Ttulo Tentativo : El boom minero y las comunidades campesinas

INTRODUCCIN

El boom minero y las comunidades campesinas

En los ltimos aos, la llamada gran minera se ha constituido en el sector de la economa que proporciona enormes recursos al fisco, invierte ingentes capitales en zonas en las cuales ninguna actividad podra interesarse, menos para ser un factor dinmico y de desarrollo.

Sin embargo, sta incursin de capital y tcnica reunidas tiene como un mbito de trabajo las regiones con mayor carga de tradicin y costumbres ancestrales de nuestro pas. De aqu cierto choque cultural con las comunidades es casi normal.

De este encuentro entre lo nuevo y lo ancestral, expresado en trminos de anlisis, trata el presente trabajo.

Este anlisis servir de base para un posterior estudio en que se habrn de sugerir lineamientos de poltica principalmente en los mbitos cultural y social. De sta manera, creemos hacer un modesto aporte a que la responsabilidad social de las empresas sea mucho ms que una buena intencin, y que los ms modestos protagonistas de ste encuentro mejoren su calidad de vida. As esperamos atemperar las situaciones de tensin existentes.

I. Objetivo

Resulta pertinente ocuparnos del boom de la minera en nuestro pas, en un momento en que el conflicto y la tensin aparecen vigentes, entre otras razones, debido a la ausencia de reglas claras y coherentes para este sector de la economa nacional. Sera primordial para el Estado regular los temas relacionados a los derechos de propiedad sobre tierra, las implicancias del derecho de concesin, la problemtica que suscita la distribucin del canon, la responsabilidad social de las empresas implicadas, la naturaleza de las relaciones que se deben establecer entre las comunidades y las empresas, teniendo en cuenta las diferencias culturales, sociales y polticas.

Durante el desarrollo de este trabajo el tema ha tomado un renovado inters, los medios de comunicacin han ayudado a que se difunda el desarrollo de algunos enfrentamientos y las respuestas dadas desde el gobierno. Producto de ciertas interpretaciones sobre los orgenes de estos conflictos estamos ante un debate nacional respecto al papel de las ONG, y ante la posibilidad de una ley, que para muchos especialistas es una respuesta poltica poco mesurada, y nada tcnica, que conciernen de manera crucial al desarrollo del pas.

El trabajo que presentamos sobre la problemtica minera y su relacin con las comunidades campesinas y/o indgenas, comprendida dentro del rea de influencia de la explotacin, ha contemplado la siguiente metodologa:

a) Observacin participante en algunos proyectos mineros, principalmente sobre los aspectos relativos a la relacin de las empresas con las comunidades. Estas observaciones fueron hechas en las asesoras que hemos realizado para la consultora de la Universidad del Pacfico, y en otros casos solicitud de empresas en forma independiente.

b) Experiencias en trabajos de campo, a travs de consultoras y asesoramiento en conciliaciones.

c) Entrevistas a especialistas en el rea de las ciencias sociales que han trabajado para algunos megaproyectos mineros.

d) Anlisis de datos secundarios e informes sobre las relaciones entre las empresas y las comunidades, relativos a las inversiones en los principales proyectos mineros.

e) Material bibliogrfico especializado tanto de las entidades internacionales como nacionales.

II. Antecedentes

El Per es un pas con actividad minera desde pocas prehispnicas, y actualmente existen 1720 yacimientos mineros en 22 departamentos, como lo seala la Sociedad Nacional de Minera y Petrleo. En esta riqueza, que incluye una amplia variedad de minerales, el oro ocupa lugar privilegiado, ubicando al Per en el centro orogrfico de Amrica Latina, primero en el continente americano y en el sptimo lugar a nivel mundial. Si hacemos referencia a algunos minerales especficos, encontramos que somos el quinto productor de cobre, el cuarto de plomo y zinc, el tercero de estao y el segundo de plata (ver cuadro 1) El sector creci rpidamente a principios de los 90, atrayendo inversiones debido a los cambios en los reglamentos que regan el comercio y las inversiones y la privatizacin de las propiedades mineras.Cuadro 1

Ranking comparativo del nivel de produccin minera en el Per

respecto a Latinoamrica y el Resto del Mundo (2003)

A lo largo de los ltimos aos, la minera ha representado aproximadamente el 9% del producto bruto interno nacional y el 48.6% de las exportaciones totales. Asimismo, tiene un efecto desencadenante en la economa; mayor an que las industrias alimentarias, la pesquera, la produccin qumica, entre otros. La minera es un sector primario que genera el 50% de las divisas del pas, da empleo directo a decenas de miles de obreros e indirectamente influye en el trabajo de miles de personas ms. Medida esta realidad en trminos de empleo, la minera ocupa al 4% de la poblacin econmicamente activa. Con el sector de construccin civil, y el de industria, constituye uno de los ms dinmicos en la economa del pas.

La minera trae consigo una cadena de relaciones econmicas que son necesario mencionar. Se calcula que por cada dlar generado por esta actividad, se crean directa e indirectamente US$ 3.74 como efecto de demanda de insumos y servicios a los dems sectores. De esta forma podemos considerar que el Per se encuentra en un verdadero boom minero. Un ejemplo de ello se puede ser el caso de Antamina, que ha sido adjudicada al consorcio canadiense Inmet Mining Corporation y Ro Algom Ltd., y que ya han invertido, hasta noviembre del ao pasado, un estimado de US$ 42 millones y si el proyecto contina se tiene el compromiso de invertir alrededor de US$ 2 300 millones en cuatro aos. Antamina generar 6 000 puestos de trabajo. Al ingresar a la parte operativa del proyecto, proveer 1 000 puestos de trabajo directo, lo que implicar, por el efecto multiplicador del empleo en la minera, alrededor de 5 000 nuevas plazas. Otro caso de una compaa minera exitosa y prometedora es Pierina, potencialmente una de las minas de oro de menor costo de operacin en el mundo, localizada en los Andes peruanos a 4 300 metros sobre el nivel del mar y con 6.5 millones de onzas de oro, reservas valorizadas en US$ 2.2 miles de millones. En 1996 Canadian Barrick Gold Corporation compr Arequipa Resources Ltd., por US$ 790 millones, con lo que el precio de la accin de esta empresa en la bolsa de Toronto alcanz cantidades considerables.

Otro caso importante de mencionar es la Minera Yanacocha ubicada en el departamento de Cajamarca. El control y manejo gerencial de la compaa est a cargo de Newmont Per, representante de Newmont Second, la mayor empresa productora de oro del mundo, que posee el 51.35% del capital social; la empresa minera peruana Buenaventura y el IFC participan con el 43.65% y el 5% del capital social respectivamente.

Son muchas las causas que hicieron posible este boom minero; entre ellas la buena cotizacin de los minerales en el mercado internacional (sobre todo del oro, cobre, zinc y plata), el contar con una nueva legislacin favorable a la inversin, los incentivos tributarios, las nuevas tcnicas de exploracin y explotacin de minerales, etc. Existan datos muy positivos y recientes sobre la dinmica del sector minero; formacin de consorcios, montos de capitales invertidos.

Existiendo un ambiente propicio para la inversin minera (ver cuadro 2), es materia de preocupacin y anlisis, a travs de todo este trabajo, el poco cuidado con que ciertas empresas se han aproximado a las comunidades cercanas, el poco inters por la salud ambiental, o la poca visin con que repiten varias actitudes que, en muchos casos han llevado ha enfrentamientos y reclamos. Tampoco podemos dejar de sealar la existencia de ciertos tipos de desequilibrios laborales en las empresas e interminables conflictos sociales entre las empresas y la comunidades en la que aquella se encuentra, situaciones que pueden evitarse pero que sin embargo no son prevenidas.

Cuadro 2

Inversin Anual Minera 1995 - 2005

(Millones de Dlares)

Fuente: BCRP, Apoyo Consultora, Ciudadanos al Da.

III. El Mundo Social y Cultural: los ActoresLa hiptesis fundamental de este estudio, es que el ethos o matriz social y cultural de los principales actores en esta problemtica no permite una sinergia, una comprensin y cooperacin entre los principales actores para lograr la viabilidad y el desarrollo de la minera.

Adems, es importante acotar que las empresas suelen ubicarse en lugares donde las relaciones de las comunidades locales con el Estado son mnimas. Existe poca presencia y representacin, lo que constituye un escenario especial para las inversiones.

Entonces, consideramos como actores principales en este panorama a:

a) Empresa: nos referimos a la organizacin empresarial minera, cuyo enfoque econmico se mueve en un paradigma de economa de mercado y de libre empresa, tendiendo a absolutizar el mercado en el libre juego de la competencia y la rentabilidad.

El proceso productivo que usan se basa en una tecnologa muy avanzada, que no logra correspondencia cercana entre el cambio tecnolgico y el ajuste de las instituciones sociales y polticas. Por otro lado, en la gran minera, como se sabe, existen inversionistas extranjeros, en algunos casos los accionistas son varias compaas extranjeras y los socios peruanos estn en una situacin minoritaria, por lo cual las polticas para el tratamiento en el tema que nos compete, no son siempre coherentes. Nos referimos especficamente a la relacin con las comunidades cercanas a los proyectos de las empresas.

Los planes estratgicos de la empresa suponen, por ejemplo, cronogramas y metas especficas en la explotacin del recurso. Sealaba un especialista que si la empresa contrata a una compaa para realizar alguna tarea especializada, sta tiene que llevarse a cabo en el aqu y ahora, y su postergacin podra significar prdidas cuantiosas. Esta afirmacin es corroborada por el pionero en minera Ingeniero Alberto Benavides de La Quintana, cuando en una entrevista, al referirse a las comunidades, sealaba lo siguiente: En el pasado, la minera fue declarada de inters nacional y tena derecho a todo. No haba una mayor inquietud social con el trato a las comunidades. Hoy debemos negociar con ellas, y si te dicen: No quiero que usted trabaje en esta zona, no hay forma. Es frustrante que la comunidad le diga a uno, vamos a llamar a asamblea el 22, y el 21 lo llaman a uno y le dicen mire, se ha postergado para el 15 del prximo mes. Y as lo van peloteando a uno, y demoran. Y uno tiene sus mquinas listas para perforar, pero hay que esperar.

b) Comunidades: por otro lado, los comuneros, dueos muchas veces ancestrales de la tierra en la que va a operar el proyecto minero tienen que opinar, autorizar y aprobar mediante procesos democrticos, sobre el proyecto en la Asamblea Comunal, con una mayora fijada por la ley. Pero tambin prevalece la costumbre, pues como sabemos, las decisiones en estos casos son comunitarias. En otro contexto, podemos sealar que las actitudes, comportamientos, creencias de los comuneros, en el mbito de las relaciones interpersonales difieren de la visin y accin social de los actores empresariales. Por ejemplo: hay una persistencia en la desconfianza hacia el forneo, a la valoracin que ellos sienten de parte de los miembros de la empresa. Por otro lado, la economa campesina familiar tiene una caracterstica de subsistencia, dentro de la cual el apego a la tierra es fundamental. Su eficiencia no est ligada, como en la economa de las empresas mineras, a una relacin de mercado donde, como sabemos, el valor de la eficiencia est determinado por la mayor rentabilidad, y basado en la ms alta productividad posible.

No debemos olvidar que subsiste una dinmica entre un llamado Per Oficial y el mundo rural, en el que el pas formal (en el que se mueven las empresas) retiene y dispone de los instrumentos del control de los canales oficiales de la economa, la sociedad y la cultura. Esta situacin ha provocado desde hace muchos aos, la irrupcin de las tensiones acumuladas hasta el presente. Esto es crucial si pretendemos explicar la falta de entendimiento y comunicacin entre ambos actores.

c) El Estado: no siempre ha sido capaz de implementar procedimientos que ayuden a una eficiente cooperacin e integracin de los actores econmicos y sociales. Los canales institucionales, en algunos casos, se encuentran bloqueados, y la presencia del Estado, sobre todo en el medio rural, es nominal. A ello se suma el hecho que las legislaciones y procedimientos, la normatividad legal y procesal han generado cuellos de botella que reducen la eficiencia. En el caso concreto de nuestro trabajo, tenemos que sealar que, si bien es cierto que el Estado ha legislado en los ltimos aos con fines de incentivos a las inversiones mineras, en otros aspectos la legislacin no ha contribuido a lograr la armona entre estos dos actores principales: comunidad y empresa. Por ejemplo: en el mbito rural, no se han estructurado polticas que solucionen de manera duradera los problemas fundamentales de la tenencia de la tierra, su distribucin y su titulacin. Adems de un estatuto de comunidades campesinas que data desde el gobierno militar de 1968, no existen mecanismos que permitan tomar decisiones rpidas, de acuerdo a las expectativas de las empresas mineras y de las comunidades. No ha existido hasta la fecha normas claras, reglas de juego coherentes y pertinentes. Lamentablemente, el Estado no ha cumplido el rol de encauzar y conducir apropiadamente los procesos relacionados con las inversiones mineras.

A propsito, resulta relevante recordar una entrevista con uno de los ministros de energa y minas, durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando se refera a que los empresarios mineros acudan a su despacho, cuando ya el conflicto se haba declarado, y que sus tecncratas encargados de resolver los conflictos con las comunidades no haban acertado en un ao una decisin y menos adoptado medidas preventivas de posibles conflictos.

Una opinin casi igual ha expresado el actual presidente del consejo de ministros, Doctor Jorge del Castillo.

d) Las ONG, Redes y Consultoras: como sabemos, desde hace aos son instituciones que han abogado por conservacin ambiental y la responsabilidad social de las empresas, demostrando un rol activo en la dinmica de las relaciones entre empresas y comunidades. Para definirlas, podemos mencionar que son organizaciones privadas, sin fines de lucro, dedicadas a la elaboracin y ejecucin de proyectos de desarrollo y que canalizan fondos, por lo general del extranjero, que se destinan para la cooperacin en beneficio de un segmento determinado de la poblacin, definido segn indicadores muy especficos (edad, gnero, actividad, condicin social, etc.) , las caractersticas de las ONG explican en cierta manera el incremento de los fondos destinados a ellas por las financieras. En gran medida, este incremento tiene que ver con una serie de ventajas comparativas que tienen las financieras al trabajar con las ONG, en relacin con los antiguos programas estatales de desarrollo: la poca burocracia y la mayor eficiencia demostrada por stas en la ejecucin de los proyectos; su relacin ms directa con el grupo beneficiario; la escala de los proyectos; la posibilidad de cambiar y ensayar con relativa facilidad nuevas ideas y propuestas; el costo relativamente bajo de los proyectos.

Obviamente, las ONG que trabajan los temas que involucran a la minera tienen una lgica de trabajo interno y una tendencia al anlisis de los problemas sociales que no concuerdan necesariamente con los parmetros empresariales. Muchas de ellas trabajan bajo una ideologa determinada, influidas adems por mecanismos administrativos y burocrticos.

Se ha observado un enfrentamiento frontal entre ONG, Empresas, y Asociaciones representativas de empresarios. Las ONG operan tambin a travs de redes nacionales e internacionales; por ejemplo, una de las ms conocidas se trata de la Red Muki, integrada por las siguientes instituciones: Diacona para la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura y Tumbes, Centro Pastoral de Dicesis de Chulucanas, Pastoral Social del Vicariato San Francisco Javier Jan, Comisin Prelatural de Accin Social de la Prelatura de Huamachuco, Pastoral de Dignidad Humana - Pasdih de la Arquidicesis de Huancayo, Asociacin Marianista de Accin Social Trujillo, Comisin Episcopal de Accin Social- CEAS, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Fundacin Ecumnica para el desarrollo y la Paz FEDEPAZ, Asociacin Civil Labor, Grupo de Formacin e Intervencin para el Desarrollo Sostenible - Grufides Cajamarca, Grupo para la Promocin del Desarrollo de los Andes, CooperAccion, Accin Solidaria para el Desarrollo, Red uniendo manos contra la pobreza.

Por otro lado, las empresas, ante los conflictos sociales, han recurrido a consultoras internacionales cuya tarea en un primer momento era resolver problemas tcnicos como los estudios de impacto ambiental (EIA), entre otros.

Debido a su carcter forneo estas consultoras y empresas, no han tomado en cuenta las particularidades de las relaciones sociales y culturales de nuestro pas (en especial el contexto andino - amaznico) Por el poco conocimiento que se tiene de la situacin poltica y social de nuestro pas, estas empresas no producen soluciones que permitan una adecuada y justa interaccin entre los actores. Por el contrario, pueden profundizar los conflictos y hacer ms inestable la situacin.

IV. Problemtica del Canon Minero

En este enfoque, trataremos de describir el proceso y / o circuito del canon, as como su operatividad, y funcionalidad, tratndose de un mecanismo importante que est ntimamente ligado a los temas: a) el desarrollo sustentable, y b) la poltica de la responsabilidad social, ambos mencionados con filosofa adoptada en la gestin de las empresas para actuar no solo en beneficio propio, sino tambin, como un aporte al desarrollo de las comunidades del entorno y de la sociedad en general.

a. Introduccin

El Canon Minero es la transferencia a los gobiernos regionales y locales del 50% del Impuesto a la Renta (IR) que el Estado recibe por la explotacin econmica de los recursos. Segn nuestra legislacin, el Canon Minero es la participacin efectiva y adecuada de la que gozan los Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotacin econmica de los recursos mineros (metlicos y no metlicos). As, efectuada la recaudacin del Impuesto a la Renta, el Estado, por intermedio del Consejo Nacional de Descentralizacin (CND) transfiere un porcentaje de los ingresos captados por dicho concepto a las zonas en donde se explot el recurso minero.

El monto de la transferencia es depositado en cuentas especiales en el Banco de la Nacin. Cabe sealar que los montos transferidos no revierten al Estado. Entre enero de 1997 y mayo del 2002, el Canon Minero estuvo constituido por el 20% del Impuesto a la Renta de Tercera Categora pagado por los titulares de la actividad minera. Sin embargo, a partir de junio del 2002 dicho porcentaje se increment a 50%.

El Canon Minero, entonces, es el ms importante de los seis tipos de canon existentes (minero, petrolero, gasfero, hidroenergtico, forestal y pesquero), por el enorme volumen de recursos que genera para las zonas donde se distribuye. El Canon Minero generado en un ao determinado se distribuye desde junio del ao siguiente a su recaudacin, hasta mayo del ao subsiguiente. Es decir, la distribucin se hace con 18 meses de retraso (Boza, 2004). En los ltimos aos el aporte por canon minero ha crecido significativamente debido a una coyuntura internacional favorable de los precios de los metales y al aumento de la produccin minera.

As, mientras en el ao 2001 el monto de canon minero transferido fue de 81 millones de soles, en el 2004 se gener S/. 1,158.5 millones por concepto de Canon Minero, y en el ao 2006 se transferir 1,746 millones de soles. El 88% de las transferencias se concentra en los gobiernos regionales y en las municipalidades de seis departamentos (Cajamarca, Tacna, Moquegua, Puno, Arequipa y Ancash); de esta a los gobiernos regionales les corresponde el 25% del monto transferido y a las municipalidades el 75%.

El siguiente cuadro resume los fondos generados por el canon:

Cuadro 3

b. Circuito del Canon Minero

Cul es el camino que recorren las utilidades de las compaas mineras antes de ingresar a las arcas de los gobiernos regionales y locales?

Cada vez que una empresa registra utilidades debe declarar y pagar Impuesto a la Renta a la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (Sunat). Sobre la base de lo recaudado por Sunat, el Ministerio de Economa (MEF) calcula los montos de canon minero (el 50% del Impuesto a la Renta de tercera categora pagado por las empresas mineras). Luego los reporta al Consejo Nacional de Descentralizacin (CND) para que ste a su vez los transfiera a los gobiernos regionales y a los municipios provinciales y distritales, depositando el dinero en cuentas en el Banco de la Nacin.

Cuadro 4

Con dichos fondos, los beneficiados deben ejecutar proyectos de inversin en la zona. Aunque siempre existen destacadas excepciones, ocurre por lo general que los ciudadanos y los comuneros vecinos a la mina no notan que las autoridades locales estn verdaderamente realizando obras; o al menos no aquellas que podran contribuir a mejorar su calidad de vida. Dicho de otra forma, no perciben los frutos del canon y, menos an, los de la minera. Lo que advierte el poblador, en esas condiciones, es que la compaa minera se enriquece, mientras que l y los suyos no progresan.

Como hemos sealado, las reglas para su reparticin, segn Ciudadanos al Da, apuntan a beneficiar primordialmente a las localidades donde se extraen los recursos, pero a la vez procuran otorgar ms dinero a las zonas que ms lo requieran, dado su nivel de pobreza y el tamao de su poblacin. Los criterios de distribucin del Canon Minero han variado en diversas oportunidades desde su promulgacin inicial en junio del 2001. En sus inicios se distribua entre los Gobiernos Locales de acuerdo al criterio de rea de influencia del yacimiento explotado y densidad poblacional, pero actualmente tiene un criterio ms definido.En primer lugar, es importante aclarar que el canon minero no constituye un fondo nico, nacional, en el que se junta el dinero proveniente de las distintas minas para luego prorratearlo entre todos los beneficiarios. Lo que reciben los distritos, provincias y regiones productores corresponde a los resultados econmicos de las minas de su circunscripcin. Actualmente se distribuye de la siguiente manera:

El distrito donde se ubican las operaciones de la mina recibe el 10% del canon minero generado en su localidad.

Un 25% del canon minero se distribuye entre todos los distritos de la provincia a la que pertenece el llamado distrito productor, incluyendo a ste. Para ello, se toma en cuenta el tamao de la poblacin y sus necesidades bsicas insatisfechas.

El 40% corresponde al departamento donde se encuentra la mina y se reparte entre todos sus distritos, incluyendo el productor, adems de las municipalidades provinciales. Una vez ms, la reparticin se basa en el tamao de la poblacin y en las necesidades bsicas insatisfechas.

Por ltimo, el 25% del canon minero es transferido al gobierno regional al que pertenece el distrito productor. El gobierno regional debe entregar el 20% de este dinero a las universidades nacionales que se encuentren en su jurisdiccin para que stas lo destinen a la investigacin.Cuadro 5Sistema de Distribucin del Canon Minero

Ley del Canon

Fuente: Ciudadanos al Da

Hasta la fecha, se han dado modificaciones importantes a los criterios de reparticin, teniendo en cuenta la experiencia recogida.

El criterio de densidad poblacional (habitantes por kilmetro cuadrado) fue sustituido por el indicador de poblacin y pobreza ligado a las necesidades bsicas insatisfechas y dficit de infraestructura. Este criterio fue modificado, porque favoreca a los municipios ms densos en desmedro de los de baja densidad, que en muchos casos resultan ser las zonas de donde se extraen los recursos minerales o tienen una poblacin con mayores necesidades insatisfechas.

Por citar un ejemplo, el canon distribuido en el departamento de Lima entre 1996 y el 2002, la provincia de Lima recibi el 81.86% del canon generado, mientras que la provincia minera de Oyn recibi el 0.98%, esto, debido a que la provincia de Lima tiene una densidad poblacional superior.

Se otorga un porcentaje especial de 10% al distrito o distritos donde estn ubicados los yacimientos y concesiones. Con esta modificacin se beneficia directamente y en mayor porcentaje a los distritos donde se ubican las concesiones.

Se modifica los porcentajes a distribuirse entre los gobiernos locales del resto de la provincia y del resto del departamento.

En la Ley N 28322 se aprob una modificacin al texto de los porcentajes de distribucin. Los cambios principales se refieren a:

a) reemplazo de la frase donde se encuentra localizado el recurso natural por donde se explota el recurso natural.; y b) elimina la exclusin del distrito (o distritos) y provincia (o provincias) productores en los literales b y c) de los porcentajes de distribucin en la ley vigente, lo que implicara que los gobiernos locales ms cercanos a la zona de explotacin del recurso reciban una mayor transferencia por concepto de canon, al ser incluidos en cada una de las otras distribuciones.

Los recursos que los Gobiernos Regionales y Locales reciban por concepto de canon pueden ser utilizados exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de impacto regional y local. Para ello el Gobierno Regional o Local tendr que abrir una cuenta destinada a dicho fin.

Excepcionalmente, para el ejercicio fiscal del 2006 se est permitiendo que los Gobiernos Regionales y Locales utilicen el 20% de los recursos provenientes del Canon y la Regala Minera para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de impacto regional y local.

d. ndices de distribucin del canon minero

Anualmente el Ministerio de Economa y Finanzas determina el monto que le toca a cada uno de los beneficiarios del canon minero, siguiendo las pautas fijadas por la ley y echando mano de cinco fuentes de informacin:

Impuesto a la Renta de tercera categora declarado por cada empresa minera.

Volmenes producidos en cada operacin minera.

Demarcacin territorial.

ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas

Poblacin.

La magnitud de lo que le corresponde a cada municipio y gobierno regional , luego de analizar estos elementos, se expresa en los llamados ndices de distribucin del canon minero. Se trata de nmeros decimales que equivalen a la proporcin de todo lo que se va a repartir en el pas por concepto de canon minero. El MEF publica los ndices de distribucin en junio de cada ao, cuando se inicia la reparticin del canon minero generado en el periodo anterior, como veremos ms adelante. El ndice de distribucin para el municipio provincial de Ite, en Tacna, publicado en junio del 2005, es de 0.0246411509. Si multiplicamos ese valor por el total de lo que se transfiere por canon minero a lo largo del pas entre junio de ese ao y mayo del siguiente, vamos a obtener la cantidad exacta que recibe Ite. Una vez que el MEF ha calculado los montos respectivos para cada gobierno regional y local, el Consejo Nacional de Descentralizacin (CND) efecta las transferencias depositndolas en las respectivas cuentas en el Banco de la Nacin. El siguiente cuadro resume las tareas de las entidades que participan en el clculo y la distribucin del canon minero.

e. Como lograr la funcionalidad y eficacia de la ejecucin del canon?

Conocido el circuito del canon, a la luz de su aplicacin ha surgido una serie de cuestionamientos por parte de sus beneficiarios, inclusive de varios empresarios mineros. Algunas de las instituciones que han estudiado mejor esta problemtica son la CAD (Ciudadanos al Da) y la Corporacin Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial, entre otras, quienes, a travs de sus estudios, se han interrogado acerca de los beneficios y su aplicacin. La CAD, se pregunta, si es que el mencionado mecanismo funciona como una caja chica o debera servir de palanca de desarrollo para ser ms eficiente la responsabilidad social de las empresas.Segn Ciudadanos al Da, lograr que el canon minero sea una palanca para el desarrollo no es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), de las compaas mineras ni de los alcaldes. En el circuito del canon minero estn llamados a intervenir ms de 20 actores, adems de la propia poblacin. Por lo mismo, resultara insuficiente implementar mejoras aisladas. Qu propone CAD?: una reforma integral consistente en doce propuestas. La reforma que se plantea, se articula en funcin de cuatro ejes: aumentar la transparencia en el manejo del canon, fortalecer capacidades de gestin a nivel local, lograr un arreglo institucional ms equitativo y acorde con la finalidad del canon, y consolidar la responsabilidad empresarial.

1.1. Ms transparencia

a. Crear subcuentas de canon minero. A fin de que la ciudadana pueda hacer el seguimiento de los recursos del canon minero y para afinar las polticas de distribucin y de inversin, resulta necesario crear una subcuenta por cada tipo de canon. Actualmente el Portal de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa y Finanzas (mdulo SIAF) solamente provee informacin acerca del canon y sobrecanon como una cuenta agregada. No puede haber vigilancia ciudadana sin acceso a informacin.

b. Condicionar transferencias a mayor transparencia (SIAF Municipal). Dada la creciente importancia de los recursos del canon minero en los presupuestos locales, deberan condicionarse las transferencias provenientes de ste a la incorporacin del gobierno local a un sistema de informacin centralizado, administrado por el Ministerio de Economa y Finanzas, que permita monitorear el uso de dichos recursos (SIAF Municipal). Se debe acelerar el desarrollo del SIAF Municipal, con el objetivo de que los ciudadanos cuenten con informacin tanto acerca de los montos de canon minero como del destino de stos, a nivel local. Adicionalmente CAD plantea que se implemente un mecanismo de control previo y concurrente al gasto del canon. Desde nuestro punto de vista, en el segundo ao de transferencias de los dineros del canon se debera exigir a la autoridad local, como requisito previo a nuevos desembolsos, la elaboracin de una lnea de base, un plan de inversin y un plan estratgico.

c. Rendicin de cuentas. Los presidentes de regin y los alcaldes deben rendir cuentas a los pobladores de sus zonas sobre los resultados de los proyectos en los que se ha invertido el dinero del canon. Para ello debe emplearse una va que permita el flujo de comunicacin entre la autoridad y la ciudadana, con el objetivo de evaluar los resultados en cuanto a la utilidad, la eficiencia econmica y el impacto de las obras, luego de ser implementadas. Esta rendicin podra efectuarse de acuerdo con el ciclo temporal del canon.

d. Participacin y vigilancia ciudadana. Las entidades del gobierno central como el Consejo Nacional de Descentralizacin y el Ministerio de Economa y Finanzas, as como los gobiernos regionales y locales deben afinar los mecanismos existentes para facilitar el acceso a informacin oportuna y detallada del uso de los recursos del canon minero a la ciudadana; se ser el primer paso para lograr participacin ciudadana informada. Asimismo, se debe institucionalizar la formacin de comits de vigilancia ciudadana en el marco del Presupuesto Participativo con el propsito de que realicen acciones concurrentes de evaluacin y monitoreo de la ejecucin presupuestal de los gobiernos regionales y locales. Vigilar el correcto uso de los recursos pblicos y exigir la rendicin de cuentas constituyen una responsabilidad y una tarea que competen a la sociedad civil, a las universidades, a los medios de comunicacin y a la ciudadana en general, como se plante en nuestros talleres con periodistas; y por tanto, deben disearse programas que ayuden al mejor desempeo de ese rol.

1.2 Mayor capacidad local

a. Financiar inversin en capital de desarrollo. Para CAD, el principal problema por resolver es la insuficiente capacidad de gestin a nivel local, tanto gubernamental como social. Frente a ello, CAD sugiere que los recursos del canon minero no sean destinados solamente a financiar obras de infraestructura fsica. Deberan servir tambin para fortalecer el capital institucional de los gobiernos locales y ofrecer programas de capacitacin que redunden en un manejo ms eficiente de los recursos de la comunidad y en desarrollo sostenible, sin que ello implique el financiamiento de gastos operativos. Se sugiere que se permita financiar inversin en capital de desarrollo con un lmite razonable y con garantas de que esa inversin repercuta positivamente. Ello pasa por autorizar el financiamiento quiz con los intereses de los fondos no utilizados de la preinversin y de los estudios de pre factibilidad y factibilidad que se requieren para el desarrollo de proyectos. Un buen primer paso ha sido la decisin, adoptada en la Ley de Presupuesto del Sector Pblico del ao 2006, de autorizar a los gobiernos regionales y locales a destinar el 1% de lo que reciben por canon a la elaboracin de perfiles para sus proyectos. Los programas de fortalecimiento institucional y capacitacin podran realizarse con la colaboracin del CND o del MEF o, en el mbito departamental, bajo la supervisin de los gobiernos regionales.

b. Deduccin del Impuesto a la Renta para incentivar la inversin en generacin de capacidades. Dado el desfase de 8 a 15 aos entre el inicio de actividades de exploracin minera en una localidad y la transferencia de canon minero a la zona, se debera incentivar que las empresas mineras realicen desde un inicio inversiones en el desarrollo de capacidades locales. Nosotros proponemos que se les permita deducir stas de sus pagos por Impuesto a la Renta. Ello ayudara a que comunidades de las zonas mineras mejoren su capacidad local en menos tiempo.

c. Fondo de contingencia. Con el objeto de contribuir al planeamiento del desarrollo local y dado que existe una relacin directa entre el canon minero y el precio internacional de los metales, debera materializarse la propuesta de establecer un fondo de contingencia que mantenga relativamente estables los montos a ser transferidos a nivel local. Este fondo permitira hacer ms predecibles los flujos de las transferencias de canon minero y contribuira a evitar el endeudamiento sobredimensionado derivado de proyecciones optimistas.

1.3 Un mejor arreglo institucional

a. Modificacin legal del sistema de distribucin. Debido a la naturaleza propia del canon minero, CAD propone que el 50% de los recursos del canon, como mnimo, se destine a las zonas directamente impactadas por la minera y que la diferencia se distribuya entre las localidades indirectamente impactadas. De ese modo se reducira la dispersin de montos.

b. Criterio de asignacin: impactado (EIA) = beneficiado. En ciertos casos, localidades que estn muy cerca de una mina no reciben canon porque formalmente estn fuera del departamento productor. CAD plantea una reforma legal que considere el criterio poblacin impactada por la explotacin minera como base para determinar la poblacin beneficiaria del canon. Para ello se podra recurrir a los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS), ya que stos incluyen una lnea de base y sealan cules son las comunidades directa e indirectamente impactadas por la actividad minera. Ello implicara un cambio normativo y exigira que el Ministerio de Energa y Minas (Minem), el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) y el Consejo Nacional de Descentralizacin (CND) exploren mecanismos a fin de alinear la actual distribucin del canon al criterio de impacto, en el mediano plazo.

c. Ampliar la base de clculo. Con el objeto de cumplir con el mandato constitucional, CAD considera que el clculo del canon minero debe incluir el Impuesto a la Renta de tercera categora de los contratistas de las mineras, el de cuarta de ciertos proveedores de servicios de los titulares de la concesin y el de quinta de sus empleados, as como los aranceles y las otras rentas que percibe el Estado vinculadas a la actividad, adems del Impuesto a la Renta de tercera categora que pagan las empresas mineras.

1.4 Mayor responsabilidad

a. Responsabilidad social de la empresa. Las empresas mineras deberan apoyar los procesos de vigilancia y participacin ciudadanas orientados a la priorizacin de obras y a la rendicin de cuentas de los recursos del canon. Asimismo deberan contribuir con la generacin de capital humano de las localidades en las que operan y hacer transparente el cumplimiento de sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS).

b. Responsabilidad gremial. El gremio minero debe comprometerse a dar a conocer de manera agregada el aporte del sector a las rentas e ingresos del Estado. Adems convendra que sus miembros busquen sinergias y compartan las buenas prcticas que realicen en ciertas zonas para poder replicarlas e implementarlas, tanto en lo referido al seguimiento del gasto del canon, como a la generacin de capacidades y la ejecucin de proyectos.

f. Cmo invertir eficientemente los recursos del canon?

En un reciente artculo sobre la responsabilidad social y la minera, Luis Alberto Arias, experto en tributacin y Ex Jefe de la SUNAT, cita a La Corporacin Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial como la entidad que ha identificado los factores por los cuales las municipalidades no estaran gastando en forma eficiente los recursos recibidos por concepto de canon minero. Estos factores, entre otros, son los siguientes:

1. Las municipalidades no han sido estructuradas para gestionar inversiones pblicas significativas sino para gestionar servicios urbanos locales, cosa que requiere instalar un gestin local moderna y eficiente de proceso integral de inversiones pblicas.

2. La complejidad de los sistemas y normas nacionales (gestin presupuestaria, Sistema Integrado de Administracin Tributaria SIAF -, Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP -, sistema de adquisiciones y contrataciones) que deben cumplirse para ejecutar el gasto. Esta complejidad es relativamente mayor para municipalidades urbanas pequeas y para municipalidades rurales.

3. La poca calificacin del personal de las municipalidades, debida en la mayor parte de casos, a la inexistencia de capacitacin prctica en sistemas y normas.

4. La escasa predictibilidad de los recursos que anualmente reciben las municipalidades, que varan por la forma en que est diseado el cronograma de transferencias, por la volatilidad del Impuesto a la Renta y por la fluctuacin de los precios de los metales, y los niveles de produccin.

5. La ausencia de planes de desarrollo local que orienten adecuadamente las inversiones.

6. Las limitaciones para el uso de los recurso del canon, pues deben destinarse en mayor parte a gastos de infraestructura.

El documento seala que la poca capacidad de gasto que normalmente se atribuye a los gobiernos locales no es de su exclusiva responsabilidad, pues est compartida con las instituciones del Gobierno Central que son las responsables de desarrollar los sistemas y de dictar las normas, difundirlas y desarrollar un programa nacional de asistencia y capacitacin permanente a los funcionarios municipales.

Respecto de este ltimo punto, convendra que el Gobierno central asumiera el liderazgo a travs del Ministerio de Economa y Finanzas y el Consejo Nacional de Descentralizacin (CND), y canalizara los diferentes esfuerzos en el reto de aportar asistencia y capacitacin a las municipalidades.

Esta capacitacin debe tener como objetivo la transmisin de conocimientos en las siguientes materias: (i) presupuestos participativos; (ii) gestin presupuestaria; (iii) Sistema Integrado de Administracin Financiera (SIAF); (iv) Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP); (v) formulacin de proyectos; (vi) instrumentos para gestionar adecuadamente el ciclo de proyectos de inversin; y (vii) normas de adquisiciones y contrataciones.

Los lineamientos aqu expuestos son parte del programa nacional para canon minero propuesto por el IFC, en el marco de la asistencia del Grupo Banco Mundial al proceso de descentralizacin. La solucin de los problemas identificados depender de que las municipalidades estn en capacidad de convertir los recursos del canon minero recibidos en inversiones de impacto para la poblacin.

g. Los aportes voluntarios de la gran minera

El solicitud y posterior anuncio del Presidente de la Repblica Alan Garca, respecto a los aportes voluntarios de las empresas mineras han sido bien recibidos por parte de los medios de comunicacin y la opinin pblica. En la exposicin del Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, anunci que las mineras entregaran el 3.75% de las ganancias netas anuales por concepto de aporte voluntario, lo que equivaldra a 500 millones de soles. Estos aportes se han justificado en virtud a los altos precios de los minerales, que generan sobre ganancias a las empresas, las cuales deben ser repartidas en las poblaciones que oportunamente decidirn los entes del Estado. El investigador Schuldt hace una crtica al sistema de aportes voluntarios, pues considera que su clculo impositivo es inadecuado. Por otra parte, considera un poco ingenuo que las empresas mineras estn dispuestas a invertir en obras sociales adicionalmente por un monto de 2,500 millones de soles en el quinquenio. Para el investigador, el espritu de los aportes voluntarios no debera ser confundido con el concepto de regalas, pues las empresas mineras tratarn de evadir dicho impuesto con la excusa de la entrega de los ya mencionados aportes voluntarios.

V. Conflictos comunidad empresaDentro de la dinmica de los conflictos ocurridos entre la poblacin, rural o urbana, y las empresas mineras, hemos podido observar, de acuerdo a la informacin obtenida de la Defensora del Pueblo y de nuestro de trabajo de campo, tres grandes dimensiones: (Vase Anexo 5).

a. Conflictos motivados por problemas ambientales, que seran aquellos donde se han ocasionado o existe potencial dao ambiental por parte de la empresa minera hacia los recursos de la comunidad.

b. Conflictos motivados por problemas de propiedad, que estaran en relacin con la limitacin clara de los terrenos pertenecientes y explotables, tanto por las comunidades como por las empresas mineras. Las disputas entre las mismas empresas tampoco son raras.

c. Conflictos motivados por demandas sociales, relacionados por temas tan diversos como la inadecuada licencia social, la falta de propuestas de desarrollo hacia la localidad, los reclamos en salud, educacin, e inversin.

Estas tres clasificaciones slo se muestran como una abstraccin til a nuestro anlisis, ya que en nuestra investigacin en la problemtica minera notamos que las nociones especficas de desarrollo o responsabilidad social, por ejemplo, no se encuentran en todas las discusiones entre comunidades y empresas, pero podemos notar cierta tendencia que hace til esta clasificacin.

La responsabilidad social, entendida como acciones de desarrollo de las comunidades por parte de las empresas, entonces, pareciera que va por el lado de problemas ambientales y problemas sociales, lo que hace que la problemtica de tierras sea un tema ms delicado en lo que respecta al tratamiento de las consecuencias sociales que debe asumir la empresa al entrar a explotar una determinada regin.

A decir de la responsabilidad social, esta es planteada como una serie de estrategias diseadas para ayudar a desarrollar las comunidades, desde la organizacin de las empresas, o al menos en su financiamiento. Los problemas, que pueden ser clasificados como conflictos causados por motivaciones sociales y ambientales, pueden tener un horizonte ms claro y de ms fcil solucin, en comparacin con los problemas generados por la propiedad de la tierra. Estos, estn relacionados con estructuras de orden ancestral.

Por eso, nosotros planteamos la necesidad de entender el concepto de Responsabilidad Social, en un sentido integral y humano, que implicara la conducta tica de la empresa en tanto se responsabiliza y asume las consecuencias que sus operaciones pueden producir, y que pueden afectar sobretodo a las comunidades del entorno. Por esto, un adecuado manejo de los problemas sobre propiedad se vuelve crucial, porque mal llevado, engendrara posteriores reclamos sociales y ambientales ante el poco respeto sobre las comunidades y sus recursos naturales. Esto nos conduce a pensar que es viable incluir el tema del inadecuado manejo de tierras como una parte significativa de la problemtica minera y de la cual se derivan los problemas sociales.

Teniendo en cuesta esto, los conflictos que tienen como base problemas ambientales y sociales, no slo necesitaran el respeto y cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas, sino tambin se hace necesaria una comunicacin permanente con los pobladores y sus representantes, en torno a los cambios inducidos y permitidos por ellas y ellos mismos.

V.1. Conflictos por problemas ambientales

La mayora de estos conflictos tienen un elemento comn: el problema de daos ambientales por el inadecuado tratamiento de los relaves, la forma en que se manejan los elementos qumicos, la sobreexplotacin del subsuelo que perjudica las viviendas de las comunidades, los daos ambientales a la vegetacin y a los animales, entre otros.

En estos casos, el Ministerio de Energa y Minas tiene las atribuciones legales de intervenir en el conflicto, ya sea de oficio o por pedido expreso de algunas de las partes involucradas. En la mayora de los casos vistos en el presente documento, existen muchas discrepancias entre las empresas y las comunidades, las cuales han tenido que ser solucionadas mediante mesas de dilogo convocadas por el Ministerio de Energa y Minas, en la cual termina actuando de rbitro entre las partes, en lugar de establecer algn tipo de procedimiento ante potenciales problemas ambientales a producirse en la regin, o algn sistema de procedimiento sancionador, fiscalizador, o mitigador ante los casos de dao ambiental comprobado.

El problema de los pasivos ambientales, entonces, no es exclusivo de las empresas que actualmente operan en las comunidades, pues viene de antiguas empresas que trabajaron bajo un sistema que les permita hacer y deshacer acciones vinculadas al medio ambiente, en nombre del inters nacional; sino que es un problema, que en mayor parte de los casos, no tiene responsables designados (ya que las empresas que colocaron esos pasivos han cerrado o han sido privatizadas, o hay otras empresas en su lugar), y el Estado an no asume totalmente la responsabilidad de mitigar o sanear los pasivos ambientales.

Dado que actualmente el rol de las ONG y de las organizaciones de defensa de las comunidades radica en despertar la conciencia de las comunidades en los temas medioambientales, los pobladores exigen mejores sistemas de manejo del ambiente del entorno en el que se encuentran; por ello, consideran que el concepto desarrollo sustentable debe ser tomado en cuenta por las empresas mineras, las cuales en este caso particular, no sienten que deban tener responsabilidades sobre actividades que no les corresponden hacer, dado que en su cultura organizacional, consideran que su mera presencia como agente empresarial, ya es un aporte para las comunidades, desarrollando un concepto de solidaridad social relativamente distinto al que las comunidades esperan.

Finalmente, en los casos registrados, notamos que existen muchas discrepancias en lo que se refiere a las decisiones de las comunidades en torno a objetivos claros. En algunos casos, las mesas de dilogo han sido suspendidas por falta de acuerdos entre los miembros de la comunidad ante la empresa y el Ministerio de Energa y Minas; en otros casos, las empresas desconocen por completo sus responsabilidades sociales, ante lo cual el MINEM no tiene capacidad de coaccin y se limita nicamente a enviar sugerencias relativas, en su mayora, a una facilitacin del dilogo.

Resumiendo, los conflictos generados por problemas medioambientales son de dos tipos:

a. Problemas ex ante: el MINEM acta como agente facilitador, la empresa debe sustentar que sus estudios de impacto ambiental (EIA) son los adecuados y la poblacin debe tener la garanta de que no habr un impacto adverso sobre el medio ambiente.

b. Problemas ex post: el MINEM acta como agente sancionador, en caso de existir dao ambiental causado por la empresa minera, y propone medidas de remediacin. En caso de existir pasivos ambientales de empresas que ya no operan, el Ministerio busca una solucin negociada entre la empresa y la comunidad.

V.2. Conflictos por problemas de tierras

Dentro de los conflictos vistos en el presente estudio, notamos que en algunos casos, los derechos de propiedad de las tierras no estn adecuadamente formalizados por parte de las comunidades. Un caso interesante es el del Consorcio Minero Horizonte, en el cual los pobladores de Pataz reclaman que la empresa est realizando excavaciones subterrneas, las cuales generan derrumbes en varias zonas aledaas a la comunidad.

Por otra parte, los conflictos por tierras tambin ocurren entre empresas, como lo sucedido con la Compaa Minera Don Rafo 2, la cual invadi los terrenos de la Compaa Minera La Milagrosa, en Arequipa.

Dado que existe una diferencia entre la extensin de los denuncios mineros y los catastros agrarios, los cuales no son adecuadamente delimitados, algunas comunidades campesinas reclaman sus derechos ante el Ministerio de Energa y Minas, a fin de poder delimitar los lmites en que la explotacin minera debe actuar.

En este tema existe una falta de precisin de jurisdicciones entre ambos ministerios.

V.3. Conflictos por demandas sociales

Los conflictos mineros por demandas sociales son variados, en los casos estudiados, usualmente son reclamos por parte de las empresas ante movilizaciones de los pobladores. En otros casos ms concretos, la sola presencia de la compaa minera fue un factor detonante de desbordes sociales, como ha sido en los casos de Tambogrande y Cerro Quilish.

Debemos anotar que las demandas sociales por parte de las comunidades del entorno son muy variadas (adecuacin de instalaciones elctricas de la empresa minera, salud, educacin, vivienda, trabajo, remediacin de pasivos ambientales, entre otros), pero todas incluyen las demandas de los dirigentes que la empresa minera, no slo debe producir, debera generar desarrollo en la comunidad directamente involucrada.

En estos casos, la intervencin del MINEM es insuficiente, pues en casos como Antamina o Cerro Quilish, se han visto forzados a involucrarse otros actores del Estado, como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y OSINERG, as como los Comits de Defensa Social de las regiones involucradas y las ONG. Esta multiplicidad de actores y los mltiples dilogos convocados para la solucin de estos conflictos, muestran un nivel de falta de polticas en el sector minero. Las mesas de dilogo intersectoriales, los comits de defensa, las reuniones de negociacin de las partes, las sesiones informativas no slo son sntomas de un gran nivel de indecisin sobre los roles que cada parte debe asumir.

Nos encontramos con que el anlisis de nuestros datos nos ha revelado una realidad ms compleja, dentro de todo el universo de intereses creados en el contexto de la explotacin minera, y que merece nuestra atencin.

Es importante sealar, a manera de premisa, que los actores sociales se constituyen en relaciones y prcticas contextuales, y que por ello no tienen atributos fijos que se puedan entender sin analizarlos de manera relacional con otros aspectos de los problemas analizados. De modo que veremos cmo ciertos actores van a aparecer de distinta manera y con funciones diferentes en contextos polticos, sociales y econmicos especficos.

A propsito del tema, podramos hacer una digresin terica sobre el campesino como actor social. Segn Orin Star, es necesario tomar en cuenta que la protesta campesina puede sonar como un asunto muy concreto y definido de movilizacin clasista... pero, las protestas rurales no son la encarnacin de categora prefabricadas; tambin tienen que ver con la manera en que se moldean nuevas formas de visin y prctica poltica. Y es en las prcticas en que debemos tener presente quines reclaman, con el apoyo y legitimacin social de qu actores sociales.

Bajo los casos revisados vemos la presencia de organizaciones polticas, como las asambleas comunales, con formas propias de eleccin y toma de decisiones; organizaciones conformadas exclusivamente para presentar los reclamos hacia las empresas, y que pueden o no tener una vida prolongada despus de la disputa; la mediacin de los Ministerios de Salud o de Minas, y como se ha sealado anteriormente, sin una clara lgica de accin o sancin hacia las infracciones producidas por algunas empresas mineras, develando una inclinacin de intereses; algunas ONG que han venido trabajando en las zonas y que tienen una mirada crtica, y a veces criticista no slo al modelo del desarrollo aplicado nuestros pases, sino a toda una lgica capitalista de explotacin de los recursos, segn ellos.

Si deseamos entender, pero tambin buscar salidas y proponer ciertas frmulas de concertacin, debemos considerar que las comunidades campesinas estn en una situacin de desventaja, por falta de adecuada asesora, por la ausencia permanente de las instancias del estado y la poca sensibilizacin respecto a la defensa de los derechos de los campesinos.

Cuando no se da la importancia debida a la posicin en desventaja social, poltica y econmica en las que se encuentran situadas distintas poblaciones, la respuesta a sus reclamos ofrece soluciones circunstanciales que buscan apaciguar el contexto ms que concentrarse en alternativas a problemas estructurales. El efecto que estas soluciones ocasionan, es el de mostrar a ciertos sectores de la sociedad como insatisfechos, como aquellos que siempre quieren ms.

Para poder entender que no slo se ha mediado con prcticas empresariales, que en definitiva tienen que contemplar el contexto cultural y poltico de donde se instalan, respetando ciertas condiciones sociales dadas, tambin es importante notar que estamos ante una lucha por el reconocimiento y la legitimacin poltica. Esto se muestra evidente, si mencionamos que en los 8 casos revisados, en 5 de ellos han tenido participacin importante algunos representantes de la Iglesia Catlica.

Tal mediacin sera innecesaria si los pueblos campesinos estuvieran en la posicin de exigir sus derechos o la presencia del Estado, sabiendo que los conflictos se pueden solucionar a su favor, lo que no siempre ha sucedido en los ltimos aos. Tambin, es evidente que el Estado acta slo como mediador cuando el conflicto entra en su etapa crtica, pero es casi nulo su rol fiscalizador, mostrando a las comunidades, y a la opinin pblica en general, que hay una red de intereses que no contemplan el bienestar material o cultural de los pueblos afectados, generando mayor desconfianza al momento de tomar medidas que puedan tener resultados.

VI. Estudio de Casos Importantes

Durante los ltimos aos hemos observado, con no poca preocupacin, diversos conflictos sociales entre empresas mineras, el entorno social de las comunidades y las reas de influencia en que se desarrolla la minera. Estos casos constituyen un tema interesante para profundizar el anlisis de los conflictos.

VI.1 El Caso de la comunidad de Tambogrande

El conflicto entre la empresa Manhattan y las poblaciones involucradas de Tambogrande ha sido uno de los casos ms sonados con relacin a empresas mineras y poblaciones afectadas por la realizacin de exploraciones. El conflicto se dio en medio de una amplia campaa informativa en los medios de comunicacin por ambas partes del conflicto, en especial por el Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande, el cual logr establecer una red de apoyo (nacional e internacional) para evitar que la Minera Manhattan pudiera operar y extender sus actividades de explotacin en el valle.

El problema en esta regin surge de una negociacin entre la empresa minera y el Estado, sin tomar en consideracin la problemtica existente en la zona, es decir, sin considerar la principal actividad productiva del valle, la agricultura, y sin una consulta participativa a la poblacin sobre el proyecto. La entrada de la empresa minera y sus intentos por establecerse en la localidad generaron una serie de manifestaciones, paros, acciones cvicas, consultas vecinales, resistencia civil, ejercicio del derecho de autodeterminacin y eleccin. Pero tambin este caso implica una serie de crmenes no resueltos, en torno al asesinato del mximo lder de defensa, en relacin a la campaa de desinformacin propiciada por la empresa minera, y al silencio del Estado en la negociacin, y a la intervencin de los Organismos No Gubernamentales (ONG).

Para tener una mayor idea de la dimensin geogrfica del conflicto, Tambogrande es la localidad ms afectada de una serie de distritos en el valle de San Lorenzo (Piura), ya que su estructura econmica, basada en la agricultura, hubiera terminado seriamente afectada por la contaminacin de los relaves mineros. El valle de San Lorenzo posee 57,373 hectreas, de las cuales 42,188 estn bajo riego. De la parte correspondiente al rea de riego, 26,363 hectreas son cultivadas, mientras que 15,825 no lo son. El 46% de la superficie agrcola de la regin Piura se concentra en el valle de San Lorenzo.

Segn los clculos hechos por Juan Aste Daffs, el total de los ingresos del valle fue de US$ 42.2 millones para 1999, con un costo total estimado en US$ 24.5 millones. De esta manera, el ingreso neto estimado es de US$ 17.72 millones para 1999, y el ingreso neto anual estimado por agricultor es en promedio de US$ 226. La mayora de estos ingresos provienen de los cultivos de limn, mango y arroz, cultivos importantes puesto que los de mango y limn significan el 40% y el 38% de la produccin nacional, respectivamente.

Como dato estadstico tenemos que Tambogrande es un distrito clasificado como pobre. En el censo nacional de 1993, el total de la poblacin de hogares de viviendas particulares con ocupantes presentes fue de 62,807. Existen 58,970 hogares de nivel bajo, 2,929 de nivel medio bajo, 827 de nivel medio, 81 de nivel medio alto, y ningn hogar de nivel alto.

Dadas las caractersticas anteriormente descritas, el pueblo de Tambogrande considera que la llegada de la minera a su localidad afecta notablemente el esfuerzo que los pobladores han tenido que hacer desde 1960 para convertir al valle en una regin agrcola. Los pobladores consideran que las negociaciones entre el Estado y la Empresa son perjudiciales para ellos, y que el Estado est en contra de ellos, por lo que toman la decisin de empezar una lucha por sus derechos, es decir, defender su forma de vida. Segn el CEPES, al entrevistar a los pobladores de la zona, stos creen que la llegada de la minera trae de por s enfermedades a los nios, muerte a la agricultura, conflictos de intereses entre los lderes comunales, represin del Estado a travs de las fuerzas armadas, migracin forzada de las comunidades hacia otras localidades (volver a empezar), para que luego la empresa se lleve los beneficios sin dejar poco o nada a la comunidad. Bajo este panorama la actividad agrcola es preferida a la minera.

En lo que respecta a las acciones y la estrategia de la compaa minera Manhattan, desde 1999 la empresa intent ganar la confianza de la poblacin a travs de campaas de salud, arreglo de viviendas, donaciones, entre otros. Con ello, logr en un principio obtener ciertas simpatas, por parte de la poblacin, quienes consideraban la obra como inofensiva y benfica. El problema surge cuando la empresa quiso empezar los trabajos de exploracin en el valle, realiz negociaciones slo con los dirigentes, para obtener un permiso de prospeccin, pagando una cantidad de dinero destinado a obras pblicas. Este monto fue negociado sin conocimiento de la poblacin, lo que dio lugar a una serie de suspicacias sobre dichas negociaciones y el descontento de la poblacin. Estos hechos, a la larga, resultaran muy negativos para la compaa, pues la interpretacin que se dio de ellos, condicionara la imagen que los pobladores tuvieron de la empresa.

En el inicio de los trabajos, los vecinos fueron tomados por sorpresa, lo mismo que al enterarse de la existencia de los convenios. Luego de la sorpresa, se pas a la impotencia, a la indignacin y finalmente a la violencia. El punto ms crtico de esta situacin se present en el casco urbano de Tambogrande, donde el inicio de las perforaciones desencaden enfrentamientos y la destruccin de sus propiedades, lo que se tradujo en sendas denuncias policiales para los pobladores y sus lderes. A continuacin de ello y de manera muy rpida, el Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande crecera en apoyo, representatividad y poder, convirtindose en el interlocutor natural de la poblacin en este conflicto. Ello signific rechazo y oposicin a los planes mineros.

La empresa, a fin de contrarrestar la mala imagen generada, en vez de enmendar los errores, utiliz otros instrumentos menos lcitos para desinformar a la mayora de los pobladores, afirmando que su presencia haba sido pactada con la poblacin, a travs de sus alcaldes. El nivel de pobreza y desempleo en Tambogrande, si bien podan ser unas buenas razones para la entrada de la compaa, no fue debidamente argumentada por la empresa minera, que en su afn de apresurar el inicio del proyecto se sirvi de la misma necesidad de los pobladores y pag a personas que testificaron a favor de la compaa, aun cuando era sabido que la mayora opinaba lo contrario.

Segn el estudio sobre minera y las comunidades campesinas (CEPES) desde un principio y sobre todo cuando se trataba de actividades que requeran de centenas de personas, la empresa contrataba o pagaba a gente de otras zonas de Piura, lo que generaba enfrentamientos y disputas. En Cruceta (Tambogrande) fue a raz de la convocatoria de talleres que haba programado el Ministerio de Energa y Minas que trajeron a cerca de 300 400 personas de otros sitios ... invadieron la plaza de armas y la gente se despert preocupada por ver gente que nunca habamos visto, inclusive como los mercados no abran, algunos comenzaron a tirar piedras en los techos de los quioscos, dando lugar a que la gente y los dirigentes formularan una denuncia. Posteriormente lleg la polica y los materiales para el taller, y ya se comenz a amontonar la gente de ac de Cruceta y como los desconocidos tiraban piedras, la gente reaccion y tambin comenz a tirar piedras. La gente no quera permitir que se realizaran los talleres. Segn los pobladores entrevistados, probablemente tambin incluy en estas estrategias de la empresa, compra de conciencias de lderes y autoridades, aunque demostrarlo es mucho ms difcil.

La empresa complement esta poltica de desinformacin con acciones sociales, cursos de capacitacin en corte y confeccin, escuelas, postas, comedores populares, campaas navideas, en que se pagaba a los asistentes por su participacin. Un hecho importante en algunas de estas actividades de promocin es que la participacin en ellas exiga un empadronamiento o registro de participantes. Ello con el fin de generar una atmsfera de apoyo y respaldo ciudadano. Como en el caso anterior, el desarrollo del conflicto provoc que esta clase de actividades fuera perdiendo intensidad y se hicieran cada vez ms insostenibles por el rechazo y la presin social.

Cuando la poblacin se vio en la necesidad de tomar parte en el conflicto minero que estaba surgiendo, ya haban llegado desde Piura y otras localidades los organismos no gubernamentales, que asesoraban a los pobladores en la defensa de sus derechos. La poblacin actu en bloque contra sus autoridades y contra la empresa, por lo que sta, viendo que era muy costoso demorar las acciones de explotacin ante las reservas de oro comprobadas, decidi utilizar una estrategia de divisin y enfrentamiento interno entre los pobladores, la que fue complementada con una campaa de represin, denuncias y acoso a los dirigentes del frente de defensa de los intereses de Tambogrande.

Entre los testimonios recogidos por el estudio de CEPES, la poblacin coincidi en sealar que la empresa haba buscado la divisin de los pobladores en diferentes grados. La empresa en algunos casos pagaba a parte de la poblacin para que internamente generaran pleitos y desacuerdos respecto a la posicin de los pobladores. Citando la versin de uno de los informantes vemos el siguiente caso:

En una ocasin (la empresa) contrat a mujeres para que hagan una especie de barrera humana protegiendo la maquinaria de la empresa ante una movilizacin de protesta que el mismo pueblo haca. Este hecho gener a la larga un clima cotidiano de desaprobacin y sospecha contra aquellos que haban prestado sus servicios a la empresa, pese a que podan hallarse explicaciones sobre la base de las carencias por las que atravesaba la mayora de los involucrados. Sin embargo, eso no evit que se convirtiera en un argumento y excusa para descalificar a las personas, as como para acusarlas. El caso ms complejo y elaborado de esta poltica lo constituye la formacin de la Coordinadora por el Desarrollo de Tambogrande , organizacin que se funda en oposicin al Frente de Defensa en el 2002 -que acta desde dentro y va la promocin y proyeccin social- que en enero de 2003 presenta un padrn a las autoridades competentes y opinin pblica, incluyendo el Frente, donde figuran las firmas de ms de mil tambograndinos que supuestamente estaban en favor del Proyecto Minero Tambogrande. Meses despus, el RENIEC y la Defensora del Pueblo terminaran por aceptar que se haba cometido un delito y que la mayora de las firmas presentadas eran falsificadas. Muchos vecinos se vieron sorprendidos al encontrar su nombre en la lista: Yo saqu en un disquete 10 mil firmas e hice un estudio: el 80% eran falsas. Hay varios casos. El primero es como el mo, de gente que nunca tuvo nada que ver con la empresa; el segundo, de gente que recibi panetones, juguetes, etc; pero que no saba para qu estaba firmando, pero firmaron igual; y el tercero, de gente que trabaj para la empresa en un primer momento, en la etapa de exploracin y que para pagarles firmaron planillas. Tambin se ha dado el caso de 5 fallecidos y de jvenes que son menores de edad, y DNI que los tienen 3 o 4 personas. O sea, esa coordinadora es una farsa (Informante 139) De esta manera, el padrn presentado sintetizaba o utilizaba de alguna manera el nombre de todo aquel individuo que hubiera sido beneficiario de alguno de los pagos, trabajos, actividades, programas, etc. programado por la empresa. La presencia de menores de edad y muertos slo sirve para confirmar su ilegalidad. Pese a ello, a la fecha no hay ningn detenido o sancionado, pero lo cierto es que la presentacin del padrn sirvi para azuzar el miedo, las sospechas y acusaciones entre ciudadanos. La lentitud en su proceso de esclarecimiento (tom tres meses para que la Defensora del Pueblo se manifestara) solo sirvi para aumentar la desconfianza. Ahora bien, de hecho la presentacin del padrn de firmas falsas no fue una decisin fortuita, pues apenas das antes, el 9 de diciembre de 2002, Manhattan haba presentado su EIA, y el padrn serva como medida simblica de apoyo, toda vez que este padrn lleg al MEM y otras autoridades competentes. Tambin coincida con el ingreso a la alcalda del Presidente del Frente de Defensa, Francisco Ojeda, lo que poda servir como medida desestabilizadora, en el mismo mes en que el Municipio sufri la intervencin de la Contralora General de la Repblica y el acoso policial.

Luego del escandaloso caso de las firmas falsas, la Defensora del Pueblo demostr poca celeridad, lo que fue interpretado como complicidad por parte del Estado con la Empresa. Esta poca celeridad en la problemtica minera (presentada por la ONPE, Contralora, Defensora, Ministerio de Energa y Minas, entre otras instituciones) fue aprovechada por la empresa Manhattan, que pretendiendo mostrarse agraviada, utiliz argumentos legales para intentar movilizar las fuerzas del orden, desinformando a las autoridades y a la poblacin. Las redes de las organizaciones no gubernamentales, y la Iglesia Catlica jugaron un rol preponderante en el equilibrio de poderes en el conflicto, asesorando los frentes de defensa y utilizando sus contactos a nivel nacional e internacional en una campaa de informacin y concientizacin del problema que estaba surgiendo en la localidad:

En Tambogrande, si se es dirigente o lder, no slo del Frente sino de las organizaciones que lo integran, de las bases, es normal que debera estar denunciado, con su correspondiente trato policial. Sobre la cabeza de los lderes pesa no una sino varias denuncias. Sin embargo, la estrategia de la empresa ha sido, por sobre todas las cosas, de pintarlos como desadaptados, como delincuentes y terroristas. En ello los medios han jugado un rol importante. Finalmente, los entrevistados denuncian la presencia de personas que trabajan informando a la empresa sobre personas y lderes que se oponen a sus proyectos, sobre las discusiones y problemas que hay en Tambogrande, sobre las decisiones y acciones que se programan, es decir, que nutren de informacin que de una u otra manera puede ser aprovechada por la empresa.

En la revisin bibliogrfica hemos observado que al darse un debate tcnico respecto a las consecuencias de la explotacin minera dentro de la localidad, los pobladores tomaron conciencia de la gravedad del caso. Lo que al principio era una sospecha y desconfianza se convirti en una certeza y una lucha articulada en los movimientos de defensa. Esta articulacin implicaba que la poblacin, en diferentes grados tuviera cierta conciencia de poder ciudadano y estuviera interesada en las consecuencias que la explotacin pudiera tener sobre su estilo de vida.

El estudio citado, menciona que existieron cuatro orgenes importantes sobre los que se desarroll el conflicto, los que fueron: razones referidas a lo ecolgico o ambiental, razones laborales, percepciones influidas en base a la experiencia en otros pueblos (Caso Yanacocha), razones econmicas, y la reivindicacin de los proyectos de vida personales y colectivos. Estos cuatro elementos, ms all de la conveniencia econmica de la entrada de la empresa minera y los impactos en la vida de los pobladores, denota que existe una mala imagen sobre los impactos de la minera en las comunidades. Esta imagen, sumada a la demora del Estado en materia de penalizacin de las empresas mineras que incumplen las normas, da espacio a las diferentes organizaciones para actuar en un conflicto donde el gobierno no ha intervenido de manera eficiente. Fue necesaria una campaa de informacin y de lucha para que el Estado tomara medidas, que se convirtieron en la resolucin del contrato de opcin entre Centromn y Manhattan Sechura S.A. el 10 de diciembre del 2003.

VI.2 El caso de la minera BHP Billington Tintaya

La empresa minera BHP Billington Tintaya S.A. se dedica a la produccin de concentrado de cobre. Su asiento minero est ubicado a 4,100 m.s.n.m, en la provincia de Espinar, a 250 Km al suroeste de la ciudad del Cusco y a 260 Km de la ciudad de Arequipa. Haciendo un poco de historia, la primera exploracin concreta y conocida fue realizada durante los aos 1917- 1918 por la Cia. Andes Exploration of Maine, que efectu 4 perforaciones a percusin y abri 11 tneles de corta longitud; estas exploraciones mostraron la existencia de una mina. Luego de esta incursin, recin en la dcada del 40 encontramos referencias a nuevos trabajos realizados sobre el yacimiento de Tintaya por empresas tales como American Smelting, Anaconda y la Cerro de Pasco Cooper Corporation. En 1952, la Cerro de Pasco tom una opcin sobre las concesiones pertenecientes al seor Juan Mariano Velasco, que cubren el yacimiento de Tintaya. En 1971 Minero Per se hizo cargo directamente de la explotacin de dicho yacimiento, contratando a HA Simons International Ltd., para preparar el estudio de factibilidad de explotacin del depsito. En concordancia con la activa presencia estatal en las inversiones mineras, el 2 de mayo de 1980 se constituy la Empresa Estatal Minera Asociada, de acuerdo a la Ley General de Minera. Poco tiempo despus, mediante Decreto Legislativo 109 cambi su status legal por el de Empresa Minera Especial Tintaya S.A., iniciando sus operaciones en 1985.

El 29 de noviembre de 1994, como parte de la estrategia de reduccin de la participacin de capitales pblicos, y de acuerdo al programa de privatizacin establecido por el gobierno de Alberto Fujimori, el consorcio norteamericano Magma Coopper se adjudic la buena pro de la explotacin minera en subasta internacional al ofrecer US $218 millones en efectivo, $55 millones en papeles de la deuda peruana y un compromiso de inversin de $85 millones en un plazo de 5 aos. En enero de 1996, Broken Hill Propietary Inc. (BHP) de Australia, adquiri Magma Coopper Company. Esta compaa, la mayor en el rea de industria y extraccin de recursos naturales en Australia, posee activos en explotacin de minerales y petrleo, y produccin de acero, de ms de 36,000 millones de dlares americanos con ingresos anuales calculados en US $ 22,320 millones, siendo su fuerza laboral de alrededor de 61 mil trabajadores en ms de 50 pases del mundo. Finalmente, en el ao 2001 se consolid la fusin estratgica entre BHP y Billinton. Ambas corporaciones comparten una visin de futuro similar, aunque BHP tiene como elementos principales el cobre, el carbn y el acero, mientras que Billinton por su parte tiene minas en aluminio y otros metales.

La unidad minera se encuentra ubicada a 4,100 m.s.n.m., en la provincia de Espinar, abarca en su rea de influencia directa a las comunidades de Tintaya Marquiri, Alto Huancan, Bajo Huancan, Huano Huano, Alto Huarca, Huisa, Huarca, Huisa Ccollana y Anta Ccollana. Sin embargo, slo las cinco primeras forman parte de la mesa de dilogo que se instal en febrero de 2002 ante el conflicto minero surgido. BHP Billinton Tintaya produce en su planta concentradora cerca de 300,000 TM de concentrado de cobre al ao, con una ley promedio de 30% de cobre. Esta produccin se realiza a partir de minerales con sulfuros de cobre, especialmente calcopirita. Luego, el concentrado es transportado al puerto de Matarani, en Arequipa, para su comercializacin. Por otra parte, la empresa ejecuta los proyectos cuprferos complementarios de Antapaccay y Coroccohuayco. El proyecto Antapaccay se ubica a diez kilmetros al suroeste del tajo actual de Tintaya.

El perfil ms comn del poblador de las comunidades involucradas rene como caractersticas principales el ser joven, menor de 30 aos, bilinge quechua y castellano, originario de la zona, y con movimientos migratorios pendulares hacia las ciudades cercanas a Arequipa o Cusco, con fines laborales o de estudios. Segn un estudio realizado por la empresa minera, la poblacin de las comunidades tiene una distribucin piramidal, concentrndose los mayores porcentajes de habitantes en los grupo menores de 15 aos (39,3%) y de jvenes de 15 a 30 aos (28.4%). El comn denominador de la poblacin mayor de 18 aos en las comunidades involucradas en el conflicto es el hecho de no haber concluido sus estudios primarios. Sin embargo, en Bajo Huancan predomina el grupo de los que han terminado la primaria; y en Tintaya Marquiri hay un 22.7% de la poblacin que ha concluido la secundaria.

Como presentamos en los datos comunales, en cada comunidad existe al menos una escuela primaria estatal, con excepcin de las de Tintaya Marquiri y Alto Huancan que son fiscalizadas, es decir, cuentan con el apoyo de BHP Billinton Tintaya. Adems, la comunidad de Tintaya Marquiri cuenta con un colegio secundario fiscalizado. Las escuelas y colegios de rgimen fiscalizado tienen ciertas ventajas en cuanto a la posibilidad del personal docente, infraestructura y servicios, frente a los colegios de rgimen plenamente estatal. En las escuelas primarias estatales de las comunidades hay menos docentes que el requerido; por ejemplo, en Bajo Huancan existen tres secciones por docente, lo cual incide en la calidad de la enseanza y del aprendizaje. En lo que respecta a la salud, el perfil de morbilidad de la poblacin de las comunidades estudiadas se caracteriza por tener como principal enfermedad a las infecciones respiratorias, segn lo percibe la poblacin. Sin embargo, hay enfermedades de ndole digestiva que, segn el personal de los centros de salud, tienen fuerte incidencia en la poblacin. La atencin en salud se da bsicamente a travs de dos centros de salud estatales uno en Espinar y otro en Tocroyoc y eventualmente un hospital de la Seguridad Social que da atencin a la poblacin no asegurada, que es la ms numerosa, aunque slo en casos de emergencia.

El conflicto minero en Tintaya, a diferencia del caso anterior, Tambogrande, nace en una mina en pleno funcionamiento. Los pobladores han tomado conciencia de la importancia del medio ambiente y del desarrollo sostenible que se hace necesario, as como de la relacin comunidad-empresa minera. La empresa BHP Billington Tintaya ha heredado pasivos de las empresas que anteriormente han explotado la zona, estas empresas no tenan ningn tipo de fiscalizacin ambiental ni consideraban temas como la responsabilidad social, licencia social, desarrollo sostenible, etc. Estos pasivos recibidos por la empresa han generado problemas con la poblacin, pero tambin se ha originado por la expropiacin y compra-venta de venta de tierras, tanto de parte del Estado como de parte de las empresas mineras posteriores. Sin embargo, los hechos que se han sucedido son percibidos de distinta manera por los comuneros, los cuales estn conformando una Mesa de Dilogo con la Empresa, luego de hacer realizado protestas.

La frustracin de los pobladores la comunidad de Tintaya Marquiri fue grande en el momento en que los desalojaron de sus tierras, he aqu que se produjo lo que los antroplogos llaman un choque cultural (Oberg, 1958). Este trmino es utilizado para describir la ansiedad y los sentimientos causados en un individuo por el contacto con un medio social totalmente distinto. Se relaciona frecuentemente con la incapacidad entender las pautas de accin de la otra cultura. Frecuentemente se combina con un fuerte rechazo (moral o esttico) a ciertos aspectos de la cultura ajena. El trmino fue introducido por primera vez en 1958 por Kalervo Oberg, y de acuerdo a la teora desarrollada a partir de sus escritos, se definen cuatro etapas de sntomas comunes al choque cultural. La primera es la etapa de la luna de miel, que dura unas cuantas semanas. En esta etapa la gente recibe todo lo nuevo como estupendo. Luego viene el choque descrito anteriormente. Despus hay un perodo de negociacin, en el que la gente trabaja para resolver las diferencias culturales. Finalmente viene la aceptacin. Con esta, la gente se da cuenta de que hay cosas buenas y malas en la cultura, y que es posible trabajar con ella. Dependiendo del nivel de choque entre idiosincrasias, la aceptacin como proceso usualmente demora mucho, por lo cual, ms adelante, veremos la teora de la Tripple Bottom Line of Sustaintability como medio para acelera los procesos de convergencia de intereses entre la empresa y la comunidad.

El choque cultural medianamente observado, en el contexto de este conflicto, radica en la rudeza percibida por los pobladores andinos sobre las acciones de la empresa, que tiene relacin con la creencia socialmente compartida de que los ms fuertes deben ayudar a los ms dbiles. Los comuneros, al vender sus tierras sin un precio que equivalga el valor de las tierras perdidas y de la forma de vida que sacrifican, tenan la esperanza de que la mina les dara algo a cambio del valor que sacrificaba. Esperaban puestos de trabajo, ya que se les haba sido prometido esto por parte de la empresa. Asimismo, la filosofa de la empresa, que se rige sobre parmetros de libre mercado y liberalismo econmico es que nadie tiene la obligacin de hacerse responsable por otros, y cada persona es responsable de su propio destino y felicidad, promoviendo, por lo tanto una cultura pragmtica, funcional, eficiente, pero tambin actitudes arribistas e informales. Esta diferencia cultural se hace ms evidente en los conflictos que el Estado no regula.

Tal y como se mencion en el prrafo anterior, la fase de negociacin y adaptacin al nuevo contexto (explotacin de las tierras) fue realizada en forma violenta, respondiendo de una manera similar, ya que sintieron que la empresa haba entrado de la misma manera, y que era derecho contestar de forma similar. Es en este escenario donde aparecen las organizaciones no gubernamentales, que informan de los derechos a las comunidades locales, les dan argumentos y promueven una lnea de accin para evitar daos posteriores.

Asimismo, la Mesa de Dilogo establecida por el gobierno ante el conflicto generado, permite que los comuneros conozcan ms de los costos de operacin y otros procesos de la mina. Se elaboraron cartillas informativas, relacionadas sobre todo con el medio ambiente, para saber que hacer en una emergencia o accidente ambiental. La naturaleza del conflicto ha originado que los pobladores deseen conocer ms sobre lo que les afecta. Adems, la mesa de negociacin es la responsable de este dilogo.

Antes, la empresa minera promova y demostraba un relacin esquiva a las comunidades y no dialogaba sobre los problemas que le aquejan, sino por el contrario, las amenazaba de recurrir a la servidumbre minera a fin de obligarlas a vender sus tierras. La empresa como agente econmico y de operaciones busca maximizar sus beneficios sin considerar a los agentes con los que se interrelaciona y convive.

Desde la instalacin de la empresa estatal, y la Empresa Minera Especial Tintaya S.A., en 1980, ha venido recortando y daando el territorio de cinco comunidades de la provincia de Espinar, propiciando conflictos similares al de muchas otras regiones del pas. Al haber sido desplazadas las tradicionales actividades agropecuarias de las comunidades, hacia la actividad minera, sin que se plantee oportunamente alternativas que garanticen la generacin de ingresos a las familias afectadas, la situacin de las comunidades es crtica.

Sin embargo, como seala CooperAccin, La multiplicacin de conflictos sociales y ambientales en el Per ha provocado a su vez el desarrollo de algunas experiencias de dilogo y concertacin, con caractersticas y resultados diversos. Una de estas experiencias tiene curso precisamente en Tintaya, donde se ha instalado una mesa de dilogo con actores que se perciben como tales, a diferencia de otras regiones en las cuales los espacios de concertacin son liderados por las empresas o por el Estado mismo, jugando las comunidades un rol subordinado.

El caso de Tintaya sintetiza tambin el esfuerzo de instituciones y de las ONG que apoyan a los actores locales que se consideran afectados -cinco comunidades campesinas- para acordar e implementar una estrategia de dilogo con la empresa minera en la perspectiva compartida de una solucin del conflicto y de establecimiento de relaciones que permitan el desarrollo de las actividades mineras y tambin, de las actividades agropecuarias.

Si bien la Mesa funciona con mucha lentitud, es importante recalcar que la experiencia de Tintaya demuestra que s hay alternativas posibles en la difcil ecuacin entre actividad minera y comunidades y poblados campesinos.

VII.3 Caso de Minera Majaz

Desde el ao 2002, Huancabamba se encuentra en estado de conmocin social por la presencia de la empresa britnica Monterrico Metals que, con el nombre de Minera Majaz, pretende explotar un yacimiento minero en medio de un bosque de neblina en la zona limtrofe con la provincia de Ayabaca. Esta empresa viene operando de manera ilegal dentro del territorio de dos comunidades campesinas (Segunda y Cajas en Huancabamba y Yanta en Ayabaca). Muchos agricultores de estas dos provincias de Piura, as como de San Ignacio y Jan en Cajamarca sostienen que la explotacin les ocasionar serios perjuicios, especialmente porque afectara las fuentes de agua y la produccin agropecuaria y con ello el empleo y sus ingresos.

Dentro del escenario de desencuentros entre la comunidad y la empresa, el hecho ms relevante sucedi el 12 de marzo de 2006, cuando se produjo una brutal agresin contra los expositores y asistentes al foro Minera, Agricultura y Desarrollo Sostenible, realizado en Huancabamba; a este hecho se une la destruccin de la emisora ambientalista La Poderosa, las agresiones sufridas por el periodista Federico Ibez y la dirigenta campesina Josefa Adrianzn, las denuncias por terrorismo realizadas por la empresa Majaz contra un sacerdote y varios agentes pastorales, las campaas de difamacin realizadas desde el diario Correo de Piura y el programa Panorama en Lima contra todos los que se oponen al proyecto minero, incluyendo al obispo de la zona, as como la muerte de los campesinos Reemberto Herrera y Melanio Garca.

Una turba de matones, contratada por la empresa minera Majaz, como los medios han confirmado, arroj piedras y golpe a varios de los participantes en el evento e inclusive secuestr por varias horas a algunos de ellos, tal como consta en el Informe N 036 emitido por la Comisara de Huancabamba y el Atestado Policial N 027. La turba se encontraba al mando de Ral Urbina, gerente de la empresa Majaz, as como de Luis Armando Ludea, Jos Nicanor Jimnez, Jorge Pucar, Ricardo Senz, Bartolo Bermeo, todos ellos empleados de la mencionada empresa. Ellos alquilaron un equipo de sonido que emplearon para interrumpir con arengas el evento, transportaron en diversos vehculos a los matones y compraron huevos que fueron arrojados al pblico, todo esto corroborado en los informes policiales.

La presencia de Ral Urbina y de los dems empleados de Majaz durante los incidentes violentos del 12 de marzo, comprobada por las fuentes policiales, confirma lo que denunciaron varios dirigentes ambientalistas, que implican directamente a la empresa en tales actos. Los matones pretendieron golpear al alcalde de San Ignacio y, por una confusin, agredieron salvajemente a Vicente Zapata Alcorta, miembro del Frente de Defensa de Tambogrande, y lo dejaron amarrado e inconsciente; posteriormente, la polica pudo rescatarlo, como consta en los informes de los agentes que intervinieron. Wilson Ibez, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, mencion que la empresa es responsable de la muerte y desaparicin de dos campesinos y de los disturbios en un frum el 21 de mayo, as como de otros actos de violencia contra la poblacin. Por su parte, el presidente de la Federacin de Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrin, indic que los funcionarios de Majaz usaron sus influencias en algunos ex dirigentes para que firmaran documentos que los habilitan a operar en la zona. Sin embargo, el dirigente aclar que el 10 de enero del 2004, la Asamblea General decidi desconocer tales documentos y no permitir que la minera siga realizando sus trabajos de exploracin.

Ante estos problemas, la empresa minera Majaz decidi iniciar la etapa de consultas a la poblacin de la provincia de Huancabamba (Piura) y el estudio de impacto ambiental del proyecto Ro Blanco. El proyecto representa mil millones de inversin en minera durante los prximos cinco aos y se encuentra ubicado en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en el departamento de Piura. Los pobladores que se oponen al proyecto manifiestan que, adems de carecer de la autorizacin de ellos, Ro Blanco originar contaminacin en zonas ecolgicas protegidas.

El conflicto de Majaz se presenta muy complejo, debido a que existen actos violentos de por medio, llevando a un desentendimiento total de las partes. En particular la empresa minera considera que no hay nada que negociar con los comuneros. Es por ello que el 12 de julio del 2006, dirigentes y representantes de las provincias de Piura y Cajamarca realizaron un plantn frente al local de la empresa minera Majaz en Lima. El presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Wilson Ibez, indic que su protesta tiene la finalidad de entregarles un documento en el que piden aclarar su posicin legal y cesar el hostigamiento a las autoridades comunales. El 14 de julio se reunieron con el Vice Ministro de Energa y Minas, Ing. Rmulo Mucho, el Director General de Minera, Ing. Csar Rodrguez, y otro