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¿Corporaciones, Familias o “Partidos”? La conformación de la Legislatura de la Provincia de Córdoba entre 1850-1855.
Silvia Romano (UNC -CIFyH)
Valentina Ayrolo (UNMDP - CONICET)
El trabajo que aquí se expone centra su análisis en la composición social y en la naturaleza de
la representación política de la Legislatura de la Provincia de Córdoba entre 1850 y 1855. Con
ese objetivo se examina el perfil socio cultural y económico de sus miembros y el carácter de
los vínculos que los ligaban entre sí, como también su participación en otros ámbitos del
poder local. El propósito es identificar cambios, continuidades o adecuaciones de las elites
políticas cordobesas, tanto en su composición como en sus pautas culturales y en sus
prácticas, en una época de definiciones políticas significativas para las Provincias de la
Confederación Argentina. Para el caso de Córdoba, el período abordado transcurre en líneas
generales entre la caída del régimen rosista de Manuel “Quebracho” López (27/4/52) y el
dictado de la nueva constitución provincial. El análisis centrado en este período de corta
duración permite explorar -como en un laboratorio- los espacios de ambigüedad y tensión
frente al cambio de escenario político en el ámbito rioplatense, como también las respuestas
ofrecidas por los actores. En ese marco, procura avanzar en una caracterización de las elites
cordobesas y su participación en el poder político, examinando la relación existente entre el
mundo social y el político institucional. Esta exploración y las preguntas que la orientan se
sustentan en conocimientos ya obtenidos sobre distintas facetas del desarrollo de la economía,
la sociedad y el estado provincial en las décadas precedentes y sus actores, como también en
las investigaciones en curso sobre redes del poder y sobre Iglesia y Estado en Córdoba durante
la primera mitad del siglo XIX. 1
Vamos a sostener que la configuración de la elite política de los 50 respondió a la intersección
de lógicas propias de una sociedad tradicional precapitalista que denominaremos de “antiguo
régimen”2. Esta será resultado de pervivencias del orden colonial, entre cuyos rasgos destacan
1 Cfr. Silvia Romano (1993, 1996) Estudio en curso que realizan conjuntamente las autoras “Las redes del poder en la provincia de Córdoba: funcionarios, notables y representación política, 1815-1851” UNC-Ciffyh (2000), Valentina Ayrolo, tesis de doctorado en curso (UBA-Paris I) “ La Iglesia de Córdoba del Tucumán “entre” la indpendencia, la auonomía y la Cofederación (1808-1852)” 2 En otros lugares hemos caracterizado a la sociedad cordobesa de la primera mitad del siglo como una sociedad de “antiguo régimen” por cuanto conservaba muchos de los rasgos y tradiciones de su pasado colonial. Tal caracterización toma como referencia los desarrollos de Francois Xavier Guerra (1989, 1990, 1998) y de José Chiaramonte (1995, 1999) . Cfr. Romano (1993, 1996, 1997) Ayrolo (1998, 2000)
2
la indiferenciación entre elite social y elite política, el papel rector o tutelar de la religión en
los diversos órdenes de la vida social y cultural (evidenciado en el entramado estado-iglesia-
sociedad ), el poder asentado en la Ciudad, referenciado en corporaciones y en sus actores más
prominentes, la escasa autonomía de la política como actividad diferenciada de la vida social.
De allí que la pertenencia a la elite social, constituida por los más ricos, encumbrados y
prestigiosos, es decir los “notables”, sumada a los valores jerárquicos dominantes, se tradujo
“naturalmente” en representación política y en el ejercicio de funciones de gobierno. Las
relaciones de parentesco, que configuraron constelaciones o clanes familiares, atravesaron
horizontalmente a su vez los diferentes ámbitos de pertenencia corporativa y sustentaron el
sistema de dominación y de control del poder político por parte de facciones de la elite y sus
redes de allegados. Estas constelaciones familiares permanecieron y se reprodujeron en el
poder durante décadas constituyendo el núcleo de esas facciones. La familia consanguínea era
el vértice de un agrupamiento más amplio que incluía colaterales y una clientela rural y
urbana.
Recuperamos en este sentido las consideraciones de Halperín Donghi con respecto a los lazos
de parentesco como elementos de cohesión (particularmente económica) y a la vez de
inestabilidad de los núcleos políticos. La dominancia e incluso el fortalecimiento de las
constelaciones familiares después de la Revolución, aún cuando existieron enfrentamientos al
interior de algunas de ellas, marcando en buena medida el desarrollo de la vida política en
varias provincias, la cual giró en torno a sus coincidencias o rivalidades -que en Córdoba
parecen prolongarse por lo menos hasta los 50- y trascendieron en redes de solidaridad que
abarcaron mas de una región (Halperín Donghi, 1972, 408/419). El autor observa asimismo
que las luchas por el influjo regional y el favor administrativo no excluyeron la posibilidad de
alianzas en las que se superponían elementos políticos y comerciales, intereses públicos y
privados, particularmente frente a adversarios más poderosos (ibid), como se verá enseguida.
Con la modernización que implicó la adopción en 1821 de un sistema republicano de gobierno
de corte liberal, que al establecer un régimen representativo y la noción de ciudadanía intentó
sustentar el poder en nuevas fuentes de legitimidad, y los cambios introducidos en el marco
jurídico político general después de 1852 entraron en contradicción algunos de esos valores y
prácticas antiguas. Entre la caída del régimen rosista en 1852 y el dictado de la nueva
constitución provincial en 1855 se fueron configurando nuevos ámbitos de pertenencia y de
actividad política, evidenciándose el desarrollo incipiente de una esfera pública en un sentido
3
moderno. Esas configuraciones no fueron ajenas, seguramente, a la adopción de definiciones
en torno a la libertad de cultos y al derecho de sufragio que, entre otras, obligaron la
adecuación de las normas locales a las impuestas por la Constitución nacional (1853).
En nuestra perpectiva, las ambigüedades y contradicciones que presenta el proceso histórico
fueron el fruto de las mencionadas intersecciones. Explican, por ejemplo, la continuidad de
actores en la función pública luego del derrocamiento de López, las asociaciones de actores
pertenecientes a distintos bandos o facciones unidos por la coyuntura y por intereses
particulares/sectoriales.
Intentaremos dar cuenta de esos rasgos a partir de la evidencia empírica. Especialmente en lo
relativo al sesgo de tipo corporativo o estamental de la representación política, en el sentido
de “cuerpos” que agrupaban racimos de actores vinculados entre sí por fines e intereses
sectoriales de índole socioeconómico, profesional, religioso (Guerra, 1989, 257).
Representación penetrada por concepciones jerárquicas y conservadoras acerca del orden
social, sostenidas por la continuidad y vigencia de instituciones regidas por normas antiguas
que preservaron prerrogativas, fueros, privilegios, honores, derechos y, con ello, la
pervivencia y el predominio de grupos de status y rangos sociales (con elevado capital
simbólico) ligados entre sí por vínculos de parentesco3. Nos referimos específicamente al
Consulado de Comercio, la Universidad y el Cabildo eclesiástico, ámbitos de referencia del
poder económico, social y cultural. La noción de cuerpo estará presente, además, en el
lenguaje de la época, por ejemplo en las constituciones de la provincia en referencia al
“cuerpo social” (Compilación de leyes, 1870, 348)
Esta perspectiva de análisis tiene interés por cuanto ha sido escasamente recorrida por la
historiografía sobre el período, en particular para comprender la participación del clero en la
política y en el gobierno provincial. El enfoque adoptado reconoce a su vez la incidencia del
enriquecimiento como factor de ascenso a los espacios de poder por parte del sector mercantil
y, al mismo tiempo, del ejercicio de la función pública como una vía para la obtención de
prerrogativas, prebendas y ventajas en la actividad económica. (Romano, 1993, cap. III, VII y
VIII)
3 Mas allá de las rivalidades y luchas facciosas -bandos de unitarios y federales- no hubo entre sus miembros diferencias ideológicas de fondo en cuanto a la concepción de la sociedad entendida como un “cuerpo” regido por un orden natural originado en la “divina Providencia” que debía ser preservado. (Romano, 1996, 1997)
4
Desde allí revisaremos los cambios operados en el transcurso del período y el modo en que las
nuevas condiciones políticas contribuyeron al desarrollo de una esfera pública en el sentido
moderno y su incidencia en el surgimiento de nuevos actores y prácticas políticas.
1. Los marcos institucionales
El orden legal establecido por la constitución provincial o Reglamento Provisorio de 1821
configuró las bases de la organización estatal introduciendo concepciones del republicanismo
moderno, incluida la noción de ciudadano, derechos y libertades civiles, división de poderes, y
representación política de igual carácter. Sin embargo, al interior del mismo texto y en su
aplicación se aseguró la conservación de privilegios y derechos de las elites, principalmente
en el sistema de representación y en la restricción del derecho de sufragio: indirecto (en dos
grados) y de carácter escencialmente censitario, cuya consecuencia natural fue que la elección
recayera en los propietarios (comerciantes, letrados y magistrados, en su mayoría
propietarios). En efecto, además de establecer diferentes categorías de derechos políticos
(activo y pasivo para cargos públicos) excluía del ejercicio de la ciudadanía no sólo a los
esclavos sino también a los domésticos asalariados, a quienes no tuviesen una propiedad de al
menos cuatrocientos pesos, o bien el grado o aprobación pública en una ciencia o arte liberal;
o un oficio lucrativo y útil al pais. (Reglamento Provisorio, Secc. 3ª, cap. VI y VII; Secc. 4ª
cap. VIII cit. en Romano, 1996, 8) El acto electoral en las Asambleas primarias, constituidas
por departamento para designar los electores que en la Asamblea electoral de Córdoba a su
vez elegirían los representantes a la Legislatura, era fiscalizado por “El Juez principal del
curato y el cura con tres vecinos de probidad” (Ibid. Secc. IV, cap. IX). La calidad o aptitud de
los votantes incluidos en el padrón electoral era verificada previamente por “dos vecinos
honrados, padres de familia y propietarios” (ibid. cap. VIII). Para ser elector se requería,
además de las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, tener una propiedad valuada en
más de 1000 pesos plata. (ibid. cap. IX) En tanto que para ser Representante a la legislatura se
requería un fondo de 2000 pesos plata, empleo con renta equivalente, o profesar un “arte
liberal con aprobación pública de alguna Universidad” (Secc. 5ª cap. XI). Entre la puesta en
vigencia de este reglamento y el dictado de la nueva constitución provincial en 1855 se
evidencia que, por lo general, los electores de la campaña fueron los principales propietarios
y/o funcionarios civiles, militares o eclesiásticos de cada departamento, quienes a su vez
delegaron la función electoral en los “notables” de la ciudad (catedráticos y/o clérigos y
5
comerciantes), como se puede ver en los cuadros adjuntos. Este mecanismo aseguró también
que los grupos de la elite pudiesen elegir como legisladores a sus parientes o allegados.
En la constitución provincial de 1855 se procuró mantener esas prerrogativas y exclusiones,
en el art. 16, añadiendo además el voto capacitario (o calificado) al censitario, al requerir para
el ejercicio del voto activo: “ciudadanía en ejercicio, veintiún años de edad, una propiedad o
profesión que asegure una renta anual de cien pesos al menos, y saber leer y escribir después
de cinco años de promulgada esta Constitución” (Melo, 1950, 136 - Pavoni, 1995, 115). Pero
el rechazo del Congreso, por contradecir la Constitución Nacional (1853) que no contenía
tales restricciones, obligó a su adecuación con ésta. Resulta sintomático que ese sistema
electoral restrictivo se trasladara al régimen municipal, reservándolo al control de
comerciantes y profesionales. (Pavoni, 1995, 116). En efecto, la ley orgánica de 1856 que
reglamentó la instalación de municipalidades en la capital y departamentos, establecía que las
juntas de vecinos que las formarían (con propiedad o profesión con renta de más de 200
pesos) serían electos por aquellos vecinos que pagasen contribución directa. Por otro lado, los
considerandos, más que elocuentes, decían que “La municipalidad se considera como una
asociación de familias unidas por intereses, bienes y derechos comunes y como una persona
civil, con los derechos y deberes de tal.” (Barrionuevo Imposti, 1992, 38).
Cabe hacer notar que al lado de las viejas restricciones al derecho de sufragio, en la
constitución de 1855 se intentó introducir un nuevo principio de legitimidad y jerarquía (la
capacidad) también elitista, al distinguir entre ignorantes e ilustrados, que se asentaba según
Guerra en el “capital cultural” y que el autor considera un nuevo valor moderno vinculado a la
noción de opinión pública. (F.X. Guerra-A. Lempérière, 1998, 16/17) Estos valores y
explicitaciones tenían su correlato, como veremos luego, en los cambios producidos en la
composición de la Legislatura después del 50.
Del mismo modo, el régimen legal preservó el sistema cultural de referencia fundado en la
religión católica y su defensa por parte del estado. En el Capítulo V de su Sección 1ª, el
Reglamento Provisorio expresaba: Art. 1º “La religión católica, apostólica, romana es la
religión del Estado y la única verdadera; su protección, conservación, pureza e inviolabilidad,
será uno de los primeros deberes de la representación del Estado y de todos sus magistrados,
quienes no permitirán en todo el territorio otro culto público ni enseñar doctrina contraria a la
de Jesucristo.” Art. 2º: “Todo hombre debe respetar el culto público y Religión Santa del
Estado. La infracción de este artículo será mirada y castigada como una violación de las leyes
6
fundamentales del Estado.” (Compilación de leyes, 1870, 319). En la reforma del código
constitucional de 1847 se añadió al artículo 1º la frase “...enseñada por la Iglesia Católica,
Apostólica, Romana” (Ibid, 343). Más tarde, tras el intenso debate suscitado por la inclusión
de la libertad de cultos en la Constitución Nacional (1853) que se expresó en declaraciones de
decidida intolerancia religiosa y en que muchos se negaran a jurarla (Pavoni, 1994) el
confesionalismo local se manifestó también en la constitución provincial de 1855 marcando
diferencias con lo expresado en aquella: “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la
Religión de la Provincia; su Gobierno le prestará la más decidida y eficaz protección, y todos
sus habitantes el mayor respeto y la más profunda veneración.” (Compilación, 1870, 243).
Estas declaraciones de principios aluden a la escasa separación entre Iglesia y Estado y dan
cuenta del peso de los valores religiosos en la concepción de la vida pública, expresados
también en las prácticas cotidianas a través de la activa participación del clero en política y en
funciones de gobierno.4 Por caso, después de 1855 los curas párrocos seguirán integrando las
mesas electorales en la campaña al tiempo que no se admitía la intervención de funcionarios
civiles y militares (Pavoni, 1995, 111). Hay que destacar por otro lado que varios de los
representantes que reformaron y sancionaron la constitución de 1847 actuaron en la redacción
y sanción de la del 55, como es el caso de Félix de la Peña, Juan Ramón de la Rosa Torres
además de participar, en ambos casos, eclesiásticos como Eduardo Ramírez de Arellano en
1847, Pedro Nolasco Clara y José Saturnino Allende en 1855 (Compilación, 1870, 349 y 250).
Hacia fines de los 50 aún se encuentran huellas de la superposición de legitimidades en
expresiones de los tradicionales referentes del “liberalismo” cordobés evidenciando la
coexistencia de principios políticos modernos y mentalidad confesional: el entonces
gobernador Mariano Fragueiro, en su mensaje a la Legislatura de 1858 señalaba los deberes de
los legisladores en el sostén de las instituciones republicanas, las libertades públicas y la
“acción libre de la inteligencia” en la discusión, agregando a continuación que el gobierno
imploraba la luz y la bendición del Todo Poderoso sobre sus deliberaciones y confiaba en la
sumisión humilde de los legisladores a la voluntad divina en sus esfuerzos tendientes a la
prosperidad de la provincia.5 (AHPC, Legislatura 1852/58, f. 284)
4 Por ejemplo, en 1841, durante el gobierno de López, se nombró una junta censora de las obras impresas a fin de evitar “la propagación de doctrinas o ataques contra la Santa Religión del Estado, la moral pública o la sagrada causa nacional de la Federación” y la integraron el alcalde Adrián Ma. Cires, el fiscal de estado José Roque Funes, el tesorero de la catedral Pedro Nolasco Caballero y el cura rector Dr. José Vicente Ramírez de Arellano (Garzón, 1902, 215) la mayoría de ellos representantes en la legislatura entre 1850 y 1855. 5 AHPC, Legislatura 1852/58, f. 284
7
El Reglamento de 1821 estableció asimismo el Tribunal del Consulado sobre la base de la
normativa de la Cédula de 1794, por la que se creó y funcionó dicha corporación en Buenos
Aires durante el virreinato, para administrar justicia, proteger y fomentar el comercio en todos
sus ramos (Secc. 8ª, cap. XXVII, Compilación...1870). El tribunal se integraría por un Juez
Consular “con la jurisdicción, fueros y preeminencias que le estaban concedidas en la referida
cédula”, un Teniente conciliario y un Síndico conciliario electos cada dos años por
comerciantes vecinos domiciliarios de la ciudad que “hayan hecho introducciones propias o a
comisión y pagados derechos en esta aduana hasta en cantidad de 100 pesos por una vez”
(ibid). Como se puede apreciar, se establecía una jerarquía al interior del gremio al restringir
el derecho de elección del tribunal a un sector de los importadores de la ciudad. En 1847 la
reforma constitucional aumentó el número de integrantes del Tribunal, compuesto ahora por
un Prior, dos Cónsules y dos Tenientes para su reemplazo, además de un Asesor letrado.
(Secc. 6ª, cap. XVII, Ibid, 1870, 348). Según se ha comprobado, entre 1830 y 1855 accedían a
esas judicaturas los más ricos y prestigiosos comerciantes (Converso, 1990, Cuadro Nº 5
48/49; Romano, 1993, 319) y, como se verá enseguida, ellos también fueron representantes
en la Legislatura.
Varios testigos contemporáneos se han referido a Córdoba como un reducto de lo
conservador, lo confesional y lo ilustrado. Por caso, Víctor Gálvez (Vicente Quesada)
rememorando su retorno a la provincia en 1852 la caracterizaba en estos términos “...Córdoba,
antigua y culta, ciudad llena de los humos aristocráticos de poseer Universidad y Catedral,
cuajada de doctores vanidosos y de clérigos de campanillas, de cogotudos frailes y de monjas
ricas (...) El clero era a la sazón influyente y respetado. Clérigos desempeñaban el rectorado
de la Universidad y del colegio Monserrat.” (Gálvez, 1942 [1889], 323). Varios elementos
permiten comprobar la percepción de Gálvez y los rasgos conservadores que señalamos en el
ámbito de la Universidad. Además de haberse resistido a abrir las aulas a quienes no
acreditaran “pureza de linaje”, es un ejemplo conocido que en 1844 el Claustro obtuvo del
gobierno la revocación de una autorización anterior (1833) concedida a un pardo para cursar
bajo las siguientes consideraciones “... la RAZON, LA JUSTICIA y las circunstancias
reclaman imperiosamente la rigurosa observancia del régimen y orden antiguo que a éste
respecto se ha guardado siempre en la Universidad...” por lo que se expulsaba a los que
estuviesen estudiando amparados por aquél decreto (Garro, 1882, 340/343). Esta institución al
8
igual que el colegio Monserrat eran un espacio de ascenso y formación de las elites para el
ejercicio de funciones de gobierno, pues como lo reconocía López en 1850 “predispone a la
juventud tanto para el foro, como para el servicio del altar y demás empleos públicos”6 El
título universitario era una reconocida fuente de prestigio social como se ve en la solicitud de
Lahitte a López en 1851 de otorgarle el título de abogado al comerciante Luis Cáceres
(plenipotenciario de López en Buenos Aires) pues ello contribuiría “...a aumentar el prestigio
de que conviene rodear al Sr. Cáceres en su actual posición...” (cit. por Garzón, 1902, 238).
Por su parte Mariano Fragueiro, llamando la atención sobre las facilidades acordadas a los que
aspiraban a la profesión del derecho, en 1858 señalaba que: “Dirigidas artificialmente las
inteligencias a una profesión ya de suyo simpática por el prestigio y alto rol social que
acuerda a los que la ejercen, no sólo se verá desertar de todas industrias indispendables al
progreso del país a capacidades (...) sino que representan un estímulo a las mediocridades y a
las falsas vocaciones para aspirar a funciones casi públicas...” (AHPC, Legislatura 1852/58, f.
277). Según observara Gálvez, los caminos elegidos para los jóvenes de la elite resultaban en
que sólo hubieran en Córdoba “Sacerdotes, abogados, médicos, hacendados y comerciantes,
¡ningún industrial, ningún ingeniero!” (Gálvez, 1990 [1889]539).
Las viejas representaciones acerca de las jerarquías, honores, derechos y privilegios que
correspondían a la Universidad y a sus autoridades se mantuvieron por bastante tiempo y
fueron reivindicadas cuando se produjo su “nacionalización” (1856), tal como quedó
expresado en su Constitución Provisoria (1857) que vale la pena citar. En relación a la
composición, atribuciones, prerrogativas del Claustro, establecía que éste se integraba por los
doctores, licenciados y maestros graduados. Fuera de ellos sólo tendrían lugar en el mismo el
Obispo de la Diócesis, el Gobernador de la provincia o el Jefe Supremo de la Nación. Los
integrantes del Claustro “...en sus reuniones de actos públicos y secretos, como en
acompañamientos a que la Universidad concurra en cuerpo, guardarán el órden de
antigüedad de sus grados, sin que entre teólogos y juristas haya preeminencia por razón de
las facultades y sólo la obtendrán estos con respecto a los filósofos...” (Garro, 1882,
Apéndice, 474/475) En cuanto a los honores y preeminencias del Rector señalaba “El Rector
preside a la Universidad así en cuerpo de Claustro como en actos literarios; y como Presidente
tendrá en las funciones y actos de Universidad silla de preeminencia, tapete, mesa cubierta y
dos cojines donde se coloque el escudo de los Sellos (...) Cuando concurriese con el Claustro
6 Mensaje del gobernador Manuel López, Córdoba 19 de julio de 1850, reproducido en Mensajes de los gobernadores de Córdoba a la legislatura, 1850-1870 comp. por A. I. Ferreyra CEH, Cba. 1996, p.34
9
fuera de la Universidad, tendrá, como Presidente, tapete y silla de distinción (y...) se le dará el
tratamiento de Señoría.” (ibid, 478/480). Si bien quedó extinguido el fuero académico, la
Universidad conservó el derecho de llevar en las funciones públicas el escudo usado hasta
entonces y se mantuvieron otros símbolos y prácticas ceremoniales de antiguo régimen7. Los
encargados de compilar los reglamentos y estatutos vigentes para facilitar su aplicación y la
redacción de la Constitución provisoria fueron Eduardo Ramírez de Arellano, Francisco de
Paula Moreno, Luis Cáceres y Rafaél García, todos los cuales integraron la legislatura en el
quinquenio que nos ocupa.
2. La composición de la Legislatura
En una nota periodística de 1855 firmada por “unos estancieros” se aludía a la composición de
la legislatura y a otros espacios del poder político al señalar que “...no consideramos a los
abogados, médicos, confesores y comerciantes que forman la H. Sala, el Gobierno y sus
consejeros suficientemente informados de las necesidades de la campaña...” (El Imparcial,
25/10/55)8. Mas allá de los conflictos a los que remite la cita, al confrontarla con el origen de
los representantes de la legislatura y de otros actores del poder político provincial que
relevamos, se puede comprobar que la caracterización de la época no era errada.
Consideraremos en primer término a los comerciantes. La revisión del listado de
representantes permite ver -en base a conocimientos previos- que un núcleo de comerciantes
que figuran en el período es el que a lo largo de las décadas del 30 y del 40 acumularon
fortunas en el comercio a distancia y la explotación de barracas, prensas de enfardar,
almacenes mayoristas y/o tiendas: tal es el caso de Manuel de la Lastra, Félix de la Peña,
Hilarión Funes, Bernardino Acosta, Martín Ferreyra, José A. Ferreyra, Emilio Ferreyra (de
Ferreyra Hnos), Juan García Posse, Luis Rueda, Gregorio Ortíz, o sus hijos como Luis
Cáceres, hijo de Bernardino -uno de los más ricos comerciantes acopiadores entonces
fallecido- Julio Fragueiro (hijo de Mariano) y Wenceslao Funes (hijo de Hilarión, fallecido en
1853). Estos comerciantes acopiadores, en especial los nombrados en primer término junto
con B. Cáceres, encabezan los listados elaborados para el período según el volumen de los
7 Sobre los rasgos antiguos de estas escenificaciones jerárquicas de autoridades y cuerpos en hispanoamérca, cfr. Guerra-Lendriere (1998, 12) y Carole Leal Curiel “Tertulia de dos ciudades: modernismo tardío y formas de sociabilidad política en la provincia de Venezuela” en ibid pp 168/195 8 El decreto de creación del Consejo Consultivo (Compilación de Leyes, 1870, 253) señalaba en su art. 5º que “Son miembros natos del Consejo el Presidente y demás miembros de la Exelentísima Cámara, el Presidente del Senado Eclesiástico, el Prior del Consulado, El Fiscal del Estado, el Contador de Hacienda, el Jefe de Policía, el Jefe de la Guarnición y el Comandante en Jefe de la Guardia Nacional” el art. 6º nombraba además otros
10
patrimonios y capitales en giro (Romano, 1993, 194/226). Otros comerciantes, como Tristán
Achával, Cleto del Campillo, Norberto Zavalía, Román Amenábar, Luis Robles, Gerónimo
Yofre, Antolín Funes eran propietarios de tiendas y/o almacenes, participando también en el
comercio de importación y exportación. Varios de los nombrados, sobre todo los más ricos,
fueron miembros del Consulado de Comercio en más de una oportunidad: Manuel de la Lastra
(1827/28-1833/34-1839/40-1843/44); Félix de la Peña (1841/44-1849/50); Hilarión Funes
(1845/46-1851/52); Juan García Posse (1831/32-1839/40-1845/46); Bernardino Cáceres,
padre de Luis (1825/26-1843/46); Bernardino Acosta (1847/48); Martín Ferreyra (1851/52);
Emilio Ferreyra (1851/52); Cleto del Campillo (1847/50); Luis Robles (1847/48). Y, como se
puede apreciar en el listado adjunto, la mayoría de ellos tuvo actuación anterior en la
legislatura. Sobre esta participación hemos identificado en otra parte a dos grupos principales,
conformados en torno a núcleos familiares, que respondieron a facciones políticas diferentes:
el de de la Lastra-Fragueiro (pro unitarios) incluyendo sus hermanos e hijos, y a sus cuñados
los García Posse, G.Asúnsolo, los Lozano y al tío Dr. Miguel del Corro (cura, rector de la
Universidad) que tuvieron participación activa durante el gobierno de Paz en Córdoba
(1829/31) en el movimiento revolucionario de 1840 y en el de 1852 que derrocó a Lopez.
Algunos se exiliaron, como Mariano Fragueiro. Otros, como Manuel de la Lastra,
permanecieron sin comprometerse abiertamente en la política local, pese a desempeñarse
periódicamente como representante en la legislatura y como ensayador de la Casa de Moneda
(1843/54). El otro grupo, más vinculado al gobierno de Manuel López, estaba formado
principalmente por los comerciantes Félix de la Peña, su yerno Nicolás Peñaloza, José
Agustín Ferreyra, Antolín Funes y Lucas Funes (cuñados) y el padre de éstos Dr. José Roque
Funes (suegro de Peña y consuegro de López). En ambos casos se pudo observar la actuación
simultánea de varios miembros en la legislatura y en otras funciones de gobierno (Romano,
1993 cap. VIII).
Ese mismo comportamiento se evidencia también en el período bajo análisis, incluyendo la
participación de otros núcleos familiares como el de los hermanos Donaciano, Cleto y Juan
del Campillo el primero en la legislatura provincial, Cleto y Juan como diputado y senador
nacional respectivamente (1854) y de este último en el gabinete de Urquiza (1854); o de M. de
la Lastra, en la legislatura con su cuñado Juan G. Posse (1854) y sus sobrinos Julio Fragueiro
(1852) y Nestor Posse (1854/55) mientras su cuñado Mariano Fragueiro era el Ministro de
Consejeros de Gobierno entre los que se hallan los principales comerciantes, abogados, catedráticos, clérigos y autoridades de la Universidad y del Cabildo Eclesiástico.
11
Hacienda de la Confederación (1853/54). Otros de los numerosos ejemplos de parentescos
entre representantes y funcionarios de gobierno, comerciantes o no, son los del gobernador Dr.
Alejo Carmen Guzmán (1852/55) y su suegro el comerciante Gerónimo Yofre, gobernador
delegado y legislador, como sus parientes Felipe y Fidel; o el de la firma Ferreyra Hnos.
compuesta por Emilio Ferreyra, representante y Roque Ferreyra, gobernador desde 1855
(ibid). De su Consejo Consultivo formaron parte Manuel de la Lastra, Emilio Ferreyra, Luis
Cáceres, Bernardino Acosta, Augusto López, Gregorio Ortíz, Juan García Posse, Mariano V.
González, Donaciano del Campillo.9 El análisis anterior permite comprobar la congruencia
entre la pertenencia a un estrato del sector mercantil y a ciertos clanes familiares con el acceso
a las judicaturas consulares y a la representación legislativa, asociados a su vez con
alineamientos facciosos. La trama se extendía, como se insinuó hasta aquí, a la Universidad y
a otros ámbitos. Es de hacer notar que los sectores mercantiles en ascenso durante las décadas
del 30 y del 40, consolidaron su hegemonía en las del 50 y 60 lo que puede constatarse en el
quinquenio 1850/55 con la participación simultánea en espacios clave como la delegación
provincial de la Administración de Hacienda y Crédito y Banco Nacional (1854) entre cuyos
directivos se contaban M. de la Lastra, Juan y Nicolás García Posse, F. de la Peña, L. Cáceres,
J. del Campillo, B. Acosta, M. Ferreyra, E. Ferreyra, L.Robles, M. Montaño, M.V.Gonzalez,
T. Achával, etc. (Pavoni, 1994, 118). En el siguiente lustro es de mencionar, aunque excede el
período de este escrito, el caso de Mariano Fragueiro como gobernador entre 1858/60 y de
Félix de la Peña, gobernador delegado entre 1860/61 y gobernador entre 1867/71. Ambos
integraron en 1855 el Partido Liberal (“Aliados”) que comandó Peña y sostuvo la candidatura
de Fragueiro (Díaz de Molina, 1972, 55). Como es de suponer sus parientes y allegados
desempeñaron las más variadas funciones, en el ámbito “nacional”, provincial y municipal.10
Durante el período que estudiamos y con posterioridad, estos grupos mercantiles se asociaron
9 Compilación de leyes... cit. Decreto del 1/12/55. Otros comerciantes que lo integraron: Gerónimo Yofre, José A. Román, Miguel Duarte, Miguel Argüello, Manuel Pizarro, Javier Altamira, Luis Montaño, etc. Todos ellos fueron designados por el artículo 5º ya citado. Gumersindo Asunsolo (cuñado de los Fragueiro y de la Lastra) fue gobernador delegado de Roque Ferreyra. 10 Por ejemplo, las listas de las autoridades de la Municipalidad de Córdoba dejan ver que durante el gobierno de Fragueiro se desempeñaron en funciones ejecutivas y en el Concejo Administrativo Juan García Posse (presidente) Félix de la Peña (vice) Julio Fragueiro (miembroConcejo) además de otros personajes ya mencionados, como Martín Ferreyra, Donaciano del Campillo, Luis Cáceres, Mariano V. González, Augusto López, los yernos de M. de la Lastra y de F. de la Peña, etc. Cfr. May de Carranza-Poca (1983)
12
en diversos negocios privados como también en la defensa de intereses sectoriales poniendo
en evidencia un fuerte espíritu de cuerpo (Romano, 1993; Pavoni, 1994).11
Además de los grupos e individuos señalados se advierte la presencia de comerciantes
tenderos o almaceneros de reciente participación en la legislatura y, en algunos casos, también
en el comercio como es el caso de Antonio Caballero, Laureano Dehesa, Apolinario Rivas,
Roque Narvaja o Francisco Ordóñez. Otros de los comerciantes que figuran en la lista
estuvieron exiliados y retornaron en estos años a Córdoba, como Mariano V. González, o los
Ocampo. Comerciantes o hijos de comerciantes que continuaron con el negocio familiar se
graduaron en leyes en la universidad, como los citados M.V. González, Juan del Campillo, P.
Lucas Funes y Luis Cáceres. Otros profesionales, como Justiniano Posse (médico)
desempeñaron funciones en la administración (protomédico) como legisladores y como
empresarios en la actividad privada.
Los graduados universitarios, licenciados y doctores en teología, derecho canónico y derecho
civil -las tres principales disciplinas dictadas hasta 1855- integraron la legislatura desde su
creación, el poder judicial, el claustro de la Universidad y del colegio Monserrat,
desempeñando además diversas funciones jerárquicas en el gobierno provincial. Si se
confrontan las listas de egresados de la Universidad de Córdoba (Garro, 1882, 523/525) y la
de los abogados residentes en la provincia en 1854 (Pavoni, 1994, V.II, 94/95) se puede
comprobar que la casi totalidad de éstos se desempeñó en la legislatura entre 1850 y 1855 (cfr.
lista de legisladores adjunta). Salvo un pequeño número de representantes con título
universitario, la mayoría se graduó entre 1840 y 1851. Entre los primeros se encuentra el
elenco de antiguos notables: Estanislao Learte, José Saturnino Allende, Vicente Agüero,
Vicente Ramirez de Arellano, Eduardo R. de Arellano, Tiburcio López, José Roque Funes,
Julián Gil, Paulino Paz y M. Vicente González, gran parte de los cuales eran eclesiásticos que
desempeñaron también funciones en el Cabildo Eclesiástico y en la dirección de la
Universidad. Por caso: E. Learte (rector 1839/44 -1853/54), T. López (rector en 1855/56, y
rector del Monserrat 1855/61); E. Ramirez de Arellano (vice-rector 1836- 1839/42- 1847/48, y
rector del Monserrat 1838/55). Por su parte, José Roque Funes -abogado y doctor en teología-
desde 1819 fue rector y vice en numerosas oportunidades.
11 Un ejemplo fue la participación en la sociedad formada por Timoteo Gordillo para el transporte de frutos entre Córdoba y Rosario, de la que fueron socios principales Félix de la Peña, Manuel de la Lastra y Emilio Ferreyra. Cfr. “Memorias de Timoteo Gordillo” en Todo es Historia, Nº185, Bs. As. 1982, p.17
13
El resto de los letrados pertenecía, como dijimos, a las promociones posteriores. En este grupo
se registran, entre otros, el gobernador A. C. Guzmán (rector 1851/52); Fernando Zavalía
(vice rector 1853/54); J. S. de Olmos (vice 1855/56).
Los casos señalados demuestran también la legitimidad natural que otorgaba a la
representación política el rol de autoridad o miembro principal de instituciones prestigiosas
como la Universidad.
El protagonismo de los letrados en la vida pública puede interpretarse desde distintos puntos
de vista. Por una parte, es posible pensar que este protagonismo respondía a la primacía de
una cultura a la vez jurídica y católica, propia del mundo antiguo, que incluía la formación de
los letrados (Guerra-Lendriere, 1998, 13, Chiaramonte,1997, Primera parte ). Por la otra puede
asociarse al surgimiento de “la política como ocupación”, es decir al de un tipo de actores que
hacían de la política su principal actividad -para lo cual debían hallarse “disponibles” desde el
punto de vista económico (Weber, 1991). Según Weber, en este rango se encontraban
particularmente los abogados, lo que explicaría que hubieran desempeñado históricamente un
papel dominante como políticos profesionales (Weber, 1991,76/77). Además señala que su
importancia en la política moderna tiene que ver con el tipo de formación profesional y con el
manejo de la argumentación (ibid, 90/91).
En el caso de Córdoba, el progresivo desarrollo del aparato burocrático estatal y del sistema
judicial operado en estos años requirió de personal capacitado para desempeñarse en la
administración y las magistraturas (ALC, Tomos 16/19, 1853/55).
Conviene recordar aquí las observaciones de López y de Fragueiro, ya citadas, pues dan
cuenta tanto del destino de los egresados como de las expectativas de los estudiantes de leyes.
Permiten inferir también el aprecio que comenzaba a tener la actuación en la vida política,
evidenciada en la profusa incorporación de graduados a la sala de representantes.
Refiriéndose a los últimos años de la década del 40 y principios del 50, Garzón señala “Se
nota en este año en el gobierno una tendencia simpática de expansión liberal y progreso
institucional (...) se acentuó en las renovaciones sucesivas de aquel cuerpo (legislatura)
mejorando sus elementos con hombres nuevos, con jóvenes preparados en las aulas
universitarias.” (...) A la legislatura de 1850 y 1851 entraron distinguidos jóvenes, como Juan
del Campillo, Fernando de Zavalía, Fernando Félix de Allende, Luis Cáceres, Clemente J.
14
Villada y Francisco de Paula Moreno, que posteriormente figuraron en los más altos puestos
de la provincia y de la nación.” (Garzón, 1902, 208/209- 225)12
3- Participación y representación política del clero
En el siguiente apartado nos vamos a referir específicamente a la participación del clero cordobés en la vida
política provincial y en la toma de decisiones en las instituciones de gobierno. Si bien sabemos que existen
trabajos sobre la participación del clero en tanto intermediarios o voceros de las políticas de los nuevos
gobiernos (Piaggio, 1934 – Caretta-Marchionni, 2000) nosotros, en este trabajo, no desarrollaremos este ángulo
de análisis.
Comenzaremos realizando una breve evaluación de su participación política del clero en los
primeros años del siglo XIX, con el objetivo de poder captar la “evolución” o el desarrollo en
el período que nos ocupa.
Como ya hemos mencionado, parece claro que durante las décadas de 1820 hasta mediados de
1850, los eclesiásticos cordobeses participaron en las áreas de gobierno político, y sobre todo,
en la cámara de Representantes de la Provincia, encarnando sus propios intereses
corporativos: los de la Iglesia (Cabildo eclesiástico). Su condición de actores políticos
tradicionales, da importancia además a otro tipo de relaciones que son aquellas que los
mismos representantes tienen entre si, pero también, a la cantidad de puntos de contacto y a la
calidad de estas relaciones.
Dicho esto no hay que perder de vista un último tema. La idea unidad entre Iglesia y Estado
estaba implícita en esta sociedad con trazos tradicionales. De hecho, la Iglesia era concebida
bajo la órbita de dominio del “Estado” hecho que queda demostrado con el patronato sobre la
Iglesia de córdoba asumido en 1821, por el Gobernador Juan Bautista Bustos y que
reclamaran hasta 1853 el resto de los gobernadores de la provincia. Confirmando esta idea, el
gobierno cordobés sostendrá permanentemente que la religión católica apostólica y romana,
constituía “el basamento cultural e ideológico” del “estado” concibiéndolo como unido a la
escencia misma de sus instituciones; marcando de este modo la escasa separación de poderes
aspectos que ya hemos señalado (Romano, S. 1995, 5-14).
3-a) Los que participaban
Tal como lo señala W.B. Taylor, para México, durante la colonia “La religión y los sacerdotes fueron parte
integral de la cultura .... Proporcionaron un núcleo a la autoridad, una cosmovisión para el orden humano en una
sociedad donde los pensamientos de la hora postrera de cada cual aún recurrían a la confesión y a la salvación, y
12 A continuación de la primera frase añadía: “Desgraciadamente todos ellos, sea cualquiera la causa (no entramos a averiguarlo) se prosternaron ante Rozas” (ibid, 209)
15
un marco institucional para expresar relaciones sociales y mediar desigualdades” (W.B. Taylor, 1999, 19).
Cuando se produce la revolución de mayo de 1810 el clero secular cordobés –heredero de la imagen de la Iglesia
y su interlocutor válido- asumiendo activamente su papel de legitimador social comienza a participar
abiertamente de la política local a través de personajes para nada anónimos, que ya hemos citado.
Como es sabido, desaparecido el cabildo de la ciudad en 1824 la representación de la sociedade y de sus
intereses estará concentrada en la Cámara de representantes la que legislará acerca de las diversas áreas de la
administración y funcionamiento de la Provincia. En las listas de delegados encontramos, desde su comienzo, a
presbíteros y religiosos13 cuyo origen social es el del núcleo de familias tradicionales y cordobesas al que nos
referimos al comienzo. Sin abundar en datos resulta importante citar algunos ejemplos como los de Miguel
Calixto del Corro (en la sala entre 1828-1829 / 1840 Canónigo Magistral, Tesorero y Chantre de la Catedral),
Benito Lascano (en la sala en 1828, Tesorero, Deán de la catedral y Obispo de Comamen, Vicario Apostólico de
Córdoba 1833-1836), José Saturnino Allende (en la Cámara entre: 1829-1830, 1852 y 1854-1855 y Rector del
Seminario de Loreto desde 1813) José María Bedoya (en la Cámara en 1829, rector del colegio Monserrat entre
1819-1828) Estalislao Learte, (en la Cámara: 1830-1832-1833 y 1835; Racionero del cabildo catedral) José
Gregorio Baigorri (en la Cámara: en 1830 mientras se desempeña como Rector de la Universidad, nuevamente
en la Cámara:1832-1833, y 1835, Arcediano desde 1834 hasta 1858, en que había sido elegido como Obispo de
Córdoba por Urquiza, pero muere), entre otros.
La tendencia a la participación del clero en los “asuntos del poder” se hace evidente desde el inicio de la
administración autónoma de la Provincia, en el año 1821. El primer dato en ese sentido es que ese año el
gobernador Juan Bautista Bustos, incorpora como su mano derecha en el ejecutivo, a un presbiterio: el Dr. José
María Bedoya, en quien delega el mando d ela Provincia durante su ausencia en varias oportunidades14. Este
acompañado de otro presbítero, José Gregorio Baigorri, participará en la redacción del “Reglamento Provisorio”
de 1821 que haría las veces de Constitución.
Como ya dijimos, los dichos clérigos muchas veces compartían el recinto y participan en las discusiones de los
asuntos de gobierno, con sus parientes, hermanos, primos, sobrinos, compadres, padrinos y ahijados. Los Pérez
Bulnes, los del Corro, de la Barcena, los Allende, los Issasa, los Lascano, los Ramírez de Arellano entre otros, se
encuentran en las sesiones de la cámara para confrontar y acordar ideas e intereses (Romano, 1993 – Narvaja,
1998). El universo de las representaciones presentes en los discursos políticos de los actores, a la hora de
resolver nuevas y antiguas dificultades, lamentablemente no ha sido estudiado en profundidad, ya que un trabajo
de este tipo nos permitiría avanzar en el conocimiento y explicación de nuestros supuestos.
13 Vale la pena recordar la diferencia existente entre clero regular y clero secular. En general se denomina presbítero (sacerdote) a los clérigos seculares mientras que los fray, son en general religiosos o sea pertenecientes a l clero regular. Esta distinción no es menor y en le caso cordobés significativa ya que las ordenes masculinas, en el periodo que nos interesa estaban en franca decadencia. La iglesia de Córdoba estaba representado básicamente por su clero secular. 14 Como veremos más adelante, en 1852, también se elije a un sacerdote para representar al gobernador en funciones de gobierno. El tema de la relacion entre poder político y religión ha sido abrodado interesantemente por Marie-Danielle Demelas e Yves Saint-Geours en Jerusalem et Babylone. Politique et Religión en Amerique du sud. Léquateur XVIIIe. –XIXe. Siecle. ERC, Paris, 1989.
16
A pesar de que tempranamente los discursos emitidos por miembros de la elite cordobesa nos
hablan de los actores políticos modernos como el ciudadano, los mecanismos legislados para
permitir o facilitar la participación política de los cordobeses seguían privilegiando los
intereses sectoriales (Romano, S. 1995). Un ejmplo de esto es el contenido asignado al
termino, “ciudadano”, parecería llenarse de representaciones antiguas. Así en 1821 se
denomina “otros ciudadanos” a “los indios, mestizos, y demás nombrados odiosamente por
castas en tiempo del despotismo español, son unos ciudadanos dignos de consideración, y que
las merecen mui particulares al comprenderlos en el arancel à virtud de que por lo comun son
menos pudientes” (“Prospecto de Arancel eclesiástico”, Archivo Histórico de la Provincia de
Córdoba, Caja 74, Lég.15, Carpeta 2, folio 199). Esta designación no hace más que encerrar
una trampa terminológica que describe la pervivencia de un sistema cultural y social
tradicional de referencia y al mismo tiempo nos habla de la difusión y de la adopción de un
vocabulario político más moderno, pero vacío de contenido en ese sentido15.
4- La participación política en nombre de la Religión
En 1852 asume el gobierno de la provincia Alejo C. Guzmán, quién era conocido por su extremado catolicismo.
La religión, tradicionalmente “cemento del edificio social”, quedaría formalmente incluida en las bases mismas
de las políticas del nuevo gobierno. Esta tendencia queda manifestada, en la primera palabra de la divisa elegida
por el reciente gobernador: “Religión y Libertad. Democracia y Mayo” (N. Pavoni, 1993, T.1:13 y 68).
Basándonos en todo lo dicho pensamos que a partir de 1852 gracias al progresivo desarrollo
de la esfera publica (clubes políticos y asociaciones de este mismo carácter, nuevo impulso
de la prensa escrita), de la sanción de la Constitución de la provincia de Córdoba (1855) y de
la regularización de la situación administrativa y funcional del obispado16 (1858) los
intereses de la Iglesia no estarán necesariamente y sólo representados por miembros del
clero, sino que lo serán también por políticos laicos, cuya característica central será la de ser
militantes católicos. Produciendose, de esta manera y paulatinamente, la modernización de la
representación política proceso que, si bien se perfila, no se completa durante el período
elegido.
15 En este mismo sentido ver A. Aninno “Ciudadanía “versus”gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema” en: Ciudadanía política y formación de las naciones. coord.. Hilda Sábato. FCE, México, 1999, pp. 62-93. 16 El Obispado de Córdoba tiene nuevo obispo en 1858 después de 22 años de vacancia de la diócesis en el presbítero José Vicente Ramírez de Arellano.
17
Lamentablemente todavía no estamos en condiciones de responder a esta conjetura, sin
embargo trataremos de reflexionar acerca de su viabilidad a partir de la evidencia empírica
con la que contamos.
4- a) Progresivo desarrollo de la sociabilidad política y el espacio público en Córdoba
Teniendo en cuenta que “una de las condiciones necesarias para el desarrollo de la
sociabilidad política es la existencia de un espacio público si no promovido, al menos tolerado
por las autoridad” (Gónzalez Bernaldo, 1991, 10) podemos decir que en Córdoba, desde la
época colonial hasta mediados del siglo XIX, ese espacio estuvo constituido básicamente por
las asociaciones de tipo religiosa como las cofradías, terceras ordenes o hermandades. Estas
permitieron la activa participación de los laicos en la obra de la Iglesia, por ende la
participación en el sostenimiento del entretegido social.
Pero además de este tipo de lugar de sociabilidad, existían otros ámbitos de encuentro e
intercambio, en los ámbitos hogareños: las tertulias. Estas reuniones que han quedado
reflejadas en la obra poética de Cristóbal de Aguilar, un español asentado en Córdoba desde
fines del XVIII. Se realizaban “sin día previamente fijado -informales y más o menos
agradables- se agregaban a los dueños de casa amigos que matizaban las pláticas con temas
que preocupan en el momento. ... Las visitas entre amigos y parientes permiten tratar en
franco diálogo los temas de actualidad” (Rípodas Ardanaz, 1989, CXII)
Así, si bien los espacios públicos tuvieron en Córdoba, según parece, algún grado de
desarrollo en el marco de una sociedad tradicional, no pasaba lo mismo con la opinión
pública. Aunque es cierto que a principios del siglo XIX, durante la gobernación de Juan
Bautista Bustos, fueron numerosos los periódicos que vieron la luz (ver cuadro anexo), este
hecho no debería tomarse como un indicador de desarrollo de la opinión pública. Para esto, lo
más importante sería, poder determinar si realmente esos periódicos funcionaban como
órganos de discusión y formadores de opinión pública, o si eran simplemente difusores de la
acción de gobierno. La propuesta que Juan B. Bustos hiciera a Cornelio Saavedra, a fin de
socallar al grupo que se reunía en el famosos café de Marco en franca oposición con la
política de la junta, nos describe un espíritu poco abierto a las diferencias. El cordobés, habría
aconsejado en aquella oportunidad que lo que había que hacer era “disolver la sociedad a
balazos” (citado por González Bernaldo, 1991, 16).
Basándonos en las ideas anteriores y en la certeza de que el gobierno de Manuel “Quebracho”
López, tampoco fue propicio al desarrollo de ámbitos de debate y discusión, dijimos que a
18
partir de su caída se observa un incipiente desarrollo de la esfera publica cordobesa a través
de la aparición de clubes políticos y asociaciones de este mismo carácter, con la caída del
gobernador rosista.
Los dos primeros clubes y/o asociaciones en aparecer como tales, fueron el Unión y el
Constitucional, ambas lo hicieron entre 1852 y 1853. Los dos clubes convocaron en sus filas,
a diversos funcionarios y políticos todos salidos de los sectores económicos más importantes
de la Provincia. Sin embargo, la existencia de estas asociaciones no nos permite hablar de
espacios de discusión o de formación de opinión dado que estos clubes no constituyeron foros
para el debate de ideas, sino centros donde las facciones o grupos buscaban expresar y
sistematizar su acción política (Pavoni, 1993, 25).
Hacia 1854 aparecen en la escena política lo que se denomina “partidos” sin que lo sean en un sentido moderno.
En ellos se ve bien claramente los lazos y alianzas, de tipo tradicional, que ligan a sus miembros. Pero sobre
todo, se ve una participación indiferenciada de los hombres políticos, en todos los espacios cosa que nos indica la
falta de toma de posición ideológica clara y más bien el “juego oportunista y faccioso” de éstos.
Por último y en relación a la opinión pública, si se observa este período también hubo un nuevo impulso de la
prensa escrita que permitirá la expresión de diversos sectores y que irá preparando el camino para la ampliación
de la participación (en 1859, la juventud universitaria tendrá su propio diario-ver cuadro anexo)
19
4-b) Cambios en la representación del clero
Si se comparan las listas de representantes antes y después de 1850, se puede observar una
supuesta baja en la participación del clero en la “cosa” pública. Ahora bien nos preguntamos
¿este descenso podría indicar que los eclesiásticos dejaron de participar de estos ámbitos, por
lo menos en lo que respecta a sus personas físicas?. Lamentablemente no estamos en
condiciones de contestar categoricamente a esta pregunta, sin embargo expondremos algunas
consideraciones al respecto.
La primera cosa que habría que tener en cuenta, la escasa cantidad de clero constatada en la provincia en la
primera mitad del siglo XIX (Ayrolo, 2000). Esto podría explicar la baja de su participación directa, en las
instituciones del gobierno civil. La segunda cosa a considerar es quiénes son aquellos que participan pasando la
frontera de 1850.
Por un lado tenemos a los miembros de las antiguas y prestigiosas familias que siguen formando parte de las
listas de representantes de la Cámara pero, y esto es quizás lo más interesante, muchos de ellos han aumentado el
peso específico de su participación (posiblemente a causa de su escaso número, o de su poder acumulado)
convirtiéndose en referentes de la provincia en la Confederación. Citemos algunos pocos ejemplos contundentes.
En 1852 al reunirse todos los gobernadores para firmar un acuerdo, llamado luego Acuerdo de San Nicolás, que
hiciese viable la organización nacional, el prebítero José Genaro Carranza, tío del gobernador Alejo C. Guzmán,
es el representante y el Ministro Plenipotenciario del Gobernador de Córdoba en aquella reunión (Guzmán, 1939,
9). En 1853/54 cuando se eligen Senadores nacionales resultan designados los presbiteros Estanislao Learte y
José Vicente Agüero aunque ambos renuncian (Archivo de la Legislatura, Tomo 18, folio 172). En su reemplazo
se decide por el presbítero Eduardo Ramírez de Arellano quién también desiste del cargo. El hecho de que la
elección haya recaído en sacerdotes no resulta sorprendente pero si confirma nuestras presunciones. La renuncia
a participar en la Asamblea puede estar ligada a su falta de apoyo a la Confederación (Pavoni, 1994, 69).
Dicho esto habría que tener en cuenta otro detalle. Algunos de los hombres que participan en las cuestiones de
gobierno pasados los años de 1850 ya no son sólo los hijos de prestigiosas y antiguas familias, sino que aparecen
como nuevos actores en escena. Estos sacerdotes, quizás a raíz de su función de “curas de almas” parecen estar
sostenidos por sus propios “adeptos” o sea parecen gozar de una cierta autonomía de “carácter político”. Un
ejemplo de esto lo constituye el Presbítero Benjamín José Lavaisse. Según J.J. Solari, Lavaisse era “... cura de
campaña en la Provincia de Córdoba [fue párroco de Tulumba desde 1850 a 1852] y, como tal, pastor de almas
abnegado y caritativo, al mismo tiempo que caudillo entusiasta de campesinos y jefe conductor de huestes
electorales de Tulumba” (Solari, 1946, 123).
La descripción que hace Solari de Lavaisse se acerca a la de un actor de transición, “híbrido”. Según las
definiciones de Guerra la articulación entre una sociedad centrada en los grupos (corporaciones) y el “individuo”
(ciudadano) estaría dada por los caudillos ya que “... ellos pertenecen a los dos mundos a la vez, sirven de
mediadores entre la sociedad tradicional y las elites del estado moderno” (Guerra, 1989,261). El ejemplo citado,
a pesar de tener un matiz diferente (ya que Lavaisse no pertenece a la elite cordobesa sino a la santiagueña de
20
donde es originario), podría acomodarse a las definiciones de este autor. Sin embargo consideramos que no hay
que perder de vista que aunque Lavaisse se ajuste a esta descripción de un político intermedio o de transición,
dicha característica no nos asegura que tal haya sido su condición.
Por último, teniendo en cuenta todo lo dicho, otra posible explicación sería que el caída de eclesiásticos existente
en las listas de representantes pasado el umbral de 1850, indicaría que aquellos miembros de la elite que ejercían
funciones clericales se están retirando de los asuntos públicos por varios motivos. Primero en pos del
fortalecimiento de la institución (Iglesia) muy desatendida en los últimos cuarenta años. Segundo, y unido a lo
anterior, dejaron los lugares de decisión para ocupar otros de discusión y propaganda (en asociaciones, clubes,
partidos y periódicos) escuchando lo que en 1852 les dijera Modestino Pizarro: “El clero, renegó su misión y en
vez de evangelizar la revolución, revolucionó el evangelio, abandonó la grey que el Cielo le confiara, y en vez de
adoctrinar nuestras masas incultas, transfugas de la cátedra del Santo Espíritu (valiéndose de las expresiones de
un publicista argentino) bajó a la arena política y se ocupó de cuestiones ajenas a su ministerio.” (Archivo de la
Legislatura, Actas de Sesiones, 1852) y lo hicieron con la seguridad de que los intereses de la religión estarían
preservados en manos de los políticos laicos católicos. Esta última tendencia se corroboraría con el accionar de
los católicos cordobeses finalizado el período de análisis que elegimos. Silvia Roitemburd, quien estudió el
catolicismo cordobés entre 1862-1880, señala para esos años la formación un “grupo católico” constituido con el
fin de defender “el conjunto de bienes y atribuciones tradicionales de la Iglesia”. La necesidad de conformar este
grupo estuvo centrado en la defensa de los intereses corporativos de dicha institución frente a un Estado que “...
avanza en el intento de concentrar resortes dispersos”. Dicha estrategia estaría dirigida a lograr una adecuación
política a los tiempos en el seno de los nacientes Estados Nacionales con el objetivo de evitar su desplazamiento
definitivo de estos ámbitos de poder (Roitenburd, 1988, 53 y 71).
Es en este marco en el que se comprende la vigencia que en 1855 tenía la frase acuñada treinta
años antes por el diario El Intolerante acerca de que “... lo único que sostenía con firmeza la
moralidad y el orden público” era la religión (Romano, 1993). Así ésta debía constituirse en la
base de sustentación de las Instituciones del Estado Provincial –objetivo largamente logrado-
y en las del futuro Estado Nacional. En esta última esfera, la lucha sería más larga y difícil,
libertad religiosa, matrimonio civil y enseñanza laica, fueron verdaderas batallas para los
católicos cordobeses.
5- Reflexiones finales
En las páginas anteriores procuramos puntualizar los elementos que muestran la continuidad
del orden colonial en el perfil de la elite política y, en ese marco, registramos los cambios, aún
sutiles, en su conformación. Nos interesa plantear aquí algunas reflexiones e hipótesis en
torno a esos cambios.
La documentación y la bibliografía consultadas dejan ver que, luego de 17 años de represión y
control político sobre la oposición, la caída de López abrió la posibilidad de expresar el
21
disenso acompañada de la puesta en vigencia y la valorización de la libertad de expresión,
inscripta en los códigos constitucionales de la provincia. Estas nuevas libertades se expresaron
en el progresivo desarrollo de la prensa escrita y en el asociacionismo. Ello fue favorecido
por la llegada desde fuera de la provincia de ciertos “personajes” que traían consigo otras
prácticas y experiencias. En este sentido vale la pena destacar el rol desempeñado por Eusebio
Ocampo editor de “El Padre Castañeta. Periódico crítico-burlesco, literario, político y de
costumbres” (E.P.C, 20/3/52-13/5/52) que desde Buenos Aires promovió el derrocamiento de
López, tras lo cual dejó de editarse al tiempo que Ocampo se trasladó a Córdoba. Según
Gálvez, ese periódico “Fue la expresión del núcleo de estudiantes y doctores nóveles de
jurisprudencia, que quiso que fuese el eco de la juventud que no había podido emigrar, pero
que se encontraba con bríos y deseos para defender la libertad civil y las garantías políticas”
(Gálvez, 1990, -1889- 266). En él colaboraron, entre otros, Juan del Campillo y Modestino
Pizarro (cabecilla de la revolución del 27/4/52) firmando con seudónimos de clérigos ficticios.
En una de las notas, referidas a Córdoba, se aludía a la “...la opinión pública, ese juez tan
imparcial como severo...” (E.P.C. Nº 5, 3/4/52, 4/6) otra, se refería a la Universidad en estos
términos: “...tan antigua como célebre, que ha dado a la República hombres prominentes; sin
embargo la filosofía de Aristóteles todavía vive en ella, y no hay libro casi, que haya olvidado
el siglo, que no se recoja allí y se adopte como texto.” (E.P.C. Nº 3, 27/3/52, 1/2), lo que da
muestras de cierto espíritu innovador.
Poco días después de la caída de López, A.C. Guzmán dictó un decreto por el que se prohibía
atacar la Religión del Estado, la familia y la vida privada de los ciudadanos a través de la
prensa, aunque no implantaba un tribunal de censura al considerar “...que la prensa
periodística es el mejor garante de las libertades civiles y políticas y el órgano fiel de la
opinión pública, base indestructible de todo gobierno republicano...” (Compilación de leyes,
1870, 3/5/52). Tanto la medida como el lenguaje dan otros indicios de las ideas que estaban
circulando en Córdoba. En 1853 Guzmán señalaba que el gobierno sostenía la publicación de
“algunos periódicos” para difundir sus actos, “estimulándose el ejercicio de un derecho que
tantas ventajas trae a la instrucción pública”, al tiempo que reclamaba de la legislatura una ley
para prevenir los efectos del abuso de la libertad de prensa. (AHPC, Legislatura 1852/58)17.
De todos modos, la prensa recién tendría real desarrollo y periodicidad a partir de 1855, con la
17 Los periódicos aludidos serían según N. Pavoni (1994, 27) La Opinión,órgano del gobierno y El Fusionista, editado por E. Ocampo.
22
fundación de El Imparcial dirigido por Luis Cáceres, La Bandera Católica dirigida por J.
Genaro Carranza, El Diario, El Eco de la Juventud, etc.
Las ya mencionadas asociaciones políticas surgidas después del 52 si bien fueron inestables y
poco definidas en su programa e integración, pues algunos de sus miembros participaban tanto
en una como en otra, significaron la creación de nuevos espacios de reunión favoreciendo
seguramente el intercambio de ideas. Sus miembros eran los mismos que integraron durante el
quinquenio 1850/55 la legislatura y el gobierno, más sus allegados, sin embargo el número de
participantes sugiere la ampliación de lo que podía congregar la tradicional “tertulia”. Por
caso, la Asociación Unión reunió más de 60 socios y el Club Constitucional más de 50 (Díaz
de Molina, 1972, 50/55; Pavoni, 1994, 25/27).
El nuevo clima de discusión y reunión, aunque limitado al círculo de las elites, habría
posibilitado un progresivo desarrollo de la esfera pública y de la actividad política en el
sentido moderno. Este fenómeno se habría manifestado en nuevas prácticas al ponerse en
vigencia en 1855 el nuevo sistema electoral y la ampliación del derecho de sufragio,
obligando a viejos y nuevos actores a sujetarse a otras reglas de juego y a desarrollar
estrategias distintas para la captación de votantes o para torcer resultados electorales, como lo
dejan ver las actas de la legislatura.
Por último no quisiéramos dejar de mencionar algunas observaciones, respecto de todo lo dicho, que nos
permiten inferir mutaciones en los ámbitos políticos sobre los que trabajamos y tal vez explicarlos.
La constatación de una mayor presencia de letrados en la Legislatura situación que podría
estar relacionada con el reconocimiento de nueva jerarquía (la de los capaces) asentada en el
saber (apropiado para actuar en la vida publica), más que en la pertenencia a un cuerpo. Dicho
capital, el “saber”, habría permitido reemplazar y desplazar en el mismo movimiento a los
eclesiásticos, antiguos poseedores y depositarios legítimos del capital cultural. Esto explicaría
su decreciente participación en la legislatura. Indicaría asimismo una tendencia hacia la
separación de los ámbitos de incumbencia de la Iglesia y el Estado
BIBLIOGRAFÍA
ANINNO, A. “Ciudadanía “versus”gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema” en: Ciudadanía política y formación de las naciones. coord.. Hilda Sábato. FCE, México, 1999, pp. 62-93.
23
AYROLO, Valentina “Cura de almas. Aproximación al clero secular de la diócesis de Córdoba del Tucumán, en la primera mitad del siglo XIX” (enviado al Anuario del IHES, UNICen, Tandil Pcia. de Bs As)
AYROLO, Valentina “Imagen y Prestigio. Conflictos eclesiásticos en Córdoba del Tucumán a principios del siglo diecinueve” inédito. (enviado a Revista Andes, CEPIHA, Fac. Humanidades, UNSa).
BARRIONUEVO IMPOSTI, Víctor (1992) Historia de Río Cuarto. Tomo III: Constitucionalismo y liberalismo nacional , Edic. del Autor. Buenos Aires.
BOBBIO N. – BOVERO M. Sociedad y Estado en la filosofía moderna. El modelo iusnaturalista y el modelo hegeliano-marxiano. FCE, México, 1996.1989.
CARETTA G. – MARCHIONNI M. “Entre la ciudadanía y la feligresía. Una cuestión de poder en Salta a principios del siglo XIX” ponencia presentada en las VI Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales - mayo de 2000.
COMPILACION DE LEYES, decretos, acuerdos de la Excma. Cámara de Justicia y demás disposiciones de carácter pùblico dictadas en la Provincia de Córdoba desde 1810 a 1870. Córdoba, 1870, T.I
CONVERSO, Félix (1990) “Los procedimientos empleados por el sector mercantil para abordar el poder político” Cba. (mímeo)
CHIARAMONTE J.C."El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX" en: Federalismos latinoamericanos: México, Brasil y Argentina, coord. por Marcello Carmagnani, FCE, México, 1993.
CHIARAMONTE, José Carlos, Ternavassio M. y Herrero (colaboradores) (1995) “Vieja y nueva representación: los procesos electorales en Buenos Aires, 1810-1820” en Antonio Annino Coordinador Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX. Fondo de Cultura Económica, México- Argentina, pp. 20/63
CHIARAMONTE, José Carlos Ciudades, provincias,Estados:orígenes de la Nación Argentina (1800-1846) Buenos Aires, Ariel, 1997
DEMELAS M-D - SAINT-GEOURS Y. Jerusalem et Babylone. Politique et Religión en Amerique du sud. Léquateur XVIIIe. –XIXe. Siecle. ERC, Paris, 1989.
DIAZ DE MOLINA, Alfredo (1972) La oligarquía argentina. Su filiación y régimen (1840-1898) Buenos Aires
GALVEZ, Victor -o Vicente Quesada- (1942) (1990) Memorias de un viejo, Buenos Aires (1ª edición 1889)
GARRO, J. M. (1882) Bosquejo histórico de la Universidad de Córdoba, Córdoba
GARZÓN, Ignacio (1902) Crónica de Córdoba T. III, Cba. Alfonso Aveta Edit.
GONZÁLEZ BERNALDO, P. “La revolución francesa y la emergencia de nuevas prácticas de la política: la irrupción de la sociabilidad política en el Río de la Plata revolucionario, 1810-1815” en Boletín del Instituto de historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” Nº 3- 3era. Serie-1er. Semestre de 1991, pp.7-27. UBA, Bs. As.
GUERRA, F..X. - LEMPÉRIÈRE, A. et al (1998) Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX. “Introducción” pp 5/21, FCE, México
24
GUERRA, F.X. (1990) “Pour une nouvelle histoire politique: acteurs sociaux e acteurs politiques” en Structurs et culturs des societés ibero-americaines. Paris, Edit. CNAS, pp. 245/260
GUERRA, Francois Xavier (1992) “Les avatars de la représentation au XIXe siècle” en G. Couffinal (dir.) Réinveter la democratie. París, Preses de la FNSP . Cap. I pp. 49/84
GUERRA, Francois Xavier (1998) “De la política antigua a la política moderna. La revolución de la soberanía” en F. X. Guerra -A. Lempérière et al, Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX. “Introducción” pp 5/21, FCE, México
GUERRA, F-X (1992) “Les avatars de la représentation au XIXe siècle” en G. Couffinal (dir.) Réinveter la democratie. París, Preses de la FNSP . Cap. I pp. 49/84
GUERRA, F-X “Hacia una nueva historia política. Actores sociales y actores políticos”en Anuario del IEHS, IV.
GUZMÁN, D. (1935) La influencia de Córdoba en la Organización Nacional, Imprenta de la Univ. Nac. de Cba.
HALPERIN DONGHI, Tulio (1972) Revolución y Guerra, Edit. Siglo XXI, Bs.As.
MARTINEZ PAZ, Enrique (1983) La Formación histórica de la Provincia de Córdoba. Revista del Instituto de Estudios Americanistas Nº XXXVIII, UNC, 2ª edic.
MAY de CARRANZA, Elsa-POCA, Guillermo Poca. (1983) Indice de autoridades de la Municipalidad de Córdoba. Cuerpos deliberativo y Ejecutor. Archivo Histórico Municipal, Córdoba (mímeo)
MELO, Carlos (1950) Constituciones de la Provincia de Córdoba, Imprenta de la Universidad, Argentina.
NARVAJA, J.E. Gobernadores y Legisladores de Córdoba 1820-1996. Gobierno de Córdoba, Córdoba, 1998.
PAVONI, N. (1995) “El derecho de sufragio y algunas prácticas electorales en Córdoba, 1852-1862” en Revista Estudios del CEA Nº 5, UNC. pp 107/123
PAVONI, Norma (1994) Córdoba y el Gobierno nacional. Una etapa en el proceso fundacional del Estado argentino, 1852-1862 Edit. Banco de la Provincia de Córdoba
PIAGGIO, A. Influencia del clero en la Independencia Argentina. Colegio Pío, Buenos Aires, 1934.
RÍPODAZ ARDANAZ D.– SERRANO REDONNET A. Biblioteca de autores españoles desde la formación del lenguaje a nuestros días Cristóbal de Aguilar Obras, Teatro, Diálogos, Poesías. Tomo I, Atlas, Madrid, 1989
ROITENBURD S. N "Catolicismo cordobés y Estado Nacional (1862-1880)" en: Cuadernos de Lujan -UNLuj-,p.51-72, n°11, 1988.
ROMANO S. “Coexistencia del uso de la fuerza y la legalidad constitucional. (Córdoba en la primera mitad del siglo XIX)” Documento de Trabajo. Curso de Posgrado “Claves para entender la Historia Contemporánea de Córdoba”, Centro de Estudios Avanzados – CIFFyH (Área Historia) UNC, 1997.
25
ROMANO S. Economía y Sociedad en Córdoba (1830-1855). Grupos dominantes y poder político. Tesis doctoral, Inédita, Córdoba, Universidad Nacional Córdoba, 1993, Capitulo nº 8 y Anexo documental.
ROMANO, Silvia (1997) “Usage de la force et ordre légal á Córdoba dans la première moitié du XIXéme siècle” Histoire et Sociétés de l’Amérique latine. A. Aleph, Université Paris VII. Nº 5, marzo 1997
SOLARI J.J. Sacerdotes liberales. Claridad, Bs As, 1946.
TAYLOR W. B. Ministros de lo sagrado. Sacerdotes y feligreses en el México del siglo XVIII. El Colegio de México - El Colegio de Michoacán, México, 1999.
WEBER, Max (1991) “La política como profesión” en Max Weber, Ciencia y política, CEAL, Bs. As.
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Lugares de Sociabilidad (SXVIII-XIX)
Años/ Período
Lugares de reunión
Integrantes/ Participantes
S XVII-XVIII y principios del
XIX
Tertulias familiares
Familia y amigos
S XVII-XVIII y principios del
XIX
Cofradías, Terceras
órdenes
Todos los sectores sociales (clases
acomodadas y castas)
Julio, 1852
“Asociación Unión”
Presidente: Salvador Maldonado
Octubre, 1852
“Club Constitucional de Córdoba”
Miembros Fundadores: Félix de la Peña, Hilarión Funes, Antonio Caballero, Luciano Correas, Fernando de Zavalía, Fenelón Subiría, Eusebio Ocampo, Donaciano del Campillo, Marcelino Gacitúa, Gregorio Ortiz, Filemón Posse, Cleto del campillo, Lucas Funes, Martín Posse, Domino Garay, Miguel Arguello, Wenceslao Funes, Luis Rueda, Guillermo Alvarez, Tomás Peñalosa y Nicolás Peñalosa.
1854 “Partido constitucional y
conservador”
Vocero: Manuel A. Zavalía
“Partido: demagogo, o popular o
reaccionario”
Candidato: Mariano Fragueiro
“Sociedad de Beneficencia”
1856 “Rusos” Referente: Alejo Guzmán
1856 “Aliados”
1855 “Asociación Orden y Progreso
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REPRESENTANTES EN LA LEGISLATURA 1849/1855 - AÑOS DE ACTUACION NOMBRE AÑOS 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1828/48 ACOSTA, Bernardino x x x x x ACHAVAL, Tristán x x x x AGÜERO, Valentin x AGÜERO, Vicente x x x ALDAO, José María x x x x ALLENDE, Fernando Félix* x x * el padre ALLENDE, José Saturnino x x x x x ALLENDE, Laurencio x x ALVAREZ, Eduardo x AMENABAR, Román x ARAMBURU, Lorenzo x x ARDILES, J. Gregorio x x x AVILA, Pedro x x BENITEZ, Manuel x BAÑOS, José María x x CABALLERO, Antonio x CABRERA, Francisco I x CACERES, Luis x x x * el padre CAPDEVILA, Bernardo x CARRANZA, Manuel Antonio x x x CARRERAS, Francisco I x CASARAVILLA, Eusebio x x x x CASTELLANO, Francisco Javier x CASTRO, Inocente x x x x CENTENO, José Manuel CIRES, Adrián María x x CLARA, Pedro Nolasco x x x CORREA, Luciano* x * el padre DEHESA, Laureano x DE LA LASTRA, Manuel x x x x x DE LA PEÑA, Félix x x x DE LA PEÑA, Vicente x x DE LA TORRE, Calixto x x x
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DEL CAMPILLO, Donaciano x x DEL CAMPILLO, Juan x x x DUARTE, Miguel x FERREYRA, Avelino x FERREYRA, Emilio x x FERREYRA, José Agustín x x FERREYRA, Martín x x x FIGUEROA, José C. x FRAGUEIRO, Julio x * el tío FRESNADILLO, Gabriel x x x FRIAS, Aparicio x FUNES, Antolín* x x * el padre FUNES, Hilarión (muere 1853) x x x x FUNES, José Roque x x x FUNES, P. Lucas x x x x FUNES, Wenceslao* x x GARCIA, Manuel x GARCIA, Rafaél x x GARCIA POSSE, Juan x x GARZÓN, Tomás x GIL, Julián x x GONZALEZ, Mariano Vicente x x NOMBRE AÑOS 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1828/48 GUZMÁN, Alejo Cármen* x * padre IGARZABAL, Miguel x x LAVAYSSE, Benjamín x x LOPEZ, Augusto x x LOPEZ, José Martín x LOPEZ, Tiburcio x x LUCERO, Manuel x x x LUQUE, Tomás x MARTÍNEZ, Casimiro x x MOLINA, Manuel Modesto x MONTAÑO, Manuel x x MORENO, Francisco de Paula x x
29
MOYANO, Cornelio x NARVAJA, Roque x OCAMPO, Luis x OLMEDO, Félix María x ORDOÑEZ, Francisco x ORTIZ, Gregorio x OTERO, Benito x PAZ, Paulino x x PEREZ, Manuel x POSSE, Justiniano x POSSE, Néstor x PUEYRREDÓN, J. Martín x RAMIREZ DE ARELLANO, Eduardo x x x RAMIREZ DE ARELLANO, J. Vicente x x x RIUS, Francisco Borja x RIVAS, Apolinario x x x x ROBLES, Luis x RODRIGUEZ, Miguel A. + muere/49 x x RUEDA, Luis x x SANCHEZ MOSCOSO, Manuel x x SANMILLAN, Agustin x x x x x SERRANO Y ROCA, Pedro x SORIA, Carmen x SOSA, Eleuterio x TORRES, Juan Ramón de la Rosa x x x x x VAZQUEZ, Inocencio x VAZQUEZ, Lucrecio x x x VILLADA, Clemente J. x x x WARCALDE, Luis x YOFRE, Felipe x YOFRE, Fidel x x x YOFRE, Gerónimo (o Jerónimo) x x x x x x ZAVALÍA, Fernando x x x x x ZAVALÍA, Norberto x x x ZAVALÍA, Manuel Antonio x x ZUVIRÍA, Fenelón x x
30
Fuente: Elaborado por S. Romano en base a datos de Archivo de la Legislatura de Córdoba 1828/1855 (ALC) AHPC, Gobierno, 1828/55 - y S. Romano (1993, Apéndice, 471/474) CODIGOS: NEGRITA: COMERCIANTE/Empresario CURSIVA: CLERIGO SUBRAYADO: UNIVERSIDAD (PROFESOR, PROFESIONAL, ABOGADO, ETC)
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Periódicos de Córdoba 1821-1880
Año Periódico Participantes 1821-1828
“El filantrópico”
1823-1825
“El investigador”
Redactores: el franciscano fray Hipólito Soler y el presbítero Estalinslao Learte
1824
“El amigo de los hombres”
1825 “El intolerante”
1826/1828 “La verdad sin rodeos” Nace en Buenos Aires. Su redactor fue el agustino (apóstata) Félix Beaudot, luego pasa a Córdoba
1829 “Córdoba Libre” Redactores: José María Bedoya – Dalmacio Vélez Sarfield
1830 “La aurora nacional” Redactor: Adrián Cires Noviembre, 1831 “La mujer del Clamor
cordobés” – “El hijo mayor del Clamor cordobés” –“El abuelo del hijo mayor del Clamor cordobés”
Redactor: Calixto María González
1841-1842 “El estandarte Nacional” Editor: V. F. López (diario aparecido en Bs. As?)
1841 “El restaurador Federal” Editor: Francisco Larguía 1841 “El Federal” Gobernación de “Quebracho”
López “El soldado federal”
1852 “La opinión” 1852 “El Fusionista” Editor: Eusebio Ocampo 1852 “El Padre Castañeta 1853 “El Telégrafo” 1855 1856
“El Imparcial”
Luis Cáseres – Redactor: Luis Warcalde, Modestino Pizarro, Abel Granillo, Lonidas Echagüe, Evaristo Carriego. Suplementos satíricos: “Matraca” y “La Linterna” salen 2 veces por semana
1855 “Orden y Progreso” Órgano de la Asociación de ese nombre
1856 “El Diario” (matutino) Agosto, 1856 “La Verdad” Modestino Pizarro
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Marzo, 1856/ 1860 “La Bandera católica. Periódico religioso, dogmático moral”
Director: José Genaro Carranza (el primer año) Redactor: Jerónimo E. Clara
1859 “El Eco de la Juventud” 1859 “La voz del Pueblo” 1862/1886 “El Eco de Córdoba” Luis e Ignacio Vélez 1867/1886 “El Progreso” Ramón Gil Navarro