LAS EMPRESAS ESTATALES

(BORRADOR)

Roberto Laserna

La iniciativa conjunta de FVPK-FM propone reflexionar y

debatir sobre políticas públicas con el evidente y valioso propósito

de contribuir al debate electoral. En este caso, nos ocuparemos de

las empresas estatales, que constituyen uno de los puntales de la

estrategia de desarrollo impulsada por el gobierno del MAS desde

el 2006.

Contamos para ello con un documento muy valioso, preparado

por Ruben Ferrufino con su ya conocida pulcritud: “Empresas

Estatales: Visiones para la mejora de su gestión”. Es un trabajo que

tienen, como su título lo anuncia, la intención fundamental de

plantear propuestas orientadas a mejorar el desempeño de las

empresas estatales. Ese era, además, el requerimiento que recibió

de los organizadores y RF lo cumple a cabalidad, haciendo un gran

esfuerzo para destacar los objetivos de esta política y de adaptar su

propuesta y su lenguaje a dichos objetivos. Mi conclusión es que

ojalá su trabajo fuera leído y, sobre todo, aplicado por las

autoridades encargadas de administrar esta importante política

pública. El problema es que mi "ojalá" me parece muy poco

realista.

El texto comienza con una afirmación fuerte, asegurando que

en principio, desde el punto de vista de la teoría económica, no hay

nada que determine que las condiciones de propiedad de una

empresa influyan en su desempeño económico. Sin embargo, de

inmediato plantea que desde el punto de vista administrativo surge

lo que denomina “el problema del agente”, lo que le lleva a

concentrar el esfuerzo propositivo del documento a ese campo. Es

indudable que una buena administración produce mejores

resultados que una mala, independientemente de quién sea el

propietario, y consecuente con ese criterio el autor propone

establecer normas para imponer criterios y modelos de gestión que

permitan lograr una mejor administración.

Propone, por ejemplo, separar el ámbito de la política, que

debería limitarse a fijar con claridad los roles y objetivos de cada

empresa, y evaluar sus resultados, del ámbito de la gestión. Para

ello sugiere directorios independientes y remunerados, presencia

de capitales privados en las empresas, con la correspondiente

defensa de los derechos de las minorías accionarias, organizarlas a

las empresas estatales como sociedades anónimas y por tanto

sujetas a las regulaciones generales para ese tipo de sociedades, y

exponerlas a los mercados financieros no sólo en el ámbito nacional

sino sobre todo a nivel internacional, de manera que se financien

fundamentalmente a través de las bolsas de valores. Así, no

solamente podrían obtener financiamiento sino, sobre todo,

desenvolverse con transparencia y rendir cuentas.

Estas recomendaciones son descritas con cierto detalle y

argumentadas con una adecuada consistencia teórica pero,

lamentablemente, sin tomar en cuenta las dificultades que se

tendría para aplicarlas, es decir, omitiendo considerar su viabilidad

en el contexto político e institucional boliviano.

¿POR QUÉ FRACASAN LAS EMPRESAS ESTATALES?

No es que el autor desconozca las múltiples experiencias de

fracaso de las empresas estatales. Al contrario, sabe que ellas son

abrumadoramente mayoritarias. Tanto que, en realidad, los casos

de éxito que se citan son las excepciones, no la regla. Esos casos

dicen que el éxito es posible, pero que su probabilidad es muy baja.

Lo que hace verdaderamente falta es identificar las causas de

ese fracaso. No se sí por convicción o más bien por la orientación

del trabajo, en él se asume que la causa es fundamentalmente

administrativa: una mejor gestión bastaría para resolver los

problemas. La mayoría de los políticos que trata estos temas cree

que los problemas de gestión son más bien personales, atribuibles a

los que tuvieron a su cargo la administración de la cosa pública

antes que ellos y por eso, siempre están seguros de que allá donde

el otro fracasó, ellos triunfarán. El autor tiene la inteligencia de no

caer en esa simplificación, pero el énfasis que pone en las

estructuras institucionales y en las normas es, lo reitero, poco

realista, sobre todo omitiendo la consideración de los problemas

generales de desarrollo institucional del entorno boliviano.

Como lo hemos tratado de argumentar en otra parte (La

Trampa del Rentismo), la debilidad institucional se acentúa por los

conflictos y disputas que provoca la abundancia de recursos en el

Estado, si dicha abundancia no está relacionada a través de los

impuestos a una estructura productiva más fuerte y diversificada,

sino a la disponibilidad de rentas de recursos naturales.

Eso es exactamente lo que ha venido sucediendo en Bolivia

desde el año 2000. El rentismo se ha contagiado del Estado a la

sociedad. Las expectativas de captura de una parte de esas rentas

han alentado e intensificado los conflictos y las presiones haciendo

que sea de interés común la debilidad de las instituciones y el

incumplimiento de las normas. Y, por si eso fuera poco, la voluntad

política de cambio institucional –prevaleciente desde el 2003- ha

puesto en duda todo lo que funcionaba sin haber logrado empresas

estatales reemplazarlo con las nuevas normas e instituciones.

Sostengo que esto no ha ocurrido en coincidencia con el

aumento de recursos fiscales. Ha ocurrido debido a dicho aumento!

Y tampoco es coincidencia que haya surgido en esta misma

época la política de multiplicación de empresas estatales. Si ésta ha

surgido es precisamente debido a la enorme disponibilidad de

recursos en las arcas públicas!

No es casualidad que en Bolivia y en otros lugares las

empresas estatales son parte de las estrategias nacionales cuando

sobra dinero, no cuando falta. Si San Buenaventura es tan rentable

como se dice, por qué no la hicieron antes y por qué no la hacen

ahora los privados? Si fabricar papel en el Chapare es tan buen

negocio, ¿por qué no lo financia la banca? Si producir úrea en Bulo

Bulo es tan rentable, ¿por qué Samsung actúa sólo como

constructora a contrato y se limita a construir e instalar la fábrica?

Si la siderurgia en el Mutún es tan rentable, ¿por qué se le tuvo que

ofrecer concesiones a la empresa menos competitiva, y aún así

falló? Hay una sola respuesta a todas estas preguntas: al Estado le

sobra dinero y no sabe qué hacer con él. Los funcionarios andan

buscando qué hacer con los recursos, dónde ponerlos, en qué

“ejecutar” su presupuesto (hasta el verbo es apropiado).

La prudencia indica que no hay que ser muy tajantes en las

afirmaciones, así que no podemos decir que las empresas estatales

son menos eficientes que las privadas precisamente porque son

estatales. Digamos entonces que la probabilidad de que lo sean es

bastante alta y tratemos de precisar las causas.

La naturaleza estatal de la empresa implica:

En primer lugar, que la decisión de invertir ha sido

política. Es decir, la identificación del producto o servicio a producir

y la asignación de recursos públicos para hacerlo no responde a

necesidades del mercado sino a estrategias políticas. Explotar un

recurso, dinamizar una zona, satisfacer una presión, resolver una

necesidad que los políticos consideran prioritaria son los motivos

habituales que orientan la decisión de qué debe hacer la empresa y

dónde. Por lo tanto, hay más voluntad (o voluntarismo) que una

evaluación de costo beneficio, que es lo que predomina en el campo

privado. Por ejemplo es frecuente que la planificación estatal parta

de identificar los potenciales productivos de una zona, enfatizando

lo que puede producir antes que lo que se puede vender. Como si se

tuviera una fe ciega en la ley de Say, que por supuesto funciona

pero sólo en algunas circunstancias. También ocurre que se

identifica una “necesidad” a partir de parámetros extraeconómicos,

y llegado el momento se descubre que la gente tiene otras

prioridades y no está dispuesta a gastar en el bien o servicio que las

empresas estatales le ofrecen salvo que sea a precio subsidiado. Y

así, tenemos muchísimos ejemplos que muestran que aún cuando la

empresas estatales fuera administrada bajo un modelo maravilloso

como el que propone RF, si la decisión inicial fue errada, su

desenvolvimiento estará afectado por siempre. Karachipampa es un

clásico ejemplo y ya nos advierten que la planta de úrea puede ser

el siguiente. La fundidora ha logrado recién operar después de 35

años, pero su tecnología es obsoleta y los proveedores de minerales

la abastecerán solamente bajo presión política, compartiendo las

pérdidas que el Estado decidió asumir para cumplir el objetivo

político de hacerla funcionar. En cuanto a la planta de úrea, como

nos lo han advertido los especialistas, la han localizado lejos de la

materia prima y lejos de los mercados, aumentando los costos de

transporte, para cumplir una finalidad política, hacer industria en el

Chapare. Algo similar puede suceder si se instala una planta de

baterías de litio en Uyuni. El litio es un componente clave pero

representa, físicamente, una parte reducida. Subir el resto de los

materiales en bruto hasta Uyuni para bajarlos luego a los mercados

convertidos en baterías aumenta costos y puede sacar de

competencia a la empresa. Pero el valor simbólico de instalarla allí

es tan alto para quienes toman la decisión que no importa cómo se

gestione la empresa, nació fallada. La probabilidad de que la

decisión de invertir, predominantemente política, tenga también

justificaciones económicas es tan baja que resulta más bien obra de

la casualidad.

En segundo lugar, que la asignación de recursos no

pasa por tamices competitivos. Las empresas estatales no buscan

financiamiento sobre la base de su proyecto. Cuando no lo tienen

garantizado (por decreto y transferencia del BCB), lo tienen

facilitado por la garantía estatal. Si un banco de fomento o de

inversiones facilita crédito a una empresa pública no es porque

haya verificado su posible eficiencia sino porque sabe que su fuente

de repago está en los recursos públicos que maneja su garante, el

estado. La competencia por los recursos es, en todo caso, política y

entran en juego las presiones de los interesados. Si una localidad

quiere acceder a recursos ahora puede exigir un puente, una plaza,

una escuela… o una empresa. Algo de ese gasto se desparramará

hacia ellos. En una conversación informal con un alto funcionario

del Banco Central le señalé que éste transgredía su ley orgánica al

otorgar créditos concesionales a las empresas estatales con el

simple respaldo de decretos, y que el riesgo de pérdida era muy

alto. Me replicó que la Constitución autorizaba a operar de esa

manera y que, además, estaba garantizado el hecho de que no

habría ninguna pérdida. Ante mi sorpresa aclaró que se refería a

pérdidas para el Banco, puesto que la garantía de repago la daba el

Tesoro General. El acceso a esta generosa fuente de financiamiento

está restringida por la capacidad de presión o de persuasión que se

tenga con quienes toman la decisión final de asignación de

recursos, y eso es posiblemente más fácil para una empresas

estatales que los engorrosos procedimientos de evaluación técnica,

financiera, de riesgo y de garantías que exigen los bancos y otras

instituciones financieras.

En tercer lugar, que en los hechos en las empresas

estatales no hay relación principal-agente. Este es un tema al que

RF le dedica buen tiempo en su trabajo porque sabe que es

fundamental para la buena administración. En nuestro criterio, en

las empresas estatales todo se resuelve entre agente-agente y en

ausencia del principal. Para los que no estamos muy familiarizados

con esta nomenclatura este tema hace referencia a la relación entre

los accionistas y la gerencia, los propietarios y los gestores. En una

empresa privada los propietarios están siempre cerca. Son ellos

mismos los gestores cuando la empresa es pequeña, o conforman el

directorio cuando es más grande, o por último exigen cuentas en las

asambleas de accionistas, cuando se trata de una corporación

mayor. En las empresas estatales los propietarios no solamente

están diluidos (son todos) sino que están lejos, y a su nombre

actúan muchos que dicen representarlos: los diputados y senadores,

los dirigentes de organizaciones sociales, sindicales o cívicas, los

funcionarios designados por las autoridades. Es decir, cualquiera

establece una relación de dueño con la empresa estatal menos los

dueños verdaderos, porque es simplemente imposible que lo hagan:

son demasiados. De manera que en la gestión de la empresa lo que

se tiene es una relación agente-agente, sin principal. Es decir,

gestores de distintos tipos, que no solamente pueden invocar el

mandato de los dueños sino que, en caso necesario, pueden

desplazar responsabilidades hacia los otros. Con el riesgo adicional,

que además es altamente probable, de que los que tengan más

fuerza acaben expropiando la representación y apropiándose de la

empresa. Acaso los mineros en las empresas nacionalizadas no

actuaban a nombre del pueblo boliviano cuando exigían mejores

pulperías y mejores escuelas? En las empresas estatales la cadena

de intereses y rendición de cuentas está rota. El dinero es de todos

pero los que deciden qué hacer con él son políticos que están de

paso. Los que llevan a cabo esas decisiones, los administradores,

son técnicos y burócratas que no saben a quién rendirán cuentas ni

con qué criterios se los evaluará, o que saben simplemente que no

rendirán cuentas.

Por supuesto, el problema de principal y agente puede ser

menos grave en algunos casos pero eso nos recuerda que, en el

fondo, depende de la calidad de la política o, si se quiere, de la

calidad de la representación democrática! Si el principal, que es el

pueblo o el conjunto de los ciudadanos, no está bien representado,

no puede esperarse que el problema sea fácil de resolver. Y en los

últimos años la calidad de la política se ha deteriorado tanto en

Bolivia como la calidad de las instituciones (ya lo anticipó Oporto

pero lo destacan recientemente Komadina y Zegada).

Por lo tanto, el problema mayor de la propuesta que se nos

hace es el de su inviabilidad política. Asume que nuevas normas

podrían resolver los problemas, pero por qué habríamos de suponer

las nuevas normas se cumplirán? Este gobierno ganó dos elecciones

sucesivas por mayoría absoluta y logró su mayor victoria cuando

hizo aprobar la nueva Constitución por el 61% de los votos válidos.

Sin embargo, la dosis de realismo viene cuando nos preguntamos

¿cuánto de esa Constitución se cumple? Y si eso pasa con la norma

fundamental, ya podemos deducir lo que pasa con el resto.

LA EXPERIENCIA RECIENTE

El documento presenta la experiencia reciente y proporciona

una evaluación preliminar de la misma. El mapeo toma como

referencia a las 23 de las que se pudieron obtener algunos datos.

Algunos porque el autor no pudo encontrar la misma información

para todas las empresas y tampoco para varios años, poniendo en

evidencia un problema serio de opacidad o falta de transparencia.

Este es el primer dato fuerte de su evaluación.

Ese conjunto de empresas es diferenciada de dos maneras:

por su lugar en el modelo económico y por su ubicación sectorial.

El modelo de economía plural que se perfila en la

Constitución considera claramente la posibilidad de un trasvase de

excedentes, pero plantea que se realice desde el sector más

moderno y vinculado al mercado hacia los sectores indígenas

comunitarios, cuya conservación no sería viable de otro modo. Pero

lo que se recoge en este documento es una versión diferente, la de

un conjunto de empresas generadoras de excedentes (luego

discutiremos esta caracterización) y la de otro conjunto que no los

genera y que tendría la función de distribuir ingresos y absorber

empleo. En esta versión, la transferencia de recursos no tiene el

propósito de equidad diseñado en la Constitución, sino el de la

redistribución simple, utilizando los recursos naturales no

renovables como la fuente de financiamiento de subsidios a

funcionarios, técnicos, empleados y obreros de empresas

industriales vinculadas al mercado y que son parte de la misma

economía moderna pero que son ineficientes. Eso representa una

tergiversación del modelo económico o una aplicación sesgada del

mismo.

Pero además hay una confusión en esa caracterización que RF

recoge de los documentos oficiales: se toma como generadoras de

excedentes a las empresas capturadoras de renta (esta confusión es

también frecuente en los estudios sobre carga impositiva en Bolivia,

ya que la renta captada por el estado se registra como impuesto,

inflando los ingresos y las ilusiones). Recordemos que la renta

proviene de la valorización de mercado de una riqueza preexistente,

en tanto que el excedente, en su formulación básica, se refiere a

valor creado en el proceso productivo. Esta diferencia me parece

importante.

Frente a esas empresas, “las otras” son consideradas

generadoras de ingresos y de empleo. En realidad, más que

generadoras son proveedoras de ingresos y empleos. Si no importa

que esas empresas funcionen a pérdida, entonces resulta que son

solamente mecanismos de distribución de las rentas (llamadas

excedentes) que monetizan las anteriores. Corresponde entonces

preguntarse si ese es el mejor mecanismo de redistribución.

La otra clasificación de las empresas las diferencia entre las

extractivas (lo que hace más claro el hecho de que el excedente es

en realidad renta de recurso natural), las manufactureras y las de

servicio. Y resulta que las que tienen pérdidas se concentran entre

las manufactureras. ¿Cómo explicarlo? Tal vez por la dificultad

tecnológica, de gestión y de mercadeo que tienen esas empresas, y

que es posiblemente mayor a la de la extracción o provisión de

servicios. Si así fuera, ellas estarían poniendo en evidencia la

ineficiencia inherente a la gestión estatal. Lo que a su vez

permitiría deducir que las ganancias de las otras podrían ser

mayores bajo otras formas de propiedad y otros modelos de

administración.

Adicionalmente, observando con más detenimiento a las

empresas referidas, encontramos una diversidad de situaciones que

hacen más difícil la clasificación. Crear empresas no es lo mismo

que constituirlas: una gran parte de las empresas estatales son

adquisiciones de empresas previamente existentes: YPFB, Comibol,

Entel (sin datos en este grupo), Vinto, Enatex, EBA… y por lo tanto

desde un punto de vista macroeconómico son “seudoinversiones”:

su constitución como estatales ha desplazado capitales privados sin

ampliar la capacidad productiva

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Los datos de resultados provienen de los estados financieros

publicados. No tenemos información de cuáles han sido auditados

de forma independiente pero tampoco tenemos razones para dudar

de su fidelidad. Varias tienen pérdidas y en otras su rendimiento es

tan bajo que posiblemente también registrarían pérdidas si

hubieran recurrido a financiamiento no concesional.

Frente a estos datos el autor señala: “Desde la perspectiva de

finanzas y manejo de portafolio la cifra de pérdida es siempre una

posibilidad y en el caso presente no debería ser causa de extrema

preocupación, menos cuando el conjunto de la cartera de

inversiones es rentable (incluyendo los tres casos aislados). Desde

la perspectiva fiscal y por el valor (comparado con el Presupuesto

Público, por ejemplo), tampoco debería ser una fuerte preocupación

al menos en el corto plazo”.

Esto es muy benévolo. Creo que debería causar preocupación

que veamos que las rentas, no excedentes, están cubriendo las

pérdidas. Las rentas son de recursos no renovables, por lo que su

pérdida es doble, ya que no se trata de ganancias no realizadas sino

de la destrucción de riqueza real.

Por otro lado, el análisis se basa en la consideración del

conjunto de empresas como portafolio de inversiones, desdiciendo

la propia sugerencia de que no se puede aplicar a las empresas

estatales los criterios de evaluación financiera de las empresas

privadas simplemente porque el estado no es un inversionista que

busca el máximo beneficio.

En la nómina de las empresas hay algunos casos que resaltan.

Uno es EBA, la empresa estatal rescatadora de castaña que según

tengo entendido desplazó a una cooperativa que era exitosa en

Pando. Esa empresa tiene pérdidas. Es posible justificarlas diciendo

que es así porque pagan mejor a los recolectores de castaña, pero

nuevamente la responsabilidad de desplaza… para pagar mejor a

los recolectores lo ideal sería buscar mercados que paguen más, no

un padrino que subsidie pérdidas. Otro es el caso de Enatex, que ha

desplazado a una exitosa empresa privada que abrió los mercados

más exigentes y que en el año ilustrado perdió ya la quinta parte de

su patrimonio. Y aquí no se puede hablar solamente de lucro,

porque el efecto multiplicador de generación de empleo e iniciativas

microempresariales de Ametex era considerable, demostrando que

siendo lucrativa podía satisfacer también los objetivos de

proporcionar oportunidades de ingreso y de empleo para la gente.

En el esfuerzo de sustentar sus argumentos, el texto se refiere

en un par de ocasiones al caso de Aguas del Tunari como una

muestra de que las privadas también fracasan. No necesitaba

hacerlo. Todos sabemos que las privadas también fracasan, pero en

ellas el costo del fracaso lo pagan los inversionistas, no el público.

Con excepciones, por supuesto. La referencia a AT busca, en

realidad, desprestigiar la privatización de un servicio púbico. Por

supuesto, el desafío de proveer desde el sector privado un servicio

público de agua y alcantarillado es mayor que cualquier otro por su

carácter esencial. El fracaso no fue de gestión ni de la empresa

como tal, puesto que estuvo en operaciones muy poco tiempo, sino

de las imposiciones políticas que se le hicieron, como desarrollar el

proyecto Misicuni como su fuente principal de agua, garantizándole

que un aumento de tarifas sería políticamente viable y además

respaldado por los gobiernos nacional y locales. No hubo esto y

hacer Misicuni requería un alza de tarifas muy grande, por lo que la

empresa acabó abandonando el país. Pero el caso del agua en La

Paz fue, en comparación, exitoso, porque la empresa tuvo menos

imposiciones políticas y pudo cumplir el objetivo de ampliar la

cobertura y proveer el servicio al más bajo costo posible, y aún así

obtuvo utilidades. Su nacionalización, muy posterior, fue decidida

por motivos estrictamente ideológicos. Para el caso de

Cochabamba, además, el análisis debería recordar que la empresa

pública actual, si no pierde dinero, es muy ineficiente en la

ampliación de la cobertura y en la provisión del servicio.

INDUSTRIALISMO POLÍTICO

La multiplicación de empresas estatales, sobre todo en el

sector manufacturero, sugiere que en realidad hemos vuelto al

industrialismo político. Este tiene una larga historia en América

Latina. Se basó en considerar la industrialización como el principal

mecanismo para impulsar el desarrollo y estimuló enormes

esfuerzos de inversión pública y grandes sacrificios de los

consumidores en América Latina entre los años 40 y hasta los 70.

Pero fue una política que al final se abandonó. Y no sin razón, ya

que sus frustraciones fueron mayores que sus logros.

Las razones de un fracaso tan amplio y evidente todavía son

objeto de estudio.

Para algunos se trató de una política condenada al fracaso por

haberse concentrado en la producción sin haber tomado en cuenta

que, en los mercados, los que mandan son los consumidores. Otros

criticaron más bien los aspectos técnicos: la mala calidad de los

estudios previos, la inadecuada selección de las tecnologías, la falta

de personal técnico y administrativo en las plantas. Tampoco

faltaron los que denunciaron la dificultad intrínseca que tiene la

burocracia estatal para reemplazar el rol de los empresarios, y la

dificultad que tienen los políticos para lidiar con las demandas

particulares de los trabajadores, de los consumidores o incluso de

los proveedores de las empresas, puesto que ellos son también

votantes.

Es posible que todas las críticas tengan algo de razón y que

juntas contribuyan a explicar el fracaso de la industrialización

forzada desde el Estado. Lo que nadie niega es que ese fracaso tuvo

un alto costo para la gente. Esa política fue impulsada a veces por

gobiernos populistas y a veces por elitistas, en algunos casos por

dictaduras de izquierda y en otros por dictaduras de derecha,

llegando a los mismos resultados. Absorbió recursos y desvió

esfuerzos que pudieron haber sido mejor empleados, y retrasó el

desarrollo económico, manteniendo a millones de latinoamericanos

en condiciones de pobreza.

La mejor prueba es que mientras Latino América

experimentaba con el industrialismo político, fue superada por

países que siguieron caminos diferentes y que hoy son potencias

económicas de primer orden, como Corea, Taiwán, Indonesia,

Malasia. Ellas son potencias industriales, sin duda, pero fueron

conquistando mercados que se industrializaron. Es decir, la

industria fue un medio y terminó siendo un resultado de su esfuerzo

e iniciativa, pero éstos pusieron prioridad en la conquista y

ampliación de los mercados y en la seducción de los consumidores.

Con el retorno de esa política estamos ignorando esa historia.

Por supuesto, no se trata de imitar lo que otros hicieron, pero sí de

aprender de sus experiencias. Y de recordar que es más fácil

reproducir los fracasos que los éxitos.

CONCLUSION

No quisiera que estas reflexiones y observaciones sean

consideradas como un alegato en contra de la intervención del

estado en la economía. Pero sí contra una forma de intervención

que es ineficiente y cara para la sociedad. Si una política de Estado

es que todos los niños tomen helados es mucho mejor que licite en

forma competitiva y abierta la compra y distribución de esos

helados, dejando que los fabriquen los que saben, en vez de

desplazarlos con su enorme y pesado poder. Al fin de cuentas, algo

así le dio a Estados Unidos la fuerza económica y tecnológica

necesaria para derrotar a la Unión Soviética, que apeló al modelo

de producción directa y terminó como ya sabemos. Más cercano es

el caso de Cuba, cuyo más exitoso emprendimiento son, justamente,

los helados Copelia, presentados como los mejores del mundo y que,

aparentemente mejoran de sabor gracias a la larga espera que uno

debe hacer en la cola para adquirirlos.

Para terminar quisiera destacar nuevamente el mérito de

haber reunido en este documento un conjunto de recomendaciones

propositivas que si fueran aplicadas sin duda mejorarían el

desempeño de las empresas públicas. Pero no puedo dejar de

resaltar el hecho de que ellas ponen en evidencia una contradicción.

Si no hubiera nada que determine un peor desempeño en las

públicas que en las privadas, ¿por qué todas las recomendaciones

apuntan a replicar en aquéllas lo que tiende a prevalecer de manera

natural en las privadas más exitosas y desarrolladas? Lo que se

propone es que, para ser exitosas, las empresas estatales simulen

ser privadas, o se las obligue a simular. ¿No implica esto un

reconocimiento de la mayor eficiencia de un tipo de empresas sobre

el otro?