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Benito Juárez,el liberalismo ylos Estados Unidos J. Omar Ramírez Peraza*

“El pastor de ovejas puede llegar a pastor de hombres”.

Andrés Henestrosa

INTRODUCCIÓN: Las ideas liberales en México durante el siglo XIX

Hace dos siglos, el 21 de marzo del año 1806 en San Pablo Guela-tao, Oaxaca, nació Benito Pablo Juárez García, conocido también como el “Benemérito de las Américas”, por su defensa de las liber-

tades humanas, que sirvió de ejemplo a otros países latinoamericanos. También por su pensamiento y acción política llevada a cabo con tesón, constancia, firmeza y honestidad; atributos extraños en los políticos de hoy, donde las convicciones y los principios son puestos en venduta. Se trata de poner a este personaje en su justa dimensión histórica, sin ala-banzas exageradas y sin ataques infundados, como un hombre de Estado, un político de acción firme, en un México convulsionado por la constante guerra civil, amenazado por el desmembramiento territorial y la interven-ción extranjera.

Juárez fue un político en toda la acepción de la palabra, en su ejercicio del poder podemos hacer un balance positivo; los aciertos fueron mayores que los errores, y ambos fueron dados por las circunstancias políticas y la correlación de fuerzas de su tiempo, en un período histórico de un México

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ingobernable; hundido en el caos, en donde era necesario consolidar el poder del Estado mexicano emanado de la independencia nacional, que establece en la Constitución de 1824: una República Representativa y Federal. El conocido benemérito creía en la fuerza del derecho, y no en el derecho de la fuerza, como pensaban sus enemigos políticos, los miem-bros del partido conservador.

Benito Juárez vivió como un hombre comprometido con el pensamiento progresista de su época, y con la situación política y económica, donde las circunstancias históricas lo ligan con la causa de la democracia, en un mundo donde el sistema democrático y capitalista liberal es mucho más que un discurso; es una realidad floreciente y dominante. Baste señalar que en ese entorno se perfiló un nuevo modelo de relaciones de reconoci-miento a los incipientes estados nacionales de América Latina.

Una apología de Juárez, sin más, sería un equivoco de la historia, si no entendemos el contexto de una República Mexicana en consolidación, que se debate en guerra civil, para darle sentido político a la nación. En esos momentos se discutía el futuro de la nueva República, en relación con la perduración del antiguo régimen colonial. Las Leyes de Reforma por las que estalló una guerra, atentaban contra los poderes fácticos; como el de la iglesia, que constituía un dominio decimonónico de grandes proporcio-nes.

Esta investigación es una provocación reflexiva sobre un personaje de la historia de México, sobre el cual no podemos negar que se ha convertido en un icono de la nación. Pero más allá de la historia oficial, que apren-demos en la educación básica, Juárez fue un hombre de compromiso, convencido de los valores democráticos que se expandían en el mundo occidental. Un heredero de la ilustración francesa y española, hijo de Vol-taire, pero también de Feijó; a quienes estudió en sus años de formación. Juárez creció en un país que luchaba por definir su identidad independien-te y libertaria.

Observaremos a un Benito Juárez como un gobernante de leyes; y cómo a

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partir de ellas va construyendo el cimiento del federalismo mexicano; pero también como un líder político liberal y pragmático, que dedicó su vida a establecer la libertad y la justicia como pilares de la sociedad mexicana.

Para llegar a cumplir con los cargos públicos que desempeñó, Juárez re-corrió varios caminos – parafraseando a Andrés Henestrosa – para crecer y desarrollar su vida productiva como hombre público; primero tuvo que enfrentar el sistema de injusticias hacia los indígenas heredado de la era colonial, y luchar contra caducas tradiciones parroquiales, anquilosadas en el pasado, desde lo social pasando por lo económico, para culminar con lo político. Juárez estaba convencido de que primero era fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, creando las instituciones que cum-plieran con la Constitución.1 Juárez va escalando niveles en el servicio público a la nación, pero sus derroteros están determinados tanto por co-yunturas, como por su tacto y experiencia política.

Hablar de las ideas liberales en México que llegaron desde Europa y Es-tados Unidos; es explicar la concepción y la conformación de una genera-ción de políticos liberales que hicieron posible la Reforma como la primera revolución social mexicana que posteriormente sentó la estructura del Es-tado moderno en México.

El liberalismo corresponde a una nueva valoración del individuo como tal, frente al poder público, cuyos orígenes se remontan al Renacimiento y la Reforma religiosa en Europa. Esta revolución de la conciencia representa la oposición radical a los criterios de autoridad y de tradición, en las formas del pensamiento y la conducta humana imperantes en la Edad Media y que se convierten en la transición del sistema feudal al capitalista, que busca en el individuo, y no fuera de éste, la explicación del mundo y la sociedad, se divide el territorio de la expresión divina y terrenal del individuo.

Al producirse este cambio donde el sujeto se convierte en el foco de aten-ción de los asuntos sociales, separándolo de los religiosos; se establecen los principios necesarios para el desarrollo del individualismo. 1 Nos referimos a las Constituciones Federales de 1824 y 1857.

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Para decirlo con otras palabras: no hay poder humano que pueda preten-der autoridad sobre la conciencia del individuo. Aparece dibujada la pri-mera libertad constitutiva del liberalismo: la libertad de conciencia, como un derecho fundamental del individuo para gobernar su propia vida sin injerencia externa, ni humana ni divina. Estos son los términos filosóficos del liberalismo.

El liberalismo en América Latina respondió a la lucha por superar el pasado colonial en toda la región. Pero sus orígenes se remontan a la ilustración francesa, sin embargo, su referente inmediato es la ilustración española y el constitucionalismo de Cádiz. Los primeros liberales en México como Valentín Gómez Farias, impulsaron una gran variedad de reformas dise-ñadas para acabar de raíz con esa herencia. Otros liberales como el Doc-tor José María Luis Mora o Lorenzo de Zavala consideraban este legado colonial como el mayor obstáculo para el progreso y el desarrollo.

Existe otro asunto de suma importancia en la política latinoamericana del siglo XIX, rasgo fundamental para entender las relaciones sociales pos-coloniales; se trata del localismo y la regionalización de la política, fenó-meno que llevó “involuntariamente” al predominio del culto a la persona-lidad o personalismo. En México su característica principal la constituyó el clientelismo en formas de redes patrón–cliente de gran alcance social. Mediante este mecanismo los caudillos adquirían poder y fortaleza en sus propias localidades. Frecuentemente estas relaciones hacían las veces de sustituto de las instituciones públicas formales. La regionalización de la cultura política, sobre todo en el período comprendido entre 1810 y 1910, realzó esta tendencia al culto de la personalidad.

En América Latina se tenía una economía urbana manufacturera donde la industria es incipiente; en este período inicia el ascenso de talleres y factorías pequeñas, pero con escalas productivas que rebasaban el auto-consumo. Esto es suficiente para ir creando una clase trabajadora y otra comercial. Este proceso fue el que generó esa disociación social que se intensificó con la división de clases propiciada por la puesta en marcha de las políticas liberales en la economía; apertura total de los mercados, más

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libertad para la inversión extranjera -claro que con sujeción a la ley. Pero el Estado es el que promueve la creación del mercado y no a la inversa como sucedió en Europa.

La presión de Estados Unidos sobre la nueva República se extendió des-de la tercera década independiente de México. Pese al regionalismo en el siglo XIX, México tenía que arreglárselas para responder cohesiona-damente a las intervenciones constantes de su Vecino del Norte, en una forma desconocida para cualquier otro país de América Latina, durante el mismo período histórico.

Curiosamente los tres primeros cuartos del siglo XIX fueron desastrosos en términos económicos para México, y resultaron excelentes para Esta-dos Unidos; significaron el desarrollo y el ascenso necesario para conver-tirse en una potencia industrial, una vez que la Confederación del Norte, industrial y liberal, venció a la del Sur agraria y esclavista, en la Guerra de Secesión. Es paradójico que Estados Unidos representara para los libe-rales mexicanos una amenaza y al mismo tiempo el paradigma político y económico a seguir.

La fuerza de los liberales de tres generaciones se enfocó en la construc-ción y consolidación del Estado en México hacia la década de 1870. La Reforma fue un verdadero movimiento político que profundizó en la imple-mentación de las medidas liberales. Una verdadera Reforma del Estado, y al mismo tiempo su afirmación como República Representativa y Fede-ral.

El regionalismo y el caudillismo, una combinación frecuente y poderosa, frustraron los sucesivos intentos de establecer un gobierno constitucional en el país. Unos pocos años después de la consumación de la indepen-dencia; desde la década de 1830 hasta la de 1870, los dos bandos políti-cos: conservadores y liberales, lucharon incesantemente para establecer un modelo estatal monárquico o republicano. La obra de Juárez representó un intento concertado para sentar una base

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jurídica para el gobierno; la supremacía del poder civil y el imperio de la ley. Para lograr esto fue necesario un doloroso tránsito desde el absolutismo colonial a la República Constitucional que tanto anhelaban los liberales del siglo XIX y que costó mucha sangre en todas las regiones del país.

I. Años de estudio

Desde su infancia Benito Juárez enfrentó muchas adversidades. La pri-mera y fundamental es la lucha contra su propia pobreza, el niño Benito quedó huérfano a la edad de tres años, permaneciendo bajo la protección de su tío Bernardino Juárez, que lo empleó en las labores del campo, entre ellas la de pastor, así que Juárez desde muy pequeño aprendió a pastorear, a ser un guía y un cuidador; elementos ambientales que forjan el carácter.

Su primer maestro fue la naturaleza - comenta Henestrosa – maestro que todos los pedagogos ambicionan para los niños. “La proximidad de la pie-dra azul del cielo lo hizo duro, rígido el frío de la montaña”.2 Asegurar que el rebaño no se desperdigara fue una de las primeras tareas de quien posteriormente se convirtió en líder de toda una generación de hombres ilustres. El buen pastor es aquel que puede llevar a su grupo con sólidos y firmes argumentos hacia tierras más fértiles. “Supo que el hombre puede ser el guía y el protector de las criaturas más indefensas, y que condu-cirlas por sendas seguras es el primer signo de su responsabilidad y su grandeza”.3

A la edad de doce años, el niño Juárez parte rumbo a la ciudad de Oaxaca, donde era costumbre ponerse al servicio en la casa de una familia acomo-dada. En la casa de Don Antonio Maza, donde su hermana trabajaba de cocinera, sirvió por una semana en una granja con un sueldo de dos rea-les diarios, pero el joven Juárez tenía un deseo vehemente por instruirse, en principio aprender a hablar, leer y escribir el idioma español.

2 Andrés Henestrosa, Los caminos de Juárez, Fondo de Cultura Económica, (FCE), México, 1972, p.7. 3 Ibid., p. 8.

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Al poco tiempo se colocó para trabajar con el señor Salanueva, encuader-nador, a quien le ayudaba en el oficio de encuadernación. Éste lo inscribió en la escuela donde debía aprender a leer y escribir; pero por aquella época la instrucción escolar estaba dominada por la iglesia, y la única posibilidad que se le presentaba al joven zapoteca de Guelatao era la oportunidad de ordenarse como sacerdote, cuestión que no le interesaba mucho, pese al empeño de su padrino. Sin embargo, una vez que él mis-mo aprendió correctamente la lectura y escritura, entró al seminario como la opción para hacerse de una educación en su condición de indio zapote-ca, ya que era la única considerada para los indígenas.

A los quince años entró en el seminario con todo el anhelo de adquirir co-nocimientos, y así poder influir, y servir a su patria que veía nacer. Cuando el ejército trigarante entró en Oaxaca triunfante, el joven Juárez aún no descollaba, pero sus deseos de sobresalir en favor de su patria eran cada vez más intensos. Andrés Henestrosa lo explica así:

Hace tres años que ha llegado a la capital oaxaqueña; viste calzones y camisa de manta, todavía calza huaraches. Forma la valla alborozada, se suma al coro de los vivas, los vítores, acaso, otra vez lo ciegue el espec-táculo de la gloria, se renueva en él el sentido de servir a su patria cuando sea hombre.4

En el seminario dio nuevas muestras de su interés por el conocimiento y de su decidido empeño por aprender en poco tiempo, el joven indio za-poteca concluyó los estudios de gramática latina, pero su protector Sala-nueva quiso que continuara con teología moral, sin embargo, eso iba en contra de los deseos del joven oaxaqueño que una vez terminados estos propósitos, se graduó de bachiller en el año de 1827, para después inscri-birse en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca (fundado por liberales) contra la opinión de su padrino y protector. Aquí se revelaron sus dotes latentes y la índole natural de su inteligencia ante el convencimiento de que sólo la educación escolar sería capaz de 4 Ibid., p. 48.

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transformar su realidad y su entorno social. En tal sentido Ralph Roedor –su principal biógrafo extranjero- comenta: …de esa satisfacción era imposible renegar y con ese incentivo poco le importaban las penalidades con tal de mejorar su situación social.5

Así pues, a lo veintidós años, reinició su educación en el instituto, la cien-cia que le ofrecía éste era superior a lo que le había ofrecido el Seminario, en lugar de gramática latina, enseñaban las lenguas vivas del siglo XIX (inglés y francés), en vez de filosofía escolástica, economía política, la metafísica fue sustituida por la ciencia del derecho y su jurisprudencia, rama que Juárez eligió para hacer carrera, los conocimientos sociales se expandían con el pensamiento liberal decimonónico europeo, que consti-tuía la vanguardia de las ciencias humanas en el mundo occidental.

En materia de jurisprudencia, el instituto puso a su alcance las disciplinas del derecho natural, civil y constitucional, mermando el concepto de au-toridad religiosa o divina sobre los asuntos terrenales del hombre. Desde aquí se empieza a vislumbrar su idea de la separación de la iglesia y el Estado.

En 1831, ya como pasante de derecho, resultó electo regidor del H. Ayun-tamiento de Oaxaca, dando inicio a su carrera política, ascendiendo por el primer escalón, el del municipio. Cabe destacar que los caminos a la po-lítica eran pocos e indirectos, y prácticamente exclusivos para mestizos y criollos quienes podían acceder a los cargos públicos. Ahí supo que esta-ba en la senda para iniciar su carrera de transformación de los atavismos heredados de la tradición colonial.

Para el joven Juárez esto significó un gran esfuerzo de ahínco y tesón, además de tener meridiana claridad de su objetivo, que era cambiar la fi-sonomía de la sociedad en que nació: costumbrista y tradicional, cerrada e injusta; atrasada social, económica y políticamente, donde sobre los indios pesaban fuertes contribuciones personales para servir a los patrones. 5 Ralph Roedor, Juárez y su México, Tomo I, SEP. Segunda edición, México, 1958, p. 61.

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Estos eran los restos del gobierno colonial que impedían la consolidación de un nuevo gobierno independiente y republicano, como lo dictaba la Constitución de 1824.

Huérfano, sin hablar español, inmerso en la penuria y el aislamiento fami-liar; refugiándose en una casa que a pesar de la bondad de los patrones, se conducía bajo el signo de la servidumbre y la marginación. En una ciu-dad que le parecía grande y extraña apenas con doce años de existencia, el rostro de la discriminación en la piel y en la fisonomía; ansioso de saber, huraño y desconfiado, pero lleno de vitalidad y fuerza interior, así era el joven Juárez que rozaba el inicio de un futuro de historia legendaria, hoy cargada de simbolismo, por lo que significa para el servicio público de la Nación, un hombre que ascendió del México profundo, para erigirse en un político estadista, que puso los cimientos del estado moderno mexicano, cobijado con el manto de las ideas liberales,6 que luchó desde todas las trincheras que pudo, ya sea como estudiante de derecho, regidor, diputa-do local, gobernador, diputado federal, ministro de justicia y presidente de la República, cargos que la administración pública le permitió realizar.

Sin embargo, hablar de hombres predestinados resulta ligero, inexacto e incluso anticientífico; el líder popular, el político verdadero, más que po-seer condiciones, se hace y se va haciendo conforme sea fiel a sus princi-pios e ideales, a su vocación de servicio a la nación, su liderazgo, y cierto, a sus habilidades para manejar las circunstancias políticas. Juárez pensó actuando y actúo para aplicar lo que pensaba, y siempre con la certeza de contar con la fuerza de la ley.

En parte lo hizo pensando y apoyado en el ejemplo de sacrificio de sus grandes admiraciones: Morelos y Guerrero, el primero por su pensamiento político y su genio militar, el otro por su constancia y humildad, y ambos 6 Queremos aclarar al lector que las ideas liberales del siglo XIX no se han modificado en sus apotegmas ori-ginales. Los principios básicos siguen siendo los mismos que utilizan los neoliberales de hoy: (democracia) elección de los representantes mediante el voto libre, directo y secreto. La división de poderes, en adminis-tración (ejecutivo), orden jurídico (legislativo), e impartición de justicia (judicial). Junto con este Estado un modelo de regulación económico de Laissez faire Laissez passer (dejar hacer y dejar pasar) dejando muy claro el papel del Estado como precursor de la economía y no como motor.

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por su sacrificio a favor de la naciente sociedad mexicana.

Hoy al dirigir una mirada al pasado podemos observar la lucha y el es-fuerzo que motivó a Benito Juárez a no claudicar en su empeño por hacer algo en favor de la construcción del Estado-Nación sobre la base del libe-ralismo. Así, México comenzó la lucha por la forma de gobierno que debía establecerse a partir de la década de 1830. El país heredó un sistema colonial construido básicamente a partir de la si-guiente idea: Los misioneros predicaban el cielo y la salvación de su alma a los indios, mientras los encomenderos se apropiaban de sus tierras y de su trabajo, bajo la égida de la servidumbre. La situación de México en el siglo XIX era complicada, ya que en este sentido el objetivo era eliminar todo el modelo de inequidades e injusticias construido en la colonia para reemplazarlo por uno republicano.

Con precisión, Roeder explica la importancia que tiene el aprendizaje en la vida de Juárez:

Para un pasante de leyes con aptitudes para la física experimental, que realizaba sus primeros pasos políticos, tanto su afición como su profesión facilitaron su iniciación política. Todo estaba por hacerse o rehacerse. La nación era un laboratorio de ensayos, y un principiante de leyes tenía to-das las posibilidades para investigar los principios de la autonomía políti-ca, participando en el experimento, observando diariamente la acción y la reacción, computando las fuerzas naturales, y analizando las propiedades físicas del proceso constitutivo de un nuevo cuerpo social. La demostra-ción se realizó en el momento más propicio, en sus años de estudio, y con una evidencia tan clara que las leyes científicas saltaron a la vista.7

Rafael de Zayas Enríquez, biógrafo juarista lo escribió así:

Juárez resolvió por sí mismo el primer problema de su vida, cuando prefi-rió la ciudad al campo; de la misma manera resolvió el segundo problema, 7 Ralph Roedor, Juárez y su México, Tomo I, SEP. Segunda edición, México, 1958, p. 63.

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más complicado, cuando optó por el Instituto, abandonando el Seminario por la vida civil, dejando de lado la eclesiástica.8

Innegablemente la carrera científica de Benito Juárez comprueba que el ser humano se propone metas que pueden cumplirse con firmeza, volun-tad, sacrificio, decisión, y ante todo sin claudicar frente a los principios e ideales. Él realizó esto a conciencia y con empeño. Los caminos y las circunstancias no fueron fáciles, Oaxaca era el santua-rio indígena de México, veinte etnias y lenguas distintas, sin minas que moviesen la ambición del colonizador, alejada de la Ciudad de México por caminos insalvables dentro de una tradición centralista, una ciudad blanca y española educada en la tradición de la orden dominica. Acompañada por un mosaico indígena que solamente estaba vinculado por la adopción del cristianismo, donde la mayoría vivía bajo el signo de la dominación.

En este ambiente: un indígena puro proveniente de la vieja nobleza de los de su raza, -de los que mandaban- convertido en pastor sin saber español; encerrado en su propia lengua, sintió el irresistible deseo de escapar hacia el español, el mestizaje, la ciudad y el futuro. El haber destacado en el me-dio social oaxaqueño, venciendo todas las adversidades que se imponían desde fuera, lo convirtió en un indio que nunca volvería a bajar la mirada.

II. La primera experiencia: gobernador de Oaxaca

Un año después de haber sido regidor abandonó el cargo para buscar una diputación local acompañado por sus compañeros políticos, muchos coterráneos que ya reconocían su actitud trabajadora y honesta. En el bienio 1833-1834 realizó su trabajo en la legislatura local como diputado. Así, aprovechando la tribuna liberal presentó una iniciativa para celebrar solemnemente la memoria de Vicente Guerrero, hombre admirado por él, y al que convirtió en célebre independentista, e hijo predilecto de Oaxaca.9 8 Rafael de Zayas Enríquez, Juárez, su vida / su obra, Editorial Sepsetentas, tercera edición, México, 1972, p. 59.9 Para la exaltada juventud federalista oaxaqueña, Guerrero era un santo, un símbolo, una bandera. Reunía aquellas tres san-gres que José María Luis Mora propuso como constitutivas de la raza mexicana: la india, la española y la negra: era el mexi-cano en cabalidad. Andrés Henestrosa , Los caminos de Juárez, Fondo de Cultura Económica, (FCE), México, 1972, p. 50.

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Logró que las autoridades todas: civiles, militares y aún eclesiásticas rin-dieran tributo al caído a traición en Cuilapan.

También relevante fue una segunda iniciativa, proponiendo al Congreso la confiscación de los antiguos bienes de Cortés en beneficio del Estado. Este otro acto demuestra las claras intenciones de irle restituyendo las ri-quezas que por origen le correspondían al pueblo. Aunque al final no pasó de ser un gesto formal o simbólico; constituyó en su momento histórico, un ejercicio de patriotismo retrospectivo. Lo que resalta ante estos actos formales con impacto real, es la vocación patriota del Benemérito en un momento de definiciones ideológicas para la nación mexicana.

Este periodo fue en el que la verdadera personalidad de Juárez se mostró por primera vez en su accionar político, en tal sentido su talante se des-cubrió:

…no descolló por las galas de su palabra, que era llano en el decir; ni por la brillantez de su ingenio, que era reflexivo; ni por la vehemencia de sus opiniones que era sereno.10

Al referirse Benito Juárez a España en 1840 durante el aniversario de la independencia, el 16 septiembre; le parecía claro que los peninsulares habían legado a México un sistema político guiado por prácticas antiso-ciales; ante todo: descuido de la educación, imposición de doctrinas de ciega obediencia, implantación de clases con intereses creados, así como el aislamiento, la corrupción, la intimidación y la división de la sociedad colonial.

Un condiscípulo suyo, Miguel Méndez, que murió a temprana edad, cuan-do el joven de Guelatao era diputado local exclamó:

“Y éste que ven ustedes, reservado y grave, que pareciera inferior a noso-tros, éste será un gran político, se levantará más alto que nosotros, llegará

10 Ibid., p. 63.

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a ser uno de nuestros grandes hombres y la gloria de la patria”.11

Méndez no se equivocó, la historia le concedió la razón del oráculo, ya que notó que Juárez, siendo un pensador, sus ideas se formaban por cris-talización; esto da solidez y perduración en el tiempo, gracias a que su carácter era justamente reflexivo y sereno.

Estos momentos de batalla en su estado natal fueron templando su ca-rácter político, y normando sus convicciones liberales, de tal manera que ni sus convicciones lo abandonaron, ni él abandonó jamás los principios liberales. La situación política en su estado para el año de 1833 pintaba mal; al cerrar sus sesiones la Cámara de Diputados de Oaxaca, Juárez describió así la situación:

“Las opiniones encontradas, exaltadas las pasiones, el poder ejecutivo vacilante y sin prestigio, la administración de justicia en su total abandono, exhausto el erario, la milicia reducida a una completa nulidad, el Estado todo muy parecido al esqueleto de un gigante: he aquí el aspecto triste y melancólico que presenta la cosa pública”.12

Su reaparición en la actividad pública se produce en 1841 cuando es nom-brado juez Civil y de Hacienda, Juárez prestó sus servicios de abogado por una causa noble, la de los desvalidos: los pobres del país,13 que no recibían más que las injusticias del orden social del siglo XIX. Juárez siem-pre culpó a la ignorancia y a la miseria como resultado de las aberraciones de la conducta humana.

Después de una negociación para equilibrar las fuerzas locales, entre los dos partidos enfrentados, el liberal y el conservador, Juárez asume la se-cretaría de gobierno en Oaxaca. La idea era contemporizar para llevar un gobierno de paz, pero por diferencias políticas e ideológicas con el Gene-11 Benito Juárez, Angel Pola (compilador), Exposiciones como se gobierna, tomo I, Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación, 2ª edición, facsimilar, México 2000, p. 24.12 Ibid., p. 28 y 29.13 Nombrado juez de primera instancia en 1841, Juárez prestó servicios a la comunidad con una probidad inta-chable que bastaba para convertir el favor político en beneficio público. Ralph Roedor, op. cit, p. 91.

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ral Antonio León renuncia al cargo para ser nombrado después Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de su Estado.14

Enrique Krauze –conocido historiador–lanza un dardo envenenado dicien-do:

Juárez navegó en la política de esos años con pericia, sin mayor apego a los principios liberales o federalistas, en apoyo irrestricto al poder de he-cho que encarnaba Santa Anna.15

Esta aseveración causa desconcierto pero se puede entender por la sen-cilla razón que en la década de los cuarenta del siglo XIX, ser santanista significaba defender la independencia, la libertad y la integridad de la pa-tria; seguir al caudillo, confiar en él por ser un guía, ha sido parte de nues-tra conducta política tradicional.

En perspectiva histórica, las circunstancias políticas de la época, en pri-mera instancia, no permitían mucho margen de acción para oponerse al poder del caudillo, que era real y tenía peso. Podía ser incluso contrapro-ducente tomar una acción de riesgo para resistirse a los poderes fácticos. Algunos principios del pragmatismo político que acompañó a Juárez en su vida política, le sirvieron para cumplir pequeños objetivos y avanzar paso a paso en la senda de la transformación.

El mismo Krauze se da respuesta al escribir:

“Sin la antigua legitimidad monárquica, sin la incipiente y frágil legitimidad legal, ¿Dónde se afianzaría el principio de poder? Solo en los rasgos per-sonales del caudillo.16

14 Op. cit., Benito Juárez, Angel Pola (compilador) y Rafael de Zayas Enríquez, Juárez, su vida / su obra.15 Según el historiador los biógrafos omiten los incómodos datos de este periodo; como son sus elogios pú-blicos y sus manifestaciones de lealtad para el héroe que enterró su pierna. Expresa que los documentos son ciertos y existen. Termina afirmando: “Por sentido común, por incapacidad para el idealismo, por apego al hombre fuerte, por las mismas razones que todo México, también Juárez fue santanista”. En Enrique Krauze, Siglo de caudillos. Biografía política de México (1810-1910), Tusquets Editores, Barcelona, 1994, p. 214.16 Ibid., p. 134. Lorenzo de Zavala, escritor liberal yucateco, describe a Santa Anna así: “Es un hombre que tie-ne en sí un principio que le impulsa siempre a obrar, y como no tiene principios fijos, ni un sistema arreglado

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“Terminada la lucha de las armas había comenzado una nueva lucha, mucho más profunda y peligrosa: la de las azarosas diferencias de opi-nión. Santa Anna dibujaba los dos extremos, dando a ambos una implícita razón”.17

En cambio la postura de sus biógrafos nacionales coincide con lo que Ral-ph Roedor sintetiza en estas palabras:

“Más aparentes que reales, sus inconsecuencias políticas no pasaban de ser meras concesiones a la conveniencia y la contemporización”.18

Al aceptar la posición de Secretario de Gobierno al lado de un gobernador que era un satélite de Santa Anna, ¿qué tan comprometedor resultó este ascenso? Con el propósito de señalar la flexibilidad de sus convicciones, Roedor acusa a Juárez de oportunista. Pero cuando se trató de firmar una orden del gobernador, consignando a los tribunales que se negaban a pagar los diezmos eclesiásticos, Juárez renunció.19 Su ingenio fue ob-tener varias ventajas a partir de las concesiones. Pero también lograr una posición para conciliar, negociar o contemporizar, e ir minando las viejas tradiciones del régimen colonial, y demandar a las instituciones eclesiásti-cas que cumplieran el nuevo orden jurídico.

A Juárez no le convenía rebelarse contra el orden político imperante, su idea fue no violentarlo, sino al contrario establecer uno nuevo a partir de la práctica de las normas, tarea que no fue suficiente mediante la inequí-voca aplicación de la ley, ya que la costumbre muchas veces ganaba a la norma.

Otro acontecimiento que algunos de sus biógrafos destacan como una decisión que le atrajo el escalonamiento a cierto nivel social, fue el ha-berse casado con Margarita Maza, hija de un español de origen italiano, de conducta pública, por falta de conocimiento, marcha siempre hacia los extremos en contradicción consigo mismo. No medita las acciones ni calcula los resultados”.17 Ibid., p. 136.18 Ralph Roedor, Juárez y su México, Tomo I, SEP. Segunda edición, México, 1958, p. 91.19 Ibid., p. 91y92.

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que paradójicamente es el dueño de la casa, en donde su hermana sirvió como cocinera.

La familia Maza se contaba entre los españoles más respetables de Oaxa-ca y la gente de “bien” recibió el enlace con la misma sencillez que Mar-garita. La joven pintó a su pretendiente con dos frases: “es muy feo, pero muy bueno”.20 El indio que conquista a la mujer de raza blanca y se casa, tiene descendencia mestiza. Mesticismo que hoy no alcanza a resolver su profunda raíz histórica que deviene de la fusión indígena y española.

Este proceso de emancipación social que le produjo su matrimonio lo puso en una intersección; todo conspiraba para conciliarlo con el orden impe-rante, compenetrarlo de sus ventajas, y reducirlo al igual que otros idea-listas al aprecio sensato de lo posible y no de lo deseable, sin embargo, Juárez decidió luchar por los ideales liberales, en pro de la consagración de la nación. Aunque eran tiempos difíciles navegó con pericia para no sucumbir en su empeño de cambiarle el rostro a su país.

Su llegada a la gubernatura se da una vez más por una transacción políti-ca, las circunstancias así lo demandaban. Una junta legislativa nombró un triunvirato, compuesto por Fernández del Campo, José Arteaga y Benito Juárez, no obstante, la fórmula no funcionó ya que en última instancia el origen de este órgano transitorio que había surgido de una rebelión en una guarnición militar, era ilegal.

Por lo tanto, la transición hacia el federalismo carecía de legalidad estatal, ya que la Constitución de Oaxaca de 1825, reconocía como legítimos sólo a los gobiernos civiles que hubiesen llegado al poder como resultado de un proceso electoral. Se halló una salida a este brete mediante una acción ejecutiva en el nivel federal. El presidente Mariano Salas ordenó a José Arteaga que asumiera el puesto de gobernador del estado. Con la diso-lución del triunvirato, éste último ocupó el poder formalmente. Pasó poco tiempo cuando Arteaga nombró a Juárez como Presidente del Tribunal

20 Ibid., p. 91.

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Superior de Justicia del estado de Oaxaca.21

En 1846 con base en la Constitución de 1824 se convocó a elecciones y Juárez resulta electo diputado al Congreso de la Unión, que se reunió en la capital de la república el mismo año. Momentos difíciles ya que en ese instante la nación se encontraba enfrascada en una guerra cruenta e injusta contra los Estados Unidos. En 1847, año terrible como se le deno-minó, el General Antonio López de Santa Anna, que detentaba el poder ejecutivo, peleaba en la Angostura contra el ejército invasor. Mientras en el Congreso mexicano se votó una ley que ordenaba hipotecar los bienes de manos muertas del clero, para conseguir 15 millones de pesos y continuar la guerra contra los norteamericanos.22

En estos momentos aciagos la República corría un gran peligro, la in-gobernabilidad era patente, el clero y los conservadores unían fuerzas y conciliaban con Santa Anna, y éste que había abandonado el campo de batalla disolvió el Congreso y eliminó políticamente a Gómez Farías, vice-presidente en funciones y reconocido liberal reformador, el más constante, honrado y antiguo liberal que tenía México.

Se inician revueltas y levantamientos en diferentes puntos del país, uno de ellos se escenifica en Oaxaca. Triunfan los liberales, Arteaga renuncia y la legislatura local nombra a Benito Juárez gobernador Constitucional del Estado, llegando al puesto más encumbrado al que podía acceder en su entidad natal.

Finalmente en febrero de 1848 se firma el Tratado Guadalupe–Hidalgo que puso fin al estado de guerra entre México y Estados Unidos, la gran tragedia se había consumado. El territorio nacional cercenado en más de la mitad, pues se perdieron todos los territorios del norte y noroeste de 21 Margarita Urías, “Militares y comerciantes en México 1830-1846”, en Florescano, Enrique (ed.), Orígenes y desarrollo de la burguesía en América Latina 1700-1955, México, Siglo XXI, 1985, pp. 87-90.22 Op. cit., Ángel Pola. El artículo principal de la ley iniciada por los señores Lazo, Alcalde, Othon y Perdigón, dice: “Se autoriza al gobierno para proporcionarse, por los medios que crea convenientes, hasta 15 millones de pesos, para continuar la guerra contra los Estados Unidos del Norte, pudiendo aún hipotecar o vender bienes de manos muertas por esa cantidad”, p. 32.

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México (California, Arizona y Nuevo México, además de la anexión de Texas). La capital ocupada por las tropas norteamericanas y bajo su con-trol los puertos y las aduanas del país. El tratado no era más que la expre-sión formal de la derrota; la legalización de una conquista territorial.23

En todo este trance Santa Anna, derrotado y denostado, separado del mando del ejército de la república, huye de la capital del país y llega a Te-huacan para de ahí dirigirse a la capital del estado de Oaxaca. Como esta noticia resucitaba la agitación local, Juárez tomó medidas preventivas:

Entonces ordené al gobernador del departamento de Teotitlán, que en caso de que el general Santa Anna se internase en el territorio del estado, le hiciese saber que podía pasar y permanecer en cualquier población del mismo, menos en la capital y sus inmediaciones.24

Santa Anna entró en territorio de Oaxaca, precisamente a Teotitlán en donde permanece unos días y después se retira hacia Orizaba sin exigir nada.

Santa Anna nunca le perdonó esta negativa para recibir asilo en el estado. Años más tarde el mismo general veracruzano recordaba:

…nunca me perdonó haberme servido la mesa en Oaxaca, en diciembre de 1829, con sus pies en el suelo, usaba todavía camisa y calzón de manta, en la casa del licenciado don Manuel Embides…Asombraba que un indígena de tan baja esfera hubiera figurado en México como todos

23 El Tratado Guadalupe-Hidalgo constituía la ambicionada posesión de Estados Unidos sobre las tierras del norte de México, siguiendo los límites trazados cincuenta años atrás por los fundadores de la Federación Norteamericana. Los acuerdos también estipulaban las condiciones legales en las que quedarían los habitantes mexicanos de estas regiones, que de pronto se convirtieron en extranjeros en su propia tierra, extraños a las leyes, el idioma y la cultura que se les imponía. Los enviados mexicanos a la firma del Tratado hicieron todo lo posible por proteger de alguna manera a los compatriotas de los territorios perdidos. En los artículos VIII y IX se garantizaba a los mexicanos el respeto inviolable a sus propiedades, la protección en el goce de su libertad, el libre ejercicio de su religión y el amparo de la Constitución de los Estados Unidos. Este es el comienzo de una larga historia de desavenencias entre mexicanos y estadounidenses. Gilberto López y Rivas, La guerra del 47, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1976, p. 88.24 Op. cit., Rafael de Zayas Enríquez, p. 68.

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saben.25

Estas palabras llenas de desprecio muestran la animadversión que sentía el general Santa Anna por el indio oaxaqueño que empezó a despuntar como gobernador de su estado. Este descrédito con el que estigmatiza al zapoteca, es el inicio de una relación que termina mandando al exilio a Juárez.

Otro hecho de esta época es la solicitud que el gobernador Juárez hizo al clero oaxaqueño para cooperar en la defensa de la patria y la religión. Las autoridades eclesiásticas contribuyeron al esfuerzo con prédicas patriotas en los púlpitos y donando las campanas de los templos para la fundición de los cañones.

El periodo constitucional de gobernador terminó en 1849 y se procedió a nuevas elecciones, el zapoteca se presentó como candidato para un cuatrienio más, lo que permitía la constitución estatal, obtuvo la victoria y comenzó un segundo período de gobierno. Vale destacar que durante estos cinco años de gobierno el benemérito se catapultó como una figura nacional notable y conocida por sus obras en el estado.

Al frente del gobierno de Oaxaca comenzó a hacer realidad sus ideales liberales, con pensamiento y acción. Tomó las riendas de su estado, en el que encontró las arcas vacías y agobiadas por las deudas. Sin embar-go, al concluir su administración informó que habían sido saldadas esas obligaciones y cubierto el presupuesto de egresos, dejando un superávit de cincuenta mil pesos, lo que prueba el orden y el buen manejo de las finanzas públicas, así como sus conocimientos económicos.

Como gobernante de su estado, bajo rigurosos y transparentes principios económicos, logró grandes avances; su filosofía de trabajo fue:

“A fuerza de economías bien entendidas y de cuidados incesantes es muy capaz de admirables progresos la hacienda pública”. 25 Op. cit., Ralph Roedor, p. 103.

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“La hacienda pública necesita, para sus adelantos, de un orden estable en que reciba constantemente el aliento que sólo sabe darle el celo por la observancia estricta de un plan fijo”.

“Al gobierno cumple cuidar que los caudales públicos sean manejados con pureza y que no se inviertan en objetos que la ley no haya señalado”.26

En el primer punto es visible el principio de austeridad. En el segundo prin-cipio, queda clara la determinación de metas, planes o programas para al-canzarlos, y, por último, un acucioso trabajo en el manejo de los recursos públicos para evitar actos de corrupción o enriquecimiento ilícito.

En tal sentido el propio gobernador lo expresaba así con una visión de transparencia y rendición de cuentas que deja asentado su talante de polí-tico comprometido, leal y honesto con la administración que llevó a cabo:

Como gobernante de un pueblo libre bajo el sistema republicano, repre-sentativo, popular, federal no debo ocultar mis operaciones oficiales. Debo de dar cuenta a los representantes del pueblo de los actos de mi gobierno, para que conociéndose hasta que punto he correspondido bien o mal a la confianza ilimitada que en mí depositó el cuerpo legislativo, pueda apro-barse o reprobarse mi conducta, y también para que poniéndose a la vista los obstáculos que han impedido o retardado los progresos de los distintos ramos de la administración, puedan los legisladores removerlos por medio de leyes justas y sabias.

Otra de las causas que han contribuido eficazmente para afianzar el or-den, es la confianza que se ha procurado inspirar en los ciudadanos, con hechos más que con promesas, de que sus personas y sus intereses es-tán al abrigo de las leyes y vigilados y defendidos por las autoridades. Al efecto, mi primer cuidado ha sido crear y organizar una fuerza pública que, por su moralidad, por su disciplina y por su equipo, pueda ocurrir pronta-mente a prestar el auxilio conveniente en cualquier punto del estado, sin

26 Ibid., p. 73.

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extorsionar a los pueblos.27

Otro aspecto relevante y vanguardista es la importancia que le brinda a la mujer dentro de la sociedad. En un periodo donde la participación política de la mujer era nula, el benemérito no olvidó la importancia de la educa-ción femenina:

“Formar a la mujer con todas las recomendaciones que exige su necesaria y elevada misión, es formar el germen fecundo de regeneración, mejora social. Por esto es que su educación jamás debe descuidarse”.28

Al concluir su último período gubernativo, había en el estado 8 escuelas normales, 699 municipales, a las cuales concurrían 25,637 niños y 4,429 niñas. Durante su etapa como gobernador de Oaxaca trabajó por mejorar las condiciones de vida de su pueblo. Combatió las causas de la pauperi-zación, porque sabía que la miseria extingue todas las energías, lo mismo las materiales que las psíquicas. Así que un pueblo sin energías no puede ser libre.

El verdadero poder político es eficaz si se apoya en el orden jurídico. Se pueden tener las ideas más operativas, el más claro conocimiento de los problemas y la concepción más adecuada del programa a seguir; pero si como lo exige la política, no se saben tratar, acordar y manejar recursos humanos -ya que estos no son objetos insensibles- por lo general se fra-casa.

Juárez heredó el asunto del Istmo de Tehuantepec en 1847, un tema añejo que básicamente consistía en un problema de tenencia de las tierras. En 1842 la situación en el istmo adquirió importancia nacional cuando Santa Anna otorgó una concesión a José de Garay, un empresario adepto al ré-gimen, para la construcción de un ferrocarril o un canal que conectase el Golfo de México con el Océano Pacífico, proyecto al cual se opusieron los grupos indígenas: Chontal, Zapoteca y Zoque.2927 Ibid., pp. 69-72.28 Op. cit., Rafael de Zayas Enríquez, p. 78.29 Aunque Juárez era zapoteca, provenía de una cultura diferente y de un grupo lingüístico distinto de los

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Surgió un líder dotado de experiencia militar y astucia política: José Gre-gorio Meléndez, que jugó un papel importante en la política de la región (Juchitán y Tehuantepec). La rebelión que organizó en 1847 coincidía con la presencia de las tropas norteamericanas aún en campaña en territorio mexicano. El gobernador Juárez vio un peligro inmediato en vista de los designios estadounidenses con respecto a la posible ruta de tránsito por el istmo.30 Quiso acabar con el conflicto en la región ante la posible presen-cia de las tropas del Vecino del Norte.

El zapoteca se encontró con una situación que no cedía ante su particular combinación de principios y flexibilidad. Juárez carecía de raíces en el istmo y también de experiencia política en conflictos armados. Cometió errores de cálculo. Nombró a Meléndez coronel de la guardia nacional de Tehuantepec con el objetivo de repeler cualquier fuerza norteamericana. Al mismo tiempo, nombró a Máximo Ortiz, un acérrimo enemigo de Melén-dez, gobernador del Departamento.

Los motivos eran distintos, quería distanciar al gobierno de los intereses empresariales privados en el istmo, neutralizar a Meléndez con la ocupa-ción de un cargo público y oponerlo a Ortiz. No logró ninguno de estos ob-jetivos. No logró mantener el imperio de la ley en la región y, por lo tanto, perduraron los derechos de propiedad privada, pero atribuía la rebelión a la ejecución arbitraria de las demandas de los nuevos administradores de la propiedad. Esto trababa la posible resolución al conflicto de la pertenen-cia de la tierra en la región del istmo.

Mientras el conflicto avanzaba Juárez determinó enviar la fuerza pública para aplacar el conflicto en 1850, sin embargo, Meléndez unió fuerzas con Ortiz, y sacó un plan que proponía la separación del istmo del estado de Oaxaca. Juárez ansioso por resolver la crisis solicitó una autorización al Congreso estatal para viajar personalmente al interior de la región, pero no alcanzó grandes resultados, en cuanto regresó a la capital del estado la violencia se desató.

zapotecas del Istmo.30 Gilberto López y Rivas, La guerra del 47, op. cit, p. 56.

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Juárez terminó sus funciones en el cargo de gobernador y el asunto quedó inconcluso. El fracaso en el istmo se debió a que Juárez no entendió las verdaderas intenciones de los líderes disidentes, y los sentenció como simples criminales: ladrones, contrabandistas y defraudadores fiscales. Aplicó el principio de ejecución de la ley que implicaba el uso de las fuer-zas armadas estatales para imponer una solución al problema, pues quería acabar con la costumbre de llegar a componendas con la criminalidad.

En este afán de resolver la crisis en el istmo durante su gobierno, mandó tres expediciones, las cuales únicamente lograron utilizar el brazo arma-do del estado, disfrazado como ley, para matar indios de su propia etnia y promover los intereses privados en la región.31 Juárez intentó sin éxito alcanzar un equilibrio entre los empresarios, en nombre del progreso, y los pueblos de campesinos y artesanos, en nombre de la justicia.

Cuando terminó el encargo de gobernador, el zapoteca evitó la escisión del estado de Oaxaca, pero no pudo resolver el problema de tenencia de la tierra en el Istmo de Tehuantepec. Aunque en 1853 tras reconocer al gobierno de Santa Anna, que se había instalado otra vez en la capital de la República mexicana, a Meléndez le valió la creación del Territorio del Ist-mo de Tehuantepec, separado del estado de Oaxaca.32 Este problema re-sucitaría años más tarde y culminaría con el Tratado Mc Lane–Ocampo.

En 1852 Benito Juárez se separa del cargo de gobernador al terminar su segundo mandato y regresa como director del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Retirado momentáneamente del servicio público el oaxaque-ño vuelve a desempeñar su profesión de abogado.

III. Juárez y la Revolución de Ayutla

La revolución llamada “Plan de Guadalajara” triunfa en la capital de la Re-pública y Antonio López de Santa Anna es llamado por los conservadores,

31 Leticia Reina, Historia de la cuestión agraria mexicana: Estado de Oaxaca, México, Juan Pablos Editor, 1988, 2 vols., I, pp. 194-197.32 Ibid., pp. 201-204.

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y regresa a ocupar la presidencia, éste no olvida que Juárez en su período de gobernador del Estado de Oaxaca, no le permitió llegar a la capital cuando fue denostado, después de la derrota frente al ejercito norteame-ricano y en un afán de venganza, Santa Anna toma preso al zapoteca y lo envía al exilio. Juárez se refugia en Nueva Orleans junto con otros libera-les como Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José María Mata, quienes se autodenominaron junta revolucionaria en el exilio.

Con el regreso de Santa Anna al poder, el caudillo ocupó la presidencia en alianza con Lucas Alamán y los conservadores de 1853 a 1855. Dos años gobernó sin ninguna Constitución, ya que la de 1824 la suspendió hasta el punto de llamarse asimismo Su Alteza Serenísima.

Después de año y medio de exilio, trabajando como torcedor de cigarros, el “Benemérito de las Américas” decide regresar a México para unirse al Plan de Ayutla, concebido por el General Juan Álvarez, héroe de la inde-pendencia nacional, quien luchó al lado de Guerrero, y fue secundado por el coronel retirado, Ignacio Comonfort en 1854, un liberal moderado, hacendado de Puebla que había llegado a ser administrador de la Aduana de Acapulco. Así comenzó una revolución con fuertes tintes reformadores, no solo con el deseo de acabar con la dictadura de Santa Anna. El levantamiento ar-mado contenía un plan de acción con la idea de llevar a cabo el programa de políticas liberales que había sido postergado e interrumpido por la reac-ción conservadora apoyada en los grandes poderes fácticos: la oligarquía y el clero.

Se describía en el plan que las instituciones liberales eran las únicas ca-paces de poner las reglas del juego sociopolítico y lograr la tan ansiada gobernabilidad.

El primer paso fue destituir a Santa Anna y excluir al círculo de empresa-rios, terratenientes y clérigos que lo rodeaban, para lo cual se requería de un amplio consenso entre la naciente clase política liberal. El plan salió de

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la Hacienda La Providencia, propiedad de Juan Álvarez y fue puesto en marcha por el coronel Florencio Villarreal, gobernador civil y comandante militar de la Costa Chica, y su legión multiétnica conocida como “Los Pi-nitos”. El movimiento era una respuesta al intento de Santa Anna de reconstruir el sistema centralista, en particular, el reclutamiento militar obligatorio, el sistema de la gleba que arrancaba a los padres de sus hogares. Además de la pesada carga del impuesto de capitación.

Todavía Santa Anna tuvo tiempo de cometer otro atropello contra la na-ción: la firma del Tratado de Gadsden.33 El acuerdo estaba pendiente en el senado norteamericano, y convenía otra cesión territorial a los Esta-dos Unidos. Con la venta del territorio de La Mesilla -como se conocía en México- en la cantidad de siete millones de pesos, se perpetraba la última transferencia territorial real para el país y sus habitantes, a favor de los in-tereses estadounidenses, que tenían proyectado la vía del ferrocarril que uniría las dos costas: la del Pacífico y la del Atlántico; base para que los Estados Unidos se convirtieran en un futuro, no lejano, en potencia impe-rial transoceánica.

Poco a poco la mecha de la revolución se fue extendiendo por el territorio nacional, Manuel Doblado en Guanajuato, Juan José de la Garza en Ta-maulipas, Santos Degollado en Jalisco, el joven Porfirio Díaz en Oaxaca, De la Vega en San Luis Potosí, Miguel Negrete en Michoacán e Ignacio de la Llave en Veracruz.34 El movimiento era ya imparable y la caída de Santa Anna parecía inminente. Ante la agitada Revolución proclamada en Ayutla, deja el mando militar y abandona la capital, en Perote pública un 33 Ralph Roeder, Juárez y su México, I SEP, México, 1957, pp. 153 y 154. Benítez comenta una anécdota sig-nificativa por lo que representa en términos de ética y responsabilidad e incluso resulta bochornosa y risible. Gracias a la venta del territorio de La Mesilla, el cónsul Francisco de Paula Arraingoz, tomó setenta mil pesos producto de la transacción territorial como parte de sus honorarios por la comisión de la venta y dijo que esta acción no la había realizado como cónsul, sino como particular. La opinión pública se indignó y reprobó el he-cho, Santa Anna lo destituyó, y Arrangoiz con lo embolsado se fue de inmediato a Europa. Fernando Benítez, Un indio zapoteco llamado Benito Juárez, Punto de Lectura, México, 2006, pp. 87 y 88.34 Clyde G. Bushnell, La carrera política y militar de Juan Álvarez, Editorial Porrúa, México, 1988, pp. 213 y 214.

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manifiesto, renunciando a la Presidencia de la República y se embarca para Turbaco en Colombia, lugar del que ya no regresaría.

Cuando Juárez llegó al puerto de Acapulco, en Guerrero, para ponerse a las órdenes del General Álvarez, éste no lo reconoció como un hombre de armas, sino como un hombre de ideas y acción política, como lo que ya era a sus 49 años, un liberal al que los historiadores no pueden identi-ficar, ni con moderados ni con radicales. Juárez cooperó con quién en su opinión era necesario colaborar en cada momento sin que le importara facción o partido.

Este pragmatismo político lo va acompañar el resto de su vida. Gracias a esta actitud política supo poner los intereses de la nación por encima de los del partido. Aunque esto suele ser controvertido pues hay quien piensa que la actitud de Juárez fue en beneficio personal por la misma acumula-ción de poder que llegó a concentrar. Existe una anécdota del regreso de Juárez a México antes de incorporar-se a la Revolución de Ayutla. Después de su desembarco en Acapulco so-licitó audiencia con el General Juan Álvarez, pero al encontrarse ausente, fue recibido por su hijo Diego Álvarez a quien le dijo:

Porque sabiendo que aquí se peleaba por la libertad, había venido a ver en que podía ser útil.35

Juárez empezó su labor como escribano en la secretaría del general Álva-rez. Tiempo después llegó un paquete desde la ciudad de México rotula-do: para el Señor Licenciado Benito Juárez, entonces Álvarez lo reconoció y le dijo: “¿Con qué es usted el que fue gobernador de Oaxaca? Sí señor, ¿por qué usted no me había dicho esto? ¡Para qué! Qué tiene ello de particular”,36 replicó Juárez. Esta respuesta muestra la humildad y la sen-cillez del Benemérito.

35 Rafael Zayas Enríquez, Benito Juárez su vida /su obra, Sepsetentas, México, 1971, p. 87.36 Ibid., p. 88.

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La Revolución de Ayutla abrió una prolongada lucha por el poder que duró dieciséis meses. Santa Anna demostró su incapacidad para detener el movimiento armado que se expandió hasta el Norte con Vidaurri, cacique militar de Nuevo León y Coahuila, y que se levantó en armas con la guar-dia nacional en contra de la última dictadura del caudillo de Veracruz.

Los límites del movimiento armado al sur llegaban hasta la mixteca en Oaxaca y a Michoacán en el oeste. La Revolución representaba la alianza tácita de todas las fuerzas del país que querían terminar con el estilo per-sonal de gobernar de Santa Anna, quien para el desempeño de su gestión había suspendido la Constitución de 1824.

Ante todo debe reconocerse que la coalición de Ayutla tomó el poder en la capital de la República con la anuencia del ejército regular, que se pro-nunció por el Plan de Ayutla. Una semana después Comonfort entró en Guadalajara y emitió una circular proclamando a Juan Álvarez como pre-sidente interino.

En Cuernavaca el General suriano convocó al prometido Congreso para la elección presidencial en 1855, resultando él mismo elegido. Posterior-mente trasladó su gobierno a la Ciudad de México y formó su gabinete. Relaciones Exteriores: Melchor Ocampo; Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública: Benito Juárez; Gobernación: Miguel Arrioja; Hacien-da: Guillermo Prieto; Fomento: Ponciano Arriaga; y Guerra: Ignacio Co-monfort.

Así que desde que Juárez se hizo cargo de esta cartera se propuso aca-bar con la prepotencia del clero y el militarismo, por medio de una ley que les quitase sus fueros; momento que le pareció el más propicio puesto que la Revolución de Ayutla había tomado fuertes tintes reformistas. El paso que dio Juárez no podía calificarse menos que audaz, ya que el clero go-zaba de gran prestigio y respeto tanto entre las clases altas como en las bajas, y el ejército desmoralizado por el abandono en el que lo dejó su jefe máximo Santa Anna, además de sus pésimos antecedentes, constituía una fuerza que manejada por el clero podía provocar graves conflictos en

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lo sucesivo.

La idea del Benemérito era precisamente restar poder a estas dos insti-tuciones decimonónicas de gran fortaleza. Es cierto que el gabinete de Álvarez podía considerarse republicano y liberal de lo más avanzado, pero tenía en contra al más prestigiado y poderoso general, Comonfort, el ver-dadero autor del Plan de Ayutla, quien ejercía bastante influencia en el presidente Álvarez. Elegido Presidente Interino de la República por una junta nombrada por él mismo, el caudillo delegó sus facultades en Co-monfort, quien se encargó de organizar el gobierno y se instaló en la capi-tal como árbitro de la situación. Si Comonfort hubiera sido un ambicioso, poco esfuerzo le habría costado acaparar el poder; pero, generoso y sin experiencia, acogió con agrado la colaboración de los recién llegados.37

Sin embargo, esa naturaleza que sirvió para defender a los liberales exi-liados en Nueva Orleans, después funcionó para transigir con la oposición y ceder en temas que no apoyaban las reformas liberales en el ámbito político.

Ralph Roeder, historiador estadounidense, escribió sobre esta debilidad de Comonfort para prestarse a transacciones:

“En lo personal, poco dejaba que desear: desinteresado, honrado, escru-puloso y leal, Comonfort era sin duda, uno de esos mexicanos sincera-mente dispuestos a posponer su ambición al bien público; pero propenso a transigir”.38

Desde la formación de este gabinete se comprendió que era imposible su subsistencia por mucho tiempo pues las diferencias del grupo liberal no tardarían en manifestarse, además la avanzada edad del prestigiado general Juan Álvarez, hacía imposible que este tuviese el suficiente nervio para decidirse entre las opuestas posiciones de Comonfort y Juárez.39 En 37 Ralph Roeder, op. cit., pp.165 y 166.38 Ralph Roeder, op. cit., p.166.39 Benito Juárez, Angel Pola (compilador), Exposiciones como se gobierna, tomo I, Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación, 2ª edición, facsimilar, México 2000, pp. 42 y 43.

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tales circunstancias parecía poco plausible llevar adelante una reforma favorable para los liberales radicales, sin usar alguna estratagema. Juárez lo comprendió así, y aprovechó el momento en que Comonfort se ausen-tó tres días de la capital, para obtener del presidente Álvarez la firma de aprobación de la Ley de Administración de Justicia, mejor conocida como Ley Juárez, primera de las Leyes de Reforma.

En lo fundamental esta nueva ley se proponía establecer principios de igualdad suprimiendo los tribunales especiales, tanto eclesiásticos como militares. Se traducía en someter a las clases privilegiadas a la jurisdicción de los tribunales civiles como máxima y única autoridad pública. La inten-ción fue acabar con fueros y canonjías de clérigos y militares para lograr que estos fueran jurídicamente responsables de sus acciones dentro de la sociedad. Pero dejemos que lo explique el mismo Juárez:

“Desde entonces manifesté que, en mi concepto era indispensable intro-ducir en el ramo de la administración de justicia algunas reformas, dero-gando o modificando por lo pronto, las disposiciones que daban existencia a los tribunales especiales, por ser notoriamente nocivos a la sociedad, por el abuso de las clases a cuyo favor se dictaron y por estar en pugna abierta con el principio de igualdad que la Nación, en la última revolución que acababa de triunfar, se había propuesto a hacer efectivo”.40

Además de tocar intereses económicos y políticos, el establecimiento de esta ley fue considerada una intromisión del poder civil de los liberales, con el objetivo de instaurar una sociedad laica.

Juárez también hizo otro planteamiento en la Ley sobre Administración de Justicia, el cual tenía que ver con la elección de magistrados nombrados para la Suprema Corte de Justicia. En el momento que la Ley sobre Ad-ministración de Justicia entró en vigor, (noviembre de 1855), los ministros serían electos por el ejecutivo federal. Esta decisión era contraria a las especificaciones de la Constitución de 1824, que disponía que los magis-trados de la Suprema Corte de Justicia serían seleccionados, a través de 40 Rafael Zayas Enríquez, Benito Juárez, op. cit., p. 92.

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los congresos legislativos locales que proponían candidatos, mismos que después eran elegidos por el congreso federal.

La acción de Juárez no solamente golpeaba la independencia del poder judicial, sino que también el tradicional papel que jugaba el legislativo en los niveles estatal y federal, en la selección de los ministros de la Corte. A éstos se les pidió que jurasen lealtad al Plan de Ayutla. Esta medida rápida y profundamente política impuesta por Juárez pasó por encima de las peticiones de los magistrados, quienes solicitaban la restauración de la independencia e integridad judicial, después de los intentos de Santa Anna de llenar la Corte de partidarios suyos. Pero la decisión de Juárez revelaba claramente su creencia en que solamente una fuerte autoridad ejecutiva podría llevar a cabo el programa liberal.41

Como se comprometió en el Plan de Ayutla, el 30 de agosto de 1855, la administración de Álvarez lanzó la convocatoria para la elección de dele-gados al Congreso Constituyente, que formularía una nueva Constitución en sustitución de la de 1824. El edicto eliminó el derecho de representa-ción del clero en el Congreso constitutivo. Según Juárez, la intención no fue excluir a los miembros de la iglesia católica permanentemente del de-recho a ejercer el sufragio, sino garantizar la eliminación de los diputados del clero para que no obstruyesen el proceso de creación del nuevo orden político: republicano y democrático. Una vez consolidado este sistema po-lítico, se les permitiría a los clérigos participar como ciudadanos.42

El General Álvarez renunció a la presidencia en favor de Ignacio Comonfort,43 a quien nombró como presidente substituto, de esta forma los moderados del partido liberal lograban su propósito de colocar en la cúspide del poder a un hombre afín a sus intereses. Así fue como los moderados tomaron 41 Linda Arnold, “La política de la justicia: los vencedores de Ayutla y la suprema corte mexicana”, Historia Mexicana XXXIX, ii (octubre-diciembre, 1989), pp. 43-49.42 Clyde G. Bushnell, La carrera política, op. cit., p. 246.43 Al abandonar la presidencia el general Juan Álvarez pronunció estas palabras: “Pobre entré en la presidencia y pobre salgo de ella; pero con la satisfacción de que no pesa sobre mí la censura pública, porque dedicado desde mi tierna edad al trabajo personal, sé manejar el arado para sostener a mi familia, sin necesidad de los puestos públicos, donde otros se enriquecen con el ultraje de la orfandad y de la miseria”. Citado en Fernando Benítez, Un indio zapoteco llamado Benito Juárez, Punto de Lectura, México, 2006, pp. 103 y 104.

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por asalto la presidencia de la República.

En el gabinete se hicieron patentes las divisiones al interior del partido. Guillermo Prieto y Melchor Ocampo renunciaron.44 Benito Juárez fue el único que permaneció en el gabinete de Comonfort con el objetivo de dar-le seguimiento a la nueva Ley sobre Administración de Justicia y continuar con las reformas liberales contempladas en el Plan de Ayutla. Sin embargo, temeroso de la influencia de Juárez entre los legisladores liberales que discutían la nueva Constitución, Comonfort pensó en alejarlo de la capital y en enero de 1856 le ofreció la gubernatura del estado de Oaxaca. Juárez aceptó y dejó la cartera de Justicia. Así fue como Comon-fort supuestamente se deshizo del autor de la controvertida Ley que había disminuido la total inmunidad del clero.

El 2 de febrero de 1856, el recién nombrado gobernador de Oaxaca mani-festó públicamente su apoyo a la finalización de la Revolución de Ayutla, cuyo propósito -escribió en un manifiesto- era “respetar y hacer respetar las garantías constitucionales del hombre y el ciudadano”, tales como la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, entre otras.

IV. Juárez segunda vez gobernador

Juárez llegó al estado de Oaxaca y en Tehuacan se entera del llamado Plan de Uraga, secundado por el coronel Villarreal, el cual desconoce su autoridad. Los mandos y la guarnición que habían servido al gobierno de Santa Anna se pronunciaron contra la Ley Juárez, y su pronunciamiento asentaba:

44 Melchor Ocampo como hombre radical del partido liberal no transigió con el gobierno y al renunciar al gabinete esgrimió estos argumentos: “Como me explicó de plano Comonfort que la revolución seguía el camino de las transacciones y como soy de los que se quiebran pero no se doblan, dejé el ministerio…Dudo mucho que con apretones de mano, como Comonfort me dijo que había apaciguado a México y se proponía a seguir gobernando, pueda conseguirlo, cuando yo creo que los apretones que se necesitan son de pescuezo. El tiempo dirá quién se engañaba”. Citado por Enrique Krauze, Siglo de Caudillos, Tusquets, México, 1994, pp. 223 y 224.

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Considerando que si llegará a tomar el control del gobierno Don Benito Juárez causaría incalculables desgracias a los habitantes de Oaxaca, por-que siendo el autor de la ley antieclesiástica es claro que querrá hacerla cumplir; considerando, en fin, que la nación de día en día camina a su ruina: se desconoce al señor Benito Juárez.45

Las fuerzas militares que lo acompañaban se encargaron de convencer a los sublevados quienes depusieron su actitud hostil hacia el gobernante.

A su llegada Juárez encontró su tierra natal en un estado lamentable, y prácticamente anulados todos los beneficios de su anterior gobierno. Re-abrió el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, su alma mater, que había sido degradada a escuela preparatoria, la cual cesó sus funciones por un decreto de Santa Anna.

Juárez comenzó por aplicar las primeras leyes de Reforma en el estado: la Ley Juárez y la Ley Lerdo, la primera suprimía privilegios y la segunda ata-caba un problema añejo; la propiedad de las tierras ociosas en manos de la iglesia y la aristocracia.46 El Benemérito aplicó la Ley Lerdo en Oaxaca, donde procuró aclarar los procedimientos y amortiguar para las comunida-des indígenas los gastos y desventajas que pudiera causar. Estos fueron los primeros efectos prácticos de las Leyes de Reforma, que acabarían enconando al país. A fin de contar con los medios prácticos para promover el proyecto liberal, Juárez restableció la Guardia Nacional de Oaxaca, misma institución que había sido acusada de ser su brazo armado para imponer otras leyes an-teriores. Exigió la disolución de lo que quedaba del ejército regular con el argumento de que no era probable que lo apoyase en su labor de gobier-no. Como él mismo lo expresó en sus apuntes:45 Citado en Fernando Benítez, op. cit. p.105.46 Se refiere a la Ley Lerdo cuyo nombre oficial era Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Religiosas. La medida privatizadora de Lerdo lanzó al liberalismo, en su forma más controvertida, a la arena rural. Lerdo veía la propiedad corporativa como un obstáculo para el desarrollo económico. Por este motivo, buscó con esta ley una transformación radical de la relación jurídica en torno a la posesión de la tierra, que tenía consecuencias económicas y sociales de gran alcance.

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“…porque aquella clase de fuerza, viciada en los repetidos motines en que jefes ambiciosos y desmoralizados como el general Santa Anna la habían obligado a tomar parte, no daba ninguna garantía de estricta obediencia a la autoridad y a la ley y su existencia era una continua amenaza a la liber-tad y al orden público”.47

El otro problema que enfrentó fue el asunto pendiente del Istmo de Te-huantepec, que había proclamado en 1855 el establecimiento de la región en territorio federal. Los habitantes de la zona ya habían manifestado su deseo de volver a unirse a Oaxaca al poco tiempo del fin de la revolución liberal de Ayutla, pero el gobierno había retrasado la cuestión hasta des-pués de la promulgación de la nueva Constitución. A este respecto, el go-bernador Juárez trabajó estrechamente con los diputados constituyentes oaxaqueños para la restitución de los territorios. El zapoteca logró que el Congreso Constituyente de 1856-1857 acordara la reincorporación de los territorios de Tehuantepec y Juchitán al estado de Oaxaca.48

Al deteriorarse la situación política al interior del partido liberal con res-pecto a la reacción de los conservadores por la puesta en marcha de la segunda Constitución mexicana, Comonfort empezó a buscar aliados que le ayudasen a salvar el cargo de presidente. Volvió a llamar Juárez a la ca-pital de la República, para que tomara el cargo de secretario de Goberna-ción en su gabinete. Le pidió específicamente que le ayudara a reconciliar a las facciones enfrentadas dentro del partido liberal (moderados contra radicales) en un tiempo de profunda crisis nacional, donde el clero y el partido conservador estaban en pie de guerra contra las reformas liberales y la nueva constitución.

Previo a su designación como ministro de Gobernación, Juárez había sido nombrado en las elecciones nacionales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que de acuerdo con la Constitución de 1857 le hacía sucesor a la presidencia del país, si llegara a faltar el presi-

47 Benito Juárez , Los apuntes para mis hijos, Centro Mexicano de Estudios Culturales, México, 1968, p. 37.48 Edmundo O’Gorman, Historia de las divisiones territoriales de México, Editorial Porrúa, Colección “Sepan cuantos”, México, 1973, pp. 116-119.

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dente por cualquier motivo. Esta posición le resultaría muy benéfica en el futuro. El Zapoteco dejó Oaxaca en octubre de 1857 para nunca volver.

V. Juárez y la Constitución de 1857

El año del Congreso Constituyente corrió de febrero de 1856 a febrero de 1857. Estaba conformado por 155 diputados encargados de diseñar la nueva Constitución que regiría a la República. Era un Congreso unica-meral, no hubo Senado desde que Santa Anna abolió todos los órganos representativos del sistema federal, en diciembre de 1853, hasta que en 1874 Sebastián Lerdo pudo restablecer el Senado.

Los defensores de esta Constitución, entre los que se encuentra Juárez, la veían como un instrumento que vendría a terminar con la política per-sonalista y a establecer la supremacía de la ley. Sus autores, escritores, abogados, periodistas, todos ellos progresistas, pretendían transformar lo que quedaba de la herencia colonial en una sociedad moderna fundada en principios de igualdad ante la ley, soberanía del pueblo, derechos del hombre y propiedad privada, fundamentos centrales del liberalismo deci-monónico.

Los liberales, autores de la Constitución, identificaban dos problemas ca-pitales en México: el centralismo y la hegemonía del ejecutivo. La Carta Magna de 1857 aportaba elementos para la disminución del poder del ejecutivo nacional, y la supremacía del poder legislativo en una estructura federal de gobiernos y constituciones estatales.

La Constitución de 1857 fortaleció el cargo de gobernador estatal. Éstos nombran a los administradores de distrito, mejor conocidos como “jefes políticos”, que eran sus agentes ejecutivos. El “jefe político” era identifi-cado como el “mandamás” del lugar, y ejercía una variedad de poderes que iban desde, ejercer control sobre los municipios, decidir en caso de elecciones reñidas, reclutar para el ejército permanente y administrar las tierras baldías desocupadas.49 49 J. Lloyd Mecham, “The Jefe Politico in Mexico”, Social Science Quarterly XIII, 4, (marzo 1993), pp.

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La organización de los municipios había sido el primer gran intento de transformar el orden de los pueblos. El nuevo sistema constitucional, qui-taba autonomía a las comunidades y las subordinaba al Estado central. El cambio no fue fácil, y, por décadas, la organización de los municipios estuvo “viciada” por la persistencia de prácticas tradicionales, y la lucha por mantener la autonomía de otro tiempo. Inventar las instituciones era una cosa, transformar el espíritu público de los campesinos era otra muy distinta, y mucho más difícil.

El problema clave aquí, es la inexistencia de ciudadanos identificados con la constitución diseñada y la sociedad que propugnaban los liberales. Lo que teníamos era un Estado demasiado débil para servir de mediador, pero demasiado fuerte para extorsionar a los pueblos. A esto hay que sumar la tradición corporativa y paternalista heredada de la Colonia. Las comunidades buscan su espacio de subsistencia en la competencia de las autoridades, y aspiran siempre a que la autoridad suprema intervenga como mediadora en los conflictos. Este es un signo palpable de nuestra cultura política. La constitución incorporaba las leyes Juárez y Lerdo. La primera excluía a todos los miembros del clero de la posibilidad de ocupar un escaño de diputado y suprimía todos los fueros del clero y el ejército. Así lo expresó Juárez en sus memorias:

“Imperfecta como era esta ley, se recibió con grande entusiasmo por el Partido Progresista; fue la chispa que produjo el incendio de la Reforma que más adelante consumió el carcomido edificio de los abusos y preocu-paciones…desafío que se arrojó a las clases privilegiadas y que el General Comonfort y todos los demás, por falta de convicciones en los principios de la revolución, o por conveniencias personales, querían detener el curso de aquélla transigiendo con las exigencias del pasado…”50

La Ley Lerdo disponía de la utilización de tierras ociosas, para promover

333–352.50 Benito Juárez, op. cit., p. 35.

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la propiedad privada. Liquidaba los bienes raíces del clero y así minaba el monopolio territorial más extenso en México durante el siglo XIX. Satisfa-cía tanto la demanda de subdivisión, como de explotación de los terrenos baldíos en beneficio de la clase media.

La disolución de las comunidades indígenas era un objetivo explícito de la política de desamortización. El modelo liberal de Estado exigía la supre-sión de las viejas lealtades comunitarias locales, y la uniformidad frente a la autoridad estatal. Necesitaba fundar su dominio sobre una sociedad de individuos convertidos en ciudadanos. No podía negociarlo con comunida-des relativamente autónomas en principio, que se oponían al Estado:

Incuestionable es que no debe tolerarse la existencia de comunidades indígenas, procurándose por el contrario la repartición de los bienes de que han sido propietarios, y éste es cabalmente uno de los principales preceptos de la ley.51

Es indudable que había una tendencia, muy lenta y desigual, pero persis-tente, a la disolución de las comunidades. El modelo clásico del funciona-miento de las comunidades supone que eran “sistemas sociales limitados”, con fronteras bien definidas y una conciencia sólida de identidad. Cada comunidad conservaba sus propias costumbres, tradiciones y lengua, se rodeaba con una muralla de desconfianza y hostilidad hacia los extraños. Un conjunto de esas comunidades podía estar subordinado a una hacien-da que se encontrara valle abajo, pero conservaba al mismo tiempo, un fuerte sentido de diferencia cultural y social con respecto a la población de la hacienda.52

La garantía de subsistencia de las comunidades indígenas, está en la base de su orden tradicional: la fuerte cohesión interna, autogobierno, tierras comunales y servicios religiosos. La noción de justicia -tan maltratada- es asociada por las comunidades, con la idea de subsistencia, y con el crite-51 Carta del Ministro de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada, al gobernador de Michoacán, sobre la aplicación de la ley de desamortización en 1857. Citado por Fernando Escalante, Ciudadanos Imaginarios, El Colegio de México, México, 1986, p. 65. 52 Eric R. Wolf, Las luchas campesinas del siglo XX, Editorial Siglo XXI, México, 1985, p.17.

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rio moral básico que es la reciprocidad.53

La tercera ley de Reforma que componía el tridente reformador, fue la ela-borada por José María Iglesias, misma que llevaba su nombre, (Ley Igle-sias). Esta ley de abril de 1857 aumentaba los temores del clero, ya que secularizaba los cementerios y regularizaba la cantidad y cobros de los honorarios del clero por sus servicios. La Ley sobre Aranceles y Obven-ciones Parroquiales, considerada como otro atentado contra los derechos de la iglesia, estableció la obligación de los sacerdotes de colgar en los templos el costo por sus servicios.

El defecto cardinal de la nueva constitución, es que careció de cimientos económicos, y que salió sobrecargada con derechos políticos, que habían de convertirse, en deberes más que en haberes. La Carta Magna de 1857 abría con veintinueve artículos que definían los derechos del hombre y señalaban las garantías individuales. El sufragio universal, el derecho de acusar a los funcionarios públicos, los derechos de petición, de reunión, de amparo constitucional, de jurado, la libertad de enseñanza, de prensa, de imprenta, de opinión, de comercio, y la libertad de conciencia, este últi-mo un derecho fundamental en las sociedades democráticas liberales, ya que significa la libertad de pensamiento. Juárez así lo escribió:

Libre, y para mí muy sagrado, el derecho de pensar.54

Las discusiones en el Congreso Constituyente fueron acaloradas e inten-sas pero el momento culminante llegó cuando se discutió el tema de la libertad de cultos. Previamente se discutió la libertad de conciencia que no pasaría sin oposición por parte del clero y los clericales, sin embargo, no fue obstáculo alguno en la discusión. El verdadero alegato se dio con el asunto de la libertad religiosa, el debate se prolongó ocho días y puso 53 La obligación de la reciprocidad es el principio moral por excelencia, y se aplica con la misma fuerza a las relaciones entre iguales y entre desiguales. Es entonces lógico que, en su conducta política, los campesinos busquen y prefieran los vínculos personales con hacendados o caciques, con quienes pueden mantener rela-ciones de reciprocidad. Ibid., p 61.54 Benito Juárez, Flor y Látigo. Ideario político, selección y prólogo de Andrés Henestrosa, Columna Liberal del Estado de México, Toluca, 2005, p. 32.

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de relieve los talentos más caracterizados de la asamblea.

La tarea mayor era la de enfocar el problema en sus justas dimensiones y disociar el ataque al exclusivismo religioso católico de todo lo que pudiera parecer un ataque a la fe. Ignacio Ramírez “El Nigromante”, insistió que era un contrasentido hacer compatible la “democracia religiosa” con el régimen teocrático que dominó durante el siglo XIX. Al discurrir sobre el artículo 15 que tocaba este tema, el Nigromante, único ateo confeso en la asamblea constitutiva de 1856 expresó:

En 1824 cuando aún estaban humeantes las hogueras de la inquisición, con uno de sus tizones mal apagados se escribió en la Constitución de la república el artículo que estableció la intolerancia religiosa, y este artículo es el que venimos hoy a borrar en nombre de la humanidad, y sí es posi-ble, a costa de nuestra sangre.55

Ante esta posición de los radicales, los moderados del partido liberal argu-mentaron que “no era tiempo”, al objetar que las ventajas de la libertad de cultos eran remotas y problemáticas, y en un país saturado de catolicismo, los peligros que podían correr eran muchos, entre ellos una guerra civil. Con voz de profeta Ignacio Ramírez planteó el escenario que le esperaba a la República mexicana.

El 5 de febrero de 1857 se proclamó la segunda Constitución de México, acompañada de un manifiesto que presumía los logros de la nueva Carta Magna:

La igualdad será de hoy en adelante la gran ley de la república; no habrá más mérito que el de las virtudes; no manchará el territorio nacional la esclavitud, oprobio de la historia humana; el domicilio será sagrado; la propiedad inviolable; el trabajo y la industria libres; la manifestación del pensamiento sin más trabas que el respeto a la moral, a la paz pública y a la vida privada; el tránsito, el movimiento sin dificultades, el comercio, 55 Discurso pronunciado por Ignacio Ramírez en la asamblea constituyente de 1856, periodista, maestro, escri-tor y liberal que perteneció al ala radical del partido. Citado por Ralph Roedor, op. cit., p. 187.

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la agricultura sin obstáculos; los negocios del Estado examinados por los ciudadanos todos; no habrá leyes retroactivas, ni jueces especiales, ni confiscación de bienes, ni penas infamantes, ni se pagará por la justicia, y en México, para su gloria ante Dios y ante el mundo, será una verdad práctica la inviolabilidad de la vida humana.56

Finalmente la constitución de 1857 resultó un polvorín para el gobierno de Comonfort. La excitación que vivía la sociedad hacía temer a cada instante, acontecimientos graves que provocasen una explosión social ge-neralizada. La puesta en marcha de la Carta Suprema fue el instrumento jurídico que sentó las bases para establecer el estado laico y abandonar el estado teocrático, además de poner los cimientos de la estructura jurídica de las instituciones del Estado mexicano.

Sin embargo, ya desde fecha muy temprana, la cuestión de si la constitu-ción podía funcionar suscitaba opiniones encontradas dentro del partido liberal. La esencia del problema residía en el agotamiento deliberado del ejecutivo y la concentración de poder a favor del legislativo, además de la presencia de gobiernos estatales fuertes en las distintas regiones del país.

Sólo veintiún diputados del Congreso Constituyente fueron reelegidos, muchos de los nombres famosos quedaron fuera: Gómez Farías, Francis-co Zarco, Ocampo, Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga, Santos Degollado y José María Lafragua. Comonfort interpretó los resultados de las eleccio-nes como una derrota de la Constitución. Los verdaderos ganadores eran los liberales radicales de los estados, quienes pretendían aprovechar esta anulación del poder central para disponer de las propiedades que aún le quedaban a la iglesia y para asegurarse el control de todos los recursos federales que pudiesen. Así que lejos de representar una derrota de la constitución, era su consecuencia lógica.

VI. Juárez y la guerra de Reforma56 Lilia Díaz, “El liberalismo militante”, en Historia General de México, tomo 3, El Colegio de México, México, 1976, p. 103.

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La división interna del partido entre liberales puros y moderados, sobre el asunto de reformar la nueva Constitución, sirvió de trasfondo al autogolpe de Estado, conocido como Plan de Tacubaya, donde Zuloaga, militar de la guarnición de la Ciudad de México, acordó con Comonfort, según los tér-minos del Plan, gobernar con poderes ejecutivos omnímodos, prescindir del Congreso, así como convocar a un nuevo Congreso para formular una Constitución práctica y viable.

Una de las consecuencias del golpe simulado fue la detención de miem-bros del gabinete, entre ellos Juárez57, quien permaneció arrestado en Pa-lacio Nacional desde la noche del 17 diciembre de 1857 al 11 de enero de 1858. Burlado y confundido, Comonfort había llegado hasta donde podía llegar con sus últimas acciones, a la dictadura personal y el aislamiento político. Después de haber puesto todos los instrumentos del gobierno de lado de los reaccionarios; de haber traicionado sus juramentos y sus obli-gaciones desconociendo la Carta Magna para gobernar, se ajustó al Plan de Tacubaya.58

En enero de 1858 el general Félix Zuloaga desconoció a Comonfort como presidente. Éste, desengañado, desconfiado y desacreditado, creyó hacer un mal a la causa de los amotinados restituyéndole a Juárez su libertad, lo cual permitió al oaxaqueño lo que por derecho constitucional le corres-pondía: la presidencia de la República, al haber sido elegido Presidente 57 Existe una buena cantidad de preguntas, que pone a Juárez en una difícil situación en el momento del golpe de Estado. Ellas son: ¿Cuánto sabía o cuánto quería saber de la conjura incipiente? En los primeros días, queda en duda; pero de todos modos, si ignoraba una maniobra que era un “secreto a voces” o se abstuvo a sa-biendas de investigar y comprobarla. Cuando Comonfort le comunicó su intención de cambiar de política, ya con conocimiento del Plan de Tacubaya, Juárez no hizo nada, su reserva resultó perjudicial para él, su partido, el Congreso y finalmente el país, que caminaba inexorablemente hacia una guerra civil. ¿Por qué? ¿Le pareció inútil intervenir? ¿O más útil callarse? ¿A qué motivo obedecían su discreción, su inactividad, su pasividad ante el peligro? ¿O se dejó arrastrar por las circunstancias siendo incapaz de impedir la catástrofe? De aquí viene su fama de hombre circunspecto e impasible. Sin embargo, todas estas parecen ser dudas insondables que permanecerán. Ralph Roeder, op. cit., p. 220.58 Los principales artículos del Plan, lanzado el 17 de diciembre de 1857, fueron estos: “Art.1 Desde esta fecha cesará de regir en la República la Constitución de 1857. Art. 2 Acatando el voto unánime de los pue-blos, expresado en libre elección que hicieron de Ignacio Comonfort presidente de la República, continuará encargado del mando supremo con facultades omnímodas, para pacificar a la Nación, promover sus adelantos y progreso, y arreglar los diversos ramos de la administración pública”. Tomado de Ángel Pola, (compilador), op. cit., p. 51.

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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establecía la Cons-titución recién aprobada.

Comonfort abandonó el país para dirigirse hacia Estados Unidos con la anuencia de los reaccionarios. Juárez huyó de inmediato, primero a Que-rétaro y desde ahí a Guanajuato, donde puso su empeño en restablecer el régimen liberal y lanzó un manifiesto en el que expresó:

El gobierno constitucional de la república, cuya marcha fue interrumpida por la defección del que fue depositario del poder supremo, queda resta-blecido. La Carta Fundamental del país ha recibido una nueva sanción, tan explícita y elocuente, que sólo podrían desconocerla los que volunta-riamente cierren los ojos a la evidencia de los hechos.59

En la capital de la República los conservadores levantaban otro gobier-no que se proponía encumbrar el régimen de “religión y fueros”. Estos acontecimientos, que llevaron al establecimiento de dos gobiernos rivales, abrieron el período de tres años conocido como Guerra de Reforma, que en los hechos fueron diez debido a la intervención francesa.

El triunfo del partido conservador se manifestó en la invalidación de la Constitución. Las clases reaccionarias no gustan de transar. Cuando ce-den lo hacen obligadas por la fuerza, pero siempre soñando en recuperar lo perdido. Anhelan conservar todo cuanto tienen. Siguen con la mente fija en los privilegios del ayer. En esta tesitura, los conservadores estaban dispuestos a dar la batalla para desintegrar el régimen liberal y recobrar los beneficios de antaño.

Después de un periplo por el centro y occidente del país, Juárez esta-bleció su gobierno en Guadalajara, mientras recuperaba la capital de la nación en manos de los golpistas de Tacubaya. El gabinete que formó en la capital de Jalisco se componía así: Relaciones y Guerra: Melchor Ocampo, sabio y filósofo de la escuela estoica; Gobernación: José Santos Degollado, un apóstol, casi un iluminado, héroe de todas las derrotas y 59 Tomado de Zayas Enríquez, op. cit., p.110.

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las reorganizaciones; Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Públi-ca: Manuel Ruiz, un liberal sin tache, y un hombre de profunda reflexión; Hacienda: Guillermo Prieto, un idealista, casi un soñador; Fomento: León Guzmán; un jacobino intransigente.60 El mando del ejército se le entregó al General Anastasio Parrodi.

El golpe de Estado dado por Zuloaga el 17 de diciembre de 1857, supu-so el punto de inflexión en las relaciones Iglesia-Estado. El motín generó un profundo sentimiento anticatólico entre los liberales moderados, que después de la desastrosa alianza de Comonfort y Zuloaga socavó la cre-dibilidad moral de los moderados propensos a transigir con la reacción. Por el contrario esta actitud alimentó la guerra civil y encendió el ánimo revolucionario de los liberales radicales.

En Guadalajara Juárez pretendía convocar al Congreso para expedir las leyes orgánicas de la Constitución, y llamar a elecciones de presidente, ya que manifestó que no quería prolongar un solo día el corto período de su administración transitoria, y así lo expresó:

Llamado a este difícil puesto por un mandato constitucional y no por el mandato de las facciones, procuraré, en el corto periodo de mi adminis-tración, que el gobierno sea el protector imparcial de las garantías indivi-duales, defensor de los derechos de la nación y de las libertades públicas. Llamaré al orden a los que con las armas en la mano o cualquier manera niegan la obediencia a la ley y a la autoridad.61

Una parte de la guarnición de Guadalajara se pronunció por el Plan de Ta-cubaya. En palacio detuvo a Juárez junto con su gabinete, a quienes pre-tendían fusilar. Les salvó la vida la elocuencia de Guillermo Prieto, quien se dirigió a los soldados que iban a cometer el crimen. En aquel momento de zozobra, las siguientes son las conocidas palabras que el inspirado discurso de Prieto pronunció:

60 Así fue como calificó a los hombres de este gabinete de guerra, Rafael de Zayas Enríquez, biógrafo de Juárez, en op. cit., p.110.61 Ibid., p. 111 y 112.

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Aquella terrible columna hizo alto frente a la puerta del salón… y sin espe-rar y sin saber quien daba las voces de mando, oímos distintamente: “¡al hombro! ¡presenten! ¡apunten!...” y ahogando la voz de fuego que tronaba en aquel instante, grité: “¡levanten esas armas! ¡levanten esas armas! ¡los valientes no asesinan…!” y hablé y hablé.62 El gobierno, después de firmar una capitulación con las fuerzas sediciosas resolvió salir de Guadalajara rumbo a Colima. Desde esta ciudad, Juárez y sus ministros decidieron, por términos estratégicos, trasladar el gobierno constitucional a donde las comunicaciones fueran más ágiles, este punto fue la ciudad de Veracruz. Así que se embarcaron en Manzanillo rumbo a Panamá donde siguieron hasta llegar al puerto jarocho. Finalmente en esta ciudad quedó establecido el gobierno constitucional de Juárez.

Las tropas liberales dirigidas muchas veces por oficiales de guerra impro-visados, lucharon durante un año contra un ejército profesional con tropas disciplinadas y oficiales de carrera. El entusiasta ejército liberal sufrió in-numerables derrotas, lo cual hizo más difícil la administración de Veracruz. Las tensiones dejaron sentirse al interior del gabinete de Juárez por la tardanza en la aprobación de las Leyes de Reforma.

El primer año de guerra para los liberales fue desastroso en términos mi-litares. Los generales Miramón y Márquez obtuvieron grandes victorias en los combates de Puerto de Carreras, San Luis Potosí; Barranca de Atenquique, Colima; Acámbaro, Guanajuato y Poncitlán, Jalisco. Todas estas batallas fueron libradas por el hombre de las mil derrotas: Santos Degollado, quien no ganó ninguna trascendental frente a los oficiales con-servadores Miramón, Mejía y Márquez. En diciembre de 1858, gracias al Plan de Navidad, Miguel Miramón des-conoció tanto a Juárez como a Zuloaga, y fue elevado a la presidencia en febrero de 1859, por la elite del ejército y el clero. Considerado un exce-lente militar se lanzó contra Veracruz pensando que si se apoderaba de la ciudad, la lucha civil terminaría. Marchó a sitiar la plaza, pero recibió la 62 Tomado de Fernando Benítez, op. cit., p. 137.

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noticia de que Santos Degollado estaba asediando la Ciudad de México donde tenía su gobierno.

Mientras Leonardo Márquez salió de Guadalajara en auxilio de la capital, Miramón, al no encontrar abastecimiento para sus tropas, comenzó la re-tirada. El apoyo solidario de las clases populares al gobierno de Juárez no le permitió absolutamente nada, no logró tomar Veracruz y regresó a la capital de la República.

La tensión dentro del gabinete del gobierno de Veracruz iba en aumento, por la imposibilidad de publicar las Leyes de Reforma. La presión de Ler-do sobre Juárez para la promulgación de las citadas leyes se hacía más intensa. La pretensión de Lerdo era la realización de un decreto para la inmediata expropiación de las propiedades eclesiásticas, y así utilizar los recursos obtenidos por las ventas como garantía para la obtención de un préstamo que aspiraba a negociar con el gobierno de los Estados Uni-dos.

De aquí se desprenden dos decisiones fundamentales. La primera fue la promulgación de las Leyes de Reforma, a través de un decreto presiden-cial; que nacionalizaba los bienes del clero, base y cimiento de las demás leyes. La segunda corresponde precisamente al déficit fiscal del gobierno liberal, que necesitaba ser cubierto, pues las penurias del tesoro obliga-ban a actuar de inmediato, a efecto de continuar la guerra contra los con-servadores y atender las necesidades primarias del gobierno de Juárez.

La publicación de las Leyes de Reforma fue precedida por un Manifiesto a la Nación firmado por Juárez, Ocampo, Ruiz y Lerdo el 7 julio de 1859, hace 150 años, y significó el punto de inflexión ideológico y moral en la guerra civil. A pesar de que a lo largo de los desastrosos meses de 1858, en los que todas las ciudades principales del centro–norte del país se ha-bían perdido a manos del ejército conservador comandado por Miramón, parecía que la causa liberal iba a claudicar, sin embargo, en la práctica, la iniciativa ya la habían tomado los gobernadores de los estados adeptos a la doctrina liberal. Estos hombres, generalmente caciques o caudillos, que

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se habían hecho del poder y el control regional, apoyaban las reformas liberales, porque veían en ellas una manera de restarle fuerza al clero.

El manifiesto reafirmaba los principios de la Constitución de 1857. Bus-caba someter al clero al poder civil en todo los asuntos temporales, ya que los miembros de la iglesia católica debían de ser considerados ciu-dadanos ordinarios en una República, en vez de ser poseedores de un privilegio corporativo de una entidad supranacional bajo dominio absoluto del Papa.

El régimen liberal pretendía privar al clero de los recursos económicos que pudiera convertirlo en un poder independiente, capaz de cuestionar la supremacía del Estado. El Manifiesto planteaba la separación total entre Iglesia y Estado.

A partir de entonces, los miembros de la iglesia católica tendrían que vivir de las aportaciones que pagasen los fieles, debido a que se suprimió toda obligación civil que permitiese el pago de esta cuota. Las contribuciones voluntarias serían suficientes.

La separación de la Iglesia y el Estado quedó expresamente clara cuando arrancó a los ministros del culto católico la facultad única de celebrar los matrimonios,63 y el papel tanto en el registro de nacimientos como en el de fallecimientos, transfiriendo estas disposiciones a un registro civil. Como ejemplo, Benito Juárez registró a uno de sus doce hijos, en el registro civil que se estableció en Veracruz y en toda la zona liberal del país.

De acuerdo con el manifiesto, los objetivos de las Leyes de Reforma per-seguían la división y separación de funciones entre el Estado y la Iglesia. Entre ellos destacan la prohibición de la intervención del clero en los lu-gares y las ceremonias de enterramiento. También prohibían la asistencia oficial de los servidores públicos a los actos religiosos. Las ceremonias 63 Respecto al matrimonio existió un fenómeno curioso. Muchas personas deseaban casarse, pero como habían sido excomulgados por haber jurado la Constitución de 1857, se les había negado el sacramento del matrimo-nio, para lo cual retiraban su juramento y hasta entonces eran casados por la Iglesia, renovando su juramento después de casarse.

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religiosas quedaron eliminadas fuera de los templos; la vestimenta clerical se suprimía en público y los miembros de la iglesia tendrían que pagar impuestos al igual que los demás ciudadanos. Posteriormente el 4 de di-ciembre de 1860 se garantizó la libertad de culto y religiosa. La extensión de la educación primaria libre sería la meta para los tiempos de paz, según lo vaticinaban los liberales.64

Con respecto a la educación el manifiesto de las Leyes de Reforma de-cía:

“En materia de instrucción pública, el gobierno procurará, con el mayor empeño, que se aumenten los establecimientos de enseñanza primaria gratuita, y que todos ellos sean dirigidos por personas que reúnan la ins-trucción y moralidad que se requieren, para desempeñar con acierto el car-go de preceptores de la juventud, porque tiene el convencimiento de que la instrucción es la primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposibles los abusos de poder”.65

En 1860, ya con más claros conocimientos y con mayor experiencia, las tropas constitucionalistas hicieron cambiar el curso de la guerra. Todo co-menzó con el vigor y el empuje del ejército juarista, a partir de junio. Mira-món, en marzo de ese año, fracasó por segunda vez en su intento por to-mar Veracruz. Poco a poco, su gobierno espurio fue perdiendo el territorio conquistado. El general Jesús González Ortega derrotó a Miguel Miramón en Silao, Guanajuato, lo que permitió a los liberales apoderarse de este estado y de todo El Bajío. El general Ignacio Zaragoza venció a Leonardo Márquez en Zapotlanejo, Jalisco; dos días después de esta batalla el general conservador Severo del Castillo abandonó Guadalajara, reduciendo el control de los rebelados del Plan de Tacubaya al Valle de México y Puebla. Su causa a todas lu-ces estaba pérdida y en diciembre de 1860 se dio la batalla decisiva en

64 Anne Staples, “El Estado y la Iglesia en la República Restaurada”, en Staples Anne, (ed.), El dominio de las minorías. República Restaurada y Porfiriato, Colegio de México, 1989, México, pp. 18–19 y 30.65 Ángel, Hermida Ruiz, Juárez y la reforma, Universidad de Veracruz, México, 1965, p. 256.

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Calpulalpan, cerca de la capital de la República, donde González Ortega se impuso a Miramón nuevamente. Tres días después entró triunfante el ejército liberal a la Ciudad de México, que se entregó sin poner oposición alguna. Miramón, Márquez y Zuloaga, desaparecieron de la escena en vertiginosa huída.

Así el período que va de 1859 a 1861, y que empezó con la aprobación de las Leyes de Reforma, terminó con el triunfo del ejército constitucionalista y el retorno a la capital del gobierno de Juárez.

Sin embargo, ahí no terminaron las desgracias para México, la reacción aún daría su último combate, para defender lo que quedaba del antiguo régimen colonial, y, por supuesto, preservar los viejos privilegios e injusti-cias, a favor de una minoría que pretendía ser dominante.

El 1º de enero de1861 la nación inició un nuevo rumbo con el triunfo libe-ral en la guerra de Reforma. Juárez y su gabinete regresaron a la capital mexicana, la recepción que se les hizo fue solemne, sin que faltaran las manifestaciones de júbilo popular. El presidente expidió un manifiesto a la nación, que expresaba con claridad su política radicalmente liberal y refor-madora. Juárez y su grupo lograron la independencia de las conciencias. Desde que se planteó el proceso de Reforma, somos verdaderamente mexicanos y distintos sociológicamente de los españoles.

VII. Juárez y los Estados Unidos

Es no sólo necesario sino indispensable hacer una revisión de la contra-dictoria relación que México ha mantenido con Estados Unidos, desde la década de 1820 –época en que se logró la consumación de la indepen-dencia nacional- hasta nuestros días.

Cuando Benito Juárez intentaba la transformación del antiguo régimen co-lonial, para lograr la gobernabilidad de la nación, Estados Unidos se con-virtió en un referente básico para el incipiente Estado liberal mexicano.

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Las relaciones entre México y Estados Unidos continuaron siendo incómo-das tras la guerra de 1846-47 y el Tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848, que concedió la mitad del territorio nacional. La profunda desconfianza desatada en virtud de los designios de la doctrina Monroe, garantizaba la presión estadounidense para lograr más concesiones territoriales (como la de La Mesilla) y derechos de tránsito por el Istmo de Tehuantepec. Los distintos gobiernos mexicanos veían las manos de los expansionistas su-reños estadounidenses detrás de la guerra de 1846-48 y de las presiones-que siguieron.66

En 1859 el gobierno de Juárez enfrentaba un doble reto, internamente hacía frente a una lucha cruenta y fraticida contra los reaccionarios del partido conservador, que buscaban constituir su poder en contra de la autoridad legalmente establecida por los liberales. La partición político-ideológica de ambos grupos generó un caldo de cultivo que propició dos visiones del mundo que eran irreconciliables.

La Guerra de Reforma añadió más problemas financieros y económicos al gobierno constitucional de Veracruz, por lo que se hizo indispensable solicitar un préstamo al gobierno de Estados Unidos. Esta circunstancia generó la oportunidad propicia para presionar a México sobre otra cesión territorial.

La administración del presidente norteamericano James Buchanan pre-tendía la compra de Baja California. La situación era propicia, pues el go-bierno de Juárez buscaba afanosamente el reconocimiento del gobierno norteamericano, en virtud de una política interna mexicana que va desde la década de 1850 hasta 1940, y que se mueve en el péndulo del recono-66 John Forsyth, hombre de singular carácter y talento diplomático, presentó sus credenciales al todavía go-bierno del General Ignacio Comonfort en 1856; a su llegada a la Ciudad de México, dedicó su tiempo a leer la correspondencia oficial de su predecesor Gadsden, en cuyo acervo encontró valiosas enseñanzas para su actuación posterior. En particular una: “México es un pueblo que solo responde a dos estímulos: el dinero o el temor; la bolsa o la espada” (the purse or the sword). Forsyth nunca se apartaría de dicha enseñanza, que convertiría en norma de su conducta, primero coincidiendo con el fin de la administración Pierce, sacudía la bolsa de dinero, y posteriormente en la era Buchanan, la caída del gobierno en manos de los conservadores, le prestaría la ocasión para blandir la espada. En, José Fuentes Mares, Juárez, los Estados Unidos y Europa, Edit. Grijalbo, México, 1983, p. 59 y 60.

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cimiento o el rechazo al régimen político establecido en el país.

En el siglo XIX esto podía determinar la supervivencia interna y la credi-bilidad internacional de los distintos regímenes. Este factor clave de la política exterior de México resultaba significativo para el gobierno de Juá-rez en Veracruz. Sin embargo, el reconocimiento siempre tenía un precio, que por primera vez apareció durante la guerra civil de Reforma, pues a lo largo de 1858, ninguna nación, e inclusive Estados Unidos, reconoció a la errabunda administración Juárez como el gobierno legítimo de México. El fracaso fue evidente, ya que en ese año el enviado de Juárez a Washing-ton, José María Mata, no consiguió ni un préstamo ni el reconocimiento del Vecino del Norte.

Las ingentes necesidades financieras del gobierno de Juárez, exigieron la consecución de un préstamo por 25 millones de dólares, necesarios para ganar la guerra en el campo de batalla. Para tal caso, Juárez había ofrecido como aval la hipoteca de los bienes de la iglesia que pretendía nacionalizar. Estados Unidos mantuvo su escepticismo con respecto a la duración del régimen liberal, y, en todo caso, sólo le importaban las venta-jas que pudiera obtener del conflicto interno en México.

Los norteamericanos, en ejercicio de la doctrina Monroe, presionaron e in-dujeron al gobierno mexicano, para que realizara concesiones territoriales y de tránsito a cambio de su reconocimiento y apoyo financiero. En 1857, el secretario de Estado del gobierno norteamericano, Lewis Cass, comen-zó a idear un plan con el cual persuadir a México para que renunciara a la península de Baja California, y de otros segmentos de Sonora y Chihu-ahua, además del derecho a perpetuidad de tránsito a través del Istmo, a cambio de 15 millones de dólares cuando mucho. El gobierno del presidente Buchanan, ansioso por obtener dichas auto-rizaciones, nombra a un agente confidencial en México que investigue y analice la situación imperante. El encargado fue William M. Churchwell, quien sustituyó a Forsyth. Después de unas cuantas semanas de estancia en México, el enviado especial estadounidense manda un memorando al

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presidente Buchanan advirtiendo:

La condición presente proporciona la mejor y tal vez la última ocasión que se presentará a los Estados Unidos para pactar un tratado que asegure concesiones sobre la soberanía de Baja California, una zona más valiosa que la Alta California, sino también el proyectado ferrocarril desde Texas hasta el golfo de California atravesando por el norte de Chihuahua y So-nora, así como el derecho perpetuo de vía a través del Istmo de Tehuan-tepec.67

Éstas fueron las pretensiones de Washington y al mismo tiempo las con-diciones para brindar el reconocimiento, el apoyo financiero y la asistencia militar estadounidense a la causa liberal. La cuestión adquirió un matiz crítico en 1859, después de las sucesivas derrotas del ejército liberal, du-rante el año anterior.

Curiosamente, hacia finales de 1858, ambos grupos políticos en pugna buscaron la “protección” de sus anhelos políticos en el exterior. Los libe-rales voltearon hacia Estados Unidos en busca de soporte y los conser-vadores pusieron sus ojos en Europa, específicamente en España y su majestad católica Isabel II.

Para Juárez la cuestión del reconocimiento resultaba un asunto de mayor importancia, significaba la garantía de la seguridad marítima de Veracruz, ya que Miramón tenía sitiado el puerto por tierra, en espera de la ayuda de España para atacar por mar. Esta situación bélica hacía indispensable el apoyo de la armada estadounidense, para evitar la caída del puerto y en consecuencia del gobierno liberal apostado en esa plaza.

El asedio por tierra fue motivo suficiente para solicitar el apoyo y la nece-saria protección de los norteamericanos. El mismo Churchwell recomen-daba a su gobierno reconocer a Juárez como la única autoridad legal del país. Su labor se veía coronarse con las condiciones del reconocimiento, asignadas en un memorando dirigido al presidente Buchanan, en febrero 67 Ibid., pp.105 y 106, ver Ángel Hermida, op. cit., p. 286.

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de 1859, que incluía la pretensión de comprar la Baja California, en “co-rrespondencia” al reconocimiento y apoyo dado al gobierno encabezado por Juárez.

En dicho memorando se incluye una nota personal de Churchwell, en la que define al Benemérito de las Américas:

“El presidente Juárez es un hombre de unos cuarenta y cinco años, indio de pura sangre, bien versado en las leyes del país, prudente jurisconsul-to aunque tímido y desconfiado como político, austero e incorruptible, de condición benigna y suave, y en su trato, modesto como un niño. Tiene voz en el gabinete, y se le escucha con respeto, pero carece de influencia sobre sus ministros, bajo cuyo absoluto control se halla, posiblemente sin darse cuenta”.68

Esto es lo que escribía el enviado especial del presidente Buchanan, la misma fecha que, aunque no fuera más que para engañarlo, le habían prometido –como prometen los mexicanos- vender la Baja California y ceder a perpetuidad los derechos de tránsito de la frontera norte al mar de Cortés y de un océano a otro, en el Istmo de Tehuantepec.

Churchwell regresó convencido a Estados Unidos de que logró arrancar al gobierno constitucional un importante compromiso en cuanto a la cesión de territorio. La práctica política de dilación, comenzó a ser una estrategia de Juárez y Ocampo, frente a la política territorial expansionista norte-americana del siglo XIX. Sin embargo, esta acción resultó ser riesgosa en términos políticos, ya que la amenaza de Miramón de asegurar la ayuda española para sitiar Veracruz, hizo indispensable para Juárez obtener el apoyo de Estados Unidos. La única forma que encontró para lograrlo, fue aparentar que un desesperado régimen liberal estaba dispuesto a conce-der derechos territoriales y de tránsito a favor de Estados Unidos. Puesto que esos derechos no se habían obtenido para los conservadores, la ad-ministración de Buchanan consideró seriamente reconocer el régimen del gobierno constitucional.68 Citado en José Fuentes Mares, op. cit., p. 106.

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El nuevo ministro plenipotenciario que representaría los intereses de Was-hington, Mr. Robert Mc Lane, recibió instrucciones sobre las tareas a rea-lizar, se le dijo que tenía libre albedrío, nada menos que en el asunto del reconocimiento. En este tema -se le decía- “la mejor guía será el criterio de usted”.69 La labor consistió en llevar al cabo negociaciones para la re-gulación de las nuevas fronteras –con la propuesta de pagar 10 millones de dólares por la península de Baja California- y la definición de los dere-chos de tránsito a perpetuidad.

El gobierno constitucional gozaba de la simpatía del presidente Buchanan, aunque no con el reconocimiento oficial del gobierno de Estados Unidos. Éste debía venir por la aprobación del Congreso estadounidense, que se encontraba enfrascado en un enfrentamiento entre esclavistas y antiescla-vistas, y que amenazaba con una guerra civil.

Por su lado, los conservadores estimaron ventajosa la reanudación de las relaciones con España mediante un tratado celebrado en septiembre de 1859 entre Juan Nepomuceno Almonte –hijo ilegítimo de Morelos- y mi-nistro plenipotenciario del gobierno conservador, junto con Alejandro Mon comisionado para tal efecto por la reina Isabel II de España.

Por medio del tratado Mon–Almonte, los conservadores reavivaron un convenio de 1853 firmado con Santa Anna, donde se obligaba a pagar una suma considerable por indemnización contra delitos cometidos a súb-ditos españoles, en San Vicente y San Dimas, Durango. Al final el Tratado Mon-Almonte fue en realidad el pago por el reconocimiento de España al gobierno de Miramón y el precio para participar en el terreno diplomático europeo.

Dicho terreno resultaba complicado para la nueva nación, pues el juego de reconocimientos y apoyos del exterior, necesitaba de principios y metas claras por parte de liberales y conservadores. Sin embargo, el pragma-

69 “El primer problema que tendrá que resolver a su llegada a México será el de reconocer allí un gobierno con el cual poder tratar. La cuestión de si un gobierno existe o no, no es una materia de derecho sino de hecho, y la investigación de este hecho, en México, se deja a su discreción”. Ibid., p. 109.

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tismo se hacía patente gracias a la coyuntura entre una posible invasión extranjera de índole europea o americana, agregada a la guerra civil in-terna.

La apuesta principal del gobierno de Juárez, era evitar a toda costa una intervención extranjera pactada con los conservadores. Esta situación re-sultó propicia para la falaz diplomacia estadounidense. En la búsqueda vehemente de sus objetivos, la administración Buchanan por medio de Mr. Forsyth se acercó primero a los conservadores, quienes rechazaron las propuestas norteamericanas de compra territorial y cesión a perpetuidad de los derechos de vía por el Istmo.

Al enterarse Miramón del reconocimiento del gobierno estadounidense, en abril de 1859, al gobierno constitucional de Juárez, instruyó a su mi-nistro Diez Bonilla para que protestara por el reconocimiento al gobierno de Veracruz, y pusiera a la luz pública toda la trama de las negociaciones entre Forsyth y el gobierno conservador para ceder territorio. El ministro conservador, apuntó:

Habiendo sido rechazadas tales proposiciones como injuriosas para el buen nombre y vitales intereses de México, el ministro de los Estados Unidos cambió de política y principió a provocar dificultades a la adminis-tración.70

La publicación de la correspondencia cruzada entre Forsyth y el gobierno conservador, puso en un brete a Mc Lane y Ocampo, ya que en un gesto desesperado Miramón sacó la ropa sucia que manchaba al gobierno de los Estados Unidos, e incluso tocaba a los liberales si aceptaban las mis-mas propuestas que Mc Lane les hizo.

La clave para los liberales estaba en lograr un acuerdo entre Estados Unidos y México. La idea del arreglo llevaba implícita para el gobierno de Juárez, una virtual alianza ofensiva-defensiva, capaz de facilitar una colaboración práctica entre ambos países, y suponía la defensa mutua en 70 José Fuentes Mares, op. cit., p. 114.

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territorio del otro, si uno de los dos lo solicitaba; el artículo segundo del tratado Mc Lane-Ocampo así lo proponía:

Si la autoridad, el nombre, la bandera, las fuerzas armadas de mar y tie-rra, los hombres de ciencia, los puestos o territorios, las maestranzas, armas y municiones de guerra de cualquiera de las dos naciones llegaran a ser necesarias para que alguna de ellas se defienda del ataque…la otra tendrá obligación de darlas eficaz y oportunamente, tan pronto como la necesitada lo requiera y pida.71

Para Estados Unidos esto no significaba ningún aliciente, los estadouni-denses ambicionaban más cesiones territoriales que mecanismos de co-operación, Cass, secretario de Estado, así lo veía:

Si solo significa que este gobierno se considere en libertad de entrar en México al llamado de sus autoridades, y con el fin de proteger los dere-chos y los ciudadanos de los Estados Unidos, no veo inconveniente en tal estipulación…Pero si se pretende que nos obliguemos mediante un tratado a intervenir en México cuantas veces nos llame su gobierno para imponer el orden, tal cosa resultaría por completo inadmisible.72 El primer paso que siguió el señor Mc Lane fue corroborar si las asevera-ciones de Churchwell estaban bien fundadas. Quería saber en concreto si se respetarían o no los términos del memorando. Pues particularmente le interesaba asegurar la adquisición de Baja California, como parte de una estrategia que pretendía la reelección del demócrata Buchanan.73

Ante la insistencia de Mc Lane de firmar un convenio incluyendo la venta de Baja California, Ocampo le propuso un trato separado entre este asun-to y el de los tránsitos ya convenidos por Santa Anna, en el tratado de La Mesilla o Gadsden de 1853. Sin embargo, las suspicacias saltaron inme-71 Ibid., p.121.72 Ibid., p.125 y 126.73 “…que este señor Presidente –escribía José Ma. Mata a Ocampo- tiene grande empeño en señalar su período con algún negocio que dé grandes resultados para crearse popularidad y probabilidades de ser reelecto. Esta es la clave”. Ver Ángel Hermida Ruiz, op. cit., p. 291.

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diatamente, Buchanan desconfiaba de las autoridades mexicanas, así lo expresó José María Mata ministro plenipotenciario en Washington:

“…la idea que se tiene formada de nosotros (es de) ambiciosos y astutos en la diplomacia, y creen que la proposición de separar los tratados prece-de a la intención de rehusar lo relativo a California más adelante”.74

Mc Lane mantuvo buen tiempo esperanzas en poder obtener Baja Califor-nia, las vicisitudes económicas y militares de los liberales hacían presagiar que, tarde o temprano, cederían a su demanda de adquirir la península. Y a cambio, poder prestarles apoyo militar a los liberales en contra de los conservadores e inclinar la balanza a favor de los primeros. En tanto el gobierno de Veracruz eludía el tema de Baja California en las conversacio-nes con el señor Mc Lane; Mata escribió al ministro de relaciones exterio-res Ocampo quien se negó a hacer más concesiones que las convenidas por administraciones anteriores:

Si el señor Mc Lane ha comunicado al presidente la manifestación de us-ted frente a los límites, creo que ha de estar disgustado. Es una especie de manía la que este señor tiene de señalar su período con alguna adqui-sición territorial, y como su proyecto respecto a Cuba ha sido para él un terrible fiasco quisiera hallar la compensación del lado de México.75

A los ojos de Juárez la estrategia era clara, se trataba de demorar el tiem-po, pues mientras la cámara de representantes de Estados Unidos no discutiera el tratado y lo votara, el documento no tenía ninguna validez. Juárez sabía de la tensión interna que se vivía en Estados Unidos entre los estados del norte y el sur, y que podía estallar en una guerra civil.

Pero más allá de estos acontecimientos, el gobierno constitucionalista sostuvo que el desmembramiento del país era contrario al movimiento de Reforma. Ocampo, en su tarea de continuar ganando terreno y tiempo, propuso la mencionada y fracasada alianza defensiva y ofensiva, entre 74 Ibidem.75 Ibid., p. 292.

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ambas naciones en torno a los postulados republicanos fundados en la consolidación de los principios democráticos y la libertad constitucional.

Al concluir las negociaciones entre ambos ministros, acordaron un tra-tado que lleva sus apellidos: Mc Lane-Ocampo. En él se otorgan varias condiciones violatorias de la soberanía nacional y, por ello, se afirma que contradecían el espíritu de la Constitución de 1857, y la misma lógica de los liberales. Ceder el derecho de tránsito a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec; y otra vía al norte del país que iba del puerto de Guaymas, en Sonora, hasta el rancho de Nogales en la frontera con Arizona, a cam-bio de la negación extrema de enajenar más territorio a favor de Estados Unidos, finalmente resultó de los males, el menor.

Sin embargo, el tratado fue objeto de una fuerte acusación de traición con-tra Juárez, pues aceptar los términos de este tratado, suponía demeritar la soberanía nacional. La decisión de seguir el camino de la transacción frente a Estados Unidos no fue una opción fácil. El gabinete estaba dividido entre quienes apoyaban la postura de vender Baja California, a cambio del auxilio económico y militar inmediato, y quie-nes pensaban posible otro tipo de cesión para lograr esa misma ayuda del Vecino del Norte. El más destacado fue Miguel Lerdo, quien tenía mucha influencia sobre Benito Juárez. Convenció al de Guelatao, que lo más con-veniente era lograr una especie de protectorado, que “obligara” a Estados Unidos a intervenir en México para imponer el orden interno a favor del gobierno legalmente constituido. Esa era la propuesta de Lerdo ante la cual Juárez tuvo que vencer escrú-pulos, vacilaciones y resistencias mentales, pues no le agradaba la idea de un protectorado, pero sí veía la ingente necesidad de las armas norte-americanas para ganar la guerra interna. La coyuntura no era favorable para los liberales, pero la bancarrota y la necesidad de apoyo militar era grande y, el tiempo, en este caso, no era un aliado, pues en el campo de batalla se debilitaba.

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Lerdo comprendía que la venta de Baja California produciría la deshonra del gobierno, y determinaría incluso su caída, sin producir ventajas a cam-bio. Sabía que la venta de La Mesilla vino a ser el golpe final para Santa Anna y si ahora no se aprovechaba la lección, y se repetía el mismo error con la península, sería la ruina de Juárez. A Lerdo se le consideraba un hombre práctico en busca de remedios radi-cales, y no de curas ocasionales. Tenía la convicción de que querer resol-ver el problema de México en ese momento, con la venta de la península, sería tanto como pretender curar una gangrena con alcohol.

La situación menguaba la fuerza del gobierno constitucional en la nego-ciación del tratado y lo ponía a merced de los deseos estadounidenses. De hecho, con lo que se negoció, se abrían las puertas para que Estados Unidos interviniera en México, en defensa de los derechos de tránsito pac-tados y la seguridad de sus conciudadanos.

Existe un acontecimiento muy importante para el resultado de la negocia-ción. Contra las esperanzas de muchos, en el Ministerio de Relaciones hubo un cambio intempestivo, el de Ocampo por el señor De la Fuente, quien se negó terminantemente a hacer cualquier tipo de concesión.

La negativa implacable de De la Fuente argumentaba que su gobierno rehusaba todo convenio en el que la soberanía de México sobre su terri-torio se viera menoscabada. Esta postura obligó a Mc Lane en septiembre de 1859 a regresar a Estados Unidos para disfrutar de unas merecidas vacaciones y reflexionar acerca de las diferencias entre Ocampo y De la Fuente; el primero de un espíritu abierto y el segundo un hombre chapado a la antigua.

En noviembre regresó a Veracruz cuando en el frente doméstico se ha-bían consumado hechos decisivos; la firma del Tratado Mon-Almonte y el regreso de Ocampo al ministerio de relaciones exteriores. Para el 14 de diciembre de 1859, se celebraba la convención Mc Lane-Ocampo donde las negociaciones terminaron y Ocampo calzó con su firma el convenio.

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Juárez y sus compañeros suponían que una vez suscrito en Veracruz, al tratado solo le bastaría la ratificación del Senado de Estados Unidos. Sin embargo, sus gestores jamás imaginaron que el tratado no sería ratificado por el senado estadounidense, ya envuelto en los prolegómenos de la guerra de secesión.

Los argumentos esgrimidos durante las sesiones de discusión dentro del senado resultaron insultantes. Mr. Wigfall, representante demócrata del sur, mostró una postura racista:

No había ningún gobierno de México capaz de concertar un tratado o de cumplir con sus condiciones, si fuese concertado. No queremos a México ni a su población cruzada. Juárez y su pandilla india no sabrían gobernar-se, y puestos en contacto con nuestro pueblo lo contaminarían.76

El senador republicano Mr. Simmons terminó el debate sobre el tratado con este razonamiento económico: La nueva Inglaterra no tiene interés alguno, ni inmediato ni remoto, en este tratado; todo lo contrario. Es sustancialmente el comercio con México lo que nos obligaría, conforme a la cláusula insertada, relativa a la admisión de cada nación en igualdad de condiciones con la nación más favorecida, a pedir los mismos privilegios, y tendría como resultado la ruina de nues-tras rentas, obligándonos a recurrir a los impuestos directos.77

Quedó claro tanto para los representantes republicanos como para los de-mócratas, que no había nada en el tratado que favoreciera sus intereses. El diario norteamericano New York Tribune declaró al tratado “más muer-to que Julio César”. No era un asunto partidista, pues varios senadores demócratas persuadidos por el presidente Buchanan para votar a favor del tratado, y dispuestos a vencer los prejuicios, se pasaron del lado del bando republicano, que dentro de sus filas estaban preparados a rematar el tratado.76 Ralph Roedor, op. cit., p. 321.77 Ibidem.

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La cuestión mexicana fue debatida, no en relación con la política exterior de los Estados Unidos; de no inmiscuirse en los asuntos domésticos de otras naciones, sino respecto a los problemas internos que centraban la atención en el tema de la secesión del país en aquella época. La discusión del tratado se complicaba por los problemas intrínsecos que traía la escla-vitud en la llamada Unión Americana. La disyuntiva al interior del Congreso estadounidense estaba entre la con-quista de México y la no intervención en los asuntos mexicanos, según apuntaba el diario New York Tribune con tendencia republicana:

En última instancia, la razón que determinará la absorción de México por los Estados Unidos será el espíritu inquieto y acaparador de nuestro pue-blo; si no fuera porque su territorio ofrece un campo magnífico para el trabajo forzado, en que nuestros negreros se afanan, por motivos pecu-niarios y políticos, en aumentar el número de estados esclavistas. ¿Cómo permitir que los esclavos ahí transportados viesen a sus mismos inferiores disfrutando de libertad personal?78

El desprecio de la sociedad norteamericana por los indios de México, que-da manifiesta en el mismo diario:

Los indios mexicanos constituyen una raza muy diferente de los indios que hemos exterminado o cazado hasta los confines remotos del oeste. Los indios mexicanos forman un pueblo triste, supersticioso e inerte, obra maestra de la dominación española, y aún suponiendo que no se inten-tara esclavizarlos, no por eso, sería menos segura la condenación de su raza.

Los blancos que vendrían en tropel a México, una vez conquistado por los americanos, mirarían a los indios con sentimientos de aversión muy fuertes; odiándolos no sólo porque son indios, lo que sería razón suficien-te, sino como competidores en las industrias, dispuestos a trabajar con sueldos bajos, siendo pocas sus necesidades e insignificante el costo de 78 Ralph Roeder, op. cit., p. 325.

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su mantenimiento.79

El resultado final de la votación en el Congreso norteamericano, como se esperaba, resultó contrario a lo que ambos presidentes pretendían. El tratado no fue ratificado por el senado con 27 votos en contra, frente a 18 a favor.

Según el corresponsal del New York Times, Edward Dunbar, gran culpa de la derrota del tratado la tenía la manipulación del pacto y la demago-gia partidista. Sin embargo, en última instancia, la responsabilidad no era únicamente de los partidos que desvirtuaron su política hacia México y ca-recían de fuerza moral; los demócratas, persiguiendo los fines predatorios de la doctrina Monroe y, los republicanos, con una política cerrada y con-servadora hacia fuera. Sumado a esto, la ignorancia del pueblo estadouni-dense, que carecía de conocimiento sobre la cuestión mexicana, no tenía convicciones propias, producto de su indiferencia hacia los mexicanos.

De acuerdo con Dunbar:

Mucha de la indiferencia y, podemos decir, la aversión a los asuntos mexi-canos en general se debe, sin duda, al carácter de la correspondencia mexicana que aparece en la prensa.80

Ya sea que el fracaso del tratado se debió a la ignorancia, la apatía, el partidismo político o la falta de simpatía sincera para la causa liberal mexi-cana; la derrota constituía una profunda decepción para los liberales de parte de la democracia norteamericana. El tratado tuvo en su contra a la mayoría del senado estadounidense, y, según la teoría democrática, la mayoría tiene razón.

La cuestión de la crisis interna mexicana evocaba todos los demonios de la democracia norteamericana que no habían sido expulsados: el espíritu de libertad pervertido por el espíritu del imperialismo; el espíritu inmundo 79 Ibid., p. 326.80 Ibid., p. 330.

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del racismo; la gestación del gobierno de los más ricos (plutocracia), con-tra la creación del mito popular; el espíritu raquítico de la opinión pública y el espíritu idólatra del régimen mayoritario.81 La mayoría tenía, si no la razón, sí la fuerza preponderante.

Con la firma del tratado, México obtenía, por un lado, el gran objetivo que se trazó Lerdo -por parte de Estados Unidos lograba establecer un protec-torado perpetuo- y, por el otro, México se doblegaba a todo lo que Was-hington deseaba, a excepción de la venta de Baja California. Cada parte transigió en algo y también cada uno se llevó lo suyo. Ahora sí parecía un pacto entre caballeros, sin embargo, a pesar de obtener la protección es-tadounidense, consustancialmente se lesionaba la soberanía de la nación mexicana. La derrota definitiva del controvertido tratado Mc Lane-Ocampo, en el seno del congreso estadounidense, salvó a Juárez, y a los liberales, de la posibilidad de cometer un oprobio a la nación. La negativa del senado norteamericano invalidó la inequidad del tratado que, según Justo Sierra, “anulaba la figura de los hombres de la Reforma”. Finalmente quedaba para la historia en tentativa de crimen en primer grado.

Según el historiador José Fuentes Mares:

Ni Santa Anna en sus peores días; ni los notables que en Miramar ofre-cieron a Maximiliano la corona de México, se habían atrevido a tanto. Si la convención y el tratado no hubieran sido rechazadas por el senado ameri-cano, Juárez sería hoy la figura más negra de la historia de México.82

Definitivamente Juárez dudaba sobre la suerte del convenio, pero suponía que por las ventajas concedidas, era fácil que el congreso norteamericano lo ratificara. Jamás esperó una negativa que evitaría incluso elegir de los males el menor, opción por la que se había decidido en ese momento de crisis. 81 Ibid., p.334.82 José Fuentes Mares, op. cit., p.143.

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Pero además había otro escollo, la inexistencia de un congreso mexicano que ratificara el tratado como lo exigía la Constitución de 1857. No obs-tante, esta una razon que el gobierno estadounidense estaba dispuesto a pasar por alto. Las únicas facultades extraordinarias que tenía Juárez para aprobar el tratado, eran las que le reconocía su amigo, el presidente Buchanan, que afanosamente buscaba otra adquisición territorial.

En los hechos, el Benemérito comenzó poco a poco a acumular poder personal, punto en el que coincide Justo Sierra:

Él (Juárez) era todo el derecho porque ningún órgano de la soberanía constitucional estaba en aptitud de funcionar; reasumió todo el poder, y fue a un tiempo pueblo, ejecutivo, legislativo y judicial esto no lo había previsto la Constitución, más estaba en la fuerza incontestable de las cosas.83

El gobierno norteamericano intentó allanar el camino hacia la ratificación reconociendo “facultades extraordinarias” en Juárez, a cambio de la ce-sión de Baja California, sin embargo, el de Guelatao se salió con la suya pues no vendió este territorio, y sí le reconocieron facultades para ratificar el tratado.

Esto significaba un suicidio histórico frente a Estados Unidos. Aceptar los términos del artículo primero del tratado fue ponerse el grillete que nos encadenaba a la Doctrina Monroe. Aunque el secretario de Estado Cass negó esta observación al decir que del mensaje de Monroe no se puede concluir una obligación para que Estados Unidos interviniera en México.84 Pese a lo anterior la historia comprueba la constante intromisión de Esta-dos Unidos en los asuntos mexicanos. 83 Ibid., p.150.84 El tratado Mc Lane–Ocampo decía en su artículo primero: “Si cualesquiera de las estipulaciones vigentes entre México y Estados Unidos fueren violadas, o el resguardo y seguridad de los ciudadanos de cualquiera de las dos Repúblicas fueren arriesgados en el territorio de la otra, y que el gobierno legítimo y reconocido de ella no pueda, por cualquier motivo, ejecutar tales estipulaciones o prevenir tal resguardo y seguridad, será obligación de aquel gobierno solicitar el socorro del otro para mantener la debida ejecución de ellas, y también el orden y la seguridad en el territorio de aquella República en donde tal violación y desorden su-ceden; en cada caso especial semejante, los gastos serán pagados por el tesoro de la nación en cuyo territorio tenga lugar la intervención”. Ibid., p. 153 y 154.

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Para Estados Unidos, los fines del pacto estaban relacionados directa-mente con la violación de derechos y la seguridad de los ciudadanos nor-teamericanos en México. Si el gobierno legítimo no pudiera proporcionar la seguridad debida, ese mismo gobierno tendría la obligación de recurrir al de Estados Unidos para que éste les ayudara a ejecutar lo pactado, y a mantener el orden y la seguridad de su propio territorio.

Entonces, en virtud del tratado, el gobierno de Juárez tenía la obligación de recurrir al de los Estados Unidos para cumplir lo pactado. A esto se obligaba Juárez porque eso era precisamente lo que quería: contar con las armas americanas para llevar adelante sus objetivos. Como finalmen-te ocurrió tres meses después en el incidente de Antón Lizardo, cuando orilló a los norteamericanos a intervenir en el conflicto interno a favor del gobierno constitucional.85

La Reforma fue un movimiento de una élite política, intelectual e ilumina-da, y un grupo de militares liberales novatos, que tuvieron su primera ex-periencia bélica en la guerra de tres años. Todos estos hombres estaban resueltos a inaugurar otro México, sobre nuevas bases sociales. Figuras como Juárez, Ocampo, Miguel Lerdo, Iglesias, Arriaga, Degollado, Gon-zález Ortega, etc., entregaron su vida por el nacimiento de un quimérico México democrático.

Desde 1859, cuando se firmó el polémico tratado, hasta 2009, justo han pasado 150 años de un acto que resucita la controversia sobre el papel de Juárez y los liberales de la Reforma en aquella coyuntura histórica.

Al final de todo, el tratado quedó sin efecto, por el rechazo del senado nor-85 Aleccionado por su experiencia en el segundo sitio de Veracruz, el general Miguel Miramón buscó cerrar el cerco por mar. A los cuatro días de empezar los bombardeos por tierra, se avistaron dos pequeños vapores comprados y equipados en Cuba, que pasaron sin bandera hacia el fondeadero de Antón Lizardo, situado al-gunos kilómetros del puerto de Veracruz. El gobierno constitucional los declaró piratas y solicitó la ayuda de la armada americana para detenerlos, la petición fue aceptada y el comandante naval procedió y la expedición méxico–americana volvió con los vapores presos. En Roedor, op. cit., p. 315. Se sabe que esta intervención norteamericana a favor de Juárez fue decisiva en la guerra de Reforma, pues mantuvo en pie de lucha el ba-luarte que significaba Veracruz, y anuló la posibilidad de capturar a Juárez y demás liberales para seguramente fusilarlos.

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teamericano. Pero no por ello, en términos reales, disminuyó la continúa injerencia de Estados Unidos sobre los asuntos mexicanos. Al contrario, a partir de esa fecha, Washington se interesó cada vez más en su Vecino del Sur, ya que en cada crisis mexicana, Estados Unidos obtiene siempre algún beneficio; sobre todo, compromisos políticos y económicos que se incluyen en la agenda del gobierno.

Comentarios del autor En este ensayo sobre Benito Juárez y la Reforma liberal, queremos recal-car que la hazaña de este hombre fue romper con la condena con la que prácticamente había nacido, ser un indio en el siglo XIX, ya que aún en el XXI significa desesperanza para el futuro, marginación, reducción de las oportunidades, discriminación y aislamiento.

Si los seres humanos no tienen motivos para trascender y alcanzar méto-dos capaces para lograr lo mejor de la conducta; no se obtiene la evolu-ción social.

Tanto en la vida política como en la natural, todo organismo que no se desarrolla, tiende a degenerar.

Es necesario expresar que los partidos decimonónicos mexicanos: el con-servador y el liberal, tuvieron que desarrollarse, ya que ambas institucio-nes no constituían propiamente organizaciones políticas estructuradas, como las conocemos hoy, sino movimientos políticos desarticulados y ex-cluyentes. Juárez fue la excepción, pudo en su vida dedicada al servicio público, llegar al cargo de gobernador de su estado natal y catapultarse a la presidencia de la República. Siendo indio de cepa, conquistó su acceso al poder público, y conforme su aprendizaje se hacía mayor, le permitió abrirse espacios casi vedados para los indígenas, dueños originales de estas tierras.

En México hubo una intensificación del conflicto entre partidos desde la mitad de la década de 1830 hasta mediados de la de 1870. La polarización

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ideológica, la política de los partidos, el conflicto social y el caudillismo o cacicazgo iban todos de la mano en aquel tiempo. Bustamante, Paredes o Santa Anna no intervinieron por ambiciones personales, sino para resistir los embates de políticos civiles. La rivalidad era frecuentemente el medio político en el que se disputaban las cuestiones sociales. Hoy parece que esta forma de hacer política ha perdurado en el tiempo y las contiendas personales continúan en el centro de la discusión.

Juárez tuvo como prueba el reto de gobernar Oaxaca, y el desempeño como gobernador marcó su carrera política. Luego de convertirse en cau-dillo regional, supo esperar el tiempo oportuno. Aquí se nota la sagacidad política que siempre acompañó al oaxaqueño, pues su objetivo era llegar al poder; sí, pero para desde ahí transformar el curso de la realidad social del México recién independizado.

Siempre que le fue posible, buscó la vía institucional y no las armas, como se acostumbraba en aquel periodo histórico, donde podemos recuperar de memoria cruentas e injustas guerras en infinidad de planes y promul-gaciones.

No podemos dejar de señalar que Juárez veía los intereses indígenas a partir de los preceptos liberales, no coincidía con los puntos de vista de los pueblos indios, puesto que le parecían contrarios al avance político y el desarrollo económico. Soñaba con hacer realidad los intentos de Hidalgo, Morelos y Guerrero; construir un Estado mexicano soberano asentado en los conceptos de una República Federal.

Nueva España, la colonia más rica de la corona española: fundada sobre los dominios del imperio azteca y gobernada durante trescientos años de acuerdo con los mandatos del absolutismo monárquico español, generó una sociedad viciada, de costumbres autoritarias, llena de injusticias y privilegios, que después de la consumación de la independencia en 1821 se enfrentó a sí misma.

Es un hecho que en las cinco décadas siguientes a la independencia,

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existió una confrontación abierta de los dos bandos políticos, donde cada grupo buscaba la eliminación del otro. Esta política de intolerancia derra-mó mucha sangre durante los primeros cincuenta años de vida indepen-diente de México, y no logró la coexistencia pacífica, sino hasta la década de 1870.

Benito Juárez es un indiscutible símbolo histórico. Más allá de la historia oficial, representa el esfuerzo por construir a la nación mexicana mediante el camino de la transformación social, de lucha incansable y tenacidad, en años de profundos conflictos sociales y políticos. Simboliza al indio en una incipiente sociedad occidental en latinoamérica, que se debate por definirse políticamente, y es Juárez quien abandera la causa democrática liberal mexicana.

Los principios liberales mexicanos tienen una clara procedencia de la revo-lución francesa y de la norteamericana, así como del liberalismo español. La expresión de los fundamentos liberales entraba en conflicto con la rea-lidad mexicana. Esto no quiere decir que el liberalismo fuese una doctrina totalmente desconocida, que una élite política miope de civiles citadinos quisiera imponer a una gran masa incomprensiva que se resistía.

Esto puede ser una propuesta tentadora, sin embargo, no tiene en cuenta que el enfoque liberal mexicano esta fundado en un modelo que adoptó políticas patrimoniales y corporativas en el sistema, que aún perduran en el México contemporáneo. El dominio clientelar de las élites regionales significaba socavar la autoridad del Estado mexicano. Ello mostró la debi-lidad del sistema federal y las frecuentes incursiones de caudillos militares en la toma del poder.

Su exilio en Nueva Orleans, la adhesión al Plan de Ayutla, las Leyes de Reforma y su significado, la guerra del mismo nombre, y la siempre com-pleja relación con Estados Unidos constituyeron enormes retos para el zapoteca.

La generación de liberales que luchó en la Reforma es un grupo que per-

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tenece a la inmediata era poscolonial; que peleó por establecer las bases de una República basada en los principios liberales de la democracia, y que terminó por imponer a una sociedad colonial costumbrista, que aún se resiste a adquirir la ciudadanía completa.

La función pública no fue para Benito Juárez un escalón para la riqueza, pero si para la acumulación de poder. Acabó consolidando la figura presi-dencial tan cuestionada los primeros cincuenta años de vida independien-te. El Benemérito estaba seguro de la fortaleza de los ideales liberales para el establecimiento de un Estado democrático y justo. Pensaba que esto era posible.

No obstante, los hombres fuertes o caudillos no se oponían a las ideo-logías dominantes, sino que participaban de ellas. Dos ejemplos claros complementan esta tesis. Dos talantes y dos proyectos políticos los repre-sentan Juárez y Santa Anna, quienes fueron protagonistas centrales en 50 años de guerra civil, y desde luego, basados en su historia personal, significaron también los dos extremos sociales de la época.

La historia política del siglo XIX no debe observarse desde un punto de vista maniqueo. Los liberales son los buenos y malos los conservadores, ambos son grupos políticos que defendieron un modelo de Estado. Los primeros una república federal, mientras que los segundos estaban por un sistema centralista promonárquico. El problema fue que los conserva-dores pretendieron mantener el antiguo régimen colonial con todos sus privilegios para una minoría.

El enfrentamiento entre las dos facciones políticas, generó una especie de caos social, que después de la Revolución de Ayutla hizo insostenible la paz nacional y acarreó una guerra civil, para determinar el carácter final del Estado mexicano en el siglo XIX: republicano y liberal.

Otro tema polémico que tiene una profunda raíz histórica es el papel de la iglesia católica, que para el siglo XIX acabó desvirtuando sus sanos pre-ceptos en América Latina.

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Las ex colonias hoy convertidas en estados nacionales han cargado con la permanente intromisión de los clérigos en asuntos que tienen que ver con las definiciones del desarrollo político.

El caso de México resulta paradigmático ya que la continua intervención de la iglesia intentó pervertir los principios de los liberales, llamándolos herejes y contrarios a la voluntad de Dios, justo cuando atacaron con las Leyes de Reforma el estatus quo que favorecía sus intereses económicos. Los liberales veían en la postura de la iglesia un obstáculo para la emanci-pación del intelecto y para la modernidad de la sociedad poscolonial.

Estas dos visiones de la vida han estado enfrentadas históricamente. Am-bas son posiciones frente a los asuntos sociales y el fuero interno de las personas. Cada una tenía sus propios símbolos, ceremonias y sistema de creencias que se reflejaban en decisiones para sus partidarios. El peligro es que las disposiciones respondan mayoritariamente a las percepciones e imágenes de los decisores, es decir, a una percepción particular del mundo y la realidad.

Los liberales se veían derribando las estructuras religiosas y jurídicas he-redadas de la época colonial, sin embargo, esta tarea no resultó nada fácil, pues cambiar las prácticas sociales significaba conseguir nuevos afectos y simpatías. Nación sustituiría a iglesia, libertad a mandamientos, sin embargo, aún quedaba espacio para la religión dentro de los nuevos confines. Juárez y los liberales no querían un Estado confesional, sino uno laico, donde la fe se expresara libremente como derecho individual. Simplemen-te porque la libertad de conciencia es la base del liberalismo. Recordemos que la discusión central y más polémica, durante el Congreso Constituyen-te de 1857, fue la libertad de cultos. Para la iglesia católica la pluralidad de creencias representaba la pérdida de la identidad religiosa mexicana y la oportunidad para la entrada del protestantismo estadounidense en el país.

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Con la educación laica, el liberalismo mexicano procuró promover los va-lores de esta ideología. Asentados en el republicanismo, la identidad na-cional y las virtudes cívicas, que servirían para la expansión de una nueva moralidad social.

Juárez no tuvo ningún enfrentamiento fuerte con la iglesia y la religión como tales, sin embargo, en este sentido, su conducta estuvo marcada por la intención de establecer la supremacía del poder civil, y por la abolición del monopolio del clero en la educación, que obviamente no era liberal.

Juárez tomó una postura implacable ante la desobediencia a la ley por parte de cualquiera de los habitantes del país, por el hecho de que tenían que comportarse como ciudadanos de una república; ser leales y obedien-tes al Estado, sin importar su origen social o étnico, y tampoco su posición dentro de la comunidad a la que pertenecieran.

Desde la negociación del tratado Mc Lane-Ocampo, la sombra del Coloso del Norte se cierne sobre la nación mexicana. El necesario reconocimiento de la influencia estadounidense sobre nuestra política interna y fragilidad diplomática, perduran hasta hoy.

Para el gobierno de Juárez la circunstancia no había podido ser peor en el exterior, pues hacía frente a dos amenazas: la intervención directa de alguna potencia europea y la posibilidad de perder soberanía y territorio a manos norteamericanas. Y por último la lucha interna contra las fuer-zas que representaban el atraso, porque privilegiaban la vieja tradición colonial con todas sus prebendas. Negaban la eventualidad de un nuevo gobierno civil que seguía una ideología liberal.

El Vecino del Norte siempre ha representado el lado de la ambigüedad de la política exterior de México en la relación entre ambas naciones, y tambien siempre ha mostrado su rostro de hipocresía. La época de Benito Juárez no fue diferente, en distintos momentos existieron avenencias y desavenencias.

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La constante división política irreconciliable en México sirvió de asidero para imponer los intereses norteamericanos. Desde la guerra de Texas hasta el muro de George W. Bush en la frontera norte.

Tristemente, desde mediados del siglo XIX se empezó a perfilar la relación de subordinación de México hacia Estados Unidos.

Juárez intentó digamos hasta de una forma bucólica incorporar a las co-munidades indígenas al desarrollo social y económico que prometía el liberalismo. Sin embargo, la dureza de la realidad del campo mexicano resultaba muy compleja por tantos años de “vicios” coloniales.

La ciudadanía mexicana durante dos siglos ha permanecido en un nivel “infantil” y espera siempre que “papá gobierno” le resuelva sus problemas y subsidie sus necesidades y servicios.

El hecho es que doscientos años después seguimos con un gran contin-gente de ciudadanos imaginarios que están a la zaga de la modernidad.

El pesimismo hacía muy fácil desacreditar a cualquier gobierno, y suma-mente difícil defender a ninguno. Los vencedores llegaban cada vez repi-tiendo que había pasado “una época terrible” donde se estableció el reino de la “anarquía y la inmoralidad” y al poco tiempo una acusación parecida les caía encima.

En todo se veía el fracaso y el desconsuelo. Por eso eran los políticos, y los letrados tan proclives a la idea de regeneración nacional. Es decir, ha-bía que hacer de nuevo a la patria entera, porque esa era la única solución para la desilusión generalizada.

Ahora nos preguntamos, ¿dónde están esos progresistas liberales que dicen defender los mismos principios por los que Benito Juárez pugnó y combatió desde hace más de 150 años? La Reforma fue fruto de lucha-dores ilustres, de toda una generación de hombres convencidos de princi-pios como la honestidad, la justicia, la libertad, la igualdad y muchos otros

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que conforman el cuerpo del pensamiento liberal.

Efectivamente, sin Juárez no puede entenderse la historia del siglo XIX, pero tampoco entendemos de cultura política mexicana, si no revisamos las conductas y las acciones políticas de este período. No hacerlo nos cierra una puerta de explicación a los acontecimientos de hoy. Y como el mismo Juárez lo dijo en una carta a Maximiliano:

Pero hay una cosa que esta fuera de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará.86

*Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Cien-cias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, en donde también ha sido profesor en las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Obtuvo una beca para estudiar maestría y doctorado en el Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeñó como inves-tigador visitante en el Colegio de México (Colmex) y colaborador del diario Milenio nacional.

86 Benito Juárez , Los apuntes para mis hijos, Centro Mexicano de Estudios Culturales, México, 1968, p. 49.