GOBIERNOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Dedicatoria:

A nuestros familiares que

nos apoyan en los

momentos difíciles y

siempre cuando más los

necesitamos.

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INDICE

Dedicatoria…………………………………………………………….…………...………1

Índice….....................................................................................................................2

Introducción………………………………………………………….….…………...…….4

MANUEL IGNACIO PRADO UGARTECHE………………………..…………..………5

Biografía……………………………………………………………....……………….5

1ER GOBIERNO (1939 – 1945)……………………………………….……………7

Aspecto Político…..............................................................................................7

Aspecto Económico…………………………………………………………………11

La Economía Peruana durante la Guerra………...…..……………………….11

La Posición Peruana Ante La Contienda Mundial…....................................12

Corolario......…….……………………………………………………..…………14

Relaciones Internacionales…………………………………………….……….15

Aspecto social………………………………………………………………...……..16

Primer censo del siglo xx (1940)………………… ………………...………….16

Ley Orgánica de educación……………………………………………………..16

Creación del Colegio Leoncio Prado………………………………..…………17

Inicio La Construcción De La Central Hidroeléctrica Del Cañón Del Pato...18

Creación de la CTP…………………………………………………….........….25

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JUAN FRANCISCO VELASCO ALVARADO…………………………………………26

Biografía…………………………………………………………………………...…26

Aspecto Político…………………………………………………………….……….28

La reforma del estado……………………………………………………………28

Ley de minería………………………………………………………………...….28

Ley de industrias…………………………………………………………………29

Ley de pesquería…………………………………………………………………32

Aspecto Económico………………………………………………………………...33

El Inicio De La Crisis Económica De 1973…...………….……………………34

Aspecto Social…………………………………………………………………….…46

Reforma Agraria………………………………………………………………….46

Reforma educativa……………………………………………………………….47

La prensa educativa……………………………………………………………..49

Anexos…………………………………………………………………………………….51

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INTRODUCCION

En este trabajo estudiaremos de manera ligera, la situación política, económica y

social del Perú en la época de Manuel Prado y Juan Velasco, también

analizaremos la época en la cual vemos como la Segunda Guerra Mundial puede

afectar en el Perú y que pone fin a la precaria economía y enrumbar el desarrollo

del Perú. Estudiaremos la formación y la problemática del gobierno militar en el

país. En Manuel Prado podemos observar su biografía así como también tres

aspectos importantes como son el político, económico y social. En el político

veremos su partido al que representaba y su forma de gobierno, en cuanto al

económico veremos como administraba nuestro país, mas cuanto al aspecto

social vemos las obras que pudo realizar y resolver mientras ocupaba el lugar de

presidente del Perú. En el gobierno de Juan Velasco que fue una época militar,

encontraremos su biografía y sus tres consiguientes aspectos al igual que el

gobierno anterior ya mencionado. Consciente de que si sólo conociéramos el

pasado histórico de nuestro país, asimilando lo productivo y también los errores

cometidos por nuestros antiguos gobernantes, asimilando nuestra identidad como

peruanos conociendo nuestra historia, podremos encaminar el desarrollo de

nuestra nación. Parte de esa historia, nuestra triste historia del siglo XX, queda

plasmada en este trabajo el cual dejo a su libre disposición.

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MANUEL IGNACIO PRADO UGARTECHE

BIOGRAFÍA:

Nació en Lima, el 21 de abril de 1889 en el seno de una familia aristocrática, hijo

del ex presidente Mariano Ignacio Prado y de María Magdalena Ugarteche

Gutiérrez de Cossío. Fue hermano del héroe Leoncio Prado y de los también

políticos, Javier Prado y Pedro Prado.

Manuel Prado cursó estudios en el Colegio de la Inmaculada y se graduó como

Ingeniero Civil en la Escuela de Ingenieros del Perú (hoy Universidad Nacional de

Ingeniería).

En 1918 se casó con Enriqueta Garland Higginson, con la que tuvo dos hijos.

Inició su vida política en 1919 siendo elegido diputado del Congreso Nacional, más

tarde fue presidente del Banco Central de Reserva del Perú desde 1934 hasta

193, cuando fue elegido presidente de la República.

En 1939, Óscar R. Benavides convocó a comicios, en los que Prado resultó

ganador. Durante su gobierno se desencadenó en Europa la Segunda Guerra

Mundial, cuyo impacto fue importante sobre la economía exportadora peruana.

Como consecuencia de ello, los intereses del capital estadounidense se reforzaron

en el país. Por otra parte, se sentaron las bases para la resolución definitiva del

antiguo litigio con Ecuador, mediante el Protocolo de Río de Janeiro de febrero de

1942.

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En 1956, con el apoyo del APRA, Prado y Ugarteche fue reelegido presidente,

venciendo por escaso margen a Fernando Belaúnde. En 1962 convocó a

elecciones, en las que se impuso Haya de la Torre; en tal ocasión, los partidarios

de Belaúnde lo acusaron de fraude electoral. Faltando apenas once días para

terminar su gobierno, una junta militar encabezada por Ricardo Pérez Godoy lo

depuso. Los militares lo sacaron del palacio presidencial y lo detuvieron en un

buque de la Armada. Prado se refugió entonces en París, donde fallecería años

más tarde.

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1 ER GOBIERNO (1939 – 1945)

ASPECTO POLITICO:

Con su ascenso se inaugura un ciclo democrático de casi una década

caracterizado por la tolerancia política al APRA y al P.C. Aun así no se

pudieron evitar hechos de violencia ni frenar la aparición de sindicatos como la

Central de Trabajadores del Perú (CTP).además de la crisis en la que nos

sumiría el accionar bélico europeo terminaría por favorecer a un sector de la

población peruana.

Se incrementaron el valor y el volumen de nuestras exportaciones de

materias primas ocasionando un ingreso importante de divisas pero se

redujeron las importaciones de productos manufacturados desencadenando

escasez de medicinas, alimentos, etc obligando al régimen pradista a impulsar

una política de sustitución de importaciones y beneficiando directamente a los

industriales organizados en La Sociedad Nacional de Industrias. Esto permitió

el aumento del empleo en nuestra industria y el mantenimiento inalterable de

los niveles de salarios permitió la acumulación de capitales.

En el aspecto internacional, Prado presentó un acercamiento peligroso

hacia los aliados, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial rompió

relaciones con los países del Eje (Roma-Berlín-Tokio) y les declaró la guerra

asociándose a los aliados. Cuando Estados Unidos ingresó al conflicto luego

del ataque a la estación de Pearl Harbor, firmó un Tratado de Préstamos y

Arriendos, por el que se congelaban los precios de las exportaciones peruanas

a cambio de la reducción de los aranceles latinoamericanos y permitió la

instalación de una base aérea norteamericana en Talara, también deportó a

los japoneses y alemanes de nuestro país a EE.UU. Declarándose amigo

personal del presidente Franklin D. Roosevelt, esta posición le valió a su

régimen, obtener el aval del gobierno norteamericano. Pero esta política de

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acercamiento a los aliados provocó resistencia por parte de algunos de sus

colaboradores debido a una cierta simpatía del sector de la clase alta por el

fascismo, simpatía que se fue esfumando durante el desarrollo de la guerra

con las debacles de Mussolini y Hitler. Los hacendados, por su parte,

estuvieron satisfechos con el curso de la guerra puesto que la demanda

internacional trajo prosperidad al sector exportador.

La guerra mundial también hizo replantearse al Partido Comunista y al APRA,

quienes curiosamente respaldaron estas medidas. El primero, liderado por

Eudocio Ravines, se alió al gobierno en su lucha, junto a los Aliados, contra el

Eje, su principal enemigo ideológico a nivel internacional. Haya de la Torre

también redefinió su posición frente a los Estados Unidos en función del New

Deal y la doctrina de la "Buena Vecindad". De esta forma, según el aprismo,

se creaban las condiciones para una libre y equilibrada relación entre

Indoamérica y los Estados Unidos en beneficio de ambos.

Uno de los acontecimientos que marcó el gobierno Prado fue la guerra

contra Ecuador en 1941, la cual creo el marco para propicio para que la

población orientara su apoyo a las Fuerzas Armadas y al gobierno.

Tras varios años de tensas negociaciones y ante la impotencia de solucionar

los problemas fronterizos, los ecuatorianos invadieron nuevamente nuestro

territorio, haciéndonos recordar sus principales reclamos: salida al Río

Amazonas y control de Tumbes, Jaén y Maynas.

A comienzos del mes de julio de 1941, los ecuatorianos avanzaron de la

provincia de El Oro hacia la margen oriental del Río Zarumilla para atacar a

nuestras tropas: Aguas Verdes, Lechugal, La Palma y varios sectores de la

región oriental, así como los de Ecuador: Huaquillas, Chacras, Balsalito y

Carcabón, se convirtieron en los focos iniciales de esta contienda bélica. Las

fuerzas peruanas dirigidas por los generales Antonio Silva Santisteban (frente

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oriental) y Eloy Ureta (Frente occidental) iniciaron la contraofensiva. El

incidente más serio fue la Batalla de Zarumilla (del 23 al 25 de Julio) con la

consecuente victoria peruana y la ocupación de la provincia de El Oro, uno de

los artífices del triunfo peruano fue el Cap. FAP José Abelardo Quiñones

Gonzales. Silva Santisteban se encargó de expulsar a los invasores desde la

Cordillera del Cóndor hasta el Río Putumayo. Las tropas peruanas pudieron

haber llegado hasta Guayaquil si Estados Unidos no interviene para arreglar el

conflicto.

El 29 de enero de 1942 se firmó, bajo el patrocinio de la Conferencia de

Cancilleres realizada en Río de Janeiro, el Protocolo de Paz, Amistad y

Límites que lleva el nombre de aquella ciudad, el cual estableció una frontera

definitiva, cuya delimitación en el terreno correría a cargo de una comisión

mixta que cumplió su cometido poco después bajo el amparo de los países

garantes del Protocolo de Río de Janeiro (Estados Unidos, Argentina, Brasil y

Chile). En virtud de aquel incuestionable documento diplomático, acorde a las

normas del derecho internacional, el Perú recuperó los territorios de Cocha

Redonda (en el río Lagartococha), Lagartococha, Puerto Pichincha y Puerto

Obando (en el río Aguarico); Rocafuerte, La Banda, Arcadia, San Antonio y

Yasuni (en el río Napo); Vencedores (en el río Nashiño); Tarqui, Bellavista y

Conocaco (en el río Corrientes); y Huachi, Pinches, Chambira, Andoas y

Tonegrama (en el río Pastaza).

En octubre de ese año se firmó El Armisticio de Piura creándose una zona

desmilitarizada. Los países mediadores como Estados Unidos, Brasil y

Argentina –sumada Chile en noviembre – se convertirían en los garantes del

Protocolo de Paz , Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942 (firmado por

Alfredo Solf y Muro de Perú y Julio Tovar Donoso de Ecuador). Ecuador

consiguió su salida al Río Amazonas, ganó las regiones de Quijos y San

Miguel de Sucumbios y no pagó indemnización por gastos de guerra al Perú.

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En 1945, el protocolo fue complementado con el fallo arbitral del juez brasileño

Bras Díaz de Aguiar, aunque la guerra con el vecino del norte fue

prácticamente en la costa, se desató un inusitado interés por la modernización

y desarrollo de la selva – acaso por ser el territorio ambicionado por Ecuador –

siendo una de las empresas más representativas La Compañía

Norteamericana de Reserva de Gomas encargada de identificar y conseguir

nuevas fuentes de gomas o caucho.

Durante su gobierno también se realizó el censo de 1940, pese a

que hubo zonas que no se censaron, se registró un total de 6.207.967

habitantes. De acuerdo con la información obtenida, el Perú de 1940 era

todavía un país eminentemente rural (65% de la población era rural y 62% de

la población económicamente activa se dedicaba a la agricultura y la

ganadería). Por otro lado, resultó alarmante saber que más de la mitad de la

población (59,7%) carecía de instrucción.

Permitió el retorno a la legalidad del Partido Aprista Peruano, que

fue duramente perseguido durante los gobiernos de los generales Sánchez

Cerro y Benavides.

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ASPECTO ECONOMICO:

Realizado por la American Bank Note Company en 1935 se encargó de emitir

los billetes de 1 Sol de Oro firmados por Manuel Prado. Hubo diversas

emisiones de billetes de 10 Soles de Oro; la de 1939 fue igualmente firmada

por Prado y la de 1947 firmada por Francisco Tudela y Varela.

Durante su gobierno se desencadenó en Europa la Segunda Guerra Mundial,

cuyo impacto fue importante sobre la economía exportadora peruana.

LA ECONOMÍA PERUANA DURANTE LA GUERRA:

La crisis de 1930, no afectó a Perú del mismo modo que al resto de

Latinoamérica, ya que se mantuvo en una situación económicamente

favorable, merced a las exportaciones de algodón, plomo y zinc, entre otros

productos.

En el período anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial, las

economías de América Latina, habían intensificado la exportación de sus

materias primas y habían asistido a la formación de una incipiente industria

local.

Perú vio afectado su mercado exportador con el estallido de la guerra, así

como también la compra de productos al exterior. Los créditos a los

acreedores externos se vieron obstaculizados al igual que las vías de

comunicación por mar.

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Alemania sufría el bloqueo comercial por parte de Gran Bretaña, y esto

afectaba indirectamente a los peruanos, cuyas maquinarias de origen

alemán necesitaban de repuestos que debían adquirirse en ese país. Esto

perjudicaba enormemente a la industria nacional, que sin embargo había

comenzado a cobrar suma importancia, ya que al no poderse recurrir a las

importaciones, era necesario autoabastecerse.

Pero no todo era negativo. El cobre extraído del Perú fue muy útil como

material bélico para las Naciones Unidas. El petróleo peruano, impidió que

las consecuencias de la guerra fueran más ostensibles.

Los automóviles siguieron circulando y los negocios vendían productos,

provenientes, sobre todo de la industria local. Estados Unidos se mostró

muy solidaria con latinoamericana a través del otorgamiento de créditos, ya

que le eran de vital importancia las materias primas que de este sector de

América provenían.

Estados Unidos, mostró gran preocupación por acrecentar los vínculos

comerciales de ayuda mutua en América, proponiendo la creación del

Cartel Económico Interamericano.

LA POSICIÓN PERUANA ANTE LA CONTIENDA MUNDIAL:

En el año 1938, se realizó la VIII Conferencia Interamericana, en Lima

(Perú) donde los países participantes firmaron la “Declaración de Lima”

donde comprometieron su ayuda mutua en caso de que cualquier país

americano se viera amenazado.

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Si bien Perú siguió compartiendo los ideales que conformaron la Liga de las

Naciones, cuando Italia invadió Etiopía, se retiró de ese organismo, en

1939, al considerar que no se habían cumplido los fines de su creación.

El segundo conflicto bélico mundial involucró relativamente a Perú, por la

política de acercamiento a Estados Unidos del presidente Manuel Prado

Ugarteche, quien gobernó desde 1939 hasta 1945. Decimos relativamente

porque el accionar de la Marina de Guerra peruana se limitó a la protección

de la zona del litoral, rica en recursos energéticos.

Luego del ataque a Pearl Hervor, por parte de Japón, Perú tomo una

posición en la contienda, repudiando el suceso, y en la Tercera Reunión de

Consulta de Cancilleres de las Repúblicas Americanas celebradas en Río

de Janeiro, en enero de 1942, se contó con una delegación peruana.

Ese mismo año, el presidente peruano, Manuel Prado Ugarteche, visitó

Estados Unidos oficialmente, invitado por el presidente Franklin Roosvelt.

El 19 de agosto de 1942, Brasil sufrió un ataque alemán sobre su barcaza

“Jacira” luego de una serie de atentados donde otras de sus embarcaciones

fueron elegidas como blanco enemigo. Esto motivó la entrada de Brasil en

la guerra, y la declaración solidaria de Perú hacia ese pueblo americano,

considerando el hecho como una agresión a todo el territorio americano.

Si bien las relaciones entre Perú y el Eje, estaban rotas desde 1942, la

posición antisemita se había hecho presente, incluso en la Cámara de

Diputados, donde se había propuesto una ley para realizar un censo de los

judíos residentes en el país, para controlar su actividad comercial y por otra

ley se establecía mayores recaudos al ingreso de extranjeros, previendo

una inmigración masiva, como consecuencia de la guerra.

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Como ya se señaló, la guerra fue declarada por Perú a los nazis, luego de

la entrada al conflicto por parte de Estados Unidos, como consecuencia del

ataque de Pearl Harvor, recién a la finalización del conflicto, en febrero de

1945, pues deseaba intervenir en la organización de las Naciones Unidas

como miembro fundador.

Se deportaron a Estados Unidos muchos ciudadanos peruanos, de origen

japonés y sus propiedades fueron confiscadas. Luego de la guerra esas

personas fueron enviadas a Japón.

COROLARIO

Luego de la guerra, el Perú salió fortalecido en sus ideas democráticas, y

en 1945, fue elegido presidente el liberal Luis Bustamante y Rivero, quien

se acercó al APRA, partido de izquierda que había nacido anti Estados

Unidos, y que había atenuado su posición, para poder actuar en la

legalidad. El plan económico fracasó y la inflación se disparó a límites

insospechados. Estos hechos sumados al asesinato del director del diario

La Prensa, por militantes apristas, condujo a un golpe militar.

La industria pesquera es de gran relevancia en la economía del país y

constituye un importante segmento de las exportaciones. Experimentó una

extraordinaria expansión después de la II Guerra Mundial.

Como consecuencia de ello, los intereses del capital estadounidense se

reforzaron en el país. Por otra parte, se sentaron las bases para la resolución

definitiva del antiguo litigio con Ecuador, mediante el Protocolo de Río de

Janeiro de febrero de 1942.

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http://www.laguia2000.com/el-mundo/organizacion-de-las-naciones-unidas


El 65% de la población era rural y 62% de la población económicamente activa

se dedicaba a la agricultura y la ganadería.

- RELACIONES INTERNACIONALES:

Prado tuvo presencia internacional por alinearse con los países aliados durante

la segunda guerra mundial. El Perú fue visitado por personalidades relevantes y

recibió especial atención para los damnificados del terremoto de 1940, pero, a

la vez, debió tomar medidas en el tratamiento a alemanes, italianos y japoneses

residentes en el país y restringir su libertad, por tratarse de ciudadanos de

países enemigos.

Otro hecho que convirtió al Perú en centro de atención internacional fue el

conflicto de 1941 con Ecuador. Acaban las acciones militares, se realizaron, en

Río de Janeiro, las conferencias que llevaron a la firma del protocolo, que puso

fin a las diferencias fronterizas entre ambos países. Participaron como garantes

Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos de América.

El régimen dejó obra material: además del Hospital Obrero, se ampliaron las

instalaciones de agua y desagüe en Chimbote y Huánuco, y se continuó la obra

de Benavides al propiciar el establecimiento de hoteles de turistas.

La etapa final del mandato pradista reflejó el desgaste propio de un régimen

que debió afrontar graves dificultades nacionales e internacionales. No

obstante, el panorama político no ofrecía mejores alternativas que en 1939: los

partidos políticos no habían revivido y los posibles candidatos no eran muy

convincentes.

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ASPECTO SOCIAL:

- OBRAS PÚBLICAS:

PRIMER CENSO DEL SIGLO XX (1940):

Durante el gobierno de Prado se levantó el primer censo nacional del siglo XX.

Pese a que hubo zonas que no se censaron, se registró un total de 6.207.967

habitantes. De acuerdo con la información obtenida, el Perú de 1940 era

todavía un país eminentemente rural (65% de la población era rural y 62% de la

población económicamente activa se dedicaba a la agricultura y la ganadería).

Por otro lado, resultó alarmante saber que más de la mitad de la población

(59,7%) carecía de instrucción.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN:

En 1941, durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, se promulga la Ley

Orgánica de Educación Nº 9359, la cual significó un avance en la concepción

de su estructura y organización. La llamada Reforma Olivera (debido a que fue

impulsada por el Ministro de Educación, Pedro Olivera) fue el primer intento

serio para cambiar la educación.

Según este dispositivo, que tuvo larga duración, el Estado asumía plenamente

la función de educar y, basado en su concepción doctrinaria, propugnó

aplicaciones legales a otros campos educativos; sostuvo que la democracia de

la educación era un principio vital y que todos tenían derecho a educarse; la

educación infantil empezó a brindarse en jardines de infancia y la primaria

común obligatoria y gratuita, en cinco tipos de escuela: rural, de comunidad,

ambulante, escuela-hogar y urbana; se establecieron las secciones vespertinas,

nocturnas y la educación técnica; los municipios debían impulsar los patronatos

escolares; se creó el Consejo Nacional de Educación encargado de dictar

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normas y reglamentos para el desarrollo educativo. Esta ley, ha tenido enorme

trascendencia en el orden educativo nacional.

CREACIÓN DEL COLEGIO LEONCIO PRADO:

Hace más de cincuenta años, el 27 de Agosto de 1943, siendo el Presidente del

la República el Dr. Manuel Prado, se expidió el Decreto Supremo de creación

del Colegio Militar, y a continuación por ley expedida el 18 de Enero de 1944, se

le dio el nombre de "Leoncio Prado", nuestro héroe de Huamachuco, símbolo

del más puro sacrificio por amor a la patria.

Considerando:

Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 94º de la Ley Orgánica de

Educación Pública, la educación en el país tiene como objetivos principales la

cultura, la salud, el desarrollo físico, la moralidad y el nacionalismo de los

educandos; que es necesario intensificar por todos los medios posibles el

espíritu cívico de la juventud en el país, cultivándolo en los ideales patrióticos y

en las virtudes ciudadanas, y preparándolo para su noble ejercicio; que la

educación superior en los institutos militares requiere una preparación previa

especial de quienes van a cursarla; que para estos fines es necesario crear un

Colegio de Educación Secundaria de tipo especial; en uso de la

atribución que el Artículo 181º de la Ley Orgánica de Educación confiere al

Gobierno.

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Decreta:

1º- Créase el "Colegio Militar" dependiente del Ministerio de Educación Pública,

por intermedio de la Inspección General de Institución Pre-Militar, destinado a

proporcionar una educación cívica intensiva a la juventud peruana y capacitar

especialmente a sus educandos para ingresar a los institutos militares de

enseñanza superior.

INICIO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL

CAÑÓN DEL PATO:

La construcción de la central hidroeléctrica, ideada por Santiago Antúnez de

Mayolo, demoró varios años. El proyecto original señalaba que el río Santa, en

su recorrido de 336 Kilómetros entre su nacimiento en la laguna de Conococha

y su desembocadura en el pueblo de Santa, presenta una serie de saltos

aprovechables para establecer centrales hidroeléctricas y edificar tanto en el

departamento de Ancash como en el de la Libertad. La central fue construida en

uno de esos saltos, el del Cañón del Pato. Según el proyecto, esto se hizo por

las condiciones topográficas y su bajo costo de construcción, ya que en una

extensión de sólo nueve Kilómetros se obtiene un salto útil de 415 metros. La

hidroeléctrica se construyó con fondos de Corporación Peruana de Santa,

creada en 1943 durante el gobierno de Manuel Prado. Los primeros trabajos se

iniciaron con la construcción de la represa, la excavación del desarenador y las

perforaciones del túnel principal, los piques y la casa de fuerza de la central.

Este esfuerzo inicial se vio frenado por razones económicas. Recién en 1954, el

gobierno de Manuel Odría retomó el proyecto y tras una licitación que fue

ganada por un grupo de empresas francesas, se firmó un contrato para

proceder a la terminación de las obras. Finalmente, el 21 de abril de 1958, el

presidente Manuel Prado puso en marcha la Central Hidroeléctrica del Cañón

del Pato. Los diarios de la época comentaron que se inauguraba para el país

una época de vital y maduro desarrollo.

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Un hecho que marca la historia de Tumbes, fue el conflicto con el Ecuador en

1941, donde la participación de los tumbesinos fue vital para lograr la gran

victoria peruana.

El espíritu combativo y patriota de los tumbesinos quedó patente, una vez más,

durante el conflicto de 1941 contra Ecuador.

Tumbes fue elevado en 1942 a la categoría de departamento como

reconocimiento a su apoyo invalorable a la victoria peruana frente al país del

Norte. Luego dela batalla de Zarumilla, el conflicto fue resuelto con la firma del

Acta de Talara, antecesora del Protocolo del Río de Janeiro.

El Departamento de Tumbes fue creado el 25 de Noviembre de 1942 por la Ley

Nº 9667.

El Histórico Pueblo de Cerro de Pasco, se promulgó el 27 de Noviembre de

1944 por el Poder Ejecutivo, siendo creado mediante Ley 10030 el

Departamento de Pasco; ubicado en la sierra central, que tiene un nacimiento

por los años de 1570, con los descubrimientos de las primeras minas, en el

Cerro de Yauricocha por el Inca Huaricapcha; con yacimientos abundantes de

plata, oro, cobre y plomo, en ese entonces el Cerro de Pasco simplemente se

organizaba como un lugar de primeras explotaciones mineras, estaba

conformado por grupos humanos venidos del extranjero como hacendados y

españoles, quienes iniciaban con la explotación y las primeras minas en nuestro

pueblo. En la época colonial (1570-1720), la organización política y social de

nuestro pueblo estaba regida por las Gobernaciones, que llegaban a ser

nombrados por la Colonia Española que gobernaba en Lima - Perú.

El triunfo del 41 acentuó las buenas relaciones de Prado con los militares y el

presidente aparecía en público con el uniforme de teniente de reserva para

resaltar su simpatía con las F.F.A.A. El congreso lo declaró “Héroe nacional” y

con esto su familia se sacudía de la actuación de Mariano Ignacio Prado

durante la Guerra del Pacifico . El carisma y la astucia de Prado lo acercó a los

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grupos populares . Ofrecía la imagen ,tanto nacional como interna, de que en el

Perú imperaba la democracia.

Incendio de la biblioteca nacional, y se designó a Jorge Basadre para su

reconstrucción, personaje que luego de cuatro años, logró una nueva biblioteca

en base a compilaciones, donativos y canjes. se llegó a tener la base de una

aceptable documentación peruana, antigua y moderna.

Al hacerse cargo de las obligaciones adquiridas con la dación de la Ley

orgánica de Educación Pública, uno de los primeros actos de la Dirección

artística y Extensión Cultural fue emprender la catalogación del material

bibliotecario de nuestra Biblioteca Nacional, de acuerdo a un plan de trabajo de

Acción inmediata en armonía con las necesidades de la hora. Al producirse el

incendio del 10 de mayo de 1943 se había logrado catalogar con dinamismo y

entusiasmo evidentes alrededor de 20,000 de los 100,000 volúmenes en que se

calculaba el total de las obras existentes en la Biblioteca, y los ficheros iban ya

a hacer puestos a disposición del público.

Como medida inmediata después del desastre, se nombró una comisión

encargada de la reconstrucción de la Biblioteca, con personalidades

descollantes en la vida nacional; y ella prestó importantes servicios para

resolver los problemas más urgentes y preparar el campo para los trabajos

posteriores, recibiendo también los primeros donativos en dinero y colaborando

con el Gobierno en lo referente a la ubicación del nuevo local. Los decretos

supremos de 23 de junio de 1943 señalaron por primera vez en el Perú las

normas para una moderna y científica organización de la Biblioteca de Lima y el

proyecto de construcción del nuevo edificio significó un paso decisivo hacia la

implantación de una obra cuyas características están de acuerdo con las

actuales exigencias de la técnica y el abolengo de la tradición cultural del Perú.

Sin pérdida de tiempo fueron confeccionados los planos con un estudio previo

de las necesidades propias de nuestro ambiente, preparados por arquitectos

peruanos y teniendo en cuenta sugestiones ofrecidas por expertos de los

Estados Unidos. La realización de la obra, cuyas labores se encuentran

notablemente avanzadas y se terminarán en breve, ha sido encomendada

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también a ingenieros peruanos y constituirá un modelo en su género entre las

bibliotecas de América Latina.

El otro aspecto fundamental de esta enorme tarea ha sido el de restaurar los

fondos bibliotecarios que fueron destruidos casi en su totalidad por el fuego y el

agua. Con legítimo orgullo puede afirmarse que, después de dos años de

infatigable acción, la Biblioteca Nacional ha recuperado la cifra de libros que

poseía antes del incendio, sumando hoy un total de 140,000, de los cuales

60,000 se encuentran en los anaqueles, 28,000 integran una importante

biblioteca particular que el Gobierno acaba de adquirir en el extranjero y que ya

ha sido embarcada, debiendo llegar dentro de pocos días. Comprometen la

gratitud del Perú los países, instituciones y particulares que han ayudado en tan

trascendente obra de restauración; especialmente los Estados Unidos de Norte

América con su colaboración técnica en la Escuela de Bibliotecarios y sus

donativos de libros; la Argentina que a través de los más variados exponentes

del Estado y la ciudadanía ha expresado su propósito de mantener la tradición

del fundador de la Biblioteca, general San Martín; el Brasil con el envío de una

muy completa colección de obras representativas de su cultura; Chile y

Venezuela con importantes obsequios reunidos cuidadosamente después de

haber votado créditos especiales para ellos; Cuba, a través de diversas

actuaciones públicas y las que tomaron parte la Sociedad de Bellas Artes de La

Habana y la Secretaría de Cultura; Uruguay, con nutridos y excepcionales

envíos del Ministerio de Educación, la Biblioteca Nacional y varias entidades

oficiales y particulares, junto con copias de documentos históricos; Colombia,

México, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Haití, la República Dominicana y las

centroamericanas, entre las que descuella Guatemala, todas con donativos de

su producción intelectual. A pesar de las dificultades que la guerra presentó al

envío de libros de Europa, Suecia realizó la singular proeza de remitir una

colección de obras representativas de las más diversas representaciones de su

actividad intelectual. En similares condiciones, España ya ha embarcado lo que

será la contribución de sus instituciones representativas. Análoga ayuda se

espera de la Gran Bretaña y Portugal. Y cabe destacar que se ha iniciado, con

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éxito prometedor, gestiones para erigir una sección China y de ese modo la

Biblioteca Nacional de Lima ha de poder servir como nexo entre las culturas

occidental y oriental. Tenaces esfuerzos de identificación y restauración han

permitido que más de 2,000 piezas bibliográficas muy valiosas –manuscritos,

periódicos, folletos, libros- puedan seguir siendo consultado total o parcialmente

cuando todo hacía prever que estuviesen perdidos. La colección de periódicos

nacionales ha recibido atención especial y mediante la restauración de especies

importantes, han sido enviadas algunas de las cuales para recibir tratamiento

adecuado en los Estados Unidos y la adquisición de colecciones particulares se

ha completado en forma verdaderamente considerable. La sección manuscritos

se ha incrementado con originales que han podido ser restaurados, originales

de reciente ingreso y algunas copias fotostáticas y fotográficas de valiosos

manuscritos que interesan al Perú. Una hermosa colección de los primeros

mapas peruanos y sudamericanos ha echado las bases de una preciada

Mapoteca. Llega a millón ciento treinta mil soles oro (S/. 1’130,000.00) la suma

gastada en adquisiciones para la Biblioteca. Han ayudado a hacer posible este

esfuerzo una serie de instituciones y particulares del país mediante donativos

en dinero, que en total superan a la suma de cuatrocientos mil soles oro (S/.

400,000.00). A la ayuda de la alta banca y personas de fortuna que asciende a

la cantidad de trescientos dos mil quinientos soles oro (S/. 302,500.00) para

cubrir en un alto porcentaje una de las grandes adquisiciones hechas, hay que

sumar los veinte mil soles oro (S/. 20,000) de una colección destinada a la

compra exclusiva de obras modernas para la sección Ciencias Sociales;

veinticinco mil soles oro (S/. 25,000.00) producto de espectáculos públicos en

beneficio de la institución y sesenticinco mil soles oro (S/. 65,000.00) reunidos

por la espontánea y generosa contribución de instituciones y personas de

condición modesta del país.

El problema de la preparación científica del personal de la Biblioteca se ha

abordado mediante la implantación, por primera vez en el Perú, de la Escuela

de Bibliotecarios. El primer curso tuvo lugar en 1944 y se llevó a cabo con la

colaboración de cinco profesores extranjeros contratados por el Gobierno con la

~ 22 ~


intervención del comité norteamericano Pro-Biblioteca Nacional de Lima, a los

que se sumaron profesores peruanos. El segundo curso correspondiente al

presente año se ha desarrollado satisfactoriamente con personal peruano ya

capacitado por estudios anteriores. Gracias a la Escuela de Bibliotecarios, está

surgiendo en el Perú una nueva profesión, cuyos beneficios deberán

extenderse no sólo a la Biblioteca Nacional, sino progresivamente a todos los

centros de esta naturaleza que existen o se implanten en el país.

Como extensión de sus actividades, la Biblioteca Nacional ha publicado ya,

hasta la fecha, siete números del boletín en que da cuenta de su labor, dos

números de la revista “Fénix”, de estudios bibliotecarios especializados y ha

iniciado sus ediciones con el Anuario Bibliográfico Peruano. El Perú cuenta por

primera vez, con órganos que se publican sistemáticamente para beneficio de

los estudiosos nacionales y extranjeros de ahora y del futuro, listas de la

totalidad de la producción impresa del país o referente a él, tanto en lo que

concierne a la edición de libros y folletos, como en lo relativo a todos los

periódicos y revistas que existen tanto en la capital como en los distintos

departamentos, provincias y poblaciones de la República, así como detallada

información sobre actividades de la Biblioteca.

En lo que respecta a la organización y vigilancia de las bibliotecas populares

que, en una u otra forma, existen en el territorio nacional, el Gobierno viene

realizando una obra de propagación y establecimiento de las mismas, para lo

cual ha procedido a implantar los correspondientes servicios dentro de la

Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural, tales como los de

asistencia bibliográfica, consulta bibliotecaria y de registro y estadística.

Por otra parte, la protección creciente que el Estado viene prestando a las

bibliotecas populares se manifiesta, elocuentemente, en el frío guarismo de la

curva estadística. Así, mientras el año de 1941 sólo recibían ayuda económica

del Estado 3 bibliotecas populares, en la actualidad disfrutan de este beneficio

57 establecimientos de lectura, distribuidos en todo el territorio de la República.

~ 23 ~


Asimismo, con el fin de controlar el destino de dichas subvenciones, ha sido

mejorada la aplicación del decreto supremo de 31 de enero de 1944, con las

disposiciones que establecen la obligatoriedad de levantar los inventarios de los

fondos bibliográficos y de los enseres materiales con que cuentan las

bibliotecas subvencionadas.

Un cuadro general de las bibliotecas en el Perú, a la fecha, permite anotar los

siguientes resultados en cada grupo.

Bibliotecas subvencionadas 57

Bibliotecas populares 124

Bibliotecas semi-públicas 159

Bibliotecas pedagógicas 85

Bibliotecas de colegios nacionales 73

Bibliotecas escolares 547

Total 1,045

Desde fines de 1944, se encuentran bajo el cuidado y vigilancia de la Dirección

de Educación Artística y Extensión Cultural las bibliotecas pertenecientes a los

colegios nacionales y a las escuelas fiscales de la República. Los trabajos de

tecnificación de estos tipos de biblioteca se encauzan siguiendo las directivas

generales de la moderna ciencia bibliotecaria, en su faz especializada y en

función de la ubicación geográfica de las citadas bibliotecas. Así, hoy, a los

ocho meses escasos de su entrega al control del ya mencionado departamento,

podemos asegurar que se ha operado un cambio benéfico en su organización

interna y un notable incremento en sus fondos de lectura.

Otro aspecto que merece especial mención es el relacionado con el envío de

libros a las distintas bibliotecas del país y para cumplir el cual se ha tenido muy

en cuenta las necesidades de la población en función de sus actividades, su

situación geográfica y el grado cultural de los diversos grupos que integran cada

colectividad. Aparte de los medios proporcionados por el Estado para este

servicio, se ha contado con el aporte generoso de instituciones y particulares

~ 24 ~


notablemente interesado en el plan de difusión cultural trazado por el Gobierno.

Dentro de un plan de defensa del patrimonio cultural del país, era de urgente

necesidad reglamentar la exportación de especies bibliográficas, cuya salida del

territorio nacional amenazaba con dejar exhausto nuestro valioso y rico acervo

documental correspondiente al coloniaje y los primeros años de la República,

sobre todo en momentos en que, más que nunca, necesitamos de esos

documentos para reemplazar las pérdidas de tantas rarezas bibliográficas

sepultadas entre las cenizas de nuestra antigua Biblioteca Nacional. Para

cumplir dicho cometido se expidió, en 10 de febrero último, un decreto supremo

reglamentando las resoluciones supremas números 1763 y 2254, y en el cual

se establece la absoluta prohibición para exportar cualquier clase de

documentos originales que se relacionen con la Historia del Perú, así como los

libros y periódicos que, por su naturaleza, sean de difícil sustitución; se fijan las

reglas de procedimiento administrativo; las obligaciones de las autoridades de

aduanas y correos; y se señalan las sanciones a los contraventores, sin que

esto sea obstáculo para que los documentos o especímenes bibliográficos

objeto de contrabando pasen a incrementar las colecciones de la Biblioteca y el

archivo Nacional, según los casos.

CREACIÖN DE LA CTP:

En 1944 se constituye la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP). En

sus primeros años la CTP tenía una posición clasista y se unió a la

Confederación de Trabajadores de América Latina.

~ 25 ~


JUAN FRANCISCO VELASCO ALVARADO

BIOGRAFIA:

Nació en Piura el 16 de Junio de 1909 en el seno de una familia trabajadora, hijo

de Juan Francisco Velasco Gallo y de Clara Luz Alvarado, cursó estudios

escolares primarios en el Centro Escolar N° 21 y secundarios en el Colegio San

Miguel, ambos en su ciudad natal.

En 1929, abandonó Piura y viajó a Lima, incorporándose ese año en el Ejército

como soldado raso y, tras dedicarse de lleno al estudio, ingresó a la Escuela de

Oficiales. Egresó en 1934, como miembro de la promoción Huáscar, y con el

grado de subteniente EP de infantería. Se le asignó entonces la función de

instructor de clases (1935) y de cadetes (1939). Se casó con Consuelo Gonzáles

Posada.

Pasó a estudiar a la Escuela Superior de Guerra en 1944, donde más tarde fue

profesor de Infantería, Táctica y Estado Mayor en 1946. Con el grado de teniente

coronel EP, dirigió la Escuela Militar en 1952, después ocupó cargo similar al

frente de la Escuela de Infantería, hasta llegar a jefe de Estado Mayor de la IV

División del Centro de Instrucción Militar del Perú (1955-1958).

Ascendió a general de brigada EP en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche en

1959, fue Agregado Militar en la Embajada del Perú en París, Francia en 1962 y

para 1965 era ya general de división EP. En enero de 1968, asumió la

Comandancia General del Ejército y la presidencia del Comando Conjunto de las

Fuerzas Armadas del Perú, cargo que fue creado por el gobierno de Manuel Prado

Ugarteche.

Como Comandante General del Ejército, lideró la Junta que derrocó al Presidente

Fernando Belaúnde Terry el 3 de octubre de 1968.

~ 26 ~


Velasco constituyó un gabinete compuesto por ministros militares, e

inmediatamente nacionalizó todo el sector petrolero. Impuso restricciones a la

libertad de prensa, lanzó una reforma agraria apuntada a eliminar las grandes

haciendas y procuró nacionalizar los sectores clave de la economía. Con el fin de

movilizar organizadamente a la población creó el Sistema Nacional de

Movilización Social (SINAMOS).

Además de las estatizaciones alentó el desarrollo de la industria peruana mediante

la limitación de importaciones de manufacturas con el consecuente atraso

tecnológico del país.

Sus reformas sociales y económicas abrieron el camino para un proceso de

transformación sin precedentes de la sociedad peruana, entre las cuales también

destacan el establecimiento de relaciones oficiales (y comerciales) con la Unión

Soviética, República Popular China, Cuba y los países de Europa del Este, del

denominado "bloque soviético", y también durante su gobierno recibió la visita de

destacados líderes latinoamericanos como el Presidente de Chile Salvador

Allende y el Jefe de Estado cubano Fidel Castro. Casualmente fueron los países

del bloque soviético los que empezaron a suministrar armamento al Perú en los

primeros años 70, lo que implicó la modernización de las Fuerzas Armadas que

hasta ese entonces dependían exclusivamente del armamento norteamericano.

El 29 de agosto de 1975, el general de división EP Francisco Morales Bermúdez

Cerrutti, entonces Presidente del Consejo de Ministros, mediante un golpe de

Estado, lo relevó del cargo mientras se hallaba en la ciudad de Tacna en una

acción que se conoció como el Tacnazo, alegando la mala situación económica y

la deteriorada salud de Velasco, a quien en 1973 se le debió amputar una pierna.

Falleció en el Hospital Militar de Lima el 24 de diciembre de 1977 y fue sepultado

en el Cementerio de El Ángel de Lima.

~ 27 ~


ASPECTO POLÍTICO:

LA REFORMA DEL ESTADO:

Los cambios producidos en todos los sectores de la producción y de servicios en

el país hicieron necesaria una reforma del aparato estatal. Se crearon nuevos

ministerios como Economía y Finanzas (ex Hacienda y Comercio); Energía y

Minas; Industria, Comercio, Turismo e Integración; del Interior (ex Gobierno y

Policía); Transportes y Comunicaciones; Vivienda y Construcción; y Pesquería.

Asimismo, se fortaleció al Instituto Nacional de Planificación (INP) otorgándole el

control de todas las inversiones del sector público y la responsabilidad de la

política económica de largo plazo. A modo de descentralización, se crearon los

Comités Departamentales con el fin de planificar y realizar las inversiones del

Estado en cada departamento del país, mediante la coordinación de las entidades

estatales con organizaciones de diverso tipo.

LEY DE MINERÍA:

El 8 de junio de 1969 el gobierno promulgó la ley general de Minería en reemplazo

de la dictada bajo el gobierno de Odría que establecía la participación directa del

Estado en la explotación, producción y comercialización de los productos mineros.

Éste sería el caso de los yacimientos que después de un plazo establecido no

fueran trabajados por los concesionarios. Asimismo, se establecieron medidas de

protección y apoyo a la pequeña y mediana empresa minera, en cuanto al

otorgamiento de créditos y de asistencia técnica. En octubre de 1970 se crean

Minero Perú y Minero Perú Comercial (MINPECO); el primero se encargaría de la

explotación directa de los yacimientos mineros de propiedad del Estado y la

segunda de la comercialización y exportación de los minerales. De esta manera el

Estado tenía plena disponibilidad de las divisas del sector minero y el control de

los costos y utilidades, evitando así una de las formas más comunes de evasión

~ 28 ~


tributaria. También se crearon Centromin Perú y Hierro Perú para la explotación

de los minerales y la administración de las fundiciones de la sierra central.

Con la ley de Comunidades Industriales se creó la comunidad minera, semejante a

la industrial pero con la diferencia de que se le destinaba el 10% y no el 25% de

las utilidades. Para equilibrar las diferencias de productividad entre empresas se

creó la comunidad de compensación minera, a la cual contribuían todas las

empresas para redistribuir los ingresos entre los trabajadores del sector.

En lo relativo a los materiales de construcción, con el control del Banco Popular el

Estado adquirió el 18% de las acciones de Cementos Lima S.A., la mayor

productora de cemento, y la mayoría de las acciones de Cemento Chiclayo S.A.

de Cemento Sur, de Cementos Especiales y Derivados S.A., y de Distribuidora de

Materiales, la compañía encargada de la comercialización del cemento en Lima y

departamentos aledaños. En los primeros meses de 1974, el Estado adquirió por

compra-venta y/o expropiación Cemento Andino S.A. y Cemento Pacasmayo,

transformándose en monopolista de este subsector industrial, pues ya le

pertenecía la planta de cemento de Yura en Arequipa.

LEY DE INDUSTRIAS:

En julio de 1970 el gobierno dicta la ley Nº 18350 o ley de Industrias que introduce

importantes cambios en el sector: las industrias básicas (o de transformación de

materias primas, que comprendían la industria siderúrgica, petroquímica, de

fertilizantes, cemento y papel) quedaban reservadas para el Estado; se crea el

sector cooperativo; se establece la participación de los trabajadores tanto en las

utilidades como en el capital y la dirección de la empresa, a través de la

comunidad industrial; y se limita la participación del capital extranjero al 33% del

valor accionario de las empresas que operan en el país, salvo casos

excepcionales.

~ 29 ~


Además, se expropiaron las industrias del grupo Grace, la industria del cemento,

del papel, de los fertilizantes y algunas de la química básica.

La acción empresarial del Estado en el campo industrial generó la formación de

empresas como Siderperú, encargada de la producción de acero; Induperú, para

implementar los proyectos empresariales del Estado mediante la prestación de

servicios técnicos y gerenciales; Entur Perú, para impulsar el desarrollo de los

servicios turísticos, entre otras.

En setiembre de 1970, el gobierno promulgó la ley de Comunidad Industrial que

otorgaba a los trabajadores la participación en la gestión y propiedad de la

empresa mediante la comunidad industrial, conformada por todos los trabajadores

de cada fábrica.

Su patrimonio estaba constituido por el 15% de las acciones anuales originadas

para la reinversión libre de todo impuesto a la renta, el cual se acumularía hasta

alcanzar el 50% del capital social de cada empresa; ello les daba a los

trabajadores una representación proporcional en el directorio de la empresa, sin

sobrepasar el 50%. Un 10% de la renta se repartía entre los trabajadores de

acuerdo a los días laborados durante el año.

Se exceptuó de la comunidad laboral a las pequeñas empresas privadas con un

movimiento económico menor.

En abril de 1974 se promulga la ley de Empresas de Propiedad Social, cuya

principal característica era pertenecer íntegramente a sus trabajadores. Las EPS

se formaban de acuerdo al principio de solidaridad para la realización de

actividades económicas y en ellas se buscaba cumplir con la participación plena

de todos los trabajadores, quienes tenían derecho de intervenir en la gestión y en

~ 30 ~


los beneficios de la empresa, a la acumulación social y a recibir capacitación

permanente.

A pesar de que se formaron numerosas empresas bajo este régimen, muchas de

éstas no llegaron a prosperar; entre otras razones porque, como ha señalado

Chirinos Soto, la propiedad social no era entendida como propiedad individual o

grupal de los trabajadores que la conformaban.

Más bien, las empresas pertenecían “al conjunto de los trabajadores que integran

el sector de propiedad social”.

Uno de los objetivos de estas leyes era “acabar con la lucha de clases” mediante

la “conciliación de intereses entre el capital y el trabajo”. Sin embargo, surgieron

serias discrepancias y contradicciones al interior del movimiento sindical, ya que si

bien se veía con simpatía dichas medidas, éstas planteaban en la práctica la

desaparición de los sindicatos y de su autonomía política frente al Estado.

Esta contradicción atravesó todas las reformas y no pudo impedir que entre 1970 y

1975 se realizaran numerosas protestas y huelgas sindicales.

~ 31 ~


LEY DE PESQUERÍA:

El 28 de marzo de 1969 se promulga la ley orgánica del ministerio de Pesquería,

donde se establece que la extracción de los recursos pesqueros era de interés

social y de necesidad pública. La acción estatal en este sector se inició con la

creación, en 1970, de la empresa de comercialización interna denominada

Empresa Pública de Servicios Pesqueros (EPSEP) y de otra encargada de la

exportación de la harina y el aceite de pescado, llamada Empresa Pública de

Comercialización de Harina y Aceite de Pescado (EPCHAP). Se estableció luego

la comunidad pesquera, semejante en sus lineamientos a la minera, otorgando

participación a los trabajadores en la gestión y en las utilidades de las empresas; y

la comunidad de compensación pesquera, que permitía proteger a todas las

empresas, grandes o pequeñas.

En mayo de 1973 el Estado expropia las acciones de las empresas que

transformaban la anchoveta, cuyo accionariado en su mayoría se hallaba en

manos extranjeras, creándose Pescaperú. Para la explotación de la pesca de

consumo directo y elaboración de conservas se crearon varias empresas mixtas y

se suscribieron convenios con países tanto capitalistas como socialistas.

En julio de 1976, el gobierno de Morales Bermúdez privatiza la flota de Pescaperú

autorizando su venta a pequeñas empresas, lo cual provocó una gran huelga de

los pescadores anchoveteros. En 1979, el gobierno denunció unilateralmente los

contratos con Cuba y Polonia.

~ 32 ~


ASPECTO ECONÓMICO:

Luis Pásara ha sostenido que el proyecto militar tenía una fórmula básica para

financiar el desarrollo nacional: concentrar en el Estado el proceso de acumulación

que se hallaba en manos del capital extranjero y de los grupos nacionales de

poder económico. Para ello se nacionalizaron las principales actividades

productivas y de comercialización de las exportaciones peruanas. El excedente

nacional, que no escaparía entonces al exterior ni se concentraría en pocas

manos, permitiría realizar inversiones públicas reproductivas al mismo tiempo que

se obtenían las divisas necesarias para abastecer al sector industrial.

El modelo mostró su debilidad por varios lados. En primer lugar, muchas de las

nacionalizaciones no produjeron el efecto esperado y algunas de ellas más bien

ocasionaron un significativo desembolso de divisas. Las expropiaciones de la IPC

y la Cerro de Pasco Corporation requirieron de nuevas inversiones antes de

mostrar utilidades significativas. La comercialización de minerales, pesca y

productos agrícolas en manos del Estado no dejó los márgenes de utilidad que

había alcanzado antes de la expropiación. En segundo lugar, se siguió

implementando una política de fomento a la sustitución de importaciones que

resultaba adicta a un consumo de divisas cada vez mayor, puestas al alcance de

la industria por el Estado. En tercer lugar, la necesidad del régimen de contar con

un apoyo social lo llevó a aplicar una amplia cobertura de subsidios a los

productos de primera necesidad urbana, repercutiendo de manera negativa en el

presupuesto fiscal, la balanza comercial y la producción agrícola.

En conclusión, el manejo económico del régimen suponía un creciente gasto

público y un consumo ascendente de divisas, acrecentado por la reducción de la

presión tributaria sobre el capital. El camino para resolver estos problemas fue el

endeudamiento público, cuyo proceso se aceleró en la medida de la necesidad de

garantizar que la economía continuara funcionando.

~ 33 ~


EL INICIO DE LA CRISIS ECONÓMICA DE 1973

En 1973 comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de la crisis: déficit en

la balanza de pagos, caída de las reservas internacionales, incremento de los

servicios de la deuda externa y del costo de vida. Según Lynch, cuando las

dificultades económicas fueron innegables, alrededor de 1975, el gobierno militar

las atribuyó a la baja internacional de los precios de nuestras exportaciones,

causante de la falta de divisas necesarias para las importaciones que hacían

funcionar el resto de sectores económicos, especialmente la industria. La falta de

divisas intentó ser cubierta con préstamos externos a partir de 1974, utilizando

como garantía los futuros ingresos por las inversiones realizadas por el gobierno

en la minería y el petróleo. Los resultados, sin embargo, no fueron inmediatos ni

en los niveles previstos, y la explicación de las causas de la crisis se volvería

reiterativa hasta el inicio del gobierno aprista. Ninguno de los ministros de

Economía ni los presidentes de turno quisieron reconocer la existencia de

importantes factores internos como la caída de la presión tributaria y de la

inversión privada, así como la dependencia de divisas para el funcionamiento de la

industria, acrecentada por el modelo de sustitución de importaciones.

En cuanto a la crítica por el desmesurado crecimiento del Estado y el incremento

de su presencia en la economía en desmedro de las actividades productivas

privadas, hay que señalar que, según Carbonetto, pese a las reformas el sector

privado mantuvo su preeminencia en la generación del valor bruto de la

producción, con un total del 58,4% (43,1% nacional y 15,3% extranjero), mientras

que la propiedad estatal fue del 10,3% y la asociativa de 8%. En cuanto a

inversión, también el Estado incrementó su participación superando a la privada:

mientras el sector estatal controlaba la banca, la minería, el petróleo y, a través de

las empresas asociativas, las grandes propiedades agrarias, el capital privado tuvo

preeminencia en importantes segmentos de la industria, el sector más dinámico de

la economía, con un crecimiento promedio anual del 7,5% entre 1960 y 1975.

Dentro de ella se encontraban las unidades productivas más grandes, con más de

100 trabajadores, como en los sectores químicos y metalmecánicos, en manos de

~ 34 ~


capitales norteamericanos, que tendrían una gran importancia en la política de

sustitución de importaciones. Sin embargo, hay que reconocer como sostienen

Schydlowsky y Wicht que, pese a las altas inversiones, el sector estatal debía

enfrentar problemas como el haber absorbido empresas con dificultades

económicas o instalaciones obsoletas y la falta de eficacia en el manejo interno de

dichas empresas.

En cuanto al sector agrario, no cambiaron las desiguales relaciones entre el

campo y la ciudad, manteniéndose los precios agrarios bajos en favor de los

sectores urbanos, frenándose las posibilidades de crecimiento del sector agrario

asociativo y del agro en general.

Volviendo al punto de la inversión privada, el sector empresarial argumentaba que

su reducción se debía al incremento de la presencia estatal en la economía, pero

especialmente al impacto de los beneficios sociales otorgados a los trabajadores,

como la estabilidad laboral y el incremento de salarios. Según Dancourt, entre

1970 y 1975 la demanda, producción, rentabilidad y beneficios del sector privado

se incrementaron, pero la inversión no, debido a la falta de confianza empresarial

por las limitaciones impuestas en la toma de decisiones y en la obtención de

mayores ganancias, aspectos relacionados al trato del factor trabajo. Ello a pesar

de que el gobierno de Velasco otorgó importantes incentivos con el fin de

compensar dichas limitaciones y dar mayor confianza a los empresarios, como son

las múltiples exoneraciones tributarias, el aumento del gasto público y los mejores

salarios, que incrementaron la capacidad de compra de amplios sectores

populares. Ello se ve reforzado con lo que Carbonetto señala acerca de la relación

entre ganancias y salarios al interior de la distribución nacional de la riqueza; entre

1968 y 1975, las ganancias subieron del 22,4% al 28,2%, mientras los salarios

bajaron de 77,6% al 72,6%. Es decir que, en términos de distribución de la

riqueza, los empresarios incrementaron sus ingresos en desmedro de los

trabajadores. Ello muestra que pese a las medidas dictadas por el gobierno, éste

mantenía su tendencia a beneficiar al sector empresarial antes que a los

trabajadores. Además, las ganancias que no se dedicaron a la inversión fueron

orientadas al incremento del consumo personal de los empresarios, el cual subió

~ 35 ~


del 40% al 70% entre 1968 y 1975. El argumento de señalar al incremento de los

salarios como causa de la crisis ha sido la posición oficial del empresariado

peruano hasta nuestros días; sin embargo, como ha mostrado Carbonetto, éste es

insostenible. Dancourt atribuye esta falta de inversión a la ausencia de confianza

empresarial, entendida como la capacidad de los empresarios de “disciplinar” a los

trabajadores, particularmente a través del despido. Para los empresarios la

estabilidad laboral significaba una disminución de su poder dentro de la sociedad

en favor de los sindicatos y de la competencia que como empleador significaba el

Estado. Los empresarios, acostumbrados a actuar sin competencia económica ni

respeto a los derechos laborales, no se sintieron cómodos con las nuevas

condiciones impuestas por el gobierno, por más que éstas significaran mayores

ganancias. Por su parte, el inversionista extranjero que, como hemos señalado,

mantuvo su presencia en el sector industrial pese a su desplazamiento de

importantes sectores como la mine- ría, el petróleo y el agro, imitó el

comportamiento del empresario peruano: no invirtió, debido a las leyes sociales

que beneficiaban a los trabajadores, a la política de formación de empresas mixtas

en la explotación de nuestros recursos naturales, a las limitaciones en la

repatriación de utilidades y a la paulatina nacionalización de las empresas

extranjeras. Sin embargo, también se benefició ampliamente con los incentivos del

gobierno y el uso de las divisas peruanas, lo cual redundó en mayores ganancias.

Los estudios de Carbonetto, y de Schydlowsky y Wicht, plantean que los

problemas de fondo se dieron con el modelo de desarrollo industrial basado en la

“sustitución de importaciones” como principio para la acumulación económica, que

demandaba una gran cantidad de dólares para la importación de maquinarias e

insumos, necesidad que se vio incrementada con el creciente reclamo por

aumentos salariales y del gasto público.

La crisis era inevitable si la producción para el mercado interno no contaba con las

divisas necesarias. Esta situación se había iniciado en los años 60 con la

expansión de la producción de bienes de consumo durables orientados a las

clases medias y altas (automóviles, televisores, refrigeradoras y otros productos

para el hogar), que requería de maquinarias e insumos importados; pero no se

~ 36 ~


impulsó una política orientada a promover una industria masiva de bienes de

consumo con insumos nacionales y con maquinarias producidas en el país. Las

escasas divisas existentes terminaron financiando una industria que no atendía

sino las necesidades de un sector muy pequeño de la población y que no con-

tribuía a una integración económica del conjunto de los sectores productivos; es

decir, no se impulsaba el crecimiento del mercado interno. Se buscó cubrir la falta

de divisas a través de préstamos externos, cuyo monto subió de 1 100 millones de

dólares en 1968 a 2 542 millones en 1973 y a 3 990 millones en 1975. La mayoría

de estos préstamos provino de la banca privada de los Estados Unidos y de

Europa, debido al deterioro de las relaciones con el gobierno norteamericano.

Desde 1972 los déficits presupuestales serían cubiertos con estos préstamos

externos y, recién en 1974, Perú y Estados Unidos llegaron a un acuerdo que

restablece la fluidez de recursos financieros. Asimismo, los gastos en defensa se

incrementaron al deteriorarse las relaciones con Chile luego del golpe de Estado

contra el presidente Salvador Allende. En agosto de 1975 se alcanzó un punto

crítico que pudo llegar a enfrentamientos armados: los gastos de defensa subieron

de 58 millones de dólares en 1970 a 219 millones en 1975. Los ingresos por las

exportaciones no sólo debían mantener en funcionamiento a la industria, sino que

también debían orientar más recursos a los gastos militares y al pago de la deuda

externa, que se incrementó del 14,6% en 1968 al 25,8% en 1975. Una de las

salidas podría haber sido realizar una reforma del sistema tributario para mejorar

los ingresos del Estado, pero esa decisión política no se tomó ante el temor de

afectar las ganancias empresariales y los ingresos de la clase media alta, dos

sectores que a pesar de verse favorecidos por las políticas económicas inmediatas

mantenían su distancia ideológica frente al régimen.

El fracaso económico, expresado en forma inmediata como apremio financiero, fue

causado por defectos de un modelo de industrialización consumidor y dependiente

de divisas, que no logró integrar a los diversos sectores productivos y en el marco

del cual casi no se reinvirtió. La baja en los precios de los productos de

exportación, los gastos en defensa y en el pago de la deuda externa agravó la

situación pero no fueron su causa. En ese sentido, los militares continuaron y

~ 37 ~


profundizaron un modelo de desarrollo industrial iniciado por el gobierno de

Belaunde.

Los investigadores Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram no encontraban gran

novedad en el plan económico del gobierno militar presidido por el General

Velasco, incluso observaban una fuerte continuidad respecto a los planes del

gobierno anterior u otros gobiernos reformistas de América Latina. Lo que sí les

parecía sorprendente es la energía y determinación inusitada con la que los

militares aplicaron su proyecto de reforma, al punto que afectaron de tal modo la

economía peruana; el más importante cambio en su evolución histórica desde

1890. Fecha en que se reordeno la estructura económica del Perú tras la guerra

del Pacífico y sus posteriores guerras civiles. Justamente esa determinación sería

la principal innovación política del gobierno militar, su decisión de hacer de lo que

tantas veces se había postergado, que en el nivel económico consistía en la

ejecución inmediata de un ambicioso plan de transformación global.

Según Klitgaard, la planificación para el desarrollo del gobierno revolucionario de

la Fuerza Armada asumía cuatro hipótesis centrales en toda su estrategia. Estas

eran:

1.- la compatibilidad entre los cambios estructurales que exigía la revolución y un

rápido crecimiento económico.

2.- ese rápido crecimiento implicaba la masiva participación del estado en la

economía.

3.- una estrategia de crecimiento desequilibrado, apoyando más a unos sectores

que a otros, tendría efectos positivos gracias a los encadenamientos económicos

logrados desde sectores con ventajas comparativas como la minería.

4.- y la última hipótesis consistiría en prever una vuelta de las inversiones

extranjeras al Perú tras un primer momento de ruptura y establecimiento de las

nuevas reglas de juego económico;

Esas hipótesis avalarían el fin central del proyecto, que consistiría en eliminar los

obstáculos internos que la dominación oligárquica imponían al desarrollo

~ 38 ~


económico y reducir significativamente la dependencia externa, alcanzando con

ello un desarrollo económico auto centrado y sostenido:

Un modelo nacional. Esta estrategia nacionalista tenía, desde la aprobación por el

Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social en noviembre de 1968 de la

Estrategia de Desarrollo Personal a Largo Plazo, tres objetivos principales de

política económica para los siguientes veinte años, articulados en los sucesivos

planes de medio y corto plazo, que eran:

a.- Integrar la población nacional, a fin de lograr el pleno aprovechamiento de los

recursos humanos como la potencialidad básica del país;

b.- Mejorar sustancialmente la distribución del ingreso por persona doble nivel

actual (que era de 340 dólares).

c.- Dinamizar la contribución del sector externo a la política nacional de desarrollo,

reduciendo las condiciones actuales de dependencia y vulnerabilidad externa que

presenta la economía.

Objetivos a los que correspondían una serie de grandes propósitos de desarrollo

nacional resumidos en los siguientes puntos:

Desarrollo intenso que permita la integración de toda una población.

Ampliar el mercado interno.

Mejorar la distribución de la población en el territorio nacional.

Transformaciones estructurales que eliminen obstáculos al desarrollo y la

participación.

Modernizar y capacitar técnicamente al estado.

Alcanzar una posición relevante entre los países latinoamericanos junto a la

integración regional.

Movilizar el excedente financiero hacia la invesión.

Desarrollar la potencialidad cultural.

En el Plan Nacional de Desarrollo para 1971-1975, los anteriores puntos se

convirtieron en quince fines a medio plazo que concretaban algo más las áreas y

medidas que serían afectadas por la política económica. Estos fines iban desde la

~ 39 ~


mejora del servicio de salud, hasta la reivindicación de la soberanía sobre las

doscientas millas de mar territorial, pasando por objetivos de ahorro,

productividad, inversión, etc. En el cuadro se pueden ver los índices de desarrollo

que quería alcanzar el gobierno militar y que, como se verá en breve, quedaron

lejos de los resultados finales.

La idea central que ordenaba todas las medidas implicadas por tan ambiciosos

objetivos era que la utilización del excedente económico fundamentalmente

generado en los sectores de exportación minera y agropecuaria, hasta ese

momento expatriado por las empresas extranjeras y las oligarquías locales en el

apoyo a la expansión a la industria nacional y a la mayor redistribución del ingreso,

aumentaría tanto la producción manufacturera como el consumo per cápita y la

demanda agregada en un mercado nacional más amplio y homogéneo, que

además contaría con el espacio económico regional del Pacto Andino. Para ello se

modificaría la estructura productiva y comercial de esa exportación, buscando

diversificarla con nuevos productos e incrementando su valor agregado tras el

procesamiento industrial de ls materias primas antes de su exportación, lo que

aumentaría los beneficios y los encadenamientos económicos, articulando más los

sectores exportadores con el resto de la economía nacional. En esta estrategia,

lso sectores modernos de la economía absorberían buena parte de población

estancada en el sector rural tradicional, mejorando sus condiciones de vida e

integrándolos a un mercado único. La importancia que tenía, para el éxito de este

plan, el crecimiento de los ingresos generados por la exportación era

reiteradamente subrayada en los documentos económicos así como en las

declaraciones de los portavoces del gobierno.

El propio Velasco justificaba la presencia y necesidad de capitales extranjeros en

sectores estratégicos de la economía peruana de acuerdo con esta idea. En un

discurso en la ciudad minera de Moquegua declaraba que:

“la gran riqueza minera servirá para financiar el costo de las grandes reformas

sociales de la revolución y afianzar la independencia económica de nuestra patria,

(razón por la cual, seguía el argumento, habían) aceptado realistamente la

~ 40 ~


participación de capital extranjero en la minería. Pero esto se ha hecho sobre la

base de un completo respeto por los intereses del Perú y de acuerdo a los

dictados de la inmodificable posición nacionalista del Gobierno Revolucionario de

la Fuerza Armada.

El Plan Nacional era también claro sobre este tema al señalar que:

Del logro de la inversión directa extranjera y de los préstamos al Sector Público

para proyectos mineros, depende el equilibrio de la balanza de pagos y por

consiguiente, el alcanzar las metas cuantitativas previstas en el PND para 1971-

1975.

Esta dimensión medular del plan económico reflejaba el principal problema de la

estrategia: hacer compatible la necesidad de fuentes de capital para la inversión

en el medio y largo plazo con una reestructuración general de la propiedad y las

normas de regulación y distribución de los excedentes económicos. Cuestión que

debían asumir las cinco reformas estructurales básicas a las que tantas veces se

hacía referencia. Esas reformas eran:

En primer lugar la estructura de la propiedad agrícola tendente a dar acceso a las

técnicas modernas de explotación a nuestro agro y como un medio generador de

ingreso en la población campesina, hasta convertirla en consumidores de

productos industriales.

En segundo lugar, el establecimiento de una nueva política minera para aumentar

la participación nacional en los beneficios generados por esta actividad.

En tercer lugar, la formulación de la política industrial, tendente a lograr un cambio

progresivo del actual modelo de sustitución de importaciones, hacia otro más

dinámico y agresivo que se sustente en el máximo aprovechamiento de nuestros

recursos naturales y orientándolos, en lo pertinente, hacia la satisfacción en

proporción creciente de la demanda nacional ampliada y a permitir el rápido

ingreso de nuestro producto, a costos competitivos, en los mercados resultantes

de la integración económica regional.

~ 41 ~


En cuarto lugar, al transformación de la estructura del Sector Público, para que

este pueda ejercer el liderazgo en el proceso de desarrollo.

En quinto lugar, la reorientación de los recursos financieros que el país destine a

los sectores de apoyo en el campo de la infraestructura y los servicios sociales.

Cada una de las cinco reformas estructurales implicaron un fuerte programa de

transferencia de la propiedad y recursos financieros, aunque esas transferencias

se dieron fundamentalmente dentro de cada sector, lo que invalidó el objetivo de

integración nacional mediante la redistribución de rentas y, con la ruptura del

proceso por la incidencia de la crisis internacional en el Perú, acentuó los

desequilibrios estructurales de la economía Peruana. Todo esto se puede ver

claramente en los recuadros de evolución general de la economía presentados en

el anexo.

La evolución del Producto Bruto Interno (PBI) gloabla, fue muy positiva entre los

años 70 u 74, con crecimientoa anuales de 5.1% como mínimo y 7.3% como

máximo. Aprecái quedar atrás la recesión de los años 1967-1968, pero el asunto

no resulto tan sencillo y los sectores de producción para la exportación

decrecieron significativamente, pese a que el sector de manufacturas siguió su

crecimiento a una tasa anual del 7.1 para el periodo 1970-1975 punto y medio por

encima de la tasa anual del crecimiento para el PBI global que fue de 5.5 para los

mismos años. Tanto la pesca como la minería, con tasas anuales de crecimiento

negativas de -17 y -1.1 para el periodo 1970-1975, deshicieron la tradicional

solidez exportadora del Perú y por lo tanto su capacidad de obtener divisas con las

que financiar la industrialización y el creciente déficit en la producción de

alimentos.

Lo anterior tiene su reflejo en la balanza de pagos, en el que queda patente la muy

diferente evolución de exportaciones e importaciones, pasando de un superávit en

la balanza comercial de 334 millones de dólares en 1970 a un déficit de 1.100

millones en 1975. Al anterior se sumaba otro déficit de 1.537 millones de dólares

en la Balanza de Cuenta Corriente, lo que situaba al Perú en una difícil situación

~ 42 ~


económica con el exterior, que a duras penas se solvento con el endeudamiento

externo hasta 1974. Esto último conllevaba un fuerte crecimiento de los pagos por

servicio de esa deuda.

El gasto público durante el gobierno de Velasco se modificó de manera

significativa respecto a los gobiernos anteriores, reflejando tanta la prioridad de

ese gobierno como las coyunturas económicas que tuvo que atravesar. Así se ve

un cierto crecimiento en dicho gasto público que alcanzó el 16.6% del PBI, pero

que no fue parejo a un hipotético crecimiento en la recaudación por el gobierno,

que bajo al 11.4% del PBI, lo que aumento el déficit público hasta el 5.2%. En

cuanto a prioridades de política global se manifiesta claramente un aumento en

acumulación y en gasto en seguridad (fundamentalmente en compra de

armamento), del 18.3% y el 25.2% del PBI respectivamente. Y el nuevo gasto

estrella resultó ser el servicio de la deuda que supuso el 20.4% del PBI. Pero

además la política de sin empleo y un 41.3% en situación de infrautilización y/o

baja remuneración. A partir de ese año las cifras irían recuperando sus peores

momentos y ello, muy probablemente, debido a que el sector productivo que más

crecía, la industria manufacturera, apenas logro dar mnuevos empleos a un 1.3%

de la PEA pese al incremento del 6% del PEA agrícola seguía su decrecimiento

pero ni mucho menos tan acelerado como el de su valor relativo en la producción

nacional, cayendo a penas 4.5% entre 1970 y 1975, y quedando en el 40.6% para

una producción del 12.6% del PBI.

Una rigidez similar, obviamente conectada con la presencia en el párrafo anterior,

presentaron los indicadores de distribución del ingreso. Por, muy proclamada que

fuera el objetivo de una radical y activa política de redistribución del ingreso

nacional a favor de los sectores menos beneficiados, este objetivo enfrentó

obstáculos difíciles de salvar. Todos los trabajos sobre el tema destacan lo

limitado y efímero de los éxitos en esta materia. Así, Adolfo Figueroa señala que

para 1973 las transferencias de ingresos, tanto por propiedad como líquidas, no

pasaban del 3 a 4% del ingreso nacional, con un máximo teórico, para el total

afectable por las diversas reformas estructurales, del 13%. Además esas

~ 43 ~


transferencias quedaron, en la mayoría de los casos, dentro de cada sector de

reforma estableciéndose una relación privilegiada entre productores y ganancias.

En las tempranas palabras de Figueroa:

Lo característico de las reformas actuales en el Perú es que preservan el nexo

entre producción y distribución: el factor de producción tiene derecho a parte (o

todo) del producto que contribuye a producir. En cuanto a transferencia de

ingresos, las transformaciones estructurales mantienen la estructura de la

economía.

En un trabajo posterior, Adolfo Figueroa insiste en las conclusiones de su primer

diagnóstico y aportar datos más precisos para todo el periodo según los sectores

modernos, urbano tradicional y rural tradicional, que compara con los gobiernos

precedentes y posteriores. Es significativo que son el sector moderno y urbano

tradicional los que disminuyen, en términos relativos, su ritmo de crecimiento en

cuanto a ingresos, y en el rural tradicional el que lo aumenta, como efecto de la

reforma agraria aunque a penas lo haga un 0.1% adicional. Todos los trabajos

recogen como los ingresos por el trabajo, salario y sueldos, subieron de manera

importante hasta 1973-1974, para desde esa fecha caer en picado perdiendo todo

lo ganado en la última década. Sin embargo, las ganancias empresariales que

habían caído levemente hasta 1972 se recuperaron en una trayectoria ascendente

que alcanzaría el tercio del ingreso nacional en 1979 un incremento de 13 puntos

sobre el 20% que representaba en 1970. En resumen aumentaron los ingresos de

las clases medias y hubo un cierto acercamiento en los estratos altos de la

pirámide de ingresos, pero la brecha con los estratos más bajos apenas logro

reducirse durante los primeros años del gobierno, para ampliarse alarmantemente

desde la crisis de 1974 en adelante.

De lo que he presentado hasta aquí, destaca las concurrencias de las profundas

transformaciones económicas en las estructuras de producción y de propiedad,

señaladas por Thorp Bertram, con la persistencia de estructuras de distribución y

del empleo de la mano de obra. Este fenómeno puede verse desde la ejecución de

las principales reformas estructurales emprendidas por el gobierno del general

Velasco Alvarado.

~ 44 ~


La reforma que los militares ponen en marcha el 24 de junio de 1969 con el

decreto ley 17716, retomaba el camino abierto por diversos intentos anteriores, de

los que el más directo antecedente era la Ley de Reforma Agraria 15037 de 1964.

Aprobada, tras severos recortes, por un congreso dominado por el APRA y en

confrontación abierta con el gobierno de Fernando Belaunde Terruy. En esta

última Ley de reforma se encontraban ya muchas de las claves fundamentales del

nuevo proceso, siendo la ampliación de las tierras afectables por la reforma y la

mayor aceptación política de llevarla a cabo los elementos más novedosos del

proceso retornado por los militares. De ahí que no afecte que asegure que los

militares hicieron efectivo lo que en los discursos de todas las opciones políticas

era una y otra vez proclamado sin una real puesta en marcha.

Las alusiones al problema agrario son constantes en la justificación del gobierno

militar y la necesidad de una reforma agraria aparece en todos los documentos

significativos del proceso, desde el Manifiesto hasta el Plan Inca y los numerosos

discursos presidenciales. Una síntesis de esta declaración es recogida por el

propio decreto ley 17716 en su parte programática. La estructura del argumento es

clara: siendo “objetivo fundamental del Gobierno Revolucionario de la Fuerza

Armada” mejorar las condiciones de vida de los menos favorecidos mediante

acciones de transformación en todos los niveles de la sociedad, debido a la

situación del mundo rural abiertamente injusta y desigual en su estructura de

propiedad, derechos políticos, promoción cultural, bienestar económico y social,

etc.; por tanto, es “imperiosa la necesidad de realizar una auténtica Reforma

Agraria que responda la interés únicamente del pueblo peruano, a los objetivos

fundamentales de la Revolución y a las necesidades del desarrollo integral del

Perú”. Los primeros seis artículos de la ley establecen los Principios Básicos de la

misma, conceptualizando el proceso, delineando los objetivos y medidas, y

adjudicando responsabilidades.

~ 45 ~


ASPECTO SOCIAL:

REFORMA AGRARIA:

La reforma agraria bajo el lema "campesino: el patrón no comerá más de tu

pobreza" y la primera acción gubernativa fue la expropiación de los complejos

agroindustriales de la costa en los cuales el 60% fueron de propiedad extranjera.

La reforma agraria se ejecutó sobre todo en la costa y en la sierra del país, las dos

regiones con mayor población rural y mayores áreas de uso agropecuario; el 24 de

junio de 1969, el gobierno promulgó una ley de reforma agraria.

Entre junio de 1969 y junio de 1979 se expropiaron 15.826 fundos y más de 9

millones de hectáreas. La mayor parte de esta área fue adjudicada a 370 mil

beneficiarios. Todos los latifundios y muchos predios de menor tamaño fueron

expropiados. La clase terrateniente fue liquidada social y económicamente. Sobre

el área de las haciendas fueron organizadas empresas asociativas (cooperativas

agrarias de producción - CAP y sociedades agrícolas de interés social-SAIS), con

la finalidad de mantener economías de escala y la infraestructura (de riego y

otras). También se adjudicaron tierras a otras asociaciones: grupos y

comunidades campesinas y empresas de propiedad social. Solo una reducida

minoría de tierras fue entregada a individuos.

Tuvo implicancias en el aspecto social, ya que al expropiar las haciendas el

estado peruano se hizo cargo de estas a través de cooperativas y sociedades, al

tener a cargo las haciendas, Velasco decidió poner precios bajos a los productos

agrícolas, para demostrar al sector urbano que su reforma traía beneficios para

todos, pero estos precios no eran suficientes para solventar los gastos de las

haciendas y esto ocasiono una crisis económica.

~ 46 ~


Al ver los campesinos que los fundos solo habían cambiado de dueños,

empezaron a protestar, eliminando las cooperativas y repartiéndose las tierras en

parcelas, en algunos casos empezaron a vender dichas parcelas con lo que

mucha gente decidió migrar del campo a la ciudad.

Esta repercusión social se vio en las distintas barriadas que se formaron, las

cuales Velasco les cambio el nombre por lo que hoy conocemos como Pueblos

jóvenes.

Ante el crecimiento acelerado de los Pueblos Jóvenes y Asentamientos humanos

el gobierno del general Velasco crea el SINAMOS (Sistema nacional de

Movilización Social) que se encargó de controlar y supervigilar el avance de los

pueblos

REFORMA EDUCATIVA:

Debido al incremento de la demanda de los servicios educativos, y como una

manera de frenar las protestas estudiantiles de 1969 frente a la pérdida de la

gratuidad de la enseñanza, el gobierno dictó en febrero de ese año la ley

universitaria Nº 17437, que fortalecía la autoridad del rector y disminuía la

presencia estudiantil en los órganos de decisión de las universidades.

Luego de dos años, en marzo de 1971, ante el patente fracaso de la ley, se dictó

una ley integral de reforma de la educación (Nº 19326) es decir, en todos los

niveles, cuyas bases doctrinales fueron formuladas por Augusto Salazar Bondy y

Walter Peñaloza, basándose en modelos de las universidades norteamericanas y

europeas. Los objetivos planteados eran: educación para el trabajo; educación

para el cambio estructural y perfeccionamiento de la sociedad peruana; educación

para la realización del hombre y la independencia nacional; estímulo de la

conciencia crítica y la cooperación nacional y fomento de la autoeducación.

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La ley consideró varios niveles educativos:

a) Inicial, para niños de 0 a 6 años, de aprestamiento para los siguientes niveles.

b) Básico, con dos modalidades: regular para niños de 5 a 15 años y laboral para

mayores de 15 años, que abarcaba tres ciclos con nueve grados.

c) Superior, que abarcaba: las ESEP (Escuelas Superiores de Educación

Profesional), donde se otorgaba el bachillerato profesional; las universidades,

escuelas de oficiales de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales,

seminarios religiosos y otras escuelas, que otorgaban el bachillerato

académico y las licenciaturas profesionales; y la Escuela de Altos Estudios,

donde se otorgarían las maestrías y doctorados, que nunca llegó a funcionar.

Otras modalidades de estudios fueron:

a) La Calificación Profesional Extraordinaria, que capacitaba en un corto tiempo

para la realización de trabajos específicos en academias y centros de

instrucción de calificación profesional.

b) La Educación Especial, orientada a niños con alguna incapacidad física,

síquica o con problemas de índole social.

c) La Extensión Educativa, que abarcaba múltiples actividades orientadas al

público en general.

En cuanto a la universidad, y específicamente a su gobierno, la ley estableció el

sistema electoral para el nombramiento de los miembros de la asamblea

universitaria y del rector, quienes a su vez elaborarían el estatuto universitario.

~ 48 ~


Se reconoció a los trabajadores como estamento de la universidad, aunque nunca

llegaron a participar de la asamblea universitaria, y se desconoció a las

federaciones universitarias, aunque se mantuvo al tercio estudiantil. Asimismo, se

creó el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), como órgano de

coordinación entre las diferentes universidades; las facultades fueron

reemplazadas por los programas y departamentos académicos; y se estableció el

régimen de estudios semestrales y por creditaje. Según Carlos Malpica, debido a

la elaboración de estatutos universitarios que rebasaban los alcances de la ley, el

gobierno no promulgó ésta dejando a las universidades en un caos legal.

Asimismo, la disminución relativa de las rentas y el haber quedado el gobierno de

las universidades bajo diferentes formas de autoridades provisorias, nombradas

por el CONUP, fueron las causas de la crisis universitaria bajo el gobierno militar.

LA PRENSA SOMETIDA:

A la clausura (1968) de los diarios Expreso, Extra, la revista Caretas, y las

radioemisoras Radio Noticias, Radio Continente se suma la presión a los canales

de TV privados vender el 51% de sus acciones al Estado (1971). Mayor abuso se

comete al expropiar (1974) todos los diarios independientes: La Prensa, El

Comercio, Última Hora, Ojo, Correo, etc.

Esto tuvo una repercusión social, debido a que la toma de medios provoco

disturbios en el Ovalo de Miraflores, los cuales duraron varios días y provocaron

algunos heridos y más de 400 encarcelados.

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Otro hecho importante en el aspecto social fue la huelga policial que se dio el

05 de febrero de 1975, lo cual desencadeno la mayor explosión de violencia

que pudo darse en Lima, el gobierno tuvo que reprimir a sangre y fuego a los

limeños para frenar los saqueos. Luego de esto se impuso un estricto toque de

queda. Este tumulto termino con el gobierno de Velasco el cual fue derrocado

el 29 de agosto por el General Francisco Morales Bermúdez.

También se dio la “matanza de Cobriza” mina que se encontraba en huelga y

que en octubre de 1971 fue tomada a fuego limpio por Velasco que dejo 5

muertos y 13 policías heridos.

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ANEXOS

El presidente Prado dando un discurso en Huaraz luego de ocurrido el terremoto de 1940.

Este general pretendió transformar radicalmente las estructuras políticas,

económicas y sociales de nuestro país.

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