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Dr. Pedro Pablo Aguilar Coordinador
El Referendo Revocatorio: Solución Política a la Crisis Nacional El presente Documento es un aporte del Grupo los Palos Grandes a la lucha democrática que con determinación y esperanza adelanta el pueblo de Venezuela en la presente etapa histórica.
Grupo Los Palos grandes. Coordinador: Pedro Pablo Aguilar. Documento: El Referendo Revocatorio: Solución Política a la Crisis Nacional. Caracas 12 de agosto del 2016
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El inspirador y coordinador de este Grupo de Acción Social
y Política, es el Dr. Pedro Pablo Aguilar quien subscribe, en
nombre del Grupo, este texto que ve la luz hoy 12 de
agosto del año 2016.
Grupo Los Palos grandes. Coordinador: Pedro Pablo Aguilar. Documento: El Referendo Revocatorio: Solución Política a la Crisis Nacional. Caracas 12 de agosto del 2016
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El Referendo Revocatorio: Solución Política a la Crisis Nacional
Caracas 7 de agosto del 2016.
Abdón Vivas Terán [email protected]
La Crisis actual
En la medida en que avanza el año 2016 la crisis, por la cual está atravesando el país, tiende
a desplegarse en forma cada vez más agresiva y abrumadora. Sus manifestaciones objetivas se han
extendido a lo largo y a lo ancho de la nación; afectan a todas las actividades y las estructuras ya
sean políticas, económicas, sociales y culturales. Perturban profundamente, de manera
ampliamente negativa, al Mundo de los Trabajadores, a la clase media y a los vastos sectores
populares perceptores de pequeños ingresos.
La crisis se expresa con impacto devastador en todos los aspectos relacionados con el
quehacer político, económico y social; es el elemento más común de conversaciones, reflexiones y
protestas. Calladamente, o con estridencia, va invadiendo cada espacio, cada retícula del tejido
social.
Conviene señalar que los sectores sociales y económicos, a los cuales hemos aludido en
párrafo anterior, son interdependientes. Tómese en cuenta, además, que estos sectores cortan
transversalmente a todo el tejido societario; vale decir, que existe una continua e íntima
vinculación entre las diferentes variables que operan en cada uno de ellos; el cambio de una
variable puede impactar severamente en otra potenciándola o debilitándola, sin embargo su
ponderación puede variar de un estrato socio económico a otro de manera significativa en casos
concretos.
El efecto de esta crisis sobre la nación, sobre el sistema político, sobre la estabilidad política
y social, sobre la posibilidad de seguir un curso de desarrollo auto sostenido es, por decir lo menos,
aterradoramente devastador.
En relación con la caracterización de la crisis, deseamos informar a nuestros lectores que el
Grupo Los Palos Grandes está terminando de elaborar un Documento sobre este tema política
mente crucial. Ofrecemos que en breves días lo entregaremos a la opinión pública y que tal escrito
está dirigido a afianzar y completar esta primera parte del presente Documento.
Grupo Los Palos grandes. Coordinador: Pedro Pablo Aguilar. Documento: El Referendo Revocatorio: Solución Política a la Crisis Nacional. Caracas 12 de agosto del 2016
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Origen de la crisis
Esta crisis, aterradora, la más severa que ha experimentado la Nación a lo largo de toda su
historia, no es un hecho fortuito, aislado, que provenga de un elemento fatal y determinista de la
historia. Para nada se corresponde con esa apreciación del pensamiento marxista, revisado por el
Socialismo del siglo XXI, según la cual esta crisis es una nueva manifestación aguda de la lógica del
metabolismo del capital que re afirma, para este tiempo histórico, el carácter explotador del
Capitalismo y su indeclinable propósito de reproducirse a lo largo de sus ejes constitutivos
permanentes (Mészáros).
Tampoco es el resultado de una guerra económica desatada por la “derecha endógena”
contra el Régimen de Maduro; ni es el resultado de la acción del “imperio cruel” que busca destruir
al Oficialismo gobernante; y, mucho menos, resulta de la acción productiva, hecha a pulso y con
enorme esfuerzo, que llevan adelante los emprendedores privados venezolanos a los cuales el
Régimen endilga procaces descalificaciones cuando los llama “apátridas, especuladores y
acaparadores”.
El pueblo no se equivoca en su prístina apreciación sobre quiénes son, sin duda, los
responsables de esta catástrofe; en este juicio, como un hecho importante y significativo, la
voluntad del pueblo coincide con los ponderados juicios de sus intelectuales y académicos. Ésta
crisis terminal cae sin duda, a plenitud, en los enormes pasivos que el régimen Chavista-Madurista
le debe a la nación, al pueblo, a nuestras instituciones.
En apretada síntesis esta crisis terminal brota:
i. Del intento tozudo y sistemático que se realiza desde hace diez años de introducir en
nuestra sociedad, en nuestro sistema político, cultural y económico, y contra toda
racionalidad, un modelo fracasado con estrépito en todas las regiones del mundo donde se
pretendió instaurar, el denominado Socialismo que, en el caso de nuestro país se ha
calificado como socialismo del siglo XXI; en esta adaptación a Venezuela resultó ser una
mediocre combinación letal del pensamiento de Dieterich (el intercambio de equivalentes),
de Mészáros (la lógica del capital) y de las prácticas y estrategias políticas del régimen de
los Castro (inteligencia, represión, violación a los derechos humanos, destrucción del
aparato productivo etc.).
ii. De la profunda incompetencia de la burocracia gubernamental para entender tanto el
funcionamiento de una economía de mercado, como de un régimen centralmente
planificado. No conocen el complejo conjunto de leyes, principios y teorías que rigen estas
dos aproximaciones a la organización de la sociedad. Por supuesto que, de partida,
descartan la posible alternativa que surge del modelo de economía y sociedad humanistas,
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construida sobre el Bien Común y la dignidad de la persona humana, que proponen sectores
democráticos de la nación.
iii. En el entorno balizado por las razones anteriores es lógico que se hayan cometido, con
frecuencia, equivocaciones enormes, -índice de crasa ignorancia-, en materia de políticas
públicas, de ajustes estructurales, de políticas sociales, productivas, petroleras, económicas
sanitarias, tecnológicas etc.
iv. En ese mismo entorno hay que situar la permanente praxis del régimen del
desconocimiento del adversario como ser humano, de la destrucción de todo el entramado
institucional, de violación de la Constitución, de permanente irrespeto a los derechos
humanos y de represión violenta y en ascenso.
v. Como hecho importante hay que situar, además, la permanente adhesión del Régimen, en
una especie de relación neo-colonial, con respecto al Gobierno de la República de Cuba.
Primero, se deben satisfacer las aspiraciones económicas de aquel y, luego, si hay suficiente
las del pueblo venezolano.
En este cuadro, apremiante y severo, las elecciones legislativas del 6D señalaron un rumbo
esperanzador. El pueblo se pronunció por un voto castigo pero, más allá de esta aproximación,
podemos apuntar que el pueblo, que es en donde reside el poder en un sistema democrático,
solicitó un profundo cambio en el modelo que el Régimen trata de implementar. Ese cambio deberá
dirigirse hacia la creación de un modelo político de libertades, de seguridad, de progreso, de
auténtica participación popular en el poder.
De idéntica forma, el cambio debe estar dirigido hacia el progresivo despliegue de un
modelo económico que rescate la confianza de los ciudadanos en sus capacidades productivas; que
desate las fuerzas productivas de la sociedad arrinconadas e inhabilitadas por el modelo socialista;
que señale rumbos seguros hacia un desarrollo económico post rentista, auto sostenido, eficiente
y equitativo. Un modelo económico que devuelva al país su prosperidad, la seguridad de su
autoabastecimiento, el mantenimiento del valor de la moneda y la recuperación de los salarios
reales; que controle la incompetencia, el despilfarro, la burocratización y la corrupción que han
gangrenado hasta los huesos la gestión política y administrativa de la Revolución Bolivariana.
Hacia el Referendo Revocatorio
Esta dantesca crisis amerita inmediata respuesta. Por supuesto que existe un orden de
prioridades en la oportunidad y en la forma en que debe detenerse el proceso de deterioro de la
sociedad venezolana. Las preguntas son obvias: ¿Por dónde comenzar, en qué sector se debe
actuar en primera instancia? A esta angustiosa cuestión se responde, generalmente que, lo primero
que se debe hacer, es detener el deterioro del nivel de vida de las grandes mayorías de ciudadanos
que hoy ven que cada día que pasa sus ingreso pierden poder adquisitivo, que no consiguen los
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bienes y servicios que requieren, que hay colas, escasez, pobreza y miseria crecientes,
desabastecimiento y hambruna.
Ahora bien, cabe preguntar ¿Cuáles son las vías estratégicas posibles que, siendo
constitucionales, pacíficas y democráticas, estén disponibles a la fecha?
Toda la oposición democrática comenzó a discutir esta materia desde el año pasado y,
en particular, luego de la contundente victoria popular del 6D. Seis escenarios acapararon la
atención y fueron objeto de honda controversia; El denominador común de todos ellos es una
visión democrática, de participación popular, de unidad, de apertura e inclusión, de eficiencia
económica y de preocupación central por atender los intereses de los sectores más vulnerables
de la población. Esos escenarios fueron las siguientes:
i. Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.
ii. Convocatoria a una Reforma Integral de la Constitución según lo establecen los Artículos
342º al 346º de la Carta Magna.
iii. Aplicación del Referendo Revocatorio al Presidente de la República de acuerdo con el
Artículo 72º de la Constitución.
iv. Diseño de una Enmienda a la Constitución de la Republica, según está contemplado en
los Artículos 340º y 341º, de la misma. Su objetivo será reducir el mandato del
Presidente a un periodo menor y prohibir la re elección indefinida de cualquier
funcionario público de elección popular.
v. La renuncia presidencial, de acuerdo en todo con el Artículo 233 de la Constitución
Nacional.
vi. La solicitud de presentación de la Partida de Nacimiento del Presidente Maduro para
constatar su nacionalidad efectiva y tomar, en consecuencia, las medidas que resulten
legalmente apropiadas.
Todo el complejo universo de la oposición democrática, tanto de la sociedad política como
de la MUD, se tomó algo así como tres meses en este debate. Solo para abril de este año se llegó a
una especie de acuerdo general mediante el cual, sin que se renunciara definitivamente a otras
vías, se accedió a darle prioridad a la iniciativa del referendo revocatorio como la opción
privilegiada para buscar una solución política al imprescindible proceso de transformación por el
cual clama la sociedad venezolana.
Así, la oposición prefirió abrir el procedimiento democrático encaminado a debatir sobre
cuál era la mejor solución política a la severa crisis que aflige a la nación; la alternativa hubiese sido
comenzar la activación del referendo revocatorio en enero mismo de este año con lo cual, tal vez,
se hubiese ganado unos tres meses adicionales de tiempo. En todo caso, sean las cosas como
fuesen, es el día 9 de marzo de este año cuando la MUD solicita del CNE el formato oficial de la
planilla que se deberá utilizar para aplicar en la recolección del 1% de las firmas necesarias para
iniciar la primera fase del referendo revocatorio.
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Por cierto que este 1% solicitado, así como esta fase, no son constitucionales; no forman
parte de los Artículos 70º y 72º que constituyen la base constitucional para la activación del
referendo revocatorio. Sin embargo, si aparecen en los requisitos de activación de los referendos
tal como consta, en la disposición tomada por el CNE el año 2007, que fue recogida en la Resolución
Nº 070906-2770. Esta Resolución se refiere a las Normas para Regular la Promoción y Solicitud de
Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular.
En esencia se trata que, para que una organización con fines políticos como la MUD, pueda
promover el referendo revocatorio, debe demostrar en primer lugar que cuenta con el apoyo de
por lo menos el uno por ciento (1%) de los electores en cada uno de las circunscripciones estatales
de la República.
El Régimen Comienza a Cerrar la Vía del Referendo Revocatorio
A partir de ese momento, 9 de marzo de este año, comienza para la oposición unitaria una
carrera de obstáculos en la activación del RR. Estos obstáculos son cada vez más grandes y más
amenazantes; los va colocando el Régimen con periodicidad frecuente y están dirigidos a
desanimar, desestructurar y amedrantar a la militante y democrática oposición venezolana. Estos
obstáculos son, en realidad, una primera línea ofensiva de ataque del Régimen frente a la
inapelable decisión, que ya está en la mente y el corazón de la mayoría popular, de revocar el
mandato concedido al Presidente Maduro.
Nada le importa al Oficialismo que el Artículo 70º de la CRBV consagre al referendo
revocatorio como uno de los instrumentos claves de la participación y del protagonismo del pueblo
en ejercicio de su soberanía y que, en el Artículo 72º, se establezca que todos los cargos públicos
de elección popular son revocables. No toleran opiniones discrepantes de la oposición
democrática; tampoco admiten las que puedan surgir hacia el interior de partidos, organizaciones
o agrupaciones que se sienten cercanas al socialismo pero que discrepan de las políticas de Maduro
y de su entorno y de la prepotencia con la cual estos dirigen el poder. A los socialistas oficialistas
no les importan las consideraciones constitucionales, programáticas y principistas; les interesa tan
solo aferrarse al poder aun cuando deban hacer mofa y desconocimiento de los derechos
consagrados en la Carta Magna para defender las personas y las comunidades.
Esta primera línea de ofensiva del Régimen está pensada en la idea de posponer, impedir o
retrasar, deliberadamente, la fecha del referendo revocatorio. Se trata de que este no se realice, o
se realice tan tarde, de manera que sus resultados no tengan efecto en la sustitución del Presidente
actual de la Republica; vale decir, que sí, de alguna manera el referendo llegara a realizarse, se
haga cuando el Gobierno entre en los dos últimos años de su gestión política-administrativa.
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Debemos señalar, para que nos sirva de advertencia, ayuda y estímulo para fortalecer la
línea de oposición, que en el despliegue de esta primera fase, el Gobierno ha resultado exitoso en
su propósito nefando de retardar la fecha para la realización del referendo revocatorio.
En efecto, un trámite relativamente simple, nos referimos a este del 1%, que de acuerdo a
la Resolución Nº 070906-2770 ha debido aprobarse y resolverse en cuarenta días, cuando más, se
ha tomado, en manos del CNE, la bicoca de 144 días que transcurrieron entre el 9º de marzo y el
1º de agosto de este año. Para más precisión a este respecto citaremos de seguida la información
que nos trae el Dr. José Ignacio Hernández en su artículo ¿Qué viene ahora en el Referendo
Revocatorio? publicado el 2º de agosto pasado. Dice así a este respecto: “En la declaración de la
Presidente del CNE se indicó que ese Consejo había dado cumplimiento a los plazos previstos en la
Resolución N° 070906-2770. La realidad es muy distinta. Si sumamos todos los días, de acuerdo con
la Resolución, la fase del 1% ha debido tardar como máximo un total de 41 días. Sin embargo, desde
el 9 de marzo, cuando la MUD solicitó la planilla para recolectar las manifestaciones de voluntad,
hasta el 1° de agosto, el CNE tardó un total de 145 días. Esto significa que por cada día del lapso
legal, el CNE agregó tres días y medio más. La conclusión salta a la vista: el CNE incumplió los lapsos
correspondientes a la etapa del 1%”.
El único apuntamiento adicional que, en relación con el párrafo anterior debemos hacer, es
que no se trata solamente que el CNE incumplió los lapsos; el tema es que hay una estrategia
organizada con un propósito muy definido. Se trata de impedir, a todo riesgo, que se pueda
convocar el Referendo Revocatorio. Es una decisión planificada, orquestada y llevada adelante por
el poder electoral y el poder judicial, dirigidos desde el poder ejecutivo, para desconocer la
voluntad popular, arrinconar la Constitución y aferrarse con garras y dientes al poder para aplicarlo
a sus propios fines cualesquiera que ellos puedan ser.
Además, el Régimen ha abierto otras dos líneas ofensivas de ataque. Estas han sido
anunciadas por el Alcalde de Libertador Jorge Rodríguez quien, en esta tarea, ha estado
permanentemente asistido por Tareck El Aisamni, Diosdado Cabello, y Francisco Ameliach entre
otros. Por la primera, Jorge Rodríguez anuncia, dice hablar en nombre del PSUV y del Gran Polo
Patriótico, que él como la Dra. Lucena, a través del Ministerio Publico, procederá a acusar de fraude
a los actores políticos que intervinieron en esta primera fase del proceso del revocatorio. Por la
segunda ha anunciado, asimismo, que solicitará al CNE que declare la nulidad de la inscripción de
la MUD como partido político.
Frente a tales desaguisados y exabruptos las fuerzas opositoras han reaccionado con
sutileza y firmeza. Han anunciado que seguirán en su tarea, que fortalecerán la vía de la protesta
popular y que arreciarán su campaña para que sea posible que se exprese con claridad la voz de la
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voluntad nacional en el revocatorio. Han decidido seguir empujando el referendo revocatorio por
cuanto lo entienden como la certeza de la sustitución del gobierno mediante procedimientos
democráticos y constitucionales.
Los venezolanos han dado, en esta primera fase de la recolección del 1% de las firmas,
cumplimiento a las normas constitucionales y han llegado hasta el extremo de procurar atender
los sospechosos requerimientos de las autoridades electorales; su paciencia, no obstante, está
llegando al límite de la tolerancia.
Segunda Fase en el Referendo Revocatorio
Una vez concluida la recolección del 1% de las firmas, ya han comenzado a correr los lapsos
para la segunda fase. Se trata, ahora, de la recolección de firmas en un número no menor del 20%
de electores y electoras, inscritos en la circunscripción nacional; esto será suficiente para solicitar
la convocatoria del referendo necesario para revocar el mandato del Presidente de la Republica.
Esta fase está demostrando ser, probablemente, la más crucial de este complejo proceso en el cual
el régimen está demostrando su desprecio por la voluntad popular hasta el extremo que, cada día
que pasa, disminuye más su prestigio, la cota de apoyo que alcanza ahora es mínima y los niveles
de desaprobación de su gestión, de sus liderazgos y de sus políticas tiende a elevarse como reacción
a los disparates que cometen desde las alturas del poder.
De acuerdo a la resolución, que hemos citado, ésta segunda fase deberá consumir
aproximadamente no más de treinta y ocho días. Es decir que deberá haber concluido para el nueve
de setiembre próximo. En estas semanas que vienen, la oposición jugará una apuesta muy fuerte.
Debe seguir incansablemente la convocatoria de la voluntad popular, realizar mítines, reuniones
nacionales e internacionales, jornada de concertación y de acuerdos internos. Al mismo tiempo
debe poner a punto las maquinarias políticas en cada estado para que procedan a actuar con ilusión
y alegría en el proceso de recolección de firmas.
En los momentos en que revisábamos la versión final de este Documento, dirigido a la
oposición venezolana, ha salido al aire la declaración de Tibisay Lucena en relación con la definición
de la fecha para la recolección de las firmas del 20% del Padrón Electoral.
Fue una larga y complicada intervención. Carente de bases políticas y de metodología
expositiva, Creemos que, con seguridad, la hizo ininteligible con propósito deliberado. Parecía
actuar como un agente del PSUV y no como Magistrada de uno de los poderes del estado. Sus
conclusiones, en esencia, sirvieron para ratificar que el régimen está decidido a impedir la
realización del referendo revocatorio y, en consecuencia, la manifestación de la voluntad popular.
Tal es nuestra tesis en este Documento.
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El CNE decidió retrasar por un lapso de 51 días, sin apoyo en ninguna norma constitucional
ni tan siquiera académica, el acto de convocatoria para recolectar el 20% de las firmas. Este evento,
de acuerdo con las propias normas emitidas al respecto por el CNE, ha debido pautarse para el 9,10
y 11 de setiembre; sin embargo, la Rectora, junto a su equipo, ha decidido diferirlo para,
aproximadamente, el 30 de octubre. Empleamos esta última expresión por cuanto la Rectora no
estableció, creemos que esto es también deliberado, una fecha precisa para la recolección de las
firmas mencionadas. La estrategia de impedir el referendo y de impedir, al mismo tiempo, que se
manifieste la voluntad popular sigue el ritmo previamente acordado entre los actores políticos
básicos del régimen.
La oposición sostiene que estas actitudes son maniobras antidemocráticas y anti populares.
El referendo revocatorio puede hacerse en este año del 2016; la recolección del 20% de las firmas
puede hacerse antes de la fecha anunciada por la Rectora porque ello: “Es técnicamente posible,
políticamente pertinente y porque es socialmente indispensable”. El referendo está en manos de
la gente y la recolección será masiva. Por este mismo motivo la oposición afirma que mantendrá la
convocatoria a manifestar el 1 de septiembre.
La oposición informa, además, que el CNE ha dirigido en el cercano pasado casos de
convocatorias electorales con lapsos menores a los cuarenta días para la realización de todo el
proceso. Señalan, como ejemplo, la elección del actual Presidente y la auditoría y cuantificación de
las firmas recogidas por el PSUV para rechazar el decreto de Obama de Abril del año 2015 y que
fueron presentadas ante el CNE el 9 de ese mismo mes.
En este último evento, la Rectora Lucena recibió las cajas que contenían las firmas recogidas
para tal propósito a las 9 am y a solo tres horas más tarde anunció, con estentórea y potente voz,
que su Institución, el CNE, había auditado todo el material y validaba como legitimas nada menos
que el 98,3% de las firmas las que, según ella, llegaban a aproximadamente diez millones de
personas.
La pregunta es obvia: Si en aquella oportunidad el CNE fue tan eficiente, tan excelente en
el cumplimiento de sus tareas, ¿qué le impide hacerlo tan rápido, en el caso del referendo
revocatorio, como lo hizo entonces?
De estas breves observaciones se desprenden la politiquería, las maniobras, el
desconocimiento de la voluntad del pueblo, el cinismo y la cara dura con que manejan los
magistrados electorales las urgentes e importantes atribuciones que la Ley les confiere.
En todo caso, en el desenvolvimiento de esta lucha, la oposición debe estar atenta a que
solo dispone de tres días para realizar esta recogida de voluntades que roza las cuatro millones de
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firmas. Debe estar atenta a que el Gobierno no minimice el número de máquinas de votación, ni
de centros electorales que se requieren para que este proceso pueda ser realizado. Debe estar
prevenida para impedir que, durante esos tres días, se coloquen alcabalas, obstáculos en las vías,
se creen situaciones conflictivas todo ello en orden de detener, ralentizar o disminuir el número de
ciudadanos que desee asistir a los centros de votación para consignar su voluntad de apoyar la
convocatoria del referendo. En fin, ejecutar con persistencia y vocación una intensa, ardua,
agotadora jornada política de la cual podrá salir airosa la idea democrática, la voluntad popular y
la esperanza de comenzar un cambio profunda hacia una democracia integral, progresista,
eficiente y liberadora.
A estas alturas es conveniente señalar que, de tener resultados favorables en la segunda
fase del proceso del revocatorio, quedan aún por delante otras y muy complejas etapas: La fijación
de la fecha para el referendo, las condiciones para la campaña electoral. Más allá de estos eventos,
de ser aprobado el referendo revocatorio, resta encargarse, el Presidente de la Asamblea Nacional,
provisionalmente de la Presidencia de la Republica; debe procederse de inmediato a la
consiguiente elección de los candidatos a competir por la magistratura presidencial; esta elección
es inescapable ya que, la aprobación del revocatorio del mandato, equivale, según el Artículo 233º
de la CRBV, a la ausencia absoluta del Jefe del Estado. Quien resulte electo ejercerá la Presidencia
de la Republica hasta la finalización del mandato constitucional.
¿Qué podemos hacer frente a estas realidades?
Debemos reflexionar sobre que opciones tiene abiertas la oposición frente a esta estrategia
oficialista, constituida por las tres líneas ofensivas de ataque que hemos analizado.
No la tiene fácil la oposición democrática. Su rango de acción está claramente acotado por
la Constitución, por su fe democrática y por su carácter pacífico. Dentro de ese espacio bien
delimitado queda, eso nos parece, agotar algunas líneas tácticas que pueden probablemente rendir
un óptimo fruto. Así en el plano del clima político polarizada y efervescente del país ella podrá:
i. Redoblar sin cansancio, con optimismo, con ideas originales la movilización en la calle de
sus efectivos democráticos. Calle y más calle es una buena fórmula para expresar esta idea.
Se trata de mantener a los ciudadanos en un reclamo constante, pacífico y apegado a la Ley
para defender el derecho, elemental y simple en una democracia, de que se pueda expresar
la voluntad popular. El acto convocado por la MUD para el 1º de setiembre es una buena
oportunidad para calibrar la capacidad de movilización de esa Institución y para medir el
grado de apoyo, calor y compromiso de los ciudadanos en la defensa de la democracia y en
el sueño de una nueva administración que desarrolle una economía sana y productiva.
ii. La oposición, MUD y sociedad civil, deben enviar de inmediato y con urgencia múltiples
comisiones constituidas por sus dirigentes principales para que visiten América Latina, los
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Estados Unidos, México, Canadá, la Unión Europea, sus principales capitales y los órganos
comunitarios, la Republica Rusa, Japón, la República Popular China, la India, las principales
naciones del África, Oceanía etc. Se debe llevar un mensaje breve, claro, contundente
acerca de lo que está aconteciendo en esta afligida Venezuela. De la misma manera debe
declararse un trabajo permanente de contacto con todas las Misiones Diplomáticas
acreditadas en Venezuela; informar a sus embajadores, proveerlos de material impreso,
estar prestos a evacuar consultas y preguntas. Todo dirigido a que este mundo diplomático
clave esté al día informado, y en capacidad de elaborar informe y juicios, sobre la situación
política real de la República con fundamento y verosimilitud.
iii. Plantear al Gobierno realizar al menos tres debates, transmitidos por todos los medios de
comunicación social del país, entre el Presidente de la Republica y quien la MUD escoja a
este respecto para representarla. En ellos se dialogará sobre la conveniencia o la no
conveniencia de convocar el referendo revocatorio y sobre cualquier otro tema que los
partes estimen útil y conveniente. Dada la capacidad dialéctica que ha demostrado el
Gobierno, esta sería una excelente oportunidad para que este pudiera avanzar hacia el
convencimiento a los ciudadanos que sus tesis, para detener y ralentizar el referendo
revocatorio, son correctas. La MUD tendrá, por supuesto, la opción alternativa. Sería un
hecho histórico ver, oír y analizar debates tan extraordinarios y oportunos.
iv. Intensificar una poderosa ofensiva dirigida a realizar foros, conferencias, exposiciones
sobre el referendo revocatorio con académicos, universidades, asociaciones, gremios,
estudiantes, jóvenes, mujeres, trabajadores y, en general, con la sociedad civil. El propósito
es organizar los cuadros y fortalecer con éxito al referendo revocatorio como la más sencilla,
rápida, incruenta, pacífica y constitucional vía disponible en el país para realizar el cambio
del gobierno que tenemos.
v. Proponer e impulsar una ronda de conversaciones abiertas, francas, esclarecedoras con
aquellas instituciones y personalidades que, estando ubicados en la esfera socialista,
pueden tener discrepancias tácticas con el Régimen del Presidente Maduro. Escucharse
mutuamente, conocerse, aprender a entender opiniones divergentes es una excelente
experiencia en cualquier actividad humana en especial en la acción política que es, al fin y
al cabo, la que tiene como propósito servir al Bien Común.
Por otro lado a la MUD, sugerimos, tomar algunas otras medidas, dirigidas hacia el
interior de esa organización, que tiendan a fortalecerla y, al mismo tiempo, a hacer más
viable, pese a las estrategias del Régimen, la viabilidad política del referendo revocatorio.
Dentro de este aspecto sugerimos:
vi. Potenciar la unidad de criterios en la MUD. Todos sus partidos, sus líderes y sus militantes
deben empujar en la misma dirección: La del referendo revocatorio.
vii. Posponer, en cuanto sea posible, las naturales y legítimas aspiraciones hacia presidencias,
gobernaciones, cuerpos legislativos y alcaldías. Todo esto está bien cercano en el tiempo.
Pero nada se pierde, por el contario mucho se gana, si la MUD logra concentrarse en el
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referendo revocatorio y tiene ella y las instituciones que la conforman la grandeza histórica
de posponer aquellas aspiraciones y arrimarse en racimo al indispensable éxito del
revocatorio.
viii. La MUD debe activarse con toda fuerza hacia fortificar sus relaciones con la sociedad civil.
Nadie mejor que ella ni tan capacitada, para llevar adelante una profunda campaña que
despierte simpatías y comprensión por esa compleja medida estratégica de activar el
referendo revocatorio.
Implicaciones electorales de la estrategia del Gobierno
El objetivo estratégico del Gobierno que, como venimos analizando, consiste en impedir, o
al menos ralentizar, la realización del referendo revocatorio hasta que su eventual aplicación no
tenga efectos sobre la necesidad de elegir un nuevo Jefe de Estado, posee un probable efecto
colateral que debe puntualizarse.
Se trata que, si el Gobierno tiene éxito en este propósito, ello equivale sin duda a arrinconar
la Constitución, anular en la práctica las disposiciones de la Carta Magna sobre el derecho popular
a la participación y al protagonismo e impedir que se exprese la voluntad del soberano en
elecciones libres y democráticas mediante el uso de manipulaciones y subterfugios. Cualquier
ciudadano tiene derecho a pensar, en consecuencia, que el Régimen puede aplicar estrategias
parecidas en cualquier otro proceso electoral que se avecine. En cualquier evento de esta
naturaleza el Gobierno va a ser derrotado. Es decir que estamos aproximándonos a una situación,
o entorno político, en el cual el Régimen podrá suspender cualquier proceso electoral si observa
que en él puede perder y si hacerlo está dentro de sus rangos de operatividad.
Apuntamos, como es lógico, a que en Diciembre de este año, y según lo señala el artículo
160º de la CRBV, deben realizarse elecciones para la renovación de los gobernadores de cada
estado del país. Obviamente existen diferencias muy importantes entre la elección de
gobernadores y la realización de un referendo revocatorio, pero no hay duda alguna sobre la
similitud en un punto básico: Ambos eventos consagran la voluntad del soberano, la voluntad
popular, como el elemento crucial de decisión de escogencia para los magistrados que han de
dirigir el estado. Dado, toda la argumentación que en este tema estamos desarrollando, los
ciudadanos pueden, y tienen el derecho a preguntarse, si el Régimen estará por casualidad
pensando también en ralentizar o impedir este proceso electoral de los gobernadores de estado
en los que, como despliega hoy el clima político del país, el Gobierno será inevitablemente
derrotado. Esperamos sobre este punto, antes de hacer juicios adicionales, la respuesta de las
autoridades ejecutivas que hoy están dirigiendo los asuntos de la nación.
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Conclusión
Amigos de la oposición democrática, les deseamos éxito en las delicadas tareas que hoy
ejecutan a nombre del país. Que esto se refleje en un mejoramiento del clima político, en un
retroceso de la aguda polarización que hoy existe y en el retorno de la esperanza en que
superaremos esta terrible crisis que hoy se ha abatido sobre la nación.
Pedro Pablo Aguilar [email protected]