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Cuaderno de Trabajo No. 4

Document de Travail No. 4

Los comerciantes y los otros.

Costa chica y Costa de Sotavento,

1650-1820

Rudolf Widmer Sennhauser

México, Junio 2009

Mexico, Juin 2009

AFRODESC

http://www.ird.fr/afrodesc/

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Los comerciantes y los otros.

Costa chica y Costa de Sotavento,

1650-1820

Rudolf Widmer Sennhauser

(Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó, Santo Domingo, RD

Institut de Recerca Històrica, Universitat de Girona, Girona, Espagne)

México, junio 2009, Proyecto AFRODESC www.ird.fr/afrodesc

Texto original presentado como „Inauguraldissertation der Philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Doktorwürde“. 1993

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WIDMER SENNHAUSER, Rudolf, 2009. Los comerciantes y los otros. Costa chica y Costa de Sotavento,

1650-1820. Cuaderno de Trabajo No. 4 / Document de Travail No. 4, México: Proyecto AFRODESC

(Texto original de 1993: Inauguraldissertation der Philosophisch-historischen Fakultät der Universität

Bern zur Erlangung der Doktorwürde)

El Programa Internacional de Investigación AFRODESC, “Afrodescendientes y esclavitud: dominación,

identificación y herencias en las Américas” está financiado principalmente por la Agencia nacional de

investigación (ANR) francesa y comprende una docena de instituciones mexicanas, francesas,

colombianas y de otros países. Para más información, se puede consultar el sitio web

http://www.ird.fr/afrodesc/. Las actividades de AFRODESC se llevan a cabo en colaboración estrecha

con el Programa europeo de investigación EURESCL « Slave Trade, Slavery, Abolitions and their

Legacies in European Histories and Identities ».

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A MIS PADRES

A RAMIRO, MASSAMBA, FRITZNEL Y HASSAN

A LA MEMORIA DE HOSSEIN

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PREFACIO

Hace un par de meses, Odile Hoffmann, directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), me propuso la publicación de este estudio sobre las costas novohispanas. La oferta me sorprendió, ya que se trataba de una investigación que había realizado hace más de quince años. De hecho, fue en 1993 que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Berna había aprobado el texto como tesis de doctorado. Obtuvo en aquel entonces un summa cum laude y hasta el premio de la Facultad por la mejor tesis del año, pero a continuación no conseguí el apoyo necesario para la publicación. La Revista Estudios de Historia Social y Económica de América, de la Universidad de Alcalá, aceptó algunos de los capítulos sobre la ciudad de Veracruz como artículos, varias de las monografías municipales que se publicaron durante los años 1990 en el estado de Veracruz utilizaron la información contenida en el estudio: pero la tesis como tal, con su concepto teórico, quedó inédita.

La idea básica que guía el estudio es que para conocer una sociedad, y de eso se trata, hay que comprender la forma en que organiza la propiedad. La Historia no se limita al análisis de la propiedad, pero no se puede hacer Historia sin analizar la propiedad. Con esta tesis, ampliamente desarrollada por la historiografía agraria catalana, intentaba conocer las sociedades costeñas mexicanas: sociedades con quienes me había familiarizado durante los estudios de maestría en El Colegio de Michoacán a partir de 1985, y que me habían fascinado desde el primer contacto por su autenticidad: una autenticidad que contrastaba con la cultura del Viejo Continente donde ya en aquel entonces se tomaba café descafeinado y se creía en las guerras sin muertos (propios).

La presente publicación se realiza en el marco de un programa que enfoca la problemática étnica de las Américas. En la medida en que las etnias tienen su historia, en la medida en que el negro y el indio son productos ideológicos de las necesidades materiales del colonizador europeo, productos que a su vez han reacondicionado la organización de las actividades económicas, no podemos conocerlas sin estudiar la cuestión de la propiedad. La historia del negro mexicano se vincula desde el principio, en el siglo XVI, de múltiples maneras con la historia de la propiedad. De particular interés a ese respecto es, por supuesto, la época revolucionaria de fines del siglo XVIII, principios del XIX: el momento en que las personas revalorizan su dignidad y desmienten con su actitud los discursos legitimadores de los voceros oficiales.

Han pasado quince años desde la conformación de este texto. Entretanto me he sumergido en otros medios socioculturales, me he compenetrado con otras situaciones de explotaciones, otras historiografías. En la isla de Ayití (o Santo Domingo), no menos conflictiva que las costas mexicanas, he considerado los planteamientos sobre las llamadas ‘guerras de independencia’ de Fanon y de la historiografía haitiana, desde los clásicos del siglo XIX hasta los genios del siglo XX, Jean Casimir y Vertus Saint-Louis. A raíz de esas experiencias humanas e intelectuales pondría en la actualidad los acentos del trabajo algo diferente. Enfatizaría, por ejemplo, la creatividad propia de los oprimidos. Y, sobre todo, arraigaría todo el estudio de una manera explícita en los conflictos actuales en que la disputa por la historia juega un papel fundamental.

Reescribir la tesis hubiera sido una opción, dejarla tal como era la otra. Un camino entremedio, los retoques puntuales, en cambio, sólo habría hecho peligrar la coherencia interna del texto. Como me he alejado de la realidad mexicana en los últimos diez años, y como interesaba

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proceder a la publicación sin mucho dilatar, opté por dejar el estudio tal como lo había escrito en su momento.

Al final sólo queda expresar mi gratitud para con Odile Hoffmann y el equipo del proyecto AFRODESC: por tomar la iniciativa de la publicación, y también y sobre todo por la gran inversión de tiempo y de energías que hicieron para que esta se realizara. En realidad, había que redactilografiar el texto completo, y han sido los esfuerzos del proyecto AFRODESC, los que permitieron este inmenso y nada reconfortante trabajo. Sólo me han tocado la revisión y algunos complementos. También quisiera dar las gracias a Miguel de Camps Jiménez, gran amigo dominicano, intelectual crítico y editor generoso, quien le ha dado una lectura crítica a la nueva versión. Y con eso invitar a los lectores a que me lean con el mismo espíritu crítico con que leí y leo a los demás.

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INTRODUCCIÓN

Une certaine idée de la République m’amène à …

Jean-Pierre Chevènement

El setecientos novohispano, una época de profundos cambios en todos los ámbitos de la vida, ha sido objeto de múltiples estudios históricos a partir de la década de 1970. En la actualidad existe una amplia bibliografía sobre las regiones agropecuarias, mineras y urbanas del altiplano central y de occidente, los pueblos de Oaxaca y las haciendas y ranchos de Córdoba.1 Algunas regiones, empero, han quedado al margen de la fiebre. Las costas del reino, en particular, han encontrado muy poco interés entre los historiadores. Regiones agropecuarias sumamente pobres hasta la actualidad, con algunos polos turísticos e industriales desarrollados desde el centro a partir de los años 1960, las tierras bajas mexicanas no pueden interesar a intelectuales, nacionales o extranjeros, que buscan precoces procesos de industrialización como portadores de lo que ellos entienden por progreso. Por otra parte, al carecer los litorales de México de inditos folclóricos, esa mercancía exótica que tanto fascina a los turistas en los valles centrales de Oaxaca, tampoco suscitan mucho interés entre aquellos investigadores europeos y norteamericanos que se entusiasman con los arcanos de los bailes y de los colores y empiezan a preguntarse por las bases de la etnicidad.2 Otro motivo susceptible de frenar el interés de los historiadores para las costas, particularmente importante en una época en que se espera del historiador que sea productivo: que destaque no por la calidad de sus obras sino por la cantidad de publicaciones, es la difícil localización de las fuentes, la dispersión de los archivos y la falta de guías de consulta. En fin, en nuestra era de la computación en que muchos ya no pueden concebir trabajos que no rebosen de complicados cuadros estadísticos (a menudo muy cuestionables), las costas, con pocos datos cuantificables, quedan descalificadas como objetos de análisis.

Al proponer un estudio de dos litorales, el Sotavento (los distritos coloniales de la Nueva Veracruz, San Andrés, Cosamaloapan y Acayucan) y la Costa Chica (Acapulco, Igualapa, Jicayán y Huatulco) pretendo desde luego aportar un elemento más al tejido de historias regionales que cubre ya buena parte de la Nueva España del Siglo XVIII. Los costeños de la época no protagonizaban ninguna revolución industrial, no pertenecían a ninguna vanguardia nacional. No obstante, la importancia de los litorales trascendía claramente el marco local. En efecto, el Sotavento y la Costa Chica eran hasta mucho más allá de la colonia los principales proveedores de algodón de los grandes centros textiles del reino: Puebla, México y Oaxaca. Los dos litorales producían también ganado, pescado seco, maderas y, last but not least, hombres para el mantenimiento y el abasto de las naves que entraban en Acapulco y Veracruz, los principales puertos del reino. Así las cosas, las decisiones de aquellos que controlaban la producción

1 Véase Pérez Herrero (1990b) para una reciente bibliografía crítica de los estudios regionales sobre la Nueva España del siglo XVIII.

2 Extraña, sin embargo, que los afromestizos de las costas no hayan intrigado más a los antropólogos. Fuera de Aguirre Beltrán (1985) nadie se ha abocado seriamente al estudio de (….)

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agropecuaria de Sotavento y de la Costa Chica debían de influir de alguna manera en el desarrollo del país.3

Hay muchas maneras de hacer historia. Podemos concebir la historia del siglo XVIII novohispano al estilo de Le Roy Ladurie como un gran ciclo agrario cuyas variables fundamentales son la demografía y el producto nacional bruto.4 Al cabo de un gran número de estudios con diversos enfoques conocemos aparentemente bien las cuatro fases de este ciclo. A mediados del siglo XVII, los hombres eran raros, los espacios no explotados abundaban (fase I). Empezó entonces un ciclo expansivo (fase II), más demográfico que productivo: la población se recuperaba, pero la agricultura comercial seguía rígida y sólo en las minas se observaban progresos.5 Durante el segundo y el tercer cuarto del siglo (fase III), la producción a vocación comercial crecía rápidamente. La población, en cambio, empezó a dar signos de debilidad y las tasas de crecimiento iban disminuyendo. La época de las reformas borbónicas (1776-1788), antaño considerada como apogeo del ciclo, se nos presenta hoy como el inicio de una larga y profunda depresión productiva que se prolongó hasta mediados del siglo XIX (fase IV).6 Lo que aún presenta problema es la cronología exacta del cambio. En Michoacán, Morin observa un desaceleramiento de la expansión después de la crisis de 1760. Pastor, estudioso de la Mixteca Alta, sugiere que el alza secular concluía hasta 1790.7 Partiendo de las cuentas de las reales cajas, Klein y Te Paske proponen las décadas de 1770 o 1780 y la de 1790, respectivamente. 8 Coatsworth comprueba que el desarrollo de la producción minera culminaba en el periodo

3 En la actualidad conocemos la dinámica de la producción de textiles y el movimiento del comercio exterior, pero ignoramos en gran medida como estos procesos se vinculaban con las estructuras del agro costeño. Bazant (1963-1964) y Thomson (1986) estudian la producción textil en Puebla. Chance (1982) la de Oaxaca. Los primeros hacen algunas conjeturas sobre los sistemas de comercialización de la fibra en las costas. Respecto al movimiento del comercio exterior puede verse la reseña crítica de la bibliografía más reciente en Fontana (1988). Las elucubraciones braudelianas de Florescano (1967) sobre la situación en Sotavento a fines de la colonia no aportan nada.

4 Le Roy Ladurie (1969:345-352). Van Young (1985: 728), cuya obra fundamental (1981) refleja el esquema laduriano, lamenta que éste no tenga más discípulos entre los mexicanistas: un deseo que no comparto, por supuesto.

5 Con respecto a la población, nos apoyamos aquí y a lo largo de este repaso del ciclo económico del siglo en Pérez Herrero (1900a:72-78). Para el desarrollo de la producción en el setecientos, véase Klein/Te Paske (1982) y Fontana (1988:96), quienes refutan las tesis de Borah (1955) sobre la crisis del siglo XVII.

6 Entre los apologetas de los promotores de las reformas, Gálvez y Carlos IV, destacan por supuesto burócratas y comerciantes de la época: véanse por ejemplo Güemes Pacheco (1986) y Quirós José M., Memoria sobre los efectos del reglamento de comercio libre, 1808, en: Ortiz de la Tabla (1985: 151-178). Sin embargo, aún historiadores contemporáneos se han dejado seducir por los preámbulos de los decretos reales en que se hace ahínco en la preocupación de los monarcas por sus súbditos, identificando implícitamente los intereses del explotador con el de los explotados: Florescano (1976) y Brading (1975:160-167). Véase Fontana (1988) para una crítica mordaz de estas historias.

7 Morin (1979: 107-118. 149); Pastor (1987: 223-230. 455-459).

8 Klein (1985); Te Paske (1986).

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1775-1779 y conjetura que el resto de la producción seguía pautas parecidas.9 Mientras, el crecimiento de la población se desaceleraba: a fines del siglo se alcanzaban incluso tasas negativas. Pérez Herrero pretende que la tendencia se invertía hasta mediados del siglo XIX. Sin embargo, sus propios datos muestran que los años posteriores a 1820 no eran tan negativos como las postrimerías de la colonia, a pesar de la irrupción del cólera en la década de 1830.10 Pastor confirma esta impresión al comprobar para Oaxaca la recuperación de las tasas durante el segundo cuarto del ochocientos.11 Lo menos que podemos decir actualmente es que la crisis demográfica ya no se agravó después de la consumación de la independencia.

No vamos a discutir aquí la problemática identificación de la dinámica del producto nacional bruto con el movimiento de las rentas fiscales y eclesiásticas, punto de partida de estas historias.12 Dejemos por el momento su metodología y centrémonos en la ideología que se halla implícita en ellas. Los historiadores que estudian el siglo XVIII en función del crecimiento del producto nacional bruto o del producto per cápita admiten, quizás sin advertirlo, los supuestos básicos de la historia liberal: primero identifican el progreso de la sociedad con el crecimiento económico y este con la división social del trabajo, manifiesta en la expansión del mercado, luego hacen de este proceso la ley de la historia.13 La fase IV del ciclo dieciochesco se explica entonces en términos de fracaso. Este se atribuye al deficiente desarrollo del mercado nacional, vinculado con “las limitaciones legales impuestas a la movilidad del capital y del trabajo” como dice tajantemente Coatsworth.14 En otras palabras: el régimen político, identificado con la coacción, no ha sido repulsado lo suficiente por el régimen económico, basado en el libre juego de la oferta y la demanda. Nadie más indicado que José María Luis Mora, prócer del liberalismo del ochocientos mexicano – poco citado en las obras académicas, por cierto – para aclararnos este punto. La lista de pecados del régimen colonial es extensa: el despotismo y la arbitrariedad del gobierno; la inseguridad de la propiedad inmobiliaria y su acaparamiento en manos muertas: un sistema fiscal basado en estancos, la imposición de las transacciones y una multitud de ramos poco productivos; las prohibiciones que pesaban sobre varios cultivos, ciertas manufacturas y el comercio con extranjeros. 15

Consideramos que hay que tener mucha cautela en el manejo de la visión liberal de la historia: no sólo porque no nos explica gran cosa sobre las sociedades del pasado sino también y sobre todo porque implica la aceptación del mundo actual como el mejor de los mundo posibles. El liberalismo presenta el mercado como deus ex machina del bienestar general. Por si la crónica

9 Coatsworth (1990b: 47-51) y (1990c).

10 Pérez Herrero (1990a: 72-78); Pérez Herrero (1991: 265-266).

11 Pastor (1987: 537-538).

12 Véase infra, caps. 7. Y 8. Para una crítica de este supuesto.

13 Smith (1958: 7-19), prócer del liberalismo, deja muy claro que para él, la división del trabajo es causa de la expansión económica y del progreso social y que el proceso tiene su origen “de una cierta propensión de la naturaleza humana”. Entre los mexicanistas que siguen esta línea de progreso destacan Coatsworth (1900d), Morin (1978), Pérez Herrero (1900) y Van Young (1992d).

14 Coatsworth (1990d: 98). Véase también Morin (1978: 302) y Van Young (1992d: 221).

15 Mora (1986: I, 169-288).

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subutilización y la destrucción masiva y recurrente de capacidades de producción a que procede el régimen liberal – también y sobre todo en México – no demostrara ya por sí la mentira del postulado podemos remitir a la experiencia del siglo XVIII. Para empezar observamos un evidente desfase entre los movimientos de población y de producción en el ciclo: un hecho que por lo menos debería volver pensativo. Más todavía, Tutino sugiere que el campesinado mexicano lograba mejorar su suerte después de la independencia, en plena fase IV, de contracción de la producción y del mercado.16 Tan equivocado como la identificación del mercado con el bienestar general es la de política y coacción. De aceptarla podríamos pensar que ahora que se ha establecido el mercado mundial viviéramos en un régimen puramente contractual. ¡Una falacia como saben todos aquellos que se ven obligados a vender – o a regalar – su mano de obra o sus productos no para comprar sino para pagar! El régimen liberal – y no importa si sus apologetas se reclaman del neoliberalismo o del liberalismo social - es tan coercitivo como el régimen colonial, sólo que la coerción se ejerce a otros niveles. “Une certaine idée de la république m’amène à …” empieza ese documento de dignidad humana y civismo republicano que es la carta con que Jean-Pierre Chevènement renunció el 29 de enero de 1991 al ministerio de defensa de la República Francesa.17 “Una cierta idea de la República, la fe en el hombre como ciudadano, me lleva a rehusar una historia que, por cinismo o frivolidad, justifica atrocidades y me alienta a buscar una alternativa.”

Los novohispanistas no destacan precisamente por su espíritu innovador. En realidad son contados los estudios sobre el periodo colonial que no sean tributarios de los presupuestos del liberalismo, que no parten del crecimiento y del mercado como destinos predeterminados de la humanidad.18 En mi planteamiento me guío ampliamente de lo que creo haber comprendido de las obras de Josep Fontana y de Rosa Congost.19 En particular, ellos me llevaron a considerar que cualquier estudio histórico debe basarse en el análisis de las relaciones sociales que subyacen a los procesos de producción. Las relaciones se definen a través de derechos: derechos sobre personas y cosas, sobre productores, medios de producción y productos. Cuando los derechos permiten la apropiación del trabajo ajeno se convierten en el instrumento legitimador de una relación de explotación. En este sentido, la explotación es – que quede bien claro – un fenómeno

16 Tutino (1990: 198).

17 Chevènement (1992: 305).

18 Carmagnani (1988) ofrece un inteligente estudio de las estrategias socioeconómicas de los indios oaxaqueños en el siglo XVIII. La obra no cae en el estructuralismo antropológico propio de otras obras de la llamada etnohistoria como Taylor (1987) o, peor aún, Bartolomé/Barabas (1982). Sin embargo, al soslayar las contradicciones en el seno de las comunidades, su obra deriva en una justificación de la tiranía del régimen de los ancianos. Otro trabajo que revela un esfuerzo por devolverle a la historia su libertad es el de Rodolfo Pastor (1987) sobre la Mixteca. Por desgracia, el estudio no sólo es empírico y carece de un planteamiento claro: también es tendencioso en el sentido de que reivindica el papel de la iglesia como defensora del campesinado frente al estado – cuando los propios datos del autor muestran que la iglesia era tan explotadora como el estado. John Tutino (1990) concibe la historia como una lucha entre grupos con intereses antagónicos. La problemática del enfoque consiste en que tiende a soslayar el carácter objetivo del antagonismo para dar prioridad a la percepción subjetiva que cada uno de los grupos tiene de sus intereses.

19 Congost (1990); Fontana (1982), (1983a), (1983b) y (1992).

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objetivo, mensurable, independiente de la sensibilidad de los explotados. A través de la explotación, la realización de los derechos, y a través de la respuesta de los explotados a este ejercicio se definen las clases sociales y, por supuesto, también las formas y el volumen de la producción.20 De esta manera, el desarrollo económico se humaniza, se vuelve un problema social: se explica a partir de las iniciativas y contrainiciativas de los hombres, a partir de la lucha de clases.

El concepto de la lucha de clases implica el concepto del modo de producción: ambos traducen la idea de que la historia se explica a partir de los conflictos que se desarrollan en una sociedad por la voluntad de explotar de unos y la resistencia a dejarse explotar de otros. Las clases se forjan a través de la lucha y determinan a través de esta lucha el modo de producción, el modelo de la sociedad. La dinámica de la lucha de clases es la dinámica del modo de producción. Visto así, el modo de producción es un instrumento auxiliar que permite al historiador organizar los hechos consignados a través de la documentación.21 Analizar una sociedad mediante el concepto del modo de producción significa estar consciente de que “todo producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por intermedio de una forma de sociedad determinada”.22 Durante muchos años, los latinoamericanistas se afanaban por reconocer en los modos de producción del subcontinente algunos de los famosos prototipos que según cierto catecismo marxista dilucidan la historia de la humanidad. La época colonial se explicaba entonces en términos de feudalismo, capitalismo o modo de producción asiático.23 En la medida en que sustituyen la investigación histórica por la elucubración teórica, estos estudios terminan por ser espejismos. Desde mi punto de vista, los mencionados términos no aportan nada a la comprensión de los procesos históricos, al contrario: como hay mil acepciones de feudalismo o capitalismo, contribuyen a crear confusión.

Esta manera de ver las cosas permite quitar a la historia su predestinación y devolver al hombre su libertad: la libertad que se manifiesta en la lucha de clases. Para los que creemos con Alejo Carpentier “que la grandeza del hombre est| precisamente en querer mejorar lo que es; es

20 Las clases nacen, de acuerdo con esta visión, de la lucha de clases. Así entiendo a Thompson (1989a: 37) cuando dice que “las gentes se encuentran en una sociedad estructurada en modos determinados (crucialmente, pero no exclusivamente, en relaciones de producción), experimentan la explotación (o la necesidad de mantener el poder sobre los explotados), identifican puntos de interés antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y en el proceso de lucha se descubren como clase, y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de clase. La clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras fases del proceso real histórico”.

21 Véase en el mismo sentido Congost (1990: 28-29).

22 Marx (1989b: 37). M|s explicito es Vilar (1980: 67): “Un modo de producción es una estructura que expresa un tipo de realidad social total, puesto que engloba, en las relaciones a la vez cuantitativas y cualitativas, que se rigen todas en una interacción continua: (1) las reglas que presiden la obtención por el hombre de productos de la naturaleza y la distribución social de esos productos; (2) las reglas que presiden las relaciones de los hombres entre ellos, por medio de agrupaciones espontáneas institucionalizadas; (3) las justificaciones intelectuales míticas que dan de estas relaciones, con diversos grados de conciencia y sistematización, los grupos que las organizan y se aprovechan de ellas, y que se imponen a los grupos subordinados”.

23 Véase Mörner (1975: 40-44) y Van Young (1992c) para revisión de la amplia bibliografía sobre los modos de producción en la literatura latinoamericana.

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imponerse Tareas” se abre entonces un nuevo proyecto de futuro: la superación de la explotación, la justicia, la paz.24 El crecimiento económico cabe por supuesto en este proyecto, pero no como algo deseable por sí mismo, sino como algo deseable en la medida que beneficia a todos: los que vivimos hoy como los que vivirán mañana.

Cabe hacer una última aclaración. El ser humano es, por supuesto, mucho más que un ser económico. No defiendo de ninguna manera una visión reduccionista del hombre, ni mucho menos. Esta historia no puede extenderse, por falta de fuentes, de espacio y de tiempo, a temas como la familia, el arte, la religiosidad. Me limito aquí a lo que considero fundamental para una comprensión acertada del presente y la imaginación de un futuro diferente: una comprensión de la historia como el desarrollo de la explotación y de la lucha contra esta explotación.25

En toda sociedad existe “una determinada producción que asigna a todas las otras su correspondiente rango e influencia” señala Marx.26 El análisis de las relaciones sociales entorno a la tierra no nos revelará la clave de una sociedad industrial, lo mismo que el análisis de las relaciones entorno al capital no nos dirá gran cosa sobre el desarrollo de una sociedad agraria. Sólo al enfocar correctamente el estudio lograremos conocer las clases dominantes y las clases dominadas, explicar como el manejo de los derechos que las primeras realizan sobre las segundas, sus personas, sus medios de producción o sus productos, determina la evolución de la producción y, más allá, de la sociedad en su conjunto. Queremos plantear desde ahora que las costas novohispanas seguían siendo rurales a fines de la colonia: que la tierra seguía siendo la principal fuente directa de subsistencia y la principal fuente directa de riqueza.27 Más todavía: los planteamientos que encontramos en el discurso de los intelectuales del comercio de Veracruz indican que las clases dominantes costeñas – aquellos grupos que lograban acaparar una parte proporcionalmente mayor de los excedentes disponibles – no querían o no podían concebir un desarrollo de sus regiones que no fuera agropecuario. En la Memoria sobre la situación de la agricultura del virreinato de 1809, José María Quirós, intelectual orgánico del comercio Veracruzano, señalaba que la agricultura era “el manantial de las sólidas riquezas, la que hace felices y opulentos a los Estados, alimenta a los pueblos, anima a las artes, sostiene a los ejércitos, facilita ocupación, y hace dichosos a innumerables familias, y el punto en que se apoya todo el sistema del comercio terrestre y marítimo”.28 Una primera parte del trabajo se dedica a profundizar esta tesis a través del análisis del perfil de las poblaciones costeñas.

24 Carpentier (1984: 123).

25 Véase en este sentido muy particularmente Fontana (1982: 247-263).

26 Marx (1989b: 57). Vale la pena recordar la frase entera: “En todas las formas de sociedad existe una determinada producción que asigna a todas las otras su correspondiente rango e influencia, y cuyas relaciones por lo tanto asignan a todas las otras el rango y la influencia. Es una iluminación general en la que se bañan todos los colores y que modifica las particularidades de éstos. Es como un éter particular que determina el peso específico de todas las formas de existencia que allí toman relieve.

27 Retomamos la definición de la sociedad rural de Congost (1990: 23)

28 Quirós José María, Memoria sobre la situación de la agricultura en el virreinato (1809), en: Ortiz de la Tabla (1985: 179-202. 181).

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Enseguida emprenderemos el estudio de las relaciones de los hombres entorno a la tierra. Para eso partiremos del concepto de derecho tal como lo acabamos de desarrollar. Siguiendo el trabajo clásico de Pierre Goubert sobre el antiguo régimen europeo distinguimos los derechos del rey, de los propietarios – un término que habrá que definir –, de la iglesia y de los prestamistas.29 Postulamos que se trataba de derechos de explotar que se ejercían en cada uno de los distritos administrativos en que se dividía el reino esencialmente desde la cabecera por un pequeño grupo de personas que se caracterizaban a sí mismas como españoles o como comerciantes. Los comerciantes eran titulares de una parte importante de las tierras, ellos prestaban a los campesinos – que así llamaremos de aquí en adelante a los productores familiares –, ellos controlaban, a través del arrendamiento o la administración, los impuestos reales y el diezmo eclesiástico.30

La Costa Chica y la Costa de Sotavento son conjuntos geográficos, caracterizados por la intercalación entre la sierra y el mar. ¿Son la Costa Chica y la Costa de Sotavento buenas regiones para nuestro propósito? Rosa Congost sugiere como condiciones para el estudio de las relaciones sociales que las clases dominantes actúen sobre el área de una manera relativamente homogénea y endógena.31 En la primera parte planteamos que las costas seguían siendo regiones básicamente rurales en las postrimerías de la colonia: un indicio de que existía cierta homogeneidad en las estrategias de las clases dominantes de ambos mares. En la segunda parte postulamos que las estrategias se desarrollaban no por un grupo único sino por un conjunto de grupos relativamente independientes los unos de los otros: los comercios de las sendas cabeceras distritales. De confirmarse, esta hipótesis permitirá explicar posibles matices locales en el paisaje agrario y, por supuesto, el desarrollo de la ciudad de Veracruz. En el tercer apartado plantearemos el problema de la endogeneidad de las decisiones de los explotadores costeños: el problema de la inserción de las clases dominantes de los distritos costeños en las clases dominantes del reino. Sustentaremos que el crédito – que no hay que confundir con la usura – establecía vínculos entre cada uno de los grupos regionales y las grandes casas del reino, asentadas en la capital y, durante la segunda mitad del siglo XVIII, también en Guadalajara, Veracruz y Oaxaca.32 Estas grandes casas ejercían también derechos de propiedad fuera de su distrito; no obstante, las relaciones de producción que las enfrentaban directamente a los campesinos provincianos eran escasas salvo en el altiplano central y el Bajío.33

Postulamos que las clases dominantes del reino condicionaban el movimiento de la producción a través del manejo de sus derechos. En la cuarta parte del trabajo nos abocaremos a la dinámica de las relaciones sociales y a los vínculos entre esta dinámica y el movimiento de la producción. Planteamos que nuestra historia abarca el ciclo de vida de un modelo de explotación. Nuestra historia empieza con la consolidación de los comerciantes durante el tercer cuarto del siglo XVII y termina con su crisis a partir de las postrimerías del siglo XVIII.

29 Goubert (1969-73: I, 119-133). Un quinto derecho que se realizaba en los reinos europeos, el derecho señorial, coincidía de este lado del océano con el derecho del rey, único señor de las Indias.

30 Brading (1988: 201-255); Hamnett (1986: 26-34); Pastor (1978: 290-307); Van Young (1981: 139-175).

31 Congost (1990: 27-28).

32 Brading (1975: 135-178) Hamnett (1976); Kicza (1983: 77-99).

33 Borchart de Moreno (1984: 128-152).

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Hablar de las costas es también hablar de puertos. Acapulco seguía siendo a finales de la colonia aquella “humilde aldea de pescadores” que encontró Giovanni Francesco Gemelli en 1696.34 Veracruz, en cambio, era una ciudad: un asentamiento cuya población había dejado de trabajar el campo.35 La producción urbana se realizaba en la Nueva España del setecientos principalmente en el marco de la economía familiar o en pequeños talleres que formaban parte del sistema gremial.36 La apropiación del trabajo excedente de estas unidades se efectuaba, así planteamos a partir de las reflexiones de Edward P. Thompson sobre las ciudades preindustriales esencialmente a través del control sobre el abasto. A este mecanismo se añadían la fiscalidad urbana y la propiedad del espacio urbano.37 Los que manejaban el abasto, arrendaban las casas o monopolizaban las regidurías eran los mismos comerciantes que acaparaban también los excedentes del campo. Debido a la importancia del abasto, el desarrollo de las relaciones sociales en el agro no podía quedar sin impacto sobre las urbes novohispanas. Dicho de otra manera: la cronología rural tendrá también un significado para el desarrollo de las relaciones de explotación en la ciudad.

Llegó el momento de hablar de las fuentes en que se apoya este trabajo. Para el análisis del perfil de la población tuvimos que apoyarnos básicamente en censos y padrones. Este tipo de fuentes permite captar las dimensiones espaciales de una población. Empero, resulta muy arriesgado reconstruir la evolución en el tiempo de una población preindustrial con su movimiento en forma de sierra únicamente con cuentas periódicas más o menos espaciadas.38 Fecundidad y mortalidad, que definen el movimiento natural de una población, se estudian mejor con registros parroquiales. El problema es que estas fuentes no existen en la debida integridad para el ámbito de las costas. Muchos archivos parroquiales guardan fragmentos de una u otra serie, ninguno está completo. Aquí usamos documentos archivados en las parroquias del sagrario de Veracruz, de Otatitlán, de Igualapa, de Jamiltepec, de Juquila, de Huaspaltepec y de Pochutla.39

Disponemos de un gran número de cuentas de tributarios indios para todo el periodo colonial. Como el tributo era uno de los principales ingresos de la corona en la Nueva España, los funcionarios reales contaban la población india muy seguido, sobre todo en épocas en que esta

34 Gemelli (1976: 7). Con respecto a la situación a fines de la colonia, véase AGN, Padrones 16, ff. 213-221.

35 Sobre la situación de Veracruz a fines de la colonia, véase Lerdo de Tejada (1950: I, 365-397). La definición de la ciudad de antiguo régimen como asentamiento donde “la ocupación no agrícola era la principal fuente de ingresos” se toma de Hilton (1988c: 107).

36 La literatura sobre la producción urbana en la Nueva España es muy escasa. Para establecer estas tesis utilizamos Anderson (1988: 217-219); González Angulo (1983); González Angulo/Sandoval Zarauz (1984); Hamnett (1968: 24-25).

37 Thompson (1979a y 1979b). Véase en el mismo sentido Hilton (1988b: 79).

38 Con respecto a la problemática de un análisis basado en este tipo de material, véase Flinn (1989: 85) y Vilar (1979-1988: II, 15-17).

39 Morin (1972a) constituye una buena introducción a la problemática de los registros parroquiales novohispanos.

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crecía.40 Los documentos se conservan en los archivos de las diferentes instancias de gobierno: el archivo del intendente de Oaxaca, el de la audiencia de México, el del consejo de Indias. Allí mismo, así que en la Biblioteca Nacional de España encontramos algunos censos y padrones correspondientes a la segunda mitad del siglo XVIII que abarcan el conjunto de la población: una innovación que traduce la incipiente reorientación de la fiscalidad real. El primer documento de este tipo es el censo de Fuenclara (1742-1746). Para la mayoría de los distritos costeños disponemos de los informes manuscritos que los respectivos alcaldes mayores mandaban al consejo de Indias. En los casos de los Tuxtlas y de Jicayan podríamos recurrir a la recopilación de Villaseñor y Sánchez, el Theatro Americano.41 Otros han advertido ya contra la fiabilidad de las cifras de esta obra y nosotros comprobamos evidentes distorsiones en todas las provincias para las cuales disponemos también del parte del justicia.42 Más vale entonces quedarse con lo seguro que manejar datos sumamente cuestionables. Otros documentos del mismo género son los censos realizados por los funcionarios provinciales de la inquisición (1754), los párrocos (1777) y los justicias (1777, 1782, 1803-1806). Los padrones militares de Revillagigedo (1793-1797) sólo alistan a la gente de razón, es decir a los no indios. Las cuentas se encuentran hoy en diferentes ramos del Archivo General de Indias, del Archivo General de la Nación así que de la Biblioteca Nacional de España. Los primeros censos municipales en los flamantes estados de México (1828, 1839, 1834), Oaxaca (1825, 1832) y Veracruz (1830), publicados en los informes de los gobernadores, dibujan un cuadro de la situación después de los cambios que implica la insurrección de 1812.

Las fuentes para las partes II-IV del estudio son obviamente distintas. En la Nueva España del siglo XVIII, los derechos se ejercían en virtud de títulos, documentos escritos. Como la materialización se realizaba a menudo a través de un administrador se producía una gran cantidad de cuentas con que estos subordinados justificaban su actuación ante el propietario. Distinguimos arriba entre diferentes derechohabientes. Podemos suponer entonces la existencia de una documentación abundante, aunque diseminada en un gran número de archivos.

Sabíamos por la existencia de archivos particulares con información sobre el manejo de la propiedad de la tierra a fines de la colonia, por ejemplo en San Andrés Tuxtla. Empero, el acceso a estas fuentes resultaba prácticamente imposible por la envidia de ciertos colegas. Por otra parte tampoco podíamos recurrir, como los historiadores del siglo XIX, a los catastros: como el régimen colonial no imponía la propiedad, tampoco la censaba. Basamos entonces el estudio de los derechos de los propietarios en la documentación que producían el levantamiento de hipotecas y la enajenación por una parte, los litigios por la titularidad por la otra. Las actas notariales que dan fe de cambios en los títulos de propiedad se encuentran en los archivos de los notarios. Podemos conjeturar el funcionamiento de notarías en la mayoría de las cabeceras distritales del siglo XVIII. Sin embargo, sólo en Cosamaloapan se han conservado fondos del siglo XVIII: y esto en un estado tan deteriorado que requieren urgentemente de una profunda restauración. Para Juquila y Jamiltepec localizamos algunos protocolos correspondientes a las primeras décadas del siglo XIX. Ahora bien, afortunadamente, no todas las transacciones se

40 Una lista completa de las fuentes sobre la población novohispana se encuentra en Cook/Borah (1978a: 31-68).

41 Villaseñor y Sánchez (1743).

42 Morin (1979: 40) alerta contra los datos del Theatro Americano para los distritos del obispado de Michoacán.

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notificaban ante notarios locales. Pronto descubrimos que la suerte de muchas propiedades de la Costa Chica se decidía en las notarías de la ciudad de Oaxaca, que los propietarios de la Costa de Sotavento frecuentaban las escribanías de las villas de Córdoba, Orizaba y Xalapa. Los sondeos en el Archivo General de Notarías del Estado de Oaxaca y la Biblioteca Central de la Universidad Veracruzana – donde se conservan los archivos notariales de las villas coloniales – eran en efecto muy fructíferos. Una segunda manera para suplir la falta de archivos notariales costeños era el recurso al registro público de la propiedad, establecido en toda la república a raíz de las reformas liberales de mediados del siglo XIX. En Cosamaloapan, Veracruz, el archivo del registro está prácticamente completo desde los primeros años. Su estudio permite ciertas conclusiones sobre la época colonial, ya sea a través de las mismas actas, ya sea mediante los extensos preámbulos de carácter histórico que las introducen.

Con mucho la fuente más importante en nuestro intento de reconstruir la historia del manejo de los derechos de la propiedad eran los archivos judiciales. Allí se ventilaban litigios por usurpación, allí se decidía sobre la legalidad de la expulsión de tal o cual arrendatario. Pudimos consultar los fondos del teniente de justicia de Tlacotalpan (hoy en día en el Archivo Municipal de Tlacotalpan, Veracruz), de la audiencia de México (en el Archivo General de la Nación, en la ciudad de México) y del consejo de Indias (en el Archivo General de Indias, en Sevilla). En el archivo del ayuntamiento de Veracruz, vocero de los comerciantes del puerto, encontramos interesantes documentos sobre el problema de la tierra en la Costa de Sotavento.

El manejo de los derechos de los prestamistas se documenta en parte en los archivos notariales: quien prestaba montos importantes lo hacía ante notario público para poder demostrar, el caso dado, sus derechos sobre los bienes del deudor. Los préstamos pequeños, en cambio, se basaban por lo general en convenios orales. Algunos salen ocasionalmente en los inventarios post mortem del archivo del juez de Tlacotalpan o los inventarios de las haciendas incluidos en los expedientes del ramo de Tierras del Archivo General de la Nación. Más importante para su estudio es, empero, una polémica entorno a las prácticas de los prestamistas, una polémica que dejó abundante material en los archivos de la audiencia de México y del consejo de Indias.

La documentación del ejercicio de los derechos de la corona es muy desigual. Muy completos se nos presentaban los archivos del consejo de Indias (en el Archivo General de Indias, en Sevilla), de la audiencia y de real hacienda de México (en el Archivo General de la Nación, en la ciudad de México). En cambio, habían desaparecido casi por completo los fondos de los alcaldes mayores y de los intendentes, funcionarios ambos que ejercían derechos en el nombre del rey. Sólo pudimos consultar el ya mencionado archivo del teniente de la justicia de Veracruz en Tlacotalpan. También los archivos de las repúblicas de indios se perdieron hace mucho. Los derechos que se realizaban en el nombre de Dios sí se documentan, pero por lo general la Iglesia no permite el acceso. De las diócesis que ejercían derechos en las costas coloniales, México, Puebla y Oaxaca, sólo la última se decidió a abrir las puertas a los investigadores: investigadores con paciencia, habría que añadir.

Los derechos de los especuladores urbanos de Veracruz se pueden analizar a través del archivo de la institución encargada de ordenar el mercado, el ayuntamiento. Estos mismos papeles, hoy en día en el Archivo Histórico de Veracruz, revelan además el manejo de los derechos del gobierno urbano. Desgraciadamente, el manejo patrimonialista del acervo por parte de los encargados representa también aquí un serio obstáculo para el historiador que no forma parte de los íntimos de la dirección.

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El trabajo se realizó bajo la dirección del profesor Walther Ludwig Bernecker, catedrático, hasta el año pasado de 1992, de la Universidad de Berna. Sin él y su confianza, nada hubiera sido posible y la amplitud de sus criterios me será siempre un ejemplo a seguir. Junto con sus colegas Carl Pfaff, de la Universidad de Fribourg, y Hans Werner Tobler, del Politécnico de Zürich, el profesor Bernecker me respaldaba incondicionalmente para que obtuviera una beca de tres años del Fonds national suisse de la recherche scientifique. Aprovecho esta ocasión para agradecer a esta institución y muy particularmente a Benno G. Frey, siempre dispuesto a atenderme, su precioso apoyo.

Las deudas intelectuales del trabajo quedan, así lo espero, claras. En primerísimo lugar Rosa Congost y Josep Fontana: Els propietaris i els altres e Historia eran verdaderas revelaciones para mí y con cada una de las repetidas lecturas de estas obras descubría nuevos aspectos de lo que debe ser una historiografía imparcial, crítica y honesta. Rosa Congost, de L’Estudi General de Girona, me acompañaba generosamente con sus observaciones y críticas durante la última fase del trabajo. También quisiera dejar constancia de los impulsos que recibí de autores como Pierre Vilar, Edward P. Thompson, Maurice Aymard y Rosario Villari. A la luz del análisis de Congost estudié (y disfruté) además seleccionados textos de Marx, en particular el tercer libro de El Capital.

No puedo tampoco dejar de mencionar a algunos destacados investigadores mexicanos que estaban siempre dispuestos a discutir problemas de toda índole que surgían conforme avanzaba la investigación: a Carmen Blázquez, referencia obligatoria de cualquier trabajo sobre temas veracruzanos, a Elsa Malvido, especialista en historia demográfica de México, así que a Angeles Romero Frizzi y Manuel Esparza, profundos conocedores de la campiña oaxaqueña en tiempos de la colonia. Para la investigación en los archivos y las bibliotecas contaba con el precioso apoyo de mis amigos Porfirio Santibáñez (Oaxaca), Gustavo Vergara y Romero Cruz (Veracruz).

Por fin, quisiera dejar constancia del profundo impacto de la amistad que me une con algunos mexicanos sin rango ni nombre. Ramiro Domínguez Reyes, ejidatario de Igualapa, GRO, me mostró desde el día en que le conocí en la plaza de su pueblo, que su casa era mi casa. El afecto que le tenía – y le sigo teniendo – me llevó a preguntar en un momento dado por la historia de su patria chica: la Costa Chica, sin duda una de las regiones más sufridas de México, hoy como ayer. En Veracruz, VER, donde concebí y redacté este trabajo, quedaba una y otra vez impresionado por la clarividencia que encontraba en muchos de mis amigos del Ejército Mexicano y de la Armada de México. Quisiera recordar muy particularmente a Marco Antonio Hernández, del Hospital Militar Regional de Veracruz. En un momento en que me agobiaba las dudas sobre el sentido de mi quehacer hasta el grado de enfermarme, Marco me tendió generosamente su mano amiga. Por fin, Noé Méndez, ese amigo providencial que conocí cuando visité el país por primera vez, en 1982, y que me ha acompañado desde entonces con su generosidad humana La amistad de ellos me ha permitido superarme y dejar una obra que puedo suscribir, a sabiendas de que no hay obra humana que sea perfecta, tranquilamente.

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Mapas. Organización territorial de la Costa Chica y la Costa de Sotavento durante la colonia (Gerhard 1986)

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PARTE I. LA IMPORTANCIA DE LA TIERRA

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1. EL CRECIMIENTO DE LAS POBLACIONES COSTEÑAS

Costa de Sotavento y Costa Chica son términos geográficos: el primero, de origen náutico, se usaba, al igual que su gemelo Costa de Barlovento, desde el siglo XVII o incluso antes para determinar la posición de las costas de la Mar del Norte – como decían los españoles cuando se referían al actual Golfo de México – con respecto al puerto de Veracruz. A fines de la colonia, Costa de Sotavento designaba además de una situación una región que abarcaba la parte meridional del actual estado de Veracruz, en particular el campo jarocho: la campiña aledaña al puerto de Veracruz, y la cuenca del Papaloapan: el distrito de Cosamaloapan y las partes adyacentes de Veracruz y San Andrés.43 El término de Costa Chica surge por primera vez en la memoria del gobernador del estado de México de 1831.44 En una acepción estricta – que es la que encontramos en el documento mencionado – la Costa Chica coincide con la costa al este de Acapulco en cuanto esta pertenece al actual estado de Guerrero, separado a mediados del siglo XIX del estado de México. Hoy en día, el término suele designar una región que abarca también la Costa Sur de Oaxaca.

Tanto la Costa Chica como la Costa de Sotavento son regiones que se intercalan entre el mar y la sierra.45 A la planicie del litoral – que alcanza 100-125 kilómetros en la Mar del Norte, pero sólo 25 en la del Sur – sigue una terraza poco inclinada de 200 a 600 metros de altura, los altos, que da paso a la montaña. El agua, a través del régimen pluvial y de la hidrografía, es el gran organizador de ambas regiones. La ubicación en la zona intertropical de convergencia implica un año con dos estaciones: las aguas de mayo a septiembre, las secas de septiembre a mayo. De acuerdo con la posición en el litoral este y oeste, respectivamente, del continente americano, la Costa de Sotavento recibe mucha más lluvias que la Costa Chica. La Sierra de los Tuxtlas es una de las zonas más húmedas de México. Las diferencias en la precipitación y en el relieve repercuten en la configuración de los sistemas fluviales. Los ríos que desembocan en la Mar del Norte forman complicadas redes y alcanzan profundidades de consideración. Conforme avanzan las aguas crecen, cambian de rumbo e inundan las tierras bajas del litoral. La captación de los ríos de la Mar del Sur es menor, sus recorridos son más cortos. Durante la estación de secas, muchos se estancan al llegar a la planicie costera. Incapaces de perforar los médanos de la playa forman humedales o “chagües”, tierras anegadizas, y algunas lagunas.

Nuestro primer problema es el de la importancia de la tierra en la vida de los hombres que vivían en los litorales novohispanos del siglo XVIII. A través de tres análisis parciales averiguamos si el trabajo de la tierra era mayoritario y si la producción agropecuaria proporcionaba más ingresos que los otros ramos de la producción. De darse estas condiciones podemos conjeturar, de acuerdo con nuestras hipótesis, que el estudio de la renta de la tierra nos dará la clave para la comprensión de las sociedades costeñas de la época.

43 En la época, se hablaba de las “extracciones de harinas para Sotavento”, las cabeceras de Tlacotalpan, Cosamaloapan y Alvarado. AHV 1813 y 1820, Cuenta anual de la alhóndiga. Respecto al origen del término, véase Siemens/Brinckmann (1976: 272).

44 Gobierno del estado de México (1831: 5).

45 La caracterización geográfica de las costas se apoya en Sánchez Crispín (1978) y (1983); Siemes/Brinckmann (1976: 272-287); Diccionario Porrúa (1986: II. 1339-1343 y 2086-1091; III, 3105-3110).

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TENDENCIAS Y RITMOS DEL MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN.

El trabajo con censos y padrones de antiguo régimen requiere de una crítica interna mínima. Los funcionarios coloniales usaban un complejo sistema de términos étnicos en sus cuentas: no hablaban de habitantes sino de indios, chinos, negros, pardos, mulatos, mestizos y españoles. Para empezar hay que plantear el problema de los grupos étnicos. Por lo general, la calidad étnica – que tenía implicaciones fiscales y de otro tipo – se heredaba de padre a hijo. Los grupos eran entonces relativamente cerrados, formaban castas.46 Sin embargo, el sistema no era perfecto y el pase individual de una casta a otra no del todo imposible. Un segundo problema, menos importante para el demógrafo, es el de la acepción de los términos. Observamos algunas diferencias entre el altiplano y las costas. En la Mar del Sur, los chinos no eran, como señala Humboldt, descendientes de indios y negros, sino indios filipinos. La diferenciación entre pardos y mulatos, común en algunas partes del reino, no se acostumbraba en las costas: ambos términos designaban a los afromestizos, independientemente de si la parte no africana de los progenitores era indio o española.47 No todos los censos registraban al conjunto de la población. Hasta mediados del siglo XVIII, la administración española se interesaba muy particularmente en las castas sometidas al pago del tributo, indios y afromestizos. Las cuentas de los indios tributarios constituyen un cuerpo coherente y pueden servir como punto de partida de un estudio demográfico.48 En el caso de los afromestizos costeños, en cambio, intervenían desde 1650 numerosas exenciones fiscales: exenciones que imposibilitan al historiador el establecimiento de series.49

Los censos y padrones generales de la segunda mitad del setecientos computaban por lo general a individuos. Había, sin embargo, algunas excepciones. Los alcaldes mayores de Acayucan y Acapulco entregaban su informe de 1743 contando a tributarios en el caso de los indios, familias en el de los españoles y afromestizos, su colega de Cosamaloapan se refería sólo a familias. Medio siglo después, el titular del distrito de Acayucan remitía un parte con el número de familias de los asentamientos de su jurisdicción al consulado de Veracruz. ¿Cómo estandarizar el material? El término de familia es ambiguo en los censos del siglo XVIII y la aceptación de

46 En este sentido, la novohispana era una sociedad de castas, de cuerpos cerrados. Sin embargo, a veces se aplica el término de castas sólo a los mestizos, pardos y mulatos: aquellos grupos que carecían de la pureza de españoles e indios. Desde este punto de vista, la novohispana era una sociedad con castas. Para una discusión sistemática de los términos, véase Vilar (1980: 116-119).

47 Tanto Humboldt (1984: 90) como, más recientemente, Aguirre Beltrán (1972: 153-179) se extienden sobre los términos étnicos. Con respecto a las costas pueden verse por ejemplo el informe del castellano de Acapulco de 1743 en AGI, Indif. Gral. 107.

48 Los cambios que se introducían por el artículo 137 de la Ordenanza de Intendentes de 1786 en el sistema del tributo indio no se aplicaban nunca en las jurisdicciones costeñas. Véase infra, cap. 7.

49 En su ensayo sobre la evolución de los grupos étnicos durante la colonia, Cook/Borah (1978c: 238) no advertían las exenciones de los pardos. Sus conclusiones sobre las poblaciones costeñas del siglo XVIII carecen, por tanto, de valor científico. En los caps. 6., 7. Y 9. trataremos más ampliamente sobre la problemática de las castas en el marco de las costas.

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cualquiera de las acepciones sería arbitraria.50 Una vez más preferimos pecar de minuciosos que utilizar datos fantasiosos.

Los inicios de lo que podríamos llamar la recuperación colonial de la población costeña se pierden en el tercer cuarto del siglo XVII. Los funcionarios reales y eclesiásticos, siempre atentos a absorber nuevos excedentes, registraron los primeros aumentos de la población india a partir de la década de 1670. En 1674, Cosamaloapan, Acula e Ismatlahuacan pasaron de los 110 tributarios que se les atribuían desde la primera mitad del siglo a 220. Tres años después, Cotaxtla duplicó sus anteriores 24 contribuyentes a ahora 50 (cuadro 1.1.).51

En la Mar del Sur, en el distrito de Acapulco, las autoridades efectuaron una primera adaptación de las listas de tributarios al alza entre 1664 y 1694. Varias de las parroquias de Igualapa y Jicayan superaron a fines del siglo la población tributaria registrada en 1620. En fin, las primeras décadas del siglo XVIII se caracterizaban en todas partes por un fuerte crecimiento (cuadro 1.2.).52 ¿Y la población no india? Disponemos de datos de algunos partidos de la cuenca del Papaloapan que sugieren un fuerte crecimiento de los grupos de españoles y afromestizos para los mismos años (cuadro 1.3.).53 Sabemos también que el puerto de Acapulco, asentamiento exclusivamente no indio desde su fundación a mediados del siglo XVI, pasó de 150 vecinos en 1646 a 400 familias de morenos, pardos y chinos y 10 de españoles en 1743.54 Todo indica entonces que la tendencia alcista no era exclusiva de la población india sino que todos los grupos étnicos se estaban expandiendo. Ir más allá de esta constatación sería pura especulación. En vista del estado actual de nuestros conocimientos sobre las pautas de la evolución nacional, la época posterior a 1740 es de un interés muy particular (cuadros 2., 3., 4.).55 ¿Qué nos dicen los

50 Véase para una buena discusión Cook/Borah (1978b). No compartimos por supuesto la calculomanía de estos demógrafos que fuerza no sólo los documentos sino hasta su propia argumentación.

51 1620-25: Cook/Borah (1980). 1674: AGN, Reales Cédulas Duplicata 28, ff. 54v. 74v. 1677: AGN, Reales Cédulas Duplicata 28, ff. 101. 179. 1688: AGI, México 1157, Razón de los pueblos de que se compone la jurisdicción de la Nueva Veracruz, 1688. 1695: AGN, Reales Cédulas Duplicata42, ff. 26. 37v. 1698: AGN, Reales Cédulas Duplicata 42, f. 79v. 1709: AGN, AHH Diezmos 17, ff. 62-99. 1743: AGI, Indif. General 107 y 108.

52 1620/1625: Cook/Borah (1980). 1649: AGN, Reales Cédulas Duplicata 14, ff. 145v. 158v. 1664/1690: AGN, Reales Cédulas Duplicata 20, f. 447: Reales Cédulas Duplicata 28, f. 216v. 1706: AGI, México 881. 1709: AGN, AHH Diezmos 17, f. 62-99. 1716: AGN, AHH Diezmos 17, ff. 62-99. 1743: AGI, Indif. Gral. 108.

53 AGI, México 1157, Relación de las poblaciones del obispado de Puebla, 11/7/1681; AGI, Indif. Gral. 107, t. I, ff. 187-188 y 267-280; AGI, Indif. Gral. 108, t. IV, ff. 123-204v.

54 AGI, Indif. Gral. 107, Informe del castellano de Acapulco, 1743; Diez de la Calle (1646: 142).

55 1742-1744: AGI, Indif. Gral. 107 y 108. 1746: AGN, AHJ 339, exp. 1. 1752-1754: AGN, Inquisición 937, ff. 109-117. 243-238. 278-284. 1756: AGN, HJ 339, exp. 1. 1761: AGN, AHH Diezmos 17, f. 415. 1762-1767: AGN, Tributos 2, exp. 1. 1768: AGN, AHH Diezmos 17, f. 323v: AGN, Tributos 2, exp. 2. 1771: AGN, HJ, 298, f. 81. 1773: AGN, AHH Diezmos 17, f. 238. 1777: AGI, México 2581 y 1588-1591: AGN, Bienes Nacionales 401, exp. 8; AGN, Historia 72, f. 197; BNE ms 2450; Siemens, Brinckmann (eds.) (1976: 301). 1778: AGN, AHH Diezmos 17, f. 166v. 1782: AGN, Historia 72, ff. 195-196. 1784-1785: AGN; AHH Diezmos 17, f. 192v; AGN, Tributos 36, ff. 387-462; AGN, HJ 298, exp. 14. 1786: AGN, Tributos 43, ff. 276-285. 1790: AGN, Tributos 37, ff. 81-83. 1792: AGEO, Tesorería Principal 12, exp. 4; 1793: AGN, Historia 523, f. 94; AGN, Padrones 16, ff. 213-321v; AGN, Tributos 37, ff. 81-83. 1794: AGN, Tributos 37, ff. 163-164. 1799: AGN, Tributos 43, ff. 276-285. 1800-1801: AGN, Tributos 37, ff. 163-164 y 43, ff. 276-285. 1803: Apuntes

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documentos? ¿Seguían las costas creciendo más allá de esta fecha? ¿En qué medida se justifica hablar de crisis demográfica para los años finales del setecientos? Según el número de tributarios, la población india del distrito de Acayucan habría crecido en un 70 por ciento entre 1743 y 1784; como la parte de los indios en la población total de la región retrocedía, cuando menos a partir de mediados del siglo, el ritmo de crecimiento de los no indios debía de ser aún mayor. También en Igualapa observamos un crecimiento bien vigoroso: la población de los partidos de Ometepec y Cuautepec habría aumentado en un 80 por ciento entre 1743 y 1777. En Jicayan, el número de indios tributarios se triplicaba entre 1743 y 1748. Si la proporción entre indios y gente de razón (españoles, mulatos y mestizos) se transformaba según las pautas observadas en Acayucan – o también en Igualapa –, la población total de Jicayan debía crecer a tasas aún mayores a mediados del siglo XVIII: las estructuras étnicas de los padrones de 1777 dejan abierta esta posibilidad. En el resto de los distritos, el avance parece por lo menos no tan neto. Las regiones rurales de la jurisdicción de la Nueva Veracruz sólo lograban un 25 por ciento en el periodo señalado. La población india de Cosamaloapan obtenía un resultado parecido; a partir del análisis de los datos sobre la composición étnica del distrito en 1743 y en 1803 conjeturamos que los afromestizos superaban ligeramente este índice. Al cabo de esta revisión podemos concluir que las regiones costeñas – con la excepción de Huatulco – pertenecían al grupo de regiones novohispanas que seguían creciendo hasta más allá de 1740. Respecto a las dimensiones del proceso conviene tener mucha cautela.56 En realidad, tenemos nuestras dudas sobre la verosimilitud de explosiones demográficas como aquella que tenemos que postular, según nuestros daros, en Jicayan, Acayucan o Igualapa – por mucho que Claude Morin haya propuesto procesos similares en el obispado de Michoacán.57 Más adelante veremos que procesos migratorios apuntalaban la demografía costeña durante este periodo. Con todo y eso no excluimos que las cuentas de mediados del siglo XVIII eran más exactas – que englobaban un porcentaje mayor de la población real – que las épocas anteriores. Así las cosas tampoco podemos decidir si intervenía o no un freno en las tasas de crecimiento a partir de la crisis de la década de 1730.

En un momento dado, entre 1760 y 1780 – resulta imposible decir más con los documentos que tenemos a la mano –, se produjo un cambio importante en las tendencias a mediano plazo en la mayoría de los distritos. De allí en adelante, el número de indios tributarios se estancaba

estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/ Florescano (1967: 115-150); Archivo General del Estado de Oaxaca (1984). 1804: AGN, Tributos 43, ff. 276-285. 1806: Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, en: Chávez Orozco/Florescano (1968: 115-150). 1808: AGN, Indios 75, ff. 119-130. 1809: AGN, HJ 223, exps. 1-2. 1818-1819: AHV 1818, Resultado del padrón de esta ciudad de la Nueva Veracruz y sus extramuros; Gaceta de México 27/6/1819. 1825-1826: BSMGE, Murguía y Galardí José M., Estadística del departamento de Jamiltepec; Noticia estadística que el gobernador del estado libre y soberano de Veracruz presenta al congreso de la unión, Xalapa, 25/1/1827, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 1-7). 1830-1832: BGEO, Exposición que el tercer gobernador del Estado de Oaxaca hace en cumplimiento del art. 83 de la constitución particular del mismo a la cuarta legislatura constitucional, 2/7/1832; Gobierno del Estado de México (1831); Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, en 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-316).

56 Fontana (1988: 105) advierte con razón contra conjeturas demográficas demasiado optimistas para el periodo.

57 Morin (1979: 59) sugiere que la población del obispado aumentó de 315´000 en 1745 a 675´000 en 1785, o sea en un 115 por ciento.

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durante medio siglo en los distritos de Acayucan, Cosamaloapan, Veracruz y probablemente también San Andrés. Mientras, la parte de los afromestizos en la población seguía en aumento en todos los distritos: un signo de que este grupo continuaba creciendo. Podemos conjeturar entonces que la población en su conjunto observaba una tendencia alcista, aunque las dimensiones del movimiento habrían sido muy modestas. En las regiones de la Costa Chica, el panorama era más complicado, aunque fundamentalmente parecido. En Huatulco, el número de indios tributarios se había estancado desde la década de 1740. En algún momento posterior a 1767 se inició un periodo de franco declive y en menos de 20 años, el índice se contraía en un 30 por ciento. Como el distrito conservaba su carácter indio hasta fines del siglo XVIII podemos tomar esta evolución como representativa para la población en su conjunto. En el vecino distrito de Jicayan, la tasa de crecimiento de la población era prácticamente cero durante la década de 1780. Acapulco registró un verdadero salto del número de indios tributarios entre 1786 y 1794: un aumento del 50 por ciento en sólo ocho años, muy sospechoso a primera vista. Sin embargo, una vez más no podemos descartar algún movimiento de inmigración masiva. Con todo, la crisis no tardó en manifestarse y la ganancia se iba erosionando durante las décadas de 1790 y 1800. La población afromestiza acapulqueña, mayoritaria, parece estancarse durante el último cuarto del siglo. Igualapa era el distrito que mejor se desempeñaba durante el periodo. Por una parte observamos un crecimiento bastante regular del número de indios tributarios hasta 1800. Pero eso no es todo. De acuerdo con los censos, las estancias ganaderas del litoral – Cruz Grande, Cuajinicuilapa, Juchitán y Maldonado –, asentamientos exclusivamente pardos, lograban un crecimiento impresionante del 85 por ciento entre 1777 y 1793: mucho, aún si tenemos en cuenta los importantes flujos migratorios que llegaban en este periodo a las costas.

Después de una recuperación pasajera durante la década de 1790, el número de indios tributarios se contrajo de nuevo, aún en Igualapa, entorno a 1800. Ignoramos si la contracción era exclusivamente de los indios o si se producían procesos parecidos entre españoles y afromestizos. Con todo, de allí en adelante, el panorama demográfico se iba aclarando. Hacia 1810, el crecimiento parece de regreso en las costas. Huatulco, por ejemplo, aumentaba su población en un 40 por ciento entre 1803 y 1830. También Jicayan logró superar el estancamiento de los años 1780 en algún momento y alcanzó en 1825 un avance del 20 por ciento respecto a 1793. La población de Cosamaloapan crecía un 10 por ciento de 1803 a 1825. Acayucan y los Tuxtlas estaban en auge para mediados de la década de 1810: también aquí ignoramos el inicio del proceso. En 1830, el proceso continuaba – muy a pesar de los resultados del censo de 1830.58 Así las cosas resulta difícil compartir el escepticismo de Pérez Herrero quien sugiere que la crisis demográfica iniciada a fines del siglo XVIII se prorrogaba hasta mucho más allá de la independencia.59 En las costas, la población inició con toda probabilidad – no nos atrevemos a decir seguridad – un proceso de expansión desde la primera década del siglo XIX.

58 Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1830, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 61-316. 66-68).

59 Pérez Herrero (1990: 76).

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LAS REVELADORAS CRISIS DEMOGRÁFICAS.

El movimiento de la población costeña estaba condicionada por las crisis demográficas de tipo antiguo: hambrunas y epidemias que provocaban periódicamente la multiplicación de la tasa de mortalidad regional e hipotecaban el crecimiento a mediano plazo.60 La estrecha vinculación entre crecimiento demográfico y mortalidad catastrófica es un fenómeno que caracteriza a muchas poblaciones de la historia, poblaciones cuya producción es básicamente agropecuaria. 61 El estudio del movimiento de la población aporta así un primer indicio de que el fundamento de las sociedades costeñas del siglo XVIII era la producción agropecuaria, de que el estudio de las relaciones entorno a la tierra es el enfoque adecuado para nuestro objetivo.

Ahora bien, la interpretación de estas crisis aún está en discusión. No podemos descartar en la actualidad la importancia de mutaciones genéticas de los agentes patógenos en el desarrollo de la incidencia de las mortandades.62 Sin embargo, tampoco podemos dejar a un lado la importancia de la situación alimenticia de la población en la evaluación del fenómeno.63 Aún si no tenemos fuentes que comprobaran que la gente se moría de hambre propiamente dicho queda el hecho de que las epidemias arrastraban a una población cuya dieta se había vuelto precaria. Al analizar el impacto de las crisis demográficas de tipo antiguo sobre una población dada hay que tener en cuenta tres factores: el incremento de la mortalidad anual, la frecuencia de las crisis y las dimensiones del área afectada.64 Ambas costas se veían afligidas por mortandades de car|cter “nacional” a lo largo del siglo XVIII. El c|lculo de la sobremortalidad resulta casi siempre imposible por falta de fuentes adecuadas. Con respecto a la frecuencia, en cambio, observamos tendencias muy claras. Podemos distinguir, de hecho, entre un primer periodo, de 1670 a 1760, más o menos, en que epidemias y hambrunas se presentaban con intervalos de 30 a 40 años y una segunda etapa, de 1760 a 1810, en que las mortandades se sucedían rápidamente con intervalos cada vez menores.

Una primera crisis grave se produjo a fines del siglo XVII. Una serie de factores negativos afectaba entonces al conjunto del reino. Para el área poblana, Malvido ha encontrado viruelas (1687-1692), sarampión (1692), peste (1696) y hambrunas (1691 y 1693).65 La situación era crítica en todas partes y su majestad instruía al virrey que procurara alivio para los afectados por las plagas, “castigando con severidad a los que turbaren la quietud pública o lo merecieren por su obrar y excesos” en clara alusión a los tumultos que las epidemias solían provocar entre

60 Flinn (1989: 29-34. 74-97) discute el concepto de crisis demográfica de tipo antiguo.

61 Flinn (1989: 27-112) da una buena visión de los aspectos técnicos de un sistema demográfico de este tipo: el sistema demográfico europeo entre 1500 y 1800. Véase también las reflexiones labroussianas de Vilar (1982c) sobre el caso francés.

62 Véase Ruffié/Sournia (1984) sobre estos problemas.

63 Véase en este sentido Flinn (1989: 77-78) Fontana (1988: 96).

64 Flinn (1989: 74-76)

65 Malvido (1973: 96-101). Véase también García de León (1985:56) quien observa una sobremortalidad en Chiapas en 1692. Pérez Herrero (1990:75) habla de una desaceleración de las tasas de crecimiento en la década de 1690 a nivel “nacional”.

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los sobrevivientes por la sobrecarga fiscal.66 La gran variedad de patologías y la amplitud del territorio comprobadamente afectado sugieren que también las poblaciones costeñas padecían bajo el impacto de los males. Datos aislados confirman esta hipótesis. En 1698, las autoridades corrigieron el número de tributarios de Cosamaloapan, Acula e Ismatlahuacan a la baja, de 234 a 151 (cuadro 1.1.). Por los mismos años, la población india de varios pueblos de los distritos de Igualapa y de Jicayan caía hasta más allá de los niveles de 1620 (cuadro 1.2.).

Entre 1700 y 1730, el escenario epidemiológico se tranquilizaba. Solamente en el Puerto de Veracruz registramos en 1726 una mortandad que el Cabildo identificaba en una representación de 1759 como vómito prieto.67 Humboldt, citando a Ulloa, informa de otros brotes epidémicos de fiebre amarilla en la Indias por estos años: 1729 en Santa Marta, 1730 en Cartagena, 1740 en Guayaquil. De acuerdo con los colones españoles de estos puertos se trataba en todos los casos de la primera aparición del flagelo en sus tierras.68 No descartamos entonces que la epidemia veracruzana de 1726 representaba el primer brote de fiebre amarilla urbana en la Nueva España. Esto no desmiente la opinión del propio Humboldt que sospechaba que el vómito se daba desde siempre en las Indias. De hecho hay fuertes indicios de que la forma selvática del azote afectaba desde tiempos prehispánicos a la península yucateca.69 No es nuestra tarea averiguar posibles vínculos del brote de 1726 ya sea con las mortandades en otros Puertos del Caribe, ya sea con esta endemia casera. Consta que la epidemia se presentaba en la ciudad y que todas sus manifestaciones posteriores – hasta pasado 1800 – se limitaban a su ámbito: solamente ahí se conjugaban, al parecer colonias de aedes aegypti infectadas por el agente patógeno y concentración de advenedizos susceptibles de servir de huéspedes.

A pesar de la afirmación de Humboldt en el sentido de que los estragos del matlazáhuatl, esta enfermedad misteriosa del indio novohispano eran exclusivos del altiplano, sabemos que la epidemia de 1736-1737 dejó sus huellas no solo en el centro del reino sino también en amplias partes de la Costa Chica.70 En la parroquia de Sochistlahuaca se abandonaban entonces 2 de un total de 12 visitas, en la de Omeotepec 2 de anteriormente 8, en Igualapa 3 de 11. Más al Este, en la alcaldía mayor de Huatulco, la cabecera de Xadani perdía 3 estancias. Al parecer, sólo los pueblos del distrito de Acapulco se salvaban de la matanza.71 Con respecto a la Costa de Sotavento carecemos de información sobre el virtual impacto del matlazáhuatl. Los censos de 1777, que permiten reconstruir las pirámides de edades de las rancherías acayuquenses y de los pueblos de Ismatlahuacan y San Andrés, sugieren que la población enfrentaba problemas en la década de 1730; sin embargo, no podemos sacar conclusiones definitivas.

66 AGN, Reales Cédulas Originales 26, f. 34.

67 AGI, México 2906, Representación de José de Villanueva, apoderado del Ayuntamiento de Veracruz, al Consejo de Indias.

68 Humboldt (1984: 574).

69 Con respecto a la historia de la fiebre amarilla puede verse la obra fundamental de Bustamante (1958).

70 Véase Humboldt (1984: 512-513).

71 En un informe de 1743 (AGI, Indif. Gral. 107), el castellano de Acapulco señala que los pueblos de su distrito escaparon “por haverlos preservado la divina providencia de el matlaz|huatl”. Las pérdidas de Igualapa se calculan a partir de la comparación de los censos de 1706 (AGI, México 881) y 1743 (AGI, Indif. Gral. 107). Con respecto a Xadani, véase Gerhard (1986: 127-130).

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La década de 1760 marca en ambas costas el inicio de un bloque de epidemias y hambrunas de más de 50 años.72 En febrero de 1757, el cabildo de Veracruz mandó traer en procesión al patrón de la ciudad, San Sebastián, de su ermita a la parroquia para que intercediera ante dios contra “las agudas enfermedades y muertes” que afectaban al vecindario. En 1762, el puerto se debatía con una epidemia de viruelas.73 El mismo año se registraba un nuevo brote de fiebre amarilla en el puerto, probablemente el primero desde los años 1720. Humboldt indicaba 1775 como término de la mortandad. Sin embargo, por una vez hay que desconfiar del viajero alemán. Por lo visto, este intentaba vincular el final de la epidemia con las mejoras sanitarias de la década de 1770. Aceptamos, como menos intencionada, la fecha de 1768 que proporcionan círculos cercanos al comercio veracruzano a inicios del siglo XIX.74 La crisis de los años 1760 no era exclusiva de la ciudad. La viruela de 1762 se presentaba, como sugieren los citados censos, también en las áreas rurales de región. La mortandad que se observa en el campo jarocho en 1767-1768 representa tal vez una nueva incursión del matlazáhuatl.75 En la Mar del Sur, esta peste llegó en 1762 a Ayutla donde se llevó 67 de los más de 100 tributarios que había anteriormente.76 La muerte celebraba triunfos a lo largo y ancho de la Costa Chica. Las estructuras poblacionales de Ometepec, Tututepec y Cuajinicuilapa mostraban las señas de las sangrías todavía en 1777. En la jurisdicción de Acapulco, la cuenta de tributarios de 1764 arrojó un resultado casi idéntico a la de 1743. ¿Sería que la crisis hubiera consumido el avance de dos décadas en la población india? En el contexto de la época es muy probable que así sucediera. A Huatulco, la mortandad irrumpió hasta 1768. Frente a un promedio anual de 9 muertos en quinquenio 1760-1764, el libro de defunciones de San Pedro Pochutla registra 22 adultos en 1769.77 Más grave aún se vislumbra el impacto de la plaga en la zona chontal. A lo largo de la década de 1760, el párroco de San Pedro Huamelula cobraba por 34 a 36 defunciones de adultos cada año; ahora enterró a 52 feligreses en tan solo 5 meses, de noviembre 1768 a marzo 1769.78

Repasamos los principales hitos de la época de la muerte empezando con la Mar del Norte. El día 2 de octubre de 1777, las actas de cabildo de Veracruz denunciaron “que pocos de sus habitadores y de la misma guarnición dejan de ser comprendidos en ella (i.e. la epidemia), verific|ndose algunos muertos, hall|ndose los hospitales llenos”.79 Dos años después, la viruela

72 Puntos de referencia en el espectro nacional son Morin (1979: 55) para Michoacán y Malvido (1973: 96-101) para el área de Puebla.

73 AHV, AC 12/11/1762; AHV 1792, Carta del bachiller José de Ávila al Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz 9/2/1791.

74 Véase Humboldt (1984: 533) y AHV 1813. Informe de la comisión encargada de estudiar la salubridad en la ciudad de Veracruz, Veracruz 12/8/1813.

75 Apuntes estadísticos de la Intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967:115-150.116).

76 AGN, Epidemias 13, ff. 109-116.

77 APP, Libros de defunciones.

78 APH, Libros de defunciones.

79 AHV, AC 2/10/1777.

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estaba de regreso, no sólo en el puerto sino también en otras partes de la Costa del Sotavento.80 Una “grande epidemia de calenturas” preocupaba al cabildo en 1781.81 Paralelamente, una sequía anunciaba la gran hambruna novohispana de 1785 en la ciudad se manifestaban los primeros problemas de abastecimiento. Con todo, la documentación previene de generalizaciones: mientras el cabildo de Veracruz y el teniente de Tlacotalpan se apuraban por comprar maíz, la alcaldía mayor de Cosamaloapan, se libraba de la amenaza.82 Después de unos años de calma relativa llegó en 1794 la viruela de Guatemala a Acayucan, Tlacotalpan, Alvarado y, en 1797, a la misma ciudad de Veracruz.83 Aquí mismo se presentó desde 1794, después de una ausencia de 26 años el vómito. El azote parece perpetuarse en la ciudad, golpeando unos años – 1802, por ejemplo – más y otros menos. En 1812 se registraba la primera epidemia fuera de Veracruz, en Alvarado: según los coetáneos a consecuencia de la mayor afluencia de no costeños a este puerto.84 En 1805, mientras las autoridades de Veracruz se combatían aún con la viruela y el sarampión que hacían su aparición desde 1793 en brotes esporádicos, la langosta invadía la sureña provincia de Acayucan, desplazándose desde ahí hacia el norte.85 El ciclo de crisis agudas parece cerrarse en 1813 con una última epidemia de viruela. El brote se desarrollaba en el puerto donde provocaba una sobremortalidad importante, tanto entre los niños como entre los adultos. Al calor de los movimientos poblacionales que originaba la insurrección de 1812 en el campo jarocho, la epidemia llegó hasta Xalapa.86 Pasamos a la Costa Chica. Las estructuras poblacionales de los asentamientos acapulqueños de 1793 sugieren que la muerte regresó también a la Mar del Sur antes de que terminara la década de 1770. 1785 era de hambruna en Huatulco, mientras que Igualapa, abundante en granos, padecía de infecciones sumamente mortales.87 Poco después, el turno de la escasez era de Jicayan (1788-1791) y Acapulco (1792–1793).88 Procedente del Istmo llegó en 1796 la viruela a Huatulco; al año siguiente alcanzó Juquila donde mataba no sólo a recién nacidos sino también a adolescentes y adultos.89 Tampoco perdonaba, como solía suceder en el siglo XVI, a los no indios. En Jamiltepec,

80 Sobre el curso de la epidemia en la ciudad de Veracruz informan AHV, AC, 4/6/1779; AC 23/6/1779; AC 25/11/1779. Una nota en AGNEO, Manuel Franco de Lara 1780, ff. 148v-174v, habla de un brote muy mortífero, particularmente entre los indios, en Acayucan a partir de noviembre de 1779.

81 AHV, AC 27/8/1781

82 AHV, AC 2/6/1780; AC 18/9/1785; AHV 1786, El Ayuntamiento de Veracruz al virrey, Veracruz 2/11/1785. AHT, leg. 4, exp. 4, Orden del gobernador de Veracruz al teniente de Tlacotalpan, Veracruz 4/2/1803.

83 AHV, AC 30/10/1794; AC 18/2/1797; AC 11/5/1797.

84 Humboldt (1984:512.533); Blázquez Domínguez (ed.) (1986: I,259).

85 AHV, AC 9/10/1803; AHV 1803, El bachiller José de Ávila al Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz 9/10/1803; AHV 1806, Cuenta de lazareto de virulentos 11/4/1805-16/6/1805; AHT leg. 4, exp. 5, Orden del gobernador de Veracruz al teniente de Tlacotalpan, Veracruz 4/2/1803.

86 AHV, AC 30/4/1813; AC 20/8/1813; AC 26/12/1813.

87 AGN, Alhóndigas 15 exp. 7; AGN, General de Parte 65, s/f.

88 AGN, Inquisición 1358, f. 233; AN, Historia 578 B, s/f; AGN Tributos 34, ff. 119-157

89 AGEO, Real Intendencia II. Leg. 21, exp. 32; AGN, Epidemias 12, ff. 102-119.

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el párroco registraba un promedio de 23 defunciones de niños pardos, españoles y euromestizos entre 1792 y 1796. Con la epidemia, sus ingresos por entierros aumentaban vertiginosamente: entre octubre de 1796 y enero 1798 se contaban 45 párvulos fallecidos en el archivo correspondiente.90 Después de una breve pausa las fuentes señalan la invasión de la langosta por Huatulco en 1806.91 Quizás como consecuencia de una virtual hambruna, la mortalidad aumentaba significativamente entre los adultos de razón de Jamiltepec. El número de defunciones saltó de un promedio de 39 en el quinquenio de 1801-1805 a más de 55 entre 1806 y 1808.92 Cuando menos en el distrito de Acapulco, el ciclo se remató en 1809-1810 con una importante sequía y, acto seguido, “una epidemia de fiebres y calenturas”.93

Después de 10 años de calma relativa irrumpieron en 1825 una vez más la viruela y el sarampión en la Mar del Sur como en la del Norte. A una fase endémica seguía hacia 1830 otro brote epidémico que se prolongó hasta 1834, año del cólera en todo el país.94

LA IMPORTANCIA DE LA INMIGRACIÓN

Las costas del siglo XVIII eran tierras de colonización, o más exacto, de recolonización. Remontamos al siglo XVI. Después de la conquista, y en la medida en que se establecían los puertos de la Mar del Sur, Huatulco y Acapulco, los ganaderos españoles presionaban a los indios que resistían a la nueva patología a que se fueran y les cedieran sus tierras. A continuación, los nuevos dueños emprendieron la repoblación al ritmo y en las dimensiones que les convenían, primero a la fuerza, con negros esclavos, luego cada vez más mediante el fomento de la inmigración voluntaria. Hacia 1600, la sustitución de los nativos por inmigrantes se había extendido a lo largo de la franja costera de los distritos de Acapulco, Igualapa y Jicayan así que del futuro partido de Pochutla. La nueva población en estas partes era predominantemente afromestiza: no sabemos si por multiplicación de los primeros “colonos”, por la calidad étnica de las olas siguientes o por la selección del medio. Los indios expulsados, en cuanto sobrevivían, se reasentaban en los pueblos de “los altos”.95 Con respecto a la Mar del Norte falta la investigación correspondiente. No obstante hay indicios de que los patrones de la evolución no eran muy distintos. La sustitución del indio por el afromestizo, un proceso necesariamente vinculado con movimientos migratorios, era particularmente completa en el futuro distrito de la Nueva Veracruz. En Alvarado y Tlacotalpan, los inmigrantes, españoles y mulatos, integraron a los indios sobrevivientes en su sistema económico. En Tlalixcoyan, la población autóctona desapareció en el transcurso de la primera mitad del siglo XVII. En la villa de Medellín, una

90 APJa, Libros de defunciones de la gente de razón.

91 AGN, Tierras 1371, exp. 2.

92 APJa, Libros de defunciones de la gente de razón.

93 AGN, Historia 105, exp. 1; AGN, Intendentes 73, exp. 9.

94 APP, Libros de defunciones. Estadísticas del Estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (ed.) (1986:I.67.333-334).

95 Véase Widmer (1990: 125-135. 166-181).

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fundación española, se constituyó por los mismos años una comunidad india, ya fuera por la congregación de los restos locales, ya fuera por el traslado de un grupo del altiplano. En su visita pastoral de 1609, el obispo de Puebla observaba a algunos pescadores “de nación griega”, casados con negras y mulatas; años más tarde, el censo de 1688 contaba además de 9 españoles, 13 mestizos y 38 negros y mulatos, 34 indios adultos.96 Tanto en el distrito de la Nueva Veracruz como en el de Cosamaloapan observamos como los ganaderos españoles intentaban desalojar a los indios. Su fracaso relativo se explica por la fuerza de los colonos españoles de Alvarado y Tlacotalpan: pescadores y madereros que dependían de la disponibilidad de grandes cantidades de mano de obra india.97 En los Tuxtlas, los inicios de la inmigración de no indios se vinculan con la producción de azúcar por negros esclavos en el ingenio de Cortés.98

La emigración traduce una situación de sobrepoblación relativa en los lugares de origen. A partir de 1670 aumentó la presión demográfica en el centro del reino. Los excedentes que se generaban allí colonizaban en las décadas siguientes el Bajío.99 Es posible que el cambio en el centro repercutiera también en mayores aflujos a las costas, pero las fuentes no permiten comprobar esta hipótesis. Será hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando los efectos de la inmigración se comprueban a través de los documentos. Sin embargo, para ese entonces, el contexto nacional había cambiado – el Bajío había desaparecido como centro de atracción antes de 1760 – y no podemos proyectar hacia atrás las conclusiones sobre el último periodo colonial. Los censos de 1743 indican a través de elevados índices de masculinidad que los asentamientos rurales del distrito de la Nueva Veracruz acogían a un gran número de inmigrantes en estos años (cuadro 5.).100 Las fuentes muestran que, a diferencia del siglo XVI, la inmigración ya no era un fenómeno exclusivo de pardos y españoles, sino que ahora los mismos indios nutrían los flujos migratorios. En los asentamientos que formaban el partido de Tlalixcoyan, por ejemplo, el índice de los indios era significativamente más elevado que el de los pardos. La importancia de la inmigración india comprueba también que no estamos delante de un cambio en el equilibrio entre campo y ciudad – Veracruz siempre era una ciudad de no indios – sino de migraciones de largo recorrido. El fenómeno no era exclusivo del campo jarocho. El análisis del origen de los novios en los matrimonios que se contraían en la iglesia de Otatitlan durante el tercer cuarto del siglo XVIII muestra tendencias muy parecidas (cuadro 6).101 De un total de 70 casamientos registrados entre 1754 y 1774, 57 correspondían a indios; 13 de los novios, todos avecindados en las rancherías del partido, declaraban ser originarios de la alcaldía mayor de Teutila o de otros distritos de la posterior intendencia de Oaxaca. Algunos, aunque criados en Otatitlan, recordaban que sus padres habían bajado de la sierra: un indicio de que el flujo procedente de Oaxaca existía ya antes de mediar el siglo XVIII. Los 10 pardos que contraían nupcias en el

96 AGI, México 1157, Razón de las villas y pueblos de que se compone la jurisdicción de la Nueva Veracruz. BNE, ms 6877, Visita pastoral de 1609.

97 AGN, Tierras 1867, exp. 4.

98 Gerhard (1986: 351).

99 Sobre la colonización del Bajío y sus ritmos, véase Tutino (1990: 62-79).

100 Fuentes: véase hic supra, nota 13.

101 APO, Libros de matrimonios.

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periodo señalado habían nacido todos en la región, dos españoles habían inmigrado de la península.

Los padrones parroquiales de 1777 captan la población en un momento en que la afluencia al campo jarocho seguía vigorosamente. Las demás regiones de Sotavento, en cambio, parecen más bien exportadores de hombres (cuadro 7.).102 La falta de un saldo migratorio positivo no implica, por supuesto, una mayor estabilidad de gente. En las rancherías de Acayucan, por ejemplo, había muchos indios originarios de los Tuxtlas y, sobre todo, Tabasco.103 Al retomar el libro de matrimonios de Otatitlan, constatamos que los inmigrantes seguían construyendo a fines del siglo XVIII como el 20 por ciento de los novios. Sin embargo, el origen de los flujos y su calidad había cambiado. Ya no eran los indios Oaxaqueños los que llegaban a la cuenca del Papaloapan, sino afromestizos y españoles procedentes de las villas, de tabasco y de México (cuadro 8.). 104 Los censos levantados entorno a 1800 trasmiten una imagen muy parecida a la de los padrones de 1777 (cuadro 9).105 Con respecto a las rancherías que conformaban las parroquias de Medellín y Tlalixcoyan sabemos que los inmigrantes procedían tanto de tierra fría como de “las costas inmediatas”. Se trataba de corrientes que, como veremos, alimentaban también los flujos hacia la ciudad cabecera del distrito.106 Para 1830, el campo jarocho había perdido su dinámica. El segundo censo del ahora estado de Veracruz releva en cambio otra zona dinámica: el partido – y ahora cantón – de Huimanguillo. La comparación del desarrollo de Huimanguillo con la del resto de la Costa de Sotavento nos hace conjeturar que los colonizadores salían, por lo menos en parte, de estas regiones (cuadro 10.).107

En la Costa Chica, las zonas más afectadas por las epidemias de la década de 1730 recibían fuertes contingentes de inmigrantes en los años siguientes. Con respecto al partido de Pochutla, por ejemplo, consta la afluencia de zapotecos de la sierra.108 Tonameca, un pueblo totalmente pardo a fines del siglo XVII, volvía a indianizarse mediante estas corrientes.109 Los padrones parroquiales de 1777 permiten establecer un cuadro de la situación migratoria durante el tercer cuarto del siglo XVIII (cuadro 11.).110 Destacan dos zonas de inmigración: la cuencas del Santa Catarina (Amusgos, Atoyac, Cortijos y Ometepec), y, en menor medida, el área chatina (Juquila y Teotepec). Tanto la cuenca de Santa Catarina como la región chatina pertenecían - excepto el

102 Fuentes: véase hic supra, nota 13.

103 AGI, México 2590, Padrón del partido de San Martín Acayucan, 1777.

104 APO, Libros de matrimonios.

105 Fuentes: véase hic supra, nota 13.

106 AGN, Indif. de Guerra 47B, Reglamento del regimiento de lanceros de Veracruz, 27/10/1779; AGN, Indif. de Guerra 47B, Informe de Nicolás de Monteagudo, 31/1/1799.

107 Fuentes: véase hic supra, nota 13. Hay que precisar que el cantón de Veracruz abarcaba los distritos coloniales de Antigua y Nueva Veracruz

108 Gerhard (1986: 127-130).

109 Con respecto a la situación de fines del siglo XVII, véase AGN, Clero Regular y Secular 159, exp. 1. Más arriba señalamos que entorno a 1800, la población de Tonameca ha de haber sido mayoritariamente india.

110 Fuentes: véase hic supra, nota 13.

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partido de Ometepec - al distrito de Jicayan. Este muestra para el conjunto de la población un saldo migratorio ligeramente positivo (cuadro 12.).111 La inmigración de hombres que pasaban por españoles o afromestizos parece un hecho. ¿De dónde salían esas gentes? El análisis de 258 matrimonios que se contraían de 1737 a 1777 entre pardos, negros, españoles y mestizos en la cabecera de Santa María Huasolotitlan muestra que el 6 por ciento del total de los esposos procedía de la Mixteca Alta y Baja, el 3 por ciento del Valle de Oaxaca y el 2 por ciento de otras partes de la Nueva España y de ultramar.112 En los pueblos amuzgos observamos también el aflujo de indios de la sierra. Sabemos, por ejemplo, de una corriente migratoria del pueblo de Santa Clara Citlaltepec en el distrito de Tlapa a la cabecera de San Juan Bautista Igualapa en los años 1770.113 En el partido Pochutla – que abarcaba además de la cabecera el vecino pueblo de Tonameca – observamos una importante inmigración procedente de la sierra y, por lo mismo, probablemente india. El fenómeno no comprueba, por supuesto, la existencia de un saldo migratorio positivo. Sí nos muestra, empero, la movilidad de la gente (cuadro 13.).114 La atracción de la Costa Chica continuaba a fines del siglo. En el distrito de Acapulco podemos distinguir una doble corriente migratoria a estos años. La llegada de indios y mestizos, excedentes del centro, se traducía en la fundación de nuevas rancherías a lo largo del camino de México, reanimado por el auge del comercio perulero: El Ejido, El Limón, La Sabanilla.115 Más adelante, pero siempre sobre la misma ruta, prosperaba el pueblo de Santiago de Dos Caminos.116 La otra vertiente del fenómeno eran las masas de pardos que contribuían al crecimiento de las rancherías inmediatas al puerto y de los asentamientos del partido de Coyuca (cuadro 14).117 Los padrones militares del distrito de Igualapa dibujan una situación muy parecida (cuadro 15.).118 En Jicayan destaca la continuidad con respecto al tercer cuarto del setecientos. Para 1793, las relaciones de masculinidad de los españoles, pardos e indios del distrito eran 109, 110 y 98, respectivamente. Posteriormente, la situación se estabilizaba hasta más allá de la independencia (cuadro 16.).119 También en el área de Pochutla se mantenían las grandes líneas del periodo anterior. La inmigración serrana continuaba, aunque sus dimensiones eran ahora probablemente más reducidas (cuadro 17.).120

Además de inmigración definitiva que hemos abordado hasta aquí existían movimientos temporales. La bajada anual de comuneros de los pueblos serranos al cultivo en las costas era un patrón común a ambos mares. Las fuentes que manejamos aquí corresponden a la segunda

111 Fuentes: véase hic supra, nota 13.

112 APH, Libros de matrimonios.

113 AGN, Indios 65, f. 44; AGN, Tributos 23, f. 339. Véase también API, Libros de Bautismos.

114 APP. Libros de matrimonios.

115 AGN, Tributos 25, f. 308.

116 AGN, Inquisición 1358, f. 244. G

117 Fuentes: véase hic supra, nota 13.

118 Fuentes: véase hic supra, nota 13.

119 Fuentes: véase hic supra, nota 13.

120 APP, Libros de matrimonios.

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mitad del siglo XVIII. Sin embargo es muy probable que los flujos fueran mucho más viejos que eso. Los indios de los distritos de Villa Alta y Teutila solían labrar milpas de algodón y de maíz en las tierras de las haciendas de Cosamaloapan.121 En la Mar del Sur observamos migraciones anuales de la sierra tlapaneca a la Cuenca del Santa Catarina.122 Los indios de Tixtla y Chilapa salían en busca de los fértiles humedales de la planicie costera de Acapulco e Igualapa cada vez que las cosechas en sus tierras de temporal, muy expuestas a los vaivenes del tiempo, abortaban.123 A menudo, estas migraciones a tiempo terminaban por convertirse en migraciones definitivas. Los registros matrimoniales de Igualapa y Otatitlan demuestran que muchos serranos terminaban por casarse con doncellas costeñas.124 También existían flujos temporales de la costa a la sierra y al altiplano, vinculados no con el sustento sino con la necesidad de procurarse reales con que pagar los reales tributos. Estos movimientos se desarrollaban en regiones como Igualapa donde los comuneros carecían de productos comercializables y las oportunidades de trabajar temporalmente en una explotación no familiar eran limitadas.125

LAS COSTAS, TIERRAS INSALUBRES.

Desde el punto de vista étnico, la población costeña se componía de una mayoría india y de una importante minoría – que era mayoría en muchas partes de la franja costera - afromestiza (cuadro 2.). La inmigración de españoles y euromestizos era, hablando en términos demográficos, insignificante. En casi todas las cabeceras eclesiásticas de la Costa China existían grupos minúsculos de inmigrantes españoles y mestizos desde el siglo XVI.126 Será hasta la segunda mitad del siglo XVIII y sólo en algunos puntos estratégicos - Acapulco, Pinotepa del Rey y Jamiltepec - que estos grupos llegarán a constituir un mínimo del 5 por ciento de la población total. En la Mar del Norte, sólo Alvarado, Tlacotalpan, Coatzacoalcos y Veracruz atraían desde el siglo XVI a importantes contingentes de españoles y mestizos. En su visita pastoral de 1609, el obispo de Puebla registraba en Alvarado a 20 y en Tlacotalpan a 12 vecinos españoles.127 En el siglo XVIII surgían nuevos núcleos de españoles y mestizos en Cosamaloapan y Chacaltianguis.

La gente fina de las ciudades del altiplano mostraba una evidente reticencia a trasladarse a las tierras bajas. En su discurso sobre las costas destaca no sólo el tema de la insalubridad de la región, sino también un prejuicios con tintes raciales poco velados. Todo el reino era un país de salvajes, por supuesto. Pero había de salvaje a salvaje. No había que confundir, señalaba Humboldt haciéndose eco de estas preocupaciones, al indio, símbolo de humildad y de

121 AGI, Indif. Gral. 107, Informe del alcalde mayor de Cosamaloapan, 1743. AGN, Industria 8, exp. 14.

122 AGN, Indios 65, f. 44.

123 AGN, Epidemias 13, ff. 120-159.

124 APO, Libros de Matrimonios. API, Libros de Matrimonios.

125 Para la situación en la Igualapa de fines del siglo XVIII, véase un informe del subdelegado en AGN, Tributos 54, ff. 194-199. Véase también infra, cap.13.

126 Widmer (1990: 59-63).

127 BNE, ms 6877.

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subordinación, con el agresivo negro.128 Refiriéndose a la vida de los administradores españoles de la hacienda de San Marcos José Moctezuma, abogado de la ciudad de México, exclamó en 1793: “En este feliz país deberían habitar los administradores. Deberían exponer su salud a los rigores de aquel clima infernal, enemigo mortal de la humana naturaleza. Debían mandar a subyugar a una gente inculta, bárbara y atrevida como lo es toda la que habita aquellos remotos desiertos, con riesgo de su vida, debían vivir separados del trato racial de las gentes”.129 En realidad, José Donato de Austria, el crítico secretario del gremio de los comerciantes veracruzanos para 1802, tenía razón al señalar que sólo “superando el interés los riesgos de la vida y las incomodidades del clima” decidían los españoles mudarse a las costas.130

¿Qué tan fundadas eran las quejas sobre el clima costeño? Hace ya años que Morin pudo comprobar en Michoacán lo que Humboldt había sugerido para el conjunto del reino: que la mortalidad normal, es decir las tasas que se observaban en años sin desastres extraordinarios, era mucho más elevada en tierra caliente que en el altiplano.131 Evidentemente, la culpa no era del clima, de las miasmas, como sospechaban los viajeros de los siglos XVII y XVIII, sino de los vectores de microorganismos que prosperaban particularmente bien en las áreas tropicales. Ahora bien, Humboldt sugiere también la existencia de una mortalidad diferencial entre los costeños por nacimiento y los advenedizos. Señala que es “opinión muy común” en la región “de que los individuos acostumbrados desde su niñez a los grandes calores de las costas mexicanas y a las miasmas que contiene la atmosfera, llegan a una feliz ancianidad”.132 Pero no sólo la aclimatación, también la genética era susceptible de establecer diferentes patrones de mortalidad en las costas. En la patología regional de la época destacan las “fiebres intermitentes”, un término que abarca no sólo las diversas formas de paludismo, sino también otros fenómenos patológicos.133 Pueblos africanos desarrollaban a través de su historia una protección hereditaria contra algunos de los microbios que provocan el paludismo: la hemoglobina S. El precio de la inmunidad relativa era una sobremortalidad infantil en los casos en que ambos procreadores eran portadores de la mutación sanguínea.134 En la actualidad, el fenómeno se observa en las poblaciones de ambas costas.135 Podemos conjeturar que la hemoglobina S llegó con los esclavos africanos a la Nueva España. Aunque es muy peligroso proyectar la actual situación epidemiológica al pasado concluimos que existe por lo menos la

128 Hablando de los mulatos novohispanos, Humboldt (1984: 90) señala que estos “se hacen distinguir por la violencia de sus pasiones y por una particular volubilidad de la lengua”. Con respecto a los indios, en cambio, dice (1984: 64) que “sufren con paciencia las vejaciones a que todavía se hallan frecuentemente de parte de los blancos”.

129 AGN, Tierras 1213, José Moctezuma a la Audiencia, s/f.

130 AGI, México 2509, José Donato de Austria a Miguel Cayetano Soler, Veracruz 28/12/1802.

131 Humboldt (1984: 40-41); Morin (1979: 69).

132 Humboldt (1984: 529).

133 Humboldt (1984: 29).

134 Ruffié/Sournia (1984: 49-54).

135 Información facilitada por los doctores Inocencio Amador, IMSS, Cosamaloapan, VER, y Thomas Steinemann, Hospital de la Amistad, Ometepec, GRO.

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posibilidad de que los africanos y los afromestizos llevaban cierta ventaja sobre los españoles, euromestizos e indios en regiones palúdicas como Veracruz.

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2. EL FENOMENO DEL ESPACIO

Constatamos una tendencia alcista en el movimiento demográfico del siglo XVIII, a nivel del reino como a nivel de las regiones costeñas. El crecimiento puede repercutir ya sea en la conquista de nuevos espacios, ya sea en la concentración del hábitat y la formación de ciudades. Las costas se inscriben en un proceso de desconcentración nacional, manifiesto en la inmigración masiva de hombres procedentes de la sierra y del altiplano, y reproducen este movimiento a nivel regional mediante el éxodo de los pueblos y la multiplicación de las rancherías. La urbanización es un fenómeno temporal y geográficamente muy marginal.

CRECIMIENTO Y CONQUISTA DEL ESPACIO.

A lo largo de la colonia existían intensivos movimientos migratorios entre pueblos y rancherías, asentamientos compactos y hábitat disperso. En el siglo XVI observamos como la presión de los colonos españoles obligaba a los indios a concentrarse a algunos pueblos seleccionados. El movimiento culminó entorno a 1600 en la segunda ola de congregaciones organizadas por la corona. Para mediados del siglo XVIII, la dirección de los flujos se había invertido. Las relaciones de masculinidad de los asentamientos del partido de Acayucan en 1777 indican que tanto los indios como los afromestizos se iban de los pueblos (cuadro 18.).136 Con respecto a los indios observamos índices desde 82 en Soteapan hasta 100 en Sayultepec; los pardos, presentes únicamente en la cabecera de San Martín Acayucan, muestran una relación 75. Las rancherías, asentamientos exclusivos de pardos, se distinguen por un índice sumamente alto de 121. Los afromestizos se trasladaban cuando menos en parte a las rancherías del partido. También es posible que poblaran las riberas de los ríos de la vecina doctrina de Huimanguillo donde se desarrollaba en estos tiempos el cultivo del cacao. ¿Y los indios? Ningún asentamiento de la región muestra índices migratorios constantes. En la ciudad de Veracruz, virtual destino de los migrantes, los indios de Sotavento brillan por su ausencia. Planteamos dos hipótesis: o bien el indio cambiaba de casta al establecer su nuevo hogar o bien fundaba rancherías fuera del alcance de los empadronadores.

En la cuenca del Papaloapan se repite el mismo escenario. Sabemos que los indios de Tlacotalpan emigraban y se avecindaban ya sea en Saltabarranca, en la jurisdicción de San Andrés, ya sea en el distrito de Cosamaloapan, particularmente en las rancherías del partido de Chacaltianguis.137 Los mismos asentamientos recibían con toda probabilidad también una parte de los excedentes de los pueblos del partido de Cosamaloapan. Otros cosamaloapeños se marchaban hacia Tlalixcoyan y Medellín.138

136 Fuentes: véase supra, cap. 1., nota 13.

137 AGN, Clero Regular y Secular 188, ff. 115-137; AGN, Tierras 1185, exp. 9; AHT, leg. 2, exp. 20, Ordenes del gobernador de Veracruz al teniente de Tlacotalpan, 28/3/1787 y 27/1/1787.

138 AGI, México 1974, Solicitud de los comerciantes de San Martín Cosamaloapan, 1791.

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Las tendencias aquí delineadas se mantenían durante la primera década del siglo XIX. Así lo confirma, para Acayucan, el párroco de la cabecera.139 En el distrito de Cosamaloapan constatamos elevadísimas relaciones de masculinidad en las rancherías sujetas a la cabecera – entre las que destaca San Cristóbal -, en Chacaltianguis, Tesechoacán y Tlacojalpan, tres pueblos en cuyos términos caen numerosísimos asentamientos dispersos (cuadro 19.).140 El distrito como tal era – probablemente también eso una herencia de las postrimerías del setecientos – exportadores de hombres: hombres que se iban, si persistían los flujos del siglo anterior, a las rancherías del rió Jamapa. Los datos que corresponden al censo de 1830 muestran casi todos índices de masculinidad muy bajos (cuadro 20).141 Con todo observamos cierta continuidad de las tendencias con respecto a los años entorno a 1800. Destacan, por una parte, los índices particularmente negativos de las tres cabeceras distritales. Por otra parte, se confirman las zonas dinámicas: las rancherías de Acayucan, Otatitlan, Medellín y Tlalixcoyan. Las fuerzas centrífugas seguían siendo decisivas hasta mucho más allá de la independencia.

Para la Mar del Sur, nuestra documentación es menos sistemática. Con todo observamos también aquí cierta preferencia para algunas rancherías: los Cortijos (cuadros 14. Y 16.), El Ejido o las Ventas del camino real de México a Acapulco (cuadro 15.). Su crecimiento se apoyaba con toda seguridad no sólo en la inmigración de pardos, españoles y mestizos foráneos. Queremos pensar, a partir de lo que constatamos en la Costa de Sotavento y de las tasas de masculinidad de los indios de muchos partidos (cuadros 11. y 16.), que también existían flujos de los mismos pueblos costeños hacia las rancherías.

No todas las comarcas abandonadas en algún momento de la colonia se recuperaban en el siglo XVIII. El auge de la piratería en ambos mares provocaba importantes corrientes migratorias de los litorales al interior durante la segunda mitad del siglo XVII. En el distrito de Huatulco, el movimiento se confundía con los intercambios entre la sierra y la franja costera. Astata se abandonó en 1680 a causa del peligro inglés: 20 años después se refundó más lejos de la mar. Santa María Huatulco, cuya parroquia se trasladó en 1680 al flamante pueblo de San Miguel del Puerto y en 1699 a Piñas en la alcaldía mayor de Miahuatlán, se destruyó en 1687 por corsarios. También este pueblo se volvió a erigir al cabo de algunos años en un lugar más seguro.142 En la Mar del Norte, la inseguridad se traducía en el traslado de los pueblos de Cosoleacaque, Tecominhuacan, Mecatepec y Huimanguillo de sus asentamientos originales sobre la playa al interior. Los españoles avecindados en el puerto de Alvarado, al resentir la creciente inseguridad de estos años se mudaban sucesivamente a Tlacotalpan.143 La administración y los colonos intervenían probablemente también en el caso de los pueblos indios: temiendo de que los exportados se unieron a los enemigos foráneos creaban un desierto humano en las virtuales zonas de contacto.

139 AGN, Clero Regular y Secular 207, exp. 11

140 Fuentes: véase supra, cap. 1, nota 13.

141 Fuentes: véase supra, cap. 1, nota 13.

142 AGN, Indios 42, f. 90: Gerhard (1986: 127-130).

143 Trens (1947: II, 364. 367-368).

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LA MARGINALIDAD DEL FENÓMENO URBANO. LA CIUDAD DE VERACRUZ.

Las ciudades novohispanas se concentraban en el altiplano. Las costas, en cambio, eran regiones sumamente rurales. Hasta el rápido desarrollo del puerto de Acapulco desde los años 1960, Veracruz era el único centro urbano en el área. La ciudad se construyo a partir de 1599 por traslado de la Antigua a la playa frente a San Juan de Ulúa. Una estimación de 1681 atribuía a Veracruz 1’000 vecinos, mitad españoles y mitad negros y mulatos.144 Un padrón presentado el mismo año por el párroco confirmaba y especificaba estos datos. El cura contaba 984 hombres libres, 473 muchachos de uso de razón, 1’000 mujeres libres y 523 mujeres esclavas, o sea 2’980 individuos, correspondientes a 622 familias en 780 casas.145 Otro censo, fechado en 1743, arrojaba 4’530 habitantes en 1’612 casas – probablemente un término para familias.146 En 60 años, la ciudad crecía y rebasaba el recinto enmurallado. El documento de 1743 menciona de hecho por primera vez el barrio de San Sebastián, un arrabal con 47 casas y 134 individuos. Con respecto a la población total del puerto, las dimensiones del crecimiento serían más bien modestas entre 1681 y 1743. Al evaluar los datos del padrón de 1681 hay que considerar que el cura contaba probablemente no habitantes sino ovejas. De ser así, el número 2980 no comprendería a los niños pequeños - aunque sí a los hombres esclavos, aparentemente olvidados. Independientemente de la edad a que el niño pasaba a ser muchacho de razón, la población de Veracruz se habría ubicado entonces desde 1861 sensiblemente por arriba de los 3’000 individuos. Ignoramos el impacto de las crisis novohispanas de la década de 1690 sobre la población del puerto y la afluencia de foráneos. Por lo tanto es imposible saber si la modestia del crecimiento en el período analizado resulta de una secuencia auge-crisis-auge o de un movimiento continuo.

Una tabla del p|rroco elaborada en 1745 registraba a 4’790 habitantes.147 La ganancia con respecto a 1743 era mínima, alrededor del 5 por ciento en diez años. Cuarenta años después, el padrón de 1791 atribuía 4’033 habitantes al recinto amurallado, otro, fechado 1793, 586 al arrabal.148 Diríamos entonces que la población se mantenía a los niveles alcanzados a mediados del siglo. Ahora bien, este mismo año de 1791, el ayuntamiento señalaba que la ciudad iba creciendo.149 Podemos desconfiar de la afirmación del cabildo, empeñado en obtener el permiso superior para ensanchar el recinto amurallado. Sin embargo, pasado 1800, el auge era un hecho. Humboldt estimaba la población del puerto en 1804 en 16’000 individuos, Lerdo mencionaba la cifra de 20’000 para 1807.150 Se trataba de un crecimiento malsano, de burbuja,

144 AGI, México 1157, Relación de las poblaciones del obispado de Puebla, 1681.

145 AGI, México 1157, Razón de las villas y pueblos de que se compone la jurisdicción de la Nueva Veracruz, 1681.

146 AGI, Indif. Gral. 108, IV, ff. 123-204v.

147 AGN, Inquisición 937, ff. 234-238.

148 AHV 1792, Padrón de la ciudad de Veracruz, 1792; AGN, Indif. de Guerra 47B, Padrón general de blancos, mestizos, pardos y morenos libres del distrito asignado a la primera escuadra del cuerpo de lanceros de Veracruz, 1793.

149 AHV, AC 1/1/1791.

150 Humboldt (1984: 520); Lerdo de Tejada (1950: II, 207-208).

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y a los pocos años – a partir de 1816, como veremos enseguida - se invirtió la tendencia. Un padrón establecido por el ayuntamiento a fines de 1810 registraba ya tan sólo a unos 14000 habitantes.151 El censo de 1818 contaba a 8’934 individuos, el de 1830 apenas a 6828.152

Veracruz vivía al ritmo de la inmigración. Además de la inmigración procedente del altiplano y de la sierra existían sendos sistemas de flujo y reflujo con ultramar y el campo jarocho. Los primeros colonos eran europeos, criollos, euromestizos, africanos y afromestizos. En una visita de 1609, el obispo de Puebla observaba que la Nueva Veracruz “es toda de vecinos españoles (que) tienen muchos negros y negras esclavos y muchos otro libres”.153 La inmigración española destacaba por sus dimensiones - únicas en el ámbito de las costas - a lo largo de los siglos XVII y XVIII. El censo de 1791, por ejemplo, indica que entre el 85 y el 90 por ciento de los españoles y euromestizos mayores de 16 años que se registraban como vecinos del recinto amurallado habían nacido fuera de la ciudad (cuadro 21.).154 Gracias a estas aportaciones foráneas, la ciudad conservaba su carácter español hasta fines de la colonia. En 1681, el obispo de Puebla calculaba que la mitad de los habitantes de Veracruz eran españoles.155 El padrón de 1791 muestra que españoles y mestizos seguían reuniendo juntos más del 60 por ciento de la población intramuros. El censo de 1818, una cuenta que abarca toda el área urbana, es decir incluyendo los extramuros, registra al 43 por ciento de la población como españoles.156 ¿De dónde venían los inmigrantes? El contingente más numeroso, más de dos terceras partes de los censados, procedía de Europa. El segundo grupo más importante con alrededor el 8 por ciento era el de los originarios del centro del reino, el área poblano y la capital. Le seguían los cordobeses, xalapeños y orizabenses con un 4 por ciento. El 10 por ciento restante se distribuía entre Oaxaca, la Costa de Sotavento y el Caribe. Con respecto a las españolas y euromestizas, los datos son mucho menos completos (cuadro 22.).157 Sin embargo creemos no equivocarnos mucho al afirmar que el grupo era en su inmensa mayoría nativo del lugar. El segundo contingente en importancia procedía de las villas, en particular de Xalapa. Seguían el centro del reino y los poblados costeños, de una manera destacada Tlacotalpan. Las europeas, cuyo número está comprobado, eran una ínfima minoría de menos del 5 por ciento. El análisis de los libros matrimoniales de la parroquia porteña permite extender la encuesta en el tiempo (cuadros 23. y 24.).158 Destaca la continuidad de la inmigración europea. Con todo parece que la importancia relativa de esta corriente disminuyó poco antes de 1800 con el aumento de la afluencia de criollos del altiplano.

151 El padrón de 1813 está perdido; el dato procede de una comunicación del ayuntamiento de 14/12/1813, en: AHV 1813, Exp. sobre la creación de un nuevo cuerpo militar.

152 AHV 1818, Padrón de la ciudad de Veracruz y sus extramuros, 28/5/1818; Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (ed.), (1986: I, 59-317. 265).

153 BNE, ms 6877.

154 AHV 1791, Padrón de la ciudad de Veracruz, 1791.

155 AGI, México 1157, Relación de las poblaciones del obispado de Puebla, 1681.

156 AHV 1817, Estado General de la población de la ciudad de Veracruz, 13/2/1817.

157 AHV 1791, Padrón de la ciudad de Veracruz, 1791.

158 APV, Libros de matrimonios. Respecto al análisis de movimientos migratorios a través de actas matrimoniales, véase Garden (1975: 105-111).

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La tasa de españoles y euromestizos originarios del puerto se mantenía constantemente alrededor del 10 por ciento. En la procedencia de las mujeres del grupo observamos también el aumento de los flujos del altiplano en detrimento de las veracruzanas. Al aumentar la inmigración, las nativas ya no podían satisfacer las necesidades de los recién llegados y esos fomentaban el traslado de doncellas del centro y de las villas.

La primera inmigración no española o euromestiza era africana y afromestiza: esclavos y esclavas cuyos traslados se decidían por sus amos, pero también – el informe de prelado poblano citado arriba lo demuestra - mulatos libres. Desconocemos los ritmos de esta inmigración. De ser ciertas las informaciones que nos proporcionan los documentos de 1681, la proporción de negros y afromestizos sobre el conjunto de la población urbana habría bajado del 50 al 30 por ciento antes de 1743. ¿Un fenómeno vinculado con la inmigración? Quizás. Retomamos el padrón de 1791 para el estudio de la procedencia de los flujos a fines del siglo XVIII (cuadros 21. y 22.). La mitad de los hombres mayores de 16 años que se clasificaban en estas categorías étnicas había nacido fuera del recinto. Entre los lugares de origen destacan el centro del reino, las villas, el Caribe, los asentamientos rurales del distrito de la Nueva Veracruz y Guinea, probablemente un término genérico para el continente africano. Los datos correspondientes a las mujeres dan un cuadro algo diferente. Las mulatas libres eran prácticamente todas originarias de Veracruz y de las costas adyacentes. Solamente las esclavas se habían traído de tierras más lejanas: el altiplano, el Caribe o África. El censo de 1791 refleja la situación migratoria anterior al gran despegue de la ciudad. Este se debió no a la inmigración de tierras lejanas, sino al abandono del campo jarocho.159 El movimiento culminó, según parece, con la insurrección entre 1812 y 1815. La ciudad fungía en ese entonces como refugio no sólo para los españoles asentados en las cabeceras rurales sino también para todos aquellos jarochos que no querían comprometerse con los rebeldes. En 1816, por ejemplo, el puerto acogió tan sólo del pueblo de La Antigua a unas 70 familias.160 Los refugiados se quedaban por lo general en los extramuros. Estos alcanzaron a mediados de 1815 un vecindario de 3’000 habitantes.161 Con la estabilización de la situación en el campo empezó el éxodo de la ciudad y, en particular, de los extramuros. De acuerdo con Lerdo, estas quedaban prácticamente desiertas en 1820.162 Los indios y las indias empadronados en 1791 eran prácticamente todos foráneos (cuadro 21.).163 Los contingentes más fuertes venían del centro, de las villas, de Oaxaca y de la Costa de Barlovento. En la medida en que los lugares de origen de estas migraciones coincidían con aquellos de los flujos que llegaban a las partes rurales del distrito podemos conjeturar que el fenómeno no cobraba vigor antes del siglo XVIII. El 10 por ciento que representaban los indios en 1791 con respecto al conjunto de la población intramuros no será una constante sino el punto culminante de un proceso.

159 AHV 1810, Instrucción del ayuntamiento de Veracruz para su diputado a Cortés, 1810; Apuntes estadísticos de la Intendencia de Veracruz, 1803-1806 (1968: 118-119).

160 Anónimo (1960: 22). Véase también AHV 1813, Exp. sobre la amnistía. Respecto a los españoles puede verse también el comentario del mencionado Anónimo (1960: 3) – el cura de La Antigua – sobre la huída del cura y de sus allegados de Medellín en mayo de 1812.

161 AHV 1815, Exp. sobre la escuela de los extramuros.

162 Lerdo de Tejada (1950: II, 207-208).

163 AHV 1791, Padrón de la ciudad de Veracruz, 1791.

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Veracruz mostraba altos índices de población flotante: un fenómeno vinculado con su función de puerto y que se observa por este motivo también en Acapulco. Podemos distinguir entre dos grupos de gentes que seguían patrones de migración temporal. Por una parte los arrieros, los comerciantes y sus agentes. Con respecto al Acapulco de fines del siglo XVIII, Humboldt estimaba que la población se doblaba de 4,000 a 9,000 personas durante la feria de la Nao de China cuando filipinos y novohispanos celebraban sus contrataciones.164 En Veracruz, las actividades comerciales abarcaban no sólo una temporada corta sino la mayor parte del año. También aquí observamos la gran importancia numérica de la población flotante. Para 1807, un año comercial relativamente bueno, Lerdo habla de 15’510 transeúntes - y eso sobre una población permanente evaluada por el mismo autor en 20’000.165 Con la dramática caída de las actividades portuarias en la segunda década del siglo XIX, el índice habrá bajado sensiblemente. Entorno en 1850 se estimaba que la población flotante de Veracruz era de 10 – 12’000 personas al año.166 A todo esto habría que añadir el personal de las guarniciones de la plaza y de San Juan de Ulúa: 1’000 a 1’500 soldados durante el siglo XVIII, considerablemente más durante las guerras napoleónicas.167

La ciudad de Veracruz tenía fama de ser particularmente mortífera. ¿Hay que distinguir entre una mortalidad rural y otra urbana? La imagen tradicional de las ciudades preindustriales que sólo lograban crecer gracias a una inmigración constante está superada en la actualidad. Ahora sabemos que eran estos inmigrantes los que hacían que el balance entre mortalidad y fertilidad fuera negativo en muchos asentamientos urbanos.168 Veracruz no habrá sido ninguna excepción. En el puerto, la gente hacinada como denunciaba Humboldt, quizás algo manipulado por el comercio local que presionaba sobre el gobierno del reino para que le permitiera proceder al ensanchamiento del recinto. “La población de Veracruz es demasiado crecida en proporción con la pequeña extensión de terreno que ocupa la ciudad: 16’000 habitantes est|n encerrados en un espacio de 500’000 metros cuadrados… Como la mayor parte de las casas no tienen más que un piso alto, resulta que entre la gente común vive crecido número de personas en una misma habitación. Las calles son anchas, derechas… pero como la ciudad esta circuida con una muralla alta, la circulación del aire es nula”.169 Aparentemente, las miasmas consumían aún en años no denunciados como epidémicos los nacimientos. Una estadística elaborada por el párroco en 1817 cuenta en el trienio 1814–1816 1’231 bautismos y 2’209 entierros. Sin embargo, 1’314 de las muertes acontecían en hospitales, es decir, en lugares que solían acoger a gente que estaba de paso por el puerto.170 En la apreciación de la mortalidad hay que tomar en consideración un segundo momento. La mortalidad veracruzana del primer cuarto del siglo XIX refleja el impacto del vómito prieto. En 1802, un año en que el mal estaba relativamente calmado, alrededor de la

164 Humboldt (1984: 156).

165 Lerdo de Tejada (1950: II, 207).

166 Lerdo de Tejada (1950: II, 592).

167 Véase infra, cap. 9., con respecto a las estructuras de defensa de los puertos novohispanos.

168 Véase Flinn (1989: 39-40).

169 Humboldt (1984: 520).

170 AHV 1817, Estado general de bautismo, casamientos y entierros en la parroquia de Veracruz, 1813-1816, 13/2/1817.

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mitad de los 959 muertos iban a su cuenta.171 Ahora bien: el vómito sólo atacaba a los no connaturalizados con el medio del puerto, en particular los recién llegados y la población flotante de arrieros, soldados y marineros.172 La estadística del cura y la etiología del vómito sugieren que el movimiento natural de la población portuaria era susceptible de arrojar un saldo positivo por lo menos en el largo plazo.

171 Humboldt (1984: 529).

172 Humboldt (1984: 526. 536).

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3. LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO Y DE LA PRODUCCION DE LA TIERRA.

El crecimiento de las poblaciones costeñas está condicionado por la irrupción periódica de las crisis de tipo antiguo y repercute en la conquista del espacio mucho más que en procesos de urbanización. Estas características del movimiento demográfico indican que estamos tratando con sociedades cuyas economías eran profundamente rurales: sociedades en las cuales el trabajo de la tierra eran mayoritario y procuraba más ingresos y rentas que el resto de los ramos productivos. Revisemos la situación en los diferentes distritos a fines de la colonia e inicios de la época independiente.

Con respecto a la Costa de Sotavento partimos de los informes que diferentes funcionarios reales establecieron en 1803 en contestación a un cuestionario de la intendencia.173 El subdelegado de Cosamaloapan era tajante. “Sus habitantes, escribía, se ocupan generalmente en labrar, otros en servicio de sus haciendas de ganado mayor y algunos ranchos cortos de la misma especie… Los artesanos son tan pocos que aun para lo preciso de la comodidad humana se carece de tales auxilios”.174 En términos parecidos se pronunciaban sus colegas de San Andrés Tuxtla y Acayucan.175 Las partes correspondientes al distrito de la Nueva Veracruz dejan entrever que también los habitantes de los pueblos de Medellín y Tlalixcoyan se empleaban principalmente en la labranza. De los alvaradeños, el teniente de justicia señala que de dedicaban básicamente a la pesca.176 Los habitantes de extramuros de la ciudad cabecera y de las rancherías inmediatas trabajaban en las carbonerías y los cultivos de hortalizas – aunque también había quienes vendían su fuerza de trabajo como carreteros o cargadores en el puerto.177 Con respecto a Tlacotalpan sabemos por la tradicional importancia del corte de maderas en los bosques de la cuenca del Papaloapan.178 Bajo el rubro de obrajes, los informantes mencionaban sólo algunas fábricas de cal y ladrillo: una en Cosamaloapan, seis en Tlacotalpan, cuatro diferentes rancherías inmediatas a la ciudad cabecera. Se trataba de manufacturas de poco capital, dispersas y, en la medida en que cocían barro explotado en las riberas fluviales en hornos calentados con leña que se recogían en los manglares de la playa, claramente vinculadas con la tierra.

173 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967: 115-150).

174 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806 (1967: 115-150. 133).

175 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967: 131. 143). El subdelegado de Acayucan señala que “la ocupación común y general (es la) de milperos”. Su colega de los Tuxtlas relata que “los habitantes todos, tanto los de esta Villa como de toda la jurisdicción, se ocupan generalmente en la agricultura”, por si quedaran dudas añade que “no hay f|brica ni obraje ninguno en toda la jurisdicción”.

176 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967: 115-150. 128)

177 AGN, Indif. de Guerra 47B, Informe de Monteagudo, 31/1/1799.

178 Siemens/Brinckman (1976: 296-197). Véase también AHT, leg. 5, el teniente de Tlacotalpan al intendente de Veracruz, 24/11/1806.

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Una serie de informes encargada en 1831 por el gobierno del ahora estado libre y soberano de Veracruz capta la situación económica al término de la primera década de vida independiente. La riqueza de los distritos sotaventinos se seguía apoyando en la labranza, la cría de ganado mayor, vacuno sobre todo, la explotación de los bosques y la pesca costera y fluvial.179 Con todo no descartamos cierto avance de la producción manufacturera en los distritos de Cosamaloapan y San Andrés. En San Martín Cosamaloapan se había establecido para la fecha del reporte una segunda fábrica de cal y ladrillo. Además se hablaba ahora de fábricas de aguardiente de caña y de fábricas de panela en esta jurisdicción. Una de las fábricas de la cabecera producía, según eso, azúcar de mediana calidad.180 Sabemos por la importancia tradicional de la producción de aguardientes, mieles y panela en toda la Costa de Sotavento. Sin embargo, los informes de 1803 aún mencionaban exclusivamente trapiches, alambiques y palenques, dejando entrever que se trataba de unidades relativamente modestas. Carecemos de información más detallada al respecto, pero no descartamos que el cambio de la terminología indique también un cambio en la organización de la producción.181 Con respecto a San Andrés habría que destacar el establecimiento de una fábrica de cal y ladrillo.

El informe sobre el ex – distrito de la Nueva Veracruz, ahora incorporado al cantón de Veracruz, comprende una estadística sobre la actividad de habitantes. Los datos sugieren que los que dependían directamente de la tierra, labradores y pescadores, eran minoría en Alvarado y Tlacotalpan (cuadro 25).182 Ahora bien, esta impresión se debe a que había en ambos asentamientos nutridos grupos de jornaleros. Una comparación del documento con el censo demográfico incluido en el mismo informe muestra que el funcionario encargado del expediente registraba a todos los hombres mayores de 15 años que eran difíciles de clasificar como jornaleros. ¿Qué hay detrás de este término? En la época, la palabra designada a grupos de hombres que combinaban el trabajo de la tierra con la venta de jornadas de faena: la diferencia entre campesino y jornalero no era tajante.183 Podemos conjeturar entonces que en los puertos de la cuenca, la importancia del campesinado era mayor de lo que parece a primera vista. Con todo, el papel de los artesanos tlacotalpeños y de los canoeros y domésticos alvaradeños – estos últimos vinculados con el comercio local – es innegable. El cuadro refleja el desarrollo particular que tenían ambos asentamientos durante la década anterior a raíz de la habilitación de Tlacotalpan como puerto de altura en 1820 y el traslado temporal del comercio veracruzano a Alvarado en 1823-1824.184 El auge de las actividades portuarias favorecía seguramente el asentamiento de artesanos y la conversión de labradores en jornaleros. La estructura ocupacional de 1831 será entonces bastante distinta de la que prevalecía en las postrimerías de la colonia. Ahora bien, ¿qué actividades se escondían detrás del término artesano? Queremos

179 Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-316; 61-120; 231-238; 251-270).

180 Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-316, 231-238).

181 Véase infra, cap.13, con respecto a la evolución del sector azucarero en el siglo XVIII.

182 Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-317. 267).

183 Véase el estudio de Di Tella (1973: 93) sobre el caso de Guanajuato en 1825.

184 Lerdo de Tejeda (1853: 21. Documentos 30-31).

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pensar que entre los artesanos alvaradeños y tlacotalpeños seguían sobresaliendo monteros, hacheros y aserradores: cortadores de madera y por tanto trabajadores de la tierra. Otro grupo que destacaban eran los fabricantes: los trabajadores de las curtidurías.185 También una parte importante de los jornaleros habrá ganado su sustento en el monte.186 No cabe duda de que la tierra seguía siendo el medio de trabajo de las masas de Tlacotalpan y Alvarado para 1830.

También en la Mar del Sur, las masas se dedicaban al trabajo de la tierra como informó Benito Pérez al cabo de un viaje a los distritos de Igualapa y Jicayan en 1973.187 Los padrones militares de este año para Acapulco, Igualapa y Huatulco permiten afinar el análisis en cuanto a la gente de razón.188 En la mayoría de los asentamientos se registraban exclusivamente labradores; en las estancias de ganado mayor solía haber además algunos vaqueros. En las cabeceras más importantes: Ayutla, Cuautepec, Huamelula, Igualapa, Ometepec y Pochutla, observamos a un puñado de funcionarios, comerciantes y artesanos. También en el puerto de Acapulco predominaban los labradores (cuadro 26.).189 En el informe que acompaña al padrón, el castellano deja entrever que incluso los operarios y los artesanos salían en las aguas a las rancherías aledañas a sembrar sus milpas.190 Acapulco era, no cabe duda, un asentamiento de carácter rural en que prácticamente todo el vecindario trabajaba la tierra y aprovechaba, unos más, otros menos, las oportunidades que ofrecían las actividades portuarias en las secas para ganarse algún jornal. Los únicos profesionales del puerto eran, y aún eso queda por averiguar, los soldados de la guarnición del fuerte de San Diego.

Una estadística elaborada por Murguía y Galardí en 1826 para el distrito de Jicayan abarca toda la población.191 Las estructuras son idénticas a las que observamos en 1793 entre la gente de razón de Acapulco, Igualapa y Huatulco. De un total de 66 pueblos recensados, sólo 9 tenían una pequeña colonia de artesanos. Entre estos destacaban Jamiltepec, la cabecera, con 16, Pinotepa del Rey con 14 y Huasolotitan con 11; en el resto: Amusgos, Cacahuatepec, Juquila, Nopala, Pinotepa de Don Luis y Zacatepec, su número era igual o inferior a 5. A los artesanos habría que sumar por supuesto un grupito de comerciantes y uno que otro funcionario con sus sirvientes. Además sabemos de una docena de trapiches en Los Amusgos, Cacahuatepec, Jamiltepec, Juquila y Tututepec: establecimientos que eran cuando menos algunos casos comparables con las

185 Véase Di Tella (1973: 93) para el término de fabricantes.

186 La importancia de la madera para la economía tlacotalpeña de los años 1830 se documenta en el informe que acompaña la estadística: Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-317. 257). Véase también Alafita Méndez, Corzo Ramírez, Domínguez Pérez (1989: 42) quienes señalan que aún a mediados del siglo XIX, maderas, palo de moral, maderas de cedro y caoba así que madera blanca constituían, junto con pieles, tabaco, algodón, azúcar y maíz, los pilares del comercio exterior de la región.

187 AGN, Tributos 34, ff. 160-173.

188 AGN, Padrones 12, ff. 55-69; AGN, Padrones 16, ff. 222-332; AGN, Padrones 18, ff. 228-280v.

189 AGN, Padrones 16, ff. 222-332.

190 AGN, Padrones 16, ff. 213-221.

191 BiSMGE, Murguía y Galardí José M., Estadística del Estado libre y soberano de Guajaca, 1826, vol. I, Departamento de Jamiltepec.

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fabricas de cal y ladrillo de la Costa de Sotavento. Pero eso nada cambia en el hecho de que también los de Jicayan seguían siendo en su inmensa mayoría agricultores al terminar el primer cuarto del siglo XIX.

¿Qué relación existía entre el artesanado y la tierra? Vimos el caso de Tlacotalpan, veamos ahora la situación en Jicayan (cuadro 28).192 Podemos distinguir entre tres tipos de artesanos. Los plateros y los carpinteros trabajaban materias primas que se encontraban como tales en el campo: la madera de los bosques y la plata de las minas serranas. Los albañiles, silleros, talabarteros, tejedores y zapateros trabajaban materias primas agropecuarias ya transformadas. Los insumos: cal, cuero curtido y algodón hilado, se producían, como veremos en su lugar, en el marco de la economía familiar del campesinado local. Teniendo en cuenta la situación del transporte en la época es poco probable que los artesanos recurrieran a la importación de sus materas primas. También este grupo dependía entonces, en última instancia, de la organización del trabajo de la tierra. Quedan, por fin, los herreros, panaderos y sastres. Las condiciones climatológicas y geológicas de las costas obligaban a la importación de hierro y trigo del altiplano, convirtiéndolos por este sólo hecho en artículos dedujo. Los sastres trabajaban seguramente las telas foráneas traídas por los comerciantes para su propio uso. Con todo, no podemos excluir que no hayan cosido también mantas de producción local. En Jicayan, al igual que en Tlacotalpan – y seguramente en el resto de los distritos costeños – aún los que no se dedicaban principalmente al trabajo de la tierra dependían estrechamente de la organización de este trabajo, no ya por el problema de las salidas, sino simplemente por la cuestión de los insumos.

Para el análisis de las estructuras productivas de la ciudad de Veracruz disponemos de dos censos. El primero, levantado en 1791 por el ayuntamiento de la ciudad, abarcaba sólo el recinto amurallado. El segundo, parte del ya mencionado informe de 1831 sobre el distrito de Veracruz, extendía la cuesta a los extramuros.193 Partimos del segundo documento. Establecimos arriba que en Tlacotalpan y Alvarado se contabilizaban a todos a todos los hombres mayores de 15 años que no tenían un oficio fijo como jornaleros. En la ciudad de Veracruz, en cambio, se consideraba que la población económicamente activa englobaba a todos los habitantes mayores de 15 años, hombres como mujeres. Aplicamos el mismo criterio al padrón de 1791 (cuadro 28).194 La continuidad salta a la vista. Veracruz era un asentamiento de comerciantes, artesanos, domésticos y jornaleros. Sabemos además por la importancia de los destacamentos militares en

192 BiSMGE, Murguía y Galardí José M., Estadística del Estado libre y soberano de Guajaca, 1826, vol. I, Departamento de Jamiltepec

193 AHV 1791, Padrón de la ciudad de Veracruz, 1791; Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.), (1986: I, 59-317. 267).

194 El padrón de 1791 comprende cuatro listas nominales con sus respectivos resúmenes, correspondientes a los cuatro cuadros en que se dividía el recinto amurallado. El término de jornalero se encuentra sólo en los resúmenes, pero el criterio según el que se calcula el número de los individuos pertenecientes a esta categoría varía. Juan Manuel Muñoz, encargado del primer cuadro, clasifica a todos los hombres que encabezan a una familia sin tener algún oficio determinado como tales. Sebastián Pérez y Pedro Garay, responsables de los cuadros II y IV, registran a toda la población masculina mayor de 7 años y que no ostentaba algún oficio como jornaleros. En el cuartel III, Juan Vargas registraba bajo esta categoría a los hombres mayores de 16 años y que no tenían alguna ocupación específica.- Los datos del cuadro 29 se apoyan exclusivamente en las listas nominales.

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San Juan de Ulúa y en la misma ciudad, grupos que ningunos de los censos toma en cuenta de una manera sistemática.

El padrón de 1971 permite además especificar las actividades de los artesanos del puerto (cuadro 29).195 Los grupos importantes eran aquellos que se dedicaban a la construcción civil o naval (32,5%), la producción de vestimenta (29,9 %) y alimentos (13,5%), la prestación de servicios de aseo personal (6,1 %) y de transporte urbano (7,5%). De acuerdo con estos datos, la producción de Veracruz se centraba a fines del siglo XVIII en la satisfacción de necesidades básicas de la población con un significativo sector vinculado con actividades portuarias. Se trataba en su inmensa mayoría de oficios terminales que utilizaban como insumos materias primas y artículos semiterminales procedentes de fuera, muy particularmente del campo jarocho. La madera de los carpinteros, toneleros y torneros había sido previamente preparada por los macheteros tlacotalpeños quienes traían tablas y hastas a la ciudad.196 Hasta fines de la década de 1790 funcionaban fábricas de cal y ladrillo en los extramuros y las rancherías cercanas al puerto. De allí en adelante, los albañiles porteños dependían de la producción de la cuenca del Papaloapan, Cosamaloapan y sobre todo Tlacotalpan.197 Zapateros, talabarteros y silleros trabajaban con toda seguridad cueros curtidos en la cuenca. Sabemos, en efecto, de tenerías en Tlacotalpan, y sabemos también que cuando menos una parte de los cueros allí curtidos se llevaban a Veracruz.198 Ignoramos, en cambio, la suerte del proyecto en que Francisco López de la Peña proponía en 1779 el establecimiento de una curtiduría en los extramuros de la ciudad.199 Por fin podemos conjeturar que también el mimbre de los canastilleros y las piedras de los pedreros procedían del hinterland inmediato de la ciudad. A estas materias primas habrá que añadir el sustento, la alimentación de las masas urbanas: la hortaliza de extramuros y de Medellín, el pescado de Boca del Río y de Alvarado, los toros de la cuenca, el maíz de los Tuxtlas y de Cosamalopan.200 El abasto de la ciudad de Veracruz - y con el abasto el desarrollo urbano en su conjunto - dependía así en gran manera del campo jarocho. ¿Era Veracruz un centro artesanal cuya producción abastecía las regiones rurales circundantes? En principio, los artesanos de la vestimenta podían trabajar para la exportación. Sin embargo, los datos sobre el distrito de Jicayan sugieren que todas las cabeceras del país tenían a su sastre y su zapatero. El único mercado de los artesanos de Veracruz era entonces con toda seguridad la ciudad. Veracruz dependía del campo, pero el campo no dependía de Veracruz: esta es la conclusión fundamental que podemos sacar de este breve análisis.

195 AHV 1791, Padrón de la ciudad de Veracruz, 1791.

196 AHT, leg. 1, exp. 9, Autos principiados en demanda por María del Rosario de las Nieves contra quien en ellos consta, 1777; AHT, leg. 5, El teniente de Tlacotalpan al intendente de Veracruz, 24/11/1806.

197 AHV 1791, Exp. sobre los hornos de cal; Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967: 115-150. 116).

198 Aguirre Tinoco (1975: 3-9); Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-317. 257). Con respecto al transporte de cueros tlacotalpeños a Veracruz, véase por ejemplo AGN, AHH, Entradas de Barlovento y Sotavento, 1814.

199 AHV 1779, Exp. sobre el establecimiento de una curtiduría extramuros, 26/3/1779.

200 AHV 1762, Exp. sobre la escasez de semillas; AHV 1810, Instrucciones para el diputado a Cortes, 1810. Sería injusto si no mencionáramos que el puerto también importaba semillas del distrito de Xalapa: AGI, Gral. 108, IV, ff. 123-204. 325-352.

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PARTE II. LOS PROPIETARIOS Y SUS DERECHOS

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4. LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA

Los títulos sobre la tierra eran, de acuerdo con nuestra hipótesis, la clave de las sociedades costeñas hasta mucho más allá de la colonia. Tener un título significaba tener un derecho sobre el producto de la tierra. En la medida en que el titular del derecho y el productor directo eran personas distintas, el derecho legitimaba una situación de explotación.

En la Nueva España había una multiplicidad de derechos y de titulares de derechos. El productor se insertaba entonces en una complicada red de compromisos y el producto de la tierra se repartía entre diferentes personas físicas y morales. La red de derechos sobre la producción del campo traducía una relación de fuerzas entre diferentes grupos sociales. Su definición remontaba a la segunda mitad del siglo XVI. En el siglo XVIII observamos el desarrollo de una intensa lucha por su interpretación: una lucha que llevó a cambios en el discurso legitimador y que culminó una primera vez en 1821 con la eliminación de uno de los titulares.

LA CORONA SOBRE EL ORIGEN DE SUS DERECHOS.

En la década de 1780, la corona española sacaba del reino novohispano una renta anual de aproximadamente 20 millones de pesos.201 Esta renta era la materialización de derechos. Los regalistas del siglo XVIII sabían sobre el origen de estos derechos. Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia, burócratas de la corte del virrey Revillagigedo II (1789-1794), encargados de revisar las bases de la real hacienda, asentaban: “Siendo m|s conforme a los principios elementales y trillada regla de derecho que los reinos y provincias que se unen e incorporan a otros, deben gobernarse y regirse por unos mismos principios y establecimientos, exijían la razón y la justicia que los dominios de América incorporados por derecho de conquista y otros en la corona de Castilla, admitiesen los mismos establecimientos y auxiliasen con iguales servicios a su metrópoli, a la que deben en gran parte su conservación y felicidad”.202 Era en virtud del derecho de conquista que la corona explotaba sus Indias. En algún momento de suma inspiración, los mismos autores preferían sustituir el concepto de conquista - que sonaba ya muy feo en oídos que empezaban a ser sensibles para el discurso sobre la inviolabilidad del derecho de propiedad - por el de traspaso. Al hablar del tributo indio explicaban que Moctezuma – el penúltimo “emperador” azteca – lo había cedido voluntariamente a la corona de Castilla.203 Como voz de su amo no mencionaban por supuesto la Bula Inter Caetera como título de propiedad. Los Borbones eran lo suficientemente reyes como para precisar de una sanción religiosa que hubiera podido comprometer su aureola o, peor todavía, sus mismos derechos.204 El pasaje de Fonseca y Urrutia

201 Humboldt (1985: 545).

202 Fonseca/Urrutia (1845: II, 6). Con respecto a los autores de la monumental Historia General de Real Hacienda, véase Güemes Pacheco (1986: 65).

203 Fonseca/Urrutia (1845: I, 412).

204 Esta misma visión se encuentra también en Payno (1869: 162-163): “el rey que conquistaba una tierra cuyos habitantes no conociesen o no profesasen la religión cristiana, decía este liberal decimonónico en su Tratado de la propiedad, los consideraba por sólo este hecho como esclavos, y el territorio todo, lo declaraba propiedad de la corona”. Como buen liberal que era, Payno condenaba por supuesto lo que

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contiene todavía un tercer elemento legitimador de las rentas reales: se trataba, señalaban, de contribuciones destinadas a ayudar a la corona a cumplir con sus funciones administrativas, de defensa, etc. Se intentaba así convertir la renta en el pago de servicios. La alusión a la supuesta utilidad de la corona indica que los burócratas sabían que la argumentación histórica era puro adorno y que para justificar las exacciones reales ante los colonos del siglo de las luces hacía falta convencerles de las bondades del régimen de la corte de Madrid. En efecto, en 1821 se proclamaría la independencia muy a pesar de los derechos adquiridos en 1521.

LOS DERECHOS DEL FUNDO Y DE LA MERCED.

En virtud de la conquista, la corona pretendía ser dueña de todos los derechos sobre las tierras novohispanas. Un derecho se realiza ya sea a través del trabajo del titular, ya sea mediante la explotación del trabajo de terceros. Para que sus derechos se materializaran, la corona necesitaba que sus tierras se labraran. Es esta la idea que encontramos implícitamente en un discurso que Vicente Basadre, entonces secretario del consulado de Veracruz, pronunció en 1801: “Poca o ninguna utilidad rinden al Estado las provincias fértiles, si les faltan brazos que cultiven, fomenten y beneficien los seres con los que la sabia naturaleza ha enriquecido los terrenos situados entre trópicos”.205 En parte, la mano de obra se encontraba ya en el lugar y era sólo cuestión de organizarla de manera que su trabajo rindiera óptimamente para el nuevo dueño del país: las comunidades de indios. La corona no disimulaba que la dotación de las corporaciones de indios con tierras, su aparente composición con los pobres, se tenía que entender en términos de rendimiento: “Siendo justo y muy de mi Real Piedad mirar por los indios, que tantas injusticias y molestias tengo noticia padecen, a vista de ser los que más tributan, utilizan y fertilizan mi Real Corona” rezaba reveladoramente una real cédula de 1687.206

Los fundamentos del régimen de propiedad de las comunidades tal como lo encontramos en el siglo XV111 se echaban a partir de mediados del siglo XVI. Con tal de optimizar el control sobre los indios, la corona decidió en 1551 sacarlos del monte donde habían vivido tradicionalmente, dispersos, asentados en sus milpas, y reducirlos en pueblos de tipo español. Una ordenanza en 1567 reconocía a cada uno de estos pueblos un territorio mínimo, llamado fundo legal: un predio circular con un radio de 500 varas (418 metros) alrededor del asentamiento. Tres años después se repitió una real cédula de 1560 que protegía además los derechos de propiedad de los pueblos en las tierras que habían abandonado a raíz de la orden de 1551.207 A fines del siglo

consideraba una violación contra el sagrado derecho de propiedad. Así hablaba de “los actos criminales y absurdos” de la conquista. – Mora (1986: I, 171) e historiadores modernos como Florescano (1986ª: 23-25), en cambio, muestran que la bendición papal era en el momento de la conquista un auténtico título de propiedad, al igual que el derecho de conquista.

205 Basadre Vicente, Memoria sobre la introducción de colonos, 1801, en: Ortiz de la Tabla (1985: 45-60. 47).

206 La cédula real de 4/6/1687 se reproduce en Florescano (1986a: 43-45).

207 Las leyes de 1551 y 1570 se reproducen en De la Maza (1893: 11-17). Con respecto a la ordenanza de 1567, véase Florescano (1986a: 42-43). La ley de 1560, se retoma en la Recopilación (1987: II) como ley 9. Tit.3. lib. VI.

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XVII, en 1687, el rey trató de introducir dos cambios de envergadura. Por una parte dispuso que el fundo legal era un derecho no sólo de los pueblos ya existentes, sino también de “los que en adelante se fundasen y poblasen”, por la otra mandó ampliar el fundo legal en 100 varas. Ante la oposición de los colonos españoles tuvo que dar marcha atrás, por lo menos con respecto al segundo punto, en 1695: las 600 varas no se medirían como estaba previsto desde la última casa del asentamiento indio, sino desde la iglesia, es decir desde su centro.208 En 1754, la corona afirmó una vez más el derecho de las comunidades sobre el fundo. Explícitamente llamó a restituirles las tierras que les hubieran sido usurpadas y a concederles mayores extensiones de exigirlo el aumento de población.209

De acuerdo con la legislación, la dotación tenía que hacerse en tierras útiles. La Recopilación de 1680 retomaba una ley que establecía que “los sitios en que se han de formar pueblos y reducciones tengan comodidad de aguas, tierras y montes, entradas y salidas y labranzas y un ejido de una legua de largo donde los indios pueden tener sus ganados sin que se revuelvan con otros de españoles”.210

Para evitar que las tierras con que se había dotado a los indios se traspasaran a otras castas o se concentran en pocas manos, la corona se veía obligada a reglamentar también las formalidades de su enajenación. Desde 1571 se promulgó una que determinaba que los indios podían vender sus bienes raíces exclusivamente en almoneda pública y en presencia de la justicia real.211 Sin embargo, poco ayudaba la vigilancia del justicia si este actuaba en connivencia con los interesados. Ante la gravedad de la situación, la corona procedió en 1781 a ampliar la legislación existente fijando que “por ningún caso ni con pretexto alguno se ejecuten ventas, préstamos, empeños, arrendamientos ni otro género de enajenación de tierras de indios… entendiéndose dicha prohibición aún entre los mismos indios de los unos a los otros, y con especialidad a los españoles, mestizos, mulatos y cualquiera otras castas y familias … sin que… intervenga licencia de mi superior gobierno, juzgado general de naturales o real audiencia, calificada la necesidad y utilidad y seguidos todos los trámites dispuestos por las leyes con precedente audiencia del señor fiscal”.212

Los indios no eran los únicos que obtenían títulos de propiedad de la corona. Para enfrentar la hecatombe que sufrían los aborígenes a raíz de la conquista, la corona trataba de canalizar a pobladores peninsulares hacia sus dominios americanos. Entre los que “rinden utilidad al estado” explotando o haciendo explotar derechos de propiedad transferidos por este estado encontramos, en las costas dieciochescas, también a cofradías, caciques, indios particulares y españoles. En todos estos casos, la transferencia de derechos se llamaba “mercedación”, el título “merced”.

Durante el siglo XVI, la merced solía ser graciosa, haciéndose creer así al conquistador que figuraba entre los primeros derechohabientes que se le estaba pagando para su trabajo. Desde

208 La ley de 1687 se reproduce en Florescano (1986a: 43.45), la de 1695 en De la Maza (1893: 28-30).

209 Fonseca/Urrutia (1845: IV, 409-415).

210 Recopilación (1987: II, ley 8. tit. 3 libro VI).

211 Ley de 24/5/1571, en: De la Maza (1893: 18).

212 Instrucción real de 23/2/1781 en: De la Maza (1893: 42-45).

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1600, más o menos, la tierra ya no se regalaba, sino se remataba en pública almoneda al mejor postor.213 Los pregones y el remate se celebraban en la cabecera del distrito en que se ubicaban las tierras y bajo la responsabilidad del justicia local. Podemos conjeturar que el remate solía ser más bien una formalidad y el precio a menudo muy simbólico, ya fuera porque faltaban postores acaudalados, ya fuera porque las justicias procedían en complicidad con los interesados. Sospechoso resulta, por ejemplo, un remate que se celebró en 1704 en el puerto de Acapulco. Por sólo 500 pesos, Juan Hurtado de Mendoza obtenía allí el dominio de un inmenso terreno de siete leguas ubicado al norte del puerto. Aunque el fiscal, consultado por el virrey antes de la extensión del título correspondiente, protestara señalando que el terreno valía cuando menos 1’000 pesos y que era preferible no venderlo que regalarlo, el trato se hizo en términos previstos.214

La corona era titular de todos los derechos de propiedad sobre los baldíos sin importar su origen: tierras que nunca se habían enajenado a terceros, o tierras que se habían reincorporado al fundo real. Teóricamente y hasta mediados del siglo XVIII, todos los títulos de propiedad requerían de la confirmación real. Empero, muchos propietarios sólo tenían títulos extendidos por alguna autoridad local: el virrey o los ayuntamientos. Ante la prioridad de la colonización, el rey hacía la vista gorda durante mucho tiempo. Sin embargo, al imponerse las urgencias financieras, la corona decidió terminar el período de gracia. Desde 1591 la corte emitió una cédula en que pedía la presentación de todos los títulos de propiedad en Madrid: una formalidad que incluía, por supuesto, el pago de los derechos transferidos.215 Todavía en 1735, una real cédula vino a afirmar el derecho exclusivo de la corte de Madrid en materia de titularizaciones.216 El proceso de la confirmación real implicaba enormes gastos accesorios, gastos que a menudo excedían el precio que se había pagado en el remate. Muchos se abstenían entonces de pedir la aprobación real y se encontraban con títulos defectuosos. En 1754, la corona cedió ante las presiones de los colonos y facultó a los presidentes de las audiencias a comisionar jueces subdelegados para este asunto.217 Posteriormente, en la ordenanza de intendentes, la mercedación de las tierras se delegó a los nuevos funcionarios.218 El viraje en la política de mercedación no era, por supuesto, un acto de pura complacencia para con los colonos. Simplemente resultaba del entendimiento de que un labrador que sabía por la precariedad de sus títulos no invertía nada en sus tierras, con lo que la producción – y sobre todo el rendimiento de los derechos reales – se estancaba.219 A fines de la década de 1780, un informe de la audiencia

213 Florescano (1986a: 32-33).

214 AGN, Mercedes 65, ff. 130-132v.

215 Real cédula de 1/11/1591, en: Fonseca/Urrutia (1845: IV, 399). Véase también Florescano (1986a: 34).

216 El contenido de la cédula de 24/11/1735 se deduce de su revocación, la cédula de 5/10/1754. Esta se reproduce en Fonseca/Urrutia (1845: IV, 409-415).

217 Real cédula de 5/10/1754, en: Fonseca/Urrutia (1845: IV, 409-415).

218 Fonseca/Urrutia (1845: IV: 416).

219 Fonseca/Urrutia (1845: IV: 409). El texto de la cédula de 1754 es muy claro al respecto. Muchos no pueden costear el proceso de la confirmación real, señala. “A que es consiguiente hallarse sin cultura muchos sitios y tierras que abastecerían con su labor y crías de ganado las providencias, y el que otras personas se mantengan en terrenos usurpados por defecto de títulos, sin darles sobre la cultura toda la labor correspondiente por temor de ser denunciados y procesados sobre ello, de que igualmente resulta

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de México estimaba que muchos habían aprovechado las cedulas de 1754 y 1786 y que excepto en zonas muy lejanas del centro no quedaban ya realengos.220

Con tal de aumentar su atractivo para colonos, el rey decidió renunciar al cobro de un censo sobre las tierras mercedadas. Para evitar para sus mercedes fueran objeto de especulación inmobiliaria y quedaran sin producir, su majestad condicionaba sin embargo la plena asunción de los derechos inherentes a la merced a que el beneficiado viviera en su tierra durante cuatro años y la trabajara de acuerdo con su solicitud. Si había pedido tierras para criar ganado, le incumbía poblarlas de animales, si su petición se refería a tierras de labriego, tenía que cultivarlas. Sólo si cumplía con este deber, el colono adquiría la facultad para vender las tierras “y hacer de ellas a su voluntad libremente, como cosa suya propia”.221

LA PRIVATIZACIÓN DE LAS TIERRAS DE REPARTIMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE INDIOS.

La mayoría de los pueblos costeños tenían, como veremos enseguida, títulos de propiedad. En principio, la propiedad correspondía a la comunidad y se administraba por el gobierno indio, la república. La república decidía sobre el uso de las tierras que disponía. Una parte se asignaba a los comuneros para que éstos formaran su explotación familiar, las tierras de repartimiento, otra se retenía bajo su administración directa: ejidos, bosques y pastos abiertos a todos, milpas del común, tierras labradas entre todos, y terrenos que se arrendaban a terceros. La parte proporcional de cada uno de estos terrenos era flexible.222

Con respecto a las tierras de repartimiento, Pastor ha sugerido que en los pueblos de la Mixteca Alta existía originalmente una diferencia jurídica entre el solar, posesión patrimonial del comunero, y la milpa, una parcela explotada en régimen de usufructo y que debía revertir al fondo común al finar el beneficiado. Desde el siglo XVII, sigue el autor, la milpa se iba privatizando, se heredaba y se vendía: la diferencia con el solar se iba perdiendo. El derecho de compra preferencial para la parentela que se mantenía hasta el final de la colonia era de poca importancia en comunidades en que todos eran parientes en algún grado. En el siglo XVIII, las parcelas cambiaban de mano con tanta facilidad que se puede hablar de un mercado de tierras

perjuicio a mi Real Hacienda, así en carecer del producto de sus rentas, como del que por consiguiente dimana al común y al estado de la labranza y crianza”.

220 Informe Ladrón de Guevara, 11/11/1789, en: Fonseca/Urrutia (1845: IV, 420-423).

221 Véase la ley de 18/6/1513 en: De la Maza (1893, 3-4). “Es nuestra voluntad, que se puedan repartir y repartan casas, solares, caballerías, y peonías a todos los que fueren a poblar tierras nuevas en los pueblos y lugares, que por el gobernador de la nueva población les fueren señalados … y los aumenten y mejoren, atenta la calidad de sus servicios, para que cuiden de la labranza y crianza; y habiendo hecho en ellas su morada y labor, y residiendo en aquellos pueblos cuatro años, les concedemos facultad para que de allí adelante, los puedan vender, y hacer de ellos a su voluntad libremente, como cosa suya propia”.

222 Florescano (1986a: 65); Pastor (1987: 143-146).

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intracomunitario.223 El control de la república sobre las tierras de repartimiento se reducía así en muchos casos a la atestiguación y la legalización de los contratos entre los comuneros. El derecho de reversión que intervenía a la muerte de un comunero era poco menos que letra muerta. Significativo resultará el hecho que la república de San Francisco Tuxtla utilizaba en los años de 1770 parte de sus fondos para comprar lotes que iban quedando por la muerte de sus hijos para resignarlos de nuevo.224 Sólo dos causas justificaban la confiscación de un terreno por el gobierno local: el endeudamiento del comunero para con la república o terceros o algún acto criminal que se castigaba con la expulsión del culpable del pueblo.225 Resulta imposible analizar estos procesos de privatización en las costas. Tampoco podemos evaluar el avance de la concentración de los derechos sobre las tierras de labriego en el seno de las comunidades en que tenía que derivar.

LA DISCUSIÓN SOBRE EL CARÁCTER DE LA MERCED.

La corona cedía algunos de sus supuestos derechos a terceros con tal de poder realizar otros derechos: la alcabala, el tributo y el servicio miliciano, principalmente. Ahora bien, para optimizar el rendimiento de estas rentas, el rey se reservaba el derecho de reversión de las mercedes. Esta forma legal se invoca sobre todo para presionar a los titulares de mercedes a que cumplieran con su obligación de trabajar realmente las tierras que les hubieran sido otorgadas. Una real cédula de 1805 por ejemplo determinaba que se daría el plazo de un año “para que los dueños de tierras, dentro de él, poblasen y cultivasen las incultas y baldías, con apercibimiento de que de lo contrario caerían del dominio, y se rematarían y aplicarían a los que las denunciasen”.226 En algunos momentos, la corona consideraba también la posibilidad de reasignar tierras mercedadas a comunidades cuyo fundo se juzgaba insuficiente. La recopilación de leyes de Indias de 1681, por ejemplo, retomaba una cédula que había establecido: “y porque a los indios se habrán de señalar y dar tierras, aguas, y montes si se quitaren a españoles se les dar| justa recompensa en otra parte”.227

La eficiencia del derecho de revocación era prácticamente nula. Los dueños de las mercedes se consideraban de facto propietarios de lus utendi et abutendi y explotaban las tierras independientemente de lo que les mandaba la corona a través de sus reales cédulas. Sobran

223 Pastor (1987: 147-148. 178-181). Van Young (1992f: 288-289) distingue en su estudio sobre las comunidades de la región de Guadalajara entre las tierras de repartimiento por una parte, aquellas que los indios ricos acaparaban mediante la compra por la otra. Ahora bien, en vista de las aportaciones de Pastor sugeriríamos que también las parcelas que se transferían mediante la venta formaban en realidad parte de las tierras de repartimiento: que se trataba de tierras de repartimiento privatizadas. Como la privatización nunca fue sancionada por la corona, estas transacciones no se registraban, como observa el mismo Van Young, ante las autoridades españolas.

224 AGN, Hospital de Jesús 373, exp. 8.

225 Pastor (1987: 179).

226 AHV 1807, Bando del virrey de 27/7/1807.

227 Recopilación (1681: ley 14, tít. 19, libro 6).

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ejemplos parta demostrar que los colonos españoles dejaban sin explotación alguna, amplísimos terrenos.228 Los mismos propietarios no escondían la situación. En el inventario de la hacienda de San Marcos establecido por su administrador en 1780 se habla de un terreno de cuando menos 1,5 leguas como de “llanuras las cuales no se han sembrado jam|s por lo que no se puede dar razón si ser|n o no fructíferas”.229 Este es el telón de fondo sobre el cual hay que ver la cédula de 1805, este es el telón de fondo sobre el cual hay que evaluar sus posibles resultados. También en sus intentos de transferir tierras de algún latifundio a una comunidad de indios, la corona era poco exitosa. Cuando mucho lograba una transferencia temporal: la comunidad era posesionada de sus derechos, pero al poco tiempo, el dominio había revertido a su dueño anterior. Así sucedió en Medellín a finales del siglo XVII, así sucedió cien años después allí mismo y en Tlacotalpan.230 En el siglo XVII mandaban, y lo veremos a lo largo de este trabajo, los titulares de mercedes, no el rey.

Los regalistas del siglo XVIII consideraban el derecho de reversión de la merced como una emanación del dominio directo, un derecho de propiedad que, decían, seguía en manos del rey más allá de la cesión del título al vasallo. A la merced correspondía, de acuerdo con la visión oficial, el dominio útil. “Las tierras de este continente son de regalía, el dominio directo dellas toca y pertenece a la potestad legítima”, declaraba en 1789 Juan Mariano Ladrón de Guevara, asesor jurídico del gobernador de Veracruz.231 No menos claro resulta un dictamen del abogado José Sánchez Pizarro de 1759: todas las tierras son de “real patrimonio y regalía tanto que sin embargo de que se hayan mercedado a los particulares vasallos, siempre mantiene Su Majestad el dominio radical de ellas, y por eso cada que vacan se incorporan y se consolidan a su real corona por derecho de reversión”.232

Ahora bien, los coetáneos, propietarios y no propietarios de los títulos reales, consideraban que estos comportaban la cesión de todos los derechos territoriales. Miguel Ruiz de Allende, arrendatario de Los Cortijos, señalaba desde mediados del siglo XVIII que el dueño de la hacienda poseía el dominio directo de las tierras. La afirmación se hacía en un escrito dirigido al virrey sin provocar reacción alguna: quizás un signo de que inclusive en la corte de México existía inseguridad sobre el carácter de los derechos de la corona.233 A fines del siglo se hablaba ya, por lo menos en los círculos del comercio de Veracruz, de propietarios de bienes raíces: así, sin complemento alguno. Ni los defensores de la propiedad ni sus detractores se referían a los supuestos derechos de propiedad del rey.234

228 Véase infra, cap. 13.

229 AGN, Tierras 1213, Inventario de la hacienda de San Marcos de 1780.

230 AGN, Tierras 1110, exp. 4: AHV 1813, Exposición de Joaquín Sánchez Boado al consejo de regencia, 21/5/1812.

231 AGN, Tierras 1185, exp. 9.

232 AGN, Tierras 1867, exp. 4

233 AGN, Mercedes 80, ff. 32-34v.

234 Véanse Parecer del Consulado de Veracruz sobre la solicitud de privilegio que pide Juan B. del Río para beneficiar ixtle, 1804, en: Chávez Orozco/Florescano (1967: 151-185. 171) y José M. Quirós, Memoria sobre el fomento agrícola de la intendencia de Veracruz, 1807, en: De la Tabla (1985: 131-150. 135).

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La constitución de 1824 consagrará los derechos adquiridos mediante merced como derechos de propiedad absoluta. Con todo concederá en el artículo 120 el derecho de expropiación al presidente de la república previo acuerdo del senado: una restricción que relativiza obviamente el carácter absoluto de la propiedad.235

UNA RESTRICCIÓN MÁS AL DERECHO DE LOS TERRATENIENTES: LOS ESTANCOS REALES.

De acuerdo con los regalistas del siglo XVIII, la corona era dueña del dominio directo sobre todas las tierras del reino. Esto le daba el derecho de definir los derechos del dominio útil. Vimos su fracaso en el caso del derecho de reversión. Analicemos aquí el éxito de sus intentos de imponer el monopolio sobre la producción de sal y tabaco, dos importantes productos costeños.

Desde el siglo XVI, la corona protegía los derechos de los indios sobre las salinas y trataba de impedir que estas cayeran en manos de los españoles.236 Yacimientos menores como los de Jaltipan y de San Andrés en Sotavento o de Astata, de Pinotepa del Rey y de Huasolotitlan en la Mar del Sur se explotaban en el siglo XVIII y hasta más allá de la independencia de los indios.237 Por lo menos las salinas de Astata eran, en los años 1720, propiedad de la república; con respecto a los demás no sabemos si se regían por el gobierno indio o por particulares. ¿Éxito de la corona? No necesariamente. En vista del contexto histórico sugerimos más bien que la situación reflejaba la fuerza de los grupos dominantes de estos pueblos, si por acaso su capacidad de llegar a acuerdos con los dueños de las grandes haciendas costeñas que necesitaban la sal para sus hatos.

En un informe de 1771, Gálvez recomendó que todas las salinas que no fueran absolutamente necesarias para el sustento de los indios se rigieran por estanco.238 La idea del estanco no era nueva: durante un breve periodo, de 1686 a 1692, las salinas de la Mar del Norte se habían explotado en monopolio real.239 Ignoramos si la corona siguió las sugerencias de Gálvez.240 Sabemos, sin embargo, que las importantes Salinas de San Marcos – que abastecían las minas de

235 Payno (1869: 118-119).

236 Véase la providencia real de 23/4/1589, en: Fonseca/Urrutia (1845: IV, 7-11).

237 Véanse AGN, Hospital de Jesús 121, exp. 27 (San Andrés, 1776); AGN, Tierras 1131, exp. 1 (Astata 1721); ACO, Diezmos Jamiltepec XXIV (Pinotepa del Rey y Huasolotitlan, 1822); Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-316. 89) (Jaltipan, 1830).

238 Informe de Gálvez, 1771, en: Fonseca/Urrutia (1845: IV, 130-139).

239 Fonseca/Urrutia (1845: IV, 62-73).

240 La Nueva Ordenanza de Intendentes de 1803, suspendida en 1804, antes de que llegara a aplicarse realmente, dispuso en el art. 159 que las salinas que no fueran necesarias a los indios se administraran como propios del rey. Véase Fonseca/Urrutia (1845: IV, 139-140).

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Sultepec y vendían cargamentos en las ciudades de Cuernavaca y México – se seguían explotando en los años 1780 por el dueño de la hacienda, según parece sin gravamen alguno.241

En 1764, la corona estableció el monopolio sobre la comercialización del tabaco en la Nueva España. Para controlar la producción se restringió el área de cultivo a las jurisdicciones de Córdoba, Orizaba y Zongolica. La república independiente mantenía el monopolio hasta 1833.242 ¿En qué medida afectaba la nueva legislación a las costas? En Acayucan, el cultivo de tabaco era bastante común en el siglo XVI.243 En 1831, la Estadística del estado libre y soberano de Veracruz menciona huertas de tabaco “de considerable valor” en el distrito.244 También en la Costa Chica encontramos cultivos de tabaco antes y después de la prohibición. Durante la primera mitad del siglo XVIII, las comunidades de los distritos de Acapulco, Jicayan y probablemente Igualapa cultivaban y comercializaban la hoja.245 En Acapulco, el cultivo florecía de nuevo a mediados del siglo XIX.246 Consideramos que el tabaco nunca fue realmente erradicado, ni en la Costa Chica ni en Sotavento. Esta interpretación explicaría no sólo la prosperidad del cultivo poco después – o aún antes – de la abolición del monopolio, sino también las repetidas ordenes de la corte de México en que se amenazaba a los indios que cultivaran tabaco fuera de los distritos de permiso con penas de hasta 30 días de cárcel.247

LOS MAYORAZGOS Y EL MARQUESADO DEL VALLE.

La nueva España tenía su nobleza, o mejor dicho: sus noblezas. Había una nobleza india, reconversión de los caciques prehispánicos248. Pero había también una nobleza española, nutrida desde fines del siglo XVI por los acaparadores de mercedes.249 Su nobleza se manifestaba en las prerrogativas de un mayorazgo: un título que “supone vinculación de bienes que no pueden ser divididos ni enajenados, sino que deben pasar íntegros a uno de los sucesores que por lo común es el primogénito de la casa”.250 Establecer un mayorazgo era una manera de impedir la disipación del patrimonio a la muerte del titular. La institución del mayorazgo murió

241 AGN, Tierras 1213, Inventario 1780 y Cuentas del albaceazgo.

242 Véase Walker (1990) con respecto a la legislación.

243 Relación de Coatzacoalcos (1570), en: Acuña (1984: Antequera I, 113-127).

244 Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-316. 72).

245 Villaseñor y Sánchez (1746: I, 186-190. 370-371; II, 159-165.).

246 Del Toro/Liquidano/De la Barrera (1859: 411).

247 AHT leg. 5, El intendente de Veracruz al teniente de Tlacotalpan, 19/7/1806; AHT leg.5, El teniente de Tlacotalpan al intendente, 8/11/1806.

248 Véase hic infra respecto a los cacicazgos costeños.

249 Florescano (1986a: 48-58). Véase también Ladd (1984).

250 Mora (1986: I, 211).

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con la colonia: por ley de 27 de septiembre de 1820, las cortes españolas suprimieron la fórmula jurídica: tres años después, el congreso mexicano confirmó en un decreto esta decisión.251

Varios latifundios de ambas costas formaban parte de mayorazgos novohispanos: la hacienda de Uluapan era patrimonio de los marqueses del mismo nombre, Santa Fe pertenecía a los condes de Santiago y marqueses de Salinas, Los Cortijos era una de tantas propiedades de los mariscales de Castilla.252

El marquesado del Valle, fundado por Cortés y el titular del distrito de los Tuxtlas, merece una mención especial.253 Los marqueses tenían, a diferencia de otros titulares de mayorazgos, la facultad de mercedar las tierras que les habían sido otorgadas: ejercían, así parecería, el dominio directo sobre sus tierras. Sin embargo, no disfrutaban este derecho a solas, ya que también la corona concedía mercedes sobre tierras de marquesado. Otra diferencia – quizás también ésta más de carácter teórico que práctico – respecto al resto de los mayorazgos era que el marquesado era en principio – y hasta el decreto de las cortes de 1811 sobre la reversión de todos los derechos jurisdiccionales a la corona – titular del señorío jurisdiccional; eso no obstante, tanto el tributo como la alcabala eran derechos reales en el siglo XVIII.254

LAS ESTRUCTURAS DE LA PROPIEDAD A FINES DE LA COLONIA.

En un país donde la corona era fuente de todo derecho, todo aquel que quería ejercer derechos de propiedad precisaba de un título real. Ahora bien, no todos los que actuaban como propietarios tenían los títulos necesarios. La apropiación de facto de un terreno y la sanción real eran de hecho, dos procesos distintos. Entre ambos podían transcurrir décadas, sobre todo si el supuesto propietario actuaba en connivencia con los funcionarios reales. Al extinguirse entorno a 1600 el pueblo de Cuahuitlan en la cuenca del Santa Catarina, las tierras debían de reincorporarse, de acuerdo con la ley de reversión, a los realengos, Sin embargo, en realidad, uno de los vecinos, la hacienda de Los Cortijos, empezó a ejercer los derechos de propiedad sobre los baldíos. La composición con la real hacienda se iniciaba hasta la década de 1760, en un momento en que las relaciones entre el latifundista y el justicia real empezaban a hacer crisis.255

La segunda mitad del siglo XVIII era una época de arduas disputas por derechos de propiedad y, sobre todo en sus inicios, de la composición de muchos títulos defectuosos. Ahora, si partimos de la situación de facto en el campo costeño podemos decir que las estructuras de la propiedad

251 Dublán/Lozano (1876: I, 528. 662).

252 Véase infra, cap. 5., cuadro 33.

253 García Martínez (1969: 95-101. 101-110) analiza detalladamente la situación legal del marquesado.

254 Anteriormente, de 1707 a 1726, en 1734 y a partir de 1808, el mayorazgo fue “secuestrado”, es decir puesto bajo administración directa de la corona. García Martínez (1986: 82-86).

255 AGEO, Alcaldías Mayores leg. 2, exp. 33.

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permanecían relativamente estables en estos años. La situación en las costas era entonces comparable con la de otras regiones, la Nueva Galicia o el Valle de Oaxaca, por ejemplo.256

En el distrito de la Nueva Veracruz, la propiedad se repartía, como una de las facciones del comercio del puerto repetía hasta la saciedad, entre siete haciendas de ganado mayor: Buenavista, Cuyucuenda, El Novillero, Santa Fe, Toluca, Paso del Toro, y Paso de Ovejas.257 Las instituciones de gobierno local se tenían que contentar con pequeños pedazos. La república de Tlacotalpan disponía de un terreno de una legua de largo y media de ancho sobre el Papaloapan. Tierras de humedad en exceso, pero nada más. Hacia fines de la temporada de aguas, el río solía desbordarse año por año, convirtiendo toda la región en un inmenso pantano. Las tierras de Tlacotalpan se prestaban entonces a la labranza de maíz, frijol y verduras en las secas, pero permanecían vedadas durante las aguas. De esta manera, las tierras no se podían aprovechar para cultivos como el algodón o la cría de ganado mayor, pilares de la economía familiar en las tierras bajas novohispanas.258 El ayuntamiento de Veracruz tenían sus ejidos en el sur de la ciudad, a ambos lados del río Tenoya: tierras de gran valor tanto para la agricultura como para la ganadería pero, según parece, de limitada extensión.259 El tercer gobierno local, la república de Medellín, carecía de bienes territoriales.260

El distrito de San Andrés constituía básicamente una sola propiedad de inmensas dimensiones. Para 1830 había además del latifundista seis personas que poseían algunas caballerías de tierras y el pueblo de Catemaco – no queda claro si en calidad de república – que tenía la propiedad de una hacienda de ganado mayor.261

También en Cosamaloapan predominaba en 1831 claramente la gran propiedad no vinculada con funciones gubernamentales. Las haciendas de San Juan Zapotal (42 leguas o 73’8710 hect|reas), Santa Catarina Uluapan o Mata de Agua (14 leguas o 24’570 hect|reas), Santa Ana Chiltepec, San Agustín Guerrero (8 leguas o 14’040 hect|reas), San Nicolás Zacapesco y Santo Tomas de las Lomas acaparaban muchas leguas de tierras llanas con abundante pasto y mucha arboleda.262 Entre los latifundios se enclavaban las tierras de las repúblicas de indios. Al estudiar

256 Véase Van Young (1981: 294-297) y Taylor (1972: 200-201). La tesis de Florescano (1986a: 122-123) en el sentido de que la expansión de las haciendas sobre las tierras de los indios continuaba en el siglo XVIII parece cada vez menos sostenible.

257 AHV 1775, Informe sobre los Betlemitas 1775; AHV 1802, José Gutiérrez de Cubas al rey, 16/2/1802; AHV 1813, Joaquín Sánchez Boada al consejo de regencia, 21/5/1812; Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967: 115-150. 118-120); Siemens/Brinckmann (1976: 195-197).

258 AGN, Tierras 1867, exp. 4; Siemens/Brinckmann (1976: 196-197).

259 AHV 1793, Querella de varios vecinos extramuros sobre los daños que dicen les hacen los ganados vacunos del teniente José M. Quirós.

260 AGN, Tierras 1110, exp. 4; AGN, Tierras 1185, exp. 9; AHV 1813, Joaquín Sánchez Boada al consejo de regencia, 21/5/1812.

261 Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-316. 113-119).

262 BNE ms 2449, Descripción del curato de San Juan Bautista Chacaltianguis, 1777; Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en; Blázquez Domínguez (comp.), (1986: I, 59-316. 238).

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el registro de la repartición de los bienes comunales – que se llevaba a cabo hasta el último cuarto del siglo XIX – descubrimos que Acula, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Ixmatlahuacán, Otatitlan , Sochiapan y Tlacojalpan tenían todos sus títulos. Cuando menos en los casos de Izmatlahuacán, Sochiapan y de Tlacojalpan – donde se menciona un ejido de media legua –, los derechos no se restringían al fundo legal. Ni para Amatlán ni para Tesechoacán encontramos la documentación respectiva. Este último pueblo estaba cercado de haciendas: de acuerdo con una diligencia de 1733, los tesechoacanos carecían en aquel entonces de tierras. En vista de la situación general que prevalecía durante la segunda mitad del siglo en la región consideramos poco probable que las consiguiera más adelante.263

Con respecto a Acayucan disponemos de una información bastante minuciosa para el año de 1831 (cuadro 30).264 De las tierras apropiadas, comunidades de indios y de rancheros ocupaban entonces casi las dos terceras partes. Los pueblos de Mecayapan y Soteapan eran con mucho los terratenientes más grandes del distrito. Las tierras de las repúblicas comprendían, al igual que las de las haciendas, bosques y pastos. A excepción de la propiedad de Tejistepec de la que se comentaba que era “lo m|s pésimo para la agricultura ya que eran potreros cenagosos”, todos poseían tierras de labor; con respecto a Chinameca, por ejemplo, se especificaba que la tercera parte de sus seis leguas eran tierras de labor, de Sayultepec se decía que “su terreno… es lo mejor que puede hallarse para la agricultura”. Los pueblos y las rancherías que carecían de propiedades explotaban baldíos.265 Se trataba de una ocupación de facto del terreno, comparable, desde el punto de vista jurídico, a la situación de los pueblos que reclamaban tierras pero carecían de títulos.266 Ignoramos si subsistían para ese entonces tierras del estado – los realengos de la colonia pasaban con la independencia a manos del gobierno mexicano – sobre las que no se ejercía alguna forma de derecho de propiedad de parte de terceros.

Varias haciendas acaparaban los fértiles llanos de Coyuca en el distrito de Acapulco. Se trataba, según parece, de unidades medianas: Nuestra Señora del Buen Suceso, quizá la mayor, ejercía sus derechos sobre alrededor 8 leguas cuadradas.267 Los pueblos de indios circundantes, Coyuca,

263 RPPC 1872-1873, f. 43, Diligencias sobre la posesión de la hacienda de Uluapan, 1733; RPPC 1874-1875. Acuerdo entre el pueblo de Ismatlahuacán y la hacienda de La Estanzuela; RPPC 1876-1877, ff. 15.20.22v.35, Registro de la parcelación de las tierras comunales de Ismatlahuacán, 1877; RPPC 1878-1879, f. 3, Registro de la parcelación de las tierras comunales de Sochiapan y Latani: RPPC 1887-1888, f. 13v Acuerdo entre el ayuntamiento y los comuneros de Chacaltianguis sobre el reparto de las tierras de comunidad, 1888; RPPC 1891, Registro de la parcelación de las tierras comunales de Tlacojalpan, 1887; RPPC 1892, f. 30v, Registro de la parcelación de las tierras comunales de Otatitlan, 1892; RPPC 1892, f. 34v Registro de la parcelación de las tierras de Cosamaloapan, 1892; RPPC 1892, f.40, Registro de la parcelación de las tierras de Acula, 1892.

264 Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-316. 63-111).

265 Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-316. 91. 94. 111).

266 Con respecto a Mecayapan, por ejemplo, el encargado del informe, señala que de los propios que disfruta “se cree son baldíos del estado, porque no se presentan documentos ningunos que aseguren la posesión: Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-316. 91).

267 AGN, Tierras 3624, exps. 9.13.14.

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Tixtlancingo y Texca, ocupaban realengos: probablemente tierras de menor calidad, ya que de otra forma, así pensamos, hubieran sido denunciados y apropiadas por los hacendados de la zona.268 La ciudad de los Santos Reyes nunca había constituido su ayuntamiento y carecía por lo mismo de tierras comunales.269 Eran sus vecinos quienes disponían de sus solares a título particular. Del lado de la Costa Chica, en las planicies entorno a las lagunas de Nahuala y de San Marcos, se extendía la hacienda de San Marcos. De dimensiones gigantescas: 144 leguas o 252’720 hect|reas, abarcaba no sólo el oriente de la jurisdicción de Acapulco sino también la parte occidental de la de Igualapa.270 Ignoramos la superficie de muchos latifundios costeños, pero es evidente que sólo Los Cortijos era susceptible de competir con San Marcos. Los pueblos de Cacahuatepec y de Tixtlancingo habían quedado absorbidos por el monstruo y carecían durante el siglo XVIII de derechos de propiedad.271

De las 31 repúblicas de indios del distrito de Igualapa, sólo Igualapa, Cuilutla, Cuitlapa, Jalapa y Sochitonala ejercían derechos de propiedad territorial. Este último poseía un terreno inmenso de 40 leguas por títulos expedidos por Carlos I y Felipe II. La mayor parte del territorio del distrito se repartía, sin embargo, entre seis terratenientes particulares.272

En 1793, el subdelegado de Jicayan afirmó en un informe que “todos los pueblos de mayor población se hallan sin tierras”.273 Quizás habría que poner el acento en lo de mayor población, ya que sabemos que si existían repúblicas, aunque no de las más importantes, que tenían títulos: Iscapa, Ixtapa, Ixpantepec, Mialtepec, Minas, Yolotepec, Juchiatengo, Lachao, Tepenixtlahuaca y Quiahije, cuando menos.274 Con todo, hablando en términos generales, también Jicayan se repartía entre media docena de grandes terratenientes.275

Las repúblicas de los pueblos más importantes de la jurisdicción de Huatulco: Huatulco, Pochutla, Tlacolula y Huamelula, eran todas propietarias de terrenos más o menos extensos. Pero también pueblos más pequeños como Tonameca, Cuistepec o Astata poseían derechos.276 El panorama de la propiedad se complementaba en la parte occidental del distrito con la hacienda de Apango, en la región chontal con varias unidades de tamaño quizás más bien modesto.277

268 AGN, Indios 73, ff. 160-164; AGN, AHH leg. 404, exp. 6; AGN, Tierras 3624, exp. 14.

269 AGN, AHH, Media Annata 25, exp. 1

270 AGN, Tierras 1213, Inventario 1780.

271 AGN, Indios 101, f. 106. Véase también Del Toro/Liquidano/De la Barrera (1859: 425. 428).

272 AGN, Historia 578B, ff. 85-93.

273 AGN, Civil 206, exp. 1. Informe del subdelegado de Jamiltepec, 1793.

274 AGNO, Protocolos Juquila 1896, ff. 178v-186; AGNO, Protocolos Jamiltepec 1822-1824, 10/3/1824.

275 AGN, Indios 69, f. 85v; AGN, Tierras 1875, exp. 3; AGN, Tierras 192, exp. 5; AGN, Tierras 191, exp. 3.

276 AGN, Tierras 612, exp. 3; AGN, Tierras 1384, exp. 1; AGEO, Alcaldías Mayores, Exps. Sin clasificar, Exp. sobre un pleito por tierras entre Cuistepec y San Andrés, 1762.

277 AGN, Tierras 2951, exp. 64; AGN, Tierras 192, exp. 7.

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LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE APROPIACIÓN

El surgimiento y el desarrollo de los grandes matrimonios costeños se vincula con dos fenómenos: la conquista por una parte, la decadencia de los pueblos de indios por la otra. La apropiación de las costas se realizaba desde la conquista, se aceleraba durante la segunda mitad del siglo XVI y culminaba durante el primer cuarto del siglo XVII.

Por reales cédulas de 1529 y 1533, la corona estableció el marquesado del Valle, el mayorazgo de Hernán Cortes. Entre las tierras que se concedieron al conquistador estaban las de la futura alcaldía mayor de los Tuxtlas.278 Muchos de los antiguos caciques reconvertían por los mismos años sus derechos ancestrales en derechos de propiedad de tipo español. Con respecto a los caciques de la Mixteca Alta se ha señalado que estos se apropiaron en un primer momento sólo lo que había sido en tiempos prehispánicos tierras de palacio, tierras cuyo producto estaba destinado al mantenimiento del gobierno.279 En la Costa Chica se afirmaban varios señoríos amusgos y mixtecos: Jicayan, Ometepec, Huehuetlan-Quetzala (probablemente heredero del cacicazgo de Igualapa) y Sochistlahuaca en el distrito de Igualapa, Tututepec-Jamiltepec, Amusgos, Cacahuatepec y Pinotepa de Don Luis en Jicayan.280 Respecto a Sotavento sabemos de patrimonios territoriales de los señoríos coloniales de San Andrés y Putlancingo.281 No excluimos que también otros de los señores náhuas y popolucas de los distritos de Acayucan y Cosamaloapan sobrevivían como terratenientes en el siglo XVI.

La segunda mitad del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII eran una época de grandes cambios en la propiedad territorial en la mayoría de los distritos costeños. El proceso se vinculaba estrechamente con la expansión de la ganadería.282 En la Costa Chica, los primeros títulos se concedieron en Huatulco entre 1540 y 1570. En Acapulco, Igualapa y Jicayan, el proceso no arrancó hasta la década de 1580. Las últimas mercedes se extendieron en los años 1610.283 Carecemos de un estudio sistemático sobre la Mar del Norte. Con todo, en lo que respecta a la Nueva Veracruz y Cosamaloapan, no cabe duda de que los ganaderos se apropiaban del suelo – de facto o con las reales cédulas precisas – antes de que terminara el primer cuarto del siglo XVII. Cuando la ciudad de Veracruz se trasladó a su sitio actual entorno a 1600, ya no existían realengos de consideración en la zona y la dotación de la urbe con ejidos era más bien reducida.284 Un visitador real observaba por los mismos años que cuatro de los cinco pueblos que dependían de la república de Tlacotalpan estaban rodeados de estancias de ganado mayor y

278 García (1969: 95-101).

279 Pastor (1987: 76-85. 169).

280 Con respecto a los cacicazgos del distrito de Igualapa, véase AGN, Historia 578B, f. 85. Para los señoríos del distrito de Jicayan remitimos a Smith (1973: 84-88. 185-191) y las fuentes que se citan allí.

281 Véase AGN, Hospital de Jesús 121, exp. 10, respecto a los de San Andrés y Aguirre Beltrán (1974: IV, 8) respecto a los de Putlancingo.

282 Véase infra, cap. 12., respecto al desarrollo de la ganadería en los distritos costeños.

283 Widmer (1990: 116-120) contiene una lista de todas las mercedes concedidas en las jurisdicciones de la Costa Chica.

284 AHV 1793, El ayuntamiento de Veracruz al virrey, 12/1/1793.

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que en Cosamaloapan, el vacuno había invadido el mismo fundo legal.285 En todos lados, el ganado expulsaba al indio y los ganaderos se apropiaron los derechos de las repúblicas. Las leyes de 1551 y 1570 que protegían estos derechos no se aplicaban casi nunca. En los años 1670 o, a más tardar, durante el tercer cuarto del siglo XVIII se confirmaban estos derechos formalmente sin que supiéramos de solicitudes rechazadas.

Entorno a 1700 constatamos una serie de cambios de envergadura en las estructuras de la propiedad. Por una parte se reapropiaban las tierras que habían quedado sin dueño con las epidemias de la década de 1690. Con respecto al área chontal estamos en una época clave: en realidad parece que la república de Huamelula – en tanto que responsable de la cofradía del Rosario –, pero también indios a título particular, adquirían entonces la titularidad sobre amplios terrenos, recreando así un espacio exclusivamente – o casi – indio.286 Otros coleccionaban títulos sueltos y establecían nuevos latifundios. Aprovechando su poder jurisdiccional, Miguel Gallo, alcalde mayor de Acapulco, se forjaba el latifundio de San Marcos.287 Un tercer fenómeno que se observa es la mercedación de realengos en pleno proceso de explotación no a los productores – como en las composiciones – sino a terceros. De facto podemos hablar de expropiaciones, ya que el dominio real no se manifestaba en una renta, pero el dominio particular sí. En El Peregrino, El Camarón y Dos arroyos, puntos sobre el camino real de Acapulco a México, rancheaban desde un momento determinado del siglo XVII colonos. Sin título formal, pero con permiso de los alcaldes mayores del punto se dedicaban a una agricultura de subsistencia y actividades relacionadas con la arriería como la cría de ganado mular y caballar.288 En 1701, Juan Hurtado de Mendoza, uno de los favoritos del mencionado Gallo, se las arreglaba para titular un terreno de siete leguas que incluía las citadas rancherías.289

Los caciques habían heredado de sus ancestros prehispánicos ciertos derechos de carácter jurisdiccional sobre los pueblos de sus señoríos. En la Mixteca Alta intentaban desde fines del siglo XVII, según se ha dicho, convertir estos derechos en derechos de propiedad de tipo español.290 Observamos por estos años algunos movimientos en los mayorazgos caciquiles de la Costa Chica que podrían eventualmente interpretarse de esta manera. Los titulares de Pinotepa de Don Luis adquirieron la propiedad de algunos terrenos de la república de su lugar de residencia, Pinotepa del Rey.291 En Zacatepec se armó un conflicto entre la república y uno de los pretendientes al cacicazgo de Tututepec, Jacinto de Guzmán por la renta de un terreno.292 Empero, también hay indicios de continuidad en las relaciones entre caciques y pueblos. La república de Pinotepa de Don Luis solicitó en 1709 la composición de su título sobre las tierras

285 AGN, Tierras 1867, exp. 4

286 AGN, Tierras 192, exp. 7.

287 AGN, Tierras 1213; AGN, Tierras 2953, exp. 171.

288 AGN, Mercedes 65, f. 84.

289 AGN, Mercedes 65, ff. 130-132v.

290 Pastor (1987: 169-170).

291 AGN, Tierras 1875, exp.3.

292 AGN, Tierras 192, exp. 5. Con respecto a Jacinto de Guzmán, véase AGN, Vínculos 272, exp. 9.

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del pueblo ante las autoridades reales, reservando sin embargo los derechos de la cacica, María Salmerón. La república gozaba evidentemente del derecho de propiedad tal como lo concebían las autoridades españolas y tenía por tanto derecho a la composición a su nombre.293 Diferente se presentaba la situación en Sotavento. Al extinguirse la familia de los caciques de Putlancingo en algún momento del siglo XVII, la república de Cosamaloapan logró imponerse como heredera de su patrimonio.294 Los caciques de San Andrés por su parte renunciaron en 1723 a todos los derechos que ejercían sobre las tierras de Elvira y de Otapan: tierras que constituían, según parece, todo su patrimonio.295

Los conflictos que surgían durante la segunda mitad del siglo XVIII entre repúblicas y particulares tenían sus raíces casi todos en los procesos de 1600 o 1700. La república de Tlacotalpan reclamaba desde 1750, más o menos, que la hacienda de El Zapotal le devolviera los fundos legales de los pueblos que se le habían incorporado en 1601: fundos que habían sido absorbidos entonces por el latifundio.296 Los Cortijos defendían por los mismos años lo que consideraba sus derechos sobre las tierras del pueblo de Cuahuitlan, extinguido en 1601. Frente a un alcalde mayor que los quería adjudicar en propiedad a los colonos que las explotaban.297 En Coyucan se enfrentaban la república de San Nicolás y el dueño de la hacienda de la Concepción por la propiedad de las tierras que explotaban los comuneros. El gobierno local consideraba que era un sucesor de los derechos del antiguo pueblo de San Miguel Coyuca, extinto en el transcurso del siglo XVII. Empero, la hacienda lograba convencerla – por métodos que podemos imaginar – que estos derechos le competían a ella.298 La república de Cacahuatepec, sin tierras propias como señalamos, protestaba ya muy a fines del siglo contra la usurpación de que había sido víctima en tiempos de Miguel Gallo.299 El que todos estos conflictos se desataran o se agravaran durante la segunda mitad del siglo XVIII no puede considerarse un hecho gratuito. Veremos, en realidad, que los propietarios se lanzaban durante estos años a una verdadera ofensiva contra los que dependían del acceso a sus tierras porque carecían de tierras o porque las que tenían eran insuficientes para satisfacer sus necesidades. Esta ofensiva se legitimaba por los derechos adquiridos, usurpados o comprados, mucho antes.

LOS DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.

Para evitar que los colonos le arrebataran el control – y la explotación – de los indios, la corona prohibía que la gente de razón se avecindara en pueblos. Aunque la legislación demostró desde

293 AGEO, Alcaldías Mayores, Exps. sin clasificar, Exp. sobre la solicitud de confirmación de la propiedad de tierras por la república de Pinotepa de Don Luis, 1709.

294 Aguirre Beltrán (1974: IV, 8).

295 AGN, Hospital de Jesús 121, exp. 10.

296 AGN, Tierras 1867, exp. 4.

297 AGEO, Alcaldías Mayores leg. 2, exp. 33.

298 AGN, Tierras 3624, exp. 9 y passim: AGI, Indif. Gral. 107, Informe del alcalde mayor de Acapulco, 1743.

299 AGN, Indios 101, f. 106.

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el siglo XVI su ineficiencia, la ficción se mantenía hasta fines de la colonia. De acuerdo con la voluntad real, los españoles, mestizos y mulatos tenían que asentarse en villas y ciudades gobernadas por ayuntamientos de tipo castellano. En el siglo XVI se fundaron varias villas: En La Costa Chica San Luis, a un lado del pueblo de Acatlán, y Segura de la Frontera, junto a Tututepec: En la costa de Sotavento, la villa del Espíritu Santo, Coatzacoalcos. Las primeras se despoblaron a los pocos años, esta llegó hasta mediados del siglo XVII.300 Acapulco llevaba a fines del siglo XVIII el título de ciudad de los santos reyes, supuestamente concedido por Felipe II. Sin embargo, el asentamiento no se regía nunca por cabildo, sino estaba al mando del justicia del distrito.301

La única ciudad costeña era, de hecho, la Nueva Veracruz, establecida por traslado de la ahora Antigua a partir de 1599 y confirmada por la cédula real de 1615.302 La ciudad consistía en un recinto amurallado 1252,5 sobre 660 varas y sus suburbios.303 Además, la corona concedió al ayuntamiento la titularidad sobre algunos terrenos extramuros, los ejidos. Éstos se extendían del lado sur del asentamiento.304 De acuerdo con la Ordenanza del nuevo descubrimiento y nueva población (1573), el recinto y los ejidos tenían que abarcar cuando menos una legua cuadrada.305 Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el ayuntamiento pretendía que esta ley nunca se había cumplido y que la ciudad no disponía de los ejidos que le correspondían: una pretensión que no se deja verificar a estas alturas.306

300 Trens (1947: I, 364); Widmer (1990: 59-62)

301 AGN, AHH, Media Annata 25, exp. 1: AGN, Historia 432, exp. 6.

302 Trens (1947: I, 294-295).

303 AHV 1810, El ayuntamiento de Veracruz al virrey, 29/9/1810.

304 AHV 1793, Querella de varios vecinos extramuros sobre los daños que dicen les hacen los ganados vacunos del teniente José M. Quirós, 1793.

305 Florescano (1986a: 35).

306 AHV 1810, Instrucciones del ayuntamiento de Veracruz para su diputado a Cortes, 1810.

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LOS DERECHOS DE LA IGLESIA.

Al hablar de los diferentes derechos sobre la tierra hay que mencionar también los títulos de la iglesia. En principio, estos se fundamentaban en lo que podríamos llamar el derecho divino: el derecho del creador, a quien la iglesia decía representar, sobre su obra. En la Nueva España – y en las Indias en general –, la situación era sin embargo más compleja.

Los regalistas de la era de Carlos III argumentaban que la corona ejercía en la Nueva España no sólo los derechos inherentes al trono, sino también aquellos que se suponía dios había cedido a la iglesia. La absorción real de estos se apoyaba en el derecho de conquista por una parte y, no había en este caso como ni porque negarlo, a las concesiones del sumo pontífice, vicario de Cristo. Este pensamiento se refleja claramente en la apreciación del diezmo, derecho de dios por antonomasia, por el visitador José de Gálvez. En un informe de 1771, el inspirador de las reformas de Carlos III escribía: “El supremo derecho de la conquista temporal y espiritual de ambas Américas, y las concesiones apostólicas, dieron a nuestros reyes católicos el absoluto dominio de los diezmos en el universal patronato de todas las iglesias, que por su piedad y liberalidades se fueron erigiendo en estos grandes imperios”.307 Ahora bien, para que la iglesia pudiera cumplir con sus tareas, la corona había transferido graciosamente el dominio útil de algunos de estos derechos divinos a las diócesis novohispanas, conservando, sin embargo, el dominio directo de todos ellos. Históricamente, los golillas de la corte estaban en lo cierto como veremos más adelante.

LOS DERECHOS DE LOS PRESTAMISTAS.

El crédito produce intereses. Cuando se presta a un productor agropecuario o a un terrateniente, los intereses constituyen una forma de renta de la tierra. El que presta exige garantías: bienes del destinatario del préstamo o bienes del fiador de éste. Un propietario puede ofrecer sus tierras como garantías. Ahora bien, sabemos que en las costas los menos poseían títulos de propiedad. En el caso de los comuneros esto no parece haber impedido la constitución de créditos hipotecarios. Pastor señala en efecto que en la Mixteca Alta, los comerciantes podían obligar desde el siglo XVII a la república a confiscar y rematar las tierras del deudor moroso.308 No excluimos que algo parecido se podía dar también en las rancherías donde el prestamista era

307 Informe de José de Gálvez, 1771, en: Fonseca/Urrutia (1845: III, 217-222. 218).

308 Pastor (1987: 179).

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a menudo, sobre todo a partir de las postrimerías del siglo XVIII, el titular de las tierras. Podemos conjeturar que también los bienes – el ganado por ejemplo – servía como garantías en los préstamos rurales. Así las cosas podemos concluir que el crédito rural establecía un derecho temporal sobre la tierra – o, si acaso, los aperos con que se trabajaba la tierra.

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5. LOS COMERCIANTES PARTICULARES, PROPIETARIOS Y USUREROS

En las cabeceras de los distritos novohispanos vivían pequeños grupos de españoles. La historiografía suele hablar de comerciantes cuando se refieren a estos grupos. ¿Qué hay detrás de este término inocente? En tiempos de la colonia, ser comerciante podía significar, como en nuestros días, ser intermediario entre colegas; sin embargo, por lo general, los ingresos del comerciante novohispano (sobre todo si se trataba de un tratante provinciano) eran renta de la tierra. La ley del comercio es “comprar barato para vender caro”.309 Comprar barato significaba adquirir mercancías locales a través de la usura, del arrendamiento de tierras, del trabajo de jornaleros reclutados con frecuencia a través de alguna forma de la renta, vender caro deshacerse de artículos de importación y de producción nacional a precios de monopolio.310

LOS PROPIETARIOS.

Empezamos el estudio del reparto del producto agropecuario de las costas entre los rentistas con el análisis de lo que Pierre Goubert ha llamado la renta propietaria.311 Consideramos que el término de propietario no carece de cierta ambigüedad. Todas las rentas derivaban, en última instancia, de derechos de propiedad. La corona ejercía el derecho de conquista sobre el reino, la iglesia el derecho de su dios sobre su creación, el censualista y el prestamista el derecho del propietario de una hipoteca, los titulares de fundos, ejidos y mercedes el derecho concedido por la corona sobre una parte de la tierra. Pero casi todas las rentas podían entenderse también como pagos por la prestación de servicios. Al hablar de la renta propietaria nos referimos en este trabajo a la realización de los derechos de los que poseían (o pretendían poseer) ejidos y mercedes. La exacción era aquí la materialización de un derecho que no tenía otro justificante que el orden establecido.

Instituciones de gobierno local y medio centenar dos personas físicas y morales ejercían derechos de propiedad en las costas del siglo XVIII. Podemos distinguir entre ausentistas que vivían por lo general en las grandes ciudades del altiplano, grupos de españoles avecindadas en las cabeceras distritales, instituciones eclesiásticas, caciques e indios naturales (cuadro 31.) 312 Todos ellos decidían, a través del manejo de sus derechos, sobre el desarrollo de las costas.

309 Marx (1990: III, 318).

310 Véase en el mismo sentido, aunque con un enfoque diferente, Pérez Herrero (1983: 98): “Los comerciantes novohispanos no sólo estaban estrechamente ligados al comercio exterior en su doble vertiente de la Mar del Sur (Acapulco) y de la Mar del Norte (Veracruz), sino también al interno, a las inversiones en la minería, manufacturas, fianzas, especulación urbana, etc. No eran sólo comerciantes tal y cual se entiende el término hoy en día, sino m|s bien hombres de negocios”.

311 Goubert (1969-1973: I, 124-127).

312 Los datos correspondientes a 1777 se tomaron todos de Siemens/Brickmann (1976: 299), aquellos que se refieren a 1831 de Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-316). Además se utilizaban las siguientes fuentes. Apango: AGN, Tierras 2951, exp. 64; AGNEO, Tomás José de Romero 1810, ff. 21-31. Buenavista: AGN, Tierras 776; AGN, Tierras 1154, exp.

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Analizamos primero la importancia de los propietarios foráneos en los distritos costeños. En la Mar del Norte, el grupo era relativamente importante en los Tuxtlas, en la Nueva Veracruz y en Cosamaloapan. Sus tierras solían estar vinculadas y muchos tenían algún título de nobleza. Destacan, por supuesto, los titulares del marquesado del Valle. El mayor y más antiguo de los mayorazgos del reino, propietario de todo el distrito de los Tuxtlas, pertenecía desde el siglo XVII a los duques de Monteleone. Sicilianos, los señores administraban sus dominios novohispanos por medio de un gobernador que residía en la capital del reino. En la Nueva Veracruz, las haciendas de El Jato, Santa Fe y La Estanzuela, tenían durante mucho tiempo dueños ausentistas. El Jato pertenecía al mayorazgo que había sido fundado por un tal Juan Sarmiento y su esposa. En 1746, la titular de la propiedad, Rosa Isabel de Alfaro, estaba registrada como vecina de Manila. El mayorazgo de Santa Fe era una de las propiedades de los marqueses de Salinas, una acaudalada familia que residía en la capital del reino. La Estanzuela, en fin, formaba parte del imperio de los Rivadaneyra, ganaderos avecindados en La puebla. Con respecto a Cosamaloapan sabemos que dos de las cinco haciendas pertenecían en el siglo XVIII a la nobleza capitalina: Uluapan era de los marqueses del mismo nombre, San Nicolás Sacapesco de los condes de Medina. Ambos linajes eran de reciente creación: Diego de Estrada y Galindo recibió el título de primer marqués de Uluapan en 1710, Juan M. de Medina y Torres el de primer conde de Medina hasta 1776. Para ese entonces, las dos familias, durante mucho tiempo avecindadas en las cabeceras costeñas, vivían en el altiplano: los Estrada en Guadalajara, los Medina y Torres en México.313

6; AHV 1773, Exp. sobre el abasto de carne; AHV 1803, Informe de José Gutiérrez de Cubas. 16/2/1802; AHV, AC 1/6/1804. Copala: AGN, Mercedes 49, f. 26; AGN, Mercedes 64, f. 113v; AGN, Tierras 2953, exp. 171; AGN, Historia 578B, f. 85. Cortijos: AGN, Historia 578 B, f. 85; Ladd (1984: 279); Peña (1983: 44). Cuyucuenda: AGN, Industria 8, exp. 14; ANO 1761, exp. 16; AHV 1810, Exp. sobre el abasto de carne; AHV, AC 22/9/1809; Gaceta de México 8/8/1786. Chiltepec: AGN, Hospital de Jesús 121, exp. 20; AHV, AC 28/4/1809; Aguirre Beltrán (1974: I, 23). Estanzuela: AGN, Tierras 494, exp. 1; AGN, Tierras 1867, exp. 4; Aguirre Beltrán (1974: I, 26). Guerrero: ACO, Diezmos Chacaltianguis XXVId; AGN, Industria 8, exp. 14; Aguirre Beltrán (1974: I, 33). Jato: AGN, Tierras 754; AHV 1810, Exp. sobre el abasto de carne. Lomas: AGN, Tierras 499, exp. 1; AGN, Templos y Conventos 15, exp. 5; ANC 1692, 22/12/1692. Nopalapan: ACO, Diezmos Chacaltianguis XXVId; Aguirre Beltrán (1974: I, 22). Nuestra Señora del Buen Suceso: AGN, Tierras 3624. Paso de Ovejas: Anónimo (1960: 3); Trens (1955: II, 447). San Felipe Michiapan: AGNEO, Manuel Franco de Lara 1780, ff. 148v-174v; Aguirre Beltrán (1974: I, 35). San Jerónimo: AGN, Mercedes 57, f. 7. San Marcos: AGN, Tierras 1212, exp. 4; AGN, Tierras 2953, exp. 171; Hart (1988: 229). San Nicolás Sacapesco: AGN, Tierras 1867, exp. 4; ACO, Diezmos Chacaltianguis XXVId; LAdd (1984: 228-238). San Nicolás, Huatulco: AGEO, Alcaldías Mayores 8, exp. 13. San Pedro de Huamelula: ACO, Diezmos del rumbo de Piñas VIIa. Santa Catalina de los Jara: AGI, México 2590, Padrón de Acayucan, 1777. Santa Catalina de los Ortizales: Aguirre Beltrán (1974: I, 35). Santa Fe: AHV 1811, Exp. sobre la venta del mayorazgo de Santa Fe; Ladd (1984: 300). Solcuautla: AGI, México 2590, Padrón de Acayucan, 1777; AGN, Tierras 704, exp. 4; AGN, Tierras 955, exp. 10; AHT leg. 5, El teniente de Tlacotalpan al intendente de Veracruz, 15/6/1807; AHV 1810, Exp. sobre el abasto de carne. Toluca: AGN, Tierras 754; AHV 1775, Informe sobre los Betlemitas; AHV 1810, Exp. sobre el abasto de carne. Tunilla: AHV 1811, Informe sobre la venta del mayorazgo de Santa Fe; Lerdo de Tejada (1950: II, 147). Tuxtla: Informe sobre el estado de la administración pública . . . 25/12/1844; en: Blázquez Domínguez (comp.), (1986: I, 409-453. 440); García Martínez (1969: 120-129). Uluapan: RPPC 1872-1873, f. 43; RPPC 1887-1888, f. 13v; Aguirre Beltrán (1974: I, 13-15). Zapotal: AGI, México 1157, Razón de las villas y pueblos de que se compone la jurisdicción de la Nueva Veracruz; AGN, Tierras 1867, exp. 4; AGN, Clero Regular y Secular 188, ff. 115-137.

313 Ladd (1984: 288. 310).

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También entre los propietarios de la Mar del Sur había ausentistas, particularmente en el distrito de Igualapa. Desde fines del siglo XVI, Mateo de Mauleón vinculó sus tierras en la cuenca del Santa Catarina para fundar la hacienda de Los Cortijos. Mauleón vivía una gran parte de su vida en la región; pero a él sucedieron con su yerno los posteriores mariscales de Castillas: nobles que tenían propiedades a lo largo y ancho del reino y que residían, desde luego, en la capital.314 La hacienda de Copala, entre Los Cortijos y San Marcos, parece haberse transferido entre vecinos de La Puebla a lo largo del siglo. San Marcos, el tercer latifundio de la zona, con tierras tanto en Acapulco como en Igualapa, se vendió en 1778 por los herederos de Juan Eusebio Gallo a Francisco Palacio y Castillo, un comerciante de la capital. Entre 1791 y 1799, los derechos de propiedad se ejercían por los anteriores administradores, José Francisco Cosio y Gregorio González. Después, San Marcos regresó a la familia de Palacio y Castillo. En el distrito de Huatulco, algunos derechos se ejercían pasado 1800 desde Oaxaca. Ignoramos cuando y como Copala y las explotaciones de Jicayan y Huatulco terminaban en manos de los ausentistas. Con todo podemos concluir que, en comparación con la Costa de Sotavento, había pocos propietarios sureños que incorporaban – y seguramente habría que decir lograban incorporar – a sus familias en el circulo exclusivo de las casas que operaban desde el centro del reino. Sólo Mauleón vinculaba sus tierras, sólo entre sus descendientes encontramos a capitalinos que ostentaban además títulos de nobleza. Miguel y Juan Eusebio Gallo iban quizás por este camino, aunque tardíamente, pero el tiempo se les hacia corto y los herederos del último mostraban poco interés en la lejana propiedad. En la Costa Chica, y muy particularmente en Jicayan y Huatulco, la realización de la propiedad no era, quizás, un negocio tan prometedor como en Sotavento.

En las cabeceras de Cosamaloapan, Acayucan y Veracruz existían grupos de propietarios particularmente. Los cosamaloapeños sobresalen por su temprana aparición. Antonio de Espinoza era en 1584 administrador del marquesado del Valle en los Tuxtla. Al abandonar el cargo obtuvo un total de 15 sitios de ganado mayor para él y sus hermanos en la cuenca del Papaloapan, terrenos que poblaba con el ganado que sacaba del mayorazgo. A mediados del siglo XVII, los Espinoza eran ya dueños de las haciendas de Chiltepec y del Pedregal y tenían derechos sobre la mitad de la hacienda de Otapan. También los Luyando son mencionados desde fines del siglo XVII como colonos de la cuenca. Con las mercedes que obtenían en aquel entonces construían la hacienda de Guerrero. Hay indicios de que la familia seguía en Cosamaloapan hasta fines de la colonia.315 Los Villaseca se registraban a fines del siglo XVII como dueños de San Nicolás Sacapesco; durante el primer cuarto del siglo XVIII ejercían también la propiedad sobre el Zapotal. En la década de 1730, los Villaseca desaparecieron como propietarios. Con ellos, el grupo cosamaloapeño perdía dos de las cinco haciendas que había explotado anteriormente. Después, la situación se estabilizaba hasta pasado 1800 cuando por lo menos una de las tres unidades restantes – ignoramos la situación de Las Lomas – fue adquirida por foráneos. Los últimos años de la colonia marcan, sin duda alguna, la desaparición de Cosamaloapan como cabecera de propietarios.

También en el vecino Acayucan se iba forjando en grupo de terratenientes locales desde fines del siglo XVI. La hacienda de Santa Catarina de los Ortices, por ejemplo, era fruto de los esfuerzos de

314 Con respecto a los orígenes del mayorazgo de Mateo de Mauleón puede verse De la Peña (1983: 44-46. 202-204). Ladd (1984: 279) lleva el árbol genealógico de la familia de los mariscales de Castilla.

315 De ACO, Diezmos Chacaltianguis XXVId, deducimos que Manuel Luyando administraba su hacienda sin intermediario alguno.

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Juan López de Ortiz y sus hermanos: colonos españoles que coleccionaban títulos desde antes de 1600. El setecientos vio el auge de los Franyuti. El primero, Juan B. Franyuti, llego en un momento dado de la primera mitad del siglo de Cádiz a la cabecera. Al redactar su testamento en 1757, Franyuti ya era dueño de Cuatotolapan. Uno de sus dos hijos, el bachiller José Anselmo Franyuti, compró en 1775 un pedazo de la hacienda de los Ortices, gravemente endeudados, y estableció el latifundio de San Felipe Michiapan. Pasado 1800, Bernardo Franyuti, hijo – ¿o nieto? – del matrimonio de María Aurelia, hermana de José Anselmo, con José Quintero, adquirió además Nopalapan y El Calabozo. Mencionamos la crisis de los Ortiz en los años 1770. También Diego Fontanes, dueño de Solcuautla, parece en problemas desde mediados del siglo XVIII. En 1757 debía una cantidad desconocida a Juan B. Franyuti, veinte años después. Solcuautla era propiedad de un tal Fernando Fernández. Otras familias no ampliaban sus propiedades en estos años pero conservan lo que tenían: los Torre - ¿parientes de los condes medina? - y los Jara, seguían en 1830 como dueños de Santa Catalina de los Jara y de San Antonio, respectivamente, haciendas que ya poseían en la década de 1770. Acayucan se explotaba según parece a lo largo de la colonia y hasta más allá de la independencia por los acayuquenses.

Durante mucho tiempo, las grandes casas de Veracruz carecían de propiedades rurales. La primera hacienda registrada a nombre de un porteño era la de Toluca. Durante una bueno parte la primera mitad del siglo XVIII, el latifundio se explotaba por Martin de Goycoechea, del comercio de Veracruz. En 1746 falleció Goycoechea y su albacea y heredero, el también veracruzano Miguel de Ormaechea y Goycoechea, vendió la explotación a su colega Gaspar Sáenz Rico. Este la donó de inmediato al convento de Belén. Otro convento porteño, el colegio de San Francisco Javier, era dueño, quizás desde su establecimiento en el siglo XVII, de la hacienda de Paso de Ovejas. Un tercero, San Agustín, había adquirido El Zapotal en 1735. Diez años después, el bachiller Antonio Erauzo, con toda probabilidad avecindado en Veracruz, consiguió la hacienda de Buenavista. En 1767 se expulsaron los jesuitas y en un momento dado, su hacienda de Paso de Ovejas pasó a remate. Pasado 1800, la hacienda era propiedad de la casa de Francisco Arrillaga. Ahora bien, la consolidación de Veracruz como ciudad de propietarios era posterior a 1800. Eran las compras de Remigio Fernández, José Domingo Izaguirre, Pérez de Limia, Fernández de la Huerta y el mismo ayuntamiento las que hacían del puerto el punto de referencia obligada para la explotación de los derechos de propiedad no solo en su distrito sino también en el vecino Cosamaloapan.

En la Mar del Sur había propietarios en Acapulco, algunas cabeceras de Igualapa y Jicayan así que en Huamelula. Vecinos del puerto de Acapulco participaban desde el siglo XVI en el reparto de las tierras del distrito. El mismo grupo heredaba durante la primera mitad del siglo XVII los bienes de la moribunda comunidad de Coyuca.316 Estas pequeñas y medidas propiedades sobrevivían por lo menos en parte hasta el siglo XVIII.317 En la parte oriental del distrito, en cambio, los Gallo las absorbían pasado 1700.

Entre los que recibían mercedes en el marco de la segunda repartición de la tierra costeña figuraban algunos vecinos de Ayutla, Jamiltepec y Pinotepa del Rey.318 Posteriormente se

316 Véase al respecto Widmer (1990: 116).

317 Véase además de las fuentes citadas en la nota 4 de este capítulo el Informe del castellano de Acapulco de 1743, en: AGI, Indif. Gral. 107, ff. 109-110.

318 AGN, General de Parte 31, f. 50; AGN, Mercedes 59, f. 198v; AGN, Mercedes 65, f. 18v. 2v. 2.

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pierden sus huellas y solo para Ayutla se documenta la residencia de propietarios españoles a fines del siglo XVIII. Con respecto a los caciques sabemos que uno que otro se traslado en un momento dado al altiplano: María de los Ángeles, por ejemplo, titular de Jicayan de Tovar a mediados del siglo XVIII, estaba casada en Tehuacan.319 Sin embargo, la mayoría de los señores indios seguían residiendo en los pueblos de la costa. Los caciques de Los Amuzgos y Tututepec, por ejemplo, establecían sus contratos con terceros aún en la década de 1820 ante el notario de Pinotepa del Rey: un signo de que pasaban cuando menos una parte del año en las costas.320 Un último grupo local que ejercía derechos de propiedad individuales en la región era el de los indios enriquecidos de Huamelula.

LOS PROPIETARIOS EN LAS CLASES DOMINANTES

En un análisis muy meticuloso sobre los propietarios de la región de Guadalajara en el siglo XVIII, Van Young ha demostrado que el terrateniente como tal no existía. Los propietarios eran casi siempre intermediarios, usureros, mineros o rentistas eclesiásticos.321 Para el Bajío, Brading ha encontrado que durante mucho tiempo, los propietarios de las grandes haciendas se reclutaban entre los intermediarios y usureros: a partir de 1780 se les juntaban los mineros.322 Los pequeños y medianos propietarios españoles de la Mixteca Alta eran, como señala Pastor, usureros que fungían por lo general también como agentes de la administración real.323 Con respecto a las grandes casas de la capital, Kicza ha insistido en que no se las puede dividir en terratenientes e intermediarios ya que todos ocupaban puntos en una línea continúa.324

El hecho de que prácticamente todos los propietarios con derechos en las costas residían o bien en las cabeceras distritales o bien en las grandes ciudades del centro, sedes del resto de los rentistas, es un primer indicio de alto grado de su imbricación en las redes que unían las clases dominantes del reino. En efecto, sólo Valerio de Jara y Fernando Fernández, propietarios acayuquenses en los años 17770, vivían en su propiedad.

Los vínculos entre los terratenientes y la minería eran escasos. Sólo los marqueses de Uluapan disponían de importantes ingresos procedentes de esta rama de la economía del reino.325 Mucho más numerosos eran aquellos que combinaban la propiedad con el intermediarismo y la usura. Sabemos que los más exitosos de los latifundistas avecindados en las costas pertenecían a este grupo: los Franyuti de Acayucan, los Goycoechea, Sáenz Rico, Fernández, Arrillaga e Izaguirre de

319 Véase AGN, Civil 212, exp. 3 con respecto a María de los Ángeles.

320 AGNO, Protocolos Jamiltepec 1822-1825, 12/4/1824; AGNO, Protocolos Jamiltepec, 1827-, 12/3/1827.

321 Van Young (1981: 139-175).

322 Brading (1988: 201-255). Véase también Tutino (1990: 63-65).

323 Pastor (1988: 290-302).

324 Kicza (1983: 165-173). Véase en el mismo sentido Ladd (1984).

325 Ladd (1984: 117).

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Veracruz.326 Los estudios sobre los comerciantes de la capital sugieren que también muchos de los terratenientes ausentistas se dedicaban a alguna forma de intermediarismo, que el caso de Palacio y Castillo no era ninguna excepción.327

Tan importante como el intermediarismo y la usura era para muchos el acceso a los puestos en la administración real. Estas actividades no eran excluyentes, al contrario: en su lugar veremos que ser justicia o recaudador de impuestos significaba casi siempre ser usurero. Entre los terratenientes que tenían también algún puesto en la administración real destacan por supuesto los Gallo. Pero también hay que mencionar a Gabriel de Tejada, teniente de justicia en Ayutla, a Bernardo Franyuti, arrendatario de las alcabalas de Acayucan, a José Sánchez García, tesorero de la real caja de Acapulco.328 Respecto a los ausentistas podríamos citar los casos del decimotercer mariscal de Castilla, Francisco de Paula Gorráez y Medina, regidor del aventamiento capitalino durante la segunda mitad de siglo XVIII, o el de Juan M. de Medina y Torres, primer conde de Medina, quien fungía como tesorero de la casa de la moneda en la década de 1770.329

Tampoco hay que menospreciar los vínculos entre la iglesia y los propietarios. La propiedad eclesiástica como tal, de menos muertas, estaba muy restringida en las costas. Conviene diferenciar entre aquellas instituciones que adquirían tierras en el marco de una rigurosa política de inversiones y aquellas que se quedaban con propiedades a raíz del endeudamiento excesivo del dueño para con ellas. Entre los primeros sobresalían los conventos de San Francisco Javier, Belén, San Agustín y, quizás, San Francisco de Veracruz.330 Otros propietarios eclesiásticos de la misma categoría eran algunas cofradías locales. La del Rosario de los indios de Huamelula adquirió amplios terrenos durante el primer cuarto del siglo XVIII.331 En la década de 1760 se remataban dos veces 7 caballerías y media en la jurisdicción de Acayucan en las cofradías del Rosario y del Santísimo Sacramento, respectivamente.332 Diferente era el caso del convento de la Limpia Concepción de México. Este había prestado sumas de consideración a Pablo Carrasco, fundador de Nuestra Señora de Buen Suceso en Coyuca. En 1703, los sucesores de la hacienda estaban tan endeudados que no podían cumplir más con sus compromisos. Así se procedió al remate de la propiedad. Como no había postor, las monjas se veían obligadas a quedarse con las tierras – que, dicho sea de paso, ya no producían nada para ese entonces. Algo

326 Véase el testamento de Juan B. Franyuti en AGN, Tierras 955, exp. 10. Con respecto a los veracruzanos remitimos a AGN, Tierras 754 y AGI, México 2943, Caja real de Veracruz 1800, Enteros a título de alcabalas.

327 Respecto a los comerciantes capitalinos remitimos a Kicza (1983: 165-173) y Pérez Herrero (1987: 293-294).

328 AGN, General de Parte 58, f. 40v (Tejeda); AGI, 2044A, Caja real de México 1765, Enteros a título de alcabalas (Franyuti); AGN, Tierras 3624 (Sánchez García).

329 Ladd (1984: 279. 288).

330 En AHV 1810, Exp. sobre el abasto de carne, se menciona al convento de San Francisco como propietario de una hacienda. Sin embargo carecemos de otros datos al respecto.

331 AGN, Tierras 612, exp. 3.

332 AGI, México 2045 B, Cuenta de la real caja de México, 1766. El bachiller Miguel Antonio de Barburen entera dos veces 127 pesos por el remate de tierras en las cofradías del Rosario y del Santísimo Sacramento.

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parecido puede haber sucedido con Cuyucuenda que estaba gravada con censos por más de 30’000 pesos a favor de una obra pía en la catedral angelina cuando su propietaria, Ana Magdalena de Aguirre, la quería vender en 1756. Treinta años después, la obra pía había tomado posesión de Cuyucuenda. Pero no todo lo que poseía la iglesia puede considerarse como de manos muertas. Había eclesiásticos que poseían tierras a título particular. A veces formaban parte de una dinastía y a su muerte, las propiedades se quedaban dentro del linaje: así José Anselmo Franyuti o José Eusebio Gallo, quizás también José Antonio Bravo.

LA ESTABILIDAD DE LA PROPIEDAD.

Había familias que conservaban sus propiedades durante generaciones. Este era, por supuesto, el caso de los mayorazgos. Santa Fe pertenecía en posesión de la casa de los marqueses de Salinas hasta su desvinculación por la audiencia en 1810.333 El mayorazgo de Juan Sarmiento debía de perder sus derechos sobre El Jato en algún momento de la segunda mitad del siglo XVIII, los Rivadaneyra desaparecieron como propietarios antes de que culminara el tercer cuarto.334 Ahora bien, la estabilidad no era exclusiva de los mayorazgos. Los Estrada y los Medina y Torres se transferían sus títulos en el seno de la familia durante más de cien años sin necesidad de mayorazgo. Mas espectacular todavía resulta el caso de los Gómez de Espinoza de Cosamaloapan que conservaban Chiltepec desde la primera ola de mercedación hasta pasado 1800. Otra familia que se perpetuaba en la propiedad era la de los Franyuti de Acayucan. Casos como estos nos hacen dudar de la afirmación de Brading de que la reglamentación de la hacienda en el imperio español no permitía la consolidación de la propiedad territorial.335

También la mayoría de los caciques mixtecos y amusgos conservaban (a diferencia de sus malogrados colegas de Sotavento) su patrimonio a fines de la colonia, con todo y los continuos pleitos por la herencia.336 En Igualapa seguían en los años 1790 los señoríos de Huehuetán, Ometepec y Sochistlahuaca; sólo habría desaparecido, en algún momento de la segunda mitad del siglo XVIII el mayorazgo de los de Jicayan.337 Los caciques de Los Amusgos y de Jamiltepec, por su parte, aún administraban sus bienes en los años 1820.338

333 El mayorazgo se menciona desde el siglo XVIII: AGN, General de parte 65, s/f.

334 Las circunstancias en las que se daban estos cambios quedan poco claras: en tanto que mayorazgos, las tierras de El Jato y de La Estanzuela no podían venderse sin permiso especial de la audiencia; resulta, empero, que no sabemos nada sobre los respectivos trámites.

335 Brading (1988: 207).

336 Pastor (1987: 84-85. 167-168) analiza la problemática de la sucesión en los linajes caciquiles desde el siglo XVI para la Mixteca Alta. La documentación reunida por Smith (1973: 185-191) muestra que esta problemática existía también en los cacicazgos del distrito de Jicayan. Para Igualapa, véase por ejemplo AGN, Tierras 1084, exp. 7.

337 AGN, Historia 578 B. La última mención del patrimonio del mayorazgo de Jicayan que encontramos data de 1768: AGN, Civil 212, exp. 3.

338 AGNEO, Protocolos Jamiltepec 1822-, 21/3/1825; 27/7/1825.

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Ahora bien, no todos los propietarios mostraban la misma capacidad como explotadores y muchos naufragaban pronto. Aunque puede haber ventas relacionadas con la falta de herederos directos consideramos que la estabilidad indica por lo general la alta rentabilidad de los derechos que se vinculaban con el titulo mientras que una época en que se acumulan las ventas sugiere más bien una crisis de esta forma de explotación. Nuestros datos no permiten un acercamiento estadístico al problema en las costas. Con todo podemos hacer algunas conjeturas.

Hasta mediados del siglo XVII parece prevalecer una relativa inestabilidad de la propiedad. Varias haciendas cuya estabilización en el periodo siguiente indica inequívocamente sus posibilidades de desarrollo se vendían a cada rato: El Zapotal, por ejemplo, o Nuestra Señora del Buen Suceso, quizás también Las Lomas, Toluca y Buenavista. Ahora bien, tampoco hay que absolutizar este cuadro. Si había explotaciones con problemas, había también otras que prosperaban. Consta que tanto los Porras Aparicio y los Rivadaneyra como los Estrada y los Medina y Torres figuraban entre aquellos españoles que llegaban desde fines del siglo XVI a la cuenca del Papaloapan para apoderarse de las tierras. Al haber acumulado un mínimo de riquezas, estos provincianos decidieron trasladarse a las ciudades del centro para tomar su lugar entre las grandes familias del reino que residían allí. Algo parecido puede haber sucedido con los dueños de El Jato y de las haciendas de Santa Fe. La relativa importancia de los ausentistas en la Nueva Veracruz y Cosamaloapan del siglo XVIII reflejaría entonces por una parte el éxito de varios propietarios en el siglo XVII, por la otra la atracción que la capital ejercía sobre los explotadores provincianos en esta época. La posibilidad de avanzar gracias a la realización de derechos de propiedad no era exclusiva de Sotavento: basta con evocar el éxito de San Marcos.

La segunda mitad del siglo XVIII se nos presenta como una época de consolidación de la propiedad: ya mencionamos algunos casos de haciendas que lograban pasado 1750 superar sus anteriores problemas. Aún los Ortiz, en serios problemas durante los años 1770, lograban sanear su propiedad con la venta de un pedazo de Santa Catalina.

A partir de 1800, las perspectivas de la propiedad ya no eran tan halagüeñas. Disponemos de la documentación necesaria para 19 haciendas. De estas, 14 se enajenaban antes de 1835. El movimiento parece en gran medida anterior a la Insurrección, ya que por lo menos 7 unidades cambiaban de dueño en la primera década del siglo XIX. San Marcos y San Nicolás seguían antes de que consumiera la independencia. Sólo Uluapan y los terrenos del marquesado del Valle se vendían comprobadamente después de 1821. Para El Calabozo, Nopalapan y La Tunilla ignoramos la cronología exacta de los cambios. Otros datos vienen a reforzar la imagen de crisis de la propiedad. Juana Méndez, dueña de Apango, quería vender sus derechos desde antes de 1810. Como no encontraba postor tenía que arrendar la propiedad bajo condiciones que quizás no eran las que más le beneficiaban.339 También en la Mar del Sur, María Petrona Hernández, cacica de los Amusgos, vendía parte de su patrimonio en 1827.340 Una ruptura con respecto al periodo anterior es innegable.

Esto sentado resulta interesante observar que los titulares de las 5 propiedades que sobrevivieron la tormenta pertenecían todas al grupo de Acayucan: a los Franyuti, los Jara, los Ortiz y los Torres. Los Franyuti, junto con algunos veracruzanos, figuraban también entre los principales compradores de tierras. En la Costa Chica, los propietarios de más residencias eran

339 AGNEO, Manuel Franco de Lara 1810, ff. 21-31v.

340 AGNEO, Protocolos Jamiltepec 1827, s/f, 12/3/1827.

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quizás los Vargas, caciques de Huehuetán.341 La crisis eliminaba a muchos pero a otros les permitía conquistar posiciones, posiciones que revelarían su importancia hasta mucho después.

EL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS.

Una parte importante de las tierras costeñas se explotaba por no propietarios.342 Al respecto podemos distinguir entre dos tipos de unidades: las milpas, parcelas que integraban explotaciones familiares, y las haciendas. Las milpas se solían ceder sin escritura alguna y por tiempo indefinido. Según las necesidades del terrateniente, pero también según la relación de fuerzas entre este y los no propietarios, el canon se estipulaba en reales, en especie o en trabajo. Unidades mayores, haciendas o ranchos, se cedían mediante un contrato formal que estipulaba la duración y el censo, regulaba los derechos sobre las mejoras en la explotación y obligaba a veces al no propietario a realizar ciertas labores.343 Mientras prácticamente todo el mundo tenía acceso a las milpas, sólo algunos, en particular los españoles, los comerciantes, podían cumplir con los requisitos para el arrendamiento de terrenos mayores.

El arrendamiento era una forma de realizar la propiedad y establecía una relación entre un explotado: el arrendatario, y un explotador: el propietario. En la medida en que había comerciantes en el primer grupo y en el segundo podían surgir roces y hasta rupturas en el seno del grupo de los españoles que, de acuerdo con nuestra tesis, formaban las clases dominantes en las costas. Ahora bien, al estudiar la dinámica de las relaciones sociales veremos que por muy graves que fueran las tensiones entre comerciantes-arrendatarios y comerciantes-propietarios, en el momento decisivo, durante la insurrección, ambos grupos luchaban en el mismo bando. La propiedad por sí sola no explica todas las solidaridades y los antagonismos en las sociedades costeñas de la época colonial.

USURA Y USUREROS.

La inmensa mayoría de los costeños eran campesinos, pequeños productores. Para pagar los impuestos, los derechos jurisdiccionales y las obvenciones eclesiásticas necesitaban conseguir reales, dinero en efectivo. Cosechas abortadas y el carácter cíclico del calendario agrícola obligaban al pequeño productor casi siempre a emprestar los reales. Según la conveniencia del prestamista, el crédito se devolvía con los debidos intereses en la forma de excedentes de la explotación familiar del campesino, de dinero en efectivo o de fuerzas de trabajo.

341 Según Hart (1988: 237), la cacica Ambrosia de Vargas poseía aún en los años 1830 un patrimonio que iba desde Azoyú hasta Cuajinicuilapa.

342 Véase infra, caps. 12-14.

343 Existe una amplia literatura sobre las posibles diferencias entre hacienda y rancho. Véase Van Young (1981: 109-113) para una discusión reciente de las diferencias teóricas. Aquí utilizamos los términos, tal como lo propone Van Young, como partes de un contínuum: una hacienda era una explotación seguramente mayor que un rancho.

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No soslayamos que había campesinos enriquecidos que practicaban la usura.344 Sin embargo, los grandes usureros eran los españoles asentados en las cabeceras distritales, los propietarios entre ellos. Hasta mediados del siglo XVIII, estos grupos actuaban bajo el control del alcalde mayor que era una especie de usurero mayor. Durante el tercer cuarto del siglo XVIII, empero, el funcionario real quedó marginado del negocio usurero; con eso, los comerciantes particulares colocaban sus fondos cómo y dónde querían.

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS EJIDOS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ.

El ayuntamiento de Veracruz era titular de terrenos inmediatos a la ciudad: los ejidos. En el siglo XVIII, estos terrenos se fraccionaban sucesivamente. Las parcelas se cedían a los vecinos que lo deseaban contra el pago de un censo anual: un peso por cada vara que medía el frente del predio. La cesión era a perpetuidad y la cuota se mantenía a lo largo de la época colonial.345 Estas características hacían de los ejidos los terrenos más codiciados de la jurisdicción de la Nueva Veracruz, sobre todo durante la segunda mitad del setecientos cuando los propietarios de las mercedes de los terrenos circunvecinos no dejaban de aumentar las rentas. No cuesta imaginar que conforme crecía la competencia por las tierras ejidales, los grupos que controlaban el ayuntamiento – y que eran, como pronto veremos, los grandes comerciantes porteños – las acaparaban para sus propios fines.

344 En el cap. 12. justificamos el uso del término de usura para el crédito rural en la Nueva España. En los caps. 10., 12. y 13. Analizaremos detalladamente la evolución del negocio usurero.

345 AHV, AC 13/11/1807. AHV 1807, Exp. sobre la solicitud de Antonio Membrilla: AHV 1807, Exp. sobre el litigio entre el ayuntamiento y Juan de Guisasola: AHV 1807, Exp. sobre la solicitud de Rodrigo García.

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6. LA REPÚBLICA DE INDIOS Y LA ECONOMIA PÚBLICA DE LOS PUEBLOS

Con la conquista y la subsiguiente colonización, los españoles transformaban a los náhuas, popolucas, tlapanecos, mixtecos, amusgos, chatinos, zapotecos y chontales en indios. Estos indios se organizaban en pueblos: un término que habrá que definir con más exactitud en este capítulo. Cada pueblo formaba un pequeño mundo con dos elementos fundamentales: las economías familiares de los comuneros y la economía pública, los bienes del común administrados por la república, el gobierno indio.

La imagen de las comunidades campesinas igualitarias es un producto de cierta historiografía que proyecta al pasado lo que no se atreve a postular para el futuro.346 Con respecto a los indios novohispanos bastaría con recordar los comentarios de Humboldt sobre aquellos indios “que bajo la capa de miseria ocultan riquezas considerables”: los Axcotlan, Sarmiento y Romeros de Cholula, los Xochipiltécatl de Huejotzingo o los Tecuanuegas de Los Reyes, todos con caudales de 160 a 200,000 pesos.347 En el seno de los pueblos se iban reproduciendo las relaciones de producción y de explotación que encontramos a nivel regional. Entre los sendos comuneros, a nivel de las economías familiares, se desarrollaban pronto formas de usura y, aunque el régimen jurídico de los pueblos desconocía la propiedad privada, de renta propietaria.

¿Cuáles eran las funciones de las repúblicas de indios? ¿Quiénes tenían acceso al gobierno indio? ¿Cómo evolucionaba la economía pública de las comunidades a través del tiempo? Estos son los problemas que abordamos en este capítulo.

ADMINISTRACIÓN Y JERARQUÍA SOCIAL

A fines del siglo XVI e inicios del siglo XVII, la mayoría sino todos los señoríos tradicionales perdían el derecho de levantar tributos entre los naturales.348 Al poner el gobierno universal de los pueblos en manos de la república, una real cédula de 1618 daba definitivamente al traste con el régimen de los caciques.349 Parece, empero, que algunos de los caciques mixtecos y amusgos seguían ejerciendo ciertos derechos simbólicos sobre las comunidades de su antiguo señorío. La república de Pinotepa de Don Luis, encabezada por el gobernador don Pedro García, procedió en 1709 a la composición de sus tierras. En la solicitud, el gobierno indio señalaba que su pueblo pertenecía al cacicazgo de Tlacamama-Pinotepa, a la sazón en manos de doña María Salmerón, y añadía que la merced real tenía que entenderse salvado el derecho “de dicho cacicazgo que se reduce tan solamente al reconocimiento que tenemos de atender a dicha doña María como

346 Un ejemplo, seguramente el más inteligente, de este tipo de literatura es Carmagnani (1988). Ejemplos de obras más sensatas, aunque más toscas, son Pastor (1987) y Van Young (1992f).

347 Humbold (1985: 69).

348 Véase Widmer (1990: 161-164) para la Costa Chica y Aguirre Beltrán (1974: IV, 7-8) con respecto a la Costa de Sotavento.

349 Véase Pastor (1987: 89-90) con respecto a la cédula de 1618.

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señora del (i.e. del pueblo) sin contribución alguna, por avernos querido aser esta venía”.350 Los derechos de la cacica sobre Pinotepa no se dejan captar con el concepto de propiedad strictu sensu ya que la merced se extendía a nombre exclusivo de la república. Como la cacica no formaba parte de esta república ni vivía en los términos del pueblo tampoco podemos hablar de un derecho derivado de algún cargo en el gobierno local. Se trataba de un derecho consuetudinario cuyas implicaciones reales son difíciles de evaluar.351

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el número de funcionarios de las repúblicas de indios podía ser muy elevado. La lista del gobierno de Tlacotalpan para 1786 comprendía 34 nombres, la de 1790 hasta 40 – y eso en una comunidad que no rebasaba 500 cabezas.352 En San Andrés Tuxtla, se contaban en 1776 28 funcionarios por una población india de 915 personas.353 Ahora bien, no todos los miembros de la república de pueden considerar como gobernantes. Carmagnani distingue entre cargos honorífico o de prestigio y cargos bajos o de servicio, nosotros preferimos hablar de puestos de decisión y de cargos de ejecución.354 La posición de más categoría era la gubernatura: le seguía de cerca la alcaldía. Gobernadores y alcaldes administraban los bienes comunales y eran responsables – con sus bienes – de la entrega del tributo real. Para fortalecer su posición, el rey les había dotado de poderes jurisdiccionales sobre el común. Ambos tenían derecho, en el siglo XVIII, al uno por ciento de lo que recaudaban a titulo de tributo real como compensación para sus esfuerzos.355 La regiduría se consideraba como un oficio honorífico: sin embargo sus titulares dependían cuando menos en la recaudación de los derechos del rey de las autoridades superiores. Abajo en la jerarquía se situaban los alguaciles así como los topiles y tequitlatos, policías judiciales y fiscales, respectivamente.356

No todas las comunidades tenían su propia gubernatura, en algunas faltaba hasta la alcaldía. De las 30 repúblicas que tenía el distrito de Igualapa en los años 1770, sólo Ayutla, Cosoyoapan, Cuapinolas, Cuautepec, Igualapa, Ometepec y Sochistlahuaca contaban con un gobernador propio; en el resto de los pueblos, la jerarquía llegaba hasta la alcaldía.357 Medio siglo antes observamos en el área de Juquila diez repúblicas que se componían nada más de un regidor y de un alguacil mayor.358 Detrás de estas situaciones se escondían relaciones de dependencia: las

350 AGEO, Alcaldías Mayores, Exps. sin clasificar, Exp. sobre la confirmación de las tierras de Pinotepa de Don Luis, 1709.

351 Quizás este derecho se pueda comparar con los honores que recibían los señores de Sochistlahuaca aún a inicios de este siglo por parte de sus antiguos súbditos. Como se nos ha dicho en este pueblo amusgo, al visitar el cacique había que observar ciertas formas, entre otras cosas había que llevarle regalos.

352 AHT, leg. 2, exp. 9, Exp. sobre la elección de la república de Tlacotalpan, 30/11/1785; AHT, leg. 3, exp. 4. Exp. sobre la elección de la república de Tlacotalpan, 20/11/1789.

353 Medel y Alvarado (1963: I, 112).

354 Carmagnani (1988: 196-197).

355 Carmagnani (1988: 217).

356 Con respecto a la jerarquía interna de las repúblicas, véase Pastor (1987: 95-101).

357 AGN, Propios y Arbitrios 10.

358 AGN, Indios 50, f. 18-21v.

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repúblicas con gobernador tenían jurisdicción sobre aquellas que se regían por un alcalde; la autonomía de los pueblos cuyo gobierno se resumía en una regiduría era, como veremos enseguida, prácticamente cero. Llamamos a los primeros cabeceras, a los segundos subcabeceras y a los terceros sujetos.

Las repúblicas eran cuerpos electos. En una elección hay quienes eligen, quienes son electos y quienes atestiguan o controlan el proceso. Carmagnani ha sugerido que los comuneros de cada pueblo elegían a sus respectivas autoridades locales: el gobernador, en cambio, hubiera sido electo por representantes de todas las repúblicas sometidas a la jurisdicción del puesto.359 Esta forma se daba en algunas partes como demuestran los ejemplos que aduce el autor. Empero, también existían otras formas. Nicolás de Zarate, gobernador de Juquila, relata así su reelección en 1724. “Digo que habiéndose juntado los naturales de dicho pueblo (Juquila), el día primero de noviembre como es costumbre, en sus casas de comunidad para la elección de gobernador, alcaldes y demás oficiales de república de dicha jurisdicción, guardando las solemnidades que en todo se acostumbran, todos a una voz, nemine discrepante, me reelixieron por tal governador para el año próximo de setecientos y veinte y quatro; y aunque agradeciéndoles la elecsión que de mi persona hicieron les dije que reconociesen si persona suo libio la hallavan de más confianza, concluyeron que no querían otra.”360 La república de Juquila comprendía no sólo los funcionarios de la cabecera, sino también los regidores y alguaciles mayores de sus 10 sujetos como indica el mismo documento. Sin embargo, la elección se nos presenta como un asunto exclusivo de los comuneros de la cabecera. Los sujetos debían de carecer así de cualquier orégano jurisdiccional electo autónomamente.

De acuerdo con el reglamente de Felipe II, la asamblea de la que surgía la república tenía que celebrarse bajo la dirección del cura párroco del partido.361 El acta de la elección se enviaba al alcalde mayor para que la transmitiera al virrey. De acuerdo con las leyes de indias, sólo hacía falta la confirmación por el virrey; eso no obstante, en la práctica se concedía también al justicia local el derecho de aprobación.362 En el marco del empuje regalista de la segunda mitad del siglo XVIII, la corona concedió en 1786 la presidencia de las elecciones al justicia real; el derecho de la confirmación pasó de virrey al intendente. Sin embargo, el cambio habrá sido lento y parcial. La elección de la república de Tlacotalpan de 1790, por ejemplo, se atestiguaba por el cura y el justicia.363 Los funcionarios real y eclesiástico tenían múltiples posibilidades de manipular la elección. Las elecciones guiadas son difíciles de comprobar. Pero existían maniobras mas burdas. Un desesperado vicario de Juquila hizo en 1724 falsificar el acta de la elección para imponer a su protegido.364 Para invalidar la reelección de Sebastián Gregor como gobernador de Ometepec, Juan Vicente de Rajas, alcalde mayor de Igualapa, desenterraba una real cedula de 1747 en que se prohibía la reelección inmediata de los altos funcionarios indios. Sin embargo, el verdadero

359 Carmagnani (1988: 192).

360 AGN, Indios 50, f. 18-21v.

361 Pastor (1987: 88).

362 Véase los procesos de confirmación de las elecciones en Juquila (1724) en AGN, Indios 50, ff. 18-21v, y Ometepec (1768) en AGN, Indios 60, ff. 272-275v.

363 AHT, leg. 3, exp. 4, Acta de la elección para la república de Tlacotalpan, 1789.

364 AGN, Indios 50, ff. 18-21v.

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motivo del justicia real no era el celo por cumplir con sus deberes sino el hecho de que Sebastián Gregor y su bando se le habían opuesto en varias ocasiones durante su primer mandato.365 En el peor de los casos, el alcalde mayor podía destituir a un gobernador rebelde por cualquier bagatela: siempre existía algún pretexto legal que justificaba la intervención, siempre había también un bando dentro de la misma comunidad que esperaba su turno. José de Toca y Herrera y Juan Francisco de Soldevila, dos alcaldes mayores del distrito de Tuxtla en los años 1720, hacían y deshacían las repúblicas de Santiago y San Andrés como más les convenía.366

Con respecto a la elegibilidad hay que distinguir entre los cargos de ejecución y los puertos de regidor, alcalde y gobernador. A los primeros podía acceder cualquiera: para los segundos se exigía – hasta 1786 – el carácter de principal del candidato. Carmagnani ha demostrado, como pensamos de una manera contundente, que para los indios existían dos tipos de principales: los nobles por nacimiento – entre que para los indios existían dos tipos de principales: los nobles por nacimiento –entre estos los caciques – y los nobles de carrera. Estos eran por su origen macehuales, comuneros sin títulos de abolengo; su ascenso se explicaba por méritos, por haber servido en todos los cargos bajos de la administración india.367

Casi todos los caciques y principales del altiplano central perdieron el poder político con el establecimiento de las repúblicas entre 1580 y 1640. Los señores naturales de la Mixteca Alta y del Valle de Oaxaca, en cambio, se convirtieron a fines del siglo XVI en gobernadores.368 Con respecto a los señores amusgos y mixtecos de la Mar del Sur sabemos que muchos quedaron marginados del gobierno local desde fines del siglo XVI, entre ellos los titulares de Igualapa y de Ometepec.369 En otras cabeceras, empero, el fenómeno del gobernador – cacique no era desconocido en el siglo XVII: Pablo de Ávila y María Salmerón, por ejemplo, combinaran durante muchos años cacicazgo y gubernatura de Los Amusgos y de Pinotepa del Rey, respectivamente.370 Los electores de la cabecera de Tututepec y de sus sujetos de Jamiltepec, Tetepec, Huaspaltepec y Huasolotitlan por su parte eligieron en 1675 a su cacique, Juan Cortés Salazar, para gobernador de la comunidad.371 Ahora bien, consta que aún en estas cabeceras no todos los caciques eran gobernadores ni todos los gobernadores caciques.372 El caso de María Salmerón que debía tanto el cacicazgo como la gubernatura al decidido apoyo de la república sugiere que el ascenso de los señores naturales en la jerarquía comunitaria se explicaba, por lo

365 AGN, Indios 60, ff. 272-275v.

366 AGN, Civil 43, ff. 244-278.

367 Carmagnani (1988: 194-197). Pastor (1987: 201-208) admite implícitamente la existencia de principales de oficio pero no consigue conceptualizar la observación

368 Pastor (1987: 81-82. 166); Taylor (1977: 35-65).

369 Widmer (1990: 160).

370 AGN, Indios 16, f. 36; AGN, Tierras 116, exp. 4; AGN, Tierras 1875, exp. 3.

371 AGN, Indios 25, f. 82.

372 Señalamos dos casos concretos. AGN, Tierras 191, exp. 3: en 1701, Diego de Ávila es cacique de Los Amusgos, pero no gobernador. AGN, Tierras 1875, exp. 3: a mediados del siglo XVII, Juan Vásquez ocupaba durante varios años la gubernatura de Pinotepa, mientras el titular del cacicazgo, Pedro Salmerón, estaba sin cargo administrativo.

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menos en algunas ocasiones, no en función de su propia fuerza sino por la fuerza de las instituciones que les apoyaban. A fines del siglo XVII. La época dorada de los caciques mixtecos y amusgos pertenecía, así parece, al pasado.

Con respecto a los señores nahuas y popolucas de Sotavento sabemos que ni el caso de Cosamaloapan ni la de Putlancingo sobrevivieron los cambios de fines del siglo XVI. En los Tuxtlas, empero, había aún en las postrimerías del setecientos un nutrido grupo de gentes que los documentos de la época caracterizaban como caciques. El padrón de San Andrés de 1777, por ejemplo, registraba al seis por ciento de la población del partido como cacique. Miembros de estas familias caciquiles ocupaban a lo largo del siglo XVIII altos cargos en la republica. Mateo Isidoro y Agustín Miguel se sucedían en la gubernatura en los años 1720. Miguel Tapia era alcalde en 1750, José de la Cruz Peaga gobernador en 1797. Ahora bien, consta que aun en San Andrés, no todos los gobernadores eran caciques. En efecto sabemos que desde 1720, un tal Mateo Juárez, hombre de origen macehual –aunque podía reclamar, tal vez la cualidad de principal de carrera –logro desplazar a los señores tradicionales de la gubernatura gracias al apoyo del justicia de turno.

En la Mixteca Alta, el ocaso de los caciques permitió el ascenso de los principales de abolengo en el gobierno republicano. Sin embargo, conforme avanzaba el siglo XVIII se iban imponiendo cada vez más macehuales que escalaban la jerarquía comunitaria. Desde antes de 1800, los principales tradicionales habían desaparecido de las republicas. Hay un hecho que deja entrever que la rivalidad entre los principales de abolengo y los de carrera se daba desde temprano también en la lucha por la gubernatura de Juquila.373 El primero se encabezaba por Nicolás de Zárate, principal de abolengo y gobernador saliente. Su padre, José de Zárate, había ocupado el puesto durante más de treinta años hasta que muriera a inicios de la década de 1680; incluso había usurpado el título de cacique.374 Al frente del bando opuesto estaba un anciano de origen macehual llamado Juan de la Cruz. Zárate había salido electo debidamente en la asamblea, pero el vicario del lugar intrigaba para imponer a Juan de la Cruz, evidentemente un hombre de su agrado. Ante la ausencia del justicia, Zárate se dirigió en una carta al virrey y consiguió que se reconociera su elección. Teniendo en cuenta los problemas que enfrentaban los caciques de San Andrés durante estos mismos años no descartamos que los procesos estudiados por Pastor se daban también en las costas: que también aquí se iba preparando el relevo de la nobleza hereditaria – caciquil o no – por macehuales, principales de carrera, a partir del primer cuarto del siglo XVIII.

El posible relevo de la nobleza de abolengo por una nobleza de carrera en el control de las repúblicas podría explicarse o bien por el fortalecimiento previo de cuando menos una parte de los macehuales, o bien por la intervención de los funcionarios españoles. Quizás habría que combinar ambas hipótesis. Primero se enriquecían los macehuales, luego, para afianzar su riqueza con el control de las instancias jurisdiccionales, se aliaban con los alcaldes mayores y los curas. De ser así debía de haber desde el siglo XVII mecanismos que permitían el enriquecimiento individual al margen de la comunidad. Esto por su parte indicaría que los comuneros empezaban desde temprano a escapar al control real de la república. Carecemos de

373 AGN, Indios 50, ff. 18-21v.

374 AGN, Indios 28, f. 132.

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pruebas para fundamentar estas conjeturaciones, pero veremos otros indicios en este sentido a lo largo de este capítulo.375

Para las grandes mayorías de los macehuales, el posible relevo en el mando no implicaba una mayor participación en los asuntos de gobierno. Ellas seguían siendo plebe para los republicanos y los principales.376 La política india seguía siendo un asunto de camarillas que se combatían y que se mantenían en los puestos según las alianzas que lograban establecer con las autoridades españolas. Lo que cambiaba era el carácter de los protagonistas.377 Durante el siglo XVI, la lucha había sido entre diferentes aspirantes al cacicazgo, durante el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII se enfrentaban nobles tradicionales y principales de carrera, conforme avanzaba el tiempo se desarrollaban los pleitos entre facciones de macehuales, principales de carrera. ¿Qué diferencia hay, en efecto, entre la ya citada elección de Nicolás Zarate a gobernador de Juquila para 1724 y la de la república de Tlacotalpan para 1790 como la describe el acta? “Elección para el gobierno de naturales que hacemos y celebramos a 20 de noviembre de 180 para el siguiente año de 90, estando congregados los antiguos del cabildo actual y pasado que se han efectuado a nuestra (¿invitación?) y en presencia del Señor D. Isidro Vicente Carlín, teniente en este partido, y el Sr. Cura Párroco por S. M., D. Juan Manuel Torres, y en la parte más pública de nuestra audiencia conformados, con la aclamación del común de indios que componen plebe”.378 Una unanimidad sospechosa en ambos casos, una elección guiada por manos invisibles para el historiador pero muy sensibles para los que sufrirían las consecuencias de su elección al año siguiente.

LA JERARQUÍA TERRITORIAL DE LA POLÍTICA INDIA

Las comunidades del siglo XVIII se organizaban por redes de dependencia que se pueden captar con los términos de cabeceras, subcabeceras y sujetos. Formalmente, la jerarquía se manifestaba en el rango que ostentaban los funcionarios que estaban al frente de las sendas repúblicas. Un gobernador presidía el gobierno de la cabecera, un alcalde el de la subcabecera, un simple regidor el sujeto.379 Tener un alcalde significaba tener cierta autonomía en la recaudación de los tributos reales. En Ixcapa, el estatus de subcabecera implicaba a inicios del setecientos que su alcalde tenía el derecho de acompañar al gobernador de la cabecera, Tlacamama, cuando este

375 Véase infra, cap. 12., para los mecanismos que permitían a algunos el enriquecimiento al margen de la comunidad.

376 El término plebe se aplica desde el siglo XVII por los republicanos y los nobles de abolengo al común. Véase por ejemplo AGI, México 600, El cacique de Tlacamama y otros gobernadores y caciques del obispado de Oaxaca al virrey, 1/12/1662. Véase también infra, el acta de la elección de la república de Tlacotalpan de 1790.

377 No entendemos como Pastor (1987:203) puede hablar de un “régimen m|s o menos democr|tico” al referirse a las repúblicas controladas por los macehuales.

378 AHT, leg. 3, exp. 3, Acta de elección de la república, 1789.

379 Pastor (1987:95).

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recorría la comunidad para realizar los derechos del rey.380 En el distrito de Igualapa, los alcaldes de las subcabeceras ‘enteraban’ – así rezan las fuentes – a fines del siglo XVIII independientemente de los respectivos gobernadores el tributo de sus pueblos.381 No sabemos en cambio de ningún regidor que desempeñara funciones en la recaudación del tributo real.

Entorno a 1790 había 57 comunidades en Jicayan; 28 tenían el estatus de cabecera, el resto estaba en algún grado de dependencia con aquellas. Esto sentado consta que todas y cada una de las repúblicas tenía su economía pública, su caja de común.382 De allí deducimos que cuando menos las subcabeceras – nuestra documentación no nos dice si existían sujetos para ese entonces en la región – administraban sus propios recursos.383 Queda la pregunta si los últimos actuaban bajo la supervisión del gobernador de la cabecera o de una manera totalmente independiente. Sea como sea, consta que los comuneros de las subcabeceras y de los sujetos se fiscalizaban no sólo por su propio gobierno sino también por los respectivos gobiernos superiores. Carmagnani ha demostrado que estas exacciones podían ser de consideración y que consistían tanto en reales como en jornadas de trabajo.384 En gubernaturas muy extendidas a la prestación de trabajo en la cabecera podía ser una obligación muy pesada. Los comuneros de la subcabecera de Chayuco y de sus sujetos de San Cristóbal Nutatiu y Santa María Nutío, por ejemplo, tenían que recorrer de doce a dieciséis leguas para dar el tequio en la cabecera de Tututepec.385 Los de Ixcapa caminaban cinco leguas para acudir a las milpas de la república de Tlacamama.386

La estructura territorial de las comunidades estaba sometida a cambios a través de los siglos. En términos generales podemos hablar de una tendencia al fraccionamiento, a la multiplicación de los entes autónomos. La Costa de Sotavento era quizás muy fragmentada desde tiempos prehispánicos. Al norte del Papaloapan había siete señoríos náhuas: Amatlán, Cosamaloapan, Putla, Otatitlán, Putlancingo, Tlacotalpan, Tlalixcoyan y Santiago Tuxtla; al sur de dicho río existía una serie de cacicazgos popolucas entre los cuales destacaba el de Huaspaltepec.387 El establecimiento de las encomiendas y más tarde las congregaciones llevaron a la desaparición de muchos sujetos. Tlacotalpan, por ejemplo, acogió en 1601 a cuatro de sus estancias; una quinta, Alvarado, era ya en ese entonces asentamiento de españoles.388 Otros sobrevivieron, emancipándose en un momento dado. San Andrés se separó junto con su sujeto de Catemaco en

380 AGN, Indios 47, f. 19.

381 AGN, Propios y Arbitrios 10.

382 AGN, Propios y Arbitrios 23, f. 29v; AGEO, Tesorería Principal, leg. 12, exp. 4.

383 Carmagnani (1988:208) afirma que sólo las cabeceras tenían sus cajas de común, y que estas centralizaban todos los recursos de la jurisdicción de la cabecera.

384 Carmagnani (1988:210-211).

385 AGN, Indios 58, ff. 84v-88.

386 AGN, Indios 47, f. 19.

387 Aguirre Beltrán (1974:II, 41-44); Gerhard (1986:87-90.140-144.340-352.369-372).

388 AGN, Tierras 1867, exp.4.

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1718 de la cabecera de Santiago.389 Jaltipan, aún a mediados del siglo XVIII subcabecera de Tenantitlán, tenía un gobernador propio en 1807.390

En la Costa Chica del siglo XV, la cabecera de Tututepec controlaba un gran número de pueblos entre la cuenca del Santa Catarina y la bahía de Huatulco.391 La conquista española significaba una primera desmembración de la unidad.392Posteriormente, el proceso avanzaba a gotas. En la década de 1570 afectaba a la cabecera de Sochistlahuaca, a fines del siglo XVIII, la tendencia segregacionista se acentuaba. Una primera ola de erecciones de nuevas cabeceras se observa entorno a 1720, otra en la década de 1750 (cuadro 32).393

La argumentación de los solicitantes era siempre la misma: estaban cansados de la explotación por la cabecera. Para las mayorías importaba desde luego si tenían que caminar varias leguas para prestar sus jornadas obligadas o si podían trabajar en las inmediaciones de su asentamiento. Pero seguramente hay que ir más allá en la evaluación del fenómeno emancipador. Pastor observa el mismo proceso en la Mixteca Alta y lo relaciona con presiones de los colonos españoles. Al fragmentarse las comunidades, aduce, estas se debilitaban y se volvían más manipulables.394 Coincidimos en principio con esta visión de las cosas; pensamos, empero, que hay que ir más lejos: a las presiones externas respondían presiones nacidas en el seno de las comunidades. Señalamos arriba la posibilidad de que se produjera a partir del primer cuarto del siglo XVIII un relevo en el control de la república y especulamos que el proceso se tenía que vincular con el fortalecimiento previo de algunos macehuales. Esta segunda hipótesis es susceptible de aclarar también el fenómeno de la fragmentación de las repúblicas que se inició durante la misma época. Para aquellos comuneros de los pueblos dependientes que lograban acaparar tierras y enriquecerse, el estatus de su grupo significaba una contínua sangría de recursos por una parte, un obstáculo al pleno control sobre los bienes comunales por la otra. Como particularmente doloroso habrían sentido la cesión de mano de obra a la cabecera: mano de obra que ellos mismos muy bien podían utilizar, probablemente, en sus propias explotaciones. La ola de solicitudes de la década de 1720 bien podía reflejar entonces la afirmación de un grupo de indios enriquecidos. Este enriquecimiento se vinculaba talvez con la crisis demográfica de fines del siglo XII que facilitaba el acaparamiento de tierras: está allí el ejemplo ya mencionado de los comuneros de Huamelula que compraban tierras del extinto pueblo de Pijutla no a título de la comunidad sino a título individual. La nueva efervescencia epidemiológica de los años 1730 interrumpió el proceso – se necesitaba un mínimo de comuneros para pedir la autonomía – pero al mismo tiempo creó las bases para su aceleramiento y culminación en la década de 1750.

389 Medel y Alvarado (1963:I,84-85.112-113).

390 Villaseñor y Sánchez (1746:I,366-369); AGN, Clero regular y secular 207, exp. 11.

391 Widmer (1990:33-39).

392 Widmer (1990:63-64).

393 AGN, Indios 38, ff. 68.279; Indios 47, ff. 19.249-254.254-258v.259-264; Indios 50, f. 378; Indios 56, ff. 84-88.320; Indios 58, ff. 144v-147; Indios 60, ff. 131.147v.157.

394 Pastor (1987:176)

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LA CAJA DE COMUNIDAD

La república ejercía, en nombre del común, derechos sobre las tierras y los comuneros del pueblo. Las rentas que producían estos derechos se enteraban en la caja de la comunidad, una institución establecida a mediados del siglo XVI.395 Hasta el tercer cuarto del siglo XVIII, las rentas consistían básicamente en el producto de las explotaciones del común: explotaciones que se trabajaban como mostraremos enseguida con mano en obra reclutada a través de los derechos fiscales de la republica sobre los comuneros. A partir de los años 1770, las explotaciones del común empezaban a disolverse y la contribución en trabajo se iba sustituyendo por un impuesto en reales. La fiscalidad ordinaria se podía extender a discreción mediante derramas: contribuciones en trabajo, productos o reales. Estos ingresos podían completarse con la venta de mano de obra fiscal y el arrendamiento de tierras del común.396

Las obligaciones del común eran múltiples. Al alcalde mayor y al cura debían sustento y servicios. Ambas autoridades tenían además derecho a sus residencias: las casas reales y la iglesia y sus anexos, respectivamente. A los indios incumbía también el mantenimiento de los caminos en los tramos que caían en los términos de su pueblo.397 Trámites ante las autoridades superiores: quejas contra los excesos de algún funcionario real o eclesiástico, solicitudes por la dotación con tierras, etc., causaban gastos extraordinarios que solían ser consideración. Más allá, la economía pública de las comunidades tenía que costear su propio funcionamiento y, de ser posible, acopiar provisiones para hambrunas y epidemias.

El producto que arrojaba la economía pública solía ser mayor a las obligaciones. Así se acumulaban fondos en las cajas: las 31 repúblicas de Igualapa disponían en 1786 de 4’600 pesos, las 57 del distrito de Jicayan en 1789 de 4’222 pesos, los 13 gobiernos de Huatulco este mismo año de 3’238 pesos.398 En principio, este ahorro colectivo podía invertirse en préstamos a los comuneros – con o sin fines lucrativos – o a terceros.399 Sin embargo, también podía servir como capital usurario a disposición de la república o, el caso dado, del cura o del alcalde mayor.400

Durante mucho tiempo, el manejo de los fondos se supervisaba por el párroco. A partir de mediados del siglo XVIII, empero, observamos el intento de la corona de acaparar el control sobre los caudales comunales. En 1758, el alcalde mayor de Igualapa ordenó a las repúblicas de su distrito que para cualquier gasto superior a 20 pesos procuraran el permiso del virrey.401 Es muy probable que se trataba de un nuevo reglamento que se aplicaba en todo el reino. En la década de 1780, la corona iba todavía más lejos y mandó que los fondos se transfirieran a las

395 Véase Gibson (1967: 196-224) y Pastor (1987: 90-95) sobre el origen de las cajas.

396 Véase Infra, cap. 13., con respecto al comportamiento de la república como propietaria.

397 AGN, Subdelegados 26, exp. 5 (Igualapa, 1790).

398 AGN, Propios y Arbitrios 24, ff. 29v.31; Gaceta de México, 7/11/1786.

399 Carmagnani (1988: 130-132).

400 Pastor (1987: 93-94). Carmagnani (1988: 119-132) presupone desde luego la honestidad de los funcionarios.

401 AGN, Indios 58, f. 340. Véase también Pastor (1987: 200).

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cajas reales y de allí al Banco de San Carlos. Además determinó que cada vez que se juntarán de 200 a 300 en las cajas, estos tendrían que depositarse en la citada institución. No extraña que los réditos prometidos del 4 por ciento no se pagaran nunca.402

Sabemos que había realmente transferencias considerables de las de las cajas comunales a real hacienda desde mediados de la década de 1780: dejamos abierto si eso se debía a la presión fiscal de la corona o a que las clases dominantes de los pueblos se sentían solidarios con la corona.403 Con todo, hay indicios de que muchas repúblicas seguían conservando una considerable liquidez. Las pequeñas comunidades de Acapulco manejaban en 1803 ahorros por un total de m|s de 3’500 pesos.404 Las cajas acayuquenses, sometidas al régimen de las transferencias desde antes de 1790, podían contribuir en 1795 con 1’500 pesos a las donaciones al rey.405 Tres factores pueden explicar la sobrevivencia de las cajas durante los últimos 50 años de la Colonia. Para empezar hay que considerar la posibilidad de que los fondos disponibles se administraran ahora con criterios de eficiencia: que los préstamos se concedían a los que podían pagar los réditos comunes en la época y no a los que necesitaban un crédito blando para sobrevivir, por ejemplo. También es posible que se multiplicaran los contratos de arrendamiento sobre las tierras comunales, aprovechando de esta manera el alza del valor de la tierra a fines del siglo XVIII. En fin, no podemos descartar una mayor presión fiscal sobre los comuneros. Fuera cual fuera la solución adoptada por las repúblicas, los que salían perdiendo eran los comuneros pobres: los que dependían del crédito barato y del acceso a los montes y bosques comunales, los que sudaban por cada real que se les pedía. Así las cosas, los pobres veían cada día menos la utilidad de los lazos comunitarios. Los cambios en el régimen de la economía pública durante el último cuarto del siglo XVIII eran a todas luces susceptibles de motivar el debilitamiento de los lazos comunitarios y de contribuir, en un momento dado, al éxodo de los pobres del pueblo.

LA FISCALIDAD COMUNITARIA

Durante mucho tiempo, la economía comunitaria se apoyaba básicamente en el producto de explotaciones propias: las milpas y los ranchos del común, por lo menos en Astata y Soconusco también las salinas.406 Para eso no importaba, según parece, si el pueblo poseía tierras o no. Podemos pensar que mientras un pueblo ejercía derechos de propiedad, estas unidades se establecían en sus tierras. En pueblos que carecían de títulos, las tierras se tomaban en

402 Pastor (1987: 200. 260).

403 AGN, Historia 326, ff. 1-10 (Acayucan); AGN, Propios y Arbitrios 24, f. 29 (Jicayan) y Gaceta de México, 7/11/1786 (Igualapa). Véase también las transferencias de fondos de las repúblicas acapulqueñas a la caja real de la capital en los años 1790 en AGI, México 2062-2071, Caja real de México, 1796-1802.

404 AGN, AHH 404, exp. 6.

405 AGI, México 2937, Caja real de Veracruz, 1795. Carmagnani (1988: 130-132) sugiere que la descapitalización de las cajas se compensaba con ingresos monetarios adicionales.

406 AGN, Tierras 431, exp. 1; Estadística del departamento de Acayucan, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 61-120. 88).

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arrendamiento. Esta última solución debía de ser bastante común en los pueblos igualapeños. De acuerdo con un informe del Justicia, sólo 4 pueblos del distrito tenían tierras en propiedad para 1789. Sin embargo, quince años antes, cuando menos 28 repúblicas labraban una milpa, 9 de ellas tenían también un rancho de ganado mayor.407

El comunero debía a la comunidad cierta cantidad de jornadas de trabajo cada año: el tequio. Para la labranza de las milpas y el pastoreo de los hatitos, la república recurría básicamente a este derecho. Los días fijados por el gobierno, todos los obligados se juntaban para acudir a los labores. Pero el llamado no era sólo para trabajar, sino también para comer. La república organizaba tanto el trabajo como la comida. Hay indicios de que no se comía tan mal en esos días. Los que acudían en 1783 a la siembra del maíz en la milpa del común de Ayutla, por ejemplo, se repartían una vaca entera.408

Las comunidades que tenían milpas sembraban, durante el último cuarto del siglo XVIII, maíz, a veces también algodón. Sólo en Pochutla encontramos una nopalera con grana.409 Se trataba sin excepción alguna de cultivos comunes en las regiones costeñas: los mismos que encontramos también en las milpas de los particulares. En principio, la producción se destinaba a la venta: empero, también se usaba para alimentar a los comuneros los días del tequio y, tal vez, los días de fiestas: de allí quizás la predominancia del maíz. En las pequeñas comunidades del distrito de Acapulco se producía a fines del siglo XVIII exclusivamente maíz en la milpa del común.410 No sabemos a cuanto ascendían las deducciones antes de la venta. Pero sí vemos que en años en que las condiciones meteorológicas no eran muy desfavorables, la milpa dejaba un producto que dividido por el número de comuneros arrojaba de entre 4 reales y 1 peso por unidad doméstica.

A partir del último cuarto del siglo XVIII se discutía sobre el arrendamiento o la disolución de las explotaciones comunitarias. Muchas milpas se abandonaban efectivamente en este periodo. En el distrito de Igualapa, el proceso estaba en marcha desde la década de 1770, en Acapulco, el cambio se producía, según parece, entorno a 1800.411 Las grandes cabeceras del distrito de Jicayan, Pinotepa del Rey, Jamiltepec y Juquila, habían abandonado el cultivo comunitario antes de 1800; aún lo practicaban, empero, comunidades pequeñas y marginales como los tres Jicayan, Jicaltepec, Chayuco y Santa María Nutío.412 Con respecto a la costa de Sotavento sabemos que las comunidades tuxtlecas abandonaban la milpa en la década de 1780. Para 1800, Santiago, San Andrés y Catemaco habían renunciado a esta costumbre ancestral.413 Sin embargo, en otras

407 AGN, Historia 578B, f. 85; AGN, Propios y Arbitrios 10.

408 AGN, Propios y Arbitrios 10, Cuenta de la comunidad de Ayutla, 1783.

409 Véase AGN, Hospital de Jesús 373, exp. 3 para los Tuxtlas, AGN, Propios y Arbitrios 10, para Igualapa y ACO, Diezmos del rumbo de Piñas 1797, VIIa, para Huatulco. Hay datos aislados sobre Jicayan en ACO, Diezmos de la colecturía de Jamiltepec, 1802, XXIV.

410 AGN, AHH 404, exp. 6.

411 Véase AGN, Propios y Arbitrios 10, para Igualapa. Con respecto a Acapulco remitimos a la serie de cuentas anuales de los bienes comunales de los pueblos del distrito en AGN, AHH 404, exp. 6. Allí se observa como las grandes fluctuaciones en los ingresos, reflejo de la variación en las cosechas, desaparecen a partir de 1800.

412 ACO, Diezmos de la colecturía de Jamiltepec, 1802.

413 AGN, Hospital de Jesús 373, exp. 3; ACO, Diezmos Chacaltianguis XXVI, d.

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partes de la intendencia de Veracruz, la institución sobrevivió hasta más allá de 1800. Las comunidades cosamaloapeñas de Otatitlan, Tlacojalpan y Chacaltianguis, por ejemplo, seguían labrando sus algodonales comunales en 1806.414

Desde mediados del siglo XVII, los comuneros que querían podían convertir el tequio en tesque, el real y medio de comunidad. Ahora, el tesque se generalizaba. En efecto, con el abandono de la milpa de común, el tequio que se había invertido allí se sustituyó por una exacción en reales. Observamos tasas variadas, aunque ninguna excedía el jornal de día y medio: una real y medio en las comunidades de Acapulco, dos reales en el distrito de Igualapa, cuatro reales en los Tuxtlas.415

¿Cómo interpretar el abandono de la milpa del común? Carmagnani sugiere que todo se debía a las presiones de las autoridades coloniales.416 Sabemos, en efecto, que existía una orden virreinal de 1782 en que se mandaba disolver las milpas. Consta también que las intendencias repetían esta orden en 1805.417 Sin embargo, el proceso como tal parece bastante independiente de lo que se decidía en la corte de Madrid. En efecto, un simple vistazo a la cronología comprueba que la corona tenia poco que ver en todo eso. A esto se añade que por lo menos en las comunidades de Igualapa, la iniciativa para la disolución partía claramente de las mismas comunidades, en concreto de las repúblicas.418 Consideramos entonces con Pastor que eran las mismas clases dominantes indias las que propiciaban el cambio.419 No cuesta mucho adivinar sus motivos. El cultivo de las milpas significaba la pérdida de un gran número de días de trabajo en épocas clave del año agrícola para los rentistas que dependían de la disponibilidad de un ejército de jornaleros. Para los pobres, los que dependían de la venta de su fuerza de trabajo, el tequio significaba la renuncia a unos jornales que eran quizás más altos que los que se pagaban durante el año. Podíamos decir entonces que la disolución de la milpa revela la culminación del proceso de diferenciación social en el seno de las comunidades. De ser así, se explicaría también porque el proceso era más temprano en algunas comunidades que en otras.

A fines del siglo XVI, muchas comunidades establecían ranchos de ganado mayor.420 Por lo menos en la Costa Chica, estos ranchos seguían funcionando por lo general a fines de la colonia

414 ACO, Diezmos Chacaltianguis XXVI d. Véase también AHT, leg. 5, Circular del intendente de Veracruz a los subdelegados de la intendencia, 4/4/1805. De acuerdo con el escrito, la disolución de la milpa no se había efectuado aún en la mayor parte de los distritos de la intendencia.

415 AGN, AHH 404, exp. 6; AGN, Hospital de Jesús 373, exp. 3; AGN, Propios y Arbitrios 10.

416 Carmagnani (1988: 128).

417 AHT, leg. 5, Circular del intendente de Veracruz, 4/4/1805. Véase también Pastor (1987: 244).

418 AGN, Propios y Arbitrios 10. Véase en particular una carta de 1777 de la república de Sochistlahuaca al alcalde mayor de Igualapa.

419 Pastor (1987: 244-245).

420 Véase Widmer (1990: 180) para el proceso en la Costa Chica. No analizamos el proceso en Sotavento. Sin embargo parece que el fenómeno era bastante general en el reino. Véase Gibson (1967: 196-224) para el altiplano central o Pastor (1987: 93) para la Mixteca Alta.

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(cuadro 33.).421 También estas unidades se explotaban en gran medida a través del tequio. Al finalizar las aguas se componían los corrales; mas adelante, pero siempre en las sacas se reparaban las casas del rancho y se herraban los animales nuevos.422 En total se reclamaban tres días de trabajo por año a todos los comuneros. Para pastar el ganado hacían falta vaqueros de tiempo completo. En los ranchos de Jicayan, estos se reclutaban por periodos de un año y contra el pago de una pequeña remuneración, según parece entre los mismos comuneros.423 Del rancho de la comunidad de Tecoanapa se nos dice en 1805 que “en cuanto a los vaqueros, no se les ha pagado nunca, pues su trabajo lo han hecho de balde; lo mismo sucede con los hijos que van a buscar y recoger sal para aquerenciar el ganado”.424 Podemos suponer que estos sirvientes recibían por lo menos el sustento. Sabemos, en efecto, que la comunidad de Tonala daba una ración anual de 5 fanegas de maíz al que cuidaba sus 200 reses.425

Los esquilmos de los ranchos se gastaban en el mantenimiento de la explotación, la fiesta del pueblo y el aumento del ahorro colectivo. El alcalde de Tututepec, por ejemplo, vendió en 1780 21 reses al teniente para el abasto de Acapulco: el producto se enteró en la caja del común.426 Del rancho de Ayutla se sacaba cada año una vaca para los que sembraban maíz en la milpa del común y otra para el vaquero. En Tecuanapa, la república contribuía cada año con 2 vacas del rancho del común para la fiesta de San Juan Bautista.427

A fines del siglo XVIII había voces que pedían el arrendamiento de los ranchos a particulares. Al igual que muchos de sus colegas de la intendencia de Oaxaca, el subdelegado de Jicayan, José María Antuñez, propuso en 1796 que se arrendaran todas estas explotaciones. Oaxaca apoyaba el proyecto, pero no sabemos si este llegó a concretizarse mientras duraba la colonia.428

Las explotaciones comunitarias no sólo tenían una función fiscal. También servían para fortalecer los lazos intracomunitarios entre explotadores y explotados. Es cierto que los principales gozaban de la exención del tequio en virtud de las funciones que desempeñaban o habían desempeñado en algún momento de su vida. Pero los días de trabajo comunitario, al haber terminado las labores, la crema y nata del pueblo alcanzaba a los comuneros y compartía con ellos la comida. En los ranchos de Jicayan se ofrecían entonces tortillas, panela, pan, chocolate, chile y una o dos vacas: alimentos que muchos comuneros sólo habrán comido en

421 AGN, AHH 404, exp. 9; AGN, Propios y Arbitrios 10; ACO, Diezmos Jamiltepec XXVI; BGEO, Esposición (sic) que el tercer gobernador del estado hace en cumplimiento del art. 83 de la constitución particular del mismo a la cuarta legislatura constitucional, al abrir sus segundas sesiones ordinarias el 2/7/1832.

422 AGN, Propios y Arbitrios 24, ff. 393-399v.

423 AGN, Propios y Arbitrios 24, ff. 393-399v.

424 AGN, AHH 404, exp. 9.

425 AGN, Propios y Arbitrios 10.

426 AGN, Propios y Arbitrios 10, f. 233.

427 AGN, AHH leg. 404, exp. 6.

428 Véase AGN, Propios y Arbitrios 24, ff. 393-399v, para el proyecto de Antuñez. La sobrevivencia de los ranchos del común se documenta en BSMGEO, José M. Murguía y Galardí, Estadística del Estado de Guajaca, la parte, 1826, ff. 70-77.

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estos días de tequio.429 No debía de importar mucho en estas ocasiones que los que pagaban la comilona eran en última instancia los mismos comuneros (a quienes se pedía su contribución a través de derramas). Lo que contaba era la convivencia.

Para los funcionarios españoles de la segunda mitad del siglo XVIII, poco interesados, como veremos, en el mantenimiento de las comunidades, las fiestas representaban un derroche inútil. Los comuneros ricos, en cambio, sabían, que estas comedias eran necesarias si no querían perder el control sobre su mano de obra desposeída. Favorecían la liquidación de la milpa cuya labranza les molestaba, pero se oponían, desde luego, a la disolución del rancho común.

LA ESTRATEGIA DE LAS COFRADÍAS

Hacia 1800 existían cofradías en muchos, quizás en la mayoría de los pueblos costeños (cuadro 34.).430 Podemos conjeturar que su fundación se remontaba como en el resto del obispado de Oaxaca a la primera mitad del siglo XVIII.431 La Cofradía del Santísimo de Jamiltepec se erigió en 1732, la del Rosario de Texca en 1745, las de la Asunción de Cacahuatepec y de San Miguel de Coyuca antes de 1760.432

Hay buenas razones para considerar que los bienes de las cofradías formaban parte de la economía pública del pueblo.433 Pastor ha señalado que la iniciativa para la fundación de una cofradía partía por lo general de la república.434 La república mantenía también a menudo un control muy directo sobre los bienes de las cofradías, sobre todo si se trataba de hermandades, instituciones no debidamente confirmadas por el obispo. La administración y el manejo de los bienes de las cofradías del distrito de Acapulco, al parecer todas sin titulo oficial, estaba en manos de los párrocos y de las repúblicas.435 También los 15 animales del rancho del santo de Minas estaban “en cabeza de los oficiales de la república”.436 Pero también en las cofradías que se administraban debidamente por un mayordomo observamos la sombra de los republicanos. En

429 AGN, Propios y Arbitrios 24, ff. 393-399v.

430 AGEO, Obispado leg. 18, exp. 24; AGEO, Diezmo del rumbo de Piñas 1797, VIIa; AGEO, Diezmo de la colecturía de Jamiltepec 1802, XXIV; AGI, México 2588, Visita pastoral del obispo Ortigoza a su diócesis, 1778-1782; AGN, Hospital de Jesús 121, exp. 27; AGN, Propios y Arbitrios 10; AHT leg. 5, El teniente de Tlacotalpan al intendente de Veracruz, 29/9/1806; Informe del cura de San Mateo Piñas, 1803, en: Archivo General del Estado de Oaxaca (ed.) (1984: I, 179-181).

431 Carmagnani (1988: 134); Pastor (1987: 247).

432 AGI, Visita pastoral del obispo Ortigoza a su diócesis, 1778-1782; AGN, AHH leg. 404, exp. 6; AGN, Historia 578, Rafael de García al castellano de Acapulco, 7/2/1790; AGN, Indios 73, ff. 198-203.

433 Carmagnani (1988: 132-144); Gibson (1967: 129-132); Pastor (1987: 246-259).

434 Pastor (1987: 248).

435 AGN, AHH leg. 404, exp. 6. Con respecto a la falta de títulos véase allí mismo y AGN, Historia 578, Rafael de García al castellano de Acapulco, 7/2/1790.

436 AGN, Propios y Arbitrios 10.

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algunas partes, el administrador de los bienes se elegía directamente por el gobierno indio.437 En la cofradía de las Benditas Ánimas de Tuxtepec, el colegio electoral se encabezaba en la década 1810 por los miembros actuales y pasados del gobierno indio y comprendía a todos los comuneros del pueblo.438 Aún en los casos en que el mayordomo se elegía conforme a los designios de las autoridades eclesiásticas – “proponiendo el rector (cura) tres sujetos de entera satisfacción para los oficios de los cuales elegir|n los hermanos el que juzgaren m|s a propósito” – podemos conjeturar que el elegido salía del mismo circulo que ponía a los funcionarios de la república debido al hecho de que el cura presidía tanto la asamblea que elegía a los republicanos como la que destinaba al mayordomo. En realidad, el mismo jerarca eclesiástico que defendía la aplicación de este reglamento también preconizaba que la selección tenía que hacerse de acuerdo con la república.439

Había cofradías con y otras sin registro formal. En las cofradías oficializadas, la jurisdicción suprema residía no en el cura sino en el obispo. Este revisaba, con ocasión de sus visitas pastorales, la contabilidad y se llevaba sus derechos. Los curas, en evidente connivencia con las repúblicas, trataban por lo mismo de evitar la erección formal de los institutos.440 En la Mixteca Alta, Pastor observa que las cofradías no registradas ante el diocesano desaparecían durante la segunda mitad del setecientos. De acuerdo con su hipótesis, la ofensiva de los funcionarios reales contra los bienes de la iglesia hubiera obligado a los párrocos a buscar la protección de los obispos.441 Sabemos que los curas costeños se peleaban, al igual que sus colegas de la sierra, con los obispos y los alcaldes mayores. Sabemos también que estos últimos aumentaban la presión sobre los párrocos durante la segunda mitad del siglo XVIII.442 Empero, carecemos de noticias sobre cambios en el estatus de las cofradías.

La organización del trabajo en los ranchos no queda muy claro. Todas las cofradías tenían sus ranchos a cargo de un mayoral que trabajaba con la ayuda de un número determinado de sirvientes. La cofradía de la Natividad de Tixtlancingo empleaba en 1803 para su rancho con casi 300 cabezas a dos vaqueros, Antonio Nicolás e Ignacio Francisco: por sus apellidos evidentemente indios.443 Ahora bien, en la detallada cuenta que el mayordomo de la Natividad había presentado para el año anterior no aparece ningún asiento sobre remuneraciones. Sólo se mencionan 8 pesos 4 reales que se enteraron en las reales cajas por el tributo de los vaqueros. 444

437 Carmagnani (1988: 139).

438 APO, Libro de misas y aniversarios de la cofradía de las benditas ánimas de este pueblo de Tuxtepex, f. 3.

439 En su visita a Acayucan en 1779, el obispo Ortigoza defendía la aplicación del reglamento citado. Al año siguiente, en Ometepec, añadía que el nombramiento del mayordomo tenía que hacerse de acuerdo con la república. Véase AGI, México 2588, Visita pastoral del obispo Ortigoza, 1778-1782.

440 Pastor (1987: 249). Carmagnani (1988: 133) no entiende que la oficialización de la cofradía enfrentaba a curas y obispos.

441 Pastor (1987: 249).

442 Véase infra, caps. 8. y 13., sobre los conflictos entre los curas y el resto de los rentistas.

443 AGN, Indios 73, ff. 160-164.

444 AGN, Indios 73, f. 166.

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También las cofradías indias de Cuautepec y de San Cristóbal no gastaban, de acuerdo con la cuenta de 1776, ningún real para remunerar a sus vaqueros y sólo pagaban el tributo para ellos.445 Podemos pensar que encargarse del ganado de una cofradía era una manera de cumplir para con ella: que los vaqueros eran hermanos pobres que pagaban con trabajo lo que los demás pagaban con reales. Pero hay todavía otra posibilidad. En vista de los lazos muy estrechos entre las cofradías y las comunidades no podemos excluir, de hecho, que la república cedía a la cofradía el tequio de algunos de sus hijos, hijos que eran desde luego también hermanos.

Los ingresos de las cofradías derivaban por una parte de los esquilmos de los ranchos: la venta de ganado y, el caso dado, de leche.446 La cofradía de las Benditas Ánimas de Ayutla, dueña de tres mulas aparejadas, registraba también ingresos como fletera.447 El otro pilar de las instituciones era las aportaciones directas de los hermanos. El Rosario de Texca recaudaba, ya lo vimos, contribuciones anuales en reales a sus hermanos.448 La cuenta de las Benditas Ánimas de Ayutla para 1776 alista cuantiosas limosnas (un término muy ambiguo, por cierto, ya que puede designar tanto una aportación voluntaria como una cuota asignada): 7 arrobas de algodón, 3 cargas de sal y 20 pesos en reales.449

De acuerdo con los documentos oficiales, los recursos de la cofradía se destinaban en primer lugar al culto, al cura y a las comilonas de los hermanos. La cuenta de Nuestra Señora de la Natividad de Tixtlancingo para 1803 es clara.450 De un gasto total de 637 pesos, 515 se empleaban en la compra de un cáliz y ornamentos para la iglesia, 53 pesos pagaban al cura por concepto de misas y control del libro del instituto, otros 53 pesos se gastaban en la fiesta de la titular para cohetes y comida, a 16 pesos se elevaba el costo de la explotación del rancho. Los 515 pesos gastados en objetos sagrados se sacaban de los ahorros; el resto de los pagos, 122 pesos, se podía costear con el ingreso anual. Si consideramos sólo lo que podemos llamar el gasto ordinario de la Natividad, vemos que el 14 por ciento se invertía en el rancho y el resto se repartía por partes iguales entre el común y el cura. Tenemos todavía otra cuenta para el mismo año, la de Nuestra Señora del Rosario de Texca.451 De los 180 pesos a que ascendían los gastos, 103 se destinaban al culto: compra de cera, copal y ornamentos, 48 se gastaban en la fiesta, 10 eran para el cura y 19 para el mantenimiento del rancho. El documento no deja entrever en qué medida se recurría a sobrantes de años anteriores. Todos estos gastos hubieran incumbido, de no existir la cofradía, a la caja del común.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, algunas cofradías de indios poseían considerables caudales monetarios. Carmagnani ha sugerido que estos fondos se empleaban en préstamos a hermanos, pero también a terceros. Según el, los primeros conseguían los reales a buen precio

445 AGN, Propios y Arbitrios 10.

446 Véase, por ejemplo, la cuanta de la Natividad de Tixtlancingo para 1802, en: AGN, Indios 73, ff. 166.

447 AGN, Propios y Arbitrios 10.

448 AGN, Propios y Arbitrios 10.

449 AGN, Propios y Arbitrios 10.

450 AGN, Indios 73, f. 166.

451 AGN, Indios 73, f. 144.

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mientras que los segundos pagaban tasas de interés usurarias.452 Observamos que había realmente cofradías que colocaban sus ahorros en las explotaciones de los hermanos.

Sabemos, por ejemplo, que las cofradías de San Andrés de Huaspaltepec y de Santa Catarina de Michoacán habían empleado en 1770, 173 y 388 pesos, respectivamente, para que sus miembros pudieran asemillar las nopaleras. En 1780, los préstamos aún no habían sido devueltos. 453 Sabemos también que las siete cofradías de Moloacán e Ishuatlán en el partido de Ocuapan habían prestado a partir de 1766 un total de 6’291 pesos al cura del vecino partido de Acayucan y a los hacendados más destacados del distrito: los Fernández y los Quintero.454 Ignoramos las condiciones bajo las cuales los hermanos de San Andrés y de Santa Catarina habían tenido acceso a los fondos de su cofradía. Sabemos, en cambio, que la tasa de interés que se aplicaba en Moloacán e Ishuatlán era la preferencial del 5 por ciento anual. Así las cosas resulta difícil aceptar la distinción carmagnaniana entre una cofradía que actuaba como beneficencia (para sus hermanos) y una cofradía que tenía mentalidad de comerciante (para extraños). La cofradía se controlaba de cerca por el cura párroco y el cura párroco decidía sobre la colocación de sus ahorros. En este sentido resulta significativo que los préstamos de las cofradías de Moloacán e Ishuatlán se concedían no por los mayordomos sino por el cura y el delegado diocesano. Resulta también significativo que los destinatarios de los créditos debían todos réditos por 4-9 años. No cuesta imaginar que las cofradías concedían a veces créditos blandos a sus hermanos: pero no para aliviar su suerte sino para ayudarles a seguir pagando las obvenciones parroquiales.

Las cofradías indias florecían en el siglo XVIII oaxaqueño. Sobre el significado de la prosperidad existen dos opiniones encontradas. Pastor afirma que el fenómeno se debía a la transferencia de bienes comunales a las cofradías, que el enriquecimiento de las cofradías iba paralelo al empobrecimiento del común.455 Carmagnani, en cambio, sostiene que el crecimiento de las cofradías de ninguna manera perjudicaba a los bienes comunales. El proceso reflejaba, según él, más bien la expansión económica, la creciente capacidad de ahorro de los pueblos.456 Es muy probable que en algunos casos se haya dado, como sugiere pastor, la transferencia de bienes comunales a la cofradía. La república de Chacaltianguis, por ejemplo, poseía un hato de ganado en los años 1710. Un siglo después, este hato parece haber dejado de existir; sin embargo había ahora dos cofradías ganaderas.457 Con todo, esto no era quizás la vía más común de establecer una explotación cofradial. Disponemos en efecto de indicios en el sentido de que la acumulación de riquezas en las arcas de las cofradías manifiesta a fines del siglo, reflejaba en muchos casos un proceso autónomo con respecto a la economía del común. Así consta que el origen de los bienes de las cofradías era a veces una donación – por supuesto más o menos voluntaria – de particulares. La cofradía del Rosario de Texca, por ejemplo, “tuvo principio… en la unión de varios de aquel vecindario que a fin de proporcionar el mayor culto a la imagen de la santísima virgen con la advocación referida, concurrieron en la iglesia de su pueblo a insinuación del cura,

452 Carmagnani (1988: 141-142).

453 AGI, México 2588, Visita pastoral del obispo Ortigoza, 1778-1782.

454 AGEO, Obispado leg. 18, exp. 24.

455 Pastor (1987: 248).

456 Carmagnani (1988: 132-144).

457 AGN, Tierras 499, exp. 1; ACO, Diezmos Chacaltianguis XXVI d, 1803, Vacas dadas al cuchillo.

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bachiller don Francisco Morales, el día 15 de septiembre de 1945; y bien inteligenciados del objeto piadoso a que aspiraban los deseos del párroco, dieron voluntariamente su consentimiento para establecer la hermandad espiritual, contribuyendo cada uno con dos reales para el asiento y otros dos al año”.458 El testimonio es fidedigno, ya que se daba por un oficial real en un momento en que la corona intentaba recuperar los bienes de las cofradías con el pretexto de que estos eran en realidad bienes del común usurpados por los curas. En el caso de la cofradía del Santísimo de Jamiltepec se conservaban a fines del siglo XVIII documentos que comprobaban que ésta tenía su origen en la donación de un rancho que hizo en 1725 un tal Nicol|s Carrillo de Albornoz a la república “con el piadoso fin de que administrado este rancho por el gobierno y la república se invirtiesen sus esquilmos en lo que fuere necesario al culto divino del Santísimo Sacramento”. Siete años después, el obispo Calderón de Oaxaca erigió formalmente la cofradía.459

También resulta interesante ver que todos los ranchos de cofradía para los cuales disponemos de los datos respectivos se ubicaban a fines de siglo XVIII no en tierras comunales sino en tierras propias – tituladas o no – o tierras arrendadas a terceros. La república de Huamelula compró en 1708 tres sitios de ganado a dona Josefa de Espina Altamirano para la cofradía del Rosario de su parroquia.460 Dos cofradías del distrito de Acayucan, una consagrada al Santísimo y otra a la virgen de Rosario, disponían desde 1766 de 7 leguas y media cada una.461 Los ranchos de las cofradías de Coyuca, Tesca y Tixtlancingo se ubicaban a fines del siglo XVIII en las tierras realengas.462 Algunas cofradías de indios de Jamiltepec, por fin, arrendaban tierras a particulares.463 Fundar una cofradía implicaba así en muchos casos – para decir lo menos – extender el asiento territorial del pueblo.

¿De donde partió la iniciativa para la fundación de las cofradías? En principio, podemos conjeturar la importancia del cura. Entre el ministro de dios y el del rey existía una evidente competencia por la explotación del pueblo. Una de las manzanas de la discordia era el reparto del producto de los ranchos del común. Podemos imaginar entonces que en un momento dado, los curas oaxaqueños se juntaban con las repúblicas y conseguían que se establecieran unidades de explotación fuera del alcance de los alcaldes mayores. Ahora bien, la mano del cura y la inspiración de la república por el espíritu santo no explican todo.

Queremos plantear que la cofradía constituía también una estrategia republicana para potenciar los recursos indios. Por supuesto no coincidimos con Carmagnani en su visión idílica del proceso, su identificación de los intereses de la república con los del común.464 Las repúblicas no

458 AGN, Indios 73, ff. 198-203.

459 AGI, México 2588, Visita pastoral del obispo Ortigoza, 1778-1782.

460 AGN, Tierras 612, exp. 3.

461 AGI, México 2045 B, Cuentas de la caja real de México, 1766. El bachiller Miguel Antonio Barburen entera 127 pesos a nombre de cada una de las mencionadas cofradías por remate de tierras.

462 AGN, Indios 73, ff. 160-164; AGN, AHH, leg. 404, exp. 6.

463 AGN, Indios 71, ff. 34-36.

464 Carmagnani (1988: 132-144).

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estaban por encima de sus comunidades, sino inmersas en sus luchas. Explotando la fe, los grupos que manejaban las repúblicas acumulaban la riqueza común y aumentaban (siempre y cuando se entendían con el cura) su libertad de acción frente a los comerciantes españoles. La cofradía era de hecho un mecanismo para maximizar la captación de excedentes producido por las familias y ponerlas al servicio de unos cuantos.465

Por otra parte no habrá que menospreciar el papel de las cofradías para el fortalecimiento de la sociedad india. La congregación de todos los hermanos en los oficios solemnes y la convivencia en las fiestas patronales, actos costeados con el producto de la cofradía, debían de construir lazos sentimentales entre los explotadores y los explotados.

LOS DISTINTIVOS DE LOS INDIOS RICOS

La sociedad india nunca era una sociedad igualitaria: siempre había principales por un lado, plebe por el otro. Más adelante, al estudiar la dinámica de las relaciones de producción en las costas, veremos como estos principales y los que aspiraban a alcanzarlos practicaban la propiedad y la usura. Podemos conjeturar que entre todos ellos debía de haber lazos de solidaridad – o quizás habría que hablar más bien de complicidad: alianzas matrimoniales, por ejemplo. Empero, seguramente había mucho más, quizás todo un catálogo de signos de identificación que distinguían al grupo frente a los demás. No cualquiera podía tener una yegua o aún una mula en la época: andar cabalgando debía ser entonces signo de cierto bienestar. Otro signo de distinción era seguramente el idioma español, accesible sólo a una minoría. En fin podemos pensar en el lugar que cada quien ocupaba en la misa dominical – donde las primeras bancas se reservaban para los principales – o en el orden en que se atendía a los que acudían a las fiestas: había mil ocasiones en la vida de cada día en que se mostraba quién era quién.

La diferenciación más importante, una diferenciación que estaba quizás incluso reglamentada por las leyes o costumbres, se daba en la vestimenta. Desde el siglo XVI, los caciques mixtecos y amusgos empezaban a usar ropa de españoles mientras el resto de los indios vestían calzón y camisa.466 En el siglo XVIII, la ropa seguía siendo un signo de clase. Al describir la vestimenta de los indios de Jamiltepec en la década de 1770, el p|rroco del lugar señala: “El traje de los indios es unos calzones anchos de manta, llanos, esto es de lienzo de algodón y cotón: de lo mismo una camisa ancha que llega a la cintura sin puños ni cuello y un ceñidor también de algodón, con remate de encaje ordinario, un panito en la cabeza en lugar de virrete; los pies se calzan de cacles a modo de abarcas y usan sombrero. Este es el traje regular. Pero los indios que llegan a tener cargo de república visten a modo de españoles antiguos con zapatos, medias, calzones, camisa, gab|n (que en España llaman valenciana), armador, capote, sombrero, etc.”.467 Para ese entonces ya no era necesario ser cacique para vestirse de español: bastaba con alcanzar alguno de los puestos de la república. Este hecho debía de ser por sí sólo un aliciente para hacer carrera. Mientras hacían meritos, los indios ricos amenizaban sus camisas con adornos que no

465 Véase, en el mismo sentido, Van Young (1992f: 291, nota 43).

466 Widmer (1990: 161).

467 BNE, ms 2450, Informe del cura de Jamiltepec, 1777.

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cualquiera podía adquirir. Escuchamos al párroco de Huasolotitlan: “Los trajes de los indios son unos cotones blancos y calzones anchos, tejidos de algodón y algunos los listan de hilo de caracol o algodón coyote, pero son raros. Se ciñen también con un paño de hilo de algodón con sus barbas y suelen algunos echarles en la punta flores de seda. Y los que tienen posibles tienen paños en el pescuezo de hiladillo o de seda y cacles de cuero en los pies, pero estos sólo las usan para ir al monte; las mantas para estos ropajes son tupidas y para el trabajo y para el día de la fiesta usan tupidas pero delgadas y buenas”.468

468 BNE, ms 2449, Informe del cura de Huasolotitlan, 1777.

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7. LA FISCALIDAD REAL. LA CORONA Y SUS FUNCIONARIOS

Corona es un término que designa a una institución completa. Con respeto a las rentas que recaudaba en la Nueva España podemos distinguir entre las exacciones que se destinaban, en principio, a las cajas reales por un lado, los derechos que se asignaban a sus funcionarios locales, los alcaldes mayores, por el otro. Planteamos de entrada dos problemas. Los comerciantes y las repúblicas administraban sus derechos desde la misma área productiva. El rey en cambio vivía alejado del campo y dependía de un ejército de intermediarios: intermediarios que debían de quedarse con una parte de la renta y de los que podemos conjeturar que determinaban a través de la interpretación que hacían de las órdenes de los titulares formales el impacto real de los derechos. El estudio de este problema es fundamental ya que nos permite ver hasta qué grado la corona controlaba efectivamente su reino, hasta qué grado sus decisiones eras susceptibles de determinar el rumbo de la sociedad novohispana.

El mantenimiento de una parte de los funcionarios reales iba directamente a cargo de los fiscalizados. Además consta que era común y corriente que los funcionarios practicaran por su cuenta la usura. ¿Qué sentían los campesinos al llevar pollos, huevos y verduras a la casa del alcalde mayor? ¿Qué sentían cuando le entregaban la cosecha como pago de los préstamos que les había hecho durante el año agrícola? Rabia mezclada con resignación, probablemente. Pero ¿rabia contra el funcionario o rabia contra la corona en cuyo nombre este pretendía actuar?

EL PROBLEMA DE LAS RENTAS REALES EN EL REINO DE LA NUEVA ESPAÑA

El reino novohispano se dividía en una serie de distritos fiscales, distritos cuyos linderos solían coincidir con aquellos de las alcaldías mayores. Las rentas recaudadas se enteraban en las cajas reales. Hasta mediados del siglo XVIII, la caja matriz de la ciudad de México capitalizaba prácticamente todas las rentas del reino. Sólo en los puertos de Veracruz y Acapulco se habían establecido cajas sufragáneas que administraban los ingresos de la fiscalización del movimiento portuario.469 Ambas servían básicamente para pagar los sueldos de los empleados reales y organizar los envíos de fondos a Filipinas por un lado, el Caribe y la península por el otro. Deficitarias, dependían ampliamente de las transferencias de la caja de México. A partir de mediados del siglo XVIII, las cajas portuarias empezaban a administrar también las rentas que se recaudaban en los distritos aledaños. A fines de la década de 1780, la regionalización de la real hacienda culminaba con la apertura de nuevas cajas en Puebla y Oaxaca.470

El análisis de las cuentas de las cajas reales demuestra que los ingresos de la corona en sus dominios novohispanos aumentaban considerablemente a lo largo del siglo XVIII.471 Los principales estudiosos del tema: Te Paske, Coatsworth y Pérez Herrero coinciden en que el

469 Véase Fonseca/Urrutia (1845: IV, 451-535 y V, 536-696) con respecto a las tareas de las cajas de Acapulco y Veracruz.

470 Te Paske/Klein (1988: II, 14-16).

471 Las cuentas de las cajas se publicaron por Te Paske /Klein (1988).

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crecimiento de la renta fiscal no refleja, por lo menos durante el último cuarto del siglo, el movimiento de la producción.472 Donde empiezan las divergencias es en la interpretación del fenómeno.

Coatsworth sostiene que los ingresos de la corona aumentaban por la eficiencia del aparato fiscal, es decir debido a la presión que la corte de Madrid ejercía sobre su reino novohispano. 473 Tendríamos así, al estado por un lado, a los contribuyentes novohispanos por el otro. Ahora bien, el mismo Coatsworth admite un desfase entre el alza de las rentas reales y los esfuerzos de la corte. De acuerdo con sus cálculos, el crecimiento de la masa fiscal del reino alcanzó las mayores tasas durante la primera mitad del siglo XVIII; los esfuerzos fiscales de la corona, las llamadas reformas borbónicas, en cambio, culminaron hasta los años 1760-1790. La tesis de Coatsworth cae por el peso de las evidencias que él mismo reúne.

Más recientemente, Pérez Herrero ha insistido en la necesidad de distinguir en la contabilidad real entre las rentas ordinarias – en particular el tributo, la alcabala y la fiscalización de la minería – por una parte, las donaciones y los préstamos por la otra.474 En principio, el movimiento de las primeras era susceptible de traducir la capacidad de presión del aparato fiscal de la monarquía. La recaudación de donaciones y préstamos, en cambio, era imposible sin la colaboración de los contribuyentes. El valor real de las rentas ordinarias sólo aumentaba marginalmente durante la época de las reformas borbónicas. Donaciones y prestamos, empero, crecían vertiginosamente a fines del siglo gracias a la colaboración de las clases dominantes del reino. Entre estas y la corona debía de existir entonces, concluye Pérez Herrero, un amplio consenso. En efecto, de otra forma no podríamos explicar el hecho de que Gálvez, principal impulsor de las reformas borbónicas en la Nueva España, confiara la administración de realhacienda en Veracruz a Pedro Antonio Cosió, prócer del comercio porteño.475 Tampoco comprenderíamos por que el grupo seguía controlando cargos centrales de la caja real en el puerto.476 El consenso entre las clases dominantes de la monarquía se explica fácilmente: se trataba de la complicidad de los explotadores. Los explotadores novohispanos precisaban la protección política y militar de la corona y de su ejercito contra los explotados y los rivales foráneos, la corona necesitaba los ingresos coloniales para cubrir sus crecidos gastos y evitar reformas en los reinos peninsulares.477 Conforme avanzaba la segunda década del siglo XIX, los

472 Coatsworth (1990b); Pérez Herrero (1991: 252-265); Te Paske (1986: 321-326).

473 Coatsworth (1990b: 39).

474 Pérez Herrero (1991: 252-265). El autor incluye en los ingresos ordinarios la masa común, los ramos particulares, ajenos y especiales así que algunas rentas coyunturales como los juros, la consolidación de vales reales y los depósitos en el Banco de San Carlos. La inclusión de los llamados ramos coyunturales en los ingresos ordinarios es evidentemente discutible; pero su eventual exclusión del grupo no cambia en nada el carácter de la tesis.

475 AGI, México 1250, Constancia de Pedro Ildefonso de Trujillo sobre el trabajo de Cosío, 7/9/1769.

476 Véanse por ejemplo los vínculos que se establecen en 1805 entre el nuevo tesorero de la real caja de Veracruz y seis comerciantes porteños mediante la fianza que estos conceden para que aquel pueda acceder al puesto: ANX, Protocolos 1805, f. 782.

477 Véase Fontana (1988: 98-100) con respecto a la relación entre la política fiscal de la corona en las colonias y su impotencia frente a los rentistas peninsulares.

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lazos de la necesidad que ataban a los rentistas novohispanos a la corona española se iban debilitando. La posibilidad de un levantamiento de los explotados del reino quedó conjurada con la culminación de la reorganización del agro a raíz de la insurrección de 1810. Mientras, el pacto colonial, el carácter exclusivo de las relaciones entre la península y la Nueva España, se iba convirtiendo en un obstáculo para la reconstrucción del reino y la expansión del comercio exterior. Las clases dominantes novohispanas iban perdiendo el interés en seguir manteniendo a la corona española y se oponían a la espera del momento oportuno para cortar los lazos.

La fiscalidad real era sumamente compleja como reconocían las mismas autoridades. Sin embargo había rentas que eran más importantes que otras. En áreas no mineras como las costas, estas rentas principales, omo las llamaba el virrey Revillagigedo, eran la alcabala, el tributo y, a partir de fines del siglo XVIII, las donaciones y los préstamos.478 Analizamos estos tres ramos a la luz de las tesis de Pérez Herrero.

LA ALCABALA

El principal gravamen sobre la circulación era la alcabala. El impuesto se cobraba, como escribían Fonseca y Urrutia, “de todo lo que se vende o permuta”.479 El pago correspondía en principio al vendedor, aunque, en caso de que este se mostrara incapacitado, el recaudador podía también demandar al comprador.480 Como el entero tenía que hacerse en dinero en efectivo y como en el reino no circulaban monedas menores de un cuarto de real, la alcabala se suprimía cuando la cantidad a enterar no alcanzaba este monto mínimo.

La recaudación de la alcabala iba a cargo de hombres de confianza de real hacienda. Para cumplir con sus funciones, los recaudadores se proveían de algunas competencias jurisdiccionales. José de Zavaleta, titular de la renta en el distrito de Veracruz en la década de 1720, por ejemplo, podía nombrar a alguaciles “con vara alta de justicia” y con poder de compeler a los paseantes a pagar la alcabala.481 Frente a los alcaldes mayores, los recaudadores de la alcabala actuaban con un amplio margen de autonomía. Los justicias tenían estrictamente prohibido entremeterse en el cobro del derecho. Si observaban alguna irregularidad tenían que denunciarla ante las autoridades de real hacienda.482

¿Quién pagaba alcabala? Señalamos la entrada de dos grupos que gozaban de amplias exenciones: la iglesia y las comunidades de indios. El asunto es complejo. Los clérigos estaban exentos. El derecho tampoco se vencía al vender la iglesia los bienes recaudados a título de diezmo. Empero, si estos mismos bienes se vendían por algún arrendatario o por el productor

478 Con respecto a Revillagigedo, Véase Güemes Pacheco (1986: 65-66).

479 Fonseca/Urrutia (1845: II, 5).

480 Los detalles sobre el cobro de la alcabala se toman de la Instrucción de alcabalas, por el lic. José Mariano de Arce y Echagaray, 31/3/1794, en: Galván Rivera (1853: I, 205-252. 218-240).

481 AGI, México 867, Arrendamiento de la alcabala de Veracruz, 1723.

482 Instrucción de alcabalas, por José Mariano de Arce y Echagaray, 31/3/1794, en: Galván Rivera (1853: 205-252).

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diezmado, sí se causaba alcabala. Los indios no pagaban impuesto “de todos los frutos de su crianza y labranza en tierras propias o que tuvieran en arrendamiento, ni de todo lo que fuere suyo y de su industria, o de lo que vendieren de otros indios, ni de los géneros que trabajaren obras que hicieren para ganar su vida y expandieren de su cuenta”.483 Al vender artículos de terceros, en cambio, el indio pagaba alcabala: por supuesto siempre y cuando se le podía comprobar que la mercancía que llevaba no era suya. Gozaban de exención también las semillas, maíz y fríjol, que se vendían en los mercados y las alhóndigas para el abasto público o que se daban a los jornaleros de las haciendas a cuenta de jornal.484

Esto sentado podemos distinguir a través del análisis de lo que queda de la contabilidad alcabalatoria de los distritos costeños entre tres tipos de transacciones que causaban alcabala: la introducción y venta de productos de importación, la venta de productos de la tierra y la venta de bienes raíces.485 La alcabala que producían los artículos de importación se pagaba esencialmente por los grandes comerciantes de las cabeceras que tenían los necesarios contactos con el exterior y sus allegados. Por otra parte resulta lógico que sólo podía pagar alcabala sobre tierras y casas quien tenía títulos de propiedad sobre estos bienes. Más complicado es el caso de la imposición de la circulación de la producción local. Los grandes productores pagaban sus alcabalas directamente. También había uno que otro pequeño productor que arreglaba personalmente sus adeudos por la venta de maíz, ganado o panela con el recaudador. La casi totalidad de los campesinos de razón, empero, dejaba el pago al comprador de sus excedentes, el gran comerciante.

Había dos maneras de pagar la alcabala. Por lo general el entero se realizaba en el momento de la venta, de acuerdo con el valor que el recaudador atribuía a la mercancía. Los trapiches y tiendas al detalle, en cambio, solían imponerse por anticipado mediante la aplicación de una cuota fija llamada iguala. En el caso de los trapiches y trapichillos, el sistema podía dar lugar a tasas de imposición sumamente graves. Miguel del Corral, encargado oficial en la aclaración de las causas de la rebelión de Acayucan de 1787, señalaba en su informe que a los pardos trapicheros de este distrito se les exigía la alcabala no de la panela que producían – y, se suponía, vendían – sino de las matas de que se componían sus cañaverales. El conteo se realizaba temprano, cuando la caña empezaba a madurar. Si la caña no producía lo que se había calculado podía resultar una tasa alcabalatoria del veinte o hasta del cuarenta por ciento.486

Resulta imposible evaluar la importancia relativa de las diferentes transacciones que causaban alcabala y de las formas de pago a través del tiempo y del espacio. En Cosamaloapan y Acayucan se gravaban en el siglo XVIII más la importación y su menudeo que la venta de productos locales;

483 Instrucción de alcabalas, por el lic. José Mariano de Arce y Echegaray, 31/3/1794, en: Galván Rivera (1853: 205-252. 224).

484 Instrucción de alcabalas, por el lic. José Mariano de Arce y Echagaray, 31/3/1794, en: Galván Rivera (1853: 205-252). Señalamos aquí que las exenciones, en particular la de los indios, impiden tomar la alcabala como índice del desarrollo de la circulación. Más adelante veremos la fluctuante importancia de los intercambios indios.

485 Véanse los libros con las cuentas anuales de la alcabala en AGN, AHH. Consultamos Acayucan 1780, 1818 y 1819; Cosamaloapan 1730, 1781, 1786, 1804, 1819 y 1820; Huatulco 1784, 1788, 1802 y 1819; Igualapa 1786; Jicayan 1809.

486 AGN, Historia 326, Exp. sobre la rebelión de Acayucan, 1787.

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la venta de bienes raíces era poco importante como productor de alcabala (cuadro 35).487 Ahora bien, las exenciones y la importancia del consumo de productos de importación podían causar variaciones en este cuadro a través del tiempo y del espacio. Independientemente de todo eso resulta claro que la alcabala se pagaba esencialmente por los comerciantes. Sin embargo, pagar impuestos no significa necesariamente costearlos. De hecho, en la medida en que monopolizaban el abasto urbano y gozaban de derechos sobre la tierra, los comerciantes podían transferir la carga fiscal a las masas rurales y urbanas. El consumidor urbano y el campesino no pagaban alcabala pero si costeaban el impuesto real. En concreto, para el campesino, la alcabala se manifestaba bajo la forma de la usura y de la renta propietaria. Los comerciantes no sólo sabían neutralizar el impuesto: de acuerdo con nuestro planteamiento tenían también los medios para regular su producto. Veamos a continuación los mecanismos de control.

En el siglo XVIII, la corona buscaba desesperadamente aumentar el producto de la alcabala. Para eso recurría a tres tipos de medidas. Empezamos el análisis con las manipulaciones de la tasa. El impuesto equivalía por lo general al 6 por ciento del valor de la mercancía; empero, en la década de 1740 y de nuevo entre octubre de 1780 y julio de 1791, la tasa se elevó al 8 por ciento con el pretexto de que los contribuyentes tenían que apoyar a la corona en sus guerras.488 Las actividades bélicas justificaban también una última serie de aumentos a partir de 1810 que llevaban la tasa real al 16 por ciento. Era hasta después de la independencia, en 1821, cuando se regresó al 6 por ciento tradicional.489

La corona ensayaba también cambios en los mecanismos de cobro. Sabemos de dos experimentos de cierta relevancia para las costas. Durante siglos se había cobrado en Veracruz la alcabala del 6 por ciento sobre todas las ventas que se realizaban en el recinto amurallado. Con tal de aumentar la eficiencia de la captación, el visitador real Gálvez ordenó en 1767 el establecimiento de un nuevo impuesto del 4 por ciento sobre todas las mercancías que entraran en la ciudad. El comercio novohispano protestó sin demorar. En respuesta, las autoridades redujeron la tasa al 3 por ciento y exentaron los efectos que llegaban en las flotas y las harinas que se extraían del reino. Las mercancías que se vendían en la ciudad seguían pagando la tasa tradicional del 6 por ciento.490 Una década después de este experimento, en 1780, se desató un conflicto entre el virrey Mayorga y los comerciantes de Oaxaca. El funcionario real trataba de reformar la fiscalización de los artículos que los oaxaqueños adquirían mediante adelantos al

487 AGN, AHH Alcabalas Acayucan 1780; AGN, AHH Cosamaloapan 1730 y 1781.

488 Instrucción de alcabalas, por el lic. José Mariano de Arce y Echagaray, 31/3/1794, en: Galván Rivera (1853: I, 205-252. 219). La primera etapa del aumento se inicia en 1744, la segunda es efectiva del 20/10/1780 al 27/7/1791.

489 Morin (1979: 149) señala que la tasa de la alcabala aumentó al 8 por ciento entre 1810 y 1816. Pérez y Comoto (1818: 24), sin embargo, hace constar que la alcabala “extraordinaria y eventual que refunde en sí el pago del empréstito de 20 mio. de pesos a que está afectada por hipoteca especial, la contribución extraordinaria de guerra y el derecho de convoy” ascendía al 16 por ciento. Pérez Herrero (1991: 264) señala que esta alcabala del 16 por ciento se seguía cobrando hasta la independencia.

490 AGI, México 1368, Exp. sobre la alcabala de Veracruz. No queda claro en el expediente si el 6 por ciento con que se gravaban las mercancías que se vendían en el recinto amurallado se añadía a partir de 1767 al 3 por ciento de entrada o si las ventas locales estaban exentas de este nuevo impuesto.

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campesinado. Los detalles del asunto quedan confusos. Queda claro, empero, que el comercio terminó por imponer su punto de vista.491

Un último conjunto de iniciativas reales se encaraba con el control de los comerciantes sobre la recaudación. Desde fines del siglo XVI, la alcabala se solía rematar en pública subasta al mejor postor. Durante 7-9 años, el arrendatario tenía el derecho de evaluar las mercancías que se transferían en su distrito y de cobrar la alcabala correspondiente.492 El precio base de la subasta se fijaba de acuerdo con los libros de cuenta que el arrendatario se comprometía a llevar.493 El control de real hacienda sobre esta contabilidad era mínimo. Por consiguiente, los arrendamientos debían de estar subevaluados. ¿Quiénes eran los arrendatarios? En la Costa de Sotavento, los comercios de Acayucan, San Andrés y Cosamaloapan controlaban los respectivos alcabalatorios a lo largo de la primera mitad del siglo XVII. Por lo general, el arrendamiento se hacía a título colectivo; pero también había arrendatarios individuales como Juan B. Franyuti en el distrito de Acayucan.494 No descartamos que esta última forma era nada más una variante de la primera y que el titular individual jugaba sólo el papel de comisionado de sus colegas. Entre los arrendatarios del distrito de la Nueva Veracruz identificamos a comerciantes porteños asociados con hombres de la capital del reino: así durante el periodo de 1723-1732 cuando la administración estaba a cargo de José de Zavaleta, regidor perpetuo del puerto, y Francisco de Aguirre, su suegro, vecino de la ciudad de México.495

En la Costa Chica se hacía sentir el peso de los comercios de México y Oaxaca. La alcabala de Acapulco se recaudaba a veces directamente por comerciantes de la capital.496 En Jicayan e Igualapa, probablemente también en Huatulco, se alternaban administradores, funcionarios de real hacienda, y arrendatarios que pertenecían en más de una ocasión al comercio de la ciudad de Oaxaca.497

Desde los años 1740, la corona redujo la duración de los contratos de arrendamiento a 5 años.498 A partir de 1750, varios distritos se sometieron al control directo de real hacienda y al arrendatario siguió un administrador. Mas los cambios no eran aún muy firmes. Entorno a 1770 reaparecieron asentistas en todas las jurisdicciones. Fue hasta 1778 cuando la corona estableció

491 Hamnett (1976: 97-100).

492 Fonseca/Urrutia (1845: II, 1-10).

493 AGI, México 867, Arrendamiento de la alcabala de Veracruz, 1723.

494 AGI, 2044A, Real caja de México 1744, enteros a título de alcabalas; AGN, Civil 43, ff. 244-278.

495 AGI, México 867, Arrendamiento de la alcabala de la Nueva Veracruz, 1723.

496 AGN, General de Parte 31, f. 200v: Remate de la alcabala de Acapulco por el periodo 1738-1743 en Esteban de la Puente, vecino de la ciudad de México.

497 AGEO, Alcaldías Mayores, leg. 11, exp. 21: Leonardo Saenz de Morales, vecino de Oaxaca, aparece como juez administrador de las reales alcabalas de Jicayan e Igualapa en 1699; AGN, General de Parte 43, f. 1v: José Antonio Pérez de Viña, vecino de Oaxaca, es asentista de la alcabala de Jicayan en 1759.

498 Véase AGI, México 2044-2050, Cuentas de la caja real de México, 1739-1777, enteros a título de alcabalas, para este párrafo.

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definitivamente la recaudación directa de las alcabalas en todos los distritos.499 Los nuevos funcionarios cobraban un sueldo fijo – entre 100 pesos anuales en los Tuxtlas y 200 pesos en Acapulco – y una comisión de por lo general el 14 por ciento sobre la masa recaudada.500 Muchos de los administradores eran viejos vecinos de sus distritos. De los administradores de Jicayan, Francisco Rionda era comerciante, Bernardo Zamorrátegui ganadero y capitán de la caballería miliciana del distrito, Tomás de la Serrada comerciante y propietario de trapiches y ranchos.501 En Igualapa, Jacinto Ledos cambiaba hacia 1790 de la subdelegación a la administración de alcabalas.502 El arrendatario de las alcabalas de Acapulco en 1766, Luis Moreno, vecino del puerto y mayordomo de la cofradía del santísimo sacramento sita en su parroquia, reapareció en 1780 como administrador de la renta.503 El administrador de la renta de Acayucan para 1786, Juan García Amoroso, se había empadronado en el censo de 1777 como vecino de la cabecera. 504 Las clases dominantes costeñas seguían controlando la alcabala a fines del siglo XVIII.

La información sobre la evolución del producto de la alcabala en los distritos costeños es muy fragmentaria. La única serie completa es la de la Nueva Veracruz (cuadro 36).505 Podemos observar la caída y la recuperación del producto de la renta durante la segunda mitad del siglo XVII, el repentino crecimiento entorno a 1700, la evolución errática de las primeras décadas del setecientos, el vigoroso desarrollo a partir de 1750 y el estancamiento de los años 1790.

Tratamos de interpretar estos datos. Consideramos que el movimiento del producto de la alcabala era el resultado de dos procesos. Como impuesto sobre la circulación, el producto de la alcabala se vinculaba evidentemente con la dinámica de las actividades comerciales. Sin embargo, entre el movimiento de la circulación y aquel del producto de la renta se interponía la lucha de clases: la lucha entre contribuyente, recaudador y corona. ¿Hasta qué grado controlaba la corona el movimiento del producto de la alcabala? Distinguimos tres periodos de fuerte crecimiento de la renta: los años entorno 1700 y las décadas de 1750 y 1780. El primer auge del producto de la renta, quizás el más pronunciado, se producía en un momento caracterizado por la impotencia total de la monarquía española. El segundo empezó veinte años antes de que Gálvez llegará al puerto, el tercero una década después de la memorable visita del prócer de los golillas de la corte de Carlos III. No todo podía depender entonces de las políticas diseñadas por

499 Fonseca/Urrutia (1845: II, 89).

500 Fonseca/Urrutia (1845: II, 96-118).

501 Véanse AGI, México 2045B, caja real de México, entero de 10 pesos por una licencia de herrar ganado a 22/7/1767 y AGN, General de Parte 57, ff. 62v. 105. 198 con respecto a Zamorrátegui; AGI, México 2065-2066, caja real de México 1795-1796, enteros a título de alcabalas, y AGN, AHH leg. 72, exp. 9 para Serrada: AGEO, Tesorería principal, leg. 7, exp. 5 y AGN, Subdelegados 37, exp. 45, con respecto a Rionda.

502 AGN, Tributos 34, ff. 35-47; AGN, Subdelegados 26, exp. 5.

503 AGI, México 2110 y 2112, caja real de Acapulco, 1767 y 1780, enteros a título de alcabalas.

504 AGI, México 2590, Padrón de Acayucan, 1777; AGI, México 2931, caja real de Veracruz 1786, alcabalas foráneas.

505 AGI, Contaduría 878-889, 891; AGI, México 2923-2942. Los datos se han deflacionado con índices de precios basados en Garner (1985). Para la segunda mitad del siglo XVII se usaba la tabla I, para el siglo XVIII la tabla III (AV9).

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la corona. El movimiento del producto de la renta debía de determinarse principalmente a través de la evolución de los intercambios y de la disposición de los comerciantes de pagar los debidos impuestos.

Veamos también los datos para el resto de los distritos (cuadro 37).506 En términos generales se confirman los dos aumentos de los años 1750 y 1780; excepto en Jicayan e Igualapa, la década de 1770 se caracterizaba por el estancamiento del producto de la renta. En principio, la cronología de las alzas coincide con aquella de la implantación del sistema de recaudación por administradores. Ahora bien, si empujamos el análisis descubrimos que las cosas no eran tan sencillas. Constatamos, por ejemplo, que el producto de las alcabalas jicayenses y tuxtleca seguía creciendo en los años 1770 aunque los respectivos comercios locales arrendaban el impuesto a lo largo de la década.507 Una vez más se confirma que las iniciativas de la corte de Madrid no explican la historia del reino novohispano.

Terminamos con una última reflexión. Resulta imposible reconstruir la dinámica del fraude fiscal. Consta, empero, que los comerciantes ejercían los controles precisos para realizar el fraude. Este hecho debería de volvernos cuando menos pensativos ante los intentos de reconstruir la dinámica del índice mágico que es para algunos el producto naciona bruto a partir del movimiento del producto de las rentas fiscales. En vista del desarrollo general de las sociedades costeñas es probable que los aumentos de la alcabala en los años 1750 y 1780 tradujeran avivamientos reales de los intercambios.508 Empero, nos guardamos de postular una correlación automática entre ambos procesos.

LOS ESTANCOS REALES

El rey no solo imponía el comercio: también actuaba él mismo cómo comerciante. Desde el siglo XVI existían los estancos de naipes y de pólvora.509 Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el sistema se desarrollaba. En 1764 se dispuso el estancamiento de la venta de tabaco, en 1779 el de la nieve. En 1765 se estableció además el monopolio real sobre el correo.510 Se trataba de artículos y de servicios que tenían una gran demanda. El discurso oficial de que no se imponían bienes “necesarios a la vida humana” constituía entonces una verdad a medias.511 No menos hipócrita resulta la legitimación a través de la preocupación de su majestad por la moral de sus vasallos. Con respecto al estanco de naipes, por ejemplo, Fonseca y Urrutia señalaban que este se debía a que “a los soberanos toca privativamente contener los perjuicios (que con el abuso de su libertad en las materias lícitas originan a su sociedad los vasallos, mejorar y arreglar con útiles y

506 AGI, México 2046-2070, 2110-2118, 2131-2132, 2139-2144, 2923-2943. Con respecto al proceso de deflación, véase supra, nota 34.

507 AGI, México 2046B-2050B. Caja real de México 1770-1777.

508 Véase infra. Cap. 11., respecto a la dinámica socioeconómica de las costas.

509 Fonseca/Urrutia (1845: II, 266-272, 295-319).

510 Fonseca/Urrutia (1845: II, 353-439; IV, 392-397). Véase también Humboldt (1984: 542).

511 Fonseca/Urrutia (1845: II, 354).

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convenientes estatutos sus costumbres e inclinaciones, y reducir a más recomendables objetos sus prodigalidades y desperdicios”.512 No queremos aquí discutir la eficiencia de los monopolios ni su rentabilidad. En cambio sí nos interesa mostrar que también el éxito de los estancos dependía en última estancia de la voluntad de las clases dominantes del reino. En efecto, si revisamos la lista de los administradores de los estancos en las cabeceras costeñas encontramos que todos eran reconocidos comerciantes. Este era el caso, por ejemplo, de Zenón Añorve, José Reguera, José García y Juan Fernando Romay, administradores del estanco del tabaco en Ometepec, Ayutla, Juquila y San Andrés Tuxtla, respectivamente.513 También Juan Gerónimo Rodríguez Estevez, durante 12 años administrador de correos en Pinotepa del Rey, pertenecía a la crema y nata del lugar.514 A veces, los administradores de los monopolios coincidían con los recaudadores de la alcabala. Gaspar Venancio Domínguez, por ejemplo, se responsabilizaba en los años 1770 de las alcabalas, del tabaco, de los naipes y de la pólvora en su natal Ometepec. 515 La lista podría prolongarse infinitamente. Como también para la administración de los monopolios se requería de fiadores, es decir de amigos acaudalados que se arriesgaban para uno, era muy difícil que las clases dominantes perdieran el control sobre el negocio.

EL TRIBUTO INDIO

La fiscalización de las comunidades era sumamente sencilla, ya que se resumía en una sola exacción. Desde la conquista esta se solía caracterizar como tributo, un término con una fuente connotación denigrativa como reconocía la misma corona en un momento dado.516

El tributo se cobraba por el justicia al titular de las tierras de comunidad, la república de indios. Esta era responsable de la recaudación entre los sendos comuneros. El importe del tributo se calculaba de acuerdo con el número de comuneros o tributarios. Este se determinaba por uno de los comisarios de real hacienda que recorrían periódicamente el reino.517 En sus cuentas se guiaban por normas establecidas a mediados del siglo XVI. Los indios casados se registraban como tributarios completos, los solteros y viudos como medios tributarios. No se matriculaban los caciques y sus hijos mayores, los miembros de la república (mientras ejercían sus funciones), los ancianos e incapacitados.518

512 Fonseca/Urrutia (1845: II, 297).

513 AGN, Criminal 306, f. 281v; AGN, General de Parte 58, ff. 40v.46; AGN, Subdelegados 26, exp. 5; AGEO, Tesorería principal leg. 11, exp. 4.

514 AGN, Subdelegados 37, exp. 45, ff. 257-260.

515 AGN, General de Parte 53, s/f; AGN, Tributos 34, ff. 13-33.

516 Al restaurar el tributo en 1814, Fernando VII mandó que se cambiara el término de tributo a contribución, por tener aquel una “nota denigrativa”: AGI, México 1144, Exp. sobre el restablecimiento de los tributos, 1814.

517 Con respecto a los comisarios, véase Güemes Pacheco (1986: 67-68).

518 Cook/Borah (1978a:36-38).

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La exacción que se recaudaba generalmente por tercios cada cuatro meses consistía en el tributo propiamente dicho y tres impuestos accesorios: el medio real de ministros para el juzgado general de indios, el medio real de hospital para el hospital de indios de la ciudad de México y, hasta la primera mitad del siglo XVIII, el medio real de fábrica para la construcción de las catedrales de Puebla, México y Oaxaca.519 Originalmente, la renta se había pagado en productos de la tierra. Pero a partir de 1561, las artesanías y los frutos se iban sustituyendo por reales. Casi todas las conmutaciones se realizaban antes de que terminara el siglo XVII. El último pueblo costeño que se sometió al proceso era Zacatepec que enteraba su tributo aún en los años 1760 en algodón hilado.520 En el siglo XVIII, las tasas variaban considerablemente.521 Los indios de Tixtlancingo y Coyuca pagaban en 1786 24 reales, los de Cacahuatepec 20,5 reales, los de Tecuanapa 16,5 reales y los de San Marcos 12 reales.522 En las jurisdicciones de Jicayan e Igualapa, la cuota era uniformemente de 16,5 reales.523 En el distrito de Acayucan había un pueblo cuya cuota era de 16 reales, en los demás cada tributario pagaba 16,5 reales.524 Los indios de Tlacotalpan y de Medellín contribuían con 14 reales por tributario.525

El tributo era una forma de explotación y provocaba como tal la respuesta de los explotados. Entre estas destacaban el aplazamiento de la boda – los solteros sólo pagaban medio tributo – y el ocultamiento en el monte o en jurisdicciones aledañas.526 La corona trataba de contrarrestar lo que consideraba fraude. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, las cuentas de tributarios eran cada vez más frecuentes y más sistemáticas.527 Para cerrar el escape del solterío se movilizaba primero la iglesia para que exhortara a los jóvenes a casarse. Así no extraña que el obispo Ortigoza de Oaxaca repitiera a lo largo de su visita pastoral de 1780-1782 a los párrocos que no permitieran “que los tratados de casar vivan en una misma casa, ni dilaten el contraer sus matrimonios”.528 En 1786, los golillas de la corte recurrieron a medidas más drásticas y dispusieron que en adelante todo hombre de 18 a 50 años se considerara como tributario completo, independientemente de su estado civil.529 Mas Madrid no era la Nueva España. En el altiplano se perciben algunos intentos de implantar la reforma a principios del siglo XIX.530 Con

519 Fonseca/Urrutia (1845: I, 519-520. 536-538; VI, 211-212).

520 AGI, México 2044B y 2044C, Caja real de México 1761-1763, enteros a título de tributos, Jicayan.

521 Güemes Pacheco (1986: 66-67).

522 AGN, Tributarios 25, exp. 15.

523 AGEO, Tesorería Principal, leg. 12, exp. 4; Fonseca/Urrutia (1845: I, 450). De acuerdo con Gibson (1967: 213), en el valle de México se manejaban tasas de 13-22, 5 reales en el siglo XVIII.

524 Fonseca/Urrutia (1845: I, 450).

525 Fonseca/Urrutia (1845: I, 450).

526 AGI, México 2588, Visita del Obispo Ortigoza a su diócesis, 1781, AGN, Tributos 54, ff. 104-199.

527 Cook/Borah (1978: 38).

528 AGI, México 2588, Visita del obispo Ortigoza a su diócesis, 1781.

529 Cook/Borah (1978a: 38).

530 Gibson (1967: 212).

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respecto a las costas, regiones alejadas de los centros administrativos del reino, es muy dudoso que la nueva legislación se haya aplicado alguna vez.531

El tributo cumplía una doble función en la realización de los derechos reales. Por una parte constituía una renta, procuraba un ingreso. Pero más allá de la materialización directa, el tributo obligaba al indio a producir excedentes. Estos alimentaban la circulación y producían, en un momento dado, al venderse por un no indio, alcabala. Ahora bien, pagando el tributo, los indios quedaban exentos de todos los demás impuestos reales. Desde fines del siglo XVIII había quienes se preguntaban si los 2-3 pesos que se recaudaban por tributario equivalían a lo que hubiera generado, por ejemplo, la extensión de la alcabala a los indios. Abad y Queipo se refería con sarcasmo al impuesto: “Si en la aritmética de real hacienda hay casos en que tres y dos no son cinco, el presente es ciertamente uno de ellos”.532 Pero el tributo tenía más inconvenientes todavía. La exención del comunero de la alcabala daba lugar a todo género de fraudes, ya que los indios fungían como hombres de paja de los españoles y mestizos.533

A todo eso se sumaba el paulatino declive de la importancia del tributo como pilar de real hacienda. Desde la conquista, la renta había sido uno de los ramos mayores de real hacienda. Entre mediados del siglo XVII y los años 1780 representaba alrededor del 10 por ciento del ingreso total de la caja matriz de México.534 De allí en adelante, su parte bajaba para constituir a fines del siglo menos del 1 por ciento de la masa fiscal total. El movimiento se debía no sólo al aumento de las demás rentas fiscales, sino también a una caída real del producto del tributo. En términos absolutos observamos una primera caída hacia 1790, otra antes de 1800. Es probable que el fenómeno se debiera a los crecientes problemas en la recaudación. En efecto se multiplicaban en ese entonces las otorgaciones de prórrogas para comunidades que se debatían con epidemias y hambrunas. Estas prórrogas conducían a la acumulación de adeudos de las repúblicas con los justicias y de estos con real hacienda.535

Por decreto de 26 de mayo de 1810, la primera regencia abolió el tributo de indios.536 Al año siguiente, el virrey Venegas determinó por iniciativa propia que como compensación se extendiera la alcabala a todas las transacciones entre los indios. De regreso en el poder, Fernando VII y su círculo trataban de restaurar la legislación anterior. Desde noviembre de 1814, el consejo de indias recomendaba sustituir la alcabala por el tributo. Aquella era, decía, “mucho m|s odiosa a los indios”. En real decreto de 14 de enero de 1815, el rey mandó restablecer el tributo tal como se cobraba hasta1808; para quitar la “nota denigrativa” al

531 Las cuentas de tributarios (cuadro 3.) muestran una gran continuidad entorno a 1800. Sólo en Jicayan observamos un aumento significativo.

532 Abad y Queipo Manuel, Representación sobre la inmunidad personal del clero, en: Moreno García (1986: 123-134. 128).

533 AGI, México 1780, Informe de Francisco Antonio Villarasa Rivera, ministro tesorero de las reales cajas de Oaxaca, 22/4/1793.

534 Slicher van Bath (1988: 172).

535 Pastor (1987: 210-211). Con respecto a las costas puede verse el caso de Juquila en AGEO, Real Intendencia II, leg. 21, exp. 32.

536 AGI, México 1144, Exp. sobre el restablecimiento del tributo para los indios, 1814.

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impuesto se cambiaba su nombre de tributo a contribución. Así, el tributo desaparecería definitivamente hasta la consumación de la independencia y el establecimiento de una nueva legislación fiscal.

EL REPARTIMIENTO DE INDIOS

En el siglo XVI, los pueblos costeños sufrían enormemente con la movilización de los hombres para la construcción de caminos y de las infraestructuras portuarias de Veracruz y Acapulco. En el siglo XVIII, el trabajo forzado como forma de tributación seguía siendo importante para la gente de razón, reclutada para las milicias y la armada real.537 El recurso a la fuerza de trabajo de los indios, en cambio, era mínimo. Así parece que ninguna de las comunidades locales participaba en las grandes obras que la corona emprendía en ese entonces en Veracruz y sus alrededores. La situación se explica menos por un cambio en las estrategias de la corona que por las nuevas necesidades de los comerciantes de la región. Significativo resulta un episodio de 1762. Ante el peligro – o con el pretexto del peligro – de una inminente invasión inglesa, el virrey ordenó a los justicias de Cosamaloapan, Acayucan y los Tuxtlas que mandaran 600 indios para la reparación de San Juan y la fortificación de Antón Lizardo. Para los terratenientes de Sotavento, esta medida significaba privarse de una mano de obra barata por un tiempo indefinido. Se oponían y lograban que la orden se revocara.538

DONACIONES Y PRÉSTAMOS

Las donaciones a su majestad se establecieron desde la guerra de sucesión española.539 En la caja de real hacienda de Veracruz, por ejemplo, se enteraban desde 1706 16,946 pesos a este título; de 1708 a 1715 seguían otros 15,995 pesos.540 En la guerra de siete años y conflicto hispano-ingles de los años 1760 se recaudaban en dicha caja 23,713 y 7,715 pesos, respectivamente.541 A petición expresa de la corte, el ayuntamiento de Veracruz liberó en 1776 50,000 pesos para la construcción de una fragata para la armada real en Tlacotalpan.542 En los años 1780 cuando la independencia de las colonias de América del Norte volvió a enfrentar las cortes de Londres y Madrid, las contribuciones de los súbditos novohispanos ya no eran “a la medida de las fuerzas de cada uno” sino de acuerdo con cuotas de 2 pesos por vecino español y de la mitad por castas e

537 Véase infra, cap. 9.

538 AGN, Indif. de Guerra 532A, Alonso Blasco y Vargas al virrey, 30/9/1762.

539 Remitimos también al artículo fundamental de Marichal (1990) sobre donativos y préstamos a fines del siglo XVIII.

540 Te Paske/Klein (1988: I, 32-37).

541 Te Paske/Klein (1988: I, 51. 60).

542 AHV 1795, El ayuntamiento de Veracruz al virrey, 23/12/1795.

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indios.543 Esta vez se juntaban 20,617 pesos a través de las cajas de Veracruz.544 Las campañas de 1787 y 1793-1797 tenían carácter voluntario y reportaban, en lo que a Veracruz se refiere, 110’105 y 127’320 pesos, respectivamente.545 En 1799 Madrid recurría una vez más a los donativos obligatorios. Los datos que corresponden al distrito de Igualapa muestran que al igual que en los años 1780-83 se manejaban cuotas mínimas. Los vecinos de razón de las cabeceras parroquiales y los pardos de Huehuetlan contribuían uniformemente con un peso, los sirvientes con cuatro reales. Algunos personajes destacados aportaban montos mayores: José Antonio de Ibarra, prócer del comercio de Ometepec enteraba 25 pesos, otros mercaderes de 2 a 6 pesos.546 En la intendencia de Veracruz, por su parte, se recogieron en tres años 140,556 pesos.547 Sólo cinco años después de esta campaña nacional, el virrey Iturrigaray pidió al ayuntamiento de Veracruz le informara sobre sobrantes que podría regalar al rey. En respuesta, el cabildo ofreció 2,000 pesos.548 La caja real del puerto registró este año donativos por 14,049 pesos: un hecho que sugiere que al donativo colectivo se añadían otros particulares.549 En 1808-1809, la corona apeló una vez más al patriotismo de los novohispanos, organizando una colecta nacional en que se aplicaban, según parece, cuotas mínimas forzosas. Las cajas de Acapulco recaudaron 5,212 pesos entre los vecinos de razón y los indios laboríos –los indios comuneros estaban, por lo visto, exentos – de los distritos de Acapulco y Zacatula, las de Veracruz 138,899 pesos.550 La caja matriz de México continuaba registrando donativos en los años siguientes: podemos conjeturar entonces que las campañas seguían también en las costas.551

Los datos más completos sobre donativos son los que corresponden a las cajas de Veracruz. Al comparar los productos de las colectas voluntarias de 1787 y 1793-1797 con los de las forzosas de 1781-1788 y 1799 observamos que el llamado de 1781-1783 era el que menos reportaba: los demás rendían casi igual. Diríamos entonces que el producto de las colectas no dependía de su carácter: que no era la corona la que determinaba el éxito o el fracaso de las campañas, sino las clases dominantes novohispanas a través de su desempeño como recaudadores y de sus donativos extraordinarios.

También los préstamos empezaban desde el siglo XVIII. Al respecto hay que distinguir entre los caudales que los próceres del puerto suplían desde 1786 a corto plazo y, según parece, sin interés a la caja real para sus obligaciones cotidianas: adelantos que se devolvían realmente, por

543 Fonseca/Urrutia (1845: II, 439-454).

544 Te Paske/Klein (1988: I, 70-72).

545 Te Paske/Klein (1988: I, 76. 84-93).

546 Gaceta de México 28/9/1799.

547 Te Paske/Klein (1988: I, 94-96).

548 AHV 1805, El virrey al ayuntamiento de Veracruz, 9/4/1805; AHV 1805, el ayuntamiento de Veracruz al virrey, 17/8/1805.

549 Te Paske/Klein (1988: I, 99-100).

550 AGI, México 2116, Caja real de Acapulco 1808-1809; Te Paske/Klein (1988: I, 101-102). El dato para Veracruz comprende el sólo año de 1808, ya que la cuenta de 1809 se perdió.

551 Te Paske/Klein (1988: II, 208-222).

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lo menos hasta 1800, y los préstamos a fond perdu que eran de hecho donativos disfrazados. Estos últimos eran muy raros antes de 1800. En 1762, el visitador Gálvez tomó de un fondo municipal destinado a la construcción de un acueducto del río Jamapa a la ciudad 90’207 pesos. En 1795, ante un llamado del virrey Branciforte, el ayuntamiento contribuyó con 28,000 pesos, dos años después, el consulado añadió otros 100,0000 pesos.552

En 1809, el gobierno virreinal lanzó el préstamo patriótico, una iniciativa mediante la que se intentaba recapitalizar las arcas reales, exhaustas por las masivas exportaciones de plata a la metrópoli después del golpe de estado de 1808.553 En la ciudad de Veracruz, el préstamo ascendió a 402,000 pesos: el cabildo juntó 100,000 pesos entre los regidores, el consulado prorrateó el resto entre sus miembros. El dinero se devolvió hasta dos años después, en 1812. 554 El cuatrienio 1812-1815 era un periodo de préstamos forzosos cuya liquidación era dudosa a pesar de la promesa del virrey Venegas en el sentido de que la corona cumpliría religiosamente todos los compromisos con sus acreedores internos y externos. De hecho, las bonitas palabras del primer representante de la corona en la Nueva España eran una especie de captatio benevolentiae, ya que introducían un escrito del primero de diciembre de 1812 en que se ordenaba al ayuntamiento de Veracruz juntar 300’000 pesos y entregarlos en la caja real como préstamo.555 A inicios de 1815, el virrey Calleja exigió nuevos préstamos de carácter forzoso a las principales ciudades del reino.556 A Veracruz se asignaron 400,000 pesos. Al igual que sus compañeros de la capital, los comerciantes del puerto consiguieron que se formara una junta del préstamo forzoso de 400,000 pesos. El consejo se componía de nueve miembros – cinco comerciantes, dos religiosos en representación de los conventos porteños y el cura párroco – y era presidido por el gobernador. En una misiva del primero de julio de 1815, los consejeros solicitaron al presidente que obtuviera del virrey una reducción de la cuota hasta un monto mínimo de 100’000 pesos. Según sus planes, estos se podían obtener no en la ciudad sino mediante la imposición del algodón que se cosechaba en los distritos de Sotavento, de las semillas que se conducían de allí a la ciudad y de la importancia de géneros extranjeros desde La Habana.557 No sabemos si el punto de vista del comercio terminó por imponerse o no.

No sólo el gobierno del reino, también las autoridades de la intendencia esperaban que los comerciantes del puerto les sacaran con préstamos de sus apuros financieros. Para granjearse simpatías, el gobernador interino José M. Soto estableció desde mayo 1812 una junta de arbitrios, un consejo asesor en asuntos de la hacienda local. La institución se integraba por tres miembros del ayuntamiento, otros tres del consulado, el prior y los cónsules de este cuerpo, los jefes de las oficinas de hacienda, el asesor letrado de de la intendencia y el fiscal.558 A inicios de febrero de 1813, el gobernador de la plaza pidió un primer préstamo de 15,000 pesos para la

552 AHV 1795, EL ayuntamiento de Veracruz al virrey, 23/12/1795. Véase también Hamnett (1978: 29).

553 Hamnett (1978: 29).

554 AHV 1809, Exp. sobre el préstamos patriótico; AHV 1812, Exp. sobre el préstamo patriótico.

555 AHV 1813, El gobernador Urrutia al ayuntamiento de Veracruz, 22/2/1812.

556 Hamnett (1978: 97-98).

557 AHV 1815, La junta del préstamo forzoso al gobernador presidente, 1/7/1815.

558 Lerdo de Tejada (1950: II, 102).

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caja real del puerto. Tropas realistas habían llegado y su comandante Juan José de Olazabal exigía dinero y abasto. La presión militar no dejaba otra salida que el cumplimiento de las órdenes.559 Olazabal, destinado a la región para limpiarla de las gavillas de insurgentes que la dominaban, seguían con su política chantajista. A 12 de marzo del mismo año de 1813 pidió otros 50,000 pesos, esta vez directamente al ayuntamiento. El cabildo, cuyos miembros estaban, en tanto que comerciantes, cada vez más acongojados por el bloqueo de las comunicaciones directas entre el puerto y la capital, decidió juntar 65,000 pesos, más de lo pedido, entre aquellos vecinos que aún no habían pagado su cuota del préstamo forzoso de 1812.560 Paralelamente, el consulado estaba a cargo de un préstamo para la caja real del lugar: un préstamo que, significativamente, no iba a producir nada.561

Con la tranquilización sucesiva de los diferentes frentes a partir de 1816 desaparecieron las donaciones y los préstamos forzosos. Con todo persistía el problema del endeudamiento público, a nivel nacional como a nivel local, y muchos de los préstamos hechos en los años de la guerra nunca se reembolsaron.562

Los préstamos gravaban, en lo que eran las costas, casi exclusivamente al comercio de Veracruz. Consta su control absoluto sobre la situación: cuando le interesaba, las aportaciones eran cuantiosas, cuando no, no había fondos por más que las autoridades presionaran.

LA FISCALIDAD NOVOHISPANA: UN PACTO ENTRE LA CORONA Y LAS CLASES DOMINANTES DEL REINO

A través del análisis de los principales aspectos de la fiscalidad en las costas queda claro que el que determinaba el producto de las rentas reales era el comercio, en particular el comercio del puerto de Veracruz. Los comerciantes concedían a la corona aquella parte del producto regional – que era, en las costas, producto del trabajo campesino – que consideraban necesaria para que la corona pudiera crear y mantener condiciones favorables a sus negocios.563 Así las cosas podemos descartar que la política de la corona haya tenido un impacto decisivo en el desarrollo del reino: este se decidía aquí, a través de la lucha entre los campesinos y sus explotadores nacionales.

Veamos un último ejemplo de la capacidad de decisión real de los comerciantes. Por órdenes de la metrópoli, Calleja estableció en bando de 15 de diciembre de 1813 la contribución directa extraordinaria para atender a las urgentes necesidades del Estado.

559 AHV, AC 5/2/1813, 8/2/1813, 12/2/1813.

560 AHV, AC 12/3/1813.

561 AHV, AC 27/8/1813.

562 Hamnett (1978: 108-117).

563 También Marichal (1990: 884-885, nota 7) parece admitir implícitamente que las aportaciones de las clases dominantes del reino a la monarquía nacían más de su interés en mantener los lazos con la corona que del control que esta hubiera podido ejercer sobre ellas.

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La nueva exacción se pagaría, así se preveía, sobre ventas, ganancias y productos.564 Al recibir la orden por conducta del gobernador en cabildo de 11 de marzo de 1814, los regidores decidieron “obedecerla y no cumplirla”.565 En una carta secreta al consejo de regencia, el cuerpo insistía no sólo en su incapacidad de pagar sino también en la anticonstitucionalidad de la medida.566

Ante las protestas que llegaban de todas partes, el virrey elaboraba un nuevo proyecto: la subvención temporal de guerra. La reacción de los supuestos causantes era tan virulenta como en el caso de la contribución directa. El cabildo de Veracruz volvió a negar el cumplimiento.567 De hecho, el impuesto nunca se cobró realmente.568

LAS INVERSIONES DE REAL HACIENDA EN LAS COSTAS NOVOHISPANAS

La importancia de la corona como motor de las economías costeñas no era mayor que el de su control sobre la renta de la tierra. En efecto, los proyectos financiados por real hacienda eran poco y se limitaban a los puertos de Acapulco y Veracruz –aunque, a través de la demanda de materias primas podía haber repercusiones sobre las regiones rurales. En la medida en que la corona carecía de la infraestructura necesaria para las obras precisaba del apoyo de los comerciantes. Podemos conjeturar que los comerciantes de Acapulco y, sobre todo, de Veracruz se servían a grandes tajadas en estas obras públicas. A los grandes proyectos se añadían, por supuesto, las remuneraciones de la burocracia de las cajas reales y de los destacamentos de tropas regulares. También estos gastos se encontraban en los dos puertos.

La clave del puerto de Acapulco era el fuerte de San Diego, construido en el siglo XVII con indios repartidos de los pueblos costeños y maestros artesanos que acudían de las ciudades del

altiplano.569 El complejo nunca era muy impresionante. En 1767, el viajero Paul-Marie François

de Pagés describía San Diego como “un viejo fuerte mal conservado y poco considerable”.570 Una década después, en 1776, un terremoto acabó no sólo con la Ciudad de los Santos Reyes: también dejó severos daños en el fuerte.571

564 Hamnett (1978: 90-91. 97).

565 AHV, AC 11/3/1814.

566 Lerdo de Tejada (1950: II, 104-106). La carta nunca se entregó ya que llegó después del golpe de estado de Fernando VII que terminó con el régimen constitucional. El representante del ayuntamiento de Veracruz consideraba entonces mejor desaparecer un escrito en que se hacía alusión a la carta magna.

567 AHV, AC 23/2/1815.

568 Hamnett (1978: 97).

569 Widmer (1990: 109).

570 Pagés (1983).

571 AGN, Filipinas 11, ff. 197-207; AGN, Reales Cédulas Originales 108, exp. 105 y 141, exp. 7.

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Reparaciones eran inevitables. Las obras se realizaban de 1777 a 1779, según parece con jornaleros que trabajaban bajo la dirección del ingeniero Ramón Panon. Las obras debían de ser importantes, ya que a raíz de ellas la corona construía también nuevos hornos de cal y ladrillo.572 Pasado 1780, Rafael Vasco, castellano interino, construyó un muelle. El mismo funcionario impulsó también la reparación del camino del puerto a la capital. Las autoridades del reino no tardaron en aprobar el plan y desde 1783 se iniciaron las obras en el tramo de Dos Caminos a Acapulco. Los trabajadores, alrededor de 100 a mediados de la década, se reclutaban entre los arrieros de los ranchos que acompañaban al camino: gente que sufría crónicamente de subempleo en los meses de seca, después de la salida de la nao del puerto.573

En la década de 1790 culminó la fiebre constructora de los castellanos. En varias ocasiones se planteaba la construcción de puentes sobre el Papagayo y el Mezcala, dos ríos que solían cortar el camino Acapulco-México en las aguas. Todos los proyectos fracasaban a más tardar cuando tenían que demostrar su aptitud en el terreno.574 En el puerto continuaban mientras la reparación de San Diego, siempre con mano de obra remunerada.575 En 1792 empezó la renovación del palacio, la residencia del castellano, tres años después se iniciaron los trabajos para un campo santo.576 También observamos intentos para mejorar el medio: el secado de la Laguna del Castillo y la ruptura de un corte en la montaña al noroeste del asentamiento, la Abra de San Nicolás.577 En todas estas obras se recurría, según parece, a presidiarios.578

En la Mar del Norte, real hacienda cubría básicamente los gastos causados por el fuerte de San Juan. Sabemos de obras de renovación en el fuerte en 1727, obras que se llevaron a cabo con peones libres y 160 forzados.579 En 1762 se reparó San Juan y se fortificó Antón Lizardo: dos obras de gran envergadura como indica el fuerte presupuesto de 2,786 mio. de pesos.580 El empeño en la adaptación de las obras de defensa a los nuevos tiempos culminó entre 1775 y 1790. Los materiales de construcción se producían en parte en manufactura propias, en parte se compraban a terceros. Cerca de Tlacotalpan, en tierras de la hacienda de El Zapotal, se estableció la fábrica de Santa Rita, hornos de cal y ladrillo.

572 AGI, México 2112, Caja real de Acapulco.

573 Gaceta de México, 27/3/1787.

574 AGN, Inquisición 1358, ff. 227-229; Humboldt (1984: 464).

575 AGI, Caja real de Acapulco, 1797-1799; AGN, Historia 383, ff. 116. 128.

576 AGN, Obras públicas 32, ff. 228-235 y 41, ff. 289-318; AGN, Inquisición 1358, f. 233.

577 AGN, Historia 384, ff. 178-179; Humboldt (1984: 516).

578 AGN, Historia 384, ff. 178-179.

579 Lerdo de Tejada (1950: I, 294). El trabajo como forzado era uno de los castigos que se imponían en los juzgados del reino.

580 Lerdo de Tejada (1950: I, 305-306).

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Primero, la fábrica iba a cargo de un administrador que era responsable de los forzados que la corona ponía a su disposición. Más adelante, Santa Rita se arrendó a particulares.581 También la madera procedía de la cuenca. En este caso, el suministro se organizaba mediante contratas con el comercio tlacotalpeño.582

LA JURISDICCIÓN

La corona delegaba algunas facultades jurisdiccionales a los alcaldes de los ayuntamientos y de las repúblicas de indios: las que se necesitaban para que pudieran realizar sus propios derechos. Las competencias que importaban para la recaudación del tributo y de la alcabala por su parte se concentraban en manos de los respectivos responsables: el alcalde mayor tenía las facultades necesarias para controlar las repúblicas de su distrito, el recaudador de la alcabala aquellas que hacían falta para forzar el pago de vendedores recalcitrantes.

El papel jurisdiccional del alcalde mayor no se agotaba en el control sobre la recaudación del tributo. Él era el justicia por antonomasia, responsable de lo que hoy en día se llama seguridad pública: el mantenimiento de un clima social que permitiera la materialización de los derechos. Los coetáneos sabían muy bien por la importancia de una represión selectiva y bien aplicada. Al haberse controlado el tumulto de Acayucan en 1787, varios vecinos de la cabecera escribieron al juez comisionado que la causa m|s profunda del estallido había sido el “abandono en la administración de justicia” por parte del alcalde mayor. “De su fatalísimo gobierno, acusaban, y ningún castigo a los más enormes delitos ha provenido el general insolentismo, libertinaje y ninguna subordinación, con que casi todos (los indios) han estado viviendo y viven, sin el más mínimo temor a la Justicia, al Rey ni a Dios, hasta llegar a cometer los horrendos atentados, insolencias y tropelías que son notorias”.583

Los alcaldes mayores se designaban por el virrey; sólo los titulares de Acapulco y de Veracruz – que eran también gobernadores de San Diego y de San Juan, respectivamente – obtenían su nombramiento en la corte de Madrid.584 Con el establecimiento de las intendencias, unidades administrativas intermedias entre el reino y la alcaldía mayor, el control formal del justicia se trasladó a partir de 1786 del nivel nacional al nivel regional. El justicia, ahora llamado subdelegado, ya no se nombraba por el virrey, sino por el titular de la intendencia. El intendente proponía al virrey una terna de la que este tenía que escoger al nuevo funcionario.585 Las judicaturas costeñas se ocupaban ahora en Oaxaca (Huatulco y Jicayan), México (Acapulco y,

581 AHT, leg. 1, exp. 15, Ordenes que debe observar el comandante del destacamento destinado en los hornos de cal y ladrillo, 6/4/1777. Respecto al arrendamiento, véase Apuntes estadísticos de la Intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967: 115-150. 134).

582 AHT, leg. 5, El teniente de Tlacotalpan al intendente de Veracruz, 24/11/1806.

583 AGN, Historia 326, Joaquín de Hoyos, Manuel Savón de Oliveros y Álvaro de Guzmán al juez comisionado en el tumulto de Acayucan de 1787.

584 Israel (1980: 45-46).

585 Véase el caso de Cosamaloapan en 1801, en: AGN, Subdelegados 6, ff. 205-215. 263-285.

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hasta 1792, Igualapa), Puebla (Igualapa a partir de 1792) y Veracruz (todos los distritos sotaventinos).

En un principio, el justicia cobraba una remuneración fija de 300 a 500 pesos anuales en las cajas reales. Este sueldo se suprimió en algún momento después de 1720.586 A partir de 1786 se introdujo un nuevo sistema de recompensa: el funcionario podía quedarse ahora con el 5 por ciento de los tributos que recaudaba, los derechos de judicatura y, en Cosamaloapan, un impuesto sobre los puestos de mercado en tiempos de feria. En la mayoría de los distritos costeños, el rendimiento de los tres ingresos era totalmente irrisorio. En 1790, ascendía a 116 pesos en Acapulco, 1’400 en Acayucan, 255 en Cosamaloapan, 69 en Huamelula y 428 en Jicayan.587

Aún si algunos de estos datos pecaban seguramente de modestia – al fin y al cabo, los intendentes dependían de la información que les proporcionaban los mismos subdelegados, evidentemente interesados en la subevaluación de sus rentas – nos dan una idea de la problemática. Con la abolición del tributo se estableció de nuevo un ingreso fijo: a partir de 1811 se distribuían cada año 70’000 pesos entre los 211 subdelegados que tenía el reino en aquel entonces: una solución que significaba una remuneración media – ignoramos como se distribuía el monto – de poco más de 300 pesos.588

De contar nada más con estas rentas, las judicaturas costeños hubieran sido poco atractivas y los titulares unos pobretones. Resultaría entonces inexplicable como Gaspar de Morales, alcalde mayor de Jicayan entorno a 1770, juntaba una fortuna de m|s de 300’000 pesos durante el desempeño de sus funciones.589 Los justicias tenían evidentemente otros ingresos.

Sabemos en efecto que obtenían, legitimados por la corona o no, varios servicios y pagos de las comunidades de indios de sus respectivos distritos. Por ley tenían derecho a alojamiento en la cabecera: las casas reales, a construir y a mantener por la república.590 Los gobiernos indios tenían también la obligación de comisionar sirvientes y procurar los alimentos necesarios.591 En principio, ambas servidumbres se remuneraban. Sin embargo, los abusos eran constantes, se volvían costumbre y terminaban por adquirir fuerza de ley.592 Cuando recorrían su distrito, los

586 Hamnett (1976: 32); Pastor (1987: 264).

587 AGI, México 1979, Exp. sobre subdelegados.

588 AGI, México 1144, Exp. sobre subdelegados.

589 AGI, México 1872, Carta anónima al rey, 19/8/1777.

590 AGN, Propios y Arbitrios 24, f. 289.

591 AGN, Indios 50, f. 210v.

592 Cuando la república de Tlacamana acusa en 1810 al teniente de alcalde mayor en Pinotepa de exigirle abusivamente cada semana cinco hombres y cuatro mujeres para su servicio, este contesta “ que él nunca ha exijido este servicio de por fuerza que desde que es encargado se lo han dado por costumbre inveterada”. Véase AGEO, Real Intendencia II, leg. 34, exp. 21. Casos parecidos en AGN, Indios 69, f. 146 (Igualapa 1792) e Indios 19, f. 227v (Igualapa 1661).

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alcaldes mayores solían exigir el mantenimiento a las repúblicas que visitaban. Además cobraban un derecho por la revisión de la contabilidad de las cajas de común.593

Las grandes fortunas se adquirían, empero, a través de la usura, el préstamo a tasas usurarias al campesino. Durante mucho tiempo, el alcalde mayor era el principal usurero en su distrito. Ahora bien, a partir de mediados del setecientos, los comerciantes particulares empezaron a marginar a los funcionarios del negocio usurero.594 Con eso, los ingresos del justicia iban tambaleando. ¿Cuál era la respuesta de los justicias ante la nueva situación? En términos generales podemos decir que los funcionarios reales recurrían en mayor medida a su poder jurisdiccional. En algunas partes observamos mayores exigencias en servicios. Gabriel de Tejada, teniente de Ayutla entorno a 1780, exigía mano de obra para sus explotaciones agropecuarias, Pedro Pablo Vélez, subdelegado de Acayucan en vísperas de la Insurgencia, vendía esta mano de obra a los hacendados del distrito.595 Otra posibilidad de aumentar las rentas sin necesidad de grandes inversiones previas consistía en el cobro de derechos judiciales arbitrarios. Francisco Arvelo y Suárez, subdelegado de Huatulco entorno a 1800, exigía a cualquiera que se le presentaba para que le administrara justicia un peso antes de empezar las averiguaciones.596

Los alcaldes mayores solían nombrar a tenientes. Dotados con poderes jurisdiccionales, los tenientes precisaban de la confirmación por la audiencia.597 El número de tenientes era variable en el tiempo y en el espacio. A mediados del siglo XVIII, el titular de Jicayan tenía ayudantes puestos en Pinotepa del Rey, Tututepec, Juquila y Teotepec.598 El justicia de Igualapa tenía un apoderado en Ayutla.599 El teniente de Huatulco asistía al igual que su superior alternativamente en Huamelula, Tlacolula y Huatulco.600 En los Tuxtlas existían en los años 1720 cinco puestos de teniente.601 Estos tenientes eran, desde luego, una carga adicional para los pueblos donde residían.

En principio, el poder del justicia no era ilimitado. El que se sentía agravado podía levantar una queja ante la audiencia y más allá ante el consejo de Indias y el rey. Pero estos procedimientos implicaban gastos. Para empezar había que costear una delegación que fuera a la corte de México y planteara allí el caso. Si la queja procedía, la audiencia nombraba a un comisionado cuyo mantenimiento y cuya remuneración iban a cargo de los solicitantes. Al quejarse los indios de Jicayan en 1651 contra su alcalde mayor, la audiencia comisionó a un funcionario a la costa. En la orden correspondiente, el virrey le daba un plazo de 15 días para el cumplimiento de su

593 AGN, Tierras 3668, exp. 2.

594 Véase infra, caps. 10. Y 13.

595 AGN, Clero Regular y Secular 207, exp. 11; AGN, General de Parte 58, ff. 62-65v.

596 AGN, Tierras 1384, exp. 1.

597 AGN, Civil 43, ff. 244-278. no. 36.

598 AGN, Alcaldes Mayores 6, ff. 158-161.

599 AGN, Alcaldes Mayores 10, ff. 258-261.

600 AGN, Alcaldes Mayores 10, ff. 246-249v.

601 AGN, Civil 43, ff. 244-278.

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misión y le concedía un sueldo de 7 pesos diarios.602 Más caro les salía a las comunidades de los Tuxtlas una queja contra su justicia depositada en 1732 en la corte: el comisionado, el alcalde mayor de Cosamaloapan, se llevaba 600 pesos – y eso sin que los solicitantes quedaran satisfechos.603 En realidad, parece que las comisiones terminaban por lo general sin resultado. Muchos indios, temiendo las previsibles represalias del alcalde mayor después del retiro del visitador preferían no hablar. Además era de público conocimiento que los justicias se encubrían mutuamente, ya que todos cometían los mismos abusos. En algunos casos, los mismos gobiernos indios, cuya dependencia del alcalde mayor se acrecentaba en la medida en que se deterioraba su asiento económico, traicionaban a sus comuneros.604

602 AGN, General de Parte 10, f. 47.

603 AGN, Civil 43, ff. 244-278, no. 5.

604 Véase el caso de la comunidad de Igualapa en 1793: AGN, Indios 69, f. 168v.

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8. LAS RENTAS DE LAS INSTITUCIONES ECLESIASTICAS.

Hace ya más de diez años, Arnold Bauer analizó en un artículo que sigue siendo básico la gran variedad de rentas eclesiásticas en los reinos indianos: el diezmo, las limosnas, los derechos parroquiales, el producto de bienes raíces, de cofradías, de censos y depósitos.605 No todas las rentas gravaban de la misma manera los diferentes grupos sociales ni todas beneficiaban al mismo grupo de rentistas. En efecto, la iglesia distaba de ser una institución homogénea: por un lado estaban el obispo y la curia diocesana, por el otro los curas párrocos. Habrá que plantear entonces en cada uno de los casos las relaciones sociales que se establecían a través de la renta.

Ahora bien la iglesia no consumía todo el producto de sus rentas. Una parte de las exacciones se canalizaba en forma de préstamos hacia los comerciantes. Al analizar el comportamiento de estos grupos ante la iglesia y sus derechos no hay que perder de vista este hecho crucial: uno de tantos factores que muestran la funcionalidad de las instituciones eclesiásticas por los comerciantes del reino.606

EL DIEZMO

Bajo la cobertura del nombre de dios, diferentes instituciones eclesiásticas realizaban diferentes derechos. El diezmo era, de facto, un derecho de las curias episcopales. Por decreto de 5 de febrero de 1541, Carlos I había dividido la masa diezmal de las diócesis novohispanas en cuatro partes. Una se asignaba al cabildo, otra al obispo. De las restantes dos se formaban novenos: cuatro novenos correspondían a los curas párrocos, dos a la corona y tres a la fábrica de templos y hospitales. Sin embargo, aprovechando su control sobre la recaudación, el obispo y el cabildo catedralicio acaparaban pronto todo, excepto los dos novenos reservados para la corona.607 Los diezmos costeños nutrían así de facto la curia de Oaxaca y, en menor grado, las de puebla y de México.608

De acuerdo con el planteamiento oficial, el diezmo era el derecho de dios sobre los productos de la tierra. Pagaban diezmo los dueños de las unidades de producción: los campesinos que trabajaban sus explotaciones familiares, pero también los grandes arrendatarios y los latifundistas que administraban una reserva. Los no comuneros, gente de razón o instituciones que cualquier etnia, diezmaban su producción al 10 por ciento. El tabaco pagaba el 8 por ciento, el azúcar el 5 por ciento, la panela y productos lácteos como el queso el 4 por ciento.609 Los indios pagaban el diezmo pío o diezmo de aves, una tasa anual de 1-2 reales por casado o

605 Bauer (1986).

606 Véase infra, cap. 10, con respecto a las actividades prestamistas de la iglesia.

607 Bauer (1986: 15-21).

608 Respecto a la distribución de los partidos costeños entre los diferentes obispados, véase hic infra, cuadro 43.

609 Borah (1955: 510).

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viudo.610 En años malos diezmaban entonces hasta por lo que diosito no les había dado. Con todo, pagando los 2 reales, los indios quedaban exentos del diezmo en cuanto labraban productos americanos en sus propias tierras. Ahora bien, si trabajaban en tierras no comunales o por cuenta de terceros, aunque se tratara de una cofradía, si tenían que pagar el diezmo, por lo menos en el arzobispado de México.611 En productos del viejo continente se les aplicaba el mismo reglamento que a los comuneros.

En principio, el diezmo se cobraba en especie. Pastor observa en la Mixteca Alta como esta forma de pago se sustituía desde el primer cuarto del siglo XVIII por dinero en efectivo.612 En las costas de inicios del siglo XIX, empero, el diezmo seguía siendo en gran medida un impuesto en especie.613 Los principales productos costeños: las crías de ganado mayor, el maíz y el algodón, causaban casi siempre un pago en mercancía. El pago de reales sólo se acostumbraba en el diezmo pío y los derechos sobre el sacrificio de vacas, sobre las frutas – de cierta importancia por la amplia difusión del cultivo de sandías – y sobre la panela.

Desde el siglo XVI, los obispados venían perfeccionando el funcionamiento de la clavería, la oficina responsable del diezmo.614 La recaudación del diezmo de indios tenía que efectuarse directamente por la clavería. Borah sugiere que esta disposición de la corona implicaba, por lo menos en el obispado de Oaxaca, que se renunciara a la materialización del derecho en áreas muy alejadas del centro.615 Sin embargo, consta que el diezmo de aves se cobraba a más tardar a inicios del siglo XVIII en todas las parroquias de la Mar del Sur.616 No sabemos quienes se encargaban del asunto pero podemos pensar que eran los mismos curas párrocos. Para la recaudación del diezmo de la gente de razón, el obispado se dividía en distritos. Las parroquias de Sotavento que formaban parte de la diócesis de Oaxaca, por ejemplo, se agrupaban a mediados del siglo XVIII en un sólo distrito llamado “Costa del Norte”.617 La realización del derecho en los diferentes distritos se subastaba en pública almoneda en la capital del obispado.618

610 Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-316. 73).

611 Fonseca/Urrutia (1845: III, 197-204).

612 Pastor (1987: 223-225).

613 ACO, Diezmos Chacaltianguis XXVId; ACO, Diezmos Jamiltepec XXIV; AGEO, Obispado, elg. 14, exps. 30 y 31; AGEO, Real Intendencia I, leg. 2, exp. 39.

614 Borah (1955: 500. 504).

615 Borah (1955: 500).

616 AGI, México 881, Lázaro Antonio Guerrero, contador mayor de la santa iglesia catedral de Oaxaca, certifica el número de indios que pagan diezmo de aves, 22/8/1706.

617 Borah (1955: 504) afirma que había desde mediados del siglo XVII dos distritos de recaudación en la región: Acayucan y la Costa del Norte. ACO, Libros de Clavería, 1737-1755, empero, comprueba que entorno a 1750, toda la región sotaventina perteneciente a Oaxaca seguía formando un solo distrito.

618 Con respecto a los distritos oaxaqueños, véase Borah (1955: 503-504).

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Los arrendatarios del diezmo eran, según parece, mayoritariamente laicos. De los cinco contratistas que explotaban el distrito oaxaqueño de la costa del Norte entre 1738 y 1755, sólo uno era eclesiástico. También en la Costa Chica predominaban los no eclesiásticos entre los arrendatarios.619 ¿Quiénes eran los laicos que arrendaban los diezmos? Pedro de Irigoyen, arrendatario del diezmo de Jamiltepec, Tututepec y Huasolotitlan entorno a 1740, había sido anteriormente alcalde mayor de la jurisdicción de Jicayan.620 Diego Fontanes, arrendatario de la Costa del Norte durante la misma época, era vecino de Acayucan y propietario de la hacienda de Solcuautla.621 José Quintero, quizás el último arrendatario del diezmo de los partidos oaxaqueños de Sotavento, era yerno de Juan B. Franyuti y dueño de la hacienda de Cuatotolapan.622 Hay entonces indicios en el sentido de que los que recaudaban –y por tanto también controlaban- el diezmo eran los comerciantes asentados en las sendas cabeceras distritales.

Varias eran las estrategias que ensayaba la iglesia en el siglo XVIII para forzar el aumento del rendimiento de la renta diezmal. Parte fundamental de su política era la sistematización del cobro a través de la subdivisión de los distritos diezmales, un proceso que culminó en Oaxaca en los años 1770. En vísperas de la insurgencia, la Mar del Norte se dividía en las colecturías de Acayucan, San Andrés y Chacaltianguis, la del Sur en las de Ometepec, Cortijos, Jamiltepec, Juquila y Piñas.623

Las claverías tendían también a reinterpretar el derecho. Se ha señalado que cada vez más especies animales y vegetales se consideraban como de origen europeo y que la lista de los productos indios que estaban exentos se volvía insignificante.624 Por nuestra parte observamos como la mitra de Oaxaca ponía la mira en la imposición de la grana y del ganado. El colorante, cuyo origen americano no causaba duda alguna, era uno de los pilares ancestrales de la economía de las comunidades del obispado; en el siglo XVIII surgieron también algunos productores españoles.625 En principio, ni unos ni otros pagaban diezmo. En 1702 y 1715, la Coria episcopal lanzó sendas iniciativas para imponer la producción india, con mucho la más importante: ambas abortaron ante la oposición de la audiencia y del consejo de indias, respectivamente. En 1740, empero, el obispo Montaño consiguió imponer un 4 por ciento a los productores de razón.626 En 1773, el cabildo catedralicio impuso medio diezmo, es decir el 5 por ciento, a la grana de los indios. Sin embargo, ante la intervención de la audiencia la medida tuvo que ser revocada poco después.627 En 1780, uno de los sucesores de Montaño, Ortigoza, publicó

619 ACO, Libros de Clavería, 1737-1755. Véase también AGN, General de Parte 7, f. 236.

620 Con respecto a Irigoyen, véase AGN, Reales Cédulas Originales 64, ff. 307-314.

621 AGN, Tierras 955, exp. 10.

622 AGNEO, Manuel Franco de Lara 1771, f. 43v.

623 Borah (1955: 507).

624 Borah (1955: 510).

625 Véase infra, cap. 11., respecto a la grana.

626 Hamnett (1976: 37-38. 93-96.)

627 AGI, México 2693, Los cosecheros de grana de la intendencia de Oaxaca al rey, 22/7/1806

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el edicto sangriento, estableciendo el diezmo completo del 10 por ciento sobre la grana española. Una vez más, la audiencia se interpuso.628 No obstante eso, en 1806, los jueces hacedores de diezmos de la catedral retornaron a la carga. A raíz de una nueva protesta de los cosecheros españoles ante el rey, el consejo de indias volvió a oponerse a la rapiña eclesiástica.629 Otro campo de acción predilecto del obispo y de su casa era el diezmo sobre el ganado. Las crías se imponían, según parece desde el establecimiento del diezmo en el reino, al 10 por ciento habitual. A partir de la década de 1770, empero, los jueces hacedores de diezmos pretendían cobrar además entre un peso (en Acayucan y Jicayan) y un peso y medio (en Igualapa) por cada vaca que se mataba.630 Varios problemas se vinculan con este impuesto sobre las vacas de cuchillo. Para empezar no queda muy claro si se trataba de un impuesto nuevo o sólo del aumento de una exacción ya existente. Tampoco sabemos si el cambio se instrumentó de una manera arbitraria por la curia oaxaqueña o si la corte lo había debidamente aprobado. En fin, la oposición contra la innovación – fuera del carácter que fuera – era tan fuerte que se justifica la pregunta si el obispo logró imponerse realmente. Según parece, las principales victimas de la reforma eran los productores que sacrificaban vacas amachorradas o viejas para el consumo de los vaqueros. Los primeros en quejarse eran los pequeños ganaderos pardos del distrito de Acayucan. Su descontento alarmó, en el crítico contexto de la rebelión india de 1787, a las autoridades reales del distrito y provocó una indagación sobre la legalidad del impuesto.631 A inicios de los años 1790, el turno fue de los criadores de Jamiltepec, también ellos gente modesta.632 En 1803, el recaudador de diezmos del distrito de Chacaltianguis denunció en una carta a los jueces hacedores de Oaxaca que los propietarios de las haciendas de Guerrero. Chiltepec, Uluapan, Nopalapan y San Nicolás, todos comerciantes muy renombrados, rehusaron el pago de la pensión sobre las vacas de cuchillo.633 En 1815, la intendencia de Oaxaca atendió por segunda vez una protesta de la comunidad de Huamelula por la diezmación de sus rebaños.634 Una vez más, la curia logró irritar al conjunto de la sociedad con su insaciable codicia.

Una última faceta de la política eclesiástica respecto al diezmo era la generalización de la administración directa durante el tercer cuarto del setecientos.635 En la archidiócesis, el último arrendamiento se venció en 1782. En los obispados de Puebla y Oaxaca observamos

628 Hamnett (1976: 37-38. 93-96).

629 Hamnett (1976: 37-38. 93-96).

630 Respecto al diezmo sobre la ganadería pueden verse AGN, Historia 326, ff. 1-58 (Acayucan 1777); AGEO, Real Intendencia I, leg. 6, exp. 30 (Jicayan 1793); ACO, Diezmos Chacaltianguis XXVId (Chacaltianguis 1803); AGEO, Real Intendencia II, leg. 25, exp. 17 (Huamelula 1815).

631 AGN, Historia 326, ff. 1-58.

632 AGEO, Real Intendencia I, leg. 6, exp. 30.

633 ACO, Diezmos Chacaltianguis XXVId.

634 AGEO, Real Intendencia II, leg. 25, exp. 17.

635 Borah (1955: 507-509).

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arrendamientos aún a fines del siglo.636 Ahora bien, no hay que confundir la sustitución del sistema de recaudación con la sustitución de los recaudadores. En realidad parece que los administradores se reclutaban, al igual que los arrendatarios, entre los comerciantes locales. 637 El diezmo de Tlalixcoyan y de Medellín se recaudaba en los años 1797-1803 por Francisco Pérez de Limia, un comerciante de la ciudad de Veracruz; a este siguió el ideólogo del consulado porteño, José M. Quirós.638 Miguel de Esquina, tlacotalpeño de origen pero con fuertes intereses en Cosamaloapan, recibió en 1809 su nombramiento como colector del distrito de Chacaltianguis. Sus tres fiadores eran todos de Tlacotalpan.639 En los años 1790, la administración del diezmo de Ometepec estaba a cargo de José Antonio Ibarra, uno de los comerciantes más destacados de la cabecera.640

Las grandes haciendas de la Mar del Sur intentaban obtener la colecturía en sus respectivas parroquias durante el último cuarto del siglo XVIII: evidentemente una manera de estrechar el control sobre el conjunto de la producción en los términos del latifundio. A partir de 1777, los dueños de San Marcos arrendaban remetidamente los diezmos de Ayutla antes de perder el contrato en la década de 1790 a Juan Francisco Perales, vecino y teniente de justicia en la cabecera parroquial.641 Más tarde, en 1809, observamos como uno de los arrendatarios de Los Cortijos solicitó la administración de la renta en el partido del mismo nombre.642

Disponemos de las series diezmales del siglo XVIII para las colecturías de Ometepec. Los Cortijos, Jamiltepec y Juquila por una parte, el obispado de Oaxaca en su conjunto por la otra

636 Véase, por ejemplo, AHT, leg. 3, exp. 12, el bachiller Diego José Vasconcelos, cura de Santiago Tuxtla, al teniente de justicia de Tlacotalpan, 19/12/1790. En una disputa por el cobro del diezmo en Saltabarranca, Vasconcelos llama a los recaudadores de su parroquia arrendatarios. Respecto a Puebla remitimos a los arrendamientos de los diezmos de Ayutla documentados en AGN, Tierras 1213.

637 Pastor en Pastor et alii (1979: 20) sugirió que los curas adquirían cierto protagonismo en la recaudación de los diezmos durante la segunda mitad del siglo XVIII. En Pastor (1988: 225), en cambio, el autor ya no mantiene aquella tesis sugiriendo ahora que los que controlaban el diezmo eran los comerciantes.

638 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967: 117).

639 AGEO, Real Intendencia II, leg. 37, exp. 36.

640 AGN, Subdelegados 26, exp. 5; para las actividades comerciales de Ibarra, véase AGEO, Real Intendencia II, leg. 37, exp. 26, f. 121.

641 AGN, Tierras 1213, Cuentas de los albaceas de Francisco Palacios y Castillo; AGN, Indif. de Guerra 289-B, ff. 1-40.

642 Durante la década de 1790, la recaudación del diezmo se realizaba por destacados vecinos de Los Cortijos y de Pinotepa, quizás hombres de paja: AGEO, Real Intendencia I, leg. 2, exps. 30, 31, 39; AGN, Indif. de Guerra 289 B, Lista de efectivos de las compañías de milicias de la 4ª división de la Mar del Sur. En 1809, el arrendatario de Los Cortijos, con fianza del comerciante más renombrado de Pinotepa, Juan Gerónimo Estevez, solicitaba en Oaxaca la adjudicación de la recaudación: AGEO, Real Intendencia II, leg. 37, exp. 26, f. 68.

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(cuadro 38).643 En ambos casos observamos un establecimiento del producto de la renta durante la primera mitad del siglo, un crecimiento sostenido en el tercer cuarto y una fuerte contracción durante el último cuarto. ¿Cómo interpretar las series? El diezmo era un impuesto sobre la producción: más exactamente sobre la producción agropecuaria no india. En principio no podemos descartar entonces que la curva diezmal traduzca el desarrollo del sector primario. Sin embargo, entre el producto de la tierra y la renta mediaba una relación de explotación, mediaba la lucha de clases. En esta lucha estaban involucrados tres grupos: los productores, los recaudadores y la alta jerarquía eclesiástica. La dinámica de la renta que percibían las oficinas diocesanas reflejaba el movimiento de la producción pero no de una manera inmediata, directa, sino refractado por la lucha de clases.

El conflicto entre el propietario de la renta y los recaudadores se manifiesta a través de las reformas administrativas emprendidas por la diócesis de Oaxaca durante la segunda mitad del siglo XVIII. Buscamos en vano un posible impacto positivo de estas medidas sobre el rendimiento del diezmo. De hecho, aquellas entraban en su fase de apogeo con la década de 1770, exactamente cuando empezó a contraerse el producto de la renta. La capacidad del obispo y de su cabildo de imponer un desarrollo de la renta que le favoreciera era prácticamente nula.

Con respecto a las relaciones entre el campesinado y los recaudadores percibimos algunos signos de mayor tensión a partir de mediados del siglo XVIII. Al parecer, el rechazo de los productores hacia el diezmo iba en aumento. En 1804, José M. Quirós calificaba a los indios y la gente de color de “malísimos pagadores del diezmo”.644 Dos años después, la diócesis de Oaxaca volvió a imprimir una carta pastoral del obispo Montaño de 1740 en que el dignatario amenazaba a los defraudadores con la ira de dios.645 En fin, en 1810, el viajero español Tomás de Comyn quedó profundamente impactado por un sermón del vicario de Tesechoacán en que se interpretaba la insurrección de Hidalgo como una plaga lanzada por dios sobre “aquella parte de la ingrata grey que dejó de satisfacer a la santa iglesia los debidos diezmos”.646

De acuerdo con nuestro planteamiento, la producción agropecuaria no india empezó a declinar hasta 1790.647 Difícilmente podemos atribuir la contracción del producto del diezmo a partir de la década de 1770 a este factor. Consideramos entonces que la decadencia de la renta de la jerarquía eclesiástica traducía más que nada el creciente distanciamiento entre el clero y el resto de la sociedad colonial: un fenómeno que analizaremos enseguida. Las masas ya no creían en el clero y este dejaba de ser funcional para los comerciantes – y la corona.

La agonía del diezmo era muy prolongada y la renta logró sobrevivir la independencia, aunque ya muy debilitada. Los novenos reales, tres desde 1805, se asignaron primero al gobierno federal, a partir de 1824 a los ejecutivos estatales. En 1833, una ley terminó con la obligación

643 Pastor et alii (1979: 66-69). Los datos se han deflacionado con índices de precios basados en la tabla III (AV9) de Garner (1985).

644 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967: 117).

645 Borah (1955: 511).

646 Poblet/Pacheco/Delgado (1992: II, 148).

647 Véase infra, cap. 11.

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civil de pagar diezmos.648 Esta resistencia a morir indica que si bien una creciente hostilidad contra el derecho, esta sólo avanzaba paulatinamente.

El diezmo era sin duda alguna una de las rentas más pingües del reino. Ahora bien, ¿cuál era la importancia del diezmo en comparación con otras rentas? Hay algunos datos que sugieren que a fines de la colonia el diezmo rendía bastante menos que la propiedad. La hacienda de San Marcos se arrendaba en el sexenio 1771-1777 por 1,500 pesos anuales. En el trienio siguiente de 1777-1779, empero, el obispado de Puebla cedía los diezmos del partido de Ayutla que comprendía las rancherías de la hacienda por una renta anual de tan sólo 380 pesos.649 Veamos un segundo caso. A fines del siglo XVIII, en 1797 y 1798, la hacienda de Apango pagaba un promedio de 47.5 pesos anuales a titulo de diezmos. En 1810, cuando la propiedad se encontraba bastante deteriorada, la dueña de Apango arrendó la hacienda por nueve años contra el pago de 225 pesos cada año.650 En ambos casos, el diezmo representaba como el 25 por ciento de la renta propietaria. Si San Marcos y Apango reflejan la situación general en las costas tendríamos un elemento más para afirmar la preeminencia de los comerciantes en el reino.

LA LUCHA POR EL CONTROL DEL DIEZMO A FINES DEL SIGLO XVIII

A pesar de su declive, el diezmo seguía siendo una renta apetecible a fines del siglo XVIII. Con tal de aumentar su control sobre la masa diezmal de los que consideraba su coto privado, el comercio de Veracruz procuraba durante la segunda mitad del siglo XVIII la erección de un obispado en la Mar del Norte.651 La nueva diócesis con cabecera en la ciudad de Veracruz tenía que abarcar, de acuerdo con estos planes, las costas de Barlovento y de Sotavento así que la región de las tres villas: Córdoba, Orizaba y Xalapa. De llevarse a cabo, la erección del nuevo obispado hubiera privado la curia angelina de sus diezmatorios más productivos. De allí que los obispos de La Puebla y su cabildo se oponían desde un principio a los planes de los comerciantes porteños. Pasado 1800, estos consiguieron el apoyo del intendente local y del virrey y el proyecto parecía concretarse. Empero, los que así pensaban se veían pronto defraudados. En efecto, Manual Ignacio González del Campillo, a la sazón obispo poblano, se mostró un jugador particularmente hábil, desbarató las maquinaciones del comercio e impuso, mediante una táctica dilatoria, el statu quo. En 1815, la corte de Madrid, hacedora de obispados en sus dominios, seguía deliberando y pidiendo informes sobre la conveniencia de erigir un obispado en la Mar del Norte.

Otro proyecto, cuyo patrocinio no que muy claro, preveía el establecimiento de un obispado independiente en Acapulco.652 También aquí las cosas maduraban hacia 1800. Puebla no sólo

648 Bauer (1986: 13-60). Véanse también Ward (1981: 220) y Staples (1976: 97-126).

649 AGN, Tierras 1213.

650 AGNEO, Tomás José Romero 1810, ff. 21-31v; ACO, Cuaderno de diezmos del rumbo de Piñas, 1797-1798.

651 AGI, México 1803, Exp. sobre la erección de nuevos obispados.

652 AGI, México 1803, Exp. sobre la erección de nuevos obispados.

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apoyaba sino incluso fomentaba los planes. No tenía por que oponerse ya que los ocho partidos – entre los cuales estaba Ayutla – que se le pedían para formar el nuevo obispado aportaban muy poco a sus ingresos. También México estaba dispuesto a contribuir cediendo Acapulco. Fray Antonio de San Miguel, titular de Michoacán, a cuya diócesis se pidió renunciara a los partidos del distrito de Zacatula, en cambio, se opuso con firmeza. En la memoria en que daba su punto de vista manifestaba la convicción de que la nueva diócesis sería incapaz de sobrevivir por la cortedad de sus recursos. Una real cédula de 23 de febrero de 1802 erigió formalmente el obispado de Acapulco. Por razones que ignoramos, al mandato real nunca siguieron actos correctos.

LAS BULAS DE SANTA CRUZADA

La iglesia era muy imaginativa cuando se trataba de materializar los derechos que supuestamente le habían sido concedidos por dios. Uno de los mecanismos básicos para convertir el tesoro de gracia que pretendía administrar en dinero sonante eran las bulas de santa cruzada: títulos cuya compra hacía al portador partícipe de ciertas gracias divinas.

Cuatro eran las bulas que se comercializaban en el reino.653 Con mucho la más importante era la bula común de vivos, un papel de una validez de dos años y que daba derecho a obtener un cierto número de indulgencias. Desde 1685, la adquisición de esta bula era obligatoria para los adultos. El precio del papel variaba de acuerdo con el comprador. La tarifa mínima que se aplicaba a los indios y los demás grupos marginados era de dos reales; los españoles pagaban un peso y los nobles y los oficiales reales dos pesos. En la práctica, la venta de las bulas venía a ser un impuesto per cápita, una especie de tributo disfrazado.

De acuerdo con un breve de Gregorio XIII de 1578, la corona tenía derecho al producto entero de la venta de bulas.654 Ahora bien, como la iglesia novohispana controlaba la recaudación y la administración de la renta, ella decidía en última instancia sobre las cantidades que se enteraban en las reales cajas.655 Una real cédula de 1751 intentó revertir esta situación y maximizar el control de la corona sobre el derecho. El documento determinó, en particular, que la recaudación de la bula, antes en manos de clérigos, tenía que realizarse por los justicias reales.656 Sin embargo, el nuevo sistema demostró pronto su inviabilidad. En 1767, el visitador José de Gálvez publicó un nuevo reglamento. Este se confirmó en 1786 por la ordenanza de intendentes y regía la materialización del derecho durante el resto de la colonia. La administración de la bula estaba ahora a cargo de un tesorero, nombrado para cada obispado por el virrey: el superintendente del

653 Instrucción de García Herreros sobre la bula de santa cruzada, 1783, en: Fonseca/Urrutia (1845: III, 316-332).

654 Instrucción de García Herrero sobre la bula de santa cruzada, 1783, en: Fonseca/Urrutia (1845: III, 316-332).

655 Fonseca/Urrutia (1845: III, 263-269).

656 Real Cédula de 12/5/1751, publicado por el virrey Revillagigedo I en 1752, en: Fonseca/Urrutia (1845: III, 269-289).

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producto de la limosna de la bula de santa cruzada.657 Basado en los censos parroquiales, el tesoro enviaba cada dos años la cantidad de documentos que calculaba podían venderse a los párrocos de su distrito. Estos hacían la publicación de la bula y se responsabilizaban de la venta y del envío del producto al tesorero. Su trabajo se les recompensaba con el cinco por ciento del producto.

LA LUCHA POR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS DE LA IGLESIA NOVOHISPANA.

En el siglo XVI, los pontífices, autonombrados dueños de las iglesias erigidas y por erigir, habían concedido amplios derechos sobre las rentas de que tenía que disponer el clero novohispano de acuerdo con las prácticas de la época a la corona de Castilla. Conforme se iban consolidando, los obispados del reino arrebataban sin embargo una gran parte de estos de estos derechos a la corte.

Desde 1501, Alejandro VI había concedido a los reyes de Castillo el derecho de “cobrar y llevar los diezmos de todos los vecinos y moradores” de las Indias, justificando lo que en realidad era una capitulación como recompensa para los gastos en la propagación de la fe.658 Ya en 1541, el rey redujo su parte a dos novenos de la mitad del diezmo. Estos se solían arrendar por real hacienda a los obispados.659 En 1638, Felipe II decidió que también la recaudación se realizara de allí en adelante sin intervención alguna de los oficiales reales.660 El control sobre la renta diezmal escapaba entonces de facto a la administración real.

Las reformas que se introducían a mediados del siglo XVIII en la recaudación y la administración de las bulas sugieren que la corona estaba conciente de que no era la única beneficiaria de la renta. Con respecto a las mesadas, un impuesto que se cobraba desde 1637 cada cinco años – o cada vez que había vacantes – sobre los emolumentos de las parroquias, es evidente que real hacienda dependía casi enteramente de la información que le facilitaban los obispados.661 Lo mismo se puede decir de las vacantes, el derecho de la corona al conjunto de las rentas de un obispado mientras este estaba vacante.662

A partir de mediados del siglo XVIII, la corona lanzó una contraofensiva. Mencionamos los intentos para aumentar la renta de las bulas. Por un real decreto de 1760, efectivo a partir de 1777, la mesada eclesiástica se convirtió en media anata – seis mesadas – en aquellos beneficios cuyos emolumentos excedían los 300 ducados (425 pesos).663 Otra orden real pretendía en 1786

657 Reglamento para el cobro de la bula de santa cruzada, 1767, en: Fonseca/Urrutia (1845: III, 309-313).

658 La bula de Alejandro VI se reproduce en Fonseca/Urrutia (1845: III, 137-138).

659 Informe de José de Gálvez, 1771, en: Fonseca/Urrutia (1845: III, 217-222. 219). Véase también Bauer (1986: 13-15).

660 Borah (1955: 500).

661 Véase Fonseca/Urrutia (1845: III, 90-115) para las mesadas.

662 Véase Mora (1986: I, 252) para el derecho de vacantes.

663 Fonseca/Urrutia (1845: III, 90-135).

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aumentar el control de real hacienda sobre la renta diezmal.664 En 1804, en fin, el rey aumentó su parte en el diezmo a tres noveno (de la mitad del producto total).

Hasta 1785, el producto de los derechos que la corona cobraba sobre las rentas eclesiásticas del reino permanecía estable (cuadro 39.).665 En el quinquenio de 1786-1790 observamos un aumento significativo. El nuevo nivel se mantenía, con altibajos importantes, hasta 1815 cuando se terminan nuestras fuentes. Ahora bien, en vista de la importancia total de la corona para imponerse en la Nueva España podemos conjeturar que la mayor fiscalización de las rentas eclesiásticas era imposible sin la connivencia de las clases dominantes del reino. Estas, dispuestas a contribuir a la salvación de la monarquía española mientras su escudo les hacía falta, le entregaban una parte mayor de los ingresos de la iglesia.

INSTITUCIONES Y RENTAS EN LOS CURATOS RURALES

La unidad eclesiástica de base era la parroquia. Una parroquia consistía en una cabecera, sede del cura titular, y las visitas, asentamientos sufragáneos. Estos podían atenderse desde la cabecera o dotarse con un vicario permanente. En este último caso se hablaba de vicaría foránea.666 La renta del bajo clero se extraía en gran medida directamente del campesinado. Como reconoce Fray Antonio de San Miguel, el ya mencionado obispo de Michoac|n, es “la parte mas miserable del pueblo (la) que con sus brazos y sus pequeñas pero frecuentísimas contribuciones viene a formar el fondo general con que se construyen los templos, se mantiene el culto y se sustenta el clero secular y regular”.667 Revisamos aquí los diferentes ingresos de los eclesiásticos rurales.

Los curatos novohispanos eran beneficios. Hasta el siglo XVII, los titulares tenían derecho a una remuneración por parte de real hacienda: un monto relativamente modesto de 150 pesos en la mayoría de las parroquias de la Mar del Sur durante la segunda mitad del seiscientos. Con el virrey marqués de Casafuerte (1722-1734) desapareció este sueldo. En los partidos de los Tuxtlas, la remuneración iba a cargo del marquesado del Valle y seguía pagándose aún en la década de 1780.668

En lo esencial, el cura vivía de su partido. En las cabeceras con repúblicas de indios, los titulares, párrocos o vicarios foráneos, tenían derecho a casa y a sustento por parte del gobierno local. La obligación podía ser muy gravosa, ya que los eclesiásticos solían rodearse de amigos y ayudantes. Veamos la situación en los partidos de Jicayan tal como la presentan los censos de

664 Orden real de 25/11/1786, en: Fonseca/Urrutia (1845: III, 249-259).

665 Te Paske/Klein (1988: II). Los datos se han deflacionado con índices de precios basados en la tabla III (AV9) de Garner (1985).

666 Gibson (1967: 106-107).

667 San Miguel Antonio de, Memorial sobre la situación económico-social de la Nueva España, 18/6/1804, en: Moreno García (1986: 205-230. 208).

668 Real Cédula de 14/7/1786, en: Fonseca/Urrutia (1845: III, 201).

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1777. Los titulares de Juquila y Los Amusgos vivían sólo con su vicario.669 En la casa del beneficiado de Atoyac se contaban cinco personas: el párroco, un vicario, un subdiácono y dos personas que eran probablemente sirvientes permanentes.670 El párroco de Pinotepa de Don Luis daba hospedaje al vicario y a un hermano de este, al maestro de escuela, tres huérfanos, una sirvienta y una esclava.671 Los derechos de los curas eran muy amplios. Pasado 1800, la república de Pochutla subministraba a su pastor maíz, chile, sal, huevos, dos pollos al día y una vela cada noche: además constaban sus derechos a un sacristán, dos muchachos de cocina, dos molenderas y un zacatero.672 En Los Cortijos, un partido que carecía de indios, existían obligaciones de los administradores de la hacienda – que no de los dueños – y de los rancheros arrendatarios.673

A todo esto se añadían los emolumentos de la parroquia, los derechos que el cura cobraba como recompensa para sus servicios. La mayoría de estos derechos se regían por aranceles diocesanos, aprobados por el rey; pero aún donde existía un reglamento abundaban las excepciones. Por una parte existían ciertos derechos que se vencían automáticamente en ciertos momentos del año. En el obispado de Puebla, la misa dominical pro populo causaba un derecho de 4 pesos, según parece sobre la república de la cabecera.674 Sin embargo, en la vicaría de Cacahuatepec, sufrag|nea del p|rroco de Ayutla, el titular recaudaba “en ciertos tiempos del año” un real por familia en vez de la tarifa fija.675 En las diócesis de México y Oaxaca, estas misas dominicales no producían estupendio alguno mientras se celebraban en la iglesia de la cabecera. Pero no por eso los feligreses salían mejor librados. De acuerdo con el arancel de 1703 del obispado de Oaxaca, en vigor a lo largo de XVIII, cada feligrés mayor de 18 años y que no hubiera cumplido los 60, tenía que enterar un real seis veces al año.676 Pero a menudo había más todavía. En 1780, el obispo Ortigoza, de visita pastoral – y los feligreses habrán sabido lo que se escondía detrás del término – en Huasolotitlan, autorizó al párroco a cobrar, según parece a la república de la cabecera, 6 pesos en las festividades de la Asunción, de San Miguel, del Rosario, de Jesús (sic), de San Nicolás, de San Agustín, de San Gregorio, de Guadalupe y de San Felipe.677

Los derechos que se causaban por bautismo, casamientos y entierros eran la obra vertiente de los emolumentos parroquiales destinados al titular. Al respecto observamos que las tarifas para

669 AGI, México 2591, Padrones de Juquila y de Los Amusgos, 1777.

670 AGI, México 2590, Padrón de Atoyac, 1777.

671 AGI, México 2590, Padrón de Pinotepa de Don Luis, 1777.

672 AGN, Tierras 1371, exp. 2.

673 AGI, México 2588, Visita pastoral del obispo José Gregorio Alonso de Ortigoza de Oaxaca a su diócesis, 1779-1782.

674 AGN, General de Parte 58, ff. 62-65v.

675 AGN, Historia 319, exp. 15.

676 AGI, México 2588, Visita pastoral del obispo José Gregorio Alonso de Ortigoza de Oaxaca a su diócesis, 1779-1782, Santiago Tuxtla.

677 AGI, México 2588, Visita pastoral del obispo José Gregorio Alonso de Ortigoza de Oaxaca a su diócesis, 1779-1782.

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indios eran menores que las que se aplicaban a la gente de razón. El arancel que regia en el obispado de Oaxaca durante el siglo XVIII, por ejemplo, fijaba que los indios pagaran 3 reales para un bautismo, 4 reales para un entierro y 4 pesos para un casamiento. Las tarifas para la gente de razón eran de 1, 2 y 6 pesos, respectivamente.678

Tampoco hay que olvidar las limosnas más o menos inducidas. Entre estas destacaban aquellas que concedían en forma de misas. Manuel Antonio Alarcón, un comerciante tacotalpeño de origen andaluz que había acumulado una fortuna de más de 30,000 pesos, establecía en su testamento de 1762 que de su caudal que estimaba en 25,000 pesos se pagaran 5 misas cantadas con su vigilia y 200 misas rezadas. Para el cura, esto significaba un ingreso extra de 200 pesos.679 Su viuda, Ana María Hernández Palacios, testamentó en 1773. En el documento mandaba que se impusieran 200 pesos de su caudal – de poco más de 10,000 pesos – en una finca segura para que con su producto anual de 10 pesos se celebrara una fiesta sin sermón el día de San Juan Nepomuceno.680 La costumbre de fundar misas sobre el lecho de muerte era probablemente bastante general, no sólo entre los ricos, sino aún entre los pobres. No todos podían dar como Alarcón, pero todos podían dar algo.

Había clérigos rurales que eran titulares de una capellanía: con tal de que decían una determinada cantidad de misas recibían una renta. Sabemos de cuatro capellanías establecidas durante la segunda mitad del siglo XVIII.681 Su producto anual era de 50 a 150 pesos. Parecería entonces que una capellanía para sí sola no daba para vivir y que el beneficiado necesitaba ingresos adicionales. Ahora bien, Brading ha afirmado, hace años, que las obligaciones como capellán impedían al titular el desempeño de otras funciones eclesiásticas.682 Puede que esto sucedía a veces. Pero también sabemos de casos en que el beneficio se combinaba con alguna forma de vicariato. A fines del siglo XVIII había una capellanía en las haciendas de San Nicolás Sacapesco y Nopalapan. Jurídicamente, las haciendas pertenecían a la vicaria foránea de Tesechoacán. No obstante, el capellán tenía derecho no sólo a la renta propia de su beneficio sino también a dos tercios de los emolumentos que producían las haciendas.683

Los fundadores de capellanías pertenecían desde luego a las clases dominantes: para establecer una fundación se necesitaban fondos, fondos cuya acumulación no estaba al alcance de todo el mundo. En una región agropecuaria, estos fondos eran en última instancia renta de la tierra. El terrateniente podía gravar su propiedad con un censo. Juan B. Franyuti, por ejemplo, estableció en 1754 un censo de 1500 pesos sobre su hacienda de Cuatotolapan.684 Si se trataba de un comerciante sin tierras podía poner disposición de la iglesia cierta cantidad de dinero para que

678 AGI, México 2588, Visita pastoral del obispo Ortigoza de Oaxaca a su diócesis, 1779-1782

679 AHT, leg. 1, exp. 1, Testamentaría de Manuel Antonio Alarcón, 1762.

680 AHT, leg. 2, exp. 3, Testamentaría de Ana M. Hernández Palacios, 1773.

681 AGNEO, Manuel Franco de Lara 1773, f. 337; AGNEO, Manuel Franco de Lara 1780, f. 148v; AHT leg. 1, exp. 1, Testamentaría de Manuel Antonio de Alarcón, 1762; AGN, Tierras 955, exp. 10.

682 Brading (1981).

683 AGEO, Obispado leg. 2, exp. 29.

684 AGN, Tierras 955, exp. 10.

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ella lo invirtiera de manera tal que produjera la renta anual del 5 por ciento con que se pagaba al beneficiado. Este era el caso del ya mencionado tlacotalpeño Manuel Antonio Alarcón: en su testamento donó 3000 pesos para que se fundara con esto principal una capellanía.685

La administración de la capellanía, la inversión del capital y el nombramiento del beneficiado, se entregaba a veces al juzgado de capellanías diocesano. Pero a menudo, el fundador la retenía para su familia o para instituciones cercanas a ella. Veamos el caso de Manuel Alarcón. El capellán tenía que leer cada año quince misas en días de fiesta en la iglesia de San Miguel de Tlacotalpan, ubicada en el barrio de los indios. Para el patronato nombraba en primer lugar a su mujer, en segundo lugar a sus hijos y en tercer lugar, por si la familia se extinguiera, el mayordomo de la cofradía del Santísimo Sacramento. Además señalaba que la renta tenía que asignarse de preferencia a uno de sus hijos si estos escogieran la carrera eclesiástica. Mediante este tipo de capellanías, la familia del fundador se garantizaba evidentemente cierto control sobre el clero local.

LAS COFRADÍAS

Una última institución susceptible de aumentar las rentas de los clérigos rurales eran las asociaciones religiosas de los fieles. Arriba analizamos las cofradías de indios. Complementamos aquellas páginas con el estudio de las cofradías de la gente de razón.

Por la falta de fuentes no podemos evaluar la importancia real de las cofradías de españoles y pardos para el presupuesto del clero rural. Consta, empero, que estas instituciones eran, al igual que sus pares indios, mucho más que una fuente de ingresos del cura. Careciendo de instituciones representativas propias, españoles y afromestizos libres habrán sentido desde un inicio la necesidad de organizarse entorno a un culto propio. Sabemos que tanto la cofradía de La Soledad de Tlalixcoyan que arropaba a españoles, negros y mulatos como las cofradías de españoles de Tlacotalpan y de Cosamaloapan ya estaban floreciendo durante el primer cuarto del siglo XVII.686 Veamos estos últimos casos.687 Ambas cabeceras eran pueblos de indios donde los lugares de honor en la misa dominical correspondían a la república de indios. Las cofradías del Santísimo Sacramento y de la Concepción, respectivamente, permitían a los comerciantes españoles mantener un lugar de culto exclusivo: el santuario de Nuestra Señora de la Concepción en Cosamaloapan, la capilla de la Candelaria en Tlacotalpan. Ambos templos destacaban por su riqueza – la virgen de la Concepción tenia a fines del siglo XVIII joyas por 12,000 pesos – frente a las lúgubres iglesias parroquiales. Los lazos cofradiales fortalecían evidentemente la cohesión interna de las clases dominantes regionales y les permitían actuar como grupo de presión frente a las autoridades del reino, pero también frente a grupos rivales. Seguramente eran una pieza clave en la lucha de clases de la época colonial. En este sentido vemos las cofradías españolas como sustitutos del ayuntamiento en cabeceras rurales que no cumplían con los requisitos para el establecimiento de un gobierno municipal.

685 AHT, leg. 1, exp. 1, Testamentaría de Manuel Antonio Alarcón, 1762.

686 BNE, ms 6877, Visita pastoral de 1609; BNE, ms 6877, Visita pastoral de 1618.

687 AGN, Templos y Conventos 15, exp. 5: AHT, leg. 1, exp. 1, Testamentaría de Cristóbal González, 1767.

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Las entradas de las cofradías de españoles consistían en las contribuciones y limosnas de los cofrades por una parte, el producto de las inversiones del fondo existente por la otra. La Concepción de Cosamaloapan, por ejemplo, tenía un rancho de ganado mayor y actuaba como prestamista.688 El Rosario de Alvarado levantaba a fines del siglo XVIII un impuesto sobre todos los barcos que pasaban por la desembocadura del Papaloapan, quizás por arrendamiento de algún derecho real.689

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TEMPLOS

Cada pueblo, independientemente de si era cabecera parroquial o visita, tenía un templo. En muchos casos se trataba de edificios sumamente sencillos, con paredes de caña y techo de paja: locales “terrizos, húmedos y lóbregos con los altares y adornos ridículos y estrafalarios” como comentaban los señores del cabildo de Veracruz en 1810.690 Sólo en las grandes cabeceras existían iglesias de cal techados de ladrillo.

La historia de la construcción sagrada tenía sus altibajos. Un primer auge se dio, quizás, durante el tercer cuadro del siglo XVII. En 1656 se reconstruyó la parroquial de Igualapa, supuestamente destruida por un rayo, en 1668 siguió la de Sochistlahuaca, en 1678 el templo de Jicayan.691 Mucho mejor documentado es la ola de construcciones del último cuarto del siglo XVIII. En los años 1770 se construyeron nuevos templos de material en Alvarado, Boca del Río y Pochutla. 692 Durante la década siguiente empezaron las obras en Jamiltepec y. probablemente, también en Pinotepa del Rey y Juquila.693 Entorno a 1800 se inició la recaudación de fondos para proyectos en Cosamaloapan, San Andrés y Ometepec.694

Los costos que implicaban la construcción y el mantenimiento del edificio y de los ornamentos incumbían principalmente a los feligreses. En pueblos de indios, la república ponía la mano de obra, probablemente reclutada a través del tequio, y los materiales de construcción que existían

688 AGN, Templos y Conventos 15, exp. 5. Véase infra, cap. 5., para la importancia de las cofradías como prestamistas.

689 AHV 1791, Juicio de Residencia de Bernardo Troncoso, 1791.

690 AHT 1810, Instrucciones para el diputado a Cortes, 1810, 66-69.

691 AGN, Indios 21, f. 35; Indios 23, ff. 27. 193; Indios 24, f. 146; Indios 25, f. 272v.

692 Véanse el proyecto de la república de Pochutla en AGN, Indios 60, ff. 270-271v y AGN, Indios 62, ff. 13-14. Con respecto a Alvarado y Boca del Río, véase Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1968: 115-150. 117).

693 En su visita a la Costa Chica, el obispo Ortigoza mandó elevar nuevos templos en Pinotepa del Rey, Juquila y Jamiltepec: AGI, México 2588, Visita pastoral del obispo Ortigoza, 1778-1781. La parroquia de Jamiltepec se terminó en 1798: AGN, Indios 71, ff. 34-36.

694 Véanse AGN, Templos y Conventos 15, exp. 5, para Cosamaloapan: AGN, Subdelegados 26, exp. 5, para Ometepec; Medel y Alvarado (1965: 145-147) para San Andrés.

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en sus tierras.695 Para los gastos monetarios – el salario de arquitectos, maestros artesanos y materiales como el hierro – se utilizaban los fondos del común y de las cofradías.696 Real hacienda cedía además la cuarta parte del producto del tributo para el tiempo que duraban las obras, siempre y cuando estas fueran aprobadas por el virrey. El noveno del diezmo que correspondía a la fábrica de las parroquias, en cambio, no se solía entregar.697

A estos fondos se añadían a menudo limosnas más o menos voluntarias. En la cabecera de Ometepec, el subdelegado Francisco Paris impulsó desde su acceso a la judicatura del distrito a fines de la década de 1780 la reconstrucción de la parroquial. Para juntar fondos convocó a los vecinos a una junta “y persuadiéndolos con el mejor modo que pudo se suscribieron con diversas cantidades que ascienden a 2,588 pesos 4 reales”. Al terminar su primer periodo en el puesto había reunido más de 3,000 pesos.698 ¿Quiénes eran los que contribuyeron de esta forma a las construcciones? Queremos pensar que las familias acaudaladas. En San Andrés, la obra iniciada en 1799 se debía de hecho en gran parte a los donativos de cinco grandes familias.699 También la nueva parroquia de Cosamaloapan se costeaba, según el proyecto conjunto de cura y comerciantes, por las limosnas y el ahorro colectivo de los últimos.700 ¿Cuál era el interés de los rentistas rurales en la erección de nuevos templos? El caso de Cosamaloapan permite profundizar. La parroquia era, más que un lugar de devoción, un escenario de exhibición de riqueza y de poder. En Cosamaloapan, pueblo de indios, este teatro se controlaba como vimos por la república. Ahora bien, el nuevo templo reuniría, según la voluntad de sus promotores, la parroquia y el santuario de su patrona, la milagrosa virgen de la Concepción. Una de las metas inconfesas de don Antonio Fernández y de sus amigos del comercio de Cosamaloapan era, como muy bien veían los indios, la conquista de la parroquia y de sus lugares de honor: los que mandarían en la futura iglesia serían los que la habían costeado y dotado de una imagen milagrosa. Pero había más todavía. La construcción de una iglesia era una oportunidad para enriquecerse. En una reveladora carta, el párroco, aliado de los comerciantes, informaba al virrey que después de mucho pensar estos habían decidido establecer fábricas de cal y ladrillo para las obras. “A m|s de las ganancias que de por si ofrecen estas oficinas a los que se empleen en ellas, a mis feligreses les franquean mayores ventajas, porque muchos de los operarios que se ocupan en ellas, así para transportar sus materiales como para beneficiarlos, sacrificarán voluntariamente su trabajo sin otra remuneración que la que esperan de esta milagrosa señora”.701 El caso de Cosamaloapan deja pensativo. No descartamos que las construcciones de Pinotepa del Rey, Jamiltepec, Ometepec y San Andrés, todos los pueblos de indios con importantes núcleos de españoles, reprodujeran este mismo modelo.

695 AGN, Indios 60, ff. 270-271v (Pochutla 1768).

696 AGI, México 2588, Visita pastoral del obispo Ortigoza 1778-1781 (Juquila 1781); AGN, Indios 101, f. 118 (Tesca 1792).

697 AGN, Indios 24, f. 146 (Sochistlahuaca 1668); AGN, Indios 60, ff. 270-271v (Pochula 1768). Véase también AHV 1810, Instrucciones para el diputado a Cortes. 1810, 66-69.

698 AGN, Subdelegados 26, exp. 5.

699 Medel y Alvarado (1965: 145-147).

700 AGN, Templos y Conventos 15, exp. 5.

701 AGN, Tempos y Conventos 15, exp. 5, El cura de Cosamaloapan al virrey, 7/1/1796.

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LOS MAESTROS

Como una especie de ayudante del cura surgió en el siglo XVIII la figura del maestro de escuela. Los primeros proyectos de la corona para apuntar – o controlar – las actividades educativas del cura con un personaje no eclesiástico se discutían a fines del siglo XVI.702 En el siglo XVIII, la corona retornó a la carga. En 1717, el rey encargó al obispo de Oaxaca el establecimiento de escuelas en que los indios aprendieran castellano.703 Desde entonces, los diocesanos ordenaban a los curas cuando les instituían que tuvieran “escuelas cada uno en su partido para que aprendieran los feligreses la ley de Dios y la lengua castellana”.704 En la década de 1770 se emitieron los edictos decisivos respecto a las escuelas.

Los primeros establecimientos se documentan en las costas desde inicios del siglo XVIII.705 Hacia 1780, todas las cabeceras de ambas costas tenían su escuela.706 Con respecto a las visitas, la situación variaba mucho. En 1786, 13 de los 15 pueblos de la jurisdicción de Huatulco tenían su propio maestro; en la parroquia de Juquila, en cambio, la relación respectiva era de 3 a 9 en 1777.707

Hasta fines del siglo XVIII, el control del maestro incumbía a la iglesia.708 Sin embargo, pasado 1780 se perciben matices. Cuando el virrey quería información sobre el estado de la institución en situación más compleja. La corte no impuso ningún modelo: sólo prohibió que se gravaran las rentas reales.709 En pueblos como Tlacotalpan cuyos vecinos manejaban propios, maestro y local se pagaban del producto de estos fondos.710 La primera escuela del puerto de Acapulco, establecida en 1782, se costeaba por contribuciones voluntarias de los pulperos.711 Como suele suceder, los donadores se cansaban con el tiempo, los ingresos enflaquecían y la escuela terminó por cerrar sus puertas. Por iniciativa del cura, el expediente se volvió a abrir en 1790. Apoyado por el justicia, el cura propuso volver a la imposición de las tiendas, pero ahora con cuotas fijas de 2 pesos mensuales. El virrey aprobó el proyecto y la escuela se restableció en 1792. Un maestro daba lecciones de doctrina cristiana: a los que le pagaban les enseñaba además leer y

702 Gibson (1967: 149).

703 AGN, Indios 40, f. 258.

704 AGEO, Obispado, leg. 10, exp. 8, Tututepec 1732.

705 AGEO, Alcaldías mayores, Exp. sobre la solicitud de confirmación de la propiedad de tierras de Pinotepa de D. Luis, 1709.

706 AGI, México 2588, Visita pastoral del obispo Ortigoza a su diócesis, 1779-1782.

707 AGN, Historia 495, ff. 44-59; AGI, México 2591, Padrón de Juquila 1777.

708 Véase la discusión sobre la interpretación de la real orden de 22/2/1778 sobre el establecimiento de escuelas en: AGN, Clero Regular y Secular 207, exp. 11.

709 AGN, Historia 498, ff. 54-83.

710 AHT, leg. 5, exp. 6, Landero a la junta municipal de Tlacotalpan, 25/10/1805.

711 AGN, Historia 478, ff. 54-83.

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escribir. Pero el experimento era poco duradero: desde abril de 1793, los pulperos dejaron de pagar sus contribuciones y la escuela volvió a cerrar.

LA JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA

Para realizar sus derechos y para cumplir con la obligación de asegurar que su grey siguiera venerando al dios que aureolaba al rey, la iglesia necesitaba un mínimo de poder coercitivo. De hecho lo tenía, aunque a menudo escasamente definido. Podemos distinguir entre tres instancias: el cura párroco, el vicario foráneo y el provisorato diocesano.

En virtud de las decisiones del tercer concilio provincial mexicano, sancionadas por el rey, el cura tenía, según parece, jurisdicción suficiente para castigar delitos menores de los indios con azotes. Al preguntarle el obispo de Oaxaca sobre la aplicación de la pena de azotes en su partido, el titular de Acayucan le contestó en 1784: “los delitos que generalmente hablando castigan con azotes en los indios los curas son la embriaguez, el amancebamiento, el maltratamiento de sus mujeres y la falta de asistencia a la doctrina cristiana y al santísimo sacrificio de la misa en los domingos y dem|s días festivos en que est|n obligados”. Algunos p|rrocos recurrían también a este castigo cuando los indios les faltaban de respeto o no pagaban sus obvenciones.712 La ejecución de la pena estaba a cargo de los topiles, los policías judiciales de los gobiernos indios. Si el cura quería aplicar sanciones mayores, arresto o multa, por ejemplo, hacía falta la sentencia del alcalde mayor.713 Frente a españoles y mulatos, las competencias reales del cura eran probablemente más restringidas, ya que sus policías, indios, no podían proceder contra gente de razón.

Varios partidos formaban una vicaría foránea. La función del vicario foráneo estaba vinculada con una de las parroquias. El cura de la ciudad de Veracruz, por ejemplo, era vicario foráneo de Veracruz, San Juan de Ulúa. Medellín, Tlalixcoyan, Alvarado, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Amatlán, Cotaxtla y Nautla, el de Jamiltepec de la cabecera del distrito, de Tututepec, Huasolotitlan, Pinotepa del Rey, Pinotepa de Don Luis, Atoyac y Los Cortijos.714 Como el cura p|rroco, pero a un nivel superior, el vicario for|neo entendía en “todas las causas matrimoniales, civiles, criminales mixtas y de todas las demás que se puedan ofrecer así de indios como de españoles, y de otras cualesquiera personas estantes y habitantes en los dichos beneficios y sus partidos, y de todas las causas de idolatría, hechicería, pactos, supersticiones y demás vicios opuestos a nuestra santa fee catholica.”715 Abundaban, como veremos, los conflictos entre párrocos y alcaldes mayores por sus respectivos derechos. Empero no observamos ningún litigio que involucrara al vicario foráneo como tal. La institución quedaba, como parece, al margen de las grandes luchas de la época.

712 AGI, México 2588, Carta del párroco de Acayucan al obispo de Oaxaca, 5/2/1784.

713 Véase el comentario de Ortigoza sobre la situación en Santiago Tuxtla, citado en la nota 66.

714 AHV 1806, Exp. sobre el nombramiento de José Ignacio de la Puente como nuevo vicario foráneo de Veracruz, 1806; AGEO, Obispado, leg. 10. Exp. 8.

715 AGEO, Obispado, leg. 10, exp. 8.

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En la cúspide de la judicatura eclesiástica se ubicaba el provisorato. Su jurisdicción abarcaba la formación de los aranceles, la administración de las obras pías y capellanías, así que las dispensas matrimoniales. El provisorato era también la corte que juzgaba al clero secular, forado para con los tribunales reales.716

Pero la iglesia poseía todavía un instrumento más para controlar las conciencias y, a través de las conciencias, la realización de sus derechos: la inquisición. Mora captaba estupendamente la función del tribunal en la maquinaria eclesi|stica al abordar el negocio de las bulas. “El clero, escribía, predicaba y persuadía en el confesionario la necesidad indispensable de la bula, y como nadie podía decir lo contrario, pues la inquisición estaba alerta para castigar este crimen político-religioso, no había ningún medio de desengaño”.717

EL EMPOBRECIMIENTO DEL CLERO RURAL A FINES DEL SIGLO XVIII

De regreso de una visita pastoral que le había llevado entre 1778 y 1782 a todos los curatos de la diócesis, el obispo Ortigoza de Oaxaca denunció que la cortedad de sus rentas impedía a muchos clérigos rurales vivir con la debida “decencia”.718 Veinte años después, el ayuntamiento de Veracruz confirmaba la pobreza de los clérigos destacados a los pueblos de indios y las rancherías de afromestizos.719 Humboldt, por su parte, señalaba que una parte del clero “gime en la última miseria”.720 El fenómeno parece indiscutible a fines del siglo XVIII.721

De acuerdo con el análisis de Ortigoza, una de las principales causas de la situación que prevalecía en su tiempo era el rezago del arancel oaxaqueño, formado en 1703 y mantenido desde entonces sin cambio alguno. El argumento es de peso. En efecto, sí observamos el movimiento del nivel de los precios del maíz en el reino observamos que este se duplicaba en la década de 1780 con respecto a la de 1700.722

Existían varias respuestas posibles al problema. La corona multiplicaba los llamados a los obispos a que entregaran, conforme a derecho, cuatro novenos de la mitad del producto del diezmo a las parroquias: en 1764 emitió una cédula en este sentido, en 1786 retomó la idea en la Ordenanza de Intendentes.723 También el ayuntamiento de Veracruz pedía que se aplicara la

716 Mora (1986: I, 264-266)

717 Mora (1986: I, 268).

718 AGI, México 2587, Informe del obispo Ortigoza sobre su visita pastoral, 20/11/1784.

719 AHV 1810, Instrucciones para el diputado a Cortes, 53-65.

720 Humboldt (1984: 85).

721 Véase también Brading (1981) quien estudia el caso del obispado de Michoacán.

722 Para los precios del maíz nos basamos en Garner (1985: tabla 3).

723 AHV 1803, Exp. sobre el partido de Medellín; AHV 1810, Instrucciones para el diputado a Cortes, 53-65.

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ley.724 Parece que las presiones que se ejercían desde dentro y fuera de la iglesia sobre obispos y curias surtían efecto en Valladolid y Guadalajara, pero no en el resto de las diócesis del reino.725 Ortigoza, por ejemplo, no mencionaba en ningún momento esta posibilidad. Para él, la solución al problema consistía en la adaptación del arancel, nada más.

Los curas, directamente afectados, no esperaban a que las altas jerarquías se movieran. El mismo Ortigoza reconocía que muchos clérigos introducían arbitrariamente nuevos derechos. El titular de Igualapa, por ejemplo, no observaba arancel alguno sino se llevaba cuanto quería. Su colega de Pinotepa del Rey obligaba a sus ovejas a guardarle el hato de ganado y a cultivarle la milpa sin recompensa alguna.726 Nicolás Caparro, cura interino de Sochistlahuaca a mediados de la década de 1780, hacía trabajar a los indios de balde en su trapiche.727 Manuel Merino, vicario de Cacahuatepec por los mismos años, se aprovechaba del hecho de que el partido siempre se había regido por “costumbre” y no por arancel escrito para aumentar sus rentas.728 Todas estas medidas constituían respuestas espontáneas de los clérigos a la contracción del producto de sus rentas tradicionales.

Otro fenómeno susceptible de repercutir en el empobrecimiento del clero rural era, siempre de acuerdo con Ortigoza, la disminución del número de indios. En las costas el movimiento distaba de ser catastrófico – a excepción de Huatulco – y las pérdidas se compensaban en gran medida con el crecimiento de la población afromestiza. Ahora bien, los asentamientos que capitalizaban este crecimiento eran las rancherías. La creciente dispersión del hábitat ponía la iglesia ante un dilema: o bien aceptaba que las ovejas se le escapaban al monte y dejaban de pagar los derechos que reconocían, lo veremos en seguida, como derechos a explotar, o bien aumentaba el numero de clérigos y corría el riesgo de que la renta no crecía proporcionalmente con el número de los que tenían que vivir de ella.

Desde la conquista, la Nueva España se venía cubriendo de una red de partidos eclesiásticos cada vez más densa. A mediados del siglo XVII había una decena de curatos en la Costa Chica, la mitad en el distrito de Jicayan, otra decena en Sotavento (cuadro 40.).729 Un siglo después contamos alrededor de quince partidos eclesiásticos en cada una de las costas. A partir del

724 AHV 1810, Instrucciones para el diputado a Cortes, 53-65.

725 AHV 1803, Exp. sobre el partido de Medellín.

726 AGI, México 2587, Visita pastoral del obispo Ortigoza a su diócesis, 1779-1782.

727 AGN, Indios 82, ff. 46-65.

728 AGN, Historia 319, exp. 15.

729 Con respecto a las estructuras a mediados del siglo XVII nos apoyamos en Gerhard (1986: 40. 89. 128. 143. 154. 351. 379. 190). Para la dinámica posterior recurrimos donde eso era posible a fuentes primarias que corregían en más de una ocasión (Teotepec, Los Cortijos) los datos de Gerhard. Véanse las primeras menciones de los curatos de Coyuca (1690) en: AGN, Reales Cédulas Duplicata 33, f. 352; Los Cortijos (1732) en: AGEO, Obispado, leg. 10, exp. 8; Teotepec, también llamado Yeytepec, y Juquila (1704), en: AGNO, Diego Díaz Romero 1700-1704, f. 120v; Tlalixcoyan (1743) en: AGI, Indif. Gral. 108, t. IV, ff. 123-204v; Amatlán (1772) en: AGI, México 2047, Caja real de México 1772, Mesadas eclesiásticas. Cuilutla (?) (1777) en: AGI, México 2579, Padrón del partido de Cuilutla 1777. Soteapan y Otatitlan se mencionan por primera vez en la Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986: I, 59-316. 90: 235-236).

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último cuarto del setecientos se congelaban las estructuras parroquiales en la Mar del Sur; en Sotavento se establecieron otros dos partidos pasado 1800. La mayor parte de los partidos que se erigían en el siglo XVIII contaban con escasos indios: las erecciones de Coyuca, Los Cortijos, Cotaxtla, Rinconada y Tlalixcoyan reflejan claramente el interés de la iglesia por recuperar las masas rancheadas. Sin embargo, los partidos seguían siendo muy extensos y pocos cumplían con la real cédula de 1764 que mandaba que se estableciera un partido cada cuatro leguas (22 kilómetros).730 La parroquia de Los Cortijos, por ejemplo, se componía en 1802 de ocho asentamientos que se situaban hasta 12 leguas de la cabecera. En Juquila, el trapiche de Santa Ana, la visita más retirada, estaba a 16 leguas de la parroquial de Santa Catarina.731

Una alternativa a la división de los partidos era el aumento de la clerecía en cada uno de ellos. En su recorrido por la diócesis, Ortigoza ordenaba a varios párrocos que contrataran a un número suficiente de vicarios. ¿Podría ser que había partidos sobrecargados de clérigos, contratados por presiones del obispo? No lo sabemos. No descartamos, de cualquier manera, que había párrocos que concebían a los vicarios más como carga que como ayuda: párrocos que sabían que el virtual crecimiento del producto de las rentas del partido a través de una vigilancia más estrecha sobre las ovejas era menor que la expansión de los gastos que implicaba el mantenimiento de un eclesiástico adicional. Ahora bien, la necesidad de dotar a las parroquias con vicarios también podía ser un arma del cura contra el obispo en la lucha por el diezmo. Marcos Pérez de Vargas, titular de Medellín, por ejemplo, solicitó en 1802 tres vicarios para su extenso curato al obispo de Puebla. Como sus feligreses eran tan pobres “que no podían contribuir aún con los derechos parroquiales” pedía se les entregaran los cuatro novenos que correspondían. Al parecer, el obispo se hacía el sordo y Pérez, quizás animado por el comercio del vecino puerto de Veracruz – que litigaba por los mismos años la erección del obispado de la Mar del Norte –, se dirigió al rey. Este mandó instruir un expediente que tuviera en cuenta sus órdenes de 1764.732

La mejor solución para todos, obispos y curas, era sin duda la congregación de los rancheros. El clérigo destacado a Coyuca solicitó desde 1690 al virrey que compelara a los rancheros de La Sabana a que se congregaran en un pueblo o a que se trasladaran ya fuera a Coyuca, ya fuera a Acapulco.733 Cien años después, Ortigoza retomó la idea en su informe al virrey. No debería permitirse, señalaba, que hubiera pueblos de indios con menos de 100 familias. Los párrocos de Huasolotitlan y de Azoyú lanzaron iniciativas concretas: el primero propuso congregar a los pardos que vivían esparcidos en los bajos de Chicometepec, el segundo quiso que los rancheros de Juchitán formaran un pueblo.734 En la medida en que también los justicias se quejaban en sus informes sobre la imposibilidad que cobrar el tributo a los pardos rancheados en la costa, la audiencia apoyaba las propuestas.735 Sin embargo, tenemos la sospecha de que las denuncias de los subdelegados sólo se destinaban a camuflar su estrecha connivencia con los supuestos evasores fiscales. En efecto, cuando se trataba de sacar adelante un proyecto concreto como el

730 AHV 1803, Exp. sobre el partido de Medellín.

731 Pérez (1888: anexo).

732 AHV 1803, Exp. sobre el partido de Medellín.

733 AGN, Reales Cédulas Duplicata 33, f. 352.

734 AGN, Tributos 34, ff. 160-173; AGN, Inquisición 1223, ff. 172-250.

735 Véase el informe del comisionado Benito Pérez de 1793 en: AGN, Tributos 34, ff. 119-157.

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de Juchitán, el apoyo del justicia era más que tibio: no convenía, simplemente, que los pardos entraran en la esfera de otro explotador. Como resultado, los juchitecos nunca se congregaron.736

LA CREDIBILIDAD DEL CLERO

Según Ortigoza, los indios de antes “no eran tan maliciosos y veneraban m|s a los curas”.737 La afirmación nos obliga a plantear el problema de la credibilidad del clero. No todos los eclesiásticos hubieran estado de acuerdo con la afirmación de Ortigoza; él mismo no debía de estar consciente de las implicaciones de esta pequeña frase. En una representación de 1799, Manual Abad y Queipo, alto funcionario de la curia diocesana de Michoacán, sugería que los clérigos eran los únicos dignatarios del reino que gozaban de la confianza de las clases explotadas. La sociedad novohispana se componía según el también juez de testamentos, capellanías y obras pías, de tres clases: españoles, indios y castas.738 Los españoles, alrededor del 10 por ciento de la población, tenían “casi toda la propiedad y riquezas del reino”. Los indios y las castas, la inmensa mayoría, eran sus criados, sirvientes o jornaleros. “Por consiguiente resulta entre ellos y la primera clase aquella oposición de intereses y de afectos que es regular en los que nada tienen y los que lo tienen todo, entre los dependientes y los señores. La envidia, el robo, el mal servicio de parte de los unos: el desprecio, la usura, la dureza de parte de los otros”. Así las cosas, la cohesión social, la unidad entorno a las leyes y al monarca, estaban en peligro. “La primera clase tiene el mayor interés en la observancia de las leyes que le aseguran y protegen su vida, su honor y su hacienda o sus riquezas contra los insultos de la envidia y asaltos de la miseria. Pero las otras dos clases que no tienen bienes, ni honor, ni motivo alguno de envidia para que otro no ataque su vida y su persona, ¿qué aprecio harán ellas de las leyes que sólo sirven para medir las penas de sus delitos: ¿qué afección, qué benevolencia pueden tener los ministros de la ley, que sólo ejercen su autoridad para destinarlos a la cárcel, a la picota, al presidio o a la horca?”. La conclusión del eclesi|stico es tajante: no hay “otro medio que pueda conservar estas clases (los indios y las castas) en la subordinación a las leyes y al gobierno que el de la religión conservada en el fondo de sus corazones por la predicación y el consejo en el publico y en el confesionario de los ministros de la iglesia. Ellos son, pues, los verdaderos custodios de las leyes y los garantes de su observancia. Ellos son también los que deben tener y tienen en efecto más influjo sobre el corazón del pueblo, y los que más trabajan en mantenerlo obediente y sumiso a la soberanía de V.M.” El escrito de Abad y Queipo tiene evidentes tintes apologéticos. Ahora bien, la contrarreforma en el expendio de las bulas de 1767 sugiere que hasta los golillas de la corte, al igual que Carlos III regalistas a ultranza, crecían en la influencia de los párrocos sobre su grey. En un informe de 1771, el virrey Bucareli, por cierto también de extracción eclesi|stica, no dejaba lugar a dudas: “Lo cierto es que ningunas manos son tan propias como las de los curas para espender los sumarios de la santa cruzada, así por que está

736 AGN, Inquisición 1223, ff. 172-250.

737 AGI, México 2587, Informe del obispo Ortigoza sobre su visita pastoral, 20/11/1784.

738 Abad y Queipo Manuel, Representación sobre la inmunidad personal del clero, reducida por las leyes del nuevo código en la cual se propuso al rey el asunto de diferentes leyes, que establecidas, harían la base principal de un gobierno liberal y benéfico para las Américas y para su metrópoli, 1799, en: Moreno García (1986: 123-135. 123-126).

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anexo a su ministerio persuadir a los fieles de quienes son pastores que no se priven del gran número de indulgencias concedidas a la bula, cuanto porque la grosera ignorancia de los indios y otros de la ínfima plebe distingue muy poco o nada las bulas del papel sellado, si su espendio lo ven cometido a personas seculares”.739

El mundo real se reflejaba probablemente más en las palabras de Ortigoza que en los discursos de Bucareli y Abad y Queipo. Veamos un ejemplo de la poca referencia que los indios tenían para sus ministros. En febrero de 1776 llegó a la cabecera de Santiago Ayutla su nuevo párroco, el Bachiller Miguel Manuel Valverde. Quizás sin conocimiento previo de la zona, Valverde quería hacer valer sus derechos a como diera lugar. Pronto se desató un conflicto entre los indios y el cura por el pago de las misas dominicales y el control de la asistencia. La situación se deterioraba rápidamente. El día primero de junio de 1777 la tensión culminó cuando una discusión entre el cura y los indios derivó en una refriega.740 Aunque resulta difícil evaluar los alcances de la riña sí es evidente que los indios mostraban poco respeto para su pastor. El problema no era exclusivo de los indios. El informe de un clérigo destacado en los años 1780 a Los Cortijos no deja lugar a dudas. Su trabajo era totalmente inútil, se quejaba el ministro, “por la indolencia y falta de fe y religión de aquellos feligreses que viven olvidados de sus almas, entregados a todo genero de vicios, sin respeto ni obediencia al ministro”.741 Al abrir los expedientes de la inquisición encontramos más elementos que indican que no sólo en los pueblos de indios sino también en las rancherías de pardos había un rechazo muy amplio contra los clérigos y sus derechos. Luisa, la esposa del primer teniente de justicia de Acapulco, denunció en 1779 ante el cura del puerto a Ramón Panon, natural de Ibiza, capitán de ingenieros destinados al reparo del fuerte de San Diego, en los términos siguientes. “Iba la que declara con el delatado a misa y le dijo lo siguiente: vamos a misa, que hoy tenemos muchas indulgencias los esclavos del rosario por ser domingo. A lo que él respondió: ríase v.m. de eso, los señores de Roma andan con esas churlas por arrancarnos las pesetas. A lo cual respondió la que declara: pues vamos a rezar la estación, ganaremos la indulgencia plenaria. A lo que él dijo: aun eso sí, pero todo lo demás es cuento”.742 Puede que el cura inducía el testimonio, puede también que Luisa exageraba las supuestas declaraciones de Panon con tal de conseguir su condena por el tribunal de la inquisición. Ahora bien, si el clérigo o la testigo querían que su denuncia surtiera efecto necesitaban acusarle de un delito verosímil. De allí que concluimos que debía de haber costeños que consideraban que los funcionarios eclesiásticos eran nada más estafadores, que lo que importaba en el cielo era la fe y no el pago de los derechos de la iglesia. El fenómeno no era exclusivo de lugares muy concurridos como Acapulco. Andrés Ruiz, mulato, oriundo y vecino de Huasolotitlan, declaró en 1788 ante el cura de Jamiltepec lo siguiente. “Que un día dentro de la cuaresma de este año, estando en las salinas llamadas Monroy del curato de Huasolotitlan con un cuñado suyo llamado Mariano Gutiérrez y Bartolo de Luna, mulato del mimo pueblo, viudo de Cecilia, platicando los tres, le preguntó su dicho cuñado a Bartolo que por qué no se confesaba. Y respondió: que no quería confesarse con los padres ni decirles los pecados, que eran también como él, que tenían hijos y mujer, y para qué se había de confesar si luego se había de volver con su dama. Que su dicho cuñado le dijo que por qué no oía misa: usted ni oye misa. A lo cual

739 Informe Bucareli, 1771, en: Fonseca/Urrutia (1845: III, 313-316).

740 AGN, General de Parte 58, ff. 62-65v. Véase también AGN, Indios 66, f. 136v.

741 AGN, General de Parte 65, s/f.

742 AGN, Inquisición 1187, ff. 291-307.

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respondió: no quiero oír misa de esos hediondos, que no necesitaba oír misa de esos hediondos. Y diciéndole que cómo no necesitaba oír misa les respondió: también son pecadores como yo, como había de bajar Dios del cielo real y verdaderamente en manos de un hediondo. Que entonces le dijeron: usted no creerá que haya Dios; usted es como el indio: pone usted en duda que hay Dios. Que respondió: que creía que había Dios pero que no creía que bajaba real y verdaderamente en las manos de ese hediondo”.743 También aquí encontramos un anticlericalismo bastante virulento junto con una confesión de fe que resulta mucho más formal que la que se atribuía a Panon.

Ortigoza presenta la problemática relación entre campesinos y clérigos como resultado de un proceso propio del setecientos. Sin embargo, el rechazo contra la iglesia y sus derechos era mucho más viejo. Con respecto a los indios se ha afirmado que el inicial entusiasmo para los evangelizadores – que se confundían quizás con libertadores – se desvanecían desde antes de que mediara el siglo XVI.744 Incluso la agresión física contra el cura no era nada nuevo. Remitimos, por ejemplo, al tumulto de los indios de Jamiltepec de 1694. Los motivos del descontento eran idénticos a los que encontramos en Ayutla cien años después: los derechos parroquiales. Entre las acusaciones contra el cura destacaban la alteración del arancel, servicios exagerados, el repartimiento de limosnas obligatorias para costear la reedificación del templo y la excesiva demanda de sacristanes y alguaciles.745 Los afromestizos por su parte no tenían nunca nada que agradecer al clero. Cuando el vicario de Coyuca denunciaba en 1690 que los negros y mulatos asentados en La Sabana vivían “como olvidados de la ley de Dios, pues muere el que muriese dellos jamás llaman ministro que los confiese ni reconocen administración eclesi|stica” describía con toda seguridad un estado que venía perpetuando desde la introducción de los primeros esclavos en el Nuevo Continente.746

Con todo y esa continuidad no descartamos una mayor conflictividad entorno a los curas y sus derechos a partir del último cuarto del siglo XVIII. Una de las razones sería la mencionada imposición de nuevos gravámenes por los clérigos. El campesinado se oponía desde luego a los cambios. Por motivos que veremos en otra parte, los justicias lo apoyaban a menudo en sus protestas.747 La complicidad entre la república y el funcionario real se puede considerar, en efecto, como la otra raíz de la mayor conflictividad entorno al cura.

743 AGN, Inquisición 1196, ff. 213-236.

744 Israel (1980: 23. 55-63).

745 AGN, Indios 32, ff. 191v.210; AGN, Reales Cédulas Duplicata 40, ff. 178v. 180v. 204. 206. 210.

746 AGN, Reales Cédulas Duplicata 33, f. 352.

747 Véase infra, cap. 13., sobre la creciente conflictividad entre curas y justicias a partir de mediados del siglo XVIII.

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9. LA DEFENSA COMO REALIZACIÓN DE DERECHOS

La explotación se basa, en última instancia, en una relación de fuerzas. Donde los derechos se cuestionan, ya sea por los explotados, ya sea por los que codician desde fuera, deciden en un momento dado las armas. El costo de la defensa de la explotación carga, por supuesto, sobre los mismos explotados. En las costas novohispanas, este hecho esta particularmente claro ya que la defensa de los derechos de la corona era ella misma, en gran medida, una forma de realizar estos derechos.

El dispositivo defensivo de la Nueva España se concebía en función de una doble amenaza: “El ejército de este reino, en sus diferentes clases, es un objeto de la primera atención, porque mira a su defensa en cuanto a amigos exteriores y a su resguardo interior para mantener el buen orden y la tranquilidad” reflexionaba el virrey Marquina en 1803.748 La principal preocupación de la corona española era, sin duda alguna, la amenaza de su dominio por parte de extraños, en concreto de la corona de Inglaterra. Era en gran medida el desarrollo de esta amenaza la que determinaba la dinámica del ejército novohispano. Como el enemigo tenía que llegar por mar, las costas eran de una importancia capital para la defensa del reino. Durante el siglo XVII, la amenaza se materializaba en la piratería, el saqueo de asentamientos. Conforme avanzaba el siglo XVIII, la posición de la monarquía española se volvía cada vez más crítica. Los ingleses se empeñaban en impulsar el contrabando, privándola de los ingresos que proporcionaban los derechos sobre el comercio transoceánico. Pero además surgía el espectro de una invasión formal y del arrebato definitivo del dominio sobre el reino más crediticio de las Indias.

EL EJÉRCITO REGULAR

El rey temía particularmente los ataques a Veracruz y Acapulco, puertos por donde transitaban cada año los tesoros que se enviaban marenfuera? y que eran, además, las puertas de entrada al centro del país.749 Los fundadores se protegían por sendos fuertes: San Diego en Acapulco, San Juan de Ulúa en Veracruz. El primero nunca dejó de ser “un viejo fuerte mal conservado y poco considerable”.750 Aún después de la ampliación de la década de 1780 seguía siendo “un cuadrado fortificado que… podr| resistir a lo m|s ocho días si fuere atacado con fuerzas suficientes”.751 San Juan de Ulúa estaba mejor provisto, aunque su dependencia del abasto desde la cuidad lo hacía sumamente vulnerable.752

748 Berenguer de Marquina (1986: 24).

749 El virrey marqués de Mancera (1986: 29) señala con respecto a Veracruz en la instrucción para su sucesor, redactada en 1673: “La ciudad de Veracruz ha sido y ser| siempre el blanco de la codicia de las naciones enemigas, considerándola único imperio de Nueva España, y tránsito y garganta de sus tesoros opulentos”.

750 Pagés (1983: IV).

751 Berenguer de Marquina (1986: 25).

752 Berenguer de Marquina (1986: 24).

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Tanto en Veracruz como en Acapulco había guarniciones de tropa regular. En San Diego, el número de soldados nunca era muy elevado: alrededor de 60 hombres a fines del siglo XVII, un centenar hacia 1750, una compañía en los años 1790.753 En Veracruz existían dos destacamentos: uno en San Juan, otro en la plaza, la ciudad. Debido a la cortedad del espacio disponible, los efectos de San Juan no habrán variado mucho. En 1754 el cura del fuerte contaba 122 artilleros más 60 soldados de la guarnición urbana que se turnaban cada mes.754 La dotación de la guarnición urbana, en cambio, estaba sometida a grandes cambios. Durante la primera mitad del siglo XVII, la defensa de la ciudad estaba a cargo de 400 infantes; entorno a 1650, el presidio quedó desierto hasta que el virrey marqués de Mancera lo restableció a fines de la década de 1660 asignándole 300 hombres.755 A mediados del siglo XVIII, la dotación había aumentado a 766 soldados.756 El año de 1775 marcó un hito en la historia de la defensa de Veracruz. Este año se elaboró un nuevo plan defensivo que preveía guarnecer sólo el fuerte de San Juan, dejar libre de tropas a la ciudad y tender un cordón defensivo en el interior, acuartelando tropas en Xalapa, Perote y Orizaba. Ante la protesta de los comerciantes veracruzanos que temían por sus bienes en caso de un ataque inglés, el esquema nunca fue impuesto en su totalidad y en los años críticos del último periodo colonial, la ciudad recibía siempre, al igual que Acapulco, refuerzos foráneos: así, la guarnición de la plaza contaba en 1798 2’486 soldados, al año siguiente 4,230, en el 1807 2,742.757

El cambio en la estrategia defensiva de 1775 se apoyaba en reflexiones sobre las elevadas bajas que las enfermedades tropicales causaban entre las tropas estacionadas en Veracruz.758 Esta situación reflejaba evidentemente la composición de las compañías. Durante mucho tiempo, los soldados del ejército regular eran por lo general españoles peninsulares. A partir de los años 1790, cuando las necesidades de la península llevaban a la repatriación de numerosos contingentes, se recurrió cada vez más a criollos y mestizos, gente nacida en el reino. Ahora bien, como el oficio de soldado era poco prometedor, las autoridades organizaban levas forzosas entre los vagos y los delincuentes menores de las ciudades del altiplano.759 Así las cosas, la inmensa mayoría de las tropas destacadas a las costas procedían de tierras lejanas y carecían de las defensas contra la fiebre amarilla o el paludismo. Para remediar esta situación, el virrey Revillagigedo II, gran protector de los intereses del comercio porteño dentro y fuera del reino, estableció en 1793 el batallón fijo de la plaza de Veracruz: una unidad de 503 plazas en tiempo de paz y 777 en el de guerra.760 Su reclutamiento debía de hacerse, así decía el proyecto, entre

753 AGI, Indif. Gral. 107, Informe del Castellano de Acapulco, 1743; AGN, Padrones 16, ff. 213-221; AGN, Reales Cédulas Originales 36, ff. 56-59; Relación de Juan de Ortega y Montañés, 1697, en: Hanke (1976: V, 132-148. 144-145).

754 AGN, Inquisición 937, ff. 234-238.

755 Mancera (1986: 29-30).

756 AGN, Inquisición 937, ff. 234-238.

757 Archer (1983: 59-108) analiza detalladamente la cambiante estrategia militar del gobierno virreinal.

758 Berenguer de Marquina (1986: 25). Véase también Archer (1986: 59-108).

759 Véase Archer (1983: 283-296) sobre el reclutamiento de las tropas regulares.

760 AGN, Historia 367, García Dávila al virrey, 9/3/1803; Güemes Pacheco (1986: 49). Véase también Archer (1983: 23-58).

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los pardos y morenos de Sotavento: gente inmune a los miasmas del puerto. Ahora bien, como los jornales que se pagaban para ese entonces en la región eran mucho más elevados que las remuneraciones que quería pagar la corona, también las filas del fijo terminaban por llenarse mayoritariamente con hombres que se reclutaban a la fuerza en el centro del reino.

Mucho más importante era la contribución de las poblaciones costeñas a la armada real. Sotavento había sido seguramente desde siempre un reservorio de marinos, pero ignoramos las prácticas y los posibles reglamentos de los primeros tiempos. Fue hasta 1776 cuando la corona sistematizó el reclutamiento de sus marinos en el reino, estableciendo la matrícula del mar. De acuerdo con el reglamento, todos aquellos hombres que trabajaban en el mar o en los ríos: marineros, pescadores, buceadores, calafates o carpinteros, tenían que matricularse y podían ser llamados –contra paga – a servir en los buques del rey por el tiempo que la corona lo considerara necesario. Por razones administrativas, se establecían dos provincias de matrícula: una de San Blas, otra en Veracruz; Acapulco formaba parte de la primera, Boca del Río, Alvarado y Tlacotalpan pertenecían a la segunda.761 La matrícula se abolió una primera vez bajo el régimen constitucional en 1812; Fernando II la restableció en el marco de la restauración; sería hasta 1820 cuando el reglamento desapareció definitivamente por una decisión de las Cortes.762

LAS RAZONES DE SER DE LAS MILICIAS.

El ejército regular se costeaba por real hacienda (o por el conjunto de los contribuyentes del reino). Con tal de minimizar estas deducciones de la renta que le procuraban la Nueva España, la corona procedió desde mediados del siglo XVII al establecimiento de cuerpos milicianos en todos los distritos costeños del reino. En el reclutamiento se observaban principios étnicos. Fuera de los puertos de Acapulco y Veracruz donde se podían reclutar compañías de españoles – una en Acapulco, dos en Veracruz –, la corona recurría a los pardos, sólo en el distrito de Huatulco a los indios.763

La tarea principal de las milicias era la defensa de las costas, los milicianos se alternaban en la ocupación de las vigías establecidas en puestos claves. Al descubrir una nave que se acercaba a la playa tenían que avisar a su comandante, el justicia del distrito. Este tomaba las medidas adecuadas a su interés.764 En realidad, la ocupación de la playa ha de haber sido un negocio redondo para el jefe militar ya que le permitía controlar e imponer el contrabando en beneficio propio. En tiempos de guerra el funcionario movilizaba a los hombres que consideraba fuesen necesarios, las armaba – en cuanto había armas a su disposición – y les destacaba a los lugares del virtual desembarco: puntos estratégicos que podían caer dentro o fuera de su jurisdicción.765

761 AHV 1778, Exp. sobre la matrícula de mar.

762 AHV 1812, Circular del consejo de regencia, 14/1/1812; Dublán/Lozano (1876: I, 535).

763 AGN, Indif. de Guerra 47B, Representación del coronel Armona, 10/7/1780; AGN, Reales Cédulas Duplicata 30, f. 215.

764 AGN, Tributos 34, ff. 110-117; AGN, General de Parte 54, s/f; Relación de Juan de Ortega y Montañés, 1697, en: Hanke (1976: V, 132-148. 144-145).

765 AGN, Tributos 34, ff. 160-173.

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En el siglo XVIII, estas mismas milicias se desempeñaban también como policía al servicio del justicia: conducían a presos, arrestaban a delincuentes y recaudaban tributos.766

En la represión de los motines de la segunda mitad del setecientos, la importancia de las milicias variaba mucho. Al temer el estallido de un tumulto en 1750, el arancel mayor de los Tuxtla pedía tropas de caballería e infantería en Veracruz.767 En el motín de Acayucan de 1787, las milicias tampoco entraban en acción – según el encargado de la averiguación por falta de organización y armamento.768 En Tlacotalpan, en cambio, los amotinados se dispersaban al sólo sonido del motor con que el justicia convocaba a las milicias.769 También en Jicayan se preveía el empleo de las milicias en posibles rebeliones por parte de las autoridades a fines del siglo XVIII y los milicianos pardos de Puerto Escondido proclamaban en 1791 que “notorio es… que la gente costeña es por naturaleza altanera y que sin exageración parece que le es congénito el orgullo; y ¿quién sino la compañía de milicianos la ha contenido siempre dentro de los límites de la subordinación y el respeto?”770

MILICIAS Y TRIBUTACIÓN

Varios conflictos se vinculan con la formación y el desarrollo de las milicias. Empezamos con la lucha de los negros y pardos, eje de los cuerpos hasta fines de la colonia, por sacudirse el yugo del tributo. En principio, de acuerdo con reales cédulas de fines del siglo XVI, pardos y negros libres tenían que pagar, al igual que los indios, la talla. Esta se cobraba por el alcalde mayor y consistía en el siglo XVIII en 20 reales por casado.771 En las jurisdicciones de la Costa de Sotavento, los morenos se exentaron desde 1667 del pago del tributo como recompensa para sus servicios.772 En el Mar del Sur, menos estratégico, sólo los milicianos pardos y chinos de Acapulco y, tal vez, Jicayan, se liberaron desde el siglo XVII.773 Sus compañeros de Igualapa consiguieron en 1734 la reducción del tributo en la mitad –un hecho que les era ocultado por su

766 AGN, Tributos 34, ff. 110-117; AGN, Padrones 16, ff. 213-221.

767 Medel y Alvarado (1963: 97-102).

768 AGN, Historia 326, ff. 1-10.

769 AHT, leg. 2, exp. 1, Exp. sobre la rebelión de 1783.

770 AGN, Indif. de Guerra 289B, Informe de Pedro de Laguna, 1/7/1796; AGN, Tributos 4, ff. 110-117. Véase también la declaración de los pardos del distrito de Jicayan de 1772 en el sentido de que estaban pronto “para contener los alborotos de los indios” en AGN, General de Parte 54, s/f.

771 AGEO, Tesorería principal, leg. 12, exp. 4. Respecto a los orígenes de la fiscalización de los pardos en el siglo XVI, véase Cook/Borah (1978a: 49-50).

772 AGN, Indif. de Guerra 47B, Representación del coronel Armona, 10/7/1780; El coronel Armona al alcalde mayor de San Andrés, 1/9/1780; AGN, Historia 326, Exp. sobre la rebelión de Acayucan, 1787.

773 AGN, Tributos 25, exp. 15; AGN, Tierras 3624, exp. 9; Relación de Juan de Ortega y Montañés, 1697, en: Hanke (1976: V, 132-148. 144-145).

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alcalde mayor hasta 1751 – y en 1761 la abolición total.774 Los milicianos indios de Pochutla, Tonameca, Huatulco y Xadani obtuvieron después de mucho insistir la reducción del tributo en una cuarta parte en 1720.775

Durante mucho tiempo, las milicias carecían de una organización formal, de cuadros, entrenamiento y armamento. En la práctica, se consideraba a todos aquellos que los libros parroquiales registraban como pardos – o, en Huatulco, indios – como milicianos. El valor militar de los cuerpos era entonces mínimo, el trueque del tributo por el servicio el mal negocio para la corona. Sobresaltados por la invasión inglesa de La Habana en 1762, los responsables de la monarquía empezaron sin demorar la reforma de las milicias. En la Mar del Sur, las autoridades planteaban la reducción de los efectivos a cuerpos manejables. Pero reducir significativa excluir. Como la separación de las milicias implicaba recaer en la odiosa condición de tributario, los morenos se oponían a las reformas. Su experiencia era inequívoca: en 1746, el agente del fisco había pretendido la matriculación de muchos pardos en Jicayan, pretextando de que no todos podían considerarse como milicianos.776 Con todo y la resistencia, el coronel Pedro Zarrió consiguió imponer en 1767 el establecimiento formal de tres compañías en este distrito aunque sólo después de haber accedido a aumentar los efectivos de cada uno de los cuerpos de los 50 hombres previstos a 100. Aquellos que se excluían tenían que pagar tributo a partir de 1771. Dos años después, la reforma se implantó también en Igualapa.777

En Sotavento, los cambios arrancaron con la reducción de la compañía de lanceros de la Nueva Veracruz a cinco escuadras de 156 hombres cada una por el gobernador Félix de Ferraz en 1767. Hasta 1777, las reformas se habían extendido a los distritos de San Andrés y Cosamaloapan; sólo en Acayucan se mantenía aún a fines de los años 1780 el viejo sistema.778 Ahora bien, a diferencia de lo que sucedía en la Mar del Sur, las reformas en Sotavento no implicaban, según parece, la recaída de una parte de los pardos al estado tributario: las cuentas de tributarios de fines del siglo XVIII demuestran, que, para esas fechas, los pardos y morenos no pagaban la talla en ninguno de los distritos sotaventinos.779 Es posible que el conjunto de los pardos de la Mar del Norte se siguiera considerando como una fuerza de reserva, pero tampoco descartamos que la solución reflejara la preocupación de la corona por la lealtad de ese importante estrato de la población en una de las áreas más amenazadas de la monarquía.

¿Hasta dónde los tributos de los pardos no exentos se recaudaban realmente? En 1791, el subdelegado de Jicayan, González de Meza, planteó ante real hacienda la imposibilidad de recaudar la talla entre los afromestizos de su jurisdicción por la pérdida de las cosechas. El virrey accedió a perdonar el tributo de aquel año.780 En 1801, Jacinto Ledos, encargado del

774 AGN, Tributos 34, ff. 1-12.

775 AGN, Indios 44, ff. 63v-64v; AGN, Tributos 34, ff. 160-173.

776 AGN, General de Parte 54, s/f.

777 AGN, Tributos 34, ff. 13-33.

778 AGN, Indif. de Guerra 47B, Reglamento del regimiento de lanceros de Veracruz, 27/10/1779; AGN, Historia 326, Exp. sobre la rebelión de Acayucan, 1787; Siemens/Brinckmann (1976: 323-324).

779 AGN, Tributos 43, exp. 9.

780 AGN, Tributos 34, ff. 119-157.

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empadronamiento fiscal de negros y mulatos de Igualapa, solicitó a sus superiores que no se le obligara a registrar a los rancheros del distrito. Como confirmaban los recaudadores de los diferentes impuestos reales en sendos escritos, era prácticamente imposible fiscalizar a los morenos de Cuajinicuilapa, Copala y las demás rancherías. Solamente en los pueblos, Ometepec, Igualapa, Cuautepec y Ayutla, “donde los negros eran m|s dóciles y obedientes” se podía pensar en el cobro. La corona decidió entonces que se alistara sólo a los civilizados y que se intentara reducir a los demás a pueblos formales.781 Diez años después, Fernández del Campo, subdelegado del vecino distrito de Jicayan donde no se había aplicado el reglamento de 1801, insistió una vez más en la desobediencia de los pardos. En su respuesta, los funcionarios de real hacienda le regañaron y le mandaron cobrar a como diera lugar.782 Empero, a los pocos meses, el virrey dispuso la abolición de todos los tributos.783 ¿Cómo interpretar la correspondencia entre los justicias y real hacienda por una parte, el impacto real de las decisiones de la corte sobre el sistema fiscal por la otra? No descartamos que los funcionarios reales sugieran recaudando el tributo mientras se quejaban. Sabemos que el fraude era una práctica corriente entre los recaudadores de la Costa Chica del siglo XVIII.784 Con todo consideramos como muy probable que la recaudación del tributo de negros y mulatos se volvía cada vez más difícil en el último cuarto del siglo XVIII.

La exención del tributo no implicaba ser libre de impuestos personales. Para costear los gastos de la tropa, principalmente los jornales que se pagaban a los vigías los días que estaban de guardia, los oficiales cobraban contribuciones a los milicianos.785 Con las reformas del siglo XVIII, la adquisición de uniformes y armamento, estos derrames se mostraban insuficientes. En Veracruz, el gobernador Carrión dispuso en 1779 que los gastos adicionales se financiaran con contribuciones de real hacienda.786 En la Mar del Sur, la corona era menos espléndida con las milicias. Los oficiales y los soldados españoles de Jicayan establecían hacia 1780 un rancho cuyos esquilmos sustituían los anteriores derrames. El rendimiento del hatito no era nada desdeñable y antes de que terminara la década, el alcalde mayor y el capitán de la compañía pleiteaban por su distribución.787 Las unidades de pardos de la región eran probablemente incapaces de proceder a tamañas inversiones. Así, las autoridades imponían un arbitrio regular de 4 reales anuales a todos los milicianos no españoles.788 Los pardos consideraban que la exacción era una especie de tributo y, temiendo por su incipiente emancipación social, la

781 AGN, Civil 1783, exp. 3.

782 AGEO, Tesorería principal, leg. 4, exp. 29.

783 AGI, México 1144, Exp. sobre el restablecimiento del tributo de indios.

784 Entre 1734 y 1761, los justicias de Igualapa recaudaban el tributo entero a los pardos a pesar de su exención parcial; AGN, Tributos 34, ff. 1-12. Véase también una denuncia del cura de Azoyú en el sentido de que los alcaldes mayores de Igualapa cobraban tributos excesivos y los ocultaban a real hacienda a lo largo de los años 1780: AGN, Historia 76, exp. 16.

785 AGN, General de Parte 57, f. 105.

786 AGN, Indif. de Guerra 47B, Reglamento del regimiento de lanceros de Veracruz, 27/10/1779.

787 AGN, General de Parte 57, ff. 62v. 105. 198. 234.

788 AGN, Indif. de Guerra 289B, Informe Laguna, 1/7/1796.

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rechazaban. Al inspeccionar Jicayan e Igualapa en 1796, el teniente coronel Laguna suspendió el cobro del impuesto y mandó que por ahora cada compañía sembrara una milpa de una fanega de maíz. Ante el fracaso de la primera cosecha, el subdelegado de Igualapa propuso gravar a todos los pardos no milicianos con un impuesto adicional de un peso anual.789 Ignoramos si el proyecto prosperaba.

MILICIAS Y CASTAS: PARDOS Y ESPAÑOLES

Las milicias eran el lugar donde se cristalizaban las castas fiscales como grupos sociales y chocaban. Desde el siglo XVI, los comerciantes españoles de Veracruz y Acapulco rehusaban juntarse con los tributarios morenos y organizaban sus propias compañías.

En el siglo XVIII, estos cuerpos se multiplicaban. En la Costa de Sotavento existían para 1777 compañías de españoles en Santiago y San Andrés Tuxtla. Es muy probable que posteriormente se formaran otras en las cabeceras de Acayucan, Cosamaloapan y Tlacotalpan.790 En la Mar del Sur había compañías de caballería española en Igualapa y Jicayan.791 El rechazo de los españoles a servir en un mismo cuerpo con pardos podía llevar a situaciones absurdas. La escasez de españoles y mestizos en la Costa Chica obligaba a los grupos dominantes a blanquear a un número más o menos importante de pardos para completar sus compañías. Así en Igualapa donde el establecimiento de la compañía de caballería de españoles de Ayutla en 1780 se debía a la ambición de Gabriel de Tejada. Tejada ocupaba diferentes puestos en la administración del distrito: durante un tiempo fungía como teniente del alcalde mayor, después administraba las rentas reales. En un momento dado logró formar un cuerpo de 45 españoles en un pueblo que tenía sólo 8 blancos según la matrícula que él mismo había elaborado en tanto que teniente. En previsión de que el sucesor del alcalde mayor – con cuya connivencia había actuado – podía descubrir y denunciar la manipulación, Tejada sometió su tropa en violación abierta de las leyes al justicia del vecino distrito de Acapulco. Al producirse el relevo en la alcaldía igualapeña en 1781 se desató de inmediato una ardua lucha entre Tejada y el nuevo justicia. El funcionario denunciaba el proceder de Tejada y este animaba a sus españoles a que no olvidaran que como tales se les tenía que tratar de don.792

El recelo contra el otro no era exclusivo de los españoles, por lo menos en la Costa Chica. En 1793, José Ignacio Flury estableció en su calidad de comandante de la 4ª división de milicias de la Mar del Sur la compañía de pardos de Huasolotitlan. Cuando quería nombrarle oficiales y estos resultaban ser españoles, los recién reclutados se rebelaron gritando “de que no querían oficiales españoles que los mandasen sino los de su color”. Flury logró controlar el alboroto y, al castigar a los cabecillas, restableció la calma.793 Puede que había entre los rancheros pardos

789 AGN, Indif. de Guerra 289B, Informe Laguna, 1/7/1796.

790 Siemens/Brinckmann (1976: 323-324).

791 AGN, Indif. de Guerra 289B, Estado de la 4ª división de milicias de la Mar del Sur, 31/1/1795.

792 AGN, Tributos 34, ff. 35-47; AGN, General de Parte 61, s/f; AGN, Historia 578B, 89-93.

793 AGN, Indif. de Guerra 289B, Flury al virrey, 10/2/1795.

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algunos acomodados, los cabecillas de los informes oficiales: gente que aspiraba a ser oficial y que aprovechaba redes clientelares para promoverse. Empero, eso no era todo. Los afromestizos carecían desde el siglo XVI de estructuras políticas susceptibles de representar sus intereses frente a las autoridades del reino. El establecimiento de las milicias abría nuevas perspectivas, sobre todo después de la formalización de los cuerpos en el siglo XVIII. El reclamo de oficiales reclutados entre ellos mismos puede interpretarse, consideramos, como el reclamo de representantes institucionales. En realidad, en la medida en que los pardos lograban penetrar los mandos medios de la jerarquía militar – los grados de cabo y sargento – estos se convertían en sus voceros. Los tenientes de las compañías de pardos de Ometepec, por ejemplo, denunciaron en 1773 ante el virrey que el alcalde mayor del distrito aún no había puesto en vigor la real orden de 1761 que concedía a los milicianos la exención del tributo.794 José Ávila, un negro de Juchitán que llegó hasta el grado de teniente, defendió 20 años después los bienes de la cofradía de su rancho contra los abusos del cura de Azoyú.795

Los pardos lograban ocupar los mandos medios de los cuerpos que se reclutaban entre ellos, pero los escalafones altos, capitán, teniente y subteniente, eran prácticamente vedados a no españoles: cuando menos después de las reformas del siglo XVIII. Las listas de la oficialidad de la 4ª división de la Mar del Sur muestran que de 31 capitanes, tenientes y subtenientes, 25 eran nativos del altiplano –principalmente de la ciudad de Oaxaca – o de la península: 4 de los 6 originarios de la región pertenecían comprobadamente a familias españolas; de 2 no pudimos aclarar la etnia.796 El caso José Ávila, ya mencionado, se explica por la gran amistad – como siempre basado en el negocio y la explotación de los demás – entre el negro y el alcalde mayor de Igualapa, Francisco Terán.

También los campesinos no indios de la Costa de Sotavento defendían sus intereses a través de los mandos inferiores de las milicias en que quedaban enrolados.797 También aquí, la alta oficialidad era coto privado de los españoles y sólo en las milicias no reformadas de Acayucan los puestos de mando se ocupaban por pardos.798 Con todo y eso, parece que los rancheros sotaventinos no habían desarrollado una conciencia étnica beligerante que los opusiera a los españoles como tales. El problema básico en la región: el problema entorno al cual se desarrollaba la lucha de clases, era la tierra y las masas rancheras se descubrían menos como pardos o negros que como campesinos que carecían de tierras. Consideramos que esta diferencia entre las dos costas se explica en gran medida por la solución radical que se dio desde el siglo XVII al problema del tributo pardo en las regiones sotaventinas. Mientras el tributo y el seudotributo – las contribuciones milicianas – favorecían la formación de un frente pardo en la

794 AGN, Tributos 34, ff. 13-33. Véase también la denuncia que presentaban el alférez, el sargento y el cabo de las milicias pardas de Puerto Escondido en 1791 contra el alcalde mayor de Jicayan: AGN, Tributos 34, ff. 110-117.

795 AGN, Inquisición 1223, ff. 172-250.

796 AGN, Indif. de Guerra 289B. Para la etnia de los costeños, véase AGI, México 2589, Padrón de Santiago Pinotepa, 1777.

797 Véase, por ejemplo, un escrito del cabo mestizo de los lanceros de Jamapa en que este solicitó en 1807 que se dotara a los de su cuerpo con tierras propias: AGN, Tierras 1382, exp. 4.

798 AGN, Indif. de Guerra 47B, Listas de los individuos veteranos de las compañías 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª de los lanceros de Veracruz, 1780; Siemens/Brinckmann (1976: 323-324).

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Costa Chica: un frente que se manifestaría con todo vigor a la hora de la Insurgencia de 1810, la exención generalizada de los pardos sotaventitos del tributo frenaban el desarrollo de esta línea de la lucha de clases en la mar del norte.

MILICIAS Y JURISDICCIÓN

Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, el alcalde mayor era no sólo justicia sino también capitán a guerra de sus milicias. Todavía en 1767, el virrey marqués de Croix confirmó al alcalde mayor en el mando de las tropas y en el derecho de proponer a los capitanes.799 En los años 1780, justicia y ejército se separaron y se creó el cargo de comandante de milicias. Con eso, el alcalde mayor perdió la mano de obra miliciana que usaba antes sin pagar nada para cobrar tributos o realizar funciones policiacas.800 Los comandantes le prestaban a sus gentes, pero contra el pago de jornales elevados de 3 y 4 reales para soldados y sargentos, respectivamente. Los alcaldes mayores establecían entonces ministros de barrio o patrullas en los pueblos, una especie de policías a su servicio exclusivo.801 Pero el cambio más drástico no era el establecimiento de un cuerpo policiaco adicional – ya existía la santa hermandad – con la corrupción propia de una tropa seguramente mal pagada. Como los militares gozaban desde las reformas de 1760 del fuero militar, la privación del alcalde mayor del mando le quitaba también la jurisdicción sobre los pardos alistados y sus mandos españoles.802

El amplio carácter del control del oficial sobre su tropa y su autonomía con respecto al alcalde mayor por el fuero hacía que el mando de las milicias reformadas fuera un objeto muy apetecible para las clases dominantes locales. En realidad sobran indicios de que estos grupos controlaban pronto los cuerpos de ambas costas. Veamos la lista de los oficiales de la 4ª división de la Mar del Sur correspondiente a 1795 (cuadro 41.).803 De 10 capitanes, 6 pertenecían comprobadamente al comercio de la cabecera de sus respectivos distritos. En el rango de teniente encontramos a los mismos grupos. En la Mar del Norte, la situación no era diferente. Así constatamos que Miguel de Esquina, miembro de unas de las familias más renombradas del comercio de Tlacotalpan, era capitán de la 3ª compañía de la 3ª división de la Mar del Norte, correspondiente a su pueblo natal.804 También Antonio Fernández, coetáneo de Esquina y prócer del comercio de la cabecera

799 AGN, Tributos 34, ff. 35-47.

800 AGN, Indif. de Guerra 289B, Informe Laguna, 17/7/1796.

801 AGN, Indif, de Guerra 289B, Conflicto entre Perales, teniente de Igualapa, y Flury, comandante de milicias, 1795.

802 AGN, Indif. de Guerra 289B, Informe Laguna.

803 La lista de los oficiales se encuentra en AGN, Indif. de Guerra 2289B. Con respecto a la biografía de los oficiales, véanse AGEO, Real Intendencia II, leg. 35, exp. 16 para Ibarra; AGN, AHH 72, exp. 9 para Gayangos, Calleja, Candiani, Montoya y Gómez; AGN, General de Parte 79, s/f, para Montalban, AGNEO, José Ignacio Salgado 1796-1797, ff. 25-25v, para Egusquira; AGI, México 2052B, Caja real de México, 1780, Enteros para licencias para herrar ganado, para Sánchez Pareja.

804 AGN, Subdelegados 6, ff. 263-285.

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de Cosamaloapan ostentaba el grado de capitán de milicias.805 El control sobre los rancheros – y su producción – no era el único atractivo de los altos rangos militares. El titular podía encauzar además la adquisición de uniformes, armamentos e instrumentos musicales así que la construcción de los cuarteles de manera que beneficiaran a sus negocios y gozaba del fuero frente al justicia del distrito.806

Algo diferente se presentaban estos problemas en el campo inmediato a la ciudad de Veracruz, los partidos de Medellín y de Boca del Río. Desde la fundación de la ciudad y el establecimiento del ayuntamiento, uno de los regidores, el alcalde provisional, ejercía allí derechos jurisdiccionales. Las reformas de los gobernadores Ferraz (1967) y, sobre todo, Carrión (1779) que introdujeron el fuero de los lanceros amenazaban con restringir el control de las clases dominantes del puerto sobre los campesinos. A estos golpes se añadió el establecimiento del fuero para todos los marineros, pescadores, calafates y carpinteros en la matrícula de 1777.807 Ante esta situación, el alcalde provincial denunció desde 1780 el aumento de la delincuencia, en particular el robo de ganado, al amparo de los diferentes fueros.808

MILICIAS Y TRABAJO RURAL. EL CASO DEL CAMPO JAROCHO

El reclutamiento de milicianos y de marinos significaba una punción sobre la fuerza del trabajo rural. Debido a la importancia estratégica del puerto de Veracruz, el problema se presentaba con toda agudeza en el campo jarocho. Desde los años 1780 se conjugaban allí los primeros efectos de la matrícula con la prolongación del acuartelamiento de los milicianos a raíz de la guerra entre las coronas de España y de Inglaterra por la independencia de los Estados Unidos (1779-1783).809

De los 600 lanceros que subsistían en 5 compañías después de unas reformas introducidas por el gobernador Carrión en 1779, la mitad estaba casada y tenía su ranchito.810 Según parece se daban muchos casos en que todos los hombres adultos de una familia dada estaban adscritos a alguna unidad miliciana o naval. Con tal de poder continuar la explotación de la tierra, estos campesinos necesitaban desertar – y sabemos que muchos lo hacían – o abandonar el campo. Muy pocos podían pagar a suplentes: sabemos que antes de 1806 se pagaban 10 pesos mensuales, de allí en adelante los montos subían a hasta 30 pesos.811

805 AGN, Templos y Conventos 15, exp. 5.

806 Véase Vega Juanino (1986: 120-126).

807 AHV 1778, Exp. sobre la matrícula de mar.

808 AGN, Indif. de Guerra 47B, Troncoso al virrey, 7/7/1780.

809 AGN, Indif. de Guerra, Representación de Armona, 5/4/1781.

810 AGN, Indif. de Guerra 47B, Lista de los efectivos de la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª compañía de lanceros, 1780.

811 AGN, Indif. de Guerra 47B, Representación de Armona, 10/7/1780; AHV 1810, Instrucción del ayuntamiento de Veracruz al diputado a Cortes.

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Para aquellos que dependían más de la venta de fuerza de trabajo que del trabajo de sus cultivos para sobrevivir, el reclutamiento no representaba un problema mayor. Los días que estaban acuartelados recibían la comida y un sueldo de dos reales: una remuneración que correspondía, según parece, a los jornales que se pagaban en los trabajos de campo hasta fines del siglo.812 Muchos se llevaban a su familia cuando iban camino a la ciudad: algunos para que las muchachas y mujeres trabajaran como domésticas en las casas de los comerciantes, otros para que se dedican a mendigar o, como decían sus enemigos de clase, robar.813

La absorción de mano de obra rural por el servicio miliciano afectaba a todos los que dependían de la contratación de jornaleros o peones para el trabajo de sus tierras. Entre estos se encontraban también muchos comerciantes del puerto. Desde 1780, el comercio organizó la resistencia con el apoyo del clero y de una parte de los oficiales profesionales.814 Este mismo año, la coalición de los rentistas veracruzanos consiguió que el virrey dispusiera que se redimensionara el tiempo del acuartelamiento de los lanceros.815

Cada vez que los representantes de la corona en Veracruz respondían a un peligro exterior con el acuartelamiento de las milicias: en la guerra de la corona española con la convención francesa (1793-1796) o en los repetidos enfrentamientos con Inglaterra (1796-1802 y 1805-1808), se repetía el escenario de los años 1780 y los rentistas del campo jarocho se rebelaban en bloque contra el acaparamiento de la mano de obra disponible.816

812 Respecto a los jornales en el campo jarocho, véase infra, cap. 14.

813 AGN, Indif. de Guerra 47B, Representaciones de Gregorio José Suárez, vicario foráneo de Veracruz, y Adrián Félix Troncoso, regidor y alcalde provincial del campo de Veracruz, 1780; AHV 1810, Instrucción del ayuntamiento de Veracruz al diputado a Cortes.

814 AGN, Indif. de Guerra 47B, Representación de Armona, 10/7/1780.

815 AGI, México 1510, el virrey Mayorga a Gálvez, 5/10/1780.

816 Véase infra, cap. 14.

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PARTE III. CLASES DOMINANTES REGIONALES Y CLASES

DOMINANTES NACIONALES EN EL REINO NOVOHISPANO

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10. CRÉDITO E INTERCAMBIOS

Pequeños grupos de propietarios, usureros y recaudadores de impuestos y diezmos dominaban y explotaban desde las cabeceras distritales al campo inmediato. Los sendos grupos de comerciantes provincianos se insertaban en una red que cubría todo el reino. ¿Cuál era el lugar de las clases dominantes de las costas en esta red? Abad y Queipo afirmó en 1808 que ni el cinco por ciento de los 200,000 mercaderes del reino operaban con caudales propios y que todos los demás dependían de alguna forma de crédito.817 ¿A qué grupo pertenecían los costeños? ¿Cuál era el origen de los fondos que permitían a algunos decidir sobre el desarrollo de sus respectivas regiones?

LAS FUENTES DE CAPITAL

Cuatro eran los fondos con que operaban los hombres del dinero avecindados en las costas: caudales propios, bienes ajenos bajo su administración, capital social y préstamos.818 Poco sabemos sobre el volumen de los capitales propios con que se iniciaban los negocios en las costas. No todos disponían sin duda de los 30,000 pesos que declaraba tener Diego de Morales cuando consiguió la alcaldía mayor de Huamelula en 1770.819 Diego Sánchez, uno de los comerciantes algodoneros que actuaban desde Tlacotalpan durante la segunda mitad del siglo XVIII, sevillano de origen, tenía un capital de 300 pesos cuando se casó en 1779 con Rosalía García, española nacida a orillas del Papaloapan.820 El gaditano Juan B. Franyuti, exitoso comerciante de la cabecera de Acayucan, empezó con nada más 500 pesos.821

Había novias que no aportaban más que las arras al matrimonio. En su testamento redactado en 1812, Tomas Morán, uno de los corredores del puerto de Veracruz, señalaba que estaba casado en segundas nupcias con Juana Giveli; ella no había traído nada al matrimonio y él le había consignado arras por 3,000 pesos.822 La fortuna de Ana María Hernández Palacios, por ejemplo, se resumía en los 500 pesos que le entregó su novio, el comerciante tlacotalpeño Manuel Antonio Alarcón, al desposarla a inicios de los años 1730.823 Sin embargo, en muchos casos, un matrimonio logrado proporcionaba dotes maravillosos: caudales que se podían emplear sin pagar ningún tipo de interés. A veces, la dote venía nada más a sumarse a la opulencia previa del

817 Abad y Queipo Manuel. Escrito presentado a don Manuel Sixto Espinoza, del consejo de estado y director único del príncipe de la paz en asuntos de real hacienda dirigido a fin de que se suspendiese en las Américas la real cédula de 26 de diciembre de 1804, en: Moreno García (1986: 160-174. 165).

818 Peña (1983: 112-134). Véase también AGI, México 1872, El obispo de Oaxaca al rey, 21/8/1778.

819 AGNO, Manuel Franco de Lara 1770, f. 291.

820 AHT, leg. 2, exp. 10. Testamentaría de Diego Sánchez, 1795.

821 AGN, Tierras 955, exp. 10.

822 ANX, Protocolos 1813/1814, f. 66.

823 AHT, leg. 1, exp. 1. Testamentaría de Manuel Antonio Alarcón, 1765.

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novio. Este era el caso del ya mencionado Diego de Morales quien recibió de su suegro, Antonio Ibarra de Corvera, prohombre del comercio oaxaqueño, 10,000 pesos para la boda.824 Otras veces, las aportaciones de la muchacha superaban significativamente el capital del novio. Al haber fallecido Manuel Antonio Alarcón en 1765, Ana María Hernández de Palacios volvió a casarse en 1767. Mientras ella llevó toda su herencia, más de 12,000 pesos, al nuevo matrimonio, su segundo esposo, Pedro Caldelas, apenas juntó 400 pesos en reales y algunas alhajas.825 El que fuera alcalde mayor de Igualapa a inicios del siglo XVIII, Juan de Mier y Alveas, no aportó absolutamente nada al matrimonio con María de Zubira Javier, hija de un comerciante de Cartagena. Ella, en cambio, recibió de sus padres una dote de 9-12,000 pesos en bienes y alhajas.826 Juan Montañés, un joven malagueño que había llegado sin gran cosa al puerto de Veracruz, se volvió de repente un hombre de categoría cuando se casó en 1765 con Anastasia Javiera de Náteras, hija del escribano público y de cabildo de la ciudad: además de una dote de más de 3,700 pesos, su suegro le concedió en el contrato matrimonial también un préstamo de 1’500 pesos para que pudiera comprar su sucesión.827

También un albaceazgo era susceptible de ampliar temporalmente las bases de un negocio. Sebastián Fernández de Bobadilla y Andrés Gil de la Torre, albaceas y administradores ad bona de Nicolás de Pinte, concedieron en 1779 un préstamo de 10,000 pesos por tres años y al 5 por ciento al ayuntamiento de Veracruz.828 Mientras estos préstamos se hacían a terceros, por contrato y ante notario, la ganancia correspondía desde luego a la testamentaría. Empero ¿se observaban estas formas cuando el albacea tomaba un préstamo de la herencia para su propio uso? Había casos de abuso evidente, facilitados por las distancias y la cohesión de los grupos locales. Juan B. Franyuti era albacea, fideicomisario y tenedor de bienes de Santiago de Muralla, un comerciante genovés que falleció en Tabasco. A pesar de la voluntad testamentaria de Muralla, Franyuti se quedó con el conjunto de sus bienes hasta su propia muerte. Más todavía: Muralla había sido por su parte albacea y tenedor de bienes de su compatriota y compañero en las andanzas por la Mar del Norte, Agustín de Oñeto. Los herederos de Oñeto se enteraron hasta la muerte de Franyuti en 1764 donde habían quedado los bienes de su pariente.829

Administrar fondos reales, eclesiásticos, municipales o comunitarios podía significar, como veremos al analizar el funcionamiento del ayuntamiento de Veracruz, suplir una escasez temporal con dinero particular: un hecho que implicaba que no cualquiera podía acceder a estos cargos. Sin embargo, las mismas funciones administrativas permitían también en periodos determinados utilizar los reales en custodia para negocios propios del titular. Los curas, por ejemplo, utilizaban las arcas de las cofradías de indios para hacer sus repartimientos.830 Podemos conjeturar que los alcaldes mayores y las repúblicas hacían lo mismo con los reales del

824 AGNEO, Manuel Franco de Lara, 1770, f. 291.

825 AHT, leg. 2, exp. 3, Testamentaría de Ana María Hernández Palacios, 1773.

826 AGNEO, Diego Benaias 1704, f. 476.

827 AHX, Protocolos 1727, ff. 71-94.

828 AHV, AC 5/11/1779.

829 AGN, Tierras 955, exp. 10.

830 Pastor (1987: 155).

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tributo antes de su entrega a real hacienda. En los puertos de Acapulco y Veracruz, los ricos fondos de las sucursales de real hacienda debían de suscitar la codicia de aquellos privilegiados que tenían acceso a ellos.831 Sabemos, por ejemplo, que en Acapulco, donde los caudales en plata amonedada eran escasísimos, los tenientes de los castellanos, responsables de la caja durante las largas ausencias de los oficiales hacendísticos (que sólo asistían en tiempos de la feria), pagaban a los soldados del fuerte de San Diego no en reales sino en ropa: un sistema que les permitía, a través de la manipulación de los precios, apropiarse partes de los caudales del rey.832

LA ASOCIACIÓN CON EL GRAN COMERCIO DEL REINO

Los explotadores costeños vivían en regiones básicamente agropecuarias. La tierra determinaba el ciclo y la coyuntura de sus negocios. Para sobrevivir en tiempos muertos y en años de cosechas abortadas resultaba fundamental disponer de alguien que garantizaba la liquidez del negocio, cualquiera que fuera su carácter. Existían dos posibilidades: el costeño podía ya fuera buscar alguna forma de asociación con uno de aquellos 400 grandes comerciantes del reino que no debían nada a nadie, ya fuera solicitar préstamos a uno de los señores del dinero.

Respecto a los préstamos podemos distinguir entre el crédito comercial por una parte, el depósito y el censo por la otra. El primero se concedía a tasas variables. Durante la primera mitad del siglo XVII se manejaban premios del 12 al 14 por ciento; a inicios del siglo XIX, el que hacía sus compras a crédito pagaba un sobreprecio del 15 por ciento.833 Los censos y depósitos se regían por la pragmática del 7 de octubre de 1621 que había bajado el tipo de interés del 7 al 5 por ciento.834 En el siglo XVII existía una clara diferencia entre los hombres de trato, mercaderes que concedían crédito comercial, y señores de censos, rentistas que prestaban al 5 por ciento contra garantías hipotecarias: abogados, instituciones eclesiásticas, la nobleza y ciertos fondos públicos.835 Los primeros buscaban la rentabilidad, los segundos la seguridad. A fines del siglo XVIII, la iglesia seguía muy activa en este negocio. Para ese entonces había además de censos depósitos. El depósito, una forma de crédito desarrollada durante la segunda mitad del siglo XVII como respuesta de la iglesia a la falta de fincas imponibles, se concedía contra fianza.836 En principio, este tipo de préstamo se daba a plazo fijo, pero en la práctica la iglesia no insistía en la devolución mientras el deudor pagaba los intereses. El censo no conocía por su

831 De la Peña (1983: 119) ha insistido en la importancia de las tesorerías reales y municipales en la Nueva España del siglo XVIII como circuitos de numerario en reales.

832 AGN, Civil 1138, Exp. sobre las cajas de Acapulco, 1767.

833 Con respecto al siglo XVII, véase De la Peña (1983: 127). Para el siglo XIX nos apoyamos en Abad y Queipo Manuel. Escrito presentado a don Manuel Sixto Espinosa, del consejo de estado y director único del príncipe de la paz en asuntos de real hacienda dirigido a fin de que se suspendiese en las Américas la real cédula de 26 de diciembre de 1804, en: Moreno García (1986: 160-174. 165).

834 De la Peña (1983: 127).

835 De la Peña (1983: 124).

836 Lavrín (1985: 33-40). Véanse también Lavrín (1973), Tutino (1974: 505-506) y Bauer (1986).

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misma naturaleza plazos y podía redimirse cuando más le convenía al censatario.837 Instituciones eclesiásticas – y habrá que ver cuáles – eran indudablemente la fuente principal del crédito al 5 por ciento en el siglo XVIII. Con todo, no descartamos que también los comerciantes viejos que “no dan mayor extensión a su giro y acumulan en plata las utilidades anuales por seis, ocho o diez años que sobreviven” de que habla Abad y Queipo en 1809 invertían una parte de sus caudales en este tipo de negocios.838

Algunos comerciantes provincianos estaban asociados en compañías formales con las grandes casas del reino para la explotación conjunta de las masas rurales.839 Veamos por ejemplo el contrato mediante el cual el capitalino Francisco Palacio y Castillo, arrendatario de San Marcos para el periodo de 1771-1778, se asoció con su administrador, José Aguilar Palomar. Aguilar era, como pequeño ganadero de Petatlan en el distrito de Zacatula, buen conocedor de los problemas de la ganadería y del medio costeño. Palacio y Castillo ponía la hacienda y un capital de 4,600 pesos destinado al surtimiento de una tienda de abarrotes. El capitalino se comprometía además a pagar las deudas de Aguilar que ascendían a 1,300 pesos. Este por su parte aportaba todos sus bienes: básicamente unas cabezas de ganado vacuno. El arrendatario se obligaba también a llevar un libro de contabilidad y a no aceptar compromisos con terceros. El contrato estipulaba que del producto del negocio se substraerían el arrendamiento y los gastos de mantenimiento. La ganancia neta se dividiría por partes iguales entre ambos socios.840 El contrato comparte con otros de su género dos cláusulas fundamentales: la prohibición unilateral de entablar negocios con terceros que gravaba sobre el socio provinciano por una parte, un reparto de los beneficios que, teniendo en cuenta su aportación, era relativamente ventajoso a este por la otra.841 Sabemos que estas compañías existían, pero ignoramos la importancia real del fenómeno en el ámbito costeño.

Fundamental para el acceso a los caudales de las grandes casas del reino eran los vínculos familiares. Las relaciones comerciales se establecían, en realidad, de preferencia entre parientes. Los comerciantes costeños eran en muchos casos hijos, primos o hermanos de aquellos de las grandes ciudades. Ejemplar resulta quizás el caso de Juan de Mier y Alveas. Su hermano, Fernando de Mier y Alvaes, era caballero de la orden de Santiago y vivía en la ciudad de México; su primo, Cosme de Mier y Estrada, era miembro del comercio de Oaxaca.842 Donde no había lazos familiares, estos podían establecerse mediante un contrato matrimonial, como enseña la

837 Manuel Abad y Queipo, Representación a nombre de los labradores y comerciantes en Valladolid de Michoacán en que se demuestran con claridad los gravísimos inconvenientes de que se ejecute en las Américas la real cédula de 26 de diciembre de 1804, en: Moreno García (1986: 136-159. 145).

838 Abad y Queipo Manuel. Escrito presentado a don Manuel Sixto Espinosa, del consejo de estado y director único del príncipe de la paz en asuntos de real hacienda dirigido a fin de que se suspendiese en las Américas la real cédula de 26 de diciembre de 1804, en: Moreno García (1986: 160-174. 165).

839 Véanse también Brading (1975: 135-178) y Kicza (1983: 77-99).

840 AGN, Tierras 1213.

841 Kicza (1983: 80) señala que los comerciantes capitalinos casi siempre prohibían a sus socios provincianos mantener relaciones con terceros pero que les concedían un tercio o la mitad de las ganancias.

842 AGNEO, Diego Benaias 1704, f. 476.

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historia de Diego de Morales y de su suegro, el capitán Ignacio Ibañez de Corvera.843 Otra posibilidad era el compadrazgo. Sabemos así que Juan B. Franyuti, el mencionado prócer del comercio acayuquense, era compadre del poblano Juan de Thema, uno de sus principales corresponsales foráneos.844

Señalamos que la asociación formal con una de las grandes casas del reino implicaba por lo general la renuncia al establecimiento de relaciones comerciales con terceros. Esta exclusividad no se estipulaba, desde luego, en los préstamos. De hecho observamos que muchos explotadores costeños – y diríamos que la inmensa mayoría – se enlazaban con diferentes habilitadores. Veamos, a título de ejemplo, la lista de los compromisos que asumía Juan de Mier y Alveas en el testamento que redactó en 1704 en la ciudad de Oaxaca (cuadro 42.).845 Es posible que las casas de Oaxaca, Puebla y México con las que trataba el funcionario estuvieran vinculadas entre ellas. Con todo, la posibilidad de multiplicar los compromisos ha de haber aumentado considerablemente la libertad de acción del deudor. Un caso parecido es el de Juan B. Franyuti. Al redactar su testamento en 1757, el comerciante estaba en tratos con Manuel Llantada Ibarra de México, Gabriel Aleja de Orizaba y Juan de Thema y Domingo de la Vega de Puebla. Con todos llevaba una cuenta corriente abierta.846

LA RENTABILIDAD DE LA DEUDA

En la instrucción que dejó en 1794 a su sucesor, el virrey conde de Revillagigedo reflexionaba sobre el precio del dinero en la Nueva España. Según el funcionario, el premio legal del 5 por ciento era demasiado elevado e impedía el desarrollo adecuado de la agricultura y del comercio en el reino.847 Sabemos que en la península, una pragmática había bajado en 1750 el tipo de interés de los créditos hipotecarios del 5 al 3 por ciento.848 ¿En qué medida influenciaban las altas tasas de interés el comportamiento de los rentistas? ¿En qué medida frenaban el desarrollo de sus rentas?

Disponemos de algunos datos respecto a las ganancias de los comerciantes-usureros durante la última etapa colonial. Tomás Ricarte, alcalde mayor de San Andrés a mediados del siglo XVIII, admitía ganancias de 7-8 por ciento en el comercio de algodón: “La cota del precio de los

843 AGNEO, Manuel Franco de Lara 1770, f. 291.

844 AGN, Tierras 955, exp. 10.

845 AGNEO, Diego Benaias 1704, f. 476.

846 AGN, Tierras 955, exp. 10.

847 Güemes Pacheco (1986: 42-43). Textualmente, Revillagigedo escribió: “Cuando un individuo pueda sacar un 5 por 100 de su caudal, sin trabajo y con seguridad es menester que gane el 8 a lo menos si ha de trabajar y arriesgarlo, y así sería necesaria una real determinación en que quedase el premio legal reducido a un 2 ½ por 100, si se quiere dar a esta agricultura y comercio interior y a sus fábricas un fomento…”

848 Congost (1990: 99).

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aviadores es un 5 por ciento por el suplemento del dinero y 2 ½ de compra y remisión”.849 Otros datos sugieren, empero, que las ganancias eran mucho más elevadas. Andrés Antonio Rodríguez quien deservía por los mismos años Huatulco, señalaba que “con las quiebras y riesgos que son notorios y se dan por sentados podrá dicho alcalde mayor avanzar la respectiva utilidad de un veinte y cinco por ciento libres, así en la distribución de géneros como de reales”.850 En Huatulco, provincia granera, el tinte se compraba al campesino a 12 reales: en la ciudad de Oaxaca, que era el mercado principal del colorante a lo largo de la colonia, valía por ese entonces de 16 a 18 reales. De acuerdo con Rodríguez, entre 1 y 3 reales, o sea entre el 10 y el 30 por ciento, iban en “costos menores y derechos, con m|s la encomienda de su consignación”.851 Teniendo en cuenta estos hechos podemos conjeturar que en Jicayan, donde el productor sólo recibía 10 reales por libra – y donde, debido a la mayor producción, los gastos adicionales eran relativamente menores –, el colorante era un negociazo para quien lo comercializara.852 Toda esta información se nos proporciona por los mismos usureros, interesados en minimizar la importancia de sus beneficios. Si prestamos atención a los enemigos de la usura, el panorama cambia. El cura de Cuautepec acusó en 1777 al cajero del alcalde mayor de prestar a los indios un peso para que le devolvieran 12 reales.853 El intendente Mora y Peysal refería en un extenso informe sobre lo que consideraba abusos de los justicia que el repartimiento de ganado les dejaba ganancias de 75-80 por ciento.854 Aún si estos datos estuvieran exagerados podemos partir de ganancias promedias mayores al 20 por ciento. Cuarenta años después, en un contexto muy diferente, los comerciantes particulares de Cosamaloapan admitían que la habilitación de los campesinos algodoneros de su distrito les procuraba ganancias libres del 25 por ciento.855

Consta que los usureros de toda especie, alcaldes mayores como tratantes particulares, obtenían ganancias muy por encima del 5 por ciento que les costaban los préstamos. Para ellos valía sin duda alguna la pena endeudarse. ¿Y para los propietarios? Brading y Van Young han sugerido en sendos trabajos que los latifundios del Bajío y de la región de Guadalajara redituaban alrededor del 5 por ciento en el siglo XVIII y a inicios del siglo XIX.856 Si admitimos, como lo hace Brading, de que los arrendamientos de haciendas enteras permiten evaluar su rédito podemos conjeturar que la situación de las unidades costeñas era parecida a la de sus pares del Bajío y de la Nueva Galicia. Nuestra Señora del Buen Suceso de Coyuca se compró en 1703 por 2,000 pesos; el

849 AGN, Subdelegados 34, ff. 243-250. El término de aviador – o habilitador – se aplicaba al prestamista.

850 AGN, Subdelegados 34, ff. 111-114v.

851 AGN, Subdelegados 34, ff. 111-114v.

852 El ya citado anónimo al obispo de Oaxaca de 1777 afirmaba que la grana se pagaba en toda la diócesis a 12 reales la libra; “solamente en la costa de Jicayan se reparte a diez reales”. Véase AGI, México 1872. Hay que añadir que el precio de la grana en Oaxaca se ubicaba para ese entonces al mismo nivel que a fines de la década de 1750.

853 AGN, General de Parte 58, f. 40v.

854 Con respecto a la afirmación de Mora y Peysal, véase AGI, México 1974, Informe de Mora y Peysal al virrey, 12/4/1790.

855 AGI, México 1974, Exp. sobre repartimientos.

856 Brading (1988: 166-167); Van Young (1981: 224-235).

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primer contrato de arrendamiento se estableció sobre una renta anual de 40 pesos. En 1751 seis años antes de la venta de la hacienda en 2,200 pesos, la renta subió a 50 pesos.857 San Pedro Apango tenía en 1810 un valor hipotecario de 4,500 pesos; el contrato de arrendamiento que se suscribió este mismo año ante un notario de Oaxaca estipulaba una renta de 225 pesos.858 Esto significa que bajo ciertas condiciones podía ser rentable adquirir una hacienda con crédito hipotecario. En efecto, en un contexto en que la demanda de tierras en arrendamiento o de productos agropecuarios empujaba la renta propietaria, el rédito de una hacienda pronto era mayor al 5 por ciento de inversión inicial. Como carecemos de ejemplos que permitirían ilustrar la idea pasamos a construir uno. “A” compra la hacienda “X” en 1,000 pesos mediante un crédito hipotecario por la misma cantidad. Esto implica el pago de una renta anual de 50 pesos al acreedor. “X” est| arrendada en el momento del traspaso, procurando el rédito usual del 5 por ciento, es decir 50 pesos. En un primer momento, el prestamista absorbe así la renta propietaria. Ahora bien, a los dos años de haber adquirido “A” la hacienda se vence el contrato del arrendatario. Hay mucha demanda de tierras, los candidatos al arrendamiento no dejan de pujar y “A” logra imponer un aumento de 20 pesos a su renta. El nuevo rédito de la propiedad es de 7 por ciento del capital inicial. “A” puede aprovechar el aumento de su renta de dos formas. Si así le conviene puede cobrar año con año la renta de 70 pesos, dar los 50 pesos al prestamista y quedarse con los 20 restantes. Mas también puede capitalizar la renta y vender la propiedad en 1,4000 a que asciende ahora su valor. Del producto, 1,000 pesos son del prestamista – que está libre de exigir el pago del principal – y 400 del propietario. De seguir la segunda variante, “A” realiza en dos años una ganancia de 400 pesos sin gastar un sólo real. En nuestro ejemplo trabajamos con un terrateniente que arrienda su propiedad; es evidente que el mismo ejercicio se puede hacer con un propietario-productor que trabaja en una época en que los precios agropecuarios se mueven al alza: lo que importa no es el modo en que se realiza la propiedad sino el que el proceso se desarrolle en un contexto inflacionario. Sabemos que el nivel de los precios se elevaba de una manera pronunciada durante el primer siglo colonial, más o menos hasta mediados del seiscientos, y de nuevo a partir de 1760.859 Así las cosas no extraña que las clases dominantes de la costa aprovechaban los caudales de la iglesia para adquirir y desarrollar su propiedad. A mediados del siglo XVII, Pablo de Carrasco amplió la hacienda cacaotera de Nuestra Señora del Buen Suceso en los llanos de Coyuca conforme obtenía crédito hipotecario en México. Su actitud sugiere que esperaba – la historia mostraría que en balde – rendimientos superiores al 5 por ciento que le costaba el crédito.860 Un caso muy parecido es el del capitán Martín de Echazarreta que a inicios de los años 1670 emprestó un total de 1,300 pesos en el Colegio de Regina Coeli de Oaxaca para montar una unidad azucarera, cañaverales y trapiche, en la zona amusga.861 Un siglo después, Juan Montalbán se endeudó por más de 15,000 pesos con diferentes prestamistas para establecer allí mismo toda una serie se trapiches.862 Una variante del préstamo era la compra de propiedades endeudadas. Para el comprador no importaba, en

857 AGN, Tierras 3624, exp. 9.

858 AGNEO, Tomás José Romero 1809, ff. 21-31.

859 Véase infra, cap. 11., respecto al movimiento de los precios agropecuarios.

860 AGN, Tierras 3624.

861 AGNEO, Diego Benaias 1689-1690, f. 117s.

862 AGN, General de Parte 79, s/f.

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efecto, si la propiedad ya estaba hipotecada o si él la hipotecaba: en ambos casos se evitaba un fuerte gasto en efectivo. Un ejemplo extremo para esta situación es la adquisición de El Zapotal por el convento de San Agustín de Veracruz en 1735. Los padres no gastaban absolutamente nada en la compra, ya que la hacienda estaba gravada por los 29,000 pesos en que se evaluaba.863

LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES ENTRE LOS GRANDES COMERCIANTES DEL REINO Y LAS CLASES DOMINANTES COSTEÑAS

Existe en la actualidad un consenso sobre el papel del comercio de la ciudad de México como eje económico del reino, cuando menos hasta mediados del siglo XVIII.864 Su fuerza se basaba en el control de los intercambios exteriores. Este control le permitía regular la extracción de plata así que, a través del monopolio sobre la distribución de los bienes importados, canalizar el circulante amonedado hacia sus arcas y desempeñarse como gran financiero del reino. El control de los capitalinos sobre el comercio exterior estaba estrechamente vinculado con el régimen de los intercambios foráneos del reino. Por razones de control fiscal, la corona determinó desde el siglo XVI que los únicos puertos habilitados para el tráfico de altura serían Acapulco y Veracruz. Las mercancías europeas tenían que llegar en flotas, grupos de navíos que salían primero cada año, luego cada 3-5 años de la península. La venta de los artículos se realizaba en ferias en la capital del reino, epicentro del poder de sus comerciantes. Al terminar la feria, los españoles tenían que encomendar sus bienes a un almacenero novohispano y retirarse a la península.

Bajo la presión del tiempo y el temor de quedarse con los artículos de menor demanda, los flotistas – como se llamaba a los andaluces – vendían con reducidas ganancias, siempre y cuando el cliente les compraba lotes enteros. Las grandes casas de la capital eran a todas luces los únicos clientes interesantes, ya que sólo ellas podían juntar importantes cantidades de plata e invertirlas en mercancías que casi nunca no se revendían de inmediato.865 Los intercambios con Filipinas que llegaban en las naos se efectuaban según el mismo patrón, aunque a un nivel interior, en Acapulco.866

En las regiones rurales, los alcaldes mayores eran en este periodo los socios favoritos de las casas capitalinas. El gran comercio novohispano del siglo XVIII se interesaba particularmente en tres productos costeños: grana, algodón, ixtle y vainilla. La grana y la vainilla se destinaban a Veracruz en donde permitían ahorrar plata en los intercambios con gaditanos e ingleses. El

863 AGN, Tierras 1867, exp. 4.

864 Véase Pérez Herrero (1983) para un enfoque global y novedoso del problema. El artículo corrige estudios anteriores como el de Brading (1975: 135-178) que veía en el monopolio del comercio capitalino sobre los intercambios exteriores un fin en sí mismo, mostrando que este nada más era un medio para proteger el control financiero del grupo sobre la Nueva España. En el mismo sentido, aunque partiendo de un análisis más superficial, se pronuncian Kicza (1983) y Borchart de Moreno (1985). Para el origen de la fortuna de los mexicanos y la evolución en los siglos XVI y XVII puede verse De la Peña (1983).

865 Pérez Herrero (1983: 124); Brading (1975: 135-147. 171-172).

866 Yuste (1984: 18-24).

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algodón y, en menor grado, el ixtle, abastecían a la industria algodonera del reino.867 El control de la comercialización de todas las materias primas citadas pasaba, por lo menos hasta mediados del siglo XVIII, por los alcaldes mayores. Asociarse con uno de los justicias garantizaba la entrega de un máximo de mercancías y también la aplicación de restricciones a la competencia. Los vínculos entre el hombre de negocios y el funcionario se entablaban desde antes de que este asumiera su cargo.868 El primero presentaba las fianzas necesarias para la candidatura del segundo al cargo; según los términos del acuerdo adelantaba además el monto de la obligada donación (o mordida) a la corona – 1,500 pesos en la más bien pobre jurisdicción de Igualapa a inicios del siglo XVIII, 8,300 pesos en el próspero distrito de Jicayan en los años 1740 – y habilitaba al funcionario con las mercancías y, el caso dado, los reales precisos para que este se estableciera como el primer usurero de su distrito.869 Más adelante, el socio capitalista se encargaba de enterar puntualmente el tributo en las reales cajas. El alcalde mayor por su parte le entregaba las cosechas de los campesinos en su distrito. Abundan los indicios de la importancia de los nexos entre los capitalinos y los justicias costeños para esta época (aunque las fuentes no permiten ver si se trataba de nexos basados en préstamos o si había compañías formales detrás de ellos). Están allí las fianzas que otorgaban Juan Montero de Espinoza y Juan Núñez de Espinosa y José de Frías, todos del comercio de la ciudad de México, a diferentes alcaldes mayores de Igualapa y de Jicayan durante el tercer cuarto del siglo XVII.870 Está allí también la cuenta corriente entre Juan de Mier y Alvea y Agustín de Palma y Mesa, comerciante capitalino.871 Está allí, en fin, la fianza que el capitalino Manuel de Llantada otorgó en 1756 al nuevo alcalde mayor de Acayucan a instancias de su amigo y corresponsal Juan B. Franyuti.872

Algunos de los grandes dueños del dinero de la capital tenían – como Palacio y Castillo- explotaciones ganaderas en las costas. Como no podían abandonar sus actividades comerciales solían nombrar administradores o mayordomos. Una manera de garantizar la lealtad de esos hombres, cuyo control se volvía difícil con las distancias, era el establecimiento de compañías.

El interés que los comerciantes del puerto de Veracruz podían tener para el gran hombre de negocios no consistía tanto en el dominio de un mercado local sino en su asentamiento en la garganta de la monarquía, el principal puerto del reino. Arriba vimos el papel de los veracruzanos como coarrendatarios – en unión con algún capitalino – de la alcabala del distrito; insistimos aquí en su importancia como encomenderos, agentes que supervisaban el transbordo de mercancías de la mula al barco y viceversa y que rentaban sus almacenes. Veamos algunos casos. La casa Gaspar Saenz Rico, hijo y compañía, recibió en 1761 grana fina de Antonio de Ibañez y Corvera, vecino de Oaxaca, para que la reexpeditara de orden de Ambrosio de Meave, del comercio capitalino, a España. Otros ciudadanos honrados del puerto que aparecían este

867 Véase infra, cap. 11., respecto a los circuitos de las materias primas costeñas.

868 Brading (1975: 135-147); Kicza (1983: 93-96).

869 Véase AGN, Reales Cédulas Originales 32, f. 207 y 64, ff. 307-314 con respecto a las donaciones de los alcaldes mayores.

870 AGN, Reales Cédulas 29, ff. 430. 457v. 473v.

871 AGNEO, Diego Benaias 1704, f. 476.

872 AGN, Tierras 955, exp. 10.

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mismo año como consignatarios de mercancías pertenecientes a círculos de la ciudad de México eran Pedro Antonio de Zavala y Manuel Arroyo.873

Zabala y Saenz Rico estaban también metidos en la importación de cacao caraqueño – aunque ignoramos si en calidad de agentes o como dueños de empresas independientes.874 También Acapulco era, en la medida en que todos los intercambios entre la península y el lejano oriente tenían que pasar por su puerto, una garganta de la monarquía. Ahora bien, en Veracruz entraban además de las flotas que se enviaban cada 3-4 años de Sevilla y, posteriormente, de Cádiz, los buques de La Habana, de Campeche, de Caracas-La Guaira y de Maracaibo. Existía también un tráfico ilegal desde la Jamaica inglesa, en franco aumento en el setecientos. Veracruz era un puerto cuyo movimiento, aunque con altibajos, se extendía sobre todo el año. Acapulco, en cambio, sólo recibía el navío anual de permiso de Cavite y uno que otro buque menor de Sonsonate-Perú. Así las cosas resultaba imprescindible tener a un encomendero estacionado en Veracruz; Acapulco, empero, se podía atender desde la capital sin mayores riesgos de perder algún negocio a la competencia.

¿Qué tan exclusivas eran las relaciones entre el centro y las costas en esta época? Un sondeo en el archivo de notarías de la ciudad de México demostraría probablemente su intensidad. Ahora bien, consta que había también vínculos entre las principales casas de La Puebla y Oaxaca y los comerciantes de las cabeceras costeñas. La misma Veracruz intervenía en las zonas rurales de ambos mares. En muchos casos, Puebla, Oaxaca y Veracruz habrán actuado como meros sufragáneos de la capital; con todo, no podemos descartar iniciativas autónomas. Escasas son las huellas de contactos directos entre las zonas productoras de algodón y los comerciantes del centro manufacturero de Los Ángeles. Bernardo Bravo, vecino de La Puebla, era teniente de uno de los alcaldes mayores de Cosamaloapan en la década de 1710: un puesto que los funcionarios concedían frecuentemente a algún hombre de confianza de sus habilitadores.875 También sabemos de una cuenta corriente entre el ya mencionado Juan de Mier y Alvea y Juan Gutiérrez de Cavides, su encomendero, avecindado en La Puebla.876 Más adelante, quizás en los años 1730, Blas Clavijero, administrador de la alcabala poblana, prestó a Nicolás Gallardo, vecino de Jamiltepec, un monto que excedía los 1,000 pesos, supuestamente para el establecimiento de una pesquería en la laguna de Chacahua.877 No descartamos que lazos parecidos se hayan entablado con los algodoneros de Cosamaloapan, Acayucan y San Andrés.

Más importante era quizás el papel de los oaxaqueños como acreedores de los costeños. Francisco Antonio de Ortega, del comercio de Oaxaca, habilitaba en los años 1720 a los alcaldes mayores de Huatulco.878 Juan de Mier y Alveas debía un total de 2,700 pesos a Antonio San

873 AGI, México 1368, Exp. sobre la alcabala de Veracruz, 1767.

874 AGN, Industria y Comercio leg. 8, exp. 3.

875 AGN, Tierras 499, exp. 1. Los habilitadores exigían a veces al alcalde mayor que diera el tenentazgo a uno de sus hombres de confianza.

876 AGNEO, Diego Benaias 1704, f. 476.

877 AGN, General de Parte 35, f. 104v.

878 AGN, General de Parte 25, f. 77v.

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Román Ladrón de Guevara y Gaspar Rodríguez Montenegro, ambos mercaderes de Oaxaca.879 Los oaxaqueños prestaban no sólo a funcionarios reales, sino también a curas párrocos y hasta a particulares que podían ofrecer las suficientes garantías. Gaspar Rodríguez de Montenegro, mercader de Oaxaca, adelantó en 1703 al párroco de Sochistlahuaca 500 pesos.880 Miguel de Heras, dueño de una huerta de cacao en los bajos de Jamiltepec, debía en 1705 a Juan Francisco Ogando, vecino de la ciudad de Antequera, 214 pesos.881 Otro oaxaqueño, Antonio Martínez, concedió en 1704 poder a Miguel Fernández, mercader y tratante de la costa de Jicayan para cobrar allí diferentes adeudos a la testamentaría de José Antonio de Casas, vecino difunto de la ciudad.882 Oaxaca mantenía sin duda una amplia red de relaciones con aquellas partes de la Mar del Sur que pertenecían a su obispado. Pero los oaxaqueños no sólo intervenían en la habilitación de los costeños. Desde antes de que terminara el siglo XVII participaban también en la venta de grana a los flotistas de Cádiz como demuestra un poder otorgado por el capitán José de Ibaeta, vecino de Antequera, en 1696.883 No sobrevaluemos estos hechos, pero tampoco los soslayemos, ya que constituyen los inicios de un movimiento que rebrotará con fuerzas durante el tercer cuarto del siglo XVIII.

También hay signos de la intervención directa del comercio veracruzano en ambas costas. Así parece que existían nexos con los alcaldes mayores de los distritos sotaventitos durante el primer cuarto del siglo XVIII.884 Empero las actividades de Veracruz no se restringían a la Mar del Norte. También observamos incursiones, seguramente muy esporádicas, en la Mar del Sur. Así tenemos noticias sobre un crédito de 3,000 pesos que José Suárez Camaño, alférez real del ayuntamiento, concedió en 1728 a Felipe Conde y Calvo, flamante justicia de Tehuantepec.885

Desde los trabajos fundamentales de Pérez Herrero sabemos que la famosa regionalización del comercio novohispano empezó desde el segundo cuarto del siglo XVIII y no tenía nada que ver, como se había sostenido durante mucho tiempo, con el reglamento de libre comercio de 1778.886 La emancipación de los antiguos sufragáneos del comercio capitalino se vincula estrechamente con los intentos de españoles e ingleses de forzar el control de la ciudad de México sobre la plata novohispana. Los ingleses venían presionando en este sentido desde el siglo XVII por medio del

879 AGNO, Diego Benaias 1704, f. 476.

880 AGNO, Diego Díaz Romero 1700-1704, f. 84.

881 AGNO, Diego Díaz Romero 1705, ff. 142v. 150v.

882 AGNO, Diego Benaias 1704, f. 232.

883 ANC, Protocolos 1696, ff. 62-63v.

884 Algunos comerciantes de Veracruz ofrecían en 1722 “fianza de juzgado y sentenciado” para José de Toca y Herrera, ex alcalde mayor de San Andrés y reo de varios delitos supuestamente cometidos durante su mandato. Seguramente había más que una simple amistad detrás de su actitud. Véase todo el expediente en AGN, Civil 43, ff. 244-278.

885 AGI, México 635, Dictamen del fiscal 7/1/1731.

886 Pérez Herrero (1983) y (1987). Véase también el ensayo crítico de Fontana (1988). Con respecto a las posiciones anteriores, véanse Brading (1975: 160-167) y Hamnett (1976: 143-176). También Kicza (1983: 61-66) admite la importancia del reglamento de 1778 para el comercio interno del reino, aunque cuestiona el alcance de los cambios.

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contrabando. La corona española veía con buenos ojos la ruptura del escudo con que los comerciantes de la ciudad de México habían cubierto el reino; no obstante quería, por supuesto, que esto se hiciera por la vía legal, es decir después del pago de los impuestos. Así, los golillas de la corte madrileña desarrollaban una política que pretendía favorecer el comercio peninsular frente a novohispanos e ingleses.887 En 1781, el virrey de turno decidió que la feria de México se trasladara a Xalapa, a mitad del camino entre Veracruz y la capital. Otras reales cédulas que implicaban cambios más drásticos se bloqueaban durante veinte años por los virreyes, funcionarios que no escapaban del todo a la influencia del comercio capitalino.888 Fue hasta 1736 cuando el virrey Vizarrón permitió a los flotistas internarse en Xalapa (es decir quedarse de una feria a la otra) y dispuso que la alcabala se recaudara ya no en el momento de la introducción de las mercancías sino hasta el de su venta. Durante la guerra hispano-inglesa de 1736-1749, el transporte trasatlántico se realizaba por barcos sueltos, buques de guerra españoles y embarcaciones neutrales. Los flotistas, aprovechando los bandos de 1736, se quedaban ahora en Xalapa donde intercambian las cargazones que les traían sus compañeros contra plata y ciertos productos novohispanos. Con estos cambios, los gaditanos ya no estaban bajo la presión del tiempo y podían vender poco a poco y al por menor: una situación que facilitaba a su vez la penetración de algunos de los pequeños comerciantes regionales del reino al negocio de la distribución de bienes de importación. Así, los gaditanos iban captando no sólo partes crecientes de la plata que circulaba en la Nueva España sino también productos tropicales de gran demanda en Europa, en particular la grana. Los golpes decisivos contra la hegemonía capitalina venían en la década de 1760. Al retomarse entonces el sistema de flotas se ampliaba aún más la libertad de acción de los andaluces y se les permitía salir de Xalapa y vender sus mercancías en el interior del reino.889 Paralelamente aumentaba el contrabando inglés.890

¿Qué papel jugaba el reglamento de 1778 en todo eso? Se trataba del intento de la corona de canalizar el comercio inglés a través de los puertos peninsulares para poder fiscalizarlo.891 Si admitimos que los comisos son un medidor del contrabando no podemos negarle cierto éxito (cuadro 43).892 Los crecidos aranceles impedían sin embargo que el contrabando perdiera toda su atracción. Con las guerras revolucionarias – y más todavía las napoleónicas – se evidenciaba además la incapacidad de la flota española de asegurar el abasto del reino con bienes europeos. En el comercio novohispano surgían entonces grupos que apoyaban abiertamente el verdadero libre comercio: la legalización del comercio directo entre el reino y las potencias de la época: Inglaterra y Estados Unidos. En 1821, estos grupos accedieron al poder.

Postulamos todavía un segundo cambio de envergadura en el sistema crediticio novohispano a mediados del siglo XVIII. Mencionamos arriba el papel central del alcalde mayor en el comercio

887 Fontana (1990: 98-104).

888 Pérez Herrero (1983: 124-136).

889 Pérez Herrero (1983: 138-174).

890 Hamnett (1976: 53); Kacza (1983: 45-46).

891 Véase en este sentido Fontana (1990: 99-100).

892 Te Paske/Klein (1988: 1-102). Para 1807/1808, véase Quirós José M., Memoria sobre el comercio particular de algunos puertos de América y del general, libre y directo por los extranjeros, 1812, en: Ortiz de la Tabla (1985: 203-226. 210).

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de su distrito y, por consiguiente, en el sistema de habilitación en que este se basaba. Ahora bien, en 1787, la corona publicó la Ordenanza de Intendentes, un cuerpo legislativo en que se prohibían, entre otras cosas, las actividades comerciales de los justicias en sus respectivos distritos. Para unos, este reglamento quebró la posición del alcalde mayor; para otros, el decreto de 1787 no surtió ningún efecto.893

Con respecto a las costas percibimos desde mucho antes de que se promulgara el reglamento de 1787 que la habilitación de los grandes del reino incluía cada vez más a los comerciantes particulares. A continuación veremos que la tendencia era ya bien evidente en los años 1760, en particular en los casos de Veracruz, Oaxaca y Puebla. Aún había justicias que mantenían estrechos lazos con las grandes casas del reino; sin embargo, un número cada vez mayor de funcionarios dependía cada vez más del apoyo de los comerciantes provincianos.

Así las cosas podemos afirmar que la asociación entre las grandes casas del reino y los justicias perdía dinamismo durante la segunda mitad del siglo XVIII. Empero, también podemos decir que el proceso se daba independientemente de los cambios legislativos: que se trataba de una iniciativa autónoma de las clases dominantes del reino que muy poco tenía que ver con las decisiones de los golillas de la corte de Madrid. Esto siempre había sido así. El negocio de los alcaldes mayores florecía cuando estaba prohibido: durante la segunda mitad del siglo XVII y hasta 1751. Las reales cédulas de 1649 y 1721 que amenazaban a todo justicia que hiciera repartimiento con severos castigos simplemente se ignoraban por los protagonistas y sus aviadores.894

Con los cambios en el comercio trasatlántico aumentaba la importancia de Veracruz. El puerto era indudablemente una plaza privilegiada para controlar los nuevos flujos comerciales. Así, los comerciantes de Veracruz disponían de capitales cada vez mayores, capitales que les proporcionaban tanto la capital – que seguía activa en el comercio – como grupos de peninsulares y, quizás, ingleses. Desde la década de 1770, es decir desde antes de la promulgación del reglamento de libre comercio, observamos a veracruzanos que actuaban como encomenderos de los gaditanos. Uno de ellos era Francisco Durán. En 1775, José López Martínez, maestre de una de las embarcaciones que habían venido con la flota de aquel año, le encomendó todas las mercancías consignadas a su cargo para que las vendiera y le remitiera grana como pago. Dos años después, Durán envió grana por 200,000 pesos a España.895 Más adelante, en 1805, uno de los veracruzanos más acaudalados, Tomás Murfi, declaró ante notario que había recibido un total de 32,000 pesos de Manuel de Muro, del comercio de España. El préstamo, afianzado por un capitalino, se devolvería un año después de restablecida la paz.896 Este mismo año, Remigio Fernández Barrena, miembro destacado del consulado porteño, otorgó una escritura en que reconocía deber al peninsular Mateo Badillo 20,000 pesos, prestados por 2 años

893 Kicza (1983: 93-96) postula la continuidad; Hamnett (1976: 91-111) desarrolla la tesis del impacto decisivo de la ordenanza de intendentes.

894 Hamnett (1976: 29-47) con respecto a la legislación temprana en la materia. En el cap. 13, analizaremos el impacto de los cambios del tercer cuarto del siglo XVIII sobre la relación de fuerzas en el seno de las clases dominantes regionales.

895 AGN, Industria y Comercio 9, ff. 31-40.

896 ANX, Protocolos 1805, f. 664v.

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contra la hipoteca de su casa.897 En fin, citamos como último ejemplo el de Juan Antonio Lerdo de Tejada quien llegó a fines del siglo XVIII con caudales pertenecientes a un tío suyo, Francisco Lerdo de Tejada, miembro del comercio peninsular, y que mantenía estos lazos crediticios aún en la década de 1810, cuando ya estaba bien integrado en el grupo dominante porteño.898 La persistencia de flujos de capital de la ciudad de México al puerto se vislumbra a través de los préstamos que el ayuntamiento consiguió en 1791 entre los señores del dinero del centro y la participación decisiva de aquellos en el financiamiento del camino de Xalapa en la primera década del siglo XIX.899 También sabemos de préstamos de capitalinos a particulares: los veracruzanos José Gil de Partearroyo y Pablo Frayle de Santa María, por ejemplo, recibían en 1805 un crédito de 4’000 pesos por 6 años de Antonio Basoco.900 En fin, tampoco queremos descartar la presencia de capitales ingleses en el puerto, capital vinculado con el contrabando y los permisos especiales que casas como las de Tomás Murfi, Félix de Aguirre, José Ignacio de la Torre y otros obtenían a partir de 1783 para comerciar con las posesiones británicas.901 ¿En qué medida trabajaban los veracruzanos de fines del siglo XVIII con capitales propios? ¿En qué medida dependían de capitales foráneos? En una representación de 1804, el consulado del puerto hablaba de sus miembros como de “comerciantes de lonja” y los ponía a un gran nivel con las grandes cosas que operaban en la capital y en Xalapa así que, en menor grado, en Oaxaca, Los Angeles y otras poblaciones.902 Otra era la opinión del virrey Branciforte. En un informe sobre los recién establecidos consulados de Veracruz y de Guadalajara señalaba que los comerciantes del pueblo dependían enteramente de las aportaciones for|neas: “En cuanto a las ventajas que puedan producir los nuevos consulados de Veracruz y Guadalajara dice que los mercaderes de esta última ciudad dependen de los de México, o tienen un estrecho enlace de compañía, o mutuas correspondencias para el giro, sucediendo lo mismo para Veracruz, aunque muchos de estos dependientes, socios o corresponsales de los de España, de que no pudiendo hacer grandes progresos los de Guadalajara y Veracruz sin el auxilio de los de México, parece que no puedan formar cuerpos separados”.903 ¿A quién creer? Brading era un enemigo declarado del consulado porteño: un hecho que fuerza sus declaraciones. Con todo, sólo el estudio de testamentarías podría darnos una respuesta definitiva.904

897 ANX, Protocolos 1805, f. 641.

898 Blázquez Domínguez (eda.) (1989: 22-24). Véase también la introducción a las cartas de la editora.

899 Véase infra, cap. 18.

900 ANX, Protocolos 1805, f. 711.

901 Véase Ortiz de la Tabla (1978: 327-334) para la importancia de las casas veracruzanas en el contrabando legalizado con Jamaica y hasta con Londres.

902 Representación del consulado de Veracruz al rey pidiendo la revocación de la real cédula de 28 de noviembre de 1804, en: Ortiz de la Tabla (1978: 413-423; 418).

903 AGI, México 2515, Reflexiones de la secretaría sobre la representación hecha por el marqués de Branciforte, s/f. Relación al consulado de Veracruz, véase infra, cap. 18.

904 No existen archivos notariales en Veracruz para esa época. Sin embargo es probable que un sondeo en el Archivo de Notarías de la Ciudad de México aportará algunos datos.

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El florecimiento de Veracruz era de corta duración, desregulación del tráfico en la Mar del Norte a partir de 1??? El puerto perdía sucesivamente su papel de garanta de la monarquía.905 Tradicionalmente, Campeche, los puertos menores seno mexicano –Alvarado, Tlacotalpan, Tuxpan y Tampico – La Habana se había comunicado entre ellos y con el exterior al puerto de Veracruz. Ahora aumentaban las tentativas de los costeños respectivos de establecer vínculos directos entre ellos. En 1800, por ejemplo, el ayuntamiento de Veracruz denunció el clandestino entre Alvarado-Tlacotalpan y Campeche.906 Todavía grave para Veracruz resultaban los lazos directos con la pe que la corona concedió a La Habana y a Campeche en 1807 respectivamente. Punta de lanza del contrabando norteamericano, los cubanos lograban desde antes de 1810 iniciar sus relaciones con Veracruz, convirtiéndose en los principales intermediarios entre la Nueva España y sus partes adyacentes de un lado, Europa por el otro. Aunque desde una poca desventajosa – de hecho había retrocedido un eslabón decisivo la cadena de intermediarios intercontinentales –, Veracruz conservaba aún cierto control sobre los intercambios foráneo hacia el centro del reino. Pero pronto los habaneros – y más también los campechanos – entablaban contactos directos con la ciudad de México sobre la vía Tampico-San Luis Potosí. Al centro el eje México-Veracruz por la Insurgencia en 1812, Veracruz intentó trasladar su comercio a la ruta septentrional pero ya no podía competir con La Habana y Campeche. Estos conflictos provocaban desde luego el retiro de capitales foráneos del puerto. Para contrarrestar la evolución, algunos pedían urgentemente cerrar las entradas alternativas al reino y restaurar el antiguo régimen exclusivo España-Veracruz (no mencionaban, por supuesto el contrabando Jamaica-Veracruz) que tanto les había beneficiado.907 Otros, más realistas en cuento reconocían la incapacidad de la península de surtir el reino con manufacturas europeas, ni siquiera como intermediaria, solicitaban el establecimiento del libre comercio, entendiendo que este preferiría el eje tradicional.908 Durante la segunda década del siglo XIX, la presión de los últimos era muy sensible en el puerto.909

Veracruz empezó a disponer de más fondos a partir de mediados del siglo XVIII. ¿Qué tanto se traducía esto en un mayor protagonismo del puerto en la habilitación de los comercios costeños? Los lazos entre los comerciantes de la Costa de Sotavento y las grandes casas de Veracruz eran considerables durante este periodo. La escasez de fuentes sobre el periodo anterior no nos permite, empero, decidir si esta situación venía de lejos o si resultaba del repentino fortalecimiento del comercio del puerto. Desde los años 1760, algunos comerciantes tlacotalpeños se trasladaron a Veracruz desde donde seguían coordinando sus negocios. Entre ellos encontramos al ya mencionado Antonio Calderas y a su esposa Ana M. Hernández Palacios

905 Véase Ortiz de la Tabla (1978: 117-135) con respecto a los trastornos en las rutas del comercio en el seno mexicano durante los últimos veinte años de la colonia.

906 AHV 1800, El ayuntamiento de Veracruz al gobernador 14/7/1800.

907 Esta era, por ejemplo, la posición del secretario del consulado de Veracruz, José M. Quirós. Véase José M. Quirós, Memoria sobre los perjuicios que ocasiona la habilitación de muchos puertos y el comercio establecido por los de la Mar del Sur con colonias extranjeras, 1816, en: Ortiz de la Tabla (1985: 227-248. 236-237. 243).

908 Esta posición se defendía por el doctor Florencio Pérez y Comoto, regidor del primer ayuntamiento constitucional. Véase Pérez y Comoto (1818), un texto significativamente editado en La Habana.

909 Véase infra, cap. 16, la discusión sobre la organización del mercado de harinas.

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o a Bernardo Rodríguez, un armador.910 A inicios del siglo XIX, Tomás Navarrete compraba las manufacturas poblanas que vendía en su pulpería en Tlacotalpan no directamente sino a través de Domingo Gutiérrez, su corresponsal, socio o prestamista, en Veracruz.911 Con respecto al comercio de Cosamaloapan remitimos a un informe que sus más acaudalados miembros redactaban en 1793 asegurando que “seguimos nuestras principales cuentas con los comerciantes de aquella ciudad de Veracruz, cuya protección o fomento hace este comercio más ventajoso”.912 Juan Bernardo García Romay, pulpero de San Andrés, efectuaba sus compras directamente en el puerto, mientras su paisano Antonio García, capitán de infantería de milicias españolas del partido, pasaba allí temporadas prolongadas.913

En dos ocasiones, antes y después de 1760, Veracruz ponía al alcalde mayor de Cosamaloapan: primero a Manual Achita, futuro fiel de la alhóndiga de la ciudad, luego a Agustín del Agua.914 Desde 1787, los justicias – excepto el de los Tuxtlas – se nombraban a propuesta del intendente por el virrey. Como el comercio de Veracruz ejercía a través del ayuntamiento una fuerte influencia sobre el intendente no le debía de costar mucho imponer a gente de su agrado. Sin embargo, entre los funcionarios de las jurisdicciones sotaventinas del último periodo colonial descubrimos sólo a dos veracruzanos – y eso a pesar de la abundancia de las fuentes: Agustín del Agua y Pedro Pablo Vélez, ambos titulares de Acayucan, el primero de 1789 a 1794, el segundo de 1806 a 1811.915

Pasamos a la Mar del Sur. Hacia 1770 – e insistimos una vez más en la cronología – percibimos los primeros signos de la participación sistemática de Veracruz en los negocios de los alcaldes mayores de la Costa Chica. En 1769 y 1770, el justicia de Huatulco, Diego Morales, entregó 1,400 y 1,000 pesos, respectivamente, a título de tributos no en la caja real de la capital sino en la del puerto: un procedimiento sospechoso de vincularse con una habilitación previa.916 Poco después, Francisco Gil, vecino y del comercio de Veracruz, canalizó 40,000 y 70,000 pesos, respectivamente, a Francisco Lozado y José de Ayala, titulares sucesivos del distrito de Jicayan.917 Pasado 1780 desaparecieron los signos del avío de casas porteñas para los funcionarios reales de Igualapa, Jicayan y Huatulco.

910 AHT, leg. 2, exp. 3, Testamentaría de Ana M. Hernández Palacios, 1773; AHT leg. 1, exp. 9, Testamentaría de Bernardina Rodríguez, 1778.

911 AHT, leg. 5, Correspondencia de Tomás Navarrete, 1806.

912 AGI, México 2944, Exp. sobre la extensión del distrito consular de Veracruz, 1815.

913 AGN, Criminal 306, ff. 281v. 337v-338.

914 Con respecto a Achica, véase AHV 1757, Exp. sobre el abasto de carne de toro de la ciudad de Veracruz, y AHV, AC 1/1/1776. Sobre del Agua pueden verse AGI, México 2044A, Caja real de México 1765, Enteros a título de tributos, y AHV 1778, AC 14/5/1778.

915 AGI, México 2943, Caja real de Veracruz 1800, Enteros a título de alcabalas; AGN, Clero regular y secular 207, exp. 11; AHV, AC 14/1/1789.

916 AGI, México 2927, Caja real de Veracruz, 1769-1770.

917 AGN, General de Parte 57, f. 256. Más allá de la Costa Chica se vislumbran participaciones de Veracruz en los negocios graneros de los justicias de Teutitlan, Nejapa, Chichicapa, Miahuatlan y Tehuantepec durante la década de 1770. Juan de Atenas, comerciante porteño, otorgaba fianza para la media annata del

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En ningún momento observamos operaciones de avío entre Veracruz y comerciantes particulares de la Mar del Sur. Conjeturamos entonces que la década de 1780 marcó el retiro de la inversión directa del puerto en esta región.

Tradicionalmente, el comercio oaxaqueño se había nutrido en gran medida con capitales procedentes de la ciudad de México. Ahora bien, desde 1770 existía un grupo de oaxaqueños que tenía la suficiente autonomía como para enfrentarse a la capital.918 Estos comerciantes o bien disponían de fondos propios o bien recibían su avío independientemente de México. Sabemos que Veracruz invertía crecientemente en la grana a través de ciertos comerciantes oaxaqueños. Consta, por ejemplo, que Luis Bermudo Soriano y Juan B. de Echarri, este segundo de las familias más antiguas de Oaxaca, otorgaron en 1770 una escritura sobre más de 66,000 pesos a Francisco Javier de Medina, vecino de Veracruz.919 A partir de la apertura de la caja real de Oaxaca en 1792, este avío se documenta ampliamente ya que se realizaba, por lo menos en parte, mediante giros de la caja de Veracruz.920 Veamos los datos (cuadro 44.).921A los flujos procedentes de Veracruz se añadían aquellos de Puebla, Tehuacán y Cádiz. La misma capital seguía habilitando a ciertas casas oaxaqueñas – aunque ignoramos la evolución de la importancia relativa y absoluta de los caudales.922

Esto sentado consta la importancia de Oaxaca en aquellos distritos de la Mar del Sur que caían en su obispado. Durante el tercer cuarto del siglo XVIII, los justicias de Huatulco tenían seguramente todos vínculos con el comercio de Antequera. Hablamos ya del afortunado Diego Morales, alcalde mayor en los años 1770. Uno de sus antecesores, Miguel Parejón Barriga, tenía allí una casa y recibió avío de Juan de Quintas, regidor de la ciudad.923 José Miguel Orozco, su sucesor, obtuvo las fianzas de siete oaxaqueños para acceder al puesto.924 No sabemos nada sobre posteriores habilitaciones para los justicias. Sabemos, en cambio, que Oaxaca prestaba cada vez más a comerciantes particulares. Jacinto Parada, vecino de Pinoteca del Rey, se obligó

nuevo alcalde mayor de Chichicapa, Carrillo: AGN, AHH leg. 277, exp. 22; Enteros de los alcaldes mayores de Nejapa, Teutitlán del Valle y Tehuantepec en las cajas de Veracruz a título de tributos: AGI, México 2927, Caja real de Veracruz, 1769-1770; los herederos de Cosío salían fiadores para alcaldes mayores de Miahuatlan: Hamnett (1976: 64).

918 AGI, México 1872, Carta anónima al rey, Oaxaca 19/8/1777.

919 AGNEO, Manuel Franco de Lara 1770, ff. 267. 316.

920 El descubrimiento de este canal de transmisión de fondos hizo creer a Hamnett (1976; 154-158) que los contactos entre el puerto y Antequera empezaban hasta la última década del siglo XVIII, olvidando que existían otras formas de préstamo que no implicaban giros masivos de efectivo. Por el mismo motivo resulta inaceptable deducir de los giros una virtual superioridad de los flujos procedentes de Veracruz sobre aquellos de la capital.

921 AGI, México 2131-2132, Caja real de Oaxaca, 1792-1800. Véase también Hamnett (1976: apéndice 8).

922 Informe sobre el arbitrio de 1 real en libra de grana para extraer en un año $30’000 para las obras de defensa de esta ciudad, Oaxaca 9/3/1812, en: Montiel/Huesca (1986: 16-28. 23).

923 AGNEO, Manuel Franco de Lara 1770, f. 364; AGEO, Alcaldías Mayores leg. 2, exp. 22.

924 AGNEO, Manuel Franco de Lara 1770, f. 466.

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en 1770 por 6,000 pesos en favor de Miguel Ramón Jocano.925 Juan M. García de Segura prestó en 1782 10,000 pesos a José Antonio Valdés, del comercio de Jamiltepec.926 Este mismo año, Victor de Manero y Pineda concedió préstamos por un monto total de casi 23,000 pesos a cuatro comerciantes de Jicayan: Tomás de la Serrada, administrador de las reales rentas de tabaco, pólvora y naipes de la provincia, y José Antonio Valdés, ambos de Jamiltepec, así que Andrés García del Val y Cristóbal Verdejo, de Tututepec.927 Por fin sabemos que la casa de los Ibarra, una de las más prósperas de la ciudad de Antequera, estaba representada en Ometepec por uno de los hermanos, José Antonio.928

Oaxaca intervenía también en la Mar del Norte, aunque quizás a pequeña escala. En 1771 encontramos a Diego Antonio Fernández de Aguilar, regidor perpetuo de la ciudad, como alcalde mayor en Acayucan.929 Por los mismos años, Miguel Ramón Jocano fungía como justicia de Cosamaloapan.930

El tercer poderío regional que intervenía en las costas era Puebla. Algunos tlacotalpeños tenían sus corresponsales en la ciudad angelina: Manuel Antonio Alarcón, primer esposo de Ana M. Hernández Palacios, debía a su muerte en 1762 354 pesos a Juan Martínez de Mendevil.931 De Miguel Pérez Bonola, coetáneo suyo y como el del grupo más rico del pueblo, sabemos que vivía un tiempo en la ciudad angelina antes de bajar a la cuenca.932 Puebla era, según parece, también el principal aviador de los pulperos de Acapulco.933 Su atractivo principal era probablemente el control que podían ejercer sobre los algodonales de la Sabana y de Coyuca. El puerto como tal, en cambio, seguía sin grandes perspectivas. Es probable que el tráfico se animaba algo con el comercio perulero, un comercio que se expandía a lo largo del siglo XVIII para culminar durante la primera década del ochocientos: pero eso no era suficiente para provocar el traslado de gentes y capitales a la Mar del Sur. Con respecto a la nao sabemos que el establecimiento de la Real Compañía de Filipinas en 1785 le quitó mucho de su importancia anterior. Con todo, los intercambios entre Cavite y Acapulco continuaban hasta 1815, año en que el monopolio se trasladó a San Blas.934

925 AGNEO, Manuel Franco de Lara 1770, f. 137v.

926 AGNEO, Manuel Franco de Lara 1782, f. 376.

927 AGNEO, Manuel Franco de Lara 1782, ff. 185. 201.203. 223v. 239v.

928 AGNEO, Real Intendencia II leg. 35, exp. 16.

929 AGNEO, Manuel Franco de Lara 1771, f. 64.

930 AGNEO, Manuel Franco de Lara 1770, ff. 130. 137v. 357v.

931 AHT, leg. 1, exp. 1, Testamentaría de Manuel Antonio Alarcón, 1762.

932 AGN, Criminal 306, f. 269v; AHT, leg. 1, exp. 1, Testamentaría de Cristóbal González, 1767.

933 AGN, Civil 241, exp. 13.

934 Véanse Arcila Farias (1950:36-76) y Humboldt (1984:485) con respecto al comercio perulero. Para la nao pueden verse Van Young (1984:79-81) y sobre todo Yuste López (1984:79-81).

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Pérez Herrero ha demostrado que los capitalinos no se quedaban de brazos cruzados ante la ofensiva del comercio europeo y la independización de ciertos grupos regionales.935 La pérdida del monopolio sobre las importaciones había abierto una brecha en su control sobre el comercio de la plata. Con tal de reparar los daños y de mantener un control mínimo sobre la circulación de la plata, las grandes casas de la ciudad de México invertían ahora cada vez más en la misma extracción del metal así que en la producción del abasto para los reales de minas. La habilitación de los mineros y la compra de haciendas en el centro y el Bajío se volvían pilares estratégicos de sus negocios.936 Pero esto no era el único cambio. Una segunda consecuencia de la irrupción de nuevos grupos en el comercio de importación era la dispersión del circulante por el reino. Para conservar su liquidez, las casas capitalinas trataban de intensificar la captación del ahorro particular, limitaban al extremo los préstamos en efectivo y recurrían cada vez más a las libranzas en sus intercambios con el interior del reino.

El replanteamiento de la estrategia de las casas capitalinas se percibía desde mediados del siglo XVIII: pasado 1780, el proceso se intensificaba.937 Para los comerciantes costeños, los cambios debían de significar el progresivo agotamiento del avío por parte de la ciudad de México. Ahora bien, el retiro de los capitalinos del comercio nunca llegó a ser total y los vínculos financieros con las clases dominantes de las costas nunca desaparecieron del todo. Comprobamos la existencia de capitales mexicanos en Veracruz. Uno que otro de los capitalinos habilitaba aún al justicia. Pedro Alonso de Alles, por ejemplo, entregó entre 1781 y 1784 la increíble cantidad de 400´000 pesos al alcalde mayor de Jicayan para que le remitiera grana y algodón. 938 También los poderes generales otorgados en 1770 por Miguel Ramón Jocano y Diego Antonio Fernández de Aguiar, alcaldes mayores electos de Coscomaloapan y Acayucan, respectivamente, a miembros del comercio capitalino son susceptibles de relacionarse con alguna operación crediticia.939 En una fecha tan tardía como 1799, Ignacio García Sáenz salió fiador sobre 2´000 pesos por el nuevos subdelegado de Jicayan.940 Ignoramos, eso si, si los capitalinos también prestaban a los comerciantes particulares de los distritos rurales o si como el sucesivo abandono de las alianzas con los justicias todos los negocios se realizaban a través de las casa de Oaxaca y de Veracruz.

Aquellos capitalinos (y oaxaqueños) que se resistan a admitir los cambios lanzaban contraataques contra el comercio de Veracruz y sus aliados. Con tal de aniquilar sus conquistas solicitaban una y otra vez a la corona que ordenara la ordenanza de 1787 y volviera a permitir el comercio de los alcaldes mayores.941 La corte de México cedió parcialmente en 1791.942 El

935 Pérez Herrero (1987).

936 Con respecto a las inversiones en bienes raíces, véase también Borchart de Moreno (1984:134-143).

937 Pérez Herrero (1987:293-294).

938 Brading (1975:140).

939 AGNEO, Manuel Franco de Lara 1770, ff. 130. 401.

940 Kicza (1983:94).

941 AGI, México 1974, Exp. Sobre el restablecimiento del repartimiento; AGN, Industria y comercio 20, ff. 165-236. Véase también Güemes Pacheco (1986:44). Hamnett (1976:91-111) sigue ampliamente su argumentación.

942 Véase Hamnett (1976:134-137) sobre los cambios legales de finales del siglo XVIII.

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cambio de la legislación no tenia por su puesto ningún efecto sobre la realidad. A todas luces, los grupos reaccionarios partían de una operación totalmente equivocada de la relación de fuerzas en el reino.

LOS PRÉSTAMOS ECLESIÁSTICOS

La iglesia absorbía renta de la tierra mediante el diezmo, las limosnas y las contribuciones parroquiales. Al mismo tiempo, empero, facilitaba la creación de la rente de la tierra a través de sus préstamos a terratenientes y comerciantes de comprobado abandono. Ahora bien, sobre el saldo de los flujos existen opiniones encontradas. Asunción Lavrín sostiene en un estudio de caso sobre la zona foránea del arzobispo de México (el actual estado de México) entorno a 1800 la importancia fundamental de la iglesia novohispana como prestamista.943 Arnold Bauer, otro especialista, considera que la visión de la iglesia como banquera, de comerciantes y terratenientes que maneja Lavrín no corresponde a la realidad y que la institución era más que inversionista consumidora de caudales.944 El problema es en gran medida un problema de términos. En particular se debe tener en cuenta, como señale Bauer, que el término del censo es ambiguo.945 Un censo impuesto por una hacienda puede tener su origen en un préstamo hipotecario, pero también puede derivar de una donación del propietario o de algunos de sus antecesores. Veamos un ejemplo para este último caso. Gertrudis Carvajal, dueña de Santo Tomas de las lomas, gravo su propiedad en el testamento de 1770 con censos en beneficios de la cofradía de la Concepción de Cosamaloapan por un valor total de 5´000 pesos. Esta decisión de la Carvajal significaba que sus herederos tenían que pagar cada año 250 pesos (5 por ciento de 5´000 pesos) a la cofradía-siempre y cuando no preferían amortizar la deuda-sin que esta hubiera desembolsado un solo peso.946

Distinguimos para empezar en las instituciones prestamistas de las sedes episcopales del altiplano-México, Puebla y Oaxaca- y aquellas de las cabeceras rurales de las costas. En el mencionado estudio, Lavrín afirma la primacía de las primeras sobre las segundas.947 En análisis de la situación en las costas confirma que los juzgados de capellanías y los conventos de las ciudades de México, Puebla y Oaxaca jugaban un papel importante en la concesión de censos y depósitos. En menor grado observamos también préstamos de las catedrales. Con todo resulta incierto si los préstamos equivalían o no a lo que se llevaba cada año por diezmo, limosnas y censos de las costas a las capitales episcopales. Las relaciones entre acreedor y deudor se daban por lo general dentro del marco de cada obispado; había, sin embargo, excepciones. Al establecer las huertas de cacao que constituirían posteriormente la hacienda de Nuestra Señora del Buen Suceso en los llanos de Coyuca. Pablo de Carrascosa emprestó entre 1635 y 1655 un total de 11´500 pesos a diferentes instituciones eclesiásticas de la capital: los conventos de Santo

943 Lavrín (1985). Véase también Lavrín (1973).

944 Bauer (1986).

945 Buer (1986:41). Lavrin (1985) parece olvidar este hecho fundamental.

946 AGN, Templos y conventos 15, exp. 5.

947 Lavrín (1985:42).

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Domingo y de la Concepción, el colegio de San Juan de Letrán y la cofradía de Trinidad.948 Otras instituciones de la capital aparecen a fines del siglo XVIII como prestamistas del ayuntamiento de Veracruz, ciudad que pertenecía a la diócesis angelina. El gobierno local obtuvo en ese entonces un total de 50´000 pesos: 16´000 de un prebendado en la catedral, 18´000 del colegio de San Ildefonso, 6´000 del convento de monjas del Dulce nombre de María, 5´200 del colegio de Carmelitas Descalzas, 4´800 de los caballeros hacendados de Nuestra Señora de Guadalupe.949 El mismo ayuntamiento tomó en 1785 dos veces 15´000 pesos a rédito: una vez en la catedral de Puebla y otra en el hospital de San Pedro, de la misma ciudad.950 Sobre la hacienda de Cuyucuenda en la Nueva Veracruz gravaban en 1781 dos censos por un total de 33´850 pesos a favor de una obra pía de la Puebla y del convento de Santa Catarina de la misma ciudad.951

De una importancia crucial para las costas eran los fondos que se administraban en la ciudad de Oaxaca (cuadro 45).952 Entre los beneficiados encontramos tanto curas como alcaldes mayores y comerciantes particulares que trabajaban en las parroquias costeñas de la diócesis. Entorno a 1800 se atendían incluso solicitudes de miembros del comercio de Veracruz.

Lavrín afirma que la iglesia novohispana perdía a partir de 1805 su función de prestamista como consecuencia de la legislación ultrarregalista de Carlos IV.953 Teniendo en cuenta nuestra encuesta sobre los préstamos de la iglesia oaxaqueña a los costeños no descartamos que las colocaciones de fondos eclesiásticas en le economía del reino se volvían más raros en un momento dado. Consideramos, empero, que esto sucedía desde antes que terminara el siglo XVIII y que el proceso respectivo muy poco tenía que ver con la política diseñada en Madrid. Por una parte observamos la disminución del producto de los derechos de las catedrales. Ahora bien, las catedrales eran prestamistas marginales. Más interesante sería conocer la dinámica de las entradas de las demás instituciones eclesiásticas de Oaxaca, Puebla y México, en particular los juzgados de capellanías y de los conventos. Pero el problema no era sólo en entradas. Queremos pensar que tan importante como la virtual contracción de los ingresos eclesiásticos era el cambio en la estrategia inversionista de la iglesia novohispana. Lavrín muestra que muchas instituciones eclesiásticas, en particular los conventos y los juzgados de capellanías, prestaban sus caudales desde la última década del siglo XVIII a real hacienda.954 Con la famosa cédula de 28 de noviembre de1804 en que se ordenaba a las instituciones eclesiásticas que recogieran su capital en circulación y lo depositarán en las cajas reales, la corona quiso forzar estos flujos. Sin embargo, una vez más las clases dominantes del reino, dispuestos a colaborar en la salvación de

948 AGN, Tierras 3624, exp. 5-7.

949 AHV 1805. Exp. Sobre el agua del río jamana

950 AHV, AC 2/4/1789.

951 ANO, Protocolos 1761, exp. 16.

952 AGEO, Obispado 20, exp. 13; AGNEO, Protocolos Jamiltepec 1822, s/f; AGNEO, Manuel Franco de Lara 1770, f. 364; AGNEO, Manuel Franco de Lara 1782, s/f; AGNEO, Diego Benaias 1689-1690, ff.27.117s; AGNEO, Diego Díaz Romero 1700-1704, f. 61v; AGNEO, Tomás José Romero 1809, f. 28v; AGNEO, Tomás José Romero 1811, f. 18v: AGNEO Pedro Uvray 1792, ff. 44.91v; AGNEO Pedro Uvray 1793, f. 89v.

953 Lavrín (1985:72)

954 Lavrín (1985:55)

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la monarquía pero no a poner en riesgo su propia sobrevivencia, impidieron que la corona los descapitalizara más de la cuenta: Significativo resulta que en la diócesis de Antequera no se había recogido la tercera parte del total posible cuando el virrey suspendió en 1808 la medida. Significativo resulta que la medida del virrey se adelantó a la orden correspondiente de la corte de Madrid.955 No soslayamos que algunos propietarios tambaleaban por el retiro repentino de los préstamos eclesiásticos. Juan de Montalbán, trapichero de Cacahuatepec, entró en una dependencia muy estrecha de José Mariano Ibarra, prócer el comercio de Omepec, cuando el colegio de las niñas educadas el pidió en 1805 el reintegro de un préstamos de 4´000 pesos. Pero los problemas de Montalbán venían de mucho tiempo atrás: en su cazó y quizá en muchos otros, el retiro del capital eclesiástico sólo dio el traste de una explotación de por si muy precaria.956

La importancia de las constituciones costeñas como prestamistas de los propietarios regionales estas difícil de evaluar. Los conventos, la fábrica de la parroquia y las cofradías de la cuidad de Veracruz eran propietarios. Todos tenían, como veremos más adelante, un número más o menos considerables de casas urbanas que alquilaban: San Agustín y Belén poseían además explotaciones rurales. ¿Absorbían estas inversiones fijas en total de los fondos disponibles o quedaban caudales para préstanos hipotecarios? Para 1812, San Agustín era dueño de un solo censo cuyo principal ascendía a 6´000 pesos sobre un solar propiedad del ayuntamiento: con toda la probabilidad resultado de un préstamo de la corporación de las autoridades municipales.957 Los principales de los censos de San Juan de Montesclaros, convento-hospital, sumaban 4´491 pesos en su momento de disolución en 1808.958 De ser representativos, estos datos sugerirían la escasa importancia bancaria de estas instituciones eclesiásticas.

Los bienes de las cofradías de españoles sitas en los templos de los partidos rurales de las costas consistían en el tesoro de la imagen del culto, los reales del arce del instituto, hatos de ganado mayor y censos al 5 por ciento impuestos sobre propiedades rurales y urbanas. Veamos el caso de la cofradía de la Concepción de Cosamaloapan. De acuerdo con el balance presentado por el mayordomo Antonio Fernández para el día 16 de octubre de 1795, de los 27´100 pesos que estaban en su cargo, 12´000 consistían en prendas y platas de la virgen, 4´500 en reales y en ganado, 5´000 en censos que se reconocían sin que hubiera anteriormente un préstamo de la cofradía y 5`600 pesos en censos que tenían su origen en una operación crediticia. De estos, 2´000 pesos se debían por vecinos de la ciudad de Puebla, 1´700 por un comerciante de Veracruz, y 1´900 -menos el 10 por ciento de la suma del balance- por tres españoles de Cosamaloapan y Tlacotalpan.959 En este caso, el papel de la cofradía como prestamista de los cofrades parece más bien marginal. La cofradía era todo menos banquera de sus miembros. ¿Podemos generalizar este caso? Lavrín diría que si.

955 Hamnett (1969) y (1976:163-167). En el mismo sentido Tutino (1990:100-102).

956 AGEO, Obispano, leg. 20, exp. 13. Véase también AGN, General de parte 79, para los problemas generales de Montalbán.

957 AHV 1812, El prior del convento de San Agustín al ayuntamiento de Veracruz, s/f.

958 AHV 1809, Cuenta prestada por Manuel de Viya y Givaxa de los bienes del extinto hospital de Montesclaros , 11/1/1809.

959 AGN, Templos y conventos 15, exp. 5.

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En otra parte estudiamos los préstamos de las cofradías indias de Moloacán e Ishuatlán a los comerciantes acayuquenses. Se trataban de préstamos de consideración: uno de 3´000 pesos, dos de alrededor de 1´000 pesos, uno de 770 pesos. La tasa de interés era la convencional del 5 por ciento anual.960 Ahora bien, los datos que tenemos respecto a los fondos monetarios de las cofradías indias sugieren que Moloacán e Ishuatlán debían de ser casos más bien excepcionales: en realidad, pocas cajas tenían fondos que rebasaban los 100 pesos, aún en el momento de su mayor prosperidad, a fines del siglo XVIII.961

Preguntamos, para terminar, por la importancia de la deuda de las haciendas para con instituciones eclesiásticas. Como señalamos arriba, el valor de los gravámenes sobre la propiedad no puede tomarse como índice por la importancia de las inversiones eclesiásticas. Con todo, el monto total de los censos marca el límite superior de estas inversiones. En las valles centrales del obispado de Oaxaca, la iglesia poseía en el siglo XVIII dos terceras partes del valor inventario de las haciendas, en el Bajío, alrededor del 40 por ciento.962 Los datos para las regiones costeñas son muy fragmentarias (cuadro 46).963 Con todo dejan abierta la posibilidad de que se alcanzaran los altos valores de Oaxaca.

EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE CIRCULANTE Y SU SOLUCIÓN.

Sabemos que la oferta monetaria en el reino siempre resultaba corta en la relación de la demanda y que la acumulación de tesoros en dinero en efectivo era el privilegio de pocos. Las costas no eran ninguna excepción. Si revisamos la veintena de inventarios post mortem que se tramitaban durante la segunda mitad del siglo XVIII ante el teniente de justicia de Tlacatalpan constatamos que sólo dos comerciantes tenían cantidades de dinero en efectivo al sobrevenirles la muerte (cuadro 47).964

Se trataba de cantidades mínimas si las comparamos con el total de bienes registrados. Manuel Antonio Alarcón, por ejemplo, con bienes por más de 32´000 pesos, sólo tenía un encaje de 566 pesos. Tlacotalpan tenía para 1787 860 vecinos. Podemos conjeturar la pérdida de algunos expedientes: en realidad echamos de menos las testamentarias de las grandes familias, los Esquina, los Pérez, Bonola y los Malpica. Podemos sospechar que muchas herencias pequeñas se distribuían entre los deudos sin intervención del justicia (que se llevaba por su puesto sus derechos). No obstante consideramos que muy pocos tenían reales en efectivo y que estos pocos se dedicaban a alguna forma de comercio. Significativo resulta también el caso de Juan B. Franyuti, en su tiempo quizás el hombre más rico de Acayucan. De acuerdo con el inventario

960 AGEO. Obispado leg. 18, exp. 24.

961 Véase supra, cuadro 36.

962 Véase Branding (1988:170-172) para el Bajío y Taylor (1972:250) para Oaxaca.

963 ANO 1761, exp. 16: AGNEO, Manuel Franco de Lara 1780, ff. 148v-170; AGNEO, Tomás José Romero 1809, ff. 21-31v; AGN, Tierras 499, exp. 1; AGN, tierras 955, exp. 10; AGN, Tierras 1213; AGN, Tierras 1867, exp. 4; AGN, Tierras 3624.

964 AHT, legs. 1, 2y 3, Testamentarias Varias.

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post mortem levantando después de su asesinato en 1764, sus bienes se evaluaban en casi 92´000 pesos después de la deducción de las deudas; el encaje, empero, sólo ascendía a 356 pesos.965 Para enfrentar la escasez, las transacciones se realizaban siempre y cuando esto era viable a través del crédito recíproco, de la cuenta corriente, o de libranzas.966

Mencionamos ya que no todos los préstamos que se concedían por las grandes casas del reino se entregaban en reales. Al igual que todo el mundo, los comerciantes de lonja trataban de conservar lo más que podían sus reales. Así era común y corriente que el habilitador daba una parte importante del monto en mercancías y sólo lo más imprescindible en reales. En regiones mineras, el pago de la deuda se podían hacer en plata, en las regiones agropecuarias de las costas, en cambio, los contratos estipulaban a menudo, quizás las más de las veces, el reintegro de productos agropecuarias. De esta forma se entablaban a veces negocios trilaterales. Las mercancías del préstamo se entregaban no por el acreedor sino por unos de sus corresponsales. La devolución de un adeudo se podía realizar así mismo mediante el envío de una carga de productos costeños al socio del prestamista. Dos ejemplos ilustran la complejidad de las relaciones. En el mes de agosto de 1782, el coronel Víctor de Manera y Pineda, miembro del comercio de la ciudad de Oaxaca, concedió sendos préstamos a Andrés García del Val y Cristóbal Verdejo, ambos mercaderes de la cabecera de Tututepec.967 García del Val recibió 300 pesos en reales y 1´141 pesos en efectos del almacén del oaxaqueño. El préstamo a Verdejo consistía exclusivamente en mercancías: mercancías que se le entregaban en parte por el mismo Manera y Pineda, en parte pos José Bringas, uno de los corresponsales poblanos del prestamista. Tanto García del Val como Verdejo se obligaban a pagar durante la última semana de julio de 1781 en grana cochinilla al precio que regiría en el mercado en aquel entonces.

En la medida en que se desarticulaba el sistema monopólico del comercio capitalino, la sangría de la plata acuñada aumentaba. Teniendo en cuenta también el movimiento de la acuñación, Pérez Herrero ha postulado que a valores constantes, el circulante amonedado iba disminuyendo en el reino a fines del siglo XVIII. Ignoramos, sin embargo, en que medida las libranzas, las letras de cambio, el crédito reciproco y otros medios de pago alternos compensaban la pérdida de reales.968 La afirmación de Abad y Queipo en el sentido de que dos terceras partes de los intercambios se realizaban en vísperas de la Insurgencia sin intervención de reales, a través de diferentes mecanismos crediticios, deja pensativo.969

965 AGN. Tierras 955, exp. 10.

966 Morin (1979:178-188), Branding (1975:135-178) y Pérez Herrero. (1987:294-296) han tratado ampliamente estos temas.

967 AGNEO. Manuel Franco de Lara 1780, ff. 203.223v.

968 Pérez Herrero (1990:87-88).

969 Abad y Queipo Manuel. Escrito presentado a don Manuel Sixto de Espinoza, del consejo de estado y director único del príncipe de la paz en asuntos de real hacienda, dirigido a fin de que se suspendiese en las Américas la real cédula de 26 de diciembre de 1804, en: Monero García (1986:160-174.165). Véase en el mismo sentido Representación del consulado de Veracruz al rey pidiendole la revocación de la real cédula de 28 de noviembre de 1804, en: Ortiz de la tabla (1978:413.418).

180

LA EVOLUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE CAPITALES EN LAS COSTAS

Vimos la importancia fundamental del acceso a los capitales de México, Veracruz, Oaxaca y Puebla para los explotadores costeños. Vimos también en la importancia relativa de las diferentes fuentes variaba a través del siglo. ¿Cómo evolucionaba el monto global de los capitales que las grandes casas comerciales y las instituciones eclesiásticas vinculadas con ellas ponían a disposición de los costeños?

La producción de la grana culminaba en el obispado de Oaxaca en la década de 1770.970 Una de las posibilidades lecturas del fenómeno es que las zonas graneras, Jicayan y Huatulco entre ellas, recibían durante este período un máximo de avío. En efecto, resulta significativo que México y Oaxaca disputan entonces por la coalición de sus fondos en la región. Con los años 1780, la situación cambio: las grandes casa de Veracruz se retirabán quizás del todo de la zona y también sus colegas de México debían de disminuir considerablemente sus inversiones. Es probable que una parte de los fondos que Veracruz colocaba primero directamente en las costas se canalizara ahora a través de las casas oaxaqueñas. Sin embargo, las regiones graneras se habían perdido mucho de su atractivo para los grandes hombres de negocios del reino. La contracción de las cosechas del colorante no comprueba esta hipótesis, pero si permiten manejarla. También el avío para los distritos rurales de Sotavento, Acayucan, Cosamaloapan y los Tuxtlas, productores de algodón, culminaba probablemente durante el tercer cuarto de siglo XVIII. Como en Jicayan observamos pleitos entre diferentes grupos rentistas por la colocación de sus caudales durante el período.971 Los flujos financieros de Veracruz y, en mejor grado, de Puebla, debían de compensar con las sobras del virtual retiro de las clases capitalinas. Ahora bien, las grandes casas del puerto intervenían también de una manera creciente en algodonales propios ubicados en si distrito. Es posible que este proceso llevara en un momento dado, en torno a 1790, a un recorte del avío veracruzano para los demás sotaventinos.972

El auge de las casa pobladas y su interés en los algodonales de Acapulco e Igualapa eran susceptibles de compensar durante el tercer cuarto del setecientos el virtual retiro de los capitalinos del área. En la parte oriental de Igualapa intervenían además los oaxaqueños, ansiosos de pagar sus compras en Puebla con el envío de fibras costeñas. No tenemos elementos para delinear la evolución posterior. Con todo, es poco probable que los rentistas igualapeños y acapulqueños escapaban al recorte general del avío a fines del siglo.

Una parte de los préstamos se entregaban desde siempre en efectos. Con la agudización del problema de la liquidez que enfrentaba el reino a fines del siglo XVIII, estas prácticas debían de generalizarse y las existencias de numerario en las cajas de los comerciantes de Sotavento y de la Costa Chica reducirse. También los veracruzanos habrán sido afectados por el drenaje de los reales hacia Europa, pero en menor medida que sus colegas rurales.

La contracción de los flujos crediticios hacia las regiones rurales de las costas desde las postrimerías del siglo XVIII obligaba a los que necesitaban dinero fresco penosamente las pequeñas existencias locales. Significativo resulta seguramente el caso de Juan de Montalbán

970 Respecto a la evolución de la producción granera y su interpretación, véase infra, cap. 11.

971 Véase infra, cap. 13.

972 Véase infra, cap. 13.

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quién decidió hacía 1800 ampliar sus trapiches en la región amusga (cuadro 48.)973 Visto desde esta perspectiva, la crisis crediticia era también la crisis de la integración de las costas en el reino: Significaba, en cierto sentido, el repliegue de la Costa Chica y de la Costa de Sotavento sobre sus propios recursos.

973 AGN, General de Parte 70.

182

PARTE IV. EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN. LA DINÁMICA DE

LAS CLASES EN EL CAMPO COSTEÑO

183

11. PRECIOS Y SOCIEDAD EN LA NUEVA ESPAÑA. UNA APROXIMACIÓN A LA CRONOLOGÍA DE LA LUCHA DE CLASES.

El movimiento de los precios es uno de los indicadores que permiten estudiar las fluctuaciones económicas. Estas fluctuaciones se vinculan con el desarrollo de las relaciones entre las clases sociales, reflejan las iniciativas y contrainiciativas de explotadores y explotados. Intentamos aquí un primer acercamiento a la dinámica de las sociedades costeñas interpretando la historia de los precios sobre el fondo de las hipótesis planteadas en la introducción.974 Como los datos relativos a nuestras regiones son bastantes fragmentarios partimos de la observación e interpretación del movimiento nacional.

LA CRONOLOGÍA DEL MOVIMIENTO DE LOS PRECIOS NOVOHISPANOS

De una manera más o menos explicita, la gran mayoría de los historiadores ha sostenido que los precios de los productos agropecuarios aumentaban en la Nueva España del siglo XVIII junto con la población. Antes de entrar en la discusión de los supuestos teóricos que implica esta visión tratamos de verificarla empíricamente, a través de lo que los mismos autores nos dicen sobre los movimientos de la población y de los precios.

Los estudios sobre la dinámica de los precios parten todos de las cotizaciones del maíz. Como señala Humboldt y como han comprobado resientes estudios comparativos, el maíz ocupa en la Nueva España un lugar comparable a la del trigo en las economías europeas del antiguo régimen: su precio era una especie de precio líder.975

Nos vamos a repetir aquí todo lo que se ha dicho sobre la “sucesión de fiebres cíclicas”: Las crisis de subsistencia que se manifiestan en rápidos disparos y repliegues no menos violentos del índice de precios.976 Centremos la atención en la evolución a largo plazo. Garner observa en la ciudad de México tres grandes ciclos: de 1525 a 1644, la tasa anual de crecimiento era de 2.4 por ciento, de 1661 a 1750 de 0.3 por ciento, de 1751 a 1809 de 2.o por ciento.977 En un estudio que subraya los ciclos cortos, Florescano no encuentra en la serie capitalina del siglo XVIII un alza de larga duración hasta 1792: con respecto al periodo 1755-1778 habla inclusive de una “tendencia

974 Para la concepción de este capítulo nos inspiramos en vilar (1979-1988:II,249-345), Nell (1984a) y (1984b) y sobre todo Congost (1990:91-93).

975 Humboldt (1985:251) señalaba: “Aunque en México se cultiva una gran cantidad de trigo, el maíz debe considerarse como el alimento principal del pueblo, como también lo es de la mayor parte de los animales domésticos. El precio de ese genero modifica el que todos los demás, y eso por decirlo así el regulador natural”. Véase también Florescano (1986b:15-17), Garner (1985:311-318); Morin (1978:193) y Van Young (1992b:65).

976 Morin (1978:193). Sobre el problema de las variaciones cíclicas de los precios pueden verse también Florescano (1986b:18-102), Malvado (1973) y Van Young (1981:94-103).

977 Garner (1985:284 -291).

184

a la baja “. Sólo a los años 1793-1814 caracteriza como de alza “continua y progresiva”.978 Los datos compilados por Rabell para San Luis de la Paz permiten una lectura idéntica.979 También Branding, Morin y Tutino quienes han dedicado sendos estudios al análisis de las series de diferentes ciudades del Bajío y de Michoacán, consideran que no hubo una tendencia secular al alza. Entre 1660 y 1770, dicen estos autores, los precios subían y bajaban bruscamente de un año a otro, pero siempre regresaban al mismo nivel: Sólo a partir del último cuarto de siglo XVIII, los índices empezaron a ascender con firmeza.980 Por fin, en Guadalajara, Van Young observa un lento pero constante incremento de los precios a lo largo del siglo XVIII; pero también aquí, la ruptura de 1780 es evidente después de esta fecha, el movimiento era considerablemente más vigoroso.981

Todos los autores han insistido en el carácter local de los precios del maíz: un hecho que traduce, como señala, la falta de un mercado nacional para ese básico.982 Con todo observamos evidentes coincidencias en el movimiento a largo plazo entre las diferentes plazas: indicios, seguramente, de que los fenómenos que determinaban los precios se presentaban en todas las regiones en un momento determinado. Estas coincidencias justifican estudios que abarcan el área nacional. Garner y apoyado en sus datos, Van Young han reunido y analizado todas las series disponibles para los diferentes puntos del país: México, Bajío, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas y Oaxaca.983

Ambos coinciden que en la primera mitad del siglo XVIII era una época de estabilidad relativa, una vez superada la gran crisis de 1711-1714. Después de la crisis de 1750, los precios cayeron a un nivel extremadamente bajo. A partir de mediados de la década de1760, empero, empezó un alza sostenido. El ciclo desemboco en la gran cartesiana de 1785-1786. Tanto Garner como Van Young insisten en que esta crisis marco un hito en la historia de los precios del reino.984 A diferencia de lo que había sucedido en otras ocasiones, el alza era ahora mucho más pronuncianda en el repliegue. Se iba estableciendo entonces un nuevo nivel de fondo del índice, más elevado que nunca antes en el siglo. Este marco permite apreciar las verdaderas dimensiones de la cartesiana que empezó en 1797. En 1808 intervino una segunda e última elevación abrupta de la base de que partían los precios en sus accesos febriles. La evolución posterior queda poco clara. Con todo Pérez Herrero ha reunido recientemente datos de diferentes plazas del país que sugieren que durante el segundo cuarto del siglo XIX- y quizás desde antes- los precios de los alimentos básicos se contraían considerablemente.985

978 Florescano (1986b:103-116).

979 Van Young (1992b:75).

980 Branding (1986b:305-318), Morin (1978:189-194); Tutino (1990:72).

981 Van Young (1981:79-88).

982 Garner (1985:301-311); Morin (1978:195-197); Pérez Herrero (1990:89).

983 Van Young (1992:68-69), basado en los datos de Garner (1985:292-295). Respecto a la interpretación véase Garner (1985:291-301) y Van Young (1992b:68-72).

984 Véase también Van Young (1981:94-103) sobre la crisis de 1785-1786 y sus secuelas.

985 Pérez Herrero (1990ª:88-89)

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Existen evidentes divergencias sobre si hubo o no un alza secular de los precios en el setecientos novohispano y las interpretaciones de Garner y Van Young difícilmente encajan en las propuestas de Florescano, Morin y Branding.986 Sin embargo, más allá de estas apreciaciones generales observamos un consenso en el sentido de que los años 1650-1750 eran de calma relativa, que los grandes incrementos de los productos se producían antes y después de este periodo. Comparamos ahora el movimiento de los precios con el de la población. Resulta que el periodo 1650-1750 registraba las más elevadas tasas de crecimiento demográfico de todo el periodo colonial. Por otra parte consta que el en siglo XVI, cuando se producía la peor hecatombe de la historia del país, los precios de maíz se disparaban literalmente. Estos hechos, generalmente admitidos, contradicen a todas luces las afirmaciones sobre la vinculación entre la población y precios agropecuarios en el reino.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA SOCIEDAD NOVOHISPANA Y LOS PRECIOS

Las elucubraciones sobre el movimiento de los precios en el siglo XVIII centran sobre la fase alcista. Frorescano, Garner, Tutino y Van Young presuponen cambios en la demanda.987 Para ellos, crecimiento demográfico implica el crecimiento de la demanda. Ahora bien, consta que las grandes mayorías de la población novohispana eran campesinos, productores directos que se alimentaban por lo menos en parte de su propia cosecha. Así las cosas, la cantidad-demanda era siempre inferior a la cantidad-consumo real y el aumento de la población no tenía por que repercutir en el aumento de la demanda. Podría objetarse contra esta argumentación el que la relación entre la cantidad-autoconsumo y la cantidad-demanda era constante. Sien embargo, como admite Tutino y como nosotros trataremos de comprobar más adelante, esto no era así.988 Podríamos imaginar otro tipo de argumentación para justificar la vinculación entre la demografía y los precios, esta vez por la vía de la oferta. El aumento de la demanda llevaba a la roturación de tierras cada vez menos fértiles y con eso al aumento de los costos de la producción. Este modelo presupone que los precios de producción se traducen a precios a la venta. Ahora bien, los que vendían a los intermediarios que abastecían a los mercados urbanos de donde proceden las series de los precios eran en gran medida los rentistas: usureros, propietarios y administradores del diezmo.989 La producción por su parte se realizaba ya sea en el marco de la economía familiar, ya sean en unidades que pertenecían a los mismo rentistas y que trabajaban con mano de obra reclutada entre el campesino a través de la ursa, de la propiedad y del tributo. En el primer caso, los precios podían formarse con una gran autonomía respecto a los costos de producción. En el caso de las explotaciones propias de los rentistas, los costos de producción entraban en los cálculos del vendedor: sien embargo, en la medida en que este reclutaba a su mano de obra a través de la renta podía intentar neutralizar el costo

986 Pérez Herrero (1990a:88-89).

987 Florescano (1986b:110-114); Garner (1991:318-325): Tutino (1990:72); Van Young (1992b:65-78).

988 Tutino (1990:198). Véase también infra, caps. 13 y 14.

989 Véase Florescano (1986b:25-26,39-40) para la ciudad de México; Morin (1978:194,300) para Michoacán; Tutino (1990:72-73) para el Bajío; Van Young (1981:86-88) para la región de Guadalajara.

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adicional, originado por el incremento de las horas de trabajo que implica la producción en terrenos marginales, con el aumento de la presión sobre el campesino.

La interpretación del movimiento de los precios tiene que intentarse con un enfoque diferente. Morin y Pérez Herrero han advertido sobre la importancia del factor monetario. En efecto, el alza de los precios puede deberse también al aumento a la oferta monetaria o de la velocidad de circulación.990 No hay que menospreciar, por supuesto, este tipo de fenómenos. Sin embargo, el problema es que carecemos de la información necesaria para evaluar su impacto real sobre los precios.

Ahora bien, con todo y su innegable importancia, los fenómenos monetarios no explican por si solos la historia de los precios. El punto de partida de cualquier interpretación de esta historia es sin duda alguna la sociedad. Intentamos un acercamiento a partir de la oferta. En la sociedad novohispana, los que controlaban la oferta eran los rentistas. Las mercancías que vendían eran renta de la tierra. Su interés debía de consistir en mantener los precios a un elevado nivel. El único límite de su avaricia era el ingreso disponible de los consumidores. Visto desde esta perspectiva, el sensacional aumento de los precios durante el siglo XVI reflejaba el establecimiento del monopolio de los rentistas y la desaparición del pequeño productor del escenario comercial. Hacía 1650, los precios había alcanzado el máximo nivel posible. Sería hasta un siglo después cuando, al prosperar las ciudades, los rentistas podían imponer un nuevo movimiento alcista.991 En principio podían interpretar de la misma manera la sucesiva elevación del nivel de fondo de los precios hacia 1790 y en 1808. Sin embargo, en vista del panorama general de la última etapa de la colonia, esta interpretación aparece como realista. Más que de un éxito de los rentistas habría que hablar de su fracaso: un fracaso claramente reflejado en la crisis de la propiedad, en la decadencia del tributo y en la contracción del producto de la alcabala y del diezmo. Consideramos, en efecto, que el grupo se mostraba incapaz de imponer de los explotados un nuevo aumento de la renta para satisfacer la creciente demanda. Antes las presiones de los explotadores, los campesinos se refugiaban en las ciudades, provocando así un desabasto aún mayor. En un momento dado, hacía 1816, empezó el reflujo de las urbes: pero las masas no regresaban al campo para volver a someterse a la renta. El movimiento desemboco entonces no en la restauración de la sociedad rentista del siglo XVIII sino en la creación de una nueva sociedad de campesinos relativamente autónomos.992 Conrespecto a los precios, esta nueva situación se traducía en la fase de contracción que se inicio en torno a 1820.

EL MOVIMIENTO DE LOS PRECIOS DE VERACRUZ Y ACAPULCO.

Insistimos en el carácter local de los precios novohispanos, pero señalamos también que al presentarse fenómenos parecidos a lo largo y ancho del reino, los diferentes índices mostraban,

990 Morin (1978:194). Pérez Herrero (1990ª:93) recuerda la ecuación de Fisher: MV=PQ, donde M es la masa monetaria, V la velocidad de circulación, P los precios y Q el total de las transacciones realizadas.

991 Véase Van Young (1992:15-23) y Chance (1982:15-23) sobre el auge urbano en el siglo XVIII

992 Empréstamos el término de sociedad rentista a Congost (1990:92). Una sociedad rentista es una sociedad en que los vendedores son rentistas que consiguen las mercancías a través de la renta de la tierra.

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a mediano y a largo plazo, tendencia parecidas. Podemos conjeturar entonces que los precios costeños seguían, grosso modo, el movimiento nacional. Respecto a los puertos de Veracruz y Acapulco disponemos de algunos indicios que apuntan en este sentido. En particular parecen confirmarse las tendencias inflacionistas de la última etapa colonial.

En una interesante reflexión sobre los tiempos que le tocaba vivir, José Maria Quirós, el más destacado intelectual del comercio veracruzano, distinguía entre una época de la vida barata y otra de carestía. Para ilustrar su tesis daba dos ejemplos de artículos que se producían en la región y que tenía amplias salidas en la ciudad. En 1777, señalaba, la ternera de un año costaba 4 pesos. En un momento en que se redactaba su informe, en 1806, había que pagar 12 pesos. Asimismo, el millar de ladrillos subió en ese tiempo de 15 a 22-25 pesos- y eso que en 1777 la carga se depositaba al pie de la misma obra, mientras que en 1806 había que recogerla en el muelle.993

Parece que detrás del escrito de Quirós había más que la añoranza de una bella época. En 1801, por ejemplo, una comisión establecida por el ayuntamiento de la cuidad para elaborar un informe sobre el costo de la producción del pan señalaba que la leña, la manteca y los comestibles más comunes como, maíz, arroz, fríjol y carne habían doblado su precio desde 1785.994

En fin dispones de tres datos sobre los precios que los intermediarios que abastecían el mercado urbano pagaban por el ganado en pie. A lo largo de la segunda mitad de los años 1740, la hacienda del Jato vendía sus toros a los obligados por 5.5-6.5 pesos.995 En1780, el bachiller Erauzo, dueño de la hacienda Buenavista, se declaraba dispuesto a vender los toros de su explotación a 10 pesos la cabeza.996 Durante los años 1808-1809 el carga del ayuntamiento entre 12 y 13 pesos por los animales de las haciendas sotaventinas.997

Todos estos datos encajan perfectamente en la cronología de movimiento de los precios que encontramos en otras partes de reino. Parecía que un primer empuje del nivel de fondo de los precios se produjo en los años 1780; muy probablemente, el movimiento se reanudó en algún momento de la primera década del siglo XIX.

Producción y comercialización de todos estos artículos seguían las pautas conocidas. Queremos entonces pensar que también el sotavento, los rentistas perdían el control sobre los explotados a partir de la década de 1780. El análisis de Quirós contiene elementos susceptibles de corroborar nuestra tesis. La agravación de las condiciones bajo las cuales los propietarios arrendaban las tierras y el sobrereclutamiento para la armada y las milicias del rey llevaban a los campesinos a refugiarse en la cuidad. Después de la insurrección, las masas regresaban al campo: pero el control real de los rentistas sobre su producción tardo décadas en restablecerse.

993 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806 en: Chávez Orozco/Florescano (1967:115-115.116-117).

994 AHV 1801, Exp. Sobre panaderías.

995 AGN, Tierras 754.

996 AHV 1780, Exp. Sobre el abasto de carne.

997 AHV 1809, Exp. Sobre el abasto de carne de res.

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Para el análisis de los precios en el puerto de Acapulco, la ciudad de los Santos Reyes como se llamaba el asentamiento a pesar de que carecía de un ayuntamiento propio, nos apoyamos en las cuentas de las adquisiciones de real hacienda para el abasto de las embarcaciones del rey (cuadro 49).998 Estas compras se hacían sin intermediario directamente a los productores rurales. Las series empiezan en un momento de precios altos: reflejo sin duda alguna de la carestía que afectaba a amplias partes del reino durante la primera mitad de la década de 1760. A partir 1768, los precios regresaron a lo que muy bien puede haber sido su nivel de base durante la primera mitad del siglo XVIII. En 1775 observamos un alza mínima del tasajo, un movimiento que persistía hasta pasado 1785. Se trataba sin embargo, de una fluctuación marginal, no es compartida por la brea. A mediados de los años 1790, empero, se produjo un salto brusco y general que implicaba alzas entre 50 y el 120 por ciento. Aunque la brea y el alquitrán se abarataran antes de que terminara el siglo, la baja era muchos menos pronunciada que el alza de 1794. Tasajo, pescado salado, brea y alquitrán eran productos regionales. Si las condiciones de su producción y comercialización eran idénticas a aquellas de los excedentes agropecuarios en otras partes del reino- una hipótesis que verificaremos los capitulas siguientes- podemos conjeturar que también en la región de Acapulco se produjo en un momento dado una crisis de la renta. La ruptura era, así lo sugieran las series, más tardía que en otras partes, hacía 1795, pero no por eso menos brutal. El análisis demográfico mostró una creciente tendencia del campesino acapulqueña a dispersarse en el espacio. Podríamos entonces pensar que en este movimiento formaba parte de la lucha de clases: que se trataba de una táctica que permitía por lo menos dificultar de los derechos de los rentistas.

En Veracruz como en Acapulco, las rentas entraban en crisis a fines del siglo XVIII. En el primer caso, los campesinos se refugiaban en la ciudad ante la ofensiva de los rentistas, en el segundo multiplicaban las rancherías, se escondían en el monte. El modelo veracruzano es único en el marco costeño como muestra un repaso de la evolución demográfica. Acapulco, en cambio, muy bien podría representar el prototipo de lo que sucedía por los mismos años en Igualapa, Jicayan, Huatulco, Acayucan, Cosamaolapan y los Tuxtlas- en la medida en que los últimos tres no entraban en la órbita de Veracruz.

EL ALGODÓN Y LA GRANA.

Las costas novohispanas eran agroexportadoras. Entre los productos que se destinaban a mercados foráneos destacaba el algodón y la grana. La fibra se cultiva a fines de la colonia en prácticamente todos los distritos, la grana era exclusiva de Jicayan y Huatulco. Ambos Ítems se producían y se comercializaban hasta donde sabemos de acuerdo con el modelo diseñado.999 ¿Qué nos dice el movimiento de los precios de estos ítems sobre la evolución de la renta?

El algodón se llevaba, en cuanto se vendía y no se transformaba por los mismos productores, a los centros textiles del altiplano. Entre estos destacaba la ciudad de Puebla y sus alrededores. La fabricación de las telas de algodón empezó a desarrollarse a fines del siglo XVII y se expandía a

998 AGI, México 2110-2116, Cuentas de la real caja de Acapulco 1761-1808.

999 Bazant (1963-1964:501); Thomson (1986).

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lo largo del siglo XVIII.1000Otros centros textiles de importancia para las costas era la capital del reino, las ciudades de Querétaro y la villa de Orizaba, Oaxaca compraba sus fibras exclusivamente en la Costa Chica, en los distritos de Igualapa, Jicayan y Huatulco.1001 Orizaba, por otra parte, dependía evidentemente de los algodonales sotaventinos. Con respecto a México podemos conjeturar que se abastecía en ambas costas. Fletes para Querétaro se registraba pasado 1800 en Cosamaloapan; sin embargo queremos pensar que las principales zonas de abasto de las ciudad del Bajío se ubicaban en Zacatula, Colima y Nayarit.1002 El florecimiento de la rama textil en este grupo de ciudades era quizás más tardío que en puebla: el ayuntamiento angelino reglamentaba la producción desde 1733-1734, Oaxaca hasta 1757 y México sólo en 1765.1003

Hablando en términos generales podemos afirmar que el abasto de los centros textiles con materias primas dependía de los rentistas costeños. En principio, podían entonces dictar los precios. Ahora bien, en la medida en que existía la posibilidad de importar las teles europeas, en particular inglesas, el precio del producto nacional tenia que ser más barato que el de la competencia. De otra manera, los productores se hubieran convertido en importadores. ¿Era esto un problema? El hilado y la teneduría se realizaban en el marco de la economía familiar. A través de la usura, el comerciante se apoderaba del producto terminado y lo vendía. La dependencia del productor del crédito permitía al tratante adquirir las telas prácticamente al precio que el quería. Mientras los rentistas costeños y los sureños urbanos controlaban a cosecheros, hiladores y tejedores, una virtual baja en el producto de la mercancía extranjera se podía compensar por una mayor presión sobre los explotados.

Los datos sobre el movimiento del precio de la materia prima son contados. Sabemos que una contracción prolongada durante el segundo cuarto del siglo XVII. La fluctuación parece vinculada con la expansión del cultivo en sotavento.1004 Insertados en este dato en su contexto. Podríamos pensar que a raíz del despegue de la demanda angelina a fines del siglo XVII, los precios de la fibra empezaban a subir. Esto llevó a los rentistas sotaventinos a utilizar sus derechos para conseguir mayores cosechas. En un momento dado, la oferta superaba la demanda y el precio de la materia prima empezaba a declinar. El abaratamiento del algodón podía funcionar ahora como incentivo para los usureros del altiplano para aumentar la presión sobre todos aquellos que dependían de una manera u otra de sus adelantos. El buen comportamiento de la producción de textiles durante la segunda mitad del setecientos sugiere que pronto se encontró un modus vivendi entre los diferentes grupos de explotadores.

A inicios del siglo XIX, los precios se caracterizaban como “buenos” por José Maria Quíros, personalmente involucrado e la producción y la comercialización del algodón. Con todo, señalaba, la producción estaba en francos declive desde 1797, por lo menos. Las causas de la

1000 Bazant (1963-1964); Thomson (1986).

1001 AGN, AHH, Alcalabas de la ciudqad de Oaxaca, 1788 y 1800. En ambos años, todas las partidas de algodón registradas procedían de la Costa Chica.

1002 La exportación de algodón sotaventino a Querétaro se documentaba en AHH, Alcabalas del distrito de Cosamaloapan, 1804. Véase también Morin (1979:123) con respecto a las demás zonas de abasto.

1003 Bazant (1963-1964): Hamnett (1986:34-44).

1004 AGI, Indif. Gral, 107, I, ff, 267-280.

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decandecia eran los mismos que señalamos arriba: la pérdida de control de los explotadores sobre los explotados.1005 La crisis de la fabricación de textiles con fines comerciales no se hacía esperar. En Puebla, por ejemplo, los problemas afloraron antes aún de que terminara el siglo, en Querétaro poco después.1006No nos toca aquí decidir si la causa de esta crisis era la asfixia, la falta de materias primas, o la pérdida de control de los usureros urbanos sobre sus gentes.1007

La principal salida de la grana cochinilla era Inglaterra. De los centros de producción, el colorante se conducía a Oaxaca; de allí se llevaba a Veracruz en donde se embarcaba para Europa. Producción y comercialización seguían las pautas diseñadas.1008 Parecería que el precio de la grana seguía una ligera tendencia secular a la baja desde las primeras décadas del setecientos.1009 Observamos, sin embargo, recuperaciones espectaculares entorno a 1770 y de 1803 a 1822. La producción por su parte siguió hasta pasado de 1800 las fluctuaciones eclesiásticas de los precios. De allí en adelante la producción aumentaba cuando caían los precios y se cobraría cuando estos aumentaban al alza.

Durantes muchos tiempos, los rentistas distribuían la producción de acuerdo a sus intereses, y respondiendo al movimiento de la demanda de Veracruz. Sólo en años en que los campesinos temían por su sustento, la cosecha de cochinilla no correspondía a sus expectativas. La correlación negativa entre los movimientos de la producción y del precio a partir de 1803 sugiere, si seguimos nuestro modelo interpretativo, la desaparición del control de los rentistas sobre el campesino. Dos problemas se presentan al respecto. El primero es de tipo cronológico. De 1774 a 1798, los precios se movían en el límite inferior de su banda de oscilación. Podría ser entonces que por desinterés los rentistas abandonaran la grana des mucho antes para fomentar otras cosechas. Sea como sea, a partir de 1803, a más tardar, la suerte de la grana estaba en manos de los campesinos, ¿Cómo interpretar su comportamiento frente al movimiento de los precios? Pastor quién observa los mismo fenómenos de la mixteca alta piensa que lo que

1005 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967:115-150.117-118).

1006 Véase Hamnett (1986:33) sobre Puebla y Tutino (1990:89) respecto a Querétaro. Puede que la temparada de cadencia de Puebla se Vinculaba con el surgimiento de otros centros textileros como Orizaba o Oaxaca, en los años 1790. Véase AHV 1804, Exp. Soobre la casa de misericordia para Orizaba y Chance (1982:184-186) para Oaxaca.

1007 La explicación tradicional de la decadencia de la producción de las telas destinadas a la comercialización en la Nueva España nos parece cuando menos discutibles. Bazant (1963-64). Thomson (1986),Tutino (1990:89)o Bernercker (1987:39-40) atribuyen el fenómeno a la irrupción de las baratas teles inglesas a partir de los cambios en el régimen aduanal novohispano en 1804-1805. Señalamos ya las razones por las cuales creemos que el precio de las telas de importación era de poca importancia para el desarrollo de la producción nacional. Añadimos aquí otro factor que nos hace dudar de la explicación circulacionista. Sabemos que los ingleses no estaban esperando la liberación de la política aduanal de la corona española para irrumpir en el mercado novohispano si ni que practicaban- como informan Hamnett (1976:53-54) o Fontana (1988)- un contrabando de amplias dimensiones en el área desde mediados del siglo XVIII. De ser la importación de teles inglesas un factor decisivo para la decadencia de la producción nacional, el proceso su hubiera iniciado desde mucho antes.

1008 Hamnett (1976:29-47).

1009 Alamán (1849:I, apéndice 8). Para evolución anterior a1758 puede verse Hamnett (1976:57-59).

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buscaba el campesino era un ingresó fijo. ¿Era el campesino tan masoquista que trabajaba más cuando su esfuerzo rendía menos?. Nos topamos con un problema de amplias complicaciones teóricas y que discutiremos en los siguientes capítulos.

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12. LA ÉPOCA FORMATIVA. (1650-1750)

Podemos considerar con Rosa Congost que renta de la tierra era “aquella parte del producto agropecuario que se extraía en base a unos supuestos derechos de propiedad sobre la tierra” al productor directo.1010 La renta de la tierra era una relación entre dos polos, entre explotadores y explotados. Del lado de los explotadores distinguimos entre tres rentistas: la corona, la iglesia y los comerciantes. A lo largo del siglo XVIII, los comerciantes ejercían no sólo la propiedad sobre una gran parte de las tierras costeñas y monopolizaban prácticamente la usura: también controlaban la realización de los derechos de la corona y de iglesia en sus respectivos distritos. Esta acumulación de derechos les permitía organizar las económicas costeñas de tal forma que ellos eran los más beneficiados del trabajo de los explotados. Los comerciantes eran, junto con la iglesia, los principales contribuyentes y pagaban, en tanto que grandes productores una parte importante del diezmo: pero la propiedad y la usura les permitían desquitarse del costo del mantenimiento de unas instituciones que, como pensaban, garantizaban la paz social. Los que cargaban a fin de cuentas con todas las rentas eran las masas que trabajan las tierras: Los campesinos. El campesino no enteraba prácticamente nada el las cajas reales y, encuanto se consideraba indio y trabajaba tierras comunales, también estaba exento del diezmo. Pero el campesino dependía del crédito y, casi siempre del arrendamiento de un pedaso de tierras: necesidades inexcusables que fundamentaban relaciones de explotación.

Al analizar el movimiento de los precios sugerimos que el periodo 1650-1750 se caracterizaba por la estabilidad de las relaciones entre explotadores y explotados. La estabilidad se apoyaba, como postulamos, en el control relativamente firme de la producción y de comercialización de los excedentes de los rentistas. Tratamos de verificar ahora estas hipótesis con el análisis de las relaciones de producción.

LA DECADENCIA DE LA ESCLAVITUD RURAL

Todo aquel que explotaba una unidad de producción que rebasaba la capacidad de trabajo de su familia necesitaba de la fuerza de terceros. La mano de obra de las grandes explotaciones rurales era des de siglo XVI en gran medida esclava. Un padrón del distrito de la Nueva Veracruz de 1688, por ejemplo, muestra que casi todas las explotaciones tenían su negrada.1011 En el Zapotal se registraban 10 esclavos.”Los m|s casados”. En el rancho del regidor Bernando Antonio había 9 esclavos y 1 esclava, en el de Andrés Silva 5 hombres y 2 mujeres. La hacienda de doña Maria de Estrada, por fin empleaba a 22 esclavos y 7 esclavas. Medio siglo después el esclavo era aún un personaje muy común en el campo jarocho. Veamos el censo del partido de Medallín de 1743.1012 Juan Domínguez Gómez Canalizo tenía 23 esclavos y 4 esclavas en su hacienda. En el rancho de Silvestre Ignacio Campillos se contaban 2 negros esclavo, en la hacienda del capitán

1010 Congost (1990:133)

1011 AGI, México 1157, Razón de las Villas y pueblos de que se compone la jurisdicción de la Nueva Veracruz, 1688.

1012 AGI, Indif. Gral. 108., IV, ff. 123-204v.

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Fernando de la Parra 9 esclavos y 3 esclavas. En el censo de 1688 nos observamos ni una explotación sin esclavos: en el 1741, en cambio, había varios ranchos y haciendas, en que se controlaban únicamente mulatos libres-muy escasos en 1688- y sobre todo indios laborios originarios de la Mixteca, de Oaxaca y hasta de Guatemala. La esclavitud estaba por desaparecer ante el surgimiento de la mano de obra no esclava. Un padrón de partido de Medallín establecido en 1777 con firma la tendencia: en el Tejar se contaban 5 esclavos, en las haciendas de Santa Bárbara (o Jamapa) y de San Juan 1 en cada una. Por los demás, la población, con un importante porcentaje de inmigrados, estaba formado de indios y mulatos libres.1013

Otro caso que nos permite seguir la cronología, ahora en la Costa Chica, es el de los Cortijos. En 1599, la hacienda tenía 55 esclavos y esclavas.1014 Un siglo después, en 1712, el alcalde mayor de Jicayan recababa información sobre las tierras de la hacienda. Entre otros testigos escuchaba también a 20 mulatos libres avecindados en Los Cortijos: seis se presentaban como sirvientes o vaqueros de la mariscala de Castilla, los demás declaraban que vivían allí en tanto que arrimados. El fenómeno del sirviente no esclavo era viejo en Los Cortijos y remontaba cuanto menos a la generación de los padres de los testigos de 1712. Estos datos nos dicen nada sobre la virtual existencia de un núcleo de esclavos en la hacienda, pero comprueba la existencia de mano de obra no esclava desde antes de 1700.1015

Será hasta 1743 cuando un padrón del distrito de Igualapa comprueba que para ese entonces ya no quedaban esclavos ni en Los Cortijos ni en el resto de los latifundios costeños.1016 En el distrito de Acapulco, la esclavitud rural se vinculaba en el siglo XVII con las haciendas de cacao de Coyuca. Nuestra Señora del Buen Suceso contaba en 1673 con 42 esclavos y 8 esclavas con una edad promedia de 30 y de 34 años, respectivamente. 1017 En 1685, el número había descendido a 15 esclavos y 6 esclavas, la edad promedia aumento a 45 y 42 años, respectivamente.1018 Hacia 1700 desapareció la esclavitud, junto con el cacao, de Coyuca.1019

La decadencia de la esclavitud puede obedecer a dos razones distintas: el abandono de ciertos cultivos intensivos o el desarrollo de fuentes alternas de mano de obra. Acabamos de ver ejemplos para ambos procesos. Al parecer, el segundo era mucho más importante. ¿Quiénes sustituían a los esclavos en las haciendas?

Muchos latifundistas ávidos de mano de obra a buen precio tenían sus miras puestas en las comunidades de indios de sus respectivos distritos. Ahora bien, para incorporar a estos en los trabajos de la hacienda había que arreglarse con el alcalde mayor. Encargado por la corona de mantener la integridad de los pueblos, el funcionario tenía la facultad de atar o soltar a los

1013 AGI, México 2580, Padrón del partido de Medallín, 1777.

1014 De la peña (1983:45.

1015 AGN, Tierras 1875, exp.3.

1016 AGI, Indif. Gral. 107, II, ff. 1-98.

1017 AGN, Tierras 3624.

1018 AGN, Tierras 154, exp. 5.

1019 AGN, Tierras 3624.

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comuneros. La política del alcalde mayor se definía desde luego menos por los intereses de la corona que por los suyos. Aludimos ya a su papel como usurero. Mientras el funcionario disponía de los fondos necesarios para apropiarse los excedentes indios a través de la usura procuraba evidentemente monopolizar estos excedentes. El mundo ideal del alcalde mayor era el mundo en que cada comunero trabajaba, habilitando por él, sus tierras. Sin embargo, la realidad era por lo general diferente. Al llegar a su destino, el justicia tenía que integrarse a la red de los rentistas locales: un hecho que implicaba evidentemente consentir un reparto mínimo de los excedentes. A veces se imponía también la dura experiencia de las comunidades que carecían de tierras que les garantizara la subsistencia. Así se llegaba a acuerdos entre gentlemen. El hacendado pagaba una comisión al alcalde mayor y este giraba las instrucciones necesarias a las repúblicas de indios para que estas pusieran el contingente de indios que se rehuiría a sus órdenes. Para eso, el funcionario se servia a veces únicamente de su poder políticos sobre los gobiernos indios. En efecto sabemos que el repartimiento agrícola, oficialmente abolido por el virrey Cerralvo en 1633, se seguía practicando en algunas partes como el distrito de Acayucan.1020

También de Acayucan nos llegan noticias sobre una variante de este tipo de reclutamiento. A lo largo del siglo XVIII, los alcaldes mayores combinaban la usura con lo que podemos llamar venta de mano de obra. Una parte de los préstamos que hacían mediante el repartimiento de mercancías no se pagaba en productos agropecuarios o reales sino en días de trabajo: trabajos que se podían vender, según la necesidad, a los hacendados.1021 Con todo y estas formas de complicidad es probable que la mano de obra de los pueblos no fluyera siempre en las cantidades que hubieran deseado los hacendados. Sugestiva resulta en realidad una solicitud del mariscal de Castilla de 1715. En su escrito al virrey, el propietario de Los Cortijos señalaba que “estas (haciendas) se hallaban en algún menoscabo por falta de indios laborios”. La corte mando entonces a los alcaldes mayores de Igualapa y Jicayan que dieran al solicitante “todos los indios que necesitare para sus haciendas… de los pueblos de sus distritos”1022

Mientras los alcaldes mayores mantenían su control sobre las comunidades, el indio difícilmente podía remplazar al esclavo como fuerza de trabajo del latifundio. En realidad parece que los grandes productores recurrían básicamente a los campesinos de las rancherías para sustituir a su negrada.

TERRATENIENTES Y PEQUEÑOS ARRENDATARIOS

Hasta mediados del siglo XVIII, los grandes productores salían ser propietarios. La relación entre ellos y los campesinos asentados en sus tierras tenía tres aspectos: el arrendamiento, la renumeración y la usura. A mediados del siglo XVIII observamos rentas en trabajo, en productos agropecuarios y en reales. En las tierras de Los Cortijos, gran hacienda cuya reserva consistía en crías de ganado mayor, había hacia mediados del siglo XVIII cuatrocientas familias que tenían “la obligación de ayudar a componer corrales y de conducir las partidas (de reses) hasta el

1020 Véase infra, cap. 13., sobre el repartimiento agrícola en el distrito de Acayucan.

1021 AGI, México, Informe de Miguel del Corral al virrey, 6/4/1793.

1022 AGN, General de o Parte 23, f. 146v.

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entregadero”. Los terratenientes hablaban de terrazgueros, arrimados o incluso de siervos adscritos cuando se referían a este tipo de campesinos.1023 También en San Marcos se seguían hablando de arrimados durante estos años.1024Parecía entonces que la renta en trabajo seguía siendo aun muy común en el mar del sur. En Sotavento, la situación se presenta distinta. El zapotal exigía dos sontes de maíz a sus pequeños arrendatarios.1025 Los dos sontes se evaluaban a mediados del siglo XVIII en dos pesos: 16 reales que equivalían a 8 jornales.1026 Resulta imposible evaluar que tan representativo era en el caso del zapotal para la cuenca del Papaloapan en conjunto. En las afueras de la cuidad de Veracruz, las rentas cobraban a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII en real los rancheros de Buenavista, por ejemplo, relataban en 1753 que les cobraban 12 reales desde tiempo inmemorial.1027 En términos monetarios, la renta era menor que en El zapotal. ¿Pero jornadas de trabajo? Es sumamente improbable que la tierra fuera accesible en las inmediaciones de la ciudad que en el Tlacotalpan. Algún secreto han de guardar las rentas en esta época.

Los arrendatarios eran temporaleros, sólo podían estar a disposición del propietario durante un tiempo determinado. Las haciendas debían de tener también un mínimo de mano de obra permanente. Las fuentes dejan entrever su existencia cuando habla de sirvientes o vaqueros, pero no nos revelan las condiciones bajo las cuales desempeñaban su trabajo.1028 En particular no nos dicen si estos trabajadores eran o no campesinos, si combinaban la venta de mano de obra con alguna explotación propia o no. Van Young insistido en la importancia de la dotación de tierras para las grandes mayorías de los trabajadores rurales de tiempo completo de la Nueva España en general y en la región de Guadalajara en particular. Comprando diferentes estudios regionales encontrando también que la mayoría de este tipo de trabajadores empleaban de 8 a 9 meses-o aún menos- cada año en explotación del patrón.1029 Sólo Pastor cree discernir a algunos peones sin casa ni huerta en las grandes explotaciones de Mixteca Alta.1030 Concluimos entonces que si bien podía haber trabajadores rurales que vivían exclusivamente partes del reino, el número debía de ser muy reducido. En su gran mayoría, los que harían producir las grandes explotaciones novohispanas-y entre estas las costeñas – debían de ser campesinos, hombres que completaban el producto de su unidad familiar con algunos jornaleros o- en el caso de los sirviente y vaqueros – mensualidades. Las fuentes que refieren a veces a estas remuneraciones

1023 AGN, Mercedes 80, ff. 32-34V.

1024 AGN, Tierras 910, exp. 2.

1025 AGN, Tierras 1867, exp. 4.

1026 AGN, Tierras 18677, exp. 4. Véase apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz. 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967:115-150.118) con respecto a los jornales que se pagaban en el campo jarocho

1027 AGN, Tierras 776, exp.4.

1028 Véase por ejemplo AGN. Tierras 1875, exp. 3.

1029 Van Young (1981: 253) y (1992:89). Brading (1988:145) señala que muchos de los mayordomos de las haciendas del Bajío cultivaba su propia milpa de maíz.

1030 Pastor (1987:352).

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en términos de salarios.1031 También historiadores como Morin, Van Young o Tutino por lo general sensibles para problemas vinculados con la explotación, usan la palabra sin escrúpulo alguno.1032 Nosotros preferimos seguir el ejemplo de historiadores europeos como Postel-Vinay y Aymard quienes aplican el término de salario sólo aquellas relaciones de producción en que este asegura esencialmente la producción de la mano de obra.1033 Para nuestra época conviene más hablar, como lo hacen estos autores, de remuneración.1034

Nuestros datos sobre la remuneración y su dinámica son aún más escasos que aquellos sobre los arrendamientos. Ahora bien, sabemos que los jornales agrícolas en el valle de México se estancaban desde la década de 1630 y seguían sin aumento, a pesar de la inflación, hasta fines de la colonia.1035 Esta situación fomentaba la emigración del centro a las zonas periféricas del reino donde se mantenían remuneraciones más atractivas. Sin embargo, bajo el peso de los flujos migratorios, los jornales empezaban a flaquear también en estas partes. En el Bajío la cantidad de reales estipulada en los contratos se contraía hasta un 50 por ciento entre fines del siglo XVII y los años 1760: en la Nueva Galicia el valor nominal de la renumeración permanecía establece en este periodo, pero el poder de compra del sirviente se deterioraba a raíz de la inflación. 1036 Hacia 1760, las condiciones de los trabajadores del Bajío se habían nivelado con las del centro y la migración hasta occidente cesó. En las costas también ellas nutridas por los excedentes del altiplano central la inmigración continuaba aún durante la segunda mitad del siglo XVIII. Por consiguiente, el nivel de vida de los trabajadores no se deterioraba aquí o se deterioraba menos que las demás regiones del reino. El acceso a la tierra, fundamental para las masas rurales, seguía siendo, según parece, poco problemático. Las remuneraciones por su parte debían de contraerse- de otra manera resultaría difícil explicar la desaparición de los esclavos, una mercancía que estaba lejos de abaratarse-pero el proceso era quizás menos drástico que en otras parte.

Los hacendados y sus arrendatarios- administradores eran también mercaderes.1037 Los arrimados y demás arrendatarios así que los vaqueros constituían la clientela natural de la tienda de latifundio. El propietario podía pagar a los jornales en mercancías. También podía prestar a los campesinos a tasas usurarias, cobrando los adelantos en trabajo o en productos de su economía familiar. La tienda de raya era sin duda alguna un instrumento más de hacendado en su lucha por los excedentes campesinos. Evidentemente, el propietario corría en riesgo de que los deudores se escaparan sin pagar. Se trataba, empero, de un riesgo calculado: en efecto, sabemos que los hacendados obligaban a los peones a fiarse mutuamente. ¿Eran estos prestamos un especie de promoción del trabaja en la haciendas como sugieren Tutino y Van Yaoung?1038 Es

1031 AGN, Mercedes 80, ff. 32-34v .

1032 Véase por ejemplo Morin (1979:259-268), Tutino (1990:68-71) y Van Young (1992b:79-93).

1033 Aymard (1983: 1398): Postel-Vinay (1974:80-85).

1034 Véase también la discusión del concepto en Congost (1990:83-87.147-149).

1035 Gibson (1984:254-262).

1036 Tutino (1990:70-71). Van Young (1981:249-250).

1037 El párrafo se basa en Morin (1978:224-226.263-267), Tutino (1990:60) y Van Young (1981:248-261).

1038 Tutino (1990:60) y Van Yaoung (1992b: 87-91) y (1992c:152-155).

197

cierto que el pequeño productor rural, el campesino, dependía del crédito para su reproducción. Pero para obtenerlo le hacia falta emigrar a la haciendas de las regiones marginales del reino. En todas partes, también y sobre todo en los pueblos de indios, había quien practicaba gustosamente la usura. Queda un segundo problema. Podríamos pensar que cada arrendatario que llegaba a la hacienda aumentaba a la masa de los clientes del hacendado. Pero ¿Qué tan monopolista era el comercio del terrateniente en su hacienda? En seguida veremos el control de los alcaldes mayores sobre los pueblos de los indios. Ahora bien, en Acayucan, por ejemplo la red de los funcionarios comprendía también a pardos.1039¿Pardos asentados en las rancherías que conformaban las haciendas? Los titulares de Igualapa, por su parte, comercializaban algodón de los pardos que milpeaban en los Bajos de Ometepec.1040 Allí había tierras de cacicazgo de la cabecera, pero también de Los Cortijos. No descartamos que las haciendas costeñas estuvieran aún en un proceso de consolidación que los terratenientes tenían que prestarse muchas veces transacciones con los funcionarios reales.

LOS GRANDES ARRENDATARIOS

Hasta mediados de siglo XVIII había, según parece, pocos comerciantes que arrendaban tierras para montar una explotación propia. Es probable que los mencionados ranchos del regido Bernardo Antonio y Andrés de Silva en términos del partido de Tlalixcoyan formaban parte de esta categoría de unidades, pero carecemos de noticias concretas sobre la titularidad de las tierras que estos españoles trabajaban con su negrada esclavizada a fines del siglo XVII.1041 Dos eran las principales diferencias entre las unidades de los grandes arrendatarios y las de los propietarios. El gran arrendatario estaba sometido al pago de una renta en efectivo. Ahora bien, de seguir las pautas de las cuotas de los de los milperos, las rentas de los grandes arrendatarios no deberían de aumentar mucho hasta mediados del siglo XVIII. A pesar de una renta propietaria relativamente benigna, no todo era color de rosas para el gran arrendatario. En particular conjeturamos que el gran arrendatario enfrentaba problemas mucho mayores que el propietario para sustituir a sus esclavos con mano de obra remunerada: en situación jurídica les impedía no sólo valerse de la renta propietaria, también era susceptible dificultar el recurso de la renta usuraria y la libre contratación. En efecto el propietario sólo habrá consentido la desviación de la fuerza de trabajo de sus pequeños arrendatarios a la explotación de su gran arrendatario en la medida en que estaban satisfechas sus propias necesidades. Con respecto a los indios, el gran arrendatario dependía, al igual que el propietario, del alcalde mayor. En estas circunstancias era probablemente mucho más rediticio para el comerciante provinciano refugiarse a la sombra del alcalde mayor y realizar en la medida de lo posible la renta usuraria.

1039 AGI, México 1974. Informe de Miguel del Corral al virrey 6/4/1793 (Acayucan )

1040 AGN, Civil 93. exp. 4.

1041 AGI. México 1157. Razón de las villas y pueblos de que se compone la jurisdicción de la Nueva Veracruz, 1688.

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EL LATIFUNDIO Y LOS MERCADOS AGROPECUARIOS.

Las grandes explotaciones costeñas producían para el mercado. Intermediarios o funcionarios reales en su mayoría, los grandes productores podían aprovechar las oportunidades que el mercado les brindaba. Por lo general, los latifundios se dedicaban a la cría de ganado mayor. Las haciendas de labor de la región de Guadalajara y del Bajío eran prácticamente desconocidas en las costas.1042 Dudamos inclusive si todas las reservas producían el maíz para sus caballos y sus sirviente: no será por casualidad que el Zapotal exigía a sus arrimados una renta de maíz. La ganadería costeña era sumamente extensiva, sin m|s inversión fija que la tierra. “En el día, escribía Humboldt respecto a las grandes estancias de la Mar del Norte, dos o tres hatos de ganado, alrededor de los cuales andan errando algunos bueyes semisalvajes, ocupan espacios de muchas lenguas cuadradas”.1043

El viajero visito Veracruz en 1804. Para ese entonces, las grandes estancias ganaderas de Sotavento estaban en decadencia.

Eso no obstante consideramos que la observación del alemán tiene validez para todo el periodo colonial. Veamos, por ejemplo, la situación de El Zapotal a mediados del siglo XVIII. De acuerdo con un inventario de 1740, la hacienda contaba con una casa grande con una campana chica, tres cuadros viejos, tres taburetes y una mesa: siete jacales de sirvientes: tres canoas viejas: tres rodeos con un total de 69 cabrestos, 665cabezas de ganado vacuno, 101 caballos, 297 yeguas, 21 mulas y machos y 2 burros maestros. El inventario exiguo no refleja, como podríamos pensar, una preferencia del dueño para el arrendamiento de sus tierras: en un reconocimiento realizado apenas en 1735 se habían contado sólo tres ranchitos con ganado así que algunas milpas.1044

La decisión de los propietarios de impulsar la cría de ganado mayor en sus reservas respondía evidentemente a los problemas que planteaban la carestía de mano de obra y la estrechez de las salidas. Los españoles se apoderaban de la tierra y desarrollaban reservas ganaderas conforme se abrían salidas masivas. Los puertos, por supuesto: Veracruz desde los años de la conquista, Huatulco entre 1540 y 1580, Acapulco a partir de 1570.1045

Pero pronto también las ciudades del centro y de los caminos al centro Los Cortijos y las demás haciendas de Igualapa dependían desde el principio del mercado angelino.1046 Las estancias de la Costa de Sotavento abastecían los pueblos crecidos de Xalapa, Córdoba, Orizaba. 1047 Los ganaderos de Huatulco establecidos en función de puerto, llevaban sus hatos desde la

1042 Véase Branding (1988:123-172) para el Bajío, Van Young (1981:192-235) para la Nueva Galicia

1043 Humboldt (1984:177).

1044 AGN. Tierras 1867, epx. 4.

1045 Véase Widmer (1990:94-125) respecto al establecimiento de los puertos de la Mar del Sur en el siglo XVI.

1046 AGN, Tierras 39:1, exp. 1. Véase también Widmer (1990:126.)

1047 AHV, AC 10/10/1773: ANO 1768. exp. 12; ANC protocolos 1692, 22/12/1692; ANC protocolos 1693, 11/3/1693.

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desviación de las rutas marítimas a Acapulco a la ciudad de Oaxaca.1048 Algunas de estas salidas eran susceptibles de ensancharse, aunque fuera lentamente a partir del último cuarto del siglo XVII. Podemos conjeturar, por ejemplo, un aumento de las actividades navales en el puerto de Veracruz, vinculados con la expansión de los intercambios con Caracas.1049 También parece que la expansión demográfica en el altiplano central repercutió hacia fines del siglo XVII en el avance de la roturación, limitando así los espacios disponibles para la ganadería local.1050

Los natos costeños crecían como por la mano de Dios, sin que el hombre interviniera mucho. Sólo para esquilmar se necesitaba un contingente mayor de mano de obra. Al terminar las aguas, cuando el ganado alcanzaba el mayor peso y los caminos se secaban, los animales se juntaban y se procedía a la selección de los sacrificables. A continuación, estos se llevaban a su destino. La concentración de la demanda de vaqueros en los meses de octubre y noviembre aseguraba una interferencia mínima con el calendario agrícola. En efecto es muy probable que entre la cosecha de maíz de temporal y la siembra de algodón que se llevaba a cabo en septiembre y la cosecha de algodón a partir fines de enero había una temporada de descanso relativo para el campesino. 1051 Raros eran los latifundios que se dedicaran a la cría de ganado mayor en el siglo XVIII. Durante décadas. La trashumancia de ganado ovejuno entre el altiplano y litorales había acaparado el interés de muchos latifundios costeños.1052 Pasado 1700, empero, las noticias sobre trashumancia empiezan a escasear, en particular en la Costa de Sotavento. El abandono de la cría de ovejas en la hacienda de Las Lomas en 1716 se nos presenta, en este sentido, como un hecho significativo.1053 El proceso- que implica, por cierto, el traslado de la producción de telas de lana de La Puebla al Bajío- se explica sin duda alguna por el mencionado avance de la roturación en el altiplano central, la expulsión de la ganadería por la agricultura. 1054 La cría de ovejas no era la única victima de las trasformaciones del seiscientos. Arriba mencionamos también la desaparición del cacao como cultivo comercial en las haciendas de Coyuca durante el último

1048 Widmer (1990:125-135).

1049 Arcila Farías (1950:36-76).

1050 Véase en este sentido Pastor (1987:230).

1051 Véase el informe del parroco de Jamiltepec de 1777 en BNE, ms 2450, y la relación del alcalde mayor de Igualapa de 1743 en AGI. Indif. Gral. 107, ff, 1-98 para el calendario agropecuario de la Mar del Sur. Carecemos de los datos correspondientes para la Mar del Norte, pero las diferencias no podían ser de consideración.

1052 Véase De la peña (1983:44-46) respecto a los sistemas de trashumancia entre el altiplano central y las costas. Widmer (1990:134) contiene algunos datos sobre el papel de la Costa Chica en estos sistemas.

1053 AGN, Tierras 499, exp. 1.

1054 Véase Thomson (1986:169-170) para una cronología de la decadencia de la industria lanera de La Puebla. El autor explica el proceso de la prohibición del comercio intercolonial por una parte (Hasta el segundo cuarto del siglo XVIII, Puebla exportaba telas al Perú), por la crisis de la trashumancia por la otra.

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cuarto del siglo XVII y la sustitución del cacao nacional por el caraqueño a partir de mediados del siglo XVII.1055

Algunos propietarios españoles de la Mar del Sur, no los muy grandes, si no los medianos, implantaban durante el último cuarto del siglo XVII y de nuevo en las años 1730 el cultivo de la caña en sus tierras. El bachiller Bernardo Ruiz, presbítero de Acapulco, solicito desde 1670 el permiso necesario para hacer panocha con su hacienda en San Jerónimo de la Brea al virrey. 1056 Del mismo año data la licencia a Martín de Echazarreta, vecino de Oaxaca, para establecer un trapiche de hacer azúcar en Igualapa.1057 Diego y Anacleto de Baños, avecindados en Jimaltepec, seguían más adelante.1058 En los años 1730, el turno de Miguel Ventura de Ovo, vecino de Juchiatengo, y de José Ortiz de Rosas, de Ayutla.1059 También los dueños de las haciendas de Copala y de Apango producían panocha en sus trapiches.1060 Resulta difícil evaluar la importancia de las inversiones, pero en ningún caso hay indicios de que estas eran muy cuantiosas. ¿Para quién producían esto trapiches? La cronología de la expansión de la caña en las costas refleja aquella de la expulsión de la caña del altiplano.1061 Podíamos pensar entonces que el proceso costeño era la respuesta de los propietarios a cambios en el mercado agropecuario del centro del reino, sin embargo, quizás no hay que ir tan lejos. El bachiller Ruiz de Valderrama señalaba en su solicitud de1670 que pensaba abastecer el mercado local de Acapulco, incomunicado en tiempos de aguas con el centro del reino. Esto indica la existencia de salidas locales de cierta importancia, la importancia de costeños que preferían el azúcar de la miel y que tenían los medios para comprarlos. En realidad consideramos que los trapiches de la Mar del Sur abastecía sobre todo el mercado local, un mercado que los propietarios tenían a la vista y que podían, entendiéndose con el justicia, manipular a su antojo.

LA PROBLEMÁTICA DE LA PROPIEDAD

La volatilidad de muchas propiedades indica que no todos los explotadores lograban desarrollar estrategias adecuadas para aprovechar plenamente una coyuntura que parecía sofreírles cada vez más. Sólo algunos se consolaban y salían adelante. Para los propietarios, el saldo de la época se mantiene en un caluroso poco definido.

1055 Véase Arcilo Farías (1950:36-76) con respecto al desarrollo del comercio cacaotero entre Caracas y Veracruz.

1056 AGN, Mercedes, 57,f, 7.

1057 AGN, Mercedes, 55, ff, 65,84v: Mercedes 63, f, 2v: AGNO. Diego Benaias 1689-1690, f, 117.

1058 AGN, Mercedes 59, ff. 244,260v:AGN. Mercedes 65, ff. 18v,23.

1059 AGN, Mercedes 73, ff, 92,123v.

1060 AGN, Mercedes 64, f, 113v: ACO. Libros de Clavería 1738.

1061 Pastor (1987:235) señala que el trigo expulsaba la caña del centro del reino desde la segunda mitad del siglo XVII.

201

Los terratenientes españoles dependían especialmente del producto de la reserva. Por lo general, el arrendamiento no procuraba, según parece, ingresos independientes de la reserva: escasos debían de ser, excepto en las afueras de la ciudad de Veracruz, los arrendatarios que pagaban su renta en dinero sonante. En este contexto, fragmentar partes de latifundio y arrendar lotes significaba más que nada ahorrar gastos en la reserva. El zapotal conseguía el maíz para la cría de yegüerizo y mular- y eso sin depender de los precios del mercado o de los vaivenes de la cosecha propia-, Los Cortijos y San Marcos se aseguraban temporaleros.1062 La usura de los arrendatarios y vaqueros era susceptible de fomentar el negocio, pero paceré que a menudo había que tener en cuentas los intereses del alcalde mayor. Una mala racha para la reserva podía entonces llevar a la ruina del propietario. ¿Qué significaba una mala racha? Florescano ha sugerido, hace ya años, que los latifundios prosperaban en años de cosechas abortadas y enfrentaban problemas cuando el campo producía bien.1063 Van Young empero, ha demostrado en un análisis muy minucioso que las haciendas no podían ser tan inmunes contra los desastres meteorológicos como se había pensado antes.1064 Ahora bien, Van Young esta hablando de los latifundios que producían trigo, maíz y ganado. En las costas donde la mayoría de las explotaciones era exclusivamente ganaderasganaderas, el impacto de sequías y mortandades debía ser aun mayor.

Una manera de prevenir tales situaciones era arrendar la propiedad con todo y reserva: buscar a un arrendatario-administrador empero, mientras persistía la inseguridad estructural de las haciendas debía de haber pocos candidatos dispuestos a aceptar los riesgos inherentes a un arrendatario.

TERRATENIENTES Y ARRENDATARIOS-ADMINISTRADORES

La gran mayoría de los terratenientes españoles conservaba hasta mediados del siglo XVIII el control directo sobre la explotación de sus propiedades. Sólo algunos de los grandes mayorazgos transferían la administración- y con ella los riesgos- a un arrendataria-administrador: los mariscales de Castilla y los titulares del mayorazgo de Juan Sarmiento entre ellos. En todos los casos estudiados, el propietario ponía además de la tierra el capital en forma de ganado mayor.1065 El arrendatario-administrador usufructuaba los bienes del propietario; además estaba libre de fragmentar partes de la hacienda, de entregar las parcelas a terceros y de cobrar las rentas respectivas. Al final del periodo contratado tenia que entregar al propietario aquella

1062 Pro cierto, el arrendamiento, permitía también poblar espacios disputados con terceros. Así consta que una de las tácticas que aplicaba Juan Eusebio Eusebio Gallo para afianzar sus títulos de propiedad en San Marcos era establecer asentamientos de arrimados y vaqueros en los puntos extremos de su latifundio con tal de prevenir la usurpación – o la reservación de la usurpación- en estas áreas. Véase AG. Tierras 910, exp. 2.

1063 Florescano (1986a:82-85) y (1986b:68-102).

1064 Van Young (1981:117).

1065 Véase AGN, Tierras 754 (Mayorazgo de Juan Sarmiento); AGN. Mercedes 80, ff. 32-41v y AGN. Reales Cedulas Duplica 15, f. 139v (mariscales de Castilla).

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cantidad de ganado que había recibido. Los subarrendamientos se respetaban, según parece, por los propietarios al terminar el contrato con el arrendatario general. 1066

Los propietarios exigían desde luego finanzas por el valor del capital prestado. Además postulaban que los rasgos tenían que enterarse por adelantado y en dinero sonante.1067 Estos requisitos impedían evidentemente que cualquiera tuviera acceso a este tipo de arrendamiento. Podemos conjeturar que los arrendatarios-administradores de esta época se reclutaban-como sus sucesores de la segunda mitad del siglo XVIII- entre las clases dominantes. Sabemos de los casos concretos. Martín de Goicoechea, comerciante de la ciudad de Veracruz, arrendaba a partir de los años 172 durante varias décadas El Jato: en 1720 Miguel de Ormaechea y Goycoechea, también del comercio porteño.1068 Por los mismos años actuaba en Los Cortijos Miguel Ruiz de Allende, gran comerciante capitalino.1069 Es posible que el hecho de que en Sotavento el gran arrendatario pertenecía a los círculos locales mientras que en las Costa Chica el papel se desempeñaba por un capitalino no era fortuito sino reflejo del mayor protagonismo de las clases dominantes locales en la Mar del Norte.

¿Qué tan rediticio era el arrendamiento de un latifundio? Sabemos de arrendatarios muy exitosos. Durante la segunda mitad del siglo XVI, antes de abandonar toda producción propia de los Tuxtla, los marqueses del Valle solían arrendar el territorio costeño junto con el ganado que pasaba allí en grandes paquetes. Entre sus arrendatarios destacaban los Pérez de Aparicio y los Rivadaneyra. Ambas familias eran por su parte titulares de mercedes en la cuenca. Su desempeño como administradores les permitía poblar estas tierras y fundar las haciendas de El Zapotal y La Estancuela, respectivamente.1070 Significativo resulta entonces que casi dos siglos después los Goycochea combinaban el arrendamiento de El Jato con la propiedad de la vecina Toluca.1071 Dos aspectos de los contratos facilitaban el éxito de los arrendatarios. Por una parte es probable que los plazos establecidos eran muy extensos, de hasta 9 año. Esto favorecía evidentemente al arrendatario en la medida en que difería apropiándose de sus inversiones por el terrateniente. Observamos también a arrendatarios que se perpetuaban. El ya mencionado Miguel Goycochea, por ejemplo, ocupaba El Jato durante 20-30 años hasta que el sobrevino la muerte en 1745: una estupenda estabilidad que permitía desarrollar estrategias a largo plazo. Un segundo elemento susceptible de descubrir al excito del arrendatario era el hecho de que las cuentas del ganado se efectuaban antes de la entrega de la explotación se registraban por razones practicas sólo a los hatos, a los animales de rodeo, pero no a los cimarrones, los miles de vacas y toros que erraban por las costas. De esta masa se servían todos a grandes tajadas sin que se les pudiera comprobar robo alguno.1072 Todo esto sugiere que los arrendatario-

1066 Véase las practicas en las haciendas de Los Cortijos (AGN, Mercedes 86, ff. 32-34v) y El Jato (AGN. Tierras 754).

1067 AGN, Tierras 754.

1068 AGN, Tierras 754.

1069 AGN, Mercedes 80, ff. 32-34v.

1070 Aguirre Beltrán (1974:I, 24-27).

1071 AGN Tierras 754.

1072 AGN, Reales Cedulas Duplicata 15,f.139v.

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administradores actuaban desde una posición de fuerza frente a los propietarios: que más necesitaba el propietario al arrendatario que este a aquel.

LA PROPIEDAD DE LOS CACIQUES A TRAVÉS DEL TIEMPO.

Muchos caciques amusgos, mixtecos y náhuas se foliaban después de la conquista extensos patrimonios. Como señores naturales tenían ciertos derechos sobre los indios de sus pueblos: derechos que entendían realizar mediante el reclutamiento de mano de obra para la labranza de sus tierras. Los caciques de la Mar del Sur explotaban así durante mucho tiempo extensas milpas de maíz, chile y fríjol, milpas de cacao y algodonales.1073 Como vimos, los comuneros se rebelaron antes de que terminara el siglo XVI y consiguieron en muchos casos la abolición de sus obligaciones tributarias para con los caciques. Privados de su fuerza de trabajo tradicional, los señores abandonaron las explotaciones agrícolas para realizar la propiedad a través del arrendamiento de tierras y la explotación de una estancia ganadera.

Todos los caciques rentaban en un momento dado amplios terrenos a ganaderos españoles. Los señores náhuas de San Andrés Tuxtla dieron este paso en 1668 cuando llegaron a un acuerdo con el ganadero cosamaloapeño Lorenzo Gómez de Espinoza sobre el arrendamiento de su patrimonio, las tierras de Otapan y de Elvira.1074 En la mar del Sur, los primeros contactos se establecieron durante la primera mitad del siglo XVII entre los señores de Tlacamama y Pinotepa por un lado, los jesuitas poblanos – que buscaban agostaderos para sus ovejas- por el otro.1075 Durante los primeros años, la hacienda de Los Cortijos empezaba a completar sus dominios con el arrendamiento de sitios a los caciques de Huehetán, Ometepec y Pinotepa.1076 Muy pronto, también los titulares de Jamiltepec llegaban a varios acuerdos con Pedro Martín, un notario angelino que invertía sus honorarios en la cría de ovejas.1077 Las primeras noticias sobre el arrendamiento de tierras de los lijanes de Jicayan y Sochistlahuaca databan de mediados del siglo XVIII.1078 También en estos caos, los arrendatarios eran señores de ovejas angelinos. Eugenio González Maldonado y Miguel Urriola, respectivamente. Es posible que la fecha tardía de estos contratos se debe al carácter incompleto de nuestra documentación: mas tampoco descartamos que el carácter montuoso de la región de Sochistlahuaca y Jicayan hacía que estas tierras se incorporaban tardíamente en la red ganadera de los poblanos. En efecto, también en la vecina Mixteca Alta, de condiciones topográficas muy parecidas a las de la sierra amusga, la ganadería española empezó a expandirse hasta fines del siglo XVII.1079

1073 Widmer (1990:161-163).

1074 AGN. Hospital de Jesús 121, exp.10

1075 AGN. Indios 20, f, 133v: AGN, Tierras 1875, exp, 3.

1076 AGN. Tierras 472,exp. 2: AGN, Tierras 1875, exp. 3: AGEO. Alcaldías Mayores leg. 2. expe 33.

1077 AGN, Mercedes 59. f, 127.

1078 AGN, Mercedes 73, f, 161v y 74, F. 103; AGN, Civil 212, exp. 3.

1079 Pastor (1987;172, 230-233).

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El arrendamiento de grandes paquetes de tierras de los ganaderos españoles eran de una suma importancia para los caciques de ambos costas. Sabemos que en muchos de los terrenos que se arrendaba estaban eriales y ni siquiera poblados de ganado.1080 Varios de los señores naturales estaban en serios aprietos, endeudados y sin ingresos importantes. En algunos casos, el arrendatario era el acreedor. El cacique de Huehuetán, por ejemplo, emprestó en los años 1720, 300 pesos por tres años a un tal Juan Gómez de Abrego. Este le impuso una tasa de interés del 10 por ciento y le arranco la concesión de poder pastar sus ganados en las tierras del señor mientras este no pagaba.1081 Otras veces, el arrendatario tenía que versar la renta directamente con el acreedor del propietario. Así se establecía en el contrato entre los caciques de San Andrés y Gómez de Espinoza que se entregaría los 265 pesos a que ascendía la renta anual del bachiller Lorenzo de Mendoza y Mauleón, cura de Santiago y hombre de confianza de algunos vecinos de la capital y de Puebla a quienes aquellos debían un total de 1´600 pesos.1082

Podemos conjeturar que la debilidad de los caciques, ilustrada con deudas, les impedía el pleno aprovechamiento de la propiedad. En efecto, sabemos que los contratos entre los caciques y sus grandes arrendatarios estipulaban plazos muy extensos de 9 años.1083 Sospechamos que también las rentas que se pagaban a los caciques eran relativamente bajas- que partían de una evaluación mínima del valor de las tierras- y que cualquier aumento implicaba graves conflictos. Veamos un caso concreto. El capitán José Sánchez de la Peña, vecino de la Puebla, arrendó en 1709 varios sitios de cacicazgo de Jamiltepec, comprometiéndose a pagar una renta anual de 50 pesos. El contrato se renovaba periódicamente entre los sucesores de ambas partes sin que se alteraran condiciones, una ultima vez en 1749. En 1758, el cacique Manual de Chávez trató de aumentar las rentas hasta los 60 pesos. Sin embargo, el arrendatario en turno, el angelino Sancho Fernández de Veytia., se negó a aceptar el alza. Chávez le pidió entonces desalojar las tierras. En vez de obedecer, el arrendatario se dirigió a la audiencia clamando la propiedad de los terrenos. La penetración de Fernández de Vetia era en todas luces descabellada y en 1760, la corte confirmo los derechos del cacique. Con todo y este apoyo, el cacique acordó el mantenimiento de la renta de 50 pesos. Además accedió a una baja de 15 pesos por haber cedido una parte del terreno a otro arrendatario.1084El litigio entre Fernández de Veytia y el cacique de Jamiltepec es significativo. Arrenda tierras implicaba el efecto el peligro de la usurpación. La mayoría de los cacicazgos enfrentaban en un momento u otro esta situación. En particular los mariscales de Castilla y sus arrendatarios eran muy dados a arrojarse derechos que nos les competían. A fines del siglo XVIII pleiteaban con los titulares de Huehuetán y Ometepec.1085 Mientras estos litigios se eternizaban en la Mar del Sur, los señores de San Andrés capitulaban desde 1723 ante las

1080 Así los caciques de San Andrés en 1668 (AGN, Hospital de Jesús 121, exp. 10) y Cristóbal Benito Cortes de Sochistlahuaca en 1741 (AGN, mercedes 73, f. 161v).

1081 AGN, Tierras 3668, exp. 2.

1082 AGN, Hospital de Jesús 121, exp, 10.

1083 Véase ejemplo en AGN, Cicil 212, exp. 3: AGN, tierras 868, exp. 3.

1084 AGN, tierras 868, exp. 3.

1085 AGN, Tierras 472m exp. 2: AGN, Tierras 1875, exp. 1: AGEO, Alcaldías Mayores leg. 2. exp. 33

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presiones de los Gómez de Espinoza cediéndoles todos sus derechos sobre Otapan y Elvira. Es posible, pero no seguro, de que hubo por lo menos una pequeña recompensa.1086

El abandono de la agricultura entorno a 1600 no implicaba necesariamente la renuncia a una explotación propia. En efecto, podríamos pensar que los caciques se convertían entonces en ganaderos. Ahora bien parece que no todos adaptaban esta estrategia. Aunque disponemos de una información bastante destallada de los cacicazgos de Pinotepa y Huehuetán no descubrimos indicios de este sentido. Francisco Vargas, cacique de Huehuetán, por ejemplo, tenía nada más siete yeguas cuando murió en 1740.1087 Conjeturamos que estos señores- y también sus colegas de Omatepec y Jamiltepec- renunciaban al establecimiento de una reserva ganadera al presentárseles la oportunidad de sustituir las rentas tradicionales por el arrendamiento de tierras. Los caciques de Tutulepec establecieron a fines del siglo XVI una estancia en los bajos de Tustla. Empero pronto empezaron a arrendarla y en 1685 buscaron venderla.1088

De ser cierta nuestra hipótesis sobre el arrendamiento tardío del patrimonio de los señores de Sochistlahuaca y Jicayan, no todos podían aplicar esta estrategia. ¿Cómo valorizaban ellos su propiedad después de la perdida de las prestaciones tributarias? Puede que la dejaban sin uso e invertían sus ahorros en la usura; pueden que arrendaban parcelas a los indios de los pueblos serranos: ambas prácticas se observaban, como veremos enseguida, entre los nobles de la época. Pero puede también que montaban ranchos ganaderos. Sochistlahua como Jicayan se ubica sobre uno de los caminos que comunican la cuenca de Santa Catarina con el altiplano. Esto implicaba, en los tiempos que corrían, una creciente demanda de animales de carga. ¿Por qué no pensar en este contexto y en la cría de yegüerizo y mular? Sabemos que sus colegas de Los Musgos, asentados como ellos sobre unos de los ejes entre la costa y el centro, impulsaban este tipo de ganadería a mediados del siglo XVIII.1089

Los caciques arrendaban también parcelas pequeñas a arrendatarios modestos: indios y gentes de razón de los pueblos y de las rancherías de la región. En la Motilla, propiedad de los señores de Pinotepa, por ejemplo, sembraban durante la segunda mitad del siglo XVII los indios de Pinotepa del Rey y de Jicaltepec. Se señalaba también que a todos los españoles, mestizos y mulatos avecindados en la cabecera tenían allí sus milpas.1090 En la medida de que muchos caciques carecían de explotaciones propias, la renta no podría cobrarse en trabajos de campo. Los milperos solían pagar, según parece, en productos agropecuarios. Los señores de Huehuetán, por ejemplo, cobraban a los arrendatarios de Juchitán en gallinas y huevos.1091 Se trataba de artículos cuya comercialización no debía de ser fácil en un país donde todos tenían su corra. Pensamos entonces que la función principal de estas rentas era el mantenimiento del cacique y de su casa. En este sentido tampoco descartamos pagos en servicios domésticos, la excepción de este medio. Puede que hubiera uno que otro pequeño ganadero que pagaba en

1086 AGN, Hospital de Jesús 121, exp. 10.

1087 AGN, Tierras 3668, exp.2.

1088 AGN, Indios 28, f. Véase también Widmer (1990:164-165).

1089 AGN, Indios 16, f, 36.

1090 AGN, Tierras 1875, exp. 3.

1091 AGN, Tierras 472,exp.2.

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reales, puede también que la renta de explotaciones especiales como las salinas de Alotengo, propiedad de los señores de Pinotepa, se pagaba de esta manera.1092 La creciente necesidad de los pueblos de tener acceso a las tierras caciquiles puede haber propiciado un reacercamiento entre aquellos y sus señores naturales: así se explicaría, por ejemplo, por que Maria Salmerón llegaba a ser gobernadora de Pinotepa del Rey a pesar de los enfrentamientos del último cuarto del siglo XVI. Puede entonces que algunos de los caciques disponían de cierta libertad de maniobra frente a los pequeños arrendatarios, por lo menos en cuanto estos eran indios. Sin embargo, no por eso estaban los indios indefensos. A través de la republica podían aliarse con el alcalde mayor y proceder juntos contra el señorío. Así sucedió, por ejemplo, a mediados del siglo XVIII cuando los indios de Igualapa querían desposeer al cacique de Huehuetán. El apoyo del justicia a los revoltosos era evidente. Con todo, el señorío logró salvar sus derechos.1093

LA RENTA USURARIA DE LOS PUEBLOS INDIOS

El campesino producía excedentes para el mercado en primer lugar para pagar los impuestos. Hasta el tercer cuarto del siglo XVIII, los recaudadores solían ser también los principales compradores. Alcaldes mayores, curas, arrendatarios de diezmos y alcabalas doblaban, como es bien sabido, su función publica con la del comerciante. Por lo general resultara cierto lo que se decía de Juan Francisco Soldevila, titular de los Tuxtlas en los años 1720: que “m|s que juez parecía factor universal”.1094

Los alcaldes mayores no se limitaban a vender al campesino los reales que necesitaban para cumplir con el tributo. A través del repartimiento le anticipaban bienes y reales que se tenían que pagar a la ahora de la cosecha. En los pueblos de indios, la republica citaba a sus hijos para cierto día. En Acayucan, la convocatoria era también obligatoria para la gente de razón residente en ese lugar.1095 Pensamos que en otras partes, en las rancherías exclusivamente pardas de la franja costera de Jicayan o de los distritos de Cosamaloapan y de la Nueva Veracruz, por ejemplo, el papel de mediador recaía en la oficialidad de las milicias. Todos reunidos llegaban el alcalde mayor o el teniente y sus ayudantes con las mercancías. Los justicias de Acayucan distribuían entre los indios de su distrito hacha y machetes; roan, bretañas, gordas, bayetas, paños, huipiles de algodón, nahuas, cintas y sombreros; metates, jabón, aguardiente, canela y otras menudencias. A veces también repartían dinero en efectivo.1096 Sus colegas de Cosamaloapan y

1092 Véase AGN, Tierras 1875, exp. 3, Con respecto a Alotengo.

1093 AGN, Tierras 3668, exp. 2.

1094 AGN, Civil 43, ff. 243-278, art. 50.

1095 Véase AGI, México 600, Informe del obispo de Puebla al Rey, 24/6/1641 y AGI, México 1974, Informe de Miguel del Corral al virrey, 6/4/1793, para el mecanismo del repartimiento. Consideramos que la distinción entre un repartimiento a los particulares y otro común que hace Carmagnani (1988:168) es rebuscada artificiosa. Lo que importa el ala función del intermediario-controlador- frente a sus hijos- que asume el gobierno indio.

1096 AGI, México 1974, Informe de Miguel del Corral al virrey, 6/4/1793.

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de San Andrés habilitaban a los indios y la gente de color con reales.1097 Andrés Antonio Rodríguez, alcalde mayor de Huatulco a mediados del siglo, informaba al virrey que en su distrito se repartían año con año paños, jerguetas, nahuas de algodón, coas, machetes y mulas de partida por 2´500-3´000 pesos así que 3´000 pesos en reales.1098 También en Jicayan se repartían tanto reales como mercancías.1099 Con respecto a Igualapa sólo sabemos de la distribución de mercancías, pero no podemos excluir la intervención del dinero en efectivo.1100

En Acayucan, los bienes a futuro consistían en ixtle, pita, algodón, pero también en reales o “en trabajo personal de los propios individuos, si con esta calidad habían recibido los efecto que distribuyo el alcalde mayor”.1101 Los funcionarios de Cosamaloapan- quizás también sus colegas de los Tuxtlas cobraban aún a inicios del siglo XVIII en vainilla.1102 Posteriormente, este cultivo se perdió en la región y el aromatizante se sustituyo por el algodón.1103 En Huatulco, el cobro se efectuaba en reales- por los efectos- y en grana-por los reales.1104 Los productores de Igualapa pagaban en algodón, los de Jicayan en la fibra o en grana.1105

El repartimiento ha sido objeto de múltiples polémicas. En carácter compulsivo o no del mecanismo, en particular, ha dado lugar a una amplia bibliografía. En los últimos años, Pastor Hamnett han retomado la argumentación de aquellos círculos eclesiásticos que desde el siglo XVIII insistían en que los alcaldes mayores obligaban a los campesinos a comprarles sus mercancías.1106Pietschmann y Carmagnani, en cambio, han sugerido que la aceptación o no de los bienes al futuro que distribuía el funcionario real era, por lo menos en el siglo XVIII, voluntario. El éxito del fenómeno durante la primera mitad del ochocientos reflejaba entonces no la fuerza del alcalde mayor sino los beneficios que este traía a las comunidades rurales.1107

En tanto que crédito, pace Pietschmann y Carmagnani el repartimiento respondía sin duda a las necesidades del campesino. Este campesino se dividía, arriba aludimos ya a este hecho, en ricos y pobres. A los primeros, el repartimiento proporcionaba los reales necesarios para el pago

1097 AGI, México 1974, Informe de Miguel del Corral al virrey, 6/4/1793.

1098 AGN, Subdelegado 34, ff. 111-114v.

1099 AGI, México 1872, González de Mesa, alcalde mayor de Jicayan, al virrey, 1784: AGI, México 1973, Dictamen del conde de Tepa sobre el establecimiento de las intendencias, 1/7/1775.

1100 AGN, Cicil 93, exp. 4.

1101 AGI, México 1974, Informe de Miguel del Corral al virrey 6/4/1793.

1102 AGI, Indif. 107, I, ff. 187-188.

1103 AGI, México 1974, Informe de Miguel del Corral al virrey 6/4/1793.

1104 AGN, subdelegados 34, ff.111-114v.

1105 AGN, Civil 93, exp. 4:AGI, México 2374, Pedro Alonso de All al consejo de Indias, 1784.

1106 Hamnett (1976:113-142) y Pastor (1987:264-276). El documento dieciochesco más claro en este sentido es un anónimo dirigido al obispo de Oaxaca, con fecha 19/8/1777, y que se encuentre en AGN México 1872.

1107 Carmagnani (1988: 163-174); Pietschmann (1988: 78-79).

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puntual del tributo y la remuneración de los jornaleros que le trabajaban sus tierras, les aseguraba el subministro de los aperos más imprescindibles como el hacha y el machete y les permitía conseguir telas finas con que satisfacer su orgullo de clase y distinguirse del resto del común. Como fiadores de los menos acaudalados podían transferir el cargo usurario y adquirir fuerza de trabajo temporal a buen precio para sus explotaciones. Para los pobres, aceptar el repartimiento era una manera de garantizar su reproducción como campesinos: una manera de sobrevivir, pero no de lucrar.

Ahora bien, y aquí radica la problemática de la visión economicista de Pietschmann y Carmagnani, el repartimiento no era un crédito cualquiera sino una forma de usura: el repartidor no se concebía como servidor del productor, sino como su explotador. La finalidad del repartimiento era la conservación del campesinado- y principalmente del campesinado organizado en comunidades- como forma de organización del trabajo rural: pero no porque así les convenía a las masas sino porque así les convenía a sus explotadores. Hagamos entonces caso omiso de la recomendación de Carmagnani y Pietschmann que quisieran desterrar el concepto de explotación del análisis histórico.1108 El repartimiento nacía en última instancia de la voluntad del alcalde mayor-y de sus aviadores- de ampliar sus ingresos, de enriquecerse a expensas de terceros. Como hombre de negocios entendía seguramente minimizar el riesgo de perder. Podemos afirmar sin mucho riesgo de equivocarnos que la cantidad de los bienes repartidos guardaban alguna proporción con la capacidad productiva de las diferentes explotaciones y que se exigían ciertas garantías.1109

Lógicamente, el alcalde mayor quería explotar al máximo estas capacidades saturando las unidades con préstamos: el repartimiento que se hacia decía en 1752 Andrés Antonio Rodrigues Moreno, alcalde mayor de Huatulco, “para no tener ociosos a los indios”.1110 Por razones que discutiremos más adelante el campesino no quería con toda seguridad admitir más préstamos de los que eran necesarios para la reproducción de su unidad. En virtudes de sus poderes políticos y jurídicos, el funcionario real podía imponerse con su concepto.

El crédito rural tenía diferentes funciones en las sociedades del siglo XVIII. Tratamos de ubicar el repartimiento en el contexto internacional de la época para captar lo mejor. En Cataluña existía un crédito barato y a tasas fijas para las masas. Este crédito estaba destinado a facilitar del

1108 Pietschmann (1988:79) en referencia a una publicación anterior de Carmagnani, propone un análisis “desde una perspectiva económica regional” y no “bajo la perspectiva social de la explotación del indio”.

1109 Muy verosímil resulta, de hecho, un comentario de Antonio de Mora y Peysal, intendente de Oaxaca en los años de 1790 y declarado enemigo del mecanismo. “Al pobre lo habilitaban escasamente, señalaba un informe al virrey, abandonándolo uno de proporciones; y a este le precisaban a que contrajese dependencias de consideración. El indio de conducta (o sea el acomodado) con lo que recibía, aplicado incesantemente a su trabajo, solía adquirir con que satisfacer sus obligaciones y producir grandes utilidades al juez territorial; los que no tenían tanto o experimentaban desgracias en sus cosechas y ocupaciones, cuando llegaba la cobranza, sufrían con sus familias indecibles incomodidades: los despojaban de sus bienes, y si estos no cubrían sus debitos o sus fiadores no podían corresponder a la fianza que habían otorgado, eran vendidos a las haciendas- donde con su trabajo personal, lentamente y con muchas molestias, iban satisfaciendo a los amos las cantidades que por ellos habían adelantado y existían como esclavos, contrayendo cada día nuevos empleos”. AGI, México 1974, Informe de Mora y Peysal al virrey, 12/4/1790.

1110 AGN, subdelegados 34, ff. 111-114v.

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desarrollo de la producción de las unidades campesinas: un desarrollo que se absorbía por las clases dominantes a través de la renta propietaria.1111 En el reino de Nápoles se practicaban los contrati alla voce. Estos contratos se parecían en principio mucho al repartimiento: se trataba de preventas de la cosecha por el campesino, preventas que le excluían del mercado y dejaban el fruto de su trabajo en manos del comerciante. Sin embargo, aquí radica la diferencia con el repartimiento, los contrati alla voce servían tanto para explotar al campesino como para expropiarle las tierras: para preparar el arribo del capital al campo.1112 El repartimiento novohispano era una forma de usura, una relación de producción, pero para descampesinar a las masas rurales sino para perpetuarlas en su miseria. Su única función consistía en absorber, por lo menos en las comunidades de los indios, “todo la plusvalía con la sola excepción de la parte que corresponde al estado”.1113

Muchos alcaldes mayores manejaban además del repartimiento un número variable de tiendas establecidas en las cabeceras más importantes de distrito. 1114 También las tiendas vendían a crédito y cobraban en fruto o en dinero en efectivo a la hora de la cosecha. Los artículos que se vendían en los establecimientos fijos eran iguales a los que se distribuían en el repartimiento.1115 En algunos casos existía un reparto de tareas entre los dos circuitos. Los justicias de Cosamaloapan, por ejemplo, adelantaban dinero a través del repartimiento, mercancías por medio de las tiendas.1116

El beneficio que dejaba una alcaldía mayor podía ser de consideración. Datos oficiales de 1718 atribuyen a Jicayan, en distrito más pingüe de las costas, una renta anual de 7´500 pesos. San Andrés, casi al final de la lista, siempre figura con 1´000 pesos.1117 Pasado 1750, estos datos eran más que superados: recordamos una vez más el caso de Gaspar de Morales, titular de Jicayan entorno a 1770, de quien se decía que había terminado su quinquenio con una ganancia de 302´000 pesos.1118 Señalamos a titulo de comparación que el presupuesto anual que ejercía la ciudad de Veracruz por eso entonces era del orden de 20´000 pesos.

El alcalde mayor no era el único negociante en su distrito. Sabemos, por ejemplo, que el algodón de Cosamaloapan se comercializaba durante la primera mitad del siglo XVIII por los españoles avecindados en la cabecera del distrito y mercaderes foráneos.1119 En Huatulco, el alcalde mayor

1111 Congost (1990:97-101).

1112 Villari (1977:32-39). Sobre el papel de la usura el la descampesinación, véase Marx (1991:555-570) y el comentario de Congost (1990:103-105).

1113 Marx (1992:III, 556-557).

1114 Véanse los casos de San Andrés en AGN, civil 43, ff. 244-278, Cosamaloapan, en AGI, México 1974, Informe de Miguel del Corral al virrey, 6/4/ 1974, e Igualapa en AGN, civil 93, exp. 4.

1115 AGI, México 1974, Informe de Miguel del Corral al virrey. Véase también Carmagnani (1988:160-163).

1116 AGI, México 1974, Informe de Miguel del Corral al virrey,6/4/1793.

1117 Hamnett (1973:39), en base a AGI, México 635, relación de los empleos, 17/11/1719.

1118 AGI, México 1872, Anónimo al obispo de Oaxaca, 19/8/1777.

1119 AGI, Indif. Gral, 107, I, ff. 267-280.

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adelantaba a los indios reales para que estos pudieran aprovechar el tiente de caracol, haciendo teñir los hilos de color morado. La venta del producto, empero, se hacia a comerciantes particulares y el adelanto se devolvía en reales.1120 Propietarios de tiendas o viandantes, también los comerciantes particulares recurrían, como dejan entrever los inventarios post mortem de los pulperos tlacotalpeños, al endeudamiento del pequeño productor con tal de aumentar sus ganancias.1121 Aunque el repartimiento era, según parece, desconocido en el distrito de la Nueva Veracruz, los campesinos no escapaban de las garras de los prestamistas.1122

Ahora bien, en virtud de los poderes político- jurídicos, el alcalde mayor controlaba los intercambios en su distrito siempre y cuando conseguía los fondos necesarios para sus actividades independientemente del comercio regional. En una economía en que el endeudamiento del productor directo era unos de los pilares de la circulación, el mercader dependía estrechamente de los justicia para recuperar los préstamos. Si el funcionario se mostraba indiferente o has alentaba a los deudores a no pagar, el comerciante estaba perdido.1123 Otro medio de control era la corrupción en torno al cobro de la alcabala. Era muy común que los comerciantes defraudaran a la real hacienda del pago del derecho. El alcalde mayor tenía prohibido intervenir en el cobre de la alcabala; pero, conocedor de los intercambios en su distrito, podía denunciar al tejemaneje. Así sucedió en San Andrés al inicio del siglo XVIII. En 1716 entre en la cabecera el nuevo justicia, José de Toca y Herrera, vecino de la ciudad de México. El comercio local, encabezado por Juan Francisco de Soldevila veía con malos ojos al intruso y le negaba la colaboración. El encono de Soldevila y sus amigos llego a tanto que, aprovechando la intranquilidad de los indios, instigaron a la republica de San Andrés a levantarse contra el justicia. Toca se vengo, informando al real hacienda que los 50 pesos que devengaba la alcabala anualmente no correspondía por nada a valor real del derecho, ya que tan solo Soldevila tenía un volumen anual de negocios superior a los 3´000 pesos. Alterado, el comercio local ofrecía entonces arrendar al alcabala por 180 pesos anualmente. Pero, y podemos conjetura también aquí la mano invisible de Toca, Real hacienda rechazó la propuesta y remato al alcabala en 400 pesos a un foráneo: un hecho que repercutió desde luego en una mayor presión fiscal.1124

La posición del alcalde mayor en su distrito era fuerte, pero no invulnerable. Desde el surgimiento del repartimiento a fines del siglo XVI, la corona había promulgado cédulas que prohibían este especie de comercio oficial.1125 Ahora bien: lo que estaba prohibido no podía imponerse. Por simple lógica, los alcaldes mayores no registraban su comercio ante el administrador de alcabalas de su distrito.1126 La ilegalidad y el carácter fraudulento del

1120 AGN, Subdelegados 34, ff. 111-114v.

1121 Con respecto al comercio de los españoles avecindados en las cabeceras rurales, véase también Pastor (1987:290-307).

1122 Con respecto al repartimiento en Veracruz, véase AGN, subdelegados 34, f. 286.

1123 Véase infra, cap. 13. , para ejemplos.

1124 AGN, Civil 244-278; no 3.

1125 AGI, México 600, el obispo de Puebla al virrey, 24/6/1641.

1126 AGI, México 600, el obispo de Puebla al virrey, 24/6/1641. Véase también Pastor (1987:154).

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repartimiento hacían que también el justicia dependieran de la buena voluntad, a saber: de la corruptibilidad de sus súbditos. Retomamos el caso de José de Toca. Al terminar su mandato en 1721, se le sometió como a todo funcionario real, aun juicio de residencia. El sucesor, que no era otro de Soldevila, animó a los indios a denunciar supuestas vejaciones de su enemigo, y muy particularmente los repartimientos. Los conjurados consiguieron en efecto que Toca fuese arrestado, primero en San Andrés, luego en México. Más la historia no terminó allí. Gracias a sus amistades en Veracruz y en la capital, Toca recuperó pronto su libertad al expirar el mandato de Soldevila este fue acusado por los files de Toca por haber estancado todas las mercaderías en dos tiendas de Santiago y otras cuatro en San Andrés. Las acusaciones entre los dos bandos eran tan prolijas y enredadas que la audiencia de México deliberaba a un en 1734 sobre el caso.1127

Por lo general, el alcalde mayor y el resto de los comerciantes habrán encontrado un modus vivendi: formaban lo que Pastor ha llamado “una mafia”.1128 La legalización del repartimiento en 1751 no habrá cambiado esta situación: contra lo que esperaban los golillas de Madrid que había promovido el cambio por razones fiscales, los alcaldes mayores seguían desarrollando la mayor parte de sus actividades de una manera clandestina, esquivando de tal manera el pago de la alcabala.1129 Las razones de un reacomodo real de fuerzas que se percibe pasado 1750 tendrán que buscarse en otra dirección.

LA ECONOMÍA DE LOS CAMPESINOS RICOS.

Aludimos ya varias veces a la diferenciación social en el seno de las comunidades. En muchos pueblos costeños encontramos entorno a 1700 a indios ganaderos. Tener algunas cabezas de vacuno, caballar o mular eran sin duda un signo de riqueza en un mundo en que las masas Vivian, como veremos, de la labranza de algunas milpas, de la producción artesanal y de la venta de su fuerza de trabajo. Podríamos pensar que el desarrollo de este grupo de ganaderos indios dependía de la existencia de pastos comunales. Había en efecto ganaderos que recurrían a estas tierras. Mateo de Santiago gobernador de Juquila a mediados del siglo XVII, por ejemplo, tenía un rancho con más de 300 cabezas de yegüerizo y caballar en las tierras de la comunidad.1130 Sin embargo, mucha veces los enriquecidos adaptaban otras soluciones. Tlacotalpan, unos de los pueblos donde el fenómeno del indio ganadero era particularmente acusado, carecía de montes propios. Los propietarios de los hastos de vacuno arrendaban entonces al dueño de El Zapotal de los pastos precisos. 1131 En Huamelula, el común tenia, según parece, extensos terrenos propios. Sin embargo, los ganaderos operaban sobre tierras de su propiedad fuera de los términos del pueblo.1132 Los tiempos eran propicios para ambas formas de acceso a la tierra. Por una parte

1127 AGN, Civil 43, ff. 244-278.

1128 Pastor (1987:264).

1129 Véase Hamnett (1976: 29-47). Con respecto a la legislación sobre el repartimiento de los siglos XVII y XVIII

1130 AGN, Indios 18, f. 497.

1131 AGN, Tierras 1867, exp. 4.

1132 AGN Tierras 192, exp. 7.

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sabemos que la renta propietaria se mantenía estable y no era aplastante. Por otra parte consta que las sacudidas demográficas del último cuarto del seiscientos dejaba espacios vacíos que se podían ocupar si se disponía de unos ahorros mínimos y si la competencia española era débil: condiciones que se daban, como vimos, en el área chontal de Huatulco.

Muchos de los ganaderos indios aprovechaban la cría para explotar una unidad agrícola. Juan de la Portilla, indio natural de Tlacoachistlahuaca, informa en 1651 “que el tiene en ella (su comunidad) su rancho y en el sus huertas donde trae 300 vacas y veinte bueyes de cuyo esquilmo de sustenta y su mujer e hijos y paga los reales tributos”.1133 La disponibilidad de ganado podía aumentar el rendimiento de la tierra. En esta época en que el acceso de la tierra no era tan difícil habrá sido más importante tener ganado, tener yuntas de bueyes, permitió aumentar rendimiento de las hornadas del trabajo: con menos jornales conseguía trabajar más tierras.

También encontramos ganaderos-mercaderes. Sebastián Fabián, indio natural de Igualapa, señalaba en 1684 que trataba en todos los pueblos de la Nueva España- probablemente una exageración- y que para eso tenia dos mulas aparejadas, “veinte yeguas con su caballar y burro padre y veinte vacas con sus toros padres”.1134José de Zarate, cacique (apócrifo) de Juquila, heredó en 1684 a su viuda “un rancho con cantidad de 100 vacas y otras tanta yeguas, un burro y doce mulas de carga con las cuales tata y contrata a todos los géneros y semillas que le son permitidos”.1135

José de la Cruz, indio natural se Sochitonala, combina la cría con la agricultura y el intermediarismo. Como el mismo informante en 1685 empleaba a cuatro mozos arrieros para sus doce mulas y a “un vaquero con su caballo” para cuidar de su rancho que consistía en 12 vacas con su toro, yeguas, burros y mular.1136 Todo un hombre de negocios era, en fin, Melchor Baltasar, natural del Omatepec. En 1664 informaba que “tiene por costumbre asentada andar en cualquier cabalgadura con silla, freno y espuelas y trae dos mulas de recua con que trajina y contrata por todos los pueblos de esta Nueva España… y trae dos mozos arrieros que andaban en todo genero de cabalgaduras ensilladas y enfrenadas”. Adem|s reclamaba la propiedad de 20 vacas de vientre, 2 toros, 20 yeguas, y un caballo. También decía que “por beneficios de sus tierras tiene asimismo seis yuntas de bueyes con todos sus adherentes e aperos necesarios” encerrados en corrales y al cuidado de dos mozos. Pero aun no terminaba la lista de los negocios de Baltasar ya que también “tiene por trata hacer pan en su casa que vende para cuyo beneficio tiene horno y amasizo y los dem|s adherencias necesarias”. 1137

Todos estos indios enriquecidos necesitaban conseguir mano de obra, poca en verdad. Las mismas comunidades constituían para ellos el reservorio natural de fuerza de trabajo. En este sentido debían de estar interesados por un lado de la multiplicación de indios sin tierras-o sin

1133 AGN, Indios 16, f. 87v.

1134 AGN, Indios 28, f.8.

1135 AGN, Indios 28, ff. 131v. 132

1136 AGN, Indios 28, f. 177.

1137 AGN, Indios 19, ff. 370. 370v.

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tierras suficientes para garantizar la subsistencia- y por el otro en el mantenimiento de los lazos comunitarios.

Hablamos de indios mercaderes. ¿Cómo se interesaban estos comerciantes en la redes del comercio novohispano? Los únicos productos campesinos cuya comercialización interesaba al español acaudalado eran, en el siglo XVIII, ganado, vainilla, ixtle, algodón y grana. Sin embargo, la gama de productos rurales que se intercambiaban en la época era mucho más amplia.

Carmagnani y Pastor han demostrado la existencia de un sistema de intercambios que ellos indio en los pueblos del obispado de Oaxaca.1138 ¿Por qué estos reductos indios en la circulación? Para Carmagnani se trata de un signo de la fuerza de las comunidades.1139 Otra es, empero, la explicación que nos da un experto en la cuestión, el ya citado Andrés Antonio Rodríguez. Lo que se deja a los indios son productos de poco valor y de mucho volumen. De allí que los comerciantes indios “las mas veces apenas avanzan el equivalente valor de los fletas y siendo este regular constante, ningún español ni menos el alcalde mayor del partido podría pretender ingreso”.1140 Además, no por renunciar a la comercialización los españoles quedaban excluidos de las escasas ganancias que dejaba este negocio. A través de créditos e impuestos, funcionarios reales y comerciantes particulares desnataban- y condicionaban- también esta esfera de la local, el alcalde mayor cobraba sus derechos. Así sabemos que el alcalde mayor de Acapulco cobraba cada año 15 pesos a los indios de la comunidad de Xalapa por el permiso de vender sus excedentes al puerto.1141

Ahora bien, el comercio indio no tenía en todas partes las mismas posibilidades de expansión. Durante el tercer cuarto del siglo XVII, un gran número de tratantes indios de Igualapa y Jicayan dirigían solicitudes al virrey en que pedían que se les amparara contra la arbitrariedad de los justicias.1142 Es muy probable que las luchas que se vislumbran detrás de los documentos se vinculaban con el establecimiento del monopolio de los alcaldes mayores y su mafia sobre la comercializaron de la grana. El monopolio granero de los justicias explicaba seguramente también porque en el distrito de Jicayan no existían tianguis hasta los años 1780.1143 Quizás, Jicayan no era el único distrito que carecía de tianguis durante una buena parte del siglo XVII: otras jurisdicciones graneras como Nexapa compartir esta situación.1144 La grana era una mercancía tan codiciada que los funcionarios querían excluir cualquier riesgo.

El mundo de los ranchos- y el de la gente de razón asentada en los pueblos de indios- está mucho menos documentado para este periodo que el de las comunidades. Será hasta el último cuarto del siglo XVIII cuando los rancheros se dejan captar y estudiar a través de las fuentes. Más

1138 Carmagnani (1988: 144-158) ; Pastor (1987:276-280).

1139 Carmagnani (1988: 144-158).

1140 AGN, Subdelegados 34, ff. 11-114v.

1141 AGN, Tierras 1910, exp. 2.

1142 AGN, Indios 12:2, 187v; 14, f. 58v; 19, f. 370; 20, f. 185; 28 ff. 8v. 131v. 132. 177.

1143 AGN, General de Parte 61, s/f.

1144 Carmagnani (1988:153). A pesar de esta dato, el autor supone, al igual que Pastor (1987:979-280) que todos los distritos tenían en todo tiempo sus tianguis.

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adelante veremos que en aquel entonces, las diferencias entre rancheros ricos y rancheros pobres eran considerables. Esta situación se venía conformando con toda seguridad desde el origen mismo de los asentamientos: no todos llegaban en las mismas condiciones a las costas, no todos cultivaban tierras de igual calidad, no todos gozaban de la misma confianza de los poderosos, hacendados y alcaldes mayores. La prosperidad relativa de algunos de los rancheros se mostraba seguramente no solo en la abundancia de sus cosechas y la propiedad de algún hatito de ganado si no también en el acaparamiento de la comercialización de aquellos excedentes que no se controlaban directamente por los españoles.

El análisis de los intercambios no sometidos al control directo de los españoles resulta difícil. Sólo podemos plantear algunos problemas. El secreto de estas esferas de la circulación no podía ser otro que la necesidad de unos y la avaricia de otros. Pastor ha demostrado que el sistema del endeudamiento existía también en el seno de las comunidades: los principales acaudalados de la Mixteca alta muy pocos de distinguían de hecho de los alcaldes mayores en sus practicas de prestamistas y repartidores.1145 Añadiendo su cuota a la del justicia o supliéndola obligaban al pequeño campesino a producir excedentes y entregárselos bajo las condiciones que ellos dictaban. Para eso podían usar no sólo sus propios caudales si no también los bienes de la economía pública: los reales de las cajas de comunidad y, a veces, de los ahorros de las cofradías. 1146

Ahora bien, aún en el insólito caso en que el pequeño productor lograba salvar un excedente de los prestamistas y llevarlo el mismo a un mercado cercano, los que nunca perdían se las habían arreglado para evitar que se llevara una ganancia excesiva. En la entrada al mercado le esperaban los regatones, los famosos revendedores que el ofrecían comprarle toda su mercancía. Cansado de la caminata, seducido por los reales el mano del regatón, ansioso de emprender el regreso, el campesino cedía fácilmente.1147 Ahora bien, imaginemos que el campesino, inteligente, se burlaba de los regatones y llegaba hasta la plaza. Allí tenía que enfrentarse a los grandes vendedores y revendedores que estaban menos apurados por conseguir ya fuera reales, ya fuera alguna mercancía y que ofrecían mayores cantidades. Ante la fuerza de la competencia tenia que ceder una y otra vez, aun en el propio mercado desde la posición desventajosa.

Distinguimos entre dos sistemas de intercambios no españoles. Por una parte existía el comercio entre mar y sierra, comercio intrarrural basado en el tianguis. Los indios de Hualtulco vendían sal y pescado seco en el valle de Oaxaca y la sierras de Nejapa y Villa Alta.1148 Los de Jicayan subían a la Mixteca Alta y al valle de Oaxaca para vender sal, camarón seco, azúcar y panela, cacao y chile.1149 Los de Tlapa bajan en busca de algodón y jícaras a los pueblos y las rancherías de Igualapa.1150 Los comuneros de los pueblos de Villa Alta solían sacar algodón y maíz del

1145 Pastor (1987:325).

1146 Dehouve (1988:97-100).

1147 Véase el excedente informe del regidor Porras Madrazo sobre los regatones de Veracruz en AHV 1781, Exp. Sobre la alhóndiga del maíz, 1781.

1148 AGN, Subdelegados 34, ff. 111-114v.

1149 Carmagnani (1988:157); Pastor (1987:277).

1150 Dehouve (1988: 98).

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distrito de Cosamaloapan.1151 Entre las adquisiciones de los costeños destacan tres. Pastor ha sugerido que Domingo de la Cruz, uno de los pulperos indios del distrito de Justlahuaca, pagaba sus compras en la costa en parte con trigo- un cereal que no se cultivaba en las costas.1152 Arriba vimos que había, a mediados del siglo XVII, panaderías en cabeceras como Ometepec: panaderías que producían, por supuesto, para el grupo de españoles avecindados en la cabecera.1153 Los tejidos de algodón era otro artículo de importación. Consta que formaban parte de los intercambios entre la Costa Chica y la Mixteca Alta.1154 Es probable que también Villa Alta, centro textil por antonomasia, pagaba una parte de sus adquisiciones con dichos tejidos. Ahora bien, sabemos que la producción de mantas era parte integrante de la economía campesina de la Costa Chica.1155 ¿Por qué esta doblación de la producción local con la importación? Podemos suponer que aquella era deficiente, ya fuera en calidad, ya fuera en cantidad. Empero, tampoco podemos destacar que los comerciantes indios obligaban a los comuneros de sus pueblos a tomar estas mantas de importación en pago de sus productos. Ahora bien, no todo era trueque en estas relaciones. Las cofradías de Tlapa, por ejemplo, mandaban a sus diputados y mayordomos a comprar algodón en Igualapa, pagando con reales.1156 Las ventas de excedentes costeños a pueblos serranos era también un medio para procurarse dinero en efectivo. Los intercambios entre mar y sierra reflejan en parte la complementariedad entre los nichos ecológicos. Pero también eran, para los costeños, una manera de adquirir reales.

Un segundo circuito no español era el que se dirigía de los asentamientos rurales a los centros de consumo de la región: el abasto de los no productores con alimentos de primera necesidad. Sólo sabemos de tres o cuatro circuitos de este tipo. Los pueblos de los distritos de Igualapa y Acapulco llevaban maíz, fríjol, verduras y loza a la ciudad de los Santos Reyes.1157 Los rancheros de río Jamapa, pero seguramente también los hortelanos de los extramuros, vendían sus excedentes en el `puerto de Veracruz.1158 El comercio porteño compraba la semillas necesarias para el abasto urbano también de Tlacotalpa y Alvarado.1159 No sabemos quien controlaba el suministro de maíz y fríjol de estas plazas intermediarias; por analogía sugerimos que se trataba de grupos de no españoles. Por cierto, tanto los indios de La Mar del Sur como los rancheros de la del Norte se hacían pagar generalmente en reales.

Entre los indios enriquecidos, ganaderos, agricultores y tratantes, había principales y pretendidos caciques. La importancia del poder político para la acumulación en las comunidades

1151 AGI, Indif. Gral. 107, I, ff. 267-280.

1152 Pastor (1987: 264).

1153 AGN, Indios 19, f. 370.

1154 Carmagnani (1988: 157).

1155 Véase hic infra.

1156 Dehove (1988:98)

1157 AGN, Propios y atributos 10, ff. 225-233; AGN, Tierras, 910, exp. 2; AGN, Indios 10,f .45; AGI, Indif. Gral. 107, ff. 99-164v.

1158 AHV, AC 15/2/1781; AGN, Tierras 776, exp. 4.

1159 AHV, 1762, Representación del gobernador Francisco Crespo Ortiz al virrey, 7/11/1762.

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es indudable. “En el pueblo, … el poder político y jurisdiccional era una fuerza económica”: el comentario de Rodney Milton sobre los pueblos de la Inglaterra medieval se puede aplicar también a las comunidades novohispanas del siglo XVIII.1160 Desde el poder se manipulaban el repartimiento de las tierras y los fondos de la caja de común, desde el poder se acaparaba la fuerza de trabajo existente. Con todo, el poder de los republicanos no era quizás tan absoluto y total como podríamos pensar, por lo menos en los años que estamos abordando aquí. En efecto observamos como muchos de los ganaderos y tratantes indios del siglo XVII eran naturales, es decir macehuales. No descartamos que todos ellos empezaran como clientes de algún poderoso. Se daban entonces compañías comerciantes como las que establecían en 1642 Marcos García y Domingo Pérez, natural y cacique, respectivamente, de Omatepec.1161 Conforme prosperaban, los socios sin títulos de abolengo se iban emancipando y establecían sus propias redes de dependencia. El modelo, difícil de comprobar, por supuesto, nos explicaría también de abolengo en las republicas durante la primera mitad del siglo XVIII.

Los rancheros constituían en comunidades. Sin embargo había estructuras milicianas, eclesiásticas y administrativas. El ranchero no podía aspirar a gobernador, pero si a suboficial, mayordomo de cofradía o caporal. ¿Cómo se vinculaban estas jerarquías con la riqueza? ¿Ascendía uno a caporal porque tenia más ahorros que otros o tenía uno más ahorros porque habían ascendido a caporal? Una vez más lamentamos la falta de fuentes que permitían contestar un problema crucial del mundo costeño.

LA ECONOMÍA CAMPESINA

Los que decidían en la última instancia sobre las estructuras agrarias costeñas eran los dueños de la tierra y de los reales: terratenientes y prestamistas. Ambos impulsaban la formación de unidades de producción familiares. Los terratenientes españoles lograban así crear un reservorio de mano de obra temporal y disminuir ciertos gastos fijos de su propia unidad productiva. Los alcaldes mayores se aseguraban el dominio directo sobre una amplia clientela.

La inmensa mayoría de las explotaciones costeñas eran entonces unidades familiares. Unidades que trabajaban con mano de obra familiar. Caían en esta categoría casi todas las explotaciones de los indios comuneros, pero también a de los arrimados que se iban multiplicando en las haciendas. Desde el punto de vista jurídico estamos tratando de dos fenómenos diferentes: a través del análisis de la renta de la tierra hemos visto que situación legal que se movía el comunero era diferente de la del arrimado. Sin embargo, también hemos visto que las relaciones de reproducción en que se insertaban ambos grupos eran bastante parecidas. Esta semejanza se traducía en una misma organización del trabajo.

A través del ejercicio de sus derechos, terratenientes y prestamistas condicionaban no sólo la repartición de la tierra entre las sendas explotaciones: también controlaban la manera como se trabajaba esta tierra. Sin posibilidades de comercializar directamente y con provecho sus excedentes y dependiente de un crédito caro, la inmensa mayoría de las explotaciones familiares

1160 Milton (1988a:61)

1161 AGN, Indios 14, f. 58v

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era incapaz de generar procesos de acumulación, se hallaba el contrario sumamente descapitalizado. Las técnicas que se usaban en las milpas de los comuneros y de los rancheros se encontraban entonces destacadas a un nivel muy bajo desde la conquista. Disponemos de tres testimonios concisos sobre las condiciones técnicas del desarrollo. Agustín de Laguna, a la sazón titular de la alcaldía mayor de Acayucan, escribe en 1743 que “sin mas beneficio que arrasar un pedazo de monte en la seca y darle fuego después con unos bordones que el vulgo llama espeques, (los indios) van hoyando las tierra y sembrando el maíz: y lo mismo hacen con el fríjol, sin beneficio de ardo ni otra cosa equivalente.”1162 El tenor del uniforme del párroco de San Pedro Amusgos de 1777 es muy parecido: “Las herramientas con que trabajaban los actuales indios para romper la tierra es una coa, una cuarta de largo, de fierro; forma una medida luna por el corte le meten un palo y trabajan a cuerpo bajo con algún más trabajo que en España el azadón. Para rozar lo hacen con unos machetes largos, de tres cuartos con su filo de acero y lo mas correspondiente,… También usaban hachas para cortar madera y hacer milpas, esto es después de cortar, la madera se seca quince veintes días y prendiéndole fuego queda limpia, y al primer aguacero siembran el maíz y de este modo otras sementeras”1163 A mediados del siglo XIX, todo seguía igual. “No hacen uso del arado ni de ninguno de los instrumentos de labranza que se ocupaba en la tierra fría. El machete y el hacha son en general, de lo que se valen para trabajar los montes, una estaca para sembrar los frutos y una tarecua para limpiar y beneficiar la tierra” se decía en un informe sobre los agricultores indios y pardos del distrito de Acapulco.1164

La agricultura de las costas del siglo XVIII era una agricultura de roza y quema, desperdiciadora de tierras. No sabemos ni de abono ni de la rotación de los cultivos. Es cierto que se practicaban algunas combinaciones de cultivos que permitían un aprovechamiento óptimo del suelo, en particular la de maíz, fríjol y chile, sandia o melón. Pero eso eran conquistas prehispánicas.1165 En el ultimo cuarto del siglo XVIII encontramos en la Costa Chica la costumbre de sembrar, según parece en tierra de temporal, primero maíz y luego, antes de la pisca, algodón.1166 El fenómeno, de ser nuevo, puede interpretarse como un adelanto pero también como un efecto de la expansión de la fibra, destinado a ahorrar tierras y trabajo. De cualquier manera, el suelo se agotaba rápidamente con estas técnicas y las milpas tenían que trasladarse cada 3-4 años.1167

Mencionamos la posición desventajosa del pequeño productor en el mercado. Llegamos con eso a uno de los problemas centrales de la histografía sobre el campo del antiguo régimen. Autoconsumo integración en el mercado: estas eran las dos alternativas de pequeño productor. Existe toda una erudita bibliografía en su parcela, otros consideran que el pequeño productor se

1162 AGI, Indif. Gral. 107.

1163 BNE, ms 2450.

1164 Del Toro/liquidano/De la Barrera (1859:411).

1165 Widmer (1990:42-43).

1166 Informe del Párroco de Huasolotitlan de 1783 en BNE, ms 2449.

1167 La principal fuente es el informe de Benito Pérez (1793) sobre la Costa Chica en AGN, Tributos 34, ff. 163-173, en particular ff 167-167v. Estas informaciones se confirman en la De/Toro/Liquidano/De la Barrera (1859:411).

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entregaba con entusiasmo a las seducciones del mercado.1168 Es evidente que ninguna de las dos propuestas, ambas cargadas de una buena porción de dogmatismo, refleja la situación de los indios y pardos de las costas novohispanas. En vista de las estructuras de la propiedad de la tierra y de los compromisos monetarios que comportaba la renta podemos afirmar que la autarquía total era inalcanzable. La inserción total del mercado por su parte no tenía ventaja alguna por la organización unilateral-injusta desde el punto de vista del campesino-de los intercambios. De hecho no sabemos de ninguna explotación familiar que hubiera producido exclusivamente para el mercado. La autosubsistencia constituía indudablemente el ideal del campesino, fatigado de los chanchullos de los mercaderes. Esta tensión entre el ideal y las presiones de la realidad repercutían en un compartimiento a veces contradictorio del pequeño productor costeño: un comportamiento que recuerda en muchos las estrategias del campesino europeo de antiguo redimen.1169 Escuchemos, antes de entrar en el análisis detallado, lo que nos dicen varios caciques, entre ellos Juan Mejía de Rivadaneyra, señor de Tlacamma-Pinotepa, sobre la situación de sus indios a mediados del siglo XVII. En sus pueblos, escriben, “son rarísimos los que tenían caudal o patrimonio y ese es cortísimo. No todos tiene tierras y los que las tiene son algunos pedazos en que lo que cogen de maíz y otra legumbres no alcanza para comer su familia uno o dos meses con que compren para lo restante del año el maíz y frijoles de que se sustentan. Que carne la alcanzan pocos. Sus tratos son cortísimos o ningunos, todos de reducen a ser jornales o trabajar en diferentes ministerios en que es muy poco lo que grangean. Y los que hilan y tejen mantas y otra ropa de la tierra tienen contra si el mercader que los avía, a los alcaldes mayores y doctrineros, las contribuciones para la iglesia, para las fiestas de los pueblos y otros gastos dellas que son continuos, y las obras publicas a que acuden muchos y las pensiones de fabrica y medio real con que les ha de quedar para pagar los reales tributos y servicio real, como ellos y sus familias. Vestirse, curarse en sus enfermedades, casar a sus hijas y tener para las extorsiones que todo genero de gente hace.”1170

La inserción en algún mercado inmobiliario era inevitable para las masas costeñas. El problema no era conseguir tierras sino conseguir tierras buenas. Resulta imposible evaluar la extensión ideal de las explotaciones familiares. Ahora bien, como había que realizar frecuentes traslados de las milpas se requerían terrenos bastante grandes. Además era deseable tener tierras altas y tierras bajas: tierras al amparo de las inundaciones periódicas de ríos y tierras que se anegaban cada año con las crecidas deteniendo hasta más allá de las aguas la quedad en el suelo. ¿A que

1168 Unos, en la línea abierta por Chayanov, sostiene que el campesino es reticente a responder a la solicitación de los mercados y sólo se inserta en la medida en que esto es imprescindible. Para Le Roy Ladurie (1969:354-370), esto es un problema de mentalidad. Para scout (1976:13-26), la supuesta actitud del campesino refleja la busca de la seguridad relativa que ofrece la autosuficiencia frente a las incertidumbres del mercado. Frente a estos planteamientos se ha formado desde Labrousse un grupo que afirma que el campesino responde positivamente a los impulsos del mercado. En un libro que se concibe como contratesis a la obra de Scott, Popkins (1979:1-31) explica que el campesino no trata tanto de proteger su nivel de vida que de elevarlo. No es el safety-first principle de Scott el que determina su estrategia, sino la racionalidas del inversionista que acepta el reto del mercado.

1169 Aymard (1983). La excelente articulo discute la aplicabilidad de los modelos de Chayanov y de Labrousse al campesino francés del siglo XVIII.

1170 AGI, México 600, Carta de Luis Garcés, cacique de Huasolotitlan, y otros al rey. 1/12/1662.

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tanto se acerba la realidad a ese ideal? En las grandes propiedades particulares, las mejores tierras eran por supuesto para el dueño y los grandes arrendatarios que le pagaban la renta en dinero sonante, en las comunidades de indios para los que colaboraban la republica y el crédito. La explotación familiar ocupa entonces las tierras menos fértiles, más alejadas del asentamiento. Esto implica que el mejor milpero tenía que trabajar más que un agricultor acomodado para conseguir la misma cosecha implicaba seguramente que también que estaba más expuesto a las calamidades meteorológicas.

Tener tierras permitía cultivar los básicos y establecer una independencia mínima, las más de las veces muy vulnerable, frente al mercado de granos. Consta que el maíz se sembraba en prácticamente en todos los asentamientos costeños.1171 La misma tendencia al autoabasto se observaba también a nivel de la senda explotaciones. En 1778, la republica de Sochistlahuaca, un pueblo donde vivía hasta mucho más allá exclusivamente comuneros indios señalaba que “cuando se da una demasía el maíz de esta milpa (de común) no encontramos quien la compre”: una información que cada comunero producía en el marco de su economía familiar el maíz que necesitaba.1172 En el mismo sentido-“todos siembran lo necesario para sus trabajas (a saber: su sustento)”- se pronunciaba ocho años después el alcalde mayor del distrito Igualapa.1173

Donde las condiciones ecológicas lo permitían, se hacía dos o más cosechas de maíz: una primera durante las aguas en tierras de temporal, otras-se habla de hasta cuarto cosechas anuales- de las secas de los chaquies, las tierras de riego que acompañaban los ríos en su curso inferior. 1174 Junto con el maíz aparece el fríjol como unos de los cultivos de primera importancia. En tercer lugar seguía, probablemente, el arroz. Para fines de la colonia encontramos en Acapulco, Igualapa-donde se daban según, el subdelegado, cosechas “muy abundantes”-, la región amusga de Jicayan y toda la Cota de Sotavento. Parece, que la semilla aún no había penetrado en el resto de Jicayan y Huatulco. El chile poco se menciona en las fuentes, empero eso se refleja quizás más poco el interés que despertaba entre los españoles que redactaban los informes que su ausencia real del escenario costeño. En fin, había frutas en particular el plátano y la yuca, ambos sustitutos del maíz- y diversas verduras susceptibles de mejorar la dieta familiar.1175

Todas estas cosechas se destinaban primordialmente al autoabasto. Pero todas podían también intercambiarse. A mediados del siglo XVIII, las rancherías inmediatas de Veracruz y los pueblos del distrito de Acapulco parecen haberse especializado en la producción de básicos, en particular

1171 AGN, Historia 578B, f. 85; Murguía y Galardí José M. Estadística del estado libre y soberano de Guajaca, la parte 1826. ff. 70-77: BGEO, Esposición que al tercer gobernador de estado hace en cumplimiento del art. 83 de la constitución particular del mismo a la cuarta legislatura constitucional, a abrir sus segundas sesiones ordinarias el 2/2/1832: estadística del estado libre y soberano de Veracruz. 1831, en: Blázque Domínguez (comp.) (1986:1,59-316.63-120,231-249-251-270). De/Toro/Liquidano/De la Barrera (1859).

1172 AGN, Propios y atributos 10.

1173 AGN, Alhóndigas 15, exp. 4.

1174 Véase los casos de Igualapa en AGN, Alhóndigas 15 exp. 4 y 7: Los Amusgos en BNE, ms 2450, ff. 333-341v; Acayucan en Villaseñor y Sánchez (1746:I, 366-369).

1175 AGI, Indif. Gral. 107, ff. 2109-114:AGN, Tierras 776, exp. 4. Con respecto a Acapulco y la función del plátano y de la yuca, véase también AGN. Intendentes 73, exp. 9

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de frutas y verduras.1176 El resto de los distritos, empero la especialización seguía pautas diferentes como señalamos arriba. Por las razones expuestas, la especialización de cultivos no alimenticios nunca habrá sido total. Sin embargo, podemos preguntar si el énfasis dado al algodón o la grana no era susceptible de amenazar, en un momento dado, el sustento. Si las mejores tierras se dedicaban a la especulación, cualquier incidente climatológico podía amenazar el equilibrio de la economía familiar.

Un segundo eje de la economía campesina era la explotación de los recursos silvestres y acuáticos.1177 Todas las actividades: la caza, la pesca, la tala, la colección, fortalecía la unidad familiar de dos maneras, contribuían doblemente a la preservación de su autonomía. Por otra parte aumentaban la autarquía, por la otra permitían crear excedentes cuya venta procuraba algunos reales. Esta aseveración general requiere, desde luego, de matización. El significado de las diferentes actividades en bosques, ríos y lagunas habrá varia el tiempo y el espacio. Ahora bien, las fuentes no permitían por lo general ir más allá de algunas observaciones generales. Veamos el caso de la pesca. Los costeños sacaban desde antes de la llegada de los españoles róbalos y pámpanos, pero también camarones y tortugas de lagunas y ríos.1178 La doble función de la pesca se documenta a lo largo de la colonia. Los indios de Coyuca, por ejemplo, informan desde 1629 a la audiencia que por mercedes de 1608 y 1618 su republica era titular de una laguna junto a su pueblo. El pescado que usaban de allí servía en parte al sustento, en parte a la venta en el cercano puerto de Acapulco. El producto de las ventas les permitía, como decían, pagar el tributo y mantener el vicario comisionado a su comunidad.1179 Podemos conjeturar que la pesca se Segovia practicando en la laguna. Sin embargo, la mercancía principal de la economía familiar de los filipinos, mulatos e indios que poblaban los llanos de Coyuca a mediados del siglo XVIII ya no era el pescado sino el arroz.1180 En otras partes de la Costa Chica, en los distritos de Huatulco y Jicayan, en cambio, la venta del pescado seguía siendo a lo largo del siglo XVIII unos de los pilares estratégicos de la economía familiar como vimos arriba. En las costas aledañas al puerto de Veracruz, pueblos enteros giraban entorno a la pesca. Al visitar Alvarado en 1609, el obispo de puebla encontraba una veintena de vecinos españoles, “gente pobre, que se sustentaban con la pesca, algunos en la mar, otros en el río. La población de la Villa de Medellín se reducía para ese entonces a algunos pescadores “de nación griega”, casados con negras y mulatas del lugar. En Tlacotalpan, Amatlán y Cosamaloapan, la pesca constituía, junto con la siembra de las milpas y la tala de madera, el eje de la economía de las masas.1181 A mediados del siglo XVIII, los vecinos de Alvarado seguían siendo pescadores: pescadores, por supuesto, que también que sembraban milpas y tenían, si es posible, una que otra cabeza de ganado.1182 En

1176 AGI, Indif. Gral. 107, ff. 109-114: AGN, Tierras 776, exp. 4.

1177 Véase las fuentes citadas en la nota anterior.

1178 Véase Widmer (1990:47-48) para la Costa chica y Relación de Tlacotalpan y su partido en: Acuña (ed.) (1985:II, 279-297) para la Costa de sotavento.

1179 AGN, Indios 10, f, 45; Indios 12, f. 33v.

1180 AGI, Indif, Gral. 107, ff 109-11v: AGN, Indios 10, f. 45.

1181 BNE, ms. 6877, visita pastoral del obispo de Puebla, 1609.

1182 Siemens/Brinckmann (1976:295).

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Boca del Río había surgido desde el siglo XVII otro pueblo de pescadores.1183 En Tlacotalpan y Cosamaloapan, en cambio, las masas se ganaban ahora sus reales por la venta de jornales y de algodón, respectivamente.1184 Esto no implica, desde luego, que hayan abandonado la pesca para el sustento. Sin embargo, la pesca comercial parece ahora en otras manos. ¿Seducción del jornal, presión del prestamista o de aquellos que reclaman la propiedad de ríos y lagunas? Muchos problemas relacionados con las pescas y los virtuales cambios en el transcurso del siglo XVII quedan abiertos.

La pesca no era el único recurso agropecuario que cumplía por lo menos en un momento dado una doble función en la economía familiar. Mencionamos ya la sal de Astata y el ixtle de Acayucan. Podíamos hablar también de la recolección de leña, de la producción de carbón vegetal y de la tala en el monte. Todas estas actividades eran de un importancia capital en Tlacotalpan, Alvarado y en las inmediaciones de Veracruz. Sabemos por ejemplo que los tlacotalpeños Jacomé Mayo y Feliz Nieves, caracterizados como “muy pobres”, solían ir al monte a sacar palos, palos que luego vendían en Veracruz.1185 Sabemos también que un desconocido que murió en un accidente sobre el Papaloapan frente a Tlacotalpan a inicios de diciembre de 1792. La averiguación abierta por el justicia arrojó que se trataba de un soltero, campechano de origen, que se dedicaba a hacer carbón en los médanos de Alvarado. Allí tenía sus trastes y una milpa de frijoles. La canoa en que se accidentaba era alquilada. En el momento de la muerte llevaba 36 pesos en reales y 6 pese en carbón, un sombrero, un pañuelo de hilo, dos camisas de puntivi usadas, unos calzones de listado, un pabellón y un peine de oro: en total unos 60 pesos. De este monto había que deducir deudas por 20 pesos, entre estas 5 pesos por el alquiler de la canoa.1186

En fin hay que mencionar también la vainilla de los bosques de la Costa de Sotavento. La colección del aromatizante prosperaban en Cosamaloapan hasta pasado 1700; allí, los alcaldes mayores dejaban de comercializarlo; quizás porque el algodón se estaba convirtiendo en una alternativa más rentable en la región.1187

En su busca de la autonomía frente al mercado, las unidades familiares desarrollaban también actividades artesanales que permitían utilizar la mano de obra de las mujeres y de los niños. Entre estas actividades destaca la confección de la ropa. Reveladores resultan de hecho los informes que cuatro curas del distrito de Jicayan establecieron en 1777 sobre la vestimenta de su feligresía.1188 El titular de San Pedro de Amusgos señala que las indias “se ponen un huipil que ellas hilan y tejen de algodón… Por naguas se ponen unas telas que ellas tejen de algodón y tiñen sus hilos con división de partes como es grana, añil y varias cáscaras de los árboles que

1183 AGI, Indif. Gral. 108, IV, ff. 123-204v.

1184 Siemens/Brinckmann (1976:296.308).

1185 AHT, leg. 1, exp. 9, Autos principiados en demanda por Maria del rosario de las Nieves contra quien ellos consta, 177.7

1186 AHT, leg. 3, exp. 18, Averiguación sobre la muerte de un desconocido sobre el rió, 1792.

1187 AGI, Indif. Gral. 107, I, ff. 267-280.

1188 BNE, ms 2449, Informate de San Pedro Atoyac, 1777, e Informe de Santa María Huasolotitlan, 1777; BNE,ms 2450, Informe de San Pedro de Amusgos, 1777, y de Jamiltepec, 1777.

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producen tintas firmes que solo ellas conocen: y hecho estos beneficios forman dichas teles de distintos colores y bien repartidos y sin beneficio ninguno de el sastre se la envuelven y con una faja se la afirman en la cintura y les alcanza a m|s de media pierna”. Su colega de San Pedro Atoyac observa que “se ponen los hombres sólo un cotón de manta de algodón y de calzón de lo mismo, y las mujeres un pasaguanque de tela de algodón con que se envuelven y un huipil que les sirve de camisa, y todo hecho por ellas mismas, pues con dichos labores ocupan la mayor parte del tiempo”. En términos parecidos se pronuncian los p|rrocos de Jamilpetec y de Huasolotitlan. El artesano domestico no era, como podríamos pensar, exclusivo de los pueblos indios. También las mulatas de las rancherías de la franja costera tejían mantas para confeccionare los calzones de sus hombres.1189

Muy común era a inicios del siglo XIX la producción de aguardiente por las indias y mulatas de los pueblos de la Costa de Sotavento, principalmente en el distrito de Acayucan, pero también en Cosamaloapan y en los Tuxtlas. Con sólo una olla y un carrito, las campesinas sacaban chinguirito de la caña que labraban y cosechaban los hombres.1190 La destilación domestica permitía evitar la compra de aguardiente español, cargado de impuestos reales. En la medida en que la caña se cultivaba en la zona desde el siglo XVI cuando Cortes la introdujo en los Tuxtlas podemos conjeturar que la producción de chinguirito tenía una larga tradición en la región.

Otra rama artesanal que era bastante general en las costas era la fabricación de loza de barro: una actividad cuya materia prima se hallaba en el lugar y que requería de una inversión mínima.1191 En muchos pueblos además se sabía además de la curtiduría y se producía gamuza con la piel de venado y de jabalí.1192

También la producción artesanal de la economía familiar era ambigua: en primer lugar servía a la satisfacción de las necesidades propias, pero no por eso dejaba de ser, el caso dado, un articula para el mercado. Los indios de Tixtlancingo, por ejemplo, vendían la zona en el puerto de Acapulco. Incluso las prendas se tejían en algunos de los pueblos algodoneros de la Mar del Sur llegaban a comercializarse como se requiere el cura de Huasolotitlan al asignar en el mencionado informe de 1777 a cada una de las piezas su precio.1193 Al reservar las estrategias campesinas hay que estudiar también la ventaja de trabajo. De acuerdo con los caciques Oaxaqueños, la venta de mano de obra de los pilares de la economía familiar de sus indios a mediados del siglo XVII. No cuesta imaginara al pequeño productor que llegaba a la conclusión de que el medio menos pesado y más seguro de ganar los reales que necesitaba era la venta de trabajo. El repartimiento le garantizaba el sustento, pero le obligaba a trabajar tierras marginales y de alto riesgo, sólo para ver como el producto de sus esfuerzos extraordinarios iba a parar a manos del factor universal. La gran demanda de temporaleros en los latifundios y los

1189 AGN, Inquisición 1223, ff, 172-250.

1190 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806 , en Chávez Orozco/Florescano (1967:115-150.131.133.143).

1191 Véase en los casos den Tixtlacingo, en :AGI, Indif, Gral. 107, Villaseñor y Sánchez (1746:I,27-278); Sayultepec, en; Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en : Blázquez Domínguez (comp) (1986:I,59-316.83).

1192BNE, ms 2449, Huasolotitla.

1193 BNE 2449, ff. 284-287.

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ranchos, en cambio, era susceptible de crear condiciones relativamente ventajosas para el trabajador.1194 Ahora bien, hasta mediados del siglo XVIII, el desarrollo de la emigración temporal como solución a los problemas que aquejaban al campesino dependía de los interese del alcalde mayor y de los acuerdos a que llegaban con los hacendados.

Por lo general, los campesinos vendían su mano de obra en las haciendas. Pero había excepciones. Los indios de Tlacotalpan, Amatián y Cosamaloapan se alquilaban desde inicios del siglo XVII a los taladores españoles que trabajaban en sus pueblos.1195 A mediados del siglo XVIII, esta fuente de ingresos seguía siendo fundamental para los tlacotalpeños.1196 También en las cercanías de los puertos, la venta de mano de obra por temporadas ha de haber sido una importante fuente de ingresos para los campesinos. Acapulco seguía siendo, aún a fines del siglo XVIII, un pueblo de campesinos que se convertía en la temporada de la Nao, de diciembre a marzo, en cargadores.1197 Conjeturamos que en las rancherías aledañas a Veracruz se observaban fenómenos parecidos.

1194 Lenín (1981:349-356) manejaba los mismos argumentos en su análisis del campesinio ruso de fines del siglo XIX.

1195 BNE, ms 6877, Visita pastoral del obispo de La Puebla, 1609.

1196 AGI, Indif. Gral. 107, I, ff. 267-280: Siemens/Brinckmann (1976:296).

1197 AGN, Padrones 16, ff. 213-221.

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13. LA OFENSIVA DE LOS COMERCIANTES (1750-1800)

Sugerimos arriba que las cosechas de ciertos productos del campo costeño como el algodón y la grana aumentaban a partir de mediados del siglo XVIII. Sugerimos también que el fenómeno reflejaba el éxito de la ofensiva de los comerciantes. Sabemos que esta ofensiva era general en el reino y que implicaba en algunas regiones, particularmente en el Bajío, profundos cambios en las regiones agrarias: la concentración de las tierras fértiles en pocas manos, el desplazamiento de los milperos a áreas marginales.1198 En la parte ofensiva se puede concebir, aludimos ya esta posibilidad, como respuesta de las clases dominantes del reino de la renovada embestida de los comerciantes europeos. Pero en buena parte, la ofensiva obedecerá a la lógica de la explotación, se habrá desarrollado a raíz del debilitamiento relativo de las explotaciones, a raíz de cambios en el equilibrio de fuerzas extra explotadores y explotados. Sustentamos que estos cambios se vinculaban, por supuesto no exclusivamente, con el crecimiento demográfico.

LA OFENSIVA DE LA PROPIEDAD

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, todos los propietarios, los terratenientes españoles, los caciques e incluso las republicas que disponían de propios de cierta extensión se ponían a afirmar y, seguido, reinterpretar sus derechos. En los arrendamientos, los propietarios intentaban imponer rentas cada vez más elevadas. Al comprar en 1758 la hacienda de Nuestra Señora del Buen Suceso en los llanos de Coyuca, José García, tesorero de la real caja de Acapulco, procedió de inmediato al aumento de las rentas impuestas a los pequeños arrendatarios de San Nicolás.1199 En Los Cortijos, el arrendatario-administrador buscaba desde inicios de los años de 1760 convertir la renta de los pequeños arrendatarios de trabajo en dinero en efectivo. El número de arrimados había crecido tanto, señalaba en un escrito, que le era imposible aprovechar las jornadas que se debían. Así, muchos usufructuaban tierras de la hacienda para sembrar y criar ganado sin pagarle nada. En algunas ocasiones, los cambios se manifestaban no sólo en el aumento de la renta, sino también en la sustitución de los convenios orales por documentos formales. El bachiller Antonio Erauzo, flamante dueño de Buenavista, pidió en 1753 a sus pequeños arrendatarios que le hicieran escritura y que la pagaran en adelante 3 pesos en vez de los 12 reales acostumbrados. La obligación de hacer escritura implicaba un gasto monetario adicional y los milperos la detestaban tanto como la misma renta.1200

La ofensiva de los propietarios amenazaba no sólo a los milperos: también los grandes arrendatarios veían como las condiciones bajo las cuales conseguían las tierras se volvían cada vez más pesadas. También para ellos aumentaba la renta considerablemente. Un terreno bastante amplio del Marquesado del valle se arrendó en 1764 y en 1775 en 100 pesos. En la subasta de 1779, empero, el propietario consiguió una renta anual de 300 pesos.1201 El

1198 Brading (1988:257-296). Tutino (1990:63-67.78)

1199 AGN, Tierras 3624, exp. 9

1200 AGN, Tierras 776, exp.4

1201 AGN, Hospital de Jesús 121, exp. 26

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marquesado concedía aun a inicios del siglo XIX contratos como duración de 7-9 años.1202 Los terratenientes del distrito de la Nueva Veracruz, en cambio, aplicaban desde los años 1780, quizás desde antes, plazos de máximo 5 años: sin embargo, también se documentan contratos por tan sólo 3 años.1203 Mientras los arrendamientos mostraban una tendencia al alza, la reducción de los plazos favorecía claramente a los terratenientes, ya que les permitía alzas más seguidas.

Una segunda forma de aumentar la renta a los arrendatarios era la imposición de condiciones especiales de los contratos. Consta la importancia del fenómeno en los contratos de la época. Nada sabemos, en cambio, de los arreglos orales entre los propietarios y los milperos.

En zonas no colonizadas como los Tuxtlas, los propietarios imponían mejoras. En el contrato establecido en 1779 entre el Marquesado del Valle y Miguel Antonio Mellado, por ejemplo, se decía que “en las lomas agregadas a este arrendamiento se han de hacer las mejoras a beneficio del exmo. Sr. Duque de ranchos, casa, abrir montes para los ganados vacunos y cabalgar, reduciendo a labor de semillas los parages que lo permitían”.1204 En el distrito de la Nueva Veracruz, conquistado- aunque fuera tan sólo para la ganadería- desde tiempo atrás, los propietarios trataban de regular la explotaciones de los recursos existentes, en particular la leña y de la madera. José Cabezas y su heredero, Gregorio José Suárez construyo un horno de cal y ladrillo en el asentamiento. Con tal de evitar que el arrendatario aprovechara la crecida demanda de material de construcción en el cercano puerto de Veracruz e incrementara la explotación del monte, el propietario le prohibió en el arrendamiento de 1782 establecer un segundo horno.1205 En 1791, el mayorazgo arrendó dos hornos y los terrenos para barro y maderas necesarias a los contratistas de la obra del río Jamapa, la construcción de un acueducto entre el río y la ciudad de Veracruz. En la escritura, otorgada por la duración de las obras, pero por máximo 3 años., se determinaba que las materias primas y la producción de los hornos sólo podían ser utilizadas en las obras mencionadas, pero de ninguna manera vendidas a terceros.1206 En fin, en unos de los contratos formados en 1788 por Cristóbal Barragán, dueño de Buenavista, se estipulaba que quedaba prohibido sacar maderas del terrenito por arrendar, a menos que estos se usaran para corrales y posteles de la cocina.1207 A menudo, los contratos del campo jarocho restringían aún más los derechos del arrendatario. Bastante general era una cláusula que determinaba en el caso de que se criaban yeguas, el propietario tenía derecho a un potro por atajo y año.1208 Un caso extremo pero quizás bastante representativo en la escritura que convirtió a Simón Francisco de los Santos en 1788 en arrendatario de Buenavista. El documento le daba derecho a establecer “un rancho que se compone de casa, cocino y de tierra suficiente

1202 AGN, Tierras 1335, exp. 13-14

1203 AGN, Tierras 1174 exp,15; AGN,Tierras 1202, exp.5. Véase también apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967:115.119).

1204 AGN, Hospital de Jesús 121, exp. 26.

1205 AGN, Tierras 1174, exp. 15

1206 AHV, Expediente sobre las obras del río Jamapa

1207 AGN, Tierras 1202, exp.5.

1208 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967:115.119).

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para sembrar una cuartilla de maíz al año”. La renta b|sica era de 6 pesos: 3 pesos para la casa y otro tanto para el sembradío. Ahora bien, si Simón quería sembrar más, tenia que informar al propietario para que este pudiera aumentar la renta: si criaba ganado vacuno tenia que pagar 2 reales por cabeza y por año: si poseía un burro maestro, el propietario tenia derechos a un muleto. En caso de no observar estas prescripciones-a las cuales se añadían aquellas sobre maderas y yeguas-, el arrendamiento podía ser desalojado en cualquier momento por el propietario.1209

La ofensiva de los propietarios afectaba no sólo a sus respectivos arrendatarios sino también a los propietarios en general. Observamos, conforme avanzaba el siglo XVIII, una creciente conflictividad entorno a la explotación de ríos, lagunas, bosques y montes. Parece que durante mucho tiempo, los propietarios precedían de exigir prestaciones a los que pescaban, producían sal o cortaban madera y leña en sus tierras. Los conflictos del setecientos reflejaban la paulatina imposición de pagos para estas actividades.

En cuanto las víctimas eran comuneros, el cambio en las estrategias de los terratenientes implicaba una usurpación, una reinterpretación del derecho vigente. En efecto, la legislación real protegía expresamente el derecho de los indios a explotar salinas y a cortar leñas y maderas de donde fuera, es decir aún en tierras mercedadas, siempre y cuando no se perseguían fines comerciales.1210 Uno de los primeros conflictos significativos es el que surgió pasado 1700 entorno a la explotación de las salinas en los propios del pueblo de Astata. La república el lugar pretendía cerrar el acceso a terceros, obviamente con el fin de aumentar los ingresos de la caja común. La medida amenazaba particularmente a los huamelulenses que dependían de la sal para sus crecidos hatos de vacuno. El motivo del conflicto puede haber sido la mayor saca de sal por parte de de los de Huamelula, quizás vinculado con ventas en el mercado de Oaxaca. Tampoco podemos descartar que la república de Astata necesitara mayores ingresos para sobrevivir después del calamitoso fin de siglo XVII. Sea como sea, en respuesta a la queja de los ganaderos, la audiencia decidió en 1721 que estos podrían seguir explotando las salinas de Astata, pero sólo para garantizar el abasto de sus hatos y pagando un derecho de 12 chiquihuites de sal a la republica propietaria. Esta decisión revocaba evidentemente la reglamentación anterior sobre el derecho del usufructo de las salinas, anteponiéndole un derecho de propiedad absolutizado. El arbitraje real no logró restablecer la calma y el conflicto entre los dos pueblos seguía a lo largo de la década de 1720.1211

El cambio amenazaba no sólo a los indios, sino también a los campesinos de razón. Ignoramos si estos grupos disponían de derechos parecidos a los de los indios. Poco importa: de cualquier manera, españoles, mulatos y mestizos resentían, al igual que los comuneros, la ofensiva. Veamos algunos casos. En Tlacotalpan, más que otras partes, la tala de madera y la carpintería eran actividades de primera orden para el campesinado desde el siglo XVII. Durante el segundo cuarto del siglo XVIII, los campesinados enfrentaban la creciente oposición de los terratenientes de la cuenta a sus actividades en el bosque. Pasado 1740 se notaba un sensible regreso d la tala

1209 AGN, Tierras 1202, exp.5.

1210 Véanse Fonseca/Urrutia (1845:1V, 7-11. 139-140) y Van Young (1981:330-337) con respecto a los derechos de los indios sobre las tierras mercedadas y realengas.

1211 AGN, Tierras 421, exp. 1

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en el pueblo.1212 Medio siglo después, los tlacoltapeños experimentaron también problemas en la explotación en las riveras de los ríos, tierras que pertenecían a la hacienda del Zapotal. Durante siglos habían aprovechado estos sitios para sacar barro y para cultivar sandías sin pagar renta alguna. En un momento dado entorno a 1790, empero, el prior de San Agustín de Veracruz, propietario de la hacienda, les prohibió el acceso a estas tierras.1213 Un caso muy parecido es el de los pescadores de Santa Ana de Boca del Río. Desde el siglo XVII se había ido formando en la desembocadura del río Jamapa el asentamiento de pescadores de Santa Ana de Boca del Río.1214 Sus habitantes tenían una que otra cabeza de ganado vacuno y se dedicaban muy principalmente a la pesca en las cercanas lagunas, en particular la de Mandinga. Las tierras ribereñas de Mandinga pertenecían a la hacienda de El Jato. En 1750 Miguel de Goicoechea, uno de los arrendatarios-administradores de El Jato, invocó este hecho para prohibir a los boqueases el acceso a sus pesquerías.1215

Las nuevas restricciones de los propietarios perjudicaban también a aquellos sectores del comercio español que manejaban sus propias explotaciones sin ser propietarios. Sabemos, por ejemplo, de pleitos entre grandes ganaderos por la explotación de las salinas. Desde 1703, Pedro Isidoro de Lagos, señor de ovejas y propietario de tierras en la cuenca de Santa Catarina, se quejó ante el virrey de que no solo los pueblos de la región, sino también otros colegas suyos aprovechaban la sal de las lagunas comprendidas en sus sitios. El conflicto se prolongaba y seguía con fuerza a mediados del siglo.1216 Por otra parte se sobrentiende que las reivindicaciones de El Zapotal primero sobre la madera, luego sobre las riveras de los ríos, implicaban también mayores costos para los grandes madereros y los dueños de las fábricas de cal y ladrillo de Tlacotalpan.

LA DEFENSA DE LOS NO PROPIETARIOS.

Los no propietarios, pequeños y grandes arrendatarios, trataban de contrarrestar la ofensiva de los propietarios mediante diferentes recursos legales. Seguimos su argumentación a través de las exposiciones que entregaban a la audiencia de México, instancia encargada de dirimir los pleitos en torno a la propiedad. Analicemos primero la lucha de los campesinos. Por una parte observamos como muchos pueblos descubrían que ellos mismos eran o podían ser propietarios. Los pescadores de Boca del Río argumentaban con el derecho natural frente a la ofensiva de El Jato: “ siendo el uso de la mar de derecho natural es común de todos los del mundo, y así cada uno deel puede usar de ello, pescando, navegando y haciendo todo lo demás que le

1212 AGI. Indif. Gral.108,1V.ff.123-204 v. Véase también Villaseñor y Sánchez (1746:1.277-278).

1213 AGN, Clero regular y secular 188, ff.115-137.

1214 La primera referencia a Boca del Río que localizamos se encuentra en AGI, México 1157. Razón de la villas y pueblos de que se compone la jurisdicción de la Nueva Veracruz, 1688. las fuentes se refieren a Boca del Río como pueblo; no obstante, Boca del Río carecía en siglo XVIII de instituciones republicanas y parece más bien una ranchería.

1215 AGN, Tierras 783, exp.1.

1216 AGN, Mercedes 68, f. 22; AGN, Tierras 2885, ff. 189-192.

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pareciere”.1217 Algunos reclamaban la restitución de tierras supuestamente usurpadas en un pasado muy lejano: aludimos arriba a los casos de Tlacotalpan y Medellín. También los indios filipinos de Coyuca seguían este esquema en su pleito con Nuestra Señora del Buen Suceso. Otros argumentaban con su derecho a un fundo. Así sabemos que la republica de Juchiatengo obtuvo en 1762 una real provisión para el justicia de Jicayan en que se ordenaba que entregara la 600 varas previstas por la ley a los indios.1218 En fin., había rancherías que podían constituirse en pueblos con tal de tener derecho a tierras propias. En 1807, más de 60 campesinos de la venta de Jamapan se dirigieron al virrey, señalando que ninguno de ellos poseía un palmo de tierra propia y que todos sufrían bajo “las pensiones exorbitantes” que les exigían los terratenientes de la zona. Sólo si su ranchería se erigía en pueblo dotado de tierras, decían, podían seguir labrando la tierra.1219

Los pequeños arrendatarios argumentaban no solo con sus derechos: también insistían en su utilidad. Ante la envestida del propietario y de sus arrendatarios-administradores, los arrimados de Los Cortijos avisaban que si se les expulsaba de sus tierras por no ceder ante las presiones, no podrían seguir realizando los servicios de guardacostas.1220 También los pequeños arrendatarios de las haciendas del distrito de la Nueva Veracruz rechazaban hacía fines de los años 1760 las pretensiones de los propietarios con el argumento de que en tanto que lanceros no se les podía obligar a pagar renta.1221 Los campesinos que labraban tierras de Buenavista cuando el bachiller Antonio de Eurazo dispuso el aumento de las rentas introducían todavía otro elemento en la discusión. Sin ellos, señalaban, era imposible darles un abasto seguro y barato a la ciudad de Veracruz: a sus habitantes tanto como a las guarniciones y las embarcaciones reales. Aumentarles la renta significaba, según ellos, aumentar el costo de hortalizas y maíz en la urbe.1222

Muy seguido, los campesinos recibían el apoyo de una parte de las clases dominantes locales: alcaldes mayores, propietarios que litigaban derechos con sus vecinos y comerciantes no propietarios. Para los funcionarios reales, la ofensiva de la propiedad representaba una clara amenaza para sus propios negocios como repartidores. Los fuertes intereses de los alcaldes mayores de Igualapa en la comercialización del algodón que se labraba en Los Cortijos explican, como sugería el representante del arrendatario-administrador de la hacienda en una carta al virrey., su defensa de los arrimados. Los caciques de Huehuetán y Ometepec por sus partes reclamaban-supuestos o verdaderos-derechos sobre varias rancherías del latifundio. De esta manera quitaban al terrateniente las bases legales para sus prestaciones y se volvían de facto aliados de los arrimados.1223

1217 AGN, Tierras 738, exp. 1.

1218 AGN, Tierras 1364, exp. 1

1219 AGN, Tierras 1882, exp. 4

1220 AGN, Mercedes 80, ff. 32-34v.

1221 AGN, Tierras 940, exp. 9

1222 AGN, Tierras 776.

1223 AGEO, Alcaldías mayores, leg. 2, exp. 33

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El alza de los arrendamientos perjudicaba también a los grandes productores que carecían de títulos de propiedad y que dependían del arrendamiento de tierras. Encontramos la figura del gran arrendatario de todas partes: sin embargo era en el distrito de Veracruz donde adquirió pronto una gran importancia como enseguida mostramos. A través del ayuntamiento de la ciudad, institución que representaba de facto sus intereses frente a los demás grupos, los comerciantes-productores del puerto empleaban una doble estrategia en su lucha contra los terratenientes.1224 Por una parte trataban de ampliar los ejidos de la ciudad. Para eso, el ayuntamiento retomaba viejos pleitos con el mayorazgo, de Santa Fe por la propiedad de los sitios de Doña Inés y de Juan Sarmiento: terrenos que se habían supuestamente comprado por el gobierno urbano en 1615 y 1715, respectivamente.1225 A fines del siglo XVIII, la ciudad disputaba además un terreno llamado El Reventón al dueño de Buenavista.1226 Empero, los grandes arrendatarios veracruzanos intentaban no sólo adquirir el control directo sobre las tierras que explotaban; seguramente veían también con buenos ojos los intentos del campesino de las rancherías aledañas a la ciudad por dotarse de tierras. En efecto, no se necesitaba mucha mas imaginación para reconocer que para este grupo era mucho más ventajoso ser arrendatario de un republica, fácil de controlar, que de un magnate que a menudo vivía fuera de su área de influencia. Un caso concreto ilustra nuestra sospecha. En 1788, el titular del mayorazgo de Santa Fe pidió a tres de sus grandes arrendatarios, a saber: Gregorio José Suárez, Pedro Moreno y Remigio Fernández, todos miembros del comercio porteño, que le desocuparan sus tierras. Ante la negativa de los tres, el propietario sometió el caso a la audiencia de México y obtuvo el mismo año una provisión en el sentido deseado. En 17689, una real provisión vino a confirmar la decisión de la audiencia.1227 Ahora bien, entretanto culminaban los intentos dirigidos por las autoridades reales del puerto, por dotar la republica de la villa de Medellín con tierras propias. Las tierras que se adjuntaron por decisión de la audiencia a la republica medellinense comprendían-no queda claro si total o parcialmente-a las explotaciones de Suárez, Moreno y Fernández. Desde el mismo día de la entrega formal de las tierras, el 11 de noviembre de 1790, los arrendatarios escribieron a la audiencia que la real provisión del año anterior había perdido su efecto de raíz del cambio en la titularidad de las tierras. Con el nuevo propietario, los arrendatarios se entendían de maravillas. El único problema era que muy pronto, el mayorazgo recuperó sus derechos: con eso, se restableció también la vigencia de la real providencia de 1789 los arrendatarios tuvieron que ceder ante la renovada fuerza de los títulos.1228

1224 Con respecto al papel del ayuntamiento de Veracruz como representantes del gran comercio porteño, véase infra, cap. 15.

1225 AHV 1802, Informe de José Gutiérrez de Cubas, procurador del ayuntamiento de Veracruz, 16/2/1802: AHV AC 14/12/1804 y 7/8/1806: AHV 1811. Exp. Sobre la adquisición de las tierras del mayorazgo de Santa Fe. Véase también Trens (1947:445-446) sobre el problema de los ejidos de Veracruz.

1226 AHV 1802, José Gutiérrez de Cubas al rey, 16/2/1802.

1227 AGN, Tierras 1405, exp. 5

1228 AGN, Tierras 110, exp.4; AGN, Tierras 1185,exp. 9.

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LA ÉPOCA DORADA DE LOS TERRATENIENTES.

Arriba sugerimos que la gran propiedad española se consolidaba durante la segunda mitad del siglo XVIII: los propietarios lograban, al parece, imponer su interacción de los derechos al resto de la sociedad.

Queda fuera de cualquier duda que los ingresos de la propiedad por el arrendamiento de tierras iban en aumento en todas partes. El único caso sobre el cual disponemos de una información detallada es el de los Tuxtlas. En este distrito, los ingresos del marquesado por el concepto de arrendamientos aumentaban de cero en 1706 a 115 pesos en 1771 y 657 pesos en 1801.1229 De una importancia particular era seguramente la multiplicación de los grandes arrendatarios susceptibles de pagar rentas sustanciosas en dinero en efectivo. En el mencionado caso de los Tuxtlas, por ejemplo, cinco arrendatarios aportaban en 1801 más del 40 por ciento del producto total de la renta propietaria. Otro elemento que podía aumentar los ingresos del propietario era mayor control sobre el diezmo recordados los casos de Los Cortijos y de San Marcos. También queremos pensar que la decadencia del poder político, militar económico de los alcaldes fortalecía la posición de los propietarios como usureros de sus arrendatarios: que los latifundistas controlaban ahora en gran medida la comercialización de los excedentes de las unidades campesinas asentadas en sus tierras. Hay indicios de que realmente así sucedió.1230 Revisando la contabilidad de los alcabalatorios de Acayucan y Cosamaloapan comprobamos que los latifundistas sotaventinos figuraban al inicio de la década de 1780 entre los principales vendedores de algodón de sus milperos.1231 También el propietario de San Marcos y arrendatario-administrador de Los Cortijos participaban activamente en la comercialización de la fibra.1232 Respecto a San Marcos sabemos que la habilitación de los pequeños arrendatarios para la producción de algodón, maíz y sal se convertía durante el tercer cuarto del siglo XVIII en uno de los negocios más rediticios del propietario.1233 Sin embargo, en la Mar del Norte ni en la del Sur había monopolios. En Acayucan y sobre todo Cosamaloapan actuaban comerciantes sin títulos de propiedades mientras que en Igualapa, el alcalde mayor seguía recorriendo los bajos durante las cosechas para recuperar sus préstamos.1234

1229 AGN, Hospital de Jesús leg. 298, esp. 81; AGN, tierras 1335 exps. 13-14. Véase también García Martínez (1969:146).

1230 Muy interesante resulta un comentario del alcalde mayor de Zacatula. En un informe de 1792 dirigido al virrey- AGI, México 1974, José Maldonado Leal al virrey, 18/10/1792-, el funcionario escribió: “Desde dicho año de 87 (en que se prohibió el repartimiento de los alcaldes mayores) han resultados varios hacenderos quienes con el espotico (sic) dominio en que se consideran hacen sus repartos con bastante rigor a los que arriendan sus tierras, con la expresión de que les han de paga cierto número de arrobas de algodón de renta y que han de llevar precisamente tanto de efectos de sus tiendas, pero en reales nada les ministran, precisándoles a que les paguen del primer corte de dicho algodón de forma que no les deja arbitrio, pues con el reparte y renta les lleva toda la milpa y quedan endrogados (sic) los m|s de ellos”. La envidia del funcionario es patente.

1231 AGN, AHH, Alcabalas de Cosamaloapan, 1781: AGN, AHH, Alcabalas de Acayucan, 1780.

1232 AGN, Tierras 1213: AGN, General de Parte 62, s.f.

1233 AGN, Tierras 1213

1234 Con respecto a Igualapa, véase AGN, Civil 93, esp. 4.

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Las reservas seguían siendo esencialmente ganaderas. La revisión de las cuentas del diezmo de Chacaltianquis para 1803, por ejemplo, muestran que los propietarios de Uruapan, Guerrero Chiltepec y Nopalapan contribuían con todo sólo en cuanto criaba vacuno, caballar y mular. 1235 También los arrendatarios administradores de Los Cortijos producían exclusivamente ganado.1236 El desarrollo de El Novillero, Toluca y paso de Toro bajo la dirección de los Betlemitas de Veracruz era probablemente más bien un caso excepcional. Los religiosos no sólo poblaban las tierras antes abandonadas con hatos de vacuno que se integraban en 1777 por más de 26´000 cabezas: también establecían curtidoras- en donde trabajaban a mediados de los años 1770 cueros procedentes de diferentes puntos, entre otros Xalapa-y los mayores hornos de cal y ladrillo de toda la región.1237

¿Qué importancia tenían las reservas como fuente de ingresos para los propietarios? Señalamos que la gran propiedad dependía durante mucho tiempo principalmente de los esquilmos de la reserva. Ahora empero, la importancia de esto ingresos disminuía en algunas partes conforme aumentaba el producto de los arrendamientos y de la renta usuraria. De acuerdo con el ayuntamiento de Veracruz muchos de los terratenientes del área dejaban de invertir en la reserva. Así se nos dice que el mayor beneficio de la hacienda de Santa Fe consistía en torno a 1800- y probablemente desde mucho antes- en los arrendamientos que pagaban los colonos.1238 En Buenavista, el producto de la reserva se resumía en ese entonces en unos cuantos tarros de leche.1239 En otras partes, los propietarios seguían casando buen dinero de la venta de reses. Los dueños de las haciendas de Cosamaloapan y Acayucan, señores de miles de cabezas de vacuno, abastecían al puerto de Veracruz.1240 En San Marcos, Palacio y Castillo y sus sucesores impulsaban en los años 1770 activamente la cría de vacuno, aprovechando la mayor demanda de carne en Acapulco y el área de Puebla. En un inventario establecido en 1790 se contaban más de 17´000 reses propias de la hacienda.1241 También en los Cortijos debía de haber hatos muy nutridos. En las 13 estancias que conformaban la reserva se marcaba en el trienio 1792-1794 un promedio de 1´190 becerros, 870 potros y 28 mulas.1242 Tendríamos entonces dos modelos de valoración de la propiedad. En Veracruz donde abundaban los candidatos a grandes arrendatarios, los propietarios aprovechaban la coyuntura, dejaban-con notable excepción de los Betlemitas-el riesgo implícito en el manejo de una explotación propia a terceros y se retiraban en gran medida de la producción. En el resto de los distritos costeños, la figura del

1235 ACO, Diezmos Chacaltianguis XXVId.

1236 Véase los diezmos del distrito de Los Cortijos para los años 1792-1794 en : AGEO, Real Intendencia I. leg. 2, exp. 39: AGEO. Obispado, leg.14, exp.. 30 y 31.

1237 AHV 1775, Informe sobre los Beltlemitas de Veracruz. 28/11/1775.

1238 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en : Chávez Orozco/Florescano (1967:115-150.119).

1239 AHV 1802, Informe del procurador José Gutiérrez de Cubas al rey, 16/2/1802.

1240 AHV 1810, cuenta del abasto de carne de toro de 1809 y 1810, por Francisco Antonio de los Santos. Con respecto a las existencias en las diferentes haciendas, véase infra, cap. 14.

1241 AGN, Tierras 1214.

1242 AGEO, Obispado leg. 14, exos, 30 y 31; AGEO, Real intendencia leg. 2, exp.39.

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gran arrendatario era menos común: la propiedad se realizaba entonces menos a través de la renta propietaria strictu sensu que mediante la usura y las rentas fiscales.

LOS GRANDES ARRENDATARIOS.

Durante el tercer cuarto del siglo XVIII se multiplicaba el número de los grandes arrendatarios en las costas. El grupo distaba de ser homogéneo. Distinguimos entre funcionarios y comerciantes-usureros que querían tener un control inmediato sobre la producción pero que, por falta de medios o de vendedores, se veían incapaces de incorporarse al selecto grupo de los propietarios, por una parte, a campesinos enriquecidos por la otra. Para los primeros, la producción agropecuaria era sólo una actividad entre otras, para los segundos, todo dependía de los esquilmos de su explotación.

El fenómeno del comerciante-productor era particularmente importante en el distrito de la Nueva Veracruz. En los alrededores de la ciudad Veracruz, en tierras de San Fe, se formaban tres unidades mayores: las haciendas de Jamapa, del Tejar y de la Virgen. En cada uno de ellos había ganado vacuno y caballar, en los primeros dos demás horno de cal y ladrillo. Durante la década de 1780, Jamapa se explotaba por Gregorio José Suárez, vicario foráneo de Veracruz, El Tejar por el regidor Pedro Moreno y La Virgen por Remigio Fernández, miembro de la junta de gobierno del consulado porteño.1243 En la parte oriental del distrito había extensos ranchos algodoneros de hasta 60 fanegas de tierra cultivada. Muchos de los labradores eran comerciantes, entre ellos José Maria Quirós.1244 Consta que muchos de los grandes arrendatarios del campo jarocho formaban parte del comercio porteño. Conjeturamos que también aquellos productores que contrataban a suplentes para el servicio miliciano-y que carecían, por supuesto, de títulos de propiedad- habían dejado de ser simples milperos. Sin embargo, ignoramos su importancia numérica; ignoramos sobre todo si había diferencias estructurales-de tamaño, de capitalización- entre sus explotaciones y de aquellas de los comerciantes.

El surgimiento de grandes productos de algodón en la parte oriental del distrito de la Nueva Veracruz era relativamente tardío. Quirós quien empezó a sembrar desde 1772 era probablemente uno de los primeros. Muchos seguirán en los años venideros.1245 El proceso de vinculaba no, como aseveraban los comerciantes porteños que lo protagonizaban, con supuestas exportaciones de algodón a Europa-exportaciones que siempre eran mínimas-sino con la expansión de la producción textil en Puebla.1246 El establecimiento de hornos de cal y ladrillo en las afueras de Veracruz era la respuesta de los mismos grupos a las oportunidades que brinda el

1243 AGN, Tierras 1174, exp, 15: AHV 1811, exp. Sobre la hacienda de Santa Fe. Las haciendas de Jamapa y del Tejar se ubicaban en las rancherías del mismo nombre.

1244 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en Chávez Orozco/Florescano (1967:115-150.118.129).

1245 AGI, México 2508, Noticias político-mercantiles del consulado de Veracruz, 1798.

1246 Con respecto a las tesis del comercio veracruzano, véase el documento citado en la nota anterior.

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crecimiento del movimiento marítimo hacia mediados del siglo XVIII: el puerto crecía, el ramo de la construcción empezó a florecer.1247

Los próceres del comercio tlacotalpeño rancheaban en El Zapotal o en las haciendas de la jurisdicción de Cosamaloapan. Diego Sánchez, originario de Sevilla, poseía en el momento de su muerte en 1795 bienes que evaluaban en casi 6´300 pesos. Los pilares de la fortuna eran la tienda y un rancho de ganado mayor con un valor que rebasaba los 1´300 pesos.1248 Al revisar las contribuciones diézmales de Tesechoacán para 1806 vemos que Miguel de la Esquina miembro de una de las familias más prosperas de la cabecera, con inversiones con el transporte fluvial sobre el Papaloapan y comercialización del algodón de los milperos, aportaba el sólo casi la cuarta parte maíz y más de la mitad del algodón que producía la renta en el partido.1249 En el vecino partido de Tlacojalpan actuaba Ignacio Ocampo. Miembro del comercio de la cabecera de Cosamaloapan, usurero experimentando, también Ocampo producía grandes cantidades de algodón y de maíz.1250

Hacia 1800, los comerciantes tlacotalpeños se ensayaban también como productores de cal y de ladrillo: Ignacio Malpica, Antonio Beltrán y otros tres poseían para 1803 sendas fábricas de orilla del Papaloapan: Luis de la Esquina arrendaba la manufactura real de Santa Rita. El barroco que se trabajaba se secaba de tierras de la hacienda del Zapotal: un hecho que implica el pago del derecho de propiedad. El valor de las unidades oscilaba, según indicaba sus dueños, entre 4´000 y 9´000 pesos.1251

A través de los inventarios post mortem establecidos por ordenes del justicia de Tlacotalpan durante el último cuarto de los setecientos distinguimos a una docena de ganaderos que poseía cada uno entre 150 y 600 cabezas de vacuno y caballar y que no tenia ni tiendas ni almacenes (cuadro 50).1252 Diego José Parea quizás también José Parejas, prestaban pequeñas sumas a milpero para que estos les pagaran en maíz; probablemente una manera de garantizar el sustento de la familia en un pueblo que solía ser deficitario de maíz. La diferencia del valor del inventario y el del rancho que observamos en algunos casos resulta el valor de la residencia de la cabecera de Tlacotalpan o de adeudos por la venta del ganado. Excepto en el caso de Ignacio Goa –quien también tenia un cañaveral y un trapiche- las explotaciones consistían exclusivamente en

1247 Véase infra, cap. 17.

1248 AHT, leg. 3, exp. 19 Testamentaria de diego Sánchez, 1795.

1249 AGN, Subdelegados 6, ff. 205-215.236-285: ACO, Diezmos de Chacaltianguis XXVId. Con respecto a las otras actividades de los de La Esquina pueden verse AGN, AHH, Alcabalas del distrito de Cosamaloapan, 1804: AGN, criminal 306.

1250 ACO, Diezmos de Chacaltianguis XXVI d.

1251 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806en: Chávez Orozco/Florescano (1967:115-150.133-138).

1252 AHT, leg, 1. exp. 11. Testamentarios de Ignacio Goa (1780) y Nicolás Lili (1780); AHT, leg, 32, exp. 3, Testamentario de Juan J. López (1783) y José Parejas (1783); AHT, leg. 2, expe. 7, Testamentarias de Bernardo Romero (1785) y Manuel de Loyo (1785); AHT, leg. 2, exp. 10 Testamentaria de Diego José Parea (1785); AHT, leg. 3. exp, 4. Testamentaria de M. Antonia Lagos; AHT, leg. 3, expe.19. Testamentaria de Juan J. Reyes (1793).

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ganado. El capital de las unidades se solía resumir a las reses. Así se dice que el inventario de los bienes de Diego José Perea, uno de los más prósperos del grupo, que los edificios y los corrales estaban tan deteriorados que no se les tenía en cuenta en la evaluación.

Las testamentarias de los tlacotalpeños sugieren que la explotación de un rancho ganadero podía ser un buen negocio durante el tercer cuarto del siglo XVIII. José Parejas, hijo de Tlacotalpan, tenía 182 pesos en ganado vacuna y caballar cuando se casó en 1755; posteriormente, su esposa heredó otros 182 pesos, también en reses. Al morir en 1782, el valor de su rancho ascendía a 3´646 pesos, el de su fortuna total-en que se incluía la casa de su morada- a 4´352 pesos.1253 Diego José Parea llego al matrimonio con un atajo de 30 yeguas de año para arriba. Sin que su esposa contribuyera nada, Perea reunió toda su fortuna antes de morir en 1785: un rancho evaluado en más de 3´900 pesos, su casa en la cabecera y dos lanchas.1254 Juan Julián López, también el nacido a orillas del Papaloapan, se casó en 1750; en ese momento, sus bienes consistían en 200 pesos en plata acuñada y la casa de su morada. Con el dinero, López compro en un momento dado un hato de ganado mayor. En octubre de 1781 le sobrevino la muerte. De acuerdo con el evaluó de la testamentaria, López poseía ahora un hato de vacuno y caballar, evaluado en 857 pesos, su casa y algunos prendas de oro y plata.1255 A inicios del siglo XIX, los ganaderos de Tlacotalpan producían básicamente para el abasto local, principalmente carne, pero también leche y, como muestra del inventario de Ignacio Goa, queso. Las salidas eran de consideración. El pueblo tenía en ese momento alrededor de 3´000 habitantes: estos consumían diario 4-5 reses, o sea unos 1´500 animales al año.1256 La relación entre el mercado local y los ranchos ganaderos se observa para ese entonces también en el distrito de Acayucan.1257 Se trata evidentemente de una salida al alcance del producto mediano cuyas ventas eran tan reducidas que en el envío a mercados lejanos por cuenta propia era incosteable.

Muchos comerciantes de Ometepec explotaban ranchos ganaderos en tierras de Los Cortijos. Uno de ellos, José Ibarra, miembro de la familia Ibarra de Oaxaca, entraba en 1793 y 1794 cada año 25 becerros a los recaudadores del diezmo de la hacienda: casi la mitad del producto total de la renta en la ranchería de Cuajinicuilapa.1258 La cría de vacuno en las tierras arrendadas no era una actividad exclusiva de los comerciantes. Al igual que en Tlacotalpan encontramos en muchas cabeceras de la Mar del Sur a ganaderos a secas. Sabemos por ejemplo de Mariana Márquez, vecina de Pinopeta del rey, quien dejo a su muerte en 1799 bienes por 3´772 pesos. El inventario enumera una casa en la cabecera, ropa, alhajas y el rancho de Piedras Blancas. En este último se encontraban 525 cabezas de vacuno con 47 caballos por un valor total de 2´676 pesos. Además se encontraban pequeñas cantidades de grana y de algodón en su casa.1259 También la

1253 AHT, leg. 2, exp. 3, Testamentaria de José Parejas. 1782.

1254 AHT, leg.2, exp. 10. Testamentaria de Diego José Perea, 1785.

1255 AHT, leg.2, exp. 3. Testamentaria de Juan Julián López, 1783.

1256 AHT, leg. 5. El teniente de Tlacotalpan al intendente de Veracruz, 17/11/17806.

1257 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967:115-150.143).

1258 AGEO, Obispado, leg. 14, exp. 30 y 31.

1259 AGNEO, Protocolos Jamiltepec 1827, ff. 58-100.

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producción de grana atraía en el siglo XVIII tanto a comerciantes como a campesinos acaudalados.1260 Matías Pérez, receptor de alcabalas del distrito de Huatulco, por ejemplo, arrendaba los últimos veinte años del siglo XVIII una nopalera “Para semillar grana” a la republica de Pochutla.1261 La esposa de José Bustos, mayordomo de uno de los ranchos del partido de Jimilpetec, debía de cosechar su grana en tierras del cacicazgo local.1262

En una relación redactada en 1743, el alcalde mayor de Cosamaloapan había escrito algunos de los habitantes de Chacaltianguis tenía cañaverales y un total de 19 trapichillos donde fabricaban panela y miel.1263 También en otros pueblos de la cuenca se producía en un momento dado panela: Tlacotalpan, Santiago y San Andrés Tuxtla.1264 Todos los productores de esta región eran arrendatarios. En la Mar del Sur había, arriba lo señalamos, trapicheros que eran propietarios de las tierras en que labraban las cañas. Empero, también sabemos de arrendatarios para la segunda mitad del siglo XVIII.1265

El trapichero como tal representaba una inversión de poca monta. Sin embargo, el molino de nada servía si no existían los animales de tiro y los enseres del oficio. Además aparece que, a lo largo de la colonia, el propietario del trapiche era también el cultivador de la caña. Un trapichero relativamente modesto era el tlacotalpeño Ignacio Goa. Al morir en 1780 dejaban un trapiche evaluado en 25 pesos, un macho de tiro de 15 peso, una mula-imprescindible para el acarreo de la caña del campo al trapiche- de 18 pesos, una paila de 40 pesos y un cañaveral de 60 pesos: en total un establecimiento de poco más de 150 pesos. Goa combinaba la producción de edulcorantes con la cría de ganado: evidentemente una manera de ahorrar gastos.1266 En el mismo año de 1780, Juan de Andrade, vecino de Pinotepa del Rey, evaluaba su fábrica de Santa María del Rincón en San Pedro Amusgos en 800 pesos.1267 Mucho más detallado es el inventario de la explotación azucarera de Juan Montalván en Cacahuatepec, establecido en 1802 para sus acreedores. El valor total de la unidad ascendía a casi 4´000 pesos. Un trapiche caracterizado como nuevo se evalúa en 80 pesos, otros tres usados en 30 pesos cada uno. A los animales-20 machos de tiro, 5 yuntas de bueyes y 5 mulas aparejadas- se atribuía un valor de 900 pesos y a los cañaverales 2´000 pesos. Los enseres valían, según Montalbán, 285 pesos, los edificios 605 pesos.1268

1260 Hamnett (1976:92-93).

1261 AGN, Tierras 1371, exp. 2. En otra parte aludimos a la incursión de muchos españoles modestos en la producción del colorante.

1262 AGN, General de Parte 79, s/f.

1263 AGI, Indiff. Gral. 107, t. I, ff. 267-280.

1264 AGN, AHH, Alcabalas del distrito de Cosamaloapan, 1730; AHT, leg. 1, exp. 11, Testamentario de Ignacio Goa, 1780; ACO, diezmos San Andrés y Santiago Tuxtla. 1800-1823.

1265 AGN, Tierras 1875, exp. 5.

1266 AHT, leg. 1. exp.11, Testamentaria de Ignacio goa, 1780.

1267 AGN, Tierras 1875, exp. 5

1268 AGN, General de Parte 79, s,f.

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La industria azucarera de Cosamaloapan, enteramente en manos de labradores que carecía de derechos de propiedad, surgió desde antes de que mediara el siglo XVIII. Resulta difícil evaluar la evolución del ramo. El libre de alcabalas del distrito que corresponde al año de 1730 registraba sólo una cadena de indios y pardos de Chacaltianguis como propietarios de trapichillos.1269 Esta situación subsistía en los años 1740 como vimos arriba. Para la década de 1780, empero, las cosas habían cambiado. En 1781, el administrador de alcabalas registraba entradas de cuarenta trapicheros avecindados ya no sólo en Chacaltianguis, sino también de la cabecera, Otatilán y Tesechoacán.1270 Estos datos se confirman grosso modo en la cuenta de alcabalas correspondiente a 1786.1271 A la expresión numérica y geográfica del tercer cuarto del setecientos no correspondía, sin embargo, el crecimiento de las sendas unidades: en 1730 como en 1781 o 1786, las ventas anuales declaradas nunca rebasaban significativamente los 100 pesos. Durante los últimos veinte años del siglo, la producción de edulcorantes parece estancarse o incluso contraerse. En 1781, 40 trapicheros pagaron alcabala por un total de 228 pesos 4 reales; en 1786, 35 unidades enteraron 142 pesos por ese concepto; en 1804, 25 azucareros contribuían con tan sólo 84 pesos.1272 Advertimos en varias ocasiones contra la interpretación mecanicista de las series fiscales. Ahora bien, en vista de la conducta general de la producción en el distrito de Cosamaloapan en las postrimerías del siglo XVIII parece cuando menos muy verosímil que la contracción del producto de la renta fiscal traducía una crisis real del ramo.1273

En su informe de 1743, el alcalde mayor de Cosamaloapan señalaba que los trapicheros de Chacaltianguis vendían su producción a los comerciantes de la cabecera.1274 No descartamos entonces que cuando menos una parte de la miel y de la panela de la cuenca se exportaban hacia otras regiones del reino. De ser así, el crecimiento del tercer cuarto del siglo se vincularía no sólo con la expansión de las salidas locales: se explicaría también como respuesta de los productores costeños a una demanda nacional que sabemos en franco aumento durante este periodo.1275

En la Mar del Sur, la producción de edulcorantes registro un tercer y ultimo gran auge en los años 1780. El arrendatario de la hacienda de San José, en términos de Ayutla, pidió desde 1782 al virrey se le permitiera restablecer un molino que se encontraba deteriorado.1276 En 1786 siguieron sendas solicitudes del párroco de Sochistlahuaca y del administrador de las reales

1269 AGN, Alcabalas del distrito de Cosamaloapan, 1730.

1270 AGH, AHH, Alcabalas del distrito de Cosamaloapan, 1781.

1271 AGN, AHH, alcabalas del distrito de Cosamaloapan, 1786.

1272 AGN, AHH, alcabalas del distrito de Cosamaloapan, 1804. De acuerdo con el justicia del distrito, el valor de la producción anual del edulcorante ascendía a inicios del siglo XIX a 4-600 pesos. Véase a ese respecto apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/ Florescano (1967:115-150.133).

1273 Respecto al desarrollo de la producción agropecuaria en el distrito de Cosamaloapan a fines del siglo XVIII, véase hic infra.

1274 AGI, Indif, Gral. 107, I, ff. 267-280.

1275 Pastor (1987:235-236).

1276 AGN, Mercedes 80, f. 134.

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ventas de tabaco, pólvora y naipes en Ometepec; también ellos carecían, según parece, de títulos de propiedad.1277

Al comparar las cantidades de panela que los recaudos del diezmo recibían de los sendos productores entorno a 1800 observamos notables diferencias entre la Mar del Norte y la del Sur. En el partido de Chacaltianguis, diez productores contribuían en 1803 con un total de 67 pesos 4 reales: el mayor de todos, Serafino Sánchez, pago él sólo (no queda claro si en reales o en panela) 27 pesos.1278 Tres años después, en 1806, el recaudador de los Tuxtlas recibió 6 productores en un total de 32 pesos 5 reales.1279 En Jicayan, el administrador de la renta vendió en 1802, 339 bagazos de panela entregados por 6 trapicheros en 310 pesos. Juan Antonio Díaz, propietario del trapiche de Santa Ana, según estos datos el mayor de los productores contribuyo con 126 bagazos; Manual José Díaz, de San Agustín, cerraba la lista con 24 bagazos.1280 La panela entregada en 1797 y 1798 por Matías Pérez, el ya mencionado receptor de alcabalas de Pochutla, se vendió en 19 y 20 pesos, respectivamente.1281 Nuestros datos son muy fragmentarios. Con todo queremos pensar que los trapiches de la Costa Chica eran por lo general unidades muco más importantes que los de Sotavento en las postrimerías del siglo XVIII. ¿Cómo explicar el fenómeno? Los trapicheros de la Costa Chica solían ser comerciantes, gente acaudalada y que tenia acceso al crédito barato, los de sotavento labradores a secas que actuaban desde un posición ventajosa ya que dependían probablemente de la habilitación por el comercio de Cosamaloapan. Habría que saber entonces por que los comerciantes de Cosamaloapan no invertían directamente en la producción de edulcorantes. Más adelante veremos que la mano de obra era quizás particularmente clara y escasa en el distrito a partir de 1770.1282 Otros elementos a tener en cuenta son el precio de la tierra, el cargo de la renta propietaria y la disponibilidad de capitales. Resulta imposible ir más allá de estas conjeturas.

Ahora bien, con todo y su desarrollo, la industria azucarera de la Costa Chica no aguantaba una comparación con su par de la Mixteca Alta. Los comerciantes de la sierra colocaban caudales considerables en sus trapiches durante el tercer cuarto del siglo XVIII. Varias unidades rebasaban pronto el valor de 25´000 pesos y su valor promedio fluctuaba en 1796 entre 12 y 15´00 pesos. Los pagos al recaudador del diezmo oscilaban a fines del siglo entre 150 y 715 pesos por unidad.1283 Más impresionan aún resulta el caso de Córdoba donde el valor de las haciendas rebasaban en esos años a menudo los 100´000 pesos.1284 Podríamos plantar de nuevo los problemas que acabamos de dejar abiertos.

1277 AGN, Mercedes de Prte 67, ff. 15.63; AGN, Indios 82, ff. 46-65.

1278 ACO, Diezmos de Chacaltianguis XXVId.

1279 ACO, Diezmoz de San Andrés y Santiago Tuxtla, 1800-1823.

1280 ACO, Diezmos de Jimiltepec, XXIV.

1281 ACO, Cuaderno de diezmos del rumbo de Piñas, 1797/1798.

1282 Véase hic, infra.

1283 Pastor (1987:235-237).

1284 Naveda Chávez-Hita (1987:67-91).

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LOS GRANDES ARRENDATARIOS Y EL CAMPESINADO.

Entre los grandes arrendatarios y las masas campesinas existían lazos muy estrechos. Unas de las facetas de la relación era el reclutamiento de mano de obra por parte de los grandes arrendatarios. Todos recurrían en cuanto podían a los reservorios de fuerza de trabajo que consistían las unidades familiares aledañas a sus explotaciones. Los comerciantes de Veracruz empleaban a los jarochos para el cultivo de sus algodonales, el cura de Sochistlahuaca a los indios del pueblo para su trapiche. En todas partes, el temporalero, el jornalero, seguía siendo el trabajador típico en las explotaciones.1285 La inserción de los grandes arrendatarios en untar de campesinos les permitía también subarrendar tierras o derechos de pastoreo y neutralizar así parcialmente la carga de la renta. El tlacotalpeño Ambrosio Gandulfo, por ejemplo, era dueño de un rancho en tierras de El Zapotal. De este cedía un parte llamada Palos Dulces a Quiteria Polo, dueña de un hatito muy reducido de 28 reses, contra un derecho de 2 pesos anuales.1286

Dos procesos confluyen en la multiplicación de los grandes arrendatarios durante la segunda mitad del setecientos. Por una parte observamos como cada vez más comerciantes se volvían productores-sin dejar sus actividades acostumbradas-, por la otra constamos que algunos campesinos dejaban de ser productores familiares. Así las cosas hay que plantear el problema de la posible integración de los últimos en el grupo exclusivo de los comerciantes.

Señalamos arriba que los campesinos que dejaban de ser simples milperos vivían, al igual que los comerciantes, en las cabeceras: Veracruz, Tlacotalpan, Ometepec, Pinotepa del Rey. Este hecho indica por si sólo cierto distanciamiento con respecto a las masas campesinas y deja abierta la posibilidad de un trato más cercano con los comerciantes regionales. En Tlacotalpan, algunos de los ganaderos, Juan Julián López y José Paredes, formaban incluso parte de la muy selecta archicofradía del Santísimo Sacramento, organización de la clase de los comerciantes del lugar.1287 Podemos conjeturar que los comerciantes no invertían personalmente en los trabajos del campo. Con respecto a los campesinos enriquecidos, la situación es menos clara. Juan de Andrade, dueño del trapiche de Santa María del Rincón, habla en un escrito se 1780 de su “personal de trabajo” en la explotación.1288 Por otra parte sabemos de varios ganaderos de Tlacotalpan que dejaban sus hatos a cargo de terceros. Sebastiana de los Santos, por ejemplo, con un hato relativamente modesto de 56 cabezas tenia un mayoral que cobraba-estamos

1285 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/ Florecano (1967:115-150. 118); AGN, Indios 82, ff. 46-65.

1286 AHT, leg. 1, exp. 9, Testamentaria de Quiteria Polo, 1778.El fenómeno del ganadero mediano que aceptaba a hatos de terceros en su rancho se observaba también en el distrito de Acayucan. Para 1754, Mariano Madrigal concede derechos de pasto a Pedro y Cipriano Rosado, Diego Machín a su yerno Juan Vinagre. Véase AGN, Inquisición 1937, ff. 278-284.

1287 AHT, leg. 2, exp. 3, Testamentarias de Juan Julián López y de José Parejas, 1783.

1288 AGN, Tierras 1875, exp. 5.

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hablando de los años 1780-un jornal de 3 reales.1289 También Ignacio Goa empleaba un mayoral para sus 143 animales.1290

Otro factor importante es el crédito. Ningunos de los ganaderos tlacotalpeños que morían entre 1780 y 1795 tenían deudas de importancia que denunciar a la dependencia de algún acreedor. No así los labradores de razón que producían grana en el Mar del Sur: como ellos mismos señalaban, todos dependían de la habilitación por los comerciantes.1291 Las condiciones bajos las cuales obtenían sus créditos no diferían, según parece, de las que regían en el caso del resto de los labradores.1292 Muy parecido debía ser, como acabamos de sugerir, la situación de los trapicheros de Cosamaloapan.

LA DESREGULACIÓN DE LA USURA.

Con la acelerada expansión del comercio transatlántico a partir de mediados del siglo XVIII se desestructuraba la antigua red crediticia del reino. Comercios como los de Veracruz y Oaxaca, durante siglos sufraganeos de la capital, se emancipaban y trataban de establecer sus propias redes. Algunos habilitaban a alcaldes mayores, quizás en compañía con algún capitalino. Muchos, empero, buscaban otros aliados para colocar sus fondos: ya se por que sus caudales no alcanzaban para financiar un monopolio, ya se por que México seguía ejerciendo un fuerte control sobre los nombramientos de los alcaldes mayores e impedían de esta manera la penetración de extraños al sistema. Así las cosas, se habrían perspectivas a aquellos comerciantes provincianos que tradicionalmente había dependido del control de los alcaldes mayores por el trato privilegiado que estos recibían de parte de los que monopolizaban el avío: las grandes casas de la capital. Muchas captaban la posibilidad de independizarse del funcionario real y se aliaban con los centros avío. Esto llevaba, por supuesto, a airadas reacciones de los alcaldes mayores que no estaban dispuestos a ceder su negocio.

La actuación de beligerantes grupos de comerciantes particulares se documenta en Sotavento desde mediados del siglo XVIII. Particularmente agudos eran pleitos protagonizados por el comercio de Tlacotalpan. Desde fines del siglo XVI, los tlacotalpeños controlaban el transporte de carga sobre el río Papaloapan, paso obligado de cuanto entraban y salía de los distritos de Acayucan, San Andrés y Cosamaloapan.1293 A mediados del siglo XVIII, el control se había

1289 AHT, leg. 2, exp. 10, Testamentaria de Sabastiana de los Santos, 1783.

1290 AHT, leg. 1, exp. 11. Testamentaria de Ignacio Goa, 1780.

1291 AGI, México 2693, Los cosecheros de grana de la intendencia de Oaxaca al rey, Oaxaca, 22/7/1806.

1292 Véase el caso de la mujer de José Bustos, cabo retirado de milicias de Jamilpetec, en: AGN, General de Parte 79, s. f.

1293 AGN, Tierras 1867, exp.4.El comercio de Acayucan llevaba sus mercancías en mulas hasta San Juan, ubicado sobre uno de los brazos del Papaloapan; allí, los acayuquenses tenían bodegas cuya administración iba a cargo de un empleado. El comercio de San Andrés acarreaba sus productos hasta las bodegas de Otapan, sobre el mismo afluente, y Totoltepec, en la ribera de otro riachuelo del mismo sistema fluvial. De allí, todo se trasbordaba en canoas y en barcos y se llevaba, pasando por Tlacotalpan –donde se añadían los productos de Cosamaloapan (y Teutila), traídos sobre el brazo principal del

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convertido en un rentable monopolio. Tan sólo del flete de algodón cosechado en Los Tuxtlas –unas 30´000 arrobas- los armadores sacaban ingresos brutos de 30-40´000 pesos del año: más del doble de lo que se pagaba al producto directo.1294 Al comercio legal se añadían el contrabando. El sistema fluvial del Papaloapan era, junto con el puerto de Veracruz y la playa de Coatzacoalcos, uno de los canales por los cuales entraban las mercancías contrabandeadas al reino y los tlacotalpeños sabían aprovechar su posición para descremar el comercio ilegal.1295

En un momento dado, los tlacotalpeños no se contentaban más con su papel de intercambios entre Puebla y Veracruz por un lado, la cuenca por el otro, empezaban a habilitar pos su cuenta a los milperos de Acayucan, Los Tuxtlas y Cosamaloapan.1296 Cuando los respectivos alcaldes mayores obstaculizaban estas actividades apoyos en su poder jurídico-político, los de Tlacotalpan cerraban filas y amenazaban con boicotear el transporte. Un primer choque se produjo en mayo de 1756 cuando 15 dueños de canoas avecindados en la Perla del Papaloapan se comprometieron a uno a aceptar más mercancías de los comerciantes de los Tuxtlas, de Tesechoac|n y de Acayucan mientras los justicias de estos partidos no les permitieran “el paso franco que se debe para el comercio” en sus distritos. Parece que los últimos dos cedieron de inmediato. San Andrés, por su parte, no resistió ni un mes a 5 de junio, el alcalde mayor acepto públicamente el libre comercio Ens. Distrito y a 19 de agosto, delegados de ambas partes firmaron un tratado que reconocía este principio en Alvarado.1297 En 1771, Francisco Javier Solache, flamante alcalde mayor de los Tuxtlas, volvió a retar a Tlacotalpan imponiendo severas restricciones a sus actividades en la jurisdicción a su cargo. En particular pretendía obligar a los mercaderes foráneos a realizar todos las transacciones de la cabecera de San Andrés, es decir bajo su supervisión. Para eso, el funcionario contaba con el respaldo del virrey y las autoridades de real hacienda de Veracruz: para estos representantes de la corona resultaba evidente que el trato directo entre campesinos y comerciantes en las milpas que bordeaban los ríos favorecía la ocultación de cosechas y de transacciones, es decir el fraude en diezmos y alcabalas. Así, al ordenar la centralización de las operaciones de la cabecera, el alcalde mayor podía jactarse de actuar en beneficio del real erario, aunque sus verdaderas intenciones eran otras. Cuando los armadores de Tlacotalpan retomaron la estrategia. De 1756 y declararon el boicot. Sánchez Solache obtuvo un mandato del virrey al gobernador de Veracruz en que se le mandaba –ironía de la historia-asegurar “la libertad de comercio” y castigar a los culpables. De hecho se inicio

Papaloapan- y Alvarado a Tlalixcoyan. En Tlalixcoyan ya esperaban los arrieros de la jurisdicción de Córdoba para encaminarse en las villas y el altiplano. Los productos de exportación pasaban de Alvarado a Veracruz. Véase también AGN, Subdelegados 34, ff. 243-250; Siemens/Brickmann (eds.) (1976:297-298)

1294 AGN, Subdelegados 34, ff. 243-250.

1295 Respecto al contrabando por el Papaloapan pueden verse AGI, México 1368, constancia de Pedro Ildefonso Trujillo, tesorero interno de la real caja de Veracruz, sobre el trabajo de Cosío, 7/9/1769 y AGN, criminal 306, ff. 313-325. Para Coatzacoalcos, véase por ejemplo AGI, México 2415, exp. Sobre la parehension de un bongo en la barra de Coatzacoalcos, 1785.

1296 AGN, Criminal 306. Indicios tardíos del negocio usurero de los tlacotalpeños en las jurisdicciones aledañas se encuentran también en los inventarios post mortem de Manuel Antonio Alarcón y de Ana Maria Hernández Palacios. Véase AHT. Leg. 1. exp. 1. Testamentaria de Manuel Antonio Alarcón, 1762; AHT, leg, 2, exp. 3. Testamentaria de Ana Maria Hernández Palacios, 1773.

1297 AGN, Criminal, 306

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entonces una averiguación contra los tlacotalpeños.1298 Hay que preguntarse en que medida esta lucha se libraba entre un funcionario y comerciantes particulares y en que medida entre los comerciantes de San Andrés y de Tlacotalpan. Por supuesto existían dos frentes. Como el alcalde mayor de los Tuxtlas controlaba el comercio de San Andrés, este tenía que apoyarle; pero conforme este comercio quería excluir a su rival de Tlacotalpan de lo que consideraba su costo reservado, la iniciativa del funcionario le complacía. Con todo: las voces inconformes en San Andrés durante el conflicto de 1776 indica la existencia de comerciantes locales que querían aprovechar la lucha de los tlacotalpeños para sacudirse el yugo del funcionario-. A los pocos años, los tlacotalpeños libraron su tercer y ultimo combate para forzar los monopolios. En 1705, Vicente de la Esquina, que era, por cierto, padre de Luis y Miguel-acuso ante la audiencia al teniente de Tuxtepec, subordinado del alcalde mayor de Teutitlán de obstaculizar las actividades de los algodoneros Mateo del Tis Antonio Mutilla, probablemente agentes o asociados suyos, suprema corte del reino no tardó en atender la queja del Luis? tlacotalpeño: este mismo año recordó una real orden de diciembre de 1783 en que se había prevenido a todos los justicias a que impidieran a que nadie comerciara en sus respectivos territorios mandó al funcionario cuestionado que observara estrictamente la libertad de comercio.1299

En la Mar del Sur, los comerciantes particulares tardaban más en desafiar a los justicias. Aquí, los conflictos entorno al monopolio comercial de los funcionarios reales se centraban, como era de esperarse, en la rica provincia de Jicayan. Entorno a 17 de 1768 a 1773, el principal producto comercial de la región, grana, obtenía precios sumamente elevados en el mercado. Las grandes casa de la capital querían acaparar la producción apostaban, como lo venían haciendo desde siempre, sobre alianza con los alcaldes mayores del distrito. Empero, por primera vez el eje tradicional tenia que enfrentarse con un grupo rivales comerciantes costeños que recibían su avío de una nueva generación de casa oaxaqueñas y que actuaban al margen del monopolio tradicional. La lucha entre ambos bandos se libraba a dos niveles por una parte- en otra perta aludimos ya este hecho de enfrentamientos entre las casa de Oaxaca y los capitalinos. Por otra parte asistimos a litigios entre los alcaldes mayores los comerciantes particulares del abandono oaxaqueño en Jicayan. A costa de una denuncia de Vicente Iturribarria y Urquijo, comercial de la ciudad de Oaxaca, contra los alcalde mayores Gaspar Morales y Francisco Lozada de Jicayan de 1773. Según la acusación los funcionarios habían embarazado a Manuel Domínguez, comerciante particular avecindado en las costa que recibía habilitación de Iturribarria y cuyo negocio consistía en la usura en la recuperación de los préstamos. Más todavía: se decía que habían ordenando a los campesinos que no pagaran las deudas, igual que en los demás casos analizados, la audiencia apoyaba demanda y pedía a los justicias de Jicayan no embarazasen a los comerciantes de su distrito.1300

Pasado 1780, México aceleraba por motivos que vimos en otra parte se retiro del Sur. Con eso, los alcaldes mayores se iban quedando sin su aliado tradicional. Oaxaca, Veracruz y Puebla que seguía activos en las costa no trataban de revelar la capital cc? fiadores y aviadores de los justicias. Al contrario: aquellos pocos veracruzanos y oaxaqueños que habían mantenido lazos de acaldes mayores durante el tercer cuarto del siglo XVIII ahora también cambiaban de caballo

1298 AGN, Criminal 306.

1299 AGN, General de Parte 68, s. f.

1300 AGN, General de Parte 51, f. 52v.

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y apostaban sobre los comerciantes independientes de las costas. ¿Por qué? Arriba descartamos la influencia decisiva de la ordenanza de intendentes. Acabamos de ver que muchos comerciantes de todos lo niveles diversificaban pasado 1750 sus rentas y se ensayaban en la producción agrícola en explotaciones propias. Como productores estaban interesados en los recursos tradicionalmente vinculados con las explotaciones campesinas: la fuerza de trabajo, a veces también la tierra. Los algodoneros de Veracruz, por ejemplo, codiciaban la mano de obra de las comunidades de la cuenca y, en un momento dado, de la Mixteca. Resulta lógico que el funcionario protegía la integridad de las explotaciones campesinas contra terceros mientras disponía de los fondos necesarios para beneficiarse de ellas. Cortar el apoyo al funcionario era una manera de liberar las tierras y fuerza de trabajo.

El desvanecimiento del apoyo que les brindaban las grandes casas del reino obligaba a los alcaldes mayores a contemporizar con los comerciantes provincianos que tenían intereses en su jurisdicción. Pasado 1780, estos grupos salían cada vez más como fiadores y, en la medida que les convenís, aviadores de los justicias. Su revalorización se refleja también en el hecho de que el funcionario se escogía a veces de sus filas. Veamos algunos casos. Francisco París, justicia de Igualapa, fue confirmado en su puesto en 1799 gracias a las fianzas de Manuel del Cerro, vecino de Ayutla, Baltasar de Urriola, de Cuautepec, José de Ibarra y Santiago Bustos, ambos de Ometepec: todos ellos comerciantes algodoneros.1301 Poco después el capitán Juan Miguel de Esquina, miembro del comercio de Pinotepa del Rey, salía fiador para Antonio de Orbaneja, subdelegado de Jicayan. 1302 En la Mar del Norte, los candidatos a la subdelegación de Cosamaloapan para el periodo que iniciaba en 1802 eran todos de extracción local: José Joaquín Vidal de Saavedra y Juan Francisco Cid, ambos comerciantes de la cabecera del distrito así que Miguel de la esquina, de Tlacotalpan.1303

Insistimos en que el reacomodo en las clases dominantes provincianas era –al igual que aquel entre las grandes casas de la capital y de Veracruz- un proceso lento y contradictorio. Los pleitos entre los justicias y el resto de los comerciantes se observan a fines del siglo. En una fecha tan tardía como 1797, por ejemplo, estallo un conflicto entre los rentistas de Jicayan. El justicia en turno propuso a los comerciantes independientes que explotaran conjuntamente al campesino del distrito. Cuando esto, conscientes de su fuerza, rechazaron la oferta, el funcionario ordenó a los gobernadores de lo pueblos a que no entraran en tratos con los particulares.1304

LOS PLEITOS ENTORNO A LA EXPLOTACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN LAS POSTRIMERÍAS DE LA COLONIA

Durante la segunda mitad del siglo XVIII aumentaba el número de conflictos entre los justicias y el resto de los rentistas por la explotación de las comunidades de indios. Conforme los funcionarios reales iban perdiendo el control económico sobre las comunidades trataban de

1301 AGN, Tributos 4, ff. 53-55.

1302 AGEO, Tesorería principal leg. 5, esp.12; AGN, AHH leg. 72, exp. 9; AGN. General de parte 80, s/f.

1303 AGN, Subdelegados 6, ff. 205-215

1304 AGN, Subdelegados 51.

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explotar sus derechos jurisdiccionales, tenían que abandonar el monopolio usurero ante las presiones de los comerciantes independientes, pero sus derechos jurisdiccionales les permitían, lo acabamos de ver, chantajear a los nuevos dueños del negocio. La misma estrategia chantajista se observaba frente a otros rentistas. Sabemos por ejemplo, de un pleito que enfrentaba a Juan Antonio Gómez, responsables de la alcabala que causan los esquilmos de los ranchos de las republica y cofradías de indios. Ante la negativa de Alvero, Gómez obtuvo que sus superiores de la real caja de Oaxaca intervinieran rápidamente y Alvero tuviera que ceder. Para vengarse, el funcionario orquestaba enseguida una campaña de denuncias contra supuestos-y seguramente reales- abusos de Gómez contra los indios.1305

Las principales victimas de la nueva estrategia de los justicias eran los curas. Veamos tres casos. En otra parte aludimos ya al conflicto entre Miguel Manuel de Valverde y Gabriel de Tejada., cura párroco y justicia de Ayutla, respectivamente.1306 Recordamos que un día domingo del año de 1777, los indios se amotinaron contra el cura. Según Valverde, detr|s de “la osadía” de los indios no estaban nadie menos que Tejad. El justicia tenía, como decía, diversas explotaciones: un trapiche, siembra y algunas pesquerías. Los indios, seguía, tenían que presentarle una fuerza de trabajo sin recompensa alguna. Del contexto que nos da el cura deducimos que el teniente conseguía, gracias a sus buenas relaciones con la república, tequio para el trabajo de sus tierras. La contrapartida consistía, siempre de acuerdo con el cura, en el sobreseimiento de causas por parte del justicia y el apoyo que este brindaba a los indios con su lucha contra los derechos parroquiales. Un conflicto parecido pero a una escala mayor estalló en los años 1790 entre el subdelegado de Jicayan, Amaro González de Mesa, y los curas de la jurisdicción.1307 Obedeciendo una orden del intendente, el justicia prohibió en 1791 que las republicas pagaran más misas de las que eran estrictamente obligatorias. A sabiendas que González les apoyaba, los gobiernos indios iban más allá y se sacudían también el yugo de las relaciones y los servicios personales que tenían que prestar los párrocos. Ante esto, los curas se dirigieron a la audiencia. La corte dispuso una averiguación y la suspensión temporal del González de sus funciones. El subdelegado envío entonces alarmantes informes sobre la supuesta inquietud de los indios de los curatos de Pinotepa de Don Luis, Pinotepa del Rey, Huasolotitla y Juquila al intendente. Este, asustado por la posibilidad de que se levantara la provincia entera, aplazo la ejecución de la orden de la audiencia. Según parece, González terminó su mandato sin problemas. Veamos un último ejemplo del deterioro de las relaciones entre los representantes del trono y del altar. Los castellanos de Acapulco intentaron hacia 1800 adquirir en control sobre los ranchos de cofradía de los pueblos del distrito. Para eso contaban con el apoyo de una parte importante de la burocracia regalista de la corte de México. Sin embargo, ante la intervención de los curas el virrey Iturrigaray decidió en julio de 1808 que todo siguiera igual.1308 ¿Por qué el encono de los subdelegados contra los curas? Los casos de Jicayan y Acapulco sugieren que los conflictos muy poco tenían que ver, como hubiéramos podido pensar, con señales procedentes de una corte que prevalecía desde la llegada de los Carios II de Nápoles un clima regalista, sumamente hostil a los clérigos. Más importante era quizás el móvil de la venganza. Muchos clérigos habían apoyado la lucha de los comerciantes independientes de los alcaldes mayores: no vamos a averiguar aquí si

1305 AGEO, Real Intendencia II, Expedientes sin clasificar, Exp. Sobre la alcabala de Huatulco, 1807.

1306 AGN, General de Parte 58, ff. 62-65v.

1307 AGN, Propios y Atributos 24, ff. 115-165.

1308 AGN, AHH leg. 404, exp. 6; AGN, Indios 73, ff. 144-250.

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por condiciones cristianas o por que ellos mismos estaba interesados en la usura.1309 Empero, decisivo era probablemente otro hecho: la independencia del justicia frente al cura. El funcionario real estaba vinculado, a través de la fianza, con los comerciantes –pero nada le impedía proceder contra los curas. Con tal de desquitarse de las perdidas que les ocasionaba la independización de aquellos, el justicia irrumpía en el coto de estos.

Resulta evidente que el éxito de la estrategia de la justicia dependía en gran medida de la connivencia de la república de indios. En todos los casos estudiados destacan los intentos del funcionario real del granjearse las simpatías de los que gobernaban las comunidades. Al respecto remitimos el caos de Díaz Avet Maestre, el infeliz alcalde mayor de Acayucan en los años 1780, que mostraba, de acuerdo con las denuncias de los vecinos españoles, cierta laxitud en la administración de justicia. 1310 El estallido de la rebelión de 1787 patentiza la peligrosidad de la policía del justicia para paz social: los indios podían malinterpretar los signos emitidos desde el gobierno de tomarla como invitación a la rebelión.

EL CAMPESINADO

Para reproducirse como campesino sometido a la renta, el pequeño productor necesitaba tierras y crédito. A partir de un momento dado, el acceso a estos pilares de la economía se volvía más difícil para las masas rurales.

Al estudiar las estrategias financieras de las grandes casas del reino sugerimos que sus colocaciones en los distritos rurales de la Costa Chica y del Sotavento culminaban en la década de 1770. En los años de 1780, la habilitación para los comerciantes costeños se contraía con toda probabilidad. Sustentamos que en el cambio se vinculaban con las nuevas políticas inversoras de México y de Veracruz: una política que favorecía en el primer caso las colocaciones en las haciendas y minas del Bajío, en el segundo de aquellas en explotaciones propias en el campo jarocho.

Empero, no sólo las grandes casas del reino sino también muchos comerciantes provincianos buscaban desde el tercer cuarto del siglo XVIII y sobre todo hacia 1780 un mayor control sobre la producción de excedentes: recordamos a los algodoneros de Tlacotalpan, los ganaderos de Ometepec y de Pinotepa, los azucareros de la región de amusga, los granaderos de a Jicayan y Huatulco. Vemos dos posibles explicaciones para el cambio del la estrategia explotadora de las clases dominantes locales. Sabemos que las constates tensiones entre los funcionarios reales y el resto de los rentistas obstaculizaban la recuperación puntual de los prestamos a los campesinos durante la segunda mitad del siglo y muy particularmente a partir de la década de 1770. Abrir su propia explotación era entonces una manera de evitar problemas. Por otra parte consta que la marginación del alcalde mayor del negocio usurero, el funcionario dejaba de proteger los recursos de las comunidades y que era cada vez más fácil obtener tierras y mano de obra.

1309 Véase Hamnett (1976:79-82) sobre la oposición del clero oaxaqueño contra el repartimiento de los alcaldes mayores. Pastor (1987:278-280) muestra, sin embargo, que esta posición no era total, que también había grupos religiosos (como los carmelitas) que apoyaban el sistema.

1310 AGN, Historia 326, ff. 1-58.

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Así las cosas, conseguir crédito se volvía un problema espinoso para los campesinos. ¿Para todos? No necesariamente. Es probable que los ricos, aquellos que tenían propiedades como ganado y que controlaban las instituciones comunitarias –las arcas del común y de las cofradías- y las milicias, se siguieran considerando como solventes. Diferente a la situación de las grandes masa: el alcalde mayor solía obligar a estos ricos a salir fiadores de los pobres mientras el era el principal beneficiado de la usura. Con la marginación del funcionario del negoció desapareció también de la presión político-jurídica sobre los ricos. Estos podían seguir fiando- pero a condiciones que ellos podían – o podían aprovechar la situación para imitar a los españoles y proceder por su parte a la ampliación de sus explotaciones propias. Carecemos de gran medida de fuentes que nos permitían evaluar su actuación. Sabemos que los indios acomodados de los pueblos del obispado controlaban hacia a fines del siglo XVIII cada vez más el comercio de la grana, aprovechado, no cabe duda. Su exención del pago de la alcabala. Pero aun en este caso ignoramos si los kúlaks comercializaban la producción de sus propias nopaleras o la de los terceros. 1311

Para el campesino, el acceso a la tierra se venía dificultando desde mediados del siglo XVIII. Los rancheros sufrían por el aumento general de las rentas. Con respecto a las comunidades hay que tener tres factores susceptibles de provocar una escasez relativa de tierras.1312 En primer lugar es posible que el crecimiento de la población hacia que el tamaño de los lotes familiares se volvía en pueblos escasamente dotados cada vez más insuficiente.1313 Al escasear la tierra a distribuir se habrá agudizado la lucha en el seno de las comunidades: una lucha que debía de repercutir en la privatización y la concentración de las tierras disponibles en pocas manos. El proceso era tan general en el reino que los pueblos costeños no podían quedar al margen de los cambios. En fin, y esto es un tercer factor, ante la presión de los españoles y las necesidades de las arcas comunales, muchas repúblicas arrendaban de sus fondos. Este era, por ejemplo, el caso de la cabecera de Igualapa. En 1766, con ocasión de una visita al pueblo, el alcalde mayor Juan Vicente de Rajas observaba que la comunidad no tenía ni bienes ni reales en la caja común por que la república arrendaba todos los montes a bajísimo precio a dos ganaderos poblanos. Así “los m|s de Igualapa son vagantes, sin ocupación alguna, y aun muchas familias pereciendo sin tener el arbitrio de la labranza para mantenerse.” Por colmo, los gobernadores que recibían el dinero de los arrendamientos los disipaban, “convirtiéndolo en sus propias utilidades”. Rajas dispuso entonces la expulsión del ganado poblano y la anulación de los contratos. Sin embargo, pronto llego una contraorden de la audiencia y no hubo cambios. Cabe aclarar que el proceder de Rajas no tenía probablemente nada de altruista: según los poblanos, el funcionario actuaba en convivencia con el arrendatario-administrador de Los Cortijos que querían los pastos igualapeños para sus propios hatos.1314 Los que quedaban más perjudicados con estas medidas

1311 Francisco Antonio Villarrasca Rivera, ministro tesoreros de las reales cajas de Oaxaca, denuncio en 1793 que desde la marginación de los alcaldes mayores del negocio de la grana el 75 por ciento del colorante de comercializaba por los indios. Véase al respecto AGI, México 1780, Informe del ministro tesorero de las reales cajas de Oaxaca, 22/4/1793. Quizás es esta una de las razones por el marginal crecimiento de la alcabala de Jicayan a fines del siglo XVIII (véase supra, cuadro 37).

1312 Van Young (1992f:287-288) menciona los mismos tres factores como susceptibles de conducir a una escasez relativa de tierras en los pueblos de la región de Guadalajara a fines del siglo XVIII.

1313 Véase el ejemplo de la cabecera de Tetepec en el distrito de Jicayan, en: AGN, Tierras 1359, exp. 1.

1314 AGN, Tierras 915, exp. 3

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eran indudablemente los pobres: aquellos que, por falta de tierras arables, salían a leñar a los montes, a recoger barro a las orillas de los ríos, a cosechar las frutas del bosque para el consumo doméstico o para la venta.

Ni la privatización de las tierras de repartimiento ni el arrendamiento de las tierras comunales en perjuicio de los indios estaban sancionados por la corona. En pocos casos, estos procesos han dejado documentos escritos. Sin embargo, en tono el reino se ha descubierto sus huellas: en el altiplano central, en occidente, en la Mixteca.1315 Las costas no podían quedar al margen de los cambios aunque el grado de avance de los procesos habrá diferido de distrito a distrito.

¿Cuáles eran las respuestas de los campesinos a estos cambios? En muchas partes, las masas rurales transferían la producción de excedentes total o parcialmente de la explotación propia a las unidades de terceros: para obtener los reales imprescindibles para el pago de derechos y la compra de bienes que no se podían producir en el marco de la economía familiar vendían ahora su fuerza de trabajo en las unidades de los grandes arrendatarios. Puede que la falta de habilitación o de tierras aptas para el cultivo no les dejaba otra salida, pero pueda también que esta estrategia resultaba menos trabajosa.

En un escrito en 1791, los comerciantes-usureros de la cabecera de Cosamaloapan se quejaban de que la producción algodonera en su distrito estaba en franca decadencia y que los campesinos, en vez de producir la fibra en sus tierras, se iban a Tlalixcoyan donde vendían su fuerza de trabajo a los grandes arrendatarios de Veracruz.1316 Los datos demográficos que analizamos en otra parte encajan perfectamente en este escenario. Según los comerciantes cosamaloapeños, la emigración de los campesinos se debía a que ellos, por dudas de la legalidad del avío, no les habilitaban debidamente. Puede que eso era que los factores que explicaban el éxodo de la cuenca hacia en campo jarocho. Empero, quizás había otros factores que pensaban tanto o más: las expulsiones masivas de milpero de las haciendas de la cuenca desde la década de 1770 o, por que no, los altos jornales que se pagaban por los algodoneros veracruzanos.1317 En principio, el proceso no implica el abandono de la producción de sustento por la parte de las masas rurales. Consta, incluso, que los grandes arrendatarios de Veracruz no querían proletarios para sus algodoneros sino milperos que necesitan vender unas cuantas jornadas de trabajo del año. Su meta era, como muestran sus discursos, la formación de una capa de campesinos de Tlalixcoyan, Medellín y Jamapa.1318 No obstante, por razones que veremos en el próximo capitulo, los cambios en las estructuras productivas del campo jarocho del último cuarto del siglo XVIII repercutían a mediano plazo en la proletarización total de una parte de las masas rurales.

1315 Pastor (1987:290,325-335,339-343): Tutino (1974:500-501) y (1990:129); Van Young (1992f:287-297).

1316 AGI, México 1974, solicitud de los comerciantes de San Martín Cosamaloapan, 1791.

1317 El ingeniero Miguel Corral quien reconocía en 1777 la cuenca informaba acerca de las riberas del rió Tonto: “estaban pobladas de rancherías, pero últimamente se han mandado a retirar los alcaldes mayores de Teutila y Cosamaloapan, habiendo quedado muy pocas que son los españoles; pero las otras no sólo las retiraron sino que les quemaron los ranchos”.véase Siemens/Brinckmann (1976:309). Respecto a los jornales en el campo jarocho, véase infra. Cap. 14.

1318 Véase por ejemplo Basarde Vicente, Memoria sobre la introducción de colonos para aplicarlos y establecerlos en los cultivos de huertas, en: Ortiz de la Tabla (1985:45-59).

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También los indios de Igualapa se iban a fines del siglo XVIII a otros distritos –al altiplano o Acapulco- para ganarse los reales necesarios para su reproducción como comuneros: también aquí, la reproducción de excedentes se realizaba en gran medida en explotaciones de terceros que se ubicaban fuera de la jurisdicción. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en la cuenca, los igualapeños regresaban cada año a su terruño donde labraban la milpa cuyo producto se destinaba al sustento de la familia.1319

En el distrito de Acayucan, la transferencia de la producción de excedentes a las grandes unidades no familiares era parcial. A inicios del siglo XIX, los comuneros del distrito seguían entregando ixtle y algodón a los rentistas. Empero, además se les obligaba a trabajar un determinado número de días en las haciendas, pagándoles únicamente 2 reales al día (mientras en el campo jarocho, por ejemplo, se pagaban jornales de 4 reales). Cada año, el justicia repartía hasta 4´000 indios entre los terratenientes del distrito con tal de que les labraran el maíz necesario para las caballerías. Por cada mandamiento despachado, el funcionario cobraba una comisión de dos reales y medio. 1320

La producción campesina se contraía en todas partes. Pero por eso no significaba que el campesino hubiera transferido toda la fuerza de trabajo liberada a las explotaciones propias rentistas. Sabemos, por ejemplo, que la producción de la grana decaía en las comunidades del obispo de Oaxaca desde la década de 1770. El hecho no se traducía, como podríamos esperar, en el aumento de la venta de la fuerza de trabajo por parte de los indios. Reveladoras resultan las palabras de Juan de Andrade, propietario del trapiche de Santa Maria del Rincón en Los Amusgos, quien señalaba aun en 1780 que era imposible obtener jornaleros “por ser los habitantes de esta provincia indios que se ocupaban en el cultivo de la grana”.1321 Donde se mantenía el consenso entre los rentistas como en Acayucan se podían implantar medidas de fuerzas: pero Acayucan era un caso excepcional.

LAS RAZONES DE FLOJEDAD DEL CAMPESINO.

La decadencia de la producción campesina no escapaba a las clases dominantes. En sus memorias, los contados intelectuales de la época explicaban el fenómeno con la conocida flojedad del campesino. Para la inmensa mayoría, el comportamiento del pequeño productor rural era un problema de carácter: los campesinos en general y los indios en particular era por naturaleza holgazanes que sólo trabajaban bajo presión. Clásico resulta, al respecto, un informe redactado en 1790 por Lucas de Gálvez, a la sazón intendente de Yucat|n. “El indio, escribía, por su misma naturaleza es inclinado a la ociosidad y abandono; no hay aliciente que la mueva a la ocupación, no le incita el dinero ni las comodidades que proporciona la vida humana, no le estimula el aumento de su casa en materias honrosas y de estimación. Casi no usa del vestuario para cubrir su desnudez, ni piensa en mirar por su posteridad, todos sus bienes se hallaban inventariadas en la nada y jamás pone diligencia alguna ni aun aquello que es necesario para su

1319 AGN, Tributos 54, ff. 194-199.

1320 AGN, Clero Regular y Secular 207, exp. 11.

1321 AGN, Tierras 1875, exp.5.

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manutención y subsistencia”.1322 En términos parecidos se pronunciaban el consulado de México y los diputados del comercio oaxaqueño.1323 Los comerciantes de Veracruz tenían una opinión muy parecida de los campesinos costeños. Su más ilustre representante, José Maria Quirós, destacaba en una memoria “la resignación con que (los campesinos costeños) por lo común se abandona a su suerte sin aspirar a otra contentándose con tener con que subvenir a sus vicios y apetitos”. La fertilidad de los llanos costeños, la facilidad con que conseguía su subsistencia, no hacia m|s que favorecer su “natural desidia e inaplicación”.1324

Sin embargo, no todos admitían estas teorías racistas. En un informe redactado en 1777, el obispo de Oaxaca señalaba que la holgazanería del indio no era un problema de carácter o de raza sino de explotación: “a todos vive sujeto el infeliz, miserable indio. Todos son sobre el y a todos de contemplan inferior. El comercio groseramente y poco, vive desnudo, sirviendo su pobre tilma de monta de abrigo de gala, de cama y de mortaja. Trabajaba y no adelantaba por que sus sudores y fatigas son para otros. No logra distinciones, ascensos ni otros premios que despiertan la desidia y estimulaban a los demás a trabajar. ¿En esta infeliz constitución, que maravilla es que sean holgazanes?.”1325

LA VACILANTE LEGITIMIDAD DE LOS EXPLOTADORES

Durante la segunda mitad del siglo XVIII observamos toda una serie de rebeliones en pueblos de indios: rebeliones que se dirigían a veces contra el alcalde mayor, a veces contra el cura. Aunque la rebelión se utilizaba desde antes de 1750 como medio de lucha por las comunidades –recordamos los levantamientos de Jamiltepec en 1694 v de San Andrés en los años de 1720- queda la impresión de que ahora, los indios se levantaban más fácilmente que antes.1326 En concreto sabemos de rebeliones de San Andrés (1750), Ayutla, (1777), Acula (1786), Acayucan (1786), Tlacotalpan (1765, 1783 y 1803) Pochutla (1797).1327 Concebimos las rebeliones indias como una de las respuestas de las comunidades de la explotación a que estaban sometidas.

1322 AGI, México 1974, Informe de Lucas de Gálvez, intendente de Yucatán. 20/7/1790.

1323 Véase el Expediente sobre el restablecimiento de los repartimientos en AGI, México 1974. También puede verse Hamnett (1976:113-142).

1324 Quirós José Maria, Memoria sobre el fomento agrícola de la intendencia de Veracruz, 1807, en Ortiz de la Tabla (1985:131-177.136).

1325 AGI, México 1872, Informe del gobierno del obispo de Oaxaca cobre los repartimientos en su diócesis, 20/7/1778.

1326 La estadística de Taylor (1986:195-196)n sugiere una situación parecida para el centro del reino, la Mixteca Alta y los valles centrales de Oaxaca. Entre 1703 y 1749 contamos 21 sublevaciones, de 1750 a 1799 47 y durante del ultimo periodo colonial 16.

1327 Véase para San Andrés: Mendel y Alvarado (1963: I, 97-103); para Ayutla: AGN, General de Parte 58, ff. 62-65v; para Acula: AHT, leg. 2, exp. 14, Nicolás de moya al teniente de Tlacotalpan, 17/3/1786; para Acayucan: AGN, Historia 326, ff. 1-58v; para Tlacotalpan: AHT, leg. 2, exp. 1, Exp, sobre la rebelión de 1783 yb AHT, leg. 4, El gobernador de Veracruz al teniente de Tlacotalpan, 22/6/1803: para Pochutla: AGN, Tierras 1371, exp. 2 y Tierras 1384, esp. 1.

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Ahora bien, la explotación era un fenómeno viejo. Habría que preguntarse, entonces, por que las rebeliones se multiplicaban sólo hacia fines de la colonia.

Sugerimos arriba que la creciente rebeldía de los indios a partir de 1750 traducía la incipiente crisis de legitimidad del cura y la tambaleante autoridad del alcalde mayor. El factor fundamental en el proceso de gestión de un levantamiento era, para retomar a Knight, moral: los campesinos se revelaban contra las nuevas exigencias de los funcionarios del rey y de la iglesia porque las concebían como inmorales, como una amenaza a su sistema de subsistencia.1328 Entre los agravios de los indios de Ayutla destacan en 1777 las obvenciones eclesiásticas y la obligación de asistir no sólo a la misa dominical sino también a la enseñanza del español a chicos y grandes. La indoctrinación de los adultos empezaba el sábado por la tarde y absorbía todo el fin de semana: una carga muy gravosa en un pueblo que vivía del trabajo de la tierra. También los rebeldes de Acayucan de 1786 se sentían agraviados por las obvenciones; el segundo motivo que trasciende el en expediente es la conscripción de trabajadores por el alcalde mayor. En Pochutla, los agravios señalados por los rebeldes eran la parcialidad del alcalde mayor en un pleito por tierras entre el pueblo y su vecino Tonameca así que abusos en el cobro de los derechos de justicia.1329

Algunos estudiosos de la violencia agraria han cuestionado el enfoque moral del problema. Según Samuel Popkins y Theda Skocpol, la explotación es una constante y poco importan los cambios formales en el ejercicio de los derechos. La violencia agraria se desencadena cuando los campesinos perciben signos de decadencia de la fuerza coercitiva del estado (como órgano de las clases dominantes) y se organizan. La finalidad del levantamiento no es la restauración del viejo sistema sino el avance: un nuevo reparto de producto agropecuario que beneficie más a los campesinos.1330 Esta visión presupone que la fuerza de las clases dominantes consiste únicamente en la coerción dura. No tiene en cuenta, como señala atinadamente Knight, que existe también una coerción blanda: la coerción ejercido por homilías y lecciones que hace que los explotados acepten la legitimidad de unas relaciones de explotaciones determinadas sin preguntarse mucho por posibles alternativas que les podían ser más favorables.1331

Esto sentado no negamos por supuesto que los tumultos de producían a veces cuando los indios percibían el debilitamiento del grupo dominante, por ejemplo por luchas intestinas. En el caso de Ayutla, analizando en otra parte, observamos a atención entre el cura y el teniente de justicia. En otros casos, la división se daba entre las autoridades de la corte y sus representantes locales. Los rebeldes de Acayucan, por ejemplo, pensaban que el virrey había aprobado la abolición de obvenciones y servicios. En este último caso puede que los indios también percibían señales de una debilidad personal del alcalde mayor. Los vecinos españoles de la cabecera denunciaban, como recordamos, que el funcionario se caracterizaba por cierta laxitud en la administración de

1328 Knight (1986:1,150-170). Véase también la obra fundamental de Scott (176b)- y, que, por su parte, muestra el impacto de Thompson (1990:32)-y que, para la Nueva España, Taylor (1986:210), Tutino (1990:32) y Hamnett (1986:74-77.189-190).

1329 Taylor (1986:204-206) sugiere que los indios también se levantaban en defensa de la autonomía del pueblo. Para el área costeño no encontramos ejemplos para este tipo de agravio.

1330 Popkins (1977:243-267); Skocpol (1982:361-367).

1331 Knight (1986:I, 165-166).

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justicia. No descartamos que el abandono de la judicatura, de la represión de los delitos comunes, favorecía el engolosinamiento de los explotados con la (contra) violencia y el hundimiento de tumultos en los pueblos.

Ahora bien, la importancia de este fenómeno se relativiza cuando constamos que las divisiones en el grupo dominante correspondían a menudo pleitos entre diversas facciones indias. Los tumultos de 1765 y 1783 en Tlacotalpan al igual que en 1786 en Acayucan se vinculaban con la lucha entre grupos enemigos por la gobernatura. A la debilidad de las clases dominantes correspondía entonces la debilidad de los explotados.

Los levantamientos indios del siglo XVIII eran rebeliones, movimientos locales. Los indios ya no actuaban como tribus sino como pueblos. Por la general, los rebeldes intentaban juntarse con los vecinos. No así en Acayucan. Al desatarse el conflicto de 1786, los cabecillas escribían a los demás pueblos de la jurisdicción pidiéndoles su apoyo. Sin embargo, aunque trataban de seducirlos con la supuesta abolición de obvenciones y servicios los vecinos se mantenían files a las autoridades constituidas, recibían a los españoles fugitivos de la cabecera y, una vez sometida la rebelión, extraditaban a los cabecillas que les pedían un escondrijo.

Los pardos eran, según parece, menos propensos a rebelarse. Por una parte consta que no solían participar en los levantamientos de los indios, por la otra sabemos de una sola rebelión protagonizada por ellos: el alboroto de Huasolotitlan de 1793.1332 ¿Por qué la pasividad de los Pardos? Muchas veces no carecían de motivos de descontento. Recordamos a títulos de ejemplo de los agravios de los Pardos acayuquenses por el cobre del diezmo de vacas y la alcabala de caña. Recordamos también el alza de los arrendamientos en ambas costas. Empero, nada de esto les llevo a levantarse. Podríamos pensar que lo que impedía la rebelión parda era la falta de estructuras organizativas. Sin embargo, que la milicias suplían en gran medida las instituciones comunales. Sugerimos que para los pardos, la legitimidad del grupo dominante seguía intacta. Por una parte es probable que se consideraban privilegiados frente a los indios por la exención del tributo, por ser, como los españoles, gente de razón, por poder organizarse en milicias cuyos mandos medios se escogían entre ellos. Por otra parte consideramos que aun creían en la voluntad de la corona y- en el campo jarocho- de los comerciantes de Veracruz en dotarles de tierras propias.

1332 AGN, Indif. de Guerra 289B, Flury al virrey, 10/2/1795.

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14. EL FRACASO DE LOS COMERCIANTES (1800-1820).

Desde fines de la década de 1780 observamos como los precios de los productos agropecuarios se ubicaban en un alto nivel. Con todo y eso, la producción languidecía. Una posible explicación de esta situación es que los rentistas estaban perdiendo el control sobre los explotados, que se estaban debilitando. En el mismo sentido apunta la creciente inestabilidad de la propiedad, pilar de la explotación durante el tercer cuarto del siglo XVIII. Podríamos imaginar que los explotados estaban de nuevo fortaleciendo la usura en las comunidades sin embargo, la no recuperación de la producción granera impide esta interpretación.

EL ÉXODO RURAL

Sugerimos arriba que la desregulación del sistema usurario repercutía en una mayor movilidad en las costas. Vimos también que, durante mucho tiempo los flujos se vertían de los pueblos a las rancherías. Ahora bien, antes de que culminara el siglo empezaban a desarrollarse además de estos flujos importantes emigraciones del campo, de pueblos y rancherías, a las ciudades. “Es publico y notorio que de algunos años a esta parte, en esta ciudad y en otros lugares de los valles se ven innumerables indios de las serranías en que se cosecha grana, que habiéndose expatriado voluntariamente de sus respectivos pueblos, o por su ociosidad y flojera, o por no pagar el tributo a Su Majestad o las obvenciones al párroco, se han venido a la ciudad y aun muchos se han radicado y casado en ella, de dedicados a oficios como traficantes, gañanes del campo, y aun muchos apeones de albañiles cuyos útiles brazos faltan para el plantío, cultivo y a semilladura de las nopaleras” escribía el obispo de Oaxaca, Antonio de Bergozo y Jordán, en 1810.1333 En el mismo sentido se había pronunciado dos años antes José Maria de Quirós. En la memoria del consulado porteño para 1808 señalaba que “los campos se manifiestan yermos por todas partes y la ciudades recargadas de gente ociosa y vagabunda, no siendo suficientes las artes y la industria a darles aplicación por que exceden infinitamente las manos de las que piden las obras; y así se nota en México, y proporcionalmente en las dem|s capitales”.1334

¿Por qué se iban los campesinos a las ciudades? Analicemos aquí el caso del campo jarocho, región donde el fenómeno era, según parece, particularmente pronunciado. Para los comerciantes del puerto, la migración masiva del campo a la ciudad estaba estrechamente vinculada con el prolongado acuartelamiento de las milicias rurales en las guarniciones de la plaza a partir de la década de 1780.1335 Los que se iban no eran los campesinos acomodados cuyas explotaciones les permitían satisfacer todas sus necesidades –y que, como sabemos, estaban dispuestos a pagar suplentes para poder continuar en el trabajo del campo-sino los “labradores y vaqueros que viven generalmente de jornal o salarios”: es decir campesinos cuya

1333 AGN, Industria y Comercio 20, ff. 165-236.

1334 Quirós José Maria, Memoria sobre los efectos del reglamento de comercio libre, 1808, en: Ortiz de la Tabla (1985:151-177.168).

1335 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz. 1803-1806, en: Chávez Orozco/ Florescano (1967:115-150.118)

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proletarización estaba relativamente avanzada.1336 Ahora bien, la posibilidad de ganar 10 pesos mensuales como suplente miliciano no era el único atractivo de la ciudad. Consta que las remuneraciones urbanas eran más elevadas que las rurales a lo largo de la mitad del setecientos. En la ciudad, un peón albañil ganaba 4 reales al día, en el campo, el jornal solía ser de 2 reales solamente; en ambos casos se proporcionaba además una razón de alimentos.1337 A todas luces era más ventajoso vender su fuerza en la ciudad que en el campo.

La ciudad tenia sus atractivos, no cabe duda. Ahora bien, estos no pueden ser explicar por si solos del éxodo rural: también hay que tener en cuenta virtuales factores de presión en el campo.1338 Sabemos que la situación de las masas rurales se deterioraba rápidamente a partir del tercer cuarto del siglo XVIII: que resultaba cada vez más difícil sustentarse como campesino. En un momento dado, pasado 1790, muchos no resistían más y se marchaban hacia la ciudad.

LA IMPORTANCIA DEL ROBO

Unas de las respuestas de los campesinos a su creciente proletarización era el éxodo rural, otra era lo que los rentistas llamaban robo, en particular el abigeato. En vez de doblegarse antes las condiciones que querían imponer los propietarios y los grandes arrendatarios, ¿Por qué no aprovechar la anchura del monte, la escasa vigilancia, y esquilmar la producción de los que acaparan la tierra e impedían el establecimiento de explotaciones familiares? De acuerdo con este planteamiento, la delincuencia rural habría aumentado a fines del siglo XVIII en aquellas partes donde la descampesinación estaba más avanzada. Resulta imposible comprobar esta hipótesis. Consta, empero, la suma importancia del fenómeno jarocho setecientos tardío.1339

Adrián Félix Troncoso, alcalde provincial de Veracruz, denuncio desde 1780 la existencia de “hombres solo, solteros, sin rancherías ni siembras,… una especie de vagantes” en el campo jarocho. Según Troncoso, estas gentes se juntaban en pandillas para dedicarse al robo de ganado, a veces bajo la dirección de algunos pequeños arrendatarios.1340 Veinte años después, Eugenio Fern|ndez, hermano de Remigio, informaba al cabildo porteño de “un número no pequeño de mujeres de malas costumbres, como se les debe suponer, pues huyendo de los poblados y negadas a toda ocupación honesta, viven abandonadas en la inacción y arranchadas en Los Ventorrillos (un parage cercano a la ciudad) sin más ajuar ni interés que los pocos palos que se

1336 AHV 1810, Instrucción del ayuntamiento de Veracruz para el diputado a Cortes.

1337 Véase Apuntes estadísticos de la Intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/ Florescano (1967:115-150.118) para las remuneraciones rurales. Para las remuneraciones urbanas, véase infra. Cap. 19.

1338 Van Young (1992h:357) planteaba que el éxodo rural de fines del setecientos se explica más por la presión en el campo que por el atractivo de la ciudad. En un fino estudio obre el Soissonnais del setecientos, Postel-vinay (1974:62-68) insiste en que los atractivos de la ciudad no seducen a las masas rurales mientras estas pueden sustentarse como campesinos.

1339 Hamnett (1986:59-67) informa la importancia del bandidaje a fines de las intendencias de Puebla, Michoacán y San Luis a fines del siglo XVIII. Con respecto a Guadalajara, véase Van Young (1981:264-269).

1340 AGN, Indif. de Guerra 47B, Troncoso al virrey, 7/7/1780.

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compone la miserable casucha. No puede ocultarse a la penetración de V.S. cual sea su vida y que sus arbitrios para subsistir es el hacer sombra a los muchos robos que se hacen de ganado”.1341 El abigeato era un fenómeno muy común en el campo jarocho de la época: según una estimación del ayuntamiento, a inicios del siglo XIX se robaban por lo menos diez animales cada día tan sólo en las enmendaciones de la ciudad.1342 Empero, los bandidos no se limitaban al robo de ganado. Una carta del justicia de Tlacotalpan de 1808, por ejemplo, revela la existencia de un pandilla que hurtaba de noches las frutas de algunos árboles, especialmente de los cocoteros, y hacia “otras travesuras de esta naturaleza”.1343

Los bandidos actuaban fuera de la ley; sin embargo no excluimos que los robos se realizaban a veces con la complicidad de ciertos sectores de las clases dominantes.1344 Así resulta cuando menos extraños que en los contratos entre el mayorazgo de Santa Fe y de sus grandes arrendatarios se estipulaban que estos tenían que denunciar que el abigeato en los hatos de la reserva por parte de los pequeños arrendatarios, campesinos o arrimados.1345 No cuesta imaginar que los comerciantes –productores del puerto-o algunos de ellos- se resarcían de una parte de los agravios que sentían que recibían por parte de los terratenientes establecidos una red que comercializaba el ganado robado en forma de tasajo en la ciudad. Esta alianza se debía romper, por supuesto, en el momento en que los comerciantes porteños empezaban a monopolizar la ganadería regional, es decir hacia 1810.1346

LOS APUROS DE LOS GRANDES ARRENDATARIOS.

Desde mediados del siglo XVIII surgieron grupos de grandes arrendatarios en amplias partes de las costas novohispanas. Parecía que por lo menos en el campo jarocho se iba a implantar un modelo agrario parecido a aquel que predominara en Inglaterra: un agro en que los propietarios dejaban la producción en manos de unos cuantos arrendatarios, un agro también en que la competencia entre estos grandes arrendatarios llevaba al aumento de la productividad.1347 Sin embargo, antes de que terminara el siglo, el proceso se interrumpió.

1341 AHV 1804, Exp. Sobre el abasto de carne.

1342 En 1808, el ayuntamiento de Veracruz estimaba, quizás exagerando algo, que por cada vaca que se compraba en las enmendaciones de la ciudad para hacer tasajo se robaban diez: una cantidad considerable si tenemos en cuenta que a inicios del siglo XIX se sacrificaban en el área de 3´000 a 4´000 cabezas al año con este fin. Véase AHV 1808, Exp. Sobre el abasto de carne.

1343 AHT leg. 5. El teniente de Tlacotalpan al intendente de Veracruz, 28/9/1808.

1344 Véase en este sentido también Hamnett (1986:64-65).

1345 AGN, Tierras 1174, exp. 15.

1346 Véase infra, cap. 16., con respecto a las redes de comercialización de la carne de vacuno de la ciudad.

1347 Véase el excelente ensayo de Brenner (1988) sobre la problemática vinculada con el surgimiento del gran arrendatario en Inglaterra.

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Dos procesos amenazaban desde inicios de la década de 1790 la vialidad de las explotaciones de los grandes arrendatarios: el deterioro de su posición frente al propietario- el alza de la renta, la reducción de la duración de los contratos, la escrita reglamentación del uso de la tierra –y la carestía de mano de obra. Particularmente agudo resultaba el problema en las explotaciones algodoneras y ganaderas aledañas al puerto de Veracruz. La gran competencia por las tierras permitía aquí a los propietarios imponer contratos cada vez más gravosos para los arrendatarios mientras que la cercanía de la ciudad obligaba a los labradores a aumentar considerablemente la remuneración de los jornaleros: de acuerdo con Quirós, el jornal pagado en los algodonales del distrito subió entre 1797 y 1803 de 2 a 4 reales. 1348

Así las cosas, ni la creciente demanda de cal y ladrillo, ni la progresiva conquista del mercado porteño de la carne de res, ni los muy buenos precios que alcanzaba el algodón en Puebla podían detener la decadencia de los grandes arrendatarios. Arriba vimos que los primeros comerciantes abandonaron el control directo de la producción agropecuaria –cría de ganado, calcinación y cocción de ladrillos- en tierras arrendadas desde 1790. Se trataba quizás de una forma de presionar a los propietarios a que cederían; sin embargo, ante la firmeza de estos, el retiro era definitivo. Hacia fines del siglo seguían labradores de algodón. En 1803, Quirós escribía que sólo seguían aquellos que no se podían decidir a abandonar las cuantiosas inversiones que habían hecho en sus explotaciones.1349 El proceso era sin duda de una importancia trascendental y parecía que la contracción de la producción de algodón en el campo jarocho se vinculaba estrechamente con la crisis de la gran explotación en arrendamiento.1350 Con todo, aún en 1806 subsistían en el subdistrito de Tlalixcoyan 12 ranchos de siembras de algodón grandes “con 60 fanegas de tierras cultivada”.1351

Ante la fuerza de los propietarios, los comerciantes porteños se retiraban poco a poco de la producción, pero no por eso renunciaban a la idea de ejercer un control directo sobre el campo jarocho. Para preparar el terreno emprendieron pasado1800 una verdadera cruzada ideológica en nombre del “fenómeno de la agricultura, la extensión del comercio, el aumento de le población y la prosperidad del genero humano” contra los propietarios. Desde el ayuntamiento y el consulado no se cansaban de denunciar “la tirana conducta” de los grandes terratenientes, principal obstáculo para el desarrollo agropecuario del reino general y de la Costa de Sotavento en particular. Los propietarios no sólo no invertían nada en sus explotaciones, teniéndolas “en un abandono lamentable sin el establecimiento de sementeras, huertas, ni cría de ganado”: también impedían, a través de “pesadas rentas y de condiciones irritantísimas” que se desarrollara un grupo de arrendatarios emprendedores.1352

1348 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/ Florescano (1967:115-150.118).

1349 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco / Florescano (1967:115-150.118).

1350 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco / Florescano (1967:115-150.117-118).

1351 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967:115-150.128-129)

1352 Quirós José María, Memoria sobre el fomento agrícola de la intendencia de Veracruz, 1807, en: Ortiz de la Tabla (1985:131-150. 136-147). Véase también AHV 1802, José Gutiérrez de Cubas, procurador del

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Apoyados en sus memorias, los veracruzanos pedían a la corona la aplicación estricta de la legislación agraria que condicionaba el gozo de la propiedad de la explotación efectiva de la tierra por el mismo titular. Sabemos de iniciativas de este sentido tanto el ayuntamiento como el consulado. Según Quirós, una de estas solicitudes, entregada en abril de 1803 por conducto d e lobby porteño en la corte de Madrid, llevó a la proclamación de la real cédula de 14 de febrero de 1805 en que se ordenaba “que los poseedores de tierras las pueblan dentro de un año con apercibimiento de perder el dominio y venderse a otros”.1353 Conocemos ya la eficacia de tales edictos.

Paralelamente, el ayuntamiento proseguían su política de ampliar los ejidos. Parece que en 1802, el gobierno urbano adquirió los derechos sobre el sitio de Juan Santiago.1354 A partir de 1808, la ciudad entro en negociaciones con el conde de Santiago, titular del mayorazgo de San Fe, acerca de la compra del latifundio. Desde 1810 hubo un primer entre las partes y en enero de 1812, el ayuntamiento tomo formalmente posesión de las tierras. Por lo pronto, la fiebre expansiva de la ciudad se paro allí. El ayuntamiento enfrentaba incluso serios problemas por consolidar la adquisición de Santa Fe. Por su parte había intentos de ciertos familiares del conde de Santiago por recuperar el latifundio a través de la nulificación de la venta, por la otra, el ayuntamiento no podía cumplir cabalmente con las cláusulas del contrato por la contracción de sus ingresos. 1355

Algunos de los grandes arrendatarios conseguían títulos de propiedad a titulo particular. Entre estos destaca claramente Remigio Fernández quien adquirió Chiltepec en 1802 y Guerro en 1804. Ahora bien, una vez convertido en propietario. Fernández seguía exactamente la misma política frente a los no propietarios que el resto de los terratenientes. Desde 1804 negó a Juan Bautista del Rió, un comerciante avecindado en Tlalixcoyan, la explotación del ixtle y de la seda silvestre sus propiedades.1356 Tres años después se enfrentó a los rancheros de Medellín, casi todos arrendatarios suyos. Según los campesinos, Fern|ndez trataba “de gravar a los arrendatarios con pensiones exorbitantes que no merece la tierra que ocupan, queriendo ceñir los arrendatarios a tiempo muy limitado y a m|s condiciones nada regulares”.1357 Estos hechos demuestran mejor que cualquier reflexión teórica que lo que enfrentaban a los comerciantes de Veracruz con los propietarios no eran problemas abstractos sino el problema muy concreto de quien podía explotar a quien.

El fenómeno del gran arrendatario era particularmente importante en las inmediaciones de Veracruz, pero también lo encontramos en otras partes. El panorama que se nos presenta es casi

ayuntamiento, al rey, 16/2/1802; Quirós José María, Memorias sobre los efectos del reglamento de comercio libre, 1808, en: Ortiz de la Tabla (1985: 151-177. 167-168).

1353 Con respecto a estos intentos de provocar la explotación de los mayorazgos, véase Quirós José Maria, Memoria sobre el fomento agrícola de la intendencia de Veracruz, 1807, en: Ortiz de la Tabla (1985:131-150.136).

1354 Trens (1947:II.450).

1355 AHV 1810, Instrucciones del ayuntamiento de Veracruz para el diputado de Cortes; AHV 1812, Exp. Sobre la compra del mayorazgo de Santa Fe; AHV, AC 11/10/1820.

1356 AGN, Industria 8, exp. 14.

1357 AGN, Tierras 1382, exp. 4.

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siempre el de estancamiento, de crisis. Mencionamos ya la probable contracción del número de productores de panela y mieles en tierras cosamaloapeñas a fines del setecientos. En el vecino partido de Tlacotalpan, el ejemplo de Ignacio Goa no encontró seguidores y en 1807, el teniente reporto a Veracruz que no había trapiches en su jurisdiccion.1358 El desarrollo de los ganaderos tlacotalpeños, tan prósperos, durante el tercer cuarto del setecientos, enfrentaba, es lo menos que podemos decir, serios problema. Cada nuevo contrato de arrendamiento significaba nuevos pleitos con el terrateniente, el convento de San Agustín de Veracruz. A este problema heredado del siglo XVIII se añadían ahora presiones de los terratenientes que querían apoderarse del abasto local. En fin, un fenómeno natural, la inundación del Papaloapan de 1806, les afectaba tanto que a muchos tenían que dejar de esquilmar sus hatos durante meses.1359 El abandono de los hornos de cal y ladrillo en El Tejar y Jamapa en 1790- el mayorazgo dejaba las instalaciones sin uso después del retiro de los arrendatarios-permitió del desarrollo de este ramo en Tlacotalpan.1360 Sin embargo, la estrecha dependencia de los productores tlacotalpeños del mercado urbano de Veracruz debía de precipitarles en una crisis existencial cuando cesó la fiebre constructora en el puerto hacia 1810.

Respecto al desempeño de los grandes arrendatarios en la Mar del Sur dependemos en mayor medida de conjeturas. En una memoria escrita en 1810, el obispo de Oaxaca señalaba que la producción de grana por arrendatarios españoles en tierras de indios no lograba recompensar la contracción de la cosecha campesina: de allí que descartamos una expansión espectacular del ramo.1361 Por otra parte consideramos que la inversión de grana era un negocio sumamente arriesgado para los españoles. Conflictos con los justicias podían poner en entredicho no sólo la cesión de las nopaleras sino también el suministro de mano de obra por parte de las republicas.1362 Otro factor susceptible de frenar la expansión del ramo era la incertidumbre acerca de la imposición del diezmo sobre la grana no india.1363 Los datos sobre los ganaderos y trapicheros productores eran, cuando menos en muchos casos, grandes arrendatarios, también sugiere una situación de estancamiento, pero quizás no de catástrofes. Si compramos el registro de los ranchos y trapiches que se diezmaban en el distrito de Jicayan en 1803 con la lista de las unidades que proporciona Murguía y Galardi para 1825 constatamos no solo que su número era prácticamente igual- una cuarentena y una decena, respectivamente-sino también que los propietarios de los establecimientos seguían siendo por lo menos la mitad de los casos de las

1358 AHT, leg. 5, El teniente de Tlacotalpan al intendente de Veracruz, 4/4/1807.

1359 La situación de la garantía tlacotalpeña a inicios del siglo XIX se puede analizar a través de la correspondencia entre el justicia local y el intendente de Veracruz. AHT, leg. 5, El intendente de Veracruz al teniente de Tlacotalpan, 1/10/1806; AHT, leg. 5, El teniente de Tlacotalpan al intendente de Veracruz, 29/9/1806, 13/10/1806, 27/10/1806 17/11/1806.

1360 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/ Florescano (1967:115-150.115-119).

1361 Véase en este sentido las afirmaciones del obispo de Oaxaca, Antonio de Bergoza y Jordán, en: AGN, Industria y comercio 20, ff. 165-236.

1362 AGN, Tierras 1371, exp. 2.

1363 AGI, México 2693, Los cosecheros de grana de la intendencia de Oaxaca al rey, 22/7/1806.

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mismas familias.1364 Puede que las unidades se encontraban descapitalizadas en 1825, puede también que producían menos: eso no obstante seguían allí.

LA CRISIS DE LA PROPIEDAD

El retiro de los grandes arrendatarios y el éxodo rural debían de afectar en un momento determinado a los propietarios. Los ingresos derivados del arrendamiento y de la usura debían de estancarse y contraerse. La vigorización de la producción de la reserva no podían representar una alternativa capaz de compensar las pérdidas en un momento en que la mano de obra se encarecía y el crédito que permitía superar años difíciles escaseaba. Este es, así va nuestra hipótesis, el trasfondo de la crisis de los terratenientes, manifiesta el aumento en el aumento significa del número de enajenaciones de latifundios a partir de 1800. Puede que además intervenían aquí y allá factores adicionales de carácter regional. Así en San Marcos, una haciendo cuyo eje había sido desde su establecimiento la carnada, el abasto de las embarcaciones que llegaban al puerto de Acapulco. Evidentemente esta salida se contraía junto con el tráfico en la Mar del Sur, a más tardar a partir de 1810. Las salidas alternas para el vacuno se encontraban en el altiplano central: llevar al ganado hasta allí implicaba mayores gastos y pérdidas por los malos caminos pero no necesariamente mejores precios. 1365 También las haciendas de Veracruz y de Cosamaloapan, el producto de las reservas parece en franca decadencia. Aquí, el problema no sería la falta de salidas sino de sobreexplotación: la saca desconsidera de ganado para satisfacer una demanda que crecía a pasos gigantescos hasta la segunda mitad de la década de 1800.1366 Admitimos que resulta imposible verificar estas hipótesis, que nos movemos en el resbaloso terreno de las conjeturas.

La volatilidad de la gran propiedad era un fenómeno común a casi todos los distritos costeños. Los mismos mayorazgos, españoles o caciquiles, no se escapaban-aunque su venta implicaba hasta 1820 complicados tramites ante la audiencia.1367 Asi las cosas extraña la sobrevivencia en bloque de los propietarios de Acayucan: los Franyutli, Jara, Ortiz y Torres. Cierto, no todos salían parejos de la prueba. Con la adquisición de Nopalapan, los Franyutli ampliaban considerablemente su reservorio territorial; en comparación con los años 1770 lograban

1364 ACO, Diezmos de la colectaría de Jamiltepec XXIV; BISMGE. Murguía y Galardi José M., Estadísticas del Estado libre y soberano de Guajaca, 1826, vol. I, Departamento de Jamiltepec.

1365 AGN, Tierras 1213.

1366 Con respecto a la disminución del número de cabezas de vacuno en el distrito de la Nueva Veracruz, véase AHV 1810, Instrucciones del ayuntamiento de Veracruz para el diputado a Cortes. La teoría de la sobreexplotación se encuentra desarrollada en Quirós José María, Memoria sobre los efectos del reglamento de comercio libre, 1808, en: Ortiz de la Tabla (1985:151-177.166-167) y sobre todo en Quirós José María, Memoria sobre la situación de la agricultura del virreinato, 1809, en: Ortiz de la Tabla (1985:179-202.187-188).

1367 De acuerdo con la legislación colonial, la disolución de un mayorazgo requería de la aprobación de la audiencia. Véase para un ejemplo AHV 1811, Exp. Sobre la compra del mayorazgo de Santa Fe. Con la supresión de los mayorazgos por las Cortes en 1820, estos trámites desaparecían.

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también un cuantioso aumento de sus hatos (cuadro 51).1368 Los demás, de por si menos acaudalados, sólo conservaban los latifundios que habían adquirido en épocas anteriores: a diferencia de los Franyutli, todos ellos registraban marcados retrocesos en el tamaño de los hatos de la reserva.

¿Cuál era el secreto de los propietarios de Acayucan? Vislumbramos varios elementos susceptibles de explicar su éxito relativo. En sus reservas, los acayuquenses ciaban vacuno, caballar y mular. Los caballos y las mulas se utilizaban como animales de montura y de carga en el transporte entre el Tabasco y la Nueva España, las reses se vendían a Veracruz y las Villas.1369 Es posible que este negocio prosperaba particularmente sobre el primer cuarto del siglo XIX debido a la crisis de la ganadería en los distritos de la Nueva Veracruz y de Cosamaloapan: que los acayuquenses podían recurrir en este periodo a las reservas que se habían acumulado en los años anteriores, años en que el abasto de los mencionados centros de consumo se monopolizaba por los latifundistas de El Jato, Uluapan, Guerrero, EL Zapotal, etc. Sea como sea, los datos de que disponemos sugiere que la esquilmación de los hatos acayuquenses se mantenía grosso modo entre 1800 y 1830: para la primera fecha, el distrito en su totalidad exportaba 4´000 reses al año, en 1803, tan sólo Nopalapan aportaba 1´000 cabezas a las caravanas que salían rumbo a Veracruz.1370

¿Cómo obtenían los Franyuti y sus coleas los vaqueros? ¿Quiénes les producían el maíz necesario para los caballos? En el contexto de la época, este era sin duda alguna el problema central. En 1830, el comercio de Acayucan lamentaba amargamente la holgazanería e inutilidad de los indios y añoraba la segunda mitad del setecientos como su época dorada.1371 El discurso deja entrever que también Acayucan, las masas rurales habían ampliado para ese entonces su autonomía frente a los explotadores. Ahora bien, puede que- por razones que no logramos entrever- el proceso era más tardío y menos profundos que en otras partes: el hecho de que en una fecha tardía como 1807 se practicara aún el repartimiento sistemático de indios en el distrito, sobre todo para la siembra de maíz, deja pensativo.1372

Al igual que sus colegas, los comerciantes-propietarios de Acayucan eran no sólo productores sino también usureros. En el siglo XVIII comercializaban el algodón de los campesinos del distrito. Como en el resto de los distritos sotaventinos, la exportación de algodón perdía toda su

1368 1777: Siemens/Brinckmann (1976:299-300); 1831: Estadística del Estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.), (1986:I,59-316.63-99).

1369 Véase Siemens/Brinckmann (1976:297-298) respecto al papel de los acayuquenses como transportistas.

1370 Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/ Florescano (1967:115-150.143); Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986:I, 61-316.81).

1371 Estadísticas del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986:I,59-316.70-71).

1372 AGN, Clero regular y secular 207, exp.11.

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importancia durante el primer cuarto del ochocientos. Lo mismo sucedió con el ixtle. 1373 Sustentamos que en Veracruz, Cosamaloapan y San Andrés, el proceso traducía la perdida de control de los rentistas sobre la masa rurales. Ahora bien, en Acayucan, las cosas no eran quizás tan sencillas. No descartamos que la desaparición del algodón como bien a futuro respondía la aparición del cacao. Los árboles de cacao eran parte consustancial del paisaje agrario de la región desde que antes de que llegaran los españoles. No obstante, durante mucho tiempo, el interés del comercio en la producción era mínima-los usureros acayuquenses preferían-utilizar los recursos disponibles para fomentar el cultivo de algodón –y el consumo de reino se cubría por medio de importaciones.13741375 Se ha sugerido que la contracción de los envíos de Caracas, principal abastecedor de la Nueva España desde mediados del siglo XVII, y la simultanea expansión de la demanda estimulaban a partir de los años 1770 la producción de excedentes en Tabasco y Acayucan.1376 Para 1830 comprobamos, de hecho, la existencia de importantes cacaotales en los Agualulcos.1377 Podría ser entonces que los acayuquenses conservaban en las postrimerías de la colonia de la fuerza necesaria para imponer las masas rurales mayores cosechas de cacao.

LA INSURGENCIA EN SOTAVENTO.

El retiro de muchos de los grandes arrendatarios, el escape de amplias capas de las masas rurales de las mallas de la explotación y las subsiguientes crisis de la propiedad, de la producción y del comercio eran procesos anteriores a 1810. Las lamentaciones de Quirós sobre “la decadencia de la agricultura, la pesca y despoblación” en su informe de 1803, el lúgubre an|lisis de la “la destrucción de las costas”, insertado por el ayuntamiento porteño en la instrucción para su diputado a las cortes de Cádiz en 1810, parecen plenamente justificados.1378 La avaricia de los propietarios había llevado a ellos y al resto de los comerciantes a un callejón sin salida.

En este contexto surge la insurgencia. Los movimientos insurgentes de Sotavento eran desde un principio movimientos rurales. Refiere Lucás Alamán que los primeros insurgentes que

1373 Encuesta del Banco del Avío sobre algodón, lana, morera, gusanos de seda, abejas y otras industrias de Veracruz, 1831, en: Chávez Orozco /Florescano (1967:189-239); Estatidistica del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.)(1986:I,59-316.70-71).

1374 AGI, Indif. Gral, 107, I, ff. 328-340 y Villaseñor y Sánchez (1746:I,366-379) permiten apreciar la situación en los años 1740. véase también García de León (1985:I,59).

1375 Arcila Farias (1950:82-83).

1376 Arcila Farías (1950:82-83)

1377 Estadística del estado libre y soberano de Veracruz, 1831, en: Blázquez Domínguez (comp.) (1986:I,59-316.101-111).

1378 AHV 1810, Instrucciones del ayuntamiento de Veracruz para el diputado a cortes. El texto de Quirós se encuentra en los Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967:115-150.115-121).

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aparecían en mayo de 1811 en las inmediaciones de la ciudad de Veracruz eran “hombres de campo armados, conocidos con el nombre de jarochos.”1379

Las clases dominantes de la región se mantenían siempre hostiles frente a los movimientos. Los comerciantes del puerto hablaban desde 1810 de los insurgentes como de “esos miserables faccionarios .. .que en la realidad no son más que unos malhechores, de los que por desgracia del género humano ha habido en todos tiempos” y afirmaban, en una carta del ayuntamiento al virrey, que “la ciudad sola de Veracruz y su provincia resistir|n a los enemigos interiores y exteriores hasata dejar de existir.”1380 Al igual que sus colegas de Tlalixcoyan y los ganaderos de Tlacotalpan pedían en un momento u otro la ayuda de las tropas del rey contra los insurgentes.1381 Así las cosas, la insurgencia sotaventina se presenta en gran medida como un movimeinto de las masas rurales, de “hombres de campo armados”, contra los rentistas, sus explotadores que vivían en la ciudad y en las principales cabeceras.

Podemos distinguir entre dos focos insurgentes: la Cuenca del Papaloapan, en particular el distrito de Cosamaloapan, y las inmediaciones de la ciudad de Veracruz. Parece que después de la primera efervescencia en el campo jarocho durante el mes de mayo de 1811 la situación volvió a estabilizarse. Tanto allí como en la cuenca, los movimientos lograban imponerse hasta un año después. Al llegar en marzo de 1812 a Cosamaloapan, el viajero español Tomás de Comyn observaba una “gran fermentación” en todas las poblaciones del distrito.1382 Poco después, los insurgentes se apoderaron no sólo de la campiña, de pueblos y rancherías, sino también de algunas de las cabeceras más importantes de la cuenca: San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan y Chacaltianguis.1383 Para julio, los únicos pueblos de importancia que quedaban fuera de su control eran Alvarado y Tlacotalpan. En un dramático llamado, los ganaderos tlacotalpeños se dirigían entonces al governador de Veracruz, pidiéndole el envío inmediato de tropas.1384 La tropa, 300 hombres al mando del comandante Juan Topete, reconqustó en poco tiempo los principales asentamientos de la región para los rentistas. Sin embargo, en el monte seguía durante años, hasta 1816, una guerrilla que causaba zozbra entre los explotadores.1385

Las rancherías de los partidos de Medellín, Tlalixcoyan y Cotaxtla eran, desde mayo de 1812 a más tardar, tierra de insurgentes.1386 en agosto del mismo año de 1812 llegó procedente al altiplano Nicolás Bravo. El caudillo permaneció hasta octubre del año siguiente en las costas.1387

1379 Alamán (1949:IV,87).

1380 Carta del ayuntamiento de Veracruz al virrey, 6/10/1810, en: Lerdo (1950:II,51-53).

1381 AHV, AC 2/5/1812, 15/6/1812, 26/6/1812

1382 Poblet/Pacheco/Delgado (1992:II,146).

1383 AHV 1812, Representación de José Ignacio de la Torre, 12/5/1812. Lerdo (1950:II,89).

1384 AHV, AC 15/6/1812.

1385 Gaceta de México, 21/11/1816 y 29/4/1817. Véase también Lerdo (1950:II,89.98-99.134-136) y Medel y Alvarado (1963:148-161).

1386 AHV, AC 2/5/1812 y 8/5/1812; AHV 1812, Informe del sindico personero del ayuntamiento de Veracruz sobre el abasto. Véase también Anónimo (1960:3).

1387 Alamán (1949:IV,86-114); Anónimo (1969:9).

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Bajo otros dirigentes, Rosains y, a partir de julio de 1815, Victoria, la insurgencia seguía firma hasta fines de 1816. De allí en adelante, el movimiento se desmoronaba rápidamente. Seguía habiendo grupos guerrilleros en el campo jarocho, seguían produciéndose ataques insurgentes como aquel día 11 de septiembre de 1818 a los extramuros de Veracruz: empero, en términos generales podemos decir que las autoridades controlaban ahora la situación.1388

¿Por qué se desencadeno la insurgencia en 1812? Concebimos la insurgencia sotaventina como una respuesta más de las masas rurales al desafió de los rentistas. El gran problema tanto del campo jarocho como el de la cuenca era el acceso a la tierra. Durante mucho tiempo, los campesinos confiaban en las iniciativas de las autoridades reales y de los comerciantes de la ciudad-cabecera para dotarles de tierra. Son embargo, al no surtir los efectos concretos, la credibilidad de la política desarrollada por las clases dominantes locales se iba desgastando paulatinamente. Las expulsiones de pequeños arrendatarios de los latifundios del partido de Tlalixcoyan en 1803, el fracaso de los lanceros de Jamapa en su intento de constituirse en comunidad en 1807 y una nueva ola de expulsiones de la hacienda de Paso de Ovejas en 1812 se añadían a la memoria de las luchas de la segunda mitad del siglo XVIII.1389

De acuerdo con el que fuera párroco de La Antigua durante todos esto años, la insurrección sotaventina estalló a raíz de los signos que los campesinos costeños recibieron desde la sierra. Según esta versión, el coronel Antonio Bárcena envío en mayo de 1812 desde su cuartel general en Huatusco a Mariano Mora para que diera el grito en la hacienda en Paso de Ovejas y al capitán Juan Rafael Reyes para que hiciera lo mismo en Medellín. Ambos asentamientos se convirtieron desde el mismo día en baluartes de la insurgencia.1390 Parecía entonces que los costeños estaban a la espera de un momento oportuno para levantarse y que el factor que desencadeno el movimiento era un cambio en la relación de fuerzas a nivel regional (mucho más que nacional).

La organización era un problema constante de los insurgentes. La insurgencia no era un movimiento unido sino una vaga coalición de cabecillas que ejercían un control más o menos fuerte sobre sus hombres. A la llegada de Bravo, los diferentes grupos se le unieron; el prestigio de que gozaba el caudillo era tan grande que incluso podían remover cabecillas locales.1391 Al retirarse Bravo en octubre de 1813, la ciudad se desmoronaba rápidamente y los diferentes jefes combatían a menudo no sólo a los españoles sino también a sus rivales.1392

Señalamos arriba la importancia de los mandos medios de las milicias como portavoces de sus gentes. ¿En que grado se pasaban estos mandos a la insurgencia? ¿En que grado lograban

1388 Respecto al ataque a los extramuros, véase Lerdo (1950:II,142-143). Véase también AHV, AC 2/6/1817.

1389 AHV 1813, Joaquín Sánchez Boada al consejo de regencia, 21/5/1812; AGN, Tierras 1382, exp. 4; Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967:128-129).

1390 Anónimo (1960:3) Lerdo (1950:II,76-77.86-87) es menos explicito respecto a los vínculos exteriores de los movimientos costeños. Empero, también el señalaba que, mientras la sierras se levanto desde fines de 1811, la costa siguió hasta mayo 1812.

1391 Alamán (1949:III, 369); Anónimo (1960:9).

1392 Alamán (1949:IV,37-50.96); Lerdo (1950:II,126): Rivera Cambas (1869-1871:494-504).

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imponerse en las nuevas estructuras? Sabemos muy poco sobre el origen de los cabecillas. Lucás Alam|n presenta Francisco Susunaga como “un mulato veracruzano de gran valor”.1393 De José Antonio Martínez, uno de los cabecillas más renombrados, consta que había sido sirviente, probablemente capataz, en la hacienda de Paso de Ovejas, propiedad de Francisco Arrillaga.1394

Los jefes insurgentes llegaban a un modus vivendi con los comerciantes del puerto. En tiempos de Bravo, estos conseguían pases para sus mercancías mediante regalos de ropa y comestibles. Pronto, los insurgentes empezaron a aplicar tarifas a las mulas que pasaban por territorio insurgente. De acuerdo con Lerdo había incluso comerciantes que contribuían con pagos regulares para el resguardo de sus fincas.1395 Significativo resulta también la intervención del cura de Antigua, partidiario de la independencia, que impuso a los grupos de su parroquia la situación del grito radical de “¡Que mueran los gachupines! Por el más suave de ¡Que viva la independencia y libertad de nación y que muera el mal gobierno!”1396

El comportamiento de los caudillos reflejaba en parte su avaricia personal, pero no solamente. Como ha destacada Tutino, todos los caudillos insurgentes, para empezar con Higaldo y Morelos, tenían compromisos con ciertas fracciones de las clases dominantes: compromisos que les impedían proceder a una reorganización profunda del campo.1397 Resulta difícil evaluar el impacto de la conducta de los jefes sobre el ánimo de las masas rurales. Sin embargo no descartamos que estas contradicciones producían frustración y desilusión y que eran una de las principales causas del fracaso de la insurgencia como movimiento.

¿Cuáles eran las tácticas emplazadas por las clases dominantes para contener y vencerla insurgencia? La estrategia fundamental de la contrainsurgencia era la misma en todo el reino: separar a los insurgentes de la población, es decir que los reservorios de reclutas y de vivieres.1398 Hasta fines de 1816, las tropas realistas se limitaban a proteger –o, el caso dado, reconquistar- algunas cabeceras estratégicas como Veracruz, Tlacotalpan, Cosamaloapan o Alvarado. Desde estas bases, los comandantes emprendían paseos militares: campañas destinadas a abastecerse y a dejar la campiña desierta, sin casa, sin víveres y gentes.1399 En un

1393 Alamán (1949:III,369).

1394 Alamán (1949:IV,37-50.96); Lerdo (1950:II,102). El cura de Antigua, gran admirador de Martínez, afirma que este se mantuvo siempre “con lo que tenia antes de la revolución”. Véase Anónimo (1960:10,12-13).

1395 Alamán 1949 (III:371); Anónimo (1960:9); Lerdo (1950:II,121).

1396 Anónimo (1960:5-6).

1397 Tutino (1990:122-124). También Hamnett (1986:56-57) alude a esta problemática del movimiento insurgente.

1398 Hamnett (1986:67-73) es quien más sistemáticamente analiza las contrainsurgentes desarrolladas en la guerra de independencia.

1399 Véase el ejemplo de las campañas de Topete en la cuenca en: Lerdo (1950:98-99).Véase también la parte el parte dicho comandante sobre su campaña sobre Cotaxtla en mayo de 1815 en Lerdo (1950:II,126-127). Topete mando a incendiar todas las casas “no creyendo deber perdonar a aquello vecinos que comían y bebían con los insurgentes, y en atención a ser aquel pueblo bien fortificado y sostenido, un punto casi inexpugnable, así como para quitar a los enemigos un abrigadero y una aduana para su comercio”.

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principio, la profundidad y la frecuencia de estos rastreros eran objeto de arduras disputas. Desde el mes de mayo de 1812 los comerciantes del puerto acusaron a las autoridades de no hacer cuanto era en sus posibilidades para liberar los caminos y sus fincas ubicadas en territorio rebelde.1400 Puede que las tropas disponibles eran insuficientes para enfrentar a la guerrilla en su territorio, pero puede también que se trataba de una manera de presionar a los comerciantes para que fuesen más espléndidos en sus contribuciones para las armas del rey.1401 Con el año 1813 desaparecieron estas discusiones: muy probablemente porque los comerciantes habían reconocido que el mejor modo de sobre vivir era contemporizar con los rebeldes.

Una segunda vertiente de la misma estrategia contrainsurgente era la amnistia.1402 En el caos de Veracruz, el indulto se flanqueaba con otro aliciente: la concesión de terrenos en los extramuros de la ciudad bajo condiciones sumamente ventajosas para el campesino. A propuesta del gobernador, el cabildo del día 4 de junio de 1813 decidió fijar rotulones “haciendo saber a todos los labradores que quisiesen dedicarse a este oficio en las tierras que se puedan trabajar que se les concederán las contiguas a esta plaza gratuitamente por el tiempo de ocho años, siempre que se obliguen a tenerlas cultivadas”. Al terminar el periodo de gracia se señalaría una pensión moderada a las parcelas. 1403 Un mes después, el gobernador ordenó el restablecimiento del pueblo de Boca del Rió, destruido anteriormente, con aquellos antiguos vecinos que, después de haber luchado del lado de los insurgentes, se acogían a la amnistía. Tanto los vecinos de los extramuros como los de Boca del Rió se ponían bajo la vigilancia de sendos cuerpos militares. En los extramuros se reclutaba un cuerpo de patriotas entre “todos aquellos en quienes había fundamentado para confiar en sus servicios”, a Boca del Rió se comisionaba un apartida de tropas regulares de la plaza.1404

El instrumentario de la contrainsurgencia estaba completo desde 1813; sin embargo, los insurgentes seguían controlando el campo hasta fines de 1816. Entonces, en pocos meses, caían sus plazas fuertes-Otatitlan en noviembre, Cotaxtla en diciembre- y se producía una desbandada generalizada por sus cabecillas. 1405 En la cuenca, por ejemplo, alrededor de 1´000 insurgentes se acogían a la amnistía durante los cuatro años anteriores a octubre 1816. Luego, entre mediados de diciembre de 1812 y mediados de febrero de 1813, en tan sólo tres meses, el comandante Topete registro a 383 arrepentidos.1406 Esto sentado hay que preguntarse porque la contrainsurgencia tardo tanto tiempo en surtir efecto. Puede que las tropas de la corona eran insuficientes para ejercer el control efectivo sobre la campiña. Empero, puede también que los

1400 AHV, AC 25/9/1812 y 9/10/1812; Véase también AHV 1812, Representación de José Ignacio de la Torre al cabildo, 12/5/1812, e Informe al sindicato sobre víveres, 13/5/1812.

1401 Esta táctica de las autoridades reales se evidencia en un escrito del gobernador al cabildo. Véase AHV 1812, El gobernador Soto al ayuntamiento de Veracruz, 30/9/1812.

1402 Respecto a la amnistía como táctica de la contrainsurgencia, véase también Hamnett (1986:172-174), quien analiza el caso del altiplano poblado.

1403 AHV, AC 25/6/1813.

1404 Lerdo (1950:II, 98).

1405 Respecto a Otatitlan y Coaxtla, véase Gaceta de México, 21/11/1816 y 31/12/1816.

1406 Gaceta de México 2974/1817; Lerdo (1950:II134-135).

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ánimos de las masas rurales pesaba durante mucho tiempo más la realidad de la tierra quemada, el terreno que sembraban los comandantes realistas en sus paseos militares, que las promesas de los bandos oficiales: que en vez de atraer a los indecisos los empujaban a huirse al monte. Respecto a la decadencia repentina de la insurgencia sotaventina a fines de 1816 hay que tener en cuenta que también otros movimientos regionales como las rebeliones en la Sierra Gorda o en los llanos de Apan declinaban en aquel entonces.1407 Puede que la caída de Morelos en 1815 permitió a las autoridades reestructurar sus fuerzas y concretar los efectivos de estas regiones. Puede también que el desgaste del movimiento insurgente, a la falta de perspectivas- evidente después del fracaso de Morelos- convencían a muchos cabecillas que más valía aceptar las condiciones de la amnistía. A todo eso se podía añadir, enseguida lo veremos, una posición cada vez más conciliadora de las clases dominantes.

Así las cosas, la pacificación de las costas se emprendió en serio hasta 1817. Los comandantes militares organizaban la reconstrucción de los asentamientos, asignado a cada vecino sus tierras, pero también cuidado de impedir frutos contactos entre los arrepentidos y los últimos reductos de la insurgencia. Cristóbal Tamariz, capitán del fijo de Veracruz, coordino los trabajos en Tlalixcoyan, Cotaxtla y Boca del Rió, Santa Anna titular de los realistas fieles de los extramuros, formaba los pueblos de Medellín, Jamapa, San Diego y Tamarindo.1408 En su parte el día 4 de julio de 1820 explico detalladamente el proceder. Después de haber establecido la iglesia, escribía, “obligue y estreche a los vecinos a que fabricarse cada uno su casa, cocina, coral, dándole a cada familia la tierra necesaria con proporción a sus circunstancias. Las siembras, las tiene cada pueblo en su circuito, la que más lejos a distancia de legua y media, de modo que fácilmente puedan acudir al llamado que se les haga según la ocurrencia, con cuya circunstancia y la de no salir ninguno de la población sin la licencia por escrito del comandante militar, fácilmente se sabe el pagaré a donde se le puede encontrar, obligándoles además a los que por razón de su ejercito de cazador tiene armas de fuego que las dejen en los cuarteles respectivos para que allí se hallen cuando las necesiten para su uso, llevando entonces anotando en la licencia de rumbo donde se dirigen y tiempo que se les conocede”.1409

Parece que la asignación de tierras a los arrepentidos se hacia por los comandantes militares en virtud de su poder real. Sabían que las autoridades les apoyaban y trataban de legalizar sus pasos. En efecto sabemos de una iniciativa del gobernador Pascual de Liñan de 1819. En una carta al virrey, el funcionario propuso que todos los terrenos que no estuvieran cultivados por sus dueños pudieran entregarse a colonos quienes no tendrían que pagar renta durante cinco años.1410 En muchos casos, los militares contaban seguramente también con la conformidad de los propietarios, “interesados tanto o m|s en el mismo gobierno en la completa pacificación del país” como escribe Lerdo.1411 José Domingo Izaguirre, titular de La Tunilla, llego incluso a proponer en 1820 un proyecto formal que preveía la entrega de parcelas de propiedad a

1407 Hamnett (1986:139-142) y Tutino (1990:176.182).

1408 Gaceta de México, 8/7/1817 y 17/8/1820.

1409 Gaceta de México, 8/7/1817 y 17/8/1820.

1410 Lerdo (1950:II,147).

1411 Lerdo (1950:II, 147).

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insurgentes arrepentidos con la condonacion de renta durante 5 años. El paso de Izaguirre es significativo aunque su proyecto no se concretizo nunca.1412

Los daños que causaba la contienda en las grandes explotaciones son difíciles de valuar. La inversión mayor era en todas partes el ganado. Los diferentes bandos, insurgentes como oficialistas aprovechaban los hatos amigos y enemigos para sustentarse y para hacerse de caballos: tenemos varios testimonios de propietarios supuestamente afectados por la esquilmación de sus hatos por parte de los insurgenes.1413 Ahora bien, sabemos que los comerciantes podían pagar para que se respetaran sus hatos. Sabemos también que mientras se suponía que sus propiedades estaban fuera de alcance, los ganaderos no pagaban los réditos de los censos con que se estaban gravadas.1414 No negamos que la guerra dificultaba la realización de los derechos, que perdidas estaban quizás a orden del día. Sin embargo, también consideramos que a menudo, las lamentaciones servían para engañar a los prestamistas. Diferente era la situación de los pequeños productores: si se refugiaban a las plazas fuertes, insurgentes terminaban con sus hatitos, se quedaban con los rebeldes, el mal momento llegaba cuando regresaban las tropas del rey. El campesino si se llevaba la de perder.

Viéndolo bien, la insurrección sotaventina logró imponer un compromiso a los propietarios: los campesinos se habrían de nuevo el acceso a la explotación- aunque no a la propiedad- de la tierra. Con eso se invirtió claramente la anterior tendencia de descampesinación y las masas rurales recuperaban parcialmente su autonomía. Empero, también los propietarios salían fortalecidos de la contienda, ya que conseguían echar las bases para unos ingresos ciertamente reducidos pero por lo menos fijos. Por supuesto, para ellos, el resultado de los cambios no se mostraba en lo inmediato y muchos seguían languideciendo durante la década de 1820. Menciona halagüeña era quizás las situación de los usureros. Con disminuidos compromisos frente a propietarios y gobernantes, con tierras que le permitían autoabastecerse en gran medida, el campesino que surgió de la insurrección no necesitaba tanto de ellos como sus antepasados.

LA INSURGENCIA DE COSTA CHICA.

En la Mar del Sur, así lo sugieran los problemas a Apango y de San Marcos o la contracción de la producción de grana en las comunidades de Jicayan y Huatulco, las perspectivas de los rentistas no eran mejores que en Sotavento para 1810. Las crisis de la producción de excedentes agropecuarios y de la explotación era, también la Costa Chica, un fenómeno anterior a los movimientos insurgentes de la década de 1810.

En la Costa Chica, la cronología de la insurgencia esta estrechamente vinculada con las campañas de Morelos. En noviembre de 1810, el caudillo llegó, procedente de la Costa Grande, a Acapulco. Después de diferentes encuentros con los comandantes de las milicias realistas de la Costa Chica

1412 Lerdo (1950:II, 147-148).

1413 AHV, 1812, El prior del convento de San Agustín de Veracruz al ayuntamiento de la ciudad, s/f; AHV 1815, Exp. Sobre el ganado de Santa Fe.

1414 AHV, AC 20/10/1815.

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y el frustrado intento de tomar el fuerte de san Diego, Morelos se retiro a Techan.1415 Esta vez, la insurgencia sólo logró movilizar al pueblo de Cacahuatepec y, quizás, a las demás comunidades del distrito de Acapulco.1416 El resto de la Costa Chica se mantenía como reservorio para el reclutamiento de tropas realistas.

En agosto de 1811, Morelos, los Bravos y los Galeana tomaron Tuxtla y Chilapa.1417 En las costas se entendían que de allí iba a proseguir su camino hacia la Mar del Sur. El cura de Pinotepa de Don Luis, por ejemplo, reporto al obispo de Oaxaca que en su cabecera decían los indios “que para el año nuevo viene Morelos” y dejaba entrever que seria recibido con regocijo por sus feligreses.1418 Poco después a inicios de noviembre de 1811, las comunidades de Huasolotitlan, Pinotepa del Rey y Jamiltepec se lanzaron a la matanza de los comerciantes europeos asentados en sus cabeceras. La intendencia envío enseguida tropas regulares desde Oaxaca, pero cuando esta llegaron, los milicianos de Los Cortijos ya había restablecido el orden tradicional en todos los pueblos involucrados y los rebeldes se había retirado al monte.1419

En diciembre de 1812, después de la toma de Oaxaca, el grupo de Morelos se dirigía una vez más hacia Acapulco. Los Bravos tomaban el camino a Jamiltepec, Morelos el de Ometepec.1420 Al llegar la noticia de su pronta llegada a la costa, los movimientos insurgentes se multiplicaron, quizás excepto en el distrito de Huatulco, apartando el camino de los caudillos y, además, sumido en pleitos territoriales entre los pueblos. En Jicayan se levantaron las comunidades amusgas y los rebeldes de 1811 recuperaron no sólo sus pueblos sino también la cabecera de Tututepec: allí establecieron, después de la llegada de los Bravo, una fortaleza.1421 En Igualapa se suministraron en febrero de 1813 las estancias de Huehuetlan y Juchitán. A los pocos días, los rebeldes tomaron el cercano pueblo de Omatepec. El día 9 de noviembre del mismo año, una contrarrevuelta restableció el redimen realista en la cabecera del distrito de Igualapa. Empero, antes de que terminara el mes se levantaron las rancherías de Cuajinicuilapa y Los Cortijos: juntas recuperaron Omatepec para la causa insurgente.1422 En fin, en Acapulco, Morelos y su gente fueron festejados por todo el pueblo de Cacahuatepec cuando tomaron en verano el fuerte de San Diego.1423

1415 Alamán (1949:II,317-330).

1416 Toro/Liquidando/Barrera (1859:427-428).

1417 Alamán (1949:II,341-342).

1418 AGN, Operaciones de Guerra 103, El párroco de Pinotepa de Don Luis al obispo de Oaxaca, 16/7/1811.

1419 Sobre la rebelión de las republicas de Jamiltepec, Huasolotitlan y Pinotepa del Rey pueden verse Gaceta México, 30/11/1811; Mier (1922:II117,145); Alamán (1949:II, 419-420).

1420 Hamnett (1986:168-171).

1421 Fray José Herrera a José Antonio Reguera, 1/3/1814, en: Montiel /Huesca (1986:121); José Antonio Reguera la virrey, 4/3/1814, en: Montiel /Huesca (1986:122-123).

1422 José Antonia Reguera al virrey, 4/8/1814, en: Montiel/Huesca (1986:76-82); José Antonio Reguera al virrey, 30/11/1814, en: Montiel/Huesca (1986:89-90).

1423 Toro/Liquidano/Barrera (1859:427-428).

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A partir de febrero de 1814, los realistas, reducidos en algún momento de a la estancia de Cruz Grande, restauraron rápidamente el control sobre la mayor parte de la región. En marzo cayeron Azoyú y Juchitán en Igualapa, Huasolotitla en Jicayan.1424 Para el mes siguiente, las cabeceras de Ometepec y de Jamiltepec habían restaurado el redimen del comercio y los tututepecanos habían destruido el fuerte insurgente en su pueblo.1425 En julio, los realistas tomaron la última plaza importante de los insurgentes, Quetzalapa.1426 De allí en adelante, incluso las guerrillas se iban extinguiendo sin mucho demorar. Sólo en el distrito de Acapulco se registraban todavía en 1817 grupos rebeldes en el monte. Durante mucho tiempo, las gavillas contaban con el apoyo de los indios. Sin embargo, para 1819 los últimos insurgentes habían quedado solos y la gente del campo los denunciaba a los realistas.1427

¿Quiénes se levantaban en la Costa Chica? Entre los principales protagonistas aparecen a menudo ciertas repúblicas de indios que organizaban a sus comunidades. Así sabemos que la matanza de los comerciantes de Huasolotitlan, Pinotepa del rey y Jamiltepec fue dirigida por las repúblicas de estas cabeceras.1428 También los pueblos amusgos de Sayultepec, Cacahuatepec y Los amusgos actuaban, según parece, como colectividades.1429 En 1913, el subdelegado de Ometepec emitió una orden de arresto contra el gobernador de Azoyú, orden que no se podía cumplir por que “todos los hijos de dicho pueblo eran insurgentes.1430 También la comunidad de Cacahuatepec, arriba de Acapulco, luchaba desde 1810 bajo el mando de su alcalde.1431

Los rentistas y su gente insistían en sus reportes en la importancia de cabecillas no indios en estos momentos. El cura de Pinopeta de Don Luis denunció desde julio de 1811 la presencia de individuos extraños en su partido, individuos que vinculaba con el movimiento de Morelos. 1432 Los comerciantes de Jamiltepec por su parte hablaban del papel de Antonio Valdés en los sucesos de 1811. según ellos, Valdés, quien había sido sirvientes de Juan Miguel Egusquiria, una de las victimas de la masacre, había organizado a las repúblicas participantes. Resulta difícil evaluar correctamente la importancia supuestos seductores en los movimientos indios. Independientemente eso consta el escaso cariño de los indios para sus explotadores. Desde 1778, el obispo de Oaxaca escribió al rey de que uno de los “los vicios dominantes” que había observado en los indios era “un odio implacable a los españoles a quienes, al paso que nos temen, aborrecende corazón… aborrecen a los españoles por que lo común, sin excluir algunos

1424 Gaceta de México, 24/3/1814.

1425 Fray de José Herrera a José Antonio Reguera, 1/3/1814, en : Montiel/Huesca (1986:121): José Antonio Reguera la virrey, 4/1814, en: Motienl/huesca (1986:132-134): José Antonio Reguera al virrey, 16/4/1816, en: Montiel/Huesca (1986:136).

1426 Gaceta de México, 15/771814.

1427 Gaceta de México, 29/8/1817 y 22/4/1819. Toro/Liquidano/Barrera (1859:427-428).

1428 Gaceta de México, 30/11/1811.

1429 Juan Nepomuceno Tico a José Antonio Reguera, 29/3/1814, en: Montiel/Huesca (1986:128-131).

1430 AGN, Indios 88, f. 339.

1431 Toro/Liquidano/Barrera (1859:427-428).

1432 AGN, Operaciones de Guerras 103, ff. 266-268.

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curas y especialmente los alcaldes mayores y sus dependientes, los tratan con inhumanidad y tir|nicamente, de que hay casos asombrosos”.1433 La erupción del odio a partir de 1810 se debe seguramente a las esperanzas que despertaba el movimiento de Morelos, pero quizás también a intentos de desesperados rentistas de restablecer relaciones de explotación más eficientes. Así sabemos que Francisco Rionda, subdelegado de Jicayan, estaba organizando un cultivo forzoso de nopaleras en las comunidades de su distrito cuando estas se decidieron pasar a la acción.1434

Parece que todas las comunidades de Acapulco, Igualapa y Jicayan se levantaban en un momento u otro contra los comerciantes españoles. Entre los pardos, en cambio, la causa insurgente despertaba mucho menos entusiasmo. Algunos como los de Cruz Grande se mantenían de plano del lado realista, formando el eje vertebral de la contrainsurgencia. También los de Jamiltepec, Huasolotitla y Pinotepa del rey se presentaban a fines de 1810 para restablecer el redimen de los rentistas en sus pueblos.1435 Otros mostraban una actitud ambigua. Los rancheros de Los Cortijos, por ejemplo, combatían en 1811 del lado realista, pero se insurgentaban en 1813 junto con sus compañeros de Cuajinicuilapa.1436

Arriba insistimos en la sensibilidad étnica de los pardos de la Costa Chica: su sed de emancipación legal, de igualdad jurídica con los españoles. Ninguno de los bandos satisfacía plenamente sus demandas. A los pocos días de estallar los primeros movimientos insurgentes, el virrey Venegas publicó un decreto mediante el cual los mulatos quedaban, al igual que los indios, exonerados del tributo.1437 Sin embargo, la constancia aprobada en Cádiz señalaba que los españoles reputados por de origen africano no eran, como los demás, ciudadanos por nacimiento; para gozar de los derechos de la ciudadanía necesitaban comprobar servicios calificados a la patria.1438 Morelos por su parte declaró en un decreto emitido en Tecpan en octubre de 1811: “Que nuestro sistemas sólo se encamina a que el gobierno político y militar que reside en los europeos recaiga en los criollos, quienes guardan mejor los derechos del Sr. Fernando VII… Que siendo los blancos los primeros representantes del reino, y los que primero tomaron las armas en defensa de los naturales de los pueblos y demás casta, uniformándose con ellos, deben de ser los blancos por este merito el objeto de nuestra gratitud y no del odio que se requiere formar contra ellos”.1439

Así las cosas, la tensión entre las autoridades españolas y las masas afromestizas estaba latente en ambos campos. En ambos campos se producían también choque abiertos entre las etnias. Veamos aquí el caso de los sucesos protagonizados por Mariano Tabares. A fines de 1808, los pulperos de Acapulco denunciaron ante el virrey su supuesta conjura encabezada por el

1433 AGI, México 1872, Informe al obispo de Oaxaca, 20/7/1778.

1434 AGN, Industria y Comercio 20, Los diputados del comercio de Oaxaca al virrey, 10/)/1810.

1435 Gaceta de México, 30/11/1811.

1436 Gaceta de México, 15/1/1814 y 24/3/1814; José Antonio Reguera al virrey, 30/11/1813, en: Montiel/Huesca (1986:89-90); Alamán (1949:II,419-420).

1437 AGI, México 1144, Exp. Sobre el restablecimiento de los tributos.

1438 Mier (1922:II, 237-243) analiza los párrafos de la constitución relativos a los afromestizos.

1439 Decreto de Morelos de 13/10/1811, en: Alamán (1949:II, apéndice 18).

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administrador de correos del puerto, Mariano Tabares. Según ellos, Tabares, clasificado como mulato, planeaba asesinar a todos los españoles del puerto. Para eso confiaba, como se rumoreaba, no sólo en los demás mulatos sino también en los indios y hasta en los soldados regulares del fuerte de San Diego. Los principales denunciantes implicaban incluso al gobernador de la plaza, Barreyro, en el asunto. Nunca se pudo comprobar nada y es posible que se trataba nada más de una intriga de los terrenos del puerto contra el gobernador y sus amigos.1440 En noviembre de 1810, Tabares escribió al virrey, pidiéndole le permitiera, a pesar de las acusaciones, alcanzar las tropas en su lucha contra los rebeldes.1441 Parece que el virrey accedió a su solicitud ya que en enero del año siguiente le encontramos como capitán del cuerpo de patriotas de Acapulco. Ahora bien, de acuerdo con Lucás Alamán, Tabares traicionó a sus superiores y permitió que Morelos derrotara a las fuerzas del rey.1442 ¿Realización de un viejo sueño o resultado de la persecución a que fue sometido a raíz de la denuncia? Poco importa. La historia no termina allí.1443 El año de 1811, con motivo de una comisión, Tabares fue asesinado a brigadier de las fuerzas insurgentes por el caudillo Rayón. Al no reconocerle su nuevo rango a Morelos, el mulato se dirigió a la Costa, movilizó a los de su casta y tomo el comando de las tropas insurgentes acampanadas en las fuerzas de Acapulco. Cuando se enteró de los sucesos, Morelos marchó de inmediato sobre los insubordinados, logró restablecer la calma y persuadió a Tabares de seguirle a la sierra. Allí le hizo apartar de la tropa y degollar por Leonardo Bravo.

Al igual que los indios, los mulatos de la Costa Chica actuaban como comunidades. Las estructuras fundamentales eran, no podía ser de otra manera, las compañías milicianas. En la 4ª división de la Mar del Sur, la 7ª compañía mixta de infantería y lanceros de Cruz Grande era realista, la 9ª de Huehuetlan insurgente; en la 5ª división, la 5ª compañía de Los Cortijos cambiaba, como vimos, en un momento dado de bando. La decisión sobre la adhesión a uno u otro bando ni se tomaba, según parece, por lo capitanes que eran, como vimos en otra parte, casi todos españoles. Así sabemos que la compañía de Los Cortijos se pasó en noviembre de 1813 al lado insurgente muy a pesar de su capitán quien tenía que huir. 1444 El control sobre las masas debían de ejercerse, tal como lo sugerimos arriba, por los mandos medios, los sargentos y los cabos.

La insurgencia de la Costa Chica tenia claros tintes de guerra civil. Los comandantes realistas de la Mar del Sur podían contar desde un principio con una parte de las milicias de pardos en el desarrollo de las estrategias contrainsurgentes. Esta división interna de las masas rurales, tan contrastante con la situación en Sotavento, permitía a las clases dominantes restaurar rápidamente su redimen sin depender demasiado del apoyo del centro. En efecto, parece que el ejercicio regular intervenía relativamente poco en la pacificación de la Costa Chica. Sólo en la

1440 Los expedientes relativos al caso Tabares se encuentran en AGN, historia 432, exp.. 3, 6.; AGN, General parte 78, s/f.; AGN, General de Parte 82, f. 45v.

1441 AGN, Historia 456, ff. 2-3.

1442 Alamán (1949:II,320-330).

1443 Para el episodio independiente de Tabares, véase Alamán (1949:II,341-342).

1444 José Antonio Reguera al virrey 30/11/1813, en: Montiel/Huesca (1986:89-90).

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defensa y posteriormente, la reconquista de Acapulco predominaban claramente elementos profesionales procedentes de fuera.1445

Así las cosas, los diferentes focos insurgentes se extinguieron rápidamente. El principal caudillo realista, el comandante de la 4ª división de la Mar del Sur, José Antonio Reguera, trabajaba tanto con el azuelo como la amenaza para lograr la restauración. En marzo de 1814 ofrecía a los últimos reductos rebeldes, Pinotepa del Rey y Huasolotitlan, la amnistía total en caso de que se rindieran; de otra forma, escribía, “estad seguros que en breves días ser|n vuestras habitaciones, vuestras familias, vuestras sementeras y todos vuestros bienes reducidos a cenizas, y entonces os culpareis a vosotros mismos y no a las armas del Rey”.1446 Con todo y la temprana restauración de la Costa Chica observamos también aquí iniciativas de las autoridades locales tendientes a dotar a los pueblos de las tierras: sin duda intentos de estabilizar una situación que seguía considerándose como virtualmente peligrosa para los rentistas.1447

En el distrito de Acapulco, la insurgencia se mostraba más resistente que en el resto de la Costa Chica, quizás por la posibilidad de imponer el transporte sobre el camino real del puerto de la capital seguía siendo un atractivo susceptible de movilizar a las masas. En 1817, empero, las fuerzas realistas controlaban también la campiña acapulqueña a tal grado podían proceder a la conocida táctica de la refundación de los pueblos destruidos y abandonados en la guerra.1448

Los dos años de la guerra en la región afectaban desde luego a los rentistas. Los campesino se habían convertido en milicianos y en vez de producir grana y algodón consumían las reservas acumuladas en las explotaciones de los propietarios y de los grandes arrendatarios.1449 Sabemos que la crisis de la propiedad persistía en los años de 1820, pero sabemos también que muchos de los grandes arrendatarios, ganaderos y trapicheros, seguían con sus unidades después de la consumación de la independencia. ¿Cuál era entonces el saldo de la insurgencia en la Costa Chica? Los huecos que dejaban los comerciantes asesinados de Pinotepa y Jamiltepec no se llenaron todos. Aún los que regresaban después de la pacificación de la región no volvía a prosperar tan fácilmente. Juan Gerónimo Rodríguez Estevez, avecindado desde 1810 en Pinotepa del Rey, en un momento dado teniente del subdelegado de Jicayan y administrador de la renta de correos, tenia cauda evaluados en m|s de 100´000 pesos “en efectivos de tienda, granas fincas de campo” cuando se vio obligado a huir de los insurgentes en 1811. Diez años después da haber regresado, Rodríguez Estevez redactaba su testamento: un documenta que muestra que en el entonces sus deudas equivalían mas o menos a sus propiedades. 1450 En

1445 Alamán (1949:III, 514-517;IV, 51-75).

1446 José Antonio Reguera a los rebeldes de Pinotepa del Rey y Huasolotitlan, 10/3/1814, en: Montiel/Huesca (1986:126-127).

1447 En 1818, el subdelegado de Igualapa recomendó al virrey que los pueblos de su distrito se dotaran con tierras. Véase AGN, Tierras 1419, exp. 5.

1448 Hamnett (1986:175).

1449 Respecto a las decadencias de las cosechas algodoneras en Jicayan, véase Gaceta de México, 24/5/1814.

1450 AGN, subdelegados 37, exp. 45, ff. 257-260; AGNEO, Protocolo Jamiltepec 1822, s/f.

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Huatulco, el comercio español había prácticamente desaparecido para 1814.1451 Los mercaderes indios podían retomar sus posiciones hasta cierto punto; sin embargo, careciendo de los circuitos crediticios de que el comercio español había gozado durante el siglo XVIII nunca podían remplazarlo. Los problemas de los rentistas sugieren que la coyuntura relativamente favorable a las masas rurales que se vislumbraba desde las postrimeras del siglo XVIII persistía después de la insurrección. Los afromestizos alcanzaban la igualdad jurídica, muchas comunidades seguían sin títulos de propiedad.1452 No obstante, la autonomía de indios mulatos frente a los comerciantes –y quizás incluso frente a la kúlaks- se habian ampliado.

1451 Véase AGN, subdelegados 37, exp. 45, para Pinotepa del Rey con respecto a Huatulco pueden compararse los registros de las alcabalas para 1783 y 1814. Véase AGN, AHH, Libro de Alcabalas de Huatulco, 1783 y 1814.

1452 Las tensiones éticas en la región seguían siendo fuertes. Véase, por ejemplo, AGI, México 1678, el virrey el conde del Venadito al ministro de la gobernación de Ultramar, 11/10/1820. El virrey informa que su misiva sobre el volante titulado Clamor africano que circulaba “entre las gentes de color y castas” de la Mar del Sur y expresa sus temores respecto a la sumisión.

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PARTE V. COMERCIANTES Y CONSUMIDORES. LA DINÁMICA DE

CLASES EN LA CIUDAD DE VERACRUZ.

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15. EL GRAN COMERCIO DE VERACRUZ Y EL PODER POLÍTICO.

Las regiones rurales del reino novohispano carecían de instituciones de gobierno autónomas, excepto durante el intermedio constitucional de 1812-1814. Sería hasta el restablecimiento de la constitución en 1820 cuando se imponía definitivamente el régimen municipal.1453 Contados eran los asentamientos que lograban constituirse en villas o en ciudades y obtener así el derecho a elegir ayuntamiento. Para nuestro periodo, la ciudad de la Nueva Veracruz era, de facto, la única ciudad del marco costeño. Planeamos que los que dominaban las ciudades novohispanas eran los comerciantes y que la base de su dominio era el control del mercado de abasto.1454 Sabemos que la organización de este mercado era la principal tarea de los ayuntamientos. 1455 Conjeturamos entonces que el gran comercio controlaba los ayuntamientos y lograba de esta manera establecer el mejor de los mundos posibles para sus negocios.

EL COMERCIO URBANO.

En Veracruz, casi el 15 por ciento de la población mayor de 15 años se dedicaba entorno a 1800 a alguna forma de intermediarismo. El grupo de los intermediarios urbanos era, como en las demás ciudades del reino, muy heterogéneo.1456 En la cúspide encontramos las grandes casas, comerciantes que median en las relaciones entre ultramar y el interior del reino y que actuaban-o trataban de actuar –como rentistas en gran escala en los distritos de la Nueva Veracruz y de Cosamaloapan. Su organización en el consulado de Veracruz a partir de 1795 les distinguía claramente el resto de los comerciantes de la ciudad durante el último periodo colonial.1457 En un nivel inferior actuaban los corredores, agentes que establecían los contactos entre las grandes casas y sus clientes, y pequeños mercaderes cuyos caudales sólo alcanzaban para ciertos tipos de menudeo. A fines del siglo XVIII, los grandes comerciantes menudeaba algunos artículos de alto valor unitario: carne, harina, quizás también telas de importación.1458 También encontramos algunos que eran propietarios de pulperías, tiendas de abarrotes donde se vendían minestras- maíz, arroz, fríjol, haba, garbanzo y lentejuela-, caldos, cacao, y especias: Juan de Urdapilleta, Andrés Tejada Juan Manuel Muñoz y Juan Bautista Izaguirre en los años de 1790

1453 Véase Pérez Herrero (1990b:17-34) para una revisión de la historia del municipio novohispano-mexicano.

1454 Sobre la representación de los rentistas en los gobiernos urbanos, véase los casos de Guadalajara –en Van Young (1992b: 220)- y puebla- en Liehr (1976:I,III-121).

1455 Liehr (1976:II,36-63) estudia el caso de Puebla , Van Young (1981:43.103) el de Guadalajara.

1456 Véase Kicza (1983:101-133) con respecto a la organización del comercio urbano en la ciudad de México.

1457 Véase Ortiz de la Tabla (1978:67-115) con respecto al consulado de Veracruz.

1458 Véase infra, cap. 16, con respecto a la organización de los mercados de carne y de harinas.

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Francisco García Puertas, Domínguez Escandón o Juan Antonio Serrano pasado 1800. 1459 Ignoramos la importancia relativa que este tipo de negocio tenía para las principales casas de la ciudad. Puede que en un principio combinaban, al igual que sus colegas en zonas rurales, el mayoreo con la venta al detalle y que, conforma las dimensiones de sus negocios se expandían a partir de 1740, se concentraban cada vez más que el primero.

Entre los que practicaban principalmente el menudeo destacaban los pulperos. En 1778 había 73 pulperías en la ciudad, en 1787, 120.1460 Ahora bien, el padrón de 1791 sólo registraba a 39 pulperos. Aun teniendo en cuenta que había pulperías que eran propiedad de las grandes casas de la ciudad no podemos descartar que había pulperos que concentraban varias unidades en sus manos. Los pulperos compraban a artesanos, mayoristas y otros comerciantes al detalle. Su control sobre la distribución de los artículos entre el vecindario les permitían a veces hacer sus compras a condiciones sumamente ventajosas y vender al mismo precio que el productor.1461 Su clientela se debía reclutar, a igual que en otras ciudades del reino, entre las masas de escasos recursos. La dependencia de estos grupos del crédito permitía los pulperos suculentos negocios de tipo usurero.1462

Con respecto al valor de la pulperías disponemos de algunos datos para el periodo posterior a 1800 (cuadro 52.).1463 Antes como después de la insurrección –no observamos ninguna diferencia- las pulperías porteñas que se vendían solían ser de escaso valor. Podríamos pensar que el resultado de nuestra encuesta se debe a que los establecimientos de menos valor eran de las que más se enajenaban. De cualquier manera consta la importancia numérica de las tiendas pequeñas. Si comparamos nuestra lista con otra establecida para la ciudad de México es las postrimerías del siglo XVIII observamos una notable coincidencia: también las tiendas mestizas y pulperías capitalinas que se vendían en ese entonces valían por lo general menos de 5´000 pesos.1464

Los pulperos compartían muchas características distintivas con los grandes comerciantes: solían ser europeos, tenían a su lado a algún dependiente del mismo origen- los dueños y sus

1459 Con respecto a los años 1790, se compararon la lista de las pulperías de Veracruz en AGI, México 2932, Reales cajas de Veracruz, 1787, y el padrón de la ciudad en AHV 1791, Padrón de la ciudad de Veracruz. Para la primera década del siglo XIX analizamos el registro de las ventas de pulperías en AGI, México 2950, 2959, 2991-2993, Cuentas del Consulado de Veracruz, 1806 1809, 1813, 1816-1818 por una parte, la lista de los comerciantes que pagaban alcabala en la aduana de Veracruz en 1800 en AGI México 2943, Cuenta el alcabalatorio de la ciudad de Veracruz 1800 por otra parte.

1460 Véase AGI, México 2932, Reales cajas de Veracruz, 1787, y AHV 1780, Solicitud de Juan José Alegre y otros cinco panaderos al ayuntamiento, 14/9/1778, con respecto al número de pulperías. En cuanto a los artículos que se vendían pueden verse AHV 1804 arancel del 2/1/1804 para tiendas bodegones; AHV 1804, Solicitud de los dueños de los puestos de semillas, 6/2/1801.

1461 Véase infra, cap. 19, el caso del pan.

1462 Véase Morín (1979:164-165) para las ciudades michoacanas.

1463 AGI, México 2950, 2959, 2991-2993, Cuentas del consulado de Veracruz, 1806-1809, 1813, 1816-1818.

1464 Kicza (1976:112).

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empleados de confianza sumaban 84 personas en el censo de 1791- y eran atendidos por uno que otro indio o pardo libre, excepcionalmente algún esclavo.1465

En la Plaza del maíz vendían los semilleros: en un principio minoristas especializados en la vente de semillas. Sin embargo, a partir de 1785, más o menos, los semilleros ampliaron su surtido y vendían también jamón, manteca y otras menudencias, convirtiéndose de esta forma en una especia de pulperos.1466 Los semilleros actuaban como prestamistas y regatones frente a los campesinos. Sin embargo, a diferencia de los grandes comerciantes, su rayo de acción se restringía a las rancherías inmediatas de la ciudad. Los mismos dueños de los puestos reconocían en 1804 que “no sólo compraban de vivanderos y gentes que traen por su cuenta los efectos de la plaza, sino que remitían sus caudales en los pueblos donde compran a mejor precio”.1467 Algunos llegaban a ocupar tenientazgos en las zonas en que actuaban: una posición con poder judicial que era la clave para la realización de suculentos negocios usureros. Así consta que el semillero Matías de Velilla era teniente de justicia de Medellín en los años 1780.1468

En la misma Plaza de maíz había otros tipos de puestos. En 1814 encontramos, además 12 puestos de semillas, 10 puestos de verduras, 12 puestos de pan y 14 puestos de recova.1469 Los puestos de pan eran expedidos que formaban parte de las estructuras de venta de los panaderos de la ciudad.1470 Los verduleros eran, según parece, productores, dueños de los ranchos de hortalizas en os extramuros. Los ocupantes de los puestos de recova, por su parte eran viajeros viandantes, pequeños comerciantes que acudían de fuera con huevos, gallinas y cerdos.1471

Para 1813 había en el puerto además 14 bodegones o fondas y 2 cafés.1472 En particular los cafés parecen en franca expansión desde fines del siglo XVIII. En 1811, el ayuntamiento señalaba que el consumo del café se había generalizado aun entre la gente de escasos recursos y lamentaba que los establecimientos donde se expandía la bebida abrigaban “la ociosidad y el vicio”.1473 Los

1465 AHV, 1791, Padrón de la ciudad de Veracruz.

1466 AHV 1804, Solicitud de los dueños de los puestos de semillas en la plaza de maíz, 6/2/1801. Véase también AHV 1815, Solicitud de los dueños de los puestos de semillas en la plaza de maíz, 30/9/1815.

1467 AHV 1804, Solicitud de los dueños de los puestos de semillas en la plaza de maíz, 6/2/1801. Véase también AHV 1781, exp. Sobre el establecimiento de una alhóndiga para el maíz.

1468 AHV, 1793, Exp. Sobre la plaza de maíz. Con respecto a tenentazgo de Velilla, véase también AGN, Tierras 1202, exp.5.

1469 AHV 1814, cuenta de la cobranza de las casas, camillas puestos en los propios de la ciudad del año de 1813.

1470 Los titulares de los puestos de pan en AHV 1814, cuanta de cobranza de las casas, camillas y puestos de de los propios de la ciudad del año de 1813, coinciden con los nombres de los panaderos en AHV 1814, cuenta de la alhóndiga para 1813.

1471 AHV, AC 17/8/1775; AHV 1793, exp. Sobre los puestos verduras: AHV 1805, exp. Sobre las casillas de los verduleros.

1472 AHV 1813, exp. Sobre cafés, bodegones y fondas. Según parece el redactor de documento no distinguía entre fondas y bodegones.

1473 AHV 1811, exp. Sobre cafés.

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nombres de sus dueños no aparecen, hasta donde vemos, en documentos sobre el gran comercio del puerto. Las diferencias entre pulperos y cafeteros, en cambio, no siempre eran muy nítidas. Por una parte había cafeteros que complementaban el expendio de la bebida en el menudeo. José Viscondi, por ejemplo, vendía en su local no sólo café sino también navajas de diferentes tipos, hilo, zapatos de importación, aguardiente y vinagre. Al morir en 1778, el inventario post mortem del establecimiento arrojó un saldo de menos de 200 pesos.1474 Por otra parte observamos a pulperos que expendían café.1475

Los minoristas de la ciudad se organizaban, al igual que los artesanos-muchos de los cuales vendían, como los panaderos, sus productos en tiendas propias- en gremios: agrupaciones que, a pesar de su titulo, carecían de poder real a fines de la época colonial. A inicios del siglo XIX había gremios de fonderos y bodegoneros, cafeteros, verduleros, semilleros y pulperos. También los corredores y los mercaderes tenían sus organizaciones gremiales.1476 Con respecto al ultimo grupo que se impone una pregunta: ¿eran los mercaderes idénticos con los grandes comerciantes que integraban el consulado o consistían un grupo aparte, dedicado quizás, a la distribución local de artículos de importación? Sabemos que en la ciudad de México existía un grupo de este tipo.1477 Ahora bien, Veracruz era un mercado mucha más reducido que la capital y no sabemos si había lugar para intermediarios en este ramo del comercio.

EL CONTROL DEL AYUNTAMIENTO POR EL GRAN COMERCIO.

Muchos años habían pasado desde aquella ordenanza de 1523 en que Carlos I determino que los ayuntamientos de las indias se elegirían anualmente por los servicios españoles.1478 A mediados del siglo XVIII - y podemos conjeturar que esta situación era una herencia de la primera mitad del siglo anterior-, el cabildo de Veracruz contaba con 12 regidurías perpetuas: cargos que se vendían a perpetuidad en real almoneda al mejor postor y cuya titularidad se confirmaba posteriormente por la corona.1479 A partir de 1778 se añadieron dos regidurías más, llamadas diputaciones del común.1480 Cada dos años, los regidores perpetuos establecían dos ternias de las que el virrey escogía por lo general al candidato que venía en primer lugar. Por estos años surgió también la figura del sindicato personero, un funcionario efecto según el modelo de los

1474 AGN, Civil 93, ff. 402-442.

1475 AHV 1813, exp. Sobre cafés .

1476 AHV 1806, Lista de los gremios establecida con ocasión de la recolección de limosnas para el siento entierro. Con respecto a los gremios, véase infra, cap. 19.

1477 Kicza (1983:107-110).

1478 Con respecto a la ordenanza de 1523 y los origines de los cabildos novohispanos, véase Israel (1980:100-105).

1479 Con respecto al número de regidurías en el ayuntamiento de Veracruz, véase AGI, Indif, Gral. 108, IV, 123-204v. Sobre el funcionario de las regidurías perpetuas, véase Liehr (1976:I,90-99).

1480 Los diputados del común se documentan por primera vez en AHV, AC 1/1/1778. Liehr (1976:I, 99-111) afirma que estos cargos aparecían en todo el reino en la década de 1770.

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diputados.1481 En 1791, el número de las regidurías bianuales se duplicó a raíz de una solicitud del cabildo de dos a cuatro.1482

Los pretendientes a una regiduría perpetua tenían que ser sujetos de notoria calidad.1483 Lo mismo se exigía de los candidatos a diputados del común como indica el ayuntamiento en una carta al virrey Calleja de 1815; el pasaje aclara también el sentido del termino. “Estos empleos, escribían los capitulares, no dependen recaer sino en los comerciantes por mayor que es la clase de mayor distinción del vecindario y en el que esta mandado se hagan las propuestas”.1484 El cabildo de Veracruz era así de hecho y, como parece, también de derecho coto privado de los grandes comerciantes de la ciudad: comerciantes que practicaban la usura y que tenían con frecuencia sus propias explotaciones agropecuarias pero que carecían durante mucho tiempo de títulos de propiedad en la campiña. A fines del siglo XVIII, estos comerciantes eran su casi totalidad europeos, peninsulares: del centenar que se pueden identificar en el padrón de 1791 sólo una decena había nacido en la nueva España.1485 Tanto por su origen como por la forma de su vinculación con el campo, los capitulares veracruzanos se distinguían entonces de sus pares planos y, en menor grado, capitalinos. En los ayuntamientos de ambas ciudades, pero sobre todo en el de la angelopolis, predominaban los criollos y los terratenientes.1486

Consideramos que el control del ayuntamiento veracruzano por el comercio vendía mucho tiempo atrás; probablemente se estableció desde la introducción del sistema de la ocupación de los puestos por remate, quizás incluso desde antes. En realidad, había razones muy tangibles que impedían que un veracruzano cualquiera pudiera ser regidor. Para empezar, se necesitaba ciertos caudales para comprar el `puesto. Una regiduría llana, sin función especifica, se conseguía a mediados del siglo XVIII en 300 pesos, hacia 1800 en 500 pesos. Regidurías vinculadas al ejercicio de ciertas funciones especificas eran mucho más costosas: Francisco Troncoso, por ejemplo, pago a fines del siglo 3´150 pesos por la regiduría del alguacil mayor, Joaquín de Santana 4´000 por la del contador de menores.1487 A la tarifa de base se añadían los impuestos reales. José Mariano de Almansa consiguió en 1805 la regiduría del alférez real de 1´200 pesos. Además le tocaba pagar un total de 72 pesos 6 reales por concepto de media annata.1488 Una vez en funciones, el regidor necesitaba disponer de fondos para cumplir con las comisiones que se le confiaban. José Echeverría, por ejemplo, entro en 1781 como regidor llano al cabildo veracruzano. Desde 1782 se le comisionó para la reedificación del palacio de gobierno y la fábrica de la torre. En un solo año suplió 14´000 pesos para el ayuntamiento se realizó hasta

1481 Véase, por ejemplo, AHV 1809, exp. Sobre la elección de los diputados del común. A 25/11/1809, el cabildo establece las ternias, a 4/12/1809, el virrey hace su elección.

1482 Lerdo (1950:I, 325).

1483 AHV 1806, Real Cédula de 15/6/1805.

1484 AHV 1815, El ayuntamiento de Veracruz al virrey Calleja, 30/12/1815.

1485 AHV 1791, Padrón de la ciudad de Veracruz, 1791.

1486 Liehr (1976:111-121).

1487 AHV 1806, Real Cédula de 15/6/1805.

1488 AHV 1806, Real cédula de 15/6/1805.

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1785, y esto “sin premio alguno”.1489 Peor todavía le iba al alférez real cuyos gastos de representación no se le restituían nunca. José de Zavaleta consiguió el cargo en 1740. En 1747 proclamo el ascenso al trono a Fernando VI, en 1760 el de Carlos III, “gastando en estas funciones mucha parte de su patrimonio para las expensas de su mayor lucimiento, con deseos de acreditar su lealtad y amor a sus soberanos”.1490 Alejandro Antonio del Paso y Troncoso, regidor perpetuo a inicios del siglo XIX, gasto “de su bolsillo” 332 pesos en la recepción que el ayuntamiento ofreció en febrero de 1805 a su posterior enemigo, el virrey Iturrigaray.1491 Las remuneración de los cargos no consistía de ninguna manera una recompensa: hasta 1776, el sueldo anual de los regidores llanos eran de 33 pesos 2 y medio reales, el del alférez real de 66 pesos 5 reales; este año, el virrey admitió un aumento de 150 y 300 pesos, respectivamente. 1492 Pero había más todavía. En efecto, cuando el titular se cansaba de sus actividades y quería retirarse tenia que pagar al rey un derecho de renuncia.1493 Los reales y el crédito precisos para el ejercicio de las funciones del gobierno local se concentraban desde la refundación de la ciudad en manos de comerciantes.1494 Estos eran también los únicos que podían desocuparse, encargando sus negocios a algún familiar, un sobrino o un hermano que se le llamaba para ese efecto de la peninsula.1495 En fin, había un montón de detalles que hacían en el circulo de posibles candidatos a regidurías fuera muy restringido: el manejo de la contabilidad, imprescindible para la realización de la mayor parte de las tareas del cabildo, o la familiarización y de las relaciones de las cortes de México y de Madrid, muy importantes para acelerar ciertos tramites ante las autoridades superiores, por ejemplo.

Entre 1812 y 1814, Veracruz se gobernaba, como las demás ciudades del reino, por un ayuntamiento constitucional. El hecho de que este fuera electo por los ciudadanos españoles de la ciudad y no nombrado por el rey no influía en la composición social.1496 A través de la legislación electoral y su interpretación, el comercio logró sin mayor problema afirmar su control sobre el gobierno local. Al revisar las listas de los cabildos de la segunda mitad del siglo XVIII observamos que por lo general había más vacantes que regidores funciones. En 1776, el cabildo se componía de sólo 6 regidores perpetuos, en 1779, su número se había reducido a tres si tenemos en cuenta que un funcionario estaba ausente con licencia y el otro suspendido en su

1489 AHV, AC 2/4/1789.

1490 AHV, AC 30/5/1776.

1491 AHV 1815, Alejandro del Paso y Troncoso al ayuntamiento, s/f.

1492 AHV, AC 2r7/6/1776.

1493 AHV 1806, Real Cédual de 15/6/1805.

1494 Con respecto a la situación en el siglo XVII, véase De la Peña (1983:108-109).

1495 Véase Branding (1975:148-159)npara la importancia de las redes familiares entre el comercio novohispano y las casa peninsulares.

1496 Las actas que dan cuentas del establecimiento y de la destitución del ayuntamiento constitucional son AHV, AC 5/12/1812 y 31/12/1814. El primero de los dos documentos permite comprobar, a través de la comparación con las cuentas de la aduana de Veracruz correspondiente a 1800, archivada en AGI, México 2943, el predominio del gran comercio en el cabildo.

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cargo.1497 Para 1750 se habían acumulado siete regidurías perpetuas sin proveerse, en 1805 hasta once.1498 Existía una evidente y quizás creciente reticencia de los comerciantes a comparar ese tipo de regidurías. Entre los motivos que se vislumbraban tras los documentos destacan los- desde el punto de vista de los posibles interesados- exagerados avalúos que servían de base en le remates y el carácter indefinido del compromiso.1499

Queda por mencionar un último aspecto de la composición de los cabildos novohispanos: el papel de la corona. El rey y su lugarteniente en el reino confirmaban a los regidores perpetuos y seleccionaban a los diputados y al síndico. El representante local de la corona, el gobernador de Veracruz, presidía las sesiones del cabildo y de los bandos acordados por el gobierno municipal tenían que ir firmados por el. En un principio esta posición permitía al gobernador frenar o impedir la ejecución de las decisiones del cabildo. Con todo, el gobernador había dependido tanto del cabildo como el cabildo de él para el ejercicio de un control efectivo sobre la urbe.

1497 AHV, AC 1/1/1776: AHV, AC 1/!/1779.

1498 AHV 1806, Real Cédula de 15/6/1805.

1499 AHV 1801, el ayuntamiento de Veracruz al virrey, 7/2/1800; AHV 1081, El ayuntamiento de Veracruz al virrey, 6/6/1801,

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16. EL ABASTO Y SU REGLAMENTACIÓN.

En medida en que determinaba el costo de la mano de obra, el abasto era uno de los factores clave para el control de la producción urbana. Thompson, al estudiar la lucha de clases en las ciudades inglesas del siglo XVIII, maneja dos modelos de mercados urbanos.1500 Por una parte distingue un modelo tradicional paternalista como el dice: un sistema en que el gobierno municipal arbitraba las relaciones entre los tratantes y consumidores a través de la regulación de las modalidades de la comercialización, de la fijación de los precios y del control de la cualidad de los artículos. De acuerdo con los legitimadores de sistema, este presentaba la única manera de proteger de una manera eficiente las masas consumidoras contra la avaricia de los tratantes. Con el tiempo, el modelo paternalista casi en descrédito. Se imponían entonces aquellos que pretendían que la intervención de las autoridades en los mercados era nociva, que los mismos mercados se autorregulaban de tal manera que todos tratantes como consumidores, salían ganando.

La revisión de las actas de cabildo de la segunda mitad del siglo XVIII muestra que el abasto con básicos se discutía regularmente en las sesiones semanales del ayuntamiento de Veracruz. ¿Qué sentido tenían las intervenciones de los regidores? Seguramente en de flanquear el control directo que ejercían, en tanto que comerciantes, sobre los mercados. ¿Cuál era el modelo de mercado que informaba las acciones de las autoridades? ¿Podemos hablar de un modelo paternalista?.

EL ABASTO Y LA SENSIBILIDAD DE LAS MASAS URBANAS. EL TUMULTO DE 1808.

Hasta pasado 1780, más o menos, los precios a que los comerciantes vendían los productos del campo oscilaban a partir de una base seguramente elevada pero no por eso es desvinculada del nivel de los ingresos urbanos. Ahora bien, con la crisis de la renta de la tierra del campo jarocho hacia 1800 decaía la producción y aumentaba la demanda. Los precios del consumidor debían de alcanzar entonces un nuevo nivel de fondo, al igual que todo el reino. A partir de la experiencia de las ciudades europeas de la época podemos conjeturar que los accesos febriles de los precios de los básicos amenazaban a lo largo de la colonia la paz de los explotadores urbanos.1501 Ahora, en un contexto de carestía permanente, el impacto de las oscilaciones bruscas sobres las masas debían de ser mayor aun. La sensibilidad de los veracruzanos frente a este fenómeno se ilustra, en efecto, a través de los sucesos de 10 de agosto de 1808.

Desde julio de 1808 empezaban a llegar noticias de la renuncia Fernando VII y de la organización de la resistencia contra Napoleón en la península de Veracruz. Las nuevas causaban profundo impacto en esta ciudad tan estrechamente vinculada con la península por lazos familiares y comerciales. En medio de esta efervescencia se presentó en la mañana del día 10 de agosto goleta francesa Le Vaillant en la entrada a la bahía. Pronto quedó claro que Le

1500 Thompson (1989b:71-72,78-81).

1501 Respecto a los motines de subsistencia en las ciudades preindustriales del viejo continente pueden verse Rudé (1989:55-57) y sobre todo Thompson (1989b).

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Vaillant venía como emisario oficial y que llevaba pliegos destinados al gobierno novohispano. Ciriaco de Ceballo como comandante del apostadero responsable del puerto, mando a que se dejara pasar al francés. Además ordeno que el buque quedara incomunicado mientras no se sacaran los papeles y prohibió pena de muerte que la población, curiosa, se acercaba a la goleta. A raíz de esta medida se suscitó el segundo y último tumulto urbano en la historia novohispana.1502

Creyendo o simulado creer que Le Vaillant llevaba no sólo papeles sino también políticos afrancesados destinados por Napoleón gobernar la colonia y que Ceballos, traicionando al legítimo de España, protegía a esta gente, una multitud se agolpaba desde las dos de la tarde en las principales calles de la ciudad en busca del funcionario. Empezó entonces una sesión de teatro contrateatro. El ayuntamiento buscó distraer a la gente con la jura solamente de fidelidad de la ciudad a Fernando VII en la plaza de Armas. Empero, la multitud continuó con su propia pieza como reconocían los regidores en el informe que mandaban posteriormente al rey: “una parte del pueblo ataco las dos casa que tenían el comandante del apostadero y arrojando a la calle las puertas ventanas y cuanto en ellas había les pegaron fuego y se dispusieron a hacer lo mismo con las otras casas de capitulares que tenían relaciones de amistad con el expresado comandante”. El cabildo recurrió entonces al escenario religioso. “A nuestra solicitud, escribía al rey, habían sacado (ilegible) y devoto rosarios las comunidades de Santo Domingo y de San Francisco y no bastando estos a aquietar al pueblo fue necesario llevar en procesión al divinisimo sacramento de la primera casa particular que fue afectada y con su augusta presencia y las exhortaciones que dieran su palabra de retirarse a sus casas, lo que en efecto verificaron, precisados también la mucha lluvia”. Esta misma noche, a las tres de la madrugada, el tumulto se volvió a encender al observar algunos que el gobernador, autoridad suprema de la plaza, se aprestaba a enviar los pliegos de Le Vaillant al virrey. Pero esta vez, la función que daba la multitud se limitaba a la destrucción de la papelería, Ceballos, objeto principal de la agitación, ya se había alejado de la ciudad. Aun habían corrillos en la plaza Mayor, pero el asunto ya no pasaba a mayores. A las cinco de la tarde se presento un “diputado del pueblo” ante el cabildo, que se había juntado con “casi todas las personas principales y decentes” del vecindario, ofreciendo tranquilidad si Ceballos nunca regresara a la ciudad y si hubiera indulto general para los suyos. El ayuntamiento accedió a estas y otras peticiones. Con un acto solemne en la parroquia, todos los participantes daban las gracias a Dios”por la tranquilidad recobrada”.

¿Por qué el encono de la multitud contra Ceballos? Una amplia investigación que se llevó a cabo en 1810 mostró que nadie tenía dudad sobre la lealtad del funcionario de la corona.1503 Las acusaciones de alta traición era nada más el pretexto para poder actuar, en nombre de los derechos de Fernando VII, es decir en nombre de la autoridad suprema del reino, contra uno de sus funcionarios. Podemos distinguir entre tres grupos de personas susceptibles de guardar algún rencor contra Ceballos. Una de las funciones de Ceballos era la de jefe de los matriculados. Como tal debía de contar con pocas simpatías entre la gente del puerto. En realidad, algunos testigos señalaban que los que más destacaban por su activismo el 10 de agosto de 1808 eran los matriculados.1504

1502 AHV, AC 12/8/1808 y 16/8/1808. AHV 1808, Cartas de ayuntamiento de Veracruz al rey, 26/8/1808, 27/9/1808, 15/11/1808 Véase también Lerdo de Tejada (1950:II, 28-44) y Archer (1983:101-105).

1503 AGN, Infidencias 30, exp. 1.

1504 AGN, Infidencias 30, exp. 1; Lerdo (1950:II34).

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Ceballos se había ganado la enemistad de amplias capas del comercio de la ciudad. Para contrariar la piratería y el contrabando que florecían como siempre cuando España estaba en guerra con Inglaterra, el virrey Iturrigaray dispuso en 1805 el cede de navegación civil en el seno mexicano. En el área de Veracruz, el cumplimiento de las órdenes incumbía Ceballos. A la mayoría de los comerciantes aplicaba las medidas con toda severidad, paralizando de esta manera su negocio intercontinental. Frente a las actividades de unos pocos, en cambio, cerraba ambos ojos. En particular se decía que la casa de Mateo Lorenzo Murfi gozaba de amplias libertades en su comercio con Inglaterra.1505 El hecho de que unas de las primeras casa atacadas por la multitud el día 10 de agosto fuera la de Murfi indica quizás la mano de aquellos comerciantes que no tenían los medios para recurrir al contrabando.

Las medidas de Iturrigaray no afectaba sólo al gran comercio. El cierre del puerto provocaban desempleo y, debido a la importancia del abasto por los barcos procedentes de Campeche y se Sotavento, carestía. Ceballos sabía aprovechar el alza sin precedente de los precios. Apoyado en sus poderes especulaba con descaro, en particular con la sal: un articulo que subió a inicios de 1806 de un precio de 16-18 reales la fanega en tiempos de paz a 40 pesos o 320 reales.1506

Algunos han reducido el movimiento del 10 de agosto de 1808 a una conspiración ya sea de los matriculados, ya sea de los comerciantes.1507 Es muy probable que estos grupos hayan dirigido –y también controlado- a la multitud. Sin embargo consideramos que ni los agitadores más hábiles podían suscitar un movimiento de masas como por encanto, sin que existiera un ambiente propicio, un descontento previo.1508 En este sentido consideramos que la amplitud del movimiento se debía en gran medida a las supuesta responsabilidad de Ceballos en la especulación con el abasto, en la burla de la miseria de las mayorías. Al ofrecerse la posiblidad de vengarse de los agravios sufridos sin el temor de la represión, las masas se lanzaban a la acción. El movimiento del 10 de agosto no era precisamente un motín de subsistencias, pero el abasto formaba parte del telón de fondo de los sucesos.

EL MERCADO DE HARINAS

Entre los alimentos básicos destacaban por supuesto los granos. En la época se distinguían entre el trigo y las semillas. Estas comprendían el maíz y las minestras: frijol, garbanzo, arroz y lenteja. La harina de trigo – y con esta el pan – era considerablemente más cara que el maíz: a fines del siglo XVIII, el tercio de harina solía costar 13 pesos, el de maíz 2 pesos. A raíz de la carestía de

1505 AGN, Infidencias 30, exp. 1, Testimonios de Manuel Antonio de Isassi y Felipe de Vivanco; Lerdo (1950:II, 39) reproduce una carta del virrey a la junta de Sevilla en que se hace referencia al contrabando ene. Que se suponía estaba involucrado Ceballos.

1506 AGN, Infidencias 30, exp. 1, Testimonio de Manuel Antonio de Isassi. La escasez de sal a fines de 1805 e inicios de 1806 y la actuación de Ceballos se pueden seguir a través de la correspondencia del ayuntamiento en AHV 1806, Exp. sobre el abasto de sal.

1507 Alamán (1849: I, 185).

1508 Véase también las reflexiones de Rudé (1989:221-243) sobre la importancia de los agitadores en los disturbios populares del siglo XVIII.

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1800, la harina subió hasta 21 pesos el tercio, el maíz a 8 pesos y medio.1509 El maíz era entonces el pan del pobre. “La tropa acuartelada, presidiarios y la dem|s gente de limitada esfera que por su miseria no pueden comprar pan cocido por el más costo que les tiene (come maíz); y como nutridos con el maíz desde su tierna infancia es para ellos un alimento de mucho gusto y substancia” reflexionaba el licenciado Porras Madrazo en un informe presentado en 1781 ante el cabildo. 1510

Por razones fiscales, el ayuntamiento llevaba un estricto control sobre las harinas que se amasaban en la ciudad (cuadro 53.).1511 La serie muestra una gran estabilidad entre 1700 y 1806. El fuerte crecimiento demográfico que se registraba en los años entorno a 1800 no repercutía de ninguna manera en el consumo de pan. Las masas rurales que inundaban en ese entonces el puerto debían alimentarse básicamente de tortilla. El problema era con toda seguridad menos de hábitos que de medios. En efecto, los inmigrantes habrán hecho mil esfuerzos para imitar a los porteños acomodados. Sin embargo, siendo pobres, no reunían los reales necesarios para comprar pan.

En 1807 el amasijo anual se incrementó repentinamente. El movimiento culminó en 1810 con m|s de 20’000 tercios trabajados por los panaderos. Enseguida se invirtió la tendencia. Desde 1811, el consumo empezó a contraerse, primero de una manera muy pronunciada, desde 1815, al alcanzar de nuevo los niveles anteriores al boom, más paulatinamente. La interpretación del fenómeno resulta difícil. Debía de haber, a partir de 1807 y hasta 1810, más consumidores capaces de comprar pan. Intentamos un acercamiento desde el movimiento del precio del pan. El abaratamiento del artículo primero, su encarecimiento después explicarían el comportamiento del consumidor. El precio del pan se determinaba, como veremos más adelante, por el precio de las harinas. El nivel promedio de este precio parece relativamente estable, con todo y las fluctuaciones periódicas, hasta fines del siglo XVIII. Cotizaciones de 10-11 pesos por tercio eran absolutamente comunes. Pasado 1800, en cambio, los precios no bajaban más allá de los 15 pesos y se ubicaban por lo general por arriba de la marca de los 20 pesos. Con eso, nuestra primera hipótesis queda descartada. La alternativa a esta explicación es que entre 1807 y 1810 más consumidores disponían de más dinero que antes y después de este periodo. ¿Efecto del movimiento migratorio de los comerciantes? La afluencia masiva de comerciantes era un fenómeno de las décadas de 1740 y 1780, su salida se produjo a partir de 1813-1814. Ninguna de estas fechas nos ayuda a explicar nuestro problema. ¿Signo de un cambio momentáneo en el equilibrio entre los comerciantes y la plebe?1512 Parece que las remuneraciones aumentaban, por lo menos en algunos sectores, entorno a 1800. Sin embargo, los datos no permiten una conclusión contundente.1513

1509 AHV 1800, Lista de precios de los víveres en la ciudad de Veracruz, establecida por el ayuntamiento a 12/7/1800.

1510 AHV 1781, Exp. sobre el establecimiento de una alhóndiga para el maíz en Veracruz.

1511 El consumo anual de trigo se puede calcular a partir de las cuentas de la alhóndiga, anexadas a las actas del cabildo. Las actas – en las fechas señaladas – contienen los datos sobre el precio base del trigo.

1512 El término de plebe se usaba por las clases dominantes del puerto para designar a los que no pertenecían al comercio. Véase por ejemplo AHV, 1797, Informe del síndico personero sobre los alcaldes del barrio, 21/10/1797.

1513 Véase infra, cap. 19

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Otro periodo problemático es el de mediados del siglo XVIII. La serie deja abierta la posibilidad de que se produjera en aquel entonces un primer incremento significativo del amasijo en el puerto, de 9’000 a 12’000 tercios. De ser así tendríamos un dato m|s que se puede interpretar en el sentido de que el gran comercio empezó a asentarse en el puerto hacia mediados del siglo XVIII.

Para mediados del siglo XVIII, Veracruz tenía una alhóndiga para el trigo. Toda la harina que entraba a la ciudad tenía que depositarse obligatoriamente en este almacén público. La contabilidad de la institución para el cuatrienio 1804-1807 nos permite analizar detalladamente el abasto triguero de la ciudad durante la primera década del siglo XIX (cuadro 54.).1514 El trigo, muy probablemente ya en forma molida, llegaba en ese entonces predominantemente de la ciudad de Puebla. Algunas cortas cantidades se adquirían en la capital del reino y, ocasionalmente, en Orizaba o Querétaro. Había alrededor de 100 personas y compañías que introducían en una o varias ocasiones algunas cantidades de trigo en Veracruz; los 10 mayores importadores reunían más del 40 por ciento, los 15 mayores más de la mitad: el abasto de trigo se controlaba por unos cuantos.

¿Quiénes acaparaban el abasto de trigo? Entre los primeros 10 importadores observamos a cuatro panaderos: Gabriel Gómez, Felipe Díaz Perón, Manuel de la Peña y José Díaz. Los demás eran, como muestra una ojeada sobre la lista de contribuyentes de la alcabala correspondiente a 1800, grandes comerciantes asentados en la ciudad.1515 También los importadores menores eran en su inmensa mayoría comerciantes veracruzanos; a ellos se añadían en ocasiones algún arriero – registrado como tal en los documentos – con cantidades muy pequeñas.

El origen poblano de la harina que se importaba en Veracruz es una constante de la época anterior a la Insurgencia. También la participación de una parte de los panaderos en este comercio parece venir de mucho tiempo atrás, por lo menos desde mediados del siglo XVIII.1516 Con respecto a los orígenes de la concentración del negocio en las manos de algunos vecinos locales, en cambio, no sabemos nada.

La harina que se llevaba a Veracruz tenía dos destinos: el consumo local y la exportación. Desde el puerto se abastecían los asentamientos de ambas costas, Campeche y La Habana. Otros compradores regulares eran los armadores de los navíos que salían del puerto. La exportación se realizaba, como indican datos para las décadas de 1770 y 1800, por los grandes comerciantes de Veracruz. La importancia que debía tener la reexportación para algunas de las principales familias como los Cos, padre e hijo, quienes controlaban el considerable mercado de Campeche, era desde luego perceptible de agravar la carestía local en años de malas cosechas en Puebla.1517

1514 AHV 1805, Cuenta de la alhóndiga de 1804; AVH 1806, Cuenta de la alhóndiga de 1805; AHV 1807, Cuenta de la alhóndiga de 1806; AHV 1808, Cuenta de la alhóndiga de 1807.

1515 Con respecto a la contabilidad del alcabalatorio de Veracruz para 1800, véase AGI, México 2943.

1516 AHV, AC 9/9/1759. Véase también AHV 1759, Exp. sobre los panaderos.

1517 AGI, México 2523, Lista de tercios de harina exportados de Veracruz a La Habana del 16/8/1779 al 11/9/1782; AHV 1805, Cuenta de la alhóndiga de 1804; AHV 1806, Cuenta de la alhóndiga de 1805; AHV 1807, Cuenta de la alhóndiga de 1806; AHV 1808, Cuenta de la alhóndiga de 1807; AHV 1812, Informe del síndico personero sobre víveres, 13/5/1812.

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El rey, tenía su propio almacén de harinas en el puerto. Los funcionarios de hacienda, encargados de la administración, se proveían directamente en Puebla. Función única del acopio real era, según parece, el abasto para el rancho de los buques de la corona: por lo menos en los años posteriores a 1800, la panadería del castillo de San Juan se aprovisionaba desde la alhóndiga de la ciudad.1518

Desde la fundación misma de la ciudad, el ayuntamiento de Veracruz intentaba ejercer un control mínimo sobre el abasto con harinas. Las ordenanzas de buen gobierno de 1547 – confirmadas en el siglo XVII para la Nueva Veracruz – determinaban que “cualquier arriero o arrieros que vinieren a esta ciudad … sean obligados a traer a esta dicha ciudad la tercera parte de la recua o recuas que trajeren cargadas de bastimentos con tanto que la mayor parte del bastimento que así han de traer sea de harina y que sea buena”.1519 Este reglamento habrá sido más que nada simbólico, pero ilustra la preocupación precoz del gobierno municipal por el problema de la harina.

Veracruz estableció, a diferencia de otras ciudades como Guadalajara, desde antes de que mediara el siglo XVIII una alhóndiga para trigo.1520 Ahora bien, en los años anteriores a la década de 1770, la institución parece haber servido principalmente a fines fiscales. Era hasta 1778 cuando se mandó al fiel, empleado de confianza del ayuntamiento, que llevara “un nuevo libro destinado para diario de los apuntes de entradas y salidas de los tercios de harinas que se recibiesen en esta alhóndiga, tomando en él una individual razón con distinción de sus interesados”.1521 De allí en adelante, el almacén público permitía si no el control cuando menos el conocimiento exacto del movimiento de las cantidades de harinas disponibles.

Durante la crisis de 1762 surgió la idea de establecer un pósito. La iniciativa salió del gobernador Crespo Ortiz. Considerando que las condiciones climatológicas de la costa impedían el almacenamiento de harinas por un tiempo prolongado, el funcionario proponía que en la alhóndiga local sólo se depositaran de 1’000 a 1’500 tercios, cantidad que correspondía al consumo de un mes. Una segunda partida se podía acopiar en Perote.1522 En su sesión de 22 de noviembre, el cabildo desechó la propuesta por falta de fondos. Al día siguiente, Pedro Antonio de Cosío, procurador del ayuntamiento y uno de los comerciantes más acaudalados del puerto, sometió un plan alterno a sus colegas. Él compraría las harinas en Puebla y establecería los dos pósitos por su cuenta, sin costo alguno para el ayuntamiento. El precio de la harina a su venta en Veracruz se calcularía de acuerdo con el costo de la adquisición y el flete; además se pondría en cuenta una comisión del 4 por ciento, común en el puerto según Cosío. Como contrapartida, el plan estipulaba tres garantías para el comerciante. Cosío exigía que se le dieran poderes para embargar recuas en Puebla si estas no se le facilitarían a precios razonables. También fijaba que

1518 AHV 1785, El ayuntamiento al gobernador, 18/9/1785; AHV 1805, Cuenta de la alhóndiga de 1804; AHV 1806, Cuenta de la alhóndiga de 1805; AHV 1807, Cuenta de la alhóndiga de 1806; AHV 1808, Cuenta de la alhóndiga de 1807.

1519 AGI, México 350, Ordenanzas de la ciudad de Veracruz, 1547, art. VII.

1520 Con respecto al sistema de abasto en ciudades con un cinturón triguero, véase el estudio de Van Young (1981: 59-74) sobre el caso de Guadalajara

1521 AHV, AC 30/4/1778; AHV 1778, El ayuntamiento al fiel de alhóndiga, Agustín de Achica, 30/4/1778.

1522 AHV 1762, Representación del gobernador Francisco Crespo Ortiz al virrey, 7/11/1762.

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si el enemigo se apoderaba de Veracruz y él sufriera pérdidas, estas se le tendrían que reembolsar, no queda claro si por real hacienda o por caja municipal. Por fin reclamaba que los panaderos porteños quedaran obligados a comprar toda la harina que trabajaban a su pósito; si había otros comerciantes que querían vender harina en la plaza tendrían que vendérsela a él. El contrato a firmar entre las partes cubriría el periodo que durase la guerra, pero máximo seis años.1523

El plan de Cosío era todo menos altruista. Resulta evidente que lo que se pretendía era el establecimiento de un monopolio sin riesgo alguno. La ganancia, llamada púdicamente comisión, era aparentemente baja; pero ¿quién conoce todas las mañas de un comerciante novohispano de hueso colorado como Cosío? El plan estaba hecho por y para un comerciante trasatlántico cuyos negocios estaban paralizados por la guerra, que disponía por tanto de fondos en busca de empleo.

Convocados a sesión extraordinaria para el día 23, los regidores y el gobernador aprobaron el proyecto sin enmienda alguna. Sea por su influencia, sea porque era el único que disponía de los caudales necesarios para una empresa de estas dimensiones, nadie se opuso a Cosío.1524

En 1780 amenazó una nueva carestía. Mientras la introducción de harinas a la alhóndiga municipal disminuía a causa del acaparamiento de las acémilas disponibles en el trayecto Puebla-Veracruz por la corona, la atractividad del mercado habanero llevaba a un aumento considerable de las extracciones. También esta vez, las iniciativas partían de las autoridades reales. A 22 de mayo, mientras la harina se venía en la alhóndiga a 19 pesos la arroba, un precio sumamente elevado para los años anteriores a 1800, el virrey mandó a los ministros de real hacienda en el puerto que entregaran “de reales almacenes toda la harina que necesite para su abasto esa ciudad sobre el precio de 17 pesos cada tercio”.1525 Un mes después llegó una nueva orden de la corte, esta vez para el ayuntamiento. Para evitar que los especuladores siguieran haciendo su agosto era necesario, consideraba la misiva, que se restaurara el sistema de abasto por contrato ensayado en los años 1760.1526 Sabemos que el ayuntamiento estableció el reglamento de la contrata y que esta se remató en octubre. Sin embargo, el mismo día del remate surgieron problemas y todo indica que este nuevo intento por crear una especie de pósito fracasó antes de concretarse.1527 Más trascendentemente era la otra medida del virrey. Mientras la especulación en el puerto se dificultaba con el abasto desde los almacenes reales, la exportación para La Habana seguía siendo atractiva. Así, la alhóndiga terminaba por ser, como señalaba el virrey en una protesta enviada a 17 de noviembre a los ministros de real hacienda “un almacén de víveres dedicado no a los consumos de esa ciudad … sino a las negociaciones particulares que en nada benefician absolutamente a ese común”.1528 Ante esta situación, el virrey mandó que los almacenes reales sólo vendieran harinas si las cantidades que entraban en

1523 AHV, AC 22/11/1762.

1524 AHV, AC 23/11/1762.

1525 AHV 1780, El virrey a real hacienda de Veracruz, 22/5/1780.

1526 AHV 1780, El virrey al ayuntamiento de Veracruz, 14/6/1780.

1527 AHV, AC 5/10/1780.

1528 AHV 1780, El virrey a real hacienda de Veracruz, 17/11/1780.

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la ciudad no alcanzaban para el abasto urbano. Además dispuso que se requisara toda la harina depositada en la alhóndiga, pagando un precio unitario de 17 pesos por tercio a sus dueños, que las cantidades requisadas se embarcaran para La Habana por cuenta de real hacienda y que sólo una provisión mínima, calculada para el abasto de un mes, se quedara en la alhóndiga.1529

El móvil verdadero de la política real no era la preocupación por la suerte de los vecinos de Veracruz o los soldados destacados al puerto, sino el lucro. La corona quería arrancar el negocio que era el abasto de La Habana al comercio veracruzano y establecer su propio monopolio. Para esto, la corona se hizo primero del control del transporte entre Puebla y Veracruz, luego de aquel de las existencias en el puerto. Ahora bien, como había una desorganización total en la administración real, las pocas embarcaciones disponibles nunca alcanzaban para llevar la harina disponible a su destino. Real hacienda presionaba entonces al ayuntamiento para que obligara a los panaderos a comprarle sus harinas caras y ya medio podridas para el surtimiento del vecindario. Esta situación se prolongaba hasta que, a 28 de julio de 1782, el virrey Mayorga publicó el bando sobre la libertad de comercio de harina con La Habana.1530

Concluimos. En la crisis de 1780, la oportuna – aunque nada altruista – política de las autoridades del reino garantizaba en lo esencial el abasto de la ciudad con harinas, aunque fueran harinas de pésima calidad. El ayuntamiento podía entonces dejar libre curso a los negocios del comercio, sin arriesgar la tranquilidad de las masas.

Durante la segunda mitad del 1803, el ayuntamiento de Veracruz, alarmado por lo reducido de las existencias en la alhóndiga, prohibió en varias ocasiones la reexportación de harinas. El introductor podía vender a quien quería, pero el cargamento tenía que destinarse al consumo local. A pesar de una orden del rey que conminó a los veracruzanos a que dejaran estas prácticas ilegales, el ayuntamiento seguía con su táctica.1531 Dos años después, en 1805, el mismo virrey cerró el puerto de Veracruz para todo tráfico. El bloqueo de las salidas podía surtir efecto momentáneo. Sin embargo, al prolongarse, la medida resultaba contraproducente ya que la posibilidad de reexportar las harinas hacia Campeche o el Caribe era precisamente una de las atracciones que tenía el envío de harinas a Veracruz. Así las cosas no extraña que en 1805, la situación de la ciudad se deterioraba rápidamente. El cabildo pidió la intervención del intendente argelino ante los graneros para obtener un mínimo de remisiones y comisionaba, además, a varios regidores para que compraran cuanta harina pudieran.1532

La extensión de la insurrección a las intendencias de Puebla y Veracruz durante la primera mitad de 1812 interrumpía progresivamente las comunicaciones entre el altiplano y el puerto. Con eso, el puerto quedó cortado de los campos que lo habían surtido desde el siglo XVI con harinas. Pronto, la especulación y la carestía se presentaban con fuerza en la ciudad.

1529 AHV 1780, El virrey a real hacienda de Veracruz, 17/11/1780. Véase también AHV 1780, Real hacienda de Veracruz al ayuntamiento 21/11/1780, 25/11/1780 y 5/8/1780.

1530 AGI, México 2523, Exp. sobre la extracción de harinas de Veracruz para La Habana, 1782.

1531 AHV 1803, Exp. sobre el abasto de harinas; AHV, AC 15/6/1804

1532 AHV 1805, El ayuntamiento de Veracruz al gobernador de Puebla, 16/9/1805; AHV, AC 14/8/1806, 12/12/1806.

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En este contexto y a instancias del ayuntamiento, el gobernador autorizó a 13 de mayo la introducción de harinas de puertos extranjeros, a saber de Estados Unidos. La harina norteamericana era la más barata de la región y su venta en Veracruz por lo tanto un negocio prometedor. La legalización de la comunicación directa entre Veracruz y Estados Unidos facilitaba además el contrabando de mercancías que nada tenían que ver con la alimentación. La iniciativa del ayuntamiento no era entonces causal ni inocente sino se inscribía en la estrategia de aquellos veracruzanos que querían establecer el libre comercio entre su puerto y el resto del mundo. Con el pretexto de la carestía se ampliaban las posibilidades del comercio en una época de crisis. En un discurso hipócrita y sincero a la vez, el síndico personero justificaba la medida con el antecedente del comercio de neutrales, vigente en 1797-1799 y 1805-1808. “Este reino ha experimentado por más de dos veces en la época del gobierno que origió las desgracias la innecesaria importación de artefactos extranjeros que produjo el desmérito del comercio de la matriz y de la naciente industria de Nueva España. Y si entonces sufrió con daño sólo por la inalterable obediencia española, ¿por qué ahora ... no ha de permitirse la introducción de víveres extranjeros que es el único recurso que nos queda para poder salvar a Veracruz y por sus esfuerzos a todo el reino entero”.1533 En su sesión del día 13 de mayo, el ayuntamiento formuló una propuesta; poco después, el gobernador sancionó el texto definitivo con su firma. Durante un período de un año, prorrogable de ser necesario, se iba a permitir la entrada de harinas y otros alimentos de primera necesidad procedentes del extranjero, siempre y cuando la mitad del cargamento consistía en harinas y los buques y la tripulación fuesen españoles. La harina, exenta de todo impuesto, tenía que depositarse en la alhóndiga; allí iba a estar a disposición del propietario para su venta local.1534 Ante las presiones del comercio, la intendencia amplió la exención fiscal a 6 de diciembre a la extracción del importe de las harinas.1535

Se trataba de un régimen establecido por comerciantes para comerciantes y que eliminaba, con el pretexto de las urgencia innegables, los derechos del fisco. A petición del fiscal de real hacienda, el virrey sentenció en 1816 que el ayuntamiento y el intendente habían rebasado sus competencias con las generosas exenciones fiscales y mandó que los importadores nombraran a comerciantes de la plaza que, mientras se tomara una decisión definitiva, cuacionaran el eventual pago posterior de derechos. En junta de real hacienda de enero de 1817 se decidió, una vez más ad interim, que las harinas extranjeras introducidas en Veracruz después del período agraciado de 1812-1813 pagarn impuestos. Con respecto a la extracción del importe de las harinas determinaron que aún los 150’000 pesos que valían los barriles llevados a Veracruz en los meses señalados tenían que pagar los derechos acostumbrados.1536

Independientemente de estas discusiones, el acuerdo de 1812 se prorrogaba en varias ocasiones.1537 En octubre de 1816, los librecambistas del ayuntamiento consiguieron incluso que el gobnerador ampliara el permiso y accediera a autorizar la entrada de harinas transportadas

1533 AHV 1812, Informe del síndico personero sobre víveres, 13/5/1812.

1534 AHV, AC 13/5/1812, 19/5/1812, 23/5/1812.

1535 Dictámen del fiscal de real hacienda, 26/11/1816.

1536 AHV 1820, Dictámen del fiscal de real hacienda, 26/11/1816

1537 En 1815, la harina que se masaba en el puerto procedía en parte del reino, en parte de ultramar. Véase AHV, AC 24/11/1815.

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en buques neutrales durante un año. Sin embargo, medio año después, el mismo ayuntamiento pidió al gobernador que revocara esta disposición y que se regresara al reglamento de 1812.1538 Poco después, en abril de 1817, el virrey, bajo la presión de los labradores poblanos que veían como su imperio se había desmoronado, prohibió tajantemente toda importación de harinas.1539 Con todo y esta orden, la introducción de harinas extranjeras se volvió a legalizar antes de que se proclamara la independencia.1540

A la desregulación de la importación correspondía la liberación de la reexportación. Observamos arriba como el ayuntamiento intentaba frenar la exportación de harinas durante los años 1803-1806. Ahora sin embargo asistimos a la defensa del derecho del comercio a hacer con sus harinas lo que quería. La nueva doctrina del ayuntamiento se percibe claramente en sus alegatos para obtener del gobernador los pases necesarios para la extracción de unos cargamentos de harina a La Habana en marzo de 1813. A pesar de la insistencia del cabildo, el funcionario real se impuso al final con su teoría de que lo esencial era el abasto de la ciudad y que sólo al rebasar las existencias de la alhóndiga los 3’000 tercios se podía proceder a envíos.1541

La actuación del ayuntamiento en 1812 no se agotó en la eliminación de trabas legales. Al enterarse de que el comandante realista Ciriaco de Llano juntaba tropas en Puebla para bajar al puerto, el cabildo le pidió que trajera cuanta harina pudiera en su convoy. No obstante, todo lo que llegó a Veracruz eran 166 tercios: un hecho que provocó una airada protesta del cabildo ante las autoridades militares y la petición de que en futuras empresas de este tipo se tuviera en cuenta la carestía de la ciudad.1542

Durante el mes de julio, aún a la espera de Llano, el ayuntamiento envió sendas solicitudes de ayuda a La Habana, San Luis Potosí y Campeche.1543 Desde la Habana llegó la respuesta de que los veracruzanos podían ir a recoger cuantos alimentos quisieran, excepto harinas.1544 El intendente de San Luis contestó que la insurrección dificultaba el envío de recuas al puerto de Tampico; sin embargo, añadió, había alentado a los comerciantes que fungían como corresponsales de las casas veracruzanas a que procedieran a los envíos solicitados.1545 Respecto a Campeche, durante siglos abastecido desde Veracruz y por lo mismo con muchos vínculos con el puerto, sabemos de una comisión de Andrés de Ibarra. En su sesión de 19 de agosto, el cabildo

1538 AHV, AC 29/3/1817.

1539 AHV, AC 23/5/1817.

1540 AHV, AC 11/10/1820.

1541 AHV 1814, Exp. sobre la exportación de harinas.

1542 AHV, AC 7/8/1812; véase también AHV 1812, El ayuntamiento de Veracruz al gobernador de Puebla, 14/7/1812 y AHV 1812, El ayuntamiento de Veracruz al comandante de Orizaba, 14/7/1812.

1543 AHV 1812, El ayuntamiento de Veracruz al intendente de San Luis, 22/5/1812; El ayuntamiento de Veracruz al capitán general de La Habana, 15/7/1812.

1544 AHV, 1812, El capitán general de La Habana al ayuntamiento de Veracruz, 3/7/1812.

1545 AHV, 1812, El intendente de San Luis al ayuntamiento de Veracruz, 7/7/1812.

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se enteró de que su enviado había comprado 100 barriles de harina por cuenta de sus mandantes al precio de 25 pesos el barril.1546

En septiembre, el cabildo nombró a una comisión para que recaudara fondos entre los vecinos acomodados para una expedición a algunas partes de Estado Unidos. Por lo pronto, la iniciativa encontró poco interés entre el comercio. Después de una semana sólo se habían recibido 3’650 pesos de un total de 9 suscriptores. El cabildo se dirigió entonces a Echevarría, uno de los más ricos del puerto, asegur|ndole que cuento invirtiera era “absolutamente por su cuenta y riesgo”, y que al regreso podía vender “libremente los precios que corran”. Al haber dado públicamente estas garantías, el monto de las suscripciones – de Echevarría, pero también de otros vecinos – aumentó a m|s de 40’000 pesos. En octubre se consiguió del gobernador el bergantín Saeta como escolta para el convoy. Poco después la flotilla salió rumbo Nueva Orleans.1547

Entre agosto de 1812 y mayo de 1813, el ayuntamiento compraba en varias ocasiones harinas con fondos públicos. En una acción parecida a la de Ibarra, Rafael Villalobos adquirió en febrero 1’000 barriles en San Luis Potosí y organizó enseguida su envío por Altamira.1548 Otras adquisiciones se realizaban en el puerto mismo de los introductores.

Frente a los dueños de los cargamentos se aplicaban sucesivamente dos estrategias opuestas. El día 11 de septiembre de 1812 llegó procedente de Estados Unidos un cargamento de 1’600 barriles para el comerciante local Luís de San Román al puerto. Quince días después, el ayuntamiento ofreció la compra de 1’330 barriles al precio unitario de 30 pesos. San Rom|n, empero, exigía 50 pesos. Al no poder llegar a un acuerdo, el ayuntamiento requisó la cantidad al precio de 30 pesos y sin pagar al contado. San Román se quejó entonces ante el gobernador. El funcionario real protegió la propiedad y determinó que las compras del ayuntamiento tenían que hacerse a precios de mercado y bajo las condiciones que estableciera el vendedor.1549 El resto de las compras, posteriores a diciembre de 1812, se efectuaban sin que hubiera signos de presiones por parte del ayuntamiento frente a los vendedores. Entre estos destacaban Pedro Miguel de Echevarría y Felix Aguirre, connotados miembros del ayuntamiento constitucional. Ambos tenían los mayores precios que se pagaban a lo largo de la crisis: 37 pesos.1550

¿Cómo interpretar el cambio en la actitud del ayuntamiento? No podemos descartar un cambio estratégico: con tal de que hubiera abasto, el ayuntamiento admitía las condiciones del comercio. Sin embargo, también es posible que el precio de la harina se determinaba simplemente en función de los vínculos entre el vendedor y el cabildo. Frente a San Román se jugaba la comedia del ayuntamiento preocupado por el bien público para el consumo de la plebe mientras que se admitían como si nada las posturas de los regidores Echeverría y Aguirre.

1546 AHV, AC 29/8/1812.

1547 AHV, AC 25/9/1812, 9/10/1812, 13/11/1812, AHV 1812, El ayuntamiento de Veracruz al gobernador, 25/11/1812; El gobernador de Veracruz al ayuntamiento, 27/10/1812.

1548 AHV, AC 26/2/1812.

1549 AHV, AC 22/9/1812; AHV 1812, Exp. sobre una solicitud de Luis de San Román, 28/9/1812.

1550 AHV, AC 22/1/1813 (Echeverría), 12/2/1813, 16/2/1813 (Aguirre), 22/2/1813, 1/3/1813, 7/5/1813.

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El aumento del precio del pan repercutía en la disminución del consumo. Con todo y eso llegó un momento en que la oferta de harinas no lograba satisfacer la demanda. En una reunión entre el cabildo y los panaderos de 27 de noviembre de 1812 se decidió que, mientras no llegaran nuevas partidas, la entrega de harinas de la alhóndiga se reduciría de 236 arrobas diarias a 184 arrobas. Además se anunció que al acabarse las existencias, los panaderos producirían tortillas.1551 Una segunda medida de ese tipo, propuesta por el gobernador en cabildo de 22 de enero de 1813, fue rechazada por mayoría de votos.1552

EL MERCADO DE SEMILLAS

Vimos la importancia del maíz como pan del pobre. También las minestras pertenecían seguramente a la dieta de la plebe. En efecto, entre los platos del pobre destacaban dos: el frijol guisado con manteca y el puchero, garbanzo cocido con jamón. Del arroz sabemos que era el pilar de la alimentación de los presos de la cárcel pública de la ciudad. Ahora bien, por lo menos el frijol y el arroz aparecían también a diario en la mesa del rico.1553

En la ciudad del setecientos había, lo veremos enseguida, grandes comerciantes que acarreaban maíz de zonas productoras que quedaban relativamente retiradas: la cuenca o la región de las villas, sobre todo. La participación directa de las grandes casas en el expendio de las semillas, empero, parece marginal. También el trato directo entre los campesinos de las rancherías aledañas que acudían a la plaza y a los consumidores finales habrá sido excepcional. Poco importaba, con toda seguridad, un viejo reglamento que determinaba que los campesinos tenían que vender al por menos hasta las 8 de la mañana – solían llegar desde las 6 o 6 y media – y que sólo después se permitía el mayoreo.1554 Los que controlaban el menudeo de maíz y minestras eran, por lo menos en tiempos normales, los semilleros y los pulperos: compradores de los grandes comerciantes, usureros de los ranchos jarochos.

A diferencia de los demás vendedores de maíz y minestras, los semilleros se mantenían bajo un control muy estrecho del ayuntamiento. Este les rentaba los puestos – una manera de fiscalizarlos –, vigilaba que los tenían bien surtidos y fijaba los precios tope.1555 En 1815, los semilleros pretendían que este control era relicto de un monopolio legal que habían ejercido

1551 AHV, AC 27/11/1812.

1552 AHV, AC 22/1/1813.

1553 AHV 1791, Solicitud de Sebastián Pérez, protector de la cárcel pública, 18/11/1791; AHV 1795, Glosa de la cuenta de la alhóndiga para 1794 por el procurador general; AHV 1800, Real cédula, 30/7/1800; AHV 1804, Solicitud de los semilleros del mercado, 6/2/1801.- Véase también AHV 1800, Lista de los precios de los víveres en la ciudad de Veracruz, 12/7/1800. La estadística registra también el consumo de cada artículo en 1796. Los artículos de mayor consumo eran, junto con la harina, el piloncillo y la panela así que la carne de toro, los aquí señalados.

1554 Véase AHV 1781, Exp. sobre el establecimiento de una alhóndiga para el maíz, con respecto a la regulación de la venta de los excedentes campesinos en la plaza.

1555 AHV 1804, Solicitud de los dueños de los puestos de semillas en la Plaza del Maíz, 6/2/1801. Véase también AHV 1815, Solicitud de los dueños de los puestos de semillas en la Plaza del Maíz, 30/9/1815.

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tradicionalmente, hasta 1812, sobre el mayoreo del maíz y minestras y pedían se les restableciera en sus supuestos derechos. Ahora bien, ya en la década de 1780 era común y corriente que también los pulperos expendían maíz y minestras. Más todavía: en el arancel que el ayuntamiento entregaba entorno a 1800 cada cuatro meses a las pulperías de la ciudad figuraba también los precios para habas, frijol, garbanzo, lenteja y arroz, aunque no para maíz.1556 O bien el pretendido monopolio de los semilleros era una ficción o bien – y creemos que esto era lo que sucedía – la venta de semillas en las pulperías era una de tantas contradicciones entre la legislación vigente y la realidad del mercado.

A fines de 1762, la ciudad de Veracruz se debatía con la primera carestía general de víveres de la segunda mitad del setecientos. Para prevenir un ataque inglés, la corona había reforzado los destacamentos de la plaza y de San Juan. Estas tropas y sus animales desequilibraban el abasto urbano y eran probablemente uno de los factores clave de la carestía. Con respecto a las semillas observamos una doble estrategia de las autoridades. Por una parte se presentaron dos proyectos para impulsar la producción en el distrito. El gobernador Crespo Ortiz propuso que “un sujeto de conducta” se dirigiera a los pueblos productores de la cuenca “para hacer tratados con los indios y demás habitantes estimulándolos no con aspereza, sino con suavidad, a el aumento de siembras … para este abasto, dej|ndoles reglas para el mejor modo de la conducción de todo aquí”. No queda muy claro si las propuestas se traducían en decisiones concretas del ayuntamiento o no.1557

El procurador del ayuntamiento, Pedro Antonio de Cosío, lanzó poco después otro plan. Este preveía no sólo aumentar la producción sino también, en cierta manera, disminuir el número de consumidores. En su representación, Cosío sugería que se obligara a una parte de los trabajadores del muelle, sin trabajo en los tiempos de guerra, a trasladarse a milpear el monte. Ofrecía que el ayuntamiento buscaría conseguir tierras a renta moderada y se encargaría de darles 2 reales diarios para su sustento mientras llegara la época de la cosecha. El cabildo aprobó la propuesta en su sesión del día 22 de noviembre. El mismo día, el gobernador emitió el respectivo decreto. Con todo no sabemos si la propuesta terminó por concretizarse. Parece que los cargadores estaban poco entusiasmados con la idea de tener que trabajar el campo, ignoramos si por animadversión hacia la labranza o por las condiciones concretas del proyecto.1558

La segunda faceta de la política del ayuntamiento era la lucha contra los revendedores. El mencionado informe del gobernador Crespo Ortiz deja entrever ciertas tensiones al respecto entre él y el cabildo. Mientras los regidores pretendían vigorizar el control sobre el mercado, el funcionario real defendía a los regatones, los pequeños revendedores que pululaban cada vez que se anunciaba una escasez: “aunque el regatón es contrario a la barata de el género, decía, abundando este nada valen las máximas del regatón; y tampoco es conveniente en lugares de acarreo como este que los comestibles se den por ínfimo precio, pues de la baratura en un mes se sigue necesidad y grande carestía en el siguiente por que los vivanderos o abastecedores con

1556 AHV 1781, Exp. sobre el establecimiento de una alhóndiga de maíz en Veracruz; AHV, AC 11/1/1781; AHV 1804, Arancel del 2/1/1804 para tiendas y bodegones.

1557 AHV 1762, Representación del gobernador Crespo Ortiz al virrey, 7/11/1762.

1558 AHV 1762, Proyecto del procurador Pedro Antonio de Cosío sobre trabajadores del muelle, 29/10/1762; AHV, AC 22/11/1762.

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la pérdida experimentada se aniquilan o a lo menos para no aniquilarse se retiran”.1559 La desregulación del mercado no estaba a la orden del día, pero ya se discutía en los círculos políticos del puerto.

En enero de 1781 se anunció otra crisis de abasto.1560 Bajo la presión de los especuladores, el precio del maíz se duplicó de 4 a 8 pesos la carga de dos fanegas. Esta vez, el ayuntamiento tomó medidas más drásticas. Desde el día 11 de enero se decidió que cuanto maíz y minestras entraran en la ciudad tuvieran que depositarse en la alhóndiga. Más todavía: apoyado en la interpretación de algunas leyes de Indias, se abogaba por el derecho del gobierno urbano a comprar los granos que quisiera al precio que considerara razonable. A los campesinos se les prohibía cualquier mayoreo, a menos que quisieran vender sus cargas al ayuntamiento. El fondo del pósito se pensaba canalizar hacia el consumidor a través de los puestos de semillas a precios fijados por el ayuntamiento.

La medida no tardó en despertar la oposición de los comerciantes de granos. Desde el día 18 se produjo un incidente entre el regidor Lazo de la Vega, encargado de la observancia del reglamento, y Francisco García Puertas. El comerciante fue atrapado cuando intentaba introducir cierta cantidad de maíz en el almacén de su tienda. Aunque accedió a llevar el cargamento a la alhóndiga y a venderlo a la ciudad en 5 pesos y medio la carga – lo que representaba un perjuicio real en vista del nivel de los precios en el mercado local – protestó en el acto y se dirigió en un escrito al virrey. Allí trataba de demostrar que la actitud del ayuntamiento y el decreto del día 11 eran contrarios a las leyes del reino. “La facultad de comerciar, comprar y vender en toda especie de cosas y efectos que no estén especialmente prohibidos por legítima potestad, señalaba, es uno de los derechos más íntimos de la natural libertad y de los fueros de un vasallo libre y de un ciudadano español”. Pero las medidas tomadas por el ayuntamiento no sólo eran contra derecho: el que más se perjudicaría, vaticinaba, sería el mismo vecindario, ya que con el nuevo reglamento nadie introduciría semillas en la ciudad. Además, señalaba, lo que el ayuntamiento llamaba alhóndiga era en realidad un local viejo donde los granos no tardarían en picarse y a perderse. Con todo y estos alegatos, el virrey sancionó a 20 de enero la política del ayuntamiento. Una semana después, el gobernador publicó el bando correspondiente en el puerto.

Los comerciantes de granos no eran los únicos que se inconformaban con el decreto de 11 de enero. En cabildo de 15 de febrero se entregó una solicitud firmada por tres de los rancheros que solían llevar sus excedentes a la plaza. Los firmantes pedían que el ayuntamiento les autorizara a ellos y a los demás labradores de los ranchos circunvecinos a vender al por mayor a quien querían después de haber aguardado en la plaza a los clientes minoristas durante algún tiempo. Podemos sospechar que detrás de la solicitud estaban los semilleros, principales clientes de los rancheros. En efecto, mucho se parece la solicitud del 15 de febrero a aquella que los semilleros redactaron medio año después, el día 22 de noviembre. Sin embargo, el ayuntamiento aún no cedía. Tenía que pasar otro año hasta que las autoridades volvieron a legalizar el trato directo entre campesinos y semilleros. Según el reglamento adoptado en enero de 1783, los campesinos tenían que llevar sus cargas a la Plaza del Maíz y despachar allí al por menor hasta

1559 AHV 1762, Representación del gobernador Crespo Ortiz al virrey, 7/11/1762.

1560 AHV 1781, Exp. sobre el establecimiento de una alhóndiga para el maíz en Veracruz.

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las 9 de la mañana. De allí en adelante, los semilleros podían adquirir las cantidades que querían, siempre y cuando estuviera presente un funcionario municipal que anotara cantidad y precio.1561

Con respecto a la política desarrollada en 1781 quedan por resolver algunos problemas. Para empezar hay que plantear bien el problema del sentido de las medidas del ayuntamiento. Parece que estas tenían por objetivo no sólo el mantenimiento de la tranquilidad pública, sino se inscribían también en los esfuerzos de la institución para ampliar sus ingresos. Más adelante veremos que el ayuntamiento cobraba desde su fundación un derecho sobre las semillas. Al declarar la obligatoriedad del almacenamiento de maíz, garbanzo, frijol y lenteja en la alhóndiga aumentaba, por supuesto, el control del fisco sobre el comercio. Con respecto al pósito sabemos que el ayuntamiento vendía la carga de dos fanegas que compraba a 4 pesos y 4 pesos y medio a 5 pesos.1562 La lucha contra los regatones era quizás la comedia puesta en escena para cubrir un aumento fiscal que en última instancia debía recaer sobre las masas consumidoras.

Ignoramos la suerte posterior de la alhóndiga del maíz. La readmisión del trato directo entre rancheros y semilleros en 1783 indica que ya para ese entonces había semillas que nunca llegaban a la alhóndiga. ¿Signo de cierta flexibilidad de las autoridades municipales? Consta que estas conservaban de cualquier manera el control sobre los intercambios. ¿Signo de la desaparición de la institución? Durante más de 20 años, los documentos no vuelven a hablar de la alhóndiga de maíz. En 1802, cuando reaparece el almacén público, estamos de nuevo en una situación crítica, provocada por el repentino aumento de la tropa destacada a San Juan y la plaza: una situación susceptible de provocar medidas parecidas a las de 1781.1563 De cualquier manera, en algún momento anterior a 1823, la alhóndiga de maíz desapareció definitivamente de Veracruz.1564

Con respecto al pósito sabemos que este no sobrevivió mucho tiempo. Desde el mes de marzo de 1781 se presentaron problemas.1565 Los precios del maíz y de las minestras que llegaban a la ciudad bajaron y el ayuntamiento se quedó con las semillas caras que había comprado en enero y febrero. Es probable que esta evolución era producto de una estrategia desarrollada conscientemente por los comerciantes de las semillas para provocar la quiebra del pósito. En efecto, al no haber expendio, el maíz amenazaba con pudrirse. Para evitar que eso sucediera, el ayuntamiento aprobó desde el día 8 de marzo una propuesta que establecía que los comerciantes tenían que cambiar el maíz nuevo que introducían contra el maíz viejo pero aún bueno del ayuntamiento. En noviembre de este año se volvió a mencionar el pósito cuando los semilleros de la Plaza del Maíz se quejaban de los altos precios a que tenían que comprarle los granos. De allí en adelante, la institución no aparece más en las fuentes. En respuesta a una circular del virrey, el cabildo escribió en 1796 que el pósito establecido en 1781 se había

1561 AHV, AC 30/1/1783.

1562 AHV 1781, Exp. sobre el establecimiento de una alhóndiga para el maíz en Veracruz.

1563 Con respecto a la alhóndiga, véase AHV 1804, Gerónimo Franco, encargado de la alhóndiga de maíz de esta ciudad, al ayuntamiento, 22/1/1802.

1564 AHV 1823, Informe de Martín de Urdapilleta sobre las panaderías de la ciudad de Veracruz, 17/2/1822.

1565 AHV 1781, Exp. sobre el establecimiento de una alhóndiga para el maíz en Veracruz.

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liquidado después de poco tiempo para no restablecerse nunca más.1566 Obviamente, el ayuntamiento cedió en un momento dado ante las presiones de los especuladores.

Durante las crisis de la primera década del siglo XIX se retomaban modelos de 1762 y 1781. Como principal causa de la crisis de 1800-1802, el ayuntamiento acusaba a la política real de concentrar a los milicianos de Sotavento en el puerto en vez de permitirles trabajar la tierra y encargar la defensa a tropas profesionales. Desmovilizando las milicias, decía en una carta al virrey, se conseguirían mayores cosechas y el fin de la carestía. La respuesta de la corte de México era negativa.1567

Para ejercer un control mínimo sobre los precios se intensificó la lucha contra los revendedores. Señalamos arriba la posibilidad de que se diera mayor importancia a la alhóndiga a raíz de la carestía de 1800-1802. Como en ocasiones anteriores, el impacto real de la política oficial era muy limitado. Desde 1804, los regidores se quejaron ante el gobernador, responsable del resguardo de las puertas de la ciudad, de que “por la Puerta Nueva se introduce toda clase de víveres y con particularidad, bajo de diferentes simulaciones, muchas partidas de maíz que fomentan el monopolio, perjudican al abasto público, encarecen el precio y nos imposibilitan de socorrer las necesidades de los vecinos”.1568 Los vendedores ambulantes abundaban en la ciudad como denunciaban los semilleros pocos meses después. “La multitud de estos mal nombrados baratilleros … con un pañuelo, una camisa o cualquiera otra friolera se est|n todo el día vagando y recalan por la mañana desde las siete hasta las doce y por la tarde desde las dos hasta más de las siete de la noche por el paraje nombrado Baratillo. … Además de tener impedido el paso de las calles facilitan con la confusión un desorden continuo, no siendo suficiente nuestra mayor vigilancia para precaver los robos que nos hacen en nuestras tiendas”.1569

Durante el quinquenio de 1810-1814, los precios de arroz, frijol y maíz alcanzaban niveles nunca vistos.1570 A partir de 1812, el corte de los accesos terrestres por los insurgentes y la llegada masiva de tropas realistas amenazaban con ahogar la ciudad. El ayuntamiento había pedido tropas con la idea de que estos volvieran a abrir las comunicaciones con el altiplano, imprescindibles para el desarrollo del comercio porteño. Los soldados habían llegado, los oficiales se establecían cómodamente en las casas de los comerciantes, pero los responsables no se decidían a atacar al enemigo y reconquistar las rancherías inmediatas, estratégicas para el abasto urbano. Ante esta situación, el ayuntamiento acusaba al ejército, no sin razón desde luego, de ser el responsable de la carestía. Frente a las masas, se había encontrado a un chivo expiatorio.1571

1566 AHV 1796, El ayuntamiento al gobernador García Panes, 3/2/1796.

1567 AHV 1800, El ayuntamiento de Veracruz al virrey, 12/7/1800; AHV 1800, El virrey al ayuntamiento de Veracruz, 8/8/1800.

1568 AHV 1805, El ayuntamiento de Veracruz al gobernador, 7/7/1804.

1569 AHV 1805, Los semilleros al ayuntamiento, 22/3/1805.

1570 AHV 1815, Informe del síndico procurador José Gutiérrez Zamora, 8/8/1815.

1571 AHV 1812, Representación de José Ignacio de la Torre, 12/5/1812.

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Ante la imposibilidad de influir en la táctica del ejército, el ayuntamiento tenía que tomar otras medidas. En la sesión del día 21 de noviembre, el cabildo nombró a dos regidores, los señores Couto y Gil, para que recolectaran fondos entre el vecindario, fletaran barcos y fueran a traer maíz, frijol y arroz de Tabasco, Campeche y Tampico.1572 No sabemos bajo que modalidad se obtuvieron los reales: como préstamo al ayuntamiento o como suscripción a una compañía establecida ad hoc para la introducción de semillas. Sea como sea, una semana después, los comisionados informaron que ya tenían fondos considerables: un signo de que había capitales en busca de empleo y de que las condiciones ofrecidas por el ayuntamiento satisfacían plenamente las expectativas de los acaudalados. Quedaba por resolver el problema del transporte. Aprovechando las urgencias del comercio y del ayuntamiento, los dueños de los barcos exigían fletes exorbitantes. El cabildo intervino entonces ante el comandante del apostadero para que hiciera valer su poder ante los especuladores en beneficio de la ciudad. 1573 Ignoramos si la expedición terminó por concretizarse. De cualquier manera no se resolvieron los problemas. A 13 de enero de 1813, el cabildo veracruzano pidió apoyo a su homólogo de Campeche.1574 En febrero llegaron 151 cargas de maíz con la cuenta y la noticia de que no se podía hacer más.1575

La tercera vertiente de la estrategia oficial frente a lo que era quizás la crisis más profunda de la época colonial era la más innovadora. Hasta ese entonces, el ayuntamiento solía imponer una regulación más estricta del mercado cada vez que se anunciaba una escasez. En adelante, en cambio, se imponía el laissez faire y el mercado se iba desregulando. A partir de un momento dado del año 1812, las autoridades municipales empezaron a tolerar – aunque no a legalizar – las actividades de los baratilleros. Hay que reflexionar un momento sobre el fenómeno de estos vendedores ambulantes. Los baratilleros se reclutaban seguramente entre las masas rurales que inundaban el puerto desde los años 1790 en busca de un sustento que ya no encontraban en el campo. Con el aumento de esta población marginal debía de aumentar también la demanda de maíz: regatonear maíz podía ser, entonces, una estrategia de sobrevivencia para los recién llegados.

No cabe duda de que la liberación del mercado afectaba duramente a los semilleros. En realidad, ellos tenían que cumplir con ciertos requisitos, estaban sometidos al control de los diputados de turno y pagaban, además, una renta-impuesto para sus puestos. En 1815 y de nuevo en 1820 se dirigían al cabildo, señalando los perjuicios que les causaban baratilleros y pulperos con sus ventas irregulares y pidiendo se respetaran los reglamentos. En ambas ocasiones, su solicitud fue rechazada.1576

En su escrito de 1815, los semilleros reconocían que el abasto de la ciudad había mejorado con la desregulación del mercado. Puede que la preocupación por el pan – y la tranquilidad – de las masas eran uno de los factores que explican la evidente protección que el ayuntamiento

1572 AHV, AC 14/11/1812.

1573 AHV, AC 21/11/1812.

1574 AHV, AC 13/1/1813.

1575 AHV, AC 6/2/1813; AC 25/2/1813.

1576 AHV, AC 30/9/1815, 1/3/1820, 15/10/1820, 25/11/1820.

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brindaba a los baratilleros. Pero puede que había intereses mucho más tangibles detrás de la nueva táctica. Consideramos que no resulta descabellado pensar que muchos de los ambulantes tenían vínculos muy estrechos con el comercio: unos por que el comercio les prestaba el dinero necesario para comprar la mercancía, otros por que trabajaban directamente para un comerciante establecido.

LOS MERCADOS DE CARNE

Un tercer eje del consumo urbano eran las carnes de carnero castrado y de res. El abasto se realizaba a lo largo del siglo XVIII a través de tres canales: el monopolio legal de la venta de carne fresca de carnero y de res, concedido por el ayuntamiento por un periodo determinado, el contrabando de carne fresca de res y la venta – a veces permitida, a veces prohibida – de tasajo.

En principio, la venta de carne fresca de res se administraba, al igual que en otras ciudades novohispanas, por monopolio.1577 El ayuntamiento concedía periódicamente el monopolio a un contratista que se comprometía bajo pena a surtir la ciudad y los navíos – mientras estos estaban anclados en el muelle – a un precio determinado con toda la carne que se necesitara. La ciudad le alquilaba su matadero y los puestos de venta en el mercado, pero él tenía que contratar a los operarios necesarios para el sacrificio y el expendio. También los aperos iban a cargo del obligado del abasto. En los contratos, el ayuntamiento fijaba los horarios en que se tenía que atender al público, exigía un mínimo de limpieza, y estipulaba que el beneficiado tenía que regalarle 36 toros en cada fiesta y dar las limosnas acostumbradas a los hospitales y conventos de la ciudad.1578

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el monopolio se concedía por un periodo de tres años. El contrato se obtenía en subasta pública en Veracruz. Ahora bien, no cualquiera podía garantizar durante el periodo relativamente largo de tres años el cuantioso abasto de la ciudad y puerto. Francisco Arrillaga, síndico del ayuntamiento, analizaba en 1806 la problemática del abasto de una manera tan aguda, que se justifica una cita algo larga. “Los poseedores de vastas haciendas de ganado vacuno, decía, son pocos en esta provincia, ni ellos son capaces de cumplir con la obligación de abastecer por el largo plazo de tres años a este numeroso vecindario. Las distancias grandes que aquellas haciendas tienen de esta ciudad les obliga a la compra o arrendamiento de tierras inmediatas y de buen pasto para acopiar las cabezas necesarias al pronto consumo; los gastos que en esto erogan, las reses que se mueren, el demérito que sufren las más en la translación, los robos que experimentan y otros daños anexos al desempeño de tan continuo y largo deber, les hace considerarlo todo en los remates para proporcionar la compensación. La ninguna emulación que hay en éstos por los pocos licitantes de esta naturaleza

1577 Véase los casos de Guadalajara en Van Young (1981: 43-57) y (1992d: 213-221) y Valladolid en Morin (1978: 158-159).

1578 AHV 1757, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1760, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1762, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1783, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1791, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1793, Exp. sobre el abasto de carne de todo; AHV 1800, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1801, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1807, Exp. sobre el abasto de carne de toro.

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que se presentan les ampara regularmente en la adquisición de una ganancia lucrativa”. El informe sugiere que los latifundistas costeños acaparaban la contrata, y esto cuando menos desde mediados del siglo XVIII. A través del monopolio sobre el principal mercado regional imponían su ley al resto de los criadores: en efecto, estos no tenían otra opción que aceptar las condiciones que el obligado ponía para comprarles algunas reses con que complementar los hatos que llevaba al puerto.1579

La lista de los contratistas y de sus fiadores parece contradecir las declaraciones de Arrillaga (cuadro 55.).1580 Todos eran vecinos de Veracruz, pero, excepto el último, Remigio Fernández, ninguno pertenecía, que sepamos, al selecto grupo de los señores de ganado. Sin embargo, no hay motivo para desconfiar de las afirmaciones de Arrillaga. La aparente contradicción se disolvería con toda seguridad si conociéramos todos los lazos familiares y comerciales de los contratistas. Descubriríamos entonces, por ejemplo, que Agustín de Achica, obligado del periodo 1761-64, había sido previamente alcalde mayor de Cosamaloapan y debía de estar estrechamente vinculado con los ganaderos de aquella cabecera. Veríamos también que José de Tejeda se desempeñaba, en los años 1780, como mayordomo de la hacienda de Buenavista.1581 ¿Por qué los ganaderos no competían personalmente por la contrata? Observamos arriba que los menos vivían en Veracruz. Sin embargo, en un negocio tan delicado como la contrata en que mucho dependía de que se hacía valer el monopolio, convenía poner a un personaje bien relacionado con el ayuntamiento, a un vecino de la ciudad.

Hacia 1780 observamos las primeras fricciones entre el ayuntamiento y los grandes señores de ganado de Sotavento que controlaban el monopolio. Desde 1777, el gobierno local buscaba un contratista para el periodo 1778-1780. A pesar de una sequía que empezaba a hacer estragos entre los hatos costeños, el cabildo pretendía que el precio de la carne al consumidor se mantuviera sin variación. Los grandes ganaderos reaccionaban con el boicoteo del puerto, advirtiendo así que no colaborarían con un postor que no les tuviera en cuenta.1582

Al expirar el periodo de la contrata de Fernández de la Huerta, el ayuntamiento no había encontrado quien hiciera una postura de su agrado. Así se vio obligado a hacerse cargo del abasto a partir de pascua de 1778. Desde el principio había que proceder a una inversión relativamente fuerte: no sólo por la compra de animales, sino también por la adquisición de los aperos más imprescindibles del matadero. Como no había fondos en el erario municipal, el ayuntamiento abrió una suscripción entre el vecindario, recaudando de esta manera préstamos por m|s de 15’000 pesos. El primer año del nuevo régimen era un desastre y terminó con pérdidas de casi 13’000 pesos. El principal factor del fracaso era la postura de 4 libras y media por real en la venta al consumidor, irreal en vista de los subidos precios a que se vendía el ganado en pie. A esto se añadía una administración poco acertada, consecuencia quizás de la falta de experiencia en el manejo de ganado (o de la corrupción en las compras): de 6’697 toros

1579 AHV 1807, Exp. sobre el abasto de carne de toro.

1580 Con respecto a las fuentes, véase nota 95.

1581 Véanse AHV 1757, Exp. sobre el abasto de carne de toro, con respecto a Achica y AHV 1780, Exp. sobre el abasto de carne de toro, con respecto a Tejeda.

1582 AHV, AC 15/9/1777, 3/10/1777, 8/10/1777, 30/10/1777, 20/11/1777, 23/12/1777, 30/12/1777.

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que se compraban, no menos de 1’203 se murieron antes de que hubieran podido sacrificarse.1583

Ante las presiones de la audiencia, el ayuntamiento bajó en agosto de 1779 la postura en 12 onzas y volvió a pregonar el abasto. Procurando ampliar el número de los postores, el cabildo publicó la contrata no sólo en la plaza, en Cosamaloapan y en Misantla como anteriormente, sino también en Acayucan, Córdoba y Orizaba.1584 Sin embargo, una vez más no se presentó postor alguno. En julio de 1780, el ayuntamiento seguía siendo responsable del abasto, habiendo acumulado una deuda adicional de cuando menos 15’000 pesos. El virrey dispuso entonces una nueva baja de la postura hasta 3 libras por real y renovó la orden de poner término a la administración directa del abasto.1585

En 1781, el ayuntamiento entregó, por fin, el abasto a un particular, Francisco Tomás de Acevedo. El contratista impuso una cláusula en que se estipulaba que él quedaba libre de cualquier compromiso si el ayuntamiento no le prestaba su apoyo para conseguir ganado a bajos precios. De facto, el gobierno municipal seguía entonces en cierta forma responsable del abasto.1586 Después del periodo 1784-86, a cargo de José Tejeda, hombre muy cercano a los ganaderos, el ayuntamiento retomó el control indirecto del abasto por un año más, entregando el monopolio al regidor Sebastián Pérez.1587

En 1806, los grandes ganaderos querían aprovechar otra sequía para forzar los precios. Todavía en el trienio 1803-1806, Remigio Fernández había ofrecido 64 onzas por real; ahora, la postura máxima era de 39 onzas. Ante esta situación, Francisco Arrillaga en el informe arriba citado, propuso que el abasto se rematara no por trienio sino por mes. Así, señalaba, el abasto dejaría de ser un negocio exclusivo de los latifundistas y se abriría a los numerosos ganaderos medianos de la región. La mayor competencia así era la lógica del discurso, favorecía al público consumidor.1588 El cabildo aceptó la propuesta. Durante dos años se turnaban entonces varios obligados (cuadro 56.).1589 En un primer momento, la medida surtió efectos positivos para el vecindario, ya que se conseguía mantener la postura a 46 onzas por real. Con Izaguirre y Madariaga, empero, se ofrecían ya sólo 38 y 40 onzas por real, respectivamente.

Entre los contratistas mensuales de los años 1807-1808 distinguimos a cuando menos dos comerciantes porteños que debían de tener sus propios hatos: Fernández de la Huerta era dueño, junto con otros, de la hacienda El Jato, Izaguirre poseía las haciendas de La Tunilla y Rincón de Parras.1590 El mismo Arrillaga patrocinador del cambio en el sistema de abasto, era

1583 AHV 1779, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV, AC 14/5/1778.

1584 AHV 1779, Exp. sobre el abasto de carne de toro.

1585 AHV 1780, El virrey al ayuntamiento, 15/7/1780.

1586 AHV 1781, Exp. sobre el abasto de carne de toro.

1587 AHV 1786, Exp. sobre el abasto de carne de toro.

1588 AHV 1807, Exp. sobre el abasto de carne de toro.

1589 AHV 1807, Cuenta del ramo del agua; AHV 1808, Cuenta del ramo del agua.

1590 Véanse AHV 1812, Exp. sobre el abasto de carne de toro, sobre Fernández de la Huerta, Anónimo (1960: 3) sobre Arrillaga y Lerdo (1950: II, 147) sobre Izaguirre.

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propietario de la hacienda de Paso de Ovejas. En tanto que regidor no podía hacer postura personalmente, pero nada le impedía poner a un hombre de su confianza.

La solución adaptada en 1807 era sólo el primer paso para la abolición del monopolio. Supuestamente por falta de postor, el ayuntamiento volvió a hacerse cargo del abasto en noviembre de 1808. El asunto se comisionó a Francisco Antonio de la Sierra y este nombró a su amigo José Domingo Izaguirre como administrador del abasto. Poco menos de un año después, el cabildo celebrado el día 14 de septiembre de 1809 liberó el mercado de carne de vacuno. En enero de 1812 hubo un intento de restaurar el monopolio. Pero el nuevo sistema estaba ya bien afianzado. 1591

La defensa del consumidor – es decir el mantenimiento de la tranquilidad pública – era seguramente uno de los motivos de la actuación del ayuntamiento a partir de 1778. El otro motivo, no menos importante, era el surgimiento de un grupo de ganaderos medianos en el seno del comercio porteño. El tradicional sistema del monopolio frenaba el pleno desarrollo de las explotaciones o estos comerciantes ganaderos por los motivos señalados por Arrillaga en su informe de 1806. Al abordar la historia de las relaciones sociales entorno a la tierra vimos como el grupo utilizaba el ayuntamiento para combatir estructuras de propiedad que obstaculizaban la expansión de su producción. Aquí vemos como recurrían a la misma estrategia para conquistar salidas para su producción. La lucha entorno a los derechos sobre el abasto es sólo la otra cara de la lucha entorno a los derechos sobre la tierra.

Observamos durante los últimos 50 años de la colonia, una ardua disputa entorno a la venta del tasajo que se preparaba en las rancherías inmediatas al puerto. Como esta carne salada concurrenciaba sus propias ventas, los obligados imponían en las contratas la prohibición de su expendio intramuros.1592 No obstante, la venta clandestina de tasajo era muy común en el puerto y el ayuntamiento era, según parece, poco propenso a perseguir a los contrabandistas.

Desde 1791, el ayuntamiento presionaba a los postores a la contrata 1792-1794 para que accedieran a la liberación formal de la venta de carne salada en la ciudad: sin éxito.1593 En 1800, sin embargo, el ayuntamiento se impuso gracias a la oportuna venta de tasajo. Cuatro años después, el ayuntamiento defendió la conquista de 1800 con éxito frente a las pretensiones del obligado de turno, Remigio Fernández.1594 De allí en adelante, las autoridades adoptaban medidas aparentemente contradictorias. En 1808, el cabildo prohibió por iniciativa propia la introducción de tasajo de los extramuros. En 1810 la venta se legalizó una vez más, siempre y cuando se realizara en las carnicerías establecidas. Tres años después, se restableció la prohibición total.1595

1591 AHV 1810, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV, AC 17/1/1812.

1592 Véase por ejemplo AHV 1757, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1804, Exp. sobre el abasto de carne de toro.

1593 AHV 1792, Exp. sobre el abasto de carne de toro.

1594 AHV, AC 2/5/1800; AHV 1804, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1808, Exp. sobre el abasto de carne de toro.

1595 AHV 1808, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1810, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV, AC 25/9/1813.

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¿Cómo explicar los cambios en la política del ayuntamiento? Sabemos que una parte del tasajo se producía en las rancherías inmediatas a Veracruz por personas que no tenían otro medio de subsistir.1596 Ahora bien, sospechamos que también los comerciantes-ganaderos se dedicaban al nacateo, quizás coludidos con los marginados de los médanos. Esta hipótesis nos permitiría explicar por qué el ayuntamiento defendía tanto a los nacateros mientras los grandes ganaderos monopolizaban el abasto de carne de vaca fresca: el designio más profundo de la defensa de la venta del tasajo era el apoyo a los comerciantes-ganaderos en su lucha por el acceso al mercado urbano. En 1807, la situación cambió radicalmente. Los protegidos del ayuntamiento se posesionaron del abasto y podían prescindir de la venta de tasajo. Más todavía: en la medida en que el control de los nacateros resultaba difícil y muchos se abastecían mediante la violación del sagrado derecho de propiedad convenía reprimirlos. Por otra parte existían – enseguida lo veremos – razones fiscales para suprimir el nacateo. Así llegamos al acuerdo de 1808. La readmisión temporal en 1810 era, si seguimos nuestra línea de interpretación, el reconocimiento del fracaso de la prohibición: el nacateo seguía siendo importante, ahora como contrabando. Para someterlo a la fiscalización y a un control mínimo, el ayuntamiento se resignó a volver a legalizarlo. En 1813 las autoridades regresaron a la carga: no sabemos con qué éxito.

A todo eso se sumaba la carne fresca que se introducía de contrabando en la ciudad. La importancia de este circuito se admitía por el mismo ayuntamiento: en el quinquenio de 1800-1804 se mataban cada año clandestinamente unos 1’460 animales y otros 2’920 llegaban a la ciudad en forma de tasajo: 4’380 animales en total, frente a los 4’991 que se sacrificaban por los obligados en este mismo periodo.1597 Los que participaban en este mercado eran probablemente los mismos que producían y vendían tasajo: pequeños productores y desposeídos que practicaban al abigeato. La venta de vacuno a través del sistema del abasto se registraba en la contabilidad municipal junto con los precios (cuadro 57.).1598 Los niveles alcanzados entorno a 1780 eran, de acuerdo con los datos oficiales, apenas inferiores a los de la década de 1800: el crecimiento demográfico sólo tenía un impacto marginal sobre el sacrificio legal intramuros. Queda abierta la posibilidad de que la venta de tasajo y el sacrificio ilegal aumentaran a partir de 1790. Sabemos, de hecho, que así sucedió.1599

En la serie de los precios a que los consumidores veracruzanos compraban la carne de res fresca en el mercado (cuadro 60.) distinguimos tres movimientos. Destaca la carestía de los años 1780, evidentemente vinculada con la crisis que afectaba en ese entonces la ganadería. A continuación,

1596 AHV 1808, Exp. sobre el abasto de carne de toro.

1597 AHV 1804, Exp. sobre el abasto de carne.

1598 AHV 1757, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1762, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV, AC, 15/8/1774; AHV 1776, Exp. sobre el abasto de carne de carnero; AHV 1778, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1779, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1783, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1786, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1787, Exp. sobre el abasto de carne de carnero; AHV 1791, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AVH 1792, Exp. sobre el abasto de carne de carnero; AHV 1793, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV 1801, Exp. sobre el abasto de carne de toro; AHV, AC 8/7/1804; AHV 1804, Exp. sobre el abasto de carne de carnero; AHV 1806, Exp. sobre el abasto de carne de carnero; AHV 1808, Cuenta del ramo del agua; AHV 1810, Cuenta del ramo del agua; AHV 1810, Exp. sobre el abasto de carne de carnero; AHV 1812, Cuenta del ramo del agua; AHV 1813, Cuenta del ramo del agua.

1599 AHV 1804, Exp. sobre el abasto de carne.

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hacia 1800, intervino una notable contracción del precio. Consideramos que el episodio traduce no una poco probable recuperación de la producción de los latifundistas que vendían sus esquilmos a través de los contratistas sino la creciente presión de los ganaderos medianos contra el monopolio. Sabemos que la venta de tasajo y de carne fresca de contrabando aumentaba hacia 1800. Con tal de conservar una parte mínima del mercado, el contratista se veía obligado a ofrecer precios competitivos. Entorno a 1805, el precio volvió a subir abruptamente, reflejando, de acuerdo con nuestra hipótesis, un nuevo hito en el ocaso generalizado de los rentistas rurales.

Un último aspecto del abasto de carne era el del carnero castrado. El precio del carnero, relativamente estable hasta pasado 1800, se ubicaba claramente encima de aquel del vacuno. De allí que la demanda de este tipo de carne era mucho menor. En 1796, por ejemplo, el consumo de carnes frescas procedentes del matadero de la ciudad alcanzaba 58’552 arrobas de vacuno, pero sólo 11’540 arrobas de carnero.1600 Como sabemos, el consumo real de vacuno era mucho más elevado; no así el de carnero. Para empezar sabemos que el carnero se expendía sólo como carne fresca. Además conjeturamos que la distancia que separaba desde mediados del siglo XVIII las zonas productoras de la ciudad protegía de facto el monopolio del contratista.

Los pregones del contrato se realizaban desde mediados del siglo en el puerto, en Atlixco y Puebla, en los años 1790 también en Perote, Tehuacán y México, pasado 1800 hasta en San Juan de los Llanos. Los remates eran a lo largo del periodo y a pesar de la extensión de los pregones a cada vez más lugares, poco concurridos. Podemos conjeturar que los mismos motivos que impedían una competencia real en los remates de la contrata de vacuno – las pérdidas que implicaba el acarreo de los animales desde lugares lejanos, la necesidad de disponer de pastos en las afueras de la ciudad – intervenían en el caso del abasto de carnero.1601

Los obligados se reclutaban en el comercio porteño (cuadro 58.).1602 Como no se criaban ovejas en la región, todos tenían que vincularse de una manera y otra con los señores de ovejas del altiplano. Pasado 1800, José Domingo Izaguirre parece controlar el monopolio e imponer sus condiciones en las contratas: en 180? todavía había competencia, en 1806 y en 1808, en cambio, don Juan se presentaba solo. Esta posición de fuerza se reflejaba en las posturas: 17,5 onzas por real en 1804, 12 en 1806, 8,5 en 1809. Esta última vez, el ayuntamiento, quizás bajo la presión de los comerciantes interesados en un contrato menos largo, rechazó la oferta e impuso en cabildo de 17 de noviembre la libertad del abasto a partir de enero de 1810. Durante los meses siguientes, el precio del carnero se mantenía a 10-12 onzas por real, a veces se daban hasta 16-17 onzas: la desregulación del mercado beneficiaba a todas luces al consumidor.1603

1600 AHV 1800, Lista de precios de los víveres en la ciudad de Veracruz establecida por el ayuntamiento, 12/7/1800.

1601 AHV, 1776, Exp. sobre el abasto de carnero; AHV 1787, Exp. sobre el abasto de carnero; AHV 1792, Exp. sobre el abasto de carnero; AHV 1804, Exp. sobre el abasto de carnero; AHV 1806, Exp. sobre el abasto de carnero.

1602 AHV 1776, Exp. sobre el abasto de carnero; AHV 1787, Exp. sobre el abasto de carnero; AHV 1792, Exp. sobre el abasto de carnero; AHV 1804, Exp. sobre el abasto de carnero; AHV 1806, Exp. sobre el abasto de carnero.

1603 AHV, AC 10/11/1809, 17/11/1809; AHV 1810, Exp. sobre el abasto de carnero.

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OTRAS VITUALLAS

La venta de pescado se realizaba ya sea por los pescadores, ya sea por los pulperos. Las Ordenanzas Generales de la Real Armada autorizaban a las autoridades municipales a fijar el precio del pescado; sin embargo, en Veracruz, el precio no estaba sometido a ninguna forma de reglamento. No así el expendio. Con tal de evitar que los pulperos acapararan toda la pesca para menudearla después frita a los consumidores finales, el ayuntamiento había establecido que nadie podía comprar la oferta de los pescadores por mayoreo antes de las cinco y media de la tarde. Ahora bien, como muestra una solicitud de los interesados en 1790, este reglamento ataba al pescador durante todo el día a la plaza. Sin tener en cuenta posibles lazos financieros conjeturamos entonces que los que controlaban de facto la pesca eran los pulperos.1604

La dieta de la plebe se complementaba con manteca, jamón y piloncillo. Fundamental eran también el chile, el ajo y la cebolla. Una lista de vituallas comunes en el puerto establecida por el ayuntamiento en 1800 menciona además coles, plátanos, calabazas, tomates, cebollas, camotes, ensaladas, pescado, gallinas, pollos y huevos.1605 No se trataba de alimentos imprescindibles, con todo su consumo debía de ser relativamente importante, por lo menos en tiempos normales, cuando la tortilla no absorbía todo el presupuesto de la plebe.

En la Plaza del Maíz había, junto a los puestos de los semilleros, diez locales destinados a la venta de verduras. Los verduleros alquilaban, como los semilleros, sus puestos al ayuntamiento. Este les imponía, al igual que a aquellos, la observación de cierto reglamento. A espaldas de los puestos de verduras se practicaba la recova por pequeños mercaderes foráneos. También ellos pagaban una especie de impuesto por el uso de las instalaciones del mercado; como no se establecían permanentemente en la plaza, este derecho se les cobraba a diario por los encargados del ayuntamiento.1606

Los artículos expendidos por verduleros y recoveros atraían la atención de los regatones. Cada vez que se desataba una guerra y se combinaban problemas de abasto y de desempleo se multiplicaban los pequeños revendedores de tomates, huevos o gallinas. Los verduleros exigían, desde luego, que se persiguiera lo que consideraban una competencia desleal. Hasta 1805-1806, el ayuntamiento tomaba los acuerdos respectivos cada vez que se le pedía.1607 Podemos conjeturar que el efecto real de estos acuerdos era muy parecido a aquel que surtían los bandos contra los revendedores de semillas. Sea como sea, también en el mercado de verduras, huevos y gallinas, la crisis de 1811-1813 marcó un hito y en un momento dado, las autoridades legalizaron las actividades de los regatones.1608 Al mejorar la situación, el cabildo volvió a tomar

1604 AHV 1790, Exp. sobre la pesca.

1605 AHV 1796, Exp. sobre el río Jamapa; AHV 1800, Lista de precios de los víveres en la ciudad de Veracruz, 12/7/1800; AHV 1815, Cuenta del Manantial.

1606 AHV, AC 17/8/1775; AHV 1793, Exp. sobre los puestos de verduras; AHV 1805, Exp. sobre las casillas de los verduleros.

1607 AHV 1805, Exp. sobre las casillas de verduleros. Véase también AHV 1801, el ayuntamiento de Veracruz al virrey, 12/5/1801.

1608 AHV, AC 30/7/1813.

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acuerdos contra la reventa de estos artículos.1609 Sin embargo, los intentos restaurativos eran un rotundo fracaso.1610 En vista de lo que sucedía en el resto de los mercados de básicos particularmente en el de las semillas, no descartamos que el mismo ayuntamiento nunca pensaba seriamente regresar a la situación anterior a 1811: que los acuerdos contra los regatones que se tomaron a partir de julio de 1813 eran puro teatro.

1609 AHV, AC 30/7/1813; 13/8/1813.

1610 AHV, AC 2/6/1817.

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17. EL MERCADO DE LA VIVIENDA

En el análisis de los derechos que se vinculan con el espacio habitacional urbano hay que distinguir entre dos conceptos. Por una parte tenemos el derecho del dueño de la casa, por otra el del propietario del solar en que ésta se ubica. Al primer derecho corresponde el alquiler strictu sensu, al segundo la renta del solar. El inquilino que arrienda un edificio paga por supuesto tanto este alquiler strictu sensu como la renta del solar a título de alquiler.1611 Podemos imaginar una ciudad en que ambos derechos están en manos de una sola persona, en que el propietario de la tierra procede él mismo a la inversión que constituyen las construcciones. Podemos imaginar también una ciudad en que el terrateniente es un rentista al estilo puro que no corre riesgo alguno y deja la urbanización en manos de un arrendatario.

En el caso de Veracruz observamos dos situaciones distintas. Los extramuros eran, en tanto que ejidos de la ciudad, patrimonio del ayuntamiento. Este otorgaba, como vimos arriba, fracciones en enfiteusis a los vecinos que lo solicitaban. Legalmente, los dueños de las casas de los arrabales del Santo Cristo y de San Sebastián no eran entonces propietarios de sus solares. El carácter del contrato con el titular de la tierra hacía, empero, que se podían considerar como casi-propietarios.

Los solares del recinto amurallado se habían construido por merced real desde el establecimiento de la ciudad en torno a 1600 los vecinos. En un momento dado, la corona había entregado los predios eriales que no tenían titular conocido al ayuntamiento. En el siglo XVIII, los dueños de las fincas construidas en estos terrenos pagaban un censo de un peso por cada vara de frente: de acuerdo con el ayuntamiento el reconocimiento de que él seguía siendo propietario del dominio directo de estos predios. Ahora bien, los solares que caían en esta categoría eran pocos: 41 de 1092.1612 Carecemos de documentos que nos aclararan la situación del resto de los predios intramuros. Con todo podemos conjeturar que el propietario del solar y el dueño de la finca o bien eran una misma persona – y queremos pensar que así era – o bien se vinculaban por un contrato enfitéutico que dejaban a este como casi-propietario.1613 Constatamos, en efecto, que en las transacciones operadas sobre las fincas nunca se hacía ninguna referencia al dueño del solar ni a sus derechos. Más todavía: en 1808, Pedro del Paso y Troncoso vendió una casa en la céntrica calle de Loreto con todo y solar sin pedir permiso a nadie.1614

1611 Marx (1991: III, 717-718).

1612 AHV 1778, Censo de las casas ubicadas en tierras de la ciudad; AHV 1807, El ayuntamiento de Veracruz al intendente, 11/9/1807.

1613 Autores como Super (1983: 29-30) o Kicza (1983: 165-173) que tratan de la propiedad urbana en Querétaro y México respectivamente, no distinguen entre la propiedad del suelo y la titularidad de la finca: quizás un signo de que ambos derechos se ejercían por la misma persona.

1614 AHV 1809, Exp. sobre la venta de una casa por Pedro del Paso y Troncoso, 1808: AHV 1809, Exp. sobre la venta de una casa por Joaquina Calleja, 1804; AHV 1819, Fundación de una obra pía por Pedro del Paso y Troncoso, 1819; ANX 1813-1814, f. 66, Testamento de Tomás Morán, 1813.

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LOS PROPIETARIOS

En 1815, una comisión del ayuntamiento estableció un padrón de las casas intramuros y de sus respectivos alquileres.1615 Para las casas alquiladas se recopilaban los datos proporcionados por los propietarios. Los edificios habitados por su dueño se evaluaban por tres regidores comisionados.1616 Estos procedimientos propiciaban desde luego la subevaluación. Esto no impide, empero, sacar algunas conclusiones sobre la propiedad inmobiliaria en el recinto amurallado.

De las 1’092 casas del casco, sólo 231 se habitaban por su propietario: un dato de por sí bastaría para indicar la importancia del inquilino en la ciudad. Pero profundizamos un poco más. La propiedad inmobiliaria se concentraba en pocas manos (cuadro 59.).1617 Los alquileres de los diez mayores propietarios sumaban 89’340 pesos: m|s del 16,5 por ciento del valor total de los alquileres del recinto. Si ampliamos el círculo a los veinte mayores propietarios obtenemos alquileres por 137’460 pesos, o sea m|s de la cuarta parte de la masa total. El traslado del análisis del valor de los alquileres al número de objetos que poseían estos grupos confirma su predominancia. Entre los primeros diez reunían 151 casas, el 13,8 por ciento; entre los veinte 266, casi la cuarta parte del total.

Podemos distinguir entre tres tipos de propietarios: el ayuntamiento, las instituciones eclesiásticas y particulares (cuadro 60.).1618 El ayuntamiento sólo jugaba un papel marginal como propietario del espacio habitacional. En efecto, el casco de la ciudad se repartía entre los otros dos grupos. Todos los conventos porteños – San Francisco a través de la Tercera Orden –, los hospitales de San Sebastián y de Loreto, la fábrica de la parroquia y siete de las cofradías tenían un número determinado de casas. A ellos se añadía el convento de Santa Teresa de la ciudad de Puebla. Ahora bien, con todo y su importancia, la parte de las instituciones eclesiásticas resulta modesta si la comparamos con la de los propietarios particulares.

¿Quiénes eran los particulares que adquirían fincas en la ciudad? Se trataba, por lo menos en muchos casos, de personas que se dedicaban al gran comercio. Entre los mayores propietarios encontramos a Pablo Frayle de Santa María, Francisco García Puertas y Tomás de Barbadillo, todos destacados comerciantes que formaban en un momento dado parte del ayuntamiento (cuadro 59.). También entre los propietarios más modestos sobresalían los miembros del comercio porteño: José María Quirós, Juan Bautista Lobo, Domingo Escandón, Juan Bautista y José Domingo Izaguirre. Además distinguimos a algunos vecinos que ejercían profesiones liberales. Florencio Comoto era un próspero médico, muy cercano al ayuntamiento desde que se avecindó en el puerto a fines del siglo XVIII. En fin, consta la existencia de un grupo de

1615 AHV 1815, Padrón de las casas intramuros y de su alquiler, 12/6/1815.

1616 AHV 1813, Nota de los arrendamientos que la comisión del ayuntamiento ha regulado a las casas que habitan sus propietarios, 26/3/1813.

1617 AHV 1815, Padrón de las casas intramuros y de su alquiler, 12/6/1815.

1618 AHV 1815, Padrón de las casas intramuros y de su alquiler, 12/6/1815.

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especuladores: los capitalistas, como les llamaba el síndico Joaquín José Micón en un informe de 1811.1619

Los alquileres constituían una renta constante y relativamente segura. Esto era lo que buscaban las instituciones religiosas de la colonia.1620 Podemos conjeturar entonces que la acumulación de bienes raíces en las manos muertas que observamos en 1815 reflejaba esfuerzos seculares. 1621 ¿Qué decir de las inversiones de los ciudadanos acaudalados en bienes inmuebles? A inicios del siglo XIX, el negocio con la vivienda era por lo visto muy común entre los comerciantes. Ahora bien, para ese entonces, las rentas subían, como veremos enseguida, rápidamente. ¿Qué tan importante era la inversión del comercio en este sector antes del despegue de los alquileres, antes, digamos, de mediados del siglo XVIII? Esta misma pregunta se puede hacer respecto a los capitalistas.

En los extramuros, la situación era muy distinta. Encontramos también aquí a comerciantes como Juan de Guisasola que construyó en los años 1790 24 “casitas bajas con sala, rec|mara y cocina y otras oficinas” para alquilarlas. Pero había también un gran número de jornaleros que establecían sus chozas, pagando un año sí y otro no los derechos del ayuntamiento.1622

LA DINÁMICA DE LOS ALQUILERES

Parece un hecho que Veracruz desconocía el problema de la vivienda hasta mediados del siglo XVIII. Sobraba espacio habitacional aún en las temporadas de flotas cuando había que hospedar a los arrieros, las tripulaciones de los barcos y los encomenderos europeos que se quedaban en el puerto. Llegó un momento en que abundaban los solares eriales y las casas abandonadas y arruinadas: evidentes signos de la poca rentabilidad de la inversión en bienes inmuebles.1623

Lerdo, quien tenía acceso a documentos que ya no existen en la actualidad, asegura que la construcción de edificios aumentó a partir de la década de 1740. El fenómeno, evidentemente vinculado con la expansión de las actividades portuarias, constituye el primer indicio de una incipiente revalorización del espacio urbano.1624 Pronto, la ampliación de la infraestructura de la ciudad contribuyó a sostener el movimiento ya que algunas de las obras llevaban a la

1619 AHV 1812, Exp. sobre alquileres.

1620 Lavrín (1985: 39-40) sugiere que la seguridad era la máxima de la política inversionista de las instituciones eclesiásticas. Como no podían aumentar sus caudales a través de la aceptación de depósitos necesitaban manejar las existencias con el mayor cuidado posible para evitar pérdidas.

1621 Los conventos de Veracruz así que los hospitales de Loreto y de Montesclaros se establecieron todos durante la primera mitad del siglo XVII. Véase Trens (1947: II, 356-357) a este respecto.

1622 AHV 1806, El cobrador de los pisos extramuros al ayuntamiento, 21/3/1806; AHV 1806, Exps. Sobre los extramuros.

1623 AHV 1800, El ayuntamiento de Veracruz al gobernador, 20/2/1800.

1624 Lerdo (1950: I, 369-370).

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desaparición de espacio habitacional: para la construcción del hospital militar de San Carlos, por ejemplo, se arrasó una cuadra entera de viviendas y bodegas en 1764.1625

Una tercera etapa de la historia de los alquileres urbanos se inició con la inundación de la ciudad con gente del campo a partir de los años 1790. En el recinto amurallado, los propietarios ampliaban las casas existentes, muchos extendían, como vimos, el ámbito de sus negocios a los extramuros. La rápida expansión de la demanda de vivienda permitía a los propietarios subir las rentas más y más. Para el periodo 1785-1800 se calculaba un aumento de más del 30 por ciento.1626 Cualquier artimaña era buena para presionar al inquilino y pasar por alto una legislación que, según parece, no le dejaba totalmente desamparado. El gobernador denunció desde 1801 que los dueños “pretextan cualquier causa al parecer legal para lanzar al arrendatario y dar la finca a otro que simuladamente ofrece más, teniendo el infeliz vecino que sufrir la incomodidad de poner sus muelles en la calle, por que el dueño de la casa fingió que la quería para sí, para sus hijos, para hacer obra en ella o probó con testigos paniaguados que el inquilino hacía mal uso de la finca”.1627 Como suele suceder en estos casos, “la carestía de la vivienda se halla en razón inversa a su calidad”.1628 En un informe de 1801 al virrey, el mismo ayuntamiento admitía que muchos pobres vivían en “bodegas húmedas y sin ventilación, con peligro de su salud”.1629 Tres años después las autoridades municipales se vieron obligados a disponer por bando que en todos los cuartos había que poner por lo menos una ventana.1630

Las masas urbanas desarrollaban una doble estrategia para contrarrestar la especulación. Muchos se asentaban en los extramuros donde ocupaban el lote que querían sin preguntar por los derechos del ayuntamiento. Otros, seguramente no los más marginados, pedían la intervención de las autoridades. A sabiendas de que el ayuntamiento estaba coludido con los propietarios, que muchos regidores participaban ellos mismos en la especulación, los inquilinos se dirigían a los representantes de la corona, el gobernador y hasta el virrey. A raíz de las peticiones que llegaban a su despacho, el virrey propuso en octubre de 1811 que la renta anual se restringiera al 6 por ciento del valor que constara en la última adjudicación o venta del inmueble. En su dictamen, el síndico José Joaquín Micón aceptaba el principio de vincular el alquiler de los inmuebles al precio de la adquisición, pero sugería que la tasa se aumentara al 9 por ciento y que la medida sólo se aplicara a las casas que se alquilaban a los pobres. El resto del ayuntamiento no quería avalar estas medidas que contrariaban claramente los designios de su clase. Si se cedía ante las presiones, reflexionaba el procurador Juan B. Lobo, se sentaría un peligroso antecedente que podría animar a los pobres a demandar leyes parecidas para comestibles, manufacturas y ropas. En su sesión del 24 de enero de 1812, el cabildo adoptó un plan propuesto por Lobo y decidió promover la ampliación de los edificios existentes mediante dos tipos de incentivos a los propietarios: la exención de los materiales de construcción de

1625 AHV 1800, El ayuntamiento de Veracruz al gobernador, 20/2/1800.

1626 AHV 1801, Exp. sobre el pan, Informe de la comisión al ayuntamiento, 16/1/1801.

1627 AHV 1812, Exp. sobre alquileres, Informe del gobernador Urrutia a la real audiencia de México, 29/10/1811.

1628 La cita es de Marx (1991: I, 558).

1629 AHV 1801, El ayuntamiento de Veracruz al virrey, 3/12/1801.

1630 AHV, AC 23/10/1804.

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derechos fiscales y la liberación de algunas obligaciones propias de los vecinos – en particular el servicio en las milicias – para aquellos que más destacaran en la fabricación de nuevos edificios.1631

Ignoramos si estas medidas se pusieron alguna vez en vigor. De cualquier manera, 1812 marcó el punto culminante en las tensiones entre propietarios e inquilinos. Durante la segunda mitad de 1813, los alquileres ya mostraban una tendencia decreciente.1632 Para 1818, los propietarios se lamentaban, seguramente exagerando, de que sus rentas se habían contraído en dos tercera partes.1633 La caída de las rentas reflejaba la contracción de la demanda, no cabe duda. Ahora bien, arriba sustentamos que el éxodo urbano arrancó hasta 1816. ¿Cómo explicar la contradicción? El movimiento de los alquileres a partir de 1813 traducía por una parte la crisis de las actividades portuarias, la menor demanda de bodegas: bodegas que, como vimos, se solían rentar como cuartos de habitación. Por otra parte consideramos que la desfavorable coyuntura de la propiedad subraya la creciente importancia de los asentamientos en los extramuros como refugios de los pobres del recinto amurallado y de los rurales que huían de la guerra.

LA CRISIS DE LA PROPIEDAD

La década de 1810 era indudablemente un periodo difícil para muchos propietarios veracruzanos. Mientras las rentas se contraían, los impuestos sobre los bienes raíces urbanos aumentaban.1634 A todo eso se añadían los reclamos de los prestamistas que querían que los propietarios redimieran los censos que gravaban los inmuebles.1635

El monto total de los principales de los censos parece poco importante. Para 1818, el valor total de los bienes inmuebles urbanos se evaluaba en 13 mio. de pesos. De este monto, 3 mio. eran hipotecas en beneficio de particulares, comunidades, cofradías, hospitales, capellanías y fundaciones piadosas.1636 El pago de los réditos no podía representar mayores problemas. De cada 1’000 pesos del valor de una casa, 230 pesos estaban hipotecados. Esto implicaba que el propietario tenía que pagar cada año réditos de 11.5 pesos al titular de la hipoteca. Ahora bien, devolver los principales en una época caracterizada por la escasa liquidez podía significar la quiebra para muchos, sobre todo si los 3 mio. se repartían inequitativamente entre los propietarios.

Ignoramos las dimensiones concretas de la crisis. Eso no obstante podemos conjeturar que no todos los propietarios sufrían por igual. Al contrario: queremos pensar que conforme la coyuntura desfavorable a la propiedad se profundizaba y se prolongaba, los títulos se iba

1631 AHV 1812, Exp. sobre alquileres.

1632 AHV, AC 20/8/1813.

1633 Pérez y Comoto (1818: 27-28).

1634 Véase infra, cap. 18.

1635 Pérez y Comoto (1818: 27-28).

1636 Pérez y Comoto (1818: 28).

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concentrando en las manos de un grupo cada vez más pequeño de rentistas. Pedro del Paso y Troncoso, por ejemplo, tenía 18 casas en 1818.1637 Uno de sus descendientes, también de nombre Pedro, poseía en 1855 – cuando la población se movía entorno a los niveles alcanzados hacia 1820 – un total de 70 casas.1638

1637 AHV 1819, Exp. sobre la fundación de una obra pía por D. Pedro del Paso y Troncoso.

1638 Lerdo de Tejada (1950: II, 592. III, 118).

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18. LA FISCALIDAD MUNICIPAL Y LOS DERECHOS DEL REY Y DE LA IGLESIA EN EL ÁREA URBANA

A la fiscalidad real y los derechos parroquiales – el diezmo era de facto un impuesto sobre la producción rural – se añadían en el espacio urbano los impuestos municipales. El gobierno municipal era coto privado del gran comercio. De acuerdo con la lógica de la explotación, la fiscalidad municipal debía de gravar entonces a los no comerciantes, a los consumidores. Así las cosas, podemos imaginar dos modelos de fiscalidad. Podemos imaginar una ciudad en que los ingresos fiscales apenas alcanzaban para pagar la nómina de los regidores y de los empleados. En esta ciudad, la explotación se practicaba por cada comerciante a título individual a través de la venta de básicos y la renta de espacio habitacional. Empero, también podemos imaginar una ciudad en que la explotación de las masas se realizaba fundamentalmente a través de la fiscalidad. El erario municipal concentraba entonces el producto de las exacciones a que estaban sometidas las masas. A través de la concesión de obras públicas o la remuneración de funciones y servicios, los caudales se distribuían entre los sendos comerciales. Acabamos de ver la importancia de los ingresos que producían el control del abasto y del hábitat para los comerciantes porteños. Con todo cabe preguntar ahora por el papel de la fiscalidad municipal.

LA ESTRUCTURA DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL

Los ingresos del ayuntamiento de Veracruz consistían a lo largo de la colonia en impuestos – que requerían de la sanción real –, y en el producto del arrendamiento de propiedades, de la prestación de servicios y de ciertas multas. La diferenciación entre los diferentes rubros era a menudo más formal que real: poco importaba, al fin de cuentas, si la renta que producían los derechos sobre los pisos extramuros se concebía como fiscal o propietaria. De allí que abordamos aquí la masa de los ingresos municipales como tal. Podemos distinguir entre tres ámbitos de la vida urbana que se fiscalizaban, de una manera o de otra, por el ayuntamiento: el consumo y la reexportación de alimentos básicos, el uso del espacio habitacional y el transporte urbano y marítimo.

Cabe hacer una segunda aclaración de carácter metodológico. Hasta fines del siglo XVIII, todas las rentas municipales alimentaban al fondo de los propios. En la última década del setecientos, empero, se establecían varios ramos particulares, ramos cuyos fondos se destinaban supuestamente al financiamiento de obras públicas específicas: en 1790 el del agua, al año siguiente el del empedrado, en 1799 el del alumbrado. Cada una de estas fundaciones significaba la institución de nuevos arbitrios. Aunque los tres ramos particulares tenían sus propios objetivos consta que el más cuantioso, el del agua, financiaba desde antes de 1800 en gran parte los gastos que debían de correr, en principio, a cargo de los propios.1639 El motivo de la multiplicación de fondos no podía ser la claridad de la contabilidad municipal. Más bien sospechamos una estratagema destinado a facilitar la introducción de nuevos gravámenes, a

1639 AHV 1811, Dictamen de la Contaduría general sobre la cuenta 1790-1809 de los arbitrios del agua. Hasta fines de 1809, el ramo del agua había contribuido con m|s de 200’000 pesos a los gastos de los propios.

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neutralizar la posible oposición de la corona o del vecindario contribuyente. Así las cosas analizamos la masa fiscal como tal, sin distinguir entre los diferentes ramos.

Las harinas que entraban en la ciudad pagaban desde el siglo XVI el alhondigaje, dos reales por tercio.1640 El comerciante a quien se cobraba este derecho lo transfería, desde luego, a través de la venta. Una parte de los cargamentos se reexportaba. Otra parte, en cambio, terminaba en las panaderías locales. Esta se gravaba antes de su salida de la alhóndiga con un derecho adicional de medio real por tercio. Dos reales y medio de cada tercio de harinas que se vendía en Veracruz terminaban así en manos del fisco. Como el precio de la harina en la alhóndiga determinaba en gran medida el del pan, el impuesto terminaba por gravar al consumidor.

En 1790 se crearon dos nuevos impuestos sobre la harina. La harina que llegaba a la ciudad pagaba ahora el llamado medio real para el nuevo matadero. El consumo local se gravó adicionalmente con 2 pesos por tercio.1641 En 1799, el medio real para el nuevo matadero se convirtió en el medio real para el alumbrado; pronto, en 1804 o incluso antes, se cobraba un real entero por este concepto.1642 Una propuesta de aumentar la fiscalización de la harina que se consumía localmente en otro medio real parece no haber prosperado.1643 Con esto, cada tercio de harina que se amasaba en la ciudad pagaba una contribución de 2 pesos y 3 reales.

Entre 1769 y 1783 se cobraba un impuesto temporal sobre el pan. El artículo 12 de las Ordenanzas del gremio de panaderos de 1768 establecía una contribución diaria de 40 pesos. Según parece, los panaderos fueron autorizados a bajar el peso del pan en dos onzas por real. Con la disolución del gremio de panaderos en 1783 desapareció el gravamen.1644

Más complicado era la imposición de las vituallas regionales: las semillas, las verduras, el pesado, las aves y la carne de puerto. El maíz y las minestras debían desde 1590 medio real de alhondigaje por fanega.1645 A este impuesto tradicional se añadía a partir de 1799 otro real sobre cada tercio de manteca, jamón, piloncillo, frijol, habas, lentejas y chícharos que se introducían en la ciudad.1646

1640 AHV 1757, Cuenta de propios para 1756; AHV 1761, Cuenta de propios para 1760; AHV 1764, Cuenta de la alhóndiga para 1763; AHV 1805, El ayuntamiento de Veracruz al virrey, 3/11/1804.

1641 AHV 1792, Real Cédula de 31/1/1792; AHV 1792, Cuenta de propios para 1791.

1642 AHV 1801, Exp. sobre el ramo del alumbrado; AHV 1805, Cuenta del ramo del alumbrado para 1804.

1643 El rey aprobó en una real cédula de 1800 un nuevo impuesto de medio real sobre las harinas amasadas en el puerto para la obra del alumbrado. Sin embargo, en las cuentas anuales de la obra sólo se registra la fiscalización de las harinas introducidas en la alhóndiga con medio real por tercio. Véanse AHV 1800, Real Cédula de 30/7/1800; AHV 1804, Cuenta del ramo del alumbrado para 1803; AHV 1806, Cuenta del ramo del alumbrado para 1805.

1644 AGI, México 1250, Ordenanzas del gremio de panaderos de la ciudad de Veracruz, 1768.

1645 AHV 1757, Cuenta de propios para 1756; AHV 1761, Cuenta de propios para 1760; AHV 1764, Cuenta de la alhóndiga para 1763.

1646 AHV 1800, Real Cédula de 30/7/1800.

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Al estudiar la fiscalización de las semillas hay que considerar también los diferentes tipos de gravámenes municipales sobre los vendedores. Los semilleros y verduleros que vendían en la Plaza del Maíz pagaban, por lo menos desde el establecimiento de los puestos fijos por el ayuntamiento en 1759, un derecho de real y medio por día al erario municipal. En 1783, este cargo aumentó a 2 reales y medio. En 1804, las tarifas aumentaron una vez más: los verduleros pagaban ahora 10 pesos mensuales, los semilleros 15.1647 También los viandantes que acudían a la plaza pagaban una cuota. En 1810, el ayuntamiento la fijó en 3 reales diarios por las camillas que estaban a su disposición más medio real por cada puesto.1648 Los pulperos pagaban en 1804 un derecho de 21 pesos al año por el arancel cuatrimestral del ayuntamiento.1649 También los pescadores pagaban, por lo menos hasta 1807, un impuesto para poder expender la captura. El ayuntamiento les prestaba las pesas y les cobraba por esta prestación un derecho de medio real de sábado a jueves y de un real entero los viernes.1650

La carga fiscal implicaba el encarecimiento de las vituallas. ¿Qué tan importante era la imposición respecto al precio? Una lista de los precios corrientes de diferentes granos establecida por el ayuntamiento a fines de 1800 permite un primer acertamiento al problema (cuadro 61.)1651. Para ese entonces – y seguramente también en la década de 1770 –, la harina era con mucho el artículo más gravado. La fiscalización de las semillas parece más moderada; no obstante, al ignorar el impacto de la imposición de los vendedores sobre el precio final del artículo no podemos decir nada definitivo al respecto.

En su contrata los obligados del abasto de carne de toro se comprometían a regalar 36 animales cada vez que el ayuntamiento hiciera fiesta.1652 Parece que al año había unos cinco días festivos: los días de San Sebastián, Candelaria, Corpus, Guadalupe y el cumpleaños del rey.1653 Los 180 toros regalados – alrededor del cinco por ciento del número promedio de animales entregados por el obligado – se debían de tener en cuenta por los solicitantes en el momento de la subasta.

Desde enero de 1790, los contratistas de carne de toro tenían que rebajar dos onzas por cada real del peso pactado, los de carnero una onza. Al final de cada año, los obligados tenían que liquidar la cuenta.1654 La merma implicaba una carga impositiva de 3-4 por ciento sobre la carne

1647 AHV 1789, Carta del regidor J. J. de Echeverría en que asienta sus méritos, s/f; AHV 1794, Exp. sobre la Plaza del Maíz; AHV, AC 9/3/1804.

1648 AHV, AC 17/3/1810.

1649 AHV 1804, Exp. sobre el arancel de los pulperos. A partir de los años 1790, los pulperos pagaban también un impuesto real: en Veracruz, el gravamen ascendía a primero 30, después 40 pesos anuales. Véase Fonseca/Urrutia (1845: IV, 333-372).

1650 AHV 1807, Exp. sobre pescadores.

1651 AHV 1800, Lista de los precios corrientes de los víveres en la ciudad de Veracruz, 12/7/1800. Un tercio corresponde más o menos a un quintal o a una fanega.

1652 AHV 1757, Exp. sobre la carne de toro: AHV 1783, Exp. sobre la carne de toro; AHV 1804, Exp. sobre la carne de toro.

1653 AHV 1762, Cuenta de los diputados de fiestas para 1761; AHV 1817, Cuenta de los diputados de fiestas para 1816.

1654 AHV 1792, Real Cédula de 31/1/1792.

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de toro y de 12-13 por ciento sobre la de carnero. Con la liberación del abasto, el carnero quedó libre de impuestos: el gravamen sobre la res se calculaba ahora por cabeza: cada animal que se sacrificaba en el matadero de la ciudad pagaba 12 reales al erario municipal.1655 Resulta difícil evaluar las consecuencias de este cambio. Ahora bien, a fines de la década de 1800, los toros se vendían en 12-13 pesos la cabeza en las haciendas de Sotavento.1656 El impuesto correspondía entonces a alrededor del 12 por ciento del precio de la res viva: un claro indicio de que el cambio en el sistema de la fiscalización de la carne de toro en 1809-1810 significaba de hecho un aumento del gravamen. La sospecha se confirma cuando observamos la evolución del producto de la renta entorno a 1810 (cuadro 65.).1657 En efecto, aunque el número de animales sacrificados se mantenía estable, la recaudación se duplicaba prácticamente entre 1810 y 1812.

En 1790, relativamente tarde, se introdujo la sisa, un gravamen sobre todos los aguardientes y vinos españoles que se expendían en las pulperías de la ciudad.1658 Ambos artículos eran de consumo masivo. El producto del impuesto indica que entorno a 1800 se vendían legalmente entre 1’600 y 2’400 barriles de alcoholes peninsulares en el puerto. El impuesto era mínimo, 13 reales por barril de aguardiente y 13 reales y medio por barril de vino: mucho menos del uno por ciento del precio que preveía el arancel municipal del día 2 de enero de 1804.1659

La fuerte imposición de los básicos correspondía por supuesto a una lógica de clase. Para la gente de posibilidades, los grandes comerciantes que podían transferir gastos adicionales a través de sus negocios, poco importaba si tenían que pagar un poco más para su pan. Para todos los que ganaban jornales, remuneraciones relativamente fijas, en cambio, cualquier impuesto sobre su sustento era una carga sensible que les obligaba o bien a restringir su consumo o bien a aumentar las jornadas de trabajo. Que el desarrollo de la fiscalidad durante el último cuarto del siglo XVIII se realizaba básicamente sobre el plan no debería de llevarnos a pensar que los regidores actuaban con conciencia social, perdonando la comida del pobre. Hay otros motivos que encajan mucho mejor con la lógica del comercio. Para empezar hay que recordar que si bien es cierto que el maíz era el alimento básico de los pobres, el pan seguía siendo, hasta 1800 por lo menos, la alimentación de amplias capas de la población, capas que constituían probablemente una fuerte mayoría. Por otra parte hay que tener en cuenta que con una vigilancia mínima se controlaba la introducción de harina y la producción de pan. En cambio resultaba más problemático evitar que los rancheros contrabandearan maíz y otras semillas. Si la presión fiscal sobre estos ramos aumentaba demasiado, su comercialización se realizaba clandestinamente y el erario municipal se quedaba sin nada.

La plebe experimentaba la fiscalización de los básicos como una forma de explotación. De allí los intentos de evadir los impuestos a través del contrabando.1660 La justificación de los sucesivos

1655 AHV 1810, Exp. sobre el abasto de carnero; AHV 1812, Carta anónima al virrey (copia), s/f.

1656 AHV 1810, Exp. sobre el abasto de carne de toro.

1657 AHV, Cuentas anuales de los propios.

1658 AHV 1806, Exp. sobre el ramo del empedrado.

1659 Véase AHV 1805, Arancel de 2/1/1804, para el precio de los alcoholes en las pulperías.

1660 Con respecto al contrabando urbano pueden verse AHV 1805, El ayuntamiento al gobernador, 7/7/1804 y 21/7/1804 así que AHV, AC 26/11/1813.

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aumentos convencían cada vez menos. En 1812, la lucha fiscal se había convertido en un problema político. En una carta anónima al virrey, la pobretería de Veracruz se quejaba de los altos impuestos con que el ayuntamiento gravaba desde 1790 el pan y la carne con tal de construir un acueducto del rio Jamapa a la ciudad. Los quejosos señalaban que después de haber contribuido en 20 años con m|s de 600’000 pesos seguían sin el agua que se les había prometido. Pedían no sólo una investigación sobre el asunto del agua sino también y sobre todo la abolición de los impuestos. Aunque el virrey ordenó al gobernador que interviniera, el asunto no pasó de allí: sobraban vínculos y connivencias mediante las cuales los padres de la república podían bloquear cualquier investigación seria.1661

Los autores de la carta de 1812 no pertenecían probablemente a los grupos más marginados de la ciudad: estos ni sabían escribir. El malestar por la carestía de los básicos que se vinculaba con la fiscalidad debía de ser bastante general para ese entonces.

Arriba vimos ya la problemática del derecho de piso que cobraba el ayuntamiento en los extramuros. Con respecto al recinto amurallado sabemos de un proyecto de 1764 en que el gobernador Félix Ferraz proponía que todos los dueños de casas costearan el empedrado de las calles en la parte que correspondía a cada uno. La resistencia de los propietarios ha de haber sido feroz y pronto, el gobernador tuvo que desistir de su idea. Los que pagaban el empedrado eran, como veremos más adelante, no los propietarios sino los consumidores de pan.1662

En 1799 se retomó la idea de fiscalizar el espacio habitacional, pero de acuerdo con los designios de los propietarios. Este año, el ayuntamiento dispuso que los alquileres se gravaran con un impuesto del uno y medio por ciento. El mismo cabildo señalaba que el pago tenía que realizarse por los inquilinos y no por los propietarios. Estos únicamente estaban a cargo de la recaudación.1663 Resulta fácil imaginar los abusos a que el nuevo impuesto daba lugar, la información distorsionada al inquilino, los cálculos premeditadamente falsos.

También en este caso, la lógica de clases es fácilmente palpable. En efecto, el impuesto no se cobraba sobre el conjunto de las casas de habitación, sino sólo sobre aquellas que tenían arrendatario. Sólo los que carecían de casa propia, la infeliz plebe, tenía que pagar.

A fines del siglo XVIII, el ayuntamiento extendió la fiscalidad al transporte urbano y a los barcos que llegaban al puerto. A partir de 1790 se cobraba un impuesto de 1 real por tonelada a las embarcaciones comerciales procedentes de la península y otro de medio real a aquellas que llegaban del seno mexicano.1664 Los últimos procedían básicamente de Tlacotalpan de donde traían maíz y otras semillas. Por muy poco importante que este impuesto fuera, siempre podía servir para justificar un aumento en los fletes que repercutía en el alza de los precios en la Plaza del Maíz.

1661 AHV 1812, Exp. sobre alquileres.

1662 AGI, México 2906, Exp. sobre el empedrado de Veracruz, 1765.

1663 AHV 1800, Exp. sobre el alumbrado público.

1664 AHV 1792, Real Cédula de 31/1/1792.

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Diez años después, en 1800, empezó la recaudación de un impuesto sobre las carretas y volantas que circulaban en el puerto. Las primera pagaban 2 pesos al mes, las segundas 12 reales. 1665 Aunque el impuesto no era muy gravoso podía servir a los transportistas urbanos de pretexto para aumentar sus tarifas y contribuir así a la carestía.

Los que financiaba los gastos del ayuntamiento eran a lo largo de la colonia los consumidores, en particular los que comían pan (cuadro 65). El ramo se estableció, como vimos, desde 1590. A mediados del siglo XVIII, casi la cuarta parte de los ingresos municipales se relacionaba con el consumo local de pan. A partir de 1790, el producto de los impuestos sobre la harina amasada en el puerto representaba entre el 55 y el 60 por ciento del total de los ingresos municipales.

Parecería que tradicionalmente la fiscalización de las semillas arrojaba un producto mayor del consumo urbano de pan: alrededor de la tercera parte de la renta municipal a mediados del siglo XVIII. A partir de los años 1760 – y excepto un breve periodo en la década de 1780 –, empero, la importancia relativa de la imposición del maíz y de las minestras disminuía ante el avance de la renta sobre el pan.

El producto del impuesto sobre las harinas de exportación muestra fuertes fluctuaciones. A mediados del siglo XVIII podía llegar a representar hasta la tercera parte de los ingresos municipales; posteriormente eran raros los años en que rebasaba el diez por ciento de este total. Como los Estados Unidos iban poco a poco suplantando a la Nueva España como proveedora de La Habana, este ramo estaba condenado a desaparecer.

Desde el punto de vista del erario municipal, el resto de los ingresos solía ser de escasa relevancia. Sólo entorno a 1810 observamos un repentino aumento en la importancia de la fiscalización de la vivienda y de las carnes: un aumento que compensaba parcialmente la contracción en el rubro de las harinas consumidas localmente.

LA EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS MUNICIPALES

A mediados del siglo XVIII, el ayuntamiento de Veracruz administraba ingresos ordinarios del orden de 12’000 pesos anuales (cuadro 65). Con el impuesto sobre el gremio de los panaderos se conseguía un aumento temporal de casi 15’000 pesos anuales entre 1769 y 1783.1666 En la década de 1780 se desarrollaron los arbitrios existentes. Con tal de garantizar una administración más eficiente de la alhóndiga, pieza clave en el sistema fiscal municipal, el cabildo aumentó el sueldo del fiel de 400 a 600 pesos y le fijó una fianza de 4’000 pesos. Adem|s estrechó el control sobre la Plaza del Maíz – recordamos los esfuerzos para obligar a las semillas

1665 AHV 1801, Exp. sobre la pensión impuesta a las carretas y volantes; AHV 1805, Exp. sobre la limpia de la ciudad.

1666 Hay que aclara que el producto de la renta sobre los panaderos se depositaba en la caja real del puerto. No obstante consta que era el ayuntamiento el que determinaba al fin de cuentas el uso del fondo. Véase AHV, AC 19/6/1777, cabildo en que se decide regalar 13’825 pesos al rey.

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a reconocer alhóndiga – y aumentó la pensión sobre los puestos. Gracias a estos esfuerzos, el producto anual de los propios aumentó a 18’000 pesos.1667

Con los nuevos impuestos sobre el consumo de pan y carnes así que el derecho de toneladas sobre los barcos que entraban en el puerto, las rentas municipales ascendían desde 1790 a 50’000 pesos. En varios años de esta década, la masa fiscal superaba la marca de los 55’000 pesos. La extensión de la fiscalidad a la vivienda y el transporte urbano en 1799 repercutía en un nuevo aumento del producto de las rentas municipales. Durante el primer quinquenio del siglo XIX, el ayuntamiento debía de disponer de unos 70’000 pesos anuales.

El movimiento al alza culminó entre 1807 y 1812 con ingresos superiores a los 80’000 pesos. Este último incremento se vinculaba claramente con el aumento sucesivo del producto de los gravámenes sobre las harinas de consumo local y las semillas. A partir de 1813, las finanzas municipales se desmoronaban. El consumo, y con él las rentas, se estancó y empezó a contraerse. Para el último trienio colonial podemos conjeturar unos ingresos que alcanzaban en el mejor de los casos 14-50’000 pesos: menos que en la década de 1790.

A partir de 1785, el ayuntamiento emprestaba en varias ocasiones dinero para completar los ingresos ordinarios. Como propietario de rentas, bienes hipotecables, conseguía fondos a la tasa preferencial del 5 por ciento. En 1785 se tomaron dos préstamos de a 15’000 pesos cada uno en instituciones eclesiásticas angelinas.1668 Sólo cinco años después, el 1790, el cabildo recurrió de nuevo al mercado de dinero, emprestando un total de 150’000 pesos a varios particulares, colegios y conventos de la capital.1669 Mientras que estos préstamos se redimieron entre 1802 y 1805, los principales de 1785 se devolvieron hasta 1815.1670 Otros fondos se encontraban entre los comerciantes locales. Pedro de Cos prestó en 1790 una cantidad desconocida, Tomás de Barbadillo en 1810 25’000 pesos.1671

Otra forma de aumentar los ingresos de las rentas era la venta de propiedades. El ayuntamiento era dueño de terrenos y casas en la ciudad. Con el pretexto de que había que fomentar la construcción y la restauración de viviendas, obras costosas para las cuales el erario público carecía, según se decía, de fondos, el ayuntamiento enajenaba durante la primera década del siglo XIX tres solares y por lo menos dos casas. Los documentos no nos dicen nada, por supuesto, de las subevaluaciones y del favoritismo que suelen caracterizar el malbaratamiento de la propiedad pública. Sin embargo consta que los compradores de las casas obtenían condiciones de pago muy favorables. En efecto, el mismo ayuntamiento les concedió una hipoteca al cinco por ciento; el principal del préstamo se hallaba aún pendiente en 1815.1672

1667 AHV 1789, Carta del regidor J. J. de Echeverría en que asienta sus méritos, s/f.

1668 AHV, AC 2/4/1789.

1669 AHV 1804, Exp. sobre el río Jamapa; AHV 1805, Exp. sobre el río Jamapa.

1670 AHV 1804, Exp. sobre el río Jamapa; AHV 1805, Exp. sobre el río Jamapa; AHV 1816, Cuenta de los propios para 1815.

1671 AHV, AC 18/2/1790; AHV, AC 14/9/1810.

1672 AHV 1801, Exp. sobre la venta de tres terrenos del ayuntamiento a particulares; AHV 1808, Exp. sobre el remate de una casa en el centro; AHV 1808, Exp. sobre el remate de una casa.

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Arriba constatamos que los ingresos ordinarios de la corona no mostraban ningún crecimiento espectacular durante la segunda mitad del siglo XVIII, a pesar de las reformas borbónicas. El ayuntamiento de Veracruz, en cambio, multiplicaba el producto de sus derechos por ocho en tan sólo cuarenta años. Los ingresos extraordinarios, fundamentales para la corona, eran de escasa importancia en el caso de Veracruz. Más bien servían para superar problemas momentáneos. Mientras el rey pedía limosnas, los comerciantes veracruzanos, cohesionados entorno a su ayuntamiento, organizaban su polis. Algo parecido sucedía, según parece, en Puebla. También allí, el erario municipal registraba un alza del 400 por ciento en sus ingresos ordinarios entre 1770 y 1810.1673 Faltan datos para otras ciudades. Sin embargo, desde ahora parece un hecho que la regionalización de la fiscalidad, evidente después de la independencia, empezó a gestarse desde el siglo XVIII.

LA REPARTICIÓN DEL BOTÍN. LAS OBRAS PÚBLICAS

Los ayuntamientos novohispanos administraban soberanamente las rentas que les había aprobado la corona. Gálvez quería introducir un control mínimo sobre el uso de los fondos. En 1768 estableció la contaduría general de propios y arbitrios. Según el nuevo reglamento, cada ayuntamiento tenía que mandar de allí en adelante la cuenta anual de las rentas y de los gastos para su glosa a la institución con sede en México.1674 Ahora bien, en vista de la relación de fuerzas en el reino descartamos que esta u otras medias semejantes que se tomaban más adelante coartaran realmente la libertad de acción de los ayuntamientos.

Sustentamos que la incautación de las obras públicas era una de las formas de enriquecimiento más atractivas en el puerto durante la segunda mitad del siglo XVIII. Las rentas municipales costeaban en este periodo no sólo los salarios de los empleados y los honorarios de los regidores, los trámites ante las cortes de México y Madrid y los efímeros gastos que causaban las fiestas del ayuntamiento; también y sobre todo servían para financiar una serie de obras de mayor o menor alcance. Cada año se gastaban entre 1’500 y 4’000 pesos en el mantenimiento de la cañería y de la noria de los extramuros que aseguraban el abasto de agua en los últimos meses de la estación de secas. En algunas obras ocasionales se empleaban fondos parecidos. El matadero que se construyó en 1787, por ejemplo, tenía un presupuesto de 950 pesos, la limpia a que se sometió en 1801 la laguna de Malibrán, pieza clave en el abasto de agua, uno de 2’500 pesos.1675 Inversiones mayores significaban la remodelación del palacio a inicios de los años 1780 y el establecimiento del alumbrado público 20 años después. La reedificación del palacio de gobierno salía en m|s de 15’000 pesos, la compra e instalación de los 226 faroles que alumbraban las principales calles de la ciudad a partir de 1801 en casi 17’000 pesos.1676 Las obras que se llevaban la palma eran sin duda alguna las del empedrado y del río Jamapa: el intento fracasado del ayuntamiento, de construir un acueducto desde las rancherías de Medellín

1673 Liehr (1976: 2, 22).

1674 Liehr (1976: 2, 14-28).

1675 AHV 1786, Exp. sobre el nuevo matadero; AHV, AC 19/6/1801.

1676 AHV 1789, Carta del regidor J.J. de Echeverría en que asienta sus méritos, s/f; AHV 1803, Exp. sobre el alumbrado público.

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hasta la ciudad. El empedrado de las calles de la ciudad devoraba entre 1767 y 1784 casi 240’000 pesos. En la primera etapa de la conducción del agua, de 1790 a 1794, se empleaban 250’000 pesos de fondos públicos; hasta 1800, el monto había rebasado los 300’000 pesos.1677

La mayoría de las obras se realizaba por el sistema de la contrata. Cuando el ayuntamiento decidía llevar a cabo algún proyecto encargaba primero un informe al regidor del ramo, el obrero mayor. Este consultaba con sus asesores, los alarifes de albañilería y carpintería. En base al dictamen del obrero mayor, el cabildo convocaba al remate. Este se realizaba supuestamente en el mejor postor. Los ganadores eran maestros arquitectos, carpinteros y albañiles, avecindados en el puerto. Queremos pensar que la participación en el maná municipal no estaba al alcance de todos los constructores. En efecto parece que las obras se repartían entre un selecto grupo de maestros artesanos. José Rodríguez Conde ganó el concurso por la construcción del matadero en 1786 y, junto con Juan Camacho de Mendoza, el del acueducto del rio Jamapa. Camacho de Mendoza había realizado anteriormente y en compañía del maestro Cueto la obra del empedrado.1678 Juan de Sayas, un maestro carpintero que más adelante reaparecerá como asesor del ayuntamiento en materia de construcciones, firmaba responsable en la limpia de Malibrán.1679 Ahora bien, estos artesanos difícilmente podían actuar sin el apoyo de algún comerciante: la fianza, el crédito, el abasto con materias primas creaban lazos de dependencia y permitían participar ampliamente en las ganancias de la operación. Además podemos imaginar que lo que menos importaba en los remates era el bien público. Jugosas debían de ser las mordidas que el artesano tenía que pagar a los asesores del ayuntamiento, al obrero mayor y al resto del cabildo. Todo esto encarecía la obra, pero permitía al comerciante descremar los fondos públicos. Quizás era esta la verdadera causa del éxito del ayuntamiento en el desarrollo de su fiscalidad.

No estamos inventando nada. La corrupción trasciende en más de una ocasión a través de las fuentes. Sabemos por ejemplo, que el gobernador Juan Fernández Palacios sacaba ganancias netas de m|s de 15’000 pesos mediante el subministro de piedra para la obra del empedrado. Averiguaciones posteriores demostraban también que en la misma obra el administrador del fondo había pagado casi 13’000 pesos de m|s a los contratistas.1680 En 1785, el fiscal de real hacienda emitió un dictamen sumamente crítico sobre el proyecto que el ayuntamiento había adoptado para el nuevo matadero, señalando que los gastos habían sido sobrevaluados por el ganador de la contrata.1681 Sólo cuatro años después, don Rafael Facio, alférez real honorario, acusó al regidor Juan José de Echeverría de haberse enriquecido ilícitamente con la obra del palacio.1682 En 1802, Juan B. Lobo, uno de los comerciantes más acaudalados del puerto, trató de imponer un proyecto suyo para la terminación de la obra del río Jamapa, abandonada en 1794.

1677 AHV 1784, Exp. sobre el empedrado; AHV 1795, Exp. sobre el río Jamapa; AHV 1804, Exp. sobre el río Jamapa.

1678 AHV 1784, Exp. sobre el empedrado.

1679 AHV 1786, Exp. sobre el matadero. AHV 1792, Exp. sobre el río Jamapa; AHV, AC 1/1/1806 y 19/6/1806.

1680 AHV 1784, Exp. sobre el empedrado.

1681 AHV 1786, Exp. sobre el matadero.

1682 AHV, AC 26/2/1789.

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Para eso contaba con el decidido apoyo del ayuntamiento, según José Donato de Austria, uno de los pocos intelectuales críticos que ha producido la alta sociedad veracruzana, porque andaba distribuyendo subcontrataciones entre los regidores y sus hombres de paja. Con todo, el proyecto – de un costo de 1 mio. de pesos pagables dentro de los primeros seis años después de la terminación de la obra – nunca se realizó: quizás porque se abrió la posibilidad de adquirir Santa Fe, quizás porque las rentas municipales no se desarrollaban en el sentido deseado.1683

Resulta imposible analizar aquí todos los suculentos negocios que se hacían con los caudales públicos. Tendríamos que hablar no sólo de las construcciones sino también del remate de la limpia de las calles, de la administración de los lazaretos para virulentos y del hospital de San Sebastián, de la compra de los insumos para los faroles del alumbrado.

LOS DERECHOS REALES

En otra parte vimos como los comerciantes veracruzanos controlaban y explotaban la alcabala en la ciudad y su distrito. Al respecto se imponen dos observaciones. En el ámbito urbano, el derecho se cobraba a fines del siglo XVIII sobre todos los artículos menos los alimentos de primera necesidad.1684 Sería interesante ver hasta qué punto esta exención facilitaba la presión del fisco municipal sobre el pan a partir de 1770.

¿Qué grupos pagaban alcabala? Por supuesto todos aquellos que vendían algo. Ahora bien, mientras los comerciantes participaban de una manera o de otra en la administración del derecho, otros, en particular los artesanos, estaban indefensos ante los recaudadores. En cierta forma, la posición del artesano correspondía a la del campesino en las regiones rurales.

Durante los años de la insurgencia, de 1812 a 1815, la fiscalización de amplias regiones rurales era prácticamente imposible. La fiscalidad real se abatía entonces en mayor grado sobre las ciudades. En otra parte abordamos la multiplicación de las solicitudes de donaciones y préstamos de las diferentes instancias de real hacienda. Centremos estas líneas en las rentas ordinarias de la corona. Un bando de 24 de febrero de 1812 introdujo una exacción del 10 por ciento sobre inmuebles. Todos los dueños de casas, incluidos los eclesiásticos, las capellanías y las obras pías, tenían que pagar un monto correspondiente al 5 por ciento del valor de sus casas al erario real. Los inquilinos tenían que dar otro tanto. Los que habitaban casas de su propiedad tenían que pagar un 10 por ciento. Hipócritamente, el bando señalaba que “no se podrá por ello (por el nuevo impuesto) aumentar el arrendamiento a los actuales inquilinos; pero a los dueños les queda el derecho a salvo para lanzarlos en los casos que previene la ley”.1685 La exacción se transfería desde luego enteramente a los inquilinos a los que no quedaba otra cosa que aceptar las subidas rentas ya que no había mucho donde escoger. Con respecto a aquellos que vivían en casas de su propiedad hay que señalar que el que estaba a cargo de la evaluación de los inmuebles era el ayuntamiento: la manipulación del asunto en beneficio de los propietarios

1683 AGI, México 2996, José Donato de Austria a Soler, Veracruz, 8/4/1802; AHV 1804, Exp. sobre el río Jamapa.

1684 AHV 1798, Informe del ayuntamiento de Veracruz al virrey sobre el ramo del alumbrado, 29/11/1797.

1685 AHV 1814, Bando del virrey, 24/2/1812.

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estaba entonces asegurado.- La fiscalización de la venta de comestibles, impuesta por edictos reales de 1813, recaía por supuesto sobre los consumidores.1686

Desde el siglo XVII había en la ciudad cuatro compañías milicianas: dos del comercio o de blancos, una de negros y otra de pardos. Las unidades de color hacían, al igual que sus pares en el campo jarocho, guardia en las vigías; como recompensa por sus servicios se les eximió desde 1667 del tributo. Las compañías de blancos no prestaban servicio alguno en tiempos de paz: su razón de ser era probablemente más que nada el ansia de los comerciantes por ostentas grados y uniformes.1687

Hacia 1780 observamos los primeros intentos de la corona por comprometer de una manera más directa a los comerciantes en la defensa de la ciudad. Desde 1779, el gobernador Carrión y Andrade procuró que se arreglaran las dos compañías del comercio. Parece que los grandes comerciantes que ocupaban los mandos de las unidades se mostraban solícitos y hacían todo por completar sus cuerpos. Muchos otros, empero, buscaban algún pretexto para evadir la movilización. Podemos conjeturar que la oposición a los cambios procedía sobre todo de los estratos de los pequeños comerciantes que trabajaban solos y no podían ausentarse de sus tiendas o puestos. Ignoramos cual de los grupos se impuso finalmente.1688 En 1808 observamos un segundo intento por movilizar a los comerciantes porteños. Esta vez, la iniciativa partió del gran comercio. Ante el temor generalizado de una inmanente invasión inglesa se consiguió el aislamiento de m|s de 2’600 voluntarios. Empero pleitos por el mando entre el gobernador de la plaza y el ayuntamiento así que cambios en el escenario bélico dieron pronto al traste con el proyecto.1689 Dos años después, el gobernador de la plaza volvió a plantear el problema y ordenó al ayuntamiento el establecimiento de un regimiento de 10 compañías con 100 hombres cada una. La instalación del cuerpo, llamado Voluntarios de Fernando VII y reclutado exclusivamente entre el comercio del puerto, se efectuó sin problema. Sin embargo, cuando el gobernador quiso imponerle guardias, es decir tareas reales, el ayuntamiento rechazó tajantemente – y, según parece, con éxito – tales planes.1690

Observamos arriba las amargas quejas del comercio porteño sobre la supuesta absorción de la mano de obra rural por las milicias durante el último periodo colonial. En ningún momento, empero, se registraban debates sobre la movilización de los hombres de color que formaban parte de las milicias urbanas. ¿Por qué? Parece que las actividades urbanas disminuían en tiempos de guerra: ni el contrabando – que desconocía el monopolio de Veracruz y se canalizaba también a través de Tlalixcoyan y Coatzacoalcos – ni el aumento de las guarniciones

1686 AHV 1814, El ayuntamiento de Veracruz al consejo de regencia 30/3/1814; AHV 1814, Bando del virrey de 24/2/1812.

1687 AGN, Indif. De Guerra 47B, Representación del señor coronel graduado Matías de Armona sobre la organización del regimiento 10/7/1780.

1688 AHV 1779, Exp. sobre milicias.

1689 Archer (1983: 95-101).

1690 AHV, AC 21/11/1812; AHV 1811, Exp. sobre el establecimiento de un regimiento de voluntarios. Véase también Lerdo (1853: II, 53-54).

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compensaban la contracción de las actividades portuarias normales.1691 La movilización de las milicias era entonces una manera de absorber a los subempleados que empezaban a pulular: una manera de estabilizar la sociedad y evitar una mayor efervescencia social. Esta idea queda plasmada en una presentación del cabildo al gobernador, redactada durante los críticos días de mayo de 1813. “Que se redoble, pedían los regidores, el celo en hacer cumplir con la mayor escrupulosidad los bandos de policía y buen orden que asegura la tranquilidad de este público, dándose principio por una leva general que al mismo tiempo destine donde convenga a los ociosos y mal entretenidos, expurgue la plaza de todo forastero sin destino y más particularmente de los mendigos que, siendo del mismo ropaje, carácter y genio que nuestros enemigos, es dable también lo sean ellos, y que por una indebida condescendencia alimentemos la víbora en el pecho que intenta destrozar”.1692

Una última contribución de los comerciantes veracruzanos a la corona era el alojamiento de los oficiales del ejército regular que estaban de paso por el puerto en sus casas. Muchos de los huéspedes llegaban con su familia y, al caer víctimas de las miasmas propias del puerto, se quedaban durante meses en las amplias y cómodas casas de los anfitriones involuntarios. Mientras reconocían la utilidad de la presencia de las tropas, los comerciantes se resignaban a cumplir con las exigencias de los oficiales. Sin embargo, a partir de 1815 se multiplicaban las protestas contra los abusos. A inicios de 1817, el ayuntamiento impuso a los militares un plan que preveía que de allí en adelante, el alojamiento ya no se daría en casas particulares sino en edificios especialmente alquilados para este fin. Con tal de costear los gastos, el ayuntamiento estableció nuevos impuestos sobre artículos de uso popular como la sal, el piloncillo y el cebo, sobre materias primas como el algodón y el ixtle así que sobre las mulas, coches y literas que entraban en la ciudad. El carácter clasista de las medidas es evidente. La carga que representaban los alojamientos recaía ahora directamente sobre los muleteros, gente foránea, y las masas urbanas. De paso se lograba también aliviar la suerte de algunos propietarios que sufrían por la falta de inquilinos locales y que ahora podían rentar sus inmuebles al ayuntamiento.1693

LOS DERECHOS DE LA IGLESIA

Veracruz tenía dos curatos desde la fundación de la ciudad: el de la ciudad propiamente dicho y el de San Juan de Ulúa. Como el partido no comprendía comunidades de indios, los curas dependían básicamente del producto de los derechos parroquiales y de las contribuciones de las numerosas cofradías. No repetimos aquí lo que señalamos en otras partes sobre ambas rentas. Sólo quisiéramos subrayar que los párrocos de Veracruz vivían en una dependencia total del comercio porteño. Para empezar tenían que presentarse ante el cabildo para que este les diera el

1691 Véase al respecto AHV 1762, Proyecto del procurador Pedro Antonio de Cosío sobre trabajadores del muelle, 29/10/1762.

1692 AHV 1812, Representación del ayuntamiento de Veracruz al gobernador Urrutia, 16/5/1812.

1693 AHV 1817, Testimonio del expediente seguido sobre habilitar casas para alojamiento de los oficiales que con tropas llegan a esta ciudad.

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pase: les autorizara a asumir su cargo.1694 A través del ayuntamiento, los comerciantes vigilaban también que no se les aplicaran tarifas excesivas en sus bautismos, matrimonios y entierros.1695 Las cofradías más opulentas, las que debían de agrupar a los comerciantes, se administraban obviamente por estos mismos comerciantes.1696 El comercio administraba hasta las propiedades de la fábrica cuyo producto se destinaba al mantenimiento del templo.1697

También otras instituciones eclesiásticas quedaban bajo el firme control de los comerciantes. El hermano mayor de la Venerable Orden Tercera, administradora de los bienes del convento de San Francisco – que comprendían en 1815 entre otras cosas 28 casas que rendían cada año más de 10’000 pesos –, era comerciante.1698 También los bienes del convento de la Merced y de Santa Teresa de Puebla se administraban por miembros del comercio porteño.1699 En estos últimos casos habría que ver, sin embargo, hasta qué grado los administradores estaban libres de hacer y de deshacer. A través del ayuntamiento, el comercio controlaba también los bienes del ex-convento de San Francisco Javier a partir de la expulsión de los jesuitas.1700 El resto de los conventos porteños – Santo Domingo, San Agustín y Belén – estaban quizás más autónomos en el manejo de sus rentas. Así se explicarían, en efecto, las fricciones entre el ayuntamiento y los dueños de San Agustín y Belén por el manejo de sus propiedades rurales.

Los comerciantes porteños entendían utilizar los conventos para la recaudación de fondos: fondos que quedaban a menudo bajo el control inmediato como acabamos de ver. No nos referimos sólo a las pingües limosnas que más de un viajero angustiado había depositado en los cepillos locales. Había más todavía. San Francisco, por ejemplo, cobraba durante mucho tiempo 100 pesos a cada navío mercante que salía del puerto rumbo a España. A esta tarifa fija se añadían dos reales y medio por tonelada. El reglamento de libre comercio de 1778 terminó con la obligatoriedad de esta limosna.1701

1694 AHV, AC 2/4/1789.

1695 AHV, AC 13/3/1783.

1696 Véase por ejemplo el caso de la cofradía del Santo Entierro de Cristo que en 1776 estaba a cargo de Miguel Lazo de la Vega, del comercio de la ciudad: AHV, AC 14/3/1776.

1697 Pedro García de la Lama, comerciante del puerto, está en 1815 al cargo de la fábrica: AHV 1815, Padrón de las casas y de su alquiler, 12/6/1815.

1698 En 1807, el puerto recaía en Francisco García Puerta: AHV 1807, Exp. sobre la Venerable Orden Tercera de San Francisco.

1699 En 1815, la Merced encargaba la administración de sus bienes a Francisco Villa, Santa Teresa a Pedro Troncoso. AHV 1815, Padrón de las casas y de su alquiler, 12/6/1815.

1700 En 1776 se repartieron los bienes de los jesuitas en el puerto entre el convento de San Agustín – que se quedó con la mayor parte del edificio – y el ayuntamiento – que logró acaparar las rentas que utilizaba a continuación para costear la escuela pública: AHV 1807, Exp. sobre escuelas. Véase también AHV, 4/7/1776 y AC 2/4/1789.

1701 AGI, México 1872, Exp. sobre los derechos del convento de San Francisco de Veracruz, 1779-1784.

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LOS DERECHOS DEL CONSULADO DE VERACRUZ

En 1795, el comercio porteño se consolidó definitivamente en el consulado de Veracruz. El hecho tiene varias lecturas: la consumación legal del proceso de independización con respecto al comercio capitalino, el fortalecimiento frente a la corona y quizás sobre todo, el acceso a nuevos recursos. Desde el mismo año de 1795, el rey estableció el derecho de avería, medio por ciento del valor de las mercancías que entraban y salían de Veracruz, después de dos aumentos, la tasa alcanzaba el uno y medio por ciento en 1811. A partir de 1803 se cobraba además un peaje sobre cuanto se movía sobre el camino Perote-Xalapa-Veracruz.1702 El impuesto sobre las pulperías de la ciudad, el dos por ciento del balance cada vez que se vendían, se estableció desde antes de 1806.1703 Todos estos derechos se podían transferir, en cual gravaban a los comerciantes porteños, al consumidor.

En 1803, el consulado consiguió que el virrey Iturrigaray encargara la construcción del camino Perote-Veracruz. El producto de las rentas era insuficiente para tamaña empresa. Mediante la hipotecación de los derechos, el consulado emprestó entonces un total de 1’300’000 pesos al cinco por ciento. La lista de los prestamistas muestra que los fondos procedían en más del 80 por ciento de los señores del dinero de la capital: instituciones eclesiásticas y particulares. 1704 Entre 1803 y 1812, año en que la Insurgencia obligó a parar las obras, se ejercía un presupuesto – y podemos imaginar cómo – de m|s de 2’700’000 pesos.1705

1702 Florescano (1987: 95).

1703 AGI, México 2959, Cuentas del consulado de Veracruz, 1806.

1704 AGI, México 2959, Cuentas del consulado de Veracruz, 1806.

1705 Florescano (1987: 35).

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19. EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN

El sistema productivo de la ciudad de Veracruz se resume en los servicios domésticos, los servicios portuarios y de almacenaje que la fabricación de bienes de consumo para el abasto de los cargadores del muelle, de los empleados de las casas comerciales de los mismos comerciantes y sus familias. Al estudiar las unidades de producción urbanas tenemos que analizar dos fenómenos. Por una parte hay que abordar las relaciones entre los productores y el comercio en tanto que clase dominante. Por otra parte tenemos que elucidar las relaciones en el seno de las unidades.

EL ARTESANO VERACRUZANO. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES

En la ciudad de México, la mayoría de los oficios se organizaban desde el siglo XVI en gremios: agrupaciones de artesanos puestos bajo la supervisión del cabildo.1706 Al fomentar estas formas, el ayuntamiento perseguía un doble fin: garantizar el abastecimiento urbano a precios razonables y controlar a los productores. Ahora bien, en la práctica, el estancamiento de la producción significaba a menudo el fortalecimiento de los propietarios de los talleres, los maestros artesanos. Apoyándose en su monopolio legal, estos trataban de mantener la producción por debajo de la demanda para conseguir así un elevado nivel de los precios. El poder de los gremios se hacía sentir particularmente en el contexto de la expansión de la demanda – urbana y rural – de la segunda mitad del siglo XVIII. Ante esta evolución, las clases dominantes no permanecían de brazos cruzados. Aprovechando las luchas que se libraban en el seno de los gremios los maestros y los oficiales, los comerciantes empezaban a fomentar la emancipación de los últimos. Así surgían, al margen de las estructuras gremiales y en clara violación de las leyes establecidas – pero ¿qué importaba eso mientras se controlaba el poder político? – talleres de oficiales, estrechamente vinculados con los comerciantes a través de la usura.1707 Esta política preparaba el terreno para la abolición formal de los gremios proclamada en México en 1820.1708

En respuesta a una circular del virrey, el ayuntamiento informó en 1807: “En esta ciudad no hay gremios establecidos y los artesanos trabajan sin dependencia de estas formalidades y por consiguiente carecen de … ordenanzas”. En el mismo documento, los regidores-comerciantes hacían alarde de sus convicciones liberales, celebrando en términos entusiastas las supuestas ventajas de su régimen: “Este ayuntamiento entiende adem|s que en todas partes y singularmente en una población de las particulares circunstancias de esta es convenientísima la libertad de la industria que libre de trabas atrae la abundancia de los operarios, el menor costo

1706 González Angulo (1983: 24-39).

1707 González Angulo (1983: 223-248). Para el caso de Guadalajara puede verse Anderson (1988: 217-219).

1708 Las Cortes abolían en 1813 los gremios en todos los reinos de la corona española. Fernando VII restauró el antiguo régimen. En 1820 se publicó un decreto en la ciudad de México que volvió a disolver a las artes. Véase Thank de Estrada (1979) para estos problemas.

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de los artefactos y la comodidad y beneficio del público”.1709 Esta apreciación era evidentemente parcial ya que este régimen dejaba a los productores sin protección alguna y favorecía su dependencia del capital comercial.

Ahora bien, el que no existieran gremios formalmente reconocidos por el ayuntamiento no significaba que las artes carecieran enteramente de estructuras organizativas. El término de gremio no era desconocido en la ciudad a inicios del siglo XIX. Así sabemos que representantes de organizaciones así llamadas participaban cada año en la recaudación de fondo para las funciones religiosas del viernes santo. En 1806, por ejemplo, se registraban 26 gremios. 1710 Entre otros encontramos a artesanos como los sastres, los carpinteros y los barberos, a los cargadores y carreteros del muelle, pero también a intermediarios como los semilleros, los pulperos y los cafeteros, a los corredores y a los mercaderes. También la distinción entre maestros, oficiales y aprendices que se usaba en el padrón de 1791 evoca claramente estructuras gremiales.1711 Queremos pensar entonces que los productores – pero quizás no los que formaban parte de sus talleres – que integraban un oficio determinado se constituían en una institución llamada gremio. Empero, a diferencia de lo que sucedía en las grandes ciudades del altiplano, estas instituciones carecían de representatividad legal. En este contexto, el término de maestro designaba quizás simplemente al dueño de una unidad, el de oficial a aquel que carecía de su propio establecimiento.1712 A continuación usaremos estas acepciones.

Ignoramos si esta situación era resultado de un proceso o si Veracruz carecía desde su fundación de gremios formales. No descartamos que el carácter flotante de la población porteña impedía la consolidación del artesanado. Intentos y éxitos momentáneos no faltaban. El tercer cuarto del siglo XVIII parece un periodo particularmente turbulento. En 1751 y de nuevo en 1768, los panaderos consiguieron que se clausurara su número y que se les reconociera como gremio.1713 Tres años después siguieron los zapateros.1714 En 1772, el ayuntamiento reconoció formalmente el derecho exclusivo de los maestros carpinteros a dirigir las obras de madera en las construcciones urbanas.1715 Ahora bien, todas estas conquistas eran pasajeras e implicaban, como veremos al estudiar el caso de los panaderos, amplias concesiones de parte de los beneficiados. Los gremios de los panaderos se extinguían a los pocos años de su fundación, el de los zapateros enfrentaba serios problemas a fines de la década de 1770, los maestros carpinteros enfrentaban desde 1786 la competencia ilegal de los oficiales.1716 Puede que el

1709 AHV 1807, Exp. sobre circular del virrey de 9/5/1805 acerca de los gremios.

1710 AHV 1806, Lista de los gremios establecida con ocasión de la recolección de limosnas para el santo entierro. Véase también AHV, AC 14/3/1776.

1711 AHV 1791, Padrón de la ciudad de Veracruz.

1712 De acuerdo con Di Tella (1973: 98), este era el significado de los términos en una estadística para la ciudad de Orizaba formada en 1838.

1713 AGI, México 1250, Ordenanzas del gremio de los panaderos de Veracruz, 1768.

1714 AHV, AC 22/10/1778.

1715 AHV 1786, Exp. promovido por los maestros carpinteros contra los maestros albañiles.

1716 AHV, AC 22/10/1778; AHV 1758, Exp. sobre panaderos; AHV 1763, Exp. sobre panaderos; AHV 1786, Exp. promovido por los maestros carpinteros contra los maestros albañiles.

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rápido aumento de la demanda de pan, zapatos – recordamos la importancia del calzado para la tropa – y edificios fortalecía momentáneamente la posición de los artesanos frente a los comerciantes; pero, por lo visto, estos no tardaban en restablecer su régimen.

¿Cómo se organizaba el trabajo en las sendas unidades de producción? Podemos conjeturar que había, al igual que en el resto de las ciudades del reino, talleres de carácter familiar: unidades compuestas por el dueño, su esposa y sus hijos.1717 A través de las fuentes percibimos la existencia de unidades más complejas. Entre los carniceros – que se reclutaban, como recordamos, por los obligados del abasto – y las gentes que se empleaban en las panaderías aún a fines del siglo XVIII esclavos.1718 Por lo general, empero, las diferentes unidades se integraban en estos años por la gente libre. Aparte del dueño y su familia había oficiales, aprendices y peones. Para 1791, muchos dueños de taller vivían junto con un puñado de oficiales y aprendices: estructuras domésticas que traducen sin duda alguna estructuras productivas. Miguel Paredes, por ejemplo, maestro carpintero, tenía a tres oficiales y cinco aprendices en su casa; Pablo Haber, sastre, se hacía acompañar de ocho oficiales y un esclavo; los confiteros Miguel Crespo y Juan Lorán convivían con cuatro operarios.1719 En las obras públicas trabajaban unidades establecidas por los contratistas y que se integraban por un número variaba de maestros carpinteros y albañiles, oficiales y peones.1720

Distinguimos con González Angulo dos tipos de establecimientos: el taller artesanal y la manufactura. El primero se caracteriza por el hecho de que el propietario formaba parte, junto con su familia y los aprendices, de los productores directos: a este núcleo se podía añadir un número variable de oficiales remunerados. En las manufacturas, trabajo y propiedad se habían separado. El propietario ponía el taller donde trabajaban esclavos, forzados – reos condenados a trabajo forzoso – y peones remunerados.1721 Algunas de las unidades funcionaban como pequeñas manufacturas. Así las panaderías, un caso que estudiaremos aparte. También en el sector de la construcción parece prevalecer la separación entre la propiedad y el trabajo. En efecto, cuando menos maestros como Juan de Sayas o José Rodríguez Conde que acaparaban las obras públicas durante el último cuarto del siglo XVIII difícilmente se ensuciaban las manos. Sobra decir que no cualquiera podía montar una unidad de este tipo ya que se requería de fondos iniciales bastante amplios. Por otra parte queremos pensar que la manufactura tampoco era viable en todos los oficios. En un taller familiar, los gastos por remuneraciones eran por definición mínimas; en una manufactura, en cambio, donde había pura mano de obra remunerada, estos gastos eran considerables. Para compensar los gastos adicionales se necesitaban mercados amplios y precios a la venta relativamente elevados.1722 El entorno del tardío setecientos veracruzano era seguramente favorable a este tipo de unidades; sin embargo, pasado 1810, la contracción de la economía urbana las debía de afectar duramente.

1717 Véase González Angulo (1983: 16-19. 142) para el caso de la ciudad de México.

1718 AHV 1757, Exp. sobre panaderos; AHV 1786, Exp. sobre el matadero, Fermín de Tejeda al ayuntamiento, 15/12/1785; AHV 1791, Padrón de la ciudad de Veracruz.

1719 AHV 1791, Padrón de la ciudad de Veracruz.

1720 Véase, por ejemplo, AHV 1796, Exp. sobre el río Jamapa.

1721 González Angulo (1983: 46. 136-138).

1722 González Angulo (1983: 48-67. 125-146) reflexiona sobre este tipo de problemas.

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¿Quiénes trabajaban en los talleres amplios y las manufacturas? Di Tella distingue en un estudio ya viejo pero aún fundamental sobre las ciudades mexicanas del primer periodo independiente entre una mano de obra permanente y otra que se contrataba por obra.1723 Podemos conjeturar que los solteros que el padrón de 1791 registraba como partes de las unidades domésticas de los maestros trabajaban de una manera permanente con estos. A estos habrá que añadir los casados que vivían aparte y cuya adscripción a los diferentes talleres no se traduce en las estructuras del padrón. ¿Había en todos los oficios trabajadores permanente? Di Tella observa que en el siglo XIX, este grupo sólo se encontraba entre los oficios-productores, pero no entre aquellos que vendían servicios. Puede que esta situación se daba también en la ciudad de Veracruz a fines del siglo XVIII. El mencionado padrón de 1791 muestra que había maestros panaderos, confiteros, zapateros y sastres que vivían junto a sus oficiales y mozos. Los maestros de la construcción en cambio contrataban a sus oficiales o peones por obra.1724 Di Tella se limita a la constatación de los hechos. Nosotros planteamos dos causas susceptibles de explicar por qué los maestros de la alimentación y de la vestimenta trabajaban con mano de obra permanente mientras que los carpinteros y albañiles contrataban exclusivamente a temporales. En primer lugar consideramos que el primer grupo de oficios tenía salidas que no sólo eran muy amplias, sino también relativamente constantes. La construcción, en cambio, era un negocio que debía de estar sometido a abruptos altibajos en la demanda, altibajos provocados por las carestías y las crisis comerciales. Un segundo factor que puede explicar las diferencias en la organización del trabajo entre los dos grupos de oficios es el del costo de las materias primas. Si cueros, harinas y telas eran, como es de suponer, artículos relativamente caros, los maestros no querían exponerlos a manos que trabajaban sin esmero. En el caso de cal, ladrillos y maderas, artículos baratos, las pérdidas por descuido debían de importar mucho menos.

El gran comercio entendía limitar las ganancias de los maestros artesanos. Por lo general, las clases dominantes apostaban sobre la competencia entre los pequeños productores. Sólo en pocos casos, el del pan, por ejemplo, procedían a la regulación oficial de los precios desde el ayuntamiento. ¿Cómo evolucionaban en este contexto las ganancias de los artesanos?

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y particularmente a partir de 1800, los precios del pan y de los servicios portuarios se movían, como veremos enseguida, al alza. Es probable que también el resto de los productos artesanales de la ciudad se encarecía en este periodo. Ahora bien, en muchos casos, esta coyuntura traducía seguramente sólo la carestía de los insumos: de los alquileres de los talleres, de las materias primas o de las remuneraciones. Puede que ciertos grupos artesanos lograban fortalecer su posición en la sociedad urbana en algún momento, pero sería probablemente erróneo deducir una mejora sostenida y generalizada del nivel de vida de los maestros artesanos del movimiento de los precios de sus productos.

En principio podríamos hablar de relaciones salariales entre los maestros manufactureros y sus oficiales y peones. En efecto, estos grupos parecen en gran medida excluidos de las decisiones entorno al proceso productivo y su reproducción dependía, por lo menos en muchos casos – no hay que soslayar la existencia de campesinos que combinaban el trabajo en su explotación con la venta de mano de obra en las obras de la ciudad –, de las remuneraciones que percibían por sus esfuerzos. Ahora bien, de ser cierto nuestro planteamiento inicial, los que se beneficiaban de

1723 Di Tella (1973: 98-105).

1724 AHV 1786, Exp. promovido por los maestros carpinteros contra los maestros albañiles.

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esta situación no eran tanto los maestros sino los grandes comerciantes. Los beneficios que generaban los salarios estaban tan regulados y condicionados por el gran comercio que la aplicación de esta terminología capitalista se vuelve cuando menos cuestionable.1725

En principio, las remuneraciones en los talleres artesanales consistían en reales y en raciones. Las raciones consistían en básicos. Los nueve pesadores y los tres picadores que se desempeñaban en mayo de 1809 en la carnicería municipal, por ejemplo, recibían raciones de 2 cuartillos de maíz, unos 2.3 litros, por persona y mes; a eso se añadía probablemente una determinada cantidad de carne.1726 Los oficiales y peones que trabajaban en 1796 para el ayuntamiento en la obra de la conducción del agua recibían no raciones para llevar sino la comida. Los peones comían tortillas y frijoles guisados con manteca y condimentados con chiles, ajos y cebollas. Mucho más rica era la mesa de los oficiales. En la cuenta del obrero mayor observamos partidas por pan, chocolate, pescado seco y jamón, verduras, garbanzo y arroz, especias, vinagre y azúcar.1727 Mientras los precios de los básicos se mantenían relativamente estables, dar de comer a su mano de obra podía ser benéfico para el maestro: debía de ser menos costoso preparar la alimentación de una manera centralizada en su casa que dar a cada uno de los oficiales y aprendices los reales necesarios para la compra y el guisado – muchos eran solteros – de semillas, verduras, aves y pescado. En el contexto inflacionario del último periodo colonial, empero, el sistema de las raciones beneficiaba a los oficiales y peones frente a los maestros. No extraña entonces que los últimos intentaran sustituir las remuneraciones en especie por un monto fijo en efectivo. Así sabemos que los panaderos habían impuesto el cambio a sus trabajadores para 1815.1728

Resulta sumamente difícil evaluar la evolución de las remuneraciones en reales. Los oficiales de las panaderías, por ejemplo, no recibían aumento alguno de 1785 a 1813.1729 En la construcción, en cambio, los jornales mostraban una clara tendencia al alza entorno a 1800 (cuadro 63).1730 ¿Una contradicción? ¿Un engaño de las fuentes? Quizás tan sólo dos situaciones diferentes. Pronto veremos que los oficiales de las panaderías solían ser solteros que vivían en la casa del amo. Este debía de absorber entonces una parte importante de la carestía de la época, en particular el aumento del precio de la vivienda. Los trabajadores de la construcción, por su parte, eran jornaleros, gente que vivía independientemente del maestro que les contrataba; ellos tenían que aguantar todo el peso de la inflación. Sin un aumento mínimo de su remuneración en

1725 Hablar de salario a secas como lo hace Van Young (1992b: 79-80) se nos hace cuando menos peligroso. Di Tella (1973) utiliza el término neutral de ingreso (“income”).

1726 AHV 1815. Cuenta de la carnicería, mayo 1809.

1727 AHV 1796, Exp. sobre el río Jamapa.

1728 AHV 1815, Exp. sobre panaderías.

1729 AHV, AC 19/2/1813.

1730 AHV 1757, Cuenta del obrero mayor para 1756; AHV 1760, Cuenta de las obras en la capilla de San Sebastián, 1759; AHV 1785, Cuenta del obrero mayor para 1784; AHV 1794, Cuenta del obrero mayor para 1793; AHV 1796, Cuenta del obrero mayor para 1795; AHV 1800, Cuenta del obrero mayor para 1799; AHV 1809, Cuenta composición del palacio, 1809; AHV 1817, Cuenta del obrero mayor para 1816; AHV 1821, Cuenta del obrero mayor para 1820.

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efectivo, su situación se hubiera vuelto insoportable y los constructores se hubieran quedado sin mano de obra.

La relación entre los dueños de las unidades de producción artesanal y sus trabajadores era una relación entre explotadores y explotados; como tal no era exenta de tensiones. En algunas ocasiones, estas tensiones afloraban. Nuestros escasos datos proceden todos del ámbito de las panaderías: probablemente un juego del azar. En 1783, los dueños de las panaderías se quejaban ante el cabildo “de la insolencia y falta de subordinación que experimentan en los operarios”. En respuesta, el cabildo encargaba a los diputados en turno “vigilar sobre este asunto, procediendo al castigo de los operarios siempre que incurran en algún delito de que dimana mala calidad o escasez de pan”.1731 Treinta años después, los oficiales de las panaderías solicitaban al ayuntamiento que interviniera ante sus amos para que les aumentaran la remuneración. Como era de esperarse, el cabildo se declaraba sin competencias en la materia.1732 En 1783 como en 1813, el gran comercio de la ciudad apoyaba a los maestros en su lucha contra los que trabajaban en sus talleres ya que frente a los que no tenían nada, ambos tenían los mismos intereses.

LOS CARGADORES Y LOS CARRETEROS

En Veracruz, ciudad portuaria, se necesitaba en todos tiempos un número de cargadores de tiempo completo: negros y mulatos libres que estaban organizados en cuadrillas. En la década de 1760 existían dos cuadrillas de 80 negros cada una en el muelle, gente “que no se emplean en otra cosa que en cargar desde dicho muelle para las casas lo que de mar en fuera conducen las embarcaciones que entran en este puerto, y también desde las casas para el muelle la carga que llevan por retorno las mismas embarcaciones”.1733 Medio siglo después había una sola cuadrilla en el muelle, integrada por 45 hombres. Empero, además se mencionaban ahora cuadrillas del depósito, de la introducción de sal, y de las costas de Sotavento y de Barlovento, de 15 hombres cada una.1734 Cada cuadrilla se encabezaba por un capataz. Este acordaba con los que precisaban de los servicios de sus hombres las condiciones del contrato, organizaba el trabajo y recibía las remuneraciones. Su papel era tan central que tanto los comerciantes – los principales clientes – como los integrantes debían de tener un interés en controlar su nombramiento. Aún si ignoramos el proceso respectivo podemos conjeturar que el comercio se las arreglaba para que los capataces fueran hombres de su plena confianza.

La existencia de cuadrillas como organizaciones reconocidas por el ayuntamiento no implicaba la existencia de un monopolio. En efecto sabemos que a fines del siglo XVIII, el trabajo como cargador estaba abierto a todo el mundo. El síndico personero del ayuntamiento señalaba en un informe redactado en 1804 que era notorio “que el último recurso del hombre pobre es de

1731 AHV 1784, Exp. sobre panaderías.

1732 AHV, AC 19/2/1813.

1733 AHV 1762, Proyecto del procurador Pedro Antonio de Cosío sobre trabajadores del muelle, 29/10/1762.

1734 AHV 1804, Exp. sobre el reglamento para cargadores y carreteros.

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aplicarse en esta ciudad a cargador, bien sea porque no tenga ejercicio o porque aún teniéndolo carezca de arbitrios para establecer su oficio o porque no encuentre maestro que lo reciba en calidad de oficial”.1735 Esta situación en que los no organizados competían con los organizados y estos entre ellos debía de favorecer a los que dependían del servicio: los comerciantes. Con todo y eso parece que no se ganaba tan mal como cargador.

De acuerdo con Francisco García Puertas, miembro destacado del consulado porteño, los 45 hombres de la cuadrilla del muelle registraban en 1803 ingresos totales de 60’000 pesos: m|s de 28 reales por jornada. Para el conjunto de las 150 personas que vivían principalmente del trabajo como cargador, García Puertas calculaba un ingreso diario de 27 reales. Cuando menos la primera cifra parece apoyarse en datos estadísticos. Tratamos de hacer una comparación entre los ingresos de los cargadores y los de los artesanos de la construcción. Señalamos arriba que un maestro ganada en 1799 20 reales al día en las obras del ayuntamiento, un peón 8-10 reales. A esta remuneración en reales se añadía la ración. Las cuentas que se establecían en 1799 indican que el ayuntamiento gastaba alrededor de 5 reales diarios por la comida de un maestro, algo menos de 2 reales por la de un peón.1736 Aún si tenemos en cuenta que los encargados del ayuntamiento podían conseguir mejores precios en la compra de víveres que los particulares – pero eso no tenía por qué traducirse en las cuentas oficiales – queda el hecho de que el ingreso total de los peones de la construcción se ubicaba muy por debajo de aquel de los cargadores. Los maestros por su parte registraban ingresos del mismo orden. Esta situación explicaría bastante bien la atracción del oficio de cargador para las masas urbanas.1737

Parece que el alto nivel de los ingresos de los cargadores a fines del siglo XVIII no era un fenómeno reciente. En los años 1760 se pagaban 2-5 reales por carretada de 9-11 piezas entre el muelle y los almacenes del centro de la ciudad; el comercio consideraba un precio de 3 reales como absolutamente justificado. Cuarenta años después, el mismo servicio se remuneraba con 7 reales. Así las cosas, las dimensiones del alza del precio del servicio son comparables con las del aumento de la remuneración monetaria de los peones de las obras municipales.1738 Así las cosas, resulta significativo que los cargadores se mostraban más que reacios a cambiar la carreta por el machete tal como se lo propuso Pedo Antonio de Cosío en 1762.

En 1796, la cuadrilla de los cargadores del muelle, la más antigua y quizás también la más organizada, solicitó que se le concediera el privilegio de la exclusividad en lo que era el transporte entre el muelle y los almacenes: ¿primer signo de una incipiente lucha por la repartición del trabajo? El ayuntamiento mostraba poca prisa en la decisión del asunto. En efecto sería hasta 1806 cuando se aprobó un reglamento que ordenaba el trabajo de los cargadores en la ciudad. Se rechazaba la clausura del número pedido por los cargadores del

1735 AHV 1804, Exp. sobre el reglamento para cargadores y carreteros.

1736 AHV 1799, Relaciones semanarias de los operarios que han trabajado en la obra de conducción del agua. Cuenta presentada y firmada por el supervisor, José Rodríguez Conde. Se registran 54 jornadas de maestros artesanos y 445 jornadas de peones. Las raciones de los primeros ascienden a 30 pesos, las de los segundos a 91 pesos

1737 De acuerdo con José Donato de Austria, secretario del consulado, los prestadores de servicios portuarios de Veracruz ganaban incluso mucho más que sus colegas de otros puertos. Véase AGI, México 2509, José Donato de Austria a Miguel Cayetano Soler, 28/12/1802.

1738 AHV 1804, Exp. sobre el reglamento para cargadores y carreteros.

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muelle, pero se admitía que todos los que querían dedicarse a este trabajo tenían que adscribirse a una de las cuadrillas existentes: una medida que debía de satisfacer por lo menos parcialmente a los cargadores organizados. Para evitar que el cambio repercutiera en el aumento del costo del transporte urbano se establecían tarifas oficiales. Quizás por resistencias difíciles de vencer, el nuevo reglamento se publicó – no sabemos con qué éxito – hasta 1810.1739

El cargador no necesitaba proceder a grandes inversiones para poder trabajar: por lo mismo se trataba de un empleo de pobres. Ahora bien, ciertos transportes se realizaban con ventaja sobre carretas. Treinta vecinos poseían en 18000 un total de 65 carretas. La mayoría poseía una sola unidad. No así Felipe Díaz y Manuel Alegre, dueños de panaderías que tenían 4 y 6 carretas, respectivamente. También algunos maestros artesanos del sector de la construcción poseían varias unidades: Juan de Ariza y el maestro Sayas 2 cada uno, José Rodríguez Conde 6. Es muy probable que estos señores usaban a las carretas para sus propias casas: para transportar harinas de la alhóndiga a la panadería o llevar cal y ladrillos al muelle de la obra. Sabemos sin embargo, que también había dueños de carretas que prestaban sus vehículos a los cargadores. Los cargadores recargaban el costo de las carretas sobre los usuarios de su servicio. A fines del siglo XVIII, por ejemplo, se pagaban 4 reales por el servicio del cargador más otros 3 por la prestación de la carreta. 1740

LOS PANADEROS

Las panaderías de Veracruz eran, cuando menos en muchos casos, pequeñas manufacturas. A lo largo del siglo XVIII, los propietarios dejaban el negocio en manos de mayordomos, responsables de la organización del trabajo y de la venta. Al mando de los mayordomos trabajaba un número variable de esclavos, oficiales, mozos y criados. El padrón de 1791 nos dice, `pr ejemplo, que José Giles empleaba a 12 oficiales solteros, todos hospedados en su casa. José Alegre y su hijo vivían juntos con 2 negros esclavos y 5 mozos. José Díaz, otro de los grandes panaderos del momento, tenía 8 mozos.1741

Las inversiones iniciales eran considerables y no cualquiera podía costearlas. Como no todo el mundo podía poner una panadería existía la posibilidad de que unos cuantos grandes manufactureros acapararan el mercado. Con tal de prevenir que un virtual monopolio repercutiera en pan caro, el gran comercio reglamentaba a través del ayuntamiento la producción y la venta del artículo: el mercado de pan era sin duda el mas reglamentado de la ciudad. La pieza clave del control del ayuntamiento sobre la venta de pan era la calicata, una tabla que definía el precio del pan en función del precio de las harinas en la alhóndiga. No sabemos en que momento se introdujo el sistema de la calicata.1742 Sabemos de una tabla que se

1739 AHV 1804, Exp. sobre reglamento para cargadores y carreteros.

1740 AHV 1801, Relación de la cobranza de la pensión impuesta a las carretas y volantes para la limpia de las calles, 23/7/1801.

1741 AHV 1791, Padrón de la ciudad de Veracruz, 1791.

1742 En Guadalajara, la primera calicata se estableció en 1701, en México, el sistema se aplicaba desde antes de los años 1720. Véase Van Young (1981:68-69) y García Acosta (1988:125).

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estableció en 1751; en 1785, ésta se sustituyó por otra nueva. Una última calicata entró en vigor en 1815. 1743

La tabla se fijaba a través de una serie de amasijos experimentales de un tercio de harina por los diputados de turno, los regidores comisionados a la supervisión del mercado. Para empezar se establecía una lista de los gastos fijos que el trabajo de esta cantidad causaba al panadero. En el documento correspondiente a 1815, el único que se conserva, se tenían en cuenta los materiales de iluminación y el combustible, las rentas por el local en que se ubicaba la panadería y por el puesto en la plaza en que se expendía el pan así que una cuota por el desgaste de los utensilios. Se consideraba además que la harina sufría una merma al vaciar el saco en que llegaba de la alhóndiga. También entraban en la cuenta las diferentes remuneraciones. A estos gastos se sumaba un impuesto y “una utilidad que le corresponde de justicia al panadero”: 12 reales por tercio amasado. A este monto fijo de añadía el costo de las harinas. Se consideraban diferentes precios y se calculaba qué cantidad de pan se tenía que dar en cada caso por un real. 1744

La calicata de 1815 era, al igual que sus antecesoras, el resultado de una lucha. Los panaderos trataban de abultar los gastos fijos con tal de aumentar si ganancia real, mientras que los diputados de turno tendían a sobrevaluarlos en nombre del bien público. Ignoramos las discusiones que se daban durante los amasijos, ignoramos también los estratagemas de ambos bandos. La inconformidad sin embargo, que nunca lograban imponer plenamente su punto de vista.

La finalidad de la calicata no podía ser otra que la de restringir las ganancias del panadero. Se trataba de impedir que a la especulación del introductor de harinas se añadiera aquella de la industria transformadora. De aquí ya podemos deducir que la inversión directa del gran comercio en la producción de pan habrá sido mínima. En efecto, fuera de algunos casos accidentales como el de Pedro de Cos quién heredó en 1775 un establecimiento de su suegro, ningún comerciante se desempeñaba como propietario de una panadería. 1745 Había, ya lo vimos, algunos panaderos que introducían ellos mismos las harinas que trabajaban, pero ninguno de ellos destacaba por otras actividades comerciales. Definitivamente, los panaderos y los grandes comerciantes eran dos grupos muy distintos en la ciudad de Veracruz del setecientos tardío.

Algunos de los gastos considerados en la calicata variaban con la cantidad de harinas amasadas, otros empero permanecían estables. De acuerdo con la calicata de 1815 caían en esta última categoría los alquileres de la casa –que comprendía el agua para los operarios- y del puesto en el mercado, así como las remuneraciones de los operarios y del mayordomo. Estos gastos fijos hacían que las ganancias del panadero aumentaran con la calidad de harinas amasadas. Analizamos con los datos de la calicata la cuenta de cuatro panaderías imaginarias con amasijos diarios de 1, 2, 4 y 10 tercios de harina al día (Cuadro 64). Constatamos que aún con los datos de la calicata, que muy probablemente tendía a subestimar los gastos reales de los panaderos, los que trabajaban 1 0 2 tercios salían perdiendo. El que amasaba 4 obtenía ganancias previstas por la calicata. El que lograba 10 tercios, en cambio, doblaba prácticamente la ganancia considerada como legítima por el ayuntamiento.

1743 AHV 1758, Exp. sobre panaderías: AHV 1823, Exp. sobre la abolición de la alicata.

1744 AHV 1815, Exp. sobre el restablecimiento de la calicata.

1745 Véase AHV, AC 1/2/1776 para el caso de Cos.

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Los panaderos desarrollaban cuatro estrategias para aumentar sus ganancias al margen de la calicata. La historia del plan veracruzano de la segunda mitad del siglo XVIII es en gran medida la historia de éstas estrategias y de los intentos del ayuntamiento por contrarrestarlas.

El precio de la harina que se usaba en la calicata se determinaba por el cabildo en sus sesiones semanales conforme se observaban cambios de consideración en el mercado. Para eso, las autoridades se apoyaban en las noticias que les proporcionaban los diputados en turno o el fiel de la alhóndiga sobre el nivel de los precios de la alhóndiga. En comparación con la ciudad de México donde la decisión se tomaba de una manera sistemática cada cuatro meses de acuerdo con los precios observados en el periodo próximo pasado, el modelo veracruzano era más improvisado, pero también más actualizado.1746 Los panaderos presionaban por supuesto para que el cabildo adaptara el precio máximo manejado en granero. La lucha se agudizaba en tiempos de carestía cuando el precio de la harina subía rápidamente y el cabildo trataba de evitar que el alza repercutiera de inmediato y plenamente sobre las masas consumidoras.1747

Una segunda estrategia del panadero era ahorrar en los insumos. Para eso podía vender tortas de pan que pesaban menos de lo que preveía la calicata o tratar de conseguir harinas por debajo del precio oficial. Con respecto a esta segunda táctica distinguimos tres procedimientos. Las harinas consumidas en el puerto se traían de Puebla. Comprando directamente en el mercado angelino se debía lograr ahorros considerables. Durante la primera década del siglo XIX, cuatro de los cinco grandes panaderos adquirían entre uno y dos tercios de su amasijo de ésta manera (cuadro 65).1748

Sabemos que éstas prácticas tenían sus antecedentes1749. Ahora bien, el recurso de Puebla era, como indican los datos para los años 1804-1807, un privilegio de los grandes panaderos. Pensamos que se trataba de un problema de capitales, capitales que no cualquiera tenía o podía conseguir. Los panaderos de recursos limitados tenían que tratar de comprar más barato en el mercado local. Esto significaba en la práctica amasar harinas de mala calidad. En particular se solían mezclar harinas buenas con harinas cuyo estado ya sólo justificaba se amasijo para galleta y bizcocho1750. Por fin tampoco descartamos el recurso al fraude fiscal, a la compra de las harinas fuera de la alhóndiga.

Las ganancias del panadero aumentaban con el amasijo. Ante los límites del mercado quedaban dos soluciones: la competencia despiadada o el monopolio. Analizamos primero los ensayos monopolistas de 1758 a 1783. En septiembre de 1758, al cabo de una larga e infructuosa lucha por la sustitución de la calicata de 1751, considerada como sumamente desfavorable al productor, los nueve panaderos de la ciudad pidieron al cabildo su constitución en gremio de número cerrado. Ante la respuesta negativa de las autoridades, los panaderos amenazaron con la suspensión de sus actividades. En realidad parece que las panaderías estaban cerradas

1746 Véase García Acosta (1988: 125-126) con respecto a la capital.

1747 AHV, AC 19/11/1813, 26/111813, 7/2/1817, 12/2/1817, 18/8/1817, 12/9/1817.

1748 AHV, Cuentas anuales del fiel de alhóndiga.

1749 AHV 1758, Exp. sobre panaderías.

1750 AHV, AC 15/7/1779; AHV 1779, José Patricio Ríos a ayuntamiento, s/f.

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durante algunos días hasta que el ayuntamiento cedió y se declaró dispuesto a negociar. A propuesta del procurador, se aceptó en cabildo de 13 de octubre del mismo año la formación del gremio y la fijación de un número máximo de 12 panaderías. La venta se iba a centralizar en el mercado. Producción y expendio se ponían bajo la vigilancia de dos veedores, responsables ante el cabildo. Se determinaba además que cada panadero había de dar una fianza de 500 pesos por multas y harinas no pagadas.1751 Ignoramos la suerte de éste reglamento. En 1768 se adaptó otro, parecido, pero sin mención alguna en los acuerdos de 1758: quizás un signo de que este tenía una vida muy corta.

La refundación del gremio en 1768 se vinculaba con la introducción de un nuevo impuesto sobre el pan. Para facilitar el cobro y granjearse el apoyo imprescindible de los panaderos, se les concedía una vez más el cierre del número. Las ordenanzas de 1768 limitaban el número de panaderías a 10, señalando, sin embargo, que las primeras 2 que cerraran no se sustituirían. Los amasijos tenían que hacerse por iguales partes y también las pérdidas por el pan frío - que había que vender a un precio menor - se iban a repartir entre las diferentes casas. Como único expendio autorizado se confirmaba la plaza. También se reintrodujo el cargo de veedor, responsable tanto de la suficiencia del abasto como de la calidad del pan. El funcionario era además encargado del cobro del impuesto. Por motivos desconocidos, el virrey ordenó en 1783 la disolución del gremio.1752 De allí en adelante, cualquiera podía abrir una panadería previo permiso del cabildo.

Antes y después de los experimentos monopolistas, los panaderos se libraban una ardua lucha por la repartición del mercado. En principio, el expendio del pan tenía que hacerse en los puestos que el ayuntamiento había establecido con este fin en el mercado. Sin embargo, ya durante la primera mitad del siglo XVIII era práctica común que los panaderos distribuyeran una parte de su producción a los pulperos con tal de aumentar la venta. Como aliciente, el panadero concedía al pulpero un vendaje, un descuento de 1 real y medio por cada peso, es decir casi un 20 por ciento.1753 La práctica favorecía por supuesto el recurso a harinas de segunda calidad; es muy probable que en Veracruz, al igual que en la ciudad de México, se vendían dos tipos de pan: uno de harinas buenas en los puestos de pan, otro, de harinas malas, en las pulperías. 1754 Durante el monopolio el vendaje quedó prohibido. Al reorganizar el mercado de pan en 1785 el cabildo discutía el mantenimiento de la prohibición. En su dictamen señalaba que el pulpero expendía pan aún sin este incentivo, ya que con la variedad de su surtido aumentaba la clientela. Ignoramos la decisión final que se tomó al respecto.1755 De cualquier manera, la práctica del vendaje no desapareció: sabemos que en los años 1820, los productores concedían a los pulperos que surtían un descuento del 12 por ciento sobre el precio a que el pan se vendía al consumidor.1756

1751 AHV 1758, Exp. sobre panaderías.

1752 AGI, México 1250, Reglamento del gremio de panaderos de Veracruz, 1768; AHV 1784, Exp. sobre panaderías. Véase también Calvento (1796: 165-170).

1753 AHV 1758, Exp. sobre panaderías.

1754 Con respecto a México, Véase Calvento (1976: 159-165).

1755 AHV 1785, Exp. sobre panaderías.

1756 AHV 1812, Exp. sobre panaderías.

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Para minimizar el control de los diputados en turno, los panaderos trataban en un momento dado trasladar la venta de pan de los puestos del mercado a sus casas. En 1792 se desató un conflicto entre el ayuntamiento que temía seguramente no sólo por la suerte de los consumidores, sino también por sus ingresos, para ese entonces en gran medida dependientes de la fiscalización del pan. Después de largas discusiones las partes llegaron a un compromiso. A condición de que los puestos de la plaza siguieran bien surtidos, se admitía que los panaderos pusieran “tienda pública a la calle, que aunque esté en sus casas sea con la separación posible del trata de ella, y dicha tienda tenga sus estantes en que esté el pan a la vista y con el mostrador a la puerta”. El expendio en las dem|s oficinas de la casa quedó estrictamente prohibido.1757

A fines del año 1813, la situación de los panaderos era particularmente crítica. Mientras los precios de las harinas batían cada día nuevos récords en la alhóndiga, la adaptación del precio que se utilizaba en la calicata sólo se hacía cada semana. Ante las presiones de los panaderos y basado en un dictamen cargado de ideología del síndico, Félix Aguirre, el cabildo de 4 de febrero de 1814 acordó seguir el ejemplo de la ciudad de México y adaptar “el sistema de libertad en la elaboración y expendio de pan”. En particular se declaraba la libertad de precios: cada quien podía vender al precio que quería, siempre y cuando lo anunciaba en una tablilla puesta en la puerta de su casa. Sólo se mantenía la obligación de depositar todas las harinas que entraban en la ciudad en la alhóndiga: una cláusula destinada a salvaguardar los derechos fiscales del ayuntamiento.1758

Poco más de un año después, en mayo de 1815, se reinició la discusión sobre la regulación del mercado de pan. Con el pretexto de que esta era la única manera de garantizar un pan de buena calidad, el cabildeo del 7 de julio decidió restablecer el régimen de calicata. La protesta de los panaderos sólo consiguió la revisión de la tabla de 1785, en particular el aumento de la ganancia legal de 8 a 12 reales por tercio en un amasijo diario de 4 tercios y la consideración del mayor costo de la mano de obra.1759

La restauración nunca contaba con el apoyo de los panaderos. En febrero de 1822, al enterarse del cambio en el régimen capitalino, los panaderos se dirigieron una vez más al ayuntamiento. La solicitud contaba con el apoyo de uno de los síndicos, Martín de Urdapilleta. La mayoría del cabildo, empero, adaptaba una estrategia dilatoria. Era necesario una misiva de los panaderos al jefe político, como se llamaba ahora el gobernador, Guadalupe Victoria, para que el ayuntamiento retomara el asunto en abril de 1823.1760 Pero eso ya está fuera de nuestro periodo.

LOS SIRVIENTES

El padrón de 1791 muestra que los comerciantes, los empleados de real hacienda y hasta algunos propietarios de establecimientos manufactureros – los maestros albañiles acaparaban

1757 AHV, AC 20/9/1792; AHV 1792, Exp. sobre panaderías.

1758 AHV 1814, Exp. sobre panaderías.

1759 AHV, AC 12/5/1815, 7/7/1815; AHV 1815, Exp. sobre panaderías.

1760 AHV 1823, Exp. sobre panaderías.

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las obras públicas – vivían con un puñado de domésticos en sus casas.1761 Para ese entonces, la mayoría de los sirvientes eran indios y mulatos libres, aunque aún había uno que otro esclavo. Es probable que en épocas anteriores, los esclavos habían jugado un papel mucho más importante en el puerto. Conforme se abarataba la mano de obra libre – o se encarecía el ébano humano -, la esclavitud perdía importancia, en el reclutamiento de domésticos y en otros sectores de la vida urbana.

Podemos conjeturar que las mujeres lavaban, limpiaban y ayudaban en la cocina. Ahora bien, resalta el gran número de hombres entre la dependencia de las grandes casas comerciales. En 102 unidades domésticas que identificamos en el padrón de 1791 como encabezadas por un comerciante contamos 114 dependientes masculinos y 72 sirvientas y esclavas. El mismo documento indica que algunos de los hombres se desempeñaban como cocineros. El resto debía de trabajar en los almacenes de sus patronos. Tampoco descartamos que algunos comerciantes tenían sus propios cargadores.

Los domésticos que vivían junto al amo debían de recibir de este cuanto necesitaban para subsistir: espacio habitacional, alimentos, quizás ropa y hasta una pequeña cantidad de reales. La carestía debía afectarles entonces poco. Ahora bien, podemos conjeturar que también había quienes trabajaban por días en alguna casa grande. Su situación debía ser muy parecida a la de los oficiales y peones no permanentes que se contrataban por artesanos y manufactureros.

1761 AHV 1791. Padrón de la ciudad de Veracruz.

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20. EXPLOTACIÓN Y PRODUCIÓN. LA DINÁMICA DE CLASES EN LA CIUDAD DE VERACRUZ (1650-1820)

Los pilares de los negocios de las clases dominantes de Veracruz eran la renta de la tierra y las comisiones que cobraban por su mediación en el comercio entre Europa y el interior de la Nueva España. Las preocupaciones básicas de sus voceros, los funcionarios del ayuntamiento y del consulado, eran la monopolización del control sobre el campo jarocho y la canalización del comercio exterior del reino a través de sus oficinas y almacenes.1762 A diferencia de ciudades como Puebla, México o Querétaro que desarrollaban importantes sectores de producción artesanal y manufacturera. Veracruz seguía siendo a fines de la colonia esencialmente emporio, “la garganta de la monarquía” como decían los coet|neos: una ciudad donde se cargaban y descargaban bancos y burros.1763 En posición privilegiada para captar los excedentes agropecuarios de su distrito – y aún de su intendencia – así para actuar como intermediarios entre el reino y el exterior, los comerciantes veracruzanos nunca se planteaban seriamente el fomento de la producción artesanal y manufacturera. La función que el comercio asignaba a los artesanos y manufactureros de la ciudad era únicamente la de satisfacer las necesidades de la población local con artículos que no podían llevarse de fuera. En eso, los veracruzanos se parecían, dichos sea de paso, a sus padres gaditanos.1764

Al respecto resulta interesante un discurso que José María Quiró pronunció en 1804 ante el ayuntamiento en su calidad de procurador general. En la alocución, Quirós reflexionaba sobre las posibilidades de expansión de la producción manufacturera en el puerto.1765 Frente a los principales centros textiles del reino, Puebla y México, Veracruz presentaba una gran desventaja: el costo de la mano de obra. No sólo las remuneraciones en reales eran bastante más elevada que en las ciudades del centro, decía, sino también la alimentación de los operarios salía mucho más costosa. Empero, seguía, los problemas no eran insuperables. La posición geográfica de la ciudad cercana a los algodonales de Sotavento, representaba una ventaja ya que a través de la transformación local de la materia prima se podían ahorrar derechos y fletes. En concreto, Quirós esbozaba una doble estrategia textil para el puerto. Por una parte proponía la fabricación de tejidos gruesos: tejidos como mantas, rebozos y patines que no requerían de una mano de obra especialmente capacitada y que tenían una gran demanda en el mercado local. También existía la posibilidad, señalaba, de sustituir los siempre escasos lienzos de cáñamo que estaba la marina mercante con hilado gruesos de algodón. Por otra parte consideraba factible que se llamara a maestros experimentados para que dirigieran la producción de telas de alta calidad con las cuales se podía surtir el mercado nacional. Las colchas bordadas de lana de San Miguel el

1762 AHV 1810, Instrucción del ayuntamiento de Veracruz para su diputado a Cortes; apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1806, en: Chávez Orozco/Florescano (1967:115-150.115-121);Pérez y Comoto (1818); Quirós José M., Memoria sobre el fomento agrícola de la intendencia de Veracruz, 1807, en: De la Tabla (1985: 131-150); Quirós José M., Memoria sobre la alteración del comercio de Indias, 1810, en: De la Tabla (1985: 195-202).

1763 Para Veracruz, véase LERDO DE Tejada (1950: I, 365-397). Para el desarrollo del artesanado en otras ciudades del reino remitimos a Di Tella (1973); González Angulo (1983); Hamnett (1988: 34-44); Thompson (1986) y Tutino (1991: 86-93).

1764 Véase el sugestivo trabajo de Tinoco Rubiales (1982) sobre Cádiz en el siglo XVIII.

1765 AHV 1804, Exp. Sobre una casa misericordia.

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Grande, decía, solían ser burdas debido al carácter de la materia prima: si se usara algodón en vez de lana y si se hicieran con más esmero se podrían exportar hasta Europa. También los manteles de algodón del centro del reino eran susceptibles de mejoras.

El discurso demuestra que el gran comercio de Veracruz estaba consciente de que existían alternativas al desarrollo que él imponía en su ciudad. Quirós mencionaba incluso los ejemplos de Orizaba y Campeche donde los comerciantes habían desarrollado en las postrimerías del siglo XVIII importantes sectores textiles en entornos que eran, según él, bastante parecidos al de Veracruz. ¿Por qué los veracruzanos no adoptaban también este modelo? Seguramente porque el viejo sistema les seguía funcionando.

Las masas urbanas contribuían de dos maneras al enriquecimiento de los comerciantes. En tanto que productores de servicio portuarios, alimentos y vestimenta les permitieran jugar su papel de intermediarios; en tanto que consumidores de espacio habitacional y de excedencias rurales les daban la oportunidad de realizar sus derechos de propiedad. La importancia relativa del puerto y del consumo para los comerciantes variaban evidentemente a través del tiempo.

LA ÉPOCA DEL TEATRO

Hasta fines del siglo XVIII, el vecindario de Veracruz se hallaba estancado a un nivel tan bajo que los ingresos se podían obtener a través de la explotación de sus necesidades básicas debían ser relativamente modestas. Para las grandes casas veracruzanas, la ciudad debía de ser entonces esencialmente puerto; esto no obstante trataban de aprovechar en la medida en que se podía las oportunidades que les brindaba el abasto.

Hasta la primera década del siglo XIX, el gran comercio se mostraba solícito por regular los precios básicos a través del ayuntamiento. De una manera sistemática trataba de controlar los beneficios que se obtenían en áreas cuya explotación dejaba – quizás por su elevada conflictividad – en manos de terceros: la producción y venta de pan y el expendio de semillas. Respecto a los mercados donde se concentraban sus propios intereses las clases dominantes desarrollaban una doble estrategia. Por una parte trataban de maximizar los beneficios. En el caso de la carne donde existía el peligro de que la sobre oferta llevara a la contracción de los precios, el ayuntamiento imponía un monopolio legal. En el caso de la harina donde el alto costo del acarreo favorecía el surgimiento de estructuras monopolistas, las autoridades respetaban la autorregulación del mercado. Ahora bien, en épocas de crisis cuando los accesos febriles de los precios hacían temer por la paz social, los regidores pedían a los demás comerciantes sacrificar sus intereses individuales sobre el altar de los intereses de clase.

En esta primera época el discurso oficial no soslayaba la contradicción entre los intereses del comercio y de la plebe. El ayuntamiento se presentaba como el mediador imprescindible entre ambos grupos. Existía un precio justo y el ayuntamiento era la institución indicada para fijarlo. Los comerciantes deben estar libres en llevar los granos de una provincia a otra, decía el regidor Porras Madrazo en 1780, pero “no por eso deben vender o permutar con excesiva ganancia, sino con aquella que se regulare por el ayuntamiento conforme a la calidad de la tierra, las noticias

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que adquiera de las cosechas, para que con madura refleja se pueda conciliar en un solo acto el justo lucro del vendedor y el beneficio de causa pública”.1766

Entre este discurso y la realidad del mercado había un abismo, sobre todo en años de escasez. La carestía podía abonanzar momentáneamente, pero a mediano plazo se volvían a imponer los especuladores. El precio de la harina se envolaba a pesar de las compras del ayuntamiento, el maíz y las verduras desaparecían de los expendios controladores y reaparecían, más caros, en los puestos de los revendedores. No vamos a hablar ahora de una supuesta ineficiencia del ayuntamiento: como buenos comerciantes, los regidores sabían muy bien que estaban buscando la cuadratura del círculo. Sencillamente pensamos que las grandes casas que representaban no consideraban necesario hacer mayores concesiones reales a los consumidores. Sólo aquellas iniciativas del ayuntamiento que conciliaban realmente los intereses del consumidor con los del comercio local, a formación de las compañías harineras, por ejemplo, eran éxitos rotundos.

La política intervencionista del ayuntamiento era entonces más que nada teatro: teatro de hegemonía como dice Thompson, comedia destinada a sustituir el plato lleno en la mesa de la plebe. 1767 Teatro era la requisa del cargamento de Luis de San Román en 1812. Teatro eran los acuerdos del cabildo en que se prohibía la venta de harinas calidad supuestamente deficiente o de reses muertas accidentalmente. 1768 Teatro eran, en fin, las intervenciones de los diputados en turno contra carniceros y panaderos por la falta de peso.1769 Teatro era también con toda probabilidad, el tumulto contra Ciriaco de Ceballos.

LA OFENSIVA DE LOS COMERCIANTES

Hacia fines del siglo XVIII aumentaba el número de los consumidores mientras disminuía el suministro de básicos y escaseaba la viviendo. Abastecedores y propietarios aprovechaban la situación para enriquecerse rápidamente. Surgían entonces grupos especializados de especuladores como los capitalistas en el sector de la vivienda.

Los regidores del ayuntamiento se encontraban en un lugar privilegiado para enriquecerse ya que controlaban además de sus caudales particulares, la masa fiscal del municipio: un fondo que se apropiaba en gran medida a través de obras públicas. La situación recuerda en algo a la vieja corrupción que caracterizaba, según Thompson, al poder político inglés en el siglo XVII.1770 Ahora

1766 AHV 1781. Informe de Juan Francisco Porras Madrazo, 26/3/1780

1767 Thompson (1989 a:52-60)

1768 AHV, AC 21/7/1791, 24/12/1813, 4/8/1815

1769 AHV, AC 14/5/1778, 4/5/1810

1770 Thompson (1989a:26) sugiere “como mejor se entiende el poder político a lo largo de la mayor parte del siglo XVIII es, no como un órgano directo de clase o intereses determinados, sino como una formación política secundaria, un lugar de compra donde se obtenían o se incrementaban otros tipos de poder económico y social; en relación a sus funciones primarias era caro, ampliamente ineficaz, y solo sobrevivió al siglo porque no inhibió seriamente los actos de aquellos que poseían poder económico o político (local) de facto”.

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bien, y aquí radica, según nuestra apreciación, la diferencia entre el modelo thompsoniano y la realidad novohispana, la función del ayuntamiento no se agotaba en la apropiación de los excedentes de las masas por los grupos que los controlaban: también aseguraba – aunque no siempre satisfactoriamente para todos – la seguridad de los explotadores en una época en que las relaciones entre los diferentes grupos urbanos se iban tensando.

“Para el mejor gobierno de esta república y la quietud de los vecinos honrados”, el gobernador Carrión y Andrade había dividido la ciudad desde 1778 en 15 distritos o cuarteles. Cada cuartel se ponía al mando de un comisario de barrio: un vecino nombrado por el cabildo y que era responsable ante las autoridades municipales de la pronta ejecución de sus órdenes. 1771 Veinte años después en 1797, el ayuntamiento discutía el establecimiento de un nuevo esquema cuya célula de base eran los barrios menores, distritos policiales a cargo de los llamados alcaldes de barrio. Varios barrios menores se reunían en un barrio mayor. Según el proyecto, la ciudad debía tener 4 barrios mayores, dirigidos el primero por el gobernador, el segundo por su colaborador más cercano, el teniente letrado, y el tercero y el cuarto por los alcaldes jueces electos por el cabildo. Cada uno de estos jueces mayores podía nombrar, previa aprobación por el gobernador, los alcaldes de barrio de su distrito. Las funciones de los alcaldes de barrio coincidían, según parece, con la de los comisarios, la única diferencia – y aun esto no queda muy claro- era que los primeros podían pedir el auxilio de la tropa cuando la necesitaban.1772 Así las cosas sospechamos que el proyecto de 1797 estaba destinado a sustituir el sistema de comisarios. Parece que el cambio se ejecutó realmente pero que los encargados de los distritos de base se seguían llamando comisarios.

Los comisarios eran indudablemente la pieza clave en el sistema policiaco de la ciudad durante los últimos años de la colonia. Sin embargo muchos consideraban que hacían falta otras consideraciones, José María Quirós era uno de ellos. Desde su puesto de síndico propuesto en 1797 flanquear el establecimiento del alumbrado público con la instalación de serenos. El ayuntamiento, en apuros financieros, iba aplazando la realización del proyecto hasta que particulares lo retomaban. Desde el mes de junio de 1807 el brigdier Manuel Agustín Mascaró y sus vecinos inmediatos se juntaron, y después de obtener los permisos necesarios contrataron a un sereno para su calle.1773 Antes de que terminara el año, un gran número de calles del puerto tenían su vigilante nocturno.1774

El régimen policial de Veracruz tenía un evidente carácter clasista, apenas velado por sus promotores. Así observamos que los comisarios de barrio se reclutaban sin excepción entre los grandes comerciantes: los mismos grupos que controlaban el ayuntamiento.1775 Las autoridades sabían además quienes eran los malhechores. En un informe de 1797, José María Quirós declaró

1771 AHV, AC 23/4/1778

1772 AHV 1797, Informe del síndico personero sobre los alcaldes de barrio que intenta establecer en Veracruz el virrey marqués de Branciforte, 21/10/1797.

1773 AHV 1807. Solicitud del brigadier Manuel Agustín Mascaró al ayuntamiento, 26/6/1807

1774 AHV, AC 14/8/1807, 11/9/1807, 25/9/1807, 9/10/1807, 20/10/1807

1775 AHV, AC 23/4/1778, 10/1/1817. Véase también AHV 1797, Informe del síndico personero sobre los alcaldes de barrio que intenta establecer en Veracruz el virrey marqués de Branciforte, 25/10/1797.

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sin rodeos: “por la concurrencia de tantas tropas, marinería y forasteros, y por el car|cter fiero y sanguinario de tal plebe son tan frecuentes los excesos y las desgracias” en Veracruz.1776

El desarrollo del sistema policial urbano traducía la creciente tensión en la sociedad urbana: una tensión que se vinculaba sin duda con la ofensiva de los comerciantes contra los consumidores. Otra manifestación de esta tensión era la lucha contra los marginados urbanos, los pobres. En un discurso pronunciado en 1804, Quirós daba su visión del fenómeno de la pobreza. “La libertad de pedir y la facilidad de juntar”, decía, se ha hecho tan común “que tomando por oficio gran número de personas de todas edades, sexos, estados y condiciones (este arbitrio), se padece una total carencia de toda clase de sirvientes; la población está llena de individuos útiles para este ejercicio y el de las artes, pero prefieren la mendicidad a las ocupaciones honestas, haciéndose como hereditaria en la familias porque con efecto tienen con ella cuanto necesitan y viven en el ocio y en la independencia”.1777 Había trabajo honesto y había gente, pero resultaba que la gente no quería aceptar el trabajo que se le ofrecía: como reconocía el mismo Quirós por que había otros modos más rediticios de sustentarse. Muchos se habrán desempeñado un día como mendigos, otro como baratilleros, cargadores o milicianos a sueldo y un tercero como rateros o estafadores. ¿Cómo conciliar esta situación con el considerable aumento de las remuneraciones en la construcción que diagnosticamos para los años entorno a 1800? Puede que el aumento era insuficiente, puede también que era sectorial: que se daba sólo en algunos ramos que se consideraban estratégicos por las clases dominantes.

Los pobres representaban un problema ideológico y práctica para los comerciantes. Para deshacerse de ellos había que combatir primero la imagen medieval del pobre como representación de Cristo. Al respecto resulta significativo que el ayuntamiento rechazaba en 1810 la participación en la recolección de limosnas para la procesión del santo entierro entre el vecindario.1778 Limosnear durante siglos un signo de humildad cristiana, se había vuelto una actividad denigrante en la mente de los ilustrados comerciantes veracruzanos. El cambio de la mentalidad era paulatino y nada lineal. En efecto, en 1814 los regidores volvían a salir junto con los eclesiásticos a pedir la limosna para el espectáculo del viernes santo.1779 Sin embargo, se había sentado un precedente para el futuro.

Mientras se preparaba el terreno ideológico se implantaban las primeras medidas prácticas. Desde los años 1790, el ayuntamiento intentaba arrebatar a la iglesia el control del sistema hospitalario del puerto. Aunque se solía manejar el argumento del mal servicio resulta evidente que lo que se buscaba era la transformación de los antiguos hospicios en hospitales en un sentido moderno: la exclusión de los pobres y la especialización en el tratamiento de los enfermos. En 1804, esta lucha culminaba con el cierre del hospital de San Juan de Montesclaros y

1776 AHV 1797, Informe del síndico personero sobre los alcaldes de barrio que intenta establecer en Veracruz el virrey marqués de Branciforte, 21/10/1797.

1777 AHV 1804, Exp. sobre una casa de misericordia.

1778 AHV 1810, Exp. sobre la recolección de limosnas para la procesión del santo entierro.

1779 AHV 1814, Exp. sobre recolección de limosnas para la procesión del santo entierro.

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la expulsión de los religiosos de San Hipólito que lo atendían.1780 El mismo año de 1804, el procurador José María Quirós proponía el establecimiento de una casa de misericordia. La idea no era nueva: en su carta de despedida al ayuntamiento del cual había formado parte durante largos años como regidor y como síndico, Pedro Antonio de Cosío había sugerido desde 1780 “el establecimiento de un hospicio para gentes sin destino, vagos y ociosos, a fin de poder aplicarlas a útiles destinos para que puedan mantenerse con su sudor y trabajo.1781 Con todo Quirós era el primero en presentar un proyecto elaborado. Según eso, todos “los pobres y mendicantes y vergonzantes” de la ciudad serían recogidos y depositados en la casa de misericordia, a menos que prefirieran buscar “una ocupación honesta” o migrar. En la institución se les obligaría a trabajar de acuerdo con sus aptitudes.1782 Ignoramos la suerte del proyecto. Ignoramos si el proyecto de Quirós llegó a concretizarse o no. Sabemos, sin embargo, que la vida de los que habían contado durante siglos se cerraban paulatinamente. Significativo resulta un bando publicado en septiembre de 1807 en que las autoridades municipales prohibieron el ambulantaje con chucherías a los muchachos, hombres y mujeres robustas. “Sólo podr|n emplearse en andar con estas vendimias por las calles las personas ancianas e impedidas, con papeletas impresas que con sus nombres y señales les dar|n los señores diputados en turno” terminaba el documento.1783

VERACRUZ ENTRE LA INSURGENCIA Y LA INDEPENDENCIA (1810-1820)

Hacia 1810, las principales rutas comerciales entre la Nueva España y el resto del mundo empezaban desviarse de Veracruz eso, los comerciantes porteños veían la ciudad más que nunca como un centro de consumo. Ahora bien, la continua caída de la renta de la tierra en el reino general y en el campo jarocho particular junto con la explosión demográfica de la urbe y la insurgencia llevaban en un momento dado a una situación en que los viejos modelos de regulación del consumo resultaban anticuados, innecesarios o incluso insostenibles. La carne resultaba tan escasa que ya no había que apuntalar los precios desde el ayuntamiento, la harina que llegaba del altiplano a Veracruz se volvía tan escasa que se justificaba la apertura de la frontera. En 1812-1813, la desregulación era total. Posteriormente hubo intentos por restaurar la regulación de algunas de las actividades de los pequeños tratantes: se prohibió una vez más la regatonería con verduras, se restableció la reglamentación de la venta de pan. En el fondo, empero, la ruptura con el régimen del siglo XVIII era irreparable.

Con estos cambios se transformaba también el discurso oficial. Los voceros del ayuntamiento alababan ahora la liberad de comercio como panacea contra la carestía. La “absoluta libertad” era, como dijo el regidor Félix Aguirre en 1810, “el mejor y mayor agente de la abundancia, de la buena calidad y de la equidad en el precio, como la experiencia lo tiene bien acreditado en todo

1780 AHV 1808, Exp sobre el hospital de San Juan de Montescarlos. En 1813, el cabildo intentaba cerrar también el hospital de mujeres, Loreto: la iniciativa no prosperaba. Véase AHV 1813, Exp. sobre el hospital de Loreto.

1781 AHV 1780. Pedro Antonio de Cosío al ayuntamiento de Veracruz, 14/2/1780.

1782 AHV 1894, Exp. sobre una casa de misericordia.

1783 AHV 1807 Exp. sobre vendedores ambulantes.

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tiempo”.1784 La organización de la venta de las carnes y del maíz, durante un tiempo también la de las verduras, se dejaba directamente en manos del comercio. El ayuntamiento se limitaba ahora a vigilar que los comerciantes jugaran limpio y no se engañaran unos a otros: que se respetaran normas sobre calidad, que se pesara con medidas exactas. Al arbitraje entre el comercio y el consumo había sucedido el arbitraje entre los sendos comerciales.

La carestía del periodo es un hecho objetivo. Para evitar que los pobres tomaran por la fuerza lo que no podían comprar se perfeccionaba el sistema policial desarrollado desde fines del siglo XVIII. En 1810 se reformó el reglamento de los comisarios de barrio: entre otros cambios más se procedió al establecimiento de patrullas nocturnas en el recinto amurallado.1785 Dos años después, en su sesión del día 3 de abril de 1812, el ayuntamiento creo el puesto de juez de policía y nombró como primer titular a José Javier de Alazabal, uno de los comerciantes más destacados del puerto. Sus instrucciones eran claras, “Perseguiría, decían, a los vagos, ociosos y mal entretenidos que tanto inquietan la tranquilidad de los pueblos y los castigaría con arreglo a las leyes, expulsando a todos aquellos cuya existencia no convenga en esta ciudad y aplicando al servicio de las armas a todos aquellos hombres útiles que vivían sin arbitrio conocido, decente y honrado de buscar su subsistencia”. En los extramuros donde se solían abrigar, según el ayuntamiento, “personas “sospechosas, es decir insurgentes, se establecieron “rondas de a caballo de los vecinos honrados”. En fin, se decidió extremar la vigilancia sobre los que entraban y salían por las puertas de la ciudad.1786 Por iniciativa de Olazabal se implantó en junio del mismo año una carta de identidad para todas las personas mayores de 7 años cuyo porte era obligatorio dentro y fuera de la ciudad.1787

Como un instrumento m|s en la lucha contra “la holgazanería, la desnudez, el libertinaje, el amor al robo y, en una palabra la total prostitución que caracterizaba a la baja plebe”, el ayuntamiento utilizaba a partir de 1810 también las escuelas de primeras letras.1788 La institución escolar como tal no era nueva en la ciudad: lo nuevo era el interés del ayuntamiento en el asunto. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la principal escuela de primeras letras había sido la de los betlemitas. Los datos hablan por sí mismos: mientras que los padres tenían en los años 1770 a unos 140 discípulos, la escuela pública, financiada con los fondos que quedaron por la expulsión de los jesuitas, no excedía de 20.1789 Con los mismos fondos de costeaba a partir de 1784 a un maestro que enseñaba la gramática latina.1790

Ahora, las cosas cambiaron. Por mediación del diputado Cortes, Joaquín Maniau, los regidores conseguían desde 1812 a un maestro español que sometía la enseñanza primaria a una profunda reorganización: un escolapio cuyo programa era, según decía Maniau, “imprimir en los jóvenes el

1784 AHV 1810, Exp. sobre el abasto de carnero.

1785 AHV 1812, Exp. sobre la junta de seguridad y buen orden.

1786 AHV 1812, Exp. sobre la junta de seguridad y buen orden.

1787 AHV 1812, Exp. sobre la junta de seguridad y buen orden

1788 AHV 1810, Instrucciones del ayuntamiento de Veracruz para el diputado a Cortes.

1789 AHV 1775, Informe sobre los betlemitas, 28/11/1775.

1790 AHV 1804, Exp. sobre el reparto de las rentas del ex - colegio de San Francisco Xavier de Veracruz.

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amor a la virtud y a la sociedad y desterrar todo ideal de insubordinación y libertinaje”.1791 Tres años después, particulares fundaron la primera escuela extramuros. Durante los primeros cinco años, el establecimiento se costeaba por los vecinos: en 1820, el ayuntamiento lo tomó a su cargo.1792 Desde un principio, los comisarios de los barrios extramuros vigilaban que los vecinos mandaran a sus hijos a la escuela.1793

Entre 1812 y 1816, Veracruz resistía los embates de la insurgencia que abrasaba toda su campiña. En la ciudad no faltaban intentos de proclamar la independencia. Una primera conjuga se fraguaba desde 1810 por un pequeño grupo de empleados de la aduana y de dependientes de casas comerciales estrechamente vinculados con el insurgente Ignacio Allende. El plan era seducir el ejército, en partículas el batallón fijo de Veracruz, y dar un golpe contra autoridades españolas. De esta manera, argumentaban los conjurados, se evitaría el derramamiento de sangre y sobre todo se garantizaría el respeto absoluto del derecho de la propiedad. Sin embargo, a inicios de 1812, un sargento del batallón pardo y morenos a quien los conspiradores habían iniciado en su proyecto, les denunció. Dos de los implicados lograron huir y otros siete se les formó un proceso y se les condenó a muerte. En julio murieron fusilados públicamente en la plaza de armas de la ciudad.1794 Este mismo mes, las autoridades descubrieron y desbarataron otra conspiración, encabezada por un sargento del batallón fijo de la plaza. Según las autoridades, el militar quería asesinar a sus superiores y entregare la ciudad a los insurgentes. A los ocho días, trece acusados, todos militares fueron pasados por las armas.1795 Resulta significativo que ninguno de los dos proyectos independentistas impulsados desde la ciudad atribuía un papel importante a las masas: los conjurados no querían correr el riesgo de un levantamiento popular y excluían quizás conscientemente, la plebe y sus reivindicaciones de consumidores del proyecto.1796

Las masas urbanas siempre se mantenían al margen de la insurgencia. Motivos para sentirse agraviados no faltaba. Todos sufrían como consumidores, los jarochos recién llegados debían de guardar además rencores por su expulsión del campo. Hay que preguntarse porque la plebe veracruzana no aprovechaba la coyuntura de la rebelión para deshacerse del comercio que la explotaba. Van Young ha pretendido que las masas urbanas de las ciudades coloniales carecían de todo potencial violento debido a la falta de estructuras organizacionales.1797 Sin embargo, el tumulto de 1808, las luchas inquilinarias de 1811 y el movimiento antifiscal demuestran que sí existían lazos que unían a toda la plebe frente a sus explotadores: los lazos de consumo. Por otra parte, tampoco podemos hablar de servicios sociales que hubieran amortiguado las tensiones

1791 AHV 1812. Exp. sobre escuelas.

1792 AHV 1815, Exp. sobre la escuela de los extramuros: AHV 1819, Exp. sobre la escuela de los extramuros.

1793 AHV AC 17/11/ 1815.

1794 Lerdo (1959: II, 59-75)

1795 Lerdo (1950: II, 83-84)

1796 En esto se parecían perfectamente a los primeros conjurados de Querétaro quienes, excepto Hidalgo, temían a las masas. Véase Hamnett (986: 56)

1797 Van Young (1991h: 351-362)

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entre los consumidores y los comerciantes.1798 Al contrario, todo indica que estos servicio que si existían en el siglo XVIII y que formaban parte de la política del teatro, se iban desmontando durante la guerra. Mucho más importante era quizás una tercera dimensión de la vida urbana del puerto. Puede que el impresionante aparato represivo montado por las clases dominantes desde fines del siglo XVIII así que la concentración de tropas en la ciudad constituían factores disuasivos de peso. En efecto, cualquiera debía de reconocer que una tentativa insurreccional equivalía al suicidio – a menos que estuviera avalada, como en 1808, por una parte del comercio. Así las cosas, la rebelión tenía que ejecutarse en la campaña, los que querían participar en la lucha tenían que alcanzar a las huestes insurgentes del campo jarocho. Seguramente había quienes así hacían. Empero, consta que no se trataba de un movimiento de masas, no se producía ningún éxodo masivo de la ciudad mientras duraba la guerra. Hay que considerar entonces un último factor susceptible de explicar la tranquilidad de la urbe: la posibilidad de sobrellevar a pesar de la embestida contra los pobres, de combinar la mendiguez con la baratillería y, porque no, el robo, la posibilidad también de desahogarse – con todo y el aparatoso despliegue policiaco – en un alboroto como en 1808 o en pleitos ante las diferentes instancias de gobierno de la ciudad como en 1811-1812.

Con la participación del campo jarocho a partir de 1816, empezó lo que se podría llamar la recampesinación masiva. Con eso no aumentaba el suministro de básicos para la ciudad, pero la demanda urbana de semillas, verduras y carne se contraía al igual que la de espacio habitacional.

Para los comerciantes del puerto, el proceso significaba un duro golpe ya que ahora la pérdida de los alquileres urbanos a la de las comisiones del intermediarismo. Respecto a los ingresos derivados de la otra faceta del consumo urbano, los básicos, ignoramos so los comerciantes lograron salvar o no el nivel relativamente elevado de los precios de la década de 1800. Ante la imposibilidad de hacer negocios, algunos decidieron marcharse.1799 Otros se quedaban. Algunos esperaban que se restaurara el sistema comercial de la época borbónica que tanto les había beneficiado, otros representaban ante la corona la necesidad de liberar el comercio en la Nueva España y el resto del mundo, sobreentendiendo por supuesto que los flujos tenían que despacharse por Veracruz. Al quedar frustrados los dos, muchos apoyaban en 1821 la independencia.

1798 La hipótesis de los servicios sociales se desarrolla también en Van Young (1992h: 346-347).

1799 Thompson (1986; 197-199) sugiere que muchos porteños se trasladaban a Puebla después de la Insurgencia.

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CONCLUSIÓN

Estimulado por esta lectura me planteaba tratar de entender el desarrollo de las sociedades costeñas no a partir de datos abstractos que supuestamente revelaban la dinámica de la capacidad productiva del país sino mediante el análisis de las relaciones entre los hombres. Las series construidas con los productos anuales de diezmos y alcabalas no reflejaban, en el nuevo enfoque, las coyunturas de la producción agropecuaria y del comercio sino las relaciones de fuerzas entre los que se apropiaban estas rentas y los que las sufrían. El nuevo objetivo de mi estudio se resumía en la pregunta ¿Quiénes lograban mediante qué mecanismos y en qué grado encauzar el trabajo del conjunto de la sociedad de tal manera que ellos fuesen los más beneficiados de los procesos productivos?

Las sociedades costeñas eran, eso había demostrado a través de un exhaustivo análisis demográfico, pieza obligada de todo estudio regional, sociedades rurales. Sendos análisis del movimiento de la población en el tiempo y el espacio así que de las estructuras profesionales a fines de la colonia me mostraban que la inmensa mayoría de la gente vivía del trabajo de la tierra y que la acumulación de riquezas se debía apoyar por lo mismo en el acaparamiento del producto del trabajo de la tierra. En Els propietaris i els altres. Rosa Congost propuso un modelo para analizar una sociedad rural: un modelo basado en los conceptos de clase (en su acepción heurística, thompsoniana) y explotación. Inspirado en Congost intentaba penetrar las sociedades costeñas mediante el concepto de derechos de propiedad sobre la tierra y sus productos: derechos que se ejercían en el caso novohispano por la corona, la iglesia, los terratenientes españoles, las repúblicas de indios y los prestamistas. Al igual que en los reinos europeos, estos derechos eran todos los derechos a explotar. A través del análisis de los sendos derechos y de su ejercicio comprobamos la homogeneidad relativa del grupo de los rentistas al interior de cada distrito. Vimos que los que controlaban en última instancia los derechos de la corona y de la iglesia eran, como postulamos en la introducción, los españoles asentados en las cabeceras rurales: los mismos que practicaban la usura y se repartían por lo general la propiedad strictu sensu sobre las tierras (aunque había regiones como Acayucan o Huatulco donde existía una importante propiedad comunal de los pueblos de indios, otras, particularmente la Nueva Veracruz y los Tuxtlas, donde los propietarios residían a menudo en la lejana ciudad de México y un tercer grupo, Igualapa y Jicayan, donde los caciques habían reconvertido sus derechos tradicionales en títulos novohispánicos). Estos grupos, los comerciantes, eran lo que Congost llamaba las clases dominantes de las costas: los que acaparaban los excedentes de la producción agropecuaria, a saber aquella parte de los esquilmos que no se consumía inmediatamente por la población local. Los que formaban parte de estos grupos se identificaban a través de algunos signos: signos que traducían su conciencia de clase. Casi todos ellos residían en las cabeceras distritales, cerca a los que ejercían el poder jurídico-político y a los que guiaban las almas. En tanto que españoles, los comerciantes se identificaban como un grupo étnico y de una casta fiscal. La monopolización de los altos puestos del oficialato de las milicias les permitía hacer gala de lucimiento y boato. Con el mismo fin teatral fundaban cofradías exclusivas y establecían sus propios santuarios.

Las regiones costeñas formaban parte de la Nueva España. Las clases dominantes de las diferentes regiones costeñas se insertaban en una red que les unía con sus pares – que eran a

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menudo sus familiares – en las demás regiones del reino. Todos los hilos de la red convergían en las grandes casas del reino: aquellas que controlaban la oferta monetaria. Entre las clases dominantes de las regiones rurales y estas casas existían vínculos de dependencia pero no de explotación. Los comerciantes de las cabeceras provincianas dependían estrechamente del crédito que les brindaran las grandes casas – y sus banqueros, las instituciones eclesiásticas de las sedes episcopales – para el financiamiento de la producción en el campo. Las grandes casas por su parte estaban interesadas en la producción de excedentes agropecuarios en los trópicos: excedentes agropecuarios (ganado vacuno) que aseguraban el abasto de la navegación como eje del comercio exterior, excedentes agrícolas (grana, ixtle y algodón) que permitían limitar la exportación de plata. Hasta mediados del siglo XVIII las grandes casas se concentraban en la ciudad de México. De allí en adelante, antiguos centros sufragáneos como Veracruz y, en menor medida, Puebla y Oaxaca se aliaban con casas ultramarinas, ampliando de esta forma su libertad de acción frente a las casas capitalinas. Con eso, los vínculos de los costeños se diversificaban: los acapulqueños trataban cada vez más con Puebla, los del resto de la Costa Chica con Oaxaca, los sotaventinos con Veracruz y, en el caso de Acayucan, Oaxaca.

Los derechos que se ejercían en torno a la tierra permitían guiar los procesos productivos. La dinámica de las relaciones entre los explotadores y los explotados se vinculaba entonces con la dinámica del desarrollo de las fuerzas de producción. Esta dinámica, la dinámica de la lucha de clases, se reflejaba, así había entendido a Congost, en el movimiento de los precios agropecuarios. Desarrollando esta idea establecimos algunas hipótesis básicas respecto al fenómeno: hipótesis que eran el punto de partida de un análisis más extenso. Desde mediados del siglo XVIII, así interpretamos la estabilidad que mostraban los precios agropecuarios en su evolución a largo plazo, los comerciantes controlaban la producción agropecuaria y monopolizaban su venta. Distinguimos entre dos clases de explotaciones. La inmensa mayoría de las unidades de producción eran campesinas, es decir de tipo familiar. Los campesinos eran prácticamente todos arrendatarios o comuneros, es decir no propietarios. La conducción de la producción y la absorción de los excedentes campesinos se basaba más que en la propiedad strictu sensu en el manejo de los derechos de la corona y de la iglesia: la alcabala, el tributo y el diezmo, así que los derechos parroquiales y jurisdiccionales. Junto con el carácter cíclico y poco seguro de la producción agropecuaria, estos derechos fomentaban la dependencia del campesinado de la usura. El negocio prestamista se coordinaban – y descremaba – por el alcalde mayor: un personaje que, gracias a los poderes jurídico-políticos con que estaba dotado, podía forzar su desarrollo más allá de la cobertura de las necesidades del pequeño productor. Las explotaciones no familiares se manejaban casi todas en régimen de propiedad: los mismos propietarios – o sus arrendatarios-administradores – aprovechaban sus títulos para dedicarse a la cría de ganado mayor, particularmente de vacuno. Los primeros vaqueros eran esclavos. A la negrada se agregaban a veces indios de repartimiento. Conforme los latifundios se iban poblando de pequeños arrendatarios, los propietarios utilizaban su renta para reclutar a la mano de obra que necesitaban. La estrategia explotadora de los comerciantes encontraba su respuesta en la estrategia autonomista del campesinado. Las masas rurales buscaban, tal como ha sugerido Maurice Aymard, maximizar el autoabasto, la independencia de mercados controlados por otros, y minimizar el esfuerzo productivo: un esfuerzo que tan sólo servía para engrosar el bolsillo de otros.

Hacia mediados del siglo XVIII los comerciantes estrechaban el cerco de las masas rurales. Particularmente en el campo jarocho observamos una clara tendencia a ejercer el control más directo sobre los procesos productivos: una tendencia que se manifestaba en la incipiente transición de la producción de excedentes agrícolas de la economía campesina a unidades de

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producción no familiares. Muchos de los comerciantes veracruzanos que carecían de derechos de propiedad arrendaban tierras para sembrar algodonales. Algo parecido sucedía, aunque en menor escala, en la Mar del Sur donde cada vez más españoles producían grana y edulcorantes por su propia cuenta en parcelas arrendadas. Con tal de conseguir la mano de obra necesaria, los protagonistas de cambio querían sacar al campesinado de sus parcelas y llevarlo a vender más fuerza de trabajo. Esta política llevaba inevitablemente al conflicto con los justicias, los principales beneficiados del viejo sistema. Ahora bien, como las grandes casas del reino seguían por lo general la nueva estrategia y canalizaban el crédito de acuerdo son sus nuevos intereses, los funcionarios llevaban la de perder. Los propietarios se beneficiaban de dos maneras de los cambios. Por una parte sucedían a los funcionarios en el control del negocio usurero entre sus milperos. Por otra parte solían aprovechar la creciente competencia por la tierra, producto del crecimiento demográfico (que se aplica principalmente en términos de inmigración, un proceso por su parte vinculado con el deterioro de la situación de las masas rurales en el altiplano), de cambios en el manejo de la tierra en las comunidades y de la mayor incursión de no propietarios acaudalados – comerciantes y kúlaks – en la producción, primero para sustituir las rentas en días de trabajo por dinero en efectivo, luego para aumentar los cánones en metálico.

El triunfo de la renta era poco duradero. Antes de que terminara el setecientos, el movimiento empezó a tropezar con crecientes dificultades. Aprovechando la marginación del poder jurídico local y su subsiguiente desinterés en los procesos productivos, los campesinos que formaban parte de comunidades dotadas de tierras se zafaban poco a poco de las mallas de la explotación por los usureros españoles (aunque, en cuanto no emigraban a las ciudades, quedaban a veces atrapados en las redes que venían tendiendo desde siglos atrás grupos de indios acaudalados). El aumento descomunal de la renta propietaria provocaba poco después el retiro de los grandes arrendatarios y fomentaba, en las regiones donde los terratenientes ejercían un monopolio de facto sobre las tierras, el éxodo rural de aquellas capas campesinas que habían venido – muy a pesar de los grandes productores agrícolas – proletarizándose excesivamente durante la segunda mitad del siglo. Así, en un momento dado, también los ingresos de los terratenientes empezaron a contraerse. Al acercarse las huestes de Morelos, muchos costeños veían la posibilidad de vengarse de los agravios sufridos y de terminar de una vez con los comerciantes. Los movimientos armados fracasaban tanto en Sotavento como en la Costa Chica. No obstante la derrota militar, las masas rurales se consolidaban a raíz de la contrainsurgencia como campesinos y lograban minimizar su explotación. Más todavía: si admitimos una interdependencia mínima entre el nivel de vida de las masas y la evolución demográfica y si estamos en lo cierto con la tesis acerca de la renovada expansión de las poblaciones costeñas pasado 1800 podemos afirmar también que las masas rurales empezaron a vivir con cierto desahogo. La segunda década del siglo XIX marcó sin duda alguna el triunfo del campesinado frente a los comerciantes.

El puerto de Veracruz era la ciudad – la única en el ámbito de las costas – en el sentido de que los menos de sus habitantes se dedicaban al trabajo de campo. Este hecho fundamental exigía, de acuerdo con el planteamiento del trabajo, un análisis aparte. Siguiendo las tesis de Thompson insistimos en la importancia del mercado de abasto como el lugar donde se definían las clases urbanas. Por un lado estaba la plebe, las masas consumidoras, por el otro los comerciantes, los vendedores que acaparaban los excedentes rurales. En unos casos (maíz) se trataba de rentistas, en otros de intermediarios que compraban a su vez a los rentistas de Puebla (trigo), Cosamaloapan y Acayucan (carne de toro). Los primeros solían ser pequeños mercaderes al

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detalle, los segundos, en cambio, se reclutaban entre las grandes casas del comercio veracruzano. Gracias a su control sobre el gobierno urbano (que garantizaba también la definición del sistema fiscal y el manejo discrecional de los fondos municipales), estos últimos podían organizar los diferentes mercados de básicos según sus propias necesidades: donde la abundancia de la oferta amenazaba con desmoronar los precios se establecían monopolios, donde la escaza producción provocaba carestías, carestías susceptibles de alterar la paz social, se fomentaba el suministro con fondos públicos. Los grandes comerciantes del puerto controlaban también, directa o indirectamente (a través de los cuerpos eclesiásticos locales), el espacio habitacional. En cuanto a los procesos de producción, el gran comercio se limitaba a reglamentar, a través del ayuntamiento, algunas áreas estratégicas: en particular las panaderías y los servicios portuarios.

Los intereses primordiales de los comerciantes del puerto eran siempre el intermediarismo entre el reino y el exterior por una parte, la renta del campo jarocho por la otra. A la ciudad, se le asignaba básicamente el papel del puerto: en ningún momento se intentó implantar una política industrializadora. Así las cosas, los comerciantes querían impedir que la ciudad se poblara más allá de lo que ellos consideraban necesario para cubrir los servicios portuarios: las masas se necesitaban en el campo, no en la ciudad. A fines del siglo XVIII, la presión de la renta empezó a repercutir en el éxodo rural y la tradicional estrategia de la ciudad cara comenzó a fallar. Incapaces de contener los flujos migratorios, los comerciantes se pusieron a explotarlos. Con tal de garantizar el imperio de su ley en el nuevo contexto complementaron la tradicional política del teatro con sistemas policiacos. La distensión en el campo jarocho a partir de 1816 favoreció la recampesinación de aquellos que habían huido a la ciudad desde finales del siglo XVIII.

A través del estudio de la explotación y de la lucha de clases hemos venido reconstruyendo las sociedades costeñas del siglo de las luces, hemos venido definiendo el modo de producción imperante en estas regiones durante el setecientos. Siguiendo las reflexiones de Rosa Congost y con tal de no dar lugar a confusiones, hemos evitado el uso de términos como feudalismo y capitalismo por imprecisos. Al terminar el análisis sabemos que las sociedades costeñas eran sumamente rurales, que se trataba de sociedades desiguales en que algunos se apropiaban del trabajo de otros mediante supuestos derechos entorno al principal medio de producción, la tierra. Sabemos también que las costeñas eran sociedades complejas donde diferentes derechos enfrentaban a diferentes grupos. No obstante eso, comprobamos que los que controlaban en última instancia el ejercicio de todos los derechos eran los comerciantes. Frente a la corona y la iglesia, instituciones cuyos derechos administraban, los comerciantes formaban un frente unido, demostraban una inconfundible solidaridad de clase. En su seno, empero, existían intereses y proyectos divergentes, en particular entre comerciantes – propietarios y comerciantes-arrendatarios, entre comerciantes dotados de poder jurídico y político comerciantes que dependían de la instrumentación de este poder. La dinámica de los conflictos entre las deferentes facciones paralizaban en un momento dado, hacia 1800, el grupo en su conjunto y ampliaba las posibilidades de resistencia del campesinado. Este campesinado estaba lejos de construir un bloque homogéneo. Aunque la falta de fuentes impidió calar hondamente en las masas rurales si comprobamos la existencia de milperos pobres y de campesinos enriquecidos y descubrimos la función intermediaria que estos ejercían para su propio provecho entre aquellos y las clases dominantes.

Sabemos que en la ciudad de Veracruz, los ingresos de las clases dominantes procedían básicamente de la venta de los excedentes rurales, del alquiler del espacio urbano y de la

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fiscalización municipal) de ambos procesos. Las masas urbanas se explotaban fundamentalmente como consumidores. Ahora bien, también la sociedad urbana era una sociedad compleja. Ni los vendedores ni los consumidores eran grupos homogéneos. Para comprar, estos últimos necesitaban vender: los más fuerza de trabajo, unos pocos artículos artesanales. Señalamos cómo la lucha por la remuneración del trabajo oponía principalmente a consumidores con consumidores.

Al cabo de este trabajo sigo convencido – y espero haber convencido – que la historia humana es la historia de la lucha de clases y que una historiografía crítica e imparcial tiene que partir necesariamente de esta lucha. A través del análisis del desempeño de una sociedad concreta durante una época determinada he demostrado que la lucha de clases no es gratuita (como pretenden los apóstoles neoliberales del desarrollo) sino que es la expresión de las contradicciones en el seno de la sociedad: que se general por la voluntad de explotar de unos y por la resistencia a dejarse explotar de otros. He demostrado también que la explotación tiene múltiples facetas: que se vincula no sólo con el proceso de producción sino también con el de la circulación. He demostrado, en fin, que el mundo no siempre ha sido el mismo ni está encarrillado hacia un fin determinado (por mucho que lo nieguen los detractores de la República): que la dinámica de la lucha de clases, las iniciativas de los explotadores y las contrainiciativas de los explotados, lo transforman continuamente, lo crean y lo vuelven a crear día con día. Hombres y ciudadanos, somos dueños de una historia que hemos librado en tanto que historiadores de la tiranía del mercado.

Dejamos a los costeños en un momento en que las masas rurales consolidan su autonomía. Sus explotadores no tardarán en cobrar ánimo y lanzarles otro reto: impondrán las reformas, el orden (su orden) y el progreso (su progreso). Pero la historia no se parará allí y a la bella época de don Porfirio y doña Carmen seguirán los problemas de los albores del siglo XX y las revoluciones de Zapata y de Villa que tendrán en jaque a los explotadores. Una vez más, las conquistas de las masas se irán desmoronando y unos cuantos terminarán quedándose con el fruto del trabajo de todos. Pero la historia no se parar| aquí … Hay muchas historias que contar aún, ya que la dinámica de la historia está asegurada mientras continúe la explotación del hombre por el hombre.

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CUADROS

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Cuadro 1.1. Número de tributarios en diferentes territorios de la Costa de Sotavento, 1620/1625- 1743

Territorio 1620 1674 1677 1688 1695 1698 1797 1743

ACAYUCAN

Acayucan (parroquia) 214 1089

Ocuapan (parroquia) 219 302

COSAMALOAPAN

Acula, Cosamaloapan, Ismatlahuacan (pueblos) 110 220 234 151 531

TUXTLA

Cotaxtla (pueblo) 24 50

VERACRUZ

Tlacotalpan (pueblo) 76 132 163 172

Cuadro 1.2. Número de tributarios en los pueblos de las parroquias de la Costa Chica

Territorio 1620 1649 1664/

1690

1706 1743

ACAPULCO

Cacahuatepec 26 79

Coyuca 12 8

Tecoanapa 53 182

Tixtlancingo 29 44 29

AMUSGOS 182 148

ATOYAC 354 376

AYUTLA 116 196

CUAUTEPEC 80 252

Copala 11 0

Cuacoyolichan 9 35

Cuautepec 27 147

Cuilutla 17 36

Jalapa 16 36

Nexpa 19

IGUALAPA 376 223 239

Acalmani 32 13

Acatepec 22 71

Chacalapa 29 28

Chimalapa 15

Cuitlapa 22 31

Igualapa 69 64

Territorio 1620 1649 1664/

1690

1706 1743

Popoyoapan 1 15

Quacotzitengo 2

Quesquiapan 7

Quetzalapa 10 45

OMETEPEC

Acuinapila 9

Cochoapan 56 66

Huajintepec 22 36

Huilotepec 6

Huistepec 39 91

Ometepec 38 65

Santa María 11 25

Zacualpan 54 121

PINOTEPA DEL REY

Ayutla 13 20

Jicaltepec 24

Pinotepa del Rey 90 232

Potutla 12 24

Tlacamama 59 56

SOCHISTLAHUACA 87 295 392

Cuadro 1.3. Dinámica demográfica de algunas parroquias de la Costa de Sotavento, 1681-1743

Parroquia 1681 1743

Españoles Mulatos/mestizos Indios Españoles Mulatos/mestizos Indios

Alvarado 37 famílias 26.5 famílias 12 famílias 123 famílias (españoles) 11 famílias

Cosamaloapan 60 famílias 80 famílias 1394 indios 38 famílias 128 famílias 3413 indios

Tlacotalpan 54 famílias 28 famílias 142 famílias 223 famílias (españoles) 221 famílias

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Cuadro 2. Composición étnica de los territorios costeños de la Nueva España (porcentajes; Es – españoles, Me – mestizos, Mu – mulatos, In – indios)

Territorio 1743 1754 1777 1793 1803 1818

Es Me Mu In Es Me Mu In Es Me Mu In Es Me Mu In Es Me Mu In Es Me Mu In

ACAYUCAN (alcaldía mayor)

2.4 13.9 83.7 4.1 (ES) 30.5 65.4

Acayucan (partido) 3.7 18.6 77.7 1.2 26.4 72.4 3.8 (ES) 26.7 69.4

Chinameca (partido) 0.7 13.6 85.7 3.3 (ES) 19.1 77.6

COSAMAOALPAN (alacaldía mayor)

5.2 0.5 25.2 69.1 8.9 (ES) 37.1 54

Cosamaloapan (partido) 5.6 (MU) 19 75.4 9.5 (ES) 32.1 48.4

Chacaltianguis (partido) 3.9 (MU) 43.1 53 7.9 (ES) 45.6 46.4

VERACRUZ (alcaldía mayor)

Alvarado (partido) 91.8 (ES) (ES) 8.2 28.8 (ES) 69 2.2

Medellín (partido) 8.2 12.1 72.7 7

Tlacotalpan (partido) 59.2 (ES) (ES) 40.8 6.5 (ES) 49.2 44.3

Veracruz (partido) 47.3 (MU) 52.7 (MU) 38.6 22.1 29.1 10.2 42.8 26.8 30.4 (ME)

ACAPULCO (alcaldía mayor)

Acapulco (partido) 1.2 4 74.5 20.3

HUATULCO (alcaldía mayor)

5.4 (mu) 9.8 84.8

IGUALAPA ((alcaldía mayor)

0.8 1.8 17.9 79.5

Ayutla (partido) 1.5 6 27.9 64.6

Ayutla (pueblo) 1.8 7.5 35 55.6

Cuautepec (partido) 23.6 76.4 3.3 0.3 45.3 51.1

Cuautepec (pueblo) 100

Igualapa (partido) 1 29.7 69.3

Ometepec (partido) 2.2 4.2 13.3 80.3 1.5 1 24.6 72.9

Ometepec (pueblo) 6.6 12.4 38.6 43.4 3.7 2.1 61 33.2

356

Territorio 1743 1754 1777 1793 1803 1818

Es Me Mu In Es Me Mu In Es Me Mu In Es Me Mu In Es Me Mu In Es Me Mu In

Sochistlahuaca (partido) 100

JICAYAN (alcaldía mayor) 1.8 3.2 23.1 71.9 9.7 (MU) 18.7 71.6

Atoyac (partido) 1 2.4 0.8 95.8

Cortijos (partido) 1.3 0.8 26.1 71.7

Jamiltepec (partido) 1.5 2.4 24.9 71.2

Juquila (partido) 2.2 2.1 8.6 87.1

Pinotepa D.L. (partido) 2.7 97.3

Pinotepa del Rey (partido) 2.5 5.4 35.6 56.5

Tututepec (partido) 4.4 16.6 79

Tututepec (pueblo) 6.3 25.7 68

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Cuadro 3. Número de indios tributarios, 1743-1808 (por distritos)

Año Acapulco Acayucan Cosamaloapan Huatulco Igualapa Jicayan Tuxtla Veracruz

1743 433.5 1703 760 1000.5 1484

1746 2124

1752 950

1754 2157

1756 2227

1761 304

1762 946

1764 434 1683

1765 1874.5

1766 4335

1767 2520 998

1768 845.5 238

1771 2045

1777 2941

1784 2967 943.5 4682.5 2195 505

1786 448 659.5 1808

1790 3068.5 899 511

1792 4995 2323

1794 579 2071

1799 927 2177 545

1800 3099.5 2468

1801 2074.5 5271

1803 331

1804 568

1806 2247

1808 547.5

Cuadro 4.1. La población del distrito de Acapulco durante el siglo XVIII

Territorio 1777 1793 1830

Acapulco 2617 1208 4954

Cacahuatepec (San Marcos)

Ejido (Acapulco) 513 (Acapulco)

Sabana (Acapulco) 1172 (Acapulco)

San Marcos 1284 4903

Territorio 1777 1793 1830

Tecuanapa (San Marcos)

Tesca (Acapulco) (San Marcos)

Tixtlancingo (Acapulco)

Cuadro 4.2. La población del distrito de Acayucan durante el siglo XVIII

Territorio 1777 1830

Acayucan 4217 5645

Chinameca 779

Cosoleacaque 1595

Huimanguillo 3552

Ishuatlán 497

Jaltipan 1302

Mecatepec 640

Mecayapan 563 736

Minzapan 778

Territorio 1777 1830

Moloacán 104

Ocoapan 353

Oluta 745 698

Oteapan 857

Soconusco 745 1611

Territorio 1777 1830

Soteapan 1300 1665

Tecominoacán 329

Tejistepec 1741 2297

358

Cuadro 4.3. La población del distrito de Cosamaloapan durante el siglo XVIII

Territorio 1777 1830

Acula 929 602

Amatlán 771 661

Cosamaloapan 1362 3004

Chacaltianguis 1303

Ismatlahuacan 1151 647

Otatitlán 739

Sochiapan 342

Tesechoacán 2027

Tlacojalpan 498

Cuadro 4.4. La población del distrito de Huatulco durante el siglo XVIII

Territorio 1803 1830

Astata 189

Cuistepec 108

Ecatepec 152

Huamelula 1154

Huatulco 178 437

Olotepec 29

Pochutla 1267 1891

San Miguel 174 293

Tlacolula 546

Tonameca 489 269

Xadani 200 323

Zapotitlán 152

Cuadro 4.5. La población del distrito de Igualapa durante el siglo XVIII

Territorio 1742 1777 1793

Acalmani 42

Acatepec 269

Ayutla 691

Chaalapa 108

Cochoapan 256 310

Copala 83 47 58

Cosoyoapan 313

Cruz Grande (Nexpa) 194 374

Cuacoyolichan 121 81

Cuajinicuilapa 558 779

Cuautepec 561 879

Cuilutla 66 162

Cuitlapan (SM) 111

Cuitlapan (SP) 119

Huajintepec 115 410

Huehuetlan 172 358

Huehuetono 230

Huistepec 329 431

Igualapa 328

Jalapa 179 78

Jicayan de Tovar 29

Territorio 1742 1777 1793

Juchitán 116 583

Maldonado (Cuajinicuilapa) 468 714

Miahuichán 90

Minas 71

Nexpa 248 323 335

Ometepec 650 1538

Popoyoapan 145

Quetzalapa 84

San Cristóbal 55

San Martín 96

San Miguel 73

Santa María 80 133

Sochistlahuaca 378

Sochitonala 76

Tlacoachis 139

Tututepec 99

Zacualpan 462 796

359

Cuadro 4.6. La población del distrito de Jicayan durante el siglo XVIII

Territorio 1777 1782 1825 1830

Acatepec 262 266 425 348

Amialtepec 52 54 23 162

Amusgos 561 328 1079 1261

Atoyac 730 653 591 733

Cacahuatepec 494 345 400 621

Comaltepec 113 112 319 363

Cortijos 603 667 1796 2161

Cuixtla 124 105 82 72

Chayuco 432 392 389 729

Huasolotitlán 2098 2576 3822 2332

Huaspaltepec 628 639 451 491

Ipalapa 206 170 237 419

Iscapa 157 93 163 167

Ixpantepec 90 88 203 160

Ixtapa 185 188 130 121

Jacoa 498 507 738 1186

Jamiltepec 4542 4393 3683 3419

Jicaltepec 220 232 526 435

Jicayan 320 299 791 1029

Jicayan (SJ) 252 236 343 411

Jicayan (S) 78 80 96 149

Jocotepec 619 629 549 758

Juchatengo 533 468 406 375

Juquila 793 695 658 651

Lachao 207 224 287 309

Mechoacán 303 354 226 641

Nopala 71 85 315 99

Nutatiu 179 187 169 357

Nutio 108 109 90 223

Territorio 1777 1782 1825 1830

Pinotepa de Don Luís 680 546 1594 1624

Territorio 1742 1777 1782 1793

Pinotepa del Rey 2050 2159 2845 3705

Quiahije 270 305 491 592

San Gabriel 140 169 133 245

San Lorenzo 327 340 571 623

San Pedro 435 385 459 644

Santa Ana 80 85 49 89

Santa Cruz 124 113 118 136

Sayultepec 132 134 185 146

Siniyú 180 143 162 149

Tapestla 286 497

Tataltepec 338 316 642 817

Temascaltepec 268 260 709 761

Teotepec 709 761 921 947

Tepenixtlahuaca 166 183 163 173

Tepestlapa 191 198 123 362

Tetepec 709 784 479 1097

Tetepelcingo 171 166 366 434

Tiltepec 149 160 124 184

Tlacamama 253 277 1155 1075

Tulixtlahuaca 70 74 75 2810

Tututepec 1906 1781 2707 2810

Yeitepec 162 186 275 310

Yolotepec 96 72 126 129

Yosocani 157 150 222 212

Zacatepec (A) 777 718 660 1230

Zacatepec (SM) 444 425 921 947

Cuadro 4.7. La población del distrito de los Tuxtlas durante el siglo XVIII

Territorio 1777 1830

Catemaco 372 1090

Cotaxtla 789

Territorio 1777 1830

San Andrés 6401 9352

Santiago 7577

Cuadro 4.8. La población del distrito de Veracruz durante el siglo XVIII

Territorio 1742 1754 1777 1803 1818 1830

Alvarado 986 873 2373

Boca del Río 126 (Medellín) 241

Jamapa 458 (Medellín) 1053 297 215

Medellín 160 918 361 245 383

Saltabarranca (Tlacotalpan) (Tlacotalpan) (Tlacotalpan) 867

Santa Fe 84 230 281

Tlacotalpan 2142 2167 3006 3472

Tlalixcoyan 427 763 1887

Veracruz 4637 5141 7515

360

Cuadro 4.9. La población de los distritos costeños durante el siglo XVIII

Distrito 1742 1777 1782 1793 1803 1825 1830

Acapulco 9856

Acayucan 28680 24644

Cosamaloapan 9015 9894 9823

Huatulco 3833 5435

Igualapa 7538

Jicayan 26924 26997 28749 34786 39200

Tuxtla 16530 18808

Veracruz 29987 24516

Cuadro 5. Relación de masculinidad en las parroquias del distrito de la Nueva Veracruz, 1743

Parroquia Etnia Ïndice

Alvarado Todas las etnias 102

Medellín Todas las etnias 153

Tlacotalpan Indios 104

Tlacotalpan Otros 110

Tlalixcoyan Indios 138

Tlalixcoyan Otros 105

Cuadro 6. Origen de los novios en los matrimonios registrados en Otatitlán, 1754-74

Origen Indios Pardos Españoles y mestizos

Otatitlan 42 10 1

Europa 2

Oaxaca (intendencia) 13

Tabasco 1

Villas 1

Cuadro 7. Relación de masculinidad en algunos partidos de la Costa de Sotavaneto, 1777 (sólo adultos)

Parroquia Españoles, mestizos Indios Pardos Todos

Acayucan 174 94 102 96

Cosamaloapan 107 88 74 84

Medellín 130 127 128

Tlacotalpan 147 88 92 95

Cuadro 8. Origen de los novios en los matrimonios registrados en Otatitlán, 1785-1795

Origen Indios Pardos Españoles, mestizos

Otatitlan 15 23 11

Caracas (capitanía)

1

Europa 3

México (ciudad) 1 1

Origen Indios Pardos Españoles, mestizos

Oacaxa (intendencia)

3 2

Tabasco 2

Tuxtepec 3

Villas 2

361

Cuadro 9. Relación de masculinidad en la Costa de Sotavento, 1799-1803

Territorio Españoles, mestizos Indios Pardos Todos

Cosamaloapan (distrito) 110 96 96 99

Medellín (partido) 150 150

Tlacotalpan (partido) 86 103 108 107

Tlalixcoyan 138 138

Cuadro 10. Relación de masculinidad en los cantones de la Costa de Sotavento, 1830

Cantón Índice

Acayucan 95

Cosamaloapan 78

Huimanguillo 117

Veracruz 90

Cuadro 11. Relación de masculinidad en algunos partidos de la Costa Chica, 1777

Parroquia Españoles, mestizos

Indios Pardos Todos

Acapulco 191 102 94 98

Amusgos 150 108 123 111

Atoyac 97 106 106

Cortijos 188 112 113

Cuautepec 103 104 103

Huasolotitlan 109 103 104 103

Jamiltepec 146 87 108 94

Parroquia Españoles, mestizos

Indios Pardos Todos

Juquila 152 105 99 105

Ometepec 145 95 107 98

Pinotepa D. Luís

97 97

Pintepa Rey 96 90 102 95

Teotepec 73 102 102

Tututepec 108 95 98 96

Cuadro 12. Relación de masculinidad del distrito de Jicayan, 1777

Etnia Índice

Españoles 109

Indios 99

Pardos 107

Todos 103

Cuadro 13. Orígen de los novios en los matrimonios registrados en la vicaría de Pochutla/Tonameca, 1738-1767

Orígen Números absolutos Porcentajes

Pochutla/Tonameca 199 80.3

Costa Chica 3 1.2

Chontales 3 1.2

Origen Números absolutos Porcentajes

Istmo 1 0.4

Valle de Oaxaca 2 0.8

Sierra 40 16.1

Cuadro 14. Relación de masculinidad en asentamientos del distrito de Acapulco, 1793

Territorio Índice

Acapulco (puerto) 82

Coyuca (pueblo) 110

Coyuca (ranchos) 119

Ejido 131

Territorio Índice

Sabana 111

San Marcos 103

Ventas Camino de México 148

362

Cuadro 15. Relación de masculinidad en algunos partidos del distrito de Igualapa, 1793

Partido Españoles Mulatos

Ayutla 110 127

Cuautepec 121 130

Igualapa 90 117

Ometepec 126 111

Cuadro 16. Relación de masculinidad en algunos partidos del distrito de Jicayan, 1825

Partido Índice

Amsugos 106

Atoyac 95

Cortijos 115

Huasolotitlán 91

Partido Índice

Jamiltepec 101

Juquila 98

Pinotepa D. Luís 96

Pinotepa Rey 94

Cuadro 17. Origen de los novios en los matrimonios registrados en la vicaría de Pochutla/Tonameca, 1798-1850

Territorio Números absolutos Porcentajes

Pochutla/Tonameca 736 91.7

Costa Chica 10 1.2

Chontales 5 0.6

Istmo 1 01.

Territorio Números absolutos Porcentajes

Valle de Oaxaca 5 0.6

Sierra 43 5.3

Otros 4 0.5

Cuadro 18. Relación de masculinidad en el partido de Acayucan, 1777

Territorio Españoles y mestizos Indios Pardos Todos

Acayucan (pueblo) 173 93 75 86

Acayucan (ranchos) 121 121

Mecayapan 84 84

Oluta 97 97

Sayultepec 100 100

Soconusco 98 98

Soteapan 82 82

Tejistepec 99 99

Cuadro 19. Relación de masculinidad en el distrito de Cosamaloapan, 1803

Asentamiento Españoles y mestizos Pardos Indios Todos

Cosamaloapan (distrito) 110 96 96 99

Acula 88 88

Amatlán 122 108 110

Cosamaloapan (cabecera) 109 80 132 92

Cosamaloapan (ranchos) 149 145 149

Chacaltianguis 525 110 101 108

Ismatlahuacan 90 90

Otatitlan 72 101 87 95

Sochiapan 99 99

Tesechoacán 192 97 116 106

Tlacojalpan 114 114

363

Cuadro 20. Relación de masculinidad en algunos asentamientos de la Costa de Sotavento, 1830

Asentamiento Ïndice

Distrito de Acayucan

Acayucan (pueblo) 84

Acayucan (ranchos) 109

Cosoleacaque 99

Chinameca 107

Huimanguillo (pueblo) 81

Huimanguillo (ranchos) 101

Ishuatlán 97

Jaltipan 153

Mecayapan 83

Minsapan 79

Moloacán 97

Ocuapan (pueblo) 93

Oteaoan 85

Sayultepec 95

Soconusco 95

Asentamiento Ïndice

Tejistepec 92

Distrito de Cosamaloapan

Acula 89

Amatlán 84

Cosamaloapan 63

Ismatlahuacan 87

Otatitlan 111

Sochiapan 76

Tesechoacan 80

Tlacojalpan 90

Distrito de Veracruz

Alvarado 89

Medellín 128

Tlacotalpan 88

Tlalixcoyan 110

Veracruz 81

Cuadro 21. Origen de los hombres mayores de 16 años en la ciudad de Veracruz, cuadros urbanos I-III, 1791

Región Españoles, mestizos Mulatos Indios

Veracruz 8.3 % 42.3 % 0.8 %

Barlovento, Sotavento 1.2 % 6.6 % 0.7 %

Nueva España 13.2 % 14.6% 36.1 %

Caribe 1 % 3.6 %

Europa 69.4 %

Filipinas 0.4 % 1.5 %

Guinea 6.6 %

Perú 0.2 %

Desconicido 6.3 % 24.8 % 57.1 %

Cuadro 22. Origen de las mujeres mayores de 16 años en la ciudad de Veracruz, cuadros urbanos I-III, 1791

Región Españolas, mestizas Mulatas Indias

Veracruz 20 % 53.6 % 2.9 %

Barlovento, Sotavento 3 % 15.5 % 4.3 %

Nueva España 13.4 % 11.9 % 22.9 %

Caribe 1.1 % 2.1 %

Centroamérica 0.2 %

Europa 3.2 %

Guinea 9.8 %

Desconocido 59.1 % 7.1 % 69.9 %

364

Cuadro 23. Origen de los novios en los matrimonios contraídos en la ciudad de Veracruz

Región 1757, 1760, 1762 y 1764 1798, 1804 1810, 1816

Números absolutos % Números absolutos % Números absoluto %

Veracruz y Sotavento 10 8.9 10 9.8 15 11.3

Nueva España 22 19.6 32 30.4 45 33.8

Caribe 2 1.8 2 1.5

Centroamérica 1 0.9

Europa 72 64.3 47 46.1 56 42.1

Filipinas 3 2.9 1 0.7

Desconocido 5 4.5 17 6.9 12 9.1

Cuadro 24. Origen de las novias en los matrimonios contraídos en la ciudad de Veracruz

Región 1757, 1760, 1762 y 1764 1798, 1804 1810, 1816

Números absolutos % Números absolutos % Números absoluto %

Veracruz y Sotavento 79 70.5 42 41.2 34 27.9

Barlovento, Sotavento 6 5.3 18 17.6 17 13.9

Nueva España 14 12.5 30 29.4 50 41.0

Caribe 1 0.8 3 2.5

Europa 2 1.6 47 46.1 5 4.1

Desconocido 10 9.3 12 11.8 9 7.3

Cuadro 25. Las estructuras ocupacionales en Alvarado y Tlacotalpan, 1831

Oficio Tlacotalpan Alvarado

Números

absolutos

% Números

absolutos

%

Artesanos 263 29.8 46 7

Canoeros 57 6.5 55 8.3

Comerciantes 45 5.1 24 3.6

Domésticos 20 2.3 69 10.4

Fabricantes 30 3.4

Oficio Tlacotalpan Alvarado

Números

absolutos

% Números

absolutos

%

Labradores 102 11.6 140 21.2

Militares 45 5.1 78 11.8

Pescadores 81 12.3

Otros 5 0.4 3 0.5

Total 883 100 661 100

Cuadro 26. Las estructuras ocupacionales en el puerto de Acapulco, 1793

Oficio Negros y mulatos

Españoles

Números absolutos

% Números absolutos

%

Albañiles 7 3.7

Armeros 1 0.5 1 3.2

Arrieros 1 3.2

Barberos 1 3.2

Buzos 1 0.5

Calafates 2 1.1

Carpinteros 7 3.7

Cirujanos 1 3.2

Escribanos 1 3.2

Funcionarios reales

2 1.1 5 16.1

Oficio Negros y mulatos

Españoles

Números absolutos

% Números absolutos

%

Labradores 101 54.2 2 6.5

Mercaderes 1 0.5 11 35.6

Músicos 1 0.5

Operarios 46 24.7 2 6.5

Panaderos 3 1.6

Pescadores 2 1.1

Salineros 1 3.2

Sastres 3 1.6 3 9.7

Toneleros 1 0.5

Veleros 4 2.1

Zapateros 3 1.6 1 3.2

365

Cuadro 27. Las estructuras ocupacionales en el distrito de Jicayan o Jamiltepec, 1826

Oficio Número de oficiales

Albañiles 5

Carpinteros 9

Herreros 7

Panaderos 4

Pintores 1

Plateros 6

Sastres 16

Silleros 1

Talabarteros 3

Tejedores 3

Zapateros 5

Cuadro 28. Las estructuras ocupacionales en la ciudad de Veracruz, 1791 y 1831

Oficio 1791 1831

Números absolutos % Números absolutos %

Artesanos 357 13.5 487 10.4

Comerciantes, dependientes, corredores, pulperos, viandantes 355 13.4 634 13.5

Domésticos 490 18.7 754 15.5

Funcionarios 53 2.0 222 4.7

Jornaleros 1343 50.5 2402 51.3

Labradores 8 0.3

Oficiales del ejército 113 2.4

Pescadores 8 0.3 44 1.0

Otros 36 1.3 36 0.8

Total 2658 100 4579 100

Cuadro 29. Las actividades de los 355 artesanos declarados de la ciudad de Veracruz, 1791

Oficio Oficiales %

Aguadores 1 0.3

Albañiles 27 7.6

Barberos 19 5.3

Cafeteros 1 0.3

Calafates 3 0.8

Canastilleros 2 0.5

Canteros 5 1.4

Carboneros 1 0.3

Cargadores 19 5.3

Caniceros 4 1.1

Carpinteros 54 14.7

Carreteros 8 2.2

Cereros 2 0.5

Cocineros 8 2.2

Cocheros 1 0.3

Confiteros 11 2.9

Oficio Oficiales %

Chocolateros 7 1.9

Doradores 1 0.3

Faroleros 2 0.5

Herreros 9 2.5

Panaderos 27 7.6

Pedreros 7 1.9

Peluqueros 3 0.8

Pintores 4 1.1

Plateros 13 3.6

Sastres 46 12.9

Silleteros 1 0.3

Talabarteros 5 1.4

Toneleros 8 2.2

Torneros 1 0.3

Zapateros 57 17

366

Cuadro 30. Estructuras de la propiedad en el distrito de Acayucan, 1831

Asentamiento Condición

jurídica

Tierras propias

en leguas

(1 legua – 1755 ha)

Existencia

de título

Acayucan Pueblo 1 Sí

Cosoleacaque Pueblo 7 Sí

Chinameca Pueblo 6 Sí

Huimanguillo Pueblo 4.5 Sí

Ishuatlán Pueblo 12 No

Jaltipan Pueblo Tiene Sí

Mecayapan Pueblo 96 Sí

Minsapan Pueblo 5 Sí

Moloacan Pueblo 0

Ocuapan Pueblo 0.12 ?

Oluta Pueblo 14 Sí

Otapan Pueblo 1 Sí

Sayultepec Pueblo 24 Sí

Soconousco Pueblo 12 Sí

Soteapan Pueblo 99 Sí

Tecominhuacan Pueblo 0.17 Sí

Tejistepec Pueblo 2 Sí

Zanapa Pueblo 0

Arroyo Hondo Ranchería ?

Caobanal Ranchería ?

Chiocacan Ranchería 0.02 ?

Macohuite Ranchería ?

Montaña Ranchería

Monte de Oro Ranchería ?

Naranjos Ranchería Tiene ?

Ocuapan Ranchería ?

Ostitan Ranchería 0.34 ?

Palotal Ranchería 0

Puente Ranchería 0

Tigrera Ranchería ?

Almagres Hacienda Tiene ?

Calabozo Hacienda 7 Sí

Cuatotolapan Hacienda 21.17 Sí

Nopalapan Hacienda 35 Sí

Pedregal Hacienda 1 ?

Rosario Hacienda 2 Sí

San Antonio Hacienda 1 Sí

San Felipe Hacienda 21 ?

San José Hacienda 3 Sí

Santa Catalina Hacienda 5 ?

Solcuautla Hacienda 60.1 Sí

367

Cuadro 31. Noticias sobre los terratenientes costeños, siglos XVI-XIX (d – devuelto a; h – heredado a; p – propiedad de; r – rematado en; v – vendido a)

Hacienda Distrito Año del documento

Transacción Propietario Residencia del propietario

Apango Huatulco 1801 P Juan de Siga Oaxaca

Apango Huatulco 1810 P Juana Méndez, viuda de Siga Oaxaca

Buenavista Veracruz 1720 P Martín de Goycoechea Veracruz

1746 V Antonio Erauzo, clérigo Veracruz

1790 P Cristóbal Barragán Veracruz

1804 V Santiago Guerola Veracruz

Calabozo Acayucan 1777 P Tomás Gómez

1831 P Bernardo Franyuti Acayucan

Copala Igualapa 1651 P Alonso de Alaves

1702 P José de la Cruz Barbera

1721 P Pedro Renderos Puebla

1789 P Coronel Maldonado Puebla

Cortijos Igualapa/Jicayan Sigo XVI P Mateo de Mauleón

1789 P Mariscal de Castilla Puebla

Cuatotolapan Acayucan 1757 P Juan B. Franyuti Acayucan

1831 P Bernardo Franyuti Acayucan

Cuyucuenda Veracruz 1708 R Francisco Aguirre Puebla

1756 V Fernando Rivadaneyra Puebla

1757 D Ana Magdalena de Aguirre, viuda de Francisco de Aguirre

Puebla

1786 P Obra Pía Puebla

1804 P Juan B. Del Río et al. Tlalixcoyan

1809 P Francisco Pérez de Limia Veracruz

Chiltepec Cosamaloapan Siglo XVI P Lorenzo Gómez de Espinosa Cosamaloapan

1712 P Juan Gómez de Espinosa Cosamaloapan

1777 P Juan Manuel de Espinosa Cosamaloapan

1802 P Remigio Fernández Veracruz

Estanzuela Cosamaloapan 1610 P Fernando Rivadaneyra Tuxtla

1729 P Fernando Rivadaneyra Tepeaca

1777 P Pedro Ovando

Guerrero Cosamaloapan Siglo XVI P Juan Luyando Cosamaloapan

1777 P Luís de Luyando

1803 P Manuel de Luyando

1804 V Remigio Fernández Veracruz

Jato Veracruz Siglo XVII P Mayorazgo de Juan Sarmiento

1746 P Mayorazgo de Juan Sarmiento

1810 P Juan Fernández Veracruz

Lomas Cosamaloapan 1692 P Famiília Rivadaneyra Puebla

1704 R Nicolas Victoria y Salazar, clérigo

1716 V Francisco de los Santos Cosamaloapan

1742 R Pedro Antonio de Rojas Veracruza

1768 R Cayetano B. Bravo Cosamaloapan

Nopalapan Acayucan Siglo XVI P Juan Medina Tlacotalpan

1777 P Conde de Medina México

1803 P Conde de Medina México

368

1831 P Bernardo Franyuti Acayucan

Hacienda Distrito Año Transacción Propietario Residencia del propietario

Nuestra Señora del Buen Suceso

Acapulco 1642 R Pablo de Carrascosa Acapulco

1680 R Francisco Marcelo Tecpan

1703 R Nuestra Señora de la Limpia Concepción, convento

México

1757 V José Sánchez García Acapulco

1769 P José Sánchez Espinosa, clérigo México

1800 V Juan José Galeana Zacatula

Paso de Ovejas Veracruz 1766 P San Francisco Javier, convento Veracruz

1811 P Francisco Arrillaga Veracruz

San Antonio Acayucan 1768 P Juan de Torres Acayucan

1831 P Luciano Torres Acayucan

San Felipe Michiapan Acayucan 1775 P José Anselmo Franyuti, clérigo Acayucan

1776 P Manuel Franyuti Acayucan

1831 P Teresa Franyuti Acayucan

San Jerónimo Acapulco 1670 P Bernardo Ruiz Acapulco

San Marcos Acapulco 1721 P Miguel Gallo Acapulco

1732 P José Eusebio Gallo, clérigo México

1778 V Francisco Palacio y Castillo México

1791 V José Francisco Cosío, Gregorio González

San Marcos

1799 D Herederos de Palacio y Castillo

San Nicolás Sacapesco

Cosamaloapan 1694 P José de Villaseca Tesechoacán

1777 P Conde de Medina México

1803 P Conde de Medina México

San Nicolás Huatulco 1692 P Domingo Noriega Oaxaca

San Pedro Huatulco 1790 P Luís Ramírez Oaxaca

Santa Catalina de los Jara

Acayucan 1777 P Valerio de Jara Santa Catalina

1831 P Família de Jara

Santa Catalina de los Ortizales

1777 P Família Ortiz Acayucan

1831 P Família Ortiz Acayucan

Santa Fe Veracruz Siglo XVII P Mayorazgo de Santa Fe

1810 V Ayuntamiento de Veracruz Veracruz

Solcuautla Acayucan 1748 P Diego Fontanes Acayucan

1777 P Fernando Fernández Solcuautla

1806 P Francisco Arellano Tlacotalpan

1808 P Prisciliano Terán, clérigo

Toluca/Paso de Ovejas

Veracruz 1720 P Martín de Goycoechea Veracruz

1746 V Convento de Belén Veracruz

Tunilla Veracruz Siglo XVII P Mayorazgo de Santa Fe

1810 V Ayuntamiento de Veracruz Veracruz

1817 P José Domingo Izaguirre Veracruz

Tuxtla Tuxtla Siglo XVI P Marqueses del Valle

1844 P Luís Ruiz

Uluapan Cosamalopaan Siglo XVI P Alonso de Estrada

1777 P Marqueses de Uluapan

369

Hacienda Distrito Año Transacción Propietario Residencia del propietario

Uluapan 1832 V José Antonio Bravo, clérigo

Zapotal Veracruz 1681 P Francisco peralta y Navarra

1695 P Francisco de Porras y Aparicio México

1696 R José Contreras y Chávez

1698 ¿ Miguel Tovar

¿ V Isidro Romero de Avla

¿ V Juan Vidal

¿ V Juan Gómez de Espinosa Cosamaloapan

¿ ¿ José de Villaseca Cosamaloapan

1735 R Convento de San Agustín Veracruz

1792 P Convento de San Agustín Veracruz

Cuadro 32. La fragmentación de las comunidades de indios en el siglo XVIII. Solicitudes de autonomía

Año Cabecera Asentamiento solicitante Estatus

1705 Tlacamama Ixcapa Sujeto

1712 Tututepec Siniyú Subcabecera

1723 Tlacamama Ixcapa Subcabecera

1723 Juquila Zacatepec Subcabecera

1725 Jicayan Tulixtlahuaca Subcabecera

1754 Tututepec Chayuco Subcabecera

1758 Pinotepa del Rey Yocoa Sujeto

1765 Ometepec Zacualpan Subcabecera

1765 Ayutla Cuautepec Subcabecera

1778 Jicayan San Juan subcabecera

Cuadro 33. Los hatos de común a fines de la colonia e inicios del período independiente

Jurisdicción Número de Pueblos

Pueblos que tienen en algún momento ranchos de común

Año Número de animales

Acapulco 5 Tecoanapa 1796 40

Huatulco 12 Astata 1832 Corto número de ganado mayor

Pochutla 1832 30 cabezas de ganado mayor

Igualapa 29 Ayutla 1776 32 cabezas

Cuapinolas 1776 35 cabezas

Cuautepec 1776 140 cabezas

Cuilutla 1776 10 yeguas

Jalapa 1776 11 cabezas

Miahuichan 1776 36 cabezas

San Martín 1776 16 cabezas

Tonala 1776 183 cabezas de vacuno, 15 caballos

Tututepec 1776 214 cabezas

Jicayan 47 Cuixtla 1802

Juquila 1802

San Gabriel 1802

Teotepec 1802

Tiltepec 1802

Zacaltepec 1802

370

Cuadro 34. Los bienes de las cofradías de los pueblos costeños a fines del siglo XVIII

Jurisdicción Número

de pueblos

Pueblos que tienen

en algún momento cofradías

Año Número

de cofradías

Ranchos Cabezas

de ganado

Caudales (en pesos)

Acapulco 5 Cacahuatepec 1803 2 2 393 589

Coyuca 1803 1 1 33 0

Tesca 1803 1 1 400 277

Tixtlancingo 1803 2 3

Huatulco 12 Huamelula 1797 1

Huatulco 1803 3 1 225 24

Pochutla 1803 7 1 177 63

San Miguel 1803 2 1 116 16

Santa María Magdalena 1803 5 1 16 19

Tonameca 1803 3 1 88 29

Xadani 1803 2 2 590 14

Igualapa 29 Ayutla 1776 1 1 59 83

Cochoapan 1776 1 1 10 0

Cuapinol 1776 2 1 38 76; 22

Cuautepec 1776 2 1 170 ?

Cuilutla 1776 1 1 22

Huajintepec 1776 2 0 0

Huehuetono 1776 1 0 ?

Huistepec 1776 2 ? ?

Igualapa 1780 2 ? ?

Ometepec 1776 2 1 12 0

San Cristóbal 1776 1 1 33 0

Santa María 1776 2 1 21 0

Sochistlahuaca 1776 2 1 7 ?

Tlacoachis 1776 1 1 20 0

Zacualpan 1776 3 1 8 0

Jicayan 47 Huasolotitlan 1802 6

Jamiltepec 1802 Varios

Panixtlahuaca 1802 2

Quiahije 1802 1

San Juan Colorado 1802 2

Teotepec 1802 2

Tepestlapa 1802 1

Tututepec 1802 4

Yosoacani 1802 1

Acayucan Acayucan 1779 5 1 140 6325, 5502, 862, 687, 170

Moloacán 1787 7 5 669 8994 (total)

Olutla 1779 1 0 772

Sayultepec 1779 2 0 220, 179

Soconusco 1779 1 0 668

Tequecistepec 1779 1 0 2454

Tuxtla San Andrés 1776 3 (o más)

Santiago 1776 2 (o más)

Veracruz Tlacotalpan 1806 3-4

371

Cuadro 35. Producto de diferentes tipos de alcabalas (en pesos)

Distrito Año Venta de productos de la tierra

Introducción/venta de productos de importación

Venta de bienes raíces

Acayucan 1780 2371.2 3715.3 140.3

Cosamaloapan 1730 90 214.2

Cosamaloapan 1781 4018 5955.4

Cuadro 36. Producto de las alcabalas del distrito de Veracruz (promedios decenales, en pesos)

Período Valor absoluto Valor deflacionado Índice (deflacionado)

1660-69 150124 139219 100

1670-79 75117 12191 87

1680-89 39197 46528 33

1690-99 76955 65400 47

1700-09 194000 246257 177

1710-19 235572 211700 152

1720-29 343207 433649 311

1730-39 264604 302640 217

1740-49 305280 294039 211

1750-59 528308 612547 444

1760-69 945725 1239148 890

1770-79 1870396 1740419 1250

1780-89 4610555 2926236 2102

1790-99 3801291 2719099 1953

Cuadro 37. Producto de las alcabalas cobradas en diferentes distritos costeños, siglo XVIII (promedios decenales, en pesos)

Distrito 1740-49 1760-69 1770-79 1790-99

Valor absoluto

Valor deflacionado

Valor absoluto

Valor deflacionado

Valor absoluto

Valor deflacionado

Valor absoluto

Valor deflacionado

Acapulco 1700 1637 1967 2577 1700 1581 15979 11430

Acayucan 285 274 829 1086 1111 1033 5129 3669

Cosamaloapan 285 274 1031 1351 1275 1186 7380 5279

Igualapa/Jicayan 1050 1011 1503 1969 4169 3904 6475 4631

Tuxtla 410 395 515 675 900 837 3496 2501

Cuadro 38.1. Producto del diezmo de las colecturías de Ometepec, Jamiltepec, Juquila, Cortijos, siglo XVIII

Período Valor absoluto Valor deflacionado

1700-1709 3711.5 4844.2

1710-1719 4851.3 4463.8

1720-29 3873.6 5031.7

1730-39 4719.7 5550.6

1740-49 5353.5 5550.6

Período Valor absoluto Valor deflacionado

1750-59 5599.0 6675.0

1760-69 6101.0 8219.0

1770-79 Sin datos

1780-89 Sin datos

1790-99 6405.2 4711.0

372

Cuadro 38.2 Producto del diezmo del obispado de Oaxaca, siglo XVIII

Período Valor absoluto Valor deflacionado

1700-09 42043.5 54875.2

1710-19 48921.8 45014.4

1720-29 50610.9 65753.4

1730-39 55535.9 65312.5

1740-49 58475.6 57911.4

Período Valor absoluto Valor deflacionado

1750-59 58640.6 69910.5

1760-69 64055.1 86298.5

1770-79 76570.4 73260.6

1780-89 81846.5 53413.1

Cuadro 39. El producto quinquenal de los derechos reales sobre la iglesia novohispana (novenos, bulas, vacantes) en pesos, 1760-1815

Período Valor absoluto Valor deflacionado

1761-65 1675723 2227591

1766-70 1369138 1910027

1771-75 1821958 1559704

1776-80 1988876 2110646

1781-85 2430784 2110646

1786-90 8314069 3989297

Período Valor absoluto Valor deflacionado

1791-95 4078672 3268728

1796-00 38495548 22825760

1801-05 8650184 5991404

1806-10 11308060 5392032

1811-15 8385281 3262754

Cuadro 40. Los partidos eclesiásticos en las costas novohispanas y su asignación a los obispados de Oaxaca, México y Puebla

Jurisdicción Partidos existentes a mediados del siglo XVII

Obispado Partidos nuevos establecidos hasta mediados del siglo XVIII

Obispado Paridos nuevos establecidos hasta 1830

Obispado

Acapulco Acapulco México Coyuca México

Huatulco Huamelula Oaxaca

Igualapa Ayutla Puebla Coilutla Puebla

Igualapa Oaxaca

Ometepec Oaxaca

Sochistlahuaca Oaxaca

Jicayan Amusgos Oaxaca Juquila Oaxaca

Ayutla Oaxaca Los Cortijos Oaxaca

Jamiltepec Oaxaca Teotepec Oaxaca

Pinotepa de D. Luís Oaxaca

Pinotepa del Rey Oaxaca

Acayucan Acayucan Oaxaca Soteapan Oaxaca

Agualulcos-Ocuapan Oaxaca

Tenantitlán-Chinameca Oaxaca

Cosamaloapan Cosamaloapan Puebla Otatitlán Oaxaca

Chacaltianguis Oaxaca

Tuxtla Santiago Oaxaca Cotaxtla Puebla

Rinconada Puebla

San Andrés Oaxaca

Veracruz Alvarado-Tlacotalpan Puebla Tlacotalpan Puebla

Veracruz Puebla Tlalixcoyan Puebla

Medellín-Tlalixcoyan Puebla

San Juan de Ulúa Puebla

373

Cuadro 41. Actividades del alto mando de las milicias de la 4ª división de la Mar del Sur, 1795

Nombre Grado Actividad Vecindario

Manuel Ibarra Capitán Comerciante y ganadero Ometepec

Manuela gayangos Capitán Comerciante Jamiltepec

José Sánchez P. Capitán Ganadero Juquila

Juan M. Calleja Capitán Comerciante de grana Tututepec

Domingo Gómez Capitán Comerciante Huazolotitlán

Juan Montalban Capitán Comerciante Pinotepa del Rey

Francisco Tellechea Teniente 1º Pulpero Acapulco

Joaquín Montoya Teniente 1º Comerciante Igualapa

Santiago Candiani Teniente 2º Comerciante Jamiltepec

Juan Equesquira Subteniente Comerciante, trapichero Amusgos

Cuadro 42. Deudas de Juan de Mier y Alveas, alcalde mayor de Igualapa, 1704

Deudas

(en pesos)

Acreedor Razón

1700 Antonio de San Román, Oaxaca

Vale y cuenta de libro

1000 Gaspar Rodríguez, Oaxaca

Sin instrumento

791 Cristóbal Gándara, Igualapa

Sin instrumento

Deudas Acreedor Razón

140 Juan Muñoz, Igualapa Sin instrumento

? Agustín de Palma, México Cuenta corriente

? Juan Gutiérrez, Puebla Cuenta corriente

? Pedro Ortiz, Igualapa, cura Cuenta corriente

Cuadro 43. Comisos registrados en la caja real de Veracruz

Período Cantidad (en pesos)

1745-49 16124

1750-54 458

1755-59 28430

1760-64 97283

1765-69 51350

1770-74 50880

1775-79 87286

Período Cantidad (en pesos)

1780-84 14264

1785-89 25767

1790-94 18939

1795-99 35177

1800 22662

1805 3863

1807-08 793441

Cuadro 44. Transferencias de comerciantes de Veracruz a sus colegas de Oaxaca, mediante el sistema de las cajas reales, 1794-1800

Año Transferencias desde Veracruz

Otras transferencias

1794 250000 102900

1795 188000 111949

1796 95782 4692

Año Transferencias Veracruz Otras

1797 71000 217553

1798 272257 155839

1799 254800 116674

1800 115560 164355

Cuadro 45. Préstamos de instituciones eclesiásticas de la ciudad de Oaxaca a costeños

Año Monto (en pesos) Prestamista Beneficiado Residencia del beneficiado

1671 1300 Colegio Regina Coeli Martín Echazarreta Igualapa

1688 2000 Colegio Regina Coeli Cura de Juquila Juquila

1703 500 Obra Pía de la Catedral Cura de Sochistlahuaca Sochistlahuaca

? 5000 Convento de Santa Catarina Miguel Parejón, alcalde mayor Huatulco

? 2000 Capellanía sita en Santa Catarina Miguel Parejón, alcalde mayor Huatulco

374

Año Monto (en pesos) Prestamista Beneficiado Residencia del beneficiado

1772 3000 Convento San Juan Diego Morales, alcalde mayor Huatulco

1773 800 Obra Pía Fiallo Felipe Villasaña Jamiltepec

1773 1000 Convento Santa Catarina Cura de Yeitepec Yeitepec

1775 3700 Convento San Juan José de Ayala ?

1782 4000 Juzgado de Capellanías Tomás de Villasana, alcalde mayor Huatulco

1792 500 Juzgado Capellanías Tiburcio Cárcamo ?

1792 24561 Juzgado Capellanías Baltasar Ruiz Veracruz

1793 2000 Juzgado Capellanías Bárbara González Pinotepa del Rey

? 1000 Colegio Niñas Antonio Orbaneja, alcalde mayor Jicayan

1799 4000 Colegio Niñas Juan Montalbán Amusgos

1809 8000 Obra Pía Fiallo Miguel Arechabaleta Veracruz

1811 4000 Obra Pía Fiallo Lorenzo de la Torre Veracruz

Cuadro 46. Valor de las hipotecas de la iglesia sobre algunas haciendas costeñas

Hacienda Año Valor de la propiedad (en pesos)

Hipotecas eclesiásticas (en pesos)

Apango 1810 5500 5500

Cuatotolspsn 1764 44075 9000

Cuyucuenda 1756 68000 33850

Las Lomas 1713 10000 7000

San Felipe Michapan

1780 6668 3000

San Marcos 1784 52800 20866

Zapotal 1696 34500 28893

Zapotal 1735 28893 28893

Cuadro 47. Dinero en efectivo, plata y deudas pasivas (en pesos) en inventarios

Año Propietario Actividad principal

Valor inventario

Dinero Plata, alhajas

Deudas activas

Deudas pasivas

1762 Manuel A. Alarcón Comerciante 32155.5 566.5 500 12443.5

1767 Cristóbal González Carpintero 1457 0.7 143.4

1773 Miguel Valenzuela Ganadero 1197.5

1777 Francisco Díaz Comerciante 3847.2 425 557

1778 Ana M. Aguirre ? 478.7

1778 Quiteria Polo Ganadera 486 249.4

1780 Ignacio Goa Ganadero 1101 586

1783 Ana Hdez Palacios Comerciante 12261 885.2 15407.4 10745.4

1783 José Parejas Ganadero 4452 100.4

1783 Juan Julián López Ganadero 813.7 39.7

1785 Bernardo Romero Ganadero 1775 354

1785 Diego José Perea Ganadero 3925.6 27 329.4

1785 Manuel de Loyo Ganadero 3028.6 38

1787 Antonio Hernández

? 240

1787 Domingo Limón Ganadero -4119 273.5 5984.3

1788 M. Antonia Lagos Ganadera 2984.5 1194.2 914.1

1788 Pedro González Anadero -316.2 289.1 2761

1792 Pedro García Ganadero 205.3 12

1794 Agusín Reyes Ganadero 689.4 172.2

1795 Diego Sánchez Comerciante 6286.1 365.7 1409.6

375

Cuadro 48. Deudas de Juan de Montalbán, vecino de Cacahuatepec, 1802

Monto de la deuda (en pesos)

Acreedor Fecha contracción

4000 Clavería de Oaxaca 1799

4000 José Guergues, Tlaxiaco 1800

1600 Diego Rodríguez (casa mortuaria de)

1800

1300 Francisco Garnotegui, Ometepec (justicia)

1802

800 Pedro Carrasequeño, Tlaxiaco

1800

600 Jerónimo de Larriaga, Juxtlahuaca, justicia

?

Monto de la deuda

Acreedor Fecha contracción

500 José Ibarra, Ometepec 1802

437 José Eguisquira, Jamiltepec, justicia

1802

300 Manuel Capitán, Oaxaca 1798

300 Juan José de Parra, Amusgos

?

160 Francisco Dolz, Jamiltepec

?

Cuadro 49. Precios al consumidor de artículos de uso común en el puerto de Acapulco, 1761-1801

Año Tasajo (reales/

arroba)

Brea (pesos/

quintal)

Alquitrán (pesos/

quintal)

Pescado salado (reales/

arroba)

1761 24 18

1762 24 19

1765 22 12 10 22

1766 22 22

1768 16 9 16

1769 9 16

1770 16 16

1771 16 8 16

1773 8

1774 16 16

1775 18 16

1776 18

1779 19.5

Año Tasajo Brea Alquitrán Pescado

1780 19 8

1781 19.5

1785 29

1786 19

1787 18

1788 18

1789 10

1790 18

1792 18

1794 22 17

1795 27

1797 27

1798 27 12

1799 27 16

1801 16 12

Cuadro 50. Los bienes de ganaderos de Tlacotalpan según los inventarios post mortem (1780-1795)

Nombre Cabezas vacuno Cabezas total Valor ganado en pesos Valor rancho en pesos Valor bienes

Ignacio Goa 107 143 868 1101 ?

Nicolás Lilí 227 316 1700 1750 1905

Juan J. López 111 124 857 910 1068

José Parejas 356 485 3646 3646 4092

Diego José Perea ? ? 3364 3922 4255

Bernardo Romero 145 175 1260 1260 1775

Manuel de Loyo 259 ? 2046 2061 3028

Juan J. Reyes 487 590 3210 3255 3255

M. Antonia Lagos 305 399 1993 1993 3898

376

Cuadro 51. Las reservas ganaderas de las haciendas acayuquenses en 1777 y 1831

Latifundio Vacunos 1777 Vacunos 1831 Caballares 1777 Caballares 1831 Mulares 1777 Mulares 1831

Cuatotolapan 20854 19000 1383 4000 200 285

Nopalapan 21000 30000 1516 4000 2 180

San Antonio 1500 845 (1826) 524 90 (1826) 0 4 (1826)

San Felipe 1680 1300 79 100 9 18

Sta. Catalina de los Jara 2700 1000 470 10 100 2

Sta. Catalina de los Ortiz 968 Poco 66 Poco 9 Poco

Cuadro 52. Valor de las tiendas que se venden entre 1806 y 1819 en el puerto de Veracruz

Valor (en pesos) Número de casos %

-500 13 8.4

501-1000 4 26.5

1001-1500 20 12.9

1501-2000 23 14.8

2001-2500 20 12.9

Valor (en pesos) Número de casos %

2501-3000 10 6.5

3001-5000 17 11.0

5001-10000 8 5.2

10001-15000 2 1.3

15001-20000 1 0.5

Cuadro 53. Consumo anual y precios base de la harina en Veracruz, 1756-1820

Año Consumo (en tercios)

Precios base en fechas determinadas (pesos/tercio de 8 arrobas)

1756 8968

1760 8968

1763 10064

1772 11872

1773 10320

1777 12 (10.11.)

1778 12 (28.4.), 11 (27.8.), 10 (18.12.)

1779 11664 11 (22.1.), 13 (22.5.), 14 (23.9.), 15 (18.11.)

1780 16 (14.3.), 17 (16.3.), 19 (22.5.)

1781 19 (5.2.), 18 (5.7.), 14 (23.8.)

1782 11936

1785 13404

1787 12064

1788 12944

1790 11707 12 (2.1.), 11 (22.10.)

1791 13322 10 (14.7.), 12 (1.9.), 13 (13.10.)

1793 13 (31.5.), 15 (7.6.)

1794 11991

1795 11111

1796 12500

1797 12318

1798 12805

1799 12976

Año Consumo Precios base

1800 12029 20 (18.4.), 21 (14.6.), 19 (13.12.)

1801 12907 17 (24.7.), 16 (22.8.), 15 (23.10.)

1803 12989

1804 13840

1805 13936

1806 13824 20 (28.2.), 22 (11.11.), 20 (12.12.)

1807 16496 19 (25.5.)

1808 17856 17 (18.3.), 18 (27.5.)

1809 28992 23 (21.1.), 21 /21.4.), 19 (28.4.), 17 (26.5.), 20 (20.10.)

1810 20248 18 (10.3.), 19 (14.9.), 20 (24.9.), 18 (2.11.)

1811 18802

1812 14960 22 (26.6.), 25 (7.8.)

1813 12800 37 (22.1.), 34 (5.3.), 27 (7.5.), 24 (25.6.), 22.5 (28.6.), 26 (17.11.), 32 (26.11.)

1815 12272 25 (12.5.), 22 (4.8.), 17 (24.11.)

1816 12020 28 (24.12.)

1817 11424 28 (7.2.), 32 (14.2.), 36 (8.3.), 28 (1.4.), 24 (20.6.), 29 (5.9.), 27 (14.11.)

1818 10416

1819 10576

1820 10320 18 (25.10.)

377

Cuadro 54. La introducción de harina de trigo en la alhóndiga de Veracruz, 1804-1807

Comerciante Cantidad (en tercios) %

Cos Martín María 9337 7.5

Díaz José 2727 2.2

Díaz Peón Felipe 3735 3.0

Domínguez José Antonio 2025 1.6

Escandón Domingo 2073 1.6

Gómez Gabriel 8749 7.0

Laurneaga José Antonio 2529 2.0

Martínez Tomás 1674 1.3

Murfi Tomás 6328 5.1

Comerciante Cantidad %

Peña Manuel de la 3853 3.1

Sánchez Serrano Martín 1787 1.4

Serna José Antonio 2995 2.4

Torre José Ignacio 6160 4.9

Tricio José Domingo 3853 3.1

Troncoso Juan de Díos 5614 4.5

Otros 61635 49.5

Total 125074 100

Cuadro 55. Los contratistas del abasto de carne de toro del puerto de Veracruz, 1758-1806

Período Titular Fiador

1749-52 Sebastián de Bobadilla

1758-61 Vicente del Pinar Diego Saenz Rico

1761-64 Agustín de Achica

1764-67 Vicente del Pinar Diego Saenz Rico

1775-78 Antonio Fdez. De la Huerta

Francisco J. Medinaa

1781-83 Francisco Tomás de Acevedo

1784-86 José de Tejeda Francisco J. Medina

Período Titular Fiador

1787 Sebastián Pérez

1788-90 José de Tejeda Francisco J. Medina

1790-92 Manuel Lino Roggio Domingo Escandón

1792-94 Manuel Velasco Anselmo Fernández

1798-1800

José Tejeda

1801-03 Manuel Mollinedo Remigio Fernández

1803-06 Remigio Fernández Juan Unanue

Cuadro 56. Contratistas del abasto de carne de toro del puerto de Veracruz, 1807-1808

Período Titular Fiador

04/1807 Rodrigo García Domingo Gutiérrez

5/1807 Juan Fdez. De la Huerta

Domingo Madariaga

06/1807 Rodrigo García Juan Manuel Revuelta

08-10/1807

José D. Izaguirre Pedro Brugues

Período Titular Fiador

11/1807 Juan Fdez. De la Huerta

Domingo Madariaga

12/1807 José D. Izaguirre Pedro Brugues

01-02/1808

Francisco Linares Juan Unanue

03-10/1808

Pedro del Puerto V. Juan Unanue

Cuadro 57. Sacrificio legal de vacunos y carneros para el consumo local en la ciudad de Veracruz

Año Carneros (cabezas)

Precio (onzas/real)

Vacunos (cabezas)

Precio (onzas/real)

1758 70

1761 64

1764 64

1775 70

1776 18

1778 4521 72

1780 64; 48

1786 4400 50

1787 15 3869 54

1788 4062

1789 3169

1790 3474

1792 17 48

1798 80

1800 15445 5000

1801 14005 4752 66

1802 12665 16 5414 66

1803 13405 16 4494 64

1804 11961 17 6297 64

1805 11059 17.5

1806 11272 17.5

1807 6785 12 46; 54; 30

378

Año Carneros Precio Vacunos Precio

1808 7481 12 5057 47; 40

1810 4449

1812 5224

1813 5133

1815 5281

Año Carneros Precio Vacunos Precio

1816 5050

1817 4356

1818 3940

1819 3853

Cuadro 58. Los contratistas del abasto de carne de carnero del puerto de Veracruz

Período Titular Fiador

1776-1778 Juan B. Torróntegui Juan de Atenas

1787-1788 Domingo Escandón Juan B. Izaguirre

1792-1794 Nicolás Peña Anselmo Redondo

1802-1803 Ramón de la Concha Rafael José Facio

1803-1804 José D. Izaguirre

1805-1806 José D. Izaguirre Cecilio Arminio Martínez

1807-1809 José D. Izaguirre Cecilio Arminio Martínez

Cuadro 59. Los mayores propietarios de fincas urbanas (según el valor del alquiler) en Veracruz, 1815

Rango Propietario Número objetos Valor alquiler (en pesos)

1. Ayuntamiento 8 12190

2. Hospital de Loreto 21 10380

3. Tercera Órden de San Francisco 28 10102

4. Convento de Nuestra Señora de Belén 21 9628

5. Pablo Frayle de Santa María 12 9288

6. Cofradía del Rosario 12 8728

7. Francisco Sierra 9 7416

8. Pedro Del Paso y Troncoso 8 7356

9. Francisco García Puertas (testamentaría) 24 7356

10. Manuel Villa y Givaxa 8 7000

11. Monjas de Santa Teresa 9 5652

12. Cofradía del Santísimo 18 5066

13. Marqués de Valleras 8 4936

14. Juan Antonio Serrano 5 4916

15. Francisco García Jiménez 9 4740

16. José González 18 4688

17. Convento de la Merced 15 4644

18. Cosío (herederos de) 5 4604

19. Tomás de Barbadillo (testamentaría) 15 4438

20. Hospital de San Sebastián 13 4436

21. Convento de San Agustín 5 4404

22. José Antonio de Carvajal 14 4342

23. Convento de Santo Domingo 9 3946

24. Fábrica de la parroquia 14 3732

25. Juan B. Lobo 3 3350

26. Florencio Comoto 6 3228

27. Domingo Escandón (testamentaría) 3 3200

28. José Mariano Almansa 7 2938

29. Francisco hernández 10 2784

30. Tomás Murfi 1 2500

379

Cuadro 60. La propiedad inmobiliaria en el puerto de Veracruz, 1815

Propietarios Número objetos % Valor alquiler %

Ayuntamiento 8 0.8 12190 2.3

Cofradías, conventos 187 17.1 90228 16.7

Particulares 897 82.1 437479 81.0

Total 1092 100 539888 100

Cuadro 61. Relación entre la imposición municipal de los granos y su precio corriente en 1800 (un tercio corresponde más o menos a un quintal o a una fanega)

Grano Precio corriente Impuesto %

Harina 13 pesos/tercio 19 reales 18.3

Arroz 3 pesos/quintal 1 real 4.2

Frijol 3.5 pesos/fanega 1 real 3.6

Garbanzo 10 pesos/fanega 1 real 1.2

Lenteja 7 pesos/fanega 1 real 1.8

Maíz 2 pesos/fanega 1 real 6.2

Cuadro 62. Producto anual de las rentas del ayunamiento de Veracruz (en pesos)

Año Producto total

Harinas (consumo)

Harinas (exportación)

Plaza del Maíz

Viviendas Alcohol Carretas Carnes Otros

1756 12463 2950 3439 4203

1760 11732 2800 3663 3653 1616

1763 3145 2510

1772 18310 1127 5000

1773 25831 17720 919 4630 2562

1779 18245 3517 5122

1782 18325 5355 6562

1785 4290 1667 8439

1787 18058 3760 1792 7859 5169

1790 48443 28536 5352 7548 7007

1791 56329 32471 5115 8208 3810 6725

1792 56988 33712 3395 7537 3252 9092

1793 57939

1794 53035 297265132 5132 7568 3584 7524

1795 27082 2568 7855 3601

1797 30026 16295 7360 2745

1798 31212 2941 7670 2614

1799 31631 1227 7921 3459 2301

1800 29344 3291 7779 3876 2148 1055

1801 31461 2200 8157 2246

1803 70062 31661 9415 10202 5279 2875 3200 3005 4225

1804 33735 15786 5533 2991 3607

1805 33987 1582 6810 5513 4594 457 3374

1806 33723 1770 6464 4254 789

1807 40229 2065 5669 4227 1393 4106

1808 43560 9201 6485 976

1809 46316 5391

1810 49353 8389 8833 5018

1812 81541 36486 1053 14023 6951 4651 9100 9277

1813 65579 29271 1017 0683 8571 9029 7008

1815 29926 2685 3152 9551

1816 29301 112 9017

380

Año Producto total

Harinas (consumo)

Harinas (exportación)

Plaza del Maíz

Viviendas Alcohol Carretas Carnes Otros

1817 29859 2499 2703 7802

1818 24398 1366 6984

1819 23731 2303 2159 7157

1820 23483 1153

Cuadro 63. Precio del trabajo en las obras del ayuntamiento, 1756-1820 (Reales que se pagaban a los encargados de las obras públicas por trabajador/día. A este monto se añadían las raciones)

Año Maestro Oficial Peón

1756 12 10 4-4.5

1759 10 4.5

1762 16

1784 16 10-14 4.5-5

1793 16 10 5

1795 12-13 4.5-5

1799 20 8-10

1809 18 7

1816 16 7-8

1820 12-16 8

Cuadro 64. Costos y utilidades de una panadería veracruzana de acuerdo con la calicata de 1815 (en reales y respecto a un precio de 12 pesos por tercio de harina)

A Concepto Concepto Amasijo 1 tercio

Amasijo 2 tercios

Amasijo 4 tercios

Amasijo 10 tercios

B Gastos de producción 100.5 132 195 384

Alquiler casa 13 13 13 13

Leña 7 14 28 70

Manteca y velas 4 8 16 40

Merma de harinas por despolvoreo

4 8 16 40

Puesto de venta (Plaza) 10 10 10 10

Remuneraciones 57.5 73 104 197

(Acarreador) 1.5 3 6 15

(Cernidor) 1 2 4 10

(Hornero) 8 16 32 80

(Mayordomo) 6 6 6 6

(Operarios) 36 36 36 36

(Pesador) 4 8 16 40

(tablero) 1 2 4 10

Sal 1 2 4 10

Utensilios (desgaste) 4 4 4 4

C Impuesto (2 pesos/tercio) 16 32 64 160

D Harinas 96 192 384 960

E Total gastos 212.5 356 643 1504

F Ingresos por venta 173.5 346.5 693.5 1733.5

G Ganancias por tercio de harinas amasadas

- 39 - 5.25 12.625 22.95

381

Cuadro 65. Los panaderos de la ciudad de Veracruz, 180-1807. Amasijos y compra de harinas de Puebla

Panadero Tercios amasdos Meses que trabaja Amasijo mensual (tercios) Introducción (tercios)

Manuel Alegre 54 2 27

Antonio Atocha 232 7 33

José Díaz 8707 47 185 2727

Felipe Díaz Peón 7254 40 181 3735

José García 95 2 47

Juan García 469 11 43

Gabriel Gómez 14458 47 307 8749

Gertrudis Iturriaga 33 2 17

Francisco Martínez 9015 46 196

Francisco Palomino 101 2 51

Manuel Peña 9592 48 200 3853

Juan Reyes 3629 34 107

Gertrudis Robledo 10 1 10

José Rodríguez 228 2 114

Miguel Rodríguez 1488 14 106

José Teniente 1233 13 95 3

José R. Troncoso 363 4 91

Gertrudis Valero 300 9 33

Francisco Villaseñor 315 6 53

382

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ACO Diezmos Acayucan

Diezmos Chacaltianguis

Diezmos San Andrés y Santiago Tuxtla

Diezmos Piñas

Diezmos Colecturía Jamiltepec

AGEO Alcaldes Mayores

Obispado

Real Intendencia I y II

Tesorería Principal

AGI Estado

Filipinas

Indiferente General

México

AGN Archivo Histórico de Real Hacienda

Alcaldes Mayores

Bienes Nacionales

Civil

Clero Regular y Secular

Criminal

Filipinas

General de Parte

384

Historia

Hospital de Jesús

Indios

Industria

Inquisición

Mercedes

Padrones

Propios y Arbitrios

Reales Cédulas Originales

Reales Cédulas Duplicata

Subdelegados

Tierras

Tributos

AGNEO Notaría Pedro Auvray

Notaría Diego Benaias

Notaría Manuel Franco de Lara

Notaría Tomás José Romero

Notaría José Ignacio Salgado

Notaría Francisco Telles

Protocolos Jamiltepec

Protocolos Juquila

AHT Legajos I – V

AHV Actas de Cabildo

ANC Protocolos notariales

ANO Protocolos notariales

ANX Protocolos notariales

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APH Libros de bautismos, matrimonios y defunciones

API Libros de bautismos, matrimonios y defunciones

APJ Libros de bautismos, matirmonios y defunciones

APJu Libros de bautismos, matrimonios y defunciones

APO Libros de bautismos, matrimonios y defunciones

APP Libros de bautismos, matrimonios y defuncioens

APV Libros de bautismos, matrimonios y defunciones

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401

ÍNDICE

PREFACIO ....................................................................................................................................................................................... 5

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................................................... 7

PARTE I. La Importancia de la tierra ............................................................................................................................. 21

1. EL CRECIMIENTO DE LAS POBLACIONES COSTEÑAS .......................................................................... 22

2. EL FENÓMENO DEL ESPACIO ............................................................................................................................ 38

3. LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO Y DE LA PRODUCCIÓN DE LA TIERRA. ................................. 45

PARTE II. Los propietarios y sus derechos ................................................................................................................ 50

4. LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA ................................................................................................................ 51

5. LOS COMERCIANTES PARTICULARES, PROPIETARIOS Y USUREROS ......................................... 70

6. LA REPÚBLICA DE INDIOS Y LA ECONOMIA PÚBLICA DE LOS PUEBLOS ................................. 80

7. LA FISCALIDAD REAL. LA CORONA Y SUS FUNCIONARIOS ............................................................ 100

8. LAS RENTAS DE LAS INSTITUCIONES ECLESIASTICAS..................................................................... 121

9. LA DEFENSA COMO REALIZACIÓN DE DERECHOS.............................................................................. 144

PARTE III. Clases dominantes regionales y clases dominantes nacionales en el reino novohispano ......................................................................................................................................................................................................... 155

10. CRÉDITO E INTERCAMBIOS .......................................................................................................................... 156

Parte IV. Explotación y Producción. La Dinámica de las clases en el campo costeño ........................ 182

11. PRECIOS Y SOCIEDAD EN LA NUEVA ESPAÑA. UNA APROXIMACIÓN A LA CRONOLOGÍA DE LA LUCHA DE CLASES. ...................................................................................................................................... 183

12. LA ÉPOCA FORMATIVA. (1650-1750) ...................................................................................................... 192

13. LA OFENSIVA DE LOS COMERCIANTES (1750-1800) ..................................................................... 224

14. EL FRACASO DE LOS COMERCIANTES (1800-1820). ...................................................................... 251

Parte V. Comerciantes y consumidores. La dinámica de clases en la ciudad de Veracruz. ............. 272

15. EL GRAN COMERCIO DE VERACRUZ Y EL PODER POLÍTICO. ..................................................... 273

16. EL ABASTO Y SU REGLAMENTACIÓN. ..................................................................................................... 280

17. EL MERCADO DE LA VIVIENDA ................................................................................................................... 305

402

18. LA FISCALIDAD MUNICIPAL Y LOS DERECHOS DEL REY Y DE LA IGLESIA EN EL ÁREA URBANA ........................................................................................................................................................................... 311

19. EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN ................................................................................................................. 325

20. EXPLOTACIÓN Y PRODUCIÓN. LA DINÁMICA DE CLASES EN LA CIUDAD DE VERACRUZ (1650-1820) .................................................................................................................................................................. 338

CONCLUSIÓN ........................................................................................................................................................................... 347

CUADROS ................................................................................................................................................................................... 353

Bibliografía ............................................................................................................................................................................... 382

Lista de las abreviaturas de archivos, bibliotecas y revistas ................................................................ 382

Lista de fuentes archivísticas ................................................................................................................................ 383

Lista de periódicos...................................................................................................................................................... 385

Lista de Fuentes impresas ...................................................................................................................................... 385

Lista de la literatura citada .................................................................................................................................... 388