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GACETACONSTITUCIONAL
& PROCESAL CONSTITUCIONAL
DIRECTORES
Domingo Garca Belaunde / Vctor Garca Toma / Samuel B. Abad
Yupanqui
COORDINADOR EJECUTIVO
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EQUIPO DE INVESTIGACIN
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Surquillo - Lima 34 - Per
Copyright Gaceta Jurdica S.A.Primer nmero, enero 2008
GACETA CONSTITUCIONAL & PROCESAL CONSTITUCIONAL (T.
90)Primera edicin / Junio 2015 / 2,680 ejemplares
Hecho el depsito legal en la Biblioteca Nacional del Per:
2008-02771 (T. 90)ISSN versin impresa: 1997-8812
Registro de proyecto editorial: 31501221500604
Prohibida su reproduccin total o parcialDerechos reservados. D.
Leg. N 822
Gaceta Jurdica S.A. no se solidariza necesariamente con las
opiniones vertidas por los autores en los artculos publicados en
esta edicin.
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SUMARIO
Gaceta Constitucional
ESPECIAL
Libertades econmicas en la jurisprudencia del TC
Presentacin Valores esenciales: Libertad econmica y
dignidadErnesto lvarez Miranda 17
artculos del esPecial
El contenido esencial y los lmites del derecho fundamental a la
libertad de empresaCsar Ochoa Cardich 21
Opinin: Qu debemos entender por el principio de
subsidiaridad?Baldo Kresalja Rosell 26
El derecho de propiedad: Entre la Constitucin y el Cdigo
CivilJuan Carlos Daz Colchado 30
Derecho de asociacin, libertades, limitaciones e intervencin
estatalMax Salazar Gallegos 50
La concordancia entre la libertad de expresin comercial y el
derecho de los consumidoresLeoni Ral Amaya Ayala 61
ANLISIS Y ESTUDIOS POR ESPECIALIDADES
ANLISIS CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL
oPiniones y resoluciones
Por una debida interpretacin y ejecucin de sentenciaCarlos
Hakansson Nieto 71
-
anlisis y crtica
Suspensin extraordinaria del plazo para interponer medios
impugnatorios de los procesos constitucionalesRal Arcos Cotrado
74
ANLISIS PENAL Y PROCESAL PENAL
anlisis y crtica
El principio de proporcionalidad en la dacin e imposicin de la
penaElky Alexander Villegas Paiva 81
ANLISIS LABORAL Y PREVISIONAL
anlisis y crtica
Criterios para la rotacin de los dirigentes sindicales en el
rgimen de carreraAna Cecilia Crisanto Castaeda 95
La prueba indiciaria y la debida motivacin en el mbito laboral
ordinario y constitucionalLuis lvaro Gonzales Ramrez 105
ANLISIS ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
oPiniones y resoluciones
La posible afectacin del principio non bis in dem en
resolu-ciones emitidas por el Consejo Nacional de la
MagistraturaFabiola Garca Merino 117
anlisis y crtica
Cuestionamiento a la suspensin o cancelacin de las licencias de
conducir por la va constitucionalJos Mara Pacori Cari 119
La importancia del estudio de impacto ambiental en el proceso de
amparoPercy Grandez Barrn 126
ANLISIS CIVIL, COMERCIAL Y PROCESAL CIVIL
anlisis y crtica
Amparo arbitral de terceroCarlos A. Fonseca Sarmiento
137
-
Los lmites de la relativizacin del principio de congruencia
procesal en los procesos de divorcioAlexander Rioja Bermdez 145
DOCTRINA CONSTITUCIONAL
Razones para la existencia de un debido proceso en sede
parlamentariaHugo Velsquez Zavaleta 155
Agencias regulatorias y ConstitucinIvar Calixto Peafiel 165
DOSSIER
Constitucionalidad de la Ley de la Reforma Magisterial
Consideraciones sobre la discriminacin por razn de edadSusana
Mosquera Monelos 193
El Tribunal Constitucional y la (dbil) proteccin de los derechos
socialesHeber Joel Campos Bernal 200
La neutralizacin del riesgo en el caso de la Ley de Reforma
Magisterial. Hacia un concepto ms light de la resocializacin?Hctor
Rojas Pomar 205
ACTUALIDAD CONSTITUCIONAL
La prdida del escao por un partido polticoCsar Delgado-Guembes
215
Opinin: El Congreso ha puesto su reglamento por encima de la
ConstitucinEnrique Bernales Ballesteros 229
Nuevos criterios del procedimiento de la revocatoria de las
autoridades elegidas. Modificaciones a la Ley de Derechos de
Participacin y Control CiudadanosMartn DAzevedo Garca 231
-
GACETA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL N 90 215
ACTUALIDAD CONSTITUCIONAL
RE
SU
ME
N
La prdida del escao por un partido poltico*
Csar DELGADO-GUEMBES**
El Congreso ha modificado su reglamento a efectos de impedir que
los parlamentarios condenados, con una sentencia judicial firme,
por los delitos de trfico ilcito de drogas, terrorismo, trata de
personas y lavado de activos sean reemplazados por un accesitario;
sancionando, de esta forma, a sus partidos polticos de origen. En
opinin del autor, lo re-levante ser determinar si el partido pudo
conocer que el congresista se encontraba invo-lucrado en actos
ilcitos. De ser as, no importar si el delito fue cometido antes o
despus de la eleccin, pues lo que se sancionar es la omisin de
actos de cuidado y diligencia en la seleccin de sus candidatos.
INTRODUCCIN
El 20 de marzo del presente ao se public en El Peruano la
Resolucin Legislativa del Congreso 2-2014-2015-CR, que incorpora el
artculo 15-A al Reglamento del Congreso de la Repblica, creando la
figura de prdida de escao parlamentario por delitos de trfi-co
ilcito de drogas, terrorismo, trata de per-sonas y lavado de
activos proveniente de es-tos ilcitos.
Lo central de la norma consiste en la afec-tacin que genera
respecto de la imposibili-dad que se impone a los partidos de
reempla-zar a los congresistas que recibieran condena por la
comisin de delitos como el trfico de drogas, terrorismo, trata de
personas o lava-do de activos. Es una medida punitiva dirigi-da
focalizadamente contra los partidos cuyos grupos parlamentarios
estuvieran integrados por representantes condenados por los
delitos
* Ac traemos al Congreso gente que est prontuariada, proxenetas,
violadores, otelos, prostitutos, de todo hay en este Congreso; as
es, de todo, impresentables, prostitutos. (...) Acaso les cuesta
tanto a los partidos polticos llevar gente decente, gente correcta,
gente con valores, con principios, que cambie este pas? (...) es la
vergenza de este Congre-so lo que tenemos, con gente que tiene
prontuariados realmente lamentables, y eso es lo que hunde a la
democracia, lo que hunde a los partidos, lo que hace que la gente
nos odie, lo que hace que la gente quiera que este Congreso se
incen-die y que lo cierren. Lo van a aplaudir! Por qu? Por las
inconductas, por los antecedentes, por las porqueras quese traen ac
tambin! No importa que nos quedemos con 120, aunque cambiemos la
Constitucin. Hay que dar gestos claros, contundentes, solventes!,
congresista Lourdes Alcorta. Sesin de Pleno del Congreso, 5 de
marzo de 2015.
** Profesor de Derecho y Gestin Parlamentaria en la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Catlica del Per. Funcionario
del Congreso. Ha sido Oficial Mayor, Director General
Parlamentario, Director de Comisiones yotros rganos del servicio
parlamentario.
-
216
A CTUALIDAD CONSTITUCIONAL
aludidos. El propsito es castigarlos por el descuido que se les
imputa por no haber ele-gido correctamente a quienes proponen como
candidatos en los procesos electorales para la eleccin del Congreso
de la Repblica.
El proyecto, cuya aprobacin requera la ma-yora absoluta de
congresistas, fue adoptado por el Pleno del Congreso en la sesin
del 12 de marzo del 2015, por 72 votos a favor, 17 en contra y una
abstencin. La relacin de votos por grupo parlamentario se produjo
segn el cuadro que sigue.
Votacin del proyecto sobre prdida de escao por grupo
parlamentario
Grupo Parlamentario A favor En contra AbstencionesGana Per 22 1
-Fuerza Popular 24 - -Per Posible 8 - -PPC-APP - 3 -Solidaridad
Nacional
- 2 1
Concertacin Parlamentaria
7 - -
Accin Popular-Frente Amplio
6 2 -
Unin Regional - 3 -Dignidad y Democracia
3 5 -
No agrupados 2 1 -TOTAL 72 17 1
En este documento se presentan los argumen-tos que sirvieron
para aprobar el proyecto, los elementos que conforman la estructura
de la regla creada, y la evaluacin general de su conveniencia y
utilidad en funcin de la si-tuacin que se pretende remediar.
I. EL ITER DEL ARTCULO 15-A DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO
La Resolucin Legislativa del Congreso 2-2014-2015-CR incorpora
mediante su ar-tculo nico el artculo 15-A en el Reglamen-to del
Congreso. El texto del artculo incorpo-rado dice que, en caso de
que un congresista haya sido condenado mediante sentencia ju-dicial
firme por la comisin de un delito con-tra la salud pblica en la
modalidad de tr-fico ilcito de drogas, terrorismo, trata de
personas y lavado de activos proveniente de estos ilcitos, no ser
aplicable lo dispues-to en el artculo 25 del Reglamento del
Con-greso de la Repblica sobre reemplazo por el accesitario.
1. Las propuestas legislativas
El artculo 15-A del Reglamento del Congre-so tiene como origen
tres distintos proyectos de ley, presentados por los grupos
parlamen-tarios Unin Regional, Gana Per, y Solida-ridad
Nacional.
Iniciativas que originan el artculo 15-AAutor Propuesta
Lourdes Alcorta Suero (Unin Regional)
Proyecto 2778. Presentado el 14 de octubre de 2013Modifica el
artculo 15 del Reglamento del Congreso, adicionando un supuesto.El
cargo de congresista vaca en caso que se compruebe fehacientemente
luego de ser elegido, que ha recibido financiamiento del
narcotrfico, lavado de activos, de personas condenadas con
sen-tencia firme por trfico ilcito de drogas y/o lavado de
activos.
Marisol Espinoza Cruz (Gana Per)
Proyecto 3743. Presentado el 26 de agosto de 2014Incorpora el
artculo 15-A, y se modifica el artculo 25 del Reglamento del
Congreso.Artculo 15-A En caso que el congresista en ejercicio de
sus funciones sea condenado con senten-cia firme como autor,
coautor o partcipe de los delitos contra la salud pblica en la
modalidad de trfico ilcito de drogas, tipificados en los artculos
296, 296-A, 296-B, 297, 298, 299, 300, 301 y 302 del Cdigo Penal,
ser vacado con la consecuencia accesoria que el partido poltico o
alianza de partidos perder ese escao durante el resto del periodo
legislativo constitucional.Artculo 25 (adicin como tercer prrafo)
De presentarse el caso contemplado en el artculo 15-A, no proceder
el reemplazo del congresista por el accesitario, sino la prdida del
escao del parti-do o alianza de partidos.
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GACETA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL N 90 217
LA PRDIDA DEL ESCAO POR UN PARTIDO POLTICO
Iniciativas que originan el artculo 15-AAutor Propuesta
VicenteZeballos Salinas (Soli-
daridad Nacional)
Proyecto 3912. Presentado el 30 de octubre de 2014Modificacin
del artculo 25 del Reglamento del Congreso, adicionando un supuesto
como lti-mo prrafo.Artculo 25 (adicin como cuarto prrafo) No ser
reemplazado el congresista accesitario cuando haya sido condenado
mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad por la
comisin de un delito, cuando el proceso penal se inici con
anterioridad a su eleccin.
Sustitutorio del dicta-men la Comisin de
Constitucin.
Dictamen presentado el 27 de noviembre de 2014Adicin del artculo
15-A, y de un tercer prrafo en el artculo 25Artculo 15-A El partido
o alianza de partidos polticos vigente cuyo representante en el
Congre-so haya sido destituido en el cargo como consecuencia de una
condena judicial firme vinculada a los delitos contra la salud
pblica en la modalidad de trfico ilcito de drogas, terrorismo, o
trata de personas as como lavado de activos proveniente de estos
ilcitos, perder la curul durante el res-to del perodo
parlamentario.Artculo 25 (adicin como tercer prrafo) De presentarse
el caso contemplado en el artculo 15-A no procede el reemplazo del
congresista por el accesitario, producindose en dicho supuesto, la
prdida del escao del partido o alianza de partidos.
Sustitutorio propues-to por la congresis-
ta Martha Chvez du-rante el debate en el
Pleno
Artculo 15-A En caso que un congresista haya sido condenado
mediante sentencia judicial firme por cualquiera de los delitos
contra la salud pblica en la modalidad de trfico ilcito de drogas,
te-rrorismo, lavado de activos o trata de personas, no ser
aplicable lo dispuesto en el artculo 25 del Reglamento del Congreso
de la Repblica sobre reemplazo por el accesitario.
Sustitutorio presenta-do durante el debate
por el Presidente de la Comisin
Adicin del artculo 15-A En caso que un congresista haya sido
condenado mediante sentencia ju-dicial firme por la comisin de un
delito contra la salud pblica en la modalidad de trfico ilcito de
drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos
proveniente de estos ilcitos, no ser apli-cable lo dispuesto en el
Artculo 25 del Reglamento del Congreso de la Repblica sobre
reempla-zo por el accesitario.
Los proyectos se remitieron a la Comisin de Constitucin, y esta
debati y aprob el dic-tamen con fecha 18 de noviembre de 2014, el
mismo que se present el da 27 del mis-mo mes. El debate en el Pleno
tuvo lugar los das 5 y 12 de marzo de 2015. La promulga-cin por la
Presidenta de Congreso ocurri el da 18 de marzo de 2015, y su
publicacin en el diario El Peruano el 20 de marzo del mis-mo
ao.
2. Los argumentos que sustentan las medidas aprobadas
Los objetivos principales de esta norma se postularon, primero,
como un gesto expresi-vo y claro de la voluntad y compromiso del
Congreso de emprender la lucha contra el narcotrfico en su propio
seno, y en segun-do lugar, ms all de la dimensin gestual o
meditica, como una medida correctiva con-tra los partidos polticos
que no seleccionan
apropiadamente a quienes proponen como candidatos al Congreso en
el sufragio general.
El principal antecedente en las propuestas es la reforma
constitucional que se produjo en Colombia. En Colombia, donde la
figura de la suplencia tiene una dinmica mucho ms activa que en el
Per, porque el titular es re-emplazado en las sesiones a las que no
puede asistir de manera automtica por quien qued elegido en el
siguiente lugar en los comisio-nes, el artculo 134 de su
Constitucin, desde su reforma el ao 2003, dice que los miem-bros de
corporaciones pblicas de eleccin popular no tendrn suplentes. Las
vacancias por sus faltas absolutas sern suplidas por los candidatos
no elegidos de su misma lis-ta segn su orden de inscripcin en ella.
La renuncia voluntaria no producir como efec-to el ingreso a la
corporacin de quien debe-ra suplirlo.
-
218
A CTUALIDAD CONSTITUCIONAL
La medida legislativa co-nocida como silla vaca, vigente en
Colombia des-de el ao 2009, que com-prende la vacancia del escao
para el partido po-ltico cuyo miembro es condenado por delitos de
parapoltica (relacin con grupos armados) y narco-trfico. Desde
entonces se han presentado propues-tas para generalizar los
alcances respecto de todo delito, pero en especial por el delito de
lesa humanidad y los delitos de corrupcin y contra la administracin
pblica (peculado, concusin, cohecho, celebracin indebida de
contratos, trfico de influencias, enriqueci-miento ilcito,
prevaricato y abuso de autori-dad). En el perodo de vigencia de
este tipo de afectacin de la responsabilidad individual al partido
poltico casi llega a una decena el n-mero de casos en los que los
partidos han per-dido un escao.
En la Comisin de Constitucin los principa-les argumentos a favor
de la prdida del es-cao parlamentario, conocida tambin como el
artculo de la silla vaca o de la curul va-ca, los present la
congresista Mavila Len, no obstante no ser ella una de las
firmantes de ninguno de los tres proyectos presentados.
Los planteamientos que impuls a favor de la reforma del
Reglamento del Congreso fueron que el narcotrfico se est
incrementando en el Per y para disminuir y evitar su arraigo, y
crecimiento y desarrollo al interior del siste-ma poltico debiera
cortarse radicalmente la falta de atencin de los partidos en el
proceso de seleccin de los postulantes a un puesto re-presentativo
en el Congreso. Las lneas prin-cipales de su sustento fueron:
- En el Per se produce y procesa la droga, no somos solo un
escenario de trnsito.
- El narcotrfico favorece el sicariato, que se est
cotidianizando. El terrorismo traslada
capitales a la costa, que proviene del lavado de activos
procedente de la droga.
- No debe afectarse a los partidos, debera afec-tarse ms a las
agrupa-ciones polticas regio-nales, como los casos de Hunuco,
ncash, Madre de Dios, Loreto, Ayacucho, Puno o Cuzco.
- La norma pretende consolidar y dar mayor salud a los partidos
polticos que apuestan por una trayectoria programtica y por la
gobernabilidad.
- El cacicazgo poltico est asociado a nivel regional con el
poder econmico.
- El propsito de la propuesta legislati-va es apoyar el proyecto
de pas, de sa-lud pblica, de salud pblica de la pol-tica nacional.
Es parte de la lgica de un pacto de punto fijo para evitar la
infiltra-cin del narcotrfico en todo el sistema poltico.
- No es una propuesta en contra de los par-tidos. El objetivo de
la norma es para con-trarrestar el narcotrfico infiltrado
dolosa-mente en los partidos.
- Segn el test de proporcionalidad, el efec-to de la medida es
la subrepresentacin. Hay que correr el riesgo, porque es peor
asegurar la representacin poltica a costa de espacios de
permisividad y del estable-cimiento de narcodelincuentes vinculados
al sistema poltico peruano.
- La sancin es a la falta de cuidado de los partidos y de las
agrupaciones que no eli-gieron bien a sus candidatos.
- La gente no quiere el riesgo de que se iden-tifique la
autoridad con el narcotrfico.
- Hay crisis de representacin nacio-nal e interna, y en el
desorden hay
[E]l conjunto de delitos de mayor gravedad compara-tiva en el
sistema penal pe-ruano exigira que a los de-litos sealados en el
artculo 15-A se aadiera otros cr-menes.
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GACETA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL N 90 219
LA PRDIDA DEL ESCAO POR UN PARTIDO POLTICO
institucionalidad poltica dbil que facili-ta la penetracin del
narcotrfico.
- Hay que evitar el espontanesmo, el alud, la masificacin de la
representacin pol-tica y fortalecer la decisin de los partidos de
formar cuadros para puestos represen-tativos que tengan trayectoria
poltica.
- La propuesta debiera extenderse a las agrupaciones polticas de
alcance regio-nal para desincentivar igual tipo de des-cuido en
niveles subnacionales.
Tambin en el debate en la Comisin de Constitucin otro aporte a
favor de la refor-ma lo plante la congresista Chvez Cosso, quien
propuso la incorporacin de otros tres delitos a la propuesta
original que contempla-ba solo el delito de narcotrfico. En la
sesin referida seal que la norma quedara in-completa si no se
incorpora delitos de lavado de activos, terrorismo, trata de
personas. La misma congresista sostuvo que la prdida del escao y de
un puesto representativo no tena carcter contrario a la
Constitucin, porque el mismo efecto opera cuando a un congresis-ta
se lo suspende en supuestos en los que el Reglamento no prev su
reemplazo durante el periodo.
Durante el debate en la sesin del Pleno del 5 de marzo del 2015
el congresista Gastaadui Ramrez introdujo el concepto de la
respon-sabilidad vicaria del principal por los actos de su
dependiente o subordinado, que debe generar un incentivo para
emprender proacti-vamente el examen de las competencias y ca-lidad
de los candidatos que los partidos deben proponer a la
sociedad.
3. Los argumentos contrarios a su aprobacin
Los congresistas que expresaron su preocu-pacin por la idoneidad
y efectos polticos de la reforma fueron Bedoya de Vivanco y
Velsquez Quesqun.
Los argumentos planteados por el congresista Bedoya fueron:
- No corresponde culpabilizar ni castigar a los partidos por
presin meditica. Los partidos no son responsables, patrocina-dores,
ni padrinos de los delincuentes.
- El descrdito de los partidos lo ocasionan los movimientos
regionales y locales.
- No puede acorralrseles a los partidos po-lticos como si fueran
delincuentes que in-cursionan para asaltar el erario nacional.
- Primero se crea la ley de partidos con el objeto de
parametrarlos; luego se reali-za el control a travs de informacin
que se presenta a la ONPE y al JNE; a con-tinuacin se incluye la
exigencia relati-va a la hoja de vida de los candidatos; se exige
rendicin de cuentas en niveles que los partidos deben contar con
una plani-lla de personal encargado de la contabi-lidad y de la
tesorera; adicionalmente se fij la regla del 30 % por razones de
gne-ro, y la cuota de las comunidades nativas y campesinas; se
pretende cubrir tambin la cuota de jvenes; y est debatindose la ley
de alternancia.
- La sancin a un individuo se extiende a una colectividad
poltica y tambin a una circunscripcin regional o local.
- Hay 1 Departamento con un congresista y 7 Departamentos que
tienen solo 2 repre-sentantes, el efecto del cumplimiento de la
figura de la prdida de la curul para el grupo parlamentario se
concreta en la pri-vacin de representacin total en una
cir-cunscripcin y del 50 por ciento en siete departamentos ms.
- Que se haya legislado as en otro pas no es suficiente para
hacerlo tambin en el Per.
- Puede plantearse otro tipo de sanciones, como privarse a los
partidos de aportes o contribuciones del Estado.
De modo similar, el congresista Velsquez Quesqun sostuvo:
-
220
A CTUALIDAD CONSTITUCIONAL
- El supuesto del proyecto es que la cre-ciente actividad del
narcotrfico es culpa del Parlamento.
- Se pretende castigar al partido y a los electores de una
circunscripcin que vo-tan por un candidato determinado.
- El principio sancionatorio tiene como caracterstica la
individualizacin del transgresor.
- En Colombia se modific la Constitucin para eliminar la
suplencia de los puestos representativos y en los casos de renuncia
al cargo representativo no procede la su-plencia tampoco.
- En Colombia se prev el escao vaco en tres delitos: el
narcotrfico, los delitos de lesa humanidad, y la promocin o
finan-ciamiento de grupos armados ilegales.
- No es una propuesta que solucione el pro-blema de la
penetracin del narcotrfico y la colusin para medrar los recursos
del Estado ingresando al parlamento.
- Podra sancionarse a quien es condena-do con la declaracin de
la muerte civil, y que no pueda regresar a la administracin pblica
ni vuelva a percibir remuneracin pblica.
- La consecuencia va a ser que no se va a querer formar parte de
los partidos polti-cos porque hay ms control y hay filtros.
- Se ataca el efecto. No la causa. Se quiere castigar a quienes
no se debe.
- Esta propuesta debe ser parte de una re-forma constitucional,
porque la conse-cuencia es que se disminuye el nmero de
representantes ante el Congreso que, se-gn el artculo 90 de la
Constitucin, de-ben ser 130 y no menos.
Durante el debate en el Pleno del da 5 de marzo del 2015 el
congresista Falcon Pi-cardo, que firm el proyecto presentado por
Unin Regional a iniciativa de la congresista
Lourdes Alcorta, seal que el castigo no afectaba solo a los
partidos polticos sino al derecho fundamental de participacin y
re-presentacin poltica del ciudadano en su condicin de elector.
Adems el congresis-ta Garca Belaunde seal el efecto consti-tucional
relativo al qurum para sesionar, al que tambin se haba referido en
la sesin de la Comisin de Constitucin el congresista Velsquez
Quesqun.
De modo similar el congresista Beingolea Delgado sostuvo que el
principal problema de la propuesta consista en que no se enfoca-ba
correctamente la naturaleza del problema, porque el fortalecimiento
de los partidos pol-ticos no se consigue con el castigo, sino
habi-litndolos para que cuenten con los recursos de que carecen
para cumplir con la misin po-ltica y las responsabilidades que les
asigna la Constitucin y, en general, para hacer viable la vida
poltica partidaria en el Per.
II. LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUC-TURA DE LA NORMA APROBADA
1. La existencia de una condena a un congresista
Est fuera de los supuestos de este artculo que el congresista no
haya jurado el cargo, que no est incorporado, o que habiendo sido
electo an no haya sido proclamado por el Ju-rado Nacional de
Elecciones. La norma ad-quiere su identidad a partir de la eleccin
del congresista.
El primer supuesto en la estructura normativa creada es que se
trate de un congresista con mandato vigente, sea o no suspendido,
que est habilitado para calificar el qurum de h-biles del Congreso.
Es esencial que el suje-to cuya conducta causa los efectos
previstos en el artculo 15-A tenga mandato vigente, as ese mismo
mandato hubiera quedado en sus-penso. No parece incluir ni estar
dirigido a los congresistas cuya eleccin an no ha sido ob-jeto
formal de la proclamacin que realiza el sistema electoral. Los
congresistas elegidos
-
GACETA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL N 90 221
LA PRDIDA DEL ESCAO POR UN PARTIDO POLTICO
que an no son proclama-dos no son susceptibles de subsuncin
dentro del tipo normativo creado.
Un segundo supuesto pare-ce ser que el delito que se imputa al
congresista con-denado haya sido cometi-do antes de la eleccin y no
luego de la incorpora-cin del congresista como representante de la
comunidad ante el Estado. Este supuesto se deducira de la
diversidad de argumentos que se expresaron durante el debate de la
ini-ciativa, sea en la Comisin de Constitucin o en el Pleno. Se
habl de manera consisten-te de la responsabilidad que se le imputa
al partido poltico por haber seleccionado mal a quien postul como
candidato ante la socie-dad en un proceso electoral. Los argumentos
no se desarrollaron en funcin del supuesto de que el partido tambin
debiera asumir esa responsabilidad en los casos en que el parti-do
elige bien a quien postul sin carga delic-tiva alguna, pero comete
uno de los delitos referidos en el artculo 15-A durante el
cum-plimiento efectivo del mandato al que acce-de con la eleccin a
la que lo postul su par-tido poltico.
Sin embargo, no es suficientemente claro que la ausencia de
argumentos y sustento relacio-nados con la extensin de la
responsabilidad de los partidos al solo caso de la seleccin del
candidato antes de la eleccin baste y sea su-ficiente para excluir
el caso de la responsabi-lidad del mismo partido, por los actos
delic-tivos que cometa cualquiera de sus miembros en su calidad de
representante ante el Con-greso, durante el periodo en que se
cumple su mandato.
El tema fue explcitamente planteado por el congresista Mulder
Bedoya. En su interven-cin en la sesin del da 12 de marzo de 2015
dijo que la responsabilidad del partido se su-pone que est en el
hecho de haber llevado
como candidato a una per-sona que tiene estas im-putaciones, no
es cier-to? Porque si esta persona comete delito estando de
parlamentario, el partido poltico lo trajo cuando l no era una
persona que hu-biera cometido ningn de-lito o irregularidad, estaba
limpio, y se volvi delin-
cuente siendo parlamentario () y, evidente-mente, entonces, ah
no tendra que haber una responsabilidad en el partido. La
responsabi-lidad es por haberlo trado, no es cierto?.
En apoyo a este tipo de entendimiento la con-gresista Alcorta
Suero dijo que coincida con la propuesta del congresista Mulder y,
por lo tanto, que si la persona elegida comete el de-lito ya dentro
del Congreso, pese a que entr limpio, yo creo que s se puede ver el
tema que la silla no quede vaca. Eso s lo puedo entender. Ha pecado
despus de.
Al deslindar y distinguir ambos supuestos se asume que el
proyecto se pona solo en la hi-ptesis de la responsabilizacin del
partido por la postulacin que propuso de un congre-sista que
delinque antes de ser elegido como representante, y que, por lo
tanto, se exclua el caso en el que el delito fuera cometido
du-rante el mandato porque, segn lo sostuvo el congresista Mulder
Bedoya, la postulacin vinculaba al partido con el representante, en
tanto que dicho vnculo no deba ser imputa-ble al partido si el
delito se cometa durante el ejercicio del mandato, en cuyo caso la
res-ponsabilidad deba entenderse exclusivamen-te con el congresista
que comete el delito y no con el partido.
Sin embargo, ms all del entendimiento que formularan los
congresistas Mulder Bedoya y Alcorta Suero, nada impedira una
interpre-tacin y aplicacin contraria. En particular si se tiene
presente que la racionalidad de la medida parece ser la misma que
la utilizada
[S]i es indispensable o nece-sario el levantamiento de la
inmunidad , parece signifi-cativamente menos factible o probable
que prospere ... la condena.
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222
A CTUALIDAD CONSTITUCIONAL
en relacin con la responsabilidad in eligen-do que se le imputa
al partido poltico. Existi-ra igual responsabilidad vicaria por los
actos de quien es miembro del partido (una espe-cie emparentada, en
este caso, a la subordi-nacin), independientemente de que los
ac-tos delictivos ocurrieran antes o despus de la eleccin e inicio
del mandato representativo.
De otro lado, dado que el referente central es que el
congresista haya sido condenado, es preciso distinguir si la
condena ha resultado o no de un proceso incoado antes del inicio de
su mandato, o si se trat de un proceso cuyo inicio cont con el
levantamiento de inmuni-dad de proceso. Y si se iniciara sin
requerir el levantamiento de la inmunidad de proceso porque el
delito se cometi y proces antes de la eleccin, tendra que
precisarse si el desa-rrollo y la continuacin del proceso requiri
en algn momento del levantamiento de la in-munidad de arresto.
La relevancia de estas distinciones afecta a la eficacia de la
medida, porque si para que se inicie el proceso en caso el delito
fuera come-tido antes de la eleccin e inicio del mandato no se
requiere del levantamiento de la inmu-nidad de proceso, no ocurre
lo mismo respec-to de la necesidad de levantamiento de la
in-munidad de arresto cuando el juez o la corte debe hacer efectivo
el apercibimiento de con-currencia por la fuerza pblica o de
captura y detencin del procesado. Que se inicie el proceso, por lo
tanto, no ser suficiente para que el proceso concluya y, por lo
tanto, que
el congresista denunciado y procesado resulte sentenciado y
condenado.
De la aclaracin anterior se deduce que si es indispensable o
necesario el levantamiento de la inmunidad, sea de proceso o de
arresto, pa-rece significativamente menos factible o pro-bable que
prospere el procesamiento y, lgi-camente, la condena. Y esta
dificultad ser tanto mayor cuanto que el efecto de la hip-tesis
normativa contenida en el artculo 15-A suma eficazmente los
intereses del congresis-ta que puede ser condenado, con los
intere-ses del grupo parlamentario que quedar con una oportunidad,
un puesto y un voto menos en cada ocasin en que deban consultarse
las preferencias de los miembros del Congreso y de los rganos que
lo integran.
Es previsible, por lo tanto, que uno y otro, el grupo
parlamentario y el congresista proce-sado, tengan la pretensin comn
de conse-guir el mayor control posible sobre las con-tingencias
asociadas a una condena cuando se precisa del levantamiento de la
inmunidad de arresto para que el proceso contine en sede judicial1.
Si el suceso trae consecuencias ne-gativas al congresista condenado
y al parti-do al que aquel pertenece el nexo opera como una suerte
de incentivo para que ambos evi-ten recibir la consecuencia poco
favorable de la norma2.
La reserva sobre la eficacia y cumplimiento efectivo de la
medida aprobada, por lo tanto, depende de la conviccin con la que
los gru-pos parlamentarios emprendan un programa
1 Es la necesidad de procesar el levantamiento de la inmunidad
de arresto respecto del congresista que comete el deli-to antes de
su eleccin para efectos de su detencin o encarcelamiento lo que
condujo al congresista Mulder Bedoya a proponer la adicin de una
frase en el artculo 16 del Reglamento del Congreso, en la que
dijera si el congresista es citado o se ordena su detencin o es
condenado en proceso iniciado antes de su eleccin, no le
corresponde la in-munidad de arresto a la que se refiere la parte
inicial de este artculo.
2 El congresista Velsquez Quesqun aadi un alcance adicional al
asociar el incentivo de cooperacin entre el con-gresista en peligro
de recibir la condena y el partido de perder el escao, cuando indic
en su intervencin del da 12 de marzo de 2015 en el Pleno, que el
ciudadano hoy sabe que aqullos que vienen con su alforja de delitos
que han cometido antes de ser parlamentarios, se tienen que subir
al carro, fundamentalmente de la bancada que gobier-na, para que a
travs de la inmunidad se impida la persecucin de la justicia.
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GACETA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL N 90 223
LA PRDIDA DEL ESCAO POR UN PARTIDO POLTICO
de accin acorde con los objetivos de la norma. Si los supuestos
y premisas no existen tampoco se ve-rn los efectos que se pro-puso
alcanzar en la norma. La prctica de la purifica-cin o purga de
represen-tantes involucrados en ac-tos reidos con la tica o en
conflicto con normas penales se ha mate-rializado en lo que se
conoce como blindaje de quienes son parte de una misma bancada o
alianza poltica.
2. La condena del congresista cons-ta en sentencia judicial
firme
Este supuesto se basa en el reconocimiento de la presuncin de
inocencia. Durante el deba-te hubo propuestas en el sentido de que
de-biera bastar la existencia de la denuncia fis-cal para que se
hiciera eficaz la separacin del representante
El artculo incorporado al Reglamento del Congreso no distingue
que la condena con pena privativa de la libertad efectiva, o
sus-pendida, como si lo hace en casos en los que se prev el
reemplazo. Por lo tanto, se esta-blecen dos regmenes relativos al
sosteni-miento de la presencia de congresistas con condena judicial
firme y definitiva. En algu-nos casos la condena no solo no afecta
a las agrupaciones parlamentarias, sino que permi-te la
concurrencia regular del congresista con-denado con sentencia firme
y definitiva, por la comisin de delito doloso, en razn a que la
sentencia se dicta con pena privativa de la li-bertad suspendida.
No deja de existir delito ni delincuente, pero es un delincuente
que pue-de representar en el Congreso basndose en el hecho de que
su condena es con privacin suspendida de su libertad.
El dato anterior muestra un grado elocuente de inconsistencia y
contradiccin en relacin con los objetivos de la norma puesto que,
si los congresistas tienen preocupacin por la salud
poltica y por la limpie-za con la que debe ejercer su mandato
ante el Esta-do, una medida indispen-sable habra sido corregir el
actual texto del Regla-mento que admite la inte-gracin de la
corporacin parlamentaria con congre-sistas condenados por la
comisin de delito doloso, aunque con manda-to de pena privativa
de la libertad suspendida. Mantener esa norma niega la voluntad
purifi-cadora invocada durante el debate como razn de ser de la
reforma que se aprueba.
De manera similar es incongruente con esa misma finalidad que el
Congreso no tome po-sicin respecto de la sentencia firme y
defini-tiva expedida por la ltima instancia judicial en relacin con
la inhabilitacin de un con-gresista condenado a pena privativa de
la li-bertad suspendida por falsedad en la presenta-cin de su
declaracin jurada ante el sistema electoral. As como la Constitucin
exige que los mandatos judiciales se cumplan, lo que corresponda
era facilitar dicho cumplimien-to, independientemente de las
articulacio-nes que el afectado hubiera interpuesto ante el
Tribunal Constitucional, e independien-temente tambin de que el
Reglamento del Congreso guarde silencio y no prevea la va-cancia
del mandato cuando existe una inhabi-litacin debidamente decretada
por autoridad judicial. La autonoma normativa y presu-puestal del
Congreso no se extiende a la po-testad de aplicar o no aplicar una
sentencia definitiva, con tanta mayor razn si as lo ha indicado la
Corte Suprema y adems ha sido objeto de reclamo por la autoridad
judicial in-volucrada en el proceso.
3. La condena impuesta al congresis-ta es por un conjunto
definido (aun-que incompleto) de delitos graves
De la totalidad del espectro penal se ha res-tringido a los
delitos contra la salud pblica
La autonoma normativa y presupuestal del Congreso no se extiende
a la potestad de aplicar o no aplicar una sen-tencia
definitiva.
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224
A CTUALIDAD CONSTITUCIONAL
en la modalidad de trfi-co ilcito de drogas, terro-rismo, trata
de personas y lavado de activos prove-niente de estos ilcitos. La
condena por la comisin de cualquier otro delito no amerita la
aplicacin de la prdida del escao.
Un delito al que se hizo re-ferencia que por su gravedad podra
formar parte del mismo tipo de gravedad podra ser el lesa humanidad
que, si bien se mencion no hubo quien propusiera su inclusin de
ma-nera explcita. De modo similar puede adver-tirse que se han
excluido los delitos contra la Administracin Pblica que se ha
tratado de incluir en Colombia. En esa relacin se inclu-yen los
delitos de peculado, concusin, cohe-cho, celebracin indebida de
contratos, tr-fico de influencias, enriquecimiento ilcito,
prevaricato y abuso de autoridad.
El congresista Lescano expres en su inter-vencin el da 5 de
marzo que no quedaba cla-ridad sobre el criterio conforme al cual
se ha-ca el distingo entre uno y otro tipo de delitos, y qu haca
que el delito de violacin a un menor sea menos grave que el delito
de lava-do de activos, o entre un proxeneta y la trata de personas.
Seal igualmente que la comi-sin de delitos deba explicar por qu se
pre-vea a algunos delitos dolosos, y por qu no por cualquier delito
fuera doloso o culposo, y que en su concepto la prdida del escao
de-ba resultar por la comisin de cualquier de-lito doloso.El
conjunto de delitos de mayor gravedad comparativa en el sistema
penal peruano s podra haber previsto igual tratamiento para los
casos, por ejemplo de violaciones agrava-das (con incapacidad
psquica o fsica), de pe-dofilia (abuso de menores de 14 aos, sea o
no seguida de lesin grave o de muerte, con o sin crueldad), de
venta telemtica de publi-cidad pornogrfica infantil, o de trfico
de
rganos, adems, cierta-mente, del delito de lesa humanidad. Todos
estos casos se encuentran tem-ticamente entre los que, para el
sistema penal na-cional, peor dao social se califica que causan y
por esta razn no parece exis-tir una lgica consistente e
improvisada en la metodo-
loga utilizada por el legislador.
La interrogante que queda al aire es cmo integrar los casos en
los que ocurriera que a un congresista se lo condenara por
cualquie-ra de los crmenes ms graves concebidos en nuestro
ordenamiento penal que, segn el artculo 15-A del Reglamento del
Congreso, no debiera dar lugar a que el partido pol-tico pierda el
escao ocupado por el crimi-nal. Aparentemente los insuficientes
niveles de estudio y reflexin en la Comisin y en el Pleno habran
generado una situacin de inconsistencia normativa, porque el
criterio que sirvi para establecer el nomen juris del elenco de
delitos susceptibles de generar la afectacin de la presencia del
partido en el Congreso ha sido la mayor o menor fami-liaridad con
casos que habran impresionado la sensibilidad de los congresistas
que deba-tieron la norma. Despus de todo si el pro-psito fue
transmitir gestos claros y contun-dentes, esta dimensin s pareciera
haberse logrado. Pero la solvencia peca de tcnica-mente
silenciosa.
4. No se precisa si la comisin del delito ocurre en la condicin
de autor material o intelectual, cm-plice, o alguna modalidad de
en-cubrimiento del autor o de los cmplices
La generalizacin del supuesto al caso de la condena, sin
calificacin especfica res-pecto del tipo, magnitud, intensidad o
gra-do de concepcin, participacin, ejecucin,
El sujeto pasivo de la prdi-da del escao parlamentario es el
partido en cuya lista fue postulado el congresista con-denado,
independientemente de si migra a otro grupo.
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GACETA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL N 90 225
LA PRDIDA DEL ESCAO POR UN PARTIDO POLTICO
encubrimiento o silenciamiento del delito configura una situacin
en la que es indife-rente cmo define la sentencia la intervencin
del congresista condenado.
Basta, por lo tanto, la simple existencia de una sentencia firme
y definitiva en la que se establezca la condena de un congresista,
para que dicho estatus afecte al grupo parlamenta-rio al que
pertenezca y pierda el escao.
5. El efecto primario de la sentencia genera la exclusin y
vacancia del congresista condenado
El artculo 15-A no se refiere de manera ex-presa a la vacancia
del congresista condenado por los delitos enunciados. Quedara
implci-to el supuesto de que los congresistas conde-nados por
cualquier delito doloso, y no solo los cuatro tipos delictivos
previstos en el ar-tculo 15-A, pierden el mandato. Sin embar-go, el
artculo 25 exige que para la vacancia y reemplazo por el
accesitario la condena del congresista ocurra por la comisin de un
deli-to doloso (y hasta ah hay sintona conceptual entre ambas
normas), pero con sentencia pri-vativa de la libertad efectiva y no
suspendida.
El dato sealado importa que un congresis-ta fuera condenado por
la comisin de uno de los delitos previstos en el artculo 15-A, que
es un conjunto subsumido en la categora in-cluida en el artculo 25,
generar de jure los efectos de la prdida del escao en el partido en
cuya lista lleg al Congreso. Si bien el ar-tculo 25 precisa que el
reemplazo del congre-sista condenado solo puede tener lugar en el
caso de condenas por la comisin de delitos dolosos con pena
privativa de la libertad efec-tiva, los delitos referidos en el
artculo 15-A no permiten el condicionamiento ni suspen-sin de la
pena privativa de libertad. De ah que la prdida del escao y la
irreemplazabi-lidad del congresista condenado solo es posi-ble que
ocurra como resultado de la condena sufrida por los delitos graves
especficamente previstos en el artculo 15-A.
6. El efecto secundario de la senten-cia se extiende a la
imposibilidad del reemplazo del congresista por quien lo reemplaza
de su propia agrupacin poltica en la lista que gan la eleccin
El artculo 15-A indica que no procede el re-emplazo por el
accesitario al que se refiere el artculo 25 del Reglamento del
Congreso. El artculo 25 dice que en caso que haya sido condenado
mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva
por la comi-sin de delito doloso, el congresista ser re-emplazado
por el accesitario.
Para definir con quin se entiende el reem-plazo el criterio que
establece el Reglamen-to es que este le corresponde al accesitario.
Cuando se condena a un congresista por de-lito doloso mediante
sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva quien lo
re-emplaza es su accesitario. Este es quien lo su-cede en nmero de
votos preferenciales en la lista del partido o agrupacin por la que
pos-tul al Congreso.
Cuando el artculo 15-A ordena que no se aplique la regla sobre
reemplazo por el acce-sitario que fija el artculo 25, manda que el
partido o alianza en cuya lista postul el con-gresista condenado
quede vacante y sin llenar durante el resto del perodo
parlamentario.
Como resultado del cumplimiento y aplica-cin efectiva de la
norma, el partido que pier-de el escao que le correspondi por
mandato popular no ser un grupo parlamentario, sino un partido o
alianza de partidos o movimien-tos. Es decir, el mismo partido que
postul al congresista judicialmente condenado.
Queda claro que no es, por lo tanto, el parti-do al que,
eventualmente, pudiera haber mi-grado el congresista condenado
luego de su incorporacin al Congreso. Es el partido que lo postul y
en cuya lista gan. Los casos de cambio de grupo despus de la
incorpora-cin estn fuera del mbito de los supuestos
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226
A CTUALIDAD CONSTITUCIONAL
normativos del artculo 15-A. El efecto de la condena lo recibe
el partido que eligi al congresista condenado como postulante en el
proceso electoral. Ningn accesitario de ese partido podr
reemplazarlo ni el partido ten-dr la posibilidad de restablecer la
relacin de proporcionalidad que exista antes de la con-dena o, en
su caso, antes del acto de migra-cin o transfuguismo que hubiera
protagoni-zado el condenado, si correspondiera.
La prdida del escao para el partido, que no es un rgano ni un
sujeto en los procesos par-lamentarios, configura una situacin en
la que el Reglamento del Congreso, y no la Consti-tucin ni una ley
ad hoc, la que se apropia del espacio normativo para afectar el
espectro de derechos de personas jurdicas de alguna for-ma ajenas a
la corporacin parlamentaria. Lo mismo cabe puntualizar en relacin
con los efectos que genera en la integracin de la ins-titucin
parlamentaria, porque la prdida del escao afecta la
proporcionalidad entre las diversas fuerzas polticas representadas
en el Congreso en la diversidad de alcances opera que dicha
proporcionalidad, como el tiempo de debate, la integracin de las
Comisiones, la ocupacin de puestos directivos, y la can-tidad de
votos para ganar acuerdos objeto de consulta en todos los rganos
parlamentarios. Pero, el efecto polticamente ms significati-vo es
el relativo a la carga de insuficiencia que genera en las
circunscripciones electora-les privadas de la representacin que
origin el mandato surgido del voto popular3, porque se quebranta la
vigencia de la regla del voto preferencial4.
III. ALCANCES FINALES Y SENTIDO DE LA NORMA APROBADA
Los alcances expuestos en el desarrollo de este trabajo permiten
formular las siguientes lneas conclusivas:
1.- Existe tanta responsabilidad por los actos de quien es
miembro de un partido que co-mete un delito antes o despus de la
elec-cin e inicio del mandato representativo. Es irrelevante que el
congresista haya con-denado por delitos antes tanto como des-pus de
su postulacin. La diferencia s es relevante si es que el partido
tuvo modo de conocer de la comisin del delito antes o durante el
proceso de eleccin de quie-nes luego postul a un puesto
representa-tivo en el Congreso, en cuyo caso existe un compromiso
grave y un nivel elemen-tal de responsabilidad solidaria entre
quien cometi el delito y quien lo propuso como candidato en
elecciones parlamentarias. La omisin de actos de cuidado y
diligen-cia en la seleccin, sin embargo, no afecta la
responsabilidad respecto a la oportuni-dad en que se comete el
delito, ya sea antes o durante el ejercicio del mandato. En am-bos
supuestos correspondera que el parti-do pierda el escao mal o
impropiamente ocupado por un congresista condenado.
2.- Corresponde a la lgica del saneamiento de la salud tica del
Congreso la propues-ta del congresista Mulder Bedoya para que se
modifique el artculo 16 del Regla-mento aadiendo la frase si el
congresis-ta es citado o se ordena su detencin o es
3 Varios congresistas expresaron su concernimiento respecto del
efecto que genera en relacin con el nmero legal de congresistas
(Bedoya de Vivanco, Garca Belaunde, Eguren Neuenschwander) y
respecto del electorado cuyos vo-tos expresaron preferencia por un
candidato y un grupo poltico en particular (Bedoya de Vivanco,
Chvez Cosso, Velsquez Quesqun, Lescano Ancieta).
4 El congresista Llatas Altamirano, presidente de la Comisin de
Constitucin y Reglamento, aleg que no haba per-juicio a las
circunscripciones porque por disposicin constitucional el mandato
representativo tiene alcance nacio-nal, por lo que los territorios
no quedan sin representante en vista de la generalidad nacional que
se genera con el voto popular.
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GACETA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL N 90 227
LA PRDIDA DEL ESCAO POR UN PARTIDO POLTICO
condenado en proce-so iniciado antes de su eleccin, no le
corres-ponde la inmunidad de arresto a la que se re-fiere la parte
inicial de este artculo. Omi-tir esta modificacin favorece
oportunida-des de dilatar el pro-cesamiento del con-gresista
denunciado por la comisin de un acto criminal, porque los procesos
de levantamiento de la inmunidad de arres-to respecto de hechos
delictivos cometi-dos antes del inicio del mandato es incon-gruente
con la exencin del levantamiento de la inmunidad de proceso por los
mis-mos delitos. Mantener la exigencia del le-vantamiento de la
inmunidad de arresto por dicho tipo de sucesos genera mayo-res
posibilidades de dilacin en el proceso penal.
3.- De modo similar es necesario corregir el actual texto del
Reglamento que admite la integracin de la corporacin parlamenta-ria
con congresistas condenados por la co-misin de delito doloso, con
mandato de pena privativa de la libertad suspendida. La regla que
recoge el artculo 25 niega la presunta voluntad purificadora
invo-cada durante la sustentacin del artculo 15-A aprobado. Es
impropio que exista reconocimiento normativo permisivo res-pecto de
representantes condenados por la comisin de un delito, sea que ha
sido o no una pena privativa de la libertad efecti-va, o
suspendida. Igual, en ambos supues-tos, se trata de un sujeto
condenado por la comisin de un delito doloso. Por lo tan-to,
cohonestar la presencia de un condena-do crea una situacin de
indignidad polti-ca que rie con la calidad del ejercicio del
mandato representativo en la repblica.
4.- Es igualmente congruente con el mis-mo propsito tico que, si
no se opta por
eliminar el supuesto de la excepcin del reemplazo en caso de
sentencia con pena privativa de la liber-tad suspendida, se defina
que, en los supuestos en que exista sentencia con-denatoria
condicionada pero se incluya la inhabili-tacin del congresista
con-denado, la inhabilitacin
importa la vacancia de dicho congresista si comprende un periodo
superior al que queda de su mandato, y suspensin con reemplazo por
accesitario durante el pe-riodo de la inhabilitacin.
5.- El conjunto de delitos de mayor grave-dad comparativa en el
sistema penal pe-ruano exigira que a los delitos sealados en el
artculo 15-A se aadiera los casos de otros crmenes de igual
gravedad como las violaciones agravadas, pedofilia, de venta de
publicidad pornogrfica infan-til por medios informticos, de trfico
de rganos, adems, ciertamente, o el delito de lesa humanidad. La
diferenciacin en-tre un tipo de crmenes y otros, de forma que s
quepa la consecuencia de la prdida de escao en unos casos, pero no
en otros, es un supuesto de inconsistencia. La indi-cacin de cules
crmenes s ameritan la prdida del escao y cules no generarn una
grave asimetra en el modo en que se concibe la administracin de
justicia y la permisividad respecto de algunos crme-nes que son tan
graves, o ms, que los que actualmente incluye el artculo 15-A.
6.- El artculo 15-A no est dirigido a afectar a un grupo
parlamentario, sino a un parti-do poltico. El sujeto pasivo de la
prdi-da del escao parlamentario es el partido en cuya lista fue
postulado el congresis-ta condenado, independientemente de si migra
a otro grupo o conforma uno nue-vo. El Reglamento del Congreso es
utili-zado, por lo tanto, como un instrumento
La consecuencia ms notable es la que se extiende a las
circunscripciones electorales que pierden el vnculo re-presentativo
que generaron en el Congreso.
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228
A CTUALIDAD CONSTITUCIONAL
normativo capaz de afectar con sus al-cances los derechos que se
reconoce a los partidos polticos que no son un sujeto propiamente
parlamentario, y adems al-canza y afecta la composicin del qurum
del Congreso cuyo nmero es disminuido en el supuesto previsto en el
artculo 15-A. La consecuencia ms notable, sin em-bargo, es la que
se extiende a las circuns-cripciones electorales que al contar con
un representante condenado pierde el vnculo representativo que
gener en el Congreso con su voto.
Por ltimo, ms all de los aspectos tcnicos previos es necesario
aclarar que el valor que puede tener la reforma en funcin del mal
que pretendi corregir. En apoyo de la aprobacin del artculo 15-A la
congresista Lourdes Al-corta deca no importa que nos quedemos con
120, aunque cambiemos la Constitucin. Hay que dar gestos claros,
contundentes, sol-ventes!. Puede mejorarse la calidad de los
partidos polticos, o de los congresistas que reciben el mandato
popular, con la disminu-cin del nmero de escaos que les
corres-ponde en el Congreso? Es suficientemente fuerte la medida
normativa aprobada para ha-cerse cargo de la meta que la norma
preten-de alcanzar? Es el medio normativo emplea-do un instrumento
o herramienta eficaz para
extirpar, remediar o controlar el mal cuyo exorcismo aparece en
el imaginario de los congresistas como posible con el texto del
ar-tculo 15-A? O es que el objetivo ni meta era en realidad mejorar
la calidad de los partidos polticos sino que solo, como lo declar
apa-sionadamente la congresista Lourdes Alcorta, se trataba de dar
gestos?
Si con dar gestos pudieran solucionarse los grandes problemas
del pas, como resulta ser la calidad de los partidos, agrupaciones
y mo-vimientos polticos, todo lo que el Per ne-cesita son mimos
cuyo histrionismo tenga capacidad para comunicar emociones y
sen-saciones en espritus polticos dbilmente constituidos. Pero
dictar normas como si es-tas tuvieran solo poderes teatrales o
histri-nicos es confundir patolgicamente la natu-raleza de la
funcin legislativa en el Per, y prestarse a ese tipo de farsa es
una forma mal-sana y perversa de sostener, arraigar y agudi-zar el
mal, sin extirparlo, o simular que se lo trata de extirpar para que
el mal se incube y cmodamente, sin mayores sobresaltos, siga
reproducindose. Mal se hace cuando se con-funde la naturaleza de
las cosas; legislar no es una tarea de marketing ni de venta, es
una funcin estatal que se encarga a quienes de-ben representar al
pueblo para ayudarlo a al-canzar su bienestar.
1 gc 90creditos gaceta constitucional 90Indice Gaceta
Constitucional 90001 Csar DELGADO-GUEMBES
