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Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras Colegio de Estudios Latinoamericanos Título La Escuela de Mecánica de la Armada, un lugar de memoria en Argentina. 1998-2007 Tesis que para obtener el título de Licenciada en Estudios Latinoamericanos Presenta Ana Laura Deceano Estrada Asesora Dra. Eugenia Allier Montaño Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM México, D.F., marzo 2013

Tesis Ana Deceano Final

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Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Filosofía y Letras

Colegio de Estudios Latinoamericanos

Título

La Escuela de Mecánica de la Armada, un lugar de memoria en Argentina. 1998-2007

Tesis que para obtener el título de Licenciada en Estudios Latinoamericanos

Presenta

Ana Laura Deceano Estrada

Asesora

Dra. Eugenia Allier Montaño

Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

México, D.F., marzo 2013

1

La Escuela de Mecánica de la Armada, un lugar de memoria en Argentina. 1998-2007

Índice Página

Introducción 2

Capítulo 1. La memoria, algunos conceptos para su teorización 12

El auge de la memoria 12

Entre el presentismo y la vuelta al pasado 14

El auge de la memoria en América Latina 17

Conceptualizar la memoria: memoria individual,

memoria colectiva, memoria pública 18

La otra cara de la recuerdo: el olvido 22

La relación entre memoria e historia 26

Lugares de memoria 28

La memoria en América Latina 30

Capítulo 2. La dictadura militar: 1976-1983 36

La violencia política. 1966-1976 37

El “enemigo” 39

El régimen militar. 1976-1983 46

Represión 48

Centros clandestinos de detención 49

Escuela de Mecánica de la Armada 52

Capítulo 3. Las discusiones públicas sobre el pasado reciente: 1984-1998 58

El fin del régimen militar 58

El inicio del gobierno democrático 63

La “reconciliación nacional” 67

El retorno del pasado 72

Capítulo 4. La consolidación de un lugar de memoria: 1998-2007 79

El decreto de traslado. 1998 79

El traspaso. 2004 86

La apertura del Espacio para la memoria. 2007 95

Un lugar de memoria 99

Conclusiones 101

Anexo 1. Cronología 105

Anexo 2. Visita guiada a la ESMA 110

Anexo 3. Imágenes 118

Fuentes 127

2

Introducción

La presente tesis busca ser un estudio sobre cómo la participación de los organismos de derechos

humanos en la lucha simbólica por el sentido del recuerdo del último régimen militar argentino

(1976-1983), dirimida en el espacio público, favoreció la construcción de un museo, entre 1998 y

2007, en el ex centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada

durante la dictadura, y la consolidación de un lugar de memoria en dicho emplazamiento.

En América Latina, durante la segunda mitad del siglo XX, las iniciativas para recuperar y conservar

el pasado, enmarcadas en un fenómeno mundial conocido como “irrupción de la memoria”1,

aumentaron en países que habían vivido regímenes autoritarios y se encontraban en transición a la

democracia. Este auge, además de buscar conmemorar el pasado, se encaminó a objetivos

específicos: identificar a los culpables de la violencia experimentada durante los regímenes

militares,2 realizar juicios, castigar a los responsables, mantener y transmitir el recuerdo del pasado

represivo para evitar su repetición.

En el caso de Argentina, algunos sectores de la sociedad desarrollaron proyectos3 para ocupar

simbólicamente los lugares vinculados a la represión (por ejemplo, aquellos que funcionaron como

centros clandestinos de detención [CCD]4 durante el régimen militar), así como para erigir espacios

destinados al homenaje y recuerdo de las víctimas. Muestra de ello es la Escuela de Mecánica de la

1 Este fenómeno se experimentó en países cuyo pasado fue violento, como Alemania, Polonia, España, Rumania,

Filipinas, Sudáfrica y Argenta, ejemplos significativos de cada continente. Para más información, véase Alexandra

Barahona de Brito, Paloma Aguilar Fernández y Carmen González Enríquez (eds.), Las políticas hacia el pasado.

Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, Madrid, Istmo, 2002. 2 Cabe destacar que en América Latina la recuperación del pasado no es exclusiva de países que tuvieron regímenes

autoritarios (Colombia es un ejemplo claro de ello), ni todas las sociedades que vivieron dictaduras civiles o militares

experimentaron el mismo auge del pasado, como en.el caso de Brasil. 3 Es importante mencionar aquellos que pretenden incluir el pasado dictatorial en los textos escolares y transmitirlo

mediante el sistema educativo y los que proponen designar algunos lugares públicos con nombres de los desaparecidos.

Estos programas se desarrollaron fundamentalmente en Buenos Aires, pero poco a poco se extendieron al resto del país. 4 Hay una lista de los centros clandestinos que funcionaron durante el periodo 1976-1983 en CONADEP, Nunca más.

Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 1984.

3

Armada (ESMA), establecimiento de instrucción militar que alojó —en parte de sus instalaciones—

uno de los CCD más activos del periodo.5 Desde fines de la década de 1990, su rehabilitación formó

parte de los proyectos cuyo propósito era recuperar, resguardar y transmitir el recuerdo y la historia

de los acontecimientos vividos durante el último régimen militar, 1976-1983.

En 1998, el gobierno de Carlos Saúl Menem intentó demoler el edificio; sin embargo, ciertos

sectores de la sociedad se opusieron y pugnaron por su conservación y la creación —en sus

instalaciones— de un lugar destinado a mantener y transmitir el recuerdo del pasado dictatorial, que

desde los primeros años del régimen constitucional se había convertido en símbolo de la represión.

A partir de ese momento, y durante casi diez años, las organizaciones defensoras de los derechos

humanos gestionaron ante distintas autoridades la constitución del museo, situación que reavivó la

discusión pública acerca de los sucesos vividos durante la dictadura, hasta que en octubre de 2007 —

tras la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia argentina— el Espacio Memoria y Derechos

Humanos (ex ESMA), antes Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los

Derechos Humanos, abrió sus puertas al público. En este sitio, los organismos de derechos humanos

lograron mantener vivo un lugar de memoria6 y relanzaron un sentido del pasado.

5 Se tiene conocimiento de que la ESMA funcionaba como centro clandestino desde 1977 a partir de la publicación de la

Carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. Esta condición se estableció oficialmente por la investigación que derivó en

el informe Nunca Más de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP); véase CONADEP, Op.

cit. 6 Aunque más adelante regresaremos a esta noción, conviene adelantar que lugar de memoria es una categoría de análisis

surgida en el contexto de la historiografía francesa que designa “aquellos lugares donde se cristaliza y se refugia la memoria”. Acuñada en los años ochenta del siglo XX por el historiador francés Pierre Nora, este concepto ha sido

adaptado a distintos contextos, entre ellos el argentino. Para más información, véase Josefina Cuesta Bustillo (ed.),

Memoria e historia, Madrid, Marcial Pons, 1998.

4

Justificación

Uno de los motivos que detona la realización de este trabajo es el interés de mostrar que los

individuos y las comunidades, a partir de la recuperación del recuerdo de los acontecimientos vividos

por una generación, pueden formarse una conciencia crítica y actuar para transformar la realidad.

El segundo motivo es la intención de señalar un nuevo elemento del debate abierto acerca de los

procesos de memoria y olvido, y las representaciones del pasado en la época de la posdictadura

argentina: el estudio de la dinámica social y política que se desenvuelve durante la constitución de un

espacio para recuperar y rememorar el pasado. La reflexión sobre este elemento es fundamental para

examinar la dinámica de la historia de las disputas por las representaciones del pasado reciente en

Argentina. Profundizar al respecto permite retomar elementos de la discusión teórica acerca de la

naturaleza e importancia de la memoria, así como de sus múltiples manifestaciones en ese país

sudamericano, para después trasladar este conocimiento al análisis de otras memorias y otros pasados

recientes conflictivos como el del caso mexicano, con énfasis en el estudio de las disputas por las

representaciones del pasado reciente en un contexto de conflicto provocado por la lucha contra el

narcotráfico y los lugares de memoria que se han generado a partir de ella.

El tercer motivo es efectuar una investigación basada en dos perspectivas historiográficas poco

trabajadas en México —la historia del tiempo presente y la historia de la memoria— e indagar las

posibilidades de aplicar un concepto proveniente de la realidad europea7: lugar de memoria, al

acontecer de América Latina.

7 En Argentina esa categoría tiene mayor presencia. Es posible encontrarla en diversas investigaciones o iniciativas como el Concurso de Ensayos celebrado en 2005 por la Escuela de Capacitación Docente (CePA) “Argentina: los lugares de

memoria”. Para más información, véase Varios Autores, Concurso de Ensayos. Argentina: los lugares de la memoria,

Buenos Aires, CePA-Ministerio de Educación, 2006.

5

Consideraciones teóricas

Esta investigación se sirve del subgénero historiográfico, la historia del tiempo presente, que

examina los acontecimientos o fenómenos sociales que constituyen recuerdos de al menos una de

tres generaciones que comparten un mismo presente histórico8. Una generación es la sustitución

biológica de unos hombres por otros, percibida como un movimiento recurrente cada cierto tiempo,

en un ritmo semejante a oleadas. Éstas agrupan los nacimientos y decesos de colectivos producidos

casi de manera simultánea en zonas de fechas, más que en fechas exactas.9 Las generaciones se

renuevan en un flujo continuo: las personas que integran una generación conviven durante una parte

de su vida entre sí y con los que nacen de ella —abuelos, padres, hijos, nietos—. En un mismo

presente histórico existen tres generaciones que se entrecruzan: la sucesora (jóvenes en formación),

la activa o central (adultos maduros biológica y socialmente) y la antecesora (los adultos de edad

avanzada). La coincidencia de edad crea afinidades sociales, culturales y de experiencia, las cuales

otorgan la característica de coetaneidad: distintas generaciones conviven en el entrecruzamiento de

su presente. La coexistencia entre ellas en determinado momento da como resultado un presente

histórico.10

El presente histórico no es un periodo determinado por un comienzo y un final. Esto dará

como resultado que los límites temporales del presente al que se refiere este subgénero se encuentren

en constante movimiento.

En esta tesis se habla de historia del tiempo presente pues una de las tres generaciones que

experimentaron el acontecimiento histórico, el proceso de constitución del lugar de memoria,

continúa con vida.11

En este sentido, esta investigación se avoca a un proceso aún abierto, conflictivo

8 Para mayor información, véase María Inés Mudrovcic, Historia, narración y memoria: los debates actuales en filosofía

de la historia, Madrid, Akal, 2005. 9 Julio Aróstegui, La historia vivida, Madrid, Alianza, 2004, p. 112.

10 Julio Aróstegui, Op. cit., p. 127.

11 Para más información, véase Elena Hernández Sandioca, Op. cit.

6

e inconcluso que ha marcado la vida de sus contemporáneos, y que extiende sus efectos hasta el

presente.12

Otro referente teórico que se usará es la historia de la memoria. Dicha corriente historiográfica se

fundamenta, como su nombre lo indica, en el vínculo entre historia y memoria. Su objeto de análisis

son las representaciones del pasado y su propósito es estudiar cómo éstas se desenvuelven en

distintas épocas y ámbitos determinados.13

Asimismo, su innovación consiste en examinar

representaciones del pasado desde ámbitos importantes para esta investigación: las discusiones en el

espacio público, la memoria de distintos grupos y los lugares de memoria.14

La noción lugar de memoria (otro referente teórico que se empleará) se trabajó por primera vez en la

obra dirigida por el francés Pierre Nora, Les lieux de mémoire, publicada entre 1984 y 1992. En ella,

un grupo de historiadores analizó los usos del pasado en la actualidad, así como los cambios y

permanencias de algunos símbolos de la identidad francesa: el 14 de julio, la Marsellesa, los tres

colores de la bandera, etcétera, con el objetivo de conocer las creencias y representaciones alrededor

del pasado, más que la realidad de los hechos. Es decir, la historia de los lugares de memoria no

analizó el desarrollo de los acontecimientos del 14 de julio de 1789, sino sus representaciones a lo

largo del tiempo, su carga y significado actual. Para ello partió de algunas preguntas: ¿Cómo se

construyen las representaciones de esos lugares en el tiempo? ¿Cómo se les considera en la

actualidad? En este caso el concepto ha permitido una historia crítica de la memoria por medio de

sus principales puntos de cristalización:15

espacios, símbolos, representaciones de acontecimientos

12 Elena Hernández Sandioca Op. cit., p.531. 13 Rousso en Eugenia Allier Montaño, “Los Lieux de mémoire: una propuesta historiográfica para el análisis de la

memoria”, en Historia y Grafía, 31, 2008, p. 178. 14

Véase Eugenia Allier Montaño, Op. cit. 15 Pierre Nora, “La aventura de Les lieux de mémoire”, en Josefina Cuesta Bustillo (ed.), Memoria e historia, Madrid,

Marcial Pons, 1998, p. 32.

7

tanto pasados como presentes y actores o conceptos que condensan un cúmulo de significados acerca

del pasado.

Objeto de estudio, hipótesis y propósitos

Esta tesis pretende ser un acercamiento al análisis de la participación de un sector de la sociedad, los

organismos de derechos humanos, en la discusión sobre el sentido de las representaciones del pasado

reciente en el espacio público, y cómo a partir de esta se constituyó un lugar de memoria en un

museo de la memoria.

La hipótesis que se propone es que la disputa de los organismos de derechos humanos por situar su

representación del pasado dictatorial como la hegemónica en el espacio público posibilitó la

consolidación de un lugar de memoria en el museo de memoria de la Escuela de Mecánica de la

Armada. Para comprobarla, se analizarán las discusiones de los actores sociales antes, durante y

después de la creación de un museo de la memoria y cómo estas lo proyectaron en símbolo de la

represión, generando la necesidad de mantener su existencia y dotándolo de un nuevo sentido, el de

lugar de memoria.

Con el fin de guiar la investigación se formuló la siguiente pregunta: ¿Cómo se desenvolvieron las

disputas por el sentido del pasado antes, durante y después del proceso de constitución del museo de

la memoria en la ESMA? Además, se plantearon otras no menos importantes: ¿Qué acontecimientos

se desarrollaron durante el proceso de constitución del espacio para la memoria en el predio de la

ESMA? ¿Qué actores mostraron sus representaciones del pasado? ¿Qué perspectivas del pasado

dictatorial se discutieron?

De esas interrogantes se desprenden otros objetivos: identificar y analizar los hechos significativos

en el proceso de construcción de un espacio para resguardar y transmitir la memoria, la ESMA, y

8

distinguir cómo estos reactivaron las disputas por el sentido del pasado; reconocer las distintas

posturas de los actores inmiscuidos en el debate sobre la transformación de la ESMA (organizaciones

de defensa de los derechos humanos, gobierno, oposición, sectores sociales) y analizar los discursos

sobre el pasado que resultaron tras la apertura del museo.

Metodología y fuentes de la investigación

El presente análisis de corte histórico, cuyo propósito es conocer, analizar y comprender el proceso

de constitución y consolidación de un lugar de memoria en un museo de la memoria en su dimensión

sociopolítica, utilizó la metodología de la investigación cualitativa con enfoque interpretativo16

.

La información del primer capítulo se obtuvo de textos que trataran, desde el punto de vista teórico,

el vínculo entre historia y memoria, y los lugares de memoria. Para ello se consultaron fuentes

bibliográficas, publicaciones académicas y literatura especializada referente al auge de la memoria,

sus componentes, la relación entre historia y memoria, los lugares de memoria y la memoria en

América Latina.

En el segundo capítulo se recopiló, analizó y sistematizó información sobre el periodo previo a la

última dictadura militar, la represión ejercida durante esa época en Argentina y una de sus

manifestaciones, los centros clandestinos de detención (CCD), en particular el localizado en la

Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Para este contexto histórico, se utilizó bibliografía que

se refiere a la historia argentina, específicamente del periodo comprendido entre 1966 y 1983.

16 Según Rodríguez, Gil y García, este método permite estudiar el contexto, interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados otorgados por las personas implicadas, entender las complejas interrelaciones de la realidad y construir

conocimiento, centrando la indagación en hechos relevantes. Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores y Eduardo

García Jiménez, Metodología de la investigación cualitativa, Málaga, Aljibe, 1999.

9

Para desarrollar el tercer capítulo, se elaboró una cronología de los distintos momentos de discusión

pública sobre el pasado dictatorial en Argentina durante el periodo democrático (1984-1998); dicha

cronología se basó en bibliografía y fuentes hemerográficas relativas al tema.

En el análisis central y la reflexión posterior se recopilaron, analizaron e interpretaron noticias

relacionadas con la ESMA en el periodo 1998-2007, las cuales se publicaron en los periódicos

Clarín, La Nación y Página/12 entre el 1° de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007. Se

seleccionaron estos diarios porque representan opiniones ideológico-políticas distintas (centro e

izquierda), son de circulación nacional y por cuestiones prácticas: sus archivos se pueden revisar en

Internet. Otras fuentes consultadas en este capítulo fueron los documentos resultantes del trámite

legislativo —acuerdos, actas, proyectos y leyes— y las entrevistas semiestructuradas con

representantes del Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI), del Centro de Estudios Legales y

Sociales (CELS), del Ente Interjurisdiccional, del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y del

Instituto Espacio para la Memoria (IEM). Además, se entrevistó a Emilio Crenzel, especialista en el

tema, y se llevó a cabo un recorrido guiado por el Casino de Oficiales, sede del CCD, así como cinco

visitas al Espacio para la Memoria.

Estructura de la tesis

El trabajo se divide en cuatro capítulos: en el primero, cuyo carácter es teórico, se presenta el estudio

de la memoria y de los lugares vinculados a ella desde la perspectiva histórica, mediante el análisis

de su auge, de la relación entre memoria y olvido, y entre historia y memoria, de la caracterización

de los lugares de memoria y de la importancia de los debates sobre la recuperación de la memoria en

el contexto latinoamericano y argentino.

10

En el segundo capítulo se expone la espiral de violencia en que se envolvió la sociedad argentina a

partir de las décadas de 1960 y 1970, y las distintas etapas de la dictadura militar, con el objetivo de

mostrar que el aumento de la conflictividad social y la violencia política son elementos que explican

la fuerza de la represión con que actuó el Estado instaurado después del golpe de 1973 y la existencia

de los centros clandestinos de detención, la manifestación más acabada de la violencia represiva.

Estos elementos permitirán explicar por qué la ESMA se convirtió, para ciertos sectores de la

sociedad argentina, en un símbolo de la violencia ejercida por el Estado.

En el tercer capítulo, titulado “Las discusiones públicas sobre el pasado reciente”, se da cuenta de las

discusiones sobre las distintas representaciones del periodo 1976-1983 en el espacio público entre

1984 y 2007 y de la participación los organismos de derechos humanos en ellas. Su propósito es

mostrar la configuración de los relatos sobre el pasado y cómo estos influyeron en la conformación

de un símbolo de la dictadura en el ex CCD de la ESMA. Este recuento se distribuye en cinco

periodos que se retoman de Lvovich y Bisquert.17

En el último capítulo se trata la participación de los organismos de derechos humanos en las

discusiones públicas entabladas durante la conformación del “Espacio Memoria” en el predio que

ocupaba la ESMA, en el periodo de 1998 a 2007. Su objetivo es analizar que la construcción de la

representación del pasado de los organismos de derechos humanos que se presentó durante la

construcción del museo de la memoria permitió la consolidación del lugar de memoria.

Agradecimientos

Doy gracias al proyecto “Memorias públicas del movimiento estudiantil de 1968” (PAPIIT-

IN307910), dirigido por Eugenia Allier Montaño y financiado por la DGAPA (UNAM), por el apoyo

17 Jaquelina Bisquert y Daniel Lvovich, La cambiante memoria de la dictadura: discursos públicos, movimientos sociales

y legitimidad democrática, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008.

11

económico brindado para hacer esta tesis. A los integrantes del Seminario Historia y memoria del

posgrado de Ciencias Políticas y al Seminario de Tesis, dirigidos por la misma profesora, cuyos

comentarios y aportaciones para el primer borrador fueron fundamentales.

También agradezco a Emilio Crenzel; a Valeria Barbuto, coordinadora del área de Investigación del

CELS; a Andrés Martínez Canto, encargado de comunicación del ECUNHI; a Daniel Schiavi

encargado del Archivo Nacional de la Memoria; a Federico Lorenz; y a Nenina Boulliet del área de

Relaciones institucionales del Instituto Espacio para la Memoria, quienes me brindaron su apoyo y

compartieron conmigo su conocimiento acerca de la ESMA, la memoria del pasado dictatorial y la

sociedad argentina.

Asimismo, doy gracias a los guías que me acompañaron en los recorridos por la ESMA y el Casino

de Oficiales, y a los miembros de los organismos de derechos humanos que mantuvieron un diálogo

enriquecedor durante mi estancia en Buenos Aires.

Extiendo un agradecimiento especial a Eugenia Allier, quien me brindó su respaldo absoluto, tuvo

gran interés en mi proyecto, se mostró dispuesta a resolver mis dudas y me proporcionó sugerencias

invaluables.

Agradezco a Guadalupe, Francisco, Edgar, María y Teresa por enseñarme que el camino del esfuerzo

no es el más sencillo, pero sí el más gratificante.

12

Capítulo 1. La memoria, algunos conceptos para su teorización

Introducción

En este apartado se hace un recorrido teórico sobre la memoria. Primero, se identificarán las causas

de su auge en distintas sociedades contemporáneas para, en un segundo momento, hablar de él desde

el orden del tiempo. En tercer lugar, se destacarán las características del caso latinoamericano. En un

cuarto momento, se revisarán los atributos de la memoria (individual, colectiva y pública) para más

tarde, en una quinta y sexta secciones, establecer la relación entre dos componentes de la memoria: el

recuerdo y el olvido, y otra forma de representar el pasado: la historia. En séptimo lugar se hablará

de la noción lugar de memoria y se cuestionarán las posibilidades de aplicarla al caso argentino. En

último lugar, se expondrán los debates abiertos por algunos miembros de la academia e

intelectualidad argentina en torno a las representaciones del pasado. Este capítulo permitirá dilucidar

desde una perspectiva teórica la importancia de la memoria, y algunas nociones que se relacionan

con ella, en la disputa simbólica por el pasado entre los organismos de derechos humanos y otros

sectores de la sociedad argentina durante la instalación del museo y la consolidación de un lugar de

memoria en la ESMA.

El auge de la memoria

En la segunda mitad del siglo XX, particularmente a partir de los años setenta, distintas sociedades,

sobre todo las que habían experimentado pasados conflictivos, comenzaron a interesarse por el

pasado. Desde diversos sectores se llevaron a cabo iniciativas que mostraron el surgimiento de una

13

“cultura de la memoria”18

: proliferaron museos y monumentos, se restauraron edificios antiguos, se

lanzaron proyectos para conservar espacios considerados patrimonio mundial —cultural, inmaterial,

natural, turístico—,19

se conmemoraron fiestas patrias, se crearon documentales históricos y sitios de

Internet sobre memoria, se formaron asociaciones para el recuerdo y redes para el intercambio de

investigaciones sobre la memoria y el pasado reciente;20

asimismo, muchos sitios históricos se

convirtieron en museos, y creció el “turismo de la memoria”.21

El crítico cultural Andreas Huyssen22

ha propuesto explicar este auge desde una doble matriz:

cultural y política. Desde la primera, el autor considera que la movilización de la memoria23

se

explica por la velocidad de la época contemporánea. Las transformaciones aceleradas y la

oportunidad de conocerlas al instante, que proporcionaron los medios de comunicación masiva, los

cambios tecnológicos, los altos niveles de consumo y la movilidad global podrían explicar la

creciente necesidad de recuperar y asirse al pasado. De acuerdo con él, la dificultad de aprehender el

acontecimiento24

—pues los medios de comunicación van lanzándolo y rebasándolo

constantemente— desestabilizó a los individuos, porque el tiempo en su dimensión presente se

redujo cada vez más. Esta situación los obligó a voltear al pasado para encontrar un asidero donde

descansar del ajetreado ritmo de la vida moderna.25

18Andreas Huyssen, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, Buenos Aires, FCE, 2001. 19 Puede encontrarse una lista de los sitios considerados patrimonio mundial en la página http://whc.unesco.org/en/list

[Consultada el 30 de noviembre de 2009]. 20 Algunos ejemplos para el caso argentino son las páginas de Internet www.memoriaabierta.org.ar,

www.desaparecidos.org y www.comisionporlamemoria.org.ar [Consultadas el 30 de noviembre de 2009]. 21 Enzo Traverso, El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria y política, Madrid, Barcelona, Marcial Pons, 2007. 22 Andreas Huyssen, Op. cit. 23 Ibíd., p. 29. 24 Pierre Nora considera al “acontecimiento monstruo” como un producto y a la vez condicionante de las sociedades

contemporáneas, pues las mantiene en un constante estado de sobreinformación y subinformación, lo cual favorece el

sentimiento de angustia y pánico social, en Jacques Le Goff y Pierre Nora (dirs.), Hacer la historia: nuevos problemas, Barcelona, Laia, 1985, p. 232. 25 La explicación de Huyssen es sólo una entre otras más sobre el auge de la memoria en el mundo contemporáneo. Véase

Traverso, Op. cit.

14

Entre el presentismo y la vuelta al pasado

Para explicar cómo funciona la transformación cultural que derivó en el auge de la memoria a la que

alude Huyssen, es indispensable referirse a las categorías de análisis del orden del tiempo histórico

que propuso Reinhardt Koselleck.26

Para este autor el tiempo histórico es una magnitud que va

cambiando con la historia; las modificaciones se pueden deducir a partir de la coordinación entre dos

categorías metahistóricas a las que denomina espacio de experiencia y horizonte de expectativa. La

primera es el pasado que se infiltra en el presente; gracias a ella, el individuo incorpora

acontecimientos a su experiencia y es capaz de recordarlos. Por otro lado, la expectativa es el futuro

que se manifiesta en el presente; la inquietud y el análisis racional forman parte de ella. Cuando

ambas categorías se relacionan, entrelazan el pasado y el futuro de manera particular, además de

posibilitar y ayudar a constituir la historia. La relación que establecen, así como sus modificaciones y

desplazamientos, permiten la existencia de distintos órdenes del tiempo histórico.

Los órdenes del tiempo han cambiado a lo largo de la historia. En el antiguo régimen de

historicidad27

—que existió hasta mediados del siglo XVIII, en la época cristiana de las

postrimerías— el horizonte de expectativas estaba limitado y cercano al espacio de experiencia; éstas

se colocaban en el “más allá” (la muerte o el fin de los tiempos), por lo que nunca se cumplían. En el

régimen moderno, que tomó forma a partir de 178928

, este horizonte fue sustituido poco a poco por el

progreso: la posibilidad de mejorar la vida terrenal proponía un futuro abierto. La articulación

moderna entre pasado, presente y futuro puso énfasis en este último; el futuro y su principal agente,

26 Reinhardt Kosselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona-México, Paidós, 1993. 27 Un régimen de historicidad es la expresión de un orden dominante del tiempo; tejido a partir de diferentes regímenes

de temporalidad, es un modo de traducir y ordenar las experiencias del tiempo —maneras de articular presente, pasado y futuro— y de darles sentido: François Hartog, Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo,

México, Universidad Iberoamericana, 2007, p.132. 28 Reinhardt Kosselleck, Op. cit. y François Hartog, Op. cit.

15

el progreso, se convirtieron en sus símbolos.29

Pero, ¿en qué articulación del presente, pasado y

futuro se encuentra el auge de la memoria? En un intento por responder esta pregunta se encuentran

dos posturas teóricas. Por un lado, Andreas Huyssen plantea que la imagen de progreso y las

expectativas asociadas con el futuro, propias del régimen moderno de historicidad, perdieron

importancia y potencial condensador en la época contemporánea, pues con un presente complejo el

futuro deja de ser el alivio para la angustia humana y no logra apaciguar su desestabilización. De

igual manera, ha perdido su capacidad alentadora, esperanzadora y reparadora, y cada vez se le ve

con más miedo. Debido al agotamiento de los proyectos futuros y la incertidumbre, el poder de

previsión, característico del régimen moderno de historicidad, se resquebraja, lo que vuelve más

importante mirar al pasado —para asirse a él— que escrutar el incierto porvenir, como si el peso de

la experiencia, en lugar de ampliar el horizonte de expectativas, obligara a las sociedades a regresar

una y otra vez sobre ese espacio.30

Según este teórico el auge de la memoria se explicaría por un

viraje al pasado como categoría predominante; recuperar el pasado para asirse a él y enfrentar un

futuro incierto. Por otro lado, François Hartog propone que el “presentismo”31

reemplazó al

futurismo característico del régimen moderno de historicidad; de acuerdo con este teórico el presente

se convirtió en el horizonte, sin futuro ni pasado,32

punto de partida, de vista y de llegada. El autor

supone que, debido al aumento de la imprevisibilidad del futuro, el presente devino la categoría

preponderante y, por ello, la memoria es un instrumento presentista.

Una característica del predominio del presente —como régimen de historicidad— es la preocupación

por conservar, o incluso reconstituir, un pasado ya desaparecido o a punto de perderse para

29 Nora Rabotnikof, "¿Una memoria presentista? (Acerca de una tesis de François Hartog)", en Mariana Aguiluz

Ibargüen y Gilda Waldman (coords.), Memorias (in)cógnitas: contiendas en la historia, México, CEIICH-UNAM, 2007,

p. 66. 30 Nora Rabotnikof, "Política, memoria y melancolía", en Fractal, 29, 2003, p. 83. 31 Referido al tipo de ruptura que instaura, con el pasado y con el futuro, a una especie de impune colonización del pasado por el presente (en general a partir de las necesidades identitarias de ese presente) y la asumida y reivindicada

independencia respecto de la historia, en Nora Rabotnikof, Op. cit., p. 61. 32 François Hartog, Op. cit., p.140.

16

siempre.33

Dado que se pasó de una historia que se construía sobre un espacio de experiencia

ampliado o transmitido generacionalmente a una que se edificaba con fragmentos de ella, trozos

rescatados y rearmados desde el presente,34

el ejercicio de la memoria, propio del presentismo,

partiría de nuevas formas de articulación del espacio de experiencia de las generaciones previas,35

pues los hombres y las mujeres de fin de siglo habrían crecido en un presente permanente sin

relación con el pasado ni con las generaciones precedentes36

.

En esta investigación se considera que el auge de la memoria se explica a partir de la preminencia de

la categoría del presente. Es debido a su condición arrebatadora, en la que el pasado y el futuro

pierden forma y contenido, que las sociedades contemporáneas buscan en el recuerdo su origen,

razón de ser y alguna guía que les muestre el camino.

Ahora, desde la perspectiva política, Huyssen explica que este auge habría surgido, en los años

setenta, con las luchas para liberar y descolonizar a los países africanos y asiáticos. La recuperación

de la visión de los vencidos y las historiografías alternativas, cuya gran preeminencia en esa época se

debe al cuestionamiento del paradigma existente (originado en Europa) que ignoraba a los

marginados, también contribuyó a mirar al pasado. Además, en 1980, los debates en torno al

Holocausto y los aniversarios que recordaban la experiencia traumática de la Segunda Guerra

Mundial —que no se había elaborado— acentuaron los discursos de la memoria en Europa y Estados

Unidos. En la misma época, tanto en Europa —España, Grecia y Portugal— como en América

Latina —Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile—, se inició la transición de gobiernos

autoritarios a gobiernos democráticos; mientras que en los países de Europa del Este, tras la caída del

muro de Berlín en 1989 y el fin de la guerra fría, comenzó el derrumbamiento del comunismo y, con

33 Ibíd., p. 152. 34 Ibíd., p. 68. 35 Mecanismos rotos debido a diversas coyunturas: violencia, migración, exilio, guerras o cambios drásticos en la forma

de vida, propios de las sociedades contemporáneas, en Nora Rabotnikof, Op. cit., 2007, p. 71. 36 Ibíd., p.79.

17

ello, las transiciones a la democracia. Estos hechos pusieron en primer plano la discusión acerca del

pasado.37

Los procesos de descolonización y el surgimiento de las historiografías alternativas modificaron los

paradigmas y mostraron la necesidad de hablar del otro; la historia vista desde abajo hizo aportes

fundamentales a la de arriba38

. El resurgimiento del debate en torno al Holocausto, que se había

mantenido al margen durante las primeras décadas de la posguerra, evidenció la importancia de

elaborar el pasado. En algunos casos, las transiciones a la democracia promovieron que algunas

sociedades se enfrentaran a un pasado violento, para develar la verdad y buscar justicia. Según

Huyssen, estos hechos traumáticos que envolvieron a diversas sociedades durante la segunda mitad

del siglo XX (o antes en el caso español y alemán) en ocasiones provocaron una ruptura en la manera

de entender la realidad, plantearon otras interrogantes sobre cómo afrontar el pasado y configuraron

el auge de la memoria desde la perspectiva política. Debido a ellos, el pasado se volvió un campo de

acción para resolver algunas demandas y un elemento de aprendizaje, más que una simple dimensión

temporal.

El auge de la memoria en América Latina

Si en Europa y otras sociedades occidentales el auge de la memoria se explicó por una cuestión

cultural, como lo menciona Andreas Huyssen, en América Latina, este se ha conformado en países

cuyo pasado reciente (sobre todo en los casos con regímenes militares represores entre 1970 y 1980)

es violento y tiene al testigo (la “víctima”) como centro de la narración. En este lado del Atlántico el

37 En Argentina, ciertos sectores de la sociedad se mantuvieron en actividad constante con el fin de mantener y transmitir

a las nuevas generaciones y a otras sociedades el recuerdo de los acontecimientos vividos. Asimismo, presionaron al

gobierno —y lo siguen haciendo en mayor o menor medida—, para obtener el reconocimiento de los crímenes

perpetrados, así como para juzgar y castigar a los responsables. Para más información sobre otros casos, véase Alexandra Barahona de Brito, Paloma Aguilar Fernández y Carmen González Enríquez (eds.), Las políticas hacia el pasado.

Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, Madrid, Istmo, 2002. 38 Andreas Huyssen, Op. cit., p. 14.

18

auge de la memoria se manifiesta por una necesidad de encontrar la verdad, ejercer la justicia,

transmitir la experiencia y expandir la naturaleza del debate público39

.

Puesto que el debate en torno a la represión política continúa presente en la lucha entre los actores

que heredaron las banderas de aquella época, la búsqueda para apropiarse del sentido del pasado y

que una sola interpretación sea hegemónica en el espacio público convierte a esta en una memoria

política.40

Los actores involucrados en los acontecimientos del pasado reciente, en este caso los

organismos de derechos humanos, han tratado de nombrar y explicar lo ocurrido, de buscar justicia,

de conservar y transmitir la memoria, de imponer su visión de los hechos, o de promover el olvido,

con el objetivo de que su percepción impere en el debate público contemporáneo para nombrar al

pasado, lograr que esa imagen perdure en la sociedad, continuar con la lucha y “ganarla” en la

actualidad por medio del dominio discursivo.41

Conceptualizar la memoria: memoria individual, memoria colectiva, memoria pública

La memoria es un término multívoco que conviene definirla desde varios puntos. En primer lugar, se

considera que se trata de una facultad mediante la cual se retiene y recuerda el pasado42

. Se compone

de percepciones del exterior —estímulos y acontecimientos—que transforman la realidad de los

individuos. Cada uno elige lo más importante del momento que vive de acuerdo con sus valores,

experiencias previas, expectativas, tradición cultural, etcétera; por lo tanto, no existe el recuerdo total

de un suceso. Es decir, la memoria es una construcción individual o social, subjetiva y selectiva,

39

Eugenia Allier, “Memoria, política, violencia y presente en América Latina”, en Eduardo Rey Tristán y Pilar Caiao

Vila (coords.), Conflicto, memoria y pasados traumáticos: El Salvador contemporáneo, Santiago de Compostela,

Universidad de Santiago de Compostela, 2011, p. 48. 40 Eugenia Allier, Op. cit., p. 51. 41 Ídem. 42 Definición extraída del Diccionario de la Lengua Española en www.rae.es [Consultado el 3 de noviembre de 2012].

19

modificada por conocimientos adquiridos con posteridad, de tal suerte que no se encuentra fijo para

siempre, pues el tiempo y la experiencia lo cambian.43

Los seres humanos tienen una memoria autobiográfica —el recuerdo de un acontecimiento vivido—

y una memoria transmitida. Ambas coexisten en el tiempo y se influyen entre sí, aunque no siempre

coinciden. La memoria colectiva44

de un sector de la sociedad se convierte en patrimonio común y

reside en depósitos sociales —archivos, monumentos, museos— que constituyen una tradición

previa a la existencia de las personas en momentos históricos posteriores. Asimismo, se engarza con

las memorias individuales en las que influye y de las que se retroalimenta. Las memorias colectivas

se reviven intermitentemente mediante ritos públicos y ceremonias que pretenden legitimar un

presente enraizado en la tradición propia y socializar a los nuevos ciudadanos en las tradiciones

comunitarias por medio de la evocación de un pasado común.45

Halbwachs inició la sociología de la memoria al considerar en su libro La memoria colectiva46

que

dicha facultad individual se compone al identificarse con grupos sociales—de los marcos de un

conjunto de ellas—; por ejemplo, se evoca la infancia como parte de una familia, el barrio como

parte de una comunidad, el trabajo como parte del personal de una fábrica u oficina, o de un

sindicato. Estos recuerdos son, en esencia, memorias de grupo; por lo tanto, la memoria individual

existe sólo en cuanto a producto de una intersección particular de grupos.47

La memoria individual

no funciona sin las palabras e ideas que el entorno le proporciona. Por ello, según Halbwachs, para

obtener un recuerdo, el pasado se reconstruye con datos o nociones comunes que se encuentran en

nuestra mente y en la de los demás, las cuales están conectadas de forma constante. Esto sólo es

43 Jean-Pierre Changeux, “Definición de memoria biológica”, en Academia Universal de las Culturas,

¿Por qué recordar?, Buenos Aires, Granica, 2006, p. 15. 44 Jacques Le Goff, El orden de la memoria, Barcelona, Paidós, 1991. 45 Pierre Nora, Op. cit., 1997a, pp. 23-43. 46 Maurice Halbwachs, La memoria colectiva, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, [1951],

p. 54. 47 James Fentress y Chris Wickham, Memoria social, Madrid, Cátedra, 2003, p. 13.

20

posible si los individuos han sido parte de un mismo grupo.48

Muchas veces, para revivir su pasado

un hombre necesita recurrir a los recuerdos de los demás; para ello, se remite a puntos de referencia

fijados por la sociedad que existen fuera de él.

La memoria es una construcción filtrada por la reflexión que sigue al suceso, por conocimientos

adquiridos con posterioridad y por otras experiencias que se superponen a la originaria y modifican

el recuerdo. Además, éste se reelabora constantemente por una memoria inscrita en el espacio

público y se somete a los modos de pensar colectivos.49

Dado que el pasado se altera de manera

continua en función de los intereses del presente, éste determina sus modalidades: los

acontecimientos que deben recordarse, así como los testigos por escuchar, su interpretación y sus

lecciones. Resulta crucial la forma en que se muestra el pasado para ver cómo se ha modelado el

modo de percibirse, pues la memoria es a la vez recuerdo e intención por apropiarse de él conforme a

un interés general.

Cuando se habla de memoria pública, debe entenderse desde tres sentidos: lo común y general frente

a lo individual y particular, lo manifiesto frente a lo oculto, y lo abierto frente a lo cerrado. El

espacio público se refiere tanto “a los lugares comunes, compartidos o compartibles (plazas, calles,

foros), como a aquellos donde aparecen, se dramatizan o se ventilan, entre todos y para todos,

cuestiones de interés común. Este podría estudiarse a partir de conocer cómo se constituyen los

temas, se moviliza la atención, se estimula el juicio ciudadano y se manifiesta la pluralidad”.50

De acuerdo con esta definición, la memoria pública conjugaría los ejercicios de memoria en el

espacio abierto —declaraciones, conmemoraciones abiertas, ceremonias—. Considerada desde los

sentidos mencionados, vuelve efectiva la necesidad de que los temas vehiculados por ella salgan a la

48 Maurice Halbwachs, Op. cit., p. 54. 49 Enzo Traverso, El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria y política, Madrid, Barcelona, Marcial Pons, 2007,

p. 23. 50 Allier, Op. cit., 2011, p. 50.

21

luz —pues se construyen sólo al aparecer en público—, generen lazos comunes buscando ir más allá

de los protagonistas y sean accesibles, es decir, que otros grupos o nuevas generaciones puedan

incluirse en ella, lo cual la distingue de las memorias grupales o individuales;51

así, a lo público se

une lo político. De esta manera, evidencia las formas que adquieren el recuerdo y el olvido cuando

atañen a asuntos de interés común que se discuten en el espacio público52

.

Claudia Kloonz delimitó la arena pública como el campo de batalla donde la memoria dominante y la

popular rivalizan por la hegemonía del sentido del pasado. Desde esta perspectiva, el concepto

permite explicar las luchas por reconstruir las representaciones del pasado. No se trata de una, sino

de múltiples memorias; más que la sociedad, son sus grupos los que recuerdan. Eugenia Allier acota

que no es un combate entre memorias oficiales y populares —pues las luchas por la memoria en

ocasiones no funcionan así—, sino entre memorias grupales particulares que pretenden dominar la

arena pública; por consiguiente, el término memoria pública aludiría a marcos generales de sentido,

cuadros temporales que serían comunes, aunque el contenido difiriera53

.

Para los propósitos de esta investigación el concepto memoria pública adquiere especial interés

porque, a partir de su presencia, se cuestiona —en el caso de las luchas por recordar el pasado que se

reactivaron durante la construcción de un museo de la memoria la ESMA— la forma en que la

participación de los organismos de derechos humanos en el debate del espacio público volvieron

hegemónico un sentido del pasado, dirigieron la atención hacia la conformación de un símbolo de la

dictadura, promovieron la creación de un museo de la memoria y causaron la consolidación de un

lugar de memoria.

51 Idem. 52 Ibíd., p. 49. 53 Ibíd., p. 50.

22

La otra cara del recuerdo: el olvido

La memoria se compone de recuerdo y olvido;54

ambas mantienen una relación dialéctica: su

coexistencia es necesaria e incluso benéfica, pues el olvido no es un enemigo de la memoria, sino

una dimensión que la constituye.55

Por lo tanto, para comprenderla, se requiere conocer este segundo

elemento que la integra. El olvido, al igual que la memoria, es un concepto polisémico. Para entender

su relevancia parece conveniente tener en cuenta las reflexiones del etnólogo Marc Augé56

sobre la

necesidad de olvido, el análisis de Paul Ricoeur57

respecto a los tipos de olvido y el estudio sobre los

abusos de la memoria, de Tzvetan Todorov.58

Marc Augé59

considera que el olvido es una selección de recuerdos, por lo que funciona como un

complemento de la memoria60

. Así, la memoria, definida por la relación intrínseca entre recuerdo y

olvido, semeja la labor de jardinería: algunos recuerdos, como sucede con las plantas, deben

eliminarse para ayudar a que el resto florezca.61

El autor desestigmatiza esta faceta,62

pues considera

que permite, a quienes vivieron hechos traumáticos, continuar su vida y albergar nuevos recuerdos.

En este sentido, recuerdo y olvido son mutuamente solidarios y necesarios, evitar el olvido equivale

a perder la memoria, pues sin este no existe selección que la posibilite.63

Por su parte, Paul Ricoeur en La memoria, la historia y el olvido64

desecha la idea del olvido como

una “inquietante amenaza” para la memoria y, en concordancia con Augé, piensa en el olvido y el

recuerdo como una pareja imprescindible. Al mismo tiempo, considera que hay distintos tipos de

54 Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, Argentina, FCE, 2004, p. 532. 55 Marc Augé, Las formas del olvido, Barcelona, Gedisa, 1998, p. 24. 56 Ídem. 57 Paul Ricoeur, Op. cit. 58 Tzvetan Todorov, Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidós Ibérica, 2000. 59 Marc Augé, Op. cit. 60 Ibíd., p. 102. 61 Ibíd., p. 23. 62 Augé les propone a quienes han experimentado acontecimientos traumáticos que “si quieren revivir y no sólo sobrevivir deben darle espacio al olvido”, Ídem. 63 Marc Augé, Op. cit., p. 104. 64 Paul Ricoeur, Op.cit.

23

olvido, según el grado de profundidad y la relación que el individuo —o la colectividad— establece

con él. En el nivel más profundo se encuentra el olvido por destrucción de huellas, el cual consiste

en la eliminación de huellas escritas (documentales, archivos), psíquicas (impresiones-afecciones) o

cerebrales (corticales). También a este nivel pertenece el olvido de reserva, que se basa en la idea65

de que el pasado es indestructible e inolvidable, por lo tanto, los recuerdos se encuentran en estado

de latencia y en cualquier momento pueden “volver”. Su existencia se demuestra cuando

reconocemos imágenes que pensamos haber perdido.66

En un segundo nivel de profundidad —más

superficial— se ubica el olvido manifiesto u olvido ejercido, cuyas manifestaciones se distribuyen a

lo largo de un plano horizontal, entre un polo activo y otro pasivo. Al respecto, Ricoeur analiza los

usos del olvido: el olvido y la memoria impedida, el olvido y la memoria manipulada, y el olvido

impuesto, la amnistía.

Para hablar del primero,67

considera que esta manifestación del olvido es individual y surge sobre

todo, pero no únicamente, después de vivir acontecimientos traumáticos. En este caso, el sujeto

aparta de su conciencia hechos y sucesos que le resultan inaceptables. La memoria impedida es una

“memoria olvidadiza”: el individuo reprime un recuerdo, lo cual le impide concientizar esa

experiencia dolorosa; así, el olvido resulta de los mecanismos de represión que vuelven inconsciente

la sustitución o negación de la imagen o impresión del pasado. No obstante, los recuerdos aún

refrenados siguen activos, lo cual evita que una persona siga su vida. Para controlar los recuerdos, se

precisa identificarlos y anularlos, pues cuando se localizan y trabajan es posible superarlos o dejarlos

de lado, mas no olvidarlos.68

65

Idea planteada por Freud y Bergson que Ricoeur utiliza como argumento. 66 Ibíd., p. 549. 67 En este párrafo sigo la reflexión de Paul Ricoeur, Op. cit., y Tzvetan Todorov, Op. cit. 68 Tzvetan Todorov, Op. cit., p. 24.

24

La segunda manifestación, el olvido y la manipulación de la memoria, proviene de desposeer a los

actores sociales del poder de relatarse a sí mismos; manipular la memoria, sobre todo en el plano

ideológico, es posible gracias a la “fragilidad de las identidades” y a la función mediadora y selectiva

de la narración. Al contar un acontecimiento vivido o un recuerdo se efectúa una selección, lo que

permite omitir o modificar el relato.69

El sujeto o colectivo que olvida a consecuencia de un relato

manipulado tiene un alto grado de responsabilidad que lo vuelve cómplice.70

La tercera manifestación del olvido, la amnistía, se define como un olvido institucional cuya

finalidad es alcanzar la reconciliación de una sociedad dividida por graves desórdenes políticos. La

amnistía intenta ser una terapia de urgencia que interrumpe una ola de violencia y encono, la cual

afecta al tejido social al finalizar los procesos en curso y suspender las diligencias judiciales. Como

olvido jurídico equivale a borrar la memoria en su expresión testificativa y a decir que nada ocurrió.

Aunque su intención es reafirmar la unidad nacional, lo hace omitiendo de la memoria dominante los

ejemplos capaces de proteger el futuro, además de privar a la opinión pública de los efectos

benéficos del desacuerdo. La amnistía se encuentra en la frontera de la amnesia, un límite peligroso

porque es fácilmente franqueable.71

Ricoeur72

plantea que la memoria individual y colectiva

necesitan sufrir una crisis de identidad que les facilite la reapropiación lúcida del pasado y su carga

traumática, lo correspondiente a elaborar los acontecimientos y aprender a vivir con ellos, sin

reprimirlos de manera inconsciente.

En Los abusos de la memoria,73

Tzvetan Todorov pone en perspectiva los usos de la memoria y el

olvido. Como preámbulo, menciona que en la actualidad la memoria se ha ganado prestigio por

considerarse un acto de resistencia antiautoritaria. Sin embargo, está amenazada por la supresión de

69 Ibíd., p. 576. 70 Luis Vergara, Paul Ricoeur para historiadores: un manual de operaciones, México, UIA-Plaza y Valdés, 2006, p. 143. 71 Paul Ricoeur, Op. cit., pp.578-580. 72 Ibíd., p. 581. 73 Tzvetan Todorov, Op. cit.

25

la información y por la sobreabundancia de ella —características de las sociedades modernas—; en

consecuencia, no puede elogiarse incondicionalmente ni el olvido debe condenarse de forma

intransigente.

Resulta primordial distinguir entre la simple recuperación del pasado y el uso que se le confiere. La

elección entre recuerdo y olvido que propicia la existencia de la memoria ocurre bajo ciertos

criterios; la función del pasado en el presente depende de conocerlos. Después de trabajar con la

memoria, como expone Ricoeur, es necesario formularse algunas preguntas: ¿Para qué sirve la

memoria? ¿Con qué fin se utiliza? ¿Cuáles son los objetivos que persigue la evocación del pasado?

De acuerdo con el análisis de Todorov, si bien es indispensable recuperar el pasado, éste no debe

regir el presente, pues no todos los recuerdos son admirables: aquellos que alimenten el espíritu de

venganza suscitarán reservas,74

así como los que ponderen el pasado en el primer plano del debate

para reprimir un presente conflictivo. Su conmemoración obsesiva, al igual que el culto a la memoria

y su sacralización, pueden volverla estéril.75

Asimismo, Todorov76

explica dos formas de reminiscencia: la literal y la ejemplar. En la primera, el

suceso permanece intransitivo y no conduce más allá de sí mismo. El recuerdo literal sirve para

justificar o impulsar las iniciativas de desquite o venganza señaladas. Gracias a él, la persona

afectada que identifica al causante de su sufrimiento —o a sus allegados— y lo acosa en términos

semejantes a los que vivió, establece una continuidad entre pasado y presente, además de extender

las consecuencias del trauma inicial a todos los instantes de la existencia, convirtiendo el pasado en

principio de acción para el presente, e incluso sometiéndolo a él.77

74 Jacques Le Goff plantea que “la conmemoración del pasado conoció su culminación con la Alemania Nazi y la Italia

Fascista”. En ambos casos se usó un pasado cuidadosamente seleccionado, en Tzvetan Todorov, Op. cit., p. 28. 75 Tzvetan Todorov, Op. cit., p. 33. 76 Ibíd., p. 30. 77 Todorov menciona el ejemplo serbio; este país justifica sus agresiones contra otros pueblos de la ex Yugoslavia a partir

del pasado: la violencia desatada es una manera de desquitarse por lo que sufrió en el pasado. En Tzvetan Todorov, Op.

cit., p. 27.

26

Al contrario, la memoria ejemplar utiliza una lección del pasado para actuar en el presente, es decir,

aprovecha la enseñanza de las injusticias sufridas para luchar por las que se producen en la

actualidad. Al comparar acontecimientos, manteniendo su identidad, establece relaciones que

permiten destacar sus semejanzas y diferencias, encontrar nexos y fundar aprendizajes con el fin de

actuar en situaciones nuevas que sean análogas. El objetivo de esta clase de memoria no es reparar el

daño o evocar repetidas veces los sufrimientos sin trabajarlos, sino alertar y preparar para afrontar

situaciones similares que se desarrollen en el presente.78

La relación entre memoria e historia

Resulta indispensable destacar también la relación de la memoria con la historia. Desde principios

del siglo XX, cuando los paradigmas del historicismo clásico entraron en crisis, la memoria se ha

considerado el sustrato subjetivo de la historia.79

Entre sus puntos de convergencia y discordancia se

puede considerar, en primer lugar, que la memoria es la matriz de la historia80

. En segundo lugar,

entre los años sesenta y setenta del siglo XX, la historia oral —el registro y análisis de testimonios

hablados acerca del pasado—, impulsada por la creciente influencia de la nueva historia social o

“historia desde abajo”,81

mostró cómo la memoria se convertía en fuente de la historia. Aunque esta

nueva relación representó un cuestionamiento para la historia tradicional —que privilegiaba a los

actores dominantes—, sus supuestos básicos no se alteraron: el historiador preparaba el material que

le permitía reconstruir el pasado de forma tan objetiva y completa como le fuera posible. El

historiador adicionó la historia oral a su arsenal de técnicas y consideró a la memoria una fuente más.

En tercer lugar, después de analizar sistemáticamente los contenidos de las fuentes orales, el uso de

78 Ibíd., p. 58. 79 Enzo Traverso, Op. cit. 80 Paul Ricoeur, Op. cit., p. 190. 81 Ídem.

27

los recuerdos y la manera de contarlos, los historiadores comenzaron a interesarse menos por su

contenido y más por el proceso de su desarrollo y por el trabajo de la memoria. Cuando tomaron

conciencia de que tanto en una sociedad como en un individuo pueden coexistir diferentes memorias

del mismo acontecimiento —en ocasiones opuestas o que discrepan de la visión dominante— su

tarea consistió en analizar las formas, los mecanismos, las funciones y transformaciones de esos

recuerdos en la vida de los grupos, así como en sus interacciones y conflictos82

a lo largo del tiempo.

En otras palabras, surgió el interés por historizar la memoria,83

por transformarla en objeto de la

historia y efectuar un estudio de las memorias.

Los teóricos referidos en este capítulo tienen un punto de vista particular acerca de la relación entre

memoria e historia. Por un lado, el sociólogo Maurice Halbwachs y el historiador Pierre Nora, entre

otros,84

consideran que ambas mantienen un vínculo de ruptura. Al pensar en la historia positivista

—estudio científico del pasado, sin interferencias con el presente— oponen una memoria subjetiva

basada en la experiencia de grupos e individuos. De ahí la delimitación entre ellas: si la historia es

una práctica científica, su campo de acción comienza cuando se termina la memoria. Esto significa

que el pasado de la historia es lejano y acabado, mientras que el de la memoria es vivo y cambiante.

Por otro lado, entre los autores que defienden la continuidad de ambas representaciones del pasado se

encuentra Paul Ricoeur, quien estima a la memoria como la matriz de la historia, lo cual no significa

una reivindicación de la primera contra la segunda ni que aquella sea un simple objeto de la historia

o viceversa. Ricoeur asume que la historia es capaz de ampliar, completar, corregir, e incluso refutar,

el testimonio de la memoria sin invalidarlo, porque éste es prueba de su existencia.85

Así, aunque

ambas representaciones tengan atributos distintos, mantienen una relación complementaria: la

82 Nathan Wachtel, Op. cit., p. 87. 83 Jacques Le Goff, Op. cit. 84 María Inés Mudrovcic, Op. cit., p. 121. 85 Paul Ricoeur, Op. cit., pp. 152-154.

28

historia nació de la memoria y, tras adoptar una postura autorreflexiva, la convirtió en uno de sus

objetos.86

Por último, es importante mencionar que memoria e historia se afectan mutuamente: no existe la

memoria originaria y no contaminada, los recuerdos se elaboran de manera constante por una

memoria escrita en el espacio público y se someten a los modos de pensar colectivos e influidos por

los paradigmas científicos de representación del pasado.87

Si bien ambas tienen características

opuestas, se complementan y forman parte de una relación dinámica de tensión creadora.

Lugares de memoria

El historiador francés Pierre Nora dirigió la obra Les lieux de mémoire.88

En ella definió los lugares

de memoria como una unidad significativa de orden material o ideal89

que la voluntad de los

hombres o el trabajo del tiempo convirtieron en un elemento simbólico que integraba el patrimonio

memorial de cualquier comunidad. Esta noción se enfoca en entender el presente al examinar las

representaciones del pasado; por ello parte de las siguientes preguntas: ¿Qué representan en la

actualidad la celebración del 14 de julio o los castillos del Loira? ¿Cómo se mira y reconstruye el

pasado en el presente? ¿Cuáles son los elementos del pasado que se conservan en el presente y de

qué manera? No se interesa tanto por los acontecimientos90

, sino por cómo el presente emplea el

pasado91

, por sus usos y su impronta en los presentes sucesivos.

86

Enzo Traverso, Op. cit., p. 21. 87 Ibíd., p. 29. 88 Pierre Nora (ed.), Les lieux de mémoire, 3 vols., 4ª ed., París, Gallimard, 1997. 89 Eugenia Allier, “Lugar de memoria: ¿un concepto para el análisis de las luchas memoriales? El caso de Uruguay y su

pasado reciente”, en Cuadernos del CLAEH (96-97) (Uruguay), “Sesenta años de la declaración universal de los derechos

humanos”, 2ª serie, año 31, 2008b, p. 88. 90 Pierre Nora, Op. cit., 1998, p. 25. 91 Eugenia Allier, “Los Lieux de mémoire: una propuesta historiográfica para el análisis de la memoria”, en Historia y

Grafía, 31, 2008a, p 181.

29

Se podría decir que hay dos tipos de lugares de memoria: aquellos determinados por historiadores,

quienes tras un análisis encuentran que los espacios contienen una memoria con carga simbólica,

conservada, transformada y ampliada a lo largo de su historia; y los que se construyeron por el paso

del tiempo como artefactos de memoria, porque mediante ellos la ciudadanía —grupo, colectivo o

partido— recuerda un acontecimiento específico de la historia nacional reciente.92

En el primer caso

el trabajo del historiador es fundamental para encontrar y dar forma a estos sitios, mientras que en el

segundo el contexto mueve a su creación. Si el espacio proviene de la tradición y se ha consolidado

con el paso del tiempo, o si se crea ex profeso para conmemorar un pasado, sobre todo uno reciente,

puede considerarse un lugar de memoria.

Cuando Nora93

afirma que lo importante para estos últimos es la relación con el pasado y la manera

en que el presente lo utiliza y reconstruye, parece sugerir que el concepto no debe referirse a los

sitios creados recientemente y que suponen el recuerdo de una historia cercana. Para él, los lugares

de memoria existen cuando la memoria se pierde, situación que, según su punto de vista, ocurre en la

memoria nacional francesa —pues la considera en desaparición acelerada—. Sin embargo, y en la

presente investigación se concuerda con esta postura, pueden al mismo tiempo considerarse por los

historiadores puntos de cristalización de la memoria, sea esta nacional o de un colectivo, o pueden

elegirse y configurarse por actores o contemporáneos de la historia que se intenta rescatar.94

En este trabajo se plantea que, en casos con pasados recientes conflictivos y violentos distintos del

francés, los lugares de memoria no designan a la memoria perdida o en vías de desaparición, sino la

que aún está en confrontación,95

de tal modo que participan en las luchas por el recuerdo del pasado

libradas en dichos casos y entre distintos grupos o actores que buscan apropiarse de él para usarlo en

92 Eugenia Allier, Op. cit., 2008b. 93 Pierre Nora, Op. cit., p. 33. 94 Eugenia Allier, Op. cit., 2008b, p. 93. 95 Ibíd., pp. 95-96.

30

el presente.96

Tal es el caso de Argentina, la ESMA y la participación de los organismos de derechos

humanos en la disputa por controlar el sentido del pasado que se estableció durante la constitución

del Espacio Memoria en el ex CCD.

La importancia de ese espacio se explica por un pasado reciente violento que continúa generando

malestar en ciertos sectores de la sociedad. Aunque los acontecimientos traumáticos hayan

terminado, sus huellas no se han borrado; son todavía tema de discusiones que, muchas veces, se

dirimen en escenarios públicos y simbólicos, y explican la necesidad de los distintos grupos por

implantar su punto de vista sobre el pasado.

La memoria en América Latina

Hasta el momento se ha tratado las perspectivas de la memoria y de la recuperación del pasado

propuestas desde la mirada europea. Sin demeritar su valor, también resulta primordial mencionar

algunos planteamientos considerados desde la realidad latinoamericana. De manera sucinta, se

presentarán en este apartado las líneas de investigación que se han abierto con los trabajos de

Sandrine Lefranc,97

Daniel Feierstein98

y Hugo Vezzetti.99

Sandrine Lefranc analiza las políticas del perdón y la reconciliación que se iniciaron como

mecanismos de la justicia transicional. En primer lugar, considera que la política del perdón surgió

en una etapa que requería mantener la estabilidad y la gobernabilidad y establecer consensos entre

los grupos políticos que salían del poder y los nuevos gobiernos democráticos. La autora considera

que esta retórica no surtió el efecto deseado por los gobiernos, pues este discurso pacificador

96 Eugenia Allier, Op. cit., 2008a, p. 106. 97 Sandrine Lefranc, “Las políticas del perdón y de la reconciliación. Los gobiernos democráticos y el ajuste de cuentas

con el legado del autoritarismo”, en Desarrollo económico Revista de Ciencias sociales, Buenos Aires, vol. 45, núm.

178, julio-septiembre, 2005, pp. 163-186. 98 Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina, Fondo de Cultura

Económica, Buenos Aires, 2008. 99 Hugo Vezzetti, Sobre la violencia revolucionaria, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2009.

31

pretendía cancelar la investigación de los conflictos heredados por los regímenes autoritarios, en

lugar de buscar impartir la justicia demandada por las víctimas o sus familiares. Ahora, si bien esta

retórica no favoreció la reconciliación nacional ni sirvió para apaciguar los ánimos, sí permitió que el

tema de la verdad y la justicia se retomara desde las ciencias sociales; pues juristas y científicos

sociales se replantearon los términos del análisis de la justicia transicional a partir de las reflexiones

en torno al perdón.

En un segundo momento, supone que dicha retórica, que originalmente perseguía terminar las

discusiones sobre la violación de los derechos humanos, fue un elemento que reavivó el debate

público, pues motivó la construcción de una verdad histórica común —en el caso argentino detonó la

investigación de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP)— y favoreció

la revalorización del papel de las víctimas, los sobrevivientes, y su testimonio.

Lefranc revisa los análisis acerca de las políticas de reconciliación con el fin de reconsiderar su

función en la apertura y lanzamiento del debate sobre la violencia política ejercida durante los

regímenes dictatoriales, en este caso, el referido a Argentina. Para el estudio del caso que ocupa este

trabajo, la reactivación de la propuesta para crear un museo de la memoria en el predio de la ESMA

respondió a un intento de reconciliación. Contraponerse a la clausura de las demandas de justicia

bajo la retórica del perdón desató la movilización de los actores políticos que devolvió al espacio

público la demanda de reparación y “recuperación”100

del predio. La iniciativa de erigir un museo

relanzó el debate, dio más visibilidad a las causas judiciales abiertas (como la “Megacausa ESMA”)

y promovió que la postura de la víctimas101

dominara en el discurso y se convirtiera en la versión

100 En este trabajo siempre que se mencione el término recuperación, se debe tener en cuenta que no es el más adecuado para referirse a la acción de los organismos de derechos humanos respecto al predio, pues formalmente éste no les

pertenecía antes de que fuera un centro de detención; por lo tanto, no puede decirse que lo hayan recuperado. 101 Lefranc, Op. cit., p. 178.

32

“oficial”.102

Así, la obsesión reconciliadora provocó que los organismos de derechos humanos,

reaccionaran y trataran de cancelarla.

Otro enfoque de los estudios sobre las representaciones del pasado lo plantea Daniel Feierstein,

quien se cuestiona la posibilidad de calificar la experiencia argentina, el “Proceso de Reorganización

Nacional”, como un genocidio. Para tal efecto, establece una tipología de los genocidios en la

historia occidental, centrándose en el siglo XIX y el siglo XX, y compara dos que supone

representativos por su condición reorganizadora: el nazismo y el caso argentino.

El análisis de Feierstein sitúa la experiencia argentina en la lógica de continuidad del genocidio, en

específico de aquel que, mediante su mecanismo más acabado, el dispositivo concentracionario,

reorganiza las prácticas sociales del Estado Nación. Desde esta perspectiva, el “Proceso de

Reorganización Nacional” fungió como un aparato para reestructurar a la sociedad argentina con

toda intencionalidad, desarticular la construcción política de los años sesenta y setenta, así como las

prácticas sociales que en ella se establecieron —caracterizadas por la colectividad y la justicia

social— y aniquilar al grupo político que las defendía. Según el autor, esta reorganización cumplió

su objetivo; prueba de ello es que la sociedad argentina contemporánea es individualista, solipsista y

atomizada. Así, este genocidio, a diferencia del colonial, por ejemplo, significó el aniquilamiento de

un grupo político y el reajuste de las relaciones sociales al interior del Estado Nación preexistente.

Por otro lado, Feierstein establece una periodización de los relatos de los hechos desde sus

aproximaciones política, periodística y académica, pues plantea que los modos de representación del

pasado producen efectos materiales en las maneras de procesarlo simbólicamente. Al analizar las

narraciones de la violencia y sus efectos materiales y simbólicos encuentra representaciones distintas

de los militares, la CONADEP y las reflexiones teóricas. Su interés es caracterizar las categorías

102 Ibíd., p. 179.

33

analíticas y señalar el modo en que se asumen, así como las consecuencias de cada definición en el

desarrollo del debate sobre las representaciones del pasado.103

Feierstein apunta al genocidio como un concepto que puede aportar elementos a la discusión sobre la

caracterización de las víctimas, pues distingue entre víctimas y victimarios: las primeras se

identifican por conformar un conjunto —militantes sociales, sindicales, estudiantiles y militantes de

las organizaciones armadas— bien definido por el perpetrador para su exterminio, aun cuando

existiera o no previamente como fuerza social. Esta diferencia permite analizar la función de la

víctima para reapropiarla en tanto sujeto social. Tal vez esta forma de ver el pasado favorezca el

establecimiento de responsabilidades y reparaciones para el conjunto de la sociedad, además de

nuevos enfoques académicos que esclarezcan el tema.

Por su parte, la lectura de Hugo Vezzetti propicia un cuestionamiento sobre la función que tuvieron

la militancia setentista, los organismos de derechos humanos en la construcción de iniciativas para

recordar el pasado en la posdictadura, y el Estado porteño y nacional en la institucionalización de la

memoria militante. Al igual que Lefranc y Feierstein, este autor reflexiona en torno a la

caracterización de la víctima y además cuestiona en qué punto de la historia argentina se debe situar

el inicio de la violencia, quizá la respuesta permitiría dilucidar quién es el responsable en la vorágine

de la violencia, quién es la víctima y quién el victimario.

Vezzetti reta la idea arraigada en el imaginario peronista que asegura que las organizaciones armadas

tuvieron un origen reactivo a la violencia ejercida desde el Estado, durante la dictadura de Onganía,

—Pilar Calveiro104

y Antonius Robben siguen está misma línea—105

. El autor antepone a dicho

planteamiento la tesis de que las organizaciones armadas se habían radicalizado desde la Revolución

103 Feierstein, Op. cit., p. 303. 104 Pilar Calveiro, Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años setenta. Editorial Norma, Buenos Aires, 2008. 105 Antonius C. G. M. Robben, Pegar donde más duele. Violencia política y trauma social en Argentina, Anthropos

Editorial, Barcelona, 2008.

34

cubana. Es decir, reconsidera a los participantes de la guerrilla desarrollada entre 1973 y 1976 como

entes políticos que detonaron el uso de la violencia como agente movilizador. Además, sostiene que

estos también costaron vidas, las cuales en muchas ocasiones no se tuvieron en cuenta, lo que

significa que la guerrilla setentista también fue responsable en el origen del periodo de violencia

política; de esta manera afirma que “el terrorismo guerrillero ayudó a crear condiciones favorables

para la empresa criminal” y plantea que ningún ejercicio de memoria puede dejar de lado la función

de los grupos radicalizados en el escenario de la violencia indiscriminada.

En cuanto a las iniciativas de conmemoración del pasado reciente y los organismos de derechos

humanos, el investigador sugiere que estas agrupaciones se constituyeron en agentes mayoritarios e

incluso protagonistas de su desarrollo; como ejemplo menciona el Parque de la Memoria y la ESMA.

En su opinión, dichos organismos crearon106

eventos para unos cuantos, sobre todo para la plana

política del gobierno porteño, que en ese entonces les era favorable, lo cual considera un vacío estatal

pues “estas no han sido capaces de promover la deliberación pública, la inclusión de otras voces y

otras constelaciones de ideas, incluyendo la de los especialistas, en la fijación material del

pasado”107

.

Es importante mencionar que las tres lecturas del pasado y presente argentino contribuyen al estudio

de temas que la academia e intelectualidad han trabajado desde hace más de cinco años: el

reposicionamiento de la figura de la víctima, el cuestionamiento sobre la pertinencia de estudiar el

fenómeno desde otra perspectiva —el caso del genocidio—, la repolitización del papel de la

militancia en los años setenta, su responsabilidad en los acontecimientos y el papel de los

organismos de derechos humanos y el Estado en la conmemoración del pasado dictatorial.

106 Vezzetti, Op. cit., p. 246. 107 Ídem

35

Para los fines de esta tesis, la postura de Vezzetti es un detonante que llama a formular una pregunta

que se atraviesa en esta línea de investigación, la cual se procurará responder a lo largo de la misma:

¿qué función tuvieron los organismos de derechos humanos en la conformación de un relato que ha

permitido mantener en el espacio público el recuerdo del pasado, erigir un museo de la memoria y

consolidar un lugar de memoria?

Hasta el momento se ha definido de forma general el término memoria y sus componentes —

memoria colectiva, memoria pública y olvido—, así como las relaciones que establece con otras

disciplinas, como la historia, y los lugares de memoria. Estas nociones serán la base para analizar la

participación de los organismos de derechos humanos en la confrontación de las memorias gestada al

construir un museo y consolidar un lugar de memoria en predio del ex CCD.

En el siguiente capítulo se examinará la génesis y el desenvolvimiento de la violencia política en

Argentina entre 1966 y 1976, además de la ola de represión que incrementó su fuerza a partir del

golpe de Estado de 1976 y una de sus manifestaciones más representativas: el secuestro, la tortura y

la desaparición de opositores al régimen en centros clandestinos de detención.

36

Capítulo 2. La dictadura militar: 1976-1983

Introducción

En este capítulo se examinará el contexto histórico del periodo dictatorial (1976-1983) y de su

antecedente inmediato, la etapa localizada entre 1966 y 1976. En el primer apartado, se revisarán los

acontecimientos ocurridos entre la llegada de Onganía al gobierno argentino y el retorno de Perón al

escenario político, así como su vínculo con la radicalización de la protesta y la violencia política que

derivaron en el golpe de Estado llevado a cabo el 24 de marzo de 1976. En un segundo momento se

presentará la represión, una característica del régimen militar importante para este estudio. Y en el

tercero, se discurrirá acerca de una de las manifestaciones de la represión ejercida por el Estado en

esa época: la captura ilegal de personas y su reclusión en centros clandestinos de detención, en

particular en el de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El objetivo es conocer una perspectiva de la génesis y el desenvolvimiento de la violencia política en

Argentina entre 1966 y 1983, desde la cual se plantea que la brutalidad del enfrentamiento (1966-

1976) entre algunos grupos ―sectores radicales, los militares y los sectores sociales que los

apoyaban― produjo una espiral de violencia que legitimó el golpe de Estado de 1976 y la respuesta

del gobierno de una fuerza sin precedentes, que resultó en la represión y el exterminio del

“enemigo”. Asimismo, se pretenden mostrar algunas acciones del régimen militar que posibilitarían

dimensionar los alcances de la violencia desplegada en los centros clandestinos de detención, como

el ubicado en la ESMA.

Con este acercamiento se busca dar referencia al accionar de ciertos actores sociopolíticos que

promovieron la apropiación de espacios vinculados al régimen dictatorial y la generación de

iniciativas de recuperación de la memoria.

37

La violencia política. 1966-1976

Tras el golpe de Estado de 1966, la autodenominada “Revolución Argentina”, a cargo del general

Juan Carlos Onganía, se propuso reconfigurar el orden social, además de desmantelar las estructuras

y valores de la partidocracia.108

Desde ese momento, la estrategia del gobierno militar para construir

un nuevo orden social fue reprimir las movilizaciones, censurar a los medios de comunicación,

intensificar la presencia del ejército en las calles, prohibir las agrupaciones estudiantiles, privar a las

universidades públicas de su autonomía y adjudicarle su control al Ministerio del Interior para

“acabar con la infiltración marxista y la agitación estudiantil”. 109

El cierre de los mecanismos jurídicos y extrajurídicos dentro de los cuales se desarrolló el juego

político que vivió la sociedad argentina durante el gobierno de Onganía provocó que los sectores

sociales que buscaban espacios de participación (estudiantes, obreros y clase media) comenzaran a

utilizar cauces más radicales:110

las organizaciones estudiantiles mantuvieron duros enfrentamientos

con las fuerzas del orden, mientras que los líderes sindicales y los obreros reaccionaron con protestas

y movilizaciones. A partir de entonces, los levantamientos populares, las huelgas no autorizadas y la

agitación estudiantil se volvieron comunes;111

asimismo, apareció la guerrilla urbana. El Estado

contestó con episodios de violencia desmedida,112

que fueron una muestra de las escenas posteriores

de rebelión.

108 El deseo de reconstituir la estructura y los valores de la partidocracia y el orden social se puede explicar porque los

distintos sectores tradicionales (terratenientes, burguesía, clase media, conservadores y liberales) que discrepaban del

peronismo y su política no fueron capaces de derrotarlo por la vía constitucional y electoral, por lo que decidieron buscar

otras medios para ocupar el poder. 109 Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina. El Cono sur desde 1930, Barcelona, Crítica, 2002, p.104. 110 Ibíd., p. 109. 111 Leslie Bethell, Op. cit., p. 109. 112 Como la Noche de los bastones largos y el Cordobazo. La Noche de los bastones largos ocurrió el 29 de julio de

1966, cuando, por orden del presidente Onganía, la policía ingresó por la fuerza a la Universidad de Buenos Aires

(UBA), desalojó violentamente a los estudiantes de cinco facultades, disolvió el Consejo Superior Universitario y les

prohibió tanto al alumnado como a los docentes hacer política; en esa ocasión se encarceló a más de cien estudiantes. El Cordobazo fue un movimiento de protesta que tuvo lugar en mayo de 1969 en Córdoba, la segunda ciudad industrial más

importante después de Buenos Aires. Éste culminó una serie de huelgas y asambleas gremiales reprimidas por las

autoridades militares, a las que se unieron organizaciones estudiantiles.

38

El grupo de izquierda radicalizada Montoneros emergió durante esta época.113

En su primera

aparición pública como conjunto estructurado reivindicaron el secuestro y asesinato del expresidente

argentino Pedro Aramburu.114

Según Richard Gillespie,115

su génesis no obedeció a una formación

revolucionaria, sino más bien a la evolución interna del nacionalismo y catolicismo argentinos; muy

pocos hombres y mujeres que tomaron las armas entre 1960 y 1970 se inspiraron en la Revolución

cubana, el guevarismo y la teoría del foco.116

Al contrario, los fundadores del movimiento, Fernando

Abal Medina y Carlos Gustavo Ramus, habían pertenecido a grupos con ideología de derecha:

Tacuara117

y al Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT). Un factor que

contribuyó a radicalizar y aceptar la lucha armada fueron las ideas católico-radicales expuestas en el

Concilio Vaticano II, las cuales condenaron la pobreza, la injusticia y la explotación.118

En virtud del

compromiso con la justicia social y la causa popular, el catolicismo radical condujo a muchos

jóvenes del movimiento peronista hacia la radicalización guerrillera.119

Otra de las agrupaciones armadas ―no peronistas― que surgieron en esa época fue el Ejército

Revolucionario del Pueblo (ERP), que se fundó como ala armada del Partido Revolucionario de los

Trabajadores (PRT), de tendencias trostkistas.120

El ERP era comandado por Mario Roberto

113 Se denominaban así en recuerdo de los ejércitos irregulares gauchos que lucharon contra las tropas españolas durante

las guerras de independencia. Bethell, Op. cit., p. 111. 114 Antonious C. G. M. Robben, Pegar donde más duele. Violencia política y trauma social en Argentina, Barcelona,

Anthropos, 2008, pp. 131-132. 115 Richard Gillespie, Soldados de Perón. Los Montoneros, Buenos Aires, Argentina, Grijalbo, 1987, p. 74. 116 Algunos autores proponen un origen distinto al movimiento: Gillespie lo asocia con la evolución del catolicismo y el

nacionalismo argentino de derecha; Robben, con la influencia del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, y

Pilar Calveiro, con la influencia de la Revolución cubana. 117 Este movimiento tuvo sus primeras apariciones con las organizaciones nacionalistas de 1940, la Legión Cívica de los

años 1930 y la Liga Patriótica de 1919. Para más datos de su formación, véase Richard Gillespie, Op. cit., p. 75. 118 El peronismo, más que un partido político, se concibió como un movimiento que encauzaba sectores de derecha y de

izquierda radical, se asentaba en la igualdad de los argentinos y en la dependencia jerárquica del líder mediante disciplina

y lealtad incuestionables. En Antonius Robben, Op. cit., p. 29. 119 Las juventudes peronistas constituían el brazo armado del movimiento, pues intervenían en los conflictos políticos,

incluidos los del propio movimiento peronista. Su propósito era neutralizar toda probabilidad de resolución política de la crisis militar y castigar cualquier muestra de colaboración con los militares, para evidenciar la necesidad de retornar al

juego político democrático. En Leslie Bethell, Op. cit., p. 111. 120 Richard Gillespie, Op. cit., p. 87.

39

Santucho y se proponía mejorar las condiciones de vida de las masas populares a partir de la guerra

de guerrillas. Su estrategia incluyó la coordinación de la insurgencia rural y urbana que, según el

plan trazado, conduciría a una insurrección general. La guerrilla trostkista concibió su acción

militarizada como una extensión de la lucha social. Para 1971 el ERP era la organización guerrillera

urbana más activa.121

Estos grupos crearon con el paso del tiempo organizaciones de masas cuyos miembros participaron

en la violencia armada. Algunos grupos de la juventud de clase media usaron la guerrilla como

medio para conseguir un espacio de participación en el cerrado juego político.122

Así, ante las

condiciones represivas, distintos sectores de la sociedad argentina, principalmente jóvenes

estudiantes y obreros combativos, salieron a las calles a protestar y, en su faceta más radical,

utilizaron la violencia para enfrentar a los militares, desestabilizar al gobierno y conseguir más

adeptos.

El “enemigo”

Entre 1966 y 1976, los choques entre la izquierda revolucionaria y el gobierno se volvieron

constantes, en este escenario la respuesta de cada actor favoreció la conformación de un “enemigo”

simbólico tan amenazador que provocó el endurecimiento de los términos de la relación. En los

siguientes episodios es posible identificar algunos puntos de inflexión en la configuración de este

símbolo.

En 1972, diecinueve presos políticos que intentaban escapar del penal de máxima seguridad de

Rawson fueron ejecutados por la Armada. Respecto a este caso, Antonius Robben123

plantea que los

discursos en torno al acontecimiento evidenciaron las posturas que narraban los hechos violentos

121 Ibíd., p. 138. 122 Leslie Bethell, Op. cit., p. 111. 123 Ibíd., p. 149.

40

ocurridos antes del golpe de Estado de 1976. En dos relatos se manifestaron puntos de vista

particulares: el de los guerrilleros y el de los militares. Ambos incluían la autopercepción de los

involucrados y expresaban cómo empezaron a construir la imagen del “enemigo”. Por una parte, la

versión militar hizo hincapié en la alevosía de los guerrilleros, en su ciega brutalidad y en la falta de

consideración con la sociedad civil; mostró que la insurgencia argentina se enmarcaba en una

estrategia global y que los militares conformaban un cuerpo comprometido con la ley y el orden, con

el trato correcto y el respeto a las garantías.124

Además ubicó a los dos bandos en una posición

irreconciliable y, al mismo tiempo, justificó el uso de la fuerza. Por otro lado, la versión de la

izquierda representó a los guerrilleros como mártires al servicio del futuro de Argentina: entregados,

brillantes, creativos, valientes, profesionales, disciplinados; mientras que caracterizaba a los militares

como individuos brutales, crueles y faltos de honor. Los grupos de izquierda denominaron a este

episodio como la Masacre de Trelew en alusión a la masacre de José León Suárez,125

y la utilizaron

como símbolo de la continuidad y el endurecimiento de la represión durante los distintos gobiernos

militares; esa continuidad revelaba la necesidad de levantarse en armas contra el “enemigo”.

En represalia por este episodio, la guerrilla llevó a cabo una serie de asesinatos, ejecutados meses

después del episodio. En respuesta, los militares persiguieron, capturaron y desaparecieron a los

guerrilleros sobrevivientes. El Estado Mayor de la Armada declaró: “Esta no es una guerra entre las

Fuerzas Armadas y el terrorismo sino entre dos sistemas de vida: el totalitarismo apátrida donde la

muerte es un medio para alcanzar objetivos y la democracia”.126

Por su parte, los guerrilleros

marxistas y peronistas fortalecieron el planteamiento de que, para cambiar las condiciones

124 Antonius Robben, Op. cit., p. 149. 125 El fusilamiento de militantes políticos y civiles ocurrido el 9 de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez en el Gran Buenos Aires durante el gobierno militar de la autodenominada Revolución Libertadora; véase Rodolfo Walsh,

Operación masacre, Buenos Aires, Argentina, Ediciones de la Flor, 1972. 126 Robben, Op. cit., p. 151.

41

represivas, la violencia era el único método, por lo que comenzaron a despreciar las huelgas, el

sabotaje y las protestas.

Si para los guerrilleros marxistas la violencia revolucionaria era redentora y justificada porque

exaltaba el heroísmo y el sacrificio, para los guerrilleros peronistas era retributiva y servía para

borrar las heridas del pasado, pues habían perdido la fe en las protestas y las manifestaciones

callejeras no violentas. Estos actores buscaban el poder y lo hacían desde la venganza. Mientras

tanto, las muertes de oficiales y policías traumatizaron a los cuerpos de seguridad, quienes trataron

de acabar con el “enemigo”, la amenaza guerrillera, y actuaron con violencia destinada a neutralizar

a quien pretendiera convertirse en uno.127

Tras la Masacre de Trelew se incrementaron las rivalidades entre guerrilleros y militares. La réplica

de ambos fue el endurecimiento de sus posiciones y el aumento en los niveles de violencia contra el

bando contrario o contra aquellos que pudieran volverse “enemigos”. Los sentimientos de ira,

frustración y trauma, acentuaron la brutalidad de las acciones violentas y reforzaron los sentimientos

de los grupos y la necesidad de acabar con ellos de manera definitiva.

Otro punto de inflexión en la construcción del “enemigo” simbólico sucedió en mayo de 1973: en la

víspera de la toma de protesta de Héctor Cámpora, abanderado del peronismo,128

se amnistió a los

presos que cumplían una condena por motivos políticos en la cárcel de Villa Devoto. Las reacciones

muestran que el clima de tensión social se incrementó: mientras la izquierda revolucionaria celebró

el Devotazo por considerarlo una derrota del gobierno, los militares se manifestaron atemorizados

por la liberación de los elementos subversivos. Esta amnistía contradecía su sentido de justicia, pues

los propios guerrilleros habían asegurado que regresarían a la lucha armada una vez que se les

liberara. Según Antonious Robben, dicho episodio marcó un hito en el modo de pensar de los

127 Ibíd., p. 153. 128 El partido que había estado proscrito durante 18 años.

42

militares acerca de la contrainsurgencia. Ellos, conscientes del carácter impredecible de la política

argentina, replantearon su estrategia contra la insurgencia: convinieron en impedir que su “enemigo”

se dejara de nuevo en libertad para lo cual, en adelante, su objetivo no sería el encarcelamiento sino

el exterminio.129

La polarización de las posturas políticas y el cierre de espacios para la manifestación pacífica

también se aprecian en los sucesos de la tarde cuando, tras la renuncia del presidente Cámpora130

(20

de junio de 1973) Perón volvió a Argentina y fue recibido en el aeropuerto de Ezeiza por casi dos

millones de personas.131

En esa ocasión, una serie de detonaciones finalizaron la recepción

multitudinaria. Un día después del hecho que sería conocido como la Masacre de Ezeiza132

, Perón

dirigió un discurso con tono pacificador; en él mencionó que “había vuelto para poner orden al

movimiento justicialista desquiciado por falsos peronistas o no peronistas que pretendían

controlarlo”.133

Responsabilizó de lo sucedido a la izquierda revolucionaria y dejó clara su postura:

deseaba negociar con los grupos de interés ―los partidos políticos (entre ellos la Unión Cívica

Radical)―, reivindicar la función de los sindicatos, acercarse a las Fuerzas Armadas y dar la espalda

al movimiento que, en buena medida, propició su regreso.

Frente a este nuevo cambio de rumbo en la estrategia de Perón, los movimientos armados que antes

se concebían peronistas y se cobijaban detrás del líder, fueron librados a su suerte. Cuando asumió la

presidencia en octubre de 1973, puso en marcha su propuesta de finalizar la radicalización política

que experimentaba el movimiento y la sociedad. Sin embargo, no pudo superar las diferencias que él

129 Robben, Op. cit., p. 156. 130 Debido a las tensiones entre las diversas corrientes del movimiento (la juventud peronista, el peronismo histórico y el

sindicalismo), que generaron una crisis institucional. 131 Liliana De Riz, “De la movilización popular al aniquilamiento”, en Clara E. Lida, Horacio Crespo y Pablo

Yankelevich (comps.), Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado, México, El Colegio de México, 2008, p. 38. 132 Ídem. 133 Liliana De Riz, La política en suspenso: 1966-1976, Buenos Aires, Paidós, 2000, p. 137.

43

mismo había creado: en la celebración del 1° de mayo134

rompió relaciones con la izquierda

montonera. Cuando ésta lo increpó por la derechización de su gobierno, él transformó su discurso

conciliador en una confrontación directa contra las juventudes peronistas, que abandonaron la plaza y

lo dejaron solo.

La violencia entre ambos actores se mantuvo con los asesinatos vindicativos de los guerrilleros y las

ofensivas de los militares. El acoso era recíproco: se atacaban sedes y unidades básicas con bombas,

se cometían asesinatos, se publicaban editoriales incendiarios e incluso aparecían listas negras en la

prensa. Las represalias se volvieron formas de afirmar el poder, conquistar más espacio político y

medir el grado de respaldo popular.135

En enero de 1974, setenta guerrilleros del ERP atacaron el regimiento Azul para robar armamento y

sin desearlo mataron al teniente coronel Ibarzábal. Perón, indignado por el acontecimiento, se lanzó

con acusaciones contra los guerrilleros y azuzó al ejército para que aniquilara el “terrorismo” y la

guerrilla. Sus alegatos comenzaron a recrudecer la polarización de las fuerzas políticas. También el

asesinato del líder sindicalista Rucci136

incrementó el encono de Perón; se consideró a los homicidas

traidores a la patria. Desde ese momento se desató el llamado “terror blanco”: escuadrones de la

muerte que actuaban con la aprobación de las autoridades iniciaron una campaña clandestina contra

la insurgencia y emprendieron una serie de asesinatos en venganza, comenzando por el de Enrique

Grynberg.137

Tras la muerte de Perón el 1° de julio de 1974, los distintos sectores del movimiento peronista se

autoproclamaron sus herederos. Sin embargo, la vicepresidenta, Isabel Perón, conservó el poder.

134Festejo tradicional del peronismo montonero. 135

Robben, Op. cit., p. 164. 136 José Ignacio Rucci fue un líder sindical de la Confederación General de Trabajadores (CGT) criticado por cambiar su

estilo de vida después de convertirse en dirigente. Según sus críticos de izquierda, él deseaba expulsar a los revolucionarios del Movimiento Peronista y creó tropas de asalto para enfrentarse a ellos en las calles, en Robben , Op.

cit., p. 162. 137 Militante peronista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que fue asesinado el 26 de septiembre de 1973.

44

Durante su mandato la movilización obrera y la creciente militarización de Montoneros avanzaron de

manera incontrolable; asimismo, la violencia política que provenía tanto de la guerrilla peronista

(Montoneros) y marxista (ERP) como de los grupos de derecha (la Triple A)138

y los sindicatos

peronistas ortodoxos se convirtió en un duelo de excesos, brutalidad y horror cuyo objetivo era la

venganza, la afirmación del poder y la propaganda. Los sindicatos ortodoxos de derecha se

especializaron en los saqueos ―atentados contra las sedes de los sindicatos combativos y los locales

de la izquierda peronista―, mientras que los escuadrones de la muerte de la Triple A utilizaron el

secuestro, la tortura y las ejecuciones como método para amedrentar a la oposición. Su propósito era

muy claro: eliminar política e ideológicamente a sus oponentes, así como intimidar a las personas

implicadas en la política para que abandonaran la escena pública; para ello, se centraron en blancos

fáciles (empleados de gobierno, periodistas, artistas, abogados, profesores). En 1974 ordenaron que

los “traidores del peronismo” abandonaran el movimiento y salieran del país, así que publicaron

listas negras: quienes no dejaron Argentina tuvieron serias razones para temer por su vida. Los

conflictos laborales, la acción guerrillera y la de los grupos paramilitares no se detuvieron. El ERP

continuó con su actividad en la provincia de Tucumán en tanto los Montoneros prosiguieron con los

asesinatos vindicativos, atentados contra policías y funcionarios del Ministerio de Bienestar Social,

además de secuestros y asesinatos de gerentes empresariales. Las acciones de la guerrilla peronista y

de los comandos de la Triple A se multiplicaron: el ejército Montonero desplegó tres campañas

militares entre 1975 y 1976, llevó a cabo atentados contra comisarías y la policía federal, y tomó

barrios en distintas ciudades.

En febrero de 1975 se sentaron las bases para el ataque sistemático de la izquierda revolucionaria por

medio de un decreto secreto con el cual se ordenó al ejército aniquilar los campamentos insurgentes

138 La Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) era una fuerza parapolicial independiente compuesta por escuadrones

de la muerte; representó la violencia de la derecha. Perseguía frenar el avance de la izquierda peronista. Entre 1973 y

1976 los muertos que dejó tras sus ataques ascendieron a 1165.

45

marxistas en Tucumán.139

En represalia por las duras medidas implementadas por las fuerzas

gubernamentales contra la insurgencia, el ERP lanzó una campaña de asesinatos. Ambos grupos

vieron con horror las matanzas, lo cual reforzó el espíritu y la identidad grupal. Tanto los atentados

de la guerrilla contra las instalaciones militares como los asaltos a sus miembros crearon un

sentimiento de cólera en los cuadros; éste se tradujo en el deseo de operar contra el “enemigo” y

perseguirlo hasta que la subversión no encontrara en el “suelo de la patria más refugio que las

sombras de la muerte.140

Durante este periodo las Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen; sin embargo, los ataques

montoneros abrieron espacio para el avance militar. A partir de noviembre de 1975, desde el Consejo

de Seguridad Interna presidido por Lúder141

, el ejército puso en marcha operaciones antisubversivas.

Las Fuerzas Armadas intervinieron cada vez más para detener los conflictos sociales, pues las

autoridades no pudieron controlar la crisis. En este contexto, el general Videla advirtió que los

rumbos para conducir al país debían modificarse. Con su mensaje el comandante reconoció la

profundidad de la crisis y la incapacidad de los políticos para resolverla.

Los traumas sociales acumulados y las violentas reacciones postraumáticas que acarrearon

recrudecieron la dinámica de venganza. Ese proceso de traumatización social alimentó a esta última

e impulsó la militarización del conflicto.142

El incremento de la violencia y del deseo de aniquilar al

“enemigo” trajo consigo, después del golpe de Estado de 1976, un clima de represión y venganza

cuya manifestación más brutal fue la creación de centros clandestinos de detención, tortura y

exterminio.

139 En 1975, el decreto 261 autorizó a las Fuerzas Armadas para aniquilar a la insurgencia guerrillera rural (ERP) que

operaba en Tucumán por medio del Operativo Independencia. Éstas intensificaron el hostigamiento, la búsqueda y la

captura de los guerrilleros por medio de emboscadas. En enero de 1976 el ejército incrementó la hostilidad contra la

guerrilla rural, y la guerrilla urbana comenzó con ataques frontales contra él (secuestros extorsivos y asesinatos de

oficiales), por lo que el ejército recrudeció la represión. 140 Robben, Op. cit., p. 178. 141 Presidente interino que ocupó la presidencia en ausencia de María Estela Domínguez de Perón en 1975. 142 Robben, Op. cit., p. 171.

46

El régimen militar. 1976-1983

El 24 de marzo de 1976 una junta de comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas ―integrada

por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando

Ramón Agosti― se encargó del golpe de Estado que derrocó a Isabel Perón. Esta Junta Militar sentó

las bases del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La administración

gubernamental ―el cargo ejecutivo y el manejo de las empresas del Estado y dependencias― se

repartió entre ellas;143

cada encargado dependía de dos instancias: el Estado y su arma.144

La Junta se

planteó tres objetivos para su gobierno: suprimir la corrupción, superar el caos económico y eliminar

la “amenaza subversiva”. Para cumplir este último, implantó un gobierno represor que no aceptaba

cuestionamientos de ningún tipo.145

Toda señal de inconformidad o militancia, así como cualquier

expresión que contraviniera al régimen fue reprimida y castigada. A diferencia de otros golpes de

Estado, en esta ocasión los militares tomaron el poder con la intención de permanecer en él por

tiempo indefinido y de transformar a la sociedad, que, según su perspectiva, se había salido de

control.

Para justificar su acceso al poder, su legitimidad y sus objetivos, el régimen militar usó la metáfora

de la “sociedad enferma”; de esta manera, creó un discurso alrededor de la violencia que le autorizó

actuar y emplear el poder adquirido para señalar, perseguir y castigar a los disidentes, es decir, para

arrancar el “cáncer social” de raíz. Según el gobierno militar, los síntomas ―violencia, inflación,

desorden social― se anclaban en males antiguos y enraizados que urgían una terapia de shock, la

cual de no aplicarse a tiempo con cambios drásticos y profundos llevarían a la sociedad argentina a

143 Para evitar las dificultades de sucesión y personalización del poder, la Junta Militar asignó el control de las distintas

jurisdicciones del aparato estatal con base en un criterio aritmético: 33% para cada arma, en Carlos H. Acuña et.al.,

Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina, Buenos Aires, Nueva visión, 1995. 144Luis Alberto Romero, Breve historia contemporánea de Argentina, México, FCE, 1994, p. 333. 145 Hugo Quiroga y César Tcach (comps.), Argentina 1976-2006: entre la sombra de la dictadura y el futuro de la

democracia, Rosario, Universidad Nacional del Litoral, Homo Sapiens, 2006, p. 33.

47

un colapso mucho más grave.146

De acuerdo con este discurso, la sociedad entera portaba la

enfermedad, por lo que no se podía distinguir entre los enfermos y los sanos pues se consideraba que

“el malestar presente no era mal de uno solo, sino mal del conjunto”.147

Por lo tanto, todos los

ciudadanos eran sospechosos y posibles portadores del “virus”.

Según el discurso militar, la cura a esta enfermedad era un nuevo orden estatal que ellos proveerían.

Por tal motivo, una de las primeras acciones de la Junta fue declarar el fin de la política y los

políticos, pues los responsabilizaba ―a ellos y a ciertos sectores económicos― del caos y la

violencia previa al golpe de Estado. Así, prohibió la actividad política148

con sanciones severas y su

discurso oficial se llenó de alusiones antipolíticas que la asociaban con el mal.

El gobierno militar replanteó el pacto entre el Estado y la sociedad: disolvió el Congreso149

,

destituyó a la Corte Suprema de Justicia, prohibió y reprimió las huelgas, intervino los sindicatos,

disminuyó los privilegios de la industria y los empresarios, limitó las universidades, quemó miles de

libros y revistas considerados peligrosos, censuró a los medios de comunicación, clausuró locales

nocturnos, etcétera. Además del cerco informativo y las restricciones a la libertad de prensa mediante

mecanismos coercitivos ―bombas en periódicos, persecución y desaparición de periodistas,

etcétera―, el silencio militar-estatal aumentó la incertidumbre: los medios no proporcionaban

información sobre asuntos relativos a la gestión estatal.

En marzo de 1976 se dieron a conocer penas de hasta diez años para quien divulgara o difundiera

noticias, comunicados u opiniones con el propósito de perturbar, perjudicar o mermar el prestigio de

146Francisco Delich et. al., La argentina en transición, Buenos Aires, Crítica y Utopía, 1977, p. 11. 147 Ídem. 148 El 24 de marzo de 1976 el decreto número 6 dictado por la Junta Militar dispuso la suspensión de la actividad de los

partidos políticos “mientras se desarrolle el proceso de recuperación del Estado, en todos los niveles y funciones”. En

diciembre de 1977 la ley 21699 estableció que mientras se mantuviera el decreto 6-76, los mandatos de las autoridades

partidarias quedaban prorrogados. 149 Desde el primer día del golpe militar, la Junta concentró las facultades del poder ejecutivo y del Congreso, por lo que

desapareció la división de poderes y la posibilidad de recurrir a la justicia para garantizar límites al ejercicio del poder

arbitrario.

48

las actividades de las Fuerzas Armadas. Cualquiera podía ser apresado e interrogado por tiempo

ilimitado. De la misma manera, el régimen militar recortó el derecho a la libre asociación por medio

del decreto que suspendía la libertad política de los partidos y que prohibía la actividad gremial. En

la Ley 21264 estableció que quienes incitaran a la violencia colectiva o alteraran el orden público

serían juzgados por los tribunales militares, los cuales aplicarían procedimientos sumarios o podrían

negarse a justificar determinadas pruebas.

Represión

Desde septiembre de 1975, el comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, Roberto Viola

―Jefe del Estado Mayor― y los Generales del Cuerpo determinaron la estrategia que consistiría en

reprimir, neutralizar y exterminar físicamente a los opositores para evitar que un gobierno civil los

liberara y ellos reiniciaran una ofensiva política. Dicha maniobra se efectuaría de forma clandestina

para evitar protestas y presiones tanto internas como externas, lo cual le dio carta libre al régimen,

pues así eludía la fiscalización y el control del ejercicio del poder militar, y paralizaba a la

ciudadanía por temor a ser blanco de la represión. Además, sirvió como estrategia de intimidación y

control del régimen, ya que si bien mucha gente conocía los abusos de los militares, estos no podían

probarse.

Los grupos de tareas,150

bajo la dirección de las Fuerzas Armadas, llevaron a cabo las detenciones sin

órdenes de arresto; asimismo, se interrogó a los prisioneros para obtener información sobre posibles

“enemigos”. Su captura no se controlaba ni había investigación judicial previa. Dado que cada

jefatura militar actuaba de manera distinta, en ocasiones se liberaba a algunos prisioneros, se les

150 El Grupo de Tareas era un conjunto de oficiales de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad del Estado que

se encargaba de realizar los operativos clandestinos de secuestro, tortura, asesinato y desaparición. Tales grupos se integraban por alrededor de una docena de oficiales que se dedicaban a planear y ejecutar la captura de los sujetos

previamente seleccionados. El Grupo de Tarea 3.3.2 que operaba en la ESMA ejemplifica la constitución y operación de

estas agrupaciones represoras; se componía de tres sectores: inteligencia, operaciones y logística.

49

transfería a centros de detención legales o se les asesinaba. El secuestro de niños junto con sus padres

o de recién nacidos fue otro modo de amedrentar a la sociedad.

En la “guerra contra la subversión”, según el discurso de los militares, los “enemigos” podían

pertenecer a cualquier sector: sindicalistas, políticos, sacerdotes, monjas, empresarios, profesionales,

periodistas, escritores, estudiantes, niños, parientes o amigos de los detenidos. La mayoría de

ciudadanos eran opositores en potencia. La represión adquirió un carácter sistemático y metódico; al

mismo tiempo, estuvo plagada de acontecimientos arbitrarios e incomprensibles que reforzaban el

terror y controlaban a la población.

Centros clandestinos de detención

Los centros clandestinos de detención, 340151

a lo largo del territorio, se adaptaron para detener a

miles de hombres y mujeres de forma ilegal y recluirlos, temporal o indefinidamente. La estrategia

para diseminar el terror era alternar las acciones represivas entre ocultamiento y visibilidad, se

mostraban los secuestros, pero se ocultaba lo que les sucedería después a las víctimas.152

Estos

lugares estuvieron, en algunos casos, emplazados en locales civiles, dependencias policiales e,

inclusive, asentamientos de las mismas Fuerzas Armadas, los destacamentos y las comisarias. 153

Existían dos tipos de centros: los Lugares Transitorios de Detención (LT), que servían como primera

instancia de interrogatorio donde se decidía si se liberaba al secuestrado o se traslaba al Lugar

Definitivo (LD). La desaparición comenzaba con el secuestro; después, se llevaba a los detenidos al

Pozo del centro, considerado así porque a su ingreso se les mantenía incomunicados y perdían

151 Concentrados en la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Jujuy. Véase mapa en el

Anexo 3. 152 Claudia Feld, “ESMA, hora cero: las noticias sobre la Escuela de Mecánica de la Armada en la prensa de la

transición”, en Sociohistórica, Cuadernos del CISH, Primer y segundo semestre, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 2008, p. 85. 153 Ejemplos de dependencias militares son la Escuela de Mecánica de la Armada, en Capital Federa1; La Perla en

Córdoba; Liceo Militar de Mendoza y Campo de Mayo.

50

contacto con el exterior. Cabe resaltar que arribaban a estos lugares encapuchados (“tabicados”) y

permanecían así durante toda su estadía; con dicha mecánica los captores pretendían que las víctimas

perdieran la noción del espacio. Para identificarlos, utilizaban números, a veces precedidos por

letras; de esta manera, los despojaban de su identidad y lograban que nadie, ni guardias ni carceleros,

la conocieran con el fin de que no se filtrara su nombre.

Los centros clandestinos fueron concebidos para mantener prisionero a cualquier disidente u opositor

del régimen con el objetivo de “quebrarlo” física y psicológicamente a partir de la tortura. Para ello,

empleaban personal especializado y espacios acondicionados ―denominados quirófanos―. Cuando

llegaban los secuestrados recibían las primeras sesiones de tortura para “ablandarlos”; en este caso,

cualquier empleado efectuaba dicha labor. Con base en la primera exploración, se establecía si los

detenidos podían proporcionar alguna información de interés. Es decir, no había una evaluación

previa al secuestro. Por este motivo, se aprehendió a miembros de grupos armados, sus familiares,

amigos, militantes de partidos políticos, sacerdotes o laicos, activistas estudiantiles, sindicalistas,

dirigentes barriales y personas sin ningún tipo de práctica gremial o política; prácticamente

cualquiera podía ser arrestado.

Los reclusos estaban expuestos a ser torturados por razones ajenas a la simple extracción de

información o “ablande”. Cualquier suceso relativo a la represión fuera del pozo ― muerte de algún

militar, enfrentamiento, hechos de significación política, episodios ocurridos en otras partes del

mundo, como el avance de la Revolución sandinista― era un mero pretexto para intensificar la

violencia hacia ellos.154

El personal destinado a efectuar guardias en tales centros estuvo compuesto por efectivos de la

Gendarmería Nacional, del Sistema Penitenciario Federal o de la policía, siempre al mando de

oficiales de las Fuerzas Armadas. Generalmente los custodios no participaban en la tortura ni en los

154 CONADEP, Op. cit., p. 68.

51

interrogatorios destinados a obtener información. La gran parte de ellos estaban excluidos del

funcionamiento del centro para garantizar la clandestinidad. En la mayoría de los casos, sólo

participaban algunos oficiales seleccionados.

En un elevado número de centros de detención la palabra traslado se asoció a la idea de muerte. Los

cautivos vivían los traslados con horror y esperanza al mismo tiempo; se les notificaba que serían

llevados a otros centros o granjas de recuperación, con la intención de evitar su resistencia. Sin

embargo, ignoraban hacia dónde serían conducidos, lo cual les generaba un miedo continuo.

Al respecto, las autoridades negaron sistemáticamente tener información sobre los centros

clandestinos y el destino de los secuestrados. El general Videla declaró en diciembre de 1977: “yo

niego rotundamente que existan en la Argentina campos de concentración o detenidos en

establecimientos militares más allá del tiempo indispensable para indagar a una persona capturada en

un procedimiento y antes de pasar a un establecimiento carcelario”. Una y otra vez rechazaron su

existencia hasta que la masa de evidencias, producto de las denuncias de familiares y testimonios de

sobrevivientes, fue tan grande que se vieron obligadas a admitir la verdad, aunque sus justificaciones

eran poco convincentes: “...La Perla, ¿existió? Sí, era un lugar de reunión de detenidos, no una cárcel

clandestina... los subversivos estaban ahí más al resguardo de sus pares...”.155

Escuela de Mecánica de la Armada

La ESMA era un emplazamiento militar156

diseñado para albergar instituciones de formación de

suboficiales de marina en aspectos mecánicos y de ingeniería de la navegación. En ella se

impartieron cursos para cerca de cinco mil marineros157

en las especialidades de artillería, mecánica,

155 Luciano Benjamín Menéndez, Revista Gente, 15 de marzo de 1984 en CONADEP, Op. cit., p. 61. 156 Localizada en un predio de 17 hectáreas ubicado en la zona norte de la Capital Federal, en el barrio de Núñez, en el

número 8200 de la Avenida del Libertador. 157 Claudio Martyniuk, ESMA, Fenomenología de la desaparición, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2004, p. 5.

52

radiotelegrafía y electricidad.158

Además de la ESMA, en el predio se encontraban repartidos en 34

edificios el Liceo Naval Almirante Brown, la Escuela de Guerra Naval, la Dirección de Educación

Naval, la Escuela Nacional de Náutica y la Escuela Fluvial.159

Dicho emplazamiento fungió como centro clandestino de detención160

desde marzo de 1976 hasta

noviembre de 1983. Fue, junto con Campo de Mayo y La Perla, uno de los mayores centros de

detención. Se calcula que transitaron por él casi cinco mil detenidos.161

Las funciones principales de

la ESMA se efectuaron en el edificio casino de oficiales, donde se concentró y torturó a los

detenidos,162

a la vez que se usó como dormitorio de los oficiales y espacio de oficinas de

inteligencia, de los rangos superiores de la armada y del grupo de tareas.163

Además, en la mayor

parte de las instalaciones se llevaron a cabo actos represivos: el edificio Cuatro columnas, el casino

de oficiales, el pabellón Coy, la enfermería, el taller de automotores y la imprenta.164

En el casino de oficiales se encontraban las celdas de castigo y tortura, conocidas como capucha y

capuchita, el salón dorado y el pañol. El CCD se distribuyó de la siguiente forma: en la planta baja

se encontraban los despachos que ocupaban algunos oficiales del grupo de tareas ―la zona de Los

Jorges―, además del salón dorado, donde se instaló la sección de inteligencia para coordinar las

actividades del centro. Allí se planificaban las operaciones de secuestros y se concentraban los

efectivos antes de salir. Cuando se reunían los datos para ejecutar un secuestro, se comunicaban al

158 Vera Carnovale, “Memorias, espacio público y Estado: La construcción del Museo de la Memoria”, en Entre historias

y memorias. Los desafíos metodológicos del legado reciente de América Latina, Madrid, AHILA, 2007, p. 113. 159 CONADEP, Op. cit. 160 El Informe de la CONADEP estableció una nomenclatura para referirse a los lugares de reclusión, como la ESMA, al

denominarlos “centros clandestinos de detención” o CCD. En Claudia Feld, Op. cit. p. 92. 161 Claudio Martinyuk, Op. cit., p. 5. 162 Llamado Selenio en la clave de los militares. 163 En la ESMA operaba el Grupo de Tareas de la Marina 3.3.2, encargado de la zona norte del Gran Buenos Aires y de la

Capital Federal. Esta agrupación se fundó en mayo de 1976 y se integraba por una docena de personas que se iban

turnando; funcionaba clandestinamente al mando del capitán Jorge Eduardo Acosta (el Tigre, Santiago, Aníbal), quien era su jefe de inteligencia. En ocasiones se prestaba este espacio a la Fuerza Aérea, al Ejército y al Servicio de

Inteligencia Naval (grupo de tareas 3.3.3) para llevar allí a sus detenidos, en Claudio Martynuk, Op. cit., p. 5. 164 Información de la página del Instituto Espacio para la Memoria: www.institutomemoria.org.ar.

53

jefe de operaciones, quien convocaba a los miembros del grupo o patota designado para operar.

También se ubicaban el comedor de oficiales, el salón de conferencias y la sala de reuniones.

En el primer y segundo piso estaban los dormitorios de los oficiales, lugar al que los detenidos no

tenían acceso. En el sótano se situaban los dormitorios de los guardias, la enfermería, un laboratorio

fotográfico, la armería, una imprenta, un taller de diagramación y la oficina donde se fabricaban

documentos falsos con los que se movían los integrantes de los grupos de tareas: pasaportes, cédulas

de identificación, títulos de propiedad, registros de conductor, credenciales de la Policía Federal,

títulos universitarios, etcétera. Las salas de tortura se encontraban en esa parte del edificio e

irónicamente las precedían dos carteles: “El silencio es salud” y “Avenida de la felicidad”. Allí se

llevaba a los detenidos de recién ingreso.

En el tercer piso y el altillo se alojaban los reclusos que ya habían pasado por los interrogatorios

iniciales. En el ala derecha del piso se ubicaba la capucha, un recinto en forma de “L” sin ventanas y

provisto de pequeñas ventilas que daban a los camarotes. Frente a éstos se alineaban las cuchas,

estrechos cubículos donde se tenían encapuchados, esposados y engrillados a los arrestados. Además,

se localizaba el pañol, donde hasta 1977 se almacenaban los bienes incautados en las viviendas de

los secuestrados. En este sitio había gran cantidad de mobiliario, utensilios, ropa, etcétera. Entre la

capucha y el pañol se hallaban tres habitaciones, una de ellas destinada para las embarazadas, a

quienes se les trasladaba una vez que daban a luz (cuando se apropiaban de sus hijos).

En el altillo, dentro del sitio conocido como capuchita, se adecuaron dos salas de tortura y un espacio

donde se mantenía a los prisioneros de la misma forma que en la capucha, aunque en peores

condiciones. Este lugar también fue utilizado por miembros del Servicio de Inteligencia Naval (SIN)

para torturar y mantener a sus secuestrados separados de los de la ESMA. En 1977 se habilitaron dos

cuartos para interrogatorios; en ocasiones, eran ocupados como anexo por el grupo de trabajo cuando

54

capucha se encontraba abarrotada. En cada sección se encontraban guardias armados que

custodiaban, abrían las puertas y anotaban en un libro los movimientos efectuados.

Esta disposición fue alterada el primero en octubre de 1977, cuando se hizo en el pañol una reforma

para instalar oficinas separadas por acrílicos transparentes y madera aglomerada, conocidas como la

pecera. En ellas algunos prisioneros con los pies engrillados y vigilados por un circuito cerrado de

televisión traducían artículos de prensa proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores;

además, preparaban notas para la televisión nacional y el servicio de radiodifusión Argentina al

Exterior. En diciembre de 1978, se reformó el lugar otra vez, pero ahora para ocultar la existencia del

centro de detención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La importancia que se le ha adjudicado al lugar podría explicarse por la cantidad de detenidos y

sobrevivientes165

que transitaron por allí, además de su ubicación, en plena capital del país. A

diferencia de otros centros clandestinos, en la ESMA sobrevivieron unos doscientos presos: los

seleccionados para participar en el “proyecto de recuperación”.

Este plan, efectuado por el almirante Massera, consistió en convencer a ciertos detenidos que eran

militantes de Montoneros, escogidos por sus capacidades, conocimientos, formación política y

cultural, para que colaboraran con sus aspiraciones políticas. Algunos participaron en actividades de

mantenimiento y administración o en tareas represoras. Los colaboradores ―en ocasiones conocidos

como los Quebrados166

― recibieron, aunque no siempre, un mejor trato que los demás: a veces les

permitían visitar a sus familiares o mantener contacto telefónico con ellos. No obstante, muchos

desaparecieron, es decir, su cooperación no era sinónimo de salvación.

165 Claudia Feld, Op. cit. 166 Ídem.

55

Roberto Omar Ramírez,167

arrestado que estuvo en los centros clandestinos el Banco, el Olimpo y la

ESMA relató los pormenores: el secuestrado, una vez que ingresaba al campo, recibía

inmediatamente la propuesta de colaboración voluntaria. Aquellos que aceptaban constituían el

consejo y se dedicaban a tareas cotidianas: limpieza, fotografía, mecánica, electrónica, etcétera. Con

cada traslado, la composición del consejo variaba; algunos incluso participaban en la inteligencia del

campo; éstos y quienes desempeñaban la labor de médico y falsificador de documentos eran los

únicos estables. Además, mejoraban gradualmente sus condiciones de vida en el centro: comida,

retiro progresivo de la capucha y lugares para dormir. En un primer momento, se les permitía un

periodo de comunicación telefónica con la familia, más tarde se les ponía enfrente, acompañados por

personal del campo, y luego podían reunirse con ella por algún tiempo. En determinado momento,

sin previo aviso, se les liberaba bajo vigilancia. Incluso se autorizó a algunos exsecuestrados, tras

más de un año de esta “libertad”, a radicar en el exterior, en países previamente aprobados por el

mando militar.

Víctor Melchor Basterra participó en este plan: él era obrero gráfico y militante del peronismo de

base; fue secuestrado en la ESMA desde 1979 hasta su cierre. Se encargaba de tomar fotografías de

los detenidos y los represores, las cuales luego se usaron para falsificar documentos, hacer

propaganda, etcétera. Basterra guardó copias de aquellas imágenes y, cuando pudo salir del

inmueble, se llevó los documentos. Después del regreso a la democracia, declaró en el juicio a las

Juntas y aportó todas las pruebas que sacó de la ESMA.

En la primera etapa de transición democrática, dos libros basados en testimonios de exdetenidos de la

ESMA contribuyeron a evidenciar este campo: el relato de Ricardo Bonasso, Recuerdo de la muerte,

167 CONADEP, Op. cit., p. 81.

56

y el libro de Eugenio Méndez, Confesiones de un Montonero.168

De la misma forma, entre 1984 y

1985, el Informe Nunca más y el juicio a las Juntas añadieron detalles sobre los centros clandestinos.

En 1995, las conmemoraciones llevadas a cabo por los organismos de derechos humanos y las

movilizaciones concentradas en esa institución debido a las declaraciones del piloto Adolfo Scilingo,

quien había participado en los vuelos de la muerte, situaron en el espacio público al edificio como

símbolo de la represión.

Los testimonios acerca de la ESMA se expresaron fuera de Argentina y circularon en medios

internacionales durante la dictadura. Estos provenían de sobrevivientes exiliados, quienes

atestiguaron ante organizaciones de derechos humanos.169

Si bien los medios de comunicación

argentinos no publicaron nada al respecto, la presión internacional fue lo suficientemente fuerte

como para que los militares crearan permanentes campañas con el fin de desmentir los rumores. Por

este motivo, mediante información fragmentaria, la sociedad sabía a grandes rasgos que la ESMA

había funcionado como centro clandestino de detención.170

Cabe señalar que éste no fue el campo más grande ni el que inauguró el circuito de la desaparición

como método represivo, pero sí el que —con el paso del tiempo— se volvió más visible por la

complejidad del sistema represivo: la recuperación de detenidos, los sobrevivientes que atestiguaron

y el paso de desaparecidos emblemáticos como Rodolfo Walsh. Aunado a la importancia de las

dimensiones del terreno, la materialidad del edificio y la cantidad de reclusos, su peso en el

imaginario colectivo se fue transformando e incrementando gradualmente. También se convirtió en

un espacio significativo, pues una vez que se inició el periodo constitucional se volvió lugar central

168 Miguel Bonasso, Recuerdo de la muerte, México, Era, 1984 y Eugenio Méndez, Confesiones de un Montonero,

Buenos Aires, Sudamericana-Planeta, 1985. En Claudia Feld, Op. cit., p. 95. 169 Entre los testimonios más importantes se encuentran el de Horacio Domingo Maggio, fugado de la ESMA en marzo

de 1978 y quien testimonió ante la CADHU de Madrid en abril de 1978; el de Jaime Dri, fugado en julio de 1978 y quien

atestiguó en una conferencia de prensa en Francia, en la sede del partido socialista en septiembre de 1978; y el de las prisioneras liberadas Sara Solarz de Osatinsky, Ana María Martí y Alicia Milia de Pirles, quienes testimoniaron ante la

Asamblea Nacional de Francia en octubre de 1979. En Claudia Feld, Op. cit., p. 86. 170 Ibíd., p. 87.

57

de las representaciones sobre la dictadura y la desaparición de personas, además de un sitio donde se

concentraron manifestaciones de denuncia. Por tales razones, ciertos sectores de la sociedad lo

utilizaron para condensar un relato y lo consideraron símbolo de la violencia gubernamental.

58

Capítulo 3. Las discusiones públicas sobre el pasado reciente: 1984-1998

Introducción

Este apartado busca ser un recorrido histórico por las discusiones en el espacio público171

, en el

periodo 1984-1998, sobre el recuerdo de la represión clandestina padecida durante la dictadura con el

fin de describir las representaciones del régimen militar (1976-1983) que se abrieron al debate. El

objetivo es mostrar que las acciones llevadas a cabo por los organismos de derechos humanos

durante las discusiones públicas de los primeros años de la democracia mantuvieron vivo el recuerdo

del pasado dictatorial, pero que la ESMA aún no se había configurado como un símbolo de la

dictadura y no se había considerado un lugar de memoria como en el que se convirtió después de

1998. En este breve recuento se retomarán autores que analizan las estrategias de rememoración, el

uso de la memoria del pasado dictatorial por los medios y partidos, y las políticas desplegadas al

respecto por el Estado.

El fin del régimen militar

En 1982, después de la derrota militar ocurrida en la guerra de las Malvinas, se operó un cambio en

las distintas interpretaciones172

sobre la represión y la violencia ejercida sistemáticamente por el

Estado argentino contra la oposición política; pues antes de esta fecha los intentos por plantear un

171 Daniel Lvovich y Jaquelina Bisquert, La cambiante memoria de la dictadura: discursos públicos, movimientos

sociales y legitimidad democrática, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, Universidad Nacional de General Sarmiento,

2008, p. 12. 172 Durante el régimen militar (1976-1983) existieron dos relatos en pugna. Por un lado, el discurso del gobierno

castrense que se articulaba en términos de una “guerra contra la subversión”. La Junta Militar justificaba su política

represiva (de miedo, censura e intimidación) por las características del enemigo y la naturaleza de su actuar. Por otro lado, grupos y organismos de derechos humanos movilizados desde momentos muy tempranos de la dictadura

configuraron un relato distinto: ellos consideraban que el Estado ejercía una represión sistemática, clandestina e ilegal

sobre aquellos sectores de la sociedad que contradijeran su sistema de valores y creencias, y desafiaran su autoridad.

59

discuro distinto al relato oficial acerca de la represión ilegal tuvieron escaso impacto en la opinión

pública.173

Para justificar la aventura militar, el régimen argumentó que174

tras el triunfo en la “guerra interna”

que sentó las bases para la pacificación nacional, Malvinas representaba la “guerra contra el enemigo

exterior” y que permitiría al país recuperar un territorio que históricamente le pertenecía. Al apelar a

su defensa frente al enemigo exterior, los militares obtuvieron el consenso social, inclusive de los

sectores que rechazaban al régimen. Eso reanimó la impronta nacionalista de vastos sectores de la

sociedad argentina y generó un apoyo masivo a la empresa militar.

La derrota de las Malvinas significó un resquebrajamiento en la imagen pública e internacional del

régimen y de la estrategia contra la “subversión”. Diversos sectores de la sociedad comenzaron a

cuestionar la función de los militares por la manera de organizar y planear la guerra contra Inglaterra.

Además, empezaban a manifestar que las Fuerzas Armadas ocultaron o falsearon información y

actuaron con irresponsabilidad.175

Esto abrió la posibilidad de que su relato sobre la “guerra contra la

subversión” también se considerara falso. Hugo Vezzetti plantea que “la inversión del humor

colectivo fue un cambio decisivo en la significación de la ‘guerra contra la subversión’ que perdió

consenso entre la sociedad”.176

Tras la guerra de Malvinas, diversos sectores de la sociedad argentina

173 Los ODH se manifestaron al interior y exterior del país durante el periodo 1976-1982 con el fin de denunciar la

represión clandestina, sistemática e ilegal, y de mostrar una visión distinta a la impuesta por el régimen. Pese a ello, la

mayor parte de la opinión pública crítica se canceló por la fuerza del discurso oficial, el miedo a la represión, la

indiferencia, la negación, la justificación o la aprobación abierta de la estrategia estatal. Emilio Crenzel, La historia

política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, p. 53. 174 Daniel Lvovich y Jaquelina Bisquert, Op. cit., p. 24. 175 Los anuncios de la Junta en los distintos medios de comunicación hablaban de “una guerra casi ganada”. Cuando los resultados de la guerra salieron a la luz, se cuestionó el régimen dictatorial y se reinterpretó de forma marcada el pasado

inmediato. 176 Ápud Daniel Lvovich y Jaquelina Bisquert, Op. cit., p. 25.

60

se mostraron renuentes a aceptar el discurso militar sin condiciones; en cambio, estaban más

dispuestos a escuchar las voces de los organismos de derechos humanos y de los denunciantes.177

Los militares comenzaron a limpiar su imagen ante el inminente traspaso del poder, tarea que le fue

encargada al general Reynaldo Bignone. En abril de 1983 se transmitió por televisión el Informe

final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión.178

En este, los militares mantuvieron

la retórica del enfrentamiento bélico para justificar sus actos. De acuerdo con ellos, la naturaleza del

“terrorismo subversivo” —sorpresivo, sistemático y permanente— los obligó a adoptar

procedimientos inéditos. En su favor argumentaban que la lógica de “conflicto bélico” los llevó a

cometer errores que pudieron traspasar los límites de respeto a los derechos humanos fundamentales,

pero que la represión no había sido una práctica recurrente o sistemática. Según este discurso, la

lucha dejó muchas heridas abiertas: “secuelas de una guerra que los argentinos debemos superar sin

espíritu de revancha”.179

Además, negaron la privación ilegítima de la libertad, así como la existencia

de cárceles clandestinas o de desaparecidos: “aquellos desaparecidos que no están en la

clandestinidad o exiliados, están muertos”. 180

Las Fuerzas Armadas tomaron otra medida para proteger la imagen de sus acciones: en septiembre

de 1983, poco antes de las elecciones libres, el gobierno militar decretó la Ley 22.924 de

Pacificación Nacional. Ésta determinaba que las acciones subversivas y antisubversivas desarrolladas

en el país entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982 no podrían juzgarse.181

177 Oscar Landi e Inés González Bombal, “Los derechos en la cultura política”, en Carlos H. Acuña et.al., Juicio, castigos

y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina, Buenos Aires, Nueva visión, 1995, p. 153. 178 Este informe tiene un correlato escrito: Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el

terrorismo, del cual se puede revisar la versión electrónica en

http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/documentos_historicos.php (Consultada en junio de 2012). 179 .Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo

http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/documentos_historicos.php (Consultada en junio de 2012) 180 Ídem. 181 Osvaldo Bayer et. al., El Terrorismo de Estado en Argentina: apuntes sobre su historia y consecuencias; El otro en el

discurso político argentino. Selección documental, Buenos Aires, Instituto Espacio para la Memoria, 2010.

61

En este contexto, el resurgimiento y la reconfiguración del espacio público que, dada la crisis del

régimen y la poca credibilidad de los partidos otorgó a los medios de comunicación un papel

fundamental en la nueva relación entre sociedad y política, se manifestó en una ruptura del silencio

público sobre la violencia y la represión ejercida por el Estado. Desde octubre de 1982, y con más

fuerza entre 1983 y 1984, radio y prensa182

comunicaron de manera sensacionalista las exhumaciones

de tumbas sin nombre (conocidas como NN) y presentaron testimonios de sobrevivientes, informes

de organismos de derechos humanos y declaraciones de perpetradores relatando sus crímenes.183

Ni

la ESMA ni otros centros clandestinos de detención se relacionaron con lo hallado en las tumbas o lo

narrado por los sobrevivientes.184

Esta saturación de información sobre la violencia185

fue

denominada show del horror.186

La centralidad de la violencia ejercida por el Estado en la atención pública otorgó una función

importante a los organismos de derechos humanos (ODH) y sus demandas. En este contexto, el

movimiento de defensa de los derechos humanos canalizó buena parte del repudio al régimen y se

erigió como un actor de gran influencia en la escena pública.187

Al final de la dictadura, y frente a las

medidas propuestas por los militares, estas agrupaciones impulsaron y protagonizaron actos de

reclamo y rechazo; sus peticiones principales eran el establecimiento y reconocimiento de la verdad,

así como el juicio y castigo a los responsables por los crímenes cometidos.

182 La credibilidad de la televisión se afectó debido a que fue controlada durante el régimen militar, en Oscar Landi e Inés

González Bombal, Op. cit., p. 156. 183 Emilio Crenzel, Op. cit., p. 53. 184 Claudia Feld, Op. cit., p. 90. 185 Para un estudio sobre el papel de los medios de comunicación durante la Argentina posdictatorial, véase Claudia Feld

y Jessica Stites Mor, Op. cit. 186 Durante esta época, uno de los acontecimientos que evidenció a la ESMA fue el reportaje que la revista La Semana

publicó, entre enero y febrero de 1984, sobre el excabo de marina, Raúl Vilariño. Posteriormente, sus declaraciones se incluyeron en el libro Yo secuestré, maté y vi torturar en la Escuela de Mecánica de la Armada. En Claudia Feld, Op.

cit., p. 95. 187 Emilio Crenzel, Op. cit., p. 54.

62

Durante el régimen, ante la falta de autoridades, instituciones o mecanismos imparciales, los

familiares de los desaparecidos188

se acercaron a los ODH para realizar su búsqueda. Algunos

organismos de vieja raigambre, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), el Servicio de Paz y Justicia

(SERPAJ) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) les proporcionaron ayuda

jurídica, además de brindar información a Amnistía internacional y a los organismos e individuos

interesados en conocer las condiciones que imperaban en Argentina.189

Uno de los organismos que comenzó muy temprano las denuncias de las detenciones y

desapariciones fue Madres de Plaza de Mayo. Este surgió el 30 de abril de 1977 y para 1979 adquirió

una estructura formal.190

Se conformaba por mujeres que se habían conocido en las antesalas de

oficinas públicas mientras buscaban información sobre sus hijos. La mayoría eran amas de casa

provenientes de la clase obrera que no habían participado en la política antes de 1976. En 1977, se

reunieron en la Plaza de Mayo para exponer públicamente la suerte de sus hijos y denunciar las

desapariciones en las instancias correspondientes. A partir de ese año, comenzaron a marchar

alrededor de la plaza para solicitar atención a sus demandas y, sobre todo, para romper el silencio

impuesto. Estas manifestaciones fueron las primeras que transformaron una declaración privada en

un acto público y político. Pronto estas marchas de los jueves se convirtieron en blanco de ataque

constante por parte de la Junta Militar.191

Una vez que se abrió el periodo democrático, la agrupación

continuó trabajando, junto con el resto de los ODH. Su participación fue vital para el flujo de

información, la denuncia y el reconocimiento de los sucesos violentos durante la época represiva.

188 Marysa Navarro, “Lo personal es político” en Poder y protesta popular de Susan Eckstein (Coord.),

p. 280. 189 Marysa Navarro, Op. cit., p. 281. 190 Ese mismo año se conformaron las Abuelas de Plaza de Mayo, grupo fundado por mujeres cuyos nietos desaparecieron, ya sea por ser secuestrados por sus madres o nacer en los centros clandestinos de detención y después ser

adoptados por oficiales del ejército. 191 Marysa Navarro, Op. cit., pp. 285-286.

63

El inicio del gobierno democrático

La trascendencia que adquirió en el debate público el discurso sobre la represión por parte del

régimen militar se hizo patente durante la campaña electoral de octubre de 1983: Raúl Alfonsín,

candidato de la Unión Cívica Radical (UCR) y ganador de las elecciones, empleó como lema la frase

“Somos la vida”. Su principal adversario, el peronista Ítalo Lúder, mantuvo la retórica del peronismo

sin percatarse de que las demandas y necesidades del electorado habían cambiado. La opinión

pública que rechazaba la Ley de Pacificación Nacional porque clausuraba el pasado y garantizaba la

impunidad asoció al candidato peronista con la imposibilidad de juzgar a los responsables y obtener

justicia, pues este aseveró la irreversibilidad de los efectos jurídicos de la autoamnistía, mientras el

candidato radical se pronunció en favor de derogarla por inconstitucional.192

En el nuevo espacio público los derechos humanos se ubicaron como uno de los componentes de la

agenda electoral de la transición, la sociedad colocó en la verdad y la justicia muchas de sus

expectativas respecto al gobierno constitucional.193

Para alcanzar estos objetivos, el nuevo gobierno

delineó estrategias con el propósito de llevar a cabo los procesos judiciales y condenar a los

culpables —los altos oficiales—, manteniendo a los militares subordinados en calma. El jefe del

ejecutivo propuso juzgar a los militares con base en los grados de responsabilidad194

fundados en el

principio de la obediencia debida195

de las Fuerzas Armadas; así, ésta recayó en los superiores. Los

subordinados podían ser acusados sólo en caso de haber incurrido en “excesos” en la ejecución de

192 Emilio Crenzel, Op. cit., p. 56. 193 Oscar Landi e Inés González Bombal, Op. cit., p. 160. 194 En materia de derechos humanos, Alfonsín fue asesorado por un grupo de filósofos del derecho: Carlos Nino, Jaime

Malamud Goti, Eduardo Rabossi y Genaro Carrió, miembros de la sociedad argentina de análisis filosófico, en Emilio Crenzel, Op. cit., p. 56. 195 De acuerdo con la estructura jerárquica de la corporación militar, este criterio diferenciaba a los militares que daban

las órdenes, a los que las cumplían y a los que se excedían en su ejecución.

64

dichas órdenes.196

En contraste con el plan de Alfonsín, los ODH buscaron la justicia retributiva: a

cada responsable de las prácticas ilegales le correspondía un castigo proporcional a su participación,

pero todos debían ser juzgados. La estrategia gubernamental intentó mantener una relación estable

con el sector militar, pues para ciertos sectores de la sociedad y de las Fuerzas Armadas la imagen de

la represión y violencia sufrida en el pasado dictatorial todavía se leía en la clave de los “excesos

cometidos durante la lucha antisubversiva”.

Alfonsín propuso derogar la Ley de Pacificación Nacional y firmó los decretos 157 y 158 que

ordenaban llevar a juicio a siete jefes guerrilleros y a las tres primeras juntas militares de la

dictadura. Estos decretos planteaban una lectura política del pasado reciente conocida como la

“Teoría de los dos demonios”, en la cual se limitaba a las cúpulas de los dos actores la

responsabilidad de la violencia política, se proponía que la sociedad había sido un espectador ajeno,

víctima de ambas, y se justificaba la violencia de Estado ―pero no sus procedimientos― por la

violencia guerrillera.197

Asimismo, el jefe del ejecutivo confió en que la depuración de las Fuerzas Armadas sería suficiente

para castigar a los principales responsables de la violencia clandestina sin enfrentarse al conjunto de

las instituciones militares. A pesar de esto, el movimiento de derechos humanos se manifestó en

contra de la autodepuración; para ellos, sólo una investigación parlamentaria podría imponer una

“condena política” a los culpables de la represión ilegal ejercida. Alfonsín propuso crear una

comisión de personalidades198

que investigara la desaparición de personas. La Comisión Nacional

196 Esta tesis no contemplaba la manifiesta ilegalidad y crueldad de los crímenes perpetrados, la relativa autonomía

operativa de su ejecución y la existencia de casos que desmentían que el disenso de las órdenes supusiera represalias

extremas, en Ibíd., p. 57. 197 Emilio Crenzel, Op. cit., p. 58. 198 Los integrantes eran figuras públicas de gran prestigio en diversas actividades: religiosos representantes de los tres cultos significativos ―católico, protestante y judío― y, personajes reconocidos en el mundo del periodismo, el derecho,

la cultura y la ciencia. La mayoría defendió, en distintos grados, los derechos humanos y otros modificaron su postura a

favor de la dictadura cuando ésta había dado muestras de agotamiento. Ibíd., p. 61.

65

sobre la Desaparición de Personas199

(CONADEP) compuesta por figuras notables ―independientes

del ámbito político― se encargó de recibir y verificar las acusaciones relativas a los secuestros. En

un plazo de seis meses ésta debía entregar un informe200

como resultado de su investigación.201

Al

crearla, el presidente buscaba satisfacer esas demandas y mantener su estrategia mediadora con el

sector castrense.

Los ODH reaccionaron de distintas maneras ante la propuesta de formar la comisión. Por ejemplo,

Madres de Plaza de Mayo la rechazó por su carácter extraparlamentario y por carecer de facultades

coercitivas que obligaran a los militares a declarar. En contraste, la Asamblea Permanente por los

Derechos Humanos la apoyó, pero advirtió que la limitación de las investigaciones impedía el juicio

político porque no establecía responsables. Otros organismos respaldaron a la comisión

proporcionando datos con el fin de ampliar su alcance en un futuro cercano.202

Si bien cada uno

asumió una posición diferente al respecto, el movimiento en su conjunto colaboró con actividades de

recopilación de información para elaborar el documento. Al mismo tiempo, siguieron

manifestándose en contra de los juicios de las cúpulas dictatoriales desarrollados en tribunales

militares. Esta situación cambió cuando, a finales de 1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas

Armadas declaró que refrendaba los procedimientos usados en la lucha contra la subversión. El

Consejo no juzgó a los acusados, sino que legitimó su actuación y sus órdenes. En este contexto, el

22 de abril de 1985, comenzó el juicio a las tres primeras Juntas Militares por un tribunal civil.

199 Según el Decreto 187 del 15 de diciembre de 1983 la investigación de la CONADEP se circunscribía al tema de los

desaparecidos; su límite serían seis meses. Debía recibir las denuncias y pruebas, remitirlas a la Justicia para averiguar el

destino o paradero de las personas desaparecidas y de toda circunstancia relacionada con su localización, ubicar a los

niños sustraídos de la tutela de sus padres, denunciar cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de

pruebas relativas a esos hechos y emitir un informe final a los 180 días a partir de su constitución. Ídem. 200 Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Su primera edición constó de 40,000

ejemplares y salió en noviembre de 1984, en Emilio Crenzel, Op. cit., p. 131. 201 La ESMA y otros centros clandestinos formaban parte de su investigación. En este contexto, la CONADEP

inspeccionó el lugar el 9 de marzo de 1984. Al día siguiente los diarios publicaron que se había efectuado el

procedimiento en uno de los “mayores centros operativos de la lucha antisubversiva” para resaltar su importancia, aunque en este momento específico los centros clandestinos no eran el centro de la información, en Claudia Feld, Op.

cit., p. 92. 202 Emilio Crenzel, Op.cit., p. 62.

66

Durante el juicio, las narraciones testimoniales se sumaron al proceso de cambio de los relatos sobre

el pasado dictatorial del que ya formaban parte la reinformación de la sociedad y el registro de las

denuncias de la CONADEP. En el transcurso de largas semanas, el juicio, por su carácter oral y

público, presentó los horrores del terrorismo de Estado en los medios de comunicación y convirtió el

testimonio en prueba jurídica.. Las pruebas demostraron la existencia de un patrón sistemático de

represión ilegal. Los testimonios cobraron fuerza y elocuencia porque se incluyeron en el rigor del

procedimiento jurídico. El juicio a las Juntas Militares surtió un doble efecto: construyó pruebas

jurídicas de los hechos y desactivó o neutralizó los relatos legitimadores sobre las acciones del

pasado imposibilitando la reivindicación de una “guerra contra la subversión”.203

Tras la reapertura del espacio público, la reinformación pública, los testimonios vertidos en la

CONADEP, los datos presentados en el informe Nunca Más y las imágenes del juicio empezaron a

configurarse y reivindicar el discurso de los ODH. De esta manera, se modificaron muchas

definiciones que antes habían sustentado al poder militar. Poco a poco se sustituyó el relato de la

“guerra antisubversiva” por el de la “represión ilegal” basada en el secuestro, la tortura y la

desaparición de personas. Los secuestrados dejaron de ser “delincuentes subversivos” para

convertirse en “víctimas de la violencia estatal” o “víctimas de las violaciones a los derechos

humanos” que, en un principio, carecieron de identidad política. Esa nueva interpretación del pasado

negó la existencia de una guerra interna como explicación de la violencia.204

El juicio propuso una verdad: las Fuerzas Armadas implementaron un plan sistemático para

exterminar a quienes consideraba sus enemigos políticos; no obstante, suprimió del imaginario

colectivo la función de la violencia revolucionaria y despolitizó a sus militantes convirtiéndolos en

víctimas sin más atributos. El juicio configuró la caracterización de víctimas y victimarios, y les dio

203 Oscar Landi e Inés González Bombal, Op. cit., p. 164. 204 Daniel Lvovich y Jaquelina Bisquert, Op. cit., p. 34.

67

presencia en el debate público, al igual que el tema de la represión y la violencia ejercida por el

Estado,. Los trabajos de la CONADEP difundieron oficialmente esta verdad y atribuyeron las

responsabilidades correspondientes a los agentes estatales por los abusos cometidos. El

reconocimiento de culpables, la acusación formal en los tribunales y la designación de un castigo la

confirmaron de manera institucional.205

La palabra de los sobrevivientes adquirió fuerza y

legitimidad, cualidades que le permitieron erigirse como la visión incuestionable acerca del pasado

dictatorial.206

La “reconciliación nacional”

Como los tribunales civiles continuaron llamando a los militares para comparecer en los juicios, el

malestar de los cuarteles aumentó. La posibilidad de un golpe de Estado y la tensión política se

intensificaron. Para evitar conflictos con el sector castrense, el 5 de diciembre de 1986, el presidente

Alfonsín presentó ante el Congreso el proyecto de ley Punto Final. Ésta dio un plazo de sesenta días

a partir de su sanción para presentar denuncias contra militares implicados en los hechos cometidos

durante la dictadura. Una vez transcurrido ese tiempo, la posibilidad de iniciar una nueva acción

legal contra ellos sería cerrada. La ley, que entró en vigor en diciembre de ese año, resultó

contraproducente para la estrategia de Alfonsín. Los jueces encargados de estos juicios utilizaron su

periodo vacacional para tratar las causas pendientes antes de que se cumpliera el plazo. El 23 de

febrero de 1987, último día para presentar las denuncias, se habían procesado más de trescientos

oficiales de alta graduación. Esa situación aumentó el descontento entre las filas de militares. El 16

de abril de 1987, un oficial se negó a asistir a la Cámara Federal de Córdoba, generando la primera

205 Juan Suriano, Nueva historia argentina. Tomo X. Dictadura y democracia (1976-2001), Buenos Aires, Editorial

Sudamericana, 2005, p. 554. 206 La figura del sobreviviente y su legitimidad como testigo también cambió con el tiempo. En la primera época de la

democracia, la palabra de los sobrevivientes estaba cubierta por un manto de sospechas que se referían a las causas de la

supervivencia, en Claudia Feld, Op. cit. p. 95.

68

crisis militar del gobierno constitucional recién instalado, conocida como “Rebelión carapintada”. En

la guarnición de Campo de Mayo, el teniente Coronel Aldo Rico y más de cien oficiales se

declararon en rebeldía. Demandaron amnistía para los rebeldes, la destitución del alto mando del

ejército y la participación de los oficiales en rebelión en la selección de un nuevo jefe del ejército. El

objetivo se cumplió y después del diálogo, los oficiales dejaron las armas. El 13 de mayo de 1987,

Alfonsín sustituyó al jefe del Ejército y presentó un proyecto de ley al Congreso. La ley especificaba

el alcance de la obediencia debida para proteger de futuros juicios a oficiales de nivel intermedio de

las Fuerzas Armadas. Ambas leyes delimitaron el alcance de las sentencias a un reducido número de

oficiales de alto rango. Según el presidente, en caso de descontento militar, las insurrecciones

impedirían reconstruir las instituciones democráticas en un clima de estabilidad que favoreciera el

avance en la reconfiguración del país. En cambio, para el movimiento por los derechos humanos su

iniciativa fue interpretada como una claudicación. Si bien las investigaciones de la CONADEP y el

juicio a las juntas y a los oficiales implicaron el reconocimiento del actuar sistemático represivo del

aparato estatal durante el régimen, detener los juicios significó colocar trabas al proceso judicial que

permitiría alcanzar uno de los principales objetivos del movimiento: la justicia.

En 1988, tres alzamientos militares trajeron de vuelta imágenes de la represión y violencia sufridas

en la dictadura, y tensaron el ambiente sociopolítico. En consecuencia, diversos sectores de la

sociedad cuestionaron la validez de la democracia, pues ésta no había desactivado la amenaza militar

ni su injerencia en la política; tampoco había conseguido, de acuerdo con los ODH, satisfacer la

demanda de justicia y, según los sectores que reivindicaban el régimen militar, no había asegurado la

estabilidad económica y social necesaria para mantener el orden. En este contexto, el tema de la

represión perdió fuerza en el espacio público. La desactivación de los juicios, el miedo a las

69

rebeliones militares y una sociedad preocupada por la situación económica207

fueron cruciales para

que este asunto dejara de estar presente en el debate público. A ello se sumó, en enero de ese año, el

ataque al cuartel de La Tablada llevado a cabo por el Movimiento Todos por la Patria, que nucleaba

a sobrevivientes de organizaciones armadas y militantes universitarios de izquierda. Este suceso

contribuyó a deslegitimar su discurso ante la opinión pública, sobre todo porque dos responsables del

ataque formaron parte del movimiento de defensa de los derechos humanos.208

El hecho impactó

sobre las representaciones del pasado: los apologistas de la “tesis del aniquilamiento” se

pronunciaron sin descaro por una “guerra sin cuartel contra los revolucionarios incorregibles”. El

ataque al cuartel de La Tablada abrió un espacio para la reivindicación del régimen militar en los

medios de comunicación y la sociedad. Este acontecimiento quitó credibilidad a la voz de los

derechos humanos y disminuyó su alcance. Por consiguiente, el protagonismo del movimiento en la

esfera pública decreció.

En julio de 1989, una compleja situación socioeconómica obligó a Alfonsín a adelantar el traspaso

del gobierno al recién electo Carlos Menem. El nuevo presidente rápidamente se acercó a la derecha

política, estableció un programa económico neoliberal basado en la inversión extranjera y replanteó

la posición del gobierno respecto al pasado en términos de una “pacificación nacional”. Al poco

tiempo de ejercer el mando —en consonancia con su idea de conciliación—, firmó 277 indultos.209

De este decreto se beneficiaron militares procesados y condenados por intervenir en la guerra de las

Malvinas, y aquellos que participaron en las sublevaciones ocurridas durante el gobierno radical, así

como civiles inculpados por acciones guerrilleras.

207 La hiperinflación, crisis cambiaria y especulación financiera desembocaron en una creciente tensión social, paros y

saqueos de comercios en zonas populares, en Leslie Bethell, Op. cit., p. 154. 208 Daniel Lvovich y Jaquelina Bisquert, Op. cit., p. 49. 209 La opinión pública fue mayoritariamente adversa a esta medida. Una encuesta nacional levantada en septiembre de

1989 mostraba que más de 70% de los entrevistados se oponían a la liberación de los detenidos, en Oscar Landi e Inés

González Bombal, Op. cit., p. 158.

70

En diciembre de 1990 se produjo un nuevo levantamiento militar que aceleró la implementación de

un segundo decreto de indultos que favoreció a quienes todavía permanecían en la cárcel.

La política de reconciliación nacional promovida por Menem se dedicó a “cerrar las heridas del

pasado”. El Poder Ejecutivo Nacional pretendió crear las condiciones y el escenario de la

reconciliación, del mutuo perdón y de la unidad nacional al condenar el terrorismo de Estado,

retomar la retórica de la “teoría de los dos demonios” y anteponer el anhelo de “mutuo perdón” al de

justicia.210

El presidente planteó la necesidad de llevar a cabo esta política en pos de la unidad

nacional, cimentada en el supuesto de que las partes que deben conciliarse se oponen por el odio y la

venganza partidaria.211

Es decir, la base del discurso no era la impartición de justicia y su magnitud

ética, sino el dominio de sentimientos negativos que impedían superar el pasado.

Si durante el gobierno de Alfonsín la reconstrucción nacional empezó por recuperar la confianza de

la sociedad a partir del reconocimiento de las violaciones cometidas y su posterior juzgamiento,

durante el gobierno de Menem partió de aceptar que la violencia estatal y la subversiva habían

cometido “aciertos y errores” y que, para superar las viejas heridas y diferencias, era necesario

clausurar el periodo y mirar al futuro. Esta política actuó de dos formas: admitió la represión del

pasado, pero desmanteló los espacios donde éste se podía elaborar, la justicia y la opinión pública.

Con ello, canceló la posibilidad de impartir justicia y honrar la memoria.

En este periodo, a pesar de sus esfuerzos y de los sectores de la sociedad que veían la violencia del

periodo 1976-1983 como el actuar de un Estado represor dedicado al aniquilamiento sistemático del

enemigo, la mirada de lo ODH perdió poco a poco espacio frente a aquellos sectores que se adherían

al postulado de Menem; no obstante, se mantuvieron activos.212

210 Daniel Lvovich y Jaquelina Bisquert, Op. cit. 211 Ibíd., p. 52. 212 Por ejemplo, Abuelas de Plaza de Mayo continuó con la búsqueda de los niños apropiados durante la dictadura. En

1992 crearon la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el Banco de datos genéticos en el Hospital Durand.

71

La política de reconciliación y clausura del pasado promovió la indemnización213

a las víctimas. Así,

en 1991, el presidente emitió el “decreto de necesidad y urgencia número 70 que benefició con

reparaciones económicas a quienes hubieran sido detenidos a disposición del Poder Ejecutivo

Nacional con anterioridad al 10 de diciembre de 1983 y que hubieran iniciado una acción judicial

antes del 10 de diciembre de 1985 que hubiese sido declarada prescripta”.214

Por medio de la Ley

24.043, sancionada el 27 de noviembre de 1991, se amplió la reparación económica a las “personas

que fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional entre el 6 de noviembre de 1974 y el

10 de diciembre de 1983 y para los civiles privados de su libertad por actos emanados de tribunales

militares hubieran tenido o no sentencia condenatoria”. El 28 de diciembre de 1994 se promulgó una

ley que estableció una reparación a los ausentes por desaparición forzada de personas215

y fallecidas

a causa de la acción de las Fuerzas Armadas o cualquier grupo paramilitar antes del 10 de diciembre

de 1983.

El gobierno menemista veía lo acontecido en el periodo 1976-1983 como la “lucha contra la

subversión” que consiguió “pacificar” la nación, aunque se hubieran cometido “excesos”. Su

estrategia consistió en reforzar el discurso pacifista, cancelando la memoria de la represión. Los

pronunciamientos del presidente216

y la participación de exrepresores en algunos puestos

gubernamentales reforzaron el discurso del pasado clausurado. En 1994, Menem solicitó el ascenso

de los capitanes de fragata, Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, partícipes en la represión

213 Esto para evitar ser sancionado por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 44. 214 Daniel Lvovich y Jaquelina Bisquert, Op. cit., p. 55. 215 En mayo de 1994 la Cámara Federal del Senado sancionó la ley que incorporó al sistema jurídico la figura del ausente

por desaparición forzada separándola del ausente por fallecimiento, en CELS, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Año 1994, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales, Facultad de Filosofía y Letras,

UBA, 1995, p. 36. 216 En ellos reivindicaba los indultos y la actuación de las Fuerzas Armadas durante la “guerra sucia”, Ibíd., pp. 9-67.

72

clandestina. Cuando el Senado rechazó su petición, él declaró que ese tema ya estaba superado y que

“hablar del asunto en un país que vive en democracia y paz significa mover el avispero”.217

Entre 1987 y 1995, la memoria de la represión clandestina, sistemática e ilegal ejercida por el Estado

compitió con el relato que glorificaba a las Fuerzas Armadas. En éste, la labor de las tres armas se

justificaba como el acto en un conflicto bélico que, por su naturaleza, había provocado ciertos

“excesos”, pero en el cual se buscaba la reconciliación y el olvido bajo el argumento de la “urgencia

del presente para mirar al futuro haciendo tabla rasa del pasado”.218

El retorno del pasado

En 1995, la memoria de la represión regresó al espacio público cuando el capitán de corbeta Adolfo

Francisco Scilingo, exjefe de automotores de la Escuela de Mecánica de la Armada, denunció que

entre 1500 y 2000 detenidos fueron arrojados al Atlántico con vida, narcotizados y desnudos, desde

aviones de la Marina de guerra y de la prefectura naval durante los años 1976 y 1977. Scilingo219

manifestó esto en una entrevista con el periodista Horacio Verbitsky, quien la publicó en su libro El

vuelo.220

Con esas declaraciones, el asunto de la violencia política durante la dictadura adquirió renovada

importancia, pues fue la primera vez que un responsable de ejecutar la represión clandestina confesó

la manera de actuar del aparato represivo sin negar los hechos ni justificarlos como “excesos dentro

217 Ídem. 218 Juan Suriano, Op. cit., p. 552. 219 CELS, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Año 1995, Buenos Aires, CELS, 1996, p.

123. 220

El capitán sostuvo que las órdenes se impartieron por medio de la cadena de mando de la fuerza y denunció al Jefe de

la Armada, el almirante Enrique Molina Pico, por encubrimiento; le exigió que informara a la ciudadanía y a los

senadores los métodos que los superiores ordenaron emplear para detener, interrogar y eliminar al enemigo durante la

guerra contra la subversión y que, en caso de existir, mostrara la lista de los, mal llamados, desaparecidos.

73

de un conflicto bélico”. Además, su confesión rompió el “pacto de silencio” impuesto por los

militares, otorgó una renovada trascendencia al tema y dio pie a nuevas confesiones.221

El regreso de la memoria de la represión en el debate público no representó una transformación de

fondo en la política referente al pasado militar ni redundó en la disminución de la presencia de

exrepresores en el espacio público.222

Así, por ejemplo, en julio de ese año un conocido torturador y

secuestrador, el comisario Mussa Azar, asumió el cargo de director de seguridad en Santiago del

Estero. Otro caso es el de Antonio Bussi, militar acusado de violencia represora que gobernó la

provincia de Tucumán en el periodo 1976-1977 y regresó al cargo en octubre de 1995. Sumado a

esto, se registraron una serie de apariciones públicas de militares que participaron en la represión

clandestina.

El exalmirante Emilio Massera se presentó en televisión privada en agosto de ese año. En sus

declaraciones, reivindicó los actos de las Fuerzas Armadas, negó la ejecución de secuestros,

desapariciones y tortura en la ESMA y descalificó la labor de la CONADEP. Asimismo, insistió en

que “se ganó una guerra contra la subversión” y añadió un punto importante al discurso militar: “por

acción u omisión participó toda la sociedad”.223

La aparición de exrepresores y militares en el

espacio público manifestó que las memorias de la dictadura que reivindicaban su trayectoria o parte

de su actuar estaban vigentes.224

Esa actitud fue consecuencia, en parte, de la profunda crisis

económica que un sector de la población asoció con la democracia, por la que reclamaba y, en

ocasiones, autorizaba un Estado autoritario que impusiera el orden con mano dura.

221 Tal fue el caso de la declaración de Víctor Ibáñez, exsargento del Ejército, quien confesó que también esa fuerza

arrojó al mar a detenidos vivos. A diferencia de la Armada, el Ejército salió a contrarrestar la declaración de Ibáñez. El

general Martín Balza, jefe del Ejército, autocriticó sus actos durante el periodo 1976-1983 y asumió la cuota de

responsabilidad de la fuerza. 222 Intendentes, ministros y otros funcionarios ocuparon cargos en la democracia tras haberlo hecho durante la dictadura. 223 CELS, Op. cit, 1996. 224 Daniel Lvovich y Jaquelina Bisquert, Op. cit., p. 63.

74

En 1995, apareció un nuevo organismo de derechos humanos: Hijos por la Identidad, la Justicia,

contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). Se integraba por jóvenes de poco más de veinte años que

eran hijos de desaparecidos políticos, prisioneros y exiliados, tenía como ejes de trabajo “la

exigencia de justicia, la necesidad de reconstruir la historia personal, rescatar el espíritu de lucha de

sus padres y la búsqueda de sus hermanos robados y privados de su identidad”.225

La agrupación

añadió nuevos elementos a la configuración del relato de la dictadura militar, el tono combativo y la

reivindicación de la lucha llevada a cabo por sus padres y su pasado militante. Además, introdujo una

práctica para denunciar a los represores: el escrache.226

La nueva centralidad de la memoria de la

represión provocó un giro en su cobertura periodística. Los medios de comunicación asumieron

como propia la tarea de encargarse del “deber de memoria”, se comprometieron a difundir el

recuerdo de lo sucedido con el fin de evitar su olvido y comenzaron a construir los acontecimientos

“haciendo hincapié en el carácter emotivo de los testimonios, volviendo el tema del pasado

dictatorial un espectáculo masivo”.227

En esta época, los ODH aumentaron su poder de convocatoria, situación que fue patente en los actos

para conmemorar el golpe de Estado. El acto organizado por Madres de Plaza de Mayo reunió a 20

000 personas, en su mayoría jóvenes. En ese evento las agrupaciones nucleadas en la Comisión

Provincial por la Memoria la Verdad y la Justicia presentaron la Declaración Popular. En ella

establecieron una continuidad de las luchas entre el pasado y el presente, entre las políticas

implementadas por el poder militar y las consecuencias sociopolíticas y económicas de ese periodo.

El golpe de Estado adquirió un nuevo sentido; además de detonar la represión ilegal, también fue

responsable directo de la política económica neoliberal extendida hasta los años noventa.

225 Extracto de la página www.hijos.org.ar (Consultada en octubre de 2010). 226 En éste, los manifestantes marcharon hasta el domicilio de algún represor con el fin de marcar el lugar con un graffitti y tornarlo visible para su entorno. Su objetivo fue mostrar la identidad de los represores para “lograr, a través de la

condena social, una condena legal que diera cárcel a los asesinos responsables del genocidio”, Ídem. 227 Daniel Lvovich y Jaquelina Bisquert, Op. cit., p. 65.

75

Durante los años noventa, en el plano de la impartición de justicia, se abrieron dos tipos de juicios

contra los militares: uno por la apropiación de niños y otro por la verdad. 228

Al mismo tiempo, la

justicia internacional abrió causas judiciales que también los involucraron. En 1996, el juez español

Baltasar Garzón comenzó los procedimientos para procesar a los uniformados argentinos que

participaron en la última dictadura. En el año 2000, la justicia francesa e italiana los condenó debido

a las vejaciones sufridas por ciudadanos de dichos países. Tales causas acarrearon conflictos

internacionales entre la justicia europea y el Estado argentino sobre cuestiones de jurisdicción

territorial. Cada vez que un tribunal extranjero solicitaba la extradición de los imputados, este

gobierno se negaba argumentando la pertinencia del principio de territorialidad.

Las políticas respecto al pasado implementadas por el presidente Menem no se modificaron a pesar

del resurgimiento del tema relacionado con el pasado represivo en la esfera pública y de la

transformación de los relatos construidos en torno a la violencia política por las organizaciones

dedicadas a la defensa de los derechos humanos, algunos militares, medios de comunicación y

distintos sectores de la población. El gobierno tampoco cambió su discurso de pacificación nacional

ni dejó de reivindicar los indultos; así se demostró en el mensaje que el jefe del Ejecutivo pronunció

con motivo de la conmemoración del golpe de Estado número veinte, en el cual sostuvo: “no me

228 Desde el retorno de la democracia, la organización Abuelas de Plaza de Mayo se encargó de localizar a los hijos de

desaparecidos nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus padres. La ley de Obediencia Debida no contemplaba el

delito por apropiación de menores entre los que no podían juzgar a los militares, lo cual permitió que se procesara y

encarcelaraa varios de ellos por esta causa. El gobierno argentino firmó el 15 de noviembre de 1999 un acuerdo con la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que aceptó y garantizó el derecho a la verdad, que consistía en el

agotamiento de todos los medios para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas. En tanto no se obtuvieran

resultados, la obligación no prescribe. En el primer caso, los juicios se basaban en el derecho a la identidad de los niños

nacidos en centros clandestinos de detención a quienes dieron en adopción los captores de sus padres. Por otro lado, los

juicios por la verdad se fundamentaron en el derecho de los familiares de desaparecidos a conocer la verdad acerca del

destino final de sus consanguíneos independientemente de que se castigara o no a los culpables, en “Desaparecidos: firmaron un con la CIDH”, Clarín, 16 de noviembre de 1999. http://edant.clarin.com/diario/1999/11/16/t-01001d.htm

(Consultado el 10 de octubre de 2010)

76

arrepiento de nada. Durante la campaña electoral hablaba de la necesidad de pacificar al país para

transformarlo y los hechos me dan la razón: hemos cerrado definitivamente la herida”.229

El 10 de diciembre de 1999 el candidato de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación

(Alianza), Fernando de la Rúa, asumió la presidencia. La agenda de su partido no puso en marcha un

programa gubernamental en materia de derechos ni para revisar el pasado dictatorial. En cambio,

centró sus recursos en resolver cuestiones que consideraba primordiales: la economía, la estabilidad

monetaria, el desempleo y la corrupción, respondiendo a los problemas que provocó el gobierno

anterior. Para la Alianza, el pasado represivo reciente “cerrado” durante la presidencia de Menem no

representaba una prioridad.

Entre 1995 y 1999 el tema de violencia sistemática durante el régimen militar adquirió mayor

presencia en el espacio público y aumentó el poder de convocatoria de los organismos. Los nuevos

actores, así como las nuevas demandas y causas judiciales —nacionales e internacionales—

promovieron otra lectura renovada del pasado. En algunos casos —como el de HIJOS y Madres de

Plaza de Mayo— abrieron nuevos elementos de discusión sobre la naturaleza de las víctimas,

recolocándolas como sujetos políticos con filiaciones ideológicas y prácticas concretas.

Además, el relato militar experimentó un quiebre: algunos uniformados, como Scilingo, ofrecieron

una relectura de los acontecimientos, y otros, como Massera, reivindicaron su actuación y

mantuvieron la representación del pasado en términos de la “lucha antisubversiva”, aunque aceptaron

la violencia represiva que ejercieron. Por su parte, los medios de comunicación se apropiaron de un

deber de memoria que mediatizó el tema del pasado dictatorial. Si bien esta difusión permitió dar una

mayor presencia del asunto en el espacio y la opinión públicos, éstos priorizaron la emotividad del

tema por encima de la búsqueda de soluciones a las demandas de justicia.

229 Daniel Lvovich y Jaquelina Bisquert, Op. cit., p. 67.

77

Desde 1995, aun cuando las iniciativas del gobierno nacional tendieron a la clausura del pasado, la

memoria condenatoria de la represión ganó mayor presencia en el espacio público: los ODH lanzaron

nuevas propuestas para transformar la conmemoración del pasado dictatorial, actores oficiales y no

oficiales se ocuparon en construir monumentos, coordinar archivos y elaborar producciones

culturales y señalamientos simbólicos de espacios vinculados a la represión ilegal.

A principios de 1998, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó, con la ley 46,

crear el Parque de la Memoria en una franja costera del Río de la Plata. En ella se dispuso la

construcción de un paseo público, un monumento y varias esculturas destinadas a conmemorar y

recordar a las víctimas de la última dictadura militar.230

Durante el acto de colocación de la primera

piedra de la obra, los organismos que se habían negado a participar en la iniciativa —Madres de

Plaza de Mayo, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, HIJOS— repudiaron a los participantes,

pues consideraron que el gobierno y sus leyes imponían un silencio que pretendía congelar esos

hechos sin responsables ni consecuencias en la actualidad.231

Para acordar qué nombres se inscribirían en el monumento, las organizaciones y distintos sectores de

la sociedad reflexionaron en torno a la definición de la naturaleza de las víctimas; cada uno conforme

a su perspectiva del pasado decidía cuáles se incluirían en él. Esto provocó una fragmentación en el

movimiento en defensa de los derechos humanos, originada por la diversidad de interpretaciones del

pasado. Cada organización compartía una postura, ideología e identidad, así como varios métodos,

objetivos y reivindicaciones políticas que se conjugaron durante la etapa más álgida de la represión

clandestina, pero que, con la llegada de la democracia se dividió y dispersó. En consecuencia,

230 Ibíd., p. 71. 231 Daniel Lvovich y Jaquelina Bisquert, Op. cit., p. 72.

78

disminuyeron su capacidad para atraer a nuevos públicos.232

Algunos, incluso, radicalizaron su

visión respecto al perfil ideológico político de las víctimas del terrorismo de Estado.233

Como se ha visto, entre 1984 y 1998 los organismos de derechos humanos mantuvieron sus

demandas con respecto al pasado dictatorial y se cruzaron con los distintos relatos acerca del

régimen militar que se discutieron en el espacio público. Su participación en la conmemoración del

pasado sirvió para mantener vivo su recuerdo, encontrar la verdad y obtener justicia, posicionarse en

el espacio como garantes de la memoria del pasado y para lanzar iniciativas para rememorarlo.

Así, en los acontecimientos que se retomarán el siguiente capítulo se encontrará que el intento de

imponer la pacificación nacional y la participación de los organismos detonaron una nueva disputa

marcada por la llegada al poder del grupo encabezado por Néstor Kirchner.

232 Para un debate sobre este tema, véase Elizabeth Jelin, “La política de la memoria: el movimiento de derechos

humanos y la construcción democrática en la Argentina”, en Carlos H. Acuña et.al., Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina, Buenos Aires, Nueva visión, 1995, pp. 101-146; y Hugo Vezzetti,

Sobre la violencia revolucionaria: memorias y olvidos, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2009. 233 Tal es el caso de Madres de Plaza de Mayo e HIJOS.

79

Capítulo 4. La consolidación de un lugar de memoria: 1998-2007

Introducción

En este capítulo se analizará la participación de los organismos de derechos humanos en la

configuración de un símbolo del pasado dictatorial en el edificio de la ESMA, en la recuperación del

predio, la conformación del Espacio para la memoria y cómo su disputa para definir los sentidos del

pasado permitió la consolidación de un lugar de memoria.

El decreto de traslado. 1998

A mediados de los noventa, las iniciativas de organismos de derechos humanos para recordar el

pasado represivo y conmemorar a los desaparecidos se manifestaron con especial fuerza, tal es el

caso de la creación del Parque de la Memoria y del Monumento en Homenaje a las Víctimas del

Terrorismo de Estado234

. Al mismo tiempo, las declaraciones del exjefe de automotores de la ESMA,

Adolfo Scilingo, del exalmirante Massera y de los testimonios de sobrevivientes235

–que apenas

llegaban a la televisión en esta etapa– reabrieron el tema de la represión y la violencia del régimen

militar. Frente a esta irrupción de la memoria de la violencia política en distintas dimensiones de la

vida pública, se encontró la posición institucional reivindicada por el gobierno menemista: la política

de reconciliación nacional que justificaba el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo

dictatorial. Ambos discursos, el de la verdad, el juicio y castigo a los culpables y el de la

reconciliación, se encontraron en disputa durante todo su gobierno.

234 Un estudio sobre la constitución del Parque de la memoria se puede localizar en Vania Barbuto, Inscribir el futuro. Estrategias de patrimonialización y construcción democrática, Tesis de grado, Buenos Aires, Universidad de Buenos

Aires, 2007. 235 Claudia Feld, Op. Cit., 2008.

80

En este escenario, el 6 de enero de 1998, el presidente Carlos Saúl Menem anunció la firma del

decreto 8/98 mediante el cual se solicitaba que las instalaciones de la ESMA se trasladaran a la Base

Naval de Puerto Belgrano en Bahía Blanca en un plazo de año y medio, que se derrumbara el

conjunto edilicio y se creara un área verde de uso público en el que se construiría un símbolo de la

unidad nacional.236

La noticia del traslado no era nueva; meses atrás el gobierno había abierto la

posibilidad de trasladar la escuela argumentando que las instalaciones eran insuficientes para el buen

desempeño de la institución,237

sin embargo, la implementación de este proyecto no tenía una fecha

fija y no se consideraba prioridad en la agenda pública. Pese a la sorpresa, las condenas y críticas que

despertó el anuncio de trasladar la escuela a la base naval en distintos sectores de la oposición y del

gobierno, el gabinete de ministros avaló la propuesta.238

Este anuncio relanzó en el espacio público

la disputa por el sentido del pasado.

La respuesta de las organizaciones de derechos humanos y otros sectores que se oponían al anuncio –

la oposición al gobierno nacional en la legislatura y el gobierno porteño– se movilizaron para

mostrar su desacuerdo: los organismos realizaron tres marchas frente al edificio; el bloque de

diputados del FREPASO –que había presentado el proyecto para dejar sin validez las denominadas

Leyes del Perdón– presentó un proyecto de resolución para rechazar la iniciativa. Por su parte, el

bloque del FREPASO de la legislatura porteña presentó un proyecto para que el gobierno de la

ciudad reclamara la restitución del predio.239

Mientras tanto, los partidarios de la propuesta

presidencial consideraron que el proyecto se encontraba en consonancia con el deseo “mayoritario”

de los argentinos: dejar atrás el recuerdo del pasado violento para alcanzar la “unidad nacional”.240

236 CELS, Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, Buenos Aires, CELS, 1998, p. 48. 237 “Topadora para barrer la memoria”, Página 12, Buenos Aires, Argentina, 8 de enero de 1998, pp. 2-3. 238 “Ni los marinos están conformes”, Página 12, Buenos Aires, Argentina, 9 de enero de 1998, p. 2. 239“Una campaña contra el olvido”, Página 12, Buenos Aires, Argentina, 9 de enero de 1998, p. 3. 240

El Ministerio de Defensa se pronunció a favor del decreto pues lo consideró “razonable, lícito, dirigido al bien común

y la satisfacción de intereses públicos”, en “La ESMA es del pueblo”, Página 12 en Línea, Buenos Aires, Argentina, 17

81

Entre enero y febrero de 1998, estas posturas abrieron un debate y cada una perfiló una idea del peso

que poseía el pasado en el desarrollo de la vida democrática. Por un lado, para los organismos de

derechos humanos y los grupos que se oponían a la aplicación del decreto era primordial conservar

los símbolos de la represión estatal ejercida en el pasado reciente y preservar la memoria.241

Su

propuesta consistía en trasladar las instalaciones de la ESMA a otra Base Militar sin que se

demolieran los edificios que habían albergado el centro clandestino de detención durante la dictadura

y en solicitar la cesión del espacio para crear un museo de la memoria. Esta posición consideraba que

el edificio era un símbolo de la violencia ejercida por el Estado y una prueba judicial que permitiría

presentar evidencias en los juicios que se encontraban en curso. Del otro lado, para el sector que

consideraba que el proyecto beneficiaría a la reconciliación de los sectores de la sociedad argentina

que se encontraban en pugna242

–siguiendo la consigna menemista de superar el pasado– la prioridad

era dejar atrás las contradicciones que se habían originado durante la dictadura.243

La intención de

esta postura era trasladar la institución y demoler el edificio para construir un monumento a la

reconciliación nacional: un área verde que rodearía un mástil con la bandera argentina. El espacio

sería un paseo público, un monumento y un lugar de recepción para los jefes de Estado que visitaran

el país.244

de octubre de 1998. http://www.pagina12.com.ar/1998/98-10/98-10-17/pag03.htm [Consultado el 10 de enero de

2011] 241 En ese momento el proceso de verdad y justicia se estaban revirtiendo puesto que el principal canal de justicia se

canceló con los indultos; y la verdad que se había consensuado previamente, comenzaba a negarse. 242 “ESMA: el Gobierno salió a rechazar las críticas”, Clarín, 9 de enero de 1998.

http://edant.clarin.com/diario/1998/01/09/t-01601d.htm [Consultado el 22 de octubre de 2010] 243 Según las palabras de Menem: “la sociedad argentina necesitaba dejar a un lado el pasado para reconciliarse y

fortalecer el Estado derecho y el sistema democrático”, en CELS, Op. cit., 1998, p. 28. 244 En palabras de Menem: “ese lugar lo vamos a utilizar para hacer las recepciones a las personalidades que nos visiten,

como las que tienen otros países”, en “Topadora para barrer la memoria”, Página 12, Buenos Aires, Argentina, 8 de

enero de 1998, p. 2-3.

82

Para oponerse a la decisión presidencial los organismos de derechos humanos actuaron desde dos

frentes: se movilizaron con protestas multitudinarias245

y presentaron un recurso de amparo. En el

primer frente, se realizaron tres actos en la misma semana: la organización Madres de Plaza de Mayo

lanzó una campaña internacional para impedir que el lugar se convirtiera en un monumento a la

reconciliación; las juventudes de la Unión Cívica Radical y del FREPASO se manifestaron en contra

de la demolición del edificio colocando una bandera blanca y roja de 30 metros sobre Avenida del

Libertador; y, finalmente, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo convocó a un acto en la ESMA

que reunió a 2000 personas. En el segundo frente, el recurso de amparo, presentado por Laura

Beatriz Bonaparte de Bruschtein de la agrupación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y

Graciela Palacio de Lois de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, el Juez

federal Osvaldo Guglielmino ordenó al poder Ejecutivo que se abstuviera de demoler el edificio de la

ESMA y los ciudadanos firmantes pidieron que el inmueble no fuera demolido y que permaneciera

sin modificaciones porque representaba un símbolo de la violencia estatal.

La oposición a la decisión presidencial se basaba en la importancia que se le había otorgado al

edificio, su impronta de símbolo de la violencia estatal –y patrimonio cultural de la nación246

– y su

calidad de prueba judicial.247

En esos términos, para el movimiento de derechos humanos la

demolición constituía una “imposición de olvido y la sustitución del recuerdo por una reconciliación

sin justicia”.248

A partir de enero de 1998, “recuperar”249

el predio donde se ubicaba la ESMA se

convirtió –en materia de memoria– en el objetivo del movimiento de derechos humanos.

245, en “Sin perder la memoria”, Página 12, 14 de enero de 1998, p. 5. 246 CELS, Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, Buenos Aires, CELS, 2001, p. 6. 247 El inmueble podría aportar pruebas en las dos causas judiciales abiertas: por el conocimiento de la verdad sobre el

destino de los desaparecidos y por la búsqueda de los niños apropiados durante la dictadura. 248 CELS, Op. cit., 1998, p. 4. 249 No es posible hablar de “recuperación” –término utilizado por el discurso del movimiento de derechos humanos– pues, en sentido estricto, el predio nunca perteneció a dichos organismos. Entrevista a Emilio Crenzel sociólogo, profesor

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, realizada por Ana Laura Deceano, el 21 de

septiembre de 2010 en Buenos Aires, Argentina.

83

El jefe de gobierno porteño, Fernando de la Rúa –interesado en el predio–, también reaccionó ante el

decreto del presidente e impulsó un juicio contra el gobierno nacional para recuperar el terreno. 250

Por ese camino empezó una demanda judicial entre la ciudad y la nación por la posesión del predio y

entre los organismos y familiares y el Estado nacional para que no se derribaran las edificaciones.251

La legislatura de la ciudad, por su lado, un campo fértil para los temas de memoria, presentó un

proyecto para la construcción del “Instituto de la Memoria Nunca Más” para cuando la ESMA

volviera a la jurisdicción de la ciudad. Esta institución dirigiría un museo e impartiría conferencias y

cursos sobre derechos humanos.252

Por su parte, las Fuerzas Armadas reaccionaron con beneplácito cuando el presidente Menem

anunció el decreto de traslado. Para justificar el traslado a otra base naval, los militares redactaron un

informe técnico sobre la inviabilidad de albergar a las instituciones en el predio de avenida del

Libertador.

El 16 de octubre de 1998, un juez federal declaró inconstitucional el decreto 8/98. El magistrado

consideró que la sede histórica de la ESMA era patrimonio cultural argentino y debía ser

protegido.253

Posteriormente, los gobiernos nacionales descartaron la posibilidad de demoler los

edificios, pero trasladaron nuevas actividades al predio para que el gobierno de la ciudad, la otra

250 En la ordenanza que hacía efectivo el traspaso entre la Municipalidad de Buenos Aires y el Ministerio de Marina se

estableció que “si por cualquier causa se diera otro destino al terreno, éste pasaría inmediatamente al poder de la

Municipalidad con todas las construcciones que se hubieran efectuado, sin derecho a indemnización alguna”. La acción

legal del gobierno local se centró en oponer esta cláusula de la ordenanza para invalidar el primer artículo del decreto

8/98 donde se anunciaba que el predio dejaría de ser usado como escuela militar, en “De infierno a Museo del Nunca

Más”, Página 12 en Línea, 2 de junio de 2000. http://www.pagina12.com.ar/2000/00-06/00-06-02/pag15.htm

[Consultado el 10 de enero de 2011] 251 Entrevista a Valeria Barbuto, coordinadora del área de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales, el 16

de septiembre de 2010, en Buenos Aires, Argentina. 252 “Una ofensa a la sociedad”, Página 12 en Línea, 26 de mayo de 2000. http://www.pagina12.com.ar/2000/00-05/00-

05-26/pag15.htm [Consultado el 10 de enero de 2011] 253 “A pesar del horror que ese edificio encarna, se trata de expresiones de nuestra cultura y debemos comprender que su

testimonio también forma parte de nuestro patrimonio cultural, por cuyo motivo no puede ser destruido por los

gobernantes de turno y reemplazado por un monumento cualquiera”, en CELS, Op. cit. 1998, p. 49.

84

causa en curso, no se quedara con la propiedad.254

Para ello, la Marina, defendió su pretensión de no

entregar la ESMA255

, reforzó el carácter educativo del predio e instaló nuevas instituciones en él: el

Liceo Naval, la Escuela Náutica, la Escuela Fluvial. 256

Además, en mayo de 2000, el Ministro de

Defensa, Ricardo López Murphy, declaró que se encontraba estudiando la creación de un centro de

capacitación de las escuelas de Guerra de las tres armas que serían unificadas en el predio. También

mencionó que proyectaba centralizar todas las actividades de capacitación y las escuelas conexas de

las Fuerzas Armadas en ese terreno.

El 1º de junio del 2000, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley 392, mediante la

cual revocó la cesión del predio de la ESMA a la Marina y dispuso que se instalara un museo. Según

esta iniciativa todo el predio de la ESMA debía volver al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y

los edificios en los que se alojaron detenidos, se aplicaron torturas y nacieron bebés apropiados

serían destinados al Instituto del Museo de la Memoria Nunca Más. El Ministro de Defensa, López

Murphy, se negó a entregar la ESMA y dejó clara su posición sobre los museos: “No voy a auspiciar

un monumento, museo o algo similar en un entorno militar porque eso actuaría como elemento de

conflicto”.257

Los organismos de derechos humanos reaccionaron al anuncio258

y fueron los primeros

254

“Menem trasladó –de Puerto Belgrano al terreno de la ESMA– las escuelas de Náutica y la Nacional Fluvial”, en “El

fin del velo que cubría la ESMA”, Página 12 en Línea, 8 de octubre de 2004.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-42068-2004-10-08.html [Consultado el 10 de enero de 2011] 255, en CELS, Op. cit., 2001, p. 28; “Defensa se resiste a que la ESMA sea un museo”, Página 12 en Línea, 19 de mayo de

2000. http://www.pagina12.com.ar/2000/00-05/00-05-19/pag04.htm [Consultado el 10 enero de 2011] y “Una ofensa a la sociedad”, Página 12 en Línea, 26 de mayo de 2000. http://www.pagina12.com.ar/2000/00-05/00-05-26/pag15.htm

[Consultado el 10 de enero de 2011] 256 Entrevista a Daniel Schiavi responsable del área de Relaciones Institucionales del Archivo Nacional de la Memoria,

realizada por Ana Laura Deceano, el 23 de septiembre de 2010, en Buenos Aires, Argentina. 257 El mismo día declaró –sobre el juicio que se seguía en México al exrepresor de la ESMA Ricardo Cavallo–: “los

hechos aciagos, los delitos que ocurrieron en la Argentina, los episodios que fueron analizados y resueltos por nuestros

poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, deben mantenerse y respetarse tal cual son”, en “México concedió la

extradición a Cavallo”, La Nación, 3 de febrero de 2001. http://www.lanacion.com.ar/50895-mexico-concedio-la-

extradicion-de-cavallo [Consultado en 23 de octubre de 2010]; CELS, Op. cit., 2001, p. 28 y “Defensa confirmó que no

quiere un museo en la ESMA”, Página 12, 2 de febrero de 2001. http://www.pagina12.com.ar/2001/01-02/01-02-

02/pag06.htm [Consultado el 10 de enero de 2011] 258 “De infierno a Museo del Nunca Más”, Página 12 en Línea, 2 de junio de 2000.

http://www.pagina12.com.ar/2000/00-06/00-06-02/pag15.htm [Consultado el 10 de enero de 2011]; “Insisten en crear un

museo”, Clarín, 27 de mayo de 2000. http://edant.clarin.com/diario/2000/05/27/p-02503.htm [Consultado el 22 de

85

en interesarse en crear instituciones que promovieran y mantuvieran el recuerdo del pasado

dictatorial. Tal fue el caso de la creación del Instituto Espacio para la Memoria –IEM– en el que

participaron los organismos de derechos humanos, el gobierno porteño y representantes de distintos

bloques de la Legislatura. Este ente autónomo se creó para resguardar y transmitir la memoria e

historia de los hechos ocurridos entre el terrorismo de Estado y la recuperación del Estado de

Derecho. Entre las funciones del organismo se encontraba la recuperación de predios o lugares de la

ciudad de Buenos Aires donde hubieran funcionado centros clandestinos de detención o hubieran

ocurrido otros acontecimientos representativos de la época promoviendo su reinserción en la

memoria urbana. 259

El Archivo Nacional de la Memoria, inaugurado en diciembre de 2003 por el

gobierno nacional, fue otra institución creada para analizar, clasificar, digitalizar y archivar

información, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos y libertades

fundamentales que comprometieran la responsabilidad del Estado argentino, sobre la respuesta social

e institucional ante esas violaciones y para atender los temas derivados de la conmemoración del

terrorismo de Estado.260

Entre 1998 y 2000, la acción de las instituciones judiciales y legislativas y el apoyo del movimiento

de derechos humanos posibilitaron la declaración de inconstitucionalidad del decreto 8/98 y el

traspaso del predio al gobierno local. Durante esos años se definieron las dos posturas que se

disputaron el espacio público hasta la apertura del museo al público. Cada relato del pasado, –el de

los organismos que hacían alusión a las violaciones a los derechos humanos y al terrorismo de

Estado, el de los militares que habían reconocido su papel en la violencia, pero que aún la

octubre de 2010]; entrevista a Valeria Barbuto, coordinadora del área de Investigación del Centro de Estudios Legales y

Sociales, realizada por Ana Laura Deceano, el 16 de septiembre de 2010, en Buenos Aires, Argentina. 259 Ley 961, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, No. 1602, Buenos Aires, 6 de enero de 2003. 260 La presidencia de este organismo se encuentra a cargo del secretario de derechos humanos del Ministerio de Justicia,

Seguridad y Derechos Humanos y cuenta con un secretario ejecutivo designado por el presidente. Decreto 1259 de

creación del Archivo Nacional de la Memoria, sancionado el 16 de diciembre de 2003.

86

justificaban en términos de la “guerra contra la subversión”, y el del gobierno nacional que prefería

cancelar y olvidar el pasado para alcanzar la reconciliación nacional– se abrieron paso en los medios

de comunicación y en el imaginario colectivo. La lógica en la que se presentaron los argumentos por

parte de los familiares y sobrevivientes de la represión dictatorial para dirimir la disputa fue la

significación y la atención que a ella pusieron los medios de comunicación, pues a partir de

establecer la visión de las víctimas y del tono emotivo del testimonio, su perspectiva se convirtió en

la memoria hegemónica.

El traspaso. 2004

Néstor Kirchner llegó al gobierno argentino después del caos económico, político y social que había

experimentado el país en 2001. Su estrategia de campaña, que aludió a la responsabilidad social,

encontró eco en ciertos sectores de la sociedad argentina. Durante su gobierno se operó una

transformación acerca de la política sobre el pasado. En junio de 2003,261

Kirchner se acercó a los

organismos de derechos humanos para restablecer las relaciones entre gobierno y movimiento.

Algunos de ellos se habían mostrado reacios a cualquier acercamiento con los políticos tradicionales,

pero el discurso kirchnerista los convenció de que debían realizar el encuentro. Incluso las Madres de

Plaza de Mayo que habían sido críticas del gobierno justicialista reconocieron, al final de la reunión,

que el nuevo presidente no se comportaba de la misma forma que lo habían hecho el resto de los

políticos que habían pasado por la Casa Rosada desde el inicio del periodo democrático. La voluntad

política que mostró el gobierno kirchnerista desde los primeros meses de gestión incrementaron su

capital político con el conjunto de organismos de derechos humanos quienes comenzaron a apoyarlo

en sus proyectos. Algunas acciones que catapultaron la confianza de los organismos en Kirchner

261 “No todos son lo mismo como habíamos creído”, Página 12 en Línea, 4 de junio de 2003,

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/20994-8026-2003-06-04.html [Consultado en junio de 2012] .

87

fueron el anuncio del relevo de toda la cúpula militar y la nueva designación como Jefe del Ejército

al General Roberto Bendini, el pronunciamiento en favor de la nulidad de las Leyes de Punto Final y

Obediencia Debida y el impulso de su tratamiento en la Corte Suprema de Justicia, su apertura para

discutir la posibilidad de tratar una ley de extradiciones que anulara el decreto firmado por De la Rúa

–que imponía el principio de territorialidad e impedía la acción de la justicia internacional–. La

anulación del decreto que impedía las extradiciones de los militares juzgados en el extranjero, la

anulación de las leyes del perdón decretadas por Alfonsín y la reapertura de las causas ESMA y del

primer cuerpo del ejército también representaron la nueva postura del gobierno en referencia al

pasado.

Esta política de derechos humanos generó malestar entre los sectores militares y en el sector de la

sociedad que los reivindicaba –como algunos grupos de la Iglesia–. Doce altos oficiales retirados

criticaron públicamente las estrategias del gobierno que permitirían las extradiciones de militares. en

reacción a la anulación de las leyes del perdón y a la importancia pública que recobró el tema de la

violencia sistemática ejercida por el Estado en el periodo 1976-1983. Por estas declaraciones, el jefe

de la Armada los sancionó.

Durante la conmemoración de los treinta años del golpe de Estado se organizaron actos que

reunieron a los organismos de derechos humanos y al gobierno. El presidente protagonizó una

actividad en el Colegio Militar durante la cual decretó como día feriado inamovible el 24 de marzo y

autorizó el pleno acceso a los archivos militares de la dictadura. Además, solicitó a la justicia que se

pronunciara sobre los indultos que consideró inconstitucionales. El discurso de Kirchner se

desenvolvió en términos de “reconstrucción del país” a partir del análisis de la memoria, la justicia y

la verdad. Según Kirchner, antes de la reconciliación era necesario realizar una reflexión sistemática

de los acontecimientos. Dicho análisis permitiría establecer responsabilidades entre los sectores de la

88

sociedad civil que habían dado su respaldo total o parcial al régimen pues consideraba que “no sólo

las Fuerzas Armadas tuvieron responsabilidad en el golpe: también ciertos sectores de la sociedad

tuvieron su parte –prensa, iglesia y clase política”.

Desde la llegada de Néstor Kirchner al gobierno argentino, las condiciones para el trabajo de

memoria, verdad y justicia cambiaron diametralmente. Su política de memoria incluyó reconocer la

responsabilidad del Estado en la represión ejercida durante la dictadura, permitir al poder judicial

que llevara a cabo los juzgamientos a los responsables, reivindicar la labor del movimiento de

derechos humanos y apoyarlo en la consecución de sus demandas. Construir un espacio para la

memoria en el terreno que ocupaba la ESMA fue una de las propuestas que apoyó el gobierno de

Kirchner. Su solicitud incluía el desalojo de las 17 hectáreas que constituyen el predio, que el lugar

fuera preservado como prueba en los juicios contra los militares y que se realizara un debate nacional

para definir cuál sería el uso del espacio. Esa intención se confirmó el 8 de marzo de 2004 cuando el

presidente expresó su apoyo a la petición262

de la construcción de un museo de la memoria.263

La decisión de Kirchner de disponer del edificio de la ESMA generó polémica en algunos sectores de

las Fuerzas Armadas y entre los padres y alumnos264

que pidieron que, en una sección del predio,

262 Petición firmada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,

el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Comité de Acción Jurídico de la Central de Trabajadores Argentinos, la Correpi –Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional–, la Asamblea Permanente por los

Derechos Humanos de La Plata y Liberpueblo.

263 Días antes el ministro de defensa, José Pampuro, había mencionado que allí permanecerían las escuelas de la Armada,

en “Kirchner dio su palabra”, Página 12 en Línea, 9 de marzo de 2004. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-

32461-2004-03-09.html [Consultado el 10 de enero de 2011] 264 El 19 de marzo, exdetenidos del centro clandestino que funcionaba en la ESMA junto con el presidente y algunos

funcionarios –la primera dama, Cristina Fernández; el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; el secretario de

Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, y la

subsecretaria de Derechos Humanos de la ciudad, Gabriela Alegre– visitaron por primera vez el edificio del Casino de

Oficiales, la Enfermería y la Imprenta. En dicha visita los sobrevivientes del centro se encontraron con los padres de

alumnos del Liceo Naval que aún funcionaba dentro del predio. Los padres aprovecharon la presencia del presidente para plantearle sus quejas por el traslado del lugar. Intentaron hablar con Kirchner, pero el presidente los esquivó, en “Qué

importante sería que todos puedan ver esto”, Página 12 en Línea, 20 de marzo de 2004.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-33037-2004-03-20.html [Consultado el 10 de enero de 2011]

89

continuaran funcionando las actividades educativas. 265

Sin embargo, el proyecto de constitución de

un Espacio para la memoria ya estaba avanzado y, pese a las manifestaciones de rechazo, siguió

adelante.

El 24 de marzo de 2004, durante la conmemoración del 28 aniversario del golpe de Estado, realizado

en las instalaciones del predio, el presidente y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,

Aníbal Ibarra, concretaron el convenio que convirtió el centro clandestino de detención de la Marina

en el “Espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos”.266

Al mismo tiempo

acordaron la restitución del predio al ámbito local y la creación de una Comisión Bipartita267

cuya

finalidad sería supervisar las tareas de desocupación y traspaso que se efectuarían antes del 31 de

diciembre de 2004.268

El mismo día, después de la firma del acuerdo, el presidente Néstor Kirchner –

en su discurso final– pidió perdón en nombre del Estado Nacional “por la vergüenza de haber callado

durante veinte años de democracia tantas atrocidades”.269

En el mismo acto, Mabel Gutiérrez–

265 Ese mismo día la administración de Kirchner garantizó la continuidad del aprendizaje de los marinos. El gobierno

anunció que los cursos de la Escuela Nacional Naval que se dictaban en la ESMA, a partir de 2005, serían albergados en

un edificio ubicado en la Avenida Antártida Argentina 1535, en el barrio de Retiro. Entre las escuelas en cuestión figuran

el Liceo Naval Almirante Brown, creado por la fundación civil Centro de Graduados del Liceo Naval en el año 2000, que

brinda instrucción secundaria con orientación en Marina Mercante; la Escuela Nacional Náutica Manuel Belgrano, fundada en 1799, dedicada a la formación de oficiales de cubierta y máquinas de la Marina Mercante; y la Escuela

Nacional Fluvial Comodoro Antonio Somellera, que fue fundada en 1942 y se dedica a la formación técnica profesional

de oficiales de la Marina con orientaciones en navegación por ríos argentinos y cabotaje fluvial y marítimo, en “Con la

escuelita al barrio de Retiro”, Página 12 en Línea, 20 de marzo de 2004.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/33037-11639-2004-03-20.html [Consultado el 10 de enero

de 2011] 266 El 5 de agosto de 2004 los diputados de la legislatura porteña ratificaron la creación del Espacio para la Memoria en el

predio que ocupara la ESMA, en “Legisladores que hicieron memoria”, Página 12 en Línea, 6 de agosto de 2004. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-39244-2004-08-06.html [Consultado el 10 de enero de 2011]

267 Dicha Comisión fue integrada por Eduardo Luis Duhalde, Emilia Judith Said y Carlos Laforgue, por parte del

gobierno nacional y María José Guembe y Margarita Jarque por el gobierno de la ciudad. También participaron en ella

los organismos de derechos humanos, representantes de familiares e hijos de las víctimas y de las personas que habían

sido detenidas en el predio, además de otras organizaciones representativas de la sociedad. 268 La Comisión Bipartita definiría la consulta permanente a los organismos de derechos humanos y a otras entidades; el

espacio del predio de la ex ESMA que se dedicaría al museo, si debía permitirse que funcionaran otros edificios

vinculados con los derechos humanos, definiría si el Espacio para la Memoria coexistiría con las escuelas de la Armada o

si éstas desalojarían el predio por completo. “La ESMA o los dilemas sobre qué estilo debe tener recordar el pasado”,

Clarín, 20 de marzo de 2005. http://edant.clarin.com/diario/2005/03/20/elpais/p-942241.htm [Consultado el 11 de octubre de 2010]; CELS, Op. cit., 2005, p. 36. 269 “La verdad es la libertad absoluta”, Página 12 en Línea, 25 de marzo de 2004.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-33243-2004-03-25.html [Consultado el 10 de enero de 2011]

90

representante del organismo Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas–, leyó

un documento firmado por doce agrupaciones: “La ESMA, a partir de hoy, será patrimonio del

pueblo argentino. La decisión política del presidente de la nación lo ha hecho factible. Esto es el

fruto de que en estos 28 años los organismos de derechos humanos, los familiares, los

sobrevivientes, el pueblo y los exiliados hayamos mantenido nuestras banderas de verdad y justicia y

preservado la memoria.”270

El traspaso del terreno entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires fue un acontecimiento

simbólico en varias direcciones. Primero fue una manifestación del creciente interés del gobierno

nacional por atraer al debate público las discusiones sobre el recuerdo del pasado dictatorial,

situación que los organismos de derechos humanos capitalizaron para aliarse con el jefe del ejecutivo

y así incrementar su participación en la toma de decisiones sobre el predio. Segundo, contribuyó a

incrementar el peso simbólico del inmueble, pues por primera vez entre sus paredes el jefe del poder

ejecutivo reconoció la participación del Estado en la represión militar. Tercero, el discurso de los

organismos de derechos humanos fue legitimado por los gobiernos local y nacional para hablar

acerca del pasado dictatorial. Cuarto, el discurso referente a la “guerra contra la subversión” de las

Fuerzas Armadas fue en franco declive.

A partir de la firma del acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos

Aires se inauguró una nueva etapa en el proceso de constitución del Espacio para la memoria. Entre

1998 y 2004 la participación de los organismos de derechos humanos, movilizaciones, demandas,

apariciones en los medios y presiones, permitió la anulación del decreto 8/98, evitó el traslado de las

instituciones, la construcción de un monumento a la unidad nacional en el predio, posibilitó el

traspaso del predio al gobierno local y relanzó el tema del recuerdo del pasado represivo al espacio

público. 270 Ibidem.

91

Después de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, los organismos encontraron un interlocutor

que abrió espacios para el acercamiento, la discusión, así como la solución de algunas demandas.

Una vez que el predio se encontró bajo la tutela del gobierno nacional se operó el traspaso simbólico

hacia los organismos. Al hacerse cargo de la administración del predio y del diseño de los contenidos

del discurso del museo, salvadas las barreras judiciales, con las causas abiertas para juzgar a los

responsables de la represión, y con el apoyo de las instituciones y del gobierno, los organismos

modificaron sus estrategias de intervención.

A partir de marzo de 2004, una vez establecido el destino del predio, se implementaron actividades

que permitieron inaugurar el Espacio para la memoria. El primer punto fue fortalecer las

instituciones del gobierno nacional y del gobierno local que darían continuidad al proyecto de

constitución del Espacio –el Archivo Nacional de la Memoria y el IEM–. El segundo fue promover la

participación de la sociedad en la construcción de la narrativa del predio. Para ello, en junio de 2004,

fue lanzada una convocatoria al público para que presentaran propuestas y ayudaran a definir los

contenidos del Espacio. En 2006, se invitó a algunos grupos de profesionales vinculados a la

museología, el arte, la arquitectura, la reflexión académica para que dieran su opinión al respecto del

contenido del museo.271

El tercer punto consistió en generar espacios para la participación de los

organismos de derechos humanos con iniciativas como la propuesta por el IEM en la que se

reunieron representantes de los organismos, diputados y expertos en el tema para determinar cómo

funcionarían los CCD recuperados en la ciudad de Buenos Aires.272

Esos organismos273

se

coordinaron para realizar encuentros de reflexión acerca de la naturaleza del recuerdo en el futuro

271 CELS, Op. cit., 207, pp. 55-58 272 A partir de ese momento se reunió cada 15 días para definir qué se haría con los predios que funcionaron como

centros clandestinos y que eran recuperados por la ciudad, en “Espacio para la Memoria” Página 12 en Línea, 21 de julio

de 2004. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-38467-2004-07-21.html [Consultado el 11 de enero de 2011] 273 Ocho de los cuales pertenecían a la asociación Memoria Abierta: Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Madres de Plaza de Mayo-Línea

Fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social

Argentina y Servicio de Paz y Justicia.

92

museo. El 8 de agosto de 2004 se realizó la primera de tres jornadas. Se reunieron más de cien

personas para discutir el rol del Estado en el futuro Museo de la Memoria: el papel de los organismos

de derechos humanos, el contenido del Espacio y el espacio temporal por abarcar. Llegaron a varios

consensos: primaría la pluralidad, el Espacio se pensaría como un legado intergeneracional y el

Estado debía garantizar el funcionamiento –pero no delinear el contenido– del museo.274

Según su

discurso, la construcción de la memoria que sería transmitida en el museo era responsabilidad del

movimiento de derechos humanos, por lo que, el Estado debía garantizar el funcionamiento del

espacio, pero no diseñaría sus contenidos. Así, muy temprano en el proceso de construcción del

espacio, este contó con la participación continua de los organismos, la distribución y el diseño de su

contenido se mantuvo, y se mantiene, en sus manos, pues se convirtieron en el actor más calificado

para tomar decisiones con respecto al museo y al predio.

El 28 de diciembre de 2004, la Comisión Bipartita recibió una fracción del predio de parte del

Almirante Jorge Omar Godoy, Jefe del Estado Mayor General de la Armada. A partir de ese

momento, las autoridades y las organizaciones de derechos humanos comenzaron a debatir la

ubicación y el contenido del museo de la memoria, el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional de

Derechos Humanos Enrique Angelleli. En este debate se acordó que el museo sería ubicado en la

parte frontal del terreno y que los emprendimientos llevados a cabo en el resto se decidirían

posteriormente. Los nuevos espacios serían públicos y gratuitos y se relacionarían con la memoria y

los derechos humanos. Si bien los funcionarios de la Comisión Bipartita aseguraron que una vez

concretada la primera etapa de desalojo, el Espacio para la memoria estaría en condiciones de

funcionar, algunas organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes rechazaron iniciar

operaciones hasta que el predio estuviera desalojado por completo. Este sector planteaba que la

274 En “Debate sobre qué mostrará, y cómo, el Museo de la Memoria en la ESMA” Página 12 en Línea, 9 de agosto de

2004. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-13668-2004-08-09.html [Consultado el 12 de enero de 2011]

93

Marina debería desalojar el predio antes de ocuparlo, para evitar la convivencia entre “víctimas y

victimarios”. Otros organismos buscaron trabajar en estos espacios desalojados para consolidar la

primera parte del proyecto vinculada al sitio histórico –donde funcionó el centro clandestino– y a la

creación de un museo de la memoria –en los edificios emblemáticos, como el de las cuatro

columnas.275

A comienzos de 2005, se capacitó un equipo de guías con base en la lectura de testimonios y

bibliografía sobre la dictadura y por medio de talleres a cargo de sobrevivientes del centro

clandestino de detención y especialistas en el tema. El edificio del casino de oficiales fue marcado

con carteles que indicarían al público los puntos más importantes del recorrido.276

Los señalamientos

incluyeron planos y textos277

que describían el funcionamiento de la ESMA a partir de testimonios

de los sobrevivientes.278

En ellos se narró qué ocurría desde el ingreso al predio hasta el casino de

oficiales, siguiendo el recorrido al que eran sometidos los detenidos-desaparecidos y en cada una de

las habitaciones del casino: “capuchita” –en el altillo–, el sótano, los dormitorios de los oficiales, la

habitación para las embarazadas. El relato se complementó con testimonios de los sobrevivientes y

constituyó la única intervención programada para realizarse en el casino.279

Debido al tamaño del

terreno y la fragmentación del espacio, el relato, mostrado en los letreros, se integraría a partir de la

narración realizada durante la visita guiada. De ahí la importancia del contenido de los señalamientos

y el relato del guía. Otra intervención fue material gráfico de difusión –una guía y cronograma de

275 CELS, Op. cit., 2005, p. 34. 276 “La ESMA o los dilemas del estilo que debe tener recordar el pasado”, Clarín, 20 de marzo de 2005.

http://edant.clarin.com/diario/2005/03/20/elpais/p-942241.htm [Consultado el 11 de octubre de 2010] 277 El viernes 24 de junio el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, la subsecretaria de Derechos Humanos de la ciudad,

Gabriela Alegre y los representantes de organismos de derechos humanos recorrieron el predio de la ESMA para conocer

los carteles con el recorrido que realizaban los detenidos desaparecidos. Estela Carlotto y Buscarita Roa, de Abuelas de

Plaza de Mayo, y Lita Boitano y Hugo Argente, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, en

“El futuro Museo de la Memoria de la ESMA empieza a tomar forma”, Página 12, 25 de junio de 2005.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-52855-2005-06-25.html [Consultado el 12 de enero de 2011] 278 Ibidem. 279 Comisión Bipartita, Informe del Espacio para la Memoria y para la Promoción y defensa de los Derechos Humanos,

Recurso electrónico, 2007. http://www.derhuman.jus.gov.ar/espacioparalamemoria/ [Consultado en noviembre de 2010].

94

traslados de cada dependencia de la ESMA– y las maquetas que mostraban el funcionamiento del

centro clandestino de detención y los cambios edilicios.280

El 30 de diciembre de 2005, Duhalde se reunió con los representantes de organizaciones de derechos

humanos para informarles que la construcción definitiva del espacio comenzaría a partir del 30 de

septiembre de 2007, cuando el predio se encontrara completamente libre. Les propuso conformar una

"Comisión ad-hoc" de la Comisión Bipartita para consensuar el proyecto definitivo del Espacio de la

memoria que surgiría de las propuestas que habían llegado tras la convocatoria publicada en 2004.281

Esa Comisión tendría facultades para organizar debates y talleres con los interesados en aportar

proyectos que convergieran con el espíritu del museo. Una de sus tareas sería realizar reuniones

especiales para escuchar la opinión de otras organizaciones sociales282

.

En el periodo que comprende la firma del traspaso del predio del gobierno nacional al gobierno local

y la apertura del Espacio memoria (2004-2007) se observan tres fenómenos importantes para esta

investigación. En primer lugar, con la llegada al gobierno nacional de Néstor Kirchner, la postura

estatal acerca del pasado dictatorial se transformó. El presidente reconoció la responsabilidad del

Estado nacional en la violencia política desatada por el régimen dictatorial y apoyó la consecución de

las demandas de los organismos de derechos humanos. En segundo lugar, este reconocimiento validó

al movimiento de derechos humanos y consolidó su visión como la más autorizada para hablar sobre

la violencia política desplegada por el régimen militar (1976-1983). En tercer lugar, con la firma del

convenio del 24 de marzo, el proceso de constitución del Espacio memoria, iniciado en 1998, inició

280 CELS, Op. cit., pp.55-58. 281 “Dos años más para darle forma al Museo de la Memoria en la ESMA”, Página 12 en Línea, 31 de diciembre de

2005. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-61158-2005-12-31.html [Consultado el 12 de enero de 2011] 282 Esta comisión se reunió por primera vez el 8 de febrero de 2006 y se avocó a la lectura y análisis de las distintas

propuestas presentadas, acordó el destino y las características de los principales edificios que integrarían el Espacio para

la Memoria, aprobó la realización de reproducciones digitales y maquetas que facilitarían la comprensión del funcionamiento del campo de detención y avanzó en el diseño de una muestra fotográfica permanente sobre la actividad

represiva del Estado frente a los movimientos sociales emergentes durante el siglo XX, entre otras actividades, en

Comisión Bipartita, Op. cit.

95

una nueva etapa, pues a partir de este momento, las estrategias que se implementaron se dirigieron a

plantear los contenidos del Museo y del Espacio para la memoria que funcionarían en el predio.

Estos contenidos fueron definidos por los organismos de derechos humanos, familiares de

desaparecidos y sobrevivientes, ciñéndose a sus discursos y a sus banderas de lucha. La participación

de otros actores, la sociedad y de investigadores profesionales –historiadores, sociólogos, curadores

de museo– fue mínima. En este periodo la agenda pública aumentó su interés por los temas de

justicia, verdad y memoria del pasado dictatorial. Los organismos de derechos humanos fueron los

encargados de dar seguimiento puntual al tema lo que permitió que recuperaran el espacio y

diseñaran los contenidos del predio. Los organismos utilizaron esta oportunidad para crear un

espacio en el que la visión de las víctimas del nombrado “terrorismo de Estado” obtuviera un lugar

para mantener vivo el recuerdo dictatorial.

La apertura del Espacio para la memoria. 2007

A partir del 1° de octubre de 2007, fecha en la que venció el plazo acordado para el desalojo

completo del predio, el interés de las instituciones encargadas del traspaso fue asegurar que los

organismos de derechos humanos nucleados en el Instituto Espacio para la Memoria mantuvieran el

control del predio.283

Para ello, estos últimos consensuaron con el presidente Néstor Kirchner la

283 Como parte de los trabajos de desalojo del predio y de instalación del Espacio para la memoria, el 9 de mayo de 2007

la Comisión se reunió para adjudicar a distintas instituciones y dependencias de gobierno algunos edificios. El reparto

quedó de la siguiente forma: el pabellón central –el edificio emblemático de cuatro columnas–, el casino de oficiales, la

enfermería, la imprenta, el taller mecánico y el pabellón Coy fueron otorgados al Instituto Espacio para la Memoria. Los

edificios de la Escuela de Guerra Naval y el anexo contiguo, conocido como "La Panadería Vieja" fueron cedidos al

Archivo Nacional de la Memoria. Abuelas de Plaza de Mayo quedó a cargo del edificio que perteneció a la Escuela

Superior de Náutica donde colocaría la Casa por la Identidad; Familiares de Desaparecidos y Madres de Plaza de Mayo –

Línea Fundadora– ocuparían el pabellón “Alfa”, e HIJOS el pabellón “Delta”. Una vez que los edificios fueron

asignados, cada institución definió sus propios tiempos para adecuar el espacio e iniciar operaciones. Los edificios a

cargo del IEM recibieron un trato especial pues ahí funcionaría el Museo de la Memoria, mientras que el casino de

oficiales –sede del centro clandestino de detención–, fue intervenido con carteles, por lo demás continuó tal cual lo entregaron los militares: vacío. El contenido de los carteles y la visita guiada estuvieron a cargo del IEM y de los

organismos de derechos humanos, familiares y sobrevivientes. En marzo de 2007 la Comisión administraba más del 50

del predio donde alguna vez funcionó la ESMA. Las instalaciones que continuaban operando en el terreno eran las

96

administración del predio a partir de la creación de un ente autárquico, autónomo e

interjurisdiccional con representantes de la nación, de la ciudad y de los organismos de derechos

humanos. Así se aprecia en las declaraciones de la directora ejecutiva del IEM, Ana María Careaga:

“Digamos que la pelea de los organismos y de otros actores sociales fue una pelea larga, sostenida en

treinta años para preservar las conquistas. Y si se piensa en un ente autárquico y autónomo para

administrar un predio como éste es para garantizar la recuperación de un predio emblemático ante

cualquier resultado de elecciones y preservar el carácter de esa lucha.” 284

Con la firma del acta

compromiso para realizar el traspaso, el 1º de octubre de 2007, la participación de los organismos de

derechos humanos se fortaleció y se colocó junto con el IEM como el actor que definiría el camino

del proyecto. La directora ejecutiva del IEM, declaró: “[La apertura del museo de la memoria] es un

hecho histórico que tiene que ver con una lucha sostenida por los organismos de derechos humanos

que desde hace treinta años han bregado por la verdad, la memoria y la justicia y es ésta la voluntad

que sentimos que debe guiar sobre este predio”.285

Los organismos de derechos humanos participaron en los actos que abrieron el espacio al público de

manera oficial. Tanto el 3 de octubre, cuando se realizó la ceremonia oficial del traslado del

complejo286

como el 20 de noviembre cuando Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner

(presidente electa y presidente saliente, respectivamente) visitaron el edificio para anunciar la

escuelas de Guerra, de Náutica y Nacional Fluvial, el Liceo Naval Almirante Brown, la Biblioteca de la Armada y el Centro de Estudios Estratégicos. Ese sector militar se encontraba separado del Espacio para la Memoria por un vallado.

La desocupación definitiva del predio fue convenida para el 30 de septiembre de 2007 y su apertura al público en los

primeros días de octubre. Para ello la Comisión Bipartita realizó las tareas de desalojo y traspaso y adecuó los contenidos

del sitio. Para septiembre de 2010, el museo histórico aún no se había instalado. Acuerdo reconocido por la Comisión

Bipartita en el Acta firmada el 19 de junio de 2007. 284 “El Museo de la Memoria, más cerca de su apertura”, Página 12 en Línea, 24 de septiembre de 2007.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-29240-2007-09-24.html [Consultado el 12 de enero de 2011] 285 “Nunca más la Armada en la ESMA”, Página 12 en Línea, 2 de octubre de 2007.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-92327-2007-10-02.html [Consultado el 12 de enero de 2011] 286 En la ceremonia también estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis

Duhalde, en representación del jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, el ministro de Derechos Humanos de la ciudad, Omar Abboud, los integrantes de la Comisión Bipartita y representantes de los organismos de derechos humanos del

IEM, “Profundizar el rescate de la memoria de los años terribles”, Página 12 en Línea, 4 de octubre de 2007.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-92435-2007-10-04.html [Consultado el 12 de enero de 2011]

97

creación del ente que se encargaría de administrar el predio. Después de la ceremonia de traslado del

complejo el museo de la memoria se abrió a la visita espontánea del público, aunque la mayoría de

los edificios se encontraba en proceso de adjudicación y en labores de mantenimiento. El recorrido

por el museo-sitio de memoria, el “casino de oficiales”, la enfermería y el edificio de las cuatro

columnas, no era –ni lo es en la actualidad— libre.287

En cambio, este se realiza en compañía de un

guía –formado para proporcionar un relato uniforme sobre el lugar.288

La apertura del espacio, tres años después del anuncio de la creación del museo, en 2004, no se

habría logrado sin la participación constante de los organismos de derechos humanos y sin la

voluntad política del grupo que se encontraba en el gobierno nacional; sin embargo, los debates entre

las organizaciones que lo administran también se ha manifestado. Por ejemplo, para Enrique

Fuckman, sobreviviente del centro clandestino y miembro de la Asociación de Ex Detenidos

Desaparecidos, “la ESMA tiene sentido para darse cuenta de la inmensidad del aparato represivo y

con esto lo que se está haciendo [dividir el predio para entregar a cada organismo un edificio] es un

loteo por espacios entre organismos”. La propuesta lanzada por la Asociación de Ex Detenidos

Desaparecidos era mantener prácticamente intactas las 17 hectáreas, señalizarlas con algunos textos

informativos sin dividirla pues consideraban que la ESMA debía tomarse como una unidad represiva

en conjunto y que el proyecto de loteo “desnaturalizaba la dimensión absoluta del terrorismo de

Estado”. Discusiones como esta demostraron que, la simple posesión del predio no era suficiente

para finalizar las discusiones acerca del sentido del pasado. Cierto es que, para ese momento, el

consenso de la mayoría de los organismos de derechos humanos y algunos sobrevivientes de la

ESMA había logrado abrirse lugar en el espacio público y relanzar el debate acerca del contenido del

discurso y la operación del predio.

287 Para visitar el edificio del casino de Oficiales es necesario concertar una cita con representantes del IEM. 288 Para una narración de la visita guiada, véase el Anexo 2 de este trabajo.

98

En el acto realizado para anunciar la creación del ente interjurisdiccional289

que administraría el

predio, el presidente mencionó que “La ESMA había sido recuperada”,290

haciendo clara alusión a la

cesión del poder a los organismos de derechos humanos que se encontraban en el acto. Sin duda, las

figuras que más atrajeron la atención en ese acto fueron las de Estela Carlotto y Hebe de Bonafini,

titulares de Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo.291

Esta última, se había

caracterizado por rechazar cualquier relación con otros gobiernos y políticos y por dirigir uno de los

organismos más combativos y militantes que no participaron en las negociaciones durante los tres

años que duró el desalojo del predio, y cuyo acercamiento con el gobierno nacional en últimas

fechas, le permitió obtener un espacio para desarrollar actividades: el edificio que antes ocupaba el

Liceo Naval.

En las ceremonias que se han mencionado en este apartado existe un traspaso tanto material como

simbólico de los sentidos del pasado. A la creación del ente interjurisdiccional por parte del gobierno

nacional y de la entrega de la administración a dicho ente, se le suma el traspaso simbólico a los

organismos de derechos humanos de la toma de decisiones con respecto al destino y al contenido del

predio. Si bien este ya se había operado desde 2004, no fue sino hasta la apertura del predio al

público cuando el presidente declaró “[el predio] está en manos de quien debe estar” 292

que la

transmisión del poder se hizo oficial. Si los organismos tenían la palabra del gobierno empeñada, fue

289 El 20 de noviembre del 2007 fue creado el Ente para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos encargado de coordinar el funcionamiento y mantenimiento del Espacio para la Memoria. Este ente gestiona el

predio como un espacio de interés común, pues aunque todas las instituciones realizan actividades alrededor de la

promoción y defensa de los derechos humanos, éstas no se encuentran integradas. Cada institución funciona de forma

independiente, lo que proporciona autonomía pero también fragmenta el espacio e impide la correcta organización y

ejecución de las actividades. El Ente fue conformado por un miembro del Poder Ejecutivo Nacional, un representante del

gobierno de la ciudad de Buenos Aires – que pertenece al IEM– y un tercero asignado por el Directorio, compuesto por

catorce organismos de derechos humanos y un sobreviviente de la ESMA que no participara en ellos. “Memoria en

construcción”, Página 12 en Línea, 23 de marzo de 2008. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-101176-2008-03-

23.html [Consultado el 12 de enero de 2011] 290 “Gesto de Cristina Kirchner en la ESMA”, La Nación, 21 de noviembre de 2007. http://www.lanacion.com.ar/964116-

gesto-de-cristina-kirchner-en-la-esma [Consultado el 22 de octubre de 2010] 291 Este organismo se había opuesto a todas las iniciativas para construir museos o monumentos de conmemoración del

terrorismo de Estado, incluidos el Parque de la Memoria y el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. 292 Ibídem [Consultado el 22 de octubre de 2010]

99

en esta operación en la que el gobierno nacional les entregó por completo la responsabilidad que

habían buscado desde fines de los noventa.

Los organismos de derechos humanos se encargaron, a partir de las movilizaciones y las

negociaciones con los distintos niveles de gobierno, de mantener la presencia del pasado dictatorial,

el testimonio de las “víctimas del terrorismo de Estado” y la emotividad de su discurso, presentes en

los medios de comunicación y en el espacio público. Vale decir que sin su participación esta

iniciativa no se habría podido concretar.

Un lugar de memoria

Los organismos de derechos humanos, familiares y sobrevivientes participaron en la “lucha por la

memoria” y en la “resistencia al olvido”293

que implicó, en 1998, evitar la construcción de un

monumento a la “unidad nacional” en un edificio símbolo de la dictadura militar en una época en que

el gobierno había cancelado el tratamiento de los temas de justicia y memoria del espacio público. Su

participación en la constitución de un museo de la memoria permitió que, a partir de la segunda

mitad de la década de 2000 –cuando las demandas fundamentales del movimiento de derechos

humanos, la verdad, justicia y memoria ya se habían echado a andar–, se diera paso a otro objetivo

en esta “lucha por la memoria”: mantener y transmitir el recuerdo del pasado represor.

La disputa de los organismos por situar su representación del pasado dictatorial como hegemónica en

el espacio público permitió el relanzamiento del tema del recuerdo del pasado y las iniciativas de

conmemoración del régimen militar mencionadas más arriba. Además, la legitimidad de sus

demandas y sus métodos para lograrlas los colocó como el interlocutor autorizado para dirimir los

conflictos que se sucitaran alrededor de las discusiones sobre el pasado y como los actores

principales en el proceso de constitución del museo de la memoria en el ex CCD de la ESMA. Por

293 CELS, Op. cit., 2000.

100

último, vale mencionar que fue su presencia, participación y la consecución de sus demandas que un

lugar de memoria que se había creado a sí mismo por la acción de los hombres sobre el espacio,

ahora fuera transformado en un museo de la memoria ex profeso para el resguardo y la recuperación

del pasado dictatorial argentino, circunstancia que lo consolidó como lugar de memoria.

101

Conclusiones

Conviene recapitular el objetivo principal de este trabajo para llegar a conclusiones al respecto:

demostrar que la participación de los organismos de derechos humanos (ODH) fue vital para

construir un museo de la memoria y consolidar un lugar de memoria en el ex centro clandestino de

detención ubicado en la ESMA.

El golpe mediático, provocado por los testimonios de los sobrevivientes, de los familiares de

víctimas y las exhumaciones de los restos, mostrados al término de la dictadura, dio una somera

noción de lo ocurrido en el predio durante el régimen, pero no bastó para dar mayor relevancia en el

espacio público al tema de los centros clandestinos de detención abiertos durante la dictadura. Por

esta razón, la labor de los ODH fue fundamental para que esto ocurriera. Éstos contribuyeron con

investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en los distintos espacios;

Abuelas y Madres de Plaza de Mayo continuaron la búsqueda para que hijos y nietos apropiados

durante la dictadura se identificaran y volvieran con su familia. Asimismo, llevaron a cabo actos en

contra del llamado “terrorismo de Estado” e iniciativas para conmemorar las fechas emblemáticas de

la dictadura; lucharon por la apertura de causas y juicios que demostraban los actos violentos

perpetrados durante la represión y ya en los años noventa, los hijos de los desaparecidos y las

víctimas de la violencia estatal se reunieron para manifestarse en su contra. Cabe mencionar que

también los militares coadyuvaron con sus declaraciones a mantener abierto el tema del pasado

violento y a que el sector castrense, el gobierno y la sociedad civil lo cuestionaran. Desde 1984, los

militares explicaban, en su lógica narrativa, que habían actuado obligados a responder a los excesos

de la violencia revolucionaria con una fuerza desmedida. Por otro lado, algunos sobrevivientes de la

violencia estatal tuvieron la oportunidad de hablar de su experiencia dentro y fuera de Argentina o

publicar textos narrativos a partir de ella.

102

Si bien la captura, el encarcelamiento y el secuestro dotaron por sí mismos de un significado al

conjunto edilicio que albergaba la ESMA, en realidad fueron el testimonio de las víctimas, el

discurso de los ODH e inclusive la declaración de los militares, los sucesos que llevaron a este

espacio a posicionarse en el imaginario colectivo como símbolo de la dictadura.

A partir de 1998, cuando el gobierno de Menem lanzó la iniciativa para demoler el conjunto edilicio

y construir en su lugar un monumento a la reconciliación nacional, los ODH comenzaron a ocupar un

papel protagónico en el escenario. Desde ese momento, se convirtieron en organizaciones garantes

de la supervivencia del símbolo y en el conjunto de voces con mayor autoridad para discutir su

futuro. Tras dos años de movilizaciones y juicios, consiguieron la “recuperación” del predio y, junto

a los dos niveles de gobierno, crearon las instancias necesarias para coordinar y gestionar el lugar.

Desde ese momento la tarea de los ODH consistió en dar forma y contenido al museo que se había

autorizado abrir en el emplazamiento recuperado.

Así pues, en esta etapa, dichas organizaciones se dedicaron a analizar y reconstruir el discurso que se

mostraría en el museo y a capacitar a quienes se encargarían de transmitirlo al público. Para ello,

organizaron investigaciones, mesas de discusión, movilizaciones, colaboración en juicios que

tuvieron eco en una sociedad y un gobierno favorables. Esta presencia más el apoyo sostenido de

algunos medios de comunicación, el debate intelectual y la participación del Estado evitaron que el

edificio se demoliera, permitieron que se donara para establecer el museo de la memoria, relanzaron

la discusión sobre el pasado reciente y dirimieron los contenidos y el futuro del espacio. Este proceso

no estuvo exento de dificultades provocadas por la naturaleza heterogénea de los organismos, pero

siempre se cuidó que las discusiones no rompieran los acuerdos alcanzados.

De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que el Espacio Memoria inaugurado en la ESMA se

considera un lugar de memoria porque condensa diversos significados del pasado (el de los ODH y

103

otros grupos de víctimas, así como el de los militares y sus partidarios) y su peso simbólico en el

imaginario colectivo ha aumentado y se ha resignificado a lo largo del tiempo, pues se volvió el

CCD más visible por su ubicación, por la complejidad que en él alcanzó el sistema represivo, y el de

“recuperación de detenidos”, por la cantidad de sobrevivientes que atestiguaron y el paso de

desaparecidos emblemáticos. Aunado a ello, cuando se inició el periodo constitucional, el predio se

convirtió en lugar central de las representaciones sobre la dictadura y la desaparición de personas,

además de un espacio para la concentración de manifestantes. También, resulta pertinente mencionar

que el Espacio puede ser considerado un lugar de memoria creado ex profeso por la necesidad de un

grupo de ODH y de familiares de víctimas de conmemorar sucesos que repercutieron en el

imaginario colectivo; este sector ha logrado preservarlo y, a partir de él, transmitir a la ciudadanía los

símbolos de la historia reciente. Durante su constitución se reactivaron luchas memoriales y políticas

que se encontraban relegadas en el espacio público a un lugar secundario.

Así pues, se puede concluir que la participación de las organizaciones de derechos humanos, quienes

durante más de treinta años pugnaron por dar a conocer la verdad, obtener justicia y mantener vivo el

recuerdo del pasado, fue fundamental en la configuración de un símbolo del pasado dictatorial en el

edificio de la ESMA, en la “recuperación” del predio y en la consolidación de un lugar de memoria.

Sus movilizaciones aceleraron el proceso de configuración del museo y los relatos que con ellas se

reactivaron impactaron en su presencia pública y en la consolidación del lugar de memoria. Además,

su presencia y reflexión en torno al museo definió el devenir cotidiano del Espacio al decidir y

producir su contenido y configurar los relatos que en él se contarían.

Una vez establecido el museo y el Espacio para la Memoria (ahora Espacio Memoria) surgieron

distintos desafíos y preguntas. Uno de los retos es lograr que la constitución de este tipo de espacios

continúe a largo plazo y forme parte de una política de Estado independiente de gobiernos, partidos o

104

condiciones económicas para funcionar con eficiencia. Los vaivenes que se han vivido en el predio

de la ESMA son consecuencia de la incertidumbre política y económica: en 1998 el proyecto del

gobierno nacional era convertir este terreno en un monumento a la reconciliación nacional, en 2004

el Estado gestionó el traspaso del predio al ámbito local para la creación del Museo de la Memoria y

en 2010 el gobierno local tuvo problemas para financiarlo. Además, crear una política de Estado

permitiría construir, mantener y coordinar una red integral de espacios y museos de memoria para

intercambiar experiencias, mejorar y fortalecer las prácticas que favorecen la preservación de los

derechos humanos.

Es importante considerar que, en esta etapa del museo, se debe hacer hincapié en la configuración del

lenguaje que se utilizará para transmitir el recuerdo del pasado a las nuevas generaciones que no

vivieron directa ni indirectamente el periodo dictatorial, ni reconocen las luchas libradas durante las

décadas de 1970 y 1980 en Argentina y América Latina. Ante esta situación, sería vital plantearse

qué recursos y estrategias utilizar para que se mantenga el interés por este espacio que redunde en la

consolidación y expansión de su influencia y en la discusión sostenida sobre el pasdo reciente.

En 2010, el Espacio para la Memoria inaugurado en la ESMA todavía se encontraba en construcción,

por lo que durante esta investigación se empezaron a plantear varias preguntas sobre los relatos que

se habían constituido en él, las cuales son dignas de responderse en trabajos posteriores. Por ejemplo,

¿cuál es la historia de cada edificio del predio?, ¿qué instituciones los han ocupado?, ¿cuáles son sus

proyectos?, ¿qué relato sobre el pasado transmitirán? En el caso de las narraciones, ¿qué tipo de

relatos se han constituido durante tres años de operación, hasta 2010?, ¿cómo los han resignificado

sus visitantes (docentes, alumnos, extranjeros)?, ¿qué tipo de apropiación del relato ha operado en

función del presente de los asistentes? Estas preguntas no se han podido responder en la tesis

presente, pero quedan abiertas para futuras líneas de investigación.

105

Anexo 1

106

Cronología

El 6 de enero de 1998 el presidente Carlos Menem firmó el decreto mediante el cual

autorizaba la demolición de los edificios que albergaban a la ESMA. Esta institución sería

trasladada a la Base Naval de Puerto Belgrano. El lugar que quedaría libre sería destinado

para construir un área verde y un monumento a la unidad nacional –un mástil con la bandera

argentina. Este espacio se utilizaría para recibir la visita de jefes de Estado o diplomáticos.294

En junio del año 2000 la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la

ley 392, reconoció que el Ministerio de Marina había incurrido en la clausula 5 del contrato

celebrado con la ciudad de Buenos Aires (esta clausula estipulaba que el predio podía ser

utilizado únicamente como centro de enseñanza, en caso de que éste transformara su uso,

dicho complejo edilicio volvería a las manos del gobierno de la ciudad), por lo que revocó

cesión del predio que ocupaba la ESMA. A partir de esta revocación la legislatura proyectó la

creación de un Museo de la Memoria.295

En diciembre de 2002 por medio de la ley 961, sancionada por la legislatura de la Ciudad de

Buenos Aires, fue creado el Instituto “Espacio para la Memoria”. Esta entidad fue creada para

resguardar y transmitir la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo

de Estado de los años setenta e inicios de los ochenta hasta la recuperación del Estado de

Derecho, así como los antecedentes, etapas posteriores y consecuencias con el objetivo de

promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos

humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana.

Una de las funciones del organismo sería recuperar los predios o lugares de la ciudad donde

hubieran funcionado centros clandestinos de detención o hubieran ocurrido otros

acontecimientos emblemáticos de la época promoviendo su integración a la memoria urbana.

Esta institución estaría integrada por un director, un secretario y un consejo directivo

integrado por un representante de cada organismo no gubernamental de derechos humanos

que participa, cinco miembros del Poder Ejecutivo de la Ciudad designados por el Jefe de

Gobierno, cinco miembros designados por la legislatura de la Ciudad que deberían reflejar la

composición política de los bloques que la componen y seis personalidades con reconocido

prestigio en la defensa de los derechos humanos nombrados por los otros veinte miembros.

El Poder Ejecutivo de la Ciudad proporcionaría un inmueble o instalaciones idóneas para el

funcionamiento del organismo mientras se resolvía el litigio del predio que ocupaba la

ESMA, sede final del Instituto.296

En diciembre de 2003 fue decretada la creación del Archivo Nacional de la Memoria,

organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio

de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Sus actividades fundamentales serían obtener,

analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones testimonios y documentos

294 Decreto 8/98 Trasládase la ESMA a la Base Naval de Puerto Belgrano. 9 de enero de 1998. Boletín Oficial. 295 Ley 392 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sancionada el 1 de junio de 2000. 296 Ley 961 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sancionada el 27 de diciembre de 2002.

107

sobre el quebrantamiento de los derechos y libertades fundamentales en que esté

comprometida la responsabilidad del Estado argentino y sobre la respuesta social e

institucional ante esas violaciones. La presidencia de este organismo estaría a cargo del

secretario de derechos humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y

contaría con un secretario ejecutivo designado por el presidente.297

El 24 de marzo de 2004 en el acto para conmemorar los 28 años del golpe de Estado, el

presidente Néstor Kirchner firmó un acuerdo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires

(por medio del jefe de gobierno Aníbal Ibarra) de traspaso del predio donde funcionó la

ESMA. Al mismo tiempo se acordó que este terreno se convertiría en el Espacio para la

Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Para ello, el Estado

Nacional realizaría los trámites necesarios para restituir el predio a la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. En este acuerdo también se convino crear una Comisión Bipartita cuya

finalidad sería supervisar las tareas de desocupación y traspaso del predio a efectuarse antes

del 31 de diciembre de 2004. Dicha comisión estaría conformada por representantes de la

Nación (provenientes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos) y de la

Ciudad (de la Subsecretaría de Derechos Humanos) además de que concedería la más amplia

participación a los organismos no gubernamentales de Derechos Humanos, representantes de

los familiares e hijos de las víctimas y personas que hayan sufrido detención-desaparición en

el predio y otras organizaciones representantes de la sociedad civil.298

En junio de 2004 se realizó la convocatoria pública para la presentación de propuestas en

medios gráficos de circulación nacional.299

El 6 de octubre del mismo año se reunió la Comisión Bipartita (compuesta por el Secretario

de Derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde y la Subsecretaria de Derechos Humanos de la

Ciudad, Graciela Alegre) para establecer el cronograma de desocupación y traspaso a la

Ciudad de Buenos Aires del predio donde funcionó el ex centro clandestino de detención

ESMA. En dicha reunión acordaron que, durante diciembre de 2004, la Armada desocuparía

el Casino de Oficiales, el pabellón central, la casa de suboficiales 1 y 2, el Quincho, la

enfermería y la Guardia. Durante julio de 2005 se trasladaría la Escuela de Náutica y la

Escuela Nacional Fluvial. En diciembre de 2005 serian trasladados el Liceo Naval Almirante

Brown, la Escuela de Guerra Naval, la Biblioteca Naval y el Centro de Estudios Estratégicos.

En este documento queda estipulado que cualquier otra dependencia naval que se encontrara

funcionando debería ser trasladada a otro inmueble antes del 31 de diciembre de 2005.300

El 28 de diciembre la Comisión Bipartita recibió una fracción del predio ESMA de parte del

Jefe del Estado Mayor General de la Armada. El Almirante Jorge Omar Godoy entregó la

casa de oficiales, el Quincho, Sanidad, Casa de suboficiales 1 y 2, Pabellón central, la

297 Decreto 1259 de la Presidencia de la Nación. 16 de diciembre de 2003. 298 Acuerdo firmado el 24 de marzo de 2004 ¿Son todos los datos que tienes de este acuerdo? 299 Informe de actividades del Instituto Espacio para la Memoria. Julio de 2006. 300 Acta de ejecución del Acuerdo. 6 de octubre de 2004

108

Guardia y el control de acceso y estimó que el resto del predio sería entregado en las fechas

estipuladas en el acuerdo firmado en octubre.301

El 29 de diciembre de 2005 se reunieron Eduardo Luis Duhalde y Gabriela Alegre para

actualizar el cronograma de desocupación y traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Debido al retraso experimentado en el traspaso, acordaron que antes del 15 de marzo de 2006

la Armada desocuparía los módulos de alojamiento, subestación, sala térmica, departamento

de ingeniería, pañol general, pañol de equipos, depósito de equipos, taller y garaje de

automotores, galpón de auxiliares, galpón de bomberos, edificio de talleres básicos, polígono

de tiro (excepto guardia), taller de marinería, iglesia y panadera. También acordaron que la

Escuela de Náutica, la Escuela Nacional Fluvial, la infraestructura y los espacios circundantes

denominados Enseñanza, Máquinas, taller de reparaciones, Pileta de Natación, lavadero,

enfermería, alojamiento de personal y casino de cadetes serían trasladadas antes del 31 de

diciembre de 2006. El Liceo Almirante Brown, la Escuela de Guerra Naval, la Biblioteca

Central de la Armada y el Centro de Estudios Estratégicos serían trasladados antes del 30 de

septiembre de 2007. De esta forma el predio debería quedar desocupado por completo (de

dependencias navales) antes del 30 de septiembre del 2007302

.

En cumplimiento con el acuerdo anterior, el 15 de marzo de 2006 se traspasó la segunda

fracción del predio con una superficie de 5 hectáreas. Desde ese momento la Comisión

Bipartita administró más del 50% del predio.303

El 1º de octubre de 2007 se abrió formalmente el Espacio para la memoria y para la

promoción y defensa de los derechos humanos.304

El 3 de octubre de 2007 la Armada argentina entregó a la Comisión Bipartita la totalidad del

predio donde funcionaba la ESMA.305

El 20 de noviembre de 2007 se creó el Ente público Espacio para la memoria y para la

promoción y defensa de los derechos humanos. Como ente de derecho público

interjurisdiccional con autarquía administrativa y económico financiera. La finalidad del Ente

sería la promoción y defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria del

Terrorismo de Estado como políticas públicas tendientes a evitar la repetición de crímenes de

lesa humanidad y la impunidad en Argentina. El Ente estaría presidido por un órgano

ejecutivo conformado por un representante del Poder ejecutivo Nacional (por medio del

Archivo Nacional de la Memoria) y uno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (por

medio del Instituto Espacio para la Memoria). A este lo asistiría un directorio integrado por

15 miembros de los cuales 14 serian organismos de derechos humanos y un representante

301 Acta de ejecución del Acuerdo. 28 de diciembre de 2004. 302 Acta complementaria. 29 de diciembre de 2005. 303 Acta de entrega parcial. 15 de marzo de 2006. 304 Informe de actividades del Espacio para la memoria. Marzo de 2007. 305 Acta de entrega. 3 de octubre de 2007

109

elegido por el consejo asesor (integrado por exdetenidos desaparecidos). En este convenio de

creación del Ente se estipuló la distribución de los edificios para la instalación de los distintos

organismos de derechos humanos, instituciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires,

de la Nación, regionales e internacionales.306

306 Acuerdo para la Creación del Ente Público Espacio para la Memoria y para la promoción y defensa de los derechos

humanos. 20 de noviembre de 2007.

110

Anexo 2

111

Visita al ex centro clandestino de detención

Las instalaciones donde se encontraba la Escuela de Mecánica de la Armada –ESMA– poseen un

terreno de 17 hectáreas en el que hay 34 edificios. El predio está ubicado al norte de la ciudad de

Buenos Aires, en la costa, muy cercano al Río de la Plata.

Ocho de esos edificios se encuentran ocupados por Organizaciones de Derechos Humanos y un

Centro Cultural perteneciente al Archivo Nacional de la Memoria que a su vez depende del gobierno

nacional. Los demás edificios están asignados a organismos nacionales e internacionales de defensa

de los derechos humanos –de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y la Cultura, UNESCO– y a instituciones de formación reciente. Estos últimos se encuentran

desocupados.

El Casino de Oficiales es un edificio que se encuentra en un sector apartado del terreno, ocupa una

esquina sobre avenida del Libertador y la calle Pico, junto a la Escuela Técnica Raggio. En esta

construcción tuvo lugar uno de los casi 500 centros clandestinos de detención que funcionaron

durante el régimen militar (1976-1983). Por él transitaron casi 5000 personas de las cuales

sobrevivieron 200 aproximadamente. Los demás detenidos aún se encuentran desaparecidos.

La presente es la narración de la visita guiada a dicho edificio que realicé el 24 de septiembre de

2010.

Alrededor de Marina307

nos reunimos cerca de 40 personas. Somos un grupo compuesto, en buena

parte, por jóvenes que fueron al predio como parte de una actividad escolar y están acompañados por

su maestra. También hay un par de turistas argentinos, hombres y mujeres de 50 años

aproximadamente, y otros estudiantes que vienen por su cuenta, toman fotos y graban la visita.

Nuestro grupo es diverso en el también hay un par de visitantes extranjeros. El predio tiene cuatro

entradas, dos de ellas están habilitadas para la incursión peatonal en el sitio, nosotros estamos

reunidos en la entrada principal. Es la una treinta de la tarde y Marina se coloca al lado de un mapa

que muestra la composición del predio mientras funcionaba como escuela de la Armada y centro

clandestino de detención. Ella nos explica brevemente las principales características del periodo

dictatorial. Mientras estamos lejos del edificio que será la sede de nuestra visita, ella nos explica el

307 Marina es un nombre ficticio.

112

contexto para que comprendamos un poco lo que sucedía en Argentina mientras ese lugar se volvía

un centro de detención.

Todos, aunque un poco dispersos, caminamos hacia el casino de oficiales. Vamos con paso lento

pero marcado, haciendo preguntas a Marina sobre los edificios que encontramos en el trayecto.

Parece que el lugar nos provoca la misma sensación: una especie de repulsión e interés. En la

primera parada Marina nos da información sobre el edificio de las cuatro columnas: es la fachada de

la Escuela de Mecánica de la Armada y funciona como emblema de la institución. Nos dirigimos al

Casino. A nuestro paso, un jardinero que se encuentra cortando el pasto, detiene su labor un poco

para vernos pasar, un poco para descansar y otro poco para no perturbar nuestro paso.

Transitamos el mismo camino que un detenido desaparecido mientras Marina nos explica las

particularidades de la edificación. Pasamos el puesto de vigilancia. En el piso hay una marca, es una

canaleta que recorre el ancho de la calle. En ese lugar, durante el régimen militar, se encontraba una

cadena que funcionaba como retén. Gracias a esa marca, algunos sobrevivientes reconocieron la sede

de su cautiverio.308

Marina nos señala la enfermería de la ESMA. En ese lugar se atendía a los detenidos. En ocasiones

eran llevados al dentista para que arreglara sus dentaduras.

–Ustedes, ¿por qué creen que sucedía esto? ¿Por qué creen que un torturador se preocupó por

mantener cierto nivel de salud del detenido, cuando lo más probable es que éste terminaría muerto?,

pregunta Marina.

Una mujer de 50 años y un chico responden a la pregunta. Otra chica da su opinión. Durante toda la

visita establecemos un diálogo. Hay interés de varios visitantes por conocer más acerca del tema y

por dar su opinión.

–Los captores se consideraban dueños de la vida de los detenidos. Ellos decidían quien moriría y en

qué momento. Los detenidos no podían morir cuando sus cuerpos lo pidieran.

Incluso hay quienes realizan aportes al relato de Marina. Un joven menciona: el ambiente de terror

que se vivía dentro del centro clandestino era una reproducción de lo que estaba sucediendo en el

resto del país, en toda la sociedad.

Nos encontramos en la antesala del casino de oficiales y el ambiente se siente tenso. El sentimiento

general del grupo visitante es de repulsión. Varios asistentes comentan exaltados que lo sucedido en

308 Desde los primeros minutos de su secuestro, los detenidos eran “encapuchados”. La mayoría no supo dónde se

encontraba ni mantuvo contacto con el mundo exterior.

113

este lugar es un horror, una locura, un acto de enfermedad mental de un grupo de hombres. Otros

optamos por el desconcierto. En mi cabeza rondan muchas preguntas ¿cómo es posible que alguien

sea capaz de causar sufrimiento a un semejante, a otro ser humano? Aquellos que han torturado

¿cómo llegaron a ese punto? ¿Cómo pueden vivir con el recuerdo de la violencia? Mi pregunta:

¿cómo se configura el pensamiento de alguien que se dedica a violentar a otro ser humano?, ¿cuál es

su justificación?, ¿cuáles son sus objetivos? Busco razones que me convenzan de que esto no es una

locura, porque hablar de una locura es darle carta abierta al horror. Es justificarlo como un todo y

negarse la posibilidad de reflexionarlo y de hacer un análisis. Al responsabilizar a un grupo de

hombres, se exime de responsabilidad a tantos otros. Pese a ello, estoy de acuerdo lo hecho por los

torturadores es una aberración.

Llegamos a la parte trasera del Casino de oficiales. Por esta zona se ingresaba a los detenidos.

–Esta situación reforzó el carácter clandestino de toda la operación, dice Marina. Su comentario

causa cierta confusión. Para aclarar las dudas que surgen ella explica: Los captores levantaban a los

secuestrados a plena luz del día, de ser posible, ante testigos. Pero a veces lo hacían de forma

clandestina. Había algunos cautivos que nunca supieron en qué lugar se encontraban y sólo con la

posterior socialización de la experiencia supieron que estuvieron en la ESMA. Había otros que

caminaban por el espacio sin ningún problema, eran como de casa. Esa situación no significó que

uno u otro hubieran tenido mayores probabilidades de sobrevivir. Ambos tenían la misma

incertidumbre. Yo comento que si, con este ambiente, los militares buscaban crear confusión,

desestabilizar a la sociedad y promover la incertidumbre, 34 años después lo siguen haciendo.

Porque todos estos años después la sociedad argentina se sigue preguntando ¿cómo explicar la lógica

del sistema utilizado por los militares? y ¿cómo explicar la existencia del centro clandestino dentro

de esa lógica? Nunca habrá una explicación total y concluyente.

Marina responde que en el caso de los centros de detención no hay datos suficientes, provenientes de

fuentes diversas que se contrasten. Aquello que conocemos lo sabemos por la suma del testimonio de

los sobrevivientes. La versión de los ejecutores es mucho más difícil de encontrar. Los militares se

encargaron de borrar huellas y de negar lo ocurrido en lugares como la ESMA. Si nos ceñimos a los

hechos no existe una lógica, ni un sistema de funcionamiento. Pero, en un análisis más detallado, la

confusión y la incertidumbre son componentes esenciales de ese sistema.

Surgen más preguntas en el grupo de visita, pero también la duda, la incredulidad y la incapacidad

para aceptar que la tortura, el asesinato y la violencia tuvieron lugar en este espacio. Si para mi estos

114

acontecimientos son lejanos y me conmocionan sobremanera, para los visitantes argentinos –de todas

las edades– son un profundo shock. Sus familias y tal vez ellos mismos estuvieron sumergidos en ese

horror. El lugar y los sentidos que evoca provocan un fuerte impacto en todos nosotros, se nota en

nuestras caras y comentarios.

Marina hace lo posible por llevar la visita de una forma profesional. Es una mujer joven, de 29 años,

que estudió ciencias políticas. Relata los hechos con gran seriedad y sin perder el hilo de la

narración. Ha hecho este recorrido una considerable cantidad de veces y sabe cómo dirigir la

discusión. Escucha, guarda silencio, contesta, en ocasiones se niega a responder porque las pruebas

no son concluyentes o porque no hay respuesta contundente a ciertas preguntas. Como todos los

guías y personal del lugar sigue puntualmente la información que se da a conocer y el camino

recorrido en el juicio por la megacausa ESMA que se lleva a cabo en estas fechas. Para los guías es

vital contar con la información necesaria y actualizada para responder preguntas. Su objetivo es

conducir la reflexión de los asistentes, no sólo mostrar el centro de detención.

Entramos al casino de oficiales como los detenidos lo hicieron en su momento, por la puerta trasera.

Este edificio tiene cinco pisos: sótano, planta baja, 2 pisos y un altillo. El lugar se encuentra vacío,

sus únicos habitantes son los letreros indicativos y los planos que muestran las adecuaciones hechas

al lugar durante distintos momentos. Ambos están reconstruidos a partir de los testimonios de los

sobrevivientes. Al relato que proporciona la guía, junto con el sentido que nuestra experiencia le

otorga al espacio, se suma el testimonio de quien estuvo aquí, de quien sobrevivió narrado en estos

señalamientos. Sin la narración del guía y nuestra experiencia, el relato que privaría en el casino sería

el testimonio de la víctima, pues la voz dominante que recupera los recuerdos del terrorismo de

Estado considera que ellos son los legítimos herederos de la voz de los desaparecidos.

Ahora, dentro de un lugar tan simbólico e imponente, nos preguntamos cuestiones diferentes ¿Por

qué dejar vacío el lugar? ¿Cómo llenar el espacio? ¿Qué se colocó en este lugar? ¿Cuál es el relato

que se privilegia? Marina nos comenta que las instancias que dirigen el museo decidieron no colocar

fotografías con cuerpos malheridos o con los instrumentos utilizados para torturar porque ello sería

apelar a un sentimentalismo que tal vez conmueva durante un rato pero que no provocará una

reflexión de largo plazo.

Como el espacio se encuentra vacío cada uno de nosotros, con ayuda de la guía lo va dotando de

sentido. A todos los presentes nos remueve fibras sensibles, pero también nos interpela y nos lleva a

115

la reflexión. Hay un relato que intenta condensar la experiencia. Hay una experiencia que se intenta

transmitir y un grupo de personas que se apropian de ella de manera diferenciada.

Entramos al Salón dorado. Un espacio amplio e iluminado. Originalmente el lugar estaba destinado

para la reunión de los suboficiales. Durante la dictadura, las operaciones de secuestro del grupo de

Tareas 3.3.2 se planeaban allí.

Mientras el Casino de oficiales funcionó como centro clandestino de detención experimentó diversas

modificaciones edilicias en función de las necesidades que surgieron de la creciente complejidad del

funcionamiento del espacio. En un principio se dedicó al exterminio de todos los secuestrados. Todo

aquel que llegara al lugar era asesinado.309

Posteriormente, cuando los detenidos aumentaron su

tiempo de permanencia en el espacio, se colocaron nuevas paredes hechas con paneles sobrepuestos.

Con la visita de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos en 1979 las instalaciones se

modificaron de nuevo. Los militares taparon accesos, retiraron pruebas de la existencia de un centro

de detención o cualquier signo de violencia, llevaron a los detenidos a la isla de Tigre. Poco después,

el espacio fue modificado para colocar instalaciones que permitieran realizar trabajo de archivo,

redacción, fotografía en apoyo –obligatorio– al proyecto político de Massera. En los testimonios hay

analogías entre este lugar y la redacción de un periódico: “El lugar parece una redacción, la única

diferencia es que en ella, sus trabajadores –encadenados con grilletes– se encuentran vigilados con

cámaras y guardias”. Las huellas de estas etapas se quedaron en la construcción: una pared pintada

de un color distinto, un espacio que se ve sobrepuesto, un hueco donde no debería existir, un

testimonio.

Salimos del edificio y bajamos al sótano por una escalera empinada. Es una construcción rectangular,

gris, húmeda, con pequeñas ventilas –cercanas al techo– en la parte superior de la pared que en su

momento fueron tapiadas para cancelar todo contacto con el exterior. Este es el primer lugar al que

llegaban los detenidos. Aquí se realizaban las primeras torturas para obtener la información, quebrar

al individuo y debilitarlo. Yo tengo un ligero mareo. Una sensación de transitar por un espacio con

una densidad tal que hace difícil moverse y respirar.

Nuevamente, dentro del lugar, sólo hay letreros que muestran lo sucedido. Distintos relatos se

complementan: el de la guía, el de los letreros, los testimonios, las experiencias de los visitantes, el

lugar mismo. Lo recorremos en silencio. Pienso e imagino en el horror que representa este espacio.

Su existencia me rebasa y a veces no puedo entenderlo. Pero la realidad es que está ahí, es tangible,

309 De ahí la falta de información, registros o testimonios de esta etapa.

116

existe. Me pregunto qué piensan los demás. Están impactados, igual que yo. Considero que para

experiencias como ésta es necesario hacer un trabajo de elaboración para acomodar nuestras ideas.

Una reflexión sobre nuestra experiencia al realizar este recorrido. ¿Qué nos quedará de la visita y del

relato del lugar una vez que pisamos el exterior?

Entramos de nuevo al edificio. Subimos al primer piso. Es un pasillo que se extiende con cuartos

pequeños –deteriorados– con atmósfera de los años setenta. Iluminados pero tristes. En ellos

permanecían los detenidos hacinados, pues el espacio no es tan grande como para alojar a un

detenido por habitación. Utilizamos unas escaleras de mármol para subir al segundo piso conocido

como capucha. Una construcción en forma de U, dos alas laterales y un pasillo central que las

conecta. No tiene paredes que dividan el espacio, tiene columnas y trabes de hierro que, mientras el

edificio funcionó como centro clandestino, sirvieron para mantener a los detenidos encadenados.

Éste espacio tuvo diversos usos durante el funcionamiento del centro: un lugar de tortura, un

depósito de pertenencias extraídas a los detenidos y un sitio para el trabajo esclavo.

Al último piso se accede a través de una escalera pequeña empinada. Conocido como “capuchita”,

originalmente contenía los tanques de abastecimiento de agua, después fue adaptado como sala de

tortura. En ocasiones albergaba detenidos que pertenecían a otro grupo de tareas o a otro sector de las

Fuerzas Armadas. Es un cuarto mucho más pequeño, cuadrado. En el centro tiene los tanques de

agua y apenas está ventilado.

El grupo recorrió libremente capucha y capuchita –segundo piso y altillo–. Nos reunimos en el

primer piso. La sensación era de pesadez y solemnidad. Es impactante recorrer ese lugar, leer los

testimonios e imaginar los acontecimientos que ahí sucedieron.

Una vez que salimos del Casino de oficiales nos trasladamos al edificio Cuatro columnas donde

debería funcionar un museo de la represión, pero aún se encuentra en diseño. En este punto, Marina

nos relata los avatares a los que se ha sometido el predio: el decreto de 1998 para trasladar las

instalaciones de la institución militar y colocar en el espacio un monumento a la reconciliación

nacional, el traspaso del terreno al gobierno porteño, el acondicionamiento del Casino de oficiales

para que albergara el museo –la construcción que recién visitamos– y la apertura del Espacio para la

Memoria. En una pequeña habitación del edificio ella nos muestra una carpeta con algunos recortes

de periódico que tienen noticias sobre el proceso de constitución y algunos libros que hablan acerca

del régimen militar y de la ESMA. Por su parte ha sido todo. Ella da por terminado el recorrido. Pero

muchos no abandonamos el lugar, un poco para revisar el material y otro poco para platicar con ella

117

sobre su experiencia como guía del museo. Queremos saber cuáles son las impresiones de una

persona que realiza este recorrido por lo menos tres veces a la semana: cada público es distinto, pero

todos tienen las mismas inquietudes. Para mi cada visita es asombrosa. No quiero perder la

capacidad de impactarme cuando paso por estos edificios. Pisar estos lugares es emocionalmente

complejo, muchas veces optamos por quedarnos sin habla, cada quien lo elabora de forma distinta.

Lo importante es reflexionar sobre lo que aquí sucedió y, por supuesto, no olvidar.

118

Anexo 3

119

Fachada del Edificio Cuatro Columnas. Foto Página Web Derechos Humanos.

120

Cartel de Entrada Centro Cultural Haroldo Conti. Foto Ana Laura Deceano, 2010

Archivo Nacional de la Memoria. Foto Ana Laura Deceano, 2010

121

Edificio asignado a HIJOS. Foto Ana Laura Deceano, 2010

Puerta de entrada al ECUNHI. Foto ECUNHI

122

Señalización del predio. Foto Ana Laura Deceano, 2010

Enfermería. Foto Ana Laura Deceano, 2010

123

Patio central. Foto Ana Laura Deceano, 2010

Pasillo del predio ESMA. Foto Ana Laura Deceano, 2010

124

Pasillo hacia el ECUNHI. Foto Ana Laura Deceano, 2010

Instalaciones de uso compartido Lavadero/tintorería. Foto Ana Laura Deceano, 2010

125

Zona de talleres. Foto Ana Laura Deceano, 2010

Salida a calle Pico. Foto Ana Laura Deceano, 2010

126

Plano de la ESMA. Proporcionado por CELS

127

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Acuerdo firmado el 24 de marzo de 2004.

128

Acta de ejecución del Acuerdo. 6 de octubre de 2004.

Acta de ejecución del Acuerdo. 28 de diciembre de 2004.

Acta complementaria. 29 de diciembre de 2005.

Acta de entrega parcial. 15 de marzo de 2006.

Acta de entrega. 3 de octubre de 2007.

c. Entrevistas

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entrevista realizada por Ana Laura Deceano, 16 de septiembre de 2010, Buenos Aires, Argentina.

Emilio Crenzel, sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos

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