Título 1

COMPROMISOS MADINA POR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA

La crisis ha puesto al desnudo las debilidades y carencias de nuestro modelo de crecimiento, basado en el ladrillo y alimentado por el crédito barato y abundante, que ha generado un empleo precario y poco cualificado. Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria España tiene ante sí el enorme reto de transformar su estructura económica para volver a crecer sobre bases sólidas y sostenibles. Esto va a implicar recuperar competitividad para generar bienestar y empleo.

No llegaremos muy lejos con una estrategia de competitividad basada en precios. La estrategia del gobierno del Partido Popular durante estos años ha sido someter a la economía española a un profundo ajuste macroeconómico en términos de gasto público, deflación salarial y de represión de la demanda interna, que ha empobrecido a la población, generado desempleo y no ha logrado corregir los desequilibrios existentes en nuestro sistema económico. Prueba de ello es que la famosa recuperación por el sector exterior se ha materializado en menores importaciones por represión de la demanda, y en el momento en el que la demanda ha vuelto a despuntar, hemos vuelto a hacer crecer nuestro déficit exterior. Una estrategia centrada en los bajos salarios y la precariedad, además de ser socialmente injusta e inequitativa, está abocada al fracaso, pues España nunca podrá competir en precio con países como China u otros países emergentes.

Una nueva estrategia de política económica debe contestar a una pregunta clave para el futuro de España ¿Cómo vamos a crecer en los próximos años y a recuperar los 7 puntos de PIB y los 3 millones de empleos perdidos por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera?, ¿Qué sectores van a generar empleo y crecimiento en el futuro?. Para dar respuesta a estas preguntas es imprescindible una nueva política económica, más ambiciosa y mejor diseñada, que compagine la reducción gradual del déficit y la deuda pública con una estrategia decidida encaminada a generar crecimiento y empleo. Si queremos construir una economía fuerte y competitiva, tenemos que trabajar en el largo plazo, lograr construir una estrategia basada en el incremento de la productividad, apostando por la industria y sectores tecnológicamente avanzados y de alto valor añadido en nuestra producción. Los factores que afectan a nuestra productividad son muchos: desde la cualificación de los trabajadores y directivos, la existencia de mercados cerrados y prácticas oligopólicas, la inestabilidad laboral o una cultura de la innovación deficiente. Mis compromisos en materia económica están dirigidos a situar a España en la senda de la competitividad, el crecimiento de la productividad y la sostenibilidad social y ambiental, dejando de lado la actual estrategia de devaluación salarial y social que tanto daño está creando. Un nuevo crecimiento económico requiere empresas mejores, mayores y más productivas, capaces de satisfacer a mercados más concurridos y con mayores exigencias de calidad, dinamismo y grado de internacionalización. Para ello se debe actuar con una estrategia coherente e integral, en la que planteo tres grandes líneas de prioridad: la formación del capital humano, la innovación y el desarrollo tecnológico, y el fomento de un entorno más proclive a la creación y, sobre todo, al crecimiento de las empresas. Para lograr avanzar en estas prioridades, es también imprescindible actuar en el marco europeo, en el ámbito del mercado laboral, en la fiscalidad y en el sector energético.

Título 2

La formación y capital humano: nuestro gran reto a largo plazo

Según datos de Eurostat, el 40,2% de la población activa de España tiene un nivel de cualificación bajo, mientras que la media de la Eurozona es del 24,6%. Los países de referencia, como Alemania, Reino Unido o Finlandia se sitúan entre el 13% y el 17%. En términos del tiempo medio de permanencia en el sistema educativo, España tiene un diferencial negativo de cerca del 40% en relación a Estados Unidos o a los países de referencia de la Unión Europea.

Buena parte de este gap de formación proviene de la evolución demográfica de nuestra sociedad, que sólo hasta fechas relativamente tempranas impulsó el acceso a la educación secundaria y la universidad. Sin embargo, los efectos de la crisis se están haciendo notar en las generaciones más jóvenes. El 22,8% de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja, mientras que la media de la Eurozona es del 16% y los países de referencia sitúan ese porcentaje entre el 7,5% de Dinamarca y el 14% del Reino Unido.

Esta deficiencia en la formación tiene efectos muy graves en la productividad y empleabilidad de nuestra fuerza laboral. Urge organizar una gran iniciativa de capacitación, recualificación y formación de nuestro capital humano, a través del sistema educativo formal, con mayor inversión en educación de calidad, y en el sistema de formación profesional y formación continua y para el empleo.

Las piezas clave de esta iniciativa de recualificación y formación son las siguientes:

• Reforma urgente del sistema nacional de formación para el empleo. La formación desarrollada en el marco de la fundación tripartita, o los cursos financiados a través del Fondo Social Europeo, deben focalizarse exclusivamente en lograr la cualificación de ese 40% de la población activa que a fecha de hoy no tiene cualificación o la tiene muy baja. Debemos evitar que los fondos europeos y los fondos de formación se destinen a cursos de poca calidad. Se deben usar esos fondos (8500 millones del Fondo Social Europeo para el período 2014-2020, que deben ser necesariamente complementados y ampliados) para acciones concentradas, sustantivas y recualificadoras de la población activa más necesitada de esas medidas. Se debe insistir en la calidad de la formación profesional para el empleo, recuperando una cultura de evaluación sistemática que permita afinar la calidad de las ofertas formativas y su vinculación al mercado de trabajo, de acuerdo con las directrices del sistema europeo de calidad de la formación profesional. Los fraudes y mala utilización de los fondos de formación son absolutamente inaceptables, habida cuenta de la necesidad que tenemos que un uso eficaz, pertinente y sustantivo de los mismos.

• En el sistema educativo formal, es imprescindible incorporar un carácter más experimental y analítico, focalizando en las competencias básicas. Nuestros resultados en las encuestas internacionales, con ser discutibles en términos metodológicos, muestran algunos elementos de importancia. No debemos resignarnos en materia educativa. Hay Comunidades Autónomas que, consideradas de manera individual, obtienen resultados comparables a los de Finlandia o Alemania, si bien la mayoría se encuentra por debajo de la media de

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la OCDE. Apostar por la inversión en educación, dignificar y motivar al profesorado tras estos años de recorte educativo, es posible y es necesario.

• La Formación Profesional debe considerarse una gran prioridad. Es imprescindible adaptar su oferta a las nuevas necesidades del mercado laboral, tales como empleos verdes, avances tecnológicos, nuevas oportunidades abiertas por el escenario demográfico, etc. En la actualidad España tiene casi tantos estudiantes en bachillerato como en Formación Profesional. Resituarla y dignificarla dentro del sistema educativo es una prioridad, dedicando medios, favoreciendo el reciclaje de su profesorado y fortaleciendo su vinculación con el sector empresarial, incrementando su calidad en el marco de las directrices del Marco Europeo de Garantía de Calidad de la Formación Profesional.

• De igual manera, el aprendizaje a lo largo de la vida laboral debe considerarse una urgencia. España se encuentra cinco puntos por debajo de la media de la Unión Europea en materia de aprendizaje continuo (lifelong learning). Esto fragiliza el mercado laboral y limita las posibilidades de adaptación a un entorno laboral cambiante y altamente tecnológico como el que viven las sociedades europeas avanzadas. Las condiciones de la producción, la tecnología, las innovaciones, cambian permanentemente y tenemos que generar incentivos para que los trabajadores y trabajadoras permanezcan en un reciclaje permanente. Ya no basta con obtener una titulación al inicio de la vida laboral para garantizarla. Es necesario incorporar esta inversión en el ciclo de vida laboral, garantizar la adaptación y la formación a las nuevas realidades. Sólo el 15% de los parados no universitarios realizan acciones de formación continua, frente al 38% de los parados con título universitario que si las realizan.

• En el ámbito de la Universidad con algunas excepciones, se observa un mantenimiento de la distancia que nos separa de los centros líderes a nivel europeo y mundial. En la actualidad, debido en gran parte a los cambios demográficos se ha generado una situación de sobrecapacidad en el sistema que requiere una reforma urgente. En los próximos años las universidades españolas se deberá realizar un proceso de evaluación de las reformas llevadas a cabo en el marco del proceso de Bolonia para valorar las necesidades reales de la formación universitaria y del sistema productivo y así reducir la gran distancia que existe actualmente entre la universidad y el mundo empresarial. El PSOE debe apostar por una estrategia conjunta Universidad-empresa para facilitar el acceso al mercado de trabajo de los estudiantes con unos niveles altos de cualificación, habilidades y competencias en aquellos sectores más dinámicos del tejido empresarial. Dicha estrategia conllevaría una cierta adecuación u orientación de algunas materias de estudio o aspectos específicos de formación en los distintos grados (por tipos de carreras, por ejemplo), universidades para ajustar y adaptar los nuevos postgrados oficiales a las demandas profesionales de mayor cualificación requeridas por las nuevas actividades económicas, que deberán ir sustituyendo o complementando a algunas de las del modelo productivo actual en crisis. Lo anterior no implica en absoluto olvidar que la universidad tiene una función de formación, que ha de superar la visión mercantilista, y que debe seguir ofreciendo ciertas disciplinas académicas relevantes para el patrimonio cultural y formativo del país, tales como los estudios vinculados al arte, por ejemplo.

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Una apuesta clara por expandir y democratizar la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico

Estamos a punto de entrar en una nueva revolución tecnológica y España no puede quedarse al margen de la misma. El uso intensivo de la red, las posibilidades que ofrecen innovaciones como “el internet de las cosas”, la impresión 3D o el acceso a los macrodatos, generan importantes oportunidades de crecimiento y empleo, que España debe saber aprovechar.

De acuerdo con la Comisión Europea, España se encuentra por debajo de la media europea en materia de “efectividad innovadora”, considerándonos un “innovador moderado”, al nivel de buena parte de los países del este. España puntúa por debajo de la media de la Unión Europea en 13 de los 14 indicadores utilizados por el barómetro de la innovación de la Unión Europea.

Es urgente invertir recursos institucionales, financieros y humanos en revertir esa situación, situando a España en el grupo de cabeza de los países innovadores. Para ello es urgente tomar medidas efectivas que permitan una mejora rápida de nuestro sistema nacional de innovación.

• En materia de financiación para la investigación, el desarrollo tecnológico, y la innovación, España debe realizar un importante esfuerzo para alcanzar el objetivo planteado por la Unión Europea en su estrategia 2020: el 3% del PIB. En la actualidad, destinamos el 1,3%, y de seguir la tendencia actual, no llegaremos a más allá del 1,7%.

• Sin embargo, no basta con ofrecer nueva financiación, sino que hay que reformular y ampliar la capacidad de absorción. El uso de subvenciones para la I+D debe focalizarse en la investigación básica y en aquellos aspectos más relacionados con las etapas iniciales de los proyectos. Otros instrumentos, como los créditos o la financiación en capital riesgo, deben ser ampliamente desarrolladas.

• Las Comunidades Autónomas juegan un importante papel en el desarrollo de los sistemas de innovación, a través de los fondos estructurales de la Unión Europea, las iniciativas de cluster territoriales o los centros tecnológicos. El PSOE debe concentrarse en que las Comunidades Autónomas hagan un uso intensivo de las herramientas que tiene a su disposición, incrementando la profesionalización de sus responsables, y promoviendo ecosistemas innovadores territoriales, en los que el sector público debe jugar un papel de dinamizador y de asunción de riesgos.

• Nos comprometemos con la iniciativa emprendendora de carácter innovador. Son muchas las medidas que podemos poner en marcha para mejorar el nacimiento y crecimiento de nuevas empresas de base tecnológica en España. España tiene condiciones para convertirse en un hub propicio para generar y atraer talento innovador, a través de la mejora de condiciones fiscales y de instalación de start-ups de alcance europeo y euro-latinoamericano. No sólo en el ámbito de la financiación, sino también en el ámbito de la regulación y las facilidades para la instalación. Tenemos ciudades que cuentan entre las más atractivas del mundo para la atracción de talento: aprovechemos esa oportunidad.

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• De nuevo, las universidades juegan un importante papel en el desarrollo de la innovación y la ciencia. Es imprescindible una reforma que las permita desarrollar todo su potencial de generación de conocimiento, eliminando obstáculos a su colaboración con otros ámbitos del sector público y privado, mejorando la dotación de medios para la investigación, e incrementando las posibilidades de formación y actualización de su personal.

• La innovación no es sólo nueva maquinaria o nuevos productos. España puede y debe incrementar su inversión en activos inmateriales, como lo son la gestión de las marcas, las nuevas formas de organización interna, la excelencia y la calidad empresarial, la gestión del conocimiento y otros intangibles. En España, la inversión en activos intangibles es la mitad que la inversión en activos materiales, mientras que en Estados Unidos es el doble.

• En el desarrollo de la innovación, el conjunto del sector público juega un importante papel, como impulsor de oferta, pero también como generador de demanda. La compra pública innovadora, el establecimiento de ciudades inteligentes o la puesta en marcha de iniciativas emblemáticas ambiciosas en materias que tengan capacidad de arrastre industrial (energías renovables, turismo, innovación en servicios) requieren de un liderazgo público que el PSOE debe recuperar.

Un entorno que permita la creación y el crecimiento de las empresas

Uno de nuestros grandes problemas es el tamaño de nuestras empresas. El 40% de nuestro empleo se genera en microempresas de menos de 10 empleados, que son mucho más frágiles en términos financieros, con menos productividad, con menos capacidad de formación y de innovación, y muy orientadas al mercado nacional. España podría ganar hasta un 15% de productividad si el porcentaje de empresas con más de 250 trabajadores fuera el mismo que el de Alemania. Un sector empresarial con empresas de mayor tamaño incrementa la estabilidad en el empleo, mejora la tasa de supervivencia empresarial, facilita la salida a mercados internacionales, y facilita la innovación y la formación del capital humano.

La política económica debe ayudarlas a aparecer y a crecer, a ganar músculo productivo y financiero. España ha apostado por mantener “campeones nacionales” en determinados sectores, y nuestras grandes empresas son tan productivas como las Alemanas o las de los países de referencia en la Unión Europea. Sin embargo, es el momento de fortalecer el grueso del tejido productivo que genera la mayoría del empleo de este país, combinando estrategias sectoriales en sectores de alto potencial –enrgías renovables, biotecnologías, servicios profesionales y personales, economía de la experiencia, turismo- con estrategias horizontales que afecten al conjunto de sectores con déficits de productividad –comercio, agricultura tradicional, etc. Para ello hay que establecer un marco propicio para su fortalecimiento, eliminando trabas a la constitución y crecimiento, y abriendo los mercados frente a posiciones dominantes y oligopólicas.

A veces el apoyo al crecimiento de la pequeña y mediana empresa se ha confundido con su protección frente a la competencia. Esa estrategia, que puede tener sentido en mercados nuevos, pierde su significado en sectores maduros y con productividades decrecientes. No se trata, en absoluto, de proteger a la PYME frente a la competencia, sino de dotarla de los instrumentos necesarios para que pueda hacer frente a la misma. Esta es una gran diferencia de enfoque que el PSOE debe tomar como bandera. De esta manera proponemos las siguientes medidas:

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• La regulación mercantil de nuestro país es obsoleta. Está basada para un modelo empresarial que ya no tiene sentido en el contexto económico en el que vivimos. Es imprescindible incrementar los esfuerzos por eliminar los trámites de constitución de nuevas empresas. España ocupa la posición 52 (entre 189 economías) en la clasificación global de la “Facilidad para hacer negocios” según el último informe Doing Business 2014 publicado por el Banco Mundial. Algunos de los elementos donde España está peor posicionada son la apertura de un negocio (puesto 142) y protección de los inversores (puesto 98). De la misma manera, hay que regular los procedimientos de quiebra o insolvencia de manera que no signifiquen el fin de la vida profesional –e incluso personal- del empresario. Se ha avanzado mucho pero España sigue muy lejos de los principales países de referencia en estos ámbitos. España puede hacer un avance rápido en este sentido y situarse al nivel de países de referencia en muy poco tiempo. Si queremos que nuestra sociedad pueda asumir riesgos en nuevos proyectos, no podemos hacerlo con una legislación excesivamente garantista y que prima excesivamente al acreedor frente al deudor.

• Debemos apostar por la cooperación, la creación de redes y la concentración empresarial, para generar economías de escala en aspectos clave como la internacionalización, la innovación, el posicionamiento en cadenas productivas globales, o la financiación. Los instrumentos financieros públicos pueden jugar un importante papel en la reestructuración de las pequeñas y medianas empresas, para hacerlas ganar músculo financiero y tecnológico. A su vez, es imprescindible cambiar la legislación para incentivar el crecimiento de nuestras empresas favoreciendo los acuerdos y fusiones y eliminando barreras administrativas derivadas de la diferente normativa contable, fiscal, procedimental, laboral, etc., que distingue entre empresas grandes y pequeñas.

• Apuesto por un Plan de atracción de talento e inversión extranjera en los sectores más punteros y avanzados, siguiendo las mejores prácticas internacionales de países como Israel, el Reino Unido o Singapore. Esto implicaría por ejemplo facilitar la estancia de los estudiantes extranjeros de MBA, diseñar programas de atracción de emprendedores de alto valor añadido facilitando la concesión de visados; creación de una verdadera ventanilla única para los inversores extranjeras, que reducción de la burocracia a todos los niveles.

• Mejora de la administración pública: me comprometo a avanzar en la simplificación administrativa y burocrática, reduciendo trámites y trabas al desarrollo de la actividad económica y empresarial; agilizar la justicia en el ámbito mercantil para dar respuestas rápidas que garanticen la necesaria seguridad jurídica a los inversores. Al mismo tiempo, España debe hacer un enorme esfuerzo en mejorar la calidad en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Se debe reforzar la Agencia de Evaluación y Calidad de las Políticas Públicas, que debe ser dependiente del Congreso, para que evalúe las políticas económicas y sociales más importantes presentando un informe anual al Parlamento con los resultados y propuestas de mejora. Hay que aumentar la cultura de la eficiencia, evaluación y rendición de cuentas de las instituciones y políticas públicas.

• Me comprometo con una apertura de mercados y la ruptura de oligopolios que generan beneficios injustos para sus operadores. España tiene serios problemas regulatorios en áreas clave como los servicios profesionales y personales, las

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telecomunicaciones, los servicios financieros o energéticos. También tenemos barreras de entrada que se crearon en un momento determinado para proteger industrias nacientes y que hoy sólo generan falta de competencia. Hay que mejorar la regulación y dar medios a las instituciones reguladoras de los mercados, para que puedan actuar con carácter ejecutivo frente a prácticas colusivas, de falseamiento de la competencia o de generación de beneficios injustos. Los organismos reguladores deben ser independientes, nombrar a todos sus miembros con criterios de profesionalidad e independencia, y sujetos al control parlamentario. Al mismo tiempo se deba avanzar en la unidad del mercado nacional, respetando las competencias de las CC.AA. pero eliminando duplicidades administrativas y regulatorias que encarecen los costes empresariales.

• No habrá crecimiento empresarial si no se mejoran las condiciones de financiación. Tenemos que sacar todo el partido a las ventanas de oportunidad que ha abierto el Banco Central Europeo, canalizar el crédito hacia actividades generadoras de empleo e innovación, y fortalecer nuestro sistema financiero. Debemos aprovechar mejor la financiación del BEI, y activar instrumentos de financiación pública de manera más decidida, como recapitalizando las Sociedades de Garantía, incrementando el recurso de las inversiones en capital riesgo, y favoreciendo la capilaridad y acceso a la financiación de los instrumentos públicos. España debería contar con una agencia financiera más potente, que unificase los instrumentos actualmente dispersos por la administración, al estilo del modelo alemán, el KfW, constituyendo con el ICO, COFIDES, ENISA, y otros instrumentos un auténtico banco de desarrollo al servicio de la economía y el empleo. El sector bancario que todavía permanece como propiedad del FROB debería recuperar en sus estatutos societarios un objetivo de desarrollo social, como los han tenido, hasta su desaparición, las cajas de ahorro, y los procesos de privatización deberían tener en cuenta dichos objetivos y garantizar su cumplimiento.

• El coste energético es, junto con el coste laboral y los costes financieros, uno de los principales elementos de definición de la competitividad de las empresas. En España es extraordinariamente alto, por lo que es necesario realizar una profunda revisión de nuestro modelo energético para ofrecer un suministro seguro, sostenible y más económico.

• Por último, es importante renovar los criterios de gobierno corporativo. España tiene un déficit en materia de buen gobierno corporativo y debemos contribuir a mitigarlo. La reforma de los códigos de conducta de gobierno corporativo, la extensión de las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa, y el fomento de un diálogo permanente en esta materia debe ser clave en un momento en el que la sociedad ve como buena parte del sector de las grandes empresas olvida criterios clave de responsabilidad para con la comunidad en materia social, ambiental o laboral. La formación de los directivos y empresarios es clave: la calidad formativa de los empresarios españoles es muy baja, sobre todo en las PYME, en aspectos como la calidad, la financiación, la internacionalización o la innovación. Sólo uno de cada cuatro empresarios con asalariados tiene formación universitaria. Existe una gran polarización entre la calidad formativa de los empresarios y directivos de medianas y grandes empresas y la de los pequeños y microempresarios.

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Un mercado de trabajo justo y que prime la estabilidad y la mejora de la productividad

La devaluación salarial a la que nos está sometiendo el proceso de ajuste económico es veneno para la recuperación económica, y también para la cohesión social. Responde a una estrategia de muy cortas miras, porque las ganancias marginales de competitividad que pueden obtenerse a corto plazo en alguna actividad son insostenibles, y porque lo que se obtiene por ese lado se pierde con creces por la depresión del consumo que provoca.

En España, es evidente que el desempleo se produce por la falta de necesidades de trabajo de las empresas, porque no venden. En este sentido, es un problema de demanda, que es el que se ha agravado con la crisis, y que hay que intentar solucionar con estímulos al crecimiento y mejorando la competitividad del tejido productivo.

Pero también hay problemas de regulación laboral que hacen que el desempleo sea más un problema en España que en otros países de nuestro entorno. Problemas como una muy elevada e injustificada temporalidad, que facilita que el ajuste se haga vía despidos, en lugar de hacerlo reajustando la jornada, por ejemplo, y que dispara el paro al menor síntoma de dificultades en las empresas, algo que no sucede en el resto de Europa. Tampoco funcionan bien los servicios de empleo, que apenas si recolocan a los desempleados; hay desajustes de cualificación entre lo que requieren las empresas y lo que ofrecen los trabajadores, y no se detectan y solventan con la celeridad precisa. Ahora mismo, hay millones de trabajadores en desempleo que provienen del sector de la construcción, con cualificación muy específica para ese sector, y que no se pueden recolocar en otras actividades sin la formación adecuada. Esa es una rigidez de la que pocas veces se habla, pero que es esencial. Nada de lo anterior lo ha solucionado la “reforma” laboral del PP. Hay que racionalizar la regulación de la contratación y de la negociación colectiva, y en esto los interlocutores sociales deben ser protagonistas.

• Es necesario un pacto de rentas, de moderación; pero de todas las rentas, de los salarios, de los beneficios, y de los impuestos sobre el consumo. Se requiere de un pacto de rentas que sea fruto del diálogo social, a tres bandas: gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos.

• Derogaré la reforma laboral del Partido Popular, que ha sido un torpedo en la línea de flotación de algo que hoy necesitamos mantener y potencia: el diálogo social. Hay que avanzar hacia una recuperación de la negociación colectiva por parte de los interlocutores sociales, para construir un mercado de trabajo más eficiente y más justo. Hay que construir una tipología de contratos sencilla, pero que responda a las necesidades de las empresas, y con las garantías necesarias para evitar un uso pervertido de los mismos. Todo ello complementado con unos instrumentos adecuados de flexibilidad interna en la empresa, para hacer del despido el último recurso, algo excepcional y realmente obligado

• Se deben reactivar urgentemente las políticas activas de empleo. El seguro de desempleo debe permitir generar una garantía de rentas para aquellos que están desempleados, pero al mismo tiempo, se deben diseñar itinerarios personalizados de recualificación y de reinserción en el mercado laboral que deben pasar por algo más que ir a fichar periódicamente. La reinserción laboral de los parados de larga duración con poca cualificación es una prioridad absoluta, a riesgo de que, si no se activa rápidamente una acción decidida en este sentido, se les condene a quedar definitivamente excluidos del mercado de trabajo. De igual manera, se

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debe actuar con prontitud en la puesta en marcha de la iniciativa europea de garantía juvenil, que consiste en ofrecer a cada joven desempleado una oportunidad de empleo o de formación en el plazo de tres meses. Para ello es imprescindible incrementar los recursos destinados a políticas activas.

• También necesitamos profundizar el mercado laboral europeo, que faciliten e incentive el movimiento de trabajadores entre los Estados Miembros. Pero ello requiere medidas como la portabilidad de las cotizaciones sociales y los derechos por desempleo entre países, el reconocimiento pleno de títulos académicos, entre otros.

Una actuación decidida en materia de política económica europea

Para poner en marcha este plan de alcance, es importante contar con el suficiente espacio para la política pública. Hay que recuperar grados de libertad en la asignación de recursos fiscales, y las normas fiscales sobre las que se han fundamentado las políticas de austeridad han resultado ser profundamente contraproducentes y procíclicas. De continuar en la actual senda de consolidación fiscal, España deberá realizar un nuevo recorte en los próximos años, tal y como ya han advertido el Banco de España y la Comisión Europea, poniendo de nuevo en peligro la débil recuperación del crecimiento que estamos viviendo.

Hay que evitar que las reglas fiscales de la Unión Europea impongan un uso sesgado y procíclico de la política fiscal. La modificación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es ya urgente. No basta con una simple interpretación flexible de las normas actuales. Hay que repensar en profundidad las normas fiscales europeas.

La reforma de las normas fiscales europeas debe incorporar elementos de estabilización del ciclo. Para ello, un gobierno socialista impulsará una reforma del PEC. En el contexto de la contabilización del déficit público a efectos del Procedimiento de Déficit Excesivo, se deben excluir determinadas partidas de gasto público. El candidato natural debe ser la inversión pública (tanto material como inmaterial: Educación, I+D…) dados sus elevados efectos arrastre sobre el conjunto de la economía y la capacidad de aumentar el crecimiento potencial del PIB. La protección de la inversión pública a través de reglas fiscales más flexibles es por tanto imprescindible para llevar a cabo una política fiscal sana y equilibrada en la Unión Europea y, especialmente, en la zona Euro.

También debemos apostar por otorgar una mayor relevancia al Banco Europeo de Inversiones (BEI), banco público propio de la Unión Europea. El BEI ha aumentado su relevancia en los últimos años, llevando a cabo un incremento de capital y multiplicando sus inversiones. Pero todavía podría hacer mucho más en cuanto a su capacidad de préstamo, financiación innovadora y como agencia catalizadora de inversión privada en proyectos multipaís.

Los partidos socialistas y socialdemócratas de la Unión Europea están avanzando en abrir una puerta para la flexibilización y la revisión del Pacto de Estabilidad. Quiero que el PSOE se incorpore, lo antes posible, a este debate, con fuerza y legitimidad.