Bolivia indígena y campesina. Una larga marcha para liberar sus territorios y un contexto para el gobierno de Evo Morales

Autor(es): Regalsky, Pablo

Regalsky, Pablo. Antropólogo, CENDA, Cochabamba, Bolivia. Autor de Etnicidad y clase. El Estado boliviano y las estrategias andinas de manejo de su espacio La Paz, CEIDIS/CESU-UMSS/CENDA y Plural editores, 2003. Correo electrónico: regalsky@gmail.com

Los discursos de Evo Morales plantean un mito: los indígenas hemos llegado al poder y ahora se inician 500 años de poder indígena; y un hecho: es el primer indígena que, apoyado en los movimientos sociales, llega a la presidencia por medio de elecciones. Su propuesta de un gobierno de inclusión y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para la refundación de Bolivia con la participación de los pueblos indígenas -que fueron excluidos desde la fundación de la República criolla, hace 180 años- será puesta a prueba en el contexto de un pueblo movilizado y confrontado a la alianza que formaron los sectores latifundistas con las compañías petroleras.

La situación que atraviesa Bolivia desde el año 2000 -que García Linera, hoy vicepresidente, y también grupos de izquierda, califican como revolucionaria o como una sucesión de crisis revolucionarias- es resultado de un entramado de procesos de los cuales revisaremos tres en el presente artículo. Son procesos históricos inmediatos: el primero vinculado a la emergencia de los pueblos indígenas, sus organizaciones y su lucha por territorios y autonomía desde los años 80, el segundo la organización hacia 1995 del instrumento político de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (en adelante CSUTCB) que luego deriva en el MAS y sigue el trayecto que llega hasta las últimas elecciones del 18 de diciembre de 2005. El tercero es el proceso más general -y que explica en gran medida a los anteriores- referido a la territorialización de los movimientos sociales y la consiguiente territorialización de la reacción burguesa en, el marco de la globalización y un profunda crisis de los estados nación. Los resultados excepcionales de las elecciones de 2005 se enmarcan en estos procesos y, por supuesto, en una poderosa movilización social que no ha cejado en los últimos cinco años.

Para entender cabalmente la lucha de clases en Bolivia, otras líneas de análisis son tan o quizás más importantes que estos procesos en los cuales me concentraré, pero decidí circunscribir el artículo atendiendo a la necesidad de extraer las nuevas enseñanzas del proceso boliviano en curso y, con ellas, entender el posible curso de las luchas latinoamericanas que está encabezando. Sin profundizar un análisis del proceso de reestructuración económica y de la nueva configuración de la burguesía y sus lazos con el

capital transnacional, tocaremos aquellos aspectos más necesarios para comprender el aspecto clave de la situación, que es el surgimiento vigoroso de un actor social, el campesinado indígena que desplaza a la clase obrera de su posición hegemónica y plantea un nuevo proyecto estratégico de cambio del país, en el contexto del levantamiento indígena en varios otros países del continente.

En 1979 emerge la CSUTCB nucleando a todo el movimiento campesino boliviano. Forman parte de la misma las nueve federaciones campesinas departamentales y otras tantas regionales, abarcando tanto las tierras altas como las bajas. En un principio llegaron a integrarla incluso los pueblos amazónicos y la por entonces llamada Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), pero poco después la CSUTCB fue quedando circunscrita a las comunidades campesinas aymaras, quechuas y castellano hablantes que son aproximadamente 11.000 con una población total aproximada de 3.500.000 campesinos. Y la CIDOB se transformó, hacia inicios de los 90, en la Confederación Indígena de Bolivia, que abarca a las minorías amazónicas y guaraníes con una población de unas 300.000 personas. Aunque desde entonces se han dado varios momentos de desarticulación paulatina en esas estructuras nacionales campesinas e indígenas, no se ha mellado sin embargo la movilización finalmente expresada en varias semi-insurrecciones urbanas, demostrando la profundidad de este proceso que, también a momentos, fuerza a las organizaciones nacionales y regionales indígenas y campesinas a concertar propuestas de acción común.

El bautismo de fuego de la CSUTCB tuvo lugar inmediatamente a su fundación cuando, poco después de la caída de la dictadura militar de Banzer, el gobierno provisional (elegido en el Parlamento) de Lidia Gueiler decreta un duro paquete económico y la CSUTCB reacciona con el primer bloqueo general de todas las carreteras del país que dejó completamente aisladas las ciudades durante más de una semana, en diciembre de 1979. La CSUTCB nace como un organismo afiliado a la Central Obrera Boliviana que, en ese momento todavía dirigida por el difunto Lechín, desplegó todos sus esfuerzos por apagar el estallido social, fuera de su control y desbordando también a las capacidades de la recién nacida dirección katarista aymara de la CSUTCB. Ese espectacular bloqueo nacional de 1979, nacido de la demanda de anulación del paquete de medidas monetaristas de la presidenta Gueiler y principalmente demandando la anulación del aumento de la gasolina y de los precios del transporte, dejó entrever que, tras la lucha defensiva clasista por reivindicaciones económicas, se estaba planteando en los hechos la cuestión del control del territorio. Se llega a una situación en la que el estado deja de ser el garante de la libertad de circulación en el territorio nacional y las ciudades iban a quedar frecuentemente estranguladas por el candado que ponían las comunidades a toda forma de transporte -incluso de los alimentos básicos- con la declaración de los bloqueos nacionales (y a veces, departamentales o locales). Estaba también claro que, pese a que la CSUTCB era parte de la COB y los campesinos se consideraban a si mismos parte de la clase trabajadora, existía un cisma entre las organizaciones urbanas y las rurales. Si bien las luchas de la COB y particularmente las huelgas de los maestros fueron a menudo apoyadas activamente por los campesinos, no sucedía la inversa y las reivindicaciones campesinas eran siempre miradas con sospecha desde las filas obreras, y mucho peor desde las clases medias urbanas que seguían la situación con temor y las más de las veces con rechazo teñido de racismo.

El momento del discurso campesino autónomo y de ruptura con el estado paternalista

Lo ocurrido en 1979 es un punto de inflexión importante ya que marca una ruptura del campesinado con un régimen de Estado que se conocía en círculos intelectuales como "el Estado del 52", es decir, el régimen que con la conducción del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) les había devuelto la tierra a través de la reforma agraria de 1953.[1] A raíz de la reforma agraria, el campesinado había pasado a constituirse en soporte activo del estado, tomando parte en milicias armadas rurales que llegan a enfrentarse con las milicias mineras en 1956. Esto se prolonga durante la serie de gobiernos militares y anticomunistas que se suceden desde 1964 hasta 1976, momento en el que aparecen las primeras grietas de lo que se llamara el Pacto Militar Campesino (PMC).[2]

La importancia de esta ruptura consiste en que, al desaparecer el vínculo mediador del PMC entre el estado y el campesinado, no solamente las dirigencias sindicales campesinas dejan de actuar como correa de transmisión de los gobiernos militares, sino que el territorio de las comunidades aparece ahora como un espacio político territorial gobernado por las autoridades tradicionales de las mismas comunidades campesinas andinas que comienzan a hacer paulatina conciencia de esa situación. Aplican para el ejercicio de autogobierno la norma consuetudinaria o lo que denominan sus "usos y costumbres". Si bien esa ha sido una tradición que no se había roto y se mantenía incluso al interior de las haciendas en las que las comunidades estaban "cautivas", tenían sobre si la autoridad estatal representada en el hacendado y, luego de la reforma agraria, en el coordinador del PMC. Con la ruptura del PMC el estado queda sin presencia de autoridad en esas regiones. El proceso de reconfiguración de las jurisdicciones comunitarias andinas esta vez se hace desconociendo muchas veces la normativa que hace al derecho positivo y a las autoridades del estado encargadas de su aplicación. Paulatinamente, la misma estructura piramidal que había sido constituida por el MNR con el objetivo de subordinación del campesinado al estado, comienza a servir para conformar una estructura de autoridades territoriales paralela al estado que empieza a ejercer ciertas competencias arrebatándolas de las autoridades legales. Es lo que ocurrió con los jueces agrarios: desde fines del decenio de los 80, los conflictos agrarios comienzan a ser resueltos por las propias autoridades campesinas e indígenas principalmente a nivel local, pero también utilizando la estructura en niveles jerarquizados de la CSUTCB para canalizar recursos de apelación de los afectados por las decisiones que se toman (o que se elude tomar) en los niveles comunitarios, evitando apelar a autoridades judiciales o policiales.

Este punto de inflexión indica el comienzo (en la práctica, aunque aún no en el discurso) de un proceso hacia las autonomías en el terreno de las comunidades andinas, es decir, en territorios delimitados donde habita un número de unidades domésticas, que controlan a través de su asamblea comunitaria y de sus autoridades tradicionales o sindicales lo que sucede en el interior de ese espacio. El eje alrededor del cual se organizan los usos y costumbres y las formas de autoridad es el acceso a la tierra, que se produce a través de mecanismos y normas generadas colectivamente. En algunos casos, ese autogobierno se empieza a ejercer también a través de las organizaciones de segundo grado, es decir de las centrales campesinas que agrupan a las subcentrales y comunidades y que tienen como jurisdicción sobre el territorio de un cantón o una provincia (el equivalente en la Argentina de un departamento), con una extensión que puede variar de 100 a 1.000 km2. Esta es la

base social y de hecho (como opuesta a de jure) sobre la que los campesinos andinos quechuas y aymaras empiezan a construir sus espacios jurisdiccionales autónomos, aún antes que el discurso de la autonomía indígena y de la lucha por el territorio tuviera ningún eco en sus organizaciones nacionales.

El momento del discurso indígena: por la tierra y el territorio

La marcha indígena por el Territorio y la Dignidad de 1990, encabezada por los pueblos indígenas del Beni en el norte amazónico, marca el otro punto de inflexión. Adquiere gran importancia para la recuperación de la iniciativa por los sectores subordinados, porque se da en medio de la ofensiva reaccionaria del ajuste estructural. Las políticas de ajuste se comienzan a aplicar en 1985, tras la derrota catastrófica sufrida por la COB en ese año, la caída del gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP) de Siles Suazo y la ascensión al gobierno de Paz Estenssoro con el MNR. La clase media urbana fue atraída por esa política que prometía restaurar la autoridad del estado, eliminar todo vestigio de poder dual y posibilitar el proceso de acumulación y bienestar a través de la flexibilización laboral y la eliminación del poder sindical. La burguesía, un sector del cual se había nutrido del narcotráfico en los decenios de los 70 y 80, formó entonces un frente unido muy sólido -que atraviesa todas las instituciones- en respaldo esa política a través del acuerdo interpartidario denominado la "democracia pactada". Cualquier lucha obrera o campesina parecía destinada a estrellarse y fracasar contra el sólido muro formado por esa coalición de todos los sectores de la burguesía y la clase media.[3]

En ese contexto, la marcha indígena que recorrió más de 500 km. partiendo de la región amazónica y atravesando las altas cumbres que rodean la ciudad de La Paz, logra generar las primeras fisuras en el frente reaccionario, con un fuerte impacto mediático y con la simpatía que logra crear en los sectores urbanos: ¡los indígenas amazónicos también existen! Vienen en reclamo de sus territorios y recursos naturales que están siendo arrasados por las empresas madereras y por los ganaderos que se apoderan ilegalmente de tierras con títulos falsificados o simplemente por la fuerza. El gobierno de Paz Zamora (1989-1993) cede ante la gran simpatía y solidaridad que la marcha había logrado en la ciudad de La Paz y promulga varios decretos cediendo territorios a varios grupos indígenas de tierras bajas. Inmediatamente los círculos empresarios reaccionan reclamando por la supuesta amenaza de desintegración del estado debido a lo que ven como aberración jurídica: se empieza a cuestionar el rol del estado como garante de la libertad del capital en todo el territorio nacional. De hecho, los empresarios bolivianos entienden que la declaración de los derechos territoriales indígenas supone barreras que restringen la circulación y reproducción del capital y el acceso a los recursos naturales.[4] Sin embargo, el muro de la convergencia reaccionaria detrás de la política de ajuste empieza a fracturarse allí. Sectores de la Iglesia y de la pequeña burguesía muestran su respaldo a los decretos y rechazan la lógica empresarial para la cual los mismos afectarían los derechos individuales consagrados por la constitución al establecer un tipo de propiedad colectiva que no tenía clara cabida dentro del ordenamiento jurídico existente.

Por otro lado, esta Marcha indígena no sólo pone de manifiesto que el muro reaccionario tiene fisuras, sino que genera un importantísimo debate entre las organizaciones campesinas e indígenas: en realidad, ¿qué es "el Territorio"? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando

reclamamos "la devolución de nuestro territorio"? Los campesinos de comunidades aymaras y quechuas que tienen títulos individuales recibidos de la reforma agraria del 53 ¿cómo pueden ahora recuperar un dominio territorial? ¿Cuál es la organización política que va a administrar esos territorios? ¿Quien encarnará la nación aymara o la nación quechua, cuyas comunidades de base están organizados en sindicatos comunales o en centrales campesinas o en ayllus con jurisdicciones geográficas muy delimitadas, a diferencia de los Chimanes o los Moxeños o Chiquitanos que si pueden tener Consejos o Cabildos que los representan como identidades o como naciones, pero que son minoritarios numéricamente dentro de la República? ¿Quién va a representar a los aymaras o quechuas que viven en las ciudades, donde son la mayoría de la población? Ese debate se empieza a agitar en 1988, se desarrolló en Congresos nacionales, como los de la CSUTCB en Potosí y en Tarija (CEDLA 1989) o como el Encuentro de Corqueamaya donde se reúnen representantes de todas las organizaciones campesinas e indígenas para preparar la conmemoración y protestas para el V° Centenario de la Invasión. No quedó clara la respuesta a las preguntas anteriores, ni cómo se daría esa lucha por el territorio, pero ese Congreso dejó establecido que en 1992 se reuniría una Asamblea de Nacionalidades, que sería el Instrumento Político encargado de la recuperación de la tierra y territorio y planteando que esa sería la instancia que debería solucionar el problema del poder.

Ocurrió entonces que en ciertos casos la reivindicación política territorial se transformó en una reivindicación identitaria, de tinte culturalista. Incluso hubo sectores de dirigentes o de activistas, aymaras sobre todo, que empezaron a dar una batalla contra toda forma de organización sindical o de clase, a nombre de la lucha por la recuperación de la identidad como pueblo. Claramente se veía en algunos de estos intelectuales aymaras como Fernando Untoja y otros el intento por recuperar la idea del bloque de clases, un bloque de clases bajo una nueva identidad (esta vez indígena u originaria) pero opuesta a la idea de luchar contra los privilegios de clase, y más bien definida por la recuperación de su cultura propia suprimida por la civilización occidental.[5]

De hecho, la tan esperada Asamblea de Nacionalidades no pasó a mayores, gracias a un buen esfuerzo de la Iglesia y las Ongs ligadas a la misma, que desplegaron sus mayores esfuerzos para neutralizarla. Es cierto que no había todavía un desarrollo claro del proceso de autonomización de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y eran muchos los espacios que todavía podían aprovechar partidos surgidos de la clase media en conexión con la iglesia como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que llega al gobierno en acuerdo con el ex dictador Banzer en 1989, y su fraccionamiento el Movimiento Bolivia Libre (MBL) que se asegura un espacio en el gobierno con Sánchez de Lozada en 1993. A la vez, se empieza a dar una disociación entre el discurso de la intelligentsia aymara, que reivindica la recuperación territorial de forma abstracta bajo la forma de un bloque de clases y como una demanda cultural, y el proceso que estaba ocurriendo en las comunidades andinas de base, donde se estaba operando la recuperación territorial, dado que esas comunidades estaban ejerciendo jurisdicción sobre el territorio que ocupaban, al margen de la norma y la autoridad del estado. Esa disociación se evidencia durante el mandato de Sánchez de Lozada: recordemos que su vicepresidente era el intelectual aymara y ex secretario general de la CSUTCB Víctor Hugo Cárdenas[6]. Así, mientras por arriba se iban dando las reformas estructurales de segunda generación con participación de un sector de los intelectuales aymaras, por abajo la demanda campesina

comunitaria originaria tenía ya un marco concreto y, además, tendía a convertirse en un proceso de autonomía de clase, donde los comunarios reivindicaban además su carácter de trabajadores campesinos.

La fusión del discurso campesino de la autonomía y el indígena territorial

Más allá de las intenciones de algunos intelectuales indígenas, el proceso de demanda de reconocimiento identitario empezó a ligarse a las demandas campesinas y de clase, la demanda por la tierra y por el territorio y, poco a poco, a la lucha por el control de los recursos naturales. Así se forjó el proceso que primero se verifica en los movimientos rurales e indígenas y después estalla -a partir del año 2000, con la Guerra por el Agua- como confluencia de los movimientos urbanos con los campesinos.

Se da también a partir del decenio de los 90 una confluencia entre los procesos de recuperación y ejercicio de sus jurisdicciones tanto en el control del acceso a la tierra como en la llamada "justicia comunitaria" por parte de las comunidades andinas, con la lucha de los pueblos amazónicos y de tierras bajas que procuran lograr el control de sus recursos naturales, en particular el bosque, a través del reconocimiento de territorios indígenas.

Pero, asimilado el fracaso de la Asamblea de Nacionalidades, aún debía pasarse por un proceso en el cual el sistema intentó crear formas de mediación, utilizando la figura de la interculturalidad y a través de políticas de reconocimiento de la diferencia cultural.

La lógica de las políticas interculturales aplicadas a partir del diseño provisto por los organismos multilaterales, consiste en evitar que el proceso de reivindicación identitario se combine con procesos de lucha de clases. Tanto la reforma educativa como el proceso de reconocimiento de las comunidades que tuvo lugar en 1994 durante el gobierno MNR de Sánchez de Lozada (1993-1997), tenían el objetivo de establecer un reconocimiento de la diferencia cultural precisamente para establecer un mecanismo de gobierno -democracia- pero por la diferencia. Por otro lado, el gobierno Sánchez de Lozada tenía mucho cuidado en privilegiar su política diferenciando los "verdaderos" indígenas, de aquellos a los que hacía aparecer como "campesinos", "cocaleros" o "colonizadores". Lograba frecuentemente enfrentarlos entre si, al privilegiar la negociación con el CIDOB que representa a los pueblos de tierras bajas (minoritarios numéricamente frente a aymaras y quechuas) y, a la vez, hacía objeto a los campesinos originarios de una política de criminalización, procurando presentar a la CSUTCB como complicada con el narcotráfico por su apoyo a la defensa de la hoja de coca.

Que un régimen estatal gobierne por el recurso a la diferencia cultural, politizándola, significa naturalmente apartarse mucho de la forma de gobierno por la homogenización cultural y política que supone el establecimiento de los estados nación a principios del siglo XIX (Smith 1986, Friedman 1998). A la vez, esta etnificación de la política, o esta politización de la diferencia cultural, se transforma en el arma principal de los mismos movimientos indígenas en la lucha por la recuperación del acceso a sus recursos tradicionales. Pero la idea que busca imponerse por detrás del concepto de "interculturalidad" como política de gobierno tampoco es acabar con el estado nación en cuanto sistema hegemónico. Solo se trata, por el momento, de pasar algunas reformas

constitucionales que incorporen el reconocimiento de la diferencia, poniendo fin a un sistema educativo enfocado en la homogeneidad cultural como base de la nación. Estas reformas constitucionales se dieron en muchos países de Latinoamérica desde principios del decenio de los 90, aún en aquellos donde las poblaciones indígenas tienen un peso numérico relativamente reducido.

¿Cuál es el propósito de establecer el reconocimiento de la diferencia, visto desde la perspectiva del poder, visto desde la perspectiva de los organismos multilaterales y finalmente, desde la perspectiva de la burguesía en general? Lo dice claramente Bahba (1994): el desarrollo de los intersticios, es decir, establecer la diferencia pero para fortalecer los tejidos que unen, no para levantar fronteras internas en la nación. Lo que se requiere para ello es fomentar la creación de capas sociales intermediarias que surjan de esos sectores culturalmente diferenciados. Es el caso de la ley de reforma educativa y la ley de participación popular. El problema es cuando esa estrategia de mediación no da exactamente los frutos que se propone. El problema es cuando el estado nación realmente empieza a hacer agua.

Contrarrestar la autoridad indígena con la democracia participativa

Las reformas de segunda generación que el MNR enhebró en el segundo gobierno encabezado por Sánchez de Lozada, ex ministro de Coordinación de Paz Estenssoro, fueron precedidas por dos leyes que levantaron una ola de aplausos en el ambiente progresista académico globalizado. Las organizaciones campesinas las calificaron de "leyes malditas" en ese entonces, aunque posteriormente algunos dirigentes se desdijeron y la vieron como un canal para la participación política que tanto buscaban. Se trata de la Reforma Educativa (RE) y la ley de Participación Popular (LPP) promulgadas en 1994. Esta última da reconocimiento jurídico a las comunidades rurales e indígenas en su calidad de "organizaciones territoriales de base" pero al mismo tiempo dispone la extensión de la jurisdicción municipal por sobre los territorios donde esas comunidades están establecidas.

El gobierno de Sánchez de Lozada era muy conciente de la necesidad de neutralizar el autogobierno comunitario como condición para poner en marcha un mercado de tierras funcional y la LPP es un antecedente político importante para la posterior modificación de la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (ley INRA), donde se establecen algunas pautas para la contrarreforma agraria recomendada por el Banco Mundial. Al contrario de quienes sostienen que la LPP es un avance para los pueblos indígenas, sostengo que es una base política para la posterior construcción del mercado de tierras y que amenaza el fundamento mismo del sistema jurisdiccional comunitario andina. Pero además, de yapa, la LPP crea las condiciones de la fragmentación de las grandes organizaciones campesinas, particularmente la CSUTCB, a través de la posibilidad de incorporar a los líderes campesinos a la administración del estado en sus niveles bajos, es decir, en la administración municipal. Un año después de la primera elección municipal (diciembre 1995) ya se desatan los primeros conflictos al interior de las federaciones campesinas que forman parte de la CSUTCB, a causa de la lucha por el control de las alcaldías municipales rurales. Aquí es donde comienza la historia del MAS, que se inicia bajo el nombre de "Instrumento Político Tierra Territorio" en el Congreso de la CSUTCB que se lleva a cabo en Santa Cruz en marzo de 1995. La pauta de organización del IP era el mandato del

Congreso de Tarija de 1989 que mencionamos arriba, por el cual se determinaba organizar un Instrumento Político para la recuperación de la Tierra y Territorio, bajo la forma de la Asamblea de Nacionalidades. En 1995, las condiciones han variado, la Asamblea ha fracasado, la LPP había sido ya aprobada pese a dos bloqueos nacionales convocados por la CSUTCB para impedir su aprobación (y la de RE), y ya han sido convocadas las elecciones municipales bajo el nuevo escenario jurisdiccional y normativo que la LPP establecía. La decisión que el Congreso de Santa Cruz toma, de organizar el Instrumento Político Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y buscar personería jurídica para participar en las elecciones municipales de diciembre de 1995, es a todas luces una decisión defensiva, para evitar que los partidos políticos "tradicionales" se hagan fuertes en el nuevo escenario municipal rural y lleguen a controlar el espacio de las comunidades. El ASP llega a un acuerdo político con la Izquierda Unida, hasta entonces una agrupación política controlada por el Partido Comunista que le cede su personería en forma prácticamente incondicional. El estreno de esa fuerza política que se ensaya en el departamento de Cochabamba es auspicioso: se consiguen triunfos en 14 municipios y se logra tomar las alcaldías en 10 de esas secciones municipales, pese a la oposición frontal de todos los partidos políticos y el gobierno. Tres de esas secciones municipales son en el Chapare, la región controlada por las cinco Federaciones del Trópico Cochabambino que han formado una coalición desde 1989: la mayor de ellas, la FTCTC, afiliada a la CSUTCB, es el espacio donde crece Evo Morales, las demás son parte de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB).

Las Federaciones del trópico en las tierras bajas al norte de Cochabamba, a diferencia de las organizaciones agrupadas en la CSUTCB son el resultado del desplazamiento de los campesinos de sus comunidades de origen al Chapare, donde cultivan principalmente la coca y son designados como "colonizadores" por el estado que les asigna tierras a través del Instituto de Colonización. A diferencia de la estrategia de seguridad alimentaria que se despliega en las comunidades altas en los Andes, en las zonas bajas se requiere producir para vender: el clima tropical no permite conservar ningún tipo de alimento. A los colonizadores chapareños se les unen los mineros relocalizados durante la gestión de Paz Estenssoro en la segunda mitad del decenio de los 80 y la población crece hasta unas 40.000 familias[7]. Los sindicatos del Chapare reúnen características de los sindicatos campesinos de tierras altas en el sentido que controlan el acceso a la tierra, pero a la vez difieren en que mantienen una íntima conexión con el mercado a través de la producción de coca y frutos tropicales. Las relaciones que se establecen a nivel de sindicatos ha motivado una estructuración mucho más férrea de las estructuras piramidales al interior de las Federaciones que contrasta con la figura de mayor autonomía en las organizaciones comunitarias andinas de base en las Federaciones que forman parte de la CSUTCB y que no permiten un desarrollo piramidal tan verticalizado. Sin embargo, el concepto de jurisdicción indígena originaria que es tan patente en las comunidades de altura, no se deja ver claramente en las tierras de colonización, posiblemente por esa relación tan cercana con el mercado y la influencia minera. Las Federaciones cocaleras, que tan a menudo han recurrido a los bloqueos de carreteras y que pusieron en jaque a la capacidad del estado de garantizar el libre tránsito en su territorio, sin embargo no tuvieron nunca una política territorial. Peor aún, aún cuando la ley INRA abre un espacio para establecer cierta construcción territorial indígena como son las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), los cocaleros permanecieron cerradamente opuestos a esa provisión. Lo concebían como un

relicto de los indios, y los indios en cierta medida eran una barrera que se oponía a la expansión de la coca y de los cultivos comerciales.[8]

Por estas y otras razones, la ASP conformada en el Congreso de la CSUTCB de Santa Cruz se fragmenta durante las elecciones de 1997, donde los cocaleros deciden hacer voto cruzado, evitando de esa manera que salga elegido el dirigente de la Federación de Campesinos FSUTCC que representa a las comunidades andinas y en cambio sale elegido por primera vez Evo Morales como diputado.

Mientras tanto, el proceso que tuvo lugar al nivel de las alcaldías donde habían participado los campesinos con sus candidatos propios elegidos a nivel de asambleas provinciales, fue tomando forma.

Participación Popular y las nuevas jurisdicciones urbano-rurales

Los aspectos centrales de la Ley de Participación Popular promulgada en abril de 1994 se resumen de la siguiente manera:

1) Define una nueva jurisdicción territorial de los municipios, ampliándola a todo el ámbito de las secciones de provincias. Desde entonces se unifica el espacio urbano y rural en una sola jurisdicción político administrativa y en un solo plan de desarrollo local. 2) Otorga a las alcaldías el 20% de los ingresos del tesoro nacional en calidad de coparticipación tributaria en los impuestos internos, de los cuales el 90% debe ser utilizado en inversión y no puede usarse en gastos corrientes. 3) Reconoce la personería jurídica de las "organizaciones territoriales de base llamadas en adelante OTB’s" Dos años después un decreto supremo dispone que se siga reconociendo por su nombre a las comunidades y pueblos indígenas, es decir, que las personerías otorgadas por las prefecturas departamentales deberán especificar si se tratan de comunidades campesinas o indígenas, etc. y no englobarlas bajo el nombre de OTB’s. Las OTB’s eligen un representante por cada distrito o cantón para conformar un Comité de Vigilancia ante el municipio. 4) "Transfiere la infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, micro riego, con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla" La ley de Diálogo Nacional del año 2001 también transfiere los gastos corrientes (personal) de educación y salud que estaban centralizados en la administración del gobierno nacional derivándolos al presupuesto municipal sin que esté claro la forma de financiamiento de los mismos.

Desde la corriente ideológica principal del gobierno se planteaba la LPP, en primer lugar, como un instrumento de generalización de la ciudadanía en desarrollo y equidad: desarrollo concebido desde una perspectiva de equidad ya que se trataba de redistribuir recursos a regiones que apenas habían recibido hasta entonces algún aporte del presupuesto general de la Nación. Era parte de una estrategia que apuntaba al "municipio productivo", concepto que nunca llegó a ser aclarado pero parecía marchar en el sentido de "urbanizar el campo", es decir, hacer llegar a las regiones rurales los progresos de la civilización urbana[9]. También se decía que los mecanismos de participación establecidos a través de la ley significaban un claro reforzamiento de la sociedad civil y el poder local (De La Fuente 2001).

En otra vertiente de interpretación desde el mismo gobierno, el líder indígena aymara que fuera secretario general de la CSUTCB y devino Vicepresidente de la Nación, Víctor Hugo Cárdenas, promovía la ley invocando la suerte de los pueblos marginados. En su interpretación se estaba pasando "de una democracia del voto a una democracia social, étnica, cultural y económica" cuya base "es el reconocimiento legal de la personería jurídica de las organizaciones llamadas territoriales de base y que "tras ese reconocimiento legal está la apuesta por la sociedad" (Cárdenas 1997:21-25). Ello no obstaba para que remarcara simultáneamente: "la democracia que vivimos es una democracia colonial, colonialista, excluyente y el Estado que surge de esa realidad es un Estado colonialista y excluyente". Testimonio paradojal que reflejaba una doble presión; la de su cargo y la otra que partía desde las organizaciones campesinas originarias, principalmente aymaras, que interpretaron en un principio el ascenso de Cárdenas por un lado como expresión de sus propias posibilidades de ascenso en cuanto ciudadanos asimilados a la sociedad dominada por los criollos y, a la vez, como posibilidad de reconocimiento de las características propias del aymara como sujeto social colectivo.

Mi lectura se basa no tanto en los aspectos retóricos que acompañaban dicha reforma y aparentan ir en el sentido del reconocimiento de lo indígena, como en su significado práctico, el cual anticipamos el mismo año de su promulgación:

En nuestra opinión, las ONGs ya han abierto -consciente o inconscientemente- un amplio margen de acción para que el Estado plantee su control sobre el espacio jurisdiccional que hasta ahora era propio de la comunidad campesina. (Regalsky 1994:161)

El mismo Cárdenas plantea que lo que la LPP ha parido es la reconstrucción del "estado local", es decir, lo que se convertiría en el mecanismo neutralizador del mini-estado indígena paralelo que ven Carter y Albó (1988) en la comunidad aymara de los años 80.

Las organizaciones campesinas, tanto federaciones departamentales como la misma CSUTCB, inmediatamente interpretaron el proyecto de ley como un intento de socavar las organizaciones y comunidades en sus formas propias de organización y de control del espacio. Lo vieron como un intento de socavar su autonomía e intentaron oponerse a la aprobación del proyecto apenas fue publicitado. Los movimientos sociales se lanzaron contra el proyecto de ley -que era parte de lo que se denominó "las tres leyes malditas": LPP, RE y ley de capitalización- y fracasaron, pese a que la convocatoria a bloqueos fue acatada por buena parte de las comunidades campesinas, sobre todo en la región cordillerana quechua. Lo único que se logra es negociar cambios en el decreto reglamentario, que reconoce el nombre propio de cada una de las organizaciones de base. Desde entonces, una actitud ambivalente de las comunidades deja en confusión a la dirección de sus propias organizaciones matrices, que sigue manteniendo el reclamo de derogación de estas leyes en su orden del día hasta principios del siguiente año 1995, pues tras su promulgación, muchas comunidades del altiplano y de tierras bajas empiezan a organizarse para obtener la personería jurídica como OTB’s, e inmediatamente después les siguen las comunidades del valle.

Se genera entonces una carrera competitiva entre las comunidades, que inaugura un período de creciente faccionalismo local. En primer término, hay una competencia que se inicia

entre comunidades organizadas en sindicatos, ayllus y a veces también por parte de asociaciones y juntas vecinales, que pugnan por obtener la personería jurídica y así obtener el reconocimiento, dentro de determinados límites geográficos, respecto a la representatividad relativa a una determinada población, a veces a expensas de otras organizaciones o comunidades. La pugna por la delimitación territorial tanto municipal como entre las mismas organizaciones y comunidades se convierte a la vez en una complicada fuente de conflictos.[10]

En segundo término se desata una competencia por conseguir "obras municipales" entre comunidades que pertenecen a una misma Central o Subcentral y son parte de una jurisdicción municipal. Esta competencia intercomunitaria debilita la capacidad de negociación comunitaria y favorece a los vecinos del pueblo donde tiene su asiento la autoridad municipal, que logran acceso privilegiado a los escasos recursos municipales.[11] Este asunto comienza a complicarse desde 1996, cuando asumen sus funciones las nuevas administraciones municipales en función de la LPP y la ley orgánica de Municipalidades de 1985.

Los dos temas anteriores, nos llevan a lo que nos interesa destacar aquí: la vigencia de una jurisdicción propia campesina andina -que existía de hecho y sin reconocimiento legal- y que da lugar a una superposición de jurisdicciones con la nueva administración municipal urbano-rural creada por la LPP. La autoridad comunitaria entra en competencia y en un juego contradictorio de fuerzas con la autoridad municipal. La municipalización del área rural en un diseño urbano-rural único y rígido para todo el país que como vimos debilita a las comunidades rurales, implica además el tema de la autodeterminación indígena a la que se refiere Cárdenas y que tiene que ver con las implicancias de estas reformas en términos de políticas interculturales. La municipalización y electoralización de la autoridad (en términos de aparición de la mediación obligatoria de los partidos políticos para la elección de autoridades locales) mella la autonomía comunitaria, aún cuando los campesinos inmediatamente diseñaron una respuesta en términos de "instrumento político" que intervendría en el escenario electoral a la par de los partidos políticos del "sistema".

El electoralismo campesino e indígena

Las primeras elecciones municipales bajo este nuevo régimen municipal se realizaron en diciembre de 1995. Para entonces aparece un nuevo actor político, que es el llamado "Instrumento político" organizado por la CSUTCB en marzo de 1995 por resolución del Congreso nacional llevado a cabo en Santa Cruz y significó un aparente giro de 180º respecto a las posiciones que había asumido la CSUTCB a partir de 1989, cuando se estaba acercando el Quincentenario de la Colonización.

El electoralismo campesino e indígena no era reciente. En las elecciones de 1993 el MNR había incorporado en sus listas a varios candidatos con mucha trayectoria en el movimiento campesino e indígena, y esto no hacía más que retomar una tradición movimientista de cooptación de los dirigentes agrarios surgidos en la revolución de 1952. Otro partido componente de la coalición que va a gobernar a partir de 1993, el MBL había incorporado en sus listas a varios representantes indígenas, entre ellos el presidente de la CIDOB[12] Marcial Fabricano. En algunos casos, las organizaciones campesinas reaccionan y expulsan

a dirigentes que se comprometen con partidos sin haber consultado con sus bases en primer término, como sucede en la provincia Campero en 1989. En otras provincias, los dirigentes toman distintos caminos a través de toda la variedad de partidos, pero tienen la precaución de consultar primero a las asambleas de sus centrales o comunidades, de una manera más o menos "orgánica". Sin embargo, ese electoralismo que iba tomando fuerza entre dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas, y el hecho de que varios de ellos estuvieran afiliados a distintos partidos políticos de los llamados "tradicionales" por esas mismas organizaciones, es un fenómeno diferente y que no se debe confundir con la participación "orgánica" de esas mismas organizaciones en los procesos electorales (como resultado del Congreso Campesino de 1995) y, por tanto, con las consecuencias que tiene esa participación. Tampoco puede confundirse con un proceso que lleva mayor profundidad histórica y que es la reestructuración de las formas de autoridad y de organización territorial en el área ocupada por las comunidades andinas que tiene lugar a raíz de la implementación de la LPP.

Pero en los hechos, habrá una combinación de todos estos factores, entre los cuales juega un rol fundamental el desempeñado por la cooptación y el clientelismo político que desarrollan los partidos de la "democracia pactada" al interior de las organizaciones sociales. Pero el clientelismo por sí solo no explica la trascendencia de los cambios que aparecen en el horizonte de las comunidades campesinas andinas. También la participación "orgánica" y los procesos de burocratización que aparecen consecuentemente dentro de las mismas organizaciones campesinas tienen su peso en los cambios.

No sólo se trata de un giro de las organizaciones campesinas, en las direcciones de segundo y tercer grado, que en forma orgánica empiezan a intervenir en las campañas electorales. No sólo se trata de que las organizaciones campesinas, que tenían hasta entonces un accionar reivindicativo y en una perspectiva de autodeterminación, pasan ahora a desempeñarse en campañas electorales donde adquiere peso el componente de "seducción" y "promesa" que implica hacer campaña. Esto supone un vuelco en el tipo de accionar de esas organizaciones y una especie de segmentación interna. Hay un nivel de mayor profundidad histórica, que es afectado por la LPP aunque sólo empieza a sentirse una vez pasada la borrachera electoral:

La LPP ha impactado fuertemente y lo sigue haciendo de forma creciente en las comunidades campesinas, comunidades tradicionales. Ellas más que ningunas otras realidades, junto con las organizaciones de los pueblos originarios del Oriente y del Chaco están siendo impulsadas a integrarse en la nueva sociedad democrática boliviana, a la formación de nuevas formas de ciudadanía. La expresión de la nueva sociedad está todavía en un proceso de definición y transición (o emergencia) desde viejos sistemas de valores y jerarquías sociales, en busca de nuevas formas de integración en su relación con el Estado y la política, y quienes han sido más afectados por estos cambios han sido los campesinos al verse amenazados sus sistemas de organización tradicional, su ordenamiento territorial y sus formas de relación con el Estado vigentes desde 1952. (Blanes 1999:3)

A partir de la aparición de los candidatos campesinos a los municipios en 1996 se consolida lo que Blanes considera un "proceso irreversible":

Enfrentamientos y faccionalismos han existido siempre en las comunidades del altiplano, tanto aymara como quechua. La novedad en el caso de la implementación de la Ley (PP) es la abundancia de situaciones, motivos y oportunidades para ello. El caballo de batalla no son estrategias diferenciadas de desarrollo sino el acceso a obras. (Blanes 2000:69)

En suma, la LPP debilita la autoridad de las comunidades y refuerza el faccionalismo, contribuye así a desarticular la jurisdicción de las comunidades sobre la tierra. Es que la propuesta contenida en la LPP no sólo se refiere a una modernización en las formas de la administración pública, a la descentralización y a la equidad en el acceso a los fondos públicos. Se relaciona estrechamente con una estrategia de transformación productiva que busca dinamizar la agricultura comercial y desbaratar la agricultura de seguridad alimentaria, en base a resolver la relación íntima de las comunidades campesino-indígenas con la tierra: dicho de otra forma, separar los indígenas de su tierra y consolidar lo que el MNR pretendía con la Reforma Agraria de 1953: establecer el capitalismo en el campo.

El campo político de la localidad parecía entonces el terreno fácil hacia el cual era posible derivar las agudas tensiones políticas y sociales de carácter nacional que dejaba planteada la propuesta de autodeterminación nacional de los pueblos originarios. El municipio y sus tentaciones facilita la fragmentación de los movimientos sociales nacionales en cientos de "peleas de gallos" locales. Paradójicamente, aquí también es donde se concentra con mayor fuerza el desprestigio de los partidos de la democracia pactada por el grado de corrupción que los acompaña.

La respuesta política de las organizaciones campesinas camina sobre un delicado equilibrio con varios peligros. El Instrumento político, inicialmente campesino, ha pasado en 2002 del nivel de la representación local y de la intervención en elecciones municipales a lograr, para sorpresa general, un gran peso en el nivel nacional, inclusive llegando a disputar la presidencia de la república en esas elecciones nacionales donde Evo Morales saca un inesperado segundo puesto. Las intromisiones de la embajada norteamericana, que ataca a Morales en forma directa, juegan a favor del candidato campesino. Ya en ese momento se ha producido un cambio fundamental al interior del Instrumento político organizado por la CSUTCB, ahora conocido solo por sus siglas electorales como MAS. En el lapso ocurrido entre 1997 y 2001 se ha invertido la relación: el MAS deja de ser el brazo político de la CSUTCB, cuyas orientaciones son fijadas en los Congresos Nacionales campesinos. Hasta entonces se podía decir que así como, a nivel local, el poder territorial de las comunidades se ejercía en paralelo al de las instituciones estatales, también dentro del MAS había una especie de poder dual: las organizaciones tenían a nivel territorial sus Direcciones de Instrumento Político que tomaban resoluciones y elegían sus candidatos a las diputaciones y alcaldías, mientras por arriba los funcionarios electos del MAS empezaban a estructurar un partido al estilo autoritario tradicional. Continuamente se daba la tensión entre ambas estructuras, aunque la autoridad personal de Evo ayudaba a consolidar el paulatino predominio del aparato. Ahora las decisiones las toman los ampliados del MAS, compuestos exclusivamente por los diputados, alcaldes y concejales electos y la CSUTCB queda reducido al rol de un participante más, pese a ser el principal proveedor de votos. Es más, mientras en las elecciones de 2002 participaron en las listas del MAS y fueron electos al parlamento unos 18 dirigentes indígenas, en las listas para las ultimas elecciones de 2005 en cambio si hubo algún dirigente indígena fue a nivel de suplente, como es el caso de

Carlos Cuasase en Santa Cruz, mientras solo unos cuantos dirigentes campesinos, aquellos más destacados por su lealtad personal a Evo, consiguen figurar en la lista.

Octubre rojo fue el resultado de una agregación molecular a partir de los conflictos locales

Tiene razón Prada (2005) cuando llama la atención sobre el proceso molecular subyacente al paulatino ascenso de las movilizaciones sociales. Poco encuadradas en organizaciones nacionales que ya habían perdido su capacidad de convocatoria, los movimientos indígenas del 2000 y el estallido semiinsurreccional de octubre 2003 aparecen, a los ojos poco advertidos, como un acontecimiento, como la aparición de la "multitud" (García Linera 2000). En cambio, este ascenso y los combates que libran las masas se estructuran sobre bases organizativas locales bien sólidas que se van agregando a medida que la tensión crece, como fue ya evidentes en el caso de la Guerra del Agua de Cochabamba en el año 2000 que deriva en la creación de la famosa Coordinadora del Agua y la Vida. Surgida a consecuencia de ese agregamiento molecular, la Coordinadora canalizó ese proceso con éxito durante varios meses. Una vez que el agregamiento social se detuvo, ya obtenido el objetivo de la movilización (anulación del contrato con la multinacional Bechtel), la coordinadora quedó sólo con el nombre y, claro, la fama.

Los primeros momentos del cataclismo social que derrocó al presidente Sánchez de Lozada en octubre de 2003 estuvieron marcados por conflictos municipales donde la población masivamente destituye al alcalde electo por acusaciones de corrupción y nombra otro en asamblea general, acompañándolo con bloqueos para exigir el reconocimiento de esta nueva designación que viola las normas de elección de autoridades. A la vez se presenta un conflicto encabezado por el dirigente aymara Felipe Quispe "Mallku" que busca liberar a un dirigente de una comunidad lacustre encarcelado porque se había aplicado la justicia comunitaria a dos abigeos. No se salvaron de esta reacción violenta en el nivel local aquellos representantes campesinos que, habiendo sido promovidos a funcionarios de estado por el "Instrumento Político", habían sido luego comprados o corrompidos por agentes del aparato de la "democracia pactada" de los partidos "tradicionales" y se habían pasado al oficialismo como sucede en el caso de la provincia Morochata en Cochabamba. El accionar del MAS, que buscaba ubicarse en el escenario político con el rechazo a la venta del gas a través de puertos chilenos organizando marchas pacíficas en diversas ciudades, permite que la movilización social que inicialmente se presenta fragmentada encuentre un punto de unificación en una demanda nacional. Los dirigentes urbanos de La Paz, la federación campesina aymara de La Paz y la COB se negaron a alinearse tras el MAS, que pretendía sacar rédito propagandístico de las movilizaciones, pero coincidieron en la demanda del rechazo a la venta del gas y a la vez, buscaron sobrepasar el marco en el cual el MAS quería mantener las movilizaciones. La posterior represión en Warisata, una población famosa por haber sido la sede del primer instituto de formación de profesores indigenales y la indignación consiguiente en todo el país permiten vertebrar el movimiento a escala nacional rápidamente. Viene entonces el cerco a La Paz que reedita en el imaginario popular la epopeya de Tupak Katari. La ciudad queda desabastecida, inclusive los organismos de represión carecían de combustible para sus movilidades. La represión militar de las masivas manifestaciones en El Alto con más de 60 muertos sacude al país, se

rompe el frente gubernamental y todo ello permite terminar las jornadas en triunfo con la caída del régimen de Sánchez de Lozada.

El Alto es una ciudad obrera con predominio de la actividad "informal", que es la norma del sistema productivo y comercial nacional. Un par de semanas antes de la sublevación, El Alto había albergado una movilización popular contra la imposición de un impuesto municipal que tuvo que ser suspendido. Las organizaciones vecinales de los barrios que albergan miles de pequeños talleres artesanales actúan generalmente junto con las asociaciones de pequeñas comerciantes. Ellas ocupan las calles de la ciudad alteña y se trasladan también al hoyo de La Paz a vender en pequeños puestos que ocupan menos de un metro cuadrado en las veredas y también en plena calle. Otros miles de alteños y alteñas se trasladan semanalmente o diariamente a la hoyada para buscar trabajos temporarios. Los más afortunados tienen trabajo en alguna de las fábricas que se han instalado en la zona alteña aprovechando la abundancia de mano de obra y la cercanía de las carreteras y el aeropuerto, así como el fácil acceso a las fronteras con Chile y Perú. La COB vivió un ligero despertar durante las movilizaciones de octubre, pero la fragilidad de sus estructuras la hizo vacilar inmediatamente después. El liderazgo recayó en la dirección de las juntas vecinales que se asoció a la coordinadora del agua de Cochabamba para iniciar inmediatamente después una lucha por la expulsión de la empresa francesa concesionaria de los servicios de agua.

La crisis de Estado

Pero la movilización popular no explica sola, a secas, la crisis de Estado. El hecho es que los de arriba ya no tienen la capacidad de gobernar y los de abajo ya no quieren ser gobernados. La crisis de estado quedó al desnudo en el mal bautizado "febrero negro", que sirvió de prolegómeno a las jornadas de octubre 2003. El enfrentamiento armado de los grupos especiales de la Policía con la guarnición militar del Palacio de Gobierno, del cual debió huir el presidente Goñi Sánchez de Lozada, estalló a raíz del anuncio del aumento de impuestos a los asalariados. Ya los policías se habían amotinado en 2001 durante las movilizaciones del altiplano a raíz de las condiciones de trabajo y salariales. El incumplimiento de los convenios firmados en ese entonces y la amenaza de la reducción del salario determinó la rabieta que derivó en decenas de muertos, incluyendo civiles que se sumaron a la rebelión. ¿Qué explica esta condición casi permanente de crisis de estado que vivió Bolivia desde el año 2000 y que recién parece dar un respiro tras las elecciones de 2005 donde triunfa Evo? La explicación corriente es la exclusión y el agravamiento del abismo que separa las dos Bolivias, la Bolivia indígena y la Bolivia urbana mestiza y blanca. Se suma a este elemento histórico la crisis coyuntural causada por la descapitalización del estado generada por las políticas de desnacionalización de la minería, el petróleo, y las empresas nacionalizadas en general, que abastecían el presupuesto nacional y proveían de mano de obra en la Bolivia post 52. La recuperación de los recursos naturales estratégicos desnacionalizados se ve como la condición para la recuperación de esta crisis y esa tarea se le ha encomendado por mandato electoral al gobierno de Evo.

Pero hay un elemento más general que corre por detrás de ambos factores -uno histórico-cultural y otro coyuntural económico- ya mencionados. La globalización se anuncia como heraldo de un sistema de dominación imperial y de una transformación en el sistema

hegemónico mundial que permitiría al capital superar la crisis del modelo de acumulación resultante del agotamiento del ciclo keynesiano. Sin embargo, la globalización es no solo el intento de superación de la crisis, es también en si misma el anuncio y la consecuencia de la crisis. Implica, como nos explica muy bien Friedman (1998), la crisis de hegemonía de un sistema basado en los estados nación. Lo explica el hecho de que los capitales, encerrados en la crisálida de las naciones, no ven la manera de conservar tasas de ganancia suficientemente altas. Se ha cerrado el ciclo tecnológico cibernético, sin que los anuncios de nuevos ciclos económicos movidos por las innovaciones de la ingeniería genética y la nanotecnología asomen como salida a la crisis de la tasa de ganancia. El único motor de la economía mundial es ahora el recurso de la mano de obra semi esclavizada china que, sin embargo, ya está mostrando signos de rebelión. La caída del salario en los países imperialistas no ha logrado crear condiciones para la reanudación de los ciclos de expansión del capital. Así parece que esta crisis de los estados nación y la creciente consolidación monopólica evidenciaran el anuncio de una crisis civilizatoria global, siendo la dominación mundial de la cultura de coca cola y macdonald’s el canto de cisne de la civilización burguesa nacida de la revolución industrial. Expresada en la ideología del predominio de las libertades individuales por encima del derecho colectivo, la individualización y fragmentación social como modelo de progreso, esa civilización está ahora en cuestión desde afuera y desde adentro. El resurgimiento de aquellas civilizaciones derrotadas por el capitalismo, la civilización islámica en primer término vivida como un enfrentamiento religioso, y las culturas indígenas de América casi a la vez, vividas más bien como un proceso de recuperación territorial, y ambas reclamando la primacía de los derechos colectivos por encima del individuo, son la evidencia indirecta de esta declinación civilizatoria global. Por dentro, la posibilidad de un nuevo ciclo tecnológico basado en la bioingeniería está cuestionada por las propias clases medias de los países imperialistas, que lo ven como un peligro para la supervivencia de la vida en el planeta tal como la conocemos. Si este es el caso, estaríamos a las puertas de un proceso de crisis en cadena de los estados nación. Francia recientemente dio una campanada en ese sentido, no escuchada por sus dirigentes conservadores, que se niegan a dar una válvula de escape a esta situación a través de las políticas de la interculturalidad (cuyo ensayo, hemos visto, fracasó ya en primera instancia en Bolivia). El actual proceso boliviano es, ante quien quiera escuchar y ver, un pre-anuncio de los nuevos tiempos.

Elementos adicionales para ubicar las elecciones de diciembre de 2005

Si tenemos en cuenta el proceso de la crisis de hegemonía que hemos pintado someramente en la sección anterior, quizás sea más fácil entender cómo es que los sectores más reaccionarios de una burguesía latifundiaria, que ya ha empezado a armar sus grupos paramilitares para defender sus tierras mal habidas, puedan haber aceptado con muy débiles protestas la instalación en el gobierno de su peor enemigo, el jefe de los cocaleros. Pero hay un elemento adicional que es necesario también tomar en cuenta para entender lo que hoy está pasando y lo que probablemente pueda suceder en el Palacio Quemado de La Paz y en las calles y los campos, y que forma parte de la caracterización que esa burguesía se ha hecho de Evo Morales.

En mayo y junio de 2005 se repitieron las jornadas de octubre de 2003, volvió a instalarse el mismo cerco a La Paz, con el agregado de que esta vez se inició también un cerco a

Santa Cruz. El comité cívico de Santa Cruz que agrupa a los sectores más fuertes de la burguesía boliviana aliada a las multinacionales petroleras, debe parte de su fuerza al hecho de que en Santa Cruz la población no ha podido aún organizarse. Hay un flujo enorme de población del occidente del país, de las zonas llamadas "collas" por los propios cruceños, proveyendo por un lado mano de obra barata a la agricultura, y asentándose como colonos en tierras situadas al norte de la ciudad. También han afluido a la ciudad y a su conurbano miles de pequeños comerciantes paceños y cochabambinos constituyentes de una especie de "clase media" colla en medio de la urbe cruceña. Estos sectores empezaron a movilizarse en 2005: los colonos del norte de Santa Cruz establecieron un bloqueo de carreteras que tuvo aislada la ciudad del resto del país. Para colmo, por el lado sur sus exportaciones se vieron también bloqueadas, esta vez por las organizaciones de la Asamblea del Pueblo Guaraní que reclaman la creación del 10° departamento que se escindiría de Santa Cruz formando el Gran Chaco. Estos desafíos ya empezaron a alarmar a esta burguesía acostumbrada a la prepotencia e incluso al genocidio de cualquier pueblo que se le ponga por delante. ¿Quién ayudó entonces a superar el susto? Nada menos que Evo. Cuando la movilización se ponía más fuerte demandando la inmediata nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la asamblea constituyente, incluso llegando a la ocupación de los pozos petroleros en Santa Cruz, fue justamente el dirigente cocalero el que planteó el adelantamiento de las elecciones y la renuncia de Carlos Mesa. Esta propuesta fue rechazada por el resto de los sectores populares, pero ya la demanda hecha por Evo y el MAS había sugerido una salida que los sectores más lúcidos del sistema inmediatamente tomaron, con el apoyo militante de la Iglesia Católica y la prensa. De esa manera la movilización termina diluyéndose sin conseguir sus objetivos, pues un gran sector de la población acepta el planteo: llevaremos a Evo al gobierno y solucionamos los problemas. Así se abrió entonces la posibilidad de que el sistema político se reagrupe y relegitime sus instituciones en las elecciones generales. Este es un importante aspecto a resaltar del resultado del 18 de diciembre. Por un lado, hay el tremendo y conmovedor hecho que vimos en Tiwanaku: la simbología aymara con la que se rodea la subida al gobierno del primer presidente indio de América. Pero la otra cara de la medalla es la recomposición del sistema político, la recuperación de la confianza de una gran masa del pueblo en las instituciones de la democracia burguesa. Y esa es la razón por la cual los sectores más reaccionarios del empresariado mafioso cruceño estuvieron dispuestos a recibir en su sede y con aplausos, el 3 de febrero de 2006, a quien fuera su enemigo jurado.

Lo que no disminuye la importancia de los resultados electorales de diciembre 2005. Son el reflejo del terremoto que viene sacudiendo aquellos estados naciones construidos durante el siglo XIX por las burguesías criollas sobre territorios conquistados militarmente. Hay un ciclo de hegemonía que parece estar llegando a su fin. Si bien el propio gobierno de Evo puede resultar siendo parte de la receta "multicultural" para prolongar la agonía de estos regímenes, el propio carácter del remedio puede también significar un trago amargo para los sectores dominantes. El gobierno de Evo está hoy en la cuerda floja, puesto que los movimientos sociales a quienes quiso subordinar a través del MAS han recuperado cierta iniciativa con la consolidación del "Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas y originarias" en la cumbre social que se realizó en la ciudad de Santa Cruz este 15 al 17 de febrero de 2006. El hecho importante es que la marcha de los indígenas por la recuperación de su territorio está lejos de haber sido interrumpida, y hoy han decidido acometer tareas

muy complicadas, como las que plantea la próxima Asamblea Constituyente a punto de ser convocada...

Movimientos campesinos e indígenas de Bolivia dispuestos a defender la democracia de Venezuela Escrito por RNV   

Un respaldo rotundo al gobierno constitucional de Nicolás Maduro manifestaron movimientos sociales del estado plurinacional de Bolivia de visita en Venezuela. Los colectivos realizaron un ritual de agradecimiento a la pachamama además de pedir por paz en el territorio.

Juanita Ancieta dirigenta de la Confederación Nacional de Campesinos Indígenas "Bartolina Sisa" de Bolivia, destacó que defenderán el proceso bolivariano de Venezuela, "no vamos a permitir que el imperio y la derecha humille al presidente Nicolás Maduro, siga adelante y siga defendiendo la democracia legado del comandante Hugo Chávez" dijo la boliviana.

"No vamos a permitir que el imperio sabotee la democracia, por eso en Bolivia estamos de pie hombres y mujeres para defender la democracia y para defender a nuestros presidente antiimperialistas" preciso con mucho ímpetu la indígena Boliviana.

Igualmente Ancieta pidió a las Naciones Latinoamerica a mantener la unidad para defender la democracia y la unidad de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, hizo el llamado a la juventud venezolana a defender la patria como jóvenes antiimperialistas y anticapitalistas; además de no dejarse llevar por manipulaciones de la derecha venezolana.

De igual manera los representantes la Confederación Sindical Única de trabajadores Campesinos de Bolivia, Sindicato Minero Huanuni de Oruro, Confederación de padres, madres y familias de Bolivia entre otras organizaciones, coincidieron que los pueblos deben continuar en la lucha de mantener un pueblo soberano como lo impulsó el Comandante Eterno Hugo Chávez.

Los dirigentes, manifestaron que por petición de la comunidad escolar boliviana, en honor al comandante Chávez, se están renombrando con su nombre a escuelas que tienen nombre de invasores españoles colonialistas.

Movimientos indígenas y campesinos de Bolivia constituirían fuerza electoral el 201403/04/2012-06:46 Política3    

MAS se muestra confiado y no teme a otros frentes políticos ni a los militantes disidentes.

La marcha del TIPNIS abrió un nuevo escenario político con visión indígena alterna al proyecto del oficialismo.

Desde disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) hasta quienes se consideran opositores del partido en función de Gobierno se han gestado desde hace tiempo nuevas fuerzas políticas campesinas e indígenas, incluyendo a los pueblos originarios de Tierras Bajas. Políticos afirman que estos movimientos podrían constituir una nueva fuerza que haría frente a la anticipada candidatura del presidente Evo Morales en los comicios del 2014.

El diputado por Convergencia Nacional (CN), Javier Leigue afirmó que los nuevos frentes políticos e indígenas podrían constituir una fuerza representativa que competiría frente al MAS que se encuentra bajo el liderazgo del presidente Evo Morales.

El legislador recordó que el MAS- IPSP estuvieron unidos en su momento con los movimientos de Tierras Bajas y Altas, lo cual le dio la fortaleza necesaria al oficialismo para llegar al poder los años 2005 y 2009.

“Todos estaban con la ilusión de que éste era un proceso de cambio, pero vemos de que no es así. Nos ha dado una lectura muy clara el hecho de que en la elección presidencial del 2009 de cinco meses hasta abril del 2010 y vemos que el MAS ha perdido un millón de votos”, señaló.

Lea:   Potosí. Comcipo impulsará el No junto a 'Petardo'

Las dos banderas con las que se identificó el oficialismo fueron el reconocimiento y participación de los indígenas y el respeto por los derechos humanos, pilares que cayeron con la controversia generada por la posible construcción Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y la posterior represión del 25 de septiembre pasado, explicó Leigue.

“Todo eso se fue por abajo solamente por el tema del TIPNIS, que no respetaron a los indígenas, no respetaron los derechos humanos, ni a la Madre Tierra”, citó.

En entrevista con EL DIARIO, el dirigente campesino Felipe Quispe indicó que existe un proyecto político nacido desde las comunidades, por lo que descartó estar fuera de la actividad militante.

En tanto, el dirigente indígena de Tierras Bajas, Adolfo Moye, anunció que en las últimas reuniones de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), se sugirió la consolidación de una alternativa política que representaría a los comunarios de la región.

Además se perfilan de manera dispersa proyectos individuales como los iniciados por el exministro de Educación Félix Patzi y el exsenador del MAS, Lino Villca.

En tanto, la senadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Sandra Soriano, afirmó que la política del Gobierno actual es la promoción de la inclusión y la participación de los diferentes sectores que busquen la consolidación del partido oficialista.

Lea:   Evo es 'símbolo de la democracia' para el músico cruceño Aldo Peña

“No queremos estar dentro del ámbito de la soberbia, pero conseguir el apoyo que ha conseguido nuestro Presidente es un gran reto que se consigue en toda una vida”, señaló.

Esta postura fue secundada por el diputado Jorge Medina (MAS) quien aseguró que existen ambiciones personales a raíz de errores cometidos por parte de los disidentes, por lo que éstos estarían buscando justificarse conformando un partido político.

“No nos preocupa, eso no es una afrenta significativa. El pueblo ya no es el mismo, ya no se puede ir con una mentira para llegar al poder”, señaló.

Organizaciones campesinas e indígenas de Bolivia, ¿en su hora crítica?Tras la fractura del Pacto de Unidad, el gobierno intenta recuperar a las organizaciones hoy aisladas, pero sus estrategias no parecen ser las más éticas. La generación de organizaciones paralelas, el desprestigio de algunos líderes o la cooptación de dirigentes repercute en una gran pérdida para el movimiento campesino indígena como bloque. Por otro lado, no muestran tampoco indicios de sostenibilidad en el tiempo las acciones para preservar a las organizaciones aliadas a través de espacios de poder absoluto para algunos líderes, acciones prebendales, e inserción de campesinos e indígenas en la agenda doméstica del gobierno como acto meramente simbólico.

En los últimos 30 años se registraron importantes avances en el reconocimiento de los derechos para los pueblos indígenas a partir de diferentes Convenios y Declaraciones internacionales, que sumado al ascenso de gobiernos progresistas en la región, han coadyuvado a que estos pueblos hayan dejado de ser objetos pasivos de las políticas públicas para convertirse en sujetos activos en la construcción del Estado.

En los últimos dos años se han dado y acrecentado una serie de desencuentros entre las principales organizaciones campesinas e indígenas del nivel superior. Tan sólo cinco años atrás, las principales organizaciones del nivel nacional: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Confederación Sindical de Colonizadores Indígenas Originarios de Bolivia (CSCIOB), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa (FNMCIOB-BS) conformaron el Pacto de Unidad, y lograron articular e incidir en el diseño y la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado aprobada en 2009.

El acercamiento de las organizaciones campesinas e indígenas de Bolivia, o de sus dirigentes con el gobierno actual en torno a la toma de decisiones ha generado diferentes formas de relacionamiento. Por el lado positivo las organizaciones han logrado poner en el debate y en la agenda pública diferentes demandas e intereses estratégicos del sector, así como ser parte y protagonista del denominado proceso de cambio que vive el país, o por lo menos sentirlo de esa manera. Por el lado negativo este relacionamiento ha conllevado ciertos grados de dependencia o clientelismo político, en el peor de los casos ha desembocado en tensiones y hasta fracturas entre sectores campesinos y sectores indígenas, cuyos pueblos sin duda comparten la misma problemática en torno a la pobreza y marginación, estando hoy, lamentablemente distanciados y sin posibilidad de influir o articular acciones en torno a temas de sus agendas estratégicas.

La CSUTCB, la FNMCIOB-BS y la CSCIOB, organizaciones de base eminentemente campesina, siguen en la línea de sostener al gobierno y apoyar el proceso de cambio, dado que son dueñas del partido gobernante; sin embargo, CONAMAQ y la CIDOB, organizaciones de base indígena, pese a ser gestores del denominado proceso de cambio, hoy han quedado aisladas e incluso son tildadas de enemigas de dicho proceso.

Si bien la CPE articuló a estas cinco organizaciones en torno al Pacto de Unidad, en el tiempo también lo fue el hacer frente a la oposición que se mantuvo vigente hasta 2008. Las tensiones internas en el Pacto se asientan en las diferentes formas de ejercicio del poder y capacidad de interlocución con el gobierno, así como en diferentes visiones sobre temas de la agenda estratégica campesina e indígena -el modelo de desarrollo, las autonomías indígenas, los derechos económicos, políticos y territoriales- generaron el distanciamiento de las organizaciones que conformaron este bloque social; sin embargo, el partido gobernante también contribuyó a estas tensiones, porque al querer consolidarse como única opción política dejó de lado a líderes indígenas aliados que mostraron capacidad para cuestionar temas de fondo.

Pero el estar aliado o no al gobierno no necesariamente significó la consecución de las demandas estratégicas para las organizaciones. En los casi siete años de esta relación estrecha entre gobierno y organizaciones se ha priorizado más bien la agenda del gobierno, que en sus inicios estaba centrada en la generación de cambios estructurales dirigidos al logro de una nueva Constitución Política del Estado que establezca las bases para la construcción del Estado plurinacional; pero en los últimos años, esa agenda de gobierno más bien parecería estar centrada en el ejercicio pleno y perpetuo del poder, independientemente esto conlleve a renunciar a los principios y valores que habían caracterizado la etapa de construcción de las bases del nuevo Estado, que pretendía ser plurinacional, incluyente, democrático, autonómico y diverso, entre las muchas cualidades planteadas en la Constitución.

Se han diseñado diferentes políticas, programas y proyectos sociales o de desarrollo orientados al sector campesino indígena cuya implementación es gradual: en materia crediticia hay importantes avances para pequeños medianos y grandes productores; las políticas de regulación de exportaciones y precios de alimentos impactan positivamente en la economía campesina indígena; los programas de infraestructura productiva (agua para riego o maquinaria agrícola) responden a las necesidades más sentidas del sector, especialmente en el occidente del país; los proyectos de desarrollo o fortalecimiento organizativo atendidos por el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y las Comunidades Campesinas, al ser transferencias financieras no reembolsables, son significativos para el desarrollo productivo del sector campesino indígena.

Las organizaciones del Pacto han tenido una participación activa en estos programas, pero tras la ruptura del mismo, hoy sólo las tres organizaciones aún aliadas al gobierno juegan un rol importante, aspecto que deja en desventaja a las organizaciones afiliadas al CONAMAQ y la CIDOB. Sin embargo poco o nada se ha avanzado hacia la consecución de los temas fundamentales de la agenda estratégica de las organizaciones campesinas e indígenas. Centrándonos en tres temas como participación política, el modelo económico

de desarrollo y el acceso a la tierra y los recursos naturales, podemos ver que los avances son escasos.

Es evidente que se ha incrementado la participación política de campesinos e indígenas, y que desde el gobierno se han generado condiciones para que éstos participen en importantes espacios de toma de decisiones como la Asamblea Legislativa Plurinacional, las Asambleas departamentales y municipales en el nivel sub nacional ó la participación en el Órgano Ejecutivo. Pero, la toma de decisiones lamentablemente ha seguido la tendencia de obediencia vertical al partido, y no la que idealmente se pensaba, es decir articulada a las bases que eligieron a estos representantes campesinos e indígenas.

Como ejemplos últimos están la Ley Marco de Autonomías y Descentralización que fue observada por asambleístas de tierras bajas debido a los elevados condicionamientos para la implementación de las autonomías indígenas, pero que al final gozó del respaldo y aprobación tanto de campesinos como de indígenas; o el cuestionado decreto 748 del gasolinazo que pese al férreo rechazo de las organizaciones intermedias y de base en su momento logró el respaldo incondicional de los asambleístas campesinos y de principales dirigentes campesinos de organizaciones mixtas o de mujeres, lo cual muestra distanciamientos de las organizaciones intermedias y de base con sus entes matrices y con sus representantes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este distanciamiento es la evidencia más clara de las fracturas internas que también sufre la organización campesina, aunque la cultura prebendal juega en momentos de crisis un papel importante en la mediación.

En referencia a la participación de la base social en la toma de decisiones, ésta aún es protocolaria, está contaminada de actitudes prebendales o simbolismos, y sigue también la cultura de obediencia vertical.

En referencia al modelo económico se habló de un cambio del patrón primario exportador por uno basado en la economía plural con una visión integral del desarrollo. En el marco de los cuatro pilares del desarrollo tomó importancia el logro de la soberanía y seguridad alimentaria para lo cual el rol de los pequeños productores campesinos e indígenas era sustancial apuntando hacia un cambio en la estructura de la tenencia de tierra y el acceso al agua, los insumos productivos y el crédito. Son interesantes las estrategias para el logro de la seguridad alimentaria referidas al control de servicios públicos rurales y a la participación gubernamental como actor económico en la producción y comercialización de alimentos; empresas estatales como EMAPA han jugado un rol importante durante la crisis del precio de los alimentos aunque han tenido capacidades limitadas para llegar a áreas con escasa conectividad al eje troncal como las zonas fronterizas del país; otros programas de desarrollo productivo menos coyunturales con base en alianzas Estado-productores rurales (Criar, Empoderar, Sembrar) han iniciado la producción de alimentos pero aún atraviesan fases piloto y tienen escasa cobertura en relación a las unidades productivas campesinas indígenas del mundo rural.

La Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria de junio 2011 a través de las dieciséis políticas del artículo 12 responde en parte a las demandas que anteriormente habían planteado sectores campesinos e indígenas. Sin embargo, su promulgación estuvo

plagada de contradicciones; su objeto central es lograr la soberanía alimentaria del país pero no toca temas estructurales, ya que la soberanía alimentaria cuestiona el modelo de desarrollo primario exportador, se contrapone a las políticas de liberalización del comercio e interpela el control de los recursos productivos (tierra, agua y semillas), y la ley promulgada pasa por alto estos aspectos en su contenido, no apunta hacia un cambio de la estructura de la tenencia de tierra como base de la producción campesina indígena, y con la evidente voluntad del Estado para abrir camino hacia la producción transgénica de especies en los cuales el país no es centro de origen o diversidad, evidencia una política de liberalización del comercio poniendo en riesgo incluso el control de la tierra y los recursos genéticos, asociados a este tipo de producción.

Finalmente, el acceso a la tierra y los recursos naturales –demanda histórica de las organizaciones campesinas e indígenas- ha tenido importantes avances en el país. Según datos oficiales alrededor del 60% del territorio nacional está saneado y titulado. Sin embargo, en el último tiempo el proceso está prácticamente estancado; por un lado, el problema del minifundio del altiplano y los valles no ha sido resuelto con la política de asentamientos humanos; y por el otro, no se ha garantizado el cumplimiento de la FES ni se han tocado los latifundios existentes en el oriente. El acceder a más tierras o incidir en que exista una distribución más equitativa como fue el plan inicial del gobierno no pasa por enfrentar a campesinos contra indígenas arguyendo que en TCO y propiedades comunarias hay mucha tierra e improductiva, aspecto que sólo muestra la vigencia de un modelo agrarista en el país dejando de lado las bondades y ventajas comparativas de los bosques y su manejo y aprovechamiento integral y desconociendo los derechos colectivos de éstas poblaciones.

Por otra parte, es posible que la tarea aún pendiente de dotar tierra a las poblaciones que no la tienen o la tienen de manera insuficiente esté relacionada con el anuncio gubernamental de ampliar en un 37% la frontera agrícola para garantizar la seguridad alimentaria del país, sin embargo, la tierra fiscal disponible es escasa frente para esta oferta, por lo que no estarían alejados de la realidad los temores de las organizaciones de tierras bajas respecto a garantizar sus derechos territoriales en las TCO o la vigencia de algunos parques nacionales.

En síntesis, podemos ver que las organizaciones campesinas e indígenas aliadas o no al gobierno aún no logran las grandes transformaciones esperadas del proceso de cambio. Su participación política es protocolaria, está influenciada por cuestiones de clase y etnia frente a los compromisos para responder a intereses colectivos de los pueblos campesinos e indígenas que deberían primar. Las realidades y desafíos de los pueblos campesinos e indígenas aún se enfrentan a un modelo económico primario exportador (hidrocarburos y minerales) con bajas intervenciones en la problemática del mundo rural que no logra políticas que apunten hacia temas estructurales de alcance masivo para el sector.

La equidad en el acceso y distribución de la tierra como principal factor productivo para campesinos e indígenas se enfrenta a la escasa voluntad política del Estado para hacer cumplir la Ley, dificultades para implementar un programa integral de asentamientos humanos en las tierras fiscales ya detectadas, y serias dificultades para entender las dinámicas de vida de los pueblos indígenas y campesinos de las TCO y propiedades

comunarias o escasa capacidad de garantizar con políticas eficientes la gestión integral y sostenible de esos territorios ya saneados.

El relacionamiento estrecho entre gobierno y organizaciones fue algo muy esperado de este proceso de cambio, pero las fracturas entre el movimiento campesino e indígena y/o de éstas con el gobierno no lo fueron. En este contexto, el gobierno viene intentando recuperar a las organizaciones hoy aisladas pero las estrategias no parecen ser las más éticas, la generación de organizaciones paralelas, la irrupción de sus instalaciones, el desprestigio de algunos líderes o la cooptación de dirigentes, en lugar de mejorar la situación repercute en una gran pérdida para el movimiento campesino indígena, como bloque; y por otro lado, el preservar a las organizaciones aliadas a través de espacios de poder absoluto para algunos líderes, acciones prebendales, inserción de líderes campesinos e indígenas en la agenda doméstica del gobierno como acto meramente simbólico, no muestran tampoco indicios de sostenibilidad en el tiempo.

Sin duda la peor parte de la fractura y sus consecuencias hoy corresponde al movimiento campesino indígena, que ha luchado por años por reivindicar sus derechos y que ha sacrificado muchas vidas.

* Revista Mundos Rurales N. 7, CIPCA, agosto de 2012.

BOLIVIA: LA LUCHAS OBRERAS Y EL MOVIMIENTO CAMPESINOGregorio Mamani (EL TRABAJADOR)

24 de mayo de 2011

1.- Las movilizaciones contra el gasolinazo, de diciembre de 2010, la lucha salarial de abril del 2011, han evidenciado los limites del movimiento campesino y la bancarrota de sus organizaciones sindicales (CSUTCB, CONALCAM, COLONIZADORES, BARTOLINAS SISA), que no han dudado en hacer declaraciones confrontativas contra el movimiento obrero, sino que objetivamente impulsaron la confrontación en las calles de trabajadores de la ciudad y trabajadores del campo.

2.- Este hecho ha enterrado las antojadizas posiciones que pusieron al movimiento indígena, como la clase social que había reemplazado a la clase obrera, en su papel de clase dirigente. “En Bolivia, los productores cocaleros y las direcciones indigenistas se pusieron al frente del movimiento popular que históricamente había seguido a la clase obrera y a la COB” (PO) o en el caso de un conocido disidente del MAS que denunció la existencia de una “tendencia dominante en el gobierno, nacionalista y popular, basada en el realismo político y en el pragmatismo, tendencia que no se atreve a romper radicalmente con el modelo neo-liberal”, llamando a su reconducción y que el “Pacto de Unidad, que aglutina a los sindicatos CSUTCB, CNMCIOB “BS” y CSCIB, así como a los pueblos indígenas de tierras altas y bajas CONAMAQ y CIDOB… -tienen- la responsabilidad de reconducir el proceso” (Prada 2011)

3.- El llamado Pacto de Unidad (que aglutina a las organizaciones sindicales campesinas), no han dudado en respaldar al gobierno cuando emite el gasolinazo en diciembre de 2010. En “la crisis por el incremento salarial, la derogación del decreto 21060 neoliberal, todavía vigente, la defensa de las cajas de salud y otras reivindicaciones de los trabajadores, crisis desatada el 6 de abril de 2011, se han vuelto a evidenciar las distintas perspectivas entre la COB y la CSUTCB, afiliada a la COB, cuando Roberto Coraite, ejecutivo de la CSUTCB declara a nombre del CONALCAM y del Pacto de Unidad estado de emergencia en defensa del gobierno, haciendo un llamando a la movilización en defensa del proceso” (Prada). Cabe remarcar que es el movimiento campesino, asentado en las Seis Federaciones de Cocales del Chapare, los que logran convocar a sus bases en al ciudad de Cochabamba, contra la movilización obrero popular.

4.- La realidad por tanto ha enterrado, a los teóricos de la reconducción del proceso, y a quienes de manera solapada hacían una cierta apología del “movimiento indígena originario”. “Durante una década… la masa campesina y la indígena ocupó el centro del escenario político” (Prensa Obrera 2011). Como bien señala Raul Prada, citando a Luís Tapia, las movilizaciones obreras del 2010-2011 (que tienen sus antecedentes desde el 2002) “es el develamiento del retorno de la lucha de clases del proletariado”.

5.- Pero como bien señalan varios dirigentes campesinos medios, no hay que confundir la burocracia sindical campesina, con el movimiento campesino. Es gobierno del MAS ha destinado ingentes cantidades para ganarse el favor de un conjunto de dirigentes, de varias promociones sindicales, a través no solo de su cooptamiento en el Aparato Estatal de algunos de sus ellos (Eugenio Rojas, etc.), sino de organismo encargados en clientelizar las organizaciones del movimiento campesino (ha construido un llamado Fondo Indígena, con un presupuesto de 900 millones de Bs.), el cual canaliza todo tipo de Proyectos solo de estas organizaciones.

6.- Esta situación ha puesto también en evidencia una de las posturas que el pensamiento de la clase obrera, el marxismo ha defendido, “De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, no hay más que una verdaderamente revolucionaria: el proletariado”, que ha surgido con el capitalismo, “es su producto genuino y peculiar” (Manifiesto Comunista), que fruto de la agudización de las contradicciones del sistema capitalista, de su tendencia a su autodisolución (debacle) es la clase social que enterrara al capital, los proletarios solo pueden liberarse de las cadenas que lo atan a la explotación asalariada, destruyendo precisamente ese sistema de trabajo asalariado.

7.- Peligrosamente, dentro de la actual coyuntura, la relación de unidad que se construyo a los largo de años entre la Central Obrera Boliviana y el movimiento campesino (CSUTCB) ha quedado roto. El gobierno del MAS ha parado una Orga-nización paralela denominada CONAL-CAM (donde a parte de todas las organiza-ciones campesinas, están aglutinadas los mineros cooperativistas, incluso los petro-leros). Existen voces muy débiles de algunas dirigentes campesinos (CONAMAQ), que han cuestionado este nuevo pongueaje político de la dirigen-cia campesina. Esta situación tendrá consecuencias graves, a puertas de Congreso de la COB.

8.- La clase obrera, los trabajadores del país, debemos redoblar esfuerzos para propiciar una aproximación revolucionaria del proletariado al campesinado. Esta política debe ser discutida, pero con una plena convicción las actuales direcciones del movimiento campesino –y sus ideólogos- deben ser superadas, han demostrado su carácter reaccionario. “La doctrina socialista es la única que puede dar un sentido moderno, constructivo, a la causa indígena” (Mariategui)

9.- Ha quedado además demostrado que quienes en su momento planteaban “ir hacia donde están las masas que siguen al MAS para orientarlas en la lucha por sus reivindicaciones, y en todo caso hacer acuerdos de independencia frente al gobierno y a su política, con sus corrientes más combativas, o sea las que traducen deformadamente el descontento de las masas” (C.R.C.I.), han propiciado la desorientación. La “insurgencia proletaria” en curso, ha posibilitado la radicalización de las organizaciones de la clase media (maestros, salubristas, médicos) y se convierte de a poco en clase dirigente. “Proyectando la dualidad de poder entre el MAS y el Movimiento obrero organizado y movilizado” (Manifiesto PSUT-B).

Movimientos Campesinos en Bolivia 2004 - 2006

1. 1. Movimientos Campesinos en Bolivia 2004-06 Javier Cuasapaz José Jaime Jenifer Palma Paola Ramos Nataly Salazar Javier Soria

2. 2. CRONOLOGÍA• 1999 inicia la Movilización por la salida deempresas extranjeras que manejaban los recursosnaturales y la protesta de la ley del agua 2029.• 2000 Guerra del Agua en Cochapamba.• 2000-01 Formación del ejército y cuartelindígena Qalachaka.• 2003 Guerra por la coca.• 2003 Constitución del bloque indígena popular(no venta del gas a Chile y EE.UU).• 2003 febrero surge la Guerra por el Impuestazo.

3. 3. • 2005 mayo-junio, Paro Cívico declarado por laJuntas Vecinales y la Central Obrera Regional de ElAlto. ( en contra de la Ley de Hidrocarburos,Referéndum vinculante sobre el gas y laconvocatoria a la Asamblea Constituyente); siendotambién una confrontación étnica y clasista.• 2005 - 24 de mayo, son las avanzadas a espaciosreservados generalmente para las élites,nuevamente sales a las calles el ejército indígena.• 2005 – 31 de mayo, movilización del sectorvecinal alteño y el indígena. ( paralizo y ocupó laentrada de la zona sur, y; autoidentificaciónindígena defensora de los recursos naturales).

4. 4. • 2005- 7 de junio, la renuncia de la presidenciadel congreso de Carlos Mesa, mientras tanto el 9de junio llegan a la movilización los sectoresmineros.

5. 5. “Movimientos Sociales en Bolivia”,autonomía, auto-organización y su relación con el Estado.

6. 6. Actualmente, Evo Morales, ha realizado varioscambios en la administración del Estado, el merohecho de que Evo ha llegado al poder estatal,mediante la lucha de más de 15 años dentro delmovimiento social cocalero, es un gran punto a sufavor, la importancia del apoyo al mismo, demuestraque los movimientos sociales son grupos de lucha yde apoyo para poder llegar a conseguir un objetivocomún, en este caso, vencer al neoliberalismo; lo quele está costando mucho trabajo al mandatario, pueslos cambios que se han realizado son netamenteadministrativos, y lo que realmente se necesita soncambios estructurales estatales para vencer de fondoal neoliberalismo, sino se estaría administrando lacrisis sistémica del capital o simplemente se estaríatrabajando para futuros capitalistas o interesespolíticos y económicos de cierta élite europea.

7. 7. Decir que con Evo Morales, es lo mismo que losmovimientos sociales manejen el poder, es notener un equilibrio de fuerzas sociales, pues comosabemos el mandatario emergió del movimientosocial pero no por ello vamos a decir que él, vadejar manejo amplio a los movimientos sociales,ya que; tiene que darse una correlación defuerzas, por lo mismo el trabajo de Luís Tapia en elgobierno es direccionar un trabajo intelectual conpersonas del mismo proseguir y pensar de EvoMorales, este trabajo es elevar a teoría política eltrabajo de este gobierno.

8. 8. Siguiendo la razón, de Ranahit Guha, que dice: silos movimientos sociales u organizaciones, secatalogan como actores hegemónicos corre elpeligro de que se sientan auto representados porel estado y tengan una estructura partidista, y seolviden cual es la naturaleza del movimientosocial que trabaja prácticamente comocanalizadora de demandas.

9. 9. Consideraciones y replanteamientos teóricos sobre losmovimientos sociales en la coyuntura actual:Desde la “Guerra del Agua”, en Cochabamba en el 2000,se ha producido un cambio en la interpretación de losmovimientos sociales como: Unidad Democrática PopularUDP, Sindicatos Obreros, Sindicatos Cocaleros, y;Organizaciones indígenas del oriente; pues en ciertasmarchas de movimientos sociales se detectó que eranneoconservadores como los bloqueos de caminos deseptiembre-octubre del 2000 y la figura del vocero deFelipe Quispe, y; que por esas razones se marcan comoantidemocráticas a las movilizaciones.

10. 10. Organizaciones, repertorios y las dimensiones políticas del movimiento socialLa autora plantea 3 aspectos centrales de“herramientas” teóricas por Javier Auyero:• Organizaciones formales,• Organizaciones creadas en el momento de lamovilización, y;• Repertorios de movilización.

11. 11. La propuesta central es abstraer las dimensionesque resultan del interés común de losmovimientos sin importar el perfil del mismo.Cuando se trata de clasificar y estructurar losmovimientos sociales se rompe con el mismoesquema, pues hay varias interpretaciones, perode todas maneras es menester ver lasmovilizaciones sociales que se unen sin unarepresentación estatal como es por ejemplo elMovimiento Vecinal de El Alto de octubre de 2003,pues su financiamiento no es el mismo como susdirectrices.

12. 12. Potencias de la movilización:1. Impugnación al sistema de representación partidaria.2. Lucha contra las oligarquías y el tipo de desarrollo capitalista.3. Lucha por la salida de las empresas privadas que manejaban recursos vitales.

13. 13. Debido a las luchas colectivas de los movimientosespecialmente en septiembre y octubre del 2000,tuvo una gran importancia indígena por:1. Alcance nacional2. Radicalización en el sector del altiplano3. Acuerdo intercomunal para crear el Estado Mayor Indígena.

14. 14. LA COORDINADORA DEL AGUA YLA INSUBORDINACION POPULAR. 15. 15. La Guerra del Agua se de-sa-tó en febrero y abril de 2000 yenfrentó a

pobladores del campo y la ciudad con el gobiernodel entonces presidente Hugo Banzer.Y con la guerra del agua la gente del pueblo, entre estosindígenas, campesinos, obrera y pobre, recordaron que ellosson los verdaderos dueños del destino, y de su trabajo,tomando en cuenta a sus abuelos como los transportadoresde enseñanzas, para compartir las cosas y vivir en paz con laspotencias de la pachamama. Con esto se ha logrado crear unainstancia de deliberación. Por lo que la coordinadora es detodos o de nadie, es decir son todos los que mantienen lapertinencia y la horizontalidad, y cuando salimos a combatira las fuerzas represivas sabemos lo que queremos y hacemosconocer a todo el mundo.

16. 16. • La coordinadora es un espacio de voz y de autonomía, y se creó en Bolivia para comenzar a gestionar la vida, para recuperar y distribuir un bien común como el agua, sin esperar nada del gobierno. Es también un espacio de proceso de pensamiento colectivo que nos permite caminar y crecer unidos. Mediante esta unión nos permite conocer lo que es agua y sobre todo lo que brinda la pachamama y por eso la comercialización es algo absurdo, he imposible y hasta asesina, ya que no podemos comprar ni vender algo que no nos pertenece.

17. 17. ELECCIONES Y PODER POPULAR EN BOLIVIA:Las jornadas heroicas comienzan desde abril y septiembre del 2000, julio del 2001, febrerodel 2002,

febrero y octubre del 2003, enero y marzo del 2005, mayo y junio del 2005 y finalmente el 18 de diciembre como victoria de las luchas acumuladas.

18. 18. • En este proceso que se está desarrollando desde el 2000 en Bolivia, la gente ha puesto un cerco humano (mujeres, hombres, jóvenes, niños y ancianos) y de lucha ante los saqueos de los bienes comunes como el agua y los hidrocarburos, y así expulsando a estas transnacionales, y a estos organismos financieros como el BM, el FMI y la OMC.

19. 19. Los gobernantes son quienes deben cumplir con laagenda de indígenas, campesinos y sectores popularesempobrecidos. Entre estas tenemos:• -Reapropiación de todo nuestro patrimonio común, fundamentalmente la nacionalización de los hidrocarburos.• - Asamblea constituyente: popular, originaria y sin tutelaje partidario.• - Reforma agraria para eliminar el latifundio acumulado por terratenientes ligados al poder político.• - Juicios de responsabilidades a los asesinos y vende patrias.

20. 20. En la actualidad hay tres fuerzas sociales reconocidas enBolivia:1.- Nuestras propias fuerzas2.- La fuerza de la gente, de los movimientos, de loshombres y mujeres3.- La derecha arrinconada pero viva, y con el apoyo enrecursos y pensamiento de las transnacionales y elimperialismo norteamericano, ya que sigue en pie todassus leyes manipuladoras y todas sus instituciones quehan establecido y consagrado la jerarquización socialexcluyente y racista, garantizando la explotación deltrabajo.

21. 21. Microgobiernos barriales, guerra del gas, El Alto-BoliviaEn Bolivia se genera la construcción de un nuevo escenario sociopolítico, pueblos indígenas y sectores populares marginados

22. 22. ¿CUAL ES LA LOGICA DE LA ORGANIZACIÓN BARRIAL?• Se visibiliza la categoría de barrio y vecino siendo el referente de articulación de las estrategias de acción colectiva, a la vez en el espacio fundante de autorganizacion política vecina al interior de la ciudad del Alto eje de este nuevo proceso. Se consolida una nueva racionalidad política fundada en las decisiones colectivas para colapsar el normal funcionamiento del Estado y la sociedad domina

23. 23. ¿Cual es la dinámica de los gobiernos barriales y como son entendidos?• La forma de operación es mediante los presidentes de Junta de Vecinos, los Comités de Defensa del gas, los cuarteles barriales, jefes de cuadra, las tácticas y la visualización política del gobierno barrial a permitido que se instalen nuevos parlamentos barriales.• Son espacios de legitimación y toma de decisiones en cuanto se refiere a las acciones colectivas y los discursos políticos.• Es una obligación colectiva de todos el cumplimiento , el incumplimiento tiene efecto de la ley social, la sanción moral y publica que convierte o deshereda a un vecino y su familia

24. 24. Se visibiliza la categoría de barrio y vecinosiendo el referente de articulación de lasestrategias de acción colectiva, a la vez enel espacio fundante de autorganizacionpolítica vecina al interior de la ciudad delAlto eje de este nuevo proceso.Se consolida una nueva racionalidad políticafundada en las decisiones colectivas paracolapsar el normal funcionamiento delEstado y la sociedad dominante.

25. 25. • La forma de operación es mediante los presidentes de Junta de Vecinos, los Comités de Defensa del gas, los cuarteles barriales, jefes de cuadra, las tácticas y la visualización política del gobierno barrial a permitido que se instalen nuevos

parlamentos barriales.• Son espacios de legitimación y toma de decisiones en cuanto se refiere a las acciones colectivas y los discursos políticos.• Es una obligación colectiva de todos el cumplimiento , el incumplimiento tiene efecto de la ley social, la sanción moral y publica que convierte o deshereda a un vecino y su familia

26. 26. Lo que se ha decidido es levantarse en contra del Gobierno de Sánchez de Lozada para que no se exporte gas a Chile• hacia los tejidos comunales o individuales en torno al sistema del poder comunal.• Los microgobiernos barriales son el referente del gobierno indígena, y es bajo este sistema del poder vecinal que se ha quebrado el poder blanco-mestizo durante los diez días que duro el levantamiento de octubre de 2003 y los dieciocho días en mayo-junio del 2005 en la ciudad del Alto

27. 27. Quiebre del estado blanco-mestizo• Los alteños, mineros e indígenas vecinos de las aéreas rurales exigían la renuncia de Sánchez de Lozada. El Alto y las provincias han sido tomadas por sus habitantes siendo el próximo paso consolidar el proceso en otras regiones y espacios del poder dominante, el gobierno blanco mestizo pierde legitimidad de la población alteña y de las provincias aymaras o quiswas, el ejército, la policía también han sido derrotados ante lo que surgen los cuarteles barriales .• ”. La gente se ha sumado decididamente a la movilización para tomar sus barrios y así tejer y mantener un control y auto organización propias

28. 28. • Cuando la movilización llega a la Paz, para exigir la renuncia de Sánchez de Lozada, los barrios marginales del sur y centro de La Paz se convierten en nuevos escenarios de violencia junto a la zona norte de la ciudad del Alto. La represión se concentra particularmente en los barrios indígenas y no indígenas de Garita de Lima, plaza Eguino, San Francisco, Av. 16 de Julio y los alrededores del palacio de gobierno. Las zonas residenciales se han hecho visibles socialmente como los archipiélagos físicos del poder dominante, son fuertemente custodiadas por efectivos militares y policiales.

29. 29. • Hay una especie de psicosis social de los blanco- mestizos, quienes perciben que todo indígena y manifestante es destructor de la propiedad privada. Un imaginario que separa el mundo indígena-popular del mundo social de las élites blanco-mestizas y que refuerza las fronteras étnicas y territoriales al interior de una misma ciudad. En medio de esta violenta masacre se evidencia una vez mas las relaciones de dominación étnicas en Bolivia. A las protestas se suman otras ciudades como Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí y Santa Cruz. El vicepresidente de la república, Carlos Mesa, expresa su desacuerdo con las acciones de Lozada, infligiendo un duro golpe al poder político del presidente.

30. 30. • Hay una decisión tomada socialmente: Sánchez de Lozada “debe renunciar”. Ante esto, los dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE)• de El Alto, y el representante de los Gremialistas no están autorizados para dialogar con el gobierno. Este es un pedido generalizado. Así hay varias fuerzas que acechan al gobierno y a las zonas residenciales de La Paz: los mineros, gremialistas, indígenas, los maestros, intelectuales y fundamentalmente los aymaras alteños.

31. 31. ¿Qué es la democracia? 32. 32. “A partir de lo indígena se puede democratizar la sociedad”.En el año 2005, se

vivió unametamorfosis en la política de Bolivia,cuando se eligió al primer

presidenteindígena en la historia de este país, elmismo que en su mayoría estaconformado de población indígena.

33. 33. En los 80 y 90 existía un tipo de presenciapredominante de partidos políticos que sealternaban el escenario electoral, es decirse pusieron de acuerdo para dar lugar a loque se denomino la democracia pactada.

34. 34. Con la llegada del MAS al gobierno, se desordena elmapa político por la presencia de un partido quesimbólica y efectivamente por su composiciónrepresentó las demandas de transformación y laspulsiones de la sociedad centradas en el rechazo almodelo neoliberal, a la corrupción de los partidos y aun estado que históricamente había excluido a lasgrandes mayorías del país, es decir que habianexcluido a los indígenas, quienes siempre planteabanla necesidad de una reconstrucción identitaria social,la recuperación del uso de su lengua, de los valores yusos culturales, combatían la minería y ademásbuscaron afirmar las costumbres y capacidades deautogestión y gobierno.

35. 35. ¿QUE BUSCO LA NUEVA DEMOCRACIA QUE INICIOEN EL 2005?En Bolivia la democracia a partir del 2005, lo quebusco es modos de acabar con las desigualdades,discriminaciones y opresiones, integrando a lamayoría poblacional, es decir a los indígenas quese hicieron presentes en las urnas para elegir a surepresentante el mismo que también es indígena,y que fue cocalero, y quien llego al poder paradesmembrar un juego político de cambio orotación de poderes fríamente calculados, que nohacían más que hacer peligrar la democracia, yaque esta se veía continuamente amenazada.

36. 36. AUTODETERMINACION DE LAS MASAS Y DEMOCRACIA REPRESENTATITACrisis estatal y democracias en Bolivia 2000-2006

37. 37. LAS TRES ETAPAS EN LA CRISISPIMERA ETAPADe iniciativa política nacional de los movimientos socialesAbril del 2000 Guerra del AguaSeptiembre 2000 Levantamiento AymaraJunio del 2001 Levantamiento AymaraEnero del 2002 Guerra de la Coca SacabaJunio del 2002 Marcha por la soberaníaEnero del 2003 Levantamiento Urbano contra el ImpuestazoOctubre del 2003 Insurrección en El AltoSEGUNDA ETAPADe iniciativa política del EstadoJulio del 2004 Referéndum sobre el gasTERCERA ETAPADe iniciativa política nacional de las estructuras corporativas conservadoras (Comité Cívico Cruceño, transnacionales petroleras)Diciembre 2004 “Dieselazo” de MezaEnero del 2005 Cabildo AutonómicoEnero del 2005 Guerra del Agua en el AltoJunio del 2005 Movimiento nacional por el gas

38. 38. DEMOCRACIA Y VIDA POLITICA COMO CONDICION LEJOS DEL EQUILIBRIO• ¿EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRA LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA?• “Las democracias nacen y renacen lejos de la condición de equilibrio”• Los grandes cambios en la forma primordial no se han realizado todavía,• Se necesita profundizar la democratización en un proceso de aprendizaje que se encuentra lejos del equilibrio• Es necesario continuar innovando democratizaciones múltiples sobre la base de estructuras de rebelión de las masas• “La receta consiste en reducir democracia y restaurar autoridad”

39. 39. ESTADO Y DEMOCRACIA REPRESENTATIVA• El estado como una forma de la vida social• “Reposa en el núcleo dinámico del capital”• El capitalismo en su fase actual tiende a ser menos societario y mas estatal.• Instrumental por excelencia.• Forma extra-económica profunda de la acumulación• EL MAS no

puede volverse el “mediador”, si no debe ser el canal de su derrumbamiento.• Sin reducir la democracia a simple gobernabilidad, sin coaptar estatalmente la autonomía y la autodeterminación• Re-politización como el proceso de adopción de lógicas y dinámicas societales.• Los sinsabores de la democracia participativa• ¿POR QUE LA LEGITIMACIÓN ERA SUFICIENTE PESE A QUE SE PROMOVÍA UNA ESCASÍSIMA PROPORCIÓN DE DEMOCRATIZACIÓN ELECTORAL?• La gran mayoría de la población no se conformaría con reformas y simulacros de modernización.• Autonomías indígenas amplias, derechos colectivos y descolonización profunda del estado, reapropiación social de los recursos naturales.

40. 40. MOVIMIENTOS CONSTITUTIVOS, AUTODETERMINACION DE LAS MASAS• Condiciones de posibilidad de un nuevo sistema de representación.• Relación entre organización y política en el estado y la política fuera del estado.• Momentos constitutivo de relevo de las creencias y lealtades.• Es basicamenente la articulación interna y especifica de la sociedad como totalidad, la articulación de las clases sociales, las estructuras políticas económicas e ideológicas (2000-2006)• Forma primordial y sistema de representación• Los cambios de las estructuras políticas y económicas que logren un cambio drástico en la correlación de fuerzas entre subalternos por un lado y oligarquías terratenientes, empresas transnacionales y sus representantes en las estructuras partidarias.• Tiempo estatal vs tiempos de emancipación• Fetichización del triunfo electoral del MAS.• Enajenación de los seis años de luchas.• Contradicción fundamentas del momento actual.

41. 41. DIALOGO CON: ALVARO GARCIA LINERAVive su adolescencia justo en el fin de lasdictaduras, golpes de estado, elecciones afines del 77, en 1979 vive en la paz elbloqueo y la presencia de los campesinosél ha sido un autodidacta, y estudiamatemáticas, las ciencias sociales estudiapor si mismo.

42. 42. Como se influye en la política?Viaja a México y sigue su lectura por la percepciónpolítica, la guerrilla centroamericana, sus lecturasvan de una filosofía abstracta del capital , de ladialéctica de Hegel y Kant, van a una lecturaleninista .Regresa a Bolivia y construye una estructura políticaobrera, porque los mineros eran el eje de la políticacontestataria de Bolivia inicia un largo debate con elPOR (partido obrero revolucionario) y el PCB(partido comunista de Bolivia).

43. 43. Como se influye en la política?• El primero controlaba el lado obrero del sur de las minas, el segundo controlaba las organizaciones mineras, obreras, y fabriles, maestros constructores, eran dos pensamientos fuertes• Gracias a los libros y textos de Marx, Alhtuser, Gramsci, textos de la india, china, las cartas de Zasulich su reflexión iba en torno a la temática de lo indígena y de lo nacional como un elemento de construcción de las identidades sociales, de la formación de las clases sociales de Bolivia.

44. 44. Los movimientos socialesEn los 90 lo indígena le enfoca a través del estudio de losmovimientos sociales de los nuevos liderazgos, comienzauna línea de trabajo para preparar a la gente que algúnrato tendrá que sublevarse, da inicio a un proceso de estaorganización que luego dará inicio al EGTK (ejercitoguerrillero TUPAC KATARI), y luego una formación militaren las comunidades como en el altiplano en formaclandestina.La izquierda tradicional en Bolivia siempre habido muchodinero por organizaciones políticas y también militares, espor esto que cayeron presos los vínculos urbanos.Empieza hacer investigaciones sobre el tema de

lo obrerocontemporáneo: la primera sobre el mundo fabril y suscambios organizativos tecnológicos, la segunda losmismos cambios pero en el mundo minero.

45. 45. “FORMA SINDICATO”• El trabajo la idea de la “forma sindicato” con cinco características:• a.- sindicalismo de gran empresa• b.- trabajador con contrato a tiempo indefinido• c.- ascensos laborables concentrados por el saber obrero , administrados por los obreros.• d.- La ciudadanía sujeta al derecho sindical• e.- sistema tecnológico subordinado a las habilidades organizativas de lo obrero

46. 46. CENTRAL OBRERA BOLIVIANA• Aquí se estructura la forma sindical de la COB (central obrera boliviana) aquí desaparecen estas características, desaparece la gran empresa surgen la empresas descentralizadas, las microempresas, desaparece el tiempo de contrato, y surgen los contratos por obra, temporales, eventual, los saberes productivos salen de las manos de los obreros y se concentran en la gerencia o en las maquinas, tanto en las minas como en las fabricas, desaparece la ciudadanía sindical, los derechos sindicales se separan y la ciudadanía es entendida como derechos civiles y políticos.

47. 47. FORMA COMUNIDAD• Forma comunidad introduce la idea de los modos de organización, la representación por familia, en función de la posesión de la tierra, de la estructura asambleistita, la función de lo ejecutivo con lo legislativo, el derecho a la tierra es también obligación para la acción política• Forma multitud aplica al sentido de una asociación de varias clases e identidades sociales sin una hegemonía única en su interior, esta se mueve alrededor de temas de circunstancias, movilizaciones temáticas, autonomía de cada organización la forma multitud tiene que ver con los procesos de extinción del mundo obrero.• Forma muchedumbre es la acción colectiva emprendida por sujetos desafiliados que han roto con cualquier filiación sindical, gremial, comunal, vecinal.

48. 48. ¿CUÁL FUE EL ACTOR MAS IMPORTANTE DE LA COMPOSICION POLITICA, O LA NUEVA COMPOSICION POLITICA EN BOLIVIA? centralidad obreraHay que tomar en cuenta que estafue la que artículo, hacia fines de los 70 la demandade reconocimiento de derechos y libertades políticas,como también la demanda de instauración deelecciones para sustituir el gobierno en el país, estetipo de desarrollo histórico político previo hacia queen el seno de la sociedad civil el tipo de organizaciónpredominante fueran los sindicatos.

49. 49. ¿QUÉ CAMBIOS Y MOVILIZACIONES SE PRODUCIERON EN ESTA COMPOSICION?Uno de los cambios producidos fueron, primero deuna manera explícita el nuevo gobierno delMovimiento Nacionalista Revolucionario que seproponía el cierre de las empresas estatales queexplotaban la minería y la privatización de lasmanufacturas que se configuraron como producto delproceso de nacionalización del 52.

50. 50. El surgimiento de fuertes movimientos políticoscontestatarios, el cambio de gobierno en octubre de2003 y la nueva composición del Parlamentoboliviano (con diputados indígenas y partidos antisistémicos) hacían prever un renacimiento del debateideológico y del rol legislativo del Parlamento. Pero lalabor legislativa en sentido original ha pasado ainstancias especializadas del Poder Ejecutivo y aagencias internacionales.

51. 51. Uno de ellos es el hecho de que los sindicatoscocaleros han organizado su partido político, llamadoeste Movimiento al Socialismo, este eje por un tiempofue

una relación de cocaleros, siguiendo un poco lavía social demócrata, solo que en versión campesina,que estableció un fuerte vinculo entre interesescorporativos de cocaleros y la posibilidad de tener unpartido que defienda sus intereses en el seno dellegislativo, como también se convierten en un polo deacumulación electoral, y así vincularon desde el inicioa la defensa de la coca o a la defensa de la soberaníanacional.

52. 52. Durante estos años se han configurado bariasasambleas de los pueblos guaraní, chiriguano, quehan unificado a las comunidades dispersas, quecomparten una misma cultura y lengua, enasambleas políticas que implican una forma de autoorganización más allá del nivel de la estructura deautoridad comunitaria local y en grados de unidadque antes no existía, y a su vez estas asambleas depueblos han ido agrupándose o uniéndose a otras,generando así formas de unidad mas allá de loshorizontes de comunidad cultural y lingüística másestrictos.

Movimiento cocalero en Bolivia. Violencia, discurso y hegemoníaMovement of coca planters in Bolivia: violence, discourse, and hegemony

Mayarí Castillo GallardoAntropóloga. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.  mayari_castillo@yahoo.es

RESUMENEl objetivo de este trabajo es analizar la construcción de un sujeto hegemónico a partir del discurso de los dirigentes de las Cinco Federaciones del Trópico de Cochabamba, en el Chapare boliviano. La intención es realizar un acercamiento a los elementos del discurso que han permitido el potenciamiento de este actor. Para ello en una primera parte de este trabajo veremos las líneas teóricas que guiarán la interpretación de la información obtenida en el terreno, cuyo eje central es el concepto de hegemonía de Laclau, así como también los principales elementos contextualizadores, claves para la posterior comprensión de este estudio. Posteriormente se dará cuenta de los ejes del discurso de los dirigentes cocaleros, obtenidos a través del análisis estructural de éstos, con el fin de establecer un puente entre los elementos del discurso y la construcción de un sujeto hegemónico en Bolivia, para lo cual se realiza un análisis que intenta leer los resultados desde las líneas teóricas planteadas en un inicio.

ABSTRACTThe aim of this work is to analyse how the subject that is hegemonic in the discourse of the leaders of the Five Confederacies of the Tropic of Cochabamba, in the Bolivian Chapare, is constructed. The intention is to search out the elements of the discourse that have permitted the growth of the power of this actor. In the first part, This work regards the theoretical lines that will guide the interpretation of the information compiled in the field (the central axis of them is the concept of hegemony of Laclau), as well as the main elements of contextualization, the key for the subsequent comprehension of this study. Then we deal with the discourse axes of the coca leaders, derived from their structural analysis. Finally, in order to establish a bridge between the elements of the discourse and to construct a hegemonic subject in Bolivia, an analysis is made to interpret the results from the theoretical lines presented at the beginning.

PALABRAS CLAVE | KEYWORDSmovimiento cocalero | Chapare | discurso y construcción del sujeto | hegemonía y violencia | Bolivia | coca planters' movement | discourse and subject construction | hegemony and violence

 

"Queridos filósofos. queridos sociólogos progresistas, queridos psicólogos sociales: No jodan tanto con la enajenación, aquí donde lo más jodido es la nación ajena"

          Roque Dalton  El movimiento cocalero surge en el seno de la violencia. Cuando el mundo, y específicamente Estados Unidos, decidió que la lucha contra las drogas era un objetivo prioritario y que el control de la manufactura de cocaína era el eje principal de ésta, América Latina emerge en el mapa como el principal objetivo: los países productores de la hoja, entre los que se cuentan en orden de importancia,

Colombia, Perú y Bolivia, comenzaron a ser el blanco de una serie de acciones destinadas a controlar el cultivo. Dicho control se pensó en tres ejes: a) el surgimiento de una legislación acorde con estos objetivos, b) la paulatina sustitución de la economía de la coca por una economía alternativa y por último, c) el control policial y militar de la erradicación de la hoja de coca y de las zonas productoras (Lanza1999). 

En Bolivia las políticas antidrogas fuero particularmente violentas: la legislación boliviana surgida de los objetivos de la Drug Enforcement Agency (1) (de ahora en adelante DEA) es abiertamente inconstitucional y han llenado las cárceles de pequeños agricultores de la hoja de coca. Adicionalmente, las erradicaciones se han realizado y se realizan en un marco de absoluta impunidad por parte de los erradicadores, quienes han cometido todo tipo de violaciones a los derechos humanos en este proceso, que se agudizó posteriormente por la militarización de las zonas cocaleras. Ello ha llevado a la permanente presencia de fuerzas militares bolivianas y de la DEA, con el consiguiente hostigamiento diario hacia los productores y dirigentes sindicales. 

El proceso de la erradicación se ha implementado en el área, ha sido llevado a cabo sin el desarrollo exitoso de una economía alternativa, por lo que la sobrevivencia de los productores se pone en jaque a cada erradicación (Ver: Acción Andina y TNI 1999;. Lohman y Roncken 1995; Levine 1994; ILDIS 1993; Lanza 1999; Flores y Blanes 1984; Carvajal 2003; Poppe 2003). Es por ello que cuando decimos que el movimiento cocalero surge de la violencia, no nos referimos solamente a la violencia física cometida y que se sigue cometiendo en el Chapare: nos referimos a la violencia que implica la amenaza sobre el sustento de los productores sin ninguna alternativa, nos referimos a la violencia de una ley antidrogas que persigue a los campesinos y no a los grandes del narcotráfico, nos referimos a la violencia con que se reprime las manifestaciones en contra de la erradicación (Zegada 2002; Red Andina de Información y CEDIB 1996; Levine 1994; Ballesteros, Illanes y Suaznabar 2001). En resumen, entendemos, para los efectos de este trabajo la violencia como aquella intención, acción u omisión mediante la cual existe una imposición de voluntad sobre la de otros, generando daños de tipo físico, psicológico, económico y cultural. 

Esta violencia ha tenido una respuesta en la los sindicatos campesinos agrupados en las Cinco federaciones del trópico de Cochabamba. A partir de la década de los ochenta explotan en el Chapare una serie de conflictos que han marcado una cierta tendencia de relación entre el movimiento cocalero y el estado boliviano, una relación de desencuentros, enfrentamientos, represión y resistencia. 

 

Principales hitos del conflicto en el Chapare  

AÑO - LUGAR CAUSA DESCRIPCIÓNMayo de 1987. Chapare

Se le niega a los sindicatos la participación en la discusión del Plan Trienal y la ley 1008.

Violentas jornadas de corte de carreteras. 8 muertos y 500 detenidos. Se firma un acuerdo.

Junio de 1987. Villa Tunari (Chapare)

No se cumplen los puntos del acuerdo firmado.

Masivas movilizaciones con bloqueos de caminos. 8 muertos, 10 heridos de bala y 10 desaparecidos.

Junio de 1991. Marcha desde el Chapare hasta La Paz.

Se implementa la erradicación sin consentimiento ni discusión de los sindicatos.

Reprimida brutalmente en su cuarto día. El ejército detiene a todos los marchantes y los devuelve en camiones al Chapare. 

Marzo de 1994. Chapare.

Se aplica la opción "coca cero" Movilizaciones, creación de comités de autodefensa y brigadas. Se detiene la erradicación.

Julio de 1994. Chapare. 

Implementación de operación Nuevo Amanecer destinado a atacar los mercados de la coca.

Movilizaciones y brutal represión. El dirigente cocalero Felipe Pérez es torturado y asesinado por los militares.

Septiembre de 1994. Chapare - La Paz

Hostigamiento cotidiano y detención constante de los dirigentes.

"Marcha por la vida la coca y la dignidad". Parte del Chapare y llega a La Paz luego de violentos enfrentamientos. Se firma un acuerdo.

Enero 1996. Chapare - La Paz

Continuidad de la erradicaciones, violaciones a los derechos humanos

"Marcha por la vida y la soberanía nacional". Las mujeres cocaleras marchan a La Paz. Luego realizan una huelga de hambre. Se firma un acuerdo. 

1998. Chapare - La Paz- Cochabamba

Implementación del Plan Dignidad que militariza el Chapare. 

Masivas movilizaciones. Se suman varias organizaciones. Se declara el paro nacional. De declara estado de sitio el Chapare. 11 muertos, cientos de heridos con balas de guerra. 10 desaparecidos. 

2000-2001. Chapare.

Discusión del plan de compensación y estabilización para los productos del D. Alternativo. Intento de cierre de mercado de Sacaba.

Masivos bloqueos de carreteras. Intervención militar en la zona y desafuero del diputado Evo Morales.

2003. Cochabamba. Movilizaciones por la defensa del gas

Cocaleros participan activamente en la coordinadora de la defensa del gas y los hidrocarburos y la "guerra del gas". 

2003. Cochabamba. Hostigamiento a dirigentes. Luego de la guerra del gas y posterior al término de este trabajo, son apresados los principales dirigentes cocaleros, entre ellos, Feliciano Mamani y Leonilda Zurita.

El prolongado e intenso conflicto ha implicado a un fortalecimiento de la organización sindical en el Trópico y, posteriormente, al paulatino desplazamiento de la participación de los cocaleros de la arena estrictamente sindical a la arena de la política nacional, configurando un nuevo sujeto en la política boliviana. Sin embargo, la centralidad que ha tomado este movimiento en la política nacional no responde solamente al fenómeno de la violencia dada en el marco de las erradicaciones de cultivos de hoja de coca, sino fundamentalmente a la articulación de un discurso capaz de entregar una nueva lectura a los fenómenos

de violencia (entendiendo ésta en términos amplios, como lo señalamos anteriormente) que se encuentran en la historia boliviana desde los tiempos de la conquista. 

Para entender aquello se hace necesario señalar que durante las numerosas crisis políticas, existen elementos de una "nación boliviana" que emergen con fuerza y que no están contemplados en el discurso oficial como parte de dicha nación. Existe una idea que pervive en la sociedad boliviana y que hace referencia a dos naciones: la nación invasora y nación invadida: "Siempre ellos han buscado el interés de los ricos y nosotros buscamos el interés de los pobres, entonces por lo tanto siempre estos partidos tradicionales, desde mucho tiempo atrás han siempre buscado someternos a nosotros más la esclavitud día que va pasando, años que van pasando buscando cómo más someternos a la esclavitud y eso ha sido siempre" (entrevista a Wilde Moscoso, dirigente cocalero, 2003 ). Dicha fractura ha tratado de ser superada en varias ocasiones, siendo el más importante intento el que se desarrolla al alero de la revolución de 1952, la que intenta una relectura y reinterpretación de la memoria, con el fin de crear una nueva hegemonía y un nuevo sujeto político nacional. Durante este intento, los hitos de las luchas de resistencia y rebeliones se connotan positivamente, haciendo notar cada vez más la presencia del pueblo boliviano en las luchas políticas, todo ello con un sólo objetivo: legitimar el nuevo orden (emanado de la revolución de 1952) transformando la "conciencia colonizada", produciendo una nueva síntesis, un sujeto con nuevas identificaciones: el sujeto nacional. 

A pesar de ello, el rol jugado por las clases dominantes en Bolivia ha jugado muy en contra de ello: "han pujado por mantener -y usufructuar- los mecanismos de dominación coloniales, siendo incapaces de reclamar el derecho a gobernar presentando sus propios objetivos como aquellos que hacen posible la realización de los objetivos universales (y emancipatorios) de la comunidad" (Stefanoni 2003: 3). Ello toma importancia si analizamos el concepto de hegemonía, la clave para este trabajo pues ahí vemos que para que haya una hegemonía del bloque dominante es necesario también que exista una dimensión material, que el bloque dominante haga aparecer sus intereses como coincidentes con los del conjunto de la sociedad, que se muestre "desarrollando las fuerzas productivas en el sentido de la historia" (Ferreira, Logiudice y Thwaites 1994). De no ser así, el bloque dominante pierde la dirigencia (la dimensión política de la dominación) y sólo es dominante, en tanto posee poder coactivo, pero no genera consenso (Gramsci 1992). Ello es sin duda el caso del estado boliviano y los grupos dominantes que han estado en él, puesto que han sido incapaces de generar un proyecto de país que sea inclusivo (Zermeño 1985) lo que repercute en: "la percepción de las instituciones estatales como las encargadas de sancionar y mantener una desfavorable relación de fuerzas inicial para los sectores subalternos, consagrada por la guerra de conquista" (Stefanoni 2003: 4). Esa es la gran fractura de la sociedad boliviana, su violencia fundante y el punto de partida para entender la emergencia de un sujeto hegemónico al alero de otros grupos de la sociedad. 

Según Laclau, la hegemonía es el mecanismo que constituye a los sujetos mediante una interpelación. Dicha interpelación es capaz de articular distintas posiciones de los agentes, otorgando una cierta unificación ideológica (Laclau 1986; Laclau 1985). Durante los tiempos de apogeo del estaño, la hegemonía estaba en manos de la COB y los mineros eran su sujeto. Una vez que el poder de la COB se ve mermado, se produce una dispersión de antagonismos, en el sentido de Laclau, en el campo de lo político, no existiendo ningún sector con la capacidad de producir una articulación entre éstos.  

El movimiento cocalero y el MAS: De la coca a la soberanía nacional

En ese marco, surge el movimiento cocalero. Inicialmente, este movimiento es estrictamente sindical y su labor es la defensa de la hoja de coca frente a las políticas de erradicación. La centralidad que el tema de la coca posee para Bolivia nos puede ayudar a entender cómo se transitó desde el plano sindical al plano político en menos de una década: El año de mayor participación en el PIB de la economía de la coca, las estimaciones iban desde un 53, 4% a un 64,6%. Lanza (1999) estima que la economía ilegal de la coca habría sustentado los ajustes estructurales de la economía boliviana, por lo que la erradicación constituía un golpe no sólo a los campesinos cocaleros, sino también a Bolivia en general. Por otro lado, todas la relaciones con Estados Unidos están condicionadas a la definición e implementación de políticas antidrogas, lo cual es central si consideramos que 15% del PIB de los últimos años están representado por la asistencia multilateral, bilateral y las ONG (Grebe 2002). Por otro lado, debemos considerar que la hoja de coca posee una raigambre cultural muy fuerte entre la población, para esa "nación invadida" de que hablábamos anteriormente, que no sólo la cultiva, sino que la consume en lo cotidiano (Mamani 2003). La violencia de la erradicación y la fuerte oposición de los sindicatos expuso el conflicto a nivel nacional, obligando a todos los sectores a pronunciarse sobre el tema, así como frente a las violaciones de derechos humanos cometidos en el proceso de erradicación. Ello no sólo fortaleció e hizo aumentar el poder sindical al interior del Chapare, sino que también les permitió comenzar a establecer conexiones con otros sectores sociales, una red de solidaridades a nivel nacional (Ballesteros, Illanes y Suáznabar 2001).   

Características del discurso cocalero: equivalencia y significante vacío

En el marco de un conflicto de gran intensidad y de una verdadera guerra mediática, uno de las grandes victorias del movimiento cocalero es aquella que se liga con la resignificación de la hoja de coca. Para Laclau, este mecanismo en el terreno social se denomina Equivalencia (Laclau 2002; Laclau 2002; Laclau y Mouffe 2004; Laclau 1986; Laclau 1985), que funciona discursivamente creando una cadena de equivalencia entre términos, lo que finalmente deriva en un vaciamiento del sentido: ello se denomina un significante vacío (un significante sin significado). La función de dicho significante vacío, para este autor, tiene que ver

con la posibilidad de nombrar un objeto imposible, pero necesario: la plenitud de la comunidad: "el cuerpo encarnante tiene que expresar algo distinto de si mismo pero como, sin embargo, este "algo distinto" carece de identidad propia, sus únicos medios de constitución son los contenidos pertenecientes al cuerpo encarnante" (Laclau 2002: 25). Cuanto más extendida es la cadena, mas prevalece el "nombrar" por sobre las referencias particulares de cada elemento de la cadena. Este el caso de lo ocurrido con la hoja de coca, para este caso específico. Mediante una hábil batalla ideológica, el movimiento cocalero logra liberar la hoja de coca de su asociación al tema del narcotráfico y la cocaína, mediante una construcción de una cadena de equivalencias que permite el tránsito de la significación de la hoja de coca como "la hoja de nuestros antepasados" a ser el símbolo de la defensa de la dignidad nacional y su memoria, así como de la soberanía frente a Estados Unidos, convirtiéndola en un tema de importancia nacional. Así la coca en sí no nos habla de una simple hoja: pierde su significado en tanto que la defensa de ésta no se remite sólo a la hoja, nos habla de un tema de dignidad nacional, de defensa frente al intervencionismo, un rescate de la memoria de los antepasados, Etc. De ahí que el grito "causachun coca" (viva la coca) no tenga una referencia sólo a ésta y es por ello que se dice en todas las manifestaciones, no sólo en aquellas vinculadas a la erradicación de la coca 

El tema de la militarización de las zonas cocaleras y la presencia de fuerzas de la DEA en el país con completa impunidad hizo reafirmar el tema de la soberanía nacional y el intervencionismo norteamericano, que veíamos anteriormente en la resignificación de la hoja de coca: "debe haber relaciones siempre para buscar en nuestro país algunas mejoras, puede ser intercambio de productos, intercambio de ideas, así, pero no, no, no esa relación para someter a un país al ver que es pobre, que tiene poco progreso, que es lo que hace Estados Unidos con Bolivia y otros países, es someter con los préstamos que hace, de esa forma dejarnos a nosotros dependientes siempre y él siempre quiere mandar, y siempre quiere hacer lo que quiere en nuestro país, esas cosas no debía de haber" (entrevista a Wilde Moscoso; dirigente cocalero, 2003). La instalación de bases militares norteamericanas, la presencia de la DEA en la erradicación fue leída desde este lugar por las organizaciones sociales, las que la interpretan como un neocolonialismo activando la memoria de esa guerra colonial inconclusa que subsiste en la "nación invadida", se produce una "emergencia de una interpretación de la historia boliviana como una perpetua prolongación de esa derrota inicial, como un tránsito del colonialismo español al colonialismo interno" (Stefanoni 2003: 4). Una vez llegado este punto, el movimiento cocalero se plantea de lleno una participación a través del MAS (2) en el terreno de la política formal aunque sin abandonar nunca su estructura sindical: en la lectura desde esa guerra de conquista inconclusa, las derrotas sufridas por las organizaciones sociales en la historia son resignificadas, las luchas actuales, los muertos y encarcelados encuentran, por primera vez desde los tiempos de la COB, un eje común: "La interpelación de este partido está dirigida a todos los sectores populares, a las "mayorías campesinas, clases medias y pobres de las ciudades que no se sienten representados" (Zegada 2002: 147). De esta manera, comienza la construcción de un antagonismo (Laclau 1985 y 1986) capaz de aglutinar ya no

sólo al sujeto clasista de la COB, el minero, sino a toda esa nación invadida, los postergados de siempre. Dicha construcción de antagonismo opera bajo el mecanismo de la equivalencia, que es capaz de articular los antagonismos presentes en la sociedad en base a una contradicción única. 

La hegemonía articula distintas posiciones de los sujetos, no necesariamente vinculados al proceso productivo (Laclau 1985, 1986, 2002 y 2004). De ahí que el movimiento cocalero estableció discursivamente una cadena de equivalencias en base a un antagonismo básico: defender el interés de los pobres (+)/ defender el interés de los ricos (-). Operando de la misma forma que veíamos anteriormente, podemos ver que esa "defensa del interés de los pobres" en si mismo no posee un significado: es un significante vacío, en tanto con dicha expresión lo que se intenta es nombrar es una gran cantidad de elementos: "luchar como pobres por la vivencia", "hablar la verdad y defender los derechos del pueblo", "defender los recursos naturales", "ayudar a los pobres", "tener un trato de igualdad", "trabajar para las bases". Ese mecanismo de vaciamiento de sentido es el que permite que la especificidad de las demandas incluidas en el polo "defender el interés de los pobres" sean superadas, lo que permite una interpelación mucho más eficaz, en tanto da espacio a que los obreros, los campesinos aimaras y quechuas, los estudiantes y los profesionales progresistas pudieran ser interpelados por esta ideología, aunando los antagonismos presentes en la sociedad boliviana en una articulación única. Siguiendo a Laclau, podemos hablar de lucha popular democrática, en tanto el sujeto interpelado no es un sujeto de clase sino el pueblo: "El pueblo es una determinación objetiva del sistema, que es diferente a la determinación de clase: el pueblo es uno de los polos de la contradicción dominante en una formación social, esto es, una contradicción cuya inteligibilidad depende del conjunto de relaciones políticas e ideológicas de dominación y no sólo de las relaciones de producción" (Laclau 1986: 122). De la misma manera, vemos que ese "defender el interés de los ricos" está construido mediante el mismo mecanismo: es un significante que ha sido construido a través de una cadena de equivalencias, que incluye términos como "someterse a las imposiciones del banco mundial", "desigualdad", "dependencia de los países desarrollados", "aprovecharse de las bases", " entregar las empresas a las transnacionales", "no respetar lo que quiere el pueblo", etc. Este tipo de hegemonía, para Laclau, se articula en base a un discurso que se funda en el antagonismo (Laclau 1985, 1986 y 2004), como veíamos: defender a los pobres (+)/ defender a los ricos (-), pero que contempla también otros sistemas de equivalencias que no se pueden soslayar, aún cuando hay un antagonismo básico. 

Así vemos que el discurso cocalero se articula en torno a esa contracción clave, pero también divide el espectro político (siempre alrededor de la contradicción clave) entre el MAS y los partido tradicionales, mostrando así la encarnación visible del sujeto interpelado, el MAS, en tanto es concebido como el "instrumento político" del pueblo, el sujeto político por excelencia y muestra también la encarnación visible de su antagonista: los partidos tradicionales, operando con la misma lógica de la equivalencia que explicábamos anteriormente. Para este caso,

el significante MAS también es construido en base a una cadena equivalencial: implica no sólo el sujeto por excelencia, en tanto pueblo, organizaciones sociales, sino también una forma de operar en la vida política, una forma de hacer política, que incluye: el "consultar a las bases y que las bases decidan", "informar a las bases", etc. Sin embargo, cabe señalar que "los efectos, en la estructuración de la cadena, de los restos de particularidad que siguen operando en ella. Estos restos son absolutamente esenciales para cualquier equivalencia, ya que si no estuvieran presentes, la cadena se resolvería en una simple identidad de sus eslabones" (Laclau 2002: 55). Ello es importante de considerar puesto que ello limita que se le agreguen elementos contradictorios a la cadena: no puede incorporarse el elemento "imponer a las bases" dentro de ella, porque hay términos que se oponen. Así, los "partidos tradicionales" implican no sólo un sujeto antagónico para el enunciador del discurso, al igual que en caso del significante MAS, éste término implica una apuesta política en términos de gestión, una manera de insertarse y operar en la vida política nacional, que pasa por una oposición a la forma connotada positivamente: "no informar a las bases", "no decidir con las bases", etc. 

También podemos ver la lógica de la equivalencia operando en otra de las contradicciones claves del discurso analizado: los objetivos de ambos sujetos antagónicos asociados también a una dimensión temporal, sistema político contra la clase pobre (-) asociado al presente, construido en base a una cadena de equivalencias que permite la inclusión de términos como "neoliberalismo", "estar sometidos a los países desarrollados", "desigualdad", "política directamente dictatorial", "política que favorece a los ricos del mundo", "gobierno asesino", "sistema político que no beneficia a la población civil", etc. y sistema político a favor de la clase pobre, asociado a un proyecto, a lo deseado: "igualdad", "política que beneficie nuestro país", "política que favorece a los pobres", "Bolivia que sea de los pobres", etc. 

A través de este discurso y una sólida estructura sindical, el movimiento cocalero logra un abrumador triunfo en las elecciones municipales, obteniendo en un primer momento, 10 alcaldías y 49 concejalías, consolidando su dominio posteriormente en nuevas elecciones municipales con un quinto de las alcaldías del trópico. En las elecciones parlamentarias, asimismo, obtiene cuatro diputados, entre ellos Evo Morales, quien posteriormente sería el candidato presidencial, obteniendo una contundente segunda mayoría. La efectividad de la interpelación del MAS se observa en la alianza entre campesinos, pobres urbanos y clase media intelectual que fue el sustento de la contundente votación de Evo Morales y en el aumento en las filas de MAS. Ello significó "una derrota moral de las élites dominantes lo cual, en una sociedad racista como la boliviana resulta más contundente, pues pone en entredicho la certeza de mando inaceptable y naturalizado que los grupos privilegiados han producido durante todo este tiempo" (Linera, citado en Stefanoni 2003: 12).  

Identidad y discurso hegemónico

Cabe señalar que el tema del discurso es relevante para este trabajo porque no existe práctica social que se constituya al margen de los discursivo, en tanto toda práctica social es productora de sentido: existe una construcción discursiva de los sujetos y de los antagonismos (Laclau 1985). Sumado a ello, debemos recordar la relación existente entre discurso e ideología, para lo cual hemos rescatado los planteamientos de Althusser en torno al tema de la interpelación como constitutiva de la ideología, mecanismo constitutivo de los sujetos: "La categoría de sujeto es constitutiva de toda ideología, pero al mismo tiempo y de inmediato agregamos que la categoría de sujeto nos es constitutiva de toda ideología sino sólo en tanto toda ideología tiene la función (que la define) de "constituir" en sujetos a los individuos concretos" (Althusser, citado en Ernesto Laclau 1986: 113). Siguiendo a Laclau, podemos decir que la interpelación discursiva constituye a los sujetos, por lo que también constituye una nueva identidad en la que éstos se reconocen y desde la cual leen su cotidianidad. En ese sentido, una crisis hegemónica como la vivida por Bolivia al decaer el poder de la COB como sujeto repercute necesariamente en una crisis de identidad (3), el resurgimiento de la pregunta de ¿quiénes somos?. En ese momento de la "guerra de trincheras" de la que nos hablaba Gramsci, la lucha por una nueva hegemonía consiste en que cada sector intenta rearticular una nueva unidad ideológica, una nueva interpelación lo suficientemente poderosa para generar una hegemonía: "una de las formas posibles de resolución de la crisis por parte de la nueva clase o fracción hegemónica consiste en negar todas las interpelaciones menos una, desarrollar ésta en todas sus implicaciones lógicas y transformarla en una crítica al sistema existente y, a la vez, en un principio de reestructuración de todo el campo ideológico" (Laclau 1986: 116). Este es el caso del discurso cocalero surgido en el seno de una completa crisis de hegemonía, en tanto existía ausencia de un sujeto capaz de reestructurar el campo ideológico: hubo una negación de todas las otras interpelaciones, la marxista, la minera, la indigenista radical y la neoliberal, articulando un discurso basado en un antagonismo básico que se transformó en una crítica radical a lo existente en el campo político y económico, logrando una hegemonía y una redefinición del discurso de los otros sujetos políticos: "Este nuevo discurso le permitió a la izquierda reconstituir formas de interpelación eficaces y "pluralizar centros de irradiación discursiva" luego de más de una década y media de discurso único neoliberal; esta vez con rostro indio y movilizando una fuerza social fundamentalmente rural: cocaleros del Chapare y los yungas de la Paz y comunarios aimaras del Altiplano" (Stefanoni 2003: 2). Cuando hablamos de hegemonía no estamos hablando de una desaparición de otros sujetos, sino que el discurso hegemónico es capaz de constituir a un sujeto hegemónico, pero también implica que los otros sujetos no interpelados deben reestructurar su discurso en función de éste, deben generar un "sistema de narración" capaz de desarticular el discurso ideológico de la fuerza opuesta, en la idea de que la hegemonía no es nunca una cosa completamente consolidada, sino que implica una constante lucha de los sujetos en ese campo de trincheras (Laclau 1985, 1986 y 2002; Pereyra 1985; Laclau y Mouffe 2004).

Con el surgimiento de este discurso hegemónico, se produce el surgimiento de un nuevo sujeto y, por ende, de una nueva identidad. La identidad cocalera surgió

como una identidad alternativa a la identidad india o de pobre urbano, pues toma elementos del sujeto indígena y también del sindicalismo minero, transmitido a la zona por los mineros relocalizados, organizadores de los primeros sindicatos. Como correlato del discurso, la identidad cocalera posee un fuerte rechazo al sistema político económico actual y apela a los otros pobres como el sustento para su transformación. Acá se hace necesario contemplar un tema que hemos dejado al margen: las clases sociales. Si bien hemos planteado, siguiendo a Laclau, que la hegemonía es una articulación de distintas posiciones, no necesariamente vinculadas a la posición en el proceso productivo (clases en estricto rigor de la teoría marxista) y que por lo tanto, no todas las contradicciones o antagonismos pueden ser reducidos a una contradicción o lucha de clases, debemos señalar, siguiendo al mismo autor, que toda contradicción o antagonismo está sobredeterminado por la lucha de clases (Laclau 1986). Y es aquí donde retomamos los supuestos básicos del marxismo, pues de lo contrario caeríamos en una concepción completamente idealista de los antagonismos y contradicciones sociales: existe una determinación de las relaciones de producción en última instancia sobre la formación social. Decíamos anteriormente que la interpelación cocalera respondía a lo que se puede denominar una ideología popular democrática, en tanto el sujeto interpelado no es un sujeto de clase sino el pueblo. Pues bien, a partir de lo anterior podemos decir que la lucha de clases a nivel ideológico implica también un esfuerzo por articular en un discurso único las interpelaciones de clase y las interpelaciones popular - democráticas, puesto que ésta última posee un elemento de clase indudable y el poder integrarlo al discurso de clase es la principal tarea en términos de la lucha por la hegemonía: "toda clase lucha a nivel ideológico a la vez como clase y como pueblo o, mejor dicho, intenta dar coherencia a su discurso ideológico presentando sus objetivos de clase como consumación de los objetivos populares" (Laclau 1986: 123). En el caso del movimiento cocalero, su discurso representa un intento muy exitoso de articular un discurso de clase (la interpelación a la clase pobre) con un discurso popular democrático (su interpelación al pueblo y las clases medias). De esta manera vemos que la potencia de este discurso y lo que lo ha hecho tan explosivo a nivel social es que mediante su lógica de equivalencia ha logrado construir un antagonismo básico, una articulación de posiciones que incluye la dimensión de clase y la dimensión popular, lo que le ha permitido un grado de interpelación altísimo y la construcción de un sujeto y una identidad política nueva.   

Después de las elecciones, ¿qué pasa ahora con el sujeto hegemónico?

El auge del movimiento cocalero y el MAS se basó en su capacidad de construir un sujeto hegemónico mediante la interpelación de amplios sectores sociales. A pesar de ello, la práctica parlamentaria no ha sido todo lo exitosa que podría esperarse, tanto en términos de logros concretos como en mantención de dicha hegemonía. 

En primer término, el discurso cocalero fue capaz de aglutinar en tanto era un discurso que surge en una minuto de ausencia total de una unidad ideológica capaz de ejercer una hegemonía. Por otro lado, la interpelación capaz de aunar la dimensión de clase a la dimensión popular hizo que constituyera un sujeto hegemónico transversal a la sociedad boliviana. La contradicción en función de sus objetivos: sistema contra la clase pobre (-)/ sistema a favor de la clase pobre (+), lograba articular los antagonismos presentes en torno a uno sólo y presentar un proyecto político que poseía proyección y potencia en tanto que planteaba la posibilidad de un orden distinto, un orden que debía pensarse, discutirse, construirse colectivamente. Sin embargo, la prematura electoralización presenta problemas cuando estamos hablando de una contradicción de este tipo: si bien esboza el tema fundamental, carece de especificidades que le permitan hoy, enfrentar una labor parlamentaria y municipal con un norte claro. Ello lo observamos, por ejemplo, en una posición de desprecio por las instituciones parlamentarias (4) y una acción política organizada dirigida a llegar a ellas. De la misma manera, el polo "defender el interés de los pobres" de una de las contradicciones fundamentales del discurso, al ser un significante vacío, posee capacidad de interpelar amplios sectores, pero no entrega herramientas que permitan desprender acciones políticas concretas acordes con ese "interés de los pobres". Aunque reconocemos, siguiendo a De Riz y De Ípola, que dentro de una unidad hegemónica pueden darse elementos que no sean lógicamente compatibles entre sí, dichas inconsistencias están obstaculizando un tránsito hacia un discurso con mayores especificidades, con un proyecto más definido: hoy se hace urgente que el movimiento cocalero resuelva este tema, a riesgo de perder el sustento popular de sus posiciones, considerando que la prematura parlamentarización del movimiento lo pone en la vitrina pública cuando aún no se encuentra consolidado. 

Entendemos también que la batalla ideológica ganada por el movimiento cocalero a través del MAS no se reduce sólo a los triunfos electorales, sino a la creación de una nueva identidad política: aquí estamos hablando de la "dirección moral e intelectual" de las que nos hablaba Gramsci. Si retomamos el hilo de la argumentación teórica sobre la sobredeterminación de la lucha de clases por sobre otras luchas, vemos que la transformación de las ideologías se dan en el marco de esa lucha de clases, de esa lucha por la hegemonía: en la producción de sujetos y la articulación y desarticulación de discursos (Laclau 1986). La nueva identidad política creada por la interpelación cocalera no es un todo constituido en plenitud, sino en constante construcción por esa misma lucha. En ese marco, la prematura electoralización impone transformaciones discursivas y, por ende, identitarias. Algunas de estas transformaciones son imprescindibles, como veíamos anteriormente, pero otras pueden atentar seriamente contra la hegemonía del sujeto cocalero. En el marco de un parlamento como aparato moldeado organizativa e ideológicamente por las elites dominantes, la readecuación del discurso cocalero en función de poder insertarse en ese espacio puede jugar en contra de la interpelación de clase y la interpelación popular articulada: "Se trata de una lucha entre dos alternativas implícitas en la lucha misma: que los nuevos grupos sociales logren transformar las instituciones, o que

la lógica de las instituciones -moldeadas ideológica y culturalmente por los grupos dominantes- consiga diluir, a través de la cooptación, la identidad de los grupos subalternos" (Stefanoni 2003: 2). 

La prioridad alcanzada por el espacio electoral dentro del discurso cocalero también implica un paulatino abandono de la dimensión más local y sindical, sustento primordial de la organización y su discurso. Para algunos autores (Linera 2003), este paso es fundamental para la constitución del movimiento cocalero y el MAS como un referente político de importancia y la ausencia de ello, es lo que ha implicado un cierto declive del movimiento. Discrepando con este autor, podemos señalar que el sustento principal de la organización cocalera es su dimensión más local y su capacidad de interpelación muchas veces estuvo marcada por la posibilidad de llegar, a través de los sindicatos, a lugares apartados con un discurso que permitía leer lo global, pero nunca descuidando lo local. A nuestro parecer, si existe un cierto declive es precisamente por el abandono de este sustrato sindical y local, impuesto por la lógica parlamentaria y que ha implicado un cambio discursivo e identitario importante. Para entender aquello debemos remitirnos al rol que poseen los sindicatos en la zona del trópico, en donde existe una identificación entre comunidad campesina y sindicato (Viola 2003), identificación que hace que toda actividad colectiva curse a través de la acción de éste: "la construcción y/o mantenimiento de caminos, canales de riego, escuelas o cualquier otra infraestructura de interés comunitario es una de las actividades más emblemáticas de los sindicatos de base y un claro ejemplo de su eficiencia en tanto que organización comunal, cuyas funciones abarcan prácticamente todas las esferas de la vida cotidiana" (Viola 2003: 483). Es por ello que una de las mayores fortalezas del partido MAS es su estructura sindical y su abandono implica, sin lugar a dudas, la pérdida del control formal e informal de los dirigentes, así como la posibilidad de los afiliados de incidir en la toma de decisiones de éstos en problemáticas de carácter nacional: "En las esferas nacionales su actividad se centra en una lucha política cuyos argumentos y cuyos resultados escapan frecuentemente a la percepción y control de las bases; la desvinculación de la cúpula sindical de la esfera directamente productiva y de la vida cotidiana en general, convierten a los niveles superiores de la pirámide sindical en un superestructura relativamente autónoma y diferenciada de la vida campesina" (Viola 2003: 490). 

A esto debemos sumarle que, por las características del poder político institucional en Bolivia, el rol de los diputados del MAS es más bien escaso, lleno de frustraciones para el movimiento y sin ninguna capacidad de influir en las decisiones, lo que ha generado fuertes críticas en la estructura sindical y las organizaciones sociales. 

El movimiento cocalero y el MAS se encuentra en una fase crucial de su desarrollo: Es el momento definir, de darle especificidad al discurso cocalero, definir su posición frente al parlamento (antes de ser cooptados por ellos) y frente a sus prioridades, con el riesgo que ello implica para el sujeto hegemónico y su

identidad política, pero asumiendo el peligro que implica no hacerlo: perder su lugar en la escena política y sus posibilidades de construir un orden distinto.

Nota

Agradecimientos: A mis padres, por darme la memoria. A las Cinco Federaciones del Trópico de Cochabamba, por enseñarme a trabajar por ella. 

1. Principal agencia del Estado norteamericano encargada de la interdicción al narcotráfico. Nace en 1973, derivada de la política antinarcóticos de Nixon. A pesar de ser la más importante, no pocas veces entra en contradicciones con otras agencias, como la CIA.

2. Movimiento al Socialismo: Surge en 1995 bajo el nombre de Partido de Pueblos y Naciones Originarias. Luego es llamado Asamblea para la Soberanía de los Pueblos. Se crea definitivamente en 1999 bajo la sigla MAS ISP. No posee estructura propia, su orgánica es la misma estructura sindical de las Cinco Federaciones del Trópico de Cochabamba, por ello los cocaleros le llaman "el instrumento político".

3. "La derrota de la Marcha por la Vida y por la Paz de agosto de 1986 en defensa de la minería estatal marca un poderoso punto de inflexión, que le 'puso fecha' al declive de las viejas formas de acción colectiva y agregación de los sectores subalternos, cuya columna vertebral fue durante más de cuatro décadas el sindicalismo minero, y abrió paso aun nuevo escenario caracterizado por la profundización de la fragmentación social y la pérdida de antiguas 'seguridades ontológicas'" (García Linera 2000: 102).

4. "Para mí el tema del voto pasa a segundo plano, creo más en las luchas sociales, porque con las marchas y bloqueos cambiamos leyes, anulamos decretos, hacemos aprobar leyes (...) el parlamento sirve por lo menos para ser expulsado y donde la gente puede tener una idea de qué son los partidos tradicionales" (Evo Morales, La Prensa, 11 de enero de 2002).