Mercado laboral: estado y perspectivas

Centro de Investigaciones Económicas (CIE)

Informe Económico Mensual.

Abril 2015

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MERCADO LABORAL: ESTADO Y PERSPECTIVAS

INTRODUCCIÓN – DE DÓNDE VENIMOS En este informe se abordan algunos aspectos sobre la evolución del mercado de trabajo en el periodo reciente,

sus determinantes y perspectivas. Realizar este análisis resulta hoy particularmente difícil en Argentina, dadas las

condiciones de desconfianza en las estadísticas públicas. Es por ello que se explicita, ante todo, que la fuente de

información ha sido el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Se intentará hacer hincapié sobre todo en la evolución de las variables, antes que en los niveles absolutos.

Los últimos 15 años han mostrado movimientos amplios en las tasas del mercado de trabajo. Después del

profundo derrumbe del empleo producido durante la extendida crisis 1998-2002, el gobierno operó un ajuste

decidido en el comportamiento de las variables de empleo, que fue reflejado también en los indicadores sociales.

La creación de empleo privado fue vertiginosa, impulsada por un tipo de cambio sumamente devaluado, una alta

capacidad instalada sin uso, y amplios superávits tanto comercial como fiscal, que daban lugar a distintas políticas

de expansivas.

Los datos del Ministerio de Trabajo son

claros al respecto. En el período 2003-2007

el empleo asalariado privado aumentó un

espectacular 32 %, según el Índice de

Empleo Privado. Las principales ramas en

donde se absorbieron puestos de trabajo

fueron la industria manufacturera y la

construcción, en donde el empleo aumentó

32% y 73% respectivamente. Esta dinámica

influyó en los indicadores de pobreza y

distribución del ingreso. El índice de Gini,

que da una medida de la desigualdad en la

distribución ingreso, se redujo en el período

de 0,47 a 0,42. La pobreza disminuyó del

54% en 2002 al 25% en 2007. Sin lugar a

dudas que la dinámica del mercado de

trabajo fue fundamental en esta recuperación de los indicadores sociales.

CREACIÓN DE EMPLEO ESTANCADA El comportamiento del empleo durante todo estos

años estuvo fuertemente relacionado con una

configuración macroeconómica sólida, en la

que un tipo de cambio real alto dejaba al peso

ampliamente subvaluado frente a la década

anterior, expandiendo el mercado exportador y

permitiendo al Banco Central acumular divisas

rápidamente, volviendo sumamente rentables a los

emprendimientos agrarios que a la vez veían

aumentar el precio de las commodities; también

con la capacidad industrial que, todavía lejos de

estar en plena ocupación –la utilización de la

capacidad instalada en el 2003 no alcanzaba el

70%, y en la industria automotriz ni siquiera el



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30%-, permitía dar un fuerte impulso fiscal a la demanda sin generar aumentos de precios sostenidos; y con un

resultado fiscal que aún era superavitario y le daba al Estado espacio para aumentar el gasto. El impulso a la

demanda reactivó el sector construcción, que absorbió grandes cantidades de puestos de trabajo. La industria

manufacturera salió de un estancamiento prolongado y aumentó significativamente el nivel de actividad.

Esta dinámica virtuosa se detiene aproximadamente a fines del 2007, principios del 2008. Desde ese

momento hasta la fecha, la creación de empleo ha entrado en una etapa de estancamiento observable del

que no se recupera. Los índices sectoriales han tenido, en su mayoría, un crecimiento casi nulo o decreciente,

especialmente en aquellos en donde más se dio la absorción de empleo en la etapa previa. Tal es el caso de la

construcción y de la industria manufacturera.

Relacionado con una retracción en la producción industrial del último año de 2,5% según las conservadoras cifras

del INDEC, y aun más acentuada en algunas ramas, como la automotriz, el Índice de Empleo Privado del

Ministerio de Trabajo indica un nivel de ocupación similar al del 2011 y apenas por encima del 2007. En el

último año, en medio de un estancamiento en la actividad producto de la restricción externa y una aceleración

inflacionaria producto del intento de ajuste cambiario con la devaluación de enero de 2014, el empleo cayó en

casi todas las ramas registradas por el Ministerio de Trabajo. La construcción retrocedió casi 4%, debido a

una menor ocupación incluso frente a una recuperación en la actividad. En este sector el INDEC registra 27.000

puestos de trabajo menos. La manufactura cayó 1%, similar al empleo en comercios. Solo el transporte tuvo una

leve mejora, al igual que los servicios sociales.

La prolongada pérdida de valor del

peso, la permanencia de tasas de

interés reales negativas y el creciente

déficit fiscal, ponen en problemas a la

política económica. La absorción de

divisas del sector privado a través del

atesoramiento, la fugas de capitales y

un sector industrial estructuralmente

deficitario han puesto a la política

monetaria entre la espada y la pared.

Se vio dividida entre dejar disminuir el

nivel de reservas consolidando

fuertes niveles de incertidumbre

cambiaria, o incrementar los controles

de cambio para impedirlo, al costo de

racionar las divisas disponibles para

importación y afectar el nivel de

actividad. Tal fue el camino seguido

por el gobierno: logró mantener el nivel de reservas por encima de los 30.000 millones de dólares, pero dejó a las

ramas importadoras con más de 5.000 millones de dólares en deudas con sus proveedores. El resultado de esta

presión cambiaria no solo se vio reflejado en el comercio exterior –el superávit comercial está en mínimos desde el

2002-, sino que significó también despidos en varios sectores.

La dinámica de crecimiento mundial tampoco ayuda. Uno de los principales socios del país, y uno de los más

importantes compradores para la industria nacional, Brasil, profundiza la recesión mientras enfría su política fiscal,

con el objetivo de frenar una inflación todavía en un digito, pero por fuera de las bandas admitidas por la autoridad

monetaria. Otro socio importante, Estados Unidos, solo ahora logra conseguir cifras significativas de crecimiento.

China, mientras tanto, ajusta sus políticas para evitar aterrizajes forzosos, lo que lleva su crecimiento a un

importante pero decreciente 7%. La dinámica de los precios internacionales tampoco es favorable, e incide

fuertemente en la disponibilidad de divisas: el precio de la soja se redujo de 550 a 350 dólares en menos de un

año.



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El sector público, por el contrario, muestra que son poco más de 700 mil los empleados del Estado, según el

agregado computado por el INDEC, que acumula trabajadores de todos los sectores, incluyendo a las

universidades. Esta cifra ha crecido persistentemente no solo desde la salida de la crisis de la

convertibilidad solamente, sino también después de que el sector privado perdiera dinamismo, lo que

indica que más allá del número absoluto, poco esclarecedor debido a su composición, el sector público ha

sido prácticamente el único en generar empleo desde este estancamiento (2007/2008), y lo ha hecho

persistentemente. A diferencia de los años previos, el período siguiente a la crisis internacional de 2008-

2009 muestra a un Estado que ha crecido no junto al resto de la economía, sino a contramano y a sus

expensas. El crecimiento de la actividad ha estado sostenido a través de un estímulo al consumo, explicitado

recurrentemente por el Poder Ejecutivo. En esta línea se piensan programas como Ahora12 y Pro.Cre.Auto. Con

un nivel elevado de capacidad instalada, recurrente emisión monetaria, y una inercia inflacionaria que alimenta la

puja distributiva, las políticas tienen posibilidades de acelerar el aumento de precios. A esto sigue un

estancamiento del crédito privado –que solo ha logrado recuperarse en el segmento de tarjetas de crédito-. Los

niveles de liquidez son volcados al sector público, que ofrece letras vía el Banco Central, más rentables y seguras

para los bancos. El Estado ha pasado a ocupar un lugar preponderante en la dinámica del crédito y del empleo

mientras el sector privado permanece estancado.

COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS BÁSICAS

Según el censo de 2010 la población argentina

es de poco más de 40 millones de habitantes. La

tasa de actividad es de cerca de 45%, lo que

significa que cerca de 18 millones de personas

están en condiciones de trabajar y manifiestan

voluntad de hacerlo, mientras que 22 millones

dependen de sus ahorros y de la seguridad

social, o bien de la ayuda de sus cercanos. De

ese total, poco más de 1 millón no encuentra

empleo, y otro millón trabaja menos de lo que

quisiera (se encuentra subempleado), lo que

significa que solo 16 millones trabajan la

cantidad de horas que desean. De la población

ocupada, 24% son cuentapropistas, mientras un 76% son asalariados, de los cuales más de 4 millones trabajan sin

aportes a la seguridad social, es decir trabajan en un empleo informal.

Las tasas básicas del mercado laboral

muestran una caída de la tasa de empleo

hasta el 41,3% de la población activa y un

aumento del desempleo al 7,5% de la

población total. Esta cifra no parece

representar de por si un mal desempeño del

mercado laboral: sigue siendo menor que el

desempleo del 2010. Pero una lectura diferente

puede resultar de observar las variables en

conjunto. El aumento en la desocupación se da

de la mano de una relativamente alta

volatilidad de la tasa de actividad, que ha caído

en un año de 46 a 44,7 por ciento.

Conjuntamente con un considerable aumento

de la tasa de subocupación demandante –

aquellas personas que trabajan menos de 35



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hs. semanales y buscan trabajar más- se observa lo que se conoce como efecto desaliento: ante las dificultades

para encontrar empleo satisfactorio o conservarlo, personas que antes pertenecían a la población activa

abandonan la búsqueda de empleo y pasan, por lo tanto, a ser parte de la población inactiva. Esto tiene el efecto

de amortiguar la suba de la tasa de desocupación en las Encuesta Permanente de Hogares, siendo que esta se

define como el número de desocupados como proporción de la población activa.

La magnitud de la caída en el empleo del

último año puede observarse mejor si se

analiza el empleo a tiempo completo. Para

esto puede sustraerse de los ocupados a

los sub-ocupados demandantes. El

resultado muestra una abrupta caída entre

el último trimestre del 2013 y el segundo

del 2014. El comportamiento de los

empleadores podría haber sido, ante el

freno en la actividad, moverse hacia

formas de contratación más flexibles,

reduciendo a su vez las horas trabajadas,

sin realizar directamente despidos. Esto

también es observable si se analiza el

índice de obreros ocupados y horas

trabajadas. Si bien la cantidad de obreros

ocupados parece no haber disminuido significativamente (y encontrarse a niveles del 2008), las horas trabajadas sí

se han estancado considerablemente por debajo de ese nivel. Esto se corresponde con un mercado de trabajo que

ante las dificultades del freno de la actividad ha aumentado el empleo vulnerable, más que expulsado trabajadores.

Para describir la dinámica del empleo de una manera más adecuada es útil observar el siguiente gráfico mediante

el cual se puede hacer un análisis de más largo plazo. En el mismo se presenta la evolución de la tasa de empleo

total desde el año 2003 (con la recuperación económica ya en marcha) hasta el último trimestre del 2014. La

misma puede ser dividida en tres etapas. Una primera etapa de fuerte crecimiento de la tasa de empleo

coincidente con el período de recuperación de la economía luego de la crisis de 2001/2002 que llega

aproximadamente hasta el año 2008. Luego, un período de estancamiento o al menos de aumento del empleo a

tasas mucho más modestas junto con algunos períodos de caída del empleo (barras celestes que muestran la

variación en la tasa). Este período llega hasta fines de 2011/inicios de 2012 y muestra una mayor dificultad para

crear empleo debido a

que las condiciones de

ociosidad de la capacidad

instalada que había

dejado la crisis de inicios

de la década ya habían

desaparecido. Por último,

desde comienzos de 2012

a la fecha se identifica un

tercer período de

estancamiento y caída del

empleo con trimestres de

fuerte retracción, del

orden del 4 % interanual,

como es el caso del II y III

trimestre del año pasado.



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REMUNERACIONES

Las remuneraciones reales también muestran un largo proceso de estancamiento si para analizarlas se usan

mediciones no oficiales de inflación. Según los datos del IPC del INDEC, las remuneraciones reales aumentaron a

un ritmo sostenido en los últimos 4 años, con

una interrupción generada por la devaluación del

primer trimestre del 2014 y la consecuente

aceleración de la inflación. Los datos no oficiales

dan cuenta de una situación similar, pero a

diferencia de los anteriores, señalan que al

tercer trimestre del 2014, los aumentos

nominales en los salarios aún no han

compensado esa caída en el salario real. Así, la

devaluación incompleta, sin resolución de los

problemas que causan las dificultades actuales

en el sector externo, el déficit fiscal, y la

inflación, logró estabilizar la economía alrededor

de un nivel de inflación anual un poco más alto

al visto hasta ahora, pero con una significativa

caída en el poder de compra de los salarios.

Mientras tanto los mismos desajustes

macroeconómicos siguen presentes, apaciguados esta vez por un influjo de inversiones y deuda con la República

Popular China.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Más allá de los elementos políticos que pudieran estar detrás del paro nacional llevado a cabo hace unos días y de

los planes de repetirlo en un futuro cercano, lo cierto es que el impuesto a las ganancias presenta innumerables

distorsiones como consecuencia del proceso inflacionario que caracteriza a nuestra economía desde hace ya

varios años y la falta de actualizaciones tanto del mínimo no imponible como de las escalas de tributación una vez

superado este mínimo. Es cierto que si se considera a la masa total de asalariados, los alcanzados por el impuesto

son menos del 10 % del total. En el siguiente gráfico se muestra a la población ocupada ordenada en deciles

según su nivel de ingresos. En el mismo se evidencian dos fenómenos importantes: por un lado que los cuatro

primeros deciles tienen un ingreso promedio

inferior al salario mínimo, lo cual expone una

situación de vulnerabilidad laboral importante.

Por otra parte sólo el decil de mayores ingresos

está alcanzado por el impuesto a las ganancias

ya que en el mismo se incluyen a aquellos con

ingresos de entre 12.000 y 200.000 pesos, con

un promedio de ingresos de $17.325.

Si bien el mínimo no imponible (MNI), a

diferencia de las escalas, ha sido actualizado

varias veces, se observa que esta actualización

ha ido siempre por detrás de la inflación y de la

evolución de otras variables de referencia como

el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). En el

siguiente gráfico podemos observar que mientras que entre el año 1993 y mediados de 2003 una persona

comenzaba a tributar luego de que sus ingresos superaran en casi 7 veces el SMVM, en el caso de ser soltero y

en casi 8,5 veces en el caso de ser casado con dos hijos, estos ratios llegaron a ser de 2 y 3 respectivamente

como consecuencia del proceso inflacionario. Luego de la última modificación establecida a fines de agosto del



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año 2013, ya no existe un solo MNI para solteros y casados sino que además de esta condición depende del nivel

de ingresos que obtenía el

empleado entre enero y

agosto de ese año. De este

modo, todos aquellos

asalariados que entre enero y

agosto del año 2013 hayan

percibido ingresos de hasta

15.000 pesos quedan

eximidos del pago del

impuesto, es decir, que

regiría para ellos un MNI de

$15.000. Si los ingresos eran

de entre 15.001 y 25.000

pesos el incremento en el

MNI fue del 20 % hasta algo

más de 10.000 pesos para

solteros y 13.800 para

casados y si los ingresos en ese período superaban los 25.000 pesos, el MNI no sufrió variación alguna y quedó

en torno a los 8.000 pesos para solteros y 11.500 para casados. Además de complejizar aún más el sistema

tributario, se dan situaciones increíbles. Si, por ejemplo, un individuo ganaba 15.000 pesos en el momento de la

última modificación y luego recibió un incremento salarial considerable se encuentra hoy exento de tributar

mientras que puede estar tributando alguien que en el mismo período ganaba 16.000 y no haya tenido incrementos

desde entonces.

Más allá de esto, las distorsiones más perjudiciales se deben a la falta de actualización de las escalas de

tributación. Con sólo ver que el esquema de tasas vigente es el mismo que se tenía en el año 2000 se puede

esbozar una idea de las distorsiones que resultan en la aplicación de este tributo. El problema principal surge

debido a la variación en el nivel de precios que se acumuló durante estos 15 años. La ley establece tasas de

tributación diferenciales según el nivel de ingresos brutos que se tenga y son estos niveles los que quedaron fijos

desde el año 2000. De esta manera se estipula que si, por ejemplo, luego de descontar el mínimo no imponible

una persona tiene una ganancia anual de 10.000 pesos debe tributar el 9 %, si la ganancia anual fuera de 20.000

pesos debe tributar el 11,5 %, etc. De esta manera la tasa se incrementa a medida que la ganancia anual luego del

MNI se incrementa hasta el máximo de tributar el 35 % para ganancias anuales superiores a 120.000 pesos.

Las distorsiones tienen una doble causa:

1) Con el nivel de precios actual es muy fácil llegar y superar estas ganancias anuales. De esta manera un

empleado soltero, para cuando supera el mínimo no imponible y comienza a tributar ya lo hace a partir de una

tasa del 18 %. Es decir que las tasas más bajas (del 9 %, del 11,5 % y del 14 %) nunca terminan aplicándose ya

que debido al aumento de la nominalidad cuando se comienza a tributar es porque ya se ha superado

ampliamente la ganancia anual de 10.000 pesos, 20.000 o demás. Un contribuyente que en el año 2000 tenía

una ganancia anual de 10.000 pagaba la tasa mínima del 9 %. Esa misma ganancia ajustada por la inflación

acumulada en estos 15 años (algo más del 1.000 %) sería como mínimo de 100.000 pesos. Por esos 100.000 y

al no haberse actualizado los tramos, paga hoy una tasa superior al 22 %. Es decir que sin haber experimentado

un aumento en sus ingresos reales se encuentra pagando una mayor tasa por este tributo.

2) Una vez que se comienza a tributar el impuesto (a una tasa mínima del 18 % para los solteros y de

aproximadamente el 10,5 % para los casados con dos hijos) enseguida se llega a la tasa máxima del 35 %

debido a que con mínimos incrementos salariales se “salta” de una escala a otra, fenómeno que no ocurría en el

año 2000 cuando pequeños incrementos nominales representaban verdaderos incrementos reales en los

ingresos.



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Es decir que debido a estos fenómenos descriptos el impuesto a las ganancias ha perdido su característica

distintiva, la de ser un impuesto progresivo, es decir, que grave con mayores tasas a los ingresos mayores. Cómo

se describió, en cuanto se comienza a pagar el impuesto se lo hace a tasas altas y con pequeños incrementos

nominales se salta a tasas superiores hasta el extremo de que entre comenzar a tributar y tributar a la tasa

máxima del 35 % hagan falta aproximadamente 5.000 pesos.

De aquí es que resulte quizás tanto o más importante que discutir y corregir el mínimo no imponible, hacer lo

propio con la estructura de tasas de tributación.

EL PROBLEMA DE LA INFORMALIDAD Una aparente anomalía en las estadísticas oficiales se observa en la evolución sectorial del salario. Desde el año

2012, el salario del sector informal, aún siendo menor en valores absolutos, ha crecido más que en el sector

privado formal y que en el sector público. En el tercer trimestre de 2014 interanual los salarios nominales crecían

32% interanual para el sector privado, 36% para el sector público, y 43% para el sector informal.

Difícil de explicar, teniendo en cuenta que

es el sector formal el que cuenta con la

ventaja de la sindicalización y la

negociación colectiva. Tampoco puede

explicarse este fenómeno por aumentos

excepcionalmente elevados del salario

mínimo vital y móvil, en caso de que este

funcionara como una referencia para el

sector informal, ya que

independientemente de que eso suceda,

el aumento de este fue de solo 33% para

el mismo periodo (III-2013 a III-2014).

Una posible lectura es interpretarlo como

una informalización de los trabajadores

mejor remunerados, a la vez que la

informalidad se reduce en los grupos de

ingreso más bajo. Esto se corresponde

con un achicamiento de la brecha entre

salarios formales e informales, pero no debido a una disminución de la brecha de ingresos. Si bien dentro de la

Encuesta Permanente de Hogares no se discrimina por ingreso individual, usando el nivel educativo como

representación del percentil de ingresos, se ve que entre el 2007 y el 2013 el número de ocupados sin aportes

jubilatorios (como representación de informalidad) en el grupo “primaria incompleta” pasó de 300.000 a 188.000;

en el grupo “universitario completo” pasó de 265.000 a 224.000, y en el “secundario completo” de 591.000 a

710.000. Es decir, mientras la informalidad aumentó en los ocupados de estratos medio-altos de ingreso, en los

más bajo disminuyó.

Si bien desde las estadísticas oficiales no se difunden directamente cifras de informalidad, si se toman los datos de

la Encuesta Permanente de Hogares en cuanto a la tasa de ocupación, asalarización, y aportes jubilatorios, puede

deducirse que al tercer trimestre del 2003 el 40% de los ocupados se encontraban en una situación de

informalidad, sin ningún tipo de aportes. Esto representaba casi 5 millones de personas, que no contribuían a

través de su trabajo a su propia jubilación. Según la más reciente información oficial, correspondiente al cuarto

trimestre del 2013, esa cifra hoy sería del 33%, representando cerca de 4 millones de ocupados. El resultado es

modesto luego de más de 10 años de recuperación. Si bien el aumento del empleo en el período 2003-2007 se

basó fundamentalmente en la creación de empleo formal, un núcleo duro de trabajo poco productivo presenta una

particularmente fuerte resistencia a las políticas públicas empleadas hasta ahora.



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EL PROBLEMA DEL GÉNERO Y EL NIVEL EDUCATIVO Otro fenómeno observado es la reducción de la brecha de ingresos para distintos niveles de educación, de manera

que el diferencial de ingreso de un universitario contra alguien que solo ha terminado el secundario se ha reducido.

Resultado de políticas públicas inclusivas que han incorporado población a la educación terciaria, el achicamiento

de dicha brecha puede verse como un fenómeno positivo. Sin embargo, una posible lectura resalta que esto puede

deberse a un empeoramiento en la calidad de la educativa, por un desacople entre la currícula y las habilidades

requeridas en el mercado laboral: los resultados más reciente en las pruebas PISA parecen ir en este sentido.

En términos de empleo, sin embargo, el premio a la educación sigue claramente vigente: aquellas personas que

han terminado una carrera universitaria tienen una tasa de desempleo que es prácticamente un tercio de la

de aquellas personas que no lo hicieron, y tienen por lo tanto muchas mayores oportunidades de

conseguir empleo.

Las tasas básicas difieren así significativamente según nivel educativo, pero también según género. En todos los

niveles educativos las mujeres presentan tasas de desocupación significativamente mayores, hasta casi

4% superiores. La tasa de desempleo más alta es la correspondiente a aquellos sin ningún tipo de instrucción,

alcanzando el 11,5%. Las siguientes tasas más altas corresponden a aquellos con educación secundaria

incompleta y universitaria incompleta, de 8,9% y 8,2%. Teniendo en cuenta que como proporción de la población

encuestada por la EPH estos grupos representan el 10,2%, 20,4%, y 10,3% respectivamente, extrapolando

sencillamente estos porcentajes a la población total se deduce que hasta 400.000 personas sin instrucción se

encuentran sin empleo actualmente, de las cuales más de la mitad son mujeres; esa cifra sería de más de 700.000

personas para aquellos con el secundario incompleto, y de más de 300.000 para aquellas personas que han

estudiado una carrera superior o universitaria sin completarla.

CONCLUSIONES – ¿HACIA DÓNDE VAMOS? El mercado de trabajo argentino no se encuentra en perfecto estado de salud. El debilitamiento de las

remuneraciones coincide con el estancamiento en la creación de empleo privado y formal. Por su parte la

aceleración inflacionaria, el crecimiento del déficit fiscal y el achicamiento del balance comercial y la consiguiente

restricción externa configuran un impedimento muy fuerte para la reversión de estas tendencias por parte de

políticas expansivas.

El mejoramiento de varios de los indicadores, que fue muy significativo hasta el 2007, esconde matices menos

alentadores de lo que podría mostrar solo la tasa de desempleo. Que la EPH registre una tasa de desocupación

del 0,2% en Gran Formosa, y que esta cifra sea 3,1% para toda la región Noreste, refleja condiciones de empleo

de muy baja productividad y salario, un duro núcleo estructural de empleo informal y variable, y un panorama que

incentiva poco a incorporarse al mercado laboral. Esto queda en evidencia al observar que la tasa de actividad

para Gran Formosa es de solo 27 %, lo cual significa que de 100 personas solo 27 están en condiciones de

trabajar y buscan hacerlo activamente.

El mercado de trabajo es un espejo claro en el que pueden observarse las dinámicas de mediano plazo de las

políticas económicas implementadas en las últimas décadas. El período post-crisis, de 2003 a 2007, se mostró

muy eficiente en recuperar rápidamente los niveles de actividad y con ello los indicadores sociales y de empleo.

Aún quedan por lograr, sin embargo, una tasa de inversión productiva elevada, que dé lugar a suficientes

aumentos de productividad en sectores estratégicos y que pueda relajar la histórica restricción externa del país, a

la vez que supere la primarización y cree puestos de trabajo de alta formación y uso tecnológico. También es

indispensable que el Poder Judicial sea capaz de evitar el mal uso de los fondos públicos y las políticas macro y la

calidad institucional desincentiven la fuga de capitales. Los problemas coyunturales, como la inflación, pueden y

deben ser atacados, pero su administración por sí sola no habilitará cambios en el mercado de trabajo. Tampoco lo

hará patear para adelante estas deficiencias, elevando el nivel de endeudamiento solo para evitar caídas en las

reservas internacionales. Es necesario orientar el debate hacia el mediano plazo, la inversión productiva, políticas

de educación e investigación, y hacia la formalización del mercado laboral.

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