PROBLEMAS Y DESAFIOS DE LA MINERÍA DE ORO ARTESANAL Y EN PEQUEÑA

ESCALA EN COLOMBIA

Freddy Pantoja Timarán, Ph.D. Sebastián Pantoja Barrios Ingeniero de Minas Economista Estudiante de Maestría en Economía Doctor en Ciencias Químicas Estudiante de Maestría en Economía Máster en Contaminación Ambiental Estudiante de Ciencias Políticas Universidad de Nariño Universidad de Los Andes

San Juan de Pasto, Colombia, febrero de 2014

PRESENTACIÓN La minería artesanal y en pequeña escala del oro-MAPE en Colombia, particularmente la de metales preciosos, ha tenido históricamente un peso de gran significación para el desarrollo económico del país (aproximadamente, entre el 60 % a 75% de la producción total de estos metales ha correspondido a la MAPE). Sin embargo, se la estigmatiza como una "minería depredadora" y se le reprocha por explotar la riqueza mineral de una manera desorganizada con grandes costos sociales y ambientales. Una norma general de los últimos gobiernos ha sido tratar de aislar a la MAPE e impedir su desarrollo con la aplicación de políticas equivocadas, y hasta la aplicación de acciones intentando erradicar la MAPE a través de intimidaciones políticas en algunos países de América Latina y el Caribe (Barreto, 2003). A pesar de las condiciones desfavorables, este tipo de minería sigue adelante y no es comprensible que en nuestro país no se hagan más esfuerzos por aceptarla como motor para el desarrollo de regiones rurales, por fomentarla adecuadamente y por ayudarla a salir de la informalidad. Los temas que se tratan en este documento, se abordan desde las vivencias de uno de sus autores, por su trabajo de manera permanente por más de 25 años con los pequeños mineros de Nariño, mejorado) con el intercambio de experiencias con otras zonas mineras de Colombia y otros países latinoamericanos y con las investigaciones aplicadas que realiza directamente en la región con la participación de sus actores principales: los pequeños mineros del oro. Así mismo, es el resultado de la experiencia como funcionario del gobierno y consultor, lograda en los procesos de planificación, gestión y ejecución de proyectos de intervención minero ambientales que han tenido financiación de la cooperación internacional, nacional y local. De otra parte, este documento se enriquece con los conocimientos actuales y complementarios de otras ramas del saber: la Economía y las Ciencias Políticas por intermedio de un profesional joven que igualmente está investigando sobre el desarrollo sostenible de la MAPE.

1. CONDICIONES SOCIALES Y POLÍTICAS

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Existen varias ópticas que tratan de explicar la expansión de este tipo de minería en Colombia. Una de ellas apunta a señalar que el factor determinante de su crecimiento es la búsqueda de alternativas a condiciones de pobreza acrecentada por el desempleo urbano, la baja rentabilidad de las actividades agropecuarias tradicionales en las zonas rurales y,

en muchos casos, por la situación de violencia política [1].

Una característica común a todos los lugares donde se desarrolla la MAPE del oro es el entorno de pobreza, y en algunos casos, de extrema pobreza. A este tipo de minería se le atribuyen características tales como informalidad generalizada, ineficiencia productiva, cultura individualista del trabajo y agente activo de contaminación ambiental. Sin embargo, existen otros aspectos relevantes a su naturaleza y potencialidad como su contribución a las economías nacionales, la generación de circuitos económicos en ámbitos rurales, creación de fuentes de empleo, capacidad para la supervivencia en entornos de precariedad medioambiental, económica y social, así como creatividad para suplir la

ausencia del Estado [1].

Por lo general, las regiones auríferas coinciden con zonas de escasa y precaria

infraestructura de servicios públicos, salud y educación y donde la gestión estatal

colombiana es muy modesta.

Uno de los principales efectos sociales de la MAPE del oro es el surgimiento de asentamientos humanos que aparecen espontáneamente, es decir, sin un diseño de planificación previa. Esto conduce no solamente la ausencia de un ordenamiento territorial y urbano, sino que además, perenniza las condiciones precarias de vida de esta población en términos de falta de servicios sanitarios (agua potable y alcantarillado), salud, educación y vivienda. Especialmente, en la llanura pacífico y en la región selvática oriental colombiana la explotación de oro ha pasado de ser una labor de carácter ancestral, a una práctica desordenada con retroexcavadoras y dragas y a constituirse en una forma de colonización territorial. En estos asentamientos espontáneos, la actividad aurífera origina problemas de violencia, prostitución, drogadicción, abuso y excesos que se vuelven incontrolables por el aislamiento de las regiones mineras con respecto a centros urbanos importantes. Confrontaciones con la comunidad foráneas y con comunidades nativas son frecuentes en regiones donde se descubre e inicia la explotación de un yacimiento aurífero. La "invasión" masiva o paulatina por la minería del oro conlleva, en todo caso, a un cambio en el sistema de valores éticos que casi siempre termina en la pérdida de control por parte del poder ejecutivo y las mismas fuerzas armadas. El contrabando de productos y de oro produce consecuencias negativas a la economía

[1] Background de Taller de trabajo sobre minería artesanal y en pequeña escala realizado por UNESCO-IDRC, en Lima, Perú entre 4 y 5 de abril 2001

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nacional. Esto se agrava con la situación que se presenta en diferentes regiones del país, en los que se utiliza la producción de oro para lavar los beneficios del narcotráfico y para financiar actividades ilícitas. Se ha comprobado que la explotación del oro, en varios departamentos, ha superado al narcotráfico como la principal fuente de financiación de los grupos ilegales.

Se ha registrado que en diversas regiones, algunos grupos al margen de la Ley se

han apropiado de las explotaciones de oro y otros grupos combinan la minería del

oro con el narcotráfico. Se está recurriendo, en algunas zonas del país, a la

violencia y al desplazamiento forzado para adueñarse de las minas de oro.

Hay un factor, además, que habría que tenerse en cuenta cuando se analiza toda la problemática que gira en torno a esta, es la constante aparición de grupos al margen de la ley que quieren adueñarse de la producción. Cabe resaltar la existencia de complicadas relaciones de dependencia entre los pequeños mineros y el grupo conformado por intermediarios, propietarios de maquinaría y otras personas que de alguna manera prefinancian sus trabajos a causa de la falta crónica de capital de inversión que obliga a los mineros a contraer créditos y comprometer previamente su producción. Por otra parte y, debido a que esta actividad requiere conocimientos técnicos, los pequeños mineros, por lo general, no están preparados para una participación equitativa con los intermediarios y dueños de maquinaria. La actividad minera se percibe y se realiza como una economía de subsistencia con muy bajos, excedentes que no garantizan la sostenibilidad del negocio, ni el bienestar de las Comunidades

En los últimos años, en Colombia, la MAPE del oro afrontó una grave situación por

el masivo abandono de los mineros de sus frentes de trabajo para dedicarse a

cultivos ilícitos de coca y amapola. Pero, en la actualidad, por los altos precios de

oro, los mineros están retornado a su actividad tradicional.

La población de los municipios donde, por mas de dos décadas, se vienen explotando los recursos mineros del país, vive una gran tragedia: conviven con una actividad generadora de riqueza que es apropiada por los propietarios de las empresas mineras y de maquinaria minera, con muy baja participación de los trabajadores de estas empresas y maquinarias, situación que se explicita en indicadores de pobreza y de falta de oportunidades. Existen costumbres arraigadas de informalidad lo que genera malas prácticas mineras. En síntesis, en las zonas donde se concentra la actividad minera, la población sobrevive soportando los efectos de lo que los especialistas han denominado la “maldición de los recursos naturales”. Un informe concluye que la vida de los pobladores de las zonas mineras no sólo no mejoró sino que, en la mayoría de los casos, empeoró. En resumen, la explotación de la riqueza minera que podría haberlos salvado de la pobreza y el atraso se convirtió en una maldición.

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Casi siempre, la totalidad de las poblaciones circundantes a zonas de extracción minera, particularmente oro, siempre manifiestan diversos tipos de problemas. Pero más allá de denuncias en los medios de comunicación, muy pocas veces son escuchados. La respuesta es la misma, hace falta evidencia científica que demuestre el impacto y las comunidades no tienen forma de obtenerla. El estado poco se preocupa y el trabajo se les deja a algunos grupos en las universidades que siempre están dispuestos a aportar más, pero los recursos son insuficientes. En la gran mayoría de municipios mineros (productores de oro y níquel) la pobreza promedio es del 74%, en los petroleros del 65% y en aquellos que no realizan actividades extractivas, del 43%. Desafortunadamente, los esquemas asociativos consolidados y representativos en el sector minero para la minería de pequeña escala son muy incipientes. En la actualidad, en algunos casos, se aplican Leyes Mineras y Ambientales que contribuyen a llevar a una situación de informalidad a este tipo de minería. Este fenómeno se debe a variadas causas que van desde procedimientos técnicos dispendiosos en tiempo y costo, hasta estructuras estatales complejas que manejan una normatividad cambiante y una gran discrecionalidad de los funcionarios. En efecto, la capacidad técnica, administrativa, financiera y logística no son suficientes y emplean difusos sistemas de información ambiental y minera. Asimismo, por la falta de instrumentos apropiados de seguimiento y control no cumplen a cabalidad con sus funciones, retrasan sus decisiones, y en algunos casos, no conceden o retiran el título minero y la licencia ambiental, sin que medie una razón argumentada. Existe una ausencia de información pertinente, confiable y oportuna y de un sistema de información actualizado y operando eficientemente para el sector minero. Por ejemplo, Guillermo Rudas, economista experto en temas ambientales, llama la atención sobre varios problemas asociados a las infracciones ambientales. El primero es la falta de información clara y precisa. “Los sistemas de información son un caos —dice—. Colombia lleva desde 1993 tratando de construir un sistema confiable, invirtiendo mucha plata, y todavía no existe”. Además de desactualizada, en la base de datos del Ministerio de Ambiente muy pocos registros especifican algo tan importante como el valor de la multa impuesta. Mientras tanto, parece cierto lo que dice Rudas: “el gran problema del medio ambiente en Colombia es el fracaso en la construcción de sistemas de información para tomar decisiones. Se habla constantemente del fracaso del Estado como administrador de los RNNR.

Un hecho que empeora la situación es que los órganos de administración y control de las entidades mineras y ambientales –si es que existen- son organizados en forma centralizada y no están en capacidad de controlar a un sinnúmero de explotaciones, generalmente diseminadas en amplias regiones de difícil acceso. Una característica general. Es la demora en trámites gubernamentales en los procesos de legalización y titulación minera. La institución minera cuando realiza visitas de fiscalización, directamente o a través de

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empresas intermediarias, cobran altos costos a los mineros. Por otra parte, los mineros que tienen Título minero o en trámite para comprar explosivos ó realizar otros trámites deben obtener certificaciones pagadas, de manera frecuente, ya que estas certificaciones tienen un tiempo corto de validez. En términos generales, la falta de seguridad jurídica y normatividad clara para el desarrollo de la MAPE. Especialmente falta aplicación de las normas especiales concebidas para las comunidades étnicas. Las entidades mineras y ambientales se rigen por los mismos términos de referencia diseñados para los estudios e informes para una empresa grande que para una empresa de MAPE y no abreviados por ser pequeñas explotaciones. Durante décadas, las autoridades minera y ambiental no ejecutaron programas de control y fiscalización permanente de los títulos mineros y licencias ambientales y apenas en el 2012 iniciaron trabajos de fiscalización tercerizada. Sin embargo, esto se hace sin contar con infraestructura informática adecuada y lo que es peor, sin información de catastro minero actualizada o confiable, el Catastro Minero Colombiano es un desastre. Cuando la entidad minera aplica también la legislación ambiental ó una parte de ella, en gran medida los conflictos de intereses están programados de antemano, ya que esta primera se parcializa a favor del componente minero por lo que desata un enfrentamiento con la entidad ambiental y los mineros. Según el último Censo Minero en el país operan 4.545 Unidades de Producción Minera, de las cuales 4.133 corresponden a oro, la mayoría (1.526) en Antioquia. Se estima que de esas Unidades de Producción Minera de oro, el 86,7% no cuenta con título minero, el aval que dan las autoridades para la explotación. Pero, por otra parte, se habla de una Feria de Títulos Mineros, especialmente durante el Gobierno Uribe, cuando se otorgaron títulos hasta en zonas de páramo. Cabe llamar la atención que en una reforma del Código Minero, efectuada hace cerca de una década, se eliminó el requisito de la licencia ambiental para la fase de exploración, con lo cual se suprimió la posibilidad de fijar las condiciones bajo las cuales se pueda adelantar esta actividad que, con frecuencia, llega a ser de alto impacto, así mismo con licencia ambiental en la fase de exploración, se evitaría conflicto social y ambiental en ecosistemas de importancia local, regional y nacional. Así, pues, el acuerdo sobre minería responsable, en la actualidad, podría resultar inviable, puesto que en Colombia no existen las condiciones institucionales y de política pública mínimas para exigir a las empresas mineras un adecuado desempeño ambiental. Por ahora, el Gobierno, operativamente no tiene la capacidad para el control, y mucho menos para las sanciones. Así, la legislación, aunque igualmente pobre en comparación con la de otros países, es letra muerta. Muy pocos, incluyendo al gobierno, han tenido el interés de saber lo que le ocurre a las personas en el área de influencia de las minas. Existe Rotación de la autoridad minera y perdida de la memoria institucional.

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Un aspecto que ha agravado los conflictos en las áreas mineras es la aplicación de la ley 2ª de 1959 (creación de reservas forestales en Colombia). A pesar que desde su creación hasta hace unos 3 o 4 años no se la tuvo en cuenta para la aprobación de los títulos mineras y licencias ambientales, así como también para el poblamiento humano, hoy se desconoce ese error del Estado y coloca a los mineros en una situación de incertidumbre al no renovarles sus títulos, en áreas donde han invertido su vida y sus recursos para garantizar una forma de vida a sus familias. La alternativa que hoy da el gobierno es la sustracción de las áreas mineras con altos costos y dispendiosos trámites a cargo del minero Por su parte, algunas expoltaciones MAPE nunca han aceptado ni aceptarán que impactan a las comunidades. El gobierno trata de demostrarles lo contrario, se está implementando la capacidad operativa para hacerlo, como por ejemplo, la creación reciente de una Unidad operativa de la Agencia Nacional Minera para el Sur de Colombia con sede en Pasto y de una empresa interventora terciarizada. Entre las circunstancias que han incidido negativamente en el avance de estos programas se encuentran: La limitación presupuestal, la destinación de recursos del SGR a otros proyectos mineros, lo cual ha impedido concentrar esfuerzos en el programa de legalización, la transición de autoridad minera delegada de Minercol, en liquidación, a INGEOMINAS, incidió en el trámite inicial del estudio de área libre, la realización de convenios con la autoridad ambiental para la visita técnica conjunta, las dificultades de conectividad entre las gobernaciones delegadas y el antiguo INGEOMINAS para la consulta del Registro Minero Nacional. En otros casos, la normativa solamente sirve de coartada para pasarle toda la responsabilidad de los riesgos y daños ambientales y sociales a los mineros y el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden a los responsables de títulos mineros y licencias ambientales, en buena parte de los casos, no se supervisa por las autoridades mineras. Se registra la existencia de una corrupción socialmente aceptada que en algunas entidades y algunos funcionarios públicos justifican, que por el hecho de recibir salarios bajos, se ven forzados a ganarse parte de su ingreso por otro lado. Este tipo de corrupción, de seguir adelante, significa un grave problema para la sociedad y el gobierno. Igualmente, el fenómeno de la “Puerta Giratoria” de funcionarios que salen de entidades estales minera y ambientales a transnacionales mineras, llevándose información estratégica, ha agravado el problema de corrupción. No sería explicable dejar de mencionar en este punto la participación de algunos representantes de la Fuerza Pública en un negocio que maneja millones de dólares al año. Organizaciones de mineros del Nordeste Antioqueno han denunciado que ‘son objeto de extorsión por parte de la guerrilla, de las Bacrim y de las Águilas Verdes’, en clara alusión a algunos agentes del ejército y la policía que, en lugar de combatir la extracción irregular de minerales, se lucran del negocio”. En relación a las regalías, existe un bajo control de éstas. Las estadísticas indican que en el caso de explotación de oro, el 78 % no paga regalías. Para aquellos lugares que reciben

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regalías, “la calidad de vida de la población no sólo no mejoró, sino que, en la mayoría de los casos, vio consolidar su franco retraso en contraste con otras regiones del país”. Otro aspecto es que en Colombia se favorece grandes proyectos a cargo de multinacionales (con un poderoso "lobby" político y económico). En los últimos años se han multiplicado los títulos mineros a favor de estas multinacionales mientras que la MAPE del oro continua desarrollándose prácticamente sola, con grandes limitaciones al margen del sector formal y por las recientes medidas tomadas por el gobierno, se tiende a confundir a la MAPE con una minería criminal. Según estudios recientemente realizados por investigadores expertos en el tema, las multinacionales que en los últimos dos años se han dedicado a la explotación de yacimientos auríferos y mineros en Colombia, han triplicado sus capitales, gracias a la medida de contención dictada por el gobierno para criminalizar el ejercicio de la minería artesanal. Lo más preocupante es que las normas que regulan esta materia tratan por igual al más humilde minero artesanal y a las poderosas multinacionales, que en un abrir y cerrar de ojos obtienen sus Títulos Mineros y Licencias Ambientales sin el más mínimo problema. Son cientos las solicitudes de los mineros artesanales que se encuentran represadas, puesto que la ley se hizo únicamente para que los potentados puedan cumplirla. En muy pocos municipios de Colombia existen Secretarías de Minas y Oficinas Municipales de Asuntos Mineros, con uno o dos empleados, registrando una insuficiente capacidad presupuestal, tecnológica y logística en las instituciones encargadas de prestar asistencia técnica y capacitación caso similiar se presenta ANM. Este caso se evidencia mucho en el Departamento de Nariño. Un tema crítico, es la adquisición de explosivos, el cual resulta muy dispendioso y costoso que hacen imposible practicar la minería subterránea, conduciendo a conseguir los explosivos a través del contrabando de países vecinos y en algunos casos a través de grupos al margen de la ley.

2. CONDICIONES TECNOLÓGICAS Y AMBIENTALES

Entre las más importantes limitantes para que la MAPE pueda desarrollarse están la falta de infraestructura básica como vías y redes eléctricas y la carencia de tecnología. Igualmente, hace falta capacitación a nivel técnico y tecnológico ya que en muchos casos los conocimientos se trasmiten de padres a hijos. Como resultado, la gran mayoría de minas son artesanales y las recuperaciones de minerales no sobrepasan el 60 %. Por estas razones también, los costos de producción son elevados y la rentabilidad es mínima.

Los efectos y riesgos sanitarios y ambientales derivados de las explotaciones a pequeña escala son particularmente altos en las minas y las zonas circundantes. El hecho de que la misma actividad minera, en buena parte de los casos, se desarrolla en medio de las viviendas genera altos riesgos para la vida de las personas por la presencia de grandes

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volúmenes de escombreras y huecos que ocasionan inestabilidad de los terrenos que originan deslizamientos y represamiento de las fuentes de agua. Un ejemplo reciente, es el deslizamiento que ocurrió, en Sanabria, Santa Barbará-Iscuande, Nariño que sepulto varias personas y muchas quedaron heridas. Estos accidentes se presentan constantemente en la minería subterránea y a cielo a abierto en el país y entonces el gobierno criminaliza a los mineros y en verdad son los dueños de grandes retroexcavadoras y dragas ilegales los verdaderos criminales. En términos generales, los principales impactos negativos sanitarios y ambientales que se presentan son: - Contaminación con sustancias tóxicas y peligrosas, especialmente por mercurio,

cianuro, ácidos y bases.

- Formación de grandes huecos, en la minería aluvial, que generan lagunas de aguas

estancadas y subsidencia de los terrenos.

- Destrucción de la capa vegetal, suelo y subsuelo. - Deterioro de la flora y fauna. - Formación de grandes montones de estériles y residuos de cianuración y

amalgamación. - Enlodamiento de las fuentes de agua. - Tala rasa del bosque natural. - Contaminación con grasas, aceites y combustibles de las máquinas mineras

(retroexcavadoras, motobombas, dragas de succión, molinos de pisones, barriles amalgamadores, etc.).

Los gases, el polvo, el ruido, los residuos tóxicos y la incorrecta utilización de

explosivos y sustancias químicas afectan directamente la salud de los mineros y

sus familias.

De esta manera, los investigadores consideran que las actividades mineras relacionadas con la extracción del metal terminarían degradando parte de los ecosistemas encargados de la regulación hídrica del país. Un caso especial constituye la problemática del mercurio, reactivo de alto poder contaminante que es utilizado ampliamente por la MAPE del oro, muchas veces sin las precauciones necesarias causando un gran efecto negativo tanto en agua, aire y suelos como en las personas. Los riesgos sobre la salud humana y el medio ambiente no son tenidos en cuenta por la población minera que ignora los daños que puede ocasionar un mal manejo del mercurio. La exposición a esta sustancia no se limita a los trabajadores,

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sino que se extiende a sus familiares, ya que los mineros y los comerciantes procesan la amalgama (aleación de oro y mercurio) en la cocina y en el patio de sus casas. La contaminación por mercurio se puede considerar como un impacto ambiental de carácter regional que esta afectando ecosistemas sensibles y de gran importancia mundial como el Choco Biogeográfico y La Cordillera de los Andes. Llama la atención sobre la contaminación con mercurio que sufren algunas regiones del país por culpa de la actividad minera ilegal. El presidente Santos expreso recientemente

“Miren lo que está pasando por ejemplo con el mercurio. Colombia ya se volvió uno de

los países —imagínense, qué vergüenza—, somos el país con la contaminación per

cápita más alta del mundo. Y ya estamos viendo las consecuencias en muchas comunidades”. La ONUDI corrobora esta afirmación de nuestro Presidente. En la MAPE existen, además de una faena muy dura, unas condiciones de trabajo muy precarias caracterizadas por graves deficiencias de seguridad e higiene laboral (altos riesgos de intoxicaciones químicas, accidentes, etc.). Las alteraciones ambientales de una pequeña mina debido a su menor escala lógicamente son menores que las de una explotación de mediana o gran minería. Sin embargo, el problema radica en el gran número de contaminadores y en que están diseminados en grandes extensiones de difícil acceso. Una característica general de la MAPE es un marcado divorcio entre lo tecnológico y lo ambiental y la no existencia de políticas de formalización minera y ordenamiento minero ambiental a largo plazo. Esta situación se refleja en los siguientes aspectos: - Falta de articulación de los programas ejecutados por el Estado, actores privados, las

ONGs, etc.

- No hay continuidad en las políticas minero ambientales, especialmente de programas de formalización para la MAPE. Por cada cambio de funcionarios en los Ministerios de Minas y Energía y Ambiente y en las entidades estatales mineras y ambientales nacionales y regionales cambian sus políticas, programas y proyectos sin conservar las visiones y estrategias de largo plazo.

- Escasa asignación de presupuesto para los programas de formalización minera y

proyectos minero ambientales. - Falta de investigación y transferencia tecnológica para mejorar las técnicas minero

ambientales.

- No se han cuantificado los pasivos ambientales generados por la MAPE.

- Carencia de programas de educación minero ambiental formales y no formales, situación

que incide en una débil conciencia en las comunidades sobre estos asuntos.

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- Más prohibiciones que soluciones concertadas. - Desigualdad en la asignación de responsabilidades frente a otras actividades productivas

que también producen impactos ambientales importantes. - No hay programas de Cierre de Minas. - Falta de acceso a fondos destinados a conservación, canje de deuda por naturaleza,

reconversión industrial y mecanismos de desarrollo limpio.

3. HACIA UNA MAPE SOSTENIBLE Y RESPONSABLE EN COLOMBIA Ante el anterior panorama y por el hecho de ser la MAPE una realidad presente y futura en Colombia, el gobierno debería cambiar de actitud, de visión y proponer medidas políticas, normas y acciones a fin de incluir plenamente este sector en el sistema económico. Por lo tanto, es imperativo formalizar la actividad de los pequeños mineros, tanto en su componente minero como ambiental, no desde una posición puramente autoritaria y coactiva sino mediante campañas de sensibilización, difusión y convencimiento, unidas a una clara decisión política de otorgar Títulos Mineros y Licencias Ambientales, proporcionar asistencia técnica apropiada y financiación crediticia en condiciones favorables, otorgar capacitación no formal y establecer programas técnicos y tecnológicos especiales para la MAPE, entre otros.

La solución a la problemática social y ambiental de la minería en pequeña escala

del oro en Colombia es una labor ardua que requiere del concurso activo y

coordinado del gobierno, las comunidades, las ONGs, el gremio privado, las

universidades e instituciones de investigación [2].

Las instituciones y comunidad que conformen una alianza en pro de una minería en pequeña escala sostenible y responsable deben focalizar sus esfuerzos y perspectivas en los contextos internacional, nacional y local; la economía, la política, la problemática ambiental, el entorno tecnológico; teniendo en cuenta, entre otras las siguientes razones: Del orden internacional: Los metales preciosos representan actualmente una demanda importante en los grandes mercados mundiales como reserva monetaria, joyería, medicina, industria, etc., por lo tanto, la minería de metales preciosos es una actividad dinámica y rentable. Del orden nacional:

[2] Conclusiones de la Primera Reunión de Coordinación de la Red RESPOMIN de CYTED, Quirama, Colombia, 2006.

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a) La competitividad y sostenibilidad del sector de la minería de los metales preciosos son prioridades del actual gobierno nacional. En las estrategias denominadas “Estrategia para el Crecimiento del Sector” y “Estrategia para el Desarrollo de las Regiones Mineras” del PLAN DESARROLLO MINERO NACIONAL, se privilegian las siguientes Líneas de Acción:

Adoptar agendas de productividad y competitividad para promover entre la minería local de pequeña escala proyectos de desarrollo sostenible empresarial, modernización tecnológica, producción más limpia y agregación de valor, entre otros.

Promover acuerdos de cooperación entre empresas mineras, COLCIENCIAS, SENA, universidades e institutos tecnológicos, para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y de capacitación de recurso humano.

b) Es imperativo incorporar programas estratégicos minero ambientales que involucren componentes de sostenibilidad social y ambiental como nuevas alternativas de producción más limpia, minería responsable, turismo sostenible geológico-minero, comercialización justa del oro, entre otros. Del orden local:

Es necesario crear nuevas empresas alrededor de las oportunidades que brinda la minería de los metales preciosos, particularmente en el procesamiento del oro de veta y la explotación aluvial, a partir de las potencialidades, las fortalezas de la comunidad minera, así como las posibles ventajas competitivas a construir a través de un recurso humano capacitado con bases y fundamentos tecnológicos de producción, capaz de gestar nuevos procesos industriales.

- Se necesita suplir las demandas laborales de este sector productivo reconocidas en diferentes diagnósticos realizados por diferentes instituciones estatales. Las localidades identificadas tienen una alta vocación minera y con altas potencialidades en metales preciosos que representan una oportunidad valiosa para gestar procesos de agregación de valor a partir del conocimiento tecnológico de la producción minera.

- Se hace necesario visibilizar y fortalecer la minería de los metales preciosos con una visión

integradora de la cadena de valor, a través de la cual se logra mejorar los beneficios para los diferentes eslabones que intervienen desde los proveedores, productores, comercializadores, hasta el consumidor final y que resuelva los factores críticos de esta actividad.

- Es importante llegar a los mineros pequeños de la que dependen directa e indirectamente

miles de familias colombianas que generan una gran cantidad de empleo y desarrollo en diferentes zonas del país. Así las cosas, se debe formular una Agenda Nacional de Trabajo y ejecutar acciones prontas y eficaces, articuladas a través de programas coherentes de cooperación comunidad-gobierno, ya que la solución de los problemas sociales y ambientales depende,

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en buena parte, de la libre voluntad de los mineros de participar o no en la adopción de diferentes medidas. Por lo tanto, los programas de formalización y minero ambientales a ejecutarse entre la comunidad y el gobierno deben comprender aspectos socioeconómicos, culturales y técnicos de manera integral y sobre todo involucrar directamente a la población objeto para contar con su confianza y colaboración.

Un aspecto clave durante la puesta en marcha y desarrollo de programas de

formalización minera y proyectos minero ambientales es la concertación de

intereses entre los pequeños mineros y el gobierno. Cabe aquí destacar que,

cuando se logra una fusión de los diferentes propósitos, se obtienen mejores

resultados positivos y sostenibles. La estrategia de emprender, primero,

“proyectos piloto” ha dado buenos resultados por lo que se han generado valiosas

experiencias para replicarlas en otras zonas.

En primera instancia, es imperativo aceptar y reconocer los efectos sociales y ambientales generados por la minería en pequeña escala de oro en Colombia. En segundo lugar, las comunidades mineras deben comprometerse a cumplir con unos estándares de desempeño apropiados para la MAPE, a contar con unos planes de contingencia para emergencias y accidentes, a utilizar la tecnología que permita el aprovechamiento óptimo de los recursos con un mínimo impacto ambiental, y en general, a mantener buenas relaciones con la comunidad no minera y el gobierno. Asimismo, se debe partir del reconocimiento de que existen logros y avances en materia social, ambiental y tecnológica de la MAPE en diferentes países latinoamericanos que

pueden ser replicados a través de una cooperación horizontal [3] y las universidades e institutos de investigación se pueden constituir en instancias articuladoras para este fin. Igualmente, estas instituciones pueden promover espacios de diálogo sobre estándares y normas tecnológicas y ambientales y abanderar procesos de intercambio de experiencias. Es imperativo regular el articulado del vigente código de minas alrededor del cual sea posible explicitar las especificidades y los derechos de las comunidades (étnicas o campesinas) dedicadas a la minería artesanal y en pequeña escala.

Una iniciativa de la nueva política en Minminas y Energía es establecer Áreas Especiales de Formalización Minera. Son áreas que se podrán delimitar y declarar, por motivos de orden social o económico determinados en cada caso, por el Ministerio de Minas y Energía, o la ANM o de oficio o por solicitud expresa de comunidades que se dediquen a las actividades de minería tradicional, con el objeto de adelantar dentro de los dos años siguientes estudios geológico-mineros, destinados a determinar las clases de proyectos mineros especiales y la realización de un ordenamiento minero que garantice el ejercicio eficiente de la minería. La ley nueva de mercurio, recién sancionada por el gobierno, es una oportunidad para los pequeños mineros colombianos.

[3] Conclusiones de la Primera Reunión de Coordinación de la Red RESPOMIN de CYTED, Quirama, Colombia, 2006.

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En la actualidad, se puede aprovechar espacios de importancia estratégica y experiencias y herramientas piloto exitosas desarrolladas para la MAPE como APELL, ARAMA, MUNOAIS, Empresa nacional Chilena de Minería-ENAMI, la Ley de Minería Artesanal Peruana, Oro Verde de AMICHOCO, Asociación por la Alianza por Minería Responsable-ARM, Asociación por una Minería Responsable y Comercio Justo del Suroccidente Colombiano ASOMIRCOL, con sede en Pasto, el proyecto GMP-2 de ONUDI en Antioquia, los proyectos que se ejecutan en el Sur de Bolivar por la Gobernación de ese departamento con recursos del Sistema General de Regalías, la estrategia de gestión denominada “Centro Ambiental Minero” de CORPONARIÑO en Sotomayor que se adelanta con éxito en el suroccidente de Colombia, entre otros. En las reuniones de CYTED, AIESMIN y otros, se puede dar a conocer los avances y problemáticas de la MAPE.

Es necesario destacar que en Colombia se cuenta con resultados exitosos de

transferencia tecnológica y capacitación minera que pueden replicarse como las

logradas en el Centro Minero Ambiental de CORPONARIÑO, Sotomayor, Nariño y

las experiencias transferidas por el proyecto piloto de UNESCO a Colombia,

Ecuador y Perú, así como las realizadas por el programa CYTED, CIM NOVIB-

OXFAN, SOLIDARIDAD, FLO, CONVENIO CANADÁ-COLOMBIA, CETEM, GTZ, entre

otros en Nariño.

Por otra parte, entre los primeros pasos que se deben dar están la conformación de un Organismo de Mineros de MAPE a nivel nacional con capacidad negociadora que permita incidir en la adopción de políticas públicas a diferentes niveles. Es necesario elaborar, al comienzo de la ejecución de diferentes Programas, Líneas Base en las áreas de trabajo, para posteriormente, establecer indicadores que permitan realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los progresos alcanzados. Por otra parte, es importante establecer un sistema de información para compartir datos sobre medios y recursos de cooperación internacional. A los gobiernos extranjeros, a través de sus organizaciones de Cooperación Internacional, les corresponden importantes tareas para el mejoramiento de la MAPE en Colombia, entre las cuales se encuentran el apoyo financiero y técnico en la elaboración de leyes, pautas, estándares, normas y valores límite y ejecución de proyectos de formación y fortalecimiento de instituciones para estructurar órganos ejecutivos apropiados para el desarrollo, seguimiento y control de esta actividad.

Uno de los pilares de un programa minero ambiental debe ser el desarrollo de procesos de producción limpia, particularmente la promoción y aplicación de tecnologías apropiadas. Las técnicas diseñadas se adaptaran a las condiciones locales en las que se desenvuelve la MAPE, especialmente, los equipos a introducir, deben ser de manufactura local, de fácil manejo y bajo costo que prometan ventajas visibles y directas a los mineros.

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Los equipos que han superado la fase experimental, se promocionarán entre la comunidad minera a través de una intensiva campaña de divulgación y se comenzará con su implementación, solamente cuando se considere que han sido apropiados por los mineros en forma suficiente, ya que la introducción de equipos inapropiados rompe la credibilidad de los asesores y entidades. La creación de alicientes financieros para estimular su utilización será una estrategia eficaz, a la hora de introducir tecnologías apropiadas. Por ejemplo se deben priorizar proyectos para este fin, que se financien con dineros del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías en alianza con COLCIENCIAS, Instittuto Geológico Colombiano, Grupos y Centros de investigación y universidades Por otra parte, los gobiernos regionales y locales deberían apropiar recursos financieros del Sistema General de Regalías y también generarse un fondo especial de formalización minera con el objeto de financiar planes, programas, proyectos y actividades de inversión destinados a la MAPE. Si van a ingresar miles de millones de dólares a las arcas públicas procedentes de las regalías por minería, sería irresponsable que no se utilice una parte de esos recursos para que el Estado garantice un impecable control de su gestión ambiental, P+L y también unos recursos para hacer las necesarias compensaciones ecológicas por los daños inevitables que la MAPE tiene para la biodiversidad y las aguas y se adelante con los más altos estándares ambientales. La formación y capacitación de personal técnico en cuestiones minero ambientales es clave para garantizar la sostenibilidad de resultados de los diversos programas que se desarrollen al igual que el fortalecimiento de redes científicas y grupos de investigación. Implementar estrategias de control fiscal con el apoyo de los entes nacionales, regionales y locales de control (contralorías y procuradurías), y en coordinación con veedurías ciudadanas, que permitan la evaluación y seguimiento de los procesos de inversión de las regalías en los departamentos y municipios mineros. En el mediano plazo y como resultado general de la ejecución de diversos programas de cooperación comunidad-gobierno, se espera que la MAPE haya adquirido un nivel de formalización, conciencia, conocimiento, y experiencias sociales, tecnológicas y ambientales y de organización que mejoren sustancialmente las condiciones de vida y trabajo de las comunidades mineras. La situación deseada para una MAPE sostenible y responsable, se resume de la siguiente manera: - Una MAPE reconocida política, social y ambientalmente.

- Unas políticas de formalización minera y proyectos minero ambientales coherentes y

sostenibles para la MAPE.

- Una MAPE armonizada con las normas y las instituciones y que se desarrolla en un

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marco de gobernabilidad y gobernanza, de legalidad y con el apoyo de instituciones con presupuesto para programas, proyectos y actividades.

- Una autoridad minera que adopte procedimientos y términos de referencia abreviados, aplicables en la elaboración, presentación y aprobación de los estudios mineros y guías técnicas a fin de adelantar los trabajos y obras en los proyectos que se desarrollen en las áreas concedidas.

- Una percepción ambiental positiva y reconocimiento de la importancia de la minería en la

sociedad con respecto a las otras actividades productivas. - Que la opinión no siempre tenga la percepción de que cualquier desarrollo minero que se

haga en el país conduce a un desastre ambiental y social. - Unos sectores público, privado, no gubernamental y académico trabajando coordinada y

mancomunadamente en pro de una MAPE sostenible y responsable. - Una MAPE incluida en la planificación y ordenamiento territorial. - Lo tecnológico articulado a lo ambiental en todas las fases del proyecto minero desde la

exploración hasta el cierre de minas.

- Una MAPE con un buen nivel de educación contextualizada y contemplada en los niveles de educación superior, tecnológica y técnica.

- Unos resultados de casos exitosos publicados y socializados.

- Unas iniciativas de cooperación horizontal de transferencia social, tecnológica y

ambiental en marcha. - Unas técnicas minero ambientales desarrolladas localmente con base en la investigación

aplicada con el apoyo de COLCIENCIAS y el Instituto Geológico Colombiano

- Trabajo infantil completamente erradicado y equidad con el trabajo de las mujeres mineras.

- Una MAPE y comunidades aledañas sensibilizadas social y ambientalmente y

fortalecidas sus capacidades para la asociatividad.

- La seguridad minera y la salud y ocupacional existen en todos los frentes de trabajo de la MAPE.

- Una eficiente inversión de las regalías del oro, preferentemente, en la financiación de

programas de formalización minera y proyectos minero ambientales.

- Material explosivo suficiente para las labores mineras adquirido de las Fuerzas Armadas Colombianas.

- Que existan unos Estándares Concertados para concesionarios mineros de la MAPE.

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- Que exista una Licencia ambiental para todo el ciclo minero y que se realice un proceso

de caducidad de los títulos mineros sin licencia ambiental.

- Que existe una Información accesible y transparente.

- Que se realice una diversificación de las exportaciones con valor agregado del oro de la MAPE, a precios justos.

- Se requiere dotar al Minminas y Energía, Minambiente, CARs, ANC, Instituto Geológico

Colombiano de una alta capacidad técnica y de la suficiente independencia, así como establecer mecanismos para erradicar una eventual corrupción en estas entidades. Estos son aspectos que deben adelantar las autoridades ambientales y mineras en Colombia que requeriría de un revolcón radical y no simplemente de unos pañitos de agua tibia.

- Una Ley del Mercurio ejecutada exitosamente. Que sirva de modelo en Latinoamérica y

en el Mundo

- Que se adecuen las nuevas políticas mineras y ambientales con las prioridades de la protección de la biodiversidad y del agua, a la protección de los derechos culturales y territoriales de las minorías étnicas.

- El Gobierno está poniendo en marcha diversas y ambiciosas reformas para corregir

algunas de estas situaciones mineras y ambientales, pero tomará años antes de que sepamos a ciencia cierta su grado de éxito. Y ahora se propone presentar a consideración del Congreso un proyecto para un nuevo Código Minero, una oportunidad única para corregir los graves vacíos y falencias del código vigente, así como un proyecto para reformar las CAR. En últimas, en éstas reformas se concretarán sus reales intenciones en materia de protección socio-ambiental y que logre ser el “faro del sistema nacional”, traiga políticas de Estado de largo plazo, como debe ocurrir en cualquier país que aspire a tener un desarrollo social, ambiental, científico y tecnológico en la MAPE.

REFERENCIAS

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