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Justicia de venganza. Los Sempere: la represión política de una familia republicana de Ciudad Real. Óscar Bascuñán Añover. “[...] la pobrecita es huérfana de guerra... Porque has de saber, padre [...] que el padre de Paquita era republicano [...] Al pobre lo mataron los fascistas en el año cuarenta y dos... Le dieron garrote, padre... Le dieron garrote vil [...] ¿Y qué cargos le achacaron pa esa condena tan exagerá? [...] Lo condenaron <<por Auxilio a la Rebelión>>, que es lo que se estilaba entonces”. Félix Grande, La balada del abuelo Palancas 1 . Memoria e historia de la violencia política. Del terror “rojo” de retaguardia al terror “legal” de postguerra. Ahora que nos encontramos conmemorando el setenta aniversario de la guerra civil española, cada vez es más difícil sostener el discurso que acusaba a los historiadores profesionales, políticos y a la sociedad en su conjunto de padecer una amnesia intencionada o no haber desterrado ese pacto del olvido que pretendía silenciar y ocultar de nuestra memoria colectiva los horrores del conflicto bélico y los años más feroces de la dictadura 1 Félix Grande, La balada del abuelo Palancas, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2004 (4ª ed.), pp. 256 y 258. 1

“Justicia de venganza. Los Sempere: la represión política de una familia republicana de Ciudad Real”, en F. Alía y A.R. del Valle (coords.), La guerra civil en Castilla-La Mancha,

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Justicia de venganza. Los Sempere: la represión política de

una familia republicana de Ciudad Real.

Óscar Bascuñán Añover.

“[...] la pobrecita es huérfana de

guerra... Porque has de saber, padre [...]

que el padre de Paquita era republicano

[...] Al pobre lo mataron los fascistas en

el año cuarenta y dos... Le dieron garrote,

padre... Le dieron garrote vil [...] ¿Y qué

cargos le achacaron pa esa condena tan

exagerá? [...] Lo condenaron <<por Auxilio

a la Rebelión>>, que es lo que se estilaba

entonces”. Félix Grande, La balada del abuelo

Palancas1.

Memoria e historia de la violencia política. Del terror

“rojo” de retaguardia al terror “legal” de postguerra.

Ahora que nos encontramos conmemorando el setenta

aniversario de la guerra civil española, cada vez es más

difícil sostener el discurso que acusaba a los

historiadores profesionales, políticos y a la sociedad en

su conjunto de padecer una amnesia intencionada o no haber

desterrado ese pacto del olvido que pretendía silenciar y

ocultar de nuestra memoria colectiva los horrores del

conflicto bélico y los años más feroces de la dictadura

1 Félix Grande, La balada del abuelo Palancas, Barcelona, Galaxia Gutenberg,2004 (4ª ed.), pp. 256 y 258.

1

franquista2. Quizás se nos pueda acusar de haber

reaccionado demasiado tarde, tanto que muchos de los

protagonistas que sufrieron violencia y humillación ya han

desaparecido, o de ir a remolque de congresos o

aniversarios, pero en ningún caso de imprudencia.

Transcurridas casi tres décadas desde las primeras

elecciones libres, parece que el actual régimen democrático

se encuentra lo suficientemente consolidado para no temer

que un debate así fracture a la sociedad actual. Quien, en

cambio, censura el interés por nuestro pasado más inmediato

y dice ver en esta empresa una agresión a la estabilidad

democrática, o bien menosprecia la labor del investigador

comprometido con su sociedad y la de los movimientos

sociales y cívicos que lo respaldan, o bien parece que

tiene motivos para sentirse incómodo por su compromiso,

deuda o vínculos familiares más o menos directos con la

dictadura. En cualquier caso, lo que sí parece evidente es

que ignoran que como subraya el profesor J.L. Gaddis el

conocimiento histórico debe sustituir los recuerdos que

tiene la gente de los acontecimientos vividos, “pues

gracias a su crítica el pasado libera el presente y el

futuro”3. O de otro modo, como escribe el poeta Félix

Grande en boca del abuelo Palancas, la memoria no sirve

2 En palabras de J. Casanova, “Parece claro que en la actualidad, acomienzos del siglo XXI, entre los historiadores no tiene muchosentido hablar de conspiración de silencio ni de pactos sobre lamemoria y el olvido”, J. Casanova (Coord.), Morir, matar, sobrevivir. Laviolencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2004, p. 46.3 J.L. Gaddis, El paisaje de la historia. Cómo los historiadores representan el pasado,Barcelona, Anagrama, 2004, p. 188.

2

para perpetuar el rencor, sino “para reconciliarse con la

vida y para entender a la gente”4.

Si tan temerario y arriesgado es para algunos sectores

sociales o políticos recuperar los testimonios de las

víctimas, exhumar de cunetas y fosas comunes cientos de

cadáveres para darles el funeral y entierro que se les negó

a ellos y a sus familias o debatir sobre el carácter de la

represión franquista, ¿por qué estos mismos no han

levantado la voz para pedir que transcurrida y acabada la

dictadura se dejase de honrar institucionalmente sólo a una

parte de los contendientes, con monumentos, placas, cruces

conmemorativas y nombres de calles que han servido para

construir una memoria colectiva de vencedores y vencidos,

de legitimación de unos frente al silencio y olvido de

otros? La memoria no es inocente, nunca lo ha sido. Ésta ha

servido a algunos historiadores y políticos para edificar

un discurso sesgado del pasado que actuaba como elemento

ideológico y de poder. La “memoria patriótica” de la que

nos hablaba el profesor J.S. Pérez Garzón es un buen

ejemplo de esto. Ese discurso que se encarga de promover y

repetir una y otra vez el recuerdo de las gestas y

personajes que alientan el sentir patriótico y que ahora se

puede sentir amenazado por otra memoria histórica que

descubre que ese mismo ente nacional envió a miles de

ciudadanos al paredón, la cárcel y el exilio. Los

historiadores, por tanto, tienen la obligación profesional

de rescatar la memoria, pero no para manipularla o buscar4 Félix Grande, op. ci.t, p. 301.

3

alguna intencionalidad política, sino para contrastar,

historizar, rectificar y explicar el pasado, sobre todo si,

en palabras de J.S. Pérez Garzón, “queremos apostar por la

articulación de una memoria cultural e histórica que

facilite un futuro de igualdad y diversidad”5.

En este sentido, desde hace más de década y media las

investigaciones sobre represión durante la guerra civil y

el franquismo se han convertido en uno de los ejes

transversales que analizan y tratan de comprender este

periodo de la reciente historia española. El esfuerzo de

los historiadores por descifrar el significado de esta

violencia política y caracterizar o diferenciar la

acometida en los dos bandos y después de finalizada la

guerra ha empezado a ofrecer sus primeros resultados6.

Éstos parecen demostrar que la violencia represiva o

“terror rojo” que estalló en el bando leal al gobierno

legítimo de la II República fue fruto de la desaparición o

fractura de la autoridad republicana durante los primeros

meses de la guerra, la dispersión de poderes y la

incapacidad de organización y coordinación de los dos

grandes sindicatos obreros que fue aprovechada por los

comités municipales y de barrio o los grupos más o menos5 J. S. Pérez Garzón (Coord.), La gestión de la memoria. La historia de España alservicio del poder, Barcelona, Crítica, 2000, p. 221; véase también, J.Aróstegui, La historia vivida. Sobre la Historia del presente, Madrid, Alianza, 2004;y el prólogo que M. Ortiz Heras escribe en la publicación del congresoque el mismo coordina, Memoria e historia del franquismo. V Encuentro deInvestigadores del franquismo, Cuenca, Ediciones de la Universidad deCastilla-La Mancha, 2005, pp. 11-18.6 Una buena muestra por el interés de esta temática queda reflejado enel monográfico de la revista Ayer coordinado por C. Mir Curcó, Larepresión bajo el franquismo, Ayer, nº 43, 2001.

4

descontrolados para aplicar su “justicia popular”. Al menos

hasta los últimos meses de 1936 se desató una cruenta

represión de carácter revolucionario contra los elementos

derechistas o sospechosos de serlo, católicos, propietarios

o señoritos y, en conjunto, enemigos de clase que

recordaban al orden burgués y oligárquico7.

De ello dan prueba y testimonio las actuales

provincias castellano-manchegas que, leales al gobierno

republicano, quedaron en posición de retaguardia

prácticamente hasta el final de la guerra. Sin duda, las

noticias que llegaban del otro lado del frente sobre

asesinatos y fusilamientos en masa tuvieron que alentar las

acciones represivas en unas provincias donde las fuerzas

antirrevolucionarias se impusieron en las elecciones de

febrero de 1936. J. Casanova señalaba en Víctimas de la guerra

civil que si se establece una relación entre número de

habitantes y represaliados, las provincias castellano-

manchegas ofrecen las mayores cifras de asesinatos dentro

de la España que permaneció leal a la República y sólo

detrás de Madrid. Un número de víctimas, el autor estima

unas ocho mil, muy cercano a los números que ofrece

Cataluña, pese a que entonces ésta tenía un millón de

habitantes más que Castilla-La Mancha. El perfil social de

7 Véase J.L. Ledesma, Los días de llamas de la revolución: violencia y política en laretaguardia republicana de Zaragoza durante la guerra civil, Zaragoza, Institución“Fernando el Católico”, 2003; y del mismo autor, “La <<santa irapopular>> del 36: la violencia en guerra civil y revolución, entrecultura y política”, en J. Muñoz, J.L Ledesma y J. Rodrigo (Coords.),Culturas y políticas de la violencia. España, siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005, pp.147-192.

5

los ajusticiados quedaba bien definido: “no hubo pueblo

importante de Andalucía, Extremadura, Ciudad Real o Toledo

donde no se persiguiese con saña a esos <<elementos de

orden>>, apartándolos de los cargos públicos, incautándose

de todas sus propiedades, extorsionándoles económicamente

y, en bastantes casos, asesinándolos”8.

No obstante, si estas ejecuciones fueron remitiendo

transcurridos los primeros meses del golpe militar, a

medida que se restablecía el Estado y la autoridad en el

bando republicano, no ocurrió lo mismo en la zona rebelde,

más bien fue justo al contrario. La política de exterminio

en el bando de los militares sublevados no fue consecuencia

del hundimiento del poder, sino fruto del surgimiento de un

poder único y totalitario que precisaba la eliminación y

depuración de sus enemigos para la construcción y

consolidación del nuevo Estado9. Investigaciones dedicadas

al estudio de las guerras civiles europeas en la primera

mitad del siglo XX ponen de manifiesto que ninguna como la8 J. Casanova, “Rebelión y revolución”, en S. Juliá (Coord.), Víctimas dela guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999, p. 149. Las palabras de estehistoriador se fundamentan en las obras que han aparecido en losúltimos años con un interés exclusivo por el conocimiento de losepisodios más violentos del siglo XX en las provincias castellano-manchegas. En este sentido, véase, F. Alía Miranda, La guerra civil enretaguardia: conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real (1936-1939), CiudadReal, Diputación Provincial, 1994; M. Ortiz Heras, Violencia política en la IIRepública y el primer franquismo: Albacete, 1936-1950, Madrid, Siglo XXI, 1996; ycoordinado por el mismo, La guerra civil en Castilla-La Mancha. De El Alcázar a losLlanos, Madrid, Celeste, 2000. También es de necesaria consulta la obrade A.B. Rodríguez Patiño, La guerra civil en Cuenca (1936-1939), Madrid,Universidad Complutense, 2004; y J.M. Ruiz Alonso, La guerra civil en laprovincia de Toledo: utopía, conflicto y poder en el sur del Tajo (1936-1939), Ciudad Real,Almud, 2004. 9 Véase F. Espinosa Maestre, La columna de la muerte: el avance del ejércitofranquista de Sevilla a Badajoz, Barcelona, Crítica, 2003.

6

española tuvo una “salida reaccionaria tan violenta y

duradera”10. Los vencedores –derechistas- de guerras tan

sangrientas como las de Finlandia o Grecia pararon las

ejecuciones unos meses más tarde de acabada la guerra y el

número de prisioneros políticos cayó de forma considerable

debido, fundamentalmente, a la intervención internacional.

En España, los últimos y más rigurosos cómputos de víctimas

hablan de alrededor de 50.000 ejecutados en los diez años

siguientes al final de la guerra. Aquí no hubo lugar a la

mediación extranjera. Además, más de 300.000 presos

políticos se amontonaban en prisiones y campos de

concentración en 1939 y 450.000 personas cruzaban la

frontera con Francia, de los cuales 200.000 regresaron

meses más tarde para ingresar en las cárceles

franquistas11.

La victoria de los militares sublevados puso en marcha

un aparato represivo que, aunque legitimado por la Iglesia

Católica, desconocía el significado de conceptos como paz,

reconciliación y perdón de los derrotados. En efecto, el

nuevo régimen necesitaba consolidarse en el poder y, para

ello, estableció como principal objetivo eliminar, castigar

o depurar a los enemigos políticos, esto es, todos los que

hubiesen colaborado políticamente y simpatizado

ideológicamente con los gobiernos de la República desde

10 J. Casanova, Morir, matar, sobrevivir...op. cit., p. 5. 11 Ibid., p. 8. La cuantificación de las víctimas en las provincias investigadas se pueden ver en el apéndice “Las cifras. Estado de la cuestión” de S. Juliá (Coord.), Víctimas de la guerra civil...op. cit., pp. 407-413.

7

octubre de 1934; el segundo objetivo pasaba por someter a

la población en la mayor obediencia a través de una

política represiva inspirada en el terror. Acabada la

guerra, los primeros ajustes de cuentas y asesinatos pronto

se confundieron con la sanción de un cuerpo legal no menos

arbitrario que condenó a muerte o a prisión a miles de

ciudadanos. Los tribunales de justicia fueron los

principales órganos de ejecutar la represión dictada por el

régimen. Las causas, sumarios y sentencias emitidas y

falladas por los instrumentos de la dictadura continúan

siendo esenciales para el estudio de la represión, pero

también para el conocimiento de los sucesos más

comprometidos y violentos acaecidos durante la guerra, la

identificación y los motivos de los delatores, el peso de

la quinta columna, el nivel al que llegaron los odios

políticos y de clase en el seno de la comunidad, los

litigios personales que se resolvieron bajo el disfraz de

la acusación política y otra serie de avatares que se

manifestaron en la retaguardia republicana. Los juicios

sumarísimos contra Ernesto Sempere Beneyto y Ernesto

Sempere Villarrubia –padre e hijo respectivamente- puede

que nos ayuden a comprender un poco más todo esto y, sobre

todo, la forma en la que el régimen franquista se asentó en

el poder. A ello nos dedicaremos en las siguientes

páginas12.12 El interés por el estudio de las fuentes judiciales militares partedel trabajo que en este sentido han realizado autores pioneros como M.Ortiz Heras, Violencia política en la II República y el primer franquismo...op. cit.; M.Lanero Táboas, Una milicia de la justicia: la política judicial del franquismo (1936-1945),Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996; C. Mir Curcó, Vivir essobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra, Lleida,

8

Delación, depuración y justicia militar. Los instrumentos

de la venganza.

Ciudad Real permaneció leal al régimen democrático

durante toda la guerra civil, pero como provincia de

retaguardia quedó sumida en el caos y en medio de un

violento proceso revolucionario de la mano de los comités

obreros y milicias locales –muchas de ellas descontroladas-

hasta los últimos días de 1936, fecha en la que se empezó a

recomponer el orden y la autoridad republicana en toda la

provincia. Algunas checas en la provincia y la capital se

hicieron famosas por las torturas que se cometían contra

los detenidos, los paseos y ajustes de cuentas fueron

habituales durante los primeros meses de la guerra contra

militantes de algún partido de derechas, propietarios o

católicos. La extorsión económica, el chantaje o las

amenazas que recayeron sobre los mismos se prolongaron aún

mucho más en el tiempo, sobre todo al compás de las

desconsoladoras noticias que llegaban del frente o los

bombardeos franquistas que caían sobre la población. Sin

embargo, y aunque apenas hubo asesinatos a partir de 1937,

la suerte de los que asumieron algún cargo de

responsabilidad política durante estos años estaba echada,

fuesen o no responsables del denominado “terror rojo”. Esto

se debió a tres aspectos fundamentales: los odios y ánimos

de venganza de la gente escondida, castigada o maltratada

Milenio, 2000; y F. Espinosa Maestre, La justicia de Queipo. Violencia selectiva yterror fascista en la II División en 1936, Barcelona, Crítica, 2006.

9

por la retaguardia republicana; los intereses personales,

políticos y económicos que llevaron a muchos vecinos a

delatar a los miembros de los partidos, sindicatos, comités

obreros y órganos del gobierno republicano y así demostrar

su afección al nuevo régimen totalitario; y la

determinación de una política represiva de postguerra más

movida por la necesidad de aniquilar o represaliar al

enemigo político que en determinar o averiguar los

supuestos delitos concretos de cada uno13. Una suma de

circunstancias que firmaría miles de sentencias de muerte.

El terror “legal” que se impuso al acabar la guerra de

la mano de los consejos de guerra y los tribunales

militares no se cebó únicamente con elementos socialistas,

comunistas, anarquistas o sindicalistas en general. Aunque

fueron éstos los más castigados por la política de la

venganza, tampoco se libraron de la represión física ese

extenso abanico de gobernadores civiles, diputados o

políticos, intelectuales o sectores profesionales que

habían simpatizado o colaborado con el gobierno del Frente

Popular y el régimen republicano. Según F. Alía Miranda la

mayor parte de los fusilados en Ciudad Real capital, 988 en

total, “fueron personajes que bien habían ostentado cargos

públicos o labores de partido importantes, que habían

formado parte de cualquiera de los muchos comités, o bien

13 F. Alía Miranda, La guerra civil en retaguardia...op. cit.; sobre los fundamentosideológicos de la represión jurídica, véase, F. Espinosa Maestre,“Julio de 1936. Golpe militar y plan de exterminio”, en J. Casanova(Coord.), Morir, matar, sobrevivir...op. cit., pp. 95-102.

10

que habían sido denunciados, acusados de delitos de

sangre”14. A la muerte se sumó el robo o la incautación de

sus viviendas, tierras, negocios o pertenencias. Todo un

ejemplo de represión total sobre los vencidos15.

Algunos casos resultan paradigmáticos por la saña con

la que se persiguió a determinadas personas y sus familias.

Una de éstas fue la de Ernesto Sempere Beneyto, ingeniero

industrial de profesión y ayudante de Obras Públicas en la

Diputación de Ciudad Real. Su compromiso político ya quedó

demostrado durante el régimen de Primo de Rivera, pues su

oposición pública a la dictadura y en favor de la

democracia le costó un traslado laboral a Galicia. Ahora

bien, fue con el estallido de la II República cuando su

activismo político se acentuó. En efecto, Ernesto Sempere

Beneyto llegó a ser presidente provincial del Partido

Radical Socialista en 1933, desde 1934 presidió el recién

creado de Unión Republicana e integró la candidatura del

Frente Popular por Ciudad Real en las elecciones

legislativas de febrero de 1936. Además, también fue

presidente provincial del Instituto de Reforma Agraria y de

la Junta de Incautación, por lo que tomó partido en la

14 Por clasificación profesional, 492 ejecutados de postguerra enCiudad Real capital fueron trabajadores del campo, 70 albañiles, 40ferroviarios, 30 mineros y 15 mujeres dedicadas a lo que entonces sedenominaba como “sus labores”. De 49 víctimas se desconoce suprofesión y 21 pertenecían a profesiones de cierto nivel cultural,como médicos, veterinarios, maestros nacionales, practicantes,abogados, procuradores y secretarios judiciales o municipales. Tambiénengrosaron las víctimas de la represión franquista en Ciudad Real unjefe de prisión y un sacerdote. Ibid.., pp. 399-400. 15 Véase F. Moreno, “La represión económica” en S. Juliá (Coord.),Víctimas de la guerra civil...op. cit., pp. 343-349.

11

expropiación de algunas fincas, entre ellas la denominada

“Zacatena”, de 2.166 hectáreas y propiedad de la Duquesa de

San Carlos, la primera que se hizo en toda España sobre un

miembro de la Grandeza y que en septiembre de 1936 fue

entregada a la Sociedad Filial de Trabajadores de la Tierra

de Daimiel para ser explotada en colectividad16. Las

enemistades que se pudo ganar por esta labor no sólo

auguran su final, sino que también ayudan a entender los

deseos de venganza de ciertos sectores sociales

tradicionalmente dominantes contra determinadas personas

que participaron en la gestión progresista del régimen

republicano.

No obstante, el estallido de la guerra y el proceso

revolucionario que se desató durante los primeros meses en

Ciudad Real pudo dejar en una posición realmente difícil y

hasta peligrosa a este liberal y demócrata que parece que

no ocultaba su condición de católico practicante. Además,

el partido político al que pertenecía, Unión Republicana,

despertaba bastante desconfianza y recelo entre ciertos

16 Unos días antes de ser relevado como presidente del Instituto deReforma Agraria en marzo de 1934, el mismo ingeniero Sempere ordenótambién la inclusión de la finca “Cañada del Águila”, propiedad delMarqués de Santa Cruz e hijo de la Duquesa de San Carlos, en elinventario de Bienes Expropiables a la Grandeza. En este sentido,véase, Mª. P. Ladrón de Guevara, La esperanza republicana. Reforma agraria yconflicto campesino en la provincia de Ciudad Real (1931-1939), Ciudad Real,Biblioteca de Autores y Temas Manchegos, 1993. Para más informaciónsobre la labor pública y política de Ernesto Sempere Beneyto en laprovincia de Ciudad Real durante los años republicanos, véase, J.A.Sancho Calatrava, Elecciones en la II República: Ciudad Real (1931-1936), CiudadReal, Diputación Provincial, 1988; y J. Otero Ochaita, Modernización einmovilismo en La Mancha de Ciudad Real (1931-1936), Ciudad Real, Biblioteca deAutores y Temas Manchegos, 1993.

12

partidos obreros, especialmente en el PSOE, que no podía

olvidar la pasada colaboración de algunos de los miembros

de la nueva formación política con el gobierno de Lerroux.

Del mismo modo, el PSOE provincial acusaba a la Unión

Republicana de Ciudad Real de ser un partido repleto de

infiltrados procedentes de Acción Popular y Falange

Española desde las elecciones de febrero de 193617. De

hecho, quizás no les faltase algo de razón a los

socialistas pues, como luego se demostró, el presidente

local de Unión Republicana era un farmacéutico, Manuel

Romero, que procedía de la Unión Patriótica y que en los

días del golpe de Estado se comprometió con un sargento del

Gobierno Militar de Ciudad Real a apoyar la sublevación de

julio y, cuando ésta fracasó, fue el principal organizador

de la Quinta Columna en la capital manchega18. En cualquier

caso, nada tiene que ver la biografía del farmacéutico con

la de Ernesto Sempere Beneyto, cuya identificación con el

régimen democrático y republicano queda fuera de toda duda

al haber integrado la candidatura del Frente Popular. Ni

siquiera Unión Republicana fue el único partido del Frente

Popular que ocultó en sus filas a elementos de derechas o

falangistas. Además, no hay que olvidar que para

17 La Federación Provincial Socialista dirigía una carta fechada el 31de mayo de 1936 a la Comisión Ejecutiva del Partido informando en estemismo sentido. Véase, F. Alía Miranda, La guerra civil en retaguardia...op. cit.,p. 50. 18 Según se desprende de las Memorias que este farmacéutico publicó en1970, su actividad en la Quinta Columna se debió al horror que leprodujeron algunas escenas de persecución a fascistas y a religiososen los primeros días de guerra y a la recompensa que esperaba alfinalizar la guerra con la victoria del bando rebelde. Ibid., p. 338.Véase también M. Romero Sánchez-Herrera, Estampas de la Guerra Civil, Madrid,Tip. Flórez, 1970.

13

determinados autores, esta formación política representa el

paradigma de una “Tercera España” habitada por

intelectuales, sujetos moderados, demócratas reformistas o

liberales progresistas que quedaron atrapados por la tenaza

de unas clases sociales antagónicas19. Así pues, esto nos

puede ayudar a entender la situación comprometida en la que

quedó parte de la población en los momentos de mayor

radicalización y violencia política.

En efecto, las constantes sospechas, muchas de ellas

infundadas, que tachaban de facciosos a personas que

desempeñaban una profesión liberal, propietarios y

religiosos puede explicar algunos de los movimientos o

acciones que parece que protagonizó Ernesto Sempere Beneyto

en la retaguardia republicana. Además, su significación y

activismo político republicano en la capital y provincia

antes de que estallase el golpe militar, no le permitía

mantener durante la guerra una posición distante o alejada

de los órganos políticos de poder y decisión, pues

igualmente por ello podría haber sido señalado por los

comités revolucionarios en los primeros meses. En cualquier

caso, parece que según el propio ingeniero declaró en el

juicio sumarísimo que le condenó a muerte, muchas de sus

acciones estuvieron motivadas “a fin de salvaguardar su

persona y bienes”. Una declaración que puede sonar tópica y

desesperada, pero que cobra lógica y veracidad si atendemos

19 Véase, P. Preston, Las tres Españas del 36, Barcelona, Plaza&Janes, 1998;E. Moradiellos, 1936: los mitos de la guerra civil, Barcelona, Península, 2004; yN. Townson, La república que no pudo ser, Madrid, Taurus, 2002.

14

a sus argumentos, pues por su “carácter de propietario,

religioso y el haber intervenido en favor de algunas

personas derechistas, especialmente detenidos, se

encontraba muy mal visto por los dirigentes rojos, que

desconfiaban de él”20.

Fuese por convicción o por temor a la represión

revolucionaria de los primeros meses, lo cierto es que,

desde que estalló la guerra, Ernesto Sempere Beneyto asumió

ciertas responsabilidades públicas y políticas de gobierno

en Ciudad Real. Así pues, fue miembro del Comité de Guerra

de la ciudad hasta noviembre de 1936 en que fue disuelto,

presidente del Comité de Control de Obras Públicas,

presidente del Sindicato de Ingeniería y Arquitectura

afecto a la UGT desde noviembre de 1936 y de mayo a julio

de 1937 Gobernador Civil en funciones. También fue nombrado

Mayor del Ejército Popular de la República y desde otoño de

1937 estuvo en diversos frentes al mando del 36 Batallón de

Obras y Fortificaciones, y con el que finalmente ascendió a

Teniente Coronel y Jefe del Estado Mayor de ingenieros,

zapadores, pontoneros, fortificaciones, voladuras y pistas

de guerra de la Agrupación de Divisiones Toral. Más

sorprendente resulta su afiliación al Partido Comunista

desde enero de 1937. Una decisión que, sin duda, estuvo más

motivada por esquivar posibles represalias que por una

inmediata transformación ideológica, pues once meses

después de su afiliación todavía reclutaba soldados en el

20 Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 1 de Madrid,procedimiento sumarísimo de urgencia nº 1.816, leg. 5.741.

15

citado 36 Batallón en nombre de Unión Republicana. Además,

debemos entender que conforme derivaron los acontecimientos

en la retaguardia republicana, podía resultar mucho más

tranquilizador en un momento de apuros la posesión del

carné del Partido Comunista que el de Unión Republicana. De

hecho, esta circunstancia tampoco pasó desapercibida para

el PSOE, que acusaba al Partido Comunista y a la CNT

provincial de haber aumentado sus listas de afiliados con

personas, algunas de ellas desafectas a la República,

deseosas de conseguir cualquier carné que les pudiese

salvaguardar la vida21. De cualquier modo, las obligaciones

políticas adquiridas por Ernesto Sempere Beneyto en la

retaguardia republicana no podían pasar desapercibidas para

una justicia de postguerra nada contemplativa.

La instrucción del juicio sumarísimo de urgencia que

se siguió contra él desde el 13 de mayo de 1939 prueba la

arbitrariedad de un proceso diseñado para la venganza,

donde el fallo parecía estar dictado antes de iniciarse la

causa judicial. Poco podíamos esperar de la imparcialidad

de un tribunal militar presidido por un Comandante del

ejército sublevado. El juez instructor era un capitán del

mismo, el secretario, un falangista. El abogado defensor

sólo se dejó oír para pedir la rebaja en un grado de la

pena de muerte solicitada por el fiscal, esto es, la

21 En este sentido, como ha advertido F. Alía Miranda, resulta bastantellamativo que el Partido Comunista en la provincia de Ciudad Realpasase de los 500 afiliados en diciembre de 1935 a los 15.500 ennoviembre de 1937. Véase del mismo, La guerra civil en retaguardia...op. cit., p.123.

16

petición de cadena perpetua. Como ha escrito F. Moreno, “la

denuncia se convirtió en el motor y en el primer eslabón de

la <<justicia>>”22. Los denunciantes fueron un guardia

civil, un abogado hermano de un capitán asesinado durante

los primeros meses de la guerra al haber sido acusado de

organizador del “fascio” en Almagro y un chofer del Comité

de Guerra afiliado en el 36 a la UGT y hermano de A. Cano

Murillo -presidente provincial del PSOE- que parecía buscar

el indulto a toda costa. Y así lo consiguió, a cambio de

responsabilizar a Ernesto Sempere Beneyto, a José Tirado

Berenguer –presidente provincial de la CNT- y al dirigente

socialista del asesinato de un ex presidente provincial de

la CEDA. Claro que el líder socialista y hermano del

delator ya había conseguido huir sano y salvo a la frontera

francesa. También fue denunciado por una mujer de la que

nada sabemos y el ya citado farmacéutico y principal

organizador de la Quinta Columna en la capital que,

casualmente, compartió durante un tiempo las filas de Unión

Republicana con el procesado23. Pero sobre todo, el grupo

de denunciantes más extenso fue el de sus antiguos

compañeros de trabajo en la sección de Obras Públicas de la

Diputación Provincial de Ciudad Real. Algunos de éstos,

22 F. Moreno, “La represión en la postguerra”, en S. Juliá (Coord.),Víctimas de la guerra civil...op. cit., p. 309.23 La familia Sempere Luján cuenta cómo, acabada la guerra y presoErnesto Sempere Beneyto, el farmacéutico accedió a la prisión dondeestaba recluido el ingeniero “para hacer escarnio y burla de suhumillante y terrible situación”. Carta personal de Francisco Javier Sempere Lujándirigida a Óscar G. Bascuñán Añover en 4 de octubre de 2006.

17

seis en total, miembros de la CEDA, la Falange y el Partido

Progresista de Cirilo del Río antes del golpe militar24.

Las denuncias no necesitaban ninguna prueba para

demostrar su veracidad, la declaración del denunciante

parecía ser para el tribunal un hecho probado y demostrado.

Esto dio pie a generar un ambiente de terror y sospecha

continua que fue aprovechado por muchos para saldar con

denuncias odios personales, venganzas y envidias. Además,

denunciar era una manera de demostrar su afección al nuevo

régimen y escapar de las posibles denuncias que podían caer

sobre ellos, pues pocos estaban libres de sospecha. Para C.

Mir, el resentimiento de unos y el temor de otros es lo que

ayuda a comprender la colaboración de la sociedad civil en

la violencia represiva del régimen franquista25. Tal purga

cobró una especial dimensión en las pequeñas ciudades y

espacios rurales, más todavía en las que como Ciudad Real

permanecieron leales a la República hasta los últimos días.

Aquí, los odios políticos y de clase se mezclaron con los

odios y venganzas personales propias de unas relaciones

sociales y de vecindad en las que todos sus habitantes se

conocían. “Inculpar era sencillo [y provechoso]. Exculpar

resultaba peligroso” escribe J. Casanova para explicar el

grado de implicación de buena parte de la población con el

24 Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 1 de Madrid,procedimiento sumarísimo de urgencia nº 1.816, leg. 5.741.25 C. Mir Curcó, “El sino de los vencidos: la represión franquista en la Cataluña rural de posguerra”, en J. Casanova (Coord.), Morir, matar, sobrevivir...op. cit., pp. 173-182.

18

sistema de terror26. En este sentido, podemos entender las

declaraciones de delatores contra Ernesto Sempere Beneyto

que eran manifiestamente falsas, como la que le acusaba de

ser miembro del Comité de Defensa de Ciudad Real, otras que

se basaban en simples suposiciones malintencionadas, como

el que decía que “cree, dada la significación del

procesado, que intervendría en la inducción para cometer

asesinatos”, la falta de rigurosidad o los que le acusaban

de cierto asesinato por haberlo oído “de rumor público”27.

De forma resumida, las acusaciones de particulares

contra el detenido fueron, además de ser miembro de varios

comités, ocupar cargos de responsabilidad pública y

política antes del golpe militar y durante el periodo de

“dominación roja” y haber sido oficial y voluntario del

ejército republicano, la de haber informado al Comité de

Policía Política contra asociaciones y personas de

derechas, haber hecho “propaganda de la causa roja e

insultado al movimiento nacional y sus invictos generales”,

haber viajado a Madrid para recibir instrucción de cómo

instaurar el “régimen rojo” en Ciudad Real, tener

conocimiento de los asesinatos que se cometían cada noche,

presenciar los fusilamientos en la tapia del cementerio de

la capital, haber participado en los interrogatorios que

realizaba el Gobierno Civil, asaltar el cuartel de la

Guardia Civil para repartir pistolas y escopetas entre los

26 J. Casanova, “Una dictadura de cuarenta años”, en J. Casanova (Coord.), Morir, matar, sobrevivir...op. cit., p. 32. 27 Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 1 de Madrid,procedimiento sumarísimo de urgencia nº 1.816, leg. 5.741.

19

obreros, haber incautado fincas pertenecientes al personal

de Obras Públicas que consideraba afectos a la sublevación

y haber depurado, expulsado y amenazado con la muerte a

esos mismos funcionarios de Obras Públicas.

Las declaraciones más graves contra él, no obstante,

fueron las que le responsabilizaban de ser uno de los que,

entre otros más, acusó en un tribunal popular al capitán de

infantería Calero de ser el organizador del “fascio” en

Almagro, conspirador el 16 de febrero y disparar contra los

trabajadores en una romería. El tribunal popular condenó al

capitán golpista, por unos hechos de sobra demostrados, a

veinte años de prisión y la detención de éste fue

aprovechada por varios descontrolados para sacarlo una

noche y asesinarlo. También acusaron a Ernesto Sempere

Beneyto de haber intervenido y presenciado el asesinato de

un ex diputado provincial de la CEDA en el cementerio de La

Solana y de haber incitado el asesinato en la capital de un

médico en represalia por el trato que éste le había dado a

su esposa enferma. Otras acusaciones aseguraban de oídas

que él y su hijo disparaban en el frente contra los

milicianos que se batían en retirada, que el primer día que

bombardearon Ciudad Real salió al balcón del ayuntamiento

para decir a voces que “aquella noche no había de quedar

uno que hubiera votada a las derechas”, que solía

manifestar que para que no bombardeasen la ciudad había que

poner al obispo como pararrayos en un tejado y que se

20

jactaba de haber inventado la transformación de botes

vacíos de mercurio de Almadén en bombas explosivas28.

En general, y a pesar de lo que pueda parecer, esta

lluvia de imputaciones contra el ingeniero no fue algo tan

excepcional, pues si la comparásemos con los sumarios de

otros represaliados seguramente podríamos observar que las

acusaciones eran muy parecidas. Incluso en esta misma causa

se aprecia de manera descarada cómo algunas de las

declaraciones de los denunciantes son prácticamente

calcadas29. Además, si muchas de estas declaraciones

particulares adolecen de pruebas y rigurosidad, los

informes oficiales emitidos por el alcalde, el comisario

jefe y la Delegación Provincial de Información e

Investigación de la Falange no se quedan atrás, con la

diferencia de que la fiabilidad de estos era incuestionable

para el tribunal militar. Podemos poner algunos ejemplos de

ello. Así pues, a cuestiones como “personas que por su

intervención fueron asesinadas” en las que se pedía de

forma expresa que se hiciese constar el nombre y domicilio

de las victimas, el alcalde del nuevo régimen respondía sin

hacer caso de la advertencia que fue “primera figura de la

criminalidad inductora con su conducta, actuación y cargos

ostentados”. En cuanto a las personas detenidas por su28 Ibid.29 Que muchos se pusieron de acuerdo para inventar denuncias contra losdetenidos parece un hecho bastante demostrado, lo mismo que lasvisitas que falangistas y denunciantes hacían a las cárceles parapropinar palizas a los detenidos. En este sentido, puede resultar degran interés la lectura de las memorias de un superviviente de laPrisión Monasterio de Uclés (Cuenca), A. Iniesta López, El niño de laprisión, Madrid, Siddharth Mehta Ediciones, 2006.

21

intervención, el alcalde contestaba simplemente “muchas” y

el comisario jefe aseguraba que fueron cuatro, aunque

reconocía que su nombre no aparecía como denunciante.

Respecto a los bienes requisados, el alcalde volvía a

responder “muchos” y el comisario “se ignora”. Sobre si

intervino en la destrucción e incendio de imágenes y

objetos religiosos, el alcalde, en otro alarde de

precisión, afirmaba “seguramente” y el comisario jefe

contestaba “perseguidor acérrimo de todo lo que significa

religión”. El juez necesitaba certificar de manera formal

la autenticidad de los informes y para ello pedía el nombre

de dos personas que lo pudiesen atestiguar. Tanto el

alcalde como el comisario evitaban dar nombres, éste último

afirmaba “cualquier persona adicta al glorioso movimiento

nacional, tanto de esta capital como de Almagro”,

evidentemente30.

La única defensa de la que gozaba Ernesto Sempere

Beneyto era la de su propia declaración y la escasa

credibilidad que el juzgado militar le otorgase, pues eran

pocas las oportunidades que le concedían de presentar

pruebas con un abogado defensor prácticamente ausente del

proceso. De esta manera, en su declaración reconoció haber

ingresado en el Partido Comunista por los motivos ya

subrayados, presidir algunos sindicatos y comités, salvo el

de Defensa, del que aseguró –y así se ha comprobado- que él

no formaba parte, pues en esas fechas en representación de

30 Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 1 de Madrid,procedimiento sumarísimo de urgencia nº 1.816, leg. 5.741.

22

Unión Republicana firmaba Francisco Serrano. La importancia

de haber sido miembro del Comité de Defensa residía en que

se acusaba a esta organización de dirigir una checa en la

capital. También negaba haber injuriado a la religión y a

las personas que la profesaban, pues reconocía que él la

practicaba y que durante los mismos años de la guerra había

contribuido como esclavo del Santísimo Sacramento de San

Bartolomé de Almagro. Algo que, según su declaración, había

acreditado en las primeras diligencias instruidas contra él

en el juzgado militar de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)

donde había sido detenido. Diligencias que o no llegaron o

no se incorporaron al sumario instruido por el juzgado

militar de Ciudad Real. De igual modo, negaba haber

amenazado a la gente de derechas el primer día de los

bombardeos ni armar a los obreros con pistolas y escopetas

del cuartel de la Guardia Civil. Admitía que había estado

en el Gobierno Civil cuando se interrogó a un sacerdote y

un jesuita de Daimiel, acusados de intentar un alzamiento

derechista, pero que él no formó parte del interrogatorio.

Además, afirmaba que ese mismo día se puso en libertad a

dos mujeres por su intervención31.

En cuanto a las acusaciones más graves, Ernesto

Sempere Beneyto negaba haber informado contra

organizaciones de derechas ni personas que trabajaban en

Obras Públicas para que fuesen ejecutados o les incautasen

las fincas y, aunque uno de los denunciantes presentó como

prueba un documento sin firmar que aseguraba que había sido31 Ibid.

23

escrito por el ingeniero con los nombres y afiliación

política de sus compañeros de trabajo, el procesado basaba

su defensa manifestando que ninguno de ellos había sido

detenido. Además, manifestaba que fue él el que gestionó la

condonación y rebaja de algunas multas que se impusieron

contra los empleados en Obras Públicas y que en momentos de

escasez proporcionó víveres “a todos los de la oficina”,

algunos de ellos como el aceite y las patatas procedentes

de su propia finca. Así, declaraba ser “una sorpresa y un

gran dolor, el encontrarme con que entre los compañeros de

Obras Públicas a los que he apreciado, querido y defendido

pueda anidar rencor o malquerencia en ningún momento contra

mi, que tanto los he estimado y respetado”. Por otro lado,

reconoció haber declarado contra el capitán de infantería

Calero en un tribunal popular, pero ello no lo convertía en

responsable de su muerte. También afirmó que por orden del

Gobierno Civil viajó con varios representantes políticos

provinciales del PSOE y la CNT por diversos pueblos de la

provincia con el fin de recoger las armas y que con este

motivo estaba en La Solana cuando varios milicianos se

llevaban al ex diputado provincial de la CEDA al

cementerio. Según éste, los milicianos le aseguraron que no

lo matarían pero así lo hicieron. Cuando regresó al

Gobierno Civil –continuaba afirmando- solicitó en presencia

del Comité de Defensa que lo relevasen de prestar esos

servicios, hecho por el cual parece que se burlaron de sus

“escrúpulos”. Igualmente negaba haber tenido algo que ver

en la muerte del médico, doctor Cilleruelo, a causa de la

24

operación que le realizó a su mujer y que, al contrario,

éste podía haberse refugiado en la casa del procesado32.

Precisamente, debido al aluvión de acusaciones que

caían sobre él y las dificultades que le ofrecía un proceso

judicial sin garantías para probar su declaración, intentó

basar su defensa en la demostración del número de personas

de derechas que había escondido y ayudado en la retaguardia

republicana. En efecto, en el pliego de descargos y

testimonios el procesado enumera y describe con precisión

algunas de sus actuaciones “en favor de señores de derechas

y adictos al glorioso movimiento nacional, que se vieron

seriamente amenazados”. Así pues, escribe de su puño y

letra que salvó la vida de un sobrestante de Obras

Públicas, Juan Gil, detenido porque se había alegrado

públicamente de la derrota que había sufrido en el frente

el Batallón Manchego. El ingeniero emitió en el Gobierno

Civil un informe “francamente favorable” para que no

condenasen a muerte al detenido y después de muchos ruegos

consiguió que lo liberasen y lo mantuvo escondido en su

domicilio hasta que a partir de enero de 1937 “dejó de

ocultarse públicamente y empezó a normalizar su vida”.

Firmó la libertad de Juan Francisco Serrano, después de un

mes encerrado en prisión, fue a por él a la cárcel, lo

acompañó a su casa y le aconsejó que estuviese un tiempo

escondido hasta que “pudiera camuflarse en una sindical”.

También logró la libertad de su vecino Luis Sastre Velasco,

detenido en la Casa del Pueblo, pretextando que era menor32 Ibid.

25

de edad y a pesar de los “insultos y vejaciones” que sufrió

por sus gestiones. Después de ponerlo en libertad lo

escondió en su casa cada vez que algunos grupos iban a

detenerlo y en una ocasión se tuvo que enfrentar a una

multitud de “amotinados” que pretendía atacar al liberado

en la puerta de su casa33.

También ocultó en su domicilio a un falangista, primo

del doctor Cilleruelo, y del que –según la declaración-

Luis Sastre podía dar testimonio, pues estuvo escondido con

él en la misma casa. Visitó varias veces a los presos

políticos de derechas y falangistas de Peñarroya que

estaban detenidos en la prisión de Ciudad Real, por ser

muchos de ellos antiguos “compañeros” de la Compañía

Minera. Atendió a sus peticiones, les proporcionó ropa de

invierno, intercedió ante los partidos políticos y el

Gobierno Civil para que se les diese buen trato y, una vez

liberados, les proporcionó “salvoconductos, avales, dinero

y víveres para marchar fuera de esta capital”. Envió

numerosos paquetes de víveres a otro falangista, Enrique

Capón Bustindui, que se encontraba escondido “muchísimo

tiempo” en Madrid. En el frente, nombró a un destacado

derechista de Sevilla, Manuel Castellanos Olivares,

Teniente ayudante y a un hermano y un pariente del jefe de

Falange de Villanueva de Córdoba, Alfonso Fernández Muela y

Francisco García Blanco, les nombró enlace y destacado a

oficinas respectivamente para librarlos de la persecución

de sus compañeros y paisanos en el frente. Lo mismo hizo al33 Ibid.

26

menos con otros tres miembros de las Juventudes de Falange

y con otro falangista de Ciudad Real, Isidro de la Santa

García, al que después de destacarlo a oficinas para que en

el reclutamiento no le descubriesen, le libró de un consejo

sumarísimo por espionaje gracias al informe favorable que

escribió sobre él y por lo que luego quisieron exigirle

“responsabilidades”. De igual modo, medió por la libertad

de Agapito Crespo, perito agrónomo de Fernancaballero, y

para evitar la persecución de Miguel Espadas, cajero de la

Diputación Provincial, escribió un documento en el que

hacía constar que aquél donó una suma de dinero importante

al Frente Popular para sufragar los gastos de las

elecciones de 1936, “cosa que era incierta en absoluto,

porque es hombre eminentemente derechista y que votó la

candidatura íntegra de derechas y además que no es muy

desprendido y menos para dar dinero a una idea contraria a

la suya”34.

La precisión con la que Ernesto Sempere Beneyto

describe sus actuaciones en favor de gente perseguida o

sospechosa de derechista, proporcionando los nombres de

cada uno de ellos y sus direcciones para tratar de que la

instrucción judicial les llamase a declarar o les pidiese

algún informe, le otorga credibilidad al relato. Esto no

significa que ahora el procesado sea sospechoso de haber

sido un miembro de la Quinta Columna. Nada estaría más

lejos de la realidad. Al contrario, esta actuación del

ingeniero Sempere debe considerarse sin más un gesto de34 Ibid.

27

caridad, de desacuerdo o de rechazo a las acciones más

violentas y arbitrarias que se cometieron durante los

primeros meses del conflicto bélico en el bando

republicano. De todos modos, también se debe de advertir

que junto a este comportamiento coexistieron otros en el

bando republicano, o al menos en Ciudad Real, cuando cada

vez quedaba más lejos la victoria. En efecto, parece que a

partir de 1937 algunas personas, sobre todo la que tenía

algún cargo de responsabilidad pública, además de proteger

a individuos con las que le podían unir relaciones

familiares, personales, de amistad o vecindad, intentaron

asegurarse amigos en el bando contrario por si el desenlace

final de la guerra no era el deseado. Para algunos, la

supervivencia estaba por encima de todo lo demás. Una

situación que tuvo que ser tan evidente en Ciudad Real que

provocó que la Gobernadora de la provincia, Julia Álvarez,

publicase una circular el 30 de agosto de 1937 en este

sentido:

“[...] es doloroso reconocer que los Partidos y Organizaciones

han rectificado su línea y los que ayer apoyaban la idea de limpiar la

retaguardia hoy emplean sus energías en extender avales que llegan en

aluvión a este Gobierno civil para recomendar a todo el que es

detenido”.

“[...] Cuando están en la cárcel elementos declaradamente

facciosos, de los que en febrero de 1936 formaban las directivas de

Acción Popular y las centurias de Falange Española y llueven

recomendaciones múltiples individuales y colectivas de antifascistas

para que se ponga en libertad a los detenidos; yo digo, con toda la

responsabilidad del cargo que ocupo, que estas recomendaciones no

28

pueden interpretarse más que de dos formas: o se trata de ganar

afiliados de número o se trata de conquistar la recíproca por si se

acercan las hordas fascistas”35.

No obstante, no parece que ese intento de encontrar

avales en el bando contrario fuese lo que motivase el

comportamiento contemplativo de Ernesto Sempere Beneyto,

pues muchas de estas actuaciones las protagonizó durante

los primeros meses de la guerra, cuando todavía estaba más

que difusa la victoria del bando rebelde. Además, la prueba

más significativa reside en que si algunas élites políticas

o profesionales protegieron o camuflaron a otros a cambio

de salvar la vida acabada la guerra, éste no fue el caso

del ingeniero, pues apenas nadie de los que se beneficiaron

de su intervención y favor durante la guerra quisieron

avalarle después en el sumario. En efecto, el proceso

judicial no se molestó en llamar a declarar a la cantidad

de personas citadas por el detenido, tampoco éstos se

prestaron voluntariamente a escribir algún informe

favorable que le hubiera podido salvar. Parece demostrarse

aquí que eso de exculpar podía ser realmente peligroso.

Sólo un falangista de Madrid emitió una carta confirmando

que el ingeniero le había proporcionado víveres mientras él

estaba escondido. Los informes favorables de los

derechistas y falangistas de Peñarroya que citaba el

ingeniero se quedaron en la instrucción que se siguió al

principio en este pueblo y o no se pidieron o nunca

llegaron a la instrucción de Ciudad Real. Tampoco le35 Citado de F. Alía Miranda, La guerra civil en retaguardia...op. cit., pp. 225-226.

29

concedieron el careo que solicitaba con el chofer y hermano

de A. Cano Murillo que, a cambio de un indulto, le había

acusado de ser el asesino del ex diputado de la CEDA en La

Solana, ni se molestaron en comprobar que durante los años

republicanos y hasta julio de 1936 estuvo cotizando en la

Iglesia de la Merced y luego en la de San Pedro, ambas de

Ciudad Real. El procesado pensaba que su manifiesta

religiosidad, esto es, su conducta y su amistad con “gente

de orden” le podía salvar la vida en último caso. Así lo

escribía él mismo:

“[He] tenido amistad con hombres de orden [...] y en fin con

muchos hombres serios que en todo momento han podido o pudieron

observar si yo tenía instintos criminales ni manifestaciones que

pudieran indicar o descubrir en mi un hombre de desorden o violencia,

o un criminal y que el hombre que lleva dentro de sí esos instintos,

no puede de por menos de manifestarlos o descubrirse, si no en una

ocasión en otra y yo jamás fui detenido, ni he pisado una Inspección

de Vigilancia y Policía ni un cuartel de la Guardia Civil, ni he

regañado ni tenido cuestiones personales con nadie, ni he observado

desvío de mis amigos todos ni de las personas que he citado y de otras

muchas que pudiera citar, motivados por mis instintos y conducta”.

[...] “He sido siempre un hombre respetuoso con las leyes del Estado y

sus representantes y con el derecho de gentes, ni he podido ver que se

le haga daño a nadie”36.

Poco más podía decir o demostrar Ernesto Sempere

Beneyto para no ser condenado a muerte pues, en realidad,

el proceso judicial no trataba de dilucidar su conducta ni

sus presuntos delitos, sino de materializar una purga36 Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 1 de Madrid,procedimiento sumarísimo de urgencia nº 1.816, leg. 5.741.

30

política de la que era difícil librarse. Al tribunal

militar le bastó sólo con acusarle de sus responsabilidades

públicas y políticas antes y después del golpe militar,

haber declarado como testigo en un tribunal popular contra

un capitán sublevado que más tarde fue ajusticiado por unos

descontrolados y, lo más controvertido, responsabilizarle

del asesinato de un ex diputado de la CEDA en La Solana, si

bien –según afirma la sentencia- “no consta si el procesado

disparó contra la víctima”, para condenarlo a muerte por el

delito de adhesión a la rebelión el día 3 de junio de

194037. Mes y medio más tarde, la madrugada del 17 de julio

de 1940 fue fusilado y enterrado en una fosa común en el

cementerio de Ciudad Real a la edad de cuarenta y cinco

años junto con veinticuatro víctimas más, algunas de

veinte, veintiuno, veintidós y veinticuatro años38. Unos

días antes del asesinato -según relató un hijo de la

víctima en una carta- gracias a las gestiones del

falangista escondido en Madrid, Enrique Capón Bustindui,

que era profesor de los hijos del ministro franquista

Rafael Sánchez Mazas, obtuvo y confirmó a la familia la

conmutación de la pena de muerte del procesado. Pero parece

que la noticia llegó a los oídos de alguien y, antes de que

lo notificasen de forma oficial, se apresuraron a

fusilarlo39. 37 Ibid.38 Véase F. Alía Miranda, La guerra civil en retaguardia...op. cit., pp. 497-521.Unos quince años después de su fusilamiento, los restos fueronbuscados y localizados por la familia gracias a la colaboración de unade las personas que le dio sepultura. Tras su exhumación y proceso deidentificación, volvió a ser enterrado en el panteón familiar. 39 Carta personal de Ernesto Sempere Villarrubia dirigida a FranciscoAlía Miranda en 7 de octubre de 2004.

31

En cualquier caso, no acabó aquí la persecución sobre

la familia de Ernesto Sempere Beneyto. Después de fusilado,

la más dura represión “legal” bajo el velo de los órganos

de justicia militar continuó cebándose con su familia. Un

hermano del procesado, Cayetano, también fue condenado a

muerte, aunque tras pasar unos años encerrado en la cárcel

de Almodóvar del Campo logró que se le conmutase la pena y

salvar la vida. Los hijos de Ernesto tampoco se libraron de

las acusaciones de los vecinos que o se habían sentido

incómodos y maltratados en la retaguardia republicana o,

simplemente, pretendían manifestar su afección a la

dictadura militar. A José Luis, con apenas catorce años

cuando empezó la guerra y a pesar de los deseos de algunos

denunciantes, se le puso en libertad tras tomarle

declaración. Sin embargo, el primogénito, Ernesto Sempere

Villarrubia, fue el que más sufrió las consecuencias de una

larga postguerra. Sus principales delatores fueron, como en

el caso de su padre, sus compañeros, pero no del trabajo

sino del instituto de enseñanza media donde él estudiaba.

Así es, el hijo del ingeniero era apenas un estudiante de

quince años cuando estalló la guerra. Los cargos que se le

imputaban no quedaron suficientemente demostrados en el

sumario y fundamentalmente eran políticos, sin embargo para

algunos de sus denunciantes éste era un izquierdista, un

menor de edad, “peligrosísimo para la causa nacional”. Sin

32

duda, se trataba, de nuevo, de una acción judicial

encaminada a la depuración política40.

De hecho, Ernesto Sempere Villarrubia fue víctima de

una denuncia colectiva, quizás la mejor expresión de

arbitrariedad y purga política. En ella se le acusaba junto

a otros veintiocho estudiantes más de ser “elementos

destacados en su actuación durante la dominación del

Gobierno rojo”. La declaración sumarial contra él la

efectuaron cinco antiguos compañeros y estudiantes del

instituto de Ciudad Real, todos de entre dieciocho y veinte

años de edad. ¿Existía mejor forma para estos jóvenes

estudiantes de comprometerse políticamente con el nuevo

régimen, promocionarse y optar a puestos de trabajo y

cargos públicos? Los cinco le acusaban conjuntamente de

haberse afiliado a la FUE unos meses antes del golpe

militar, ser Secretario de Propaganda de la misma

organización durante la guerra, ingresar en el Partido

Comunista en enero de 1937 –la misma fecha en la que lo

hizo su padre y su hermano José Luis-, exaltar la “causa

roja” y criticar “violentamente la nacional en periódicos

murales y caricaturas en las que también insultaba a los

generales del ejército nacional”, formar parte del40 Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 1 de Madrid,procedimiento sumarísimo de urgencia nº 7.054, leg. 3108. En las yacitadas memorias sobre la Prisión Monasterio de Uclés, Andrés IniestaLópez también era menor de dieciocho años cuando acabó la guerra. Noobstante, como él mismo relata, si hacemos caso a las acusaciones delos delatores y denunciantes, “más bien pareció haber sido elresponsable directo de todo cuanto aconteció en nuestra patria”. Unpasaje de sus memorias, donde se reproduce el “simulacro de juicio”que era un Consejo de Guerra en, A. Iniesta López, El niño de la prisión...op.cit., pp. 110-115.

33

organismo que depuraba a los alumnos del instituto,

proponer en una junta de la FUE que se informase sobre dos

estudiantes de derechas para que fuesen fusilados,

participar en la destrucción de objetos sagrados de la

Iglesia de la Merced, ir voluntario al “ejercito rojo”

donde alcanzó la graduación de cabo y haber maltratado de

obra y palabra a otros compañeros de derechas. Esta última

acusación fue sobre la que más hincapié hicieron algunos de

los estudiantes delatores y posiblemente fue el motivo que

les llevó a denunciarle, pues supuestamente era con éstos

con los que Ernesto había tenido unas reyertas causadas –

según los declarantes- por cuestiones políticas. El resto

de acusaciones que lanzaron contra él son una copia del

informe de la Delegación de Información e Investigación de

la Falange41.

De este modo, podemos entender que algunos de estos

mismos estudiantes que le habían denunciado por todos los

cargos mencionados en el turno de ratificaciones aclarasen

que “no tiene seguridad de que el procesado tomase parte en

la destrucción de imágenes de la Merced [...] y de la misma

forma hace constar que tampoco tiene seguridad de que

denunciase y propusiese el fusilamiento de Monterde en el

frente, que estos mismos extremos se lo han dicho al

declarante los propios interesados pero sin embargo como no

está poseído de una absoluta seguridad hace constar su

duda”. Y otro, el que supuestamente Ernesto Sempere

41 Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 1 de Madrid,procedimiento sumarísimo de urgencia nº 7.054, leg. 3108.

34

Villarrubia había propuesto denunciar por derechista, pero

que ni fue denunciado, ni represaliado ni pudo presenciar o

escuchar directamente lo que se dijo aquel día en la Junta

de la FUE porque estaba en el frente, manifestaba que “sólo

de referencia o rumores conoce los hechos de que haya

intervenido en la destrucción de las imágenes y que no está

seguro si portaba pistola”. No obstante, también hubo otros

que ratificaron lo dicho. Como la hija del conserje del

instituto, que afirmaba estar “absolutamente segura” de que

el procesado había dicho que debían dar informes de dos

estudiantes “para que fuesen fusilados”, que “presenció”

cómo entraron por un agujero en la Iglesia de la Merced de

la que sacaron “bastantes objetos” y cómo fueron quemados

algunos de éstos por el procesado y otros más en el jardín.

El conserje y el director del instituto decían estar

dispuestos a dar fe de estas acusaciones contra el

procesado, quizás querían asegurar su puesto de trabajo.

Más seguro tenía su puesto de trabajo el sacerdote que a

pesar de afirmar que no conocía muchos datos porque había

estado escondido durante la guerra repitió las mismas

acusaciones contra el procesado y algunas otras

probadamente falsas como que le constaba que alcanzó el

grado de Teniente de Ingenieros o que hizo guardias en la

sede del Partido Comunista42. Y un escultor, Ramón de la

42 La colaboración y sintonía ideológica del clero con el régimenfranquista ha sido analizada con gran brillantez en, J. Casanova, LaIglesia de Franco, Barcelona, Crítica, 2005.

35

Osa, que fundamentó algunas de las acusaciones contra el

procesado en el rumor y haber “oído decir...”43.

A parte de las declaraciones particulares y los

informes oficiales de la Falange, el alcalde y el Comisario

Jefe, las pruebas existentes contra él eran su carné del

Partido Comunista, dos artículos donde defendía la causa

republicana y criticaba al fascismo y una caricatura de la

aviación nazi. En ninguno de éstos se incitaba a tomar

represalias contra nadie ni a la destrucción del patrimonio

de la Iglesia. Al contrario, en uno de sus escritos

contraponía el concepto de fascismo a la bondad del

cristianismo, lo que ya nos hace sospechar de sus más que

sinceras creencias católicas44. De este modo, en las dos

declaraciones que se le tomaron trató de aclarar y

desmentir algunas de las acusaciones. Así pues, aseguraba

que no había pertenecido a ningún partido político antes

del “Glorioso Movimiento Nacional”, solamente a la FUE43 Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 1 de Madrid,procedimiento sumarísimo de urgencia nº 7.054, leg. 3108.44 Ibid. Parte de este artículo decía lo siguiente: “[...] Cristo predicóla paz; el fascismo nos ha provocado la guerra más cruel conocidahasta ahora. Cristo era compasivo; el fascismo no conoce el perdón ni lagenerosidad.Cristo amaba a los pobres y amigaba con los ignorantes y sencillos decorazón; el fascismo lucha contra los pobres, y defiende a losplutócratas de toda calaña, y se alía con la petulancia y lafanfarronería.Cristo era humilde; el fascismo es la soberbia hiperestesiada.Cristo era tolerante con los publicanos; el fascismo es la imposicióny la tolerancia.Cristo era resignado; el fascismo es la impaciencia y la egolatría.[...] Comparad católicos de buena fe, lo que pretende la España leal ylo que desea la rebelde, y elegid. Nosotros no perseguimos a losreligiosos verdaderos; sólo somos enemigos de los falsos, que tambiénlo son de Cristo”.

36

desde marzo de 1936. También reconoció haber sido

Secretario de Propaganda de esta misma organización durante

un mes, pero que tanto lo de colocar escritos en la vía

pública como lo de vender periódicos era una labor ordenada

y establecida por turnos entre todos los estudiantes

afiliados. Negaba haber usado pistola, intervenido en actos

de propaganda del Partido Comunista o incautado muebles del

centro escolar. Sobre esto último decía que había hecho

cuatro guardias armado con carabina a principios de 1937

para custodiar el instituto y no para incautarlo45.

Igualmente, rechazaba la acusación de haber

participado en la destrucción de imágenes de la Iglesia de

la Merced porque, según él, era católico y porque durante

los primeros meses de la guerra estuvo viviendo en Corral

de Calatrava y en una finca de su familia en el campo.

Tampoco reconocía haber tenido reyertas con algunos

estudiantes por motivos políticos, hacer informes de dos

estudiantes de derechas para que fuesen fusilados, pues

manifestaba que uno de ellos era “amigo íntimo” y al otro

no lo conocía, o haber formado parte de la junta

depuradora, ya que en esos momentos estaba en el frente con

su padre. Además, declaraba que estando en el frente hizo

el favor de destinar a oficinas a un derechista, Emilio

Bernabéu. De poco le sirvió esta última acción, si con ello

buscaba la compasión de los militares rebeldes. Ninguna de

las acusaciones más graves contra él quedaron

suficientemente probadas, simplemente el tribunal militar45 Ibid.

37

concedió mayor credibilidad a los delatores, algunos de

dudosa intencionalidad. El acusado apenas pudo defenderse

ni probar su declaración. ¿Quién en esos momentos de terror

se podía atrever a exculpar a una familia republicana?

Incluso Luis Sastre, el vecino de derechas de los Sempere

al que escondieron y protegieron de una multitud amotinada,

que ni siquiera se prestó a redactar un informe favorable

de Ernesto Sempere Beneyto cuando sabía que éste iba a ser

asesinado, y que había sido llamado a declarar en este

sumario a petición de Ernesto Sempere Villarrubia con la

creencia de que lo haría a su favor, acusó al procesado de

“izquierdista” y de haber participado en la depuración de

alumnos del instituto. Eso sí, quizás ahora con la

necesidad de limpiar su conciencia, hizo constar que se

encontraba “en el deber de afirmar que el procesado y su

padre le brindaron protección y con él se portaron bien”46.

El 22 de febrero de 1940, Ernesto Sempere Villarrubia

fue condenado por un delito de adhesión a la rebelión a

veinte años de reclusión menor. La atenuante de ser menor

de dieciocho años cuando supuestamente cometió las acciones

de las que se le acusaba, le libró de un castigo mucho

mayor47. Aún así, lo peor para él estaba todavía por

llegar. Como relata Isaias Lafuente en Esclavos por la patria,

desde los dieciocho a los veintidós años recorrió once

cárceles y campos de concentración diferentes48. Entre

46 Ibid.47 Ibid.48 Véase I. Lafuente, Esclavos por la patria, Madrid, Temas de Hoy, 2003.

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ellas, la temible prisión de Valdenoceda (Burgos) donde el

hambre, el frío, la enfermedad y los malos tratos acabaron

con la vida de al menos ciento cincuenta y tres presos,

sesenta y dos de ellos castellano-manchegos49. Allí

coincidió con personalidades tan despreciadas por los

mismos represaliados políticos como David Antona, miembro

de la CNT y último Gobernador Civil del Ciudad Real

republicano, que se negó a abrir las puertas de las

cárceles a los comunistas de Ciudad Real alzados en armas

contra el golpe de estado del General Casado50. Pero

también forjó gran amistad con otros presos como el ilustre

historiador del arte Juan Antonio Gaya Nuño y se convirtió

en alfabetizador de muchos forzados e incluso, gracias a

sus conocimientos musicales, en director de la banda de

música del penal con el afán de elevar el ánimo y las

condiciones de vida de sus compañeros represaliados51. En

49 La noticia ha logrado ocupar un lugar en la prensa provincial, puesla tercera parte de los hallados en la fosa común de la prisión, estoes cincuenta y tres, eran naturales de la provincia de Ciudad Real.Véase, Lanza, “53 ciudadrrealeños, enterrados en una fosa común en unaprisión de Burgos”, 18-11-2004. También lo recoge la prensa nacional,El País, “Los olvidados de Valdenoceda”, 19-12-2004. 50 Muchos de los comunistas que permanecieron encarcelados seconvirtieron en las primeras víctimas de la represión franquista en laprovincia. La repercusión del golpe de Estado del General Casado enCiudad Real se puede leer en F. Alía Miranda, op. cit., pp. 357-367. 51 El propio Ernesto Sempere Villarrubia escribió antes de morir“Memorias de un superviviente del penal de Valdenoceda” en el que nostrasmite su trágica experiencia en las cárceles franquistas. Estapequeña autobiografía, en la que destaca sobremanera el acto de“sedición” que protagonizaron algunos de los presos, los llamadazos“trece de la fama”, al permanecer de pie en plena misa mientras lasautoridades se arrodillaban, la podemos encontrar enwww.sbhac.net/República/Relatos/Valdenoceda.htm. Hoy los descendientesde aquellas victimas están reunidos en el Colectivo de Familiares dePresos Republicanos Desaparecidos en la Prisión de Valdenoceda con laintención de exhumar los cadáveres, reconocer su identidad y recuperarsu memoria y dignidad Esto lo podemos ver y consultar en

39

diciembre de 1943, un mes después de haber conseguido la

libertad condicional con destierro, fue reclamado por el

ejército para realizar el servicio militar en calidad de

“desafecto”, por lo que fue destinado al 94 Batallón

Disciplinario de Soldados Trabajadores Penados en

Algeciras, en el que permaneció hasta noviembre de 1945.

Allí tuvo que trabajar en la construcción de un muro de

seguridad: “Estábamos vigilados por militares. Eran piedras

de seis o siete kilos que teníamos que trasladar a hombros

desde la cantera hasta el campo de prisioneros. Si al

llegar la piedra no le parecía bien al sargento de turno

que nos vigilaba, teníamos que regresar a por más y así

hasta que daba el visto bueno a una y nos ganábamos el

rancho de ese día”52.

La pena de destierro se mantuvo en vigor durante estos

años y el indulto no llegó hasta el 14 de diciembre de

1948, tres años después de que el dictador lo concediese a

los “rojos” que habían cometido “delitos” durante la

guerra. Aún así, tras más de seis años de encierro y

trabajos forzados, no todos estaban dispuestos a devolverle

http://es.groups.yahoo.com/group/valdenoceda/52 Citado de Isaias Lafuente, op. cit., p. 143. Sobre los campos deconcentración franquista, véanse algunos títulos como, C. Molinero, C.Sobrequés, M. Sala (eds.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y lasprisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica, 2003; A.Egido y M. Eiroa (eds.), Los campos de concentración franquista en el contextoeuropeo, Ayer, nº 57, 2005; J. Rodrigo, Cautivos. Campos de concentración en laEspaña franquista, 1936-1947, Barcelona, Crítica, 2005; G. Acosta, J. L.Gutiérrez, L. Martínez y A. del Río, El canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión política a la explotacióneconómica, Barcelona, Crítica, 2004; y F. Mendiola y E. Beaumont,Esclavos del franquismo en el pirineo, Tafalla, Txalaparta, 2006.

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algo de libertad. El mismo Fiscal del sumario de libertad

condicional manifestaba en 1948 su disconformidad con la

concesión del indulto, ya que “los actos por él realizados

son incompatibles con todo género de sentimientos humanos,

honrados y cristianos”. Pensamos que pudo ser un error

mecanográfico en la transcripción de la sentencia

condenatoria lo que llevó al Fiscal a expresarse con tal

dureza. Si en la sentencia original se decía que el

procesado informó de dos estudiantes de derechas para que

“fueran” fusilados -algo que no sucedió-, en la copia del

sumario de libertad condicional aparecía como que “fueron”

fusilados. En cualquier caso, un ejemplo más de la

arbitrariedad y la falta de rigurosidad con la que actuaron

estos tribunales. Al final, y contra el parecer del Fiscal,

se le concedió el indulto “con la expresa advertencia de

que los beneficios de tal indulto no alcanzan a las penas

accesorias y quedará sin efecto en caso de reincidencia o

reiteración”53. En efecto, Ernesto Sempere Villarrubia tuvo

que vivir con un castigo añadido que dificultaba la

recuperación y normalización de la vida cotidiana, esto es,

la humillación del destierro y la obligación de presentarse

periódicamente a las autoridades hasta mediados de los años

5054. El estado de empobrecimiento en el que quedó la

53 Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 1 de Madrid, sumario delibertad condicional del proceso sumarísimo de urgencia nº 7.054. 54 Sobre las dificultades que encontraron las víctimas del terror enrecuperar su vida cotidiana y el desamparo que sufrieron los sectoressociales más débiles de los vencidos, es decir, lo que se denominacomo “victimas encubiertas” en C. Mir Curcó, “El sino de los vencidos:la represión franquista en la Cataluña rural de posguerra”, en J.Casanova (Coord.), Morir, matar, sobrevivir...op. cit., pp. 129-137; y de lamisma autora, un estudio más detenido en, Vivir es sobrevivir...op. cit.

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familia al anularse los depósitos bancarios hechos en

moneda republicana y la ocupación forzosa y gratuita de sus

fincas durante los primeros años, hizo el resto. Una

justicia de venganza demasiado larga y cruel para una

familia cuyo único hecho probado en los sumarios fue su

activismo político en defensa de la República.

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Ernesto Sempere Beneyto. Ernesto Sempere

Villarrubia (Izquierda).

Ernesto Sempere Villarrubia (en la primera fila, elcuarto por la izquierda), con la banda de música deValdenoceda en 1941.

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