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Artículos Destacados Otros Medios Coyunturas del Proceso de Paz
ISSN 0123-2894 Circulación nacional
545DICIEMBRE 2014
ANEXO
SEPA
RATA
ESP
ECIA
L • Al Secretariado de las Farc le perdonarían 16 siglos de cárcel• Pase lo que pase, el proceso de La Habana ya no será el mismo• Las Farc no tienen superioridad militar ni moral, pero aún pueden
golpear• La ‘retención’ del General• ¿Un ejército de rodillas?• Vergüenza patriótica• Leyendo el Acuerdo General…• Perdonar las desapariciones forzadas• Ni muerto lo respetan• Las guerrillas, mito y realidad• ¿Para qué serviría una Corte Penal de Unasur?• General Álzate: ¡Salve usted la Patria!• El delito político y el proceso de paz• Soldados y policías merecen respeto• Secuestro de Alzate y toma de Gorgona• El absurdo domina en Colombia• Ley de orden público• Presidente Santos: la lealtad es recíproca, solo la puede exigir
quien la da• ¿Paz o tregua?• ¡Mucha calma! Presidente• Un injusto ataque a la institucionalidad militar
2 Anexo Diciembre 2014
Al Secretariado de las Farc le perdonarían 16 siglos de cárcelA los integrantes del Secretariado de las Farc no les alcanzaría ni esta vida ni más de tres reencarnaciones para cumplir las 56 sentencias en las que los jueces de la República los han condenado a 1.629 años de cárcel.
Investigación*/conflicto armado/elcolombiano.com/9 de diciembre de 2014
El más encartado es alias ‘Iván Márquez’. A sus 59 años, suma en 23 fallos de la justicia un total de 760 años de prisión. Le sigue ‘Timochenko’, que a los 55 años está sentenciado a 452 años de cárcel. Por su parte, ‘Joaquín Gómez’, de 59 años, suma en penas privativas de la libertad 333 años y ‘Pablo Catatumbo’, de 61, acumula 84 años de cárcel. Los únicos que hasta el momento no registran condenas que los pongan de-trás de las rejas son ‘Pastor Alape’, ‘el Médico’ y Carlos Antonio Lozada’, quienes sí tienen Circular Azul de la Interpol y contra los cuales se adelantan procesos judiciales en la Fiscalía.
Esas sentencias (al menos las de público conocimiento) incluyen, en conjunto, 184 asesinatos, 129 heridos, 198 se-cuestros, más de $827.000 millones en multas para reparar a las víctimas e incontables daños a la infraestructura du-rante las tomas a poblaciones. Y las cifras tienden a elevarse, porque no todo ha sido juzgado.
Los jefes que negocian en La Habana no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel y en Colombia las opiniones están divididas sobre cómo debe proceder el Estado para equilibrar justicia y paz.
El fiscal General, Eduardo Montealegre, propone enfocarse en los máximos responsables, pero también dice que “es in-dispensable abrirles a las Farc canales democráticos”. Señala que el único impedimento sería que estuvieran sentenciados por crímenes de lesa humanidad, lo que, según sus cuentas, no ha ocurrido. “Hay investigaciones en curso, pero no condenas”.
Para el procurador, Alejandro Ordóñez, sí existen esas sanciones. Su base es el informe Situación en Colombia, de la Corte Penal Internacional (CPI) que en noviembre de 2012 afirmó que “se han dictado condenas contra 218 miembros de las Farc y 28 del Eln por conductas que constituyen crímenes de competencia de la Corte, entre ellos asesinato, desplaza-miento, toma de rehenes, tortura y reclutamiento de niños”. Tales sentencias incluyen a dos miembros del Secretariado: ‘Timochenko’ e ‘Iván Márquez’.
En 44 sentencias dictadas en su contra, ambos totalizan 1.212 años de cárcel, o sea más de 12 siglos. La sacarían bara-ta, por las gabelas del Estado para castigarlos. El Código Penal fija una pena máxima de 60 años; en la desmovilización de las Auc se otorgaron 8 años de sentencia alternativa; y, de cara a las Farc, el Procurador ya habla de, al menos, cinco años de-trás de las rejas.
El caso es que ni la pena mínima satisface a la cúpula de la insurgencia. ¿Cuántos siglos de justicia habrá que sacrificar en aras del fin del conflicto?
El dosier• Desde 1997, el Departamento de Estado de Estados
Unidos considera a las Farc como una organización te-rrorista y en 2002 le abrieron cargos, por primera vez, por narcotráfico.
• Para la DEA, las Farc generan el 60% de la cocaína que circula en el mundo.
• Todo el Secretariado de las Farc, el Estado Mayor y la Comisión Internacional está en la Lista Clinton y acusa-dos por narcotráfico, narcoterrorismo y lavado de acti-vos en Estados Unidos, desde 2006. Otros miembros del grupo tienen procesos por secuestro, terrorismo y trá-fico de armas en esa nación.
• Cien integrantes del Secretariado, Estado Mayor y cabe-cillas de frentes están pedidos en extradición.
• US37.5 millones ofrece el gobierno estadounidense por 13 guerrilleros de las Farc, incluyendo a miembros del Secretariado.
• Un integrante del Secretariado está en poder de Estados Unidos: Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’, condenado a 60 años por el homici-dio de un estadounidense en Colombia y el secuestro de otros tres (2003).
• Según el FBI, cien estadounidenses fueron secuestrados por las Farc y 13 asesinados, entre 1980 y 2002.
• De acuerdo con la Policía Nacional, hay más de 2.000 personas inscritas como víctimas de la guerrilla y se calcula que hay al menos 5.000 desaparecidos por las Farc.
• 503 desmovilizados de las Farc están inscritos en la Ley de Justicia y Paz.
• Según el Ministerio de Defensa, entre enero de 2013 y mayo de 2104, las Farc mataron a 301 integrantes de la Fuerza Pública, hicieron 82 hostigamientos, 19 ataques a instalaciones, 17 retenes ilegales, 10 emboscadas y 5
ataques a aeronaves.• La Dirección de Análisis y Contextos de la Fiscalía ade-
lanta 37 procesos con 3.392 víctimas relacionadas de las Farc, por reclutamiento ilícito, violencia sexual, se-cuestro y desplazamiento de indígenas.
Los jefes, uno por unoRodrigo Londoño Echeverry‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’Nació el primero de enero de 1959 en Calarcá, Quindío. En 2011 tomó el lugar del abatido alias ‘Alfonso Cano’ como el número uno de las Farc. Cerebro del manejo de la coca de las Farc y jefe de operaciones militares.Sentencias y procesos judiciales (coautor): ˗ Según la CPI, tiene 16 condenas por asesinato, secuestro,
toma de rehenes, desplazamiento forzoso y reclutamien-to de niños entre 2003 y 2010, con sentencias de entre 10 y 40 años.
˗ Tiene en su contra 182 procesos judiciales, de los cuales 106 incluyen el cargo de homicidio. En juzgados están 29 procesos y el resto se encuentra en la Fiscalía.
˗ En 13 condenas, monitoreadas por El Colombiano, las penas de prisión suman 448 años. También son públicas cinco resoluciones de acusación de la Fiscalía.
˗ La Fiscalía ha expedido 141 órdenes de captura en su contra.
˗ Tiene 57 medidas de aseguramiento. ˗ Autoridades colombianas registran 13 condenas, que
suman, 448 años de prisión, y cinco resoluciones de acusación.
˗ La Fiscalía ha expedido 101 órdenes de captura en su contra.
˗ El 24 de junio de 2013 fue condenado a cuarenta años de prisión por el atentado contra una embarcación que via-jaba por el río Ariari, a la altura del municipio de Puerto Rico, meta. Murieron dos soldados y un civil y su hijo.
˗ El 11 de septiembre de 2013 fue condenado a 31 años por el atentado en el hotel Acapulco, de Puerto Rico, Meta, en el que murieron una vendedora de frutas, dos menores de edad, un teniente y dos soldados; y queda-ron 23 personas heridas, de ellas 10 uniformados.
˗ El 9 de octubre de 2013 fue condenado a 40 años de cár-cel por un atentado con una bicicleta bomba contra una estación de Policía, en Bogotá, en el que murieron cuatro policías, una niña y su mamá.
˗ El 12 de enero de 2012 fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato del obispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino. La sentencia incluye el pago de una multa de $1.000 millones a favor de la familia del prelado.
˗ El 10 de febrero de 2012 es acusado por la Fiscalía por la explosión de un carro bomba cerca de un puesto militar en Vistahermosa, Meta, en el que hubo un muerto y un herido.
˗ El 23 de febrero de 2012 fue condenado a 34 años por la toma del municipio de Gigante, Huila, en la que hubo tres muertos, un herido y un secuestrado.
˗ El 27 de marzo de 2012 fue acusado por la Fiscalía de reclutamiento ilícito de 2 jóvenes.
˗ El 16 de julio de 2012 fue condenado a cuarenta años por el ataque al municipio de Miraflores, Guaviare. Destruyeron la base del Ejército, la sede de la Policía, el hospital y hasta la iglesia. Murieron 19 personas, de las cuales 16 eran militares. Además, secuestraron a 129 militares y policías.
˗ El 10 de agosto de 2011 fue condenado a cuarenta años de prisión por la toma del municipio de Mitú, en la que más de mil guerrilleros dejaron un saldo de 43 muertos y 61 policías secuestrados.
˗ El 6 de diciembre de 2011 fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el secuestro, en 2001, de la congre-sista Consuelo González.
˗ El 6 de enero de 2010 la Fiscalía acusó a cinco cabecillas de las Farc por el ataque al municipio de Colombia, Huila, en julio de 2000. Hubo cinco muertos, durante un ataque en el que utilizaron cilindro bomba.
˗ El 18 de febrero de 2010 fue condenado a diez años y once meses, por tentativa de terrorismo y rebelión. Obligaron a una persona a llevar una volqueta cargada con explosi-vos hasta el frente de la Alcaldía de Vistahermosa, Meta.
Una persona murió y otra fue herida. ˗ El 10 de marzo de 2010 fue condenado a cuarenta años
de prisión por el asesinato de cinco militares en un cam-po minado en zona rural de la Uribe, Meta.
˗ El 16 de abril de 2010 fue emitida una resolución de acusación por el secuestro extorsivo del periodista ‘La Chiva’ Cortés.
˗ El 27 de mayo de 2010 se emitió resolución de acusación por el secuestro de una joven universitaria en Bogotá.
˗ El 3 de agosto de 2010 fue condenado a cuarenta años de prisión por homicidio agravado y lesiones persona-les durante hostigamientos en la vía Bogotá-Choachí y retenes en el municipio de Silvania. Murieron cinco policías y un civil. Hubo 3 heridos.
˗ El 14 de julio de 2009 fue condenado a cuarenta años de prisión por la masacre de Tierralta, Córdoba, cuando 200 guerrilleros entraron a tres veredas y mataron a 22 personas por ser presuntos auxiliadores de grupos de autodefensas.
˗ El 27 de octubre de 2009 fue condenado a cuarenta años de prisión por la masacre de Puerto Rico, Caquetá, en la que murieron siete personas.
Homicidios y heridos (en los casos reseñados): 135 muertos y 29 heridos (endilgados en proceso penal).Secuestros: 194 (endilgados en proceso penal).Recompensas: - US$5 millones ($10.000 millones) ofrece por el gobierno de Estados Unidos. ˗ $5.000 millones ofrece por el Gobierno de Colombia.
Luciano Marín Arango‘Iván Márquez’Nació en 1955 en Florencia, Caquetá. Terminó Derecho en la Unión Soviética. Fue miembro de la Juventud Comunista y en-tró a la guerrilla en 1977. Cabecilla del Bloque Caribe Martín Caballero. Ha sido ideólogo, instructor político y negociador en tres intentos de proceso de paz. Fue representante a la Cámara, en los 80. En el Secretariado reemplazó a ‘Jacobo Arenas’. Estados Unidos lo vincula con el negocio de la droga.Sentencias y procesos judiciales (coautor): ˗ La CPI reporta 16 condenas por asesinato, secuestro,
toma de rehenes, desplazamiento forzoso y reclutamien-to de niños entre 2003 y 2010, con sentencias entre 13 y 40 años.
˗ Las autoridades colombianas reportan que tiene 200 procesos judiciales por diversos delitos, 112 órdenes de captura, 59 medidas de aseguramiento y 23 sentencias con 760 años de prisión.
˗ Tiene Circular Roja de Interpol. ˗ El 24 de junio de 2013 fue condenado a cuarenta años de
prisión por el atentado contra una embarcación que via-jaba por el río Ariari, a la altura del municipio de Puerto Rico, meta. Murieron dos soldados y un civil y su hijo.
˗ El 11 de septiembre de 2013 fue condenado a 31 años por el atentado en el hotel Acapulco, de Puerto Rico, Meta, en el que murieron una vendedora de frutas, dos menores de edad, un oficial y dos soldados. Resultaron 23 personas heridas.
˗ El 9 de octubre de 2013 fue condenado a cuarenta años de cárcel por un atentado con una bicicleta bomba con-tra una estación de Policía, en Bogotá, en el que murieron una niña, su mamá y cuatro policías.
˗ El 12 de enero de 2012 fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato del obispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino. La sentencia incluye el pago de una multa de $1.000 millones a favor de la familia del jerarca.
˗ El 10 de febrero 2012 es acusado por la Fiscalía por la ex-plosión de un carro bomba cerca de un puesto militar en Vistahermosa, Meta, en el que hubo un muerto y un herido.
˗ El 23 de febrero de 2012 fue condenado a 34 años por la toma del municipio de Gigante, en la que hubo tres muer-tos, un herido y un secuestrado.
˗ El 27 de marzo de 2012 fue acusado por la Fiscalía de reclutamiento ilícito de dos jóvenes.
˗ El 16 de julio de 2012 fue condenado a cuarenta años por el ataque al municipio de Miraflores, Guaviare. Destruyeron la base del Ejército, la sede de la Policía, el hospital y hasta la iglesia. Murieron 19 personas, de las cuales 16 eran militares. Secuestraron a 129 militares y policías.
˗ El 10 de agosto de 2011 fue condenado a cuarenta años
3Edición 545
de prisión por la toma del municipio de Mitú, en la que más de mil guerrilleros dejaron un saldo de 43 muertos y 61 policías secuestrados.
˗ El 6 de diciembre de 2011 fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el secuestro, en 2001, de la congre-sista Consuelo González.
˗ El 6 de enero de 2010 la Fiscalía acusó a cinco cabeci-llas de las Farc, por el ataque al municipio de Colombia, Huila, en julio de 2000. Hubo cinco muertos, durante un ataque en el que utilizaron cilindro bomba.
˗ El 18 de febrero de 2010 fue condenado a diez años por tentativa de terrorismo y rebelión. Obligaron a una per-sona a llevar una volqueta cargada con explosivos hasta el frente de la Alcaldía de Vistahermosa, Meta. Una per-sona murió y otra quedó herida.
˗ El 10 de marzo de 2010 fue condenado a cuarenta años de prisión por el asesinato de cinco militares en zona rural de La Uribe, Meta. Los emboscaron y al buscar la salida cayeron en un campo minado.
˗ El 16 de abril de 2010 fue emitida una resolución de acusación por el secuestro extorsivo del periodista ‘La Chiva’ Cortés.
˗ El 27 de mayo de 2010 se emitió resolución de acusación por el secuestro de una joven universitaria en Bogotá.
˗ El 3 de agosto de 2010 fue condenado a cuarenta años de prisión por homicidio agravado y lesiones persona-les durante hostigamientos en la vía Bogotá-Choachí y retenes en el municipio de Silvania. Murieron cinco policías y un civil).
˗ El 14 de julio de 2009 fue condenado a cuarenta años de prisión por la masacre de Tierralta, Córdoba, cuan-do doscientos guerrilleros entraron a tres veredas y mataron a 22 personas por ser presuntos auxiliadores de grupos de autodefensas.
˗ El 27 de octubre de 2009 fue condenado a cuarenta años de prisión por la masacre de Puerto Rico, Caquetá, en la que murieron siete personas.
Homicidios y heridos (en los casos reseñados): 135 muertos y 29 heridos (endilgados en proceso penal).Secuestros: 194 secuestrados (endilgados en proceso penal).Recompensas: - US$5 millones ($10.000 millones) ofrece el gobierno de Estados Unidos. ˗ $5.000 millones ofrece por él el Gobierno de Colombia
Milton de Jesús Toncel Redondo‘Joaquín Gómez’Nació el 18 de marzo de 1947 en Barrancas, La Guajira. Es inge-niero agrícola, con estudios en la Unión Soviética. Es ideólogo político, estratega militar y al parecer maneja las relaciones con los grupos narcotraficantes. Tomó el lugar del abatido alias ‘Raúl Reyes’. Con ‘Fabián Ramírez’ creó el Bloque Sur. Ha participado en duros golpes como la toma de Las Delicias, en Putumayo y del Cerro Patascoy. Fue negociador durante el proceso de paz en el gobierno de Andrés Pastrana Arango.Sentencias y procesos judiciales (coautor): ˗ Según la CPI, tiene nueve condenas por asesinato, se-
cuestro, desplazamiento forzoso y reclutamiento de niños entre 2003 y 2010, con sentencias entre 13 y 40 años.
˗ Autoridades colombianas dan cuenta de noventa pro-cesos judiciales en su contra, 55 órdenes de captura, 22 medidas de aseguramiento y nueve sentencias con 333 años de cárcel.
˗ El 31 de diciembre de 2013 se le dictó medida de ase-guramiento, sin beneficio de excarcelación, por el homi-cidio del concejal de San Vicente del Caguán, Miller Polanco Macías.
˗ El 23 de febrero de 2012 fue condenado a 34 años por la toma del municipio de Gigante, en la que hubo tres muer-tos, un herido y un secuestrado.
˗ El 6 de diciembre de 2011 fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el secuestro, en 2001, de la congre-sista Consuelo González.
˗ El 15 de julio de 2010 se profirió resolución de acusación por el plagio del geólogo Gerardo Alberto Aranda Valentín.
˗ El 27 de octubre de 2009 fue condenado a cuarenta años de prisión por la masacre de Puerto Rico, Caquetá, en la que murieron siete personas.
˗ El 30 de noviembre de 2010, la Fiscalía lo acusa del se-cuestro de tres estadounidenses que trabajaban para el Plan Colombia, hechos en los que murió el sargento Luis Alcidez Cruz.
Homicidios y heridos (en los casos reseñados): 12 muertos (endilgados en proceso penal).Secuestros: seis secuestrados (endilgados en proceso penal).Recompensas: US$2,5 millones ($5.000 millones) ofrece por él el gobierno de Estados Unidos. ˗ $5.000 millones ofrece por él el Gobierno de Colombia
Luis Antonio Lozada Gallo‘Carlos Antonio Lozada’
Nació en 1961. Fue pupilo del ‘Mono Jojoy’ en acciones te-rroristas urbanas y rurales. Realizó estudios en la Unión Soviética y militó en la Juventud Comunista (Juco). Es el se-gundo jefe del Bloque Oriental de las Farc y dirige los coman-dos urbanos insurgentes reunidos en la columna Antonio Nariño. Participó en las negociaciones de paz del Caguán. Promovió la creación del Partido Comunista Clandestino Colombiano, brazo político de las Farc en las zonas urbanas.Sentencias y procesos judiciales (coautor): ˗ Las autoridades reportan dos procesos judiciales en su
contra y dos órdenes de captura. ˗ La Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía
le expidió una orden de captura por homicidio agravado con fines terroristas, secuestro extorsivo y rebelión, por hechos del 17 de marzo de 2000.
˗ La Fiscalía 13 de la Unidad Seccional de Fiscalías de Caquetá le expidió orden de captura por desplazamiento forzado, desaparición, homicidio agravado y concierto para delinquir, por hechos del 13 de marzo de 2001.
˗ Para la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), es res-ponsable de la producción y tráfico de cocaína de las Farc.
˗ Masacres y tomas a poblaciones: ˗ Se le atribuye el atentado al Palacio de Nariño, el 7 de
agosto de 2002, durante la posesión de Álvaro Uribe Vélez, que dejó 23 muertos y 56 heridos en diferentes ataques.
˗ Se le sindica como responsable de un carro bomba que le pusieron a la Escuela Superior de Guerra en 2006, que dejó 23 heridos. De atentados en Putumayo, Caquetá y Arauca, con más de veinte miembros de la Fuerza Pública muertos.
˗ Dos atentados contra Germán Vargas Lleras, actual Vicepresidente de la República, que dejaron siete heridos.
˗ La activación de una bicicleta-bomba en una sede poli-cial del barrio Fátima, en Bogotá, en 2002, que dejó cinco muertos y 14 lesionados.
Homicidios y heridos (en los casos reseñados): 48 muertos y cien heridos.Recompensas: US$2,5 millones ($5.000 millones) ofrece por él el gobierno de Estados Unidos. ˗ $5.000 millones ofrece por él el gobierno de Colombia.
Jorge Torres Victoria‘Pablo Catatumbo’Oriunto de Cali, tiene 64 años y es cabecilla del Comando Conjunto de Occidente. Al parecer se inició en la subversión en las filas del M-19, tras formarse en el Partido Comunista. Ya con las Farc, participó en los fallidos diálogos de paz de México. Ahora también funge como negociador en La Habana.Sentencias y procesos judiciales (coautor): ˗ Según las autoridades, hay en su contra 70 procesos ju-
diciales, 51 órdenes de captura, 16 medidas de asegura-miento y 3 sentencias con 84 años de prisión. En otras fuentes aparece con 4 sentencias y un castigo de 130 años.
˗ Sentencia de 34 años y 6 meses de cárcel por la toma de Gigante, Huila (03/12/99).
˗ Sentencia de 25 años por homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino, en Cali, (16/3/02), en el que quedó heri-do el sacerdote Joaquín Cortés.
˗ Sentenciado a cuarenta años por la masacre de siete per-sonas en Puerto Rico, Caquetá (29/12/2000).
˗ Sentenciado a 31 años por ataque explosivo en Puerto Rico, Caquetá (20/2/05), que dejó seis muertos y 25 he-ridos.
˗ La Fiscalía ha expedido 52 órdenes de captura a través de diferentes despachos, por concierto para delinquir, rebelión, tráfico de armas, homicidio, secuestro, reclu-tamiento ilícito, desaparición forzada, terrorismo, daño en bien ajeno, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, violación de inmunidad diplomática, apodera-miento de medios de transporte colectivo y destrucción de bienes protegidos.
˗ Según la Corte Penal Internacional (informe de noviem-bre de 2012), “condenado a 40 y 57 años por asesinatos, secuestros y homicidios cometidos en febrero de 2003 y febrero y diciembre de 2005”.
˗ Deudas con víctimas: $1.000 millones a la familia de monseñor Isaías Duarte Cancino por daños morales; y 2.151,3 salarios mínimos por ataque explosivo a Puerto Rico (Caquetá).
˗ Acusado de narcotráfico en Estados Unidos. ˗ Incluido en la Lista Clinton.
Masacres y tomas a poblaciones: ˗ Toma de Gigante (Huila): tres civiles muertos (un ca-
marógrafo), ocho heridos, un comerciante de café se-cuestrado. Destrucción de edificios con cilindros bomba.
˗ Masacre de Puerto Rico (Caquetá): asesinados a bala, cuando viajaban en vehículos, el congresista Diego Turbay Cote, Inés Cote de Turbay, el arquitecto Jaime Peña Cabrera, los escoltas Edwin Angarita Alarcón y Mail Bejarano Martínez, el civil Dagoberto Samboní Uni y el conductor Rafael Ocasiones Llanos.
˗ Ataque explosivo en Puerto Rico (Caquetá): una carga explosiva estalló en el hotel Acapulco al paso del Ejército. Murieron dos menores, un civil y tres soldados. Quedaron heridos once soldados y 14 civiles. Hubo destrozos en el centro de salud y diez casas vecinas.
Homicidios y heridos (en los casos reseñados): al menos 17 muertos y 34 heridos (comprobados en proceso penal).Secuestros: uno. (Comprobado en proceso penal).Recompensas: ˗ Figura en el cartel de los 20 terroristas más buscados,
con $5.000 millones. ˗ El DAS llegó a ofrecer por él $1.700 millones. ˗ El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece
US2.5 millones.
Félix Antonio Muñoz Lascarro‘Pastor Alape’ o ‘José Lisandro Lascarro’Natural de Puerto Berrío (Antioquia), tiene 55 años y es cabe-cilla del bloque Magdalena Medio. Es uno de los integrantes más nuevos del Secretariado, al cual llegó tras la muerte del ‘Mono Jojoy’ en 2010. Dentro de ese grupo ha sido cabecilla de frente, jefe de seguridad e instructor de escuelas de for-mación subversiva.Sentencias y procesos judiciales: ˗ En registros policiales aparece con once procesos judi-
ciales en marcha y tres medidas de aseguramiento. ˗ Diferentes despachos de la Fiscalía han expedido siete
órdenes de captura por hechos perpetrados entre 1991 y 2003. Los delitos imputados son: rebelión, homicidio agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada, ter-rorismo y concierto para delinquir.
˗ En su contra hay dos medidas de aseguramiento por re-clutamiento ilícito y desaparición forzada (2010) y por homicidio y secuestro extorsivo (2006).
˗ Investigado por reclutamiento ilícito de menores y mujeres en Antioquia, Santander y sur de Bolívar (según la Policía).
˗ Acusado de narcotráfico en Estados Unidos (marzo de 2006). La acusación señala que no solo promueve el trá-fico de drogas, sino que ordenó el asesinato de campesi-nos que vendían pasta de coca a las Auc y de “cientos de personas que interferían o violaban las políticas de nar-cotráfico de las Farc”.
˗ Incluido en Lista Clinton (septiembre de 2006).Recompensas: ˗ Figura en el cartel de los 20 terroristas más buscados,
con $5.000 millones. ˗ El DAS llegó a ofrecer por él $1.700 millones. ˗ Deudas con víctimas: ˗ El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece
US2.5 millones.
Jaime Alberto Parra Rodríguez‘El Médico’, ‘Mauricio Jaramillo’ o ‘Wilson Valderrama Cano’Oriundo de Líbano, Tolima, es el máximo cabecilla del bloque Oriental, graduado de Medicina en la Universidad Nacional, fue médico personal de ‘Tirofijo’. Se convirtió en miembro del Secretariado en marzo de 2008, en sustitución del abatido alias ‘Iván Ríos’. Según un informe de la Policía “es reconocido en las Farc por liderar los hospitales móviles en medio de las selvas, donde se realizaba formación médica y el saneamiento para guerrilleros”.Sentencias y procesos judiciales: ˗ En su contra hay dos órdenes de captura vigentes. ˗ Acusado de homicidio, secuestro, terrorismo y rebelión
por la toma a Miraflores, Guaviare (03/8/98). ˗ Investigado por ataques a Mitú (Vaupés) en 1998 y to-
mas de Puerto Rico y Puerto Lleras en Meta (1999). ˗ La Unidad Nacional de la Fiscalía contra el Terrorismo
ordenó su captura por rebelión. ˗ La Dirección de Fiscalías de Derechos Humanos ordenó
su captura en 2012 por homicidio agravado, secuestro extorsivo, rebelión y concierto para delinquir, por hechos del 27 de abril de 2006.
˗ Según la Corte Penal Internacional tiene una “actuación en curso por presuntos secuestros cometidos en febrero de 2013”.
˗ Tiene una Circular Azul de Interpol.Masacres y tomas a poblaciones: ˗ Masacre de Miraflores (Guaviare): durante tres días,
1.500 guerrilleros arrasaron el pueblo, hubo 19 muertos (16 militares y 3 civiles) y el secuestro de 129 uniforma-dos (75 militares y 54 policías). Destruidas la base mili-tar, la estación de Policía, la iglesia y el hospital.Homicidios y heridos (en los casos reseñados): 19 (endil-gados en proceso penal).Secuestros: 129 (endilgados en proceso penal).
Recompensas: ˗ Figuraba en cartel de DAS con $190 millones de recom-
pensa.* Fuentes: El Colombiano, Fiscalía, Policía, Mindefensa, CPI, depar-tamento de Estado, del Tesoro y Justicia de Estados Unidos, DEA y organismos de inteligencia.
4 Anexo Diciembre 2014
Las Farc no tienen superioridad militar ni moral, pero aún pueden golpear
John Marulanda/elcolombiano/25 de noviembre de 2014
Lo más dramático de todo esto es el desánimo, que conduce al desinterés, de las Fuerzas Militares, que facili-tan estas acciones de las Farc. Este desánimo se deriva por el descon-cierto que generan los comporta-mientos del jefe supremo, y por el silencio de los mandos de las fuerzas.
En el campo táctico hay que examinar los posibles fallos de inteligencia, pues se sabe la for-taleza de las Farc en esa región del Pacífico. Mirar si hubo fallos de dispositivo y coordinación, o falta de liderazgo del mando.
Lo que se demuestra es que
las Farc, con su capacidad mili-tar corrompida y desmembrada, aún pueden realizar acciones inéditas como el asalto a Gorgona y el secuestro de un general del Ejército. Las Farc no tienen su-perioridad militar ni en el cam-po material ni mucho menos en
el moral. Pero la superioridad moral de la institucionalidad colombiana, con estos hechos, se está viendo mermada.
La que se puede formar en-tre la opinión pública puede resultar altamente adverso para lo que está sucediendo
en La Habana. Las Farc apro-vechan todas las gabelas que se les den. Aparte de los hechos del Pacífico y del Chocó (el se-cuestro del general Alzate) es-tán reforzando su presencia en Huila y Tolima, resurgen en el que fue su santuario.
Pase lo que pase, el proceso de La Habana ya no será el mismo
Juanita León, Juan Esteban Lewin (coautor)/lasi l lavacia.com/18 de noviembre de 2014
La decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender los diálogos de paz hasta que las Farc liberen al general Alzate y las demás personas secuestra-das con él rompe uno de los principios que había dominado el proceso de paz hasta ahora. Al hacerlo, la dinámica de las negociaciones puede cambiar drásticamente y no necesaria-mente para bien.
En el Acuerdo Marco nego-ciado entre el Alto Comisionado Sergio Jaramillo y el jefe gue-rrillero ‘El Médico’ quedó es-tipulado que, dado que nego-ciarían en medio del conflicto, nada de lo que sucediera en el campo de batalla afectaría la ne-gociación en La Habana. De esta manera aspiraban a evitar que los hechos de la guerra alter-aran el curso de la negociación de paz.
Por eso, ni siquiera la muerte de ‘Alfonso Cano’ -máximo líder de esa guerrilla- dado de baja en un bombardeo en el Cauca, cuando las negociacio-nes aún no se habían hecho públicas, truncó las conver-saciones. Tampoco cuando las Farc mataron a nueve militares en Paraguachón (La Guajira) en febrero de 2013, ni cuando el Ejército dio de baja a alias ‘Caliche’ en mayo de 2013.
¿Qué cambió ahora para que el secuestro del general y sus acompañantes sí provocara la suspensión?
La delegación de las Farc en La Habana habló dos ve-ces. Primero dijo que no sabía si tenían al General y luego, después de que el Bloque Iván Ríos confirmó que sí, salió a ex-plicar que esperan resolver la situación pronto, sin compro-meterse a entregarlo.
Juan Manuel Santos se reu-nió con el equipo negociador
del Gobierno, cuando ya había anunciado la suspensión de los diálogos.
Según lo que pudo averiguar La Silla, dos factores grandes pesaron en la decisión de acabar con ese principio.
El primero es que llevaban semanas discutiendo en la mesa de La Habana con los guerrille-ros de las Farc medidas concre-tas para destrabar el conflicto. Ya estaban muy de cerca de lle-gar a un acuerdo para que las Farc se comprometieran a sus-pender todos los ataques a la infraestructura como un primer paso en ese destrabamiento.
El Presidente consideró que el que este secuestro sucediera justo en medio de esa discusión ponía en duda la seriedad de lo que estaban discutiendo, según dijo a La Silla una fuente del alto gobierno.
Sobre todo porque una de las condiciones que existió para en-trar a negociar es que las Farc se comprometieran públicamente a suspender el secuestro.
De hecho, en febrero de 2012 la guerrilla anunció que proscribía como práctica de la guerrilla el secuestro extorsivo justo cuando también anunció su interés de dialogar con el Gobierno.
Lo sucedido este fin de se-mana técnicamente no clasifi-caría dentro de este delito pues no han pedido ningún rescate a cambio, pero políticamente da igual porque para la opinión pública un secuestro es un se-cuestro.
“La opinión pública no ha visto nada de ellos, ningún ges-to. El único compromiso es que no secuestraban”, dijo la misma fuente.
La desconfianza que esto genera en la opinión pública (y que no se ha compensado
de forma sustancial por las dos treguas navideñas de las Farc) fue uno de los factores que al parecer tomó en cuenta Santos para pedirle a los negociadores que no viajaran a La Habana hasta que los liberaran.
“Hay que ser claros: aunque estamos negociando en medio del conflicto, las Farc tienen que entender que a la paz no se llega recrudeciendo las acciones vio-lentas y minando la confianza. La muerte de los indígenas en Toribío, Cauca, es solo un ejem-plo. El secuestro ayer en Chocó del general Alzate, de un subofi-cial y una abogada, que se une al de dos de nuestros soldados en Arauca, son actos que en nada ayudan a avanzar hacia la paz”, puntualizó.
Hay otra razón, quizás más inmediata y poderosa, que se-guramente ayudó a apuntalar la decisión y es el impacto que produjo la noticia de la reten-ción entre los militares.
Según le dijo a La Silla al-guien que conoce muy bien a los militares, aunque no hubo una amenaza de renuncia masiva ni ruido de sables –como se ha rumorado en ciertos círculos- si hubo un “conato fuerte de oposición”.
“El grupo más anti-proceso de los militares estaba movien-do a otra gente para decir que el proceso se tenía que acabar”, dijo la fuente y contó que re-cibió varias cadenas de chat en ese sentido. “Entre más se de-more la devolución del general, más fuerza ganarán los milita-res anti-proceso”.
La Silla no pudo verificar esta información con otra fuente pero no deja de ser diciente que el presidente Santos haya anun-ciado la decisión de suspender el proceso el domingo por la noche, tras su reunión con los
militares y desde el Ministerio de Defensa, e incluso antes de reunirse con su equipo negocia-dor de paz el lunes festivo.
Como ha contado La Silla, dentro de un sector grande del Ejército existe un fuerte males-tar con el proceso de paz y el secuestro de un general es otro detonante más para convencerlos de que las Farc no son sinceras en su propósito de negociar.
El temor a que esto pusiera a los militares más en contra de Santos y del proceso, y se-guramente que el expresidente Álvaro Uribe lo capitalizara políticamente, podría explicar por qué Santos -en vez de mane-jarlo discretamente como ha manejado otros incidentes que han ocurrido en la mesa- haya optado por el emplazamiento público suspendiendo también el principio de separación entre la mesa y el campo de batalla.A futuro
El problema de haber roto esta separación entre la mesa de diálogo y el campo de batalla es que puede suceder lo que ocu-rrió en el proceso de El Caguán y es que los negociadores gastan más tiempo en el micrófono denunciando los abusos de la guerrilla (que son muchos y permanentes) que encontrando las fórmulas para ponerle fin a la guerra.
Esto genera rating porque los “machos” siempre son bienveni-dos, pero termina desgastando la negociación y en muchos casos acabando con ella como sucedió en las negociaciones de Caracas y Tlaxcala durante el gobierno Gaviria, y en el mismo Caguán.
Después de esta suspensión no será fácil para el Gobierno no reaccionar con la misma con-tundencia cuando las Farc reali-cen otras acciones, porque que-
da en el aire la sensación de que hay una desigualdad, como ya se ha notado con críticas sobre por qué no se suspendió el pro-ceso cuando las Farc asesinaron a dos indígenas en el Cauca.
Además, la suspensión abre la puerta para las Farc tomen decisiones similares, que obs-truyan el proceso, si son gol-peadas por el Ejército.
También es problemático que haya decidido suspenderlo cuando retienen a un general, algo que podría ser legítimo según el Derecho Internacional Humanitario como parte de las reglas de la guerra (sin menoscabar su crueldad) porque se trata de un comba-tiente, y que no lo haya hecho cuando mataron a dos indíge-nas o cuando secuestraron a dos soldados en Arauca la se-mana pasada, por solo citar dos casos.
“Al darle tanta relevancia la gente está pensando en las Farc no como los que atentan contra civiles como en Tumaco, sino como los que hacen acciones militares contra un General”, dice un exconsejero presiden-cial de Derechos Humanos. “Además, deja lo del cese de hostilidades, algo que quieren las Farc, sobre el tapete”.
Desde un principio de la ne-gociación, la guerrilla ha insisti-do en un cese bilateral de fuego y el gobierno ha dicho que no precisamente porque cree que eso le podría representar venta-jas militares a la guerrilla.
Al suspender el proceso por un acto propio que podría ser propio de la guerra, como es capturar a un enemigo (el caso de la abogada sí es una clara violación al DIH pero no es so-bre ella que Santos ha hecho énfasis para la suspensión), el Presidente sitúa el debate en el terreno donde las Farc han querido tenerlo siempre.
Es posible que, con la pre-sión nacional y la internacional, las Farc liberen al General y a sus acompañantes pronto (hoy talvez estén ya libres). Pero aun así, la negociación ya no volverá a ser la misma.
5Edición 545
La ‘retención’ del GeneralRafael Nieto Loaiza/elcolombiano/23 de noviembre de 2014
Conozco al general Alzate. No solo es un oficial serio sino tiene especial sensibilidad por los factores sociales que alimentan el conflicto y sobre los cuales medra la guerrilla para conse-guir apoyo. En las zonas de gue-rrilla no basta con la presencia armada. Para triunfar hay que ganarse el corazón de la gente. Supongo que fueron esas las ra-zones por las que fue designado como comandante de la fuerza de tarea que opera en el Chocó.
Ahora bien, el daño institu-cional que provoca su secuestro es enorme. No cabe duda de que este episodio destruye su carrera. No hay manera de que siga ade-lante. Su acción de ir de civil y sin escolta a la boca del lobo es inex-plicable. Excepto que haya una razón muy poderosa que no co-nocemos y que tras su liberación la cuente abiertamente. Ojalá.
Pero el episodio muestra otras
realidades. La obvia: a pesar de su compromiso expreso de no secuestrar, las Farc siguen ha-ciéndolo cada vez que pueden. Y no distinguen militares de civiles. Van 59 secuestros reportados desde hace dos años. La palabra de las Farc no vale un pimiento.
Hay quien ha dicho que el se-cuestro no es culpa de la orga-nización, sino solo del frente. El argumento es falso, entre otras razones porque las Farc se pre-cian de ser un grupo unificado y con mando centralizado y férreo y porque el jefe de esa cuadrilla hace parte del centenar de cabe-cillas que se encuentra en Cuba. En cualquier caso, la argumen-tación de que hay frentes que operan libres, sin control de la cúpula guerrillera, es peor. En ese caso ¿a quién representan los de La Habana?
Si la palabra de las Farc no vale nada, la de Santos da pena
ajena. El trino que hizo después de conocido el secuestro es de pagar escondedero. Por mucho que haya sido imprudente el general Alzate, quienes deben dar explicaciones son las Farc y no el Ministro de Defensa ni el Comandante de las FF.MM., a quienes Santos culpó y a quienes en todo caso habría que reprender en privado, si fuere el caso, y no en las redes sociales. Santos refleja su fuero íntimo: las culpables son las Fuerzas Armadas y la víctima, no los vic-timarios, sobre quienes no dijo ni una sola palabra hasta que, es posible imaginarlo, fue encara-do por los militares en la cum-bre tras el episodio. Cuando co-rrigió ya el daño estaba hecho.
Y si el trino es color castaño, la cosa se pone muy oscura cuan-do la Casa de Nariño solo reac-ciona frente al secuestro de un general, pero se queda impávida
ante los secuestros anteriores, los dos soldados incluidos. En verdad, ya lo había dicho Santos antes: solo un acto violento con-tra alguien “importante” podría afectar el proceso. La vida y la libertad de los civiles y de los soldaditos y policías no valen ni la esquela de sus obituarios.
Por último, y de nuevo, desconcierta la Fiscalía. Abre in-vestigación por “retenciones in-debidas”, no por secuestro. Pero no cabe duda de que fue un se-cuestro. Sigue siéndolo cuando escribo, tarde del viernes. El eu-femismo de la “retención”, que después copió el Presidente, es inaceptable. Quizás en la Fiscalía aleguen que el DIH no prohíbe la captura de comba-tientes enemigos. Es verdad. Sin embargo, para empezar, la señora Urrego, a quien también se llevaron, es civil. Y en todo caso el Derecho Internacional
Humanitario (DIH) aplicable dice expresamente que sus normas no pueden usarse para menoscabar el deber que les corresponde a los Estados de establecer orden en su territo-rio y aplicar sus leyes.
En términos sencillos, el DIH acepta la muerte en combate y la captura del enemigo, pero también que tales hechos sean un homicidio y un secuestro a la luz del derecho interno. ¿Será que la Fiscalía en adelante dirá que los asesinatos de soldados y militares por las Farc son ac-tos legítimos de guerra y por tanto no pueden penarse? ¿Les dará tratamiento de “bajas en combate”? Los mismos actos, posibles a la luz del DIH, son legítimos y lícitos para el Estado y un delito para la guerrilla. No, no estamos frente a una “reten-ción”. ¡Lo de Alzate y sus acom-pañantes es un secuestro!
¿Un ejército de rodillas?
Plinio Apuleyo Mendoza/eltiempo.com-opinión/ 23 de octubre de 2014
El pasado domingo se cumplie-ron los dos primeros años de los diálogos en La Habana en-tre las Farc y el Gobierno. La prensa reconoce que en esta larga búsqueda de una paz sos-tenible hace falta generar con-fianza en la ciudadanía. Supongo que para ello se ha lanzado a los cuatros vientos el máximo em-blema de ‘Soy capaz’. ¿Capaz de qué?, nos preguntamos muchos. ¿De aceptar lo inaceptable? De pronto.
No, no se trata, como lo ase-gura la propaganda oficial, de elegir entre la paz y la guerra, sino de ver las atrevidas im-plicaciones que supone cada acuerdo. El otro día, escuchando a Fernando Londoño en La hora de la verdad, me sorprendió
su análisis de las once nuevas instituciones convenidas con las Farc y dadas a conocer re-cientemente. Los rótulos que llevan parecen inofensivos: un consejo para la reconciliación y la convivencia, veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, consejos terri-toriales, un sistema especial de alertas tempranas y otras más de similar perfil. Londoño nos muestra cómo terminan dibu-jando un nuevo orden institu-cional que va a darles a las Farc un real poder a lo largo y ancho del país.
A estas conquistas se suma la más grande que han logrado. Tiene que ver con la guerra jurídica encaminada a poner de rodillas a nuestras Fuerzas
Armadas. Pero el primer gran golpe dado contra ellas no lo dieron las Farc sino –quién iba a pensarlo– el acuerdo suscrito por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, y el fis-cal Mario Iguarán, acuerdo que puso fin al fuero militar. Se bus-caba con ello dar en el exterior una imagen de transparencia, teniendo en cuenta la mala repu-tación difundida por conocidas ONG sobre la justicia militar en nuestros países.
Nunca nadie llegó a imaginar que los duros golpes dados a la guerrilla bajo el gobierno de Uribe iban a provocar que las Farc pusieran en marcha con inquietante éxito su guerra ju-rídica.
Dentro de este nuevo esce-
nario, la Ley de Justicia y Paz, que concedía beneficios y penas alternativas a guerrilleros y ‘pa-ras’ a condición de que confesa-ran sus delitos y denunciaran a sus cómplices, iba a convertirse en la mejor arma para crimi-nalizar al Ejército. En efecto, por causa de los falsos testigos buscados y pagados por agentes de la subversión, los mejores y más exitosos militares en la lu-cha contra la guerrilla fueron objeto de amañados procesos y abrumadoras condenas.
Como bien lo escribe el coro-nel Hernán Mejía Gutiérrez, la imposición desproporcionada de prisión con penas de 40 o 60 años por operaciones milita-res, ignorando las pruebas y la doctrina de guerra, sumada al abandono institucional para su defensa, han minado definitiva-mente el espíritu y la moral de las tropas.
Hoy día, muchos colombia-nos desconocen una pavorosa
realidad: más de 15.000 milita-res permanecen detenidos en centros de reclusión por obra de una Fiscalía parcializada que anula para ellos la presunción de inocencia y termina convirtien-do operaciones de guerra, que en cualquier parte del mundo son del resorte exclusivo de la justicia penal militar, en con-ductas violatorias del Derecho Internacional Humanitario.
Por cierto, las altas penas que se han impuesto a oficiales como Uscátegui, Del Río, Arias Cabrales, Plazas Vega, Mejía Gutiérrez y muchos otros más tienen como propósito ponerlas en pie de igualdad con las que se han dictado contra los coman-dantes guerrilleros, a fin de que en un proceso de justicia tran-sicional militares y terroristas sean vistos como responsables de las mismas culpas y obten-gan iguales beneficios.
¿De qué puede servirnos te-ner un Ejército de rodillas cuan-do concluyan estos azarosos y secretos diálogos de La Habana, cuyo real desenlace descono-cemos?
Vergüenza patrióticaEucario Bermúdez/caracol1260.com/2 de diciembre de 2014
Ahora el General secuestrado es el que debe rendir cuen-tas y no sus secuestradores. ¡Qué vergüenza!
Produce dolor de patria pen-sar que ahora un secuestrado de la calidad moral y dignidad de un general de la república como Rubén Darío Alzate, es quien debe rendir cuentas por el cau-tiverio al que fue sometido por las Farc. Es decir, que ahora los
culpables de semejante delito son los secuestrados y no los se-cuestradores.
¡Qué vergüenza! Y que eso lo diga el propio Presidente de la República es más ver-gonzoso aún. El general Alzate se arriesgó de civil para al-canzar una meta de paz, de orden social, de progreso, de tranquilidad para una convul-sionada región del Choco co-
lombiano y cayó en las garras de los asesinos de la guerrilla narco terrorista que hoy tiene las riendas en La Habana de un proceso de paz que huele a muerte porque sus protago-nistas siguen imponiendo la ley del monte, secuestrando en las peores condiciones a nuestros compatriotas, asesi-nando soldados, policías y civi-les, destruyendo la riqueza na-
cional y enriqueciéndose con el sucio negocio del narcotráfico.
El general Alzate fue ve-jado, esposado, amarrado a un árbol, sometido a abrazar y sonreír a un asesino como el tenebroso guerrillero de ape-llido ‘Alape’, quien como Pedro por su casa salió de La Habana en vuelo expreso y fue a las montañas a montar el escenario al que también tuvo que some-terse el respetable general, au-tor de mil batallas en defensa de la dignidad de las Fuerzas
Militares, de sus soldados y de la patria.
Y ahora el valeroso militar tiene que rendir cuentas de su secuestro, mientras los gue-rrilleros siguen disfrutando de las bondades de sus jefes, los Castro, en La Habana y de las de-bilidades de un gobierno que cava su tumba con semejantes desatinos. No hay derecho que se permita semejante ofensa a las gloriosas Fuerzas Militares de Colombia. Causa dolor de pa-tria y vergüenza.
6 Anexo Diciembre 2014
Leyendo el Acuerdo General…Fernando Cepeda Ulloa/elpais.com.co/29 de noviembre de 2014
Como estamos en vísperas, según lo ha anunciado el Comandante de las Farc de unas nuevas consideraciones con respecto a las conversaciones en La Habana, conviene hacer algunos comentarios sobre la naturaleza del Acuerdo General que ha llevado a este proceso de paz, que tiene, aparte de las con-versaciones secretas y de la ex-ploratoria, dos grandes etapas: la de la firma de un Acuerdo General para la terminación del conflicto, es lo que se conversa en La Habana; y, luego, la cons-trucción de una paz estable y duradera, que puede tomar en-tre diez y quince años, según los propios voceros del Gobierno.
En primer lugar no se pactó fecha límite para esas conver-
saciones. Con claridad, se dice que su duración –no su termi-nación- estará sujeta a evalua-ciones periódicas. Mayor o menor progreso en los avan-ces irá indicando cuál sería la mayor o menor duración de las conversaciones y en el mismo punto III, con insistencia, se habla de un pronto acuerdo (en ninguna parte se habla de negociaciones). Y se dice tam-bién en forma contundente, que éstas serán “directas e ininte-rrumpidas”. Por eso el Gobierno no las interrumpió, tan solo las suspendió. La semántica está ju-gando un papel muy importante en este proceso.
No sobra mostrar cómo la dinámica de estos dos años ha ido ajustando el texto del
Acuerdo. Ya la fecha acordada en el punto II, para instalar las conversaciones, sufrió un cambio.
En el punto IV se dice que los gobiernos de Venezuela y Chile son “acompañantes”. Se bus-caba un equilibrio: Venezuela un gobierno de izquierda, Chile un gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera. El régimen político de Chile cambió; la iz-quierda retornó al poder y el equilibrio buscado desapareció. Con todo, el proceso ganó la ex-periencia y el conocimiento de un auténtico dirigente político en Chile, que es Luis Mayra.
Se fijó un cupo para cada de-legación, hasta de 30 represen-tantes. Las Farc parecen haber copado esta opción.
Se había pactado el principio de confidencialidad, aunque no el secreto total que caracterizó los primeros dos años. Ese prin-cipio no excluía la presentación de informes periódicos conjun-tos ni una estrategia eficaz de difusión, pero hace varias se-manas se acordó publicar los borradores existentes, que no implican un acuerdo porque solamente cuando todo esté acordado, se podrá hablar en esos términos.
Realmente, la enorme ex-posición mediática de que han gozado las Farc ya ponía en tela de juicio la validez del principio de confidencialidad. La opinión pública no sabía a qué atenerse, si a los escuetos comunicados o informes periódicos o a los
planteamientos, en ocasiones radicales, de los voceros de las Farc. Ni todos los partidos políticos juntos, ni todos los congresistas, ni las universi-dades, ni los gremios, ni todos ellos en conjunto, han gozado durante estos dos años de la ex-posición mediática privilegiada que han recibido los voceros de esa guerrilla. Siempre he creído que esa dualidad, confiden-cialidad y exposición mediática exagerada, le hacía un daño al proceso ante la opinión pública.
Sea como fuere, está bien que se reexamine el funcionamiento de la Mesa después de dos años y se hagan los ajustes que la realidad, de hecho, ha venido haciendo. Sin duda, algunos correctivos son indispensables. Estaremos atentos. Lo impor-tante es que esta esperanza de paz no se debilite.
Perdonar las desapariciones forzadasHéctor Riveros/lasillavacia.com/29 de noviembre de 2014
La semana que viene habrá un gran debate sobre las respon-sabilidades relacionadas con los delitos ocurridos en el Palacio de Justicia hace ya casi treinta años. La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció (según dicen algunos medios, el comunicado no lo encontré en la página oficial) que ya ha tomado una decisión sobre el caso pendiente de 11 desapa-recidos y habrá réplicas a la declaración del Presidente Juan Manuel Santos, dada ante los ganaderos en Santa Marta en la tarde de ayer, en la que dijo que no permitirá que se repita la que considera una situación inaceptable que: “quien se tomó el Palacio terminó de Alcalde y quien lo defendió en la cárcel por 40 años”.
La sentencia condenará al Estado por las desapariciones. Es la condena que faltaba. En su propia defensa ante la Corte, el Estado –con la oposición de los militares- asumió parte de la responsabilidad. Las prue-bas son contundentes y la Corte Suprema de Justicia lo ratificó al confirmar la condena contra el general Arias Cabrales.
Las condenas al Estado han sido múltiples, una de ellas in-cluso fue interpuesta por el hoy Ministro de Justicia en su condición de víctima. Que los militares cometieron delitos en la “retoma” del Palacio no hay duda. Eso es lo que han dicho todos los tribunales donde el hecho se ha ventilado a lo largo de estas casi tres décadas.
La discusión no es entonces ésa. El debate es cuál es el trata-miento jurídico que se le debe dar a quienes cometieron deli-
tos mientras formaban parte de la fuerzas militares en una pers-pectiva de postconflicto.
La declaración presidencial provocará un acalorado debate. Supongo que el Presidente se refería a que los militares no deberían estar presos, no a que Petro no debería estar de Alcalde porque en muchos esce-narios ha defendido la posibili-dad de la participación política de los guerrilleros.
Para poner la discusión en su verdadera dimensión a la pregunta de si a los militares les vamos a dar el mismo trata-miento que a los guerrilleros, la respuesta es NO. Los milita-res están cumpliendo con su deber y esta sociedad les debe el reconocimiento de haber en-frentado un cruel conflicto du-rante más de 60 años. Ahora, a los delincuentes sí resultaría conveniente darles tratamientos similares. Los guerrilleros todos cometieron delitos y algunos miembros de la fuerza pública también lo hicieron.
Los de los primeros han sido crímenes horrendos, que han traspasado todas las líneas del derecho internacional humani-tario, sobre eso no hay mucho que insistir. Desgraciadamente miembros de las fuerzas es-tatales también han cometido crímenes sin nombre.
En el Palacio de Justicia desa-parecieron personas y segura-mente después las ejecutaron. Más de 3.500 jóvenes fueron asesinados por miembros de la fuerza pública en lo que se ha llamado “falsos positivos”. La pregunta correcta es entonces qué tratamiento damos a estos delincuentes que deshonraron a
las fuerzas militares y abusaron de la confianza que la sociedad depositó en ellos. La respuesta es compleja.
En estricto sentido jurídico no es lo mismo haber desapare-cido una persona que se encon-traba en el Palacio de Justicia en el momento de la toma y después asesinarla que retener ilegalmente a un joven con al-gún grado de incapacidad, lle-varlo forzadamente o mediante engaños, a algún lugar lejano donde después es asesinado y presentado como guerrillero. Los hechos se parecen pero no son iguales, pero éste no es el espacio para entrar en detalles.
El Presidente Santos cree que a los primeros hay que per-donarlos porque a los miem-bros del M 19 que se tomaron el Palacio de Justicia la sociedad les concedió indulto. De los res-ponsables de los otros delitos no ha dicho nada todavía.
El Coronel González del Río, quien ha aceptado haber partic-ipado en la comisión de “falsos positivos”, anunció que espera las reglas de justicia transi-cional que se convengan en La Habana para acogerse a ellas y por eso rechazo el acuerdo que le propuso la Fiscalía en el que le ofrecía rebajar hasta el 50 por ciento de la pena de 60 años que propone imponerle.
¿Los “falsos positivos” ten-drán justicia transicional? ¿Serían una especie de “delitos conexos” de los del conflicto?
La diferencia entre González del Rio y Plazas Vega es que el primero ha reconocido haber cometido delitos. Plazas insiste en presentarse como un héroe que defendía “la democracia
maestro”, teoría que parece haber aceptado el Presidente, quien insiste que “defendía” –no la democracia- pero al menos el Palacio.
No digo que González pue-da ser objeto de normas de justicia transicional, ni que los falsos positivos deban estar incluidos dentro de los delitos sobre los que se deban otorgar beneficios; digo que cualquier persona que haya cometido un delito mientras formaba parte de la fuerza pública, en el mar-co del conflicto armado, tendrá que decir la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
Plazas Vega ha aceptado que pudo haber delitos, aunque niega haberlos cometido él. Si quisiera beneficios jurídicos tendría que aceptar que par-ticipó en la comisión de delitos. El Estado tendría que reparar, pero el Presidente se negó a hacerlo cuando un Tribunal or-denó que se hiciera. Santos dijo que no pediría perdón sino que más bien ofrecía perdón al ex presidente Belisario Betancur y a los condenados mientras “defendían” el Palacio. La Corte Interamericana obligará a nue-vas reparaciones; ya veremos cómo reacciona el Presidente.
El tema es muy difícil desde el punto de vista jurídico, pero esa no era la perspectiva desde la que quería referirme en esta columna, sino la perspectiva política de la posición de los mili-tares con el actual proceso y con el Presidente Santos. La situa-ción parece agudizarse, pero ya esta columna no alcanza para preguntar si hay o no ruido de sables, en otra oportunidad será.
Amigo ACORADOEl periódico de ACORE es un medio de comunicación
de los Asociados y retirados de las Fuerzas Militares, donde se dan a conocer las opiniones y pensamientos de la Reserva Activa, sobre
hechos de interés nacional que nos afectan
directamente.
En ese contexto, para nosotros es muy
importante que los Asociados conozcan su opinión sobre diversos tópicos del acontecer
nacional, lo invitamos a que escriba para
nuestro periódico, es una forma de integración y
de comunicación.
Envíe sus artículos
a los correosperiodico@acore.org.co
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7Edición 545
Ni muerto lo respetanEl calvario de los papás del teniente coronel Elkin Hernández sigue intacto. En parte, por el desprecio del Estado.
Salud Hernández Mora/eltiempo.com/1 de diciembre de 2014
Si se llamaran Galán, Cepeda, Pizarro o Lara, sería distinto. Tendrían apoyos económicos, puestos, privilegios. Pero se apellidan Hernández y no son políticos. Tan solo padres de un policía que pasó secuestrado 13 de sus 35 años de vida.
El tormento del teniente coronel Elkin acabó de forma violenta el 26 de noviembre del 2011: los secuestradores lo acribillaron a balazos junto a sus tres compañeros de cautiverio cuando el Ejército intentó res-catarlos. Pero el calvario de sus papás sigue intacto. En parte, por el desprecio del Estado.
Aunque al lector le parezca una clamorosa injusticia, les de-negaron la pensión. La burocracia estatal ha determinado que son demasiado ricos para recibir el
dinero que les corresponde como únicos herederos de su hijo falle-cido, que no tuvo mujer ni retoños.
Poseen una casa en el sur de Bogotá en la que habilitaron dos pequeños apartamentos. Si les va bien, los arriendan por 350.000 pesos cada uno. Además, el matrimonio reúne un millón de pensión por los aportes que ambos realizaron en sus décadas de trabajo.
Doña Magdalena y su esposo tenían un taller de calzado con el que levantaron a sus tres hi-jos. Fue una mujer animosa, em-prendedora, alegre, feliz. Hasta que las Farc secuestraron al único hijo varón, muy apegado a sus progenitores, en especial a ella. Se trasladaba de Paujil a Florencia, en moto, iba a una reunión con sus mandos por una
carretera infestada de guerrilla pese a ser el comandante de la estación de Policía de dicho pueblo caqueteño.
No lo hacía por imprudente, sino por obligación. En aquel en-tonces –1998–, la seguridad de un policía joven, recién salido de la Academia, no valía cinco pesos.
El secuestro de su niño consentido deslizó a doña Magdalena por una pendiente. Lo primero que cayó al abismo fue la alegría de su hogar. Le siguió su salud. Aferrarse du-rante meses a una foto Polaroid, donde veía a su hijo amarrado a una cadena, como única prueba de vida, le trituró el corazón. Empezó con episodios depre-sivos, insomnio, problemas de colon, diabetes.
Después fue la empresa la
que se despeñó. El matrimonio solo tenía cabeza para tocar puertas, enviar mensajes ra-diales, suplicar por la libertad de Elkin y tejer una inagotable hilera de rezos.
Comenzaron más tarde los plantones de los martes en la plaza de Bolívar para gritar por la libertad de policías y soldados con otras madres, acompañados de la hiriente indiferencia colec-tiva. Doña Magdalena los inter-calaba con viajes a cualquier si-tio donde divisara una luz, para regresar con las manos vacías, agobiada por la desesperanza. Empezó a padecer artritis de-generativa, Epoc –enfermedad crónica de los pulmones–, le operaron una rodilla.
Recibir a su hijo en un cajón, tras miles de ruegos a las Farc,
y la exigencia a los gobiernos Uribe y Santos de no intentar un rescate, solo complicó su estado de salud.
Si hiciéramos cuentas de lo que gastaron buscando la libe-ración de Elkin y sumáramos el lucro cesante de su empresa, además de medicamentos, que no incluye el POS, la cifra ten-dría muchos ceros.
A los políticos y magistrados de altas cortes les reviven las vergonzosas pensiones multi-millonarias y no les regatean un centavo. La memoria del teniente coronel Elkin Hernández, sus pa-vorosos 13 años en cautividad con seis únicas pruebas de super-vivencia, y su posterior asesinato solo merecen una nueva bofetada a su familia. No dan para que sus papás reciban su pensión.
Las guerrillas, mito y realidad
Eduardo Mackenzie/periodicodebate.com/4 de diciembre de 2013
José Alvear Sanín, en su más re-ciente columna de El Mundo (3 de diciembre de 2014), aborda el tema del papel que han ju-gado las guerrillas en ciertos conflictos importantes del esce-nario internacional.
Afirma que la guerrilla como método “ha derrotado los mejo-res ejércitos”. Sanín da algunos ejemplos: “Tito doblegando la Wehrmacht; Mao, primero con-tra el invasor japonés y luego contra el Kuomintang, hasta conquistar la China; el Viet Cong, inicialmente contra el colonizador, y luego contra los Estados Unidos, en Viet Nam; el FLN argelino contra Francia, y guardando las proporciones, Castro contra Batista”.
Yo podría estar de acuerdo con ese planteamiento tras hacer, claro, tres salvedades: la guerrilla del FLN de Argelia no derrotó al ejército francés. Ocurrió lo contrario: esa gue-rrilla, aunque recibía apoyo militar y diplomático de la URSS y de otros poderes anti Francia, fue vencida.
No se puede olvidar que la cruenta batalla de Argel la ganó Francia, pues el terrorismo indiscriminado del FLN, que crecía de manera dramática, fue finalmente derrotado aunque con métodos cuestionables. La dirección del movimiento na-cionalista huyó al extranjero en 1957. Las tropas francesas aplastaron al FLN pero el gen-eral Charles de Gaulle y el gobi-erno francés, en 1962, firmaron la independencia de ese país. Francia perdió la guerra y salió
de Argelia por razones políticas y diplomáticas, no por razones militares.
Otro mito existe en torno de la acción del comunismo chino. Mao Tse Tung no ganó la gue-rra contra el invasor japonés: la ganó la coalición entre los na-cionalistas de Chang Kai Chek y los comunistas. Después, so-brevino la derrota del ejército nacionalista en 1949 a favor de Mao. Pero éste no disponía de una guerrilla. Disponía de un ejército completo, el Ejército Rojo de Mao, de Lin Piao y Chu Teh. Ellos dirigieron cientos de miles de combatientes con ar-mamento pesado y sofisticado. Esa guerra civil costó 50 mi-llones de muertos más otro millón (oficialmente 830 000) liquidados tras la victoria de Mao.
La leyenda de que guerrillas móviles “siempre” han derrota-do ejércitos regulares y pro-bados ha sido diseminada por las formaciones marxistas para empujar a la juventud radicali-zada hacia aventuras sangrien-tas de utópicas toma de poder donde lo central es el empleo de la “lucha armada” y de las peores atrocidades.
Los comunistas se basan en el hecho cierto de que varios movimientos de “liberación nacional” de la postguerra co-menzaron como guerrillas campesinas que utilizaron el combate guerrillero y varias formas de terrorismo. Muchas guerrillas comunistas, hoy olvidadas, fueron derrotadas pues no alcanzaron la fase de conformación de uno o varios
ejércitos. Fue lo que ocurrió en América latina, pero también en Filipinas, en Malasia y, so-bre todo en Grecia, donde las fuerzas comunistas del Eam llegaron a tomarse Atenas, pero fueron derrotadas, en 1944, por los nacionalistas ayudados por los británicos. El Eam huyó de esa capital luego de fusilar a 3 000 personas y de llevarse 5 000 rehenes.
En Vietnam tampoco una guerrilla derrotó al ejército francés. En Dien Bien Phu, en 1952, Giap dirigía un ejército. Los Estados Unidos salieron de Vietnam en 1974 tras fir-mar los Acuerdos de Paris. El esfuerzo del Vietnam del Norte para apoderarse del Vietnam del sur fue una conflagración entre ejércitos enormes. Los co-munistas empujaron a la guerra y encuadraron a millones de ci-viles y militares. Y contaron con la masiva ayuda soviética y chi-na. Esas potencias les suminis-traron personal militar califica-do y gran cantidad de equipos y de armamento pesado y liviano.
La tesis central del artículo de José Alvear Sanín es indis-cutible: las guerrillas son ven-cibles, pero ello depende de la determinación y de la fuerza militar y moral de sus adversa-rios. En Colombia, las Farc y el Eln, han sido vencidas en varias ocasiones. Pero la incapacidad de los gobiernos que pensaban el fenómeno comunista como una cuestión política-intelectual y no como un violento aparato expansionista mundial, no pu-dieron consolidar sus victorias
y toleraron que varias veces esos aparatos de muerte fueron reconstruidos. Los creadores e impulsores de esas guerrillas, la URSS y Cuba, necesitaban esos aparatos para avanzar en su juego de poder mundial. Si la Guerra Fría se acabó en todo el mundo, en Colombia sigue y se recrudece.
La cuestión más candente es por qué Francia ganó la guerra contra los nacionalis-tas argelinos y la perdió en una mesa de negociación. Ese tema puede servir de alerta a Colombia. El libro de Matthew Connelly,L’arme secrète du FLN, comment de Gaulle a perdu la guerre d’Algérie (Editions Payot, Paris, 2014), explica que tras su derrota, el FLN, con ayuda del bloque soviético, logró vol-tear hacia él la escena interna-cional. Sus armas más exitosas fueron diplomáticas, mediáticas y psicológicas, en el marco de la Guerra Fría. “Apoyados por países tan diversos como Arabia Saudita y la China comunista, dice Connelly, alertando a la opinión mundial e invocando las leyes internacionales, el FLN y Moscú lograron alinear una mayoría contra Francia en Naciones Unidas. Desde ese momento, los franceses se ob-sesionaron por el impacto de la guerra sobre su reputación en el extranjero”. El 8 de abril de 1962, el referendo organizado por de Gaulle confirma los acu-erdos de Evian y ello pone fin a 132 años de existencia de la Argelia francesa. Y ello permitió a Francia deshacerse de su far-
do colonial.Connelly agrega que ese
método fue utilizado ulterior-mente por la OLP de Arafat y por la ANC de Mandela. Lo que está ocurriendo en Colombia es la aplicación, con variantes importantes, de ese enfoque. Aunque no es colonia de nadie, Colombia corre el riesgo ahora de caer bajo la férula colonial de un poder regional inferior y car-comido, Cuba, que ha logrado, sin embargo, poner a su servicio otros gobiernos del continente.
José Alvear Sanín va al centro de esa idea cuando dice que el ejército colombiano es “uno de los pocos en el mundo que ha tenido éxito en asuntos de con-trainsurgencia”, pero que, des-graciadamente, “viene siendo debilitado sistemáticamente por un aparato judicial sesgado, neutralizado por un ministro ambivalente y ambiguo, socava-do por su comandante supremo, hasta el punto de que, próximo a completar su triunfo sobre la subversión, ha sido obligado a replegarse y tragar sapos, para que acepte que una narcoguer-rilla prácticamente derrotada sea equiparada como ‘alta parte’ para convenir con el gobierno la entrega de las instituciones del país y la apertura, de par en par, de las puertas que conducen al poder”. Su análisis de la situa-ción actual es impecable.
Las negociaciones en Cuba, entre las Farc y el gobierno, se enrumban hacia el abandono del sistema de libertades que ha caracterizado a Colombia y ha-
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8 Anexo Diciembre 2014
¿Para qué serviría una Corte Penal de Unasur?El fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga, explica en qué consiste esta propuesta.
cia la adopción de una forma de economía bajo control colecti-vista y de Estado controlado por una minoría excluyente y totali-taria. Todo ello enmascarado, claro está, tras una promesa de fin de conflicto la cual será violada inmediatamente como lo fueron todos los pactos de paz en los países citados, China,
Vietnam, Argelia.José Alvear Sanín recomien-
da en su interesante artículo la lectura de dos libros muy bien documentados que el New York Times acaba de elogiar. Los autores, dos altos militares es-tadounidenses en retiro, estu-dian los aciertos y los errores que el Ejército norteamericano pudo haber cometido en Irak y Afganistán. El teniente coronel
eltiempo.com/27 de octubre de 2014
Ecuador, en cabeza de su fiscal General, Galo Chiriboga, tra-baja desde hace tres años en la creación de una Corte Penal de Unasur. El funcionario explicó en la W Radio los alcances que podría tener esta institución que, para existir, necesita de la firma de un tratado entre los países de la región.
El Fiscal ecuatoriano destacó que la Corte de Unasur sería un organismo creado por los Estados, pero que estos “no se someterían a ella”.
Para Chiriboga, la razón de ser de esta institución sería la lucha contra delitos trasnacio-nales como la trata de personas, lavado de activos, ataques ciber-
néticos o las redes de sicariato. “El objeto fundamental (de la Corte) es que seamos mucho más eficaces, creando situacio-nes de seguridad para todos los ciudadanos de la región. Los delitos del crimen orga-nizado son los que más afectan a nuestros países”, dijo el Fiscal.
Chiriboga aseguró que el tribu-
(r), John Nagle, escribió Knife fights: A memoir of modern war in theory and practice, y el general (r) Daniel Bolger es el autor de Why We Lost in Iraq and Afghanistan. Ojalá lleguen pronto a Colombia esas obras pues su lectura es más que per-tinente en este extraño periodo de “negociación de paz en me-dio de la guerra” que prolongará durablemente este conflicto.
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nal no sería universal, no sustitu-iría a las cortes de cada país, sino que se encargaría de delitos pre-viamente acordados entre las na-ciones de Unasur. “Últimamente hemos detectado que medicinas son alteradas en un solo país y que estas se expenden en toda la región”, mencionó el funcionario ecuatoriano al destacar uno de los delitos que según considera, deberían ser investigados por esa nueva institución.
El Fiscal también sostuvo que la corte de la Unasur no ‘compite’ con ninguna corte internacional, pues está rela-cionada con delitos específicos que no están contemplados en la CPI. “No modificará tratados anteriores que ya tenemos. Los derechos humanos seguirán siendo de conocimiento de cada uno de sus países”, agregó.
Chiriboga descartó, resaltan-do la naturaleza del tratado, que no cree que delitos cometidos
por guerrilleros de las Farc lle-guen a la Corte de Unasur.
El 4 y 5 de diciembre, según comentó el funcionario, tendrá lugar un espacio de discusión del borrador de la Corte de Unasur con el fiscal Eduardo Montealegre.
A la pregunta de si en algún momento un Presidente podría ser condenado por esa instan-cia, Chiriboga dijo que sería una posibilidad muy remota que algo así ocurriera. “El caso hipoté-tico sería que un Presidente esté vinculado a una banda criminal y que ese grupo haya cometido los delitos que estén prescritos en el tratado. (…) Es casi imposible”.
El funcionario aseguró que se espera que el próximo año el borrador sea conocido en los países de la Unasur y que a par-tir de ahí este sea presentado a los gobiernos para que consi-deren su posible adopción como un tratado internacional.
General Álzate: ¡Salve usted la Patria!
Uriel Ortiz Soto/semana.com/4 de diciembre de 2014Detrás de su secuestro se es-conden muchas dudas, todo indica que usted no actúo en forma independiente, fue en cumplimiento de órdenes supe-riores. Revélelas por favor.
¿Qué misión estaba cum-pliendo usted señor general, al desplazarse a una zona del Chocó de influencia guerrillera vestido de civil, en compañía de dos de sus subalternos, sin ningún anillo de seguridad que es de obligatorio cumplimiento para militares de su rango?
Según los habitantes del corregimiento las Mercedes a donde usted llegó, no hubo ningún anuncio previo, se co-menta que llegaron como sim-ples particulares a cumplir una cita como si fuese de carácter personal, fue cuando dos perso-nas los abordaron y después del saludo salieron conversando como amigos, sin que inicial-mente se evidenciara amagos de un secuestro.
El país asiste incrédulo a la peor farsa que se haya presen-tado en torno al proceso de paz, solamente usted general pue-de decir a sus conciudadanos qué fue lo que sucedió, esto es asunto tan delicado, que la poca credibilidad que tenía el pro-ceso de paz, va a quedar total-mente en entredicho, si es que de su parte no existe voluntad para hacerlo.
El abrazo de paz con el co-mandante de las Farc, Pastor Alape es lo de menos, eso no debe asustarnos, pero que se
haga fuera de contexto y sin que medie una razón que se justi-fique, especialmente cuando se es general de la República, es otro escenario que hay que mi-rar y evaluar, tal cual lo afirma el procurador Alejandro Ordoñez: antes de “masacrarlo” hay que escucharlo, puesto que sí exis-ten muchas dudas en la forma en que ocurrieron los hechos: antes del secuestro, en el se-cuestro y después del secuestro.
Por encima de todo, dígale la verdad al país, señor general, el comunicado que usted leyó ante los medios de comunicación, deja un tufillo de incredulidad y desconfianza, son miles los cometarios que se escuchan en los mentideros políticos y so-ciales en torno a su secuestro y su posterior renuncia como General dela República; los me-dios de comunicación tanto na-
cionales como internacionales, están esperando que se diga la verdad y solo la verdad.
Su secuestro no puede ser un show mediático con verdades a medias, ni mucho menos per-mitir que se utilice a un alto oficial del ejército, para levan-tar toda una polvareda en torno a un proceso de paz, que para ser sinceros, aunque todos los colombianos la añoramos y la queremos, no podemos permitir que se burlen de la buena fe y sus bondades, así mismo lo es-tán exigiendo las diferentes aso-ciaciones y organizaciones de militares en uso de buen retiro.
Haga honor a su arma de ca-ballería, lema con el cual Usted libró arduas batallas y que lo co-locaron en la cumbre de su ca-rrera militar como general de la República; el mismo presidente Santos, que es el jefe supremo
de las Fuerzas Militares y de Policía, es consciente que Usted es militar brillante, que si bien se encontraba en el departa-mento del Chocó, al frente de la Fuerza Tarea Titán, era porque tenía la misión de contrarres-tar las acciones terroristas y violentas que se mueven en esa zona al margen de la Ley.
No trague solo semejante gazapo General, que lo seguirá atormentando toda su vida y su distinguida familia en adelante será el blanco de todo tipo de comentarios; los televidentes seguimos expectantes todos los acontecimientos que rodearon los hechos hasta el final de su secuestro.
Cuando, usted aparece de gancho con el comandante de las Farc, Pastor Alape, que según se tiene entendido se en-contraba en la Habana, recibió la orden de sus superiores gue-rrilleros de trasladarse a las selvas Chocoanas a liderar su libertad; hay muchos comen-tarios que se ciernen en torno a este viaje, puesto que, teniendo varias órdenes de captura vi-gentes, pero suspendidas sola-mente como negociador de la Farc, no tenía el salvo conducto para hacerlo intemporalmente.
Treinta y tres años de vida militar no se pueden tirar por la
borda General Álzate, su honor y su dignidad deben quedar muy en lo alto, más no apabulla-dos por el engaño y la mentira; fue lo primero que debieron enseñarle en la Escuela Militar José María Córdoba, donde existen claras evidencias que Usted, se graduó de Subteniente con todos los honores, donde le enseñaron que la verdad debe brillar aún a costa de nuestra propia vida.
“Salve Usted la Patria”, gene-ral, con su lema del arma de ca-ballería a la cual perteneció por más de 33 años, que según sus superiores fue un ejemplo de pulcritud y de grandeza, en el desempeño de sus deberes. Un sol conquistado con honestidad y sacrificio, no puede apagarse por las sendas del ocaso, debe seguir brillando y alumbrando el camino de las presentes y fu-turas generaciones que aspiran abrazar la carrera militar y de las armas.
La mayoría de los colom-bianos sospechamos que usted general, fue presionado desde arriba para hacer lo que hizo: algo se estaba tramando con su venia que finalmente le salió mal, máxime si era un convenio con los grupos subversivos de las Farc, de quienes se dice que son tan falsos, que cuando cami-nan arrastran las cadenas del engaño y la mentira.
Esperamos que este episo-dio tan desafortunado se aclare, para que el tan maltrecho pro-ceso de paz, continúe sin ma-yores obstáculos, sin embargo, se prevé que vendrán grandes sorpresas, puesto que la con-fianza entre las partes negocia-doras se encuentra obnubilada por episodios desagradables de parte y parte, que de no ser aclarados, de un momento a otro la paloma de la paz, abandonará las barbas de Fidel castro para seguir revoleteando por las sel-vas de Colombia, sembrando el terror, el hambre y la miseria de humildes compatriotas.
9Edición 545
El delito político y el proceso de pazEl proceso de paz está en vilo. No por el secuestro del general Rubén Darío Álzate y sus com-pañeros de cautiverio o por los asesinatos de los indígenas nasa en Toribío (Cauca), sino por la propuesta de ampliación del delito político del negocia-dor en La Habana, Humberto de la Calle, y del presidente Juan Manuel Santos.
En Colombia, el delito político se ha referido a las acciones que pretenden derrocar al Gobierno Nacional o suprimir o modificar el régimen constitucional. Estas acciones se han incorporado al Código Penal bajo la figura de la rebelión, la sedición o la asonada. La existencia de estas normas justificaría al Estado para indultar o amnistiar a las Farc, lo cual es pertinente frente a un proceso de paz.
Sin embargo, el asunto se complica cuando el negocia-dor Humberto de la Calle y el presidente Juan Manuel Santos pretenden utilizar el ambiguo y etéreo Marco Jurídico para la Paz para ampliar el delito políti-co, planteando conexidades con otros delitos. Esta postura bus-ca que los miembros de las Farc no vayan a ser sancionados con penas de prisión. Los límites que tiene la ampliación del deli-to político son evidentes a nivel internacional por los tratados de derechos humanos suscri-tos y ratificados por Colombia y a nivel constitucional. En ese sentido, delitos que afecten los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario no podrían ser vinculados a los de-litos políticos porque el compro-miso internacional que asumió
el Estado va más allá de sus acuerdos internos. Sobre esto, la jurisprudencia internacional ha sido reiterativa; ni hablar del derecho comparado.
En este sentido, los delitos de lesa humanidad y guerra que se hayan cometido en el proceso tienen que implicar algún castigo. No puede utilizarse un artilugio jurídico para no sancionar a los responsables. Es cierto, como dijo el presidente Santos, que nuestro proceso será el primero, al am-paro del Estatuto de Roma, que pretende resolverse por la vía del diálogo; pero no es cierto que, por ello, podamos pactar lo indecible.
En segundo término, los delitos comunes, como desapa-rición forzada de personas, nar-cotráfico, homicidio, torturas, extorsión, secuestros, desplaza-mientos forzados de población,
entre otros, y delitos contra per-sonas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, como la esclavitud sexual, los tratos inhumanos, crueles y degradantes en persona prote-gida, el reclutamiento de meno-res, por citar algunos, no pue-den entrar dentro del paquete del ‘todo vale’ y constituirse en un pilar principal del acuerdo para ponerle punto final al con-flicto. Esta postura traería un derrumbe institucional, en la medida en que el Código Penal entraría a jugar un rol esencial en la negociación en La Habana. Enviar un mensaje a la ciudada-nía en torno a la idea de que los delitos comunes, que no tengan que ver directamente con la guerra, puedan ser vinculados a los delitos políticos reviviría lo acaecido con algunos nar-
cotraficantes que quisieron ser vinculados a la desmovilización de los paramilitares en la déca-da pasada, utilizando la Ley de Justicia y Paz.
El Gobierno tiene que decir la verdad en el debate si quiere una ley de punto final, de caducidad de la acción punitiva del Estado o una amnistía general por los crímenes que se han cometido en el conflicto. Es necesario que el Gobierno manifieste claramente su posición para que los ciudada-nos no sigamos con eufemismos. La invitación a departir las mieles de este posible logro del actual gobierno puede resultar amarga y muy costosa para todos los co-lombianos.
Las cosas en este proceso de paz deben ser dichas por su nombre, reconociendo sus límites. Un acto de honestidad del Gobierno nos permitirá conocer si el proceso va por buen camino o, mejor, por cuál camino, antes de apresurarnos, a ciegas, al abismo.
Francisco Barbosa/eltiempo.com/ 28 de noviembre de 2014
Soldados y policías merecen respetoRafael Nieto Navia/elnuevosiglo.com.co/25 de noviembre de 2014
Aún recuerdo cómo en uno de mis viajes a los Estados Unidos, hace ya mucho tiempo, me sor-prendió la llamada a abordar un avión: “Abordarán en pri-mer lugar los pasajeros de clase ejecutiva, mujeres embaraza-das, familias con niños menores de cuatro años y militares con uniforme”. Después he tenido varias veces la oportunidad de cenar con familias americanas el 4 de julio: la bandera, que on-dea permanentemente en todos los grandes edificios del país, luce orgullosamente ese día a la entrada de las casas que, aden-tro, están decoradas por todas
partes con banderitas, incluso la mesa de la cena y las servilletas. En Estados Unidos se celebran como festivos obligatorios el Día de los Caídos en Combate (Memorial Day) el último lunes de mayo, y el Día de los Veteranos en honor de los hom-bres y mujeres que han servido en las fuerzas armadas, el 11 de noviembre. Uno de los monu-mentos más impresionantes del ‘mall’ en Washington es el que exhibe, en una placa de mármol, los nombres de los caídos en Vietnam. La manera patriótica de honrar a sus soldados se ve también en Francia y yo diría
que en todos los países donde hayan tenido que ir a combate.
En contraste, en Colombia un ministro de Educación (?) su-primió la enseñanza de la historia y de la cívica y así murió el patrio-tismo. Por eso en Bogotá el pedes-tal del Libertador en la Plaza de Bolívar tiene grafitis de los que les gustan a Clara López y los amigos de Petro cocinan a su sombra.
Desde que el ministro de Defensa Camilo Ospina y el fis-cal Mario Iguarán firmaron un acuerdo violatorio del Artículo 221 de la Constitución que or-dena que los miembros de la fuerza pública sean juzgados en
tribunales militares, la justicia ordinaria politizada persigue a nuestros soldados y policías como criminales. Las alimañas de izquierda están ahora ga-nando la batalla y una de ellas propuso en el Senado que haya “degradación” para los milita-res, probablemente con la idea de reducirles su pensión. No dicen lo mismo de los crimi-nales que se cobijan bajo el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias o Ejército de Liberación Nacional, olvidando que, ojalá no llegue el caso, los comunistas, desde Lenin, Stalin y Mao hasta Castro y Chávez, im-
ponen sus dictaduras por medio de fuerzas armadas que opri-men, no liberan.
Nuestros soldados y policías ponen el pecho a las balas de los terroristas para defender la República y merecen más respe-to. Mejor dicho, merecen todo el respeto de los hombres de bien. El presidente Santos anunció una ley de veteranos (acceso a universidades, descuentos en su-permercados) para el posconflic-to, es decir, después de los acuer-dos de La Habana, pero dijo que las Fuerzas Armadas serían reo-rientadas, probablemente para adaptarlas al nuevo poder de las Farc. Y como, según lo anunció Roy Barreras, no habrá referen-do, el Congreso enmermelado to-mará las decisiones por nosotros.
Secuestro de Alzate y toma de GorgonaJuan Lozano/eltiempo.com/24 de noviembre de 2014
Que las Farc sembraran minas en la escuelita de Inzá, poniendo en peligro la vida de los niños, no ameritó la suspensión de los diálogos. Ni que remataran con tiros de gracia a policías heridos. Tampoco, que abrieran fuego contra una ambulancia de la Cruz Roja. El asesinato cobarde de cerca de 20 uniformados un 20 de julio no ameritó, siquiera, una frase presidencial en la ins-talación del Congreso. Ni el rei-terado reclutamiento de niños.
Gran error: Santos permitió equiparar el diálogo en medio del conflicto con una franquicia para cometer nuevos crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué, entonces, el extraño secuestro del general Alzate desembocó en suspensión de diálogos?
Una explicación se ha remiti-
do a aquella desafortunada fra-se de Santos según la cual solo magnicidios o acciones contra gente muy importante podrían tener efecto en la mesa, como si al señor Presidente le fuera dable establecer, para efectos del derecho a la vida, diferen-cias entre colombianos de pri-mera y de segunda.
También se ha dicho que el secuestro de un general activo, independientemente de que estuviera en pantaloneta, gua-yabera o camuflado, no tiene antecedentes en la historia. Y se ha dicho que la indignación ciudadana puso a Santos contra la pared, sobre todo después de su imprudente trino que se interpretó como un baldado de agua sucia contra la maltratada Fuerza Pública.
Salud Hernández y Ramiro Bejarano, desde orillas muy dis-tintas, en sus columnas aportan buenas luces: “Solo la presión de los militares, que no estaban dispuestos a tragarse tres sapos tamaño catedral, lo forzó a dar el paso”, dice Salud, al tiempo que Bejarano señala: “En esta crisis los primeros pasos que (Santos) dio lo mostraron preso del esta-mento militar... todo indica que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada... en con-ciliábulo con la cúpula militar....”.
Lo cierto es que el secuestro del general disparó un clamor por su liberación asociado, más que con terminar el proceso, con reclamar de Santos y las Farc ajustes inmediatos en la mesa, desescalar el conflicto y concluir rápido con un acuerdo
justo y con una paz sostenible. Lo que han señalado Mauricio Vargas y Álvaro Leyva es ver-dad: el país lleva 32 años de diálogos con las Farc.
Hay hastío con la perseveran-cia terrorista y los excesos ver-bales. Hay fatiga con la eterna retórica del proceso referida a cuartillas pulidas y páginas acordadas, como si en Cuba es-tuvieran sin afán dedicados a escribir un libro y no a firmar la paz, o como si fuera una larga tertulia literaria y jurídica en sede Caribe del Caro y Cuervo y no una mesa plenipotenciaria para llegar a un acuerdo.
Aunque, como dice Juan Carlos Pastrana, “nadie está liberado hasta que todos estén liberados”, la mediación exitosa de países garantes se interpretó como una
oportunidad para introducir correctivos al proceso, para que Santos se amarrara los panta-lones y pisara el acelerador.
Por eso, más allá de comu-nicados en los que advirtieron que operativos militares ponen en peligro las liberaciones, re-sultaron inexplicables la toma de Gorgona y el asesinato del teniente Suárez. Es como si desde ese tesoro ambiental al que nunca antes habían podido llegar, quisieran borrar muchas ilusiones de paz. Es como si quisieran gritar que los prin-cipales enemigos del proceso de paz son ellos mismos, y que seguirán matando, narcotrafi-cando y delinquiendo.
Es, en fin, como si quisieran que un buen día, Santos, de-bilitado y presionado por la opinión pública, los militares y la oposición, se levantara de-finitivamente de la mesa, los mandara al carajo, quemara los párrafos que tanto pulen en La Habana y los persiguiera en se-rio, radicalizando la guerra que ellos dicen querer parar.
10 Anexo Diciembre 2014
El absurdo domina en Colombia
Alberto López Nuñez/Exclusivo para la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia (FCPPC)/Centro Democratico/ 6 de diciembre de 2014
Estamos viviendo una situación excepcional, en la política y la economía colombiana está el mundo al revés. Unos criminal-es de lesa humanidad y narcote-rroristas imponen condiciones al gobierno, que si bien tiene legitimidad de origen (o al me-nos así lo conceden las fuerzas políticas, pues bien es sabido que triunfó por un gigantesco fraude, que incluye la compra de votos, el soborno y la biometría, entre otros elementos), cada día se deslegitima más, al obceca-damente pretender promover la instauración del Socialismo del Siglo XXI en Colombia.
Juan Manuel Santos ya no es un simple Kerensky, que por omisión permite la caída del régimen, es un actor fundamen-tal en el derribamiento de la
democracia colombiana. Con el señuelo de lograr la paz, que por la vía que él está usando jamás se logrará, está conduciendo un proceso de capitulación del Estado ante los narcoterroristas.
Los diálogos de la paz en La Habana, se han convertido en una constituyente de facto, en donde se pretende hacer una revolución en el ordenamiento jurídico y político en nuestro país. Darles impunidad y elegi-bilidad a criminales de lesa humanidad, es apenas la punta del iceberg de la capitulación ante las Farc. Lo acordado en cuestión agraria, participación política y narcotráfico (y eso que falta lo no acordado por exageradas pretensiones de los narcoterroristas) significan un revolcón a la instituciona-
lidad, amén de que de llegarse a firmar el acuerdo, los narco-terroristas no entregarán las armas, lo que constituye darles permiso para ejercer la políti-ca bajo la coacción armada, se les entrega inmensurables territorios estratégicos para seguir en el narcotráfico, pues el colmo de la desfachatez es que las Farc no se reconocen como narcotraficantes, siendo el mayor cartel del mundo, y la insolencia llega al extremo de no reconocer las ingentes ga-nancias que les ha reportado este negocio ilegal, lo que ha dado pie a que el Procurador Ordoñez diga muy acertada-mente de que se trata del mayor lavado de activos de la historia. Juan Manuel Santos no se con-forma con esto, además de igua-
lar a los militares y policías con los criminales y terroristas de lesa humanidad de las Farc, los denigra al someterlos a com-portamientos serviles, como el ir a dialogar con las Farc sin éstas haber aceptado los re-querimientos mínimos para que se logre un acuerdo.
El Presidente Santos había señalado que ante un acto lesivo a una personalidad por parte de las Farc, levantaría la mesa de La Habana. Pues bien, si bien la muerte y secuestro de soldados y policías, además de ataques terroristas a poblaciones civiles, deberían ser motivo para esto, el hecho de él haber aceptado que solamente ante un hecho contra una personalidad termi-naría los diálogos, la lógica dice que el secuestro de un General daría pie a ello. Pues no, no sola-mente Santos continua con los diálogos, sino que avanza hacia un ‘desescalamiento’ del con-flicto.
Aquí entra la teoría de cons-piración en juego. El hecho de que un General haga labor social, es tan incoherente como que el Departamento de Prosperidad Social, haga contrainsurgen-cia. El sainete del secuestro del
general Alzate se me ocurre un show mediático para darle la puntillada final a la posibi-lidad de paz: se secuestra a un General, para que las Farc lo en-treguen, y a continua-ción se se-ñala la entrega del secuestrado como un gesto de paz. ¡Por fa-vor! Consecuencia de esto será el ‘desescalamiento’, que en re-alidad significará el cese unilat-eral del fuego, pero por parte de las Fuerzas Militares, pues las Farc seguirán con sus ataques terroristas, bajo la cubierta de las bacrim y otros grupos, con quienes ya se ha demostrado sus asociaciones.
Estamos pues en el reino del absurdo, las Farc cogober-nando, los militares y policías humillados, el Congreso legis-lando a merced de los dictados de Santos, la Fiscalía empeñada en una staliniana persecución de opositores, las Altas Cortes y en general toda la justicia actuando bajo los mandos del soborno o de los infiltrados de la izquierda dentro del sistema judicial, es decir, no hay separa-ción de poderes, pues el legisla-tivo y judicial están arrodillados ante el ego de JMS.
La cúspide del absurdo se ve en área económica, en donde el gobierno pretende una reforma tributaria, que acabará con el aparato productivo y la clase media y los empresarios, dirigi-dos por un áulico de Santos, in-sisten en “ser capaz” de tragarse ese sapo.
Ley de orden público
Margarita Restrepo/Exclusivo para la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia (FCPPC)/6 de diciembre de 2014
Ha sido interesante el debate suscitado con ocasión de la aprobación de la ley por medio dela cual se prorroga la denomi-nada Ley de Orden Público que en la práctica es la norma que reglamenta y legitima los pro-cesos de paz que el Gobierno nacional lleve a cabo con grupos armados organizados al margen de la ley.
La primera versión de esa norma se aprobó a finales del gobierno de Ernesto Samper. Sirvió de base para llevar a cabo el proceso de paz del Caguán. Por tratarse de una ley para as-pectos específicos, su vigencia es limitada. Cada cuatro años debe prorrogarse para un pe-riodo similar.
La ley de Orden Público fue
la plataforma sobre la que se edificó el fallido proceso de paz que se llevó a cabo durante el go-bierno de Andrés Pastrana. Años después, sirvió para reglamentar el proceso de paz que condujo a la desmovilización y someti-miento a la ley de Justicia y Paz de los miembros de las AUC.
Hay un elemento que para muchos parece obvio, pero en
la realidad no lo es. En la Ley de Orden Público se contempla que quienes, autorizados por el gobierno nacional, participen en un proceso de paz o suscripción de acuerdos no podrán, bajo nin-guna circunstancia, ser proce-sados judicialmente por dicha intervención. Ese precepto está incluido en la norma desde 1997 cuando se redactó y aprobó la primera versión de la misma.
Y digo que parece obvio, porque en la historia de Colombia ningún Alto Comisionado para la Paz había sido judicializado por el cumplimiento de sus deberes misionales que, valga decirlo, están fijados por la ley. Nadie se imaginaba que Víctor G. Ricardo y Camilo Gómez, quienes en el ejercicio de su cargo se reunie-ron con delincuentes, fueran a terminar presos.
Pero con Luis Carlos Restrepo, víctima de una per-secución implacable trazada desde la Fiscalía en tiempos oscuros y corruptos, el compor-tamiento ha sido diferente. El exalto Comisionado del gobier-no Uribe, que hoy se encuentra legítimamente protegido por otra nación que ha sido cons-
ciente de la monstruosidad jurídica que se ha montado en su contra, se limitó a cumplir su deber y fue engañado por unos delincuentes. Eso con-vierte a Restrepo en víctima y no en el criminal que pretendió mostrarle al país la fiscal ge-neral de la época.
El debate entonces no es so-bre el contenido de una norma sino sobre la aplicación y el respeto de la misma por parte del operador judicial. Es franca-mente incomprensible que una ley que “blinda” a los comisio-nados para la paz sea descono-cida temerariamente por la jus-ticia colombiana para perseguir, -con un claro interés político- a un funcionario en particular.
Nuevamente no estamos fren-te a un tema normativo sino de acatamiento reverencial de la jus-ticia de los postulados legales aprobados soberanamente por el Congreso de la República. Crecimos escuchando que a las leyes hay que respetarlas. Bueno sería que quienes han sido investidos por la República para impartir justicia en nom-bre de ella fueran los primeros en hacerlo.
11Edición 545
Presidente Santos: la lealtad es recíproca, solo la puede exigir quien la daConstancia radicada por la representante a la Cámara, Tatiana Cabello, en sesión Plenaria.
Representante Tatiana Cabello/Cámara de Representantes/4 de diciembre de 2014
“El Presidente Juan Manuel Santos el martes de esta semana hizo una dura advertencia a los miembros de la fuerza pública. Señaló que el uniformado que no demuestre lealtad con la ins-titucionalidad y el Gobierno sal-drá inmediatamente de las filas oficiales.
Esta advertencia se da en mo-mentos en que el proceso de paz entra en una fase de creciente desconfianza y de preguntas sin respuestas a raíz del reciente episodio acontecido con el ge-
neral Rubén Darío Alzate.El Presidente Santos exi-
ge lealtad a unas Fuerzas Militares virtuosas y valerosas, olvidando que él no fue leal con el sistema democrático cuando en 2010 resultó elegido pro-poniéndoles a los colombianos unas tesis que nunca puso en práctica.
No es leal el Presidente Santos con los miembros de nuestra fuerza pública, cuando con el pretexto de una incom-pleta y precaria idea de la paz
propone darles el mismo trato jurídico que a los narcoterro-ristas de las Farc. Presidente Santos: fue por los éxitos de la política de seguridad democrática y por la labor de nuestras Fuerzas Militares que usted ocupa la primera magis-tratura de la Nación.
No es leal el Presidente Santos, cuando anuncia cam-bios en la doctrina militar, rele-gando al Ejército a la defensa de las fronteras, olvidando que en el mundo contemporáneo las
principales amenazas al Estado, su soberanía y democracia no provienen de ataques o invasio-nes de terceros países sino de la alteración del orden interno y del crimen organizado.
No es leal el Presidente Santos con las Fuerzas Militares ni con los colombianos, cuando propone considerar el narco-tráfico como un delito político, omitiendo el dolor que por décadas ha generado este delito en miles de familias. Es claro, que el narcotráfico ha alimenta-
do todas las formas de violencia en nuestro país.
Presidente Santos, la lealtad es un valor supremo en el ser humano, es recíproco, solo la puede exigir quien la da.
Dejo entonces constancia, que somos millones de colom-bianos los que sentimos que se eleva al terrorismo al nivel de fuerza política legal, mientras a las fuerzas militares se les aco-rrala y ata de manos en su tarea de defender al país y contrarres-tar al enemigo”.
¿Paz o tregua?La dirigencia colombiana parece ignorar que la democracia solo puede funcionar adecuadamente si se dan ciertos supuestos, dentro de los cuales figura lo que Álvaro Gómez Hurtado llamaba los acuerdos sobre lo fundamental.
Las Farc constituyen una tene-brosa organización criminal animada por una no menos te-nebrosa ideología política.
Sobre lo primero parece haber consenso, pues está claro que no solo son uno de los más poderosos actores del narcotrá-fico mundial, sino el segundo o tercer grupo terrorista más rico en todas las latitudes. Bien ganada tienen la calificación de narcoterroristas. Su prontuario es espeluznante.
Hay que admitir, sin em-bargo, que sus motivos y sus finalidades son políticos. Lo que buscan es destruir las es-tructuras de poder existentes en la sociedad colombiana e instaurar otras que obedezcan al credo marxista-leninista que las inspira. Son, en efecto, una organización revolucionaria. Sus dirigentes así lo reiteran sin esguince alguno: el suyo es, como lo he dicho muchas veces, un proyecto totalitario y liber-ticida.
Esto plantea de entrada la cuestión de en qué medida es posible la convivencia pacífica entre proyectos políticos ins-pirados en el liberalismo que Raymond Aron consideraba como el techo común capaz de albergar a la derecha no ex-tremista y la izquierda no totali-taria, y proyectos radicalmente antiliberales como los de las Farc y el Eln.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países del mundo occiden-tal encontraron unas fórmulas
de convivencia civilizada entre diversos proyectos fundados en ideologías y programas de acción muchas veces divergen-tes, pero todos ellos fundados en la idea de que la lucha por la conquista del poder, así como el ejercicio del mismo, deben someterse a reglas de juego claras aceptadas lealmente por todos los actores políticos. Fue de ese modo como lograron ins-taurar la democracia pluralista que garantiza tanto la libre ex-presión de todas las opiniones, cuanto lo que en los albores del constitucionalismo moderno se denominaba el gobierno alter-nativo y responsable. Este es, evidentemente, resultado de la idea de que el poder debe ejer-cerse de acuerdo con las varia-ciones que se produzcan en el seno de la opinión pública.
En el fondo, el régimen que terminó imponiéndose pue-de considerarse como el de la opinión soberana. De ahí que sus reglas fundamentales giren en torno de cómo se forma esa opinión, cómo se manifiesta, cómo accede al poder y cómo debe de ejercérselo de suerte que el libre juego de opiniones lo nutra y ponga a tono con las necesidades comunitarias.
Quizás hoy ese régimen esté en dificultades en distintos países, tal como se advierte hoy en Francia, en España, en Italia, en Grecia e incluso en Estados Unidos, según lo insinúa sobre este último un libro de reciente aparición que alerta sobre los riesgos de guerra civil que se
ciernen sobre su futuro inme-diato
Pero es un régimen que no solo ha garantizado la paz política en países que en el siglo pasado estuvieron sometidos a gobiernos dictatoriales, sino la paz social entre las fuerzas del capital y del trabajo. Resultado de ello ha sido una época de progreso económico y bienestar humano nunca antes conocidos en toda la historia.
No fue fácil consolidarlo. Por ejemplo, la presencia en Francia y en Italia de unos partidos co-munistas que al término de la guerra contaban con votos su-ficientes para ponerlos en vilo, exigió altísimas dosis de sabi-duría política y buen manejo gubernamental para neutral-izarlos. Es una historia que con-vendrá examinar más en detalle para extraer de ella las mejores lecciones en torno de la realidad colombiana de hoy.
El gran contendor de la de-mocracia pluralista no fue el tradicionalismo, como ocurrió con los proyectos liberales del si-glo XIX y principios del siglo XX, sino el totalitarismo marxista-le-ninista que se impuso en Europa Oriental, en China, en Corea del Norte, en Cuba y en varios países africanos. Fue ese sistema el que suscitó las inquietudes que ex-puso Revel en su famoso libro. Pero los acontecimientos de fines del siglo pasado parecieron dar al traste con él, dado que la Unión Soviética y los que antaño se llamaban países “satélites” suyos, viraron hacia el régimen
pluralista. Y países en donde se han mantenido las estructuras políticas del Estado totalitario, como es el caso de China o el de Vietnam, modificaron al me-nos su sistema económico para ajustarlo a los moldes del capi-talismo.
A comienzos del siglo XXI el régimen totalitario marxista-leninista había quedado redu-cido a dos países que ofrecen muestras elocuentes de sus ro-tundos fracasos: Cuba y Corea del Norte.
Esto les hace pensar a no po-cos ingenuos que la tentación totalitaria es cosa del pasado y que bastaría con ofrecer algo de apertura democrática para atraer pacíficamente a los guerrilleros de las Farc y el Eln al redil pluralista, del mismo modo como se logró hace ya cerca de un cuarto de siglo la in-serción del M-19, el Epl y otros cuantos más al ordenamiento constitucional de 1991.
Resulta que la situación ac-tual difiere sustancialmente de la de esa época, cuando se creía que la tentación totalitaria es-taba totalmente superada y el proyecto comunista iba hacia su definitiva liquidación, tal como lo anunciaba Fukuyama con in-fundado optimismo en su libro El fin de la historia.
Pero la historia reserva mu-chas sorpresas y, como lo dijo Raymond Aron en alguna opor-tunidad, es trágica. Cuando se creía en la muerte del comu-nismo, Fidel Castro y Lula se aplicaron a reanimarlo a través
del Foro de Sao Paulo, presen-tándolo con otro ropaje. Bajo su inspiración, en varios países de América Latina los comunis-tas han llegado al poder por la vía electoral, para ejercerlo lue-go con aparente sujeción a las formas del Estado de Derecho, pero distorsionándolas hasta el punto de instaurar de hecho verdaderas dictaduras. Es, a no dudarlo, el caso de Venezuela.
Se habla, para referirse a esta modalidad de régimen político, de “democracias iliberales”, que han perdido la noción del plura-lismo y se acercan al modelo to-talitario. No hay que olvidar que la idea democrática puede dar lugar a dos vertientes antagóni-cas, la liberal y la totalitaria.
Los partidarios de los diálo-gos de La Habana creen que es posible convencer a las Farc de su renuncia a la toma del poder por la vía de las armas, a cambio del otorgamiento de garantías para que lo busquen por la vía electoral.
Pero en parte alguna los vo-ceros de esa guerrilla narco-terrorista han dado muestras de esa renuncia. Dicen que no entregarán las armas, pues pre-tenden conservarlas hasta que consideren que las condicio-nes de los acuerdos se hayan cumplido a satisfacción suya. Tampoco aceptan la desmovili-zación de sus efectivos, es decir, la desarticulación de sus estruc-turas armadas, pues aspiran a mantenerlas latentes, siempre y cuando las fuerzas del Estado se mantengan en lo mismo. En el fondo, pretenden que los acuer-dos a que se llegue instauren lo que se llama un cese bilateral al fuego, que ate a la autoridad legítima y les deje las manos libres para continuar su labor de zapa en las comunidades ru-rales y, por supuesto, en los nú-cleos urbanos.
Jesús Vallejo Mejía/periodismosinfronteras.org/5 de diciembre de 2014
12 Anexo Diciembre 2014
¡Mucha calma! PresidenteSe enreda con facilidad en debates que suscitan sus propias palabras, que, luego, de manera afanosa, tiene que salir a aclarar.
Mauricio Vargas/eltiempo.com/6 de diciembre de 2014
Semanas antes de las presiden-ciales escribí en estas páginas que si Juan Manuel Santos ga-naba un segundo mandato, la noche de la victoria sería para él la última feliz en mucho tiempo. Me temo que acerté: desde en-tonces, muy poco le sale bien. Como lo sabe, anda irascible e intolerante con la crítica. Y se enreda con facilidad en debates que suscitan sus propias pa-labras, que, luego, de manera afanosa, tiene que salir a aclarar.
Mientras el proceso de paz, la bandera de su reelección, lleva meses estancado a falta de nue-vos acuerdos y por el empeño de las Farc en comportarse como los criminales de siempre, la economía, que varias noticias buenas le había dado a Santos I, amenaza con convertirse en
pesadilla. La caída del precio del petróleo y de otros produc-tos de exportación ha agranda-do el hueco fiscal, que los fallos de tutela en la salud, la deuda pensional y la descomunal ca-pacidad del Gobierno de gastar en burocracia y favores a Musas y Ñoños habían creado ya. Y la improvisada reforma tributaria, que apenas le pondrá paños de agua tibia al enfermo, les quita a grandes y medianos empre-sarios recursos para invertir y generar empleo.
Sorprende que un hombre lidiado en tantas plazas, ex-ministro de Comercio y de Hacienda en dificilísimos mo-mentos de la economía y de Defensa en instantes definitivos de la guerra contra las Farc, esté demostrando tan poca correa
para los cuestionamientos. La andanada con que salió a res-ponder a quienes, con cifras y argumentos, hemos ejercido el derecho a la crítica en el caso de la tributaria sería apenas una anécdota si no demostrara que el Jefe del Estado está perdien-do la templanza.
Más grave resulta que, al hablar de los temas más deli-cados, dé la impresión de no dominarlos. En su defensa de la tributaria, insistió en que solo la pagarían los ricos y no la clase media. “Una persona con más de 5.000 millones de pesos no es de clase media...”, dijo sin ex-plicar que el impuesto al patri-monio será pagado por quienes tengan mucho menos, de mil millones de pesos para arriba, algo que cualquier empresario
medianito tiene con solo conta-bilizar la bodega donde opera y las máquinas con que genera empleo.
Pero, además, no se trata solo de quién paga, sino de si ese impuesto excesivo lo empuja a reducir la inversión y los pues-tos de trabajo, lo que sí les pega directo a las clases media y baja. También ha sido desafortunado el discurso del mandatario con-tra los ricos. A Gustavo Petro o Nicolás Maduro tal vez les luzca, pero a Santos, alimentado como fue con cucharita de plata, le queda postizo.
Otro ejemplo de limitado dominio del mandatario de un tema saltó a la vista cuando planteó, en una entrevista ra-dial, que el país debía abrirse a la idea de extender la defini-ción del delito político a otras conductas como el narcotrá-fico cuando este hubiese sido cometido para financiar la re-belión armada. Es un tema deli-cado, que no podía soltar como globo al aire.
Aquí el Presidente cometió dos errores. Primero, lo plan-teó mal, de manera confusa y en plan de debate académico, algo que no le corresponde al presidente de una nación que no debe comportarse como analista, sino como el líder que propone sus iniciativas con convicción y certidumbre. Y el segundo error fue ‘patrasearse’ al día siguiente y decir que no había dicho lo que sí había dicho.
Por el bien del país, Santos debe dedicarle más tiempo a estudiar a fondo los temas grue-sos y recuperar el buen tono y la tolerancia republicana. Las ma-las maneras no le quedan bien a alguien tan educado. En el pro-ceso de paz vienen instancias definitivas para seguir o, si es el caso, porque las Farc no quieran avanzar, levantarse de la mesa, algo que ojalá no ocurra. Y en el económico, se aproxima un año muy complicado. Así que, señor Presidente, calma, mucha calma.
Un injusto ataque a la institucionalidad militar
colombiaopina´sblog/5 de diciembre de 2014
Los resultados de las medicio-nes de confianza y credibilidad en el proceso que se adelanta en La Habana con las Farc no pueden ser más dicientes, el número de colombianos que ha dejado de creer en que allí se alcanzará la paz crece y el op-timismo de los primeros meses da paso a un pesimismo más que moderado.
Temas como la impunidad frente a los delitos de lesa hu-manidad y crímenes de guerra promocionados por la Fiscalía y tácitamente por el gobierno nacional y el legislativo, son la principal razón de ese cambio de actitud de los ciudadanos frente al proceso.
Aunque esas mediciones varían según la zona donde se realiza, teniéndose que en los centros urbanos puede ser un poco mayor el apoyo a medidas de justicia transicional excesi-vamente favorables a los terro-ristas, en las zonas geográficas donde se ha sufrido el rigor de la guerra injustamente declarada por el Partido Comunista a través de la combinación de las formas de lucha, el 53.1% de los habi-
tantes está en desacuerdo con esos beneficios, que en la mues-tra nacional reflejan el 56.3% de rechazo a los mismos. El 62.2% de los colombianos no cree en la sinceridad del arrepentimiento de los terroristas frente a las víctimas y el 65% rechaza abier-tamente la posibilidad de habili-tación de derechos políticos para los narcoterroristas.
Es un hecho que la reiteración de la narcoguerrilla en mante-ner la violencia contra el pueblo colombiano como instrumento de presión política es la que de-termina esos resultados; hablar de paz en La Habana y arreciar la guerra en el país es una para-doja que despierta el abierto rechazo de los ciudadanos que no sienten identidad con el op-timismo que quiere transmitir el gobierno y que consideran débil la respuesta estatal a las acciones criminal de los terro-ristas especialmente porque esta organización armada ilegal vuelve a la comisión de delitos que ya se consideraban neu-tralizados como los retenes ile-gales, los atentados contra la in-fraestructura de hidrocarburos
y energética como contra obras civiles esenciales, el secuestro y el reclutamiento de menores, el uso de armas no convencionales y el inusitado crecimiento de la extorsión, entre otros.
El ciudadano del común ha entendido que una cosa es ne-gociar en medio del conflicto como se acordó inicialmente, pero que el conflicto hace refe-rencia a las acciones de guerra propias en el enfrentamiento de la Fuerza Pública con las estruc-turas armadas de las Farc, otra cosa es la comisión de actos contrarios al DIH y al respeto a los DD.HH de la población civil y de miembros de la Fuerza Pública que no se encuentran en condiciones de combate o de-fensa. Pretender lo contrario es un acto de felonía que viola los fundamentos del Estado social de derecho consagrados en la Constitución Política y de cuyo ejercicio libre son garantes to-das las autoridades e institucio-nes legítimamente constituidas.
En nada contribuye a mejo-rar el clima de aceptación del proceso el excesivo secretismo de la delegación oficial mientras
el narcoterrorismo utiliza todo su potencial propagandístico para tratar de demostrar que está imponiendo condiciones y temas, lo que en el mejor de los casos ha tenido como efecto una tibia reclamación del gobierno cargada de diplomacia y tacto; tampoco sirve el intento de sec-tores de la coalición de gobier-no y de los voceros políticos del narcoterrorismo por reducir el conflicto y sus efectos a una mera cuestión semántica para justificar el exceso de beneficios que el llamado marco jurídico para la paz y la eventual ley es-tatutaria contemplarían para los narcoguerrilleros.
Al reanudarse el próximo 10 de diciembre la discusión en la mesa de diálogos, el punto cen-tral en el que girarán las reunio-nes de las delegaciones será el desescalamiento del conflicto, punto tratado en los encuentros previos que sirvió para superar la crisis en la que entró el pro-ceso de paz, luego del secuestro del general Rubén Alzate por las Farc. A este punto se suma la negativa del Gobierno, ante la petición de las Farc, de so-licitar un cese el fuego bilate-ral. El presidente Juan Manuel Santos ha sido enfático, y espe-ramos que esta vez no sea un comodín el que se juega, en se-ñalar que no habrá un cese de la ofensiva militar hasta que no se firme el acuerdo final.
Lo ideal sería silenciar los fusiles, pero la realidad fáctica del accionar de las narcogue-rrillas, ahora en alianza con las bacrim, impide la concreción de tal aspiración nacional; las Farc han demostrado históricamente no tener ningún respeto por las
treguas o ceses bilaterales de operaciones porque han conti-nuado sus conductas delictivas amparadas en ello. Para la nar-coguerrilla toda concesión del Estado es una muestra de debi-lidad que tienen que aprovechar con ganancias políticas y arma-das, esa es la filosofía de la com-binación de las formas de lucha que han practicado y a la que no han renunciado; de allí que resulte un sofisma y una utopía propuestas como desescalar este conflicto armado para que recupere la identidad de con-flicto y deje de ser una guerra irregular porque lo que han ade-lantado las Farc, desde su época de autodefensas campesinas en los 40 y 50, es precisamente el desarrollo de los principios de la guerra irregular, guerra de guerrillas o conflicto asimétrico como hoy se llama.
El proceso de paz no llegará a feliz término si se insiste en mantenerlo en los niveles del idealismo utópico adornado con un lenguaje florido para no molestar a la contraparte; la paz comenzará a hacerse realidad cuando las Farc reconozcan el verdadero origen político de la guerra que adelantan contra el pueblo colombiano, la intención de tomarse el poder por las ar-mas para implantar el modelo co-munista de estado, su mutación a organización narcoterrorista y que pase por la entrega de armas como condición para la firma de acuerdos reales que conlleven castigo efectivo para quienes resulten responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Lo demás serán castillos de naipes que se derrumbarán inevitablemente.
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