- La "UDESIN" expedirá su propio reglamento para su
funcionamiento y coordinará la ejecución de los programas
y proyectos de desarrollo con la Presidencia de la
República y demás entidades del sector público.
Art. 7.- Las entidades señaladas en el Art. 2 del Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
prestarán el apoyo y asistencia técnica que sean requeridos
por la UDESIN para el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 8.- Los recursos económicos obtenidos por la UDESIN,
se depositarán en el Banco del Estado, entidad que será la
encargada de administrarlos y ponerlos a disposición de la
UDESIN, para la ejecución de los proyectos que esta unidad
tenga bajo su responsabilidad ejecutar.
Con la finalidad de garantizar esta operación, se establecerá
un fideicomiso mercantil de administración y garantía, en
dicho banco.
El Banco del Estado como entidad administradora de los
recursos tendrá bajo su responsabilidad asegurar el correcto
uso y destino de los mismos, hacia los proyectos que
UDESIN ejecute con dichos fondos, para lo cual podrá
brindar la asistencia técnica que la unidad requiera. El
Banco del Estado como entidad financiera autónoma del
sector público, en observancia a las normas de orden legal
previstas en la Ley Orgánica de Régimen Monetario y
Banco del Estado, Ley de Responsabilidad, Estabilización y
Transparencia Fiscal, y demás normas legales aplicables,
podrá otorgar garantías necesarias que respalden los
financiamientos que UDESIN obtenga. ■
La Contraloría General del Estado, de conformidad con lo
que establece el Art. 1 de su Ley Orgánica, efectuará el
control de los recursos que obtenga la UDESIN.
Artículo Final.- De la ejecución del presente decreto, que
entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en
el Registro Oficial, encargúense el Ministro de Obras
Públicas y el Gerente General del Banco del Estado.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 30 de abril de
2003.
f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la
República.
f.) Estuardo Javier Peñaherrera, Ministro de Obras Públicas
y Comunicaciones.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Lie. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General dela Administración Pública (E).
N° 03 001
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NACIONAL DE CORREOS
Considerando:
Que la Empresa Nacional de Correos es una entidad de
derecho público, con personería jurídica, con patrimonio
propio, presupuesto especial y autonomía administrativa y
financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494,
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 de
18 de noviembre de 1999, emitido por el señor Presidente
Constitucional de la República, mediante el cual dispone la
delegación de los servicios postales actualmente a cargo de
la Empresa Nacional de Correos a la iniciativa privada, y la
supresión de la misma encargándose de este proceso al
Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM;
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 del
mencionado Decreto Ejecutivo No. 1494, la Empresa
Nacional de Correos deberá continuar operando y
ejerciendo la representación postal oficial del Estado, hasta
que culmine el proceso de delegación;
Que mediante Acuerdo 002 de 13 de febrero de 2003, el
Ing. Carlos Vega, Director Administrativo del CONAM,
delega al economista Alberto Yépez Freiré, como
representante legal de la Empresa Nacional de Correos,
correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y
extrajudicial de la institución de correos;
Que a fin de dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1494, la
Empresa Nacional de Correos suscribió un Contrato de
Prestación de Servicios de Distribución de Envíos a
Domicilio con la Empresa URBANO EXPRESS el 1ro. de
octubre de 2002;
Que el 14 de enero de 2003, la Empresa Nacional de
Correos y la Compañía URBANO EXPRESS, suscribieron
un Contrato Modificatorio al Contrato de Prestación de
Servicios de Distribución de Envíos a Domicilio acogiendo la
argumentación y pedido de Urbano Express mediante oficio
s/n de fecha 8 de enero de 2003;
Que de acuerdo al criterio emitido por la Procuraduría
General del Estado, mediante oficio Nro. 00787 de 14 de
marzo de 2003, considera ilegal e improcedente la
aplicación de la cláusula de multas estipulada en el contrato
modificatorio de manera retroactiva, esto es, en vez de las
multas previstas en el contrato principal;
Que se procedió a calcular el monto real de la multa de
acuerdo con lo establecido en la cláusula octava del
contrato principal que tenía plena vigencia en ese entonces,
lo cual fue notificado a Urbano Express mediante oficio Nro.
2003-079-C.Q.l. de fecha 12 de febrero de 2003, que la
multa asciende al valor de $ 538.919,04; y,
En uso de las facultades legales y reglamentarias de las queme hallo investido,
Acuerdo:
ARTICULO ÚNICO.- Los presupuestos fácticos que
originaron la imposición de la multa de $ 52.835,20 dólares
notificado a la Empresa Urbano Express, mediante oficio
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4 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
Nro. 2003-21-C.Q.l. de fecha 15 de enero de 2003, no se
adecuaron a lo previsto en la cláusula octava del contrato
principal celebrado el primero de octubre de 2002, entre la
Empresa Nacional de Correos y la Empresa Urbano
Express, instrumento aplicable en este caso.
De acuerdo a lo establecido en los Arts. 93 y 94 literal c)
del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la
Función Ejecutiva se declara la extinción por nulidad del
acto administrativo notificado mediante oficio Nro. 2003-21-
C.Q.l. de fecha 15 de enero de 2003, al Ing. Andrés Pérez
Salvador, Gerente General de Urbano Express.
Dado en Quito, a los quince días del mes de abril de 2003.
f.) Econ. Alberto Yépez Freiré, representante legal de la
Empresa Nacional de Correos.
Certifico: Es fiel copia del original.
f.) Paulina Cornejo Chicaiza, Secretaria - Dirección General
Empresa Nacional de Correos.
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
TABLA DE PORCENTAJES DEDESVALORIZARON MONETARIA PARA
EL AÑO 2003
AÑO DE COMPRA PORCENTAJES DE
DEL INMUEBLE DESVALORIZARON
MONETARIA PARA EL
AÑO 2003
1967 1.001968 1.001969 1.001970 1.001971 1.001972 1.001973 1.001974 1.001975 1.001976 1.001977 1.001978 1.001979 1.001980 1.001981 1.001982 1.001983 1.001984 1.001985 1.001986 1.001987 1.001988 1.001989 0.991990 0.991991 0.981992 0.971993 0.96
1994 0.941995 0.921996 0.901997 0.881998 0.841999 0.782000 0.672001 0.35
2002 0.11
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Elaboración: Banco Central del Ecuador.
CONSULTA DE AFORO N° 004
Guayaquil, 25 de abril de 2003.
Eco.
Carlos Viel Ortiz
GERENTE GENERALTRANSTEC S.A.Quito
De mis consideraciones:
En relación a su solicitud de consulta de aforo presentada
con fecha abril 3 de 2003, relativa al producto PISTOLA DE
DEFENSA PERSONAL, y en base al informe técnico
suscrito por el Eco. Aníbal Saltos, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 48 y 111 2) operativas de la Ley Orgánica
de Aduanas, procedo a absolver la consulta de aforo en los
siguientes términos.
ANÁLISIS
La mercancía, materia de la consulta, según la información
proporcionada en el catálogo, es una arma no letal
considerada como una pistola de defensa personal, que
utiliza un moderno sistema Taser que dispara 2 sondas hasta
una distancia de 7 metros aprox., desde un cartucho de aire
comprimido. Estas sondas están conectadas al arma por un
cable aislado, que cuando hace contacto con el blanco, el
Taser transmite pulsos eléctricos muy potentes a lo largo del
cable y dentro del cuerpo humano atravesando los pulsos
dos pulgadas de ropa, lo que permite bloquear
completamente el sistema nervioso y controlar directamente
los músculos del esqueleto, lo que ocasiona una contracción
incontrolable del tejido muscular, permitiendo debilitar
físicamente al sospechoso sin consecuencias ulteriores.
La referida merca .cía, de acuerdo a la función que realiza y
en aplicación de la Regla General Prin era de Interpretación
de la Nomenclatura Arancelaria, se encuentra ubicada
dentro del Arancel de Importaciones vigente en la partida
9304, que corresponde a "Las demás armas (por ejemplo:
armas larg xs y pistolas de nuelle (resorte), aire comprimido
o gcu, porras), exc pío las de la partida 93.07".
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Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 5
Y al interior de esta partida, en razón de que funciona por
medio de aire comprimido y al existir una subpartida
específica para esta clase de armas, el referido producto se
encuentra ubicado en la subpartida arancelaria 9304.00.10.
CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto, la pistola de defensa personal, marca
ADVANCED TASER y sus modelos M-26, MI8L y MI8,
motivo de esta consulta de aforo, en aplicación la Regla
Primera de Interpretación de la Nomenclatura Arancelaria,
se encuentra clasificada dentro del Arancel Nacional de
Importaciones vigente, en la subpartida arancelaria
9304.00.10 que corresponde a "De aire comprimido".
Sin otro particular me suscribo, reiterando mis sentimientos
de la más alta consideración y estima.
Atentamente,
f.) Crnl. Guillermo Vásconez H., Gerente General, CAE.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
POLICÍA JUDICIAL
Considerando:
Que el Art. 10, inciso tercero del Reglamento de la Policía
Judicial, publicado en el Registro Oficial No. 368 del viernes
13 de julio de 2001, establece: "...Si en el plazo de un año
contado desde la exhibición pública de los bienes muebles
que no fueren reclamados, serán objeto de remate cuyo
producto se destinará al equipamiento y al fortalecimiento
técnico científico de la Policía Judicial";
Que según examen especial de Auditoría Interna de la
Comandancia General de la Policía Nacional, e informe No.
18-DA-1-2001 de la Contraloría General del Estado,
recomiendan la elaboración de un Reglamento interno para
los remates de vehículos, enseres y más especies, que
establezca los procedimientos; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 2
del Art. 16 del Reglamento de la Policía Judicial,
Resuelve:
EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO DE REMATES DE
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E
INVESTIGACIONES.
CAPITULO I
GENERALIDADES
Art. 1. Procedencia de remate.- La Dirección Nacional de
la Policía Judicial, procederá al remate de bienes muebles,
recuperados y ocupados por las diferentes jefaturas y
subjefaturas a nivel nacional y puestos a órdenes de los
fiscales del país; cuyos legítimos propietarios no hayan
reclamado legalmente en el plazo de un año contado desde
la exhibición pública, a excepción de aquellos bienes y
valores que permanezcan como evidencias en las
indagaciones previas o procesos penales y de aquellos que
no tengan relación con el hecho investigado.
Art. 2. Exhibición pública.- Las jefaturas y subjefaturas de
Policía Judicial a nivel nacional, que hayan recuperado
bienes por las funciones propias del servicio, procederán
luego de la publicación por la prensa a exhibir al público,
tratándose de vehículos en los patios de retención vehicular
y los demás enseres en las bodegas de bienes recuperados.
Para el cumplimiento de la exhibición se facilitará el acceso
al público en horarios establecidos, previa presentación de
denuncia o título o factura de propiedad pertinentes.
Art. 3. Avisos al público.- Las jefaturas y subjefaturas de
Policía Judicial, procederá a dar aviso al público de todos
los bienes recuperados, cuyos propietarios se desconoce,
mediante avisos en los periódicos de mayor circulación
nacional o provincial en forma mensual y por tres veces
consecutivas.
En las dependencias de la Policía Judicial de todo el país,
así como en las bodegas de bienes recuperados se exhibirá
al público el listado mensual de bienes recuperados cuyos
propietarios se desconozca.
Art. 4. Colaboración de los medios de comunicación
social.- Los jefes y subjefes de la Policía Judicial solicitarán
a los diferentes medios de comunicación social la
colaboración para difundir a la ciudadanía los boletines de
prensa del listado de bienes recuperados.
Art. 5. Registro de avisos al público.- Es obligación de las
jefaturas y subjefaturas de la Policía Judicial llevar un
registro y control cronológico de los avisos publicados en la
prensa, mismos que constituirán base fundamental para el
remate, luego de haber transcurrido un año de su última
publicación, una copia de estas publicaciones se remitirá
mensualmente al Departamento de Coordinación del
Ministerio Público con la Policía Judicial.
CAPITULO II
DE LA JUNTA DE REMATES
Art. 6. (Integración de la Junta de Remates).- Previo a
realizarse un remate, el Director Nacional de la Policía
Judicial e Investigaciones; como máxima autoridad
conformará la Junta de Remates, que estará integrada por
los siguientes miembros:
1. El Director Nacional de la Policía Judicial e
Investigaciones, quien actuará como Presidente de la
misma.
2. El Jefe Provincial de la Policía Judicial del lugar al quepertenezcan los bienes a rematarse.
3. El Jefe Financiero de la Dirección Nacional de la
Policía Judicial e Investigaciones.
4. Un delegado de la Contraloría General del Estado,
quien actuará como observador.
5. Un delegado del Ministerio Público.
6. El Asesor Jurídico de la Dirección Nacional de la
Policía Judicial e Investigaciones, quien actuará como
Secretario, con voz informativa.
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6 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
Art. 7. (Deberes y atribuciones de la junta).- Son
deberes y atribuciones de la Junta de Remates los
siguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos,
instructivos y directivas atinentes a la materia.
2. Organizar y desarrollar el proceso de remates de los
bienes hasta su finalización.
3. Solicitar al Consejo Directivo de la Policía Judicial, a
través del Director Nacional de la Policía Judicial e
Investigaciones, reformas al presente reglamento.
4. Nombrar comisiones especiales que intervengan en el
proceso de remate.
5. Establecer fechas de publicaciones en la prensa, de los
bienes a rematarse, y el señalamiento de día y hora del
remate.
6. Solicitar a la Corte Superior de Justicia la designación
del martillador público.
7. Excluir del proceso de remate, determinados bienes por
disposición judicial.
8. Solicitar al Consejo Directivo de la Policía Judicial, a
través del Director Nacional de la Policía Judicial e
Investigaciones, autorización para utilizar
temporalmente determinados bienes susceptibles de
remate y que se consideren necesarios para uso de la
Policía Judicial y Ministerio Público.
9. Las demás atribuciones que le confieren las leyes,
reglamentos, instructivos y directivas pertinentes.
Art. 8. (Del Presidente de la junta).- Son deberes y
atribuciones del Presidente de la Junta de Remates:
1. Presidir las sesiones de la junta.
2. Posesionar a los miembros de la misma.
3. Convocar a los miembros de la Junta de Remates, para
que asistan a las sesiones.
4. Disponer a los jefes y subjefes provinciales de la
Policía Judicial, remitan el listado de vehículos y
demás bienes, que hayan cumplido más de un año de
permanencia en los patios y bodegas, que no hayan
sido reclamados legalmente por sus legítimos
propietarios, luego de la exhibición pública, a
excepción de aquellos bienes que a criterio del Fiscal
de la causa permanezcan como evidencias en la
indagación previa o procesos penal. El listado deberá
contener: causa y fecha de aprehensión, número de
informe o parte informativo, número y fecha del oficio
con el cual pasó a disposición de autoridad competente
y los respectivos avisos al público.
5. Emitir los correspondientes títulos de crédito contra los
postores que hubieren provocado la quiebra de un
remate, por los valores correspondientes a la
diferencia de la quiebra y notificar al Servicio de
Rentas Internas para su ejecución.
6. Las demás atribuciones que le confieren las leyes,
reglamentos, instructivos y directivas pertinentes.
Art. 9. (Atribuciones de los miembros de la junta).- Los
miembros de la Junta de Remates, tendrán los siguientes
deberes y atribuciones:
1. Asistir a las reuniones de la junta.
2. Tener voz y voto, excepto el Secretario y el delegado
de Contraloría que actuarán con voz informativa.
3. Verificar el estado y condición de los bienes a
rematarse.
4. Designar comisiones específicas a sus miembros y
peritos para el proceso de remate.
5. Proceder a la adjudicación de los bienes rematados y
levantar la respectiva acta.
6. Suscribir las actas en unidad de acto.
7. Los demás deberes y atribuciones que le confieren las
leyes, reglamentos, instructivos y directivas
pertinentes.
Art. 10. (Del Secretario de la junta).- Son deberes y
atribuciones del Secretario de la Junta de Remates:
1. Convocar a sesiones de la junta, previa disposición del
Presidente, con un plazo no menor a cuarenta y ocho
horas de anticipación.
2. Asistir puntualmente a las sesiones.
3. Elaborar, llevar en orden cronológico, dar fe y certificar
las actas de las sesiones de la Junta de Remates y las
actas de remate.
4. Custodiar los documentos de la Junta de Remates.
CAPITULO III
DE LAS COMISIONES QUE INTERVIENEN EN EL
PROCESO DE REMATE
Art. 11. (Comisiones especiales).- La junta previo al remate
de bienes, procederá a requerir el asesoramiento de
comisiones especiales, como son:
1. Comisión de Verificación e Inspección Previa.
2. Comisión Técnica de Avalúos.
3. Comisión de Asuntos Judiciales.
Art. 12. (Comisión de verificación).- La Comisión de
Verificación e Inspección Previa, estará integrada por un
delegado de la Jefatura Financiera y uno de Activos Fijos de
la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones,
el Jefe o Subjefe Provincial de la Policía . Judicial donde se
efectuará el remate, el encargado de los patios y/o bodegas, y
un delegado de Auditoría Interna de la Comandancia General
de la Policía Nacional, que actuará como observador.
Art. 13. (Deberes y atribuciones de la comisión).- Son
deberes y atribuciones de la Comisión de Verificación e
Inspección Previa:
1. Cumplir a cabalidad las disposiciones de la Junta de
Remates.
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Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 7
2. Elaborar el informe detallando la verificación e
inspección previa de los bienes susceptibles de remate;
informe que deberá contener los siguientes puntos:
2.1. El listado completo con determinación de series,
número, color, marca, año de fabricación, modelo
y tipo, de los bienes susceptibles de remate.
2.2. Determinación de fecha, hoja de ingreso y código,
que justifique el ingreso del bien según los libros
de registro y boletines de aviso al público.
2.3. Los bienes deben ir ordenados en secuencia y de
acuerdo con las mismas características.
2.4. Observaciones o novedades determinadas en
cuanto a estado, bienes no ubicados y otras a
criterio de la comisión sobre los bienes
susceptibles para remate.
2.5. Presentar un informe de los bienes susceptibles de
baja.
2.6. Fotografías de los bienes a rematarse.
2.7. La firma y rúbrica de los miembros de la comisión.
3. De ser necesario podrán agrupar en lotes los bienes a
rematarse, considerando su grado de relación entre cada
uno de ellos.
Art. 14. (Comisión de avalúos).- La Comisión de Avalúos
estará integrada por dos peritos, nombrados por la Junta de
Remates, quienes tendrán los siguientes deberes y
atribuciones:
1. Verificar el estado y condición de los bienes
susceptibles para remate, de conformidad con el
informe presentado por la comisión de verificación e
inspección previa.
2. Realizar la toma de improntas y remarcación de motor
y chasis en caso de automotores, elaborando a la vez la
hoja de identificación con todas sus características; en
caso de joyas tomarán en cuenta el peso y calidad, en
los demás bienes su estado físico y de funcionamiento.
3. Realizar y asignar el avalúo a los bienes susceptibles
de remate, para lo cual se considerará el valor
comercial actual y el valor comercial de bienes
similares en el mercado.
4. Revisar con los números de motor y chasis de cada
vehículo, en el Centro de Cómputo de la Dirección
Nacional de Tránsito, en el caso de la provincia del
Guayas en la Comisión de Tránsito del Guayas, con la
finalidad de verificar el año, modelo, tipo y cilindraje del
automotor; de no existir esta información, verificarán en
las casas comerciales importadoras de estos vehículos
los datos requeridos.
5. Colocar sellos de seguridad en cada una de las puertas,
capot y otros lugares de acceso de los automotores
avaluados y en el caso de otros bienes se tomarán las
debidas medidas de seguridad.
6. Elaborar el informe detallado con las indicaciones antes
señaladas.
7. Responder por cualquier información y actuación
inexacta, que perjudique a los intereses de la Policía
Judicial.
Art. 15. (Comisión Jurídica).- La Comisión Jurídica, estará
integrada por el Asesor Jurídico de la Dirección Nacional de
la Policía Judicial e Investigaciones y el encargado de
activos fijos; tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
1. Brindar el asesoramiento jurídico en el proceso de
remate, a la junta y a las comisiones.
2. Realizar el seguimiento ante las autoridades
competentes, de los procesos judiciales donde se vean
involucrados bienes susceptibles de remate, e informar
la factibilidad o no de someterlos a remate, de lo cual
informará a la junta por escrito.
CAPITULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE REMATE
Art. 16. (Diligencias previas).- Previo a iniciarse un remate
y una vez conformada la junta, ésta recopilará toda la
información emitida por las jefaturas y subjefaturas de la
Policía Judicial del país, sobre los bienes que han cumplido
más de un año de su aprehensión y exhibición pública, y
que no hayan sido reclamados legalmente por sus
propietarios, a excepción de aquellos que sean considerados
evidencias en la indagación previa o en los procesos penales
o de otra naturaleza.
El Jefe de la Policía Judicial del lugar a efectuarse el remate
será responsable de la información proporcionada.
Art. 17. (Plazo para emisión de informes).- Designadas las
comisiones, éstas remitirán la documentación e informes
requeridos por la Junta de Remates, en un plazo máximo de
30 días.
Art. 18. (Ubicación de bienes para remate).- La Junta de
Remates, analizados y aprobados los informes de las
comisiones, dispondrá que singularizados los bienes a
rematarse con el respectivo avalúo, sean ubicados en un
lugar específico donde se lleve a cabo el remate.
Art. 19. (Señalamiento de remate).- La Junta de Remates
procederá a señalar el lugar, día, fecha y hora del remate,
para lo cual comunicará al público mediante tres avisos
previos que se publicarán en uno de los periódicos de mayor
circulación nacional o de la provincia en que fueren a
efectuarse el remate y además en avisos que se publicarán
en las dependencias de la Policía Judicial.
Art. 20. (Publicaciones).- Las publicaciones de remate se
realizarán con tres días de intervalo entre una y otra.
El remate se hará en el plazo no menor de ocho días
posteriores a la última publicación, en el lugar que la junta
designe para el efecto.
Art. 21. (Contenido del aviso de remate).- El aviso de
remate contendrá:
1. La denominación de la entidad que realizará el remate.
2. El lugar, día, fecha y hora del remate.
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3. La descripción original de los bienes a rematarse,
incluyendo su avalúo.
4. El lugai, días y horas en que los bienes serán exhibidos
al público.
5. La prohibición de intervenir en el remate a los
miembros activos de la Fuerza Pública y familiares
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad.
6. El lugar, días y horas en que los interesados puedan
inscribirse consignando en efectivo o cheque
certificado a nombre de la Dirección Nacional de la
Policía Judicial e Investigaciones, el 20% de la base de
los avalúos.
7. El pié de firma de la Junta de Remates en el que
constará el nombre de sus integrantes.
Art. 22. (Remisión de listados al martillador).- La Junta
de Remates en un plazo no menor a los 15 días antes de la
fecha del remate, remitirá el listado de bienes a rematarse
con sus respectivos avalúos y características al martillador
público designado, a fin de que confeccione las papeletas de
adjudicación, las mismas que contendrán:
1. Encabezamiento.
2. Descripción del bien adjudicado.
3. Valor del remate.
4. Nombres y apellidos, número de cédula de ciudadanía,
dirección y número telefónico del adjudicatario.
5. Fecha de la adjudicación.
6. Firmas del martillador y Presidente de la junta.
En el caso de vehículos la papeleta de adjudicación será
provisional, constando en original y dos copias, debiendo
destinarse la original para la Secretaría de la Junta, y las dos
copias para el adjudicatario con el fin de que con la primera
retire el vehículo y con la segunda copia obtenga el acta
final de remate.
Art. 23. (Remate).- La Junta de Remates siendo el día y
hora señalado para el remate, se constituirá en el lugar,
siendo el Presidente quien dé inicio al acto, disponiendo al
martillador que informe a los interesados la base del remate
que será el avalúo y los bienes a rematarse se entregarán en
la condición y estado en que se encuentren; acto seguido
empezarán las pujas, adjudicando el bien al mejor postor.
Las posturas se presentarán verbalmente y serán
debidamente registradas conteniendo los nombres y
apellidos del postor, la cantidad ofrecida y el bien por el que
se hace la oferta.
Cada postura será pregonada por el martillador público que
intervenga, de acuerdo con lo dispuesto por el "Reglamento
de las operaciones que se verifican en subasta pública, como
las del martillo".
El propietario de los bienes podrá presentar hasta el
momento mismo del remate una orden judicial que impida
el remate de los mismos. En ese caso, el martillador
procederá a excluirlo.
Art. 24. (Adjudicación y cobro del precio del bien).- El
martillador declarará el cierre del remate y adjudicará el
bien al mejor postor.
Efectuada la adjudicación el adjudicatario pagará la
totalidad del precio ofrecido en efectivo o cheque certificado
a nombre de la Dirección Nacional de la Policía Judicial e
Investigaciones.
Art. 25. (Quiebra del remate).- Si dentro de las veinte
cuatro horas el adjudicatario, no efectuare el pago del precio
ofrecido, la junta declarará la quiebra del remate y en el
mismo acto adjudicará el bien en orden de precedencia de
postores.
La diferencia entre la primera y segunda y entre ésta y la,
tercera postura, si fuere el caso, y así sucesivamente pagarán
el postor o postores que hubieren provocado la quiebra. Los
valores de la diferencia serán cobrados reteniendo de los
valores entregados para la inscripción.
Art. 26. (Segunda convocatoria).- Si en el primer
señalamiento, las ofertas no cubren la base del avalúo, la
junta señalará una segunda convocatoria con el 50% del
valor del avalúo.
Art. 27. (Entrega de bienes).- Los bienes rematados serán
entregados previa presentación de la papeleta de
adjudicación y pago total del precio.
Una vez entregados los bienes rematados; los adjudicatarios
por ningún concepto podrán presentar reclamos en lo
referente a sus condiciones y características.
Art. 28. (Acta de remate).- El Secretario de la Junta de
Remates levantará el acta de remate en el término máximo
de ocho días hábiles; en la misma que constará: lugar, fecha
y hora de iniciación del remate, enunciación de las posturas
presentadas, su calificación y preferencia, adjudicación de
los bienes al mejor postor, identificación de cada uno de
dichos bienes, descripción suficiente de ellos, cita del
número con que constan en los registros y valor por el que
se hace la adjudicación.
El original del acta firmada por los miembros de la junta y el
martillador público que intervino en el remate, se archivará
en Secretaría de la junta, siendo el Secretario quien
otorgue las copias que soliciten los interesados.
A cada adjudicatario se le entregará copia certificada de la
parte pertinente del acta, esto es, de la que se refiere a los
bienes adjudicados a cada uno de ellos. La misma que
constituirá título de propiedad del bien adjudicado.
Art. 29. (Nueva identificación de vehículos rematados).-
Los vehículos rematados por la Dirección Nacional de la
Policía Judicial e Investigaciones, obtendrán nueva
identificación vehicular, la misma que se sujetará a los
seriales asignados de conformidad a la presente disposición.
La Junta de Remates dispondrá al personal capacitado de la
Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones,
proceda a la remarcación inmediata de los vehículos
adjudicados, con los nuevos seriales de identificación
asignados por la Comisión de Verificación e Inspección,
cuya denominación será: DNPJel, correspondiente a
Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones;
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Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 9
V, en caso de vehículo; M en caso de motocicleta; 01,
dígitos correspondiente al numeral de orden de remate; M,
de motor o CH de chasis, 01, los dos últimos dígitos del año
de remate; - 01, dígitos de numeración del comando
provincial del bien rematado; por lo tanto, al tratarse de una
serie del motor de un vehículo quedará de la siguiente
manera: DNPJeIV01M01-01.
La remarcación será responsabilidad de la Subdirección
Técnica Científica de la Dirección Nacional de la Policía
Judicial e Investigaciones.
Los vehículos adjudicados mediante remate de la Dirección
Nacional de la Policía Judicial, en ningún caso mantendrán
los seriales de identificación vehicular originales.
CAPITULO V
DE LAS RECAUDACIONES DEL REMATE
Art. 30. (Destino del producto de remate).- Los valores
producto del remate de bienes que efectúe la Dirección
Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, se
destinará al equipamiento y fortalecimiento técnico científico
de la Policía Judicial, para cuyo efecto el Jefe Financiero
abrirá una cuenta especial denominada "equipamiento y
fortalecimiento Policía Judicial", en una entidad bancaria de
reconocida solvencia de la ciudad de Quito.
Del producto de los remates se pagará los exámenes
periciales dispuestos por el Fiscal competente, autopsias,
entre otras, en los lugares donde no exista el Departamento
Médico Legal de la Policía Nacional, en los casos que se
demuestre la indigencia del ofendido.
Art. 31. (Funciones de Administrador de Caja).- La Junta
de Remates designará al Administrador de Caja de la
Dirección Nacional de la Policía Judicial como recaudador
del remate, el mismo que tendrá las siguientes funciones:
1. Emitirá los recibos correspondientes por el 20% de la
inscripción de los postores, efectuado en dinero
efectivo o cheque certificado a nombre de la Dirección
Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones,
valores que serán depositados inmediatamente en la
cuenta destinada para el efecto.
2. Recaudará los valores provenientes del remate en
dinero efectivo o en cheque certificado a nombre de la
Dirección Nacional de la Policía Judicial e
Investigaciones y procederá a depositar en la cuenta
destinada para el efecto en el término de veinticuatro
horas.
3. Procederá a la devolución del valor de inscripción a
quienes no fueren adjudicatarios de los bienes dentro
de las setenta y dos horas posteriores al remate,
mediante cheque de la Dirección Nacional de la Policía
Judicial.
4. Retendrá el 20% de la inscripción a quienes
provocaren la quiebra del remate y notificará
inmediatamente al Presidente de la Junta de Remates.
5. Consolidará la información tanto del martillador como
del delegado de Auditoría Interna, para cuadrar los
valores de los bienes rematados con los valores a
depositarse, luego de lo cual presentará el informe a la
Junta de Remates, dentro de los tres días siguientes al
remate.
6. Liquidará y pagará al martillador el porcentaje de la
subasta pública mediante cheque, de conformidad con
la ley.
CAPITULO VI
DE LA VENTA DIRECTA Y VENTA ESPECIAL
Art. 32. (Bienes corruptibles o de rápida destrucción).-
Se consideran bienes corruptibles o de rápida destrucción
aquellos que por su naturaleza fueren de rápida
descomposición o su custodia o conservación dispendiosa.
Art. 33. (Venta directa).- Los bienes corruptibles o de rápida
destrucción aprehendidos o recuperados por las jefaturas y
subjefaturas de la Policía Judicial del país, serán adjudicados
en venta directa dentro de las cuarenta y ocho horas de su
aprehensión o recuperación, previo avalúo y aprobación del
Fiscal que conozca el caso.
Art. 34. (Bienes perecióles).- Se consideran bienes
perecibles, aquellos cuyo cuidado y alimentación requiere
de infraestructura y forraje especial.
Art. 35. (Venta especial).- El Jefe o Subjefe Provincial de la
Policía Judicial, con la aprobación del Fiscal que conozca el
caso, podrá dar en venta especial los bienes perecibles que
hayan sido aprehendidos en su jurisdicción y que no hayan
sido reclamados legalmente por sus propietarios, dentro del
plazo de cuatro días de la recuperación.
Si el avalúo de los bienes aprehendidos supera los mil
dólares, se publicará por una sola vez, en uno de los diarios
de mayor circulación, efectuándose la venta con
posterioridad a las 48 horas de la publicación.
Art. 36. (Destino del producto de venta directa y
especial).- Los valores recaudados por venta directa o
especial serán depositados dentro de las veinticuatro horas
siguientes, en la cuenta especial de la Dirección Nacional de
la Policía Judicial e Investigaciones designada para el efecto
de lo cual se notificará de inmediato al Fiscal o Juez
competente.
Si en el plazo de un año contado a partir de la venta directa
o especial, no existiere reclamo legal por paite del
propietario de los bienes vendidos; estos valores pasarán a
constituir patrimonio de la Policía Judicial.
Art. 37. (Acta de venta).- De la venta directa y venta
especial se sentará un acta en la que constará: Lugar, día y
hora de la diligencia, descripción de los bienes vendidos,
valor de la venta, con indicación de las tres mejores ofertas
con los datos de filiación de los oferentes.
Acta que será firmada por el adjudicatario, el encargado de
la custodia y el Jefe o Subjefe Provincial de la Policía
Judicial, copia del acta será remitida al Fiscal o Juez que
conozca el caso.
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DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Los valores monetarios que fueren
aprehendidos serán depositados dentro de las veinticuatro
horas siguientes en la cuenta especial de la Dirección
Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones destinada
para el efecto, de lo cual se notificará de inmediato al Fiscal
competente.
Estos valores pasarán a constituir patrimonio de la Policía
Judicial, en caso de no ser reclamados legalmente por sus
propietarios en el plazo de un año contado a partir de su
aprehensión o recuperación.
SEGUNDA.- El Presidente de la Junta de Remates
dispondrá al Jefe Financiero, que previo a realizarse un
remate efectúe un estudio técnico presupuestario referencial
de los gastos que demande la realización del mismo;
informe que será aprobado por la Junta de Remates.
TERCERA.- Facúltase al Director Nacional de la Policía
Judicial e Investigaciones que por esta sola vez, conforme la
Junta de Remates y proceda a rematar los bienes
recuperados por las jefaturas y subjefaturas de la Policía
Judicial del país, que a la presente fecha permanezcan en
custodia por más de un año sin que hayan reclamado sus
legítimos propietarios a través de autoridad competente.
CUARTA.- Los bienes recuperados que no fueren aptos
para remate, se procederán a dar de baja de conformidad
con el Reglamento General de Bienes del Sector Público.
DISPOSICIÓN FINAL
Los bienes que al momento se encuentren en custodia de la
Policía Judicial y que se hubieren encontrado en esta
condición por más de un año, previa comprobación de la
Junta de Remates, se procederá a realizar tres publicaciones
en días diferentes y se procederá al remate después de
noventa días de la última publicación, tiempo en el cual
permanecerán en exhibición.
En todo lo que no estuviere estipulado en el presente
reglamento, se estará a lo dispuesto en el Código Civil y
Reglamento General de Bienes del Sector Público.
Derógase todas las disposiciones reglamentarias,
administrativas y directivas que se opongan al presente
reglamento.
De la ejecución del presente reglamento, que regirá a partir
de la publicación en el Registro Oficial, encargúese al señor
Director Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones.
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los
veinticinco días del mes de abril del año 2003.
f.) Dr. Guillermo Mosquera Soto, Ministro Fiscal General
del Estado subrogante, Presidente del Consejo Directivo de
la Policía Judicial.
Es copia.- Lo certifico.
f.) Lie. Rodrigo Hinojosa Santillán, General de Distrito,
Director Nacional de la Policía Judicial, Secretario del
Consejo Directivo de la Policía Judicial.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
POLICÍA JUDICIAL
Considerando:
Que, de conformidad con el Art. 4, literal b), inciso segundo
de las reformas a la Ley de Contratación Pública, contenida
en la Ley para la Transformación Económica, publicada en
el Registro Oficial No. 34 de 13 de marzo de 2000, en
concordancia con el Art. 8 de la Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control, faculta a las entidades
y organismos del sector público, dictar políticas internas,
manuales, reglamentos y normas que permitan un eficiente
manejo y control de los recursos materiales y financieros de
la institución;
Que, el H. Consejo de Generales de la Policía Nacional,
mediante Resolución No. 00-284-CGPN, publicado en la
Orden General No. 125 del Comando General de la Policía
Nacional para el día viernes 30 de junio de 2000, aprueba el
Reglamento de conformación y funcionamiento de la
Comisión de Adquisiciones de las direcciones generales y
nacionales de los comandos provinciales y unidades
especiales de la Policía Nacional;
Que, según Examen Especial de la Contraloría General del
Estado, recomienda la elaboración del Reglamento Interno
para la Calificación de Proveedores de la Dirección
Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral
2) del Art. 16 del Reglamento de la Policía Judicial,
Resuelve:
EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO PARA LA
CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E
INVESTIGACIONES.
CAPITULO I
GENERALIDADES
Art. L- La Dirección Nacional de la Policía Judicial e
Investigaciones mantendrá actualizada la lista de
proveedores para la ejecución de obras, adquisiciones de
bienes y prestación de servicios; con esta finalidad, durante
el primer mes de cada año, publicará en un periódico de
mayor circulación del país, invitando a las personas
naturales y jurídicas para que, en el plazo de quince días
laborables contados a partir de la publicación, presenten la
documentación reglamentaria, tendiente a calificarse como
proveedores de la Dirección Nacional de la Policía Judicial
e Investigaciones.
Art. 2.- La Comisión de Calificaciones, previamente
establecerá el pago de inscripción, monto que será fijado
con la finalidad de recuperar el gasto incurrido en la
publicación de la invitación en el medio de prensa, pago
que lo harán medí Jite depósito en la cuanta de la Dirección
Nacional de la Poii.ía Judicial e investigaciones que
especifique el Jefe Financiero.
Art. 3.- En el Departamento Finarciero de la Dirección
Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones constará la
Sección Adquisiciones y Proveeduría, con las funciones
establecidas en el Art. 42 del P ;glamento de la Policía
Judicial.
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Registro Oficial N° 79 -- Lunes 12 de Mayo de 2003 - 11
Art. 4.- El Secretario de la Comisión de Adquisiciones de la
Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones
mantendrá en archivo el listado actualizado de proveedores,
que servirá de base para solicitar ofertas para toda
adquisición.
Art. 5.- Las personas naturales y jurídicas nacionales o
extranjeras que deseen participar en la ejecución de obras,
adquisiciones de bienes y prestación de servicios de la
Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones,
deberán inscribirse en el Registro de Proveedores de esta
Dirección, de acuerdo a los requisitos establecidos en el
presente reglamento.
Art. 6.- Las personas naturales y jurídicas, nacionales o
extranjeras inscritas en calidad de proveedores de esta
Dirección, deberán actualizar su documentación
periódicamente para mantener vigente el tiempo de validez
de los diferentes documentos, requisito indispensable para
poder intervenir en los procedimientos de adquisiciones,
ejecución de obras o prestación de servicios.
CAPITULO II
DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA
INSCRIPCIÓN EN CALIDAD DE PROVEEDOR
Art 7 - DE LAS PERSONAS NATURALES.- Previa a la
inscripción, las personas naturales presentarán originales o
copias certificadas y actualizadas de los siguientes
documentos, en una carpeta debidamente foliados y
numerados:
a) Solicitud de inscripción dirigida al Director Nacional de
la Policía Judicial e Investigaciones;
b) Currículo vitae;
c) Certificado del depósito por concepto de inscripción;
d) Referencias bancarias;
e) Ultimo balance financiero sobre la solvencia económica
con la documentación de soporte;
f) Certificado de no adeudar al Municipio;
g) Ficha de "Identificación de Proveedores" (Formulario
otorgado por la Dirección Nacional de la Policía
Judicial);
h) Fotocopia de la cédula de ciudadanía y papeleta de
votación;
i) Certificado de antecedentes personales;
j) Certificado expedido por la Contraloría General del
Estado, en el que conste no encontrarse registrado
como contratista incumplido ni adjudicatario fallido;
k) Registro único de contribuyentes actualizado;
1) Certificado de cámaras de Comercio o de Industrias, si
fuere afiliado;
m) Permiso de importación, de ser el caso;
n) Cartas de exclusividad o representación de firmas
nacionales o extranjeras, en caso de tenei los;
0) Listado y catálogo de bienes y servicios que pueden
proveer;
p) Domicilio civil, número de teléfono y/o fax actualizado,
correo electrónico; y,
q) Otros documentos que estime conveniente presentarlos.
Art 8 - DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.- Las personas
jurídicas, previo a la inscripción, presentarán originales o
copias certificadas y actualizadas de los siguientes
documentos, en una carpeta debidamente foliados y
numerados:
a) Solicitud de inscripción dirigida al Director Nacional de
la Policía Judicial e Investigaciones;
b) Currículo vitae;
c) Certificado del depósito por concepto de inscripción;
d) Ficha de "Identificación de Proveedores" (Formulario
otorgado por la Dirección Nacional de la Policía
Judicial);
e) Estatutos de constitución de la compañía y sus
reformas si las hubiere;
f) Nombramiento del representante legal con la
aceptación e inscrito en el Registro Mercantil, o el
poder conferido a un mandatario en el Ecuador
vigente, debidamente certificado;
g) Certificado de antecedentes personales del
representante legal;
h) Certificado de la Superintendencia de Compañías que
acredite el cumplimiento de las obligaciones y de
hallarse en vigencia;
i) Certificado de registro único de contribuyente actualizado
o vigente;
j) Certificado* expedido por la Contraloría General del
Estado, en el que conste no encontrarse registrado
como contratista incumplido ni adjudicatario fallido;
k) Matrícula de comercio y/o de industria;
1) Cartas de exclusividad o representación de empresas
nacionales o extranjeras, en caso de tenerlas;
m) Los estados de situación financiera y de resultados del
último ejercicio fiscal legalizados por el contador y
oferente o el representante legal, según el caso;
n) Declaración del impuesto a la renta;
o) Certificado de no adeudar al Municipio;
p) Listado y catálogo de los bienes y servicios que puede
proveer;
q) Domicilio civil, número de teléfonos y/o fax actualizados y
correo electrónico; y,
r) Otros documentos que creyeren conveniente
presentarlos.
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12 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
CAPITULO III
DE LA CALIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE
INSCRIPCIÓN
Art. 9.- Una vez concluido el plazo para presentar las
solicitudes de inscripción, con la documentación correspon-
diente, inmediatamente el Director Nacional de la Policía
Judicial e Investigaciones dispondrá a la Comisión de
Calificaciones, que estará conformada por un delegado del
Director, quien lo presidirá, un delegado del Departamento
Financiero y el Asesor Jurídico de la Dirección, para que
procedan al estudio y análisis de la documentación.
Art. 10.- La Comisión de Calificación, procederá a analizar
los documentos presentados y emitirá el correspondiente
informe de calificación, con el resultado del análisis.
Art. 11.- En caso de que el informe de la Comisión
Calificadora determine que la documentación presentada se
encuentra completa procederá inmediatamente a la
inscripción del solicitante en calidad de proveedor de la
Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones.
Art. 12.- Si del informe de la Comisión Calificadora se
desprende que la documentación presentada no cumple con
los requisitos exigidos por este reglamento, se notificará a la
persona natural o jurídica para que la complete, en el
término de ocho días, posteriormente se efectuará un nuevo
análisis e informe de calificación que determine si ha cum-
plido con los requisitos, caso contrario, no será calificado.
Art. 13.- La Dirección Nacional de la Policía Judicial e
Investigaciones, mantendrá actualizado el Registro de
Proveedores y procederá, en caso de requerir el proveedor, a
otorgar el certificado correspondiente a través de la Secre-
taría de la Comisión de Adquisiciones de esta Dirección.
Art. 14.- Únicamente las personas naturales y jurídicas
calificadas como proveedores de esta Dirección, podrán ser
invitados a presentar las ofertas para adquisiciones,
ejecución de obra o prestación de servicios, a excepción en
el caso de que documentadamente se justifique que la
persona natural o jurídica oferente, sin ser calificado
proveedor de la Dirección Nacional de la Policía Judicial e
Investigaciones, es exclusivo en el país.
DISPOSICIÓN GENERAL
PRIMERA.- En todo lo que no estuviere estipulado en el
presente reglamento interno, se estará a lo dispuesto en la
Ley de Contratación Pública y resoluciones que sean
emitidas por la Contraloría General del Estado.
DISPOSICIÓN FINAL
PRIMERA: De, la ejecución del presente reglamento
interno, que regirá a partir de la publicación en el Registro
Oficial, encargúese al señor Director Nacional de la Policía
Judicial e Investigaciones.
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los.
veinticinco días del mes de abril del año 2003.
f.) Dr. Guillermo Mosquera Soto, Ministro Fiscal General del
Estado subrogante. Presidente del Consejo Directivo de la
Policía Judicial.
Es copia.- Lo certifico.
f.) Lie. Rodrigo Hinojosa Santillán, General de Distrito,
Director Nacional de la Policía Judicial, Secretario del
Consejo Directivo de la Policía Judicial.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
POLICÍA JUDICIAL
Considerando:
Que es necesario emitir normas que permitan prestar un
mejor servicio a la colectividad por parte de la Policía
Nacional;
Que es un principio constitucional dar seguridad a los
bienes de las personas, por parte de la Policía Nacional;
Que no ha existido la colaboración necesaria por parte de
las ensambladuras para realizar las remarcaciones de las
numeraciones en chasis y motor; y,
En uso de las atribuciones que le otorga el Art. 16, numeral
2) del Reglamento de la Policía Judicial,
Resuelve:
EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO
INTERNO PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE
REMARCACIONES DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN
AUTOMOTRIZ.
TITULO PRELIMINAR
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS
Art. 1.- El presente reglamento tiene por objeto establecer
las normas y procedimientos para regular las remarcaciones
en los vehículos a motor o no.
Art. 2.- La verificación de la originalidad de los sistemas de
identificación y de la lícita procedencia de los automotores
es de competencia de la Policía Judicial a través de la
Subdirección Técnica Científica de la Policía Judicial,
departamentos de Criminalística y unidades de Apoyo
Criminalístico, con la finalidad de salvaguardar los intereses
de la colectividad en general.
Art. 3.- La Dirección Nacional de la Policía Judicial a través
de la Subdirección Técnico Científica, departamentos y
unidades de Apoyo Criminalístico a nivel nacional, ejercerá
en forma exclusiva las funciones para determinar la
originalidad de los sistemas de identificación de los
vehículos.
TITULO I
DE LOS ORGANISMOS
Art. 4.- La aplicación del presente reglamento en el ámbito
que le corresponde stará a cargo de:
a) La Dirección Nacional de la Policía Judicial e
Investigaciones;
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Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 13
b) Subdirección Técnico Científica de la Policía Judicial;
c) Departamentos y unidades de Apoyo Criminalístico a
nivel nacional;
d) Jefaturas provinciales y subjefaturas de la Policía
Judicial e Investigaciones; y,
e) Sección de Automotores de la Policía Judicial.
CAPITULO I
ATRIBUCIONES DE LOS ORGANISMOS DE LA
POLICÍA JUDICIAL
Art. 5.- La Dirección Nacional de la Policía Judicial e
Investigaciones, además de las funciones determinadas en la
legislación vigente, será la encargada de la planificación,
regulación y control de los procedimientos aplicados para la
identificación original de los vehículos.
Art. 6.- La Subdirección Técnico Científica de la Policía
Judicial, tendrá como misión fundamental controlar y
supervisar la correcta aplicación de los procedimientos
determinados en el presente reglamento.
Art. 7.- Las jefaturas provinciales y subjefaturas de la
Policía Judicial a través de los departamentos y/o unidades
de Apoyo Criminalístico, serán los encargados de
determinar la originalidad del sistema de identificación de
los vehículos, tales como: chasis y motor.
La Subdirección Técnica Científica de la Policía Judicial, a
través de los departamentos de Criminalística serán los
responsables de las remarcaciones o marcaciones de las
numeraciones que identifiquen a los vehículos.
Art. 8.- La Sección de Automotores de las jefaturas y
subjefaturas de la Policía Judicial serán entes coordinadores
con los departamentos y unidades de Apoyo Criminalístico,
para determinar la legal procedencia de los vehículos.
CAPITULO II
GENERALIDADES
Art. 9.- Los vehículos rematados en la Dirección Nacional
de la Policía Judicial e Investigaciones, deberán ser
remarcados los números de motor y chasis con la serie
identificativa y morfológica exclusiva de la Subdirección
Técnico Científica de la Policía Judicial.
Art. 10.- Las direcciones nacionales de la Policía Nacional,
previo al remate de los automotores, deberán coordinar con
la Subdirección Técnico Científica de la Policía Judicial, a
fin de que el personal técnico verifique físicamente los
automotores y emita el informe correspondiente.
Art. 11.- Las entidades públicas sin excepción, así como la
fuerza pública, previo al proceso de remate de vehículos,
deberán coordinar con la Subdirección Técnico Científica
y/o departamentos y unidades de Apoyo Criminalístico, para
que los vehículos sean verificados por personal técnico y
emitan el informe respectivo.
Art. 12.- En los casos de que los vehículos hayan sido
objeto de proceso judicial y exista sentencia o auto
resolutivo, deberán ser remarcados por los departamentos
de Criminalística, previa orden por escrito de la autoridad
competente.
Art. 13.- En caso de errores de fabricación en el
acuñamiento del número de chasis o motor en las series de
identificación por parte de las ensambladuras nacionales o
extranjeras, éstas deberán emitir una certificación con el
objeto de justificar dichos errores.
Art. 14.- Los vehículos públicos y privados de fabricación
nacional e importados que llevan placas y/o adhesivos de
identificación del chasis y motor que por diferentes
circunstancias han desaparecido, previa la investigación
para establecer el origen, deberán ser remarcadas por orden
escrita de autoridad competente.
Art. 15.- En importaciones de tres cuartos de motor (block),
sin identificación en el campo numérico, se deberá
presentar la documentación de origen, tales como:
documentos de importación y factura comercial, para que
los departamentos criminalísticos procedan a las
marcaciones alfa numéricas pertinentes.
Art. 16.- En caso de que las series de identificación de los
vehículos hayan sido corroídos por efectos del medio
ambiente, deberán ser remarcados en los departamentos
criminalísticos, previo el informe técnico e investigativo
correspondiente.
Art. 17.- Como formalidad previa a la transferencia de
dominio, los automotores deberán ser analizados y
verificados por los departamentos y unidades de Apoyo
Criminalístico de la Policía Judicial, a fin de determinar y
controlar la autenticidad de los sistemas de identificación,
certificación que se emitirá en especie valorada que servirá
como requisito previo a la matriculación del automotor.
Art. 18.- Los vehículos de servicio público y privado que una
vez realizado el examen técnico pericial de identificación de
grabados y marcas seriales se obtenga como resultado la
alteración del noveno y décimo dígito del serial (chasis), que
tienen como objetivo identificar el año de fabricación del
automotor, serán puestos a órdenes de la Fiscalía, a fin que
se realicen las investigaciones pertinentes para determinar el
verdadero año de fabricación y la remarcación se efectuará
una vez que la autoridad competente disponga esta
diligencia.
Art. 19.- En caso de cambios de motores de vehículos, cuyo
uso haya sido por el lapso de diez años o más y que por
causas justificadas fueron remarcados sus números, deberán
ser matriculados por la Jefatura de Tránsito respectiva,
previa verificación de la estructura molecular por parte de
los departamentos y unidades de Apoyo Criminalístico, y
presentación del informe técnico.
Art. 20.- Cuando del informe técnico pericial se llegue a
determinar la restauración de la numeración original, el Juez
competente o el Fiscal de acuerdo al ámbito de su
competencia, podrán ordenar la remarcación y entrega del
automotor a su legítimo propietario.
Art. 21.- Para la comercialización de motores declarados en
abandono por las rectificadoras o talleres automotrices,
primeramente deben ser legalizados judicialmente y de ser
el caso se procederá a la; remarcación por parte de los
departamentos criminalísticos de la Policía Judicial.
Art. 22.- La Sección de Identificación de Grabados y Marcas
Seriales mantendrá una base de datos de los vehículos
existentes en el país, previa coordinación con la División
Informática de la Dirección Nacional de Tránsito.
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14 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Los servicios policiales mantendrán constante
coordinación con la Dirección Nacional de la Policía Judicial
e Investigaciones, para detectar los vehículos que tienen
alteradas las numeraciones de chasis y motor para proceder
a la aplicación de las disposiciones del presente reglamento
interno.
SEGUNDA.- La Dirección Nacional de la Policía Judicial e
Investigaciones, a través de la Subdirección Técnico
Científica de la Policía Judicial y los departamentos y
unidades de Apoyo Criminalístico, serán los encargados de
ejecutar y aplicar las disposiciones del presente reglamento.
TERCERA.- El costo de la especie valorada para la
certificación de la autenticidad de los sistemas de
identificación de grabados y marcas seriales de los
automotores, documento que será requisito previo a la
matriculación, será determinado por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
DISPOSICIÓN FINAL
De la ejecución del presente reglamento, que regirá a partir
de la publicación en el Registro Oficial, encargúese al señor
Director Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones.
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los
veinticinco días del mes de abril del año 2003.
f.) Dr. Guillermo Mosquera Soto, Ministro Fiscal General del
Estado subrogante, Presidente del Consejo Directivo de la
Policía Judicial.
Es copia.- Lo certifico.
f.) Lie. Rodrigo Hinojosa Santillán, General de Distrito,
Director Nacional de la Policía Judicial, Secretario del
Consejo Directivo de la Policía Judicial.
No. 60
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Quito, a 12 de marzo de 2003; las 10hl5.
VISTOS (276-02): Modesto Quiñónez Torres interpone
recurso de casación contra la sentencia de mayoría dictada
por la Sala del Tribunal Contencioso Administrativo de
Portoviejo la cual declara sin lugar la demanda propuesta en
contra de la Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro.
Concedido el recurso y agotado el trámite prescrito en la
Ley de Casación, esta Sala para resolver lo pertinente
considera: PRIMERO.- Que es competente para conocer y
decidir este recurso en virtud de lo que disponen el artículo
200 de la Constitución Política de la República y la Ley de
Casación que regula su ejercicio. SEGUNDO.- El recurso se
funda en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de
Casación y aduce que en la decisión recurrida existe
aplicación indebida de los artículos 169, 211 y 1067 del
Código de Procedimiento Civil. TERCERO.- El recurrente
acude ante la jurisdicción contencioso administrativa a
reclamar el pago de sus haberes correspondientes a ios
meses de marzo a diciembre de 1997, de enero a diciembre
de 1999, de julio a noviembre de 2000, y de enero a junio
de 2001 y el reintegro a su puesto de trabajo. De autos a
fojas 2 aparece que el actor mediante acción de personal de
30 de enero de 1996 fue nombrado por el Presidente del
Concejo Municipal de Eloy Alfaro para desempeñar las
funciones de Policía Municipal del Cantón Eloy Alfaro.
CUARTO.- Igualmente se establece que el actor impugnó
en esta causa varios actos administrativos que se encuentran
detallados en el considerando tercero de esta sentencia,
ejerciendo la acción ante el Tribunal Distrital N° 4 de lo
Contencioso Administrativo el 26 de junio de 2001 conforme
aparece a fojas 4 vta. del proceso, sin embargo precisa
aclarar que tales actos no son consecuencia unos de otros, es
decir que no tienen relación de causa y efecto, ni constituyen
entre sí instancias administrativas de una misma
reclamación, sino que son hechos y actos cada uno
independiente del otro, que si bien atañen a un mismo
problema que afecta a un mismo administrado, cada uno de
ellos pudo dar origen a una reclamación contencioso
administrativa autónoma. Si bien tratándose de pretensiones
no contradictorias, pudieron deducirse las mismas en una
sola demanda, más también no es menos cierto que
previamente por su carácter independiente, los plazos de
caducidad de la acción de cada uno de ellos son diferentes y
por consiguiente la última resolución dictada respecto del
cronológicamente último acto administrativo impugnado, de
ninguna manera favorece ni afecta a la caducidad producida
en los actos independientes, cronológicamente anteriores.
Ahora bien, de conformidad con lo que dispone el Art. 65 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
entonces vigente: "El término para deducir la demanda en la
vía contencioso-administrativa será de tres meses en los
asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de
plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución administrativa que haya
causado estado y de la cual se reclama"; y, estos tres meses,
en aplicación de la resolución generalmente obligatoria del
extinguido Tribunal de lo Contencioso Administrativo con
jurisdicción nacional, publicada en el Registro Oficial N° 464
de 5 de abril de 1983, han de entenderse como noventa
días hábiles, esto es, que para-su cómputo no se contarán
sábados, domingos y días festivos, implica un término fatal
que no se interrumpe por motivo alguno. Por tanto en el
caso, es evidente que se ha producido el fenómeno de la
caducidad respecto del pago de haberes adeudados por la
Municipalidad de Eloy Alfaro por los meses de marzo a
diciembre de 1997, de enero a diciembre de 1999, de julio a
noviembre de 2000. QUINTO.- El recurrente, a su vez,
sostiene que en este caso no se ha producido el fenómeno
de la caducidad, por cuanto, alega haber sido despedido el 8
de junio de 2001, hecho que no ha sido probado por el
accionante en la tramitación del proceso. El Tribunal "a quo"
advierte que: "En la confesión judicial rendida por el actor,
que corre a fojas cuarenta y cinco de autos, éste se ratifica
en que la Municipalidad le debe TREINTA Y UN MESES de
sus remuneraciones, hecho que resulta inverosímil puesto
que todo servidor público en el Ecuador es pagado en sus
haberes mes a mes, confesión aludida que más bien abona
en contra del accionante que en el proceso no ha probado su
relación de trabajo en los tres años anteriores a la
demanda.", lo que dejaría sin sustento la presunta
destitución y los
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Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 15
consiguientes actos administrativos impugnados.
Posteriormente, cita el Art. 4 del Código del Trabajo, sobre la
irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores, norma
impertinente en este caso, pues si bien este principio
protege a los trabajadores sujetos al Código Laboral, no es
procedente que se reclamen tales derechos en cualquier
momento, en razón de la profunda diferencia legal relativa al
plazo en que debe realizarse la reclamación, pues mientras
en el derecho laboral, el trabajador puede reclamar en esa vía
en el término de tres años a partir de su salida, en la vía
contencioso administrativa el término se inicia a partir del día
siguiente al de la notificación del acto impugnado. Y esto
porque, conforme explica el doctrinante Zanobini, citado por
Argañarás: "A fin de que los actos de la administración no
queden expuestos a la eventualidad de su revocación o
anulación por tiempo indefinido, a fin de evitar una
incertidumbre continua en la vida administrativa, es que se
fijan términos perentorios más allá de los cuales el interés del
particular no puede hacerse valer, no es más reconocido".
(Manuel Argañarás, "Tratado de lo Contencioso
Administrativo", Tea, Buenos Aires, 1955, p. 196). En este
punto, y concordante con lo anterior cabe referirse a la
explicación del tratadista Coviello sobre la caducidad: "existe
caducidad cuando la ley o la voluntad del hombre prefija un
plazo para el ejercicio de la acción judicial, de tal modo que
transcurrido el término, no pueda ya el interesado verificar el
acto". Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia ha
prevalecido la tesis de que la caducidad es una figura
distinta de la prescripción. Lo que distingue a estos
conceptos es que, la caducidad extingue, restringe o modifica
el derecho de acción, mientras que la prescripción supone
que el titular no ha ejercitado ese derecho en un cierto
tiempo por causas que le son imputables. La caducidad
afecta a una acción cuyo ejercicio es fundamental para el
reconocimiento del derecho, mientras que la prescripción
afecta a la acción de un derecho perfecto y existente. Luego,
Coviello señala que el fin de la caducidad es preestablecer el
tiempo en el cual el derecho debe ser últimamente ejercitado.
Por ello en la caducidad se considera únicamente el hecho
objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado,
prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular, y
aún de la imposibilidad de hecho. (Nicolás Coviello,
"Doctrina General del Derecho Civil", UTEHA, 1949, p. 535).
La Corte Suprema de Justicia, a su vez, dejó sentado, en
varios fallos que recoge el Diccionario de Jurisprudencia de
Espinosa, Tomo I, que "la caducidad opera de manera
automática, es decir 'ipso jure* sin que fuese necesario,
como en tratándose de la prescripción, que se alegue por la
persona a quien favorece, para que sea declarada"; caducidad
que por ser de orden público no admite suspensión por causa
alguna, por lo que opera inexorablemente por el sólo
transcurso del tiempo. SEXTO.-En el caso, no existe
caducidad en el reclamo de pago de haberes de los meses de
marzo a junio de 2001, mes en que se presentó la demanda,
mas no le corresponde a la Sala entrar a considerar el fondo del
asunto porque no se alegó como infringido el artículo 65 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Cabe
mencionar con fines meramente doctrinarios que es obligación
del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente
en la demanda y que ha negado el demandado de
conformidad con el artículo 117 del Código de Procedimiento
Civil. No aparece de autos constancias formales de que en
realidad el recurrente sea funcionario de la Municipalidad de
Eloy Alfaro. Además, no se han incorporado al proceso las
resoluciones que niegan el pago de los haberes supuestamente
adeudados, por lo que no
es posible aceptar la alegación de aplicación indebida de los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. -
Sin que sean necesarias otras consideraciones,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza
el recurso de casación interpuesto.- Sin costas.-Notifíquese,
publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno y
Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez
Permanente, respectivamente de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
RAZÓN: Las dos copias que anteceden son iguales a su
original.- Quito, a 6 de abril de 2003.
f.) Dra. María Jácome Ordóñez, Secretaria Relatora de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia.
No. 61
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Quito, a 12 de marzo de 2003; las 15h00.
VISTOS (103-01): El Director de Patrocinio, delegado del
Procurador General del Estado y el Comisario de Salud de
Pichincha interponen sendos recursos de casación contra la
sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N°
1 de lo Contencioso Administrativo dentro del juicio seguido
por Roberto Carlos Enrique Hahn Klinge en su calidad de
Gerente General de Química Aristón Ecuador Cía. Ltda.;
sentencia en la cual se acepta la demanda. El Director de
Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado
sostiene que en la sentencia impugnada se ha incurrido en
falta de aplicación de la vigésima sexta disposición transitoria
de la Constitución Política del Estado; 3 séptimo párrafo y
359 del Código de Procedimiento Civil; 64 del Estatuto del
Régimen Jurídico' Administrativo de la Función Ejecutiva; 207
y 212 del Código de la Salud; y del Art. 6 lit. b) de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Adicionalmente
sostiene que se han aplicado indebidamente los artículos 196
de la Constitución Política; y, 1, 3 y 10 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por su parte el
Comisario de Salud de Pichincha sostiene que las normas de
derecho infringidas son los artículos: 6, 7 y 30 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa; 219 y 235 del
Código de la Salud; funda su recurso en las causales primera,
segunda y quinta del Art. 3 de la Ley de Casación.
Habiéndose establecido la competencia de la Sala para
conocer y resolver los recursos interpuestos con oportunidad
de la calificación de los mismos, presupuesto procesal que no
ha variado, y una vez agotado el trámite establecido por la ley,
es procedente que se dicte sentencia, a efecto de lo cual se
hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO.- El acto
administrativo impugnado es la resolución sin número y
mandamiento de ejecución expedidos el 30 de julio de 1998 y
el 11 de agosto de 1998 en su orden por el Comisario
Provincial de Salud de
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16 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
Pichincha, por la que se impuso a Química Aristón Ecuador
Cía. Ltda., una multa equivalente a mil salarios mínimos
vitales del trabajador en general, por comercializar sus
productos a precios no autorizados por el Consejo Nacional
de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano.
Ahora bien, el Director de Patrocinio del Estado, delegado
del Procurador General sostiene que el Tribunal inferior:
"actuó con excesiva ligereza al determinar que, la multa
impuesta a la compañía actora y el mandamiento de
ejecución para hacer efectiva dicha sanción son actos
administrativos". Sostiene además que la sanción impuesta
a la compañía actora por el Comisario Provincial de Salud
fue expedida en ejercicio de la potestad jurisdiccional y no
administrativa. Al respecto, conviene señalar en qué consiste
el acto administrativo, uno de los conceptos más claros lo
expone el tratadista ecuatoriano Francisco Tinajero Villamar,
quien manifiesta que: "Son actos administrativos las
declaraciones unilaterales de voluntad de los órganos
públicos, en ejercicio de funciones administrativas, que
produce efectos jurídicos, declaraciones mediante las cuales
persiguen el cumplimiento de sus finalidades públicas y que
crean vínculos jurídicos con los administrados o con otros
órganos del poder público". El acto administrativo al
expedirse, nacer o crearse ha de expresar una de las
potestades previamente especificadas por el ordenamiento
jurídico, si no existe tal potestad, el acto no nacerá, puesto
que se requiere la existencia de una norma específica que lo
autorice y prevea, ya que el acto administrativo se diferencia
sustancialmente del negocio jurídico privado por cuanto es
esencialmente típico desde el punto de vista legal,
nominado, no obedece a ningún genérico principio de
autonomía de voluntad, sino exclusivamente a la previsión
de la ley. En el caso, la Comisaría Provincial de Salud, en
ejercicio de su potestad sancionadora, manifestó su
voluntad a través de la imposición de una multa a la
compañía actora por comercializar sus productos a precios
no autorizados por el Consejo Nacional de Fijación de
Precios de Medicamentos de Uso Humano, lo que
evidentemente constituye un acto administrativo, ya que
produce efectos jurídicos directos que crean, modifican o
extinguen derechos subjetivos y que pueden ser impugnados
judicialmente. En nada obsta este derecho el que el Art. 212
del Código de la Salud disponga que: "La autoridad de salud
es el Juez competente para conocer, establecer e imponer
sanciones, conforme a las disposiciones de este Código". La
imposición de sanciones se la realiza en ejercicio de la
función administrativa y no jurisdiccional como erradamente
se pretende, ya que la función de juzgar le corresponde a la
Función Judicial, aún cuando el principio de unidad
jurisdiccional no haya estado vigente a la fecha de
imposición de la multa. Al respecto, cabe manifestar que el
actual Art. 191 de la Constitución Política, consagra el
principio de unidad jurisdiccional, el cual consiste en que el
ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponderá única y
exclusivamente a los órganos de la Función Judicial,
precepto que es aún más aclarado por la disposición
transitoria vigésima Sexta en la cual se dispone que si otros
funcionarios públicos tuvieren entre sus facultades la de
administrar justicia en determinada materia, la perderán, y
se la trasladará a los órganos correspondientes de la
Función Judicial. Este principio pretende delimitar la
competencia que tiene la Función Judicial y la competencia
de la administración, mas resulta peligroso que a pretexto
de la aplicación del mismo se elimine la potestad
sancionadora que posee la administración ya que ésta es
indispensable para conseguir
la buena marcha de la organización y garantizar la
continuidad de los servicios públicos que se prestan a cargo
de la misma. La potestad sancionadora se aplica a los
administrados por faltas que cometieron al incumplir un
deber administrativo o al cumplirlo en forma irregular o
deficiente. Rige como es evidente el principio de legalidad
en las relaciones administrado-administración, por el cual no
se puede aplicar sanciones no previstas en la norma legal,
tampoco se puede crear por iniciativa propia sanciones
contra los administrados. Por lo tanto, la facultad
sancionadora es una de las potestades atribuidas a la
administración, diferente de la facultad jurisdiccional
encomendada a la Función Judicial, por lo que el Tribunal "a
quo" era competente para conocer y resolver este caso,
resultando inadmisible la pretensión de que existe falta de
aplicación de la vigésima sexta disposición transitoria de la
Constitución Política del Estado y del Art. 359 del Código de
Procedimiento Civil. SEGUNDO.- En vista de que el
recurrente confunde una resolución administrativa con un
fallo judicial, conviene establecer la diferencia existente
entre ambos. Mientras en el fallo judicial intervienen tres
personas: Juez (imparcial), actor y demandado; en la
resolución administrativa intervienen dos personas: el
órgano administrativo sancionador y el administrado
acusado de la infracción. En nuestra legislación existe un
conjunto de órganos (jueces, tribunales y cortes) que tienen
por misión ejercer la denominada función judicial que es
independiente y los efectos de sus sentencias, por seguridad
jurídica, son irrevocables en la propia instancia. En otras
palabras la labor de administrar justicia y expedir fallos
judiciales corresponde única y privativamente a los órganos
de la función judicial. TERCERO.- En su recurso de
casación, el Director de Patrocinio, delegado del Procurador
General del Estado, sostiene que al haberse expedido el
mandamiento de ejecución por el Comisario Provincial de
Salud, éste actuó en ejercicio de la jurisdicción coactiva
prevista por el Código de Procedimiento Civil, por lo que a
su criterio se ha violado el Art. 6 lit. b) de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa que excluye de esta
jurisdicción: "Las cuestiones de carácter civil o penal
pertenecientes a la justicia ordinaria y las que, por su
naturaleza, sean de competencia de otras jurisdicciones".
No es posible aceptar tal pretensión, puesto que en la
demanda se individualizó el acto administrativo impugnado,
consistente en la resolución por la que se impone la multa a
la compañía actora y el correspondiente mandamiento de
ejecución, por tanto no se trata de una cuestión de carácter
civil. CUARTO.- Finalmente el Director de Patrocinio,
delegado del Procurador General, sostiene que se ha
aplicado indebidamente el Art. 196 de la Constitución
Política de la República, en virtud del cual claramente se
establece que los actos administrativos generados por
cualquiera de las funciones del Estado podrán ser
impugnados ante los correspondientes órganos de la
Función Judicial, de esta manera por disposición
constitucional, todos los actos de la administración deberán
ser justiciables, sin que sea aceptable dentro de un Estado
de Derecho, acto alguno exento de control. En consecuencia
no es aceptable la pretensión de la supuesta aplicación
indebida del Art. 196 de la Carta Política. QUINTO.- El
Comisario Provincial de Salud de Pichincha y la Secretaria
Judicial de la misma entidad sostienen que se ha infringido
el Art. 6 lit. b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, que dispone que no corresponde a la
jurisdicción contencioso administrativa: "Las cuestiones que,
por la naturaleza de los actos de los cuales procede o de la
materia sobre que verse, se refieren a la potestad
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Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 17
discrecional de la administración"; en concordancia con lo
que dispone el Art. 7 de la ley ibídem que dice: "Art. 7.-
Corresponde especialmente a la potestad discrecional: "a)
Las disposiciones de carácter general relativas a la salud e
higiene públicas, sin perjuicio del derecho a las
indemnizaciones a que puedan dar lugar tales
disposiciones". En el caso, el acto administrativo impugnado
es la multa impuesta a Química Aristón Ecuador Cía. Ltda.,
por comercializar sus productos a precios no autorizados
por el Consejo Nacional de Fijación de Precios de
Medicamentos de Uso Humano, asunto que nada tiene que
ver con cuestiones relativas a la salud e higiene públicas,
por el contrario la potestad sancionadora de la que se hallan
revestidas ciertas autoridades está estrictamente reglada
como en el caso que nos ocupa, así que de ninguna manera
se puede aceptar que la sanción impuesta a la compañía
actora se refiera a la potestad discrecional de la
administración, que por cierto, también es justiciable como
ha manifestado esta Sala en varios casos. SEXTO.- Resulta
evidente que mediante Ley N° 60, publicada en el Registro
Oficial N° 264 de 26 de febrero de 1998, que reforma el
texto del Art. 235 del Código de la Salud, se faculta al
Ministro de Salud Pública a realizar el control de los precios
de medicinas y el expendio de las mismas; y, de
comprobarse la alteración de los precios o con fecha de
expiración vencida, la infracción cometida por un laboratorio
farmacéutico será penada con quinientos a mil salarios
mínimos vitales, correspondiendo al Comisario Provincial de
Salud el juzgamiento de la infracción al tenor de lo que
disponen el Art. 213 y siguientes del Código de la Salud. En
el caso no aparece que se haya seguido el procedimiento
previsto en las normas antedichas previa la imposición de la
multa a Química Aristón Ecuador Cía. Ltda., por lo que el
acto administrativo impugnado es a todas luces ilegal.- Sin
que sean necesarias otras consideraciones,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechazan
los recursos de casación interpuestos. -Sin costas.-
Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno y
Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez
Permanente, respectivamente de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
RAZÓN: Las tres copias que anteceden son iguales a su
original.- Quito, a 6 de abril de 2003.
f.) Dra. María Jácome Ordóñez, Secretaria Relatora de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia.
No. 62
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Quito, a 12 de marzo de 2003; las 15hl5.
VISTOS (272-02): Edmundo Zamorano Arroyo interpone
recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala
del Tribunal Distrital N° 4 de lo Contencioso Administrativo
de Portoviejo dentro del juicio seguido por
el recurrente en contra de la Municipalidad del Cantón Eloy
Alfaro; sentencia en la cual se rechaza su demanda. Sostiene
que las normas de derecho infringidas son los artículos: 169,
211 y 1067 del Código de Procedimiento Civil;
fundando su recurso en la causal tercera del Art. 3 de la Ley
de Casación por aplicación indebida de los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba.
Habiéndose establecido la competencia de la Sala para
conocer y resolver el recurso interpuesto con oportunidad de
la calificación del mismo, presupuesto procesal que no ha
variado, y una vez agotado el trámite establecido en la ley, es
procedente que se dicte sentencia, a efecto de lo cual se
hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO.- El
recurrente acude ante la jurisdicción contencioso
administrativa a reclamar el pago de sus haberes desde junio
a diciembre de 1995, de enero a octubre de 1996, de marzo
a diciembre de 1997, de junio a diciembre de 1999, de
octubre a diciembre de 2000 y de marzo a junio de 2001. De
autos aparece el oficio de 30 de enero de 1979 mediante el
cual el recurrente fue nombrado por el Presidente del
Concejo Municipal de Eloy Alfaro para desempeñar las
funciones de Camalero de esa entidad edilicia. SEGUNDO.-
De la sentencia se establece que el recurrente impugnó en
esta causa varios actos administrativos que se encuentran
detallados en el primer considerando de este fallo, habiendo
presentado la acción ante el Tribunal Distrital N° 4 de lo
Contencioso Administrativo el 26 de junio de 2001
conforme aparece de fojas 4 del proceso, sin embargo
conviene aclarar que tales actos no son consecuencia unos
de otros ni constituyen entre sí instancias administrativas de
una misma reclamación, sino que son hechos y actos cada
uno independiente del otro, que si bien atañen a un mismo
problema que afecta a un mismo administrado, cada una de
ellas pudo dar origen a una reclamación contencioso
administrativa independiente; si bien es cierto que
tratándose de pretensiones no contradictorias, bien pudieron
deducirse las mismas en una sola demanda, conforme
expresamente lo reconoce la sentencia del Juez "a quo"; más
también no es menos cierto que previamente por su carácter
independiente, los plazos de caducidad de la acción de cada
uno de ellos son diferentes y por consiguiente la última
resolución dictada respecto del cronológicamente último acto
administrativo impugnado, de ninguna manera favorece ni
afecta a la caducidad producida en los actos
independientes, cronológicamente anteriores. Ahora bien, de
conformidad con lo que dispone el Art. 65 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa entonces
vigente: "El término para deducir la demanda en la vía
contencioso-administrativa será de tres meses en los asuntos
que constituyen materia del recurso contencioso de plena
jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución administrativa que haya
causado estado y de la cual se reclama". Estos tres meses
que, en aplicación de la resolución generalmente
obligatoria del extinguido Tribunal de lo Contencioso
Administrativo con jurisdicción nacional, publicada en el
Registro Oficial N° 464 de 5 de abril de 1983, han de
entenderse como noventa días hábiles, esto es, que para su
cómputo no se contarán sábados, domingos y días festivos,
implica un término fatal que no se interrumpe por motivo
alguno. Por tanto en el caso, es evidente que se ha
producido el fenómeno de la caducidad respecto del pago de
haberes adeudados por la Municipalidad de Eloy Alfaro por
los meses de junio a diciembre e 1995, de enero a octubre de
1996, de marzo a diciembre de 1997, de junio a diciembre de
1999, de octubre a diciembre de 2000; y, de enero y febrero
de 2001. TERCERO.- El recurrente sostiene
Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.
18 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
que no se ha producido el fenómeno de la caducidad en el
caso, por cuanto es un trabajador activo de la Municipalidad
y no ha sido despedido, alegación que nada tiene que ver.
Además, si bien los derechos de los trabajadores son
irrenunciables, norma esta aplicable al sector laboral, no por
ello se va a permitir que se reclamen tales derechos en
cualquier momento, puesto que, existe una profunda
diferencia legal en cuanto al plazo en que debe realizarse la
reclamación, pues mientras en el derecho laboral, el
trabajador puede reclamar en esa cuerda en el término de
tres años a partir de su salida, en tanto que el término del
reclamo en la vía contencioso administrativa se inicia a
partir del día siguiente al de la notificación del acto
impugnado. Y esto porque, conforme explica Zanobini,
citado por Argañarás: "A fin de que los actos de la
administración no queden expuestos a la eventualidad de su
revocación o anulación por tiempo indefinido, a fin de evitar
una incertidumbre continua en la vida administrativa, es que
se fijan términos perentorios más allá de los cuales el interés
del particular no puede hacerse valer, no es más reconocido".
(Manuel Argañarás, "Tratado de lo Contencioso
Administrativo", Tea, Buenos Aires, 1955, p. 196).
Concordante con lo anterior Coviello explica que: "hay
caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del
término que ha sido fijado por la ley o la convención para su
ejercicio. El fin de la prescripción es tener por extinguido un
derecho que, por no haberse ejercitado se puede presumir
que el titular lo ha abandonado; mientras que el fin de la
caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho
debe ser últimamente ejercitado. Por ello en la prescripción
se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del
derecho, o sea, la negligencia real o supuesta del titular;
mientras que en la caducidad se considera únicamente el
hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término
prefijado, prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia
del titular, y aún de la imposibilidad de hecho" (Nicolás
Coviello, "Doctrina General del Derecho Civil", UTÉHA,
1949, p. 535). La caducidad opera de manera automática, es
decir, "ipso jure", sin que fuese necesario, como en tratándose
de la prescripción, que se alegue por la persona a quien
favorece, para que sea declarada; caducidad que por ser de
orden público no admite suspensión por causa alguna, por lo
que esto opera inexorablemente por el sólo transcurso del
tiempo. CUARTO.- En el caso, no existe caducidad en el
reclamo de pago de haberes desde el mes de marzo hasta junio
de 2001, mes en que se presentó la demanda, mas no le
corresponde a la Sala entrar a considerar el fondo del asunto
porque no se alegó como infringido el Art. 65 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Cabe mencionar
con fines meramente doctrinarios que es obligación del actor
probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la
demanda y que ha negado el demandado de conformidad con
el Art. 117 del Código de Procedimiento Civil. No aparece de
autos constancia alguna de que en realidad el recurrente haya
sido funcionario de la Municipalidad de Eloy Alfaro y menos
aún existe la supuesta comunicación mediante la cual, según
dice, se le ha destituido de sus funciones. No es posible aceptar
únicamente las declaraciones testimoniales de sus amigos para
afirmar que trabajó en la Municipalidad demandada. Además,
no se han incorporado al proceso las resoluciones que niegan
el pago de los haberes supuestamente adeudados, por lo que
no es posible aceptar la alegación de aplicación indebida de
los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la
prueba.- Sin que sean necesarias otras consideraciones,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza
el recurso de casación interpuesto.- Sin costas.- Notifíquese,
publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno y
Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez
Permanente, respectivamente de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
RAZÓN: Las dos copias que anteceden son iguales a su
original.- Quito, a 6 de abril de 2003.
f.) Dra. María Jácome Ordóñez, Secretaria Relatora de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia.
No. 64
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Quito, a 12 de marzo de 2003; las 15h45.
VISTOS (279-02): Marcelino Bedón Oribio interpone recurso
de casación contra la sentencia dictada por la Sala de
Tribunal Distrital N° 4 de lo Contencioso Administrativo de
Portoviejo dentro del juicio seguido por el recurrente en
contra de la Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro; sentencia
en la cual se rechaza su demanda. Sostiene que las normas
de derecho infringidas son los artículos: 169, 211 y 1067 del
Código de Procedimiento Civil, fundando su recurso en la
causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación por aplicación
indebida de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración
de la prueba. Habiéndose establecido la competencia de la
Sala para conocer y resolver el recurso interpuesto con
oportunidad de la calificación del mismo, presupuesto
procesal que no ha variado, y una vez agotado el trámite
establecido en la ley, es procedente que se dicte sentencia, a
efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- El recurrente dice que fue nombrado el 30 de
septiembre de 1980 para desempeñar las funciones de
Operador de la Planta Eléctrica Municipal del Recinto
"Herradura" de la parroquia Atahualpa, laborando hasta el 2
de marzo de 2001, fecha en la que dice fue despedido de su
puesto de trabajo por el Alcalde de la Municipalidad de Eloy
Alfaro, sin instruírsele sumario administrativo alguno,
debiéndosele los meses de enero a diciembre de 1996,
enero a diciembre de 1998, enero a diciembre de 1998,
enero a diciembre de 2000 y de enero a marzo de 2001.
SEGUNDO.- De autos se establece que el recurrente
impugnó en esta causa varios actos administrativos que se
encuentran detallados en el primer considerando de este
fallo, habiendo presentado la acción ante el Tribunal Distrital
N° 4 de lo Contencioso Administrativo el 7 de marzo de 2001
conforme aparece de fojas 3 vta. del proceso, sin embargo
conviene aclarar que tales actos no son consecuencia unos
de otros ni constituyen entre sí instancias administrativas de
una misma reclamación, sino que son hechos y actos cada
uno independiente del otro, que si bien atañen a un mismo
problema que afecta a un mismo administrado, cada una de
ellas pudo dar origen a una reclamación contencioso
administrativa independiente; si bien es cierto que
Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.
Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 19
tratándose de pretensiones no contradictorias, bien pudieron
deducirse las mismas en una sola demanda, conforme
expresamente lo reconoce la sentencia del Juez "a quo"; mas
también no es menos cierto que previamente por su carácter
independiente, los plazos de caducidad de la acción de cada
uno de ellos son diferentes y por consiguiente la última
resolución dictada respecto del cronológicamente último
acto administrativo impugnado, de ninguna manera
favorece, ni afecta a la caducidad producida en los actos
independientes, cronológicamente anteriores. Por lo tanto de
conformidad con lo que dispone el Art. 65 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa entonces vigente:
"El término para deducir la demanda en la vía contencioso-
administrativa será de tres meses en los asuntos que
constituyen materia del recurso contencioso de plena
jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución administrativa que haya
causado estado y de la cual se reclama". Estos tres meses
que, en aplicación de la resolución generalmente obligatoria
del extinguido Tribunal de lo Contencioso Administrativo con
jurisdicción nacional, publicada en el Registro Oficial N° 464
de 5 de abril de 1983, han dé entenderse como noventa días
hábiles, esto es, que para su cómputo no se contarán
sábados, domingos y días festivos, implica un término fatal
que no se interrumpe por motivo alguno. Por tanto en el
caso, es evidente que se ha producido el fenómeno de la
caducidad respecto del pago de haberes adeudados por la
Municipalidad de Eloy Alfaro por los meses de enero a
diciembre de 1996, enero a diciembre de 1998, enero a
diciembre de 1999, enero a noviembre de 2000.
TERCERO.- El recurrente sostiene que no se ha producido
el fenómeno de la caducidad en el caso, por cuanto es un
trabajador activo de la Municipalidad y no ha sido despedido,
alegación que nada tiene que ver. Además, si bien los
derechos de los trabajadores son irrenunciables, norma esta
aplicable al sector laboral, no por ello se va a permitir que se
reclamen tales derechos en cualquier momento, puesto
¿jue, existe una profunda diferencia legal en cuanto al plazo
en que debe realizarse la reclamación, pues mientras en el
derecho laboral, el trabajador puede reclamar en esa cuerda
en el término de tres años a partir de su salida, en tanto que
el término del reclamo en la vía contencioso administrativa
se inicia a partir del día siguiente al de la notificación del
acto impugnado. Y esto porque, conforme explica Zanobini,
citado por Arganarás: "A fin de que los actos de la
administración no queden expuestos a la eventualidad de su
revocación o anulación por tiempo indefinido, a fin de evitar
una incertidumbre continua en la vida administrativa, es que
se fijan términos perentorios más allá de los cuales el interés
del particular no puede hacerse valer, no es más reconocido"
(Manuel Arganarás, "Tratado de lo Contencioso
Administrativo", Tea, Buenos Aires, 1955', p. 196).
Concordante con lo anterior Coviello explica que: "hay
caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del
término que ha sido fijado por la ley o la convención para su
ejercicio. El fin de la prescripción es tener por extinguido un
derecho que, por no haberse ejercitado se puede presumir
que el titular lo ha abandonado; mientras que el fin de la
caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho
debe ser últimamente ejercitado. Por ello en la prescripción
se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del
derecho, o sea, la negligencia real o supuesta del titular;
mientras que en la caducidad se considera únicamente el
hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término
prefijado, prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia
del titular, y aún de la imposibilidad de hecho" (Nicolás
Coviello,
"Doctrina General del Derecho Civil". UTEHA, 1949, p. 535).
La caducidad opera de manera automática, es decir, "ipso
jure", sin que fuese necesario, como en tratándose de la
prescripción, que se alegue por la persona a quien favorece,
para que sea declarada; caducidad que por ser de orden
público no admite suspensión por causa alguna, por lo que
esto opera inexorablemente por el sólo transcurso del tiempo.
CUARTO.- En el caso, no existe caducidad en el reclamo de
pago de haberes desde el mes de noviembre de 2000 hasta
marzo de 2001 mes en que se presentó la demanda, mas
no le corresponde a la Sala entrar a considerar el fondo del
asunto porque no se alegó como infringido el Art. 65 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Cabe
mencionar con fines meramente doctrinarios que es
obligación del actor probar los hechos que ha propuesto
afirmativamente en la demanda y que ha negado el
demandado de conformidad con el Art. 117 del Código de
Procedimiento Civil. No aparece de autos constancia alguna
de que en realidad el recurrente haya sido funcionario de la
Municipalidad de Eloy Alfaro y menos aún existe la supuesta
comunicación mediante la cual, según dice, se le ha
destituido de sus funciones. No es posible aceptar
únicamente las declaraciones testimoniales de sus amigos
para afirmar que trabajó en la Municipalidad demandada.
Además, no se han incorporado al proceso las resoluciones
que niegan el pago de los haberes supuestamente
adeudados, por lo que no es posible aceptar la alegación de
aplicación indebida de los preceptos jurídicos aplicables a la
valoración de la prueba.- Sin que sean necesarias otras
consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY, se rechaza el recurso de casación interpuesto.- Sin
costas.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno y
Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez
Permanente, respectivamente de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
RAZÓN: Las dos copias que anteceden son iguales a su
original.- Quito, a 6 de abril de 2003.
f.) Dra. María Jácome Ordóñez, Secretaria Relatora de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia.
No. 65
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Quito, a 14 de marzo de 2003; las 09h30.
VISTOS (189-02): Simón Ecuador Rivas Sánchez interpone
recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala
del Tribunal Distrital N° 4 de lo Contencioso Administrativo
de Portoviejo dentro del juicio seguido por el recurrente en
contra de la Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro; sentencia
en la cual se rechaza su demanda. Sostiene que las normas
de derecho infringidas son los artículos: 169, 211 y 1067
del Código de Procedimiento Civil;
Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.
20 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
fundando su recurso en la causal tercera del Art. 3 de la Ley
de Casación por aplicación indebida de los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba.
Habiéndose establecido la competencia de la Sala para
conocer y resolver el recurso interpuesto con oportunidad
de la calificación del mismo, presupuesto procesal que no
ha variado, y una vez agotado el trámite establecido en la
ley, es procedente que se dicte sentencia, a efecto de lo cual
se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO.- El
recurrente acude ante la jurisdicción contencioso
administrativa impugnando su supuesta destitución del
cargo de Policía Municipal del cantón Eloy Alfaro, por
motivos políticos, solicitando además que se le paguen los
cuarenta y tres meses de sueldo que se le adeudan más los
beneficios de ley, comprendiendo los meses de enero a
diciembre de 1996, de enero a diciembre de 1998, de marzo
a noviembre de 1999 y de enero a agosto de 2000, que
según dice fueron meses trabajados y no pagados.
SEGUNDO.- De autos se establece que el recurrente
impugnó en esta causa varios actos administrativos que se
encuentran detallados en el primer considerando de este
fallo, habiendo presentado la acción ante el Tribunal
Distrital N° 4 de lo Contencioso Administrativo el 22 de
septiembre de 2000 conforme aparece de fojas 4 del
proceso, sin embargo conviene aclarar que tales actos no
son consecuencia unos de otros ni constituyen entre sí
instancias administrativas de una misma reclamación, sino
que son hechos y actos cada uno independiente del otro, que
si bien atañen a un mismo problema que afecta a un mismo
administrado, cada una de ellas pudo dar origen a una
reclamación contencioso administrativa independiente; si
bien es cierto que tratándose de pretensiones no
contradictorias, pudieron deducirse las mismas en una sola
demanda, conforme expresamente lo reconoce la sentencia
del Juez "a quo"; mas no es menos cierto que previamente
por su carácter independiente, los plazos de caducidad de la
acción de cada uno de ellos son diferentes y por
consiguiente la última resolución dictada respecto del
cronológicamente último acto administrativo impugnado, de
ninguna manera favorece ni afecta a la caducidad producida
en los actos independientes, cronológicamente anteriores.
Por lo tanto de conformidad con lo que dispone el Art. 65 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
entonces vigente: "El término para deducir la demanda en la
vía contencioso-administrativa será de tres meses en los
asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de
plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución administrativa que haya
causado estado y de la cual se reclama". Estos tres meses,
en aplicación de la resolución generalmente obligatoria del
extinguido Tribunal de lo Contencioso Administrativo con
jurisdicción nacional, publicada en el Registro Oficial No.
464 de 5 de abril de 1983, han de entenderse como noventa
días hábiles, esto es, que para su cómputo no se contarán
sábados, domingos y días festivos, implica un término fatal
que no se interrumpe por motivo alguno. Por tanto en el
caso, es evidente que se ha producido el fenómeno de la
caducidad respecto del pago de haberes adeudados por la
Municipalidad de Eloy Alfaro por los meses de enero a
diciembre de 1996, de enero a diciembre de 1998, de marzo
a noviembre de 1999 y de enero a abril de 2000.
TERCERO.- Si bien los derechos de los trabajadores son
irrenunciables, norma esta aplicable al sector laboral, no por
ello se va a permitir que se reclamen tales derechos en
cualquier momento, puesto que, existe una profunda
diferencia legal en cuanto al plazo en que debe realizarse
la reclamación, pues mientras en el
derecho laboral, el trabajador puede reclamar en esa cuerda
en el término de tres años a partir de su salida, el término del
reclamo en la vía administrativa se inicia a partir del día
siguiente al de la notificación del acto impugnado. Y esto
porque, conforme explica el doctrinante Zanobini, citado por
Argañarás: "A fin de que los actos de la administración no
queden expuestos a la eventualidad de su revocación o
anulación por tiempo indefinido, a fin de evitar una
incertidumbre continua en la vida administrativa, es que se
fijan términos perentorios más allá de los cuales el interés
del particular no puede hacerse valer, no es más
reconocido" (Manuel Argañarás, "Tratado de lo Contencioso
Administrativo", Tea, Buenos Aires, 1955, p. 196).
Concordante con lo anterior el tratadista Coviello explica
que: "hay caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho
dentro del término que ha sido fijado por la ley o la
convención para su ejercicio. El fin de la prescripción es
tener por extinguido un derecho que, por no haberse
ejercitado se puede presumir que el titular lo ha
abandonado; mientras que el fin de la caducidad es *
preestablecer el tiempo en el cual el derecho debe ser
últimamente ejercitado. Por ello en la prescripción se tiene
en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del derecho, o
sea, la negligencia real o supuesta del titular; mientras que
en la caducidad se considera únicamente el hecho objetivo
de la falta de ejercicio dentro del término prefijado,
prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular, y
aún de la imposibilidad de hecho" (Nicolás Coviello,
"Doctrina General del Derecho Civil, UTEHA, 1949, p. 535).
La caducidad opera de manera automática, es decir, "ipso
jure", sin que fuese necesario, como en tratándose de la
prescripción, que se alegue por la persona a quien favorece,
para que sea declarada; caducidad que por ser de orden
público no admite suspensión por causa alguna, opera
inexorablemente por el sólo transcurso del tiempo.
CUARTO.- En el caso, no existe caducidad en el reclamo de
pago de haberes desde el mes de mayo hasta agosto de 2000,
puesto que la demanda se presentó el 22 de septiembre de
2000; mas no le corresponde a la Sala entrar a considerar el
fondo del asunto porque no se alegó como infringido el Art.
65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Cabe mencionar con fines meramente doctrinarios que es
obligación del actor probar los hechos que ha propuesto
afirmativamente en la demanda y que ha negado el
demandado de conformidad con el Art. 117 del Código de
Procedimiento Civil. De autos aparece que el recurrente ha
laborado en la Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro desde el
27 de marzo de 1995 hasta marzo de 1996. No aparece
constancia alguna de la supuesta comunicación mediante la
cual, según dice, se le ha destituido de sus funciones. Además,
no se han incorporado al proceso las resoluciones que niegan el
pago de los haberes supuestamente adeudados. En la
especie se observa que no se ha impugnado acto
administrativo alguno que es el requisito indispensable para
iniciar una acción contencioso administrativa. No existiendo
en el caso errónea interpretación de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba, ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación
interpuesto.- Sin costas.- Notifíquese, publíquese y
devuélvase.
Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno y
Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Ministro Conjuez
Permanente, respectivamente de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Excma. Corte Suprema de Justicia.
Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.
Registro Oficial N° 79 -- Lunes 12 de Mayo de 2003 - 21
RAZÓN: Las dos copias que anteceden son iguales a su
original.- Quito, a 6 de abril de 2003.
f.) Dra. María Jácome Ordóñez, Secretaria Relatora de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia.
No. 66
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Quito, a 14 de marzo de 2003; las lOhOO.
VISTOS (273-02): Oberman Gruezo Montano interpone
recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala
del Tribunal Distrital N° 4 de lo Contencioso Administrativo
de Portoviejo dentro del juicio seguido por el recurrente en
contra de la Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro; sentencia
en la cual se rechaza su demanda. Sostiene que las normas
de derecho infringidas son los artículos: 169, 211 y 1067 del
Código de Procedimiento Civil; fundando su recurso en la
causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación por aplicación
indebida de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración
de la prueba. Habiéndose establecido la competencia de la
Sala para conocer y resolver el recurso interpuesto con
oportunidad de la calificación del mismo, presupuesto
procesal que no ha variado, y una vez agotado el trámite
establecido en la ley, es procedente que se dicte sentencia, a
efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- El recurrente acude ante la jurisdicción
contencioso administrativa a reclamar el pago de sus haberes
desde junio a diciembre de 1995, de enero a octubre de
1996, de agosto a diciembre de 1999; de octubre a
diciembre de 2000; y de marzo a junio de 2001. De autos
aparece el oficio N° 0010 de 1 de diciembre de 1986
mediante el cual supuestamente el recurrente fue nombrado
por el Presidente del Concejo Municipal de Eloy Alfaro para
desempeñar las funciones de Asistente Administrativo de
esa entidad edilicia. SEGUNDO.- De autos se establece que
el recurrente impugnó en esta causa varios actos
administrativos que se encuentran detallados en el primer
considerando de esta sentencia, habiendo presentado la
acción ante el Tribunal Distrital N° 4 de lo Contencioso
Administrativo el 26 de junio de 2001 conforme aparece de
fojas 4 vta. del proceso, sin embargo conviene aclarar que
tales actos no son consecuencia unos de otros ni constituyen
entre sí instancias administrativas de una misma
reclamación, sino que son hechos y actos cada uno
independiente del otro, que si bien atañen a un mismo
problema que afecta a un mismo administrado, cada una de
ellas pudo dar origen a una reclamación contencioso
administrativa independiente; cierto que tratándose de
pretensiones no contradictorias, bien pudieron deducirse las
mismas en una sola demanda, conforme expresamente lo
reconoce la sentencia del Juez "a quo"; mas no es menos
cierto que previamente por su carácter independiente, los
plazos de caducidad de la acción de cada uno de ellos son
diferentes y por consiguiente la última resolución dictada
respecto del cronológicamente
último acto administrativo impugnado, de ninguna manera
favorece ni afecta a la caducidad producida en los actos
independientes, cronológicamente anteriores. Por lo tanto, de
conformidad con lo que dispone el Art. 65 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa entonces vigente: "El
término para deducir la demanda en la vía contencioso-
administrativa será de tres meses en los asuntos que
constituyen materia del recurso contencioso de plena
jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución administrativa que haya causado
estado y de la cual se reclama". Estos tres meses que, en
aplicación de la resolución generalmente obligatoria del
extinguido Tribunal de lo Contencioso Administrativo con
jurisdicción nacional, publicada en el Registro Oficial N° 464
de 5 de abril de 1983, han de entenderse como noventa días
hábiles, esto es, que para su cómputo no se contarán
sábados, domingos y días festivos, implica un término fatal
que no se interrumpe por motivo alguno. Por tanto en el
caso, es evidente que se ha producido el fenómeno de la
caducidad respecto del pago de haberes adeudados por la
Municipalidad de Eloy Alfaro por los meses de junio a
diciembre de 1995, de enero a octubre de 1996, de agosto a
diciembre de 1999; de octubre a diciembre de 2000 y de
enero y febrero de 2001. TERCERO.- Conforme alega el
recurrente, los derechos de los trabajadores son
irrenunciables, norma esta aplicable al sector laboral, no por
ello se va a permitir que se reclamen tales derechos en
cualquier momento, puesto que, existe una profunda
diferencia legal en cuanto al plazo en que debe realizarse la
reclamación, pues mientras en el derecho laboral, el
trabajador puede reclamar en esa cuerda en el término de
tres años a partir de su salida, en tanto que el término del
reclamo en la vía contencioso administrativa se inicia a partir
del día siguiente al de la notificación del acto impugnado. Y
esto porque, conforme explica Zanobini, citado por
Argañarás: "A fin de que los actos de la administración no
queden expuestos a la eventualidad de su revocación o
anulación por tiempo indefinido, a fin de evitar una
incertidumbre continua en la vida administrativa, es que se
fijan términos perentorios más allá de los cuales el interés del
particular no puede hacerse valer, no es más reconocido"
(Manuel Argañarás, "Tratado de lo Contencioso
Administrativo", Tea, Buenos Aires, 1955, p. 196).
Concordante con lo anterior Coviello explica que: "hay
caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del
término que ha sido fijado por la ley o la convención para su
ejercicio. El fin de la prescripción es tener por extinguido un
derecho que, por no haberse ejercitado se puede presumir
que el titular lo ha abandonado; mientras que el fin de la
caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho
debe ser últimamente ejercitado. Por ello en la prescripción
se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del
derecho, o sea, la negligencia real o supuesta del titular;
mientras que en la caducidad se considera únicamente el
hecho objeílvu de la falta de ejercicio dentro del término
prefijado, prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del
titular, y aún de la imposibilidad de hecho" (Nicolás Coviello,
"Doctrina General del Derecho Civil", UTEHA, 1949, p. 535).
La caducidad opera de manera automática, es decir, "ipso
jure", sin que fuese necesario, como en tratándose de la
prescripción, que se alegue por la persona a quien favorece,
para que sea declarada; caducidad que por ser de orden
público no admite suspensión por causa alguna, por lo que
esto opera inexorablemente por el sólo transcurso del tiempo.
CUARTO.- En el caso, no existe caducidad en el reclamo de
pago de haberes desde el mes de marzo hasta junio de 2001,
Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.
22 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
mes en que se presentó la demanda, mas no le corresponde a
la Sala entrar a considerar el fondo del asunto porque no se
alegó como infringido el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa. Cabe mencionar con fines
meramente doctrinarios que es obligación del actor probar los
hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y
que ha negado el demandado de conformidad con el Art. 117
del Código de Procedimiento Civil. No se ha probado hasta
cuando trabajó el recurrente, tampoco existe constancia de
que de fue despedido, ni existen las resoluciones que niegan
el pago de los haberes supuestamente adeudados. No es
posible aceptar únicamente las declaraciones testimoniales de
sus amigos para afirmar que trabajó en la Municipalidad
demandada. Por las contradicciones en las que ha incurrido el
recurrente no es posible aceptar la alegación de aplicación
indebida de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración
de la prueba.- Sin que sean necesarias otras consideraciones,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza
el recurso de casación interpuesto.- Sin costas.-Notiflquese,
publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno y
Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Ministro Conjuez
Permanente, respectivamente de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Excma. Corte Suprema de Justicia.
RAZÓN: Las dos copias que anteceden son iguales a su
original.- Quito, a 6 de abril de 2003.
f.) Dra. María Jácome Ordóñez, Secretaria Relatora de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia.
No. 67
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Quito, a 14 de marzo de 2003; las 10h30.
VISTOS (314-02): Domingo Cimarrón Tamborero interpone
recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala
del Tribunal Distrital N° 4 de lo Contencioso Administrativo
de Portoviejo dentro del juicio seguido por el recurrente en
contra de la Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro; sentencia
en la cual se rechaza su demanda. Sostiene que las normas
de derecho infringidas son los artículos: 169, 211 y 1067 del
Código de Procedimiento Civil; fundando su recurso en la
causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación por
aplicación indebida de los preceptos jurídicos aplicables a
la valoración de la prueba. Habiéndose establecido la
competencia de la Sala para conocer y resolver el recurso
interpuesto con oportunidad de la calificación del mismo,
presupuesto procesal que no ha variado, y una vez agotado
el trámite establecido en la ley, es procedente que se dicte
sentencia, a efecto de lo cual se hacen las siguientes
consideraciones: PRIMERO.- El recurrente acude ante la
jurisdicción contencioso administrativa a reclamar el pago
de sus haberes desde
enero a diciembre de 1996, de enero a diciembre de 1998,
de enero a diciembre de 1999, de enero a diciembre de 2000
y de enero a julio de 2001. De autos aparece que el
recurrente mediante acción de personal N° 0010 de 11 de
septiembre de 1983 fue nombrado por el Presidente del
Concejo Municipal de Eloy Alfaro para desempeñar las
funciones de Operador de la planta de la comunidad
Rampiral de la parroquia Atahualpa del cantón Eloy Alfaro.
SEGUNDO.- De la sentencia se establece que el recurrente
impugnó en esta causa varios actos administrativos que se
encuentran detallados en el primer considerando de esta
sentencia, habiendo presentado la acción ante el Tribunal
Distrital N° 4 de lo Contencioso Administrativo el 17 de julio
de 2001 conforme aparece de fojas 4 del proceso, sin
embargo convienen aclarar que tales actos no son
consecuencia unos de otros ni constituyen entre sí
instancias administrativas de una misma reclamación, sino
que son hechos y actos cada uno independiente del otro,
que si bien atañen a un mismo problema que afecta a un
mismo administrado, cada una de ellas pudo dar origen a
una reclamación contencioso administrativa independiente;
cierto que tratándose de pretensiones no contradictorias,
bien pudieron deducirse las mismas en una sola demanda,
conforme expresamente lo reconoce la sentencia del Juez "a
quo"; mas no es menos cierto que previamente por su
carácter independiente, los plazos de caducidad de la acción
de cada uno de ellos son diferentes y por consiguiente la
última resolución dictada respecto del cronológicamente
último acto administrativo impugnado, de ninguna manera
favorece ni afecta a la caducidad producida en los actos
independientes, cronológicamente anteriores. Por lo tanto
de conformidad con lo que dispone el Art. 65 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa entonces vigente:
"El término para deducir la ^demanda en la vía contencioso-
administrativa será de tres meses en los asuntos que
constituyen materia del recurso contencioso de plena
jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución administrativa que haya
causado estado y de la cual se reclama". Estos tres meses
que, en aplicación de la resolución generalmente obligatoria
del extinguido Tribunal de lo Contencioso Administrativo con
jurisdicción nacional, publicada en el Registro Oficial No.
464 de 5 de abril de 1983, han de entenderse como noventa
días hábiles, esto es, que para su cómputo no se contarán
sábados, domingos y días festivos, implica un término fatal
que no se interrumpe por motivo alguno. Por tanto en el
caso, es evidente que se ha producido el fenómeno de la
caducidad respecto del pago de haberes adeudados por la
Municipalidad de Eloy Alfaro por los meses de enero a
diciembre de 1996, enero a diciembre de 1998, enero a
diciembre de 1999, enero a diciembre de 2000 y de enero a
febrero de 2001. TERCERO.- El recurrente sostiene que no
se ha producido el fenómeno de la caducidad en el caso, por
cuanto es un trabajador activo de la Municipalidad y no ha
sido despedido, alegación que nada tiene que ver. Además,
si bien los derechos de los trabajadores son irrenunciables,
norma esta aplicable al sector laboral, no por ello se va a
permitir que se reclamen tales derechos en cualquier
momento, puesto que, existe una profunda diferencia legal en
cuanto al plazo en que debe realizarse la reclamación, pues
mientras en el derecho laboral, el trabajador puede reclamar
en esa cuerda en el término de tres años a partir de su
salida, en tanto que el término del reclamo en la vía
contencioso administrativa se inicia a partir del día siguiente
al de la notificación del acto impugnado. Y esto porque,
conforme explica Zanobini,
Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.
Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 23
citado por Argañarás: "A fin de que los actos de la
administración no queden expuestos a la eventualidad de su
revocación o anulación por tiempo indefinido, a fin de evitar
una incertidumbre continua en la vida administrativa, es que
se fijan términos perentorios más allá de los cuales el interés
del particular no puede hacerse valer, no es más reconocido"
(Manuel Argañarás, "Tratado de lo Contencioso
Administrativo", Tea, Buenos Aires, 1955, p. 196).
Concordante con lo anterior Coviello explica que: "hay
caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del
término que ha sido fijado por la ley o la convención para su
ejercicio. El fin de la prescripción es tener por extinguido un
derecho que, por no haberse ejercitado se puede
presumir que el titular lo ha abandonado; mientras
que el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en
el cual el derecho debe ser últimamente ejercitado. Por ello
en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no
ejercicio del derecho, o sea, la negligencia real o supuesta
del titular; mientras que en la caducidad se considera
únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio
dentro del término prefijado, prescindiendo de la razón
subjetiva, negligencia del titular, y aún de la imposibilidad de
hecho" (Nicolás Coviello, "Doctrina General del Derecho
Civil", UTEHA, 1949, p. 535). La caducidad opera de manera
automática, es decir, "ipso jure", sin que fuese necesario,
como en tratándose de la prescripción, que se alegue por la
persona a quien favorece, para que sea declarada; caducidad
que por ser de orden público no admite suspensión por
causa alguna, por lo que esto opera inexorablemente por el
sólo transcurso del tiempo. CUARTO.- En el caso, no existe
caducidad en el reclamo de pago de haberes desde el mes de
marzo hasta julio de 2001, mes en que se presentó la
demanda, mas no le corresponde a la Sala entrar a considerar
el fondo del asunto porque no se alegó como infringido el Art.
65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Cabe mencionar con fines meramente doctrinarios que es
obligación del actor probar los hechos que ha propuesto
afirmativamente en la demanda y que ha negado el
demandado de conformidad con el Art. 117 del Código de
Procedimiento Civil. No aparece de autos constancia alguna
de que en realidad el recurrente sea funcionario de la
Municipalidad de Eloy Alfaro, coincidiendo este Tribunal de
Casación con el inferior en el sentido de que es imposible que
un servidor se haya mantenido en su puesto de trabajo sin
haber recibido sus sueldos por cinco años consecutivos.
Además, no se han incorporado el proceso las resoluciones
que niegan el pago de los haberes supuestamente adeudados,
por lo que no es posible aceptar la alegación de aplicación
indebida de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración
de la prueba.- Sin que sean necesarias otras
consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY, se rechaza el recurso de casación interpuesto.- Sin
costas.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno y
Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Ministro Conjuez
Permanente, respectivamente de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Excma. Corte Suprema de Justicia.
RAZÓN: Las dos copias que anteceden son iguales a suoriginal.- Quito, a 6 de abril de 2003.
f.) Dra. María Jácome Ordóñez, Secretaria Relatora de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia.
No. 68
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Quito, a 14 de marzo de 2003; las 10h45.
VISTOS (312-02): ítalo Ayoví Nazareno interpone recurso de
casación contra la sentencia dictada por la Sala del Tribunal
Distrital N° 4 de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo
dentro del juicio seguido por el recurrente en contra de la
Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro; sentencia que
rechaza su demanda. Sostiene que las normas de derecho
infringidas son los artículos: 169, 211 y 1067 del Código de
Procedimiento Civil; fundando su recurso en la causal tercera
del Art. 3 de la Ley de Casación por aplicación indebida de
los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la
prueba. Habiéndose establecido la competencia de la
Sala para conocer y resolver el recurso interpuesto con
oportunidad de la calificación del mismo, presupuesto
procesal que no ha variado, y agotado el trámite
establecido en la ley, es procedente que se dicte sentencia,
a efecto de lo cual se hacen las siguientes
consideraciones: PRIMERO.- El recurrente acude ante la
jurisdicción contencioso administrativa a reclamar el pago de
sus haberes desde enero a diciembre de 1996, de enero a
diciembre de 1998, de enero a diciembre de 1999 y de enero
a diciembre de 2000, reclama además el pago de un bono,
vacaciones por los años de 1996, 1998 y 1999, y más
beneficios de ley. De autos aparece que el recurrente
mediante acción de personal de 9 de agosto de 1983 fue
nombrado por el Presidente del Concejo Municipal de Eloy
Alfaro para desempeñar las funciones de Operador de la
Planta Eléctrica de Telembí. SEGUNDO.- Igualmente se
establece que el recurrente impugnó en esta causa varios
actos administrativos que se encuentran detallados en el
primer considerando de esta sentencia, habiendo ejercido la
acción ante el Tribunal Distrital N° 4 de lo Contencioso
Administrativo el 19 de diciembre de 2000 conforme
aparece de fojas 3 vta. del proceso, sin embargo precisa
aclarar que tales actos no son consecuencia unos de otros,
es decir que no tienen relación de causa y efecto, ni
constituyen entre sí instancias administrativas de una misma
reclamación, sino que son hechos y actos cada uno
independiente del otro, que si bien atañen a un mismo
problema que afecta a un mismo administrado, cada una de
ellas pudo dar origen a una reclamación contencioso
administrativa autónoma. Si bien, tratándose de
pretensiones no contradictorias, pudieron deducirse las
mismas en una sola demanda, conforme expresamente lo
reconoce la sentencia del Juez "a quo"; mas no es menos
cierto que previamente por su carácter independiente, los
plazos de caducidad de la acción de cada uno de ellas son
diferentes y por consiguiente la última resolución dictada
respecto del cronológicamente último acto administrativo
impugnado, de ninguna manera favorece ni afecta a la
caducidad producida en los actos independientes,
cronológicamente anteriores. Ahora bien, de conformidad con
lo que dispone el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa entonces vigente: "El término
para deducir la demanda en la vía contencioso-
administrativa será de tres meses en los asuntos que
constituyen materia del recurso contencioso de plena
jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución administrativa que haya
causado estado y de la cual se reclama"; y, estos tres meses,
Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.
24 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
en aplicación de la resolución generalmente obligatoria del
extinguido Tribunal de lo Contencioso Administrativo con
jurisdicción nacional, publicada en el Registro Oficial N° 464
de 5 de abril de 1983, han de entenderse como noventa días
hábiles, esto es, que para su cómputo no se contarán
sábados, domingos y días festivos, implica un término fatal
que no se interrumpe por motivo alguno. Por tanto en el
caso, es evidente que se ha producido el fenómeno de la
caducidad respecto del pago de haberes adeudados por la
Municipalidad de Eloy Alfaro por los meses de enero a
diciembre de 1996, de enero a diciembre de 1998, de enero
a diciembre de 1999 y de enero a julio de 2000. TERCERO.-
El recurrente sostiene que no se ha producido el fenómeno
de la caducidad en el caso, por cuanto es un trabajador activo
de la Municipalidad y no ha sido despedido, alegación que
nada tiene que ver en el caso. Además, si bien los derechos
de los trabajadores son irrenunciables, norma esta aplicable
al sector laboral, no es procedente que se reclamen tales
derechos en cualquier momento, en razón de la profunda
diferencia legal relativa al plazo en que debe realizarse la
reclamación, pues, mientras en el derecho laboral, el
trabajador puede reclamar en esa vía en el término de tres
años a partir de su salida, en la vía administrativa el término
se inicia a partir del día siguiente al de la notificación del
acto impugnado. Y esto porque, conforme explica el
doctrinante Zanobini, citado por Argañarás: "A fin de que los
actos de la administración no queden expuestos a la
eventualidad de su revocación o anulación por tiempo
indefinido, a fin de evitar una incertidumbre continua en la
vida administrativa, es que se fijan términos perentorios más
allá de los cuales el interés del particular no puede hacerse
valer, no es más reconocido" (Manuel Argañarás, "Tratado
de lo Contencioso Administrativo", Tea, Buenos Aires, 1955,
p. 196). Concordante con lo anterior, el tratadista Coviello
explica que: "hay caducidad cuando no se ha ejercitado un
derecho dentro del término que ha sido fijado por la ley o la
convención para su ejercicio. El fin de la prescripción es
tener por extinguido un derecho que, por no haberse
ejercitado se puede presumir que el titular lo ha
abandonado; mientras que el fin de la caducidad es
preestablecer el tiempo en el cual el derecho debe ser
últimamente ejercitado. Por ello en la prescripción se tiene
en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del derecho, o
sea, la negligencia real o supuesta del titular; mientras que
en la caducidad se considera únicamente el hecho objetivo
de la falta de ejercicio dentro del término prefijado,
prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular, y
aún de la imposibilidad de hecho" (Nicolás Coviello,
"Doctrina General del Derecho Civil", UTEHA, 1949, p. 535).
La caducidad opera de manera automática, es decir, "ipso
jure", sin que fuese necesario, como en tratándose de la
prescripción, que se alegue por la persona a quien favorece,
para que sea declarada; caducidad que por ser de orden
público no admite suspensión por causa alguna, por lo que
esto opera inexorablemente por el sólo transcurso del tiempo.
CUARTO.- En el caso, no existe caducidad en el reclamo de
pago de haberes desde el mes de agosto a diciembre de 2000,
mes en que se presentó la demanda, mas no le corresponde a la
Sala entrar a considerar el fondo del asunto porque no se
alegó como infringido el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa. Cabe mencionar con fines
meramente doctrinarios que es obligación del actor probar los
hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y
que ha negado el demandado de conformidad con el Art. 117
del Código de Procedimiento Civil. Durante el término
probatorio, el Jefe de Personal de la Municipalidad del
Cantón Eloy Alfaro presenta una certificación de que el
recurrente dejó de laborar en esta institución mediante
renuncia presentada en agosto de 1994. Coincide este
Tribunal de Casación con el "a quo", en el sentido de que
aparece de autos un documento de 7 de diciembre de 2000,
evidentemente forjado, mediante el cual el Alcalde de la
Municipalidad demandada le agradece por sus servicios.
QUINTO.- No se han incorporado al proceso las resoluciones
que niegan el pago de los haberes supuestamente adeudados,
por lo que no es posible aceptar la alegación de aplicación
indebida de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración
de la prueba. Sin que sean necesarias otras consideraciones,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza
el recurso de casación interpuesto.- Sin costas.-Notifíquese,
publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno y
Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Ministro Conjuez
Permanente, respectivamente de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Excma. Corte Suprema de Justicia.
RAZÓN: Las dos copias que anteceden son iguales a su
original.- Quito, a 6 de abril de 2003.
f.) Dra. María Jácome Ordóñez, Secretaria Relatora de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia.
No. 70
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Quito, a 17 de marzo de 2003; las 09h30.
VISTOS (213-2002): Dentro del término establecido en el
artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
del Estado, comparece el Dr. Gustavo Osman Giler
Morales, en su calidad de Director Regional 6 del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social e interpone recurso de
casación contra la sentencia de mayoría dictada por la Sala
del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de
Portoviejo que declara con lugar la demanda propuesta por
Elsa Virginia Flores de Valgas Aragundi. Concedido el
recurso y agotado el trámite prescrito en la Ley de Casación,
esta Sala para resolver lo pertinente considera: PRIMERO.-
La Sala es competente para conocer y decidir este recurso
en virtud de lo que disponen el artículo 200 de la
Constitución Política de la República y la Ley de Casación
que regula su ejercicio. SEGUNDO.- El recurso se funda en
la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación e
indica que las normas de derecho que estima infringidas son
los artículos 117, 118, 119, 123 del Código de
Procedimiento Civil; 295 del Estatuto Codificado del IESS;
237 de la Ley del Seguro Social Obligatorio; 41 inciso
segundo, 75 incisos primero y segundo, y 76 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa; y aduce que en la
resolución recurrida existe errónea interpretación de los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba.
TERCERO.- El recurso de casación es un recurso
extraordinario, completo y de rigor legal, por lo que debe
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No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.
Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 25
cumplir los requisitos formales y las exigencias legales que
permitan a la Sala de Casación, de manera inequívoca,
examinar si se ha violentado la ley en la sentencia recurrida.
Por tanto, es preciso enfatizar en la calificación del recurso
de conformidad a los presupuestos de la sentencia y al juicio
contra ésta, ante lo cual se impone dilucidar que la alegación
de la existencia de un vicio en la decisión recurrida debe ser
el resultado de lo que el recurrente estima "per se", o sea las
alegaciones de facto y de derecho. Por lo mismo no es
procedente determinar una causal y un vicio sin ningún
sustento legal, dejando dicha alegación como mero
enunciado carente de sustento legal. En el considerando
"NOVENO" de la sentencia recurrida el Tribunal de instancia,
expone: "La entidad demandada no ha presentado al
proceso el expediente del sumario administrativo seguido
para resolver la declaratoria de fraudulencia de las
afiliaciones de los accionantes, en que constan el acuerdo N°
06.0013.2000 del 26 de julio de 2000, en consecuencia se
tiene por válidas las aseveraciones de los actores de irrespeto
a sus garantías constitucionales". (SIC). Entonces, si la
entidad demandada no ha presentado ni reproducido la pieza
fundamental del proceso administrativo para su descargo,
dentro de la estación probatoria, mal puede sugerir, en su
escrito de interposición del recurso de casación, que existe
errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a
la valoración de la prueba, lo cual sugiere que el Tribunal de
Casación actúe como Tribunal de instancia, revise el proceso
y revoque la decisión subida en grado jurisdiccional,
procedimiento reservado a la otrora tercera instancia. Por lo
tanto, no se puede aceptar la infracción de los artículos: 117,
118, 119 y 123 del Código de Procedimiento Civil.
CUARTO.- Cabe manifestar que uno de los elementales
principios y valores del Derecho Administrativo es el del
debido proceso, que exige para la legalidad de un acto
administrativo, que se haya seguido el rito establecido por la
ley. Tanta importancia tiene este aspecto que del rango legal
que venía teniendo nuestra legislación como consecuencia
del principio constitucional del derecho de legítima defensa,
en la última Constitución de la República eleva al rango de
garantía constitucional fundamental, conforme expresamente
lo señala el artículo 24 de la Carta Política vigente. De no
existir debido proceso es evidente que el acto administrativo
producido con tal antecedente deviene en ilegal y tal
condición volvería necio pretender que se entre a estudiar el
motivo o los hechos que determinaron a la autoridad
administrativa a adoptar el acto declarado ilegítimo. En
consecuencia, en el caso, lo sustancial es establecer si en
acatamiento de lo prescrito por la norma respectiva, el trámite
que adoptó el administrador para producir el acto
administrativo impugnado se halla de acuerdo con tal norma.
Entonces si se trataba de un funcionario de carrera debía
instaurársele un sumario administrativo para comprobar las
infracciones que supuestamente cometía y para que pudiera
hacer efectivo su derecho de defensa; en tanto que si no se
trataba de un servidor de carrera bastaba que se lo escuche
en audiencia. En el caso es evidente que no se le permitió al
actor el ejercicio de su legítimo derecho a la defensa, al no
utilizarse ninguno de los procedimientos antes anotados, por
lo que el análisis de las supuestas infracciones de las demás
normas legales en el recurso resultan impertinentes al caso.-
Sin que precise otras consideraciones, ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación
interpuesto.- Sin costas.- Notifiquese, devuélvase y
publíquese.
Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno y
Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Ministro Conjuez
Permanente, respectivamente de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
RAZÓN: La una copia que antecede es igual a su original.-
Quito, a 6 de abril de 2003.
f.) Dra. María Jácome Ordóñez, Secretaria Relatora de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia.
No. 71
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Quito, a 17 de marzo de 2003; las lOhOO.
VISTOS (274-02): Walser Gerardo Martínez Valdez
interpone recurso de casación contra la sentencia dictada
por la Sala del Tribunal Distrital N° 4 de lo Contencioso
Administrativo de Portoviejo dentro del juicio seguido por el
recurrente en contra de la Municipalidad del Cantón Eloy
Alfaro; sentencia en la cual se rechaza su demanda. Sostiene
que las normas de derecho infringidas son los artículos: 169,
211 y 1067 del Código de Procedimiento Civil; fundando su
recurso en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación
por aplicación indebida de los preceptos jurídicos aplicables
a la valoración de la prueba. Habiéndose establecido la
competencia de la Sala para conocer y resolver el recurso
interpuesto con oportunidad de la calificación del mismo,
presupuesto procesal que no ha variado, y una vez agotado
el trámite establecido en la ley, es procedente que se dicte
sentencia, a efecto de lo cual se hacen las siguientes
consideraciones: PRIMERO.- El recurrente acude ante la
jurisdicción contencioso administrativa a reclamar el pago de
sus haberes desde octubre a diciembre de 1995, de enero a
diciembre de 1996, de enero a mayo de 1997 y de enero a
junio de 2001. De autos aparece un oficio sin fecha, número,
papel membretado ni sellado mediante el cual
supuestamente el recurrente fue nombrado por el Presidente
del Concejo Municipal de Eloy Alfaro para desempeñar las
funciones de Asistente Administrativo de esa entidad edilicia.
SEGUNDO.- De la sentencia se establece que el recurrente
impugnó en esta causa varios actos administrativos que se
encuentran detallados en el primer considerando de esta
sentencia, habiendo presentado la acción ante el Tribunal
Distrital N° 4 de lo Contencioso Administrativo el 26 de junio
de 2001 conforme aparece de fojas 6 del proceso, sin
embargo conviene aclarar que tales actos no son
consecuencia unos de otros ni constituyen entre sí instancias
administrativas de una misma reclamación, sino que son
hechos y actos cada uno independiente del otro, que si bien
atañen a un mismo problema que afecta a un mismo
administrado, cada una de ellas pudo dar origen a una
reclamación contencioso administrativa independiente; si
bien es cierto que tratándose de pretensiones no
contradictorias, bien pudieron deducirse las mismas en una
sola demanda, conforme expresamente lo reconoce la
sentencia del Juez "a quo"; mas también no es menos cierto
Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.
26 - Registro Oficial N° 79 -- Lunes 12 de Mayo de 2003
que previamente por su carácter independiente, los plazos
de caducidad de la acción de cada uno de ellos son
diferentes y por consiguiente la última resolución dictada
respecto del cronológicamente último acto administrativo
impugnado, de ninguna manera favorece ni afecta a la
caducidad producida en los actos independientes,
cronológicamente anteriores. Por lo tanto de conformidad
con lo que dispone el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa entonces vigente: "El término
para deducir la demanda en la vía contencioso-
administrativa será de tres meses en los asuntos que
constituyen materia del recurso contencioso de plena
jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución administrativa que haya
causado estado y de la cual se reclama". Estos tres meses
que, en aplicación de la resolución generalmente obligatoria
del extinguido Tribunal de lo Contencioso Administrativo con
jurisdicción nacional, publicada en el Registro Oficial N° 464
de 5 de abril de 1983, han de entenderse como noventa días
hábiles, esto es, que para su cómputo no se contarán
sábados, domingos y días festivos, implica un término fatal
que no se interrumpe por motivo alguno. Por tanto en el
caso, es evidente que se ha producido el fenómeno de la
caducidad respecto del pago de haberes adeudados por la
Municipalidad de Eloy Alfaro por los meses de octubre a
diciembre de 1995, enero a diciembre de 1996, enero a
mayo de 1997 y de enero y febrero de 2001. TERCERO.- El
recurrente sostiene que no se ha producido el fenómeno de la
caducidad en el caso, por cuanto es un trabajador activo de
la Municipalidad y no ha sido despedido, alegación que nada
tiene que ver. Además, si bien los derechos de los
trabajadores son irrenunciables, norma esta aplicable al
sector laboral, no por ello se va a permitir que se reclamen
tales derechos en cualquier momento, puesto que, existe
una profunda diferencia legal en cuanto al plazo en que
debe realizarse la reclamación, pues mientras en el derecho
laboral, el trabajador puede reclamar en esa cuerda en el
término de tres años a partir de su salida, en tanto que el
término del reclamo en la vía contencioso administrativa se
inicia a partir del día siguiente al de la notificación del acto
impugnado. Y esto porque, conforme explica Zanobini,
citado por Argañarás: "A fin de que los actos de la
administración no queden expuestos a la eventualidad de su
revocación o anulación por tiempo indefinido, a fin de evitar
una incertidumbre continua en la vida administrativa, es que
se fijan términos perentorios más allá de los cuales el interés
del particular no puede hacerse valer, no es más reconocido"
(Manuel Argañarás, "Tratado de lo Contencioso
Administrativo", Tea, Buenos Aires, 1955, p. 196).
Concordante con lo anterior Coviello explica que: "hay
caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del
término que ha sido fijado por la ley o la convención para su
ejercicio. El fin de la prescripción es tener por extinguido un
derecho que, por no haberse ejercitado se puede presumir
que el titular lo ha abandonado; mientras que el fin de la
caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho
debe ser últimamente ejercitado. Por ello en la prescripción
se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del
derecho, o sea, la negligencia real o supuesta del titular;
mientras que en la caducidad se considera únicamente el
hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término
prefijado, prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia
del titular, y aún de la imposibilidad de hecho" (Nicolás
Coviello, "Doctrina General del Derecho Civil", UTEHA,
1949, p. 535). La caducidad opera de manera automática, es
decir, "ipso jure", sin que fuese necesario, como en tratándose
de la
prescripción, que se alegue por la persona a quien favorece,
para que sea declarada; caducidad que por ser de orden
público no admite suspensión por causa alguna, por lo que
esto opera inexorablemente por el sólo transcurso del tiempo.
CUARTO.- En el caso, no existe caducidad en el reclamo de
pago de haberes desde el mes de marzo hasta junio de 2001,
mes en que se presentó la demanda, mas no le corresponde a
la Sala entrar a considerar el fondo del asunto porque no se
alegó como infringido el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa. Cabe mencionar con fines
meramente doctrinarios que es obligación del actor probar los
hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y
que ha negado el demandado de conformidad con el Art. 117
del Código de Procedimiento Civil. No aparece de autos
constancia alguna de que en realidad el recurrente haya sido
funcionario de la Municipalidad de Eloy Alfaro y menos aún
existe la supuesta comunicación mediante la cual, según dice,
se le ha destituido de sus funciones. No es posible aceptar
únicamente las declaraciones testimoniales de sus amigos para
afirmar que trabajó en la Municipalidad demandada. Además,
no se han incorporado al proceso las resoluciones que niegan
el pago de los haberes supuestamente adeudados, por lo que
no es posible aceptar la alegación de aplicación indebida de
los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la
prueba.- Sin que sean necesarias otras consideraciones,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza
el recurso de casación interpuesto.- Sin costas.-Notifíquese,
publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno y
Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Ministro Conjuez
Permanente, respectivamente de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
RAZÓN: Las dos copias que anteceden son iguales a su
original.- Quito, a 6 de abril de 2003.
f.) Dra. María Jácome Ordóñez, Secretaria Relatora de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia.
N° 0088
EL CONCEJO METROPOLITANODE QUITO
Considerando:
Que, el Título III del Libro Cuarto del Código Municipal para
el Distrito Metropolitano de Quito contempla el estímulo a las
personas nacionales y extranjeras que se han distinguido por
sus diversas actividades y aportes en diferentes campos del
quehacer cívico, artístico, científico y más circunstancias
excepcionales, mediante la entrega de condecoraciones,
premios y reconocimientos por parte de la Municipalidad;
Que, es necesario ordenar y simplificar !a determinación de
la concesión de condecoraciones, premios y
reconocimientos que otorga el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito; y,
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 64
de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y 8 de la Ley
Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de
Quito,
Expide:
LA ORDENANZA METROPOLITANA SUSTI-TUTIVA DEL
TITULO III DEL LIBRO CUARTO DEL CÓDIGO
MUNICIPAL, REFERENTE A LAS CONDECORACIONES,
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS.
Art. 1.- Sustituyese el Título III del Libro Cuarto del Código
Municipal, por el siguiente:
TITULO III
DE LAS CONDECORACIONES, PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS
CAPITULO I
CARACTERÍSTICAS
Art. IV. ... El Concejo otorgará condecoraciones, premios y
reconocimientos públicos en fechas conmemorativas del
Distrito Metropolitano o; excepcionalmente, cuando luego
del proceso de asignación, lo considere oportuno.
Se consideran fechas conmemorativas:
• El 24 de mayo, por la Batalla del Pichincha, día de la
Independencia Nacional.
• El 10 de agosto, Día del Primer Grito de la
Independencia, que la otorga a Quitó la designación de
Ciudad "Luz de América".
• El 8 de septiembre, fecha en que se declara a Quito
"Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad".
• El día de la sesión solemne celebrada con ocasión de la
Fundación Indígena de Quito.
• El 6 de diciembre, día asignado a la Fundación
Española de Quito.
Art IV PROCEDIMIENTO.- Todas las
condecoraciones, premios y reconocimientos serán
otorgados por el Concejo, previo informe de la Comisión
Metropolitana respectiva, para lo cual se requerirán los
informes administrativos previos, según el reglamento que
se expedirá para el efecto.
CAPITULO II
CONDECORACIONES
Art. IV. ... Las siguientes condecoraciones serán de las
características que se describen y podrán entregarse en las
fechas señaladas o en las que el Cabildo decida:
a) Gran Collar - Medalla "SAN FRANCISCO DE QUITO",
se entregará en sesión solemne el 6 de diciembre. Está
destinado a jefes de Estado o personalidades de similar
rango;
b) Gran Collar - Medalla "SEBASTIAN DE
BENALCÁZAR", se entregará en cualquier fecha. Está
destinado a jefes de Estado o personalidad de similar
rango;
c) Condecoración "RUMIÑAHUI", destinada a jefes de
Estado, altos funcionarios nacionales e internacionales.
Se entregará en la sesión solemne del 6 de diciembre;
d) Condecoración "EUGENIO ESPEJO", destinada a
personalidades de rango científico, se entregará en
cualquier oportunidad;
e) Condecoración "MANUELA SAENZ", destinada a
personalidades que se hayan destacado en la defensa de
los derechos humanos, se entregará en cualquier
oportunidad;
f) Condecoración "FEDERICO GONZÁLEZ
SUAREZ", destinada a personalidades del mundo
académico, se entregará en cualquier oportunidad;
g) Condecoración "JACINTO JIJÓN Y CAAMAÑO",
destinada a personalidades de la política internacional,
se entregará en cualquier oportunidad;
h) Condecoración "AURELIO ESPINOSA POLIT",
destinada a personalidades en el mundo de la literatura,
se entregará en cualquier oportunidad;
i) Condecoración "OSWALDO GUAYASAMIN",
destinada a personalidades en el mundo de las artes
plásticas, se entregará en cualquier oportunidad;
j) Condecoración "PABLO TRAVERSARI", destinada a
personalidades en el mundo de las artes musicales, se
entregará en cualquier oportunidad;
k) Condecoración "MANUELA ESPEJO", se entregará a
una mujer que con esfuerzo y capacidad haya cumplido
una labor preponderante en el desarrollo del país o de la
ciudad; en sesión solemne el 8 de marzo por el Día
Internacional de la Mujer; y,
1) Condecoración "MARÍA VERÓNICA CORDO-
VEZ", destinada a entidades o personas que con su
capacidad, esfuerzo e iniciativa hayan cumplido una
labor preponderante en beneficio de la seguridad de los
habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, acción
manifestada a través de actividades cívicas, científicas,
culturales, educativas, sociales y que merezcan por tanto
relievarse como ejemplo para la ciudadanía, se entregará
en la sesión solemne de aniversario de la Fundación
Española de Quito.
Art. IV. ... La condecoración consistirá en una Medalla de
Oro, representando el Escudo de Armas de la ciudad de
Quito y llevará una inscripción del nombre de la
condecoración que corresponde, el nombre del beneficiario
y la fecha de otorgamiento. Los condecorados recibirán un
pergamino explicativo.
Art. IV. ... Los beneficiarios de estas condecoraciones
podrán ser ecuatorianos o extranjeros residentes en el
Distrito Metropolitano o visitantes ilustres de la ciudad de
Quito, eventualmente y por consideraciones especiales los
galardones podrán ser destinados a instituciones.
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28 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
Las condecoraciones serán otorgadas por iniciativa propia
del Concejo o a petición externa de personas naturales o
personas jurídicas. En cualquier caso se presentará la hoja
de vida del aspirante, a través de la cual se justifique la
condecoración.
Cada año, cuando hayan justificaciones plenas, se podrá
entregar una sola condecoración a una sola persona y por
una sola vez; y, se buscará la mayor solemnidad en el acto
de entrega.
El Concejo, previo informe de disponibilidad financiera,
podrá añadir a la condecoración la entrega de un valor
económico.
CAPITULO III
PREMIOS
Art. IV. ... El Concejo del Distrito Metropolitano de Quito
podrá otorgar premios, que tendrán un carácter honorífico,
una vez al año, a personas naturales o jurídicas, que el año
precedente se hayan destacado cumpliendo labores
sobresalientes en beneficio de la ciudad y del país, en fechas
que determine el reglamento. Previo informe de las
comisiones metropolitanas respectivas.
Art. IV. ... Los premios a personas naturales o jurídicas que
entregue la Municipalidad, consiste en medalla de oro con
el Escudo de Armas de Quito y pergamino-diploma,
referidos a la actividad específica y siempre que la
premiación se justifique. Estos galardones contarán con su
propia reglamentación. Los premios son:
a) Premio Ornato "CIUDAD DE QUITO", a la mejor
propuesta arquitectónica construida en el distrito;
tramitado por la Dirección Metropolitana de Territorio y
Vivienda;
b) Premio a la Pintura del "SALÓN MARIANO
AGUILERA", tramitado por la Dirección de Educación,
Cultura y Deportes;
c) Premio "ISABEL TOBAR GUARDERAS", a la
mejor obra publicada en el campo de las ciencias
sociales; tramitado por la Dirección de Educación,
Cultura y Deportes;
d) Premio "ENRIQUE GARCES", a la mejor obra
publicada en el campo de las ciencias biológicas;
tramitado por la Dirección de Educación, Cultura y
Deportes;
e) Premio "JOSÉ MEJIA LEQUERICA", a la mejor obra
publicada en el campo de la historia nacional y las
ciencias políticas; tramitado por la Dirección de
Educación, Cultura y Deportes;
f) Premio "JORGE CARRERA ANDRADE", a la mejor
obra publicada en el campo de la literatura en verso;
tramitado por la Dirección de Educación, Cultura y
Deportes;
g) Premio "JOAQUÍN GALLEGOS LARA", a la mejor
obra publicada en el campo de la literatura, cuento,
novela o teatro; tramitado por la Dirección de
Educación, Cultura y Deportes;
h) Premio "MANUELA SAENZ", a la mejor obra publicada
en el campo de la literatura, en cualquier género
literario, sobre la mujer, tramitado por la Dirección de
Educación, Cultura y Deportes;
i) Premio "DARÍO GUEVARA MAYORGA", a la
mejor obra publicada en el campo de la literatura
infantil, en narrativa, cuento, novela o teatro; tramitado
por la Dirección de Educación, Cultura y Deportes;
j) Premio "JOSÉ PERALTA", a la mejor obra publicada en
el campo del periodismo, en cualquiera de sus géneros;
tramitado por la Dirección de Educación, Cultura y
Deportes;
k) Premio "JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA", a la
mejor obra publicada en el campo del derecho público;
tramitado por la Dirección de Educación, Cultura y
Deportes;
1) Premio "ERNESTO ALBAN MOSQUERA", a la
mejor producción audiovisual de cine, video y
televisión en cualquier género; tramitado por la
Dirección de Educación, Cultura y Deportes;
m) Premio "SIXTO MARÍA DURAN", a la mejor producción
de música conocida como culta o selecta, en cualquier
género; tramitado por la Dirección de Educación,
Cultura y Deportes;
n) Premio "LUIS ALBERTO VALENCIA", a la mejor
producción de música popular ecuatoriana, en cualquier
género; tramitado por la Dirección de Educación,
Cultura y Deportes;
ñ) Premio "CUIDAD DE QUITO AL MÉRITO
INDUSTRIAL", independientemente de su jerarquía, a
la instalación fabril que haya generado beneficios a la
producción en cualquier género; tramitado por la
Dirección Administrativa;
o) Premio "AGUSTÍN CUESTA ORDOÑEZ", a la
mejor producción cinematográfica, cine de vídeo, en
cualquier género; tramitado por la Dirección de
Educación, Cultura y Deportes;
p) Premio "FRANCISCO TOBAR GARCÍA", a la
mejor obra de producción teatral presentada; tramitado
por la Dirección de Educación, Cultura y Deportes;
q) Premio "CIUDAD DE QUITO AL MÉRITO
DEPORTIVO", al deportista que independientemente
de su jerarquía o género del deporte que practica, que se
haya destacado nacional e internacionalmente;
tramitado por la Dirección de Educación, Cultura y
Deportes;
r) Premio "CONSTANCIA AL TRABAJO", se otorgará con
el objeto de estimular y exaltar la actividad de los
artesanos que se hubieren destacado por su dedicación
al trabajo, por el responsable cumplimiento de sus
obligaciones y por su honrada conducta;
s) Premio "JACINTO JIJÓN Y CAAMAÑO", se
otorgará con el objeto de estimular la iniciativa de las
municipalidades del país, en la formulación y ejecución
de proyectos exitosos que resuelvan problemas sociales
de la comunidad;
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Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 29
t) Premio "PEDRO JORGE VERA" DE CUENTO Y
"GONZALO ESCUDERO" DE POESÍA, se otorgará con
el objetivo de estimular la producción artística en el
género del cuento y poesía, proporcionando a los
jóvenes estudiantes del distrito un espacio que les
permita el desarrollo de sus habilidades literarias; y,
u) Premio "A LA EXCELENCIA AMBIENTAL", se
otorgará al establecimiento que cumpla con las
exigencias legales de control ambiental.
Art. IV. ... En el reglamento expedido para cada uno de
estos premios se especificará:
a) Los procedimientos a seguirse para la calificación;
b) Las instituciones que colaborarán para el mejor éxito
del discernimiento y las condiciones de su
otorgamiento, incluyendo, cuando sea del caso, si
existe o se puede otorgar, además, una remuneración
pecuniaria;
c) La integración de los jurados;
d) La posibilidad de negar su otorgamiento, en caso de
que los candidatos no reúnan los requisitos mínimos
establecidos; y,
e) Los premios que constan en el artículo precedente
podrán tener un reconocimiento pecuniario que la
Comisión de Educación, Cultura, Deportes y
Recreación, en base a un estudio realizado por la
Dirección Metropolitana de Educación, Cultura y
Deportes determinará al inicio de cada año, previo
informe de la Comisión de Finanzas y de la Dirección
Metropolitana Financiera.
CAPITULO IV
RECONOCIMIENTOS
Art IV MEDALLA AL MÉRITO "CARLOS
ANDRADE MARÍN".- La Municipalidad asignará cada año
un reconocimiento económico, porcentual agregado a la
remuneración que percibe en el mes de diciembre y la
Medalla al Mérito "Carlos Andrade Marín" que se entregará
a los empleados que cumplan 25 años de servicio en la
Municipalidad del Distrito, de acuerdo al Magisterio
Municipal, que es de cuatro salarios básicos conforme al
nivel.
Art IV. ... MEDALLA DE HONOR INSTITUCIONAL.-
La Municipalidad, previo informe de la Comisión de
Educación, Cultura, Deportes y Recreación, con igual
trámite que las condecoraciones, podrá entregar "Medallas
de Honor por servicios a la comunidad", a instituciones
educativas, culturales y sociales, cuando hayan cumplido
25, 50, 75 ó 100 años de existencia, siempre que la labor
cumplida por la institución justifique el otorgamiento.
Art IV ... DECLARATORIA DE HUESPEDES
ILUSTRES.- El Concejo Metropolitano podrá declarar
huéspedes ilustres a personalidades internacionales que
visiten nuestra ciudad, con el fin de fortalecer los lazos de
hermandad y acercamiento, por decisión del señor Alcalde o
a pedido de los (las) señores (as) concejales (las).
Así también se faculta a la Comisión de Mesa a realizar
estas declaratorias.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Por esta única ocasión los empleados
municipales que en el año 2003 hayan cumplido más de 25
años de servicio institucional y no hayan recibido la
remuneración complementaria a la Medalla al Mérito "Carlos
Andrade Marín" se acogerán al beneficio establecido en el
artículo innumerado del capítulo precedente, relacionado
con esta medalla.
SEGUNDA.- La Dirección Metropolitana de Educación,
Cultura y Deportes, será la encargada de elaborar el
reglamento respectivo para la entrega de premios,
condecoraciones y reconocimientos señalados en esta
ordenanza.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Se deroga el Título III del Libro Cuarto del
Código Municipal de los "Premios y Condecoraciones", para
el Distrito Metropolitano de Quito, sustituyéndose por las
normas de la presente ordenanza.
SEGUNDA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Registro Oficial.
Esta ordenanza fue aprobada por el Concejo Metropolitano
de Quito, en sesión de 11 de abril de 2003.
Quito, 14 de abril de 2001.
f.) Sra. Wilma Andrade de Morales, Segunda Vicepresidenta
encargada de la Primera Vicepresidencia del Concejo
Metropolitano de Quito.
f.) Dra. Martha Bazurto Vinueza, Secretaria General del
Concejo Metropolitano de Quito.
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN
La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano
de Quito, certifica que la presente ordenanza fue discutida y
aprobada en dos debates en sesiones de 13 y 27 de marzo
de 2003 y reconsiderada en sesión del 11 de abril de 2003.-
Lo certifico.
Quito, 15 de abril de 2003.
f.) Dra. Martha Bazurto Vinueza, Secretaria General del
Concejo Metropolitano de Quito.
ALCALDÍA DEL DISTRITO.- Quito, 15 de abril de 2003.
EJECÚTESE.
f.) Paco Moncayo Gallegos, Alcalde Metropolitano de
Quito.
CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por
el Gral. Paco Moncayo Gallegos, Alcalde Metropolitano el
15 de abril de 2003.
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30 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
Quito, 15 de abril de 2003.
f.) Dra. Martha Bazurto Vinueza, Secretaria General del
Concejo Metropolitano de Quito.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Secretario General de Concejo Metropolitano de Quito.
Quito, 29 de abril de 2003.
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL
CANTÓN GONZANAMA
Considerando:
Que el Cabildo gonzanameño en sesión del día treinta y uno
de diciembre de dos mil dos, aprobó la reforma a la
Ordenanza de desechos sólidos;
Que con oficio No. 00342-SGJ-2003, el Ministerio de
Economía y Finanzas se abstiene de otorgar dictamen al
presente reglamento; de conformidad al artículo 308 literal
d) de la Ley de Régimen Municipal; y,
Que la Ley de Régimen Municipal en actual vigencia,
autoriza para que reglamenten la antes señalada ordenanza,
Expide:
EL PRESENTE REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE
DESECHOS SOLIDOS DE GONZANAMA.
Art. 1 - DISPOSICIONES GENERALES.- La ejecución de la
presente es de responsabilidad exclusiva del Comisario
Municipal en coordinación con el Departamento de Obras
Públicas Municipales.
Art. 2.- DEL MANEJO.- El manejo de los desechos sólidos
debe orientarse a minimizar la generación de desechos de
calidad, toxicidad como también su clasificación y reciclaje.
Art. 3.- La recuperación de materiales contenida en los
residuos sólidos y su eliminación previendo medidas de
control para atenuar al mínimo posible los impactos
ambientales negativos, para lo cual se establece el relleno
sanitario.
Art. 4.- OBLIGACIÓN.- Es obligación de la Municipalidad
recoger toda la basura que no sea considerada peligrosa
según los últimos avances de la técnica y que pudiera
afectar la salud de los trabajadores encargados del servicio
y/o puedan afectar el funcionamiento del relleno sanitario.
Art. 5.- La basura que sea considerada como peligrosa por
su contendido y/o procedencia, sólo podrá ser eliminada en
el relleno sanitario una vez que se demuestre que se le ha
dado un tratamiento previo que haya eliminado los niveles
de toxicidad de modo tal que no afecte al normal
funcionamiento de dicho relleno, para lo cual se exigirá
autorización del responsable de la operación.
El Municipio publicará periódicamente listados de tipos de
basura considerada peligrosa para conocimiento del usuario.
Todo hospital, clínica o centro de salud que tenga quirófano
deberá contar con un incinerador.
Art. 6.- Es obligatorio para toda industria, fábrica o actividad
que genere desechos sólidos considerados peligrosos, el
implementar los medios para su tratamiento y eliminación,
con el menor impacto ambiental.
Art. 7.- El manejo de la basura considerada peligrosa será
de exclusiva responsabilidad de quien la genere, que asume
la responsabilidad ante la comunidad en darle el tratamiento
que los últimos avances de la técnica lo recomiendan.
Art. 8.- El Municipio de Gonzanamá, se compromete a dar
charlas, seminarios, talleres con miras a que el buen uso de
los desechos sólidos no sea motivo de contaminación entre
la población.
DEFINICIÓN TIPOS DE RESIDUOS
Art. 9.- Para el correcto manejo de los desechos sólidos
generados en la ciudad de Gonzanamá, el Municipio define
los siguientes tipos de basura:
A.- Basura biodegradable o lo que se pudre, que se integra
de:
1.- Basura orgánica doméstica y de jardines.
2.- Basura orgánica de mercados, ferias y parques.
3.- Papeles, etc.;
B.- Basura no biodegradable o lo que no se pudre, que se
integra así:
l.r Vidrios.
2.- Plásticos.
3.- Escombros, etc.;
C- Basura peligrosa o especial; y,
D.- Basura inútil.
En base a las técnicas esta lista puede ser ampliada.
Art. 10.- Son consideradas basuras orgánicas domésticas y
de jardines aquellos residuos provenientes de cosas
originalmente vivas, orgánicas y de uso doméstico y de
jardines, cuyos propietarios quieren deshacerse de su
pertenencia.
Con la finalidad de poder reciclar la materia orgánica para
la producción de mejoras de suelo de uso agrícola, compost,
deberán ser almacenadas por separado en recipientes que
permitan su identificación, cuando y donde existan las
condiciones para ello.
El Municipio promoverá el compostaje individual.
Para la recuperación y reciclaje de la basura definida como
orgánica, el Municipio podrá valerse de terceros.
Art. 11.- Son considerados como papel: el periódico,
cuadernos, revistas, cartulinas y otros compuestos.
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Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 31
Art. 12.- Se considera como vidrio, el vidrio cerámico, el
transparente y el de colores, etc.
Esos desechos deberán ser almacenados en forma separada
para la recolección. Hasta que el Municipio de Gonzanamá
esté en capacidad de ejecutar el reciclaje del vidrio podrán
ser entregados los que fueren del caso para su reutilización
y él resto serán eliminados en el relleno sanitario.
En el proceso de reutilización de objetos de vidrio el
Municipio podrá valerse de terceros.
Art. 13.- Son considerados como escombros los residuos
provenientes de las construcciones, reparaciones de vías,
perforaciones, demoliciones, libres de sustancias tóxicas,
cuyos propietarios quieran deshacerse de su pertenencia.
Durante la construcción, remodelación o demolición de
obras el usuario tiene la obligación de separar los materiales
utilizables; y, todos aquellos que no puedan ser reutilizados
serán eliminados en los sitios que determine la Comisaría
Municipal la expedición del permiso correspondiente emitido
por la autoridad competente.
Art. 14.- Son considerados como basura especial todos
aquellos residuos que por su toxicidad puedan afectar las
medidas de control los impactos ambientales negativos
durante su almacenamiento, recolección y manipulación; y,
son los provenientes de hospitales, clínicas, laboratorios,
consultorios médicos y dentales, de aceites quemados y
otras catalogadas como peligrosos por los técnicos.
Estos desechos deben ser almacenados, recolectados, ,
transportados y eliminados en forma separada.
El Municipio emprenderá campañas de información y
vigilancia con la ayuda de la comunidad e instituciones
como el Ministerio de Salud Pública.
En el proceso de eliminación, el Municipio podrá encargar a
terceros su tratamiento.
Art. 15.- Son considerados como basura inútil todos los
residuos que por razones técnicas, económicas y ecológicas
no puedan ser reutilizadas.
Estos residuos deben ser colocados en recipientes que
permitan su identificación y serán eliminados en el relleno
sanitario ateniéndose a las normas pertinentes.
Art. 16.- El Municipio podrá encomendar a terceros el
manejo total o parcial de los componentes del Sistema de
manejo integral de los desechos sólidos.
Art. 17.- La Administración Municipal percibirá de la
ciudadanía de acuerdo con la ley, las tasas correspondientes.
Art. 18.- Se considera de carácter general y obligatorio por
parte del Municipio la prestación de los siguientes servicios:
a) Recolección de residuos sólidos domiciliarios;
b) Recolección de residuos de los locales y
establecimientos para lo cual se utilizarán recipientes
debidamente identificados para residuos
biodegradables y no biodegradables;
c) Recolección de residuos sólidos y escombros
provenientes de otros que aparezcan vertidos o
abandonados en las vías públicas y se ha desconocido
su origen y procedencia; o bien conociéndolos los
dueños se resistan o se nieguen a retirarlos corriendo a
su cargo el costo del servicio; y,
d) Limpieza de solares y locales cuyos propietarios se
nieguen o se resistan a la orden de hacerlo siendo a su
cargo el costo del servicio.
Art. 19.- En forma paulatina los diferentes barrios y
parroquias rurales se irán incorporando en el sistema de
clasificación domiciliaria de la basura. Por lo tanto, todo
ciudadano que genere basura está en la obligación de
almacenar en forma separada y limpia, siempre y cuando
exista la disposición de la Dirección de Obras Públicas
Municipales a través de la respectiva dependencia.
Art. 20.- La recolección separada de los desechos sólidos
dependerá de las posibilidades del Municipio, que
considerará para ellos factores técnicos, ecológicos y
económicos.
Art. 21.- La recolección de residuos sólidos se ejecutará a
las horas y día que el Municipio determina.
Se efectuará aviso acústico para el paso de los vehículos
recolectores, cada sector de la ciudad será informado del
horario y frecuencia y se publicarán con anticipación.
RECIPIENTES, TIPOS, UTILIZACIÓN
Art. 22.- Los recipientes a utilizarse para la recolección de
basura será en tarro, fundas individuales y contenedores.
Los tarros y fundas individuales deben ser higiénicos y
resistentes para que faciliten la manipulación de los
trabajadores de higiene. Los moradores de los barrios que se
integren al sistema de clasificación domiciliaria de la basura,
deberán adquirir sus recipientes conforme a los diseños y
especificaciones técnicas que disponga la Dirección de
Obras Públicas Municipales.
Los contenedores que son recipientes colectivos y
herméticos de gran capacidad de almacenaje que permitan el
vaciado de su contenido en forma automática, estarán
ubicados en los lugares adecuados dotados de bocas de
riego y sumideros; y, sus suelos deberán ser impermeables y
sus paredes lavables teniendo prevista una ventilación
independiente. Los contenedores poseerán tapas.
Los establecimientos educativos, de salud, gasolineras y las
áreas comunales y comerciales que determine la Dirección
de Obras Públicas Municipales, para recibir el servicio de
recolección de basura, estarán obligados a instalar
contenedores de acuerdo a las especificaciones técnicas
determinadas por esta dependencia. En caso de
incumplimiento el Municipio aplicará una sanción pecuniaria
equivalente al valor de los contenedores con lo que
financiará la construcción de los mismos y procederá
posteriormente a instalarlos en los sitios que correspondan.
En caso de daños del contenedor los usuarios se
comprometen a repararlo a su costa.
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32 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
En las zonas consideradas como comerciales, los
propietarios arrendatarios, concesionarios, etc., de
"comercios" se obligan a construir, instalar y mantener
papeleros públicos en las aceras frente a sus negocios, de
acuerdo con las especificaciones emitidas por el
Departamento de Planificación Municipal. En caso de
incumplimiento se seguirá el mismo trámite legal estipulado
en la presente sección para el caso de los contenedores.
Art. 23.- El Comisario Municipal será el Juez competente
para conocer, establecer y disponer sanciones conforme las
disposiciones de la Ley de Régimen Municipal y el Código
Civil.
Art. 24.- Las personas que fueren sorprendidas in fraganti
arrojando basura fuera de los lugares autorizados, o que
luego de la investigación respectiva fueren identificados
como infractores, serán sancionados con la multa de 3 a 5
salarios mínimos vitales, dependiendo del volumen de
basura expulsada ilegalmente.
Sin perjuicio de la multa establecida, el infractor estará en la
obligación de recoger la basura desalojada ilegalmente; en
caso de incumplimiento el Comisario Municipal sancionará
con el doble de la multa prevista para el caso.
Art. 25.- Quienes sacaren la basura para su recolección en
horarios no establecidos serán sancionados con la multa
señalada en el artículo anterior; cualquier ciudadano podrá
denunciar el cometimiento de las infracciones anteriores
cuando exista el testimonio de por lo menos dos personas
más en calidad de testigos. El denunciado tendrá derecho a
la defensa.
Art. 26.- Para la efectiva recolección de la basura
clasificada, los edificios como multifamiliares, colegios,
centros de salud, hospitales, edificios públicos y otros en
donde exista aglomeración de personas, se colocarán
basureros tipo, de conformidad a lo que determine la
Dirección de Obras Públicas Municipales. Se hace exten-
siva esta disposición a las áreas dispersas de la ciudad.
Las infracciones a esta disposición serán sancionadas con
multa que fluctuará entre 3 a 5 salarios mínimos vitales,
dependiendo de la gravedad de la falta.
Art. 27.- Serán sancionados con multa de 2 salarios
mínimos vitales, quienes almacenen la basura en recipientes
inadecuados o quien mezcle la basura y no la separe cuando
existan disposiciones en ese sentido por parte de la
Comisaría Municipal. En caso de reincidencia la sanción
será progresiva hasta que el ciudadano cumpla con sus
obligaciones.
PROHIBICIÓN A LOS PEATONES Y
USUARIOS DE LOS VEHÍCULOS
Art. 28.- Es prohibido a los peatones y personas que se
transporten en vehículos públicos o privados, arrojar basura
o desperdicios a la vía pública. Las sanciones para quienes
infrinjan las disposiciones del inciso anterior serán las
siguientes:
a) El peatón y el conductor de un vehículo privado que
infringiere esta norma y sea encontrado in fraganti por
un Inspector, Policía Municipal o Policía Nacional, será
llamado la atención y de reconocer su infracción y
allanarse a la orden de recoger el desperdicio, no se le
impondrá sanción alguna.
Si desacata a la autoridad será aprehendido y
sancionado con un día de detención y/o multa de 5
salarios mínimos vitales;
b) El pasajero que arroje basura a la vía pública desde un
transporte público, será sancionado con la desocupación
del vehículo en que se transporte y la pérdida
automática del pasaje pagado; y,
c) Cuando desde un vehículo se arroje basura o desechos a
la vía pública que por su volumen debieran ser
depositados en los botaderos especialmente construidos
o en el relleno sanitario para este efecto, su conductor
será detenido inmediatamente y sancionado con uno
hasta cinco días de prisión y el pago de 3 a 15 salarios
mínimos vitales por concepto de multa.
DESECHOS INDUSTRIALES
Art. 29.- Se consideran los desperdicios como: líquidos,
sólidos y gases.
Desperdicios líquidos, constituye las aguas de desechos
industriales que son arrojados al sistema de drenaje;
deberán ser tratadas cuando técnicamente lo requieran, a fin
de no ocasionar daños al drenaje ni al funcionamiento
normal de los sistemas de tratamiento.
Desperdicios sólidos, constituyen los desechos sólidos de
los procesos que no podrán ser almacenados en los terrenos
de las industrias, reglamentándose ésto debidamente, de
acuerdo con los volúmenes de desperdicios que se trate.
En caso de que el volumen sea muy grande y resulte
incosteable su frecuente transportación a los basureros,
deberán ser almacenados en depósitos o basureros
particulares.
Respecto de los desperdicios sólidos que contuvieran
minerales y que dejándose a la intemperie puedan ser
perjudiciales a la salud pública, serán debidamente
almacenados mientras sean transportados al basurero.
Art. 30.- Los gases emanados de las industrias que se
establezcan en la urbanización industrial, no tendrán sólidos
en suspensión, ácidos u otros elementos perjudiciales a la
salud.
Para la aplicación de estos y demás requisitos se basarán en
las disposiciones del presente reglamento, debiendo obtener
una licencia de la Dirección Nacional de Salud. Que la
otorgará en coordinación con las dependencias públicas
relacionadas con el caso.
Art. 31.- Las infracciones a este capítulo serán sancionadas
con multas que oscilen entre 10 y 60 salarios mínimos
vitales. En caso de reincidencia se aplicará multas progre-
sivas, clausura temporal o definitiva del local industrial.
Art. 32.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir
de su aprobación sin perjuicio de su publicación.
Art. 33.- Se deroga todos los reglamentos que tengan
similitud al presente.
Dado y firmado en sala de sesiones de la Ilustre
Municipalidad de "Gonzanamá", a los veintiún días del mes
de enero de dos mil tres.
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Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 33
f.) Sr. Miguel Ángel Briceño, Alcalde.
f.) Lie. Jeanneth Carrión, Secretaria.
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN
La infrascrita Secretaria General del Ilustre Municipio del
Cantón Gonzanamá, certifica que el presente Reglamento
para el manejo de desechos sólidos de Gonzanamá, fue
discutido y aprobado en sesiones ordinarias de Concejo del
día jueves dieciséis y martes veintiuno de enero de dos mil
tres en primera y segunda discusión respectivamente.
f.) Lie. Jeanneth Carrión Bravo, Secretaria del Concejo.
Alcaldía del Ilustre Municipio del Cantón Gonzanamá. El
presente Reglamento para el manejo de desechos sólidos de
Gonzanamá queda sancionado de acuerdo a la ley,
publíquese.
Gonzanamá, 24 de enero de 2003.
f.) Sr. Miguel Ángel Briceño, Alcalde de Gonzanamá.
EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL
CANTÓN LORETO
Considerando:
Que, mediante.oficio No. 00414-SGJ-2003 de fecha 28 de
marzo de 2003, el Ministerio de Finanzas, a través del
Subsecretario General Jurídico, emite dictamen favorable a
la presente ordenanza;
Que, la Ley de Régimen Municipal en su artículo 64
concede al Concejo Municipal la facultad de normar a
través de ordenanzas la fijación de tarifas para el consumo
de agua y más servicios públicos, susceptibles de ser
prestado mediante el pago de las respectivas tasas; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,
Expide:
La siguiente: Ordenanza que regula la determinación y
administración de la tarifa por servicio de agua en la
ciudad de Loreto.
Art. L- Objetivo del tributo: Se declara de uso público el
agua en la ciudad de Loreto, facultando su aprovechamiento
con sujeción a las prescripciones de la presente ordenanza y
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 literal d)
y el artículo 407 de la Ley de Régimen Municipal,
establécese la tasa por la prestación del servicio.
Art. 2.- Sujeto pasivo: Son sujetos pasivos de la tarifa, las
personas naturales y/o jurídicas, públicas y privadas, las
sociedades de hecho y en general quienes sean titulares de
las instalaciones domiciliarias del servicio de agua y
aquellos que transportan el líquido vital a través de
tanqueros. Los dueños de la casa o predio son responsables
ante la Municipalidad del pago por el consumo de agua que
señale el medidor.
Art. 3.- Sujeto activo: El sujeto activo de esta obligación es
la Municipalidad y por tanto está facultada legalmente para
exigir el pago de las obligaciones que por este concepto se
generen, así como los intereses, multas y recargos
tributarios a que hubiere lugar.
Art. 4.- Se considera hecho generador la utilización de agua.
Art. 5.- Instalación: La persona que desee la conexión del
servicio de agua en el predio de su propiedad presentará una
solicitud en el formulario correspondiente, detallando los
siguientes datos:
a) Nombres completos del propietario del inmueble, calle
principal y transversal donde se ubica el predio;
b) Número de llaves que serán instaladas;
c) Croquis respectivo;
d) Categoría y descripción de los servicios que requiere; y,
e) El pago de la tasa conforme a la Ordenanza que regula
el valor por servicios administrativos,
Art. 6.- Si la solicitud fuese aceptada, el interesado
suscribirá un contrato con la Municipalidad basándose en el
formulario correspondiente bajo los términos y condiciones
prescritos en esta ordenanza.
Art. 7.- El Municipio de Loreto, por medio de los técnicos que
designare realizará las instalaciones necesarias desde la
tubería matriz hasta la línea de fábrica de la propiedad,
reservándose el derecho de determinar el material a
emplearse en cada caso. En el interior del domicilio, el
propietario podrá hacer cambios o prolongaciones de
acuerdo con sus necesidades previo el consentimiento del
Departamento de Saneamiento Ambiental.
Art. 8.- Determinación de la tarifa: Acorde a lo prescrito en el
artículo 407 de la Ley de Régimen Municipal, se fija como
base para el cálculo de la tarifa, el costo promedio del metro
cúbico de producción que es el resultado de la relación
matemática sumatoria total de los costos de administración,
operación y mantenimiento dividido por el número de metros
cúbicos netos producidos por la planta de tratamiento, valor
que se considerará como precio a facturar por cada metro
cúbico consumido por el usuario, por cada rango en la
categoría correspondiente.
Art. 9.- Base imponible: Para efectos de aplicación de la
tarifa del servicio de agua se establece las categorías:
residencial, comercial, artesanal y/o industrial y pública.
a) Categorías residencial o doméstica: Se consideran todos
los abonados que utilizan el servicio de agua para
atender las necesidades vitales. Corresponde el
suministro de agua a inmuebles destinados a vivienda
y pagarán de acuerdo con la tabla siguiente:
Metros base Valor M3
De0a l0m3 1,00 USD
De 10 m3 en adelante 0,12 centavos por cm3
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34 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
b) Categoría comercial: Se considera a todos los
abonados que utilizan el agua para fines comerciales o
de lucro; esto es: hoteles, residenciales, bares,
restaurantes, tiendas, heladería, cafetería, salones de
bebidas, hospitales, frigoríficos, establecimientos
educacionales particulares, etc., pagarán de acuerdo
con la tabla siguiente:
Metros base Valor M3
De0a l0m 3 1,20 USD
De 10 m3 en adelante 0,15 centavos por cm3
c) Categoría artesanal y/o industrial: Corresponde a los
abonados que utilizan el agua en actividades
industriales ya sea como materia prima o como
elemento fundamental de la actividad. Dentro de esta
categoría se encuentran:
Metros base Valor M3
De0a l0m3 1,50 USD
De 10 m3 en adelante 0,50 centavos por cm3
d) Categoría oficial o pública: Corresponde a las
instituciones públicas en general: establecimientos
educacionales, instituciones, de asistencia social sin
fines de lucro, cuarteles y similares, pagarán el 50%
del valor que corresponde a la categoría residencial.
Art. 10.- Pago: Los dueños del inmueble son responsables
del pago por el servicio de agua que señale el medidor. En
ningún caso se extenderá título de crédito a cargo de
arrendatarios.
El pago por consumo de agua se hará por mensualidades
vencidas, previa la medición que será practicada dentro de
los 20 primeros días siguientes, cualquier reclamo sobre la
medición del consumo se aceptará del 1 al 15 del mes
subsiguiente; vencido este plazo se dará por aceptado y sin
opción a reclamo.
Art. 11.- El pago se hará en la Tesorería, recaudación
municipal dentro de los 10 primeros días de cada mes.
Art. 12.- Mora en pago: La mora en el pago por un período
de tres meses será motivo suficiente para cortar el servicio y
proceder al cobro de planillas vencidas por la vía coactiva
con los respectivos intereses por mora, previa a la
reinstalación.
Art. 13.- Los derechos de instalaciones se pagarán de
acuerdo con el valor de la mano de obra y materiales
utilizados. El pago se efectuará con un abono inicial del
30% del valor total y la diferencia en tres cuotas mensuales.
Art. 14.- En los predios que no tengan medidor y hasta que
se instale por responsabilidad de la Municipalidad, pagarán
el básico; en caso de que por culpa del propietario no se
cambie o no adquiera el medidor, se tomará en conside-
ración la última carta de consumo con el recargo del 50%.
Art. 15.- Los abonados no podrán transferir sus derechos de
uso sobre las instalaciones domiciliarias salvo el casó de
enajenación del inmueble. El nuevo propietario será
solidariamente responsable con el propietario anterior de los
valores adeudados por consumo de agua.
Art. 16.- Administración: La administración, operación,
mantenimiento y estaciones estarán a cargo del
Departamento de Saneamiento Ambiental, de acuerdo con
las normas y reglamentos que se emitiesen al respecto. El
propietario del inmueble responderá por el cuidado,
mantenimiento y reparación del medidor.
Art. 17.- La vida útil de los medidores se considera 10 años,
a partir de la instalación del servicio; si antes del
mencionado tiempo se deteriora se procederá a cambiar
previo una evaluación de los técnicos.
Art. 18.- Sanciones: La inobservancia e incumplimiento de
la presente ordenanza serán sancionados con la multa de 5
salarios mínimos vitales generales vigentes, por primera vez
y si reincidiere se le cortará el servicio y se tramitará la
acción judicial correspondiente.
Art. 19.- Queda derogada las resoluciones expedidas con
anterioridad y que se oponga a la presente ordenanza.
Art. 20.- La presente ordenanza entrará en vigencia desde el
día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo
Municipal de Loreto, a los veinticuatro días del mes de
diciembre de dos mil dos.
f.) Sr. Rene Crefa, Vicepresidente del Concejo.
f.) Srta. Leisi Jiménez, Secretaria General.
LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO
MUNICIPAL.- Certifica que la ordenanza precedente fue
discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Loreto, en
sesiones ordinarias realizadas los días cuatro, dieciocho y
veinticuatro de diciembre de 2002.
f.) Srta. Leisi Jiménez, Secretaria General.
Ejecútese, promulgúese la presente ordenanza.
f.) Prof. Isaías Ramírez M., Alcalde del cantón Loreto.
EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓNJOYA DE LOS SACHAS
Considerando:
Que la Constitución de la República en su Art. 228 y
siguientes da la denominación de gobiernos seccionales
autónomos tanto a los consejos provinciales como a las
municipalidades;
Que la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana
fue creada con el objetivo de transferir a las
municipalidades todas las funciones y facultades que
cumple el gobierno central a través de los diferentes
ministerios, buscando la eficiencia y que llegue a los lugares
que lo necesitan;
Que es facultad de cada Concejo Municipal ejercer la
administración cantonal con la denominación que convenga
a sus intereses económicos como sociales; y,
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Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 35
En ejercicio de sus facultades, amparado en lo que
disponen los Arts. 17, 26 y 64 Nral. 49 de la Ley de
Régimen Municipal,
Expide:
LA SIGUIENTE ORDENANZA QUE CAMBIA SU
DENOMINACIÓN COMO "GOBIERNO MUNICIPAL DEL
CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS".
Art. !.- Cambíese la denominación de Ilustre Municipio del
Cantón Joya de los Sachas, por GOBIERNO MUNICIPAL
DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS.
Art. 2.- La presente ordenanza a más de ser publicada en el
Registro Oficial sobre su nueva denominación, deberá ser
difundida por los medios de comunicación social, locales,
provinciales y de ser el caso nacionales, debiendo
comunicar a todas las instituciones públicas y privadas
sobre la nueva denominación política administrativa para el
fortalecimiento cantonal.
Art. 3.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir
de su aprobación por el Concejo Municipal, sin perjuicio de
su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo
Municipal de la Joya de los Sachas, a los 22 días del mes de
abril de 2003.
f.) Lie. Clara Guevara, Vicealcaldesa. f.)
Lie. Fausto Ureña, Secretario General.
Certifico: Que la presente Ordenanza que cambia su
denominación como "Gobierno Municipal del Cantón Joya
de los Sachas", fue discutida y aprobada por el Concejo en
sesiones realizadas los días 17 y 22 de abril de 2003. Lo
certifico
f.) Lie. Fausto Ureña, Secretario General.
ALCALDÍA.- Por reunir los requisitos legales exigidos y de
conformidad con lo que determina el Art. 129 de la Ley de
Régimen Municipal vigente, promulgúese y ejecútese.
f.) Sr. Hoover Alvarez, Alcalde.
La Joya de los Sachas, abril 24 de 2003.
CERTIFICACIÓN.- Proveyó y firmó la ordenanza que
antecede, el señor Hoover Alvarez, Alcalde del Gobierno
Municipal de la Joya de los Sachas. Lo certifico.
f.) Lie. Fausto Ureña, Secretario General.
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA JOYA
DE LOS SACHAS
Considerando:
Que, la Constitución Política de la República en su Art. 23
numeral 6, garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado y libre de toda contaminación;
Que, es obligación de la Ilustre Municipalidad de la Joya de
los Sachas, velar por la seguridad y tranquilidad de sus
habitantes;
Que, en los actuales momentos dentro del perímetro urbano
de la ciudad de La Joya de los Sachas, se encuentra
asentado la tubería del oleoducto secundario de
PETROECUADOR, el mismo que constituye un potencial
peligro por haber cumplido su ciclo de vida útil; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de
Régimen Municipal,
Expide:
La Ordenanza que establece la reubicación del tramo del
oleoducto secundario que atraviesa el centro de la ciudad
de la Joya de los Sachas.
Art. 1.- Reubíquese el tramo del oleoducto secundario que
atraviesa el centro de la ciudad de La Joya de los Sachas,
para cumplir los siguientes fines y objetivos:
a) Estructurar el espacio físico urbano, libre de riesgos y
catástrofes;
b) Asegurar el bienestar y la seguridad ciudadana; y,
c) Mantener el límite urbano establecido en la Ordenanza
de delimitación urbana.
Art. 2.- Para dar fiel cumplimiento a lo establecido en el
artículo 1 de esta ordenanza, el tramo del oleoducto deberá
reubicarse por los siguientes lugares: De Sur a Norte y por
el lado Oeste de la Troncal Amazónica, vía Francisco de
Orellana-Lago Agrio, desde la estación de bombeo Sacha
Central hasta la estación de bombeo Sacha Norte Dos,
conforme lo establece el plano de ubicación elaborado por
el Departamento de Planificación y Desarrollo Urbano de la
Ilustre Municipalidad de la Joya de los Sachas.
Art. 3.- La Ilustre Municipalidad de la Joya de los Sachas, la
Sociedad Civil de la Joya de los Sachas y
PETROECUADOR, conjuntamente se comprometen a
obtener la autorización de los propietarios de las fincas, el
paso para la reubicación del tramo del oleoducto.
Art. 4.- La Ilustre Municipalidad de la Joya de los Sachas
garantiza que en lo posterior no permitirá el asentamiento
de nuevos grupos sociales a lo largo del oleoducto
reubicado, que vuelva a poner en peligro la seguridad de sus
habitantes a una distancia no menor de cien (100) metros a.
cada lado, permitiendo únicamente como área agrícola para
cultivos de ciclo corto hasta una distancia de diez (10)
metros del eje del oleoducto.
Art. 5.- PETROECUADOR a través de su filial
PETROPRODUCCION deberá reubicar el tramo del
oleoducto por el sitio establecido en la ordenanza, el mismo
que irá ubicado en forma subterránea, salvo criterio técnico
de PETROPRODUCCION, aprobado por el Concejo
Municipal de la Joya de los Sachas.
Art. 6.- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en
vigencia a partir de la fecha de su aprobación en segunda
instancia por el Concejo Municipal, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.
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36 - Registro Oficial N° 79 4 Lunes 12 de Mayo de 2003
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA: Luego que se llegue a un acuerdo con los
propietarios de las fincas por donde se reubique el
oleoducto secundario, PETROECUADOR a través de su
filial PETROPRODUCCION será la única que asumirá los
costos de indemnización a los fínqueros afectados.
Dado y firmado en la sala de sesiones de la Ilustre
Municipalidad de la Joya de los Sachas, a los 14 días del
año dos mil tres.
f.) Lie. Clara Guevara, Vicealcaldesa.
f.) Lie. Fausto Ureña Patino, Secretario General.
CERTIFICO: Que la presente Ordenanza que establece la
reubicación del tramo del oleoducto que atraviesa el centro
de la ciudad de La Joya de los Sachas, provincia de Orel
lana, fue discutida y aprobada por la Ilustre Municipalidad
La Joya de Los Sachas, en sesiones ordinarias del 11 y 14
abril de 2003.- Lo certifico.
f.) Lie. Fausto Ureña Patino, Secretario General.
ALCALDÍA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA
JOYA DE LOS SACHAS. De conformidad a lo prescrito en
el numera 31, del Art. 72; y, artículos 127, 128, 129, 133 de
la Ley de Régimen Municipal vigente, sanciono la presente
ordenanza y ordeno su publicación en el Registro Oficial.
f.) Sr. Hoover Alvarez Guerrero, Alcalde.
Sancionó, firmó y ordenó su publicación en el Registro
Oficial la Ordenanza que establece la reubicación del tramo
del oleoducto secundario que atraviesa el centro de la
ciudad de La Joya de los Sachas, el señor Hoover Alvarez
Guerrero, Alcalde del cantón La Joya de los Sachas a los 21
días del mes de abril de 2003.
Joya de Los Sachas, 21 de abril de 2003.
Lo certifico
f.) Lie. Fausto Ureña Patino, Secretario General.
EL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN JOYA
DE LOS SACHAS
Considerando:
Que, la Constitución Política del Estado promueve la amplia
participación social, por medio de la cual se involucra
activamente a los sectores sociales en la toma de decisiones
referida a todos los aspectos que tienen que ver con la vida
jurídica, política, cultural, económica y social del cantón,
haciendo efectivo el ejercicio pleno de los derechos
ciudadanos en miras de una democracia participativa y con
visión estadista del desarrollo cantonal;
Que, uno de los fines esenciales del Municipio es planificar
e impulsar el desarrollo social, cultural, económico y físico
del cantón;
Que, se ha concluido el proceso de elaboración del Plan de
Desarrollo Estratégico Cantonal ejecutado por
administración directa por el Equipo Técnico Municipal, con
amplia participación y concertación de la sociedad civil y
actores cantonales, con asistencia técnica del fondo de
población de las Naciones Unidas y la Asociación de
Municipalidades Ecuatorianas; y,
En uso de las facultades que le confiere la Ley de Régimen
Municipal,
Expide:
LA ORDENANZA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL CANTÓN LA
JOYA DE LOS SACHAS.
Art. I.- Aprobar el Plan de Desarrollo Estratégico del cantón
La Joya de Los Sachas como un documento de trabajo que
regirá las actividades y acciones que se emprenderán
desde el Ilustre Municipio, juntas parroquiales, instituciones
públicas y privadas y actores sociales, con la finalidad de
impulsar el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del
cantón.
Art. 2.- Reconocer a la Asamblea Cantonal, constituida
como un espacio de expresión ciudadana para fraternizar,
concertar y planificar participativamente el futuro del cantón;
cuyas decisiones se basan en los principios de respeto y
solidaridad que reconocen la diversidad pobla-cional,
pluricultural, multiétnica y el respeto a la naturaleza.
Art. 3.- Reconocer al Comité de Gestión como la instancia
ejecutiva de la Asamblea Cantonal que se encargará de dar
funcionalidad a las decisiones de la asamblea sin fines
políticos.
Art. 4.- Reconocer a los comités y mesas de trabajo
intersectoriales, como instancias de ejecución colectiva para
la cogestión de las actividades, proyectos, políticas
definidas por el comité y la Asamblea Cantonal, expresadas
en el Plan Estratégico Cantonal.
Art. 5.- El funcionamiento de la Asamblea Cantonal, Comité
de Gestión, mesas de trabajo será regulado por el
respectivo reglamento.
Art. 6.- Disponer que el presupuesto de inversiones sea
elaborado en forma concertada de conformidad con los
proyectos identificados y formulados en el Plan de
Desarrollo Estratégico Cantonal.
Art. 7'.- La ejecución del Plan de Desarrollo se sustentará en
la participación corresponsable de la comunidad, integrando
para la acción a favor del desarrollo a todos los actores.
Art. 8.- El Alcalde, Concejo Municipal, directores, jefes y
demás personal municipal deben realizar sus funciones
enmarcados dentro del plan y sus objetivos.
Art. 9.- Con la finalidad de lograr la sostenibilidad del Plan
de Desarrollo Cantonal, la funcionalidad de las instancias
de ejecución como son: la Asamblea Cantonal, el Comité de
Gestión Cantonal, los comités y mesas intersectoriales de
trabajo, la construcción de un tejido social, la planificación y
gestión del plan local, la construcción de capacidades
institucionales, la transversalización de género, generación,
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Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 37
ambiente e interculturalidad; y, la articulación al desarrollo
nacional, la Municipalidad crea una Oficina de Participación
y Desarrollo, la misma que dependerá directamente de
Alcaldía.
Art. 10.- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en
vigencia a partir de la fecha de aprobación en segunda
instancia por el Concejo Municipal, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.
Dada y firmada en la sala de sesiones del Ilustre Municipio
de la Joya de los Sachas, a los 14 días del mes de abril de
2003.
f.) Lie. Clara Guevara, Vicealcaldesa.
f.) Lie. Fausto Ureña Patino, Secretario General.
CERTIFICO: Que la presente Ordenanza para la aprobación
del Plan de Desarrollo Estratégico del cantón La Joya de los
Sachas, fue discutida y aprobada por la Ilustre
Municipalidad la Joya de los Sachas, en sesiones ordinarias
del 11 y 14 de abril de 2003.- Lo certifico.
f.) Lie. Fausto Ureña Patino, Secretario General.
ALCALDÍA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA JOYA
DE LOS SACHAS. De conformidad a lo dispuesto en los
artículos 128 y 129 de la Ley de Régimen Municipal,
sanciono la presente Ordenanza para la aprobación del Plan
de Desarrollo Estratégico del cantón La Joya de los Sachas
y ordeno su publicación en el Registro Oficial.
f.) Hoover Alvarez Guerrero, Alcalde.
CERTIFICACIÓN: Sancionó, firmó y ordenó su publicación
en el Registro Oficial la Ordenanza para la aprobación del
Plan de Desarrollo Estratégico del cantón La Joya de los
Sachas, a los 21 días del mes de abril de 2003.
La Joya de los Sachas, 21 de abril de 2003.
Lo certifico.
f.) Lie. Fausto Ureña Patino, Secretario General.
EL I. CONCEJO MUNICIPAL DE NABON
Considerando:
Que en oficio No. 02135 SJM-2002 de fecha 19 de
diciembre de 2002 el Ministerio de Economía y Finanzas a
través del Subsecretario General Jurídico Abg. Boanerges
Rodríguez Freiré otorgó dictamen favorable a la Ordenanza
que reglamenta el servicio del sistema de agua potable del
centro cantonal de Nabón; y,
En uso de las atribuciones que le confiere la Ley de
Régimen Municipal;
Expide:
LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
CANTONAL DE NABON.
CAPITULO I
DEL USO DEL AGUA
Art. 1.- Se declara de uso público el servicio de agua
potable, en el cantón Nabón, facultándose su
aprovechamiento a los particulares con ejecución a las
prescripciones de la presente ordenanza.
Art. 2.- El uso del agua potable se otorga para los servicios
residencial o doméstico, comercial e industrial.
CAPITULO II
DEL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO
Art. 3.- Toda persona natural o jurídica que deseare
disponer del servicio de agua potable, en una casa de
habitación o predio de su propiedad deberá presentar la
respectiva solicitud en el formulario correspondiente
proporcionado por el Departamento de Agua Potable y
Alcantarillado de la Municipalidad del Cantón Nabón, en la
que deberá constar los siguientes datos:
a. Nombre del propietario del inmueble;
b. La Dirección del inmueble, nombre de la calle y
número de la casa (croquis);
c. Descripción del tipo de servicio; y,
d. Cuando se trate de nuevas edificaciones, se requerirá
de una certificación de aprobación de planos de
construcción otorgado por el Departamento de
Planificación.
Art. 4.- Cuando se trate de edificaciones de 59-99 metros
cuadrados, el peticionario acompañará a la solicitud, una
certificación de aprobación de planos. Las edificaciones
industriales, hoteles y en general las construcciones que
pasan de los 100 metros cuadrados y demanden un mayor
servicio de agua que el ordinario, el peticionario
acompañará a la solicitud un plano que contenga solamente
la distribución sanitaria y de agua potable en el interior de su
propiedad, sin cuyo requisito no se despachará la solicitud.
Art. 5.- Recibida la solicitud el Departamento de Agua
Potable de la Municipalidad lo estudiará, resolverá y
comunicará los resultados al interesado en el término de 4
días.
Art. 6.- Si la solicitud fuere aceptada, el interesado suscribirá
en el formulario correspondiente un contrato con la
Municipalidad en los términos y condiciones establecidos en
la presente ordenanza previo al pago de diez salarios
mínimos vitales, por el derecho de conexión e instalación,
de conformidad con lo previsto en el segundo inciso del Art.
409 de la Ley de Régimen Municipal vigente.
Art. 7.- El pago por derecho de conexión e instalación no
incluye el costo del medidor, dejándose a la libertad del
usuario su adquisición previo a las especificaciones técnicas
establecidas por el Departamento de Agua Potable y
Alcantarillado.
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38 - Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003
Art. 8.- Establecido el servicio, el contrato tendrá fuerza
obligatoria por treinta días después de que el propietario o
su representante legal debidamente autorizado, notifique por
escrito al Departamento de Agua Potable su deseo de no
continuar en el uso del mismo.
Art. 9.- Cuando el inmueble a beneficiarse tenga frente a
dos o más calles, el Departamento de Agua Potable
determinará el frente y el sitio por el cual se realizará la
conexión.
Art. 10.- Concedido el uso de servicio de agua potable, el
departamento correspondiente incorporará al usuario al
catastro de abonados, en el que constarán entre los datos
necesarios nombre, número de cédula, el número y la marca
del medidor instalado y la dirección del inmueble.
CAPITULO III DE LAS
INSTALACIONES
Art. 11.- Toda conexión será instalada con el respectivo
medidor de consumo, de cuyo mantenimiento y
conservación será responsable el propietario del inmueble,
el mantenimiento y conservación en perfecto estado, se
refiere tanto al medidor como a la tubería y llaves; en caso
de pérdida o daño de cualquiera de los bienes integrantes de
la instalación, el propietario del inmueble estará obligado a
pagar el costo de las reparaciones que fueren necesarias de
los bienes que deban reponerse, para el restablecimiento del
servicio y el buen funcionamiento.
Art. 12.- En los casos que sea necesario prolongar la tubería
matriz fuera del límite urbano, se realizará una vez que el
Departamento de Agua Potable de la Municipalidad realice
los trabajos respectivos que garantice un buen servicio de
acuerdo con el desarrollo urbanístico.
Art. 13.- El Departamento de Agua Potable, por medio de
los técnicos que designe, efectuará las instalaciones
necesarias desde la línea matriz hasta la línea de fábrica de
propiedad o hasta el medidor, siendo de carácter
obligatorio la utilización de tubería de cobre en el centro
urbano y tubería PVC en las zonas aledañas.
CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES
Art. 14.- Todo medidor llevará un sello de seguridad, que
por ningún concepto podrá ser abierto o cambiado sino por
el personal autorizado de la Municipalidad, cuando sea
necesario o conveniente para el mejor servicio. Si el
propietario observare el medidor en mal funcionamiento o
presumiere alguna falsa indicación de consumo, solicitará al
Departamento de Agua Potable, la revisión o cambio del
medidor. El mismo que se instalará en un lugar visible y
fácil de acceso a los empleados encargados de la lectura o
reparación y será de un solo tipo para todos los
beneficiarios del cantón.
Art. 15.- En caso de comprobarse desperfectos notables en
las instalaciones interiores del inmueble, no acorde con las
prescripciones sanitarias o marcha normal del servicio, el
Departamento de Agua Potable suspenderá el mismo
mientras no fueren subsanados los desperfectos. Para el
efecto el departamento por medio de sus empleados vigilará
todo lo relacionado con el sistema.
Art. 16.- La instalación de tuberías para la conducción de
aguas lluvias o de aguas servidas, se efectuará a una
distancia mínima de un metro de la tubería de agua potable.
Cualquier cruce entre ellas necesitará la aprobación del
Departamento de Agua Potable.
Art. 17.- Cuando se produzca desperfectos en la conexión
domiciliaria, desde la tubería de la red hasta el medidor, el
propietario está obligado a notificar inmediatamente al
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, para la
reparación respectiva.
Art. 18.- Es obligatorio para todos los moradores de la
ciudad de Nabón contar con las conexiones domiciliarias de
agua potable así como pagar las planillas de consumo en la
Tesorería Municipal por períodos mensuales y vencidos, de
acuerdo con las tarifas establecidas para el efecto, la
suspensión del servicio, por cualquier motivo, no exime al
propietario de continuar pagando mensualmente la tarifa
básica de consumo de acuerdo a la categoría a la cual
pertenece.
Art. 19.- Además de los casos señalados en otras
disposiciones de esta ordenanza, se procederá a la
suspensión del servicio de agua potable, en los siguientes
casos:
A. Por petición del abonado, cuando el inmueble fuere a
permanecer deshabitado en forma temporal;
B. Cuando existe peligro de que el agua potable pueda ser
contaminada por substancias nocivas para la salud,
previo informe del Inspector de Sanidad, en este caso,
la reparación y adecuación de las instalaciones las
efectuará el personal técnico nombrado por la
Municipalidad; y,
C. Cuando el Departamento de Agua Potable estimare
conveniente hacer reparaciones o mejoras en las
instalaciones del servicio, en cuyo caso la
Municipalidad no será responsable por la suspensión
hecha, con previo aviso o sin él, por la urgencia de las
circunstancias que así lo exijan, por cualquier daño o
perjuicio que se derive de estas circunstancias.
CAPITULO V
TARIFAS
Art. 20.- Los abonados del servicio de agua potable pagarán
las siguientes tarifas:
a. CATEGORÍA RESIDENCIAL O DOMESTICA.-
En esta categoría están todos aquellos abonados que
utilicen los servicios en la atención de necesidades
vitales. Este servicio corresponde al servicio de agua
potable a locales y edificios destinados para vivienda.
Los abonados clasificados en esta categoría pagarán la
siguiente tarifa:
De 0 hasta 12 m3 la suma de 0.50 de-dólar de tarifa
básica mensual, por metro cúbico de excedente de 13
m3 a 20 m3 se cobrará 0.10 ctvs de dólar y de 21 m3 en
adelante 0.20 ctvs de dólar por metro cúbico;
b. CATEGORÍA COMERCIAL.- Por comercial se
entiende el abastecimiento de agua a inmuebles o
locales que estén destinados a fines comerciales, tales
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Registro Oficial N° 79 - Lunes 12 de Mayo de 2003 - 39
como: bares, restaurantes, heladerías, cafeterías, salones
de bebidas alcohólicas, frigoríficos, establecimientos
educativos particulares, estaciones de servicio.
Se excluye de esta categoría a las pequeñas tiendas y
almacenes que no usan agua en su negocio y que se
surten de conexiones de servicio de una casa de
habitación.
Las tarifas para esta categoría son las siguientes:
De 0 a 12 m3 1.00 dólar de tarifa básica mensual por
metro cúbico de excedente de 13 m3 a 20 m3 se cobrará
0.10 ctvs de dólar y de 21 m3 en adelante 0.20 ctvs de
dólar por metro cúbico;
c. CATEGORÍA INDUSTRIAL.- Esta categoría se
refiere al abastecimiento de agua potable a inmuebles o
predios destinados a actividades industriales, siendo
fábricas de bloques, ladrillos pensiones, hoteles, baños
públicos con carácter privado y otros servicios afines
que guarden relación o semejanza con lo enunciado.
La tarifa para esta categoría son de 0 a 12 m3 $ 1.50 de
tarifa básica mensual, por metro cúbico de excedente
de 13 m3 en adelante 0.25 ctvs de dólar por metro
cúbico; y,
d. CATEGORÍA OFICIAL O PUBLICA.- En esta
categoría se incluyen las instituciones públicas en
general, establecimientos educacionales gratuitos,
cuarteles y similares, así como también las instituciones
de asistencia social, quienes pagarán el 50% de las
tarifas establecidas en la categoría residencial.
Art. 21.- Las tarifas de agua potable constituyen tasa y, por
consiguiente, en ningún caso podrán concederse
exoneraciones de su pago, de conformidad con lo dispuesto
con el artículo 408 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal en concordancia con el artículo 34 del Código
Tributario.
Art. 22.- La tasa establecida en este capítulo es obligatoria
para todas las personas que utilicen el servicio de agua
potable sean naturales o jurídicas, de derecho público o
privado.
Art. 23.- Los pagos por derecho de conexión, reconexión se
realizarán de conformidad con las disposiciones previstas en
la presente ordenanza en concordancia con lo previsto en el
inciso segundo del Art. 409 de la Ley de Régimen Municipal
vigente.
Art. 24.- El pago por consumo de agua potable se hará
mensualmente en la Oficina de Recaudación vencidos los
quince primeros días posteriores a la emisión de la carta de
pago, debiendo exigirse en cada caso el comprobante
respectivo.
Art. 25.- En caso de daño sufrido en la domiciliaria, los
gastos de materiales y mano de obra serán abonados por el
usuario; así como también en caso de daño de la matriz se
cargarán a los propietarios de las viviendas colindantes. Los
cobros se efectuarán mediante títulos de crédito y se los
podrá ejecutar inclusive mediante vía coactiva.
Art. 26.- El propietario del predio es responsable del pago a
la Municipalidad por el consumo de agua potable de
acuerdo a la medición o a la lectura correspondiente, por el
valor respectivo se emitirán los títulos de crédito a cargo de
los abonados.
Art. 27.- El Departamento de Agua Potable podrá instalar
piletas, surtidores y grifos públicos de conformidad con los
planes de ornato de la ciudad, el servicio público a través de
grifos será gratuito, pero se restringirá al máximo en el área
urbana.
CAPITULO VI
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES
Art. 28.- La mora en el pago de tres planillas de consumo
por el servicio de agua será suficiente para que la
recaudación en coordinación con Tesorería Municipal
recurra al corte del servicio el que se informará al
Departamento de Agua Potable sin perjuicio de su cobro por
la vía coactiva.
Art. 29.- El servicio que se hubiere suspendido por parte del
Departamento de Agua Potable, no podrá ser instalado sino
por los empleados del ramo previo al pago de 2.00 (dos
dólares 00/100) por derecho de reconexión, de conformidad
con lo previsto en el inciso segundo del Art. 409 de la Ley
de Régimen Municipal vigente, y una vez que se ha
realizado el pago por el valor del consumo al que hubiere
lugar.
Cualquier persona que interviniere ilícitamente en la
reconexión serán sancionados con una multa de 10.00 (diez
dólares 00/100) sin perjuicio de la responsabilidad penal a
que hubiere lugar.
Art. 30.- Prohíbase la reconexión a la tubería del agua
potable con cualquier otra tubería o depósito de abasto que
altere o afecte la potabilidad del agua.
Quienes abrieren boquetes, canales o realizaren
perforaciones en las tuberías, en los tanques de agua potable
y que trataren de perjudicar en cualquier sistema, estarán
obligados a pagar el valor de las reparaciones y serán
sancionados con el valor de los daños calculados por el
departamento correspondiente más el valor de 4 SMVG.
Art. 31.- Si se encontrare con alguna instalación clandestina
de agua, el dueño del inmueble pagará una multa
equivalente al valor de cinco SMVG, sin perjuicio de que la
conexión fuere cortada inmediatamente y la acción judicial a
la que hubiere lugar. La reincidencia será penada con una
multa de 10 SMVG, sin perjuicio de la acción penal.
Art. 32.- Se prohibe a los propietarios o personas que no
estén autorizadas por la Municipalidad, manejar los
medidores de llaves guías, de las cañerías y especialmente
las válvulas de acceso a conexiones, quienes infringieren
esta disposición serán sancionados con una multa de 10
SMVG, sin perjuicio de la responsabilidad penal.
Art. 33.- Los abonados no podrán transferir sus derechos de
uso sobre las instalaciones domiciliarias sino en el caso de
enajenación del inmueble, el nuevo propietario será
solidariamente responsable con el propietario anterior, de
los valores adeudados por el consumo de agua potable y
otros conceptos a los que se refiere esta ordenanza.
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Art. 34.- El valor de los daños ocasionados en la red de
agua potable será cobrado a quien lo hubiere causado
mediante el procedimiento coactivo, sin perjuicio de las
acciones penales.
Art. 35.- Solo en caso de incendio o cuando hubiere la
autorización correspondiente podrá el personal del Cuerpo
de Bomberos hacer uso de las válvulas, hidrantes, conexos;
pero en circunstancias normales ninguna persona natural o
jurídica, pública o privada podrá hacer uso de ellas, sin
expresa autorización municipal extendida por escrito a
petición del interesado. La infracción será sancionada con
una multa de 5 SMVG, más el pago de daños y perjuicios
que serán calculados por el Departamento Técnico
correspondiente.
Art. 36.- Prohíbase terminantemente la utilización del
sistema de agua potable para riego en las propiedades del
centro cantonal al cual sirve el sistema, así como, en la
utilización de estaciones de servicio de lavado de vehículos,
la infracción será sancionada con una multa equivalente a 5
SMVG.
CAPITULO VII
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO
Art. 37.- La administración, operación y extensiones del
sistema de agua potable, estará a cargo del Departamento de
Agua Potable de conformidad con las normas de esta
ordenanza.
Art. 38.- La recaudación y manejo de los fondos
provenientes de consumo de agua potable estará a cargo de
Recaudación y Tesorería Municipal.
Art. 39.- Los materiales y equipos pertenecientes al
Departamento de Agua Potable estará bajo el control del
Bodeguero Municipal, que serán entregados por inventarios
y no podrán ser transferidos a otros servicios.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Los usuarios que actualmente se abastecen de
agua potable mediante guía directa, el Departamento de
Agua Potable les notificará sobre el uso obligatorio del
medidor. A objeto de la presente solicitud constante en el
artículo 6 de la presente ordenanza, en un plazo máximo de
quince días, a partir de la notificación.
SEGUNDA.- Los cobros a los usuarios se hará a partir de la
vigencia de la presente ordenanza y el cálculo del consumo
se lo hará en base a la lectura de vencimiento.
DEROGATORIA.- Quedan derogadas todas las
disposiciones que se opongan a la presente ordenanza.
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.
Dado en la sala de sesiones del I. Municipio de Nabón, a los
siete días del mes de noviembre de dos mil dos.
f.) Patricia Naula, Secretaria General.
CERTIFICO.- Que la presente Ordenanza que reglamenta el
servicio del sistema de agua potable del centro cantonal de
Nabón fue discutida y aprobada en dos sesiones del 20 de
diciembre de 2001 en primera instancia y del 12 de
septiembre de 2002 en Segunda Instancia, revisada el 7 de
noviembre de 2002 y que mediante oficio No. 02135 SJM-
2002 de fecha 19 de diciembre de 2002 El Ministerio de
Economía y Finanzas a través del Subsecretario General
Jurídico Abg. Boanerges Rodríguez Freiré, otorgó dictamen
favorable a la Ordenanza que reglamenta el servicio del
sistema de agua potable del centro cantonal de Nabón.
f.) Leda. Magali Quezada, Vicealcaldesa del cantón Nabón.
f.) Srta. Patricia Naula, Secretaria General.
ALCALDÍA DE NABON.- Ejecútese y publíquese conforme
lo dispone la Ley de Régimen Municipal. Nabón, a los seis
días de marzo de 2003.
f.) Lie. Amelia Erráez O., Alcaldesa del cantón Nabón.
FE DE ERRATAS
CONTRALORIA GENERAL
Oficio No. 15334 AG
Sección: Asesoría General. Asunto: Fe de erratas.
Quito, 2 de-mayo de 2003.
Señor doctor
Jorge Morejón Martínez
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
Presente
De mi consideración:
En el acuerdo N° 008-CG, publicado en el Registro Oficial
N° 70 de abril 28 de 2003, en el Art. 16 "Selección y
Nombramiento" penúltima línea, se ha deslizado el error de
citar al "Art. 4" de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, cuando lo correcto debió ser el citar al Art. 14 de
dicha ley.
Solicito, por tanto, que se publique en el Registro Oficial
como "fe de erratas" la enmienda antes señalada.
Atentamente
Dios, Patria y Libertad
Por el Contralor General del Estado
f.) Ing. Rene Cordero Jaramillo, Subcontralor General del
Estado, encargado.
