IMPLICACIÓN DELAPOLICÍA ENHOMICIDIOS ENGUATEMALA · IMPLICACIÓNDELAPOLICÍA ENHOMICIDIOSENGUATEMALA Índice:AMR34/010/2009 AmnistíaInternacional,diciembrede2009 7 Enenerode2008fueronhalladosloscadáveres

IMPLICACIÓNDE LA POLICÍAEN HOMICIDIOSEN GUATEMALA

Continúan denunciándose informes dehomicidios en Guatemala a manos depolicías o de grupos clandestinos en los queal parecer están implicados miembros o exmiembros de la policía. Los datos recogidospor otras organizaciones de derechoshumanos en los últimos años, como elCentro de Acción Legal en DerechosHumanos (CALDH), la Oficina de DerechosHumanos del Arzobispado de Guatemala(ODHA) y Seguridad en Democracia,indican que el número de estos homicidiospuede llegar a cientos cada año.

Los casos descritos en este documentofiguran entre los muchos homicidiosdenunciados a Amnistía Internacional enlos que están implicados policías, expolicías o –como en uno de los casos–soldados que llevaban a cabo tareaspoliciales.

Las circunstancias que rodearon a algunasde estas muertes indican que puede que sehaya tratado de homicidios ilegales ydeliberados llevados a cabo por orden delas autoridades o con su complicidad oaquiescencia, es decir, de ejecucionesextrajudiciales.

Muchas de las víctimas tienencaracterísticas similares. Son en su mayoríajóvenes y muchas han tenido contacto conel sistema de justicia penal y, o bien tienenantecedentes penales, o las fuerzas de

seguridad locales sospechan que estánimplicadas en actividades delictivas.Algunas parecen haber sido elegidas comovíctimas por estar relacionadas de algunaforma con personas sospechosas decometer delitos. La mayoría proceden dealgunos de los barrios más marginales ypobres de Guatemala.

Los propios homicidios suelen seguir unapauta determinada. Habitualmente loscadáveres de las víctimas aparecen enlugares aislados, como basurales,barrancos o predios baldíos. En muchoscasos tienen las manos atadas a la espalday muestran lesiones que podrían serconsecuencia de torturas. La mayoría hansido estranguladas o han recibido undisparo en la cabeza estilo tiro de gracia.

El lenguaje que utilizan los medios decomunicación, y en ocasiones lasautoridades, para describir estoshomicidios, que suelen calificarse comocrímenes de “limpieza social”, indica aveces una actitud de tolerancia e incluso deapoyo hacia ellos. El hecho de que no seinvestiguen eficazmente de inmediato, oincluso en algunos casos que no se realiceninguna investigación significativa, indicacierta aquiescencia por parte de algunosfuncionarios. También demuestra elincumplimiento por parte de las autoridadesguatemaltecas de su obligación de protegerel derecho a la vida y poner a disposición

IMPLICACIÓN DE LA POLICÍAEN HOMICIDIOS EN GUATEMALA

Amnistía Internacional, diciembre de 2009 Índice: AMR 34/010/2009

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“LOS GUATEMALTECOS SON CONSCIENTES DE LOS PROBLEMASA QUE SE ENFRENTA SU PAÍS Y DE LAS POLÍTICAS QUE PUEDENADOPTARSE PARA MEJORAR ESOS PROBLEMAS [...]. LA CUESTIÓNQUE SE PLANTEA ACTUALMENTE NO ES QUÉ DEBE HACERGUATEMALA SINO MÁS BIEN SI ESTÁ DISPUESTA A HACERLO.”Informe del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, febrero de 2007

©AP/PAPhoto/MoisesCastillo

judicial a los responsables de violarlo, talcomo dispone el derecho internacional delos derechos humanos.

Es habitual que se produzcan grandesretrasos en las investigaciones, que no serecojan pruebas o testimonios y que losfuncionarios sean reacios a proporcionar alos fiscales la información que solicitan. Laconsecuencia de todo ello ha sido unaimpunidad generalizada de losresponsables de los homicidios. Inclusocuando hay sólidas declaraciones detestigos presenciales sobre la presuntaparticipación de la policía en los homicidios,es raro que se inicie un proceso. Laausencia de una protección eficaz para lostestigos es otro gran obstáculo para laeficacia de la investigación y elprocesamiento.


Índice: AMR 34/010/2009 Amnistía Internacional, diciembre de 2009

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Cadáveres de siete presuntos miembros de unabanda encontrados en Ciudad de Guatemala el9 de febrero de 2006. Algunos aspectos de losasesinatos, al estilo de ejecuciones, recordabanlos crímenes perpetrados por los “escuadronesde la muerte” en la década de 1980.Portada: Un perito examina uno de los cuerposde dos adolescentes cuyos cadáveres mutiladosse encontraron junto a una carretera en Ciudadde Guatemala, 13 de agosto de 2005.© AP/PA Photo/Rodrigo Abd

CASO 1Según los informes, en febrero de 2007 testigospresenciales vieron cómo introducían a la fuerzaen un vehículo patrulla policial a Carlos López,de 15 años, en un barrio del sudoeste de Ciudadde Guatemala. Según tres testigos residentes enla calle cercana a la comisaría local por la queCarlos iba andando para ir a ver a su novia,unos policías lo secuestraron. La familiainmediatamente dio la voz de alarma. El mismodía en que Carlos López desapareció, sedirigieron a una organización guatemalteca dederechos humanos, la Oficina de DerechosHumanos del Arzobispado, que los ayudó apresentar las denuncias ante el MinisterioPúblico y el departamento de asuntos internosde la policía. Sin embargo, los testigos senegaron a asistir a una rueda de identificaciónpara identificar a los agentes sospechososargumentando que temían por su vida. ElMinisterio Público archivó el caso. La familia deCarlos López no volvió a verlo nunca. Su destinoy su paradero nunca se han aclarado.

En este documento se han suprimido losnombres reales de las víctimas y los detallesde las circunstancias de los homicidios paragarantizar la seguridad de familias ytestigos.

UNA RESPUESTAINADECUADA A LASITUACIÓN DE LASEGURIDAD PÚBLICAGuatemala sigue teniendo una elevada tasade delitos violentos, como el homicidio. Elgobierno guatemalteco ha reconocidomuchas veces ante los medios decomunicación la gravedad de la situaciónde la seguridad pública. Al informar en2008 de sus actividades durante el añoanterior, la Oficina del Alto Comisionado dela ONU para los Derechos Humanos enGuatemala reconoció que el país seenfrentaba a una situación crítica deseguridad pública. En su informe de 2007tras la visita que realizó a Guatemala, elrelator especial de la ONU sobreejecuciones extrajudiciales, sumarias oarbitrarias destacó no sólo el nivel deviolencia, sino también las pruebas deimplicación policial en estos delitos:

“Guatemala se ve asolada por una serie defenómenos violentos, entre los que cabecitar la limpieza social, la ola imparable deasesinatos de mujeres, los linchamientos,los homicidios de personas por su identidadu orientación sexual, el asesinato dedefensores de los derechos humanos y laviolencia en las cárceles. En algunos casos,la responsabilidad recae directamente

sobre el Estado. Hay indicios muy sólidosde que ciertos incidentes de limpieza social,como la ejecución de miembros de bandas,de sospechosos de haber cometido delitos yotros “indeseables” son obra de miembrosde la policía.”

El informe de 2007 del relator especialtermina con una serie de recomendaciones,entre ellas:

� Pedir a todos los niveles del Gobiernoque rechacen categóricamente lasejecuciones de sospechosos y demáspersonas consideradas socialmenteindeseables como estrategia para garantizarel orden y disminuir la delincuencia.

� Pedir a las autoridades la reforma yampliación del sistema de justicia penal, enparticular de la Policía Nacional Civil y elMinisterio Público, para investigar yenjuiciar los asesinatos de manera eficaz.

� Pedir a Guatemala que acepteplenamente el alcance de laresponsabilidad estatal en virtud delderecho internacional y adopte las medidasnecesarias, aunque sean onerosas, paraluchar contra la delincuencia de maneraeficaz y justa.

� Pedir al Congreso que promulgue lalegislación necesaria para poner en

marcha la Comisión Internacional contrala Impunidad en Guatemala (CICIG) y lalegislación en materia de seguridad quese precisa para materializar los Acuerdosde Paz.

� Pedir al Congreso que aumenteconsiderablemente los fondos asignados alas instituciones del sistema de justiciapenal.

� Pedir la creación, bajo la supervisión dela Oficina del Procurador de los DerechosHumanos (PDH), de un programaadecuado de protección de testigos quesatisfaga las necesidades y aplaque elmiedo de los testigos, y las víctimas, deviolaciones de derechos humanos en lasque está involucrado el Estado o personasinfluyentes.


©AmnistíaInternacional

La policía y los peritos examinan el cadáverde un joven descubierto en una zonadeshabitada en las afueras de Ciudadde Guatemala, junio de 2008.

En 2009, el relator especial publicó uninforme de seguimiento examinando laaplicación de las recomendaciones de2007. Señaló que se habían aprobado leyespara crear la Comisión Internacional contrala Impunidad en Guatemala (CICIG),consistente en una misión de las NacionesUnidas que ayudaría en la investigación y elenjuiciamiento de los delitos cometidos enel marco de la delincuencia organizada. Sinembargo, también afirmó: “El Estado siguesin investigar debidamente esas muertesprovocadas por la violencia ilícita ni dar unarespuesta apropiada. Las urgentes medidasque se requieren para mejorar lasinstituciones de justicia penal, la protecciónde los testigos, la asignación de recursospresupuestarios y la política fiscal no se hanpuesto en marcha.”

Según el artículo 107 del Código ProcesalPenal de Guatemala, el Ministerio Públicoes responsable de investigar y juzgar losdelitos, y marca la pauta a la policía, quedesempeña una función subordinada.Aunque todas las investigaciones caen bajoel control del Ministerio Público, la policíapuede iniciar investigaciones por propiainiciativa (artículo 112). Además, cuando setrata de hechos punibles perseguibles deoficio (es decir, en los que no haynecesidad de que un ciudadano privadopresente denuncia para que el MinisterioPúblico inicie una investigación, porejemplo, casos de homicidio), la policía

reunirá con urgencia las pruebas paraevitar la fuga de los sospechosos (artículo304). El sistema judicial decidirá despuéssobre los casos presentados por elMinisterio Público. La Oficina delProcurador de los Derechos Humanos esun organismo independiente financiado porel Estado cuyo papel es de vigilancia ysupervisión en lo referente al respeto de losderechos humanos.

Sin embargo, las instituciones encargadasde garantizar la justicia no son eficaces. Uninforme de 2005 elaborado por el MinisterioPúblico señalaba que la tasa de condenasen casos de homicidio era deaproximadamente del 1,98. En 2007, elrelator especial de la ONU sobreejecuciones extrajudiciales, sumarias oarbitrarias estimó esta cifra en un 1,4 porciento. En efecto, aproximadamente el 98por ciento de los homicidios que secometen en Guatemala quedan sin resolver.En un informe de 2007, la Oficina de lasNaciones Unidas contra la Droga y el Delitoseñaló que “en semejante clima deimpunidad, el efecto disuasorio de la ley esmínimo”.

Según el derecho internacional de losderechos humanos, Guatemala tiene laobligación de respetar y garantizar elderecho a la vida. Esto incluye garantizarque los agentes del Estado respetan esederecho y no cometen homicidios ilegítimos

y deliberados. Además, las autoridadesdeben llevar a cabo investigacioneseficaces y sin demora sobre los homicidioscuando éstos se cometen, sean lossospechosos agentes del estado oparticulares, y llevar a los responsables anteun tribunal competente para que seanjuzgados según las normas reconocidasinternacionalmente. No obstante, comomuestra la investigación de AmnistíaInternacional, las autoridadesguatemaltecas incumplen sistemáticamenteestas obligaciones.


©AP/PAPhoto/MoisesCastillo

Un policía vigila a cinco presuntos miembrosde una banda, Ciudad de Guatemala,14 de marzo de 2006.

Un día de mayo de 2006, Lidia Osorio y ManuelAguirre, de unos veinte años, iban en automóvilpor Ciudad de Guatemala. Todos los días hacíanel mismo recorrido: Manuel Aguirre recogía a sunovia en su domicilio por la mañana y la llevabaa su puesto de trabajo en un banco. El joven notenía empleo fijo y la policía sospechaba que sededicaba a la compraventa de automóvilesrobados. Unos 40 minutos después de salir de lacasa de Lidia Osorio, unos hombres, al parecerpolicías, ordenaron parar al vehículo y pidieron asus ocupantes la documentación del auto. No latenían, y uno de los hombres los insultó y losamenazó. Los presuntos policías se llevaron a lapareja, que nunca volvió a ser vista con vida.

Al no presentarse Lidia Osorio en su trabajo, unode sus compañeros telefoneó a sus padres ypreguntó por ella. Había testigos que habíanvisto cómo los presuntos policías daban el altoal vehículo y se llevaban a la pareja. Lasfamilias de Lidia Osorio y Manuel Aguirrecomenzaron inmediatamente su búsqueda porvarios departamentos policiales –la Unidad deAsuntos Internos, la División de InvestigaciónCriminal y la División de Atención a la Víctima–y comisarías locales. También se entrevistaroncon tres mandos de la policía en otras unidadesy se dirigieron a la Unidad Antisecuestros paradenunciar el caso. Sin embargo, los agentes deservicio se negaron a tramitar la denunciaporque habían pasado menos de 24 horas desdeel incidente. Las familias regresaron al díasiguiente para volver a presentarla.

A pesar de los alarmantes informes delsecuestro y de los desesperados esfuerzos de lasfamilias de las víctimas, el agente encargado dela investigación no entrevistó a los familiareshasta 28 horas después de la desaparición de lapareja. Realizó tres entrevistas en cinco días yconcluyó su informe preliminar afirmando que elautomóvil estaba a nombre de otra persona yque Manuel Aguirre tenía antecedentes penales.

Unos 10 días después de la última vez que sehabía visto a la pareja, el fiscal instructor delcaso escribió al director de la Policía –querecibió la carta tres días más tarde–preguntándole si en el punto donde habíanrecibido el alto Lidia Osorio y Manuel Aguirrehabía habido un puesto de control policial.Veinte días más tarde, el fiscal recibió larespuesta: en el puesto de control había habidoal menos 10 agentes de servicio, cuyos nombresse adjuntaban. A lo largo de los mesessiguientes, el fiscal envió cartas a diferentesorganismos oficiales para tratar de determinarsi la pareja había salido del país y para recabarinformación sobre los movimientos de suscuentas bancarias. Sin embargo, hasta tresmeses y medio después de la última vez que sevio a la pareja, el fiscal no entrevistó a tres delos agentes que habían estado en el puesto decontrol. Uno dijo que no recordaba si habíaestado allí o no, dado el tiempo transcurrido. Losotros dos admitieron haber estado en ese puestode control, pero dijeron que, justo en el momentoen que habían dado el alto a Lidia Osorio y

Manuel Aguirre y se los habían llevado, ellosestaban desayunando en un café cercano.

La mayoría de los esfuerzos de investigación delMinisterio Público se centraron en determinarlos detalles sobre la propiedad y el registro delautomóvil en el que viajaban Lidia Osorio yManuel Aguirre. Se averiguó que se trataba deun vehículo robado. La diligencia y la energíadedicadas a ese elemento de la investigacióncontrasta mucho con el retraso y la brevedad delos interrogatorios de los policías quepresuntamente habían estado en el puesto decontrol.

Seis meses después de la última vez que habíansido vistos vivos, en el puesto de control, loscadáveres de Lidia Osorio y Manuel Aguirrefueron encontrados por unos agricultores en unaautopista de una zona rural a cierta distanciade Ciudad de Guatemala. No se pudo determinarla causa de la muerte, ya que los cuerpos sehallaban en avanzado estado dedescomposición. Ambos llevaban la misma ropaque el día en que fueron secuestrados. Lasautopsias señalaron que ambos murieron pocotiempo después de la última vez que se los viocon vida en el puesto de control.



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CASO 2



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En enero de 2008 fueron hallados los cadáveresde Edward González, de 17 años, y de FreddyColindres, de 23. Estaban junto a la carretera,en una zona boscosa situada a poca distanciaen automóvil de la ciudad donde vivían y a unos30 minutos de Ciudad de Guatemala. Lasfotografías de los cuerpos muestran que ambospresentaban grandes contusiones y que habíansido estrangulados. Sus agresores les habíanatado una cuerda al cuello e insertado en ellaun pedazo de madera que, al girar, tensaba lacuerda. A ambos les habían disparado en lacabeza estilo tiro de gracia.

Sus familiares dijeron a Amnistía Internacionalque tanto Edward González como FreddyColindres estaban implicados en actividadesdelictivas y que al parecer pertenecían a unabanda que robaba teléfonos, motocicletas y, enocasiones, automóviles. Las familiasinformaron de que la noche anterior al hallazgode los cuerpos los dos amigos habían salido atomar tragos en su localidad. Al parecer seenzarzaron en una pelea con otro joven, quesalió corriendo. Edward González y FreddyColindres lo persiguieron hasta su casa y losvecinos salieron a la calle al oír el ruido. Segúnlos familiares, un grupo de personas residentesen la localidad golpearon a los dos jóvenes eintentaron lincharlos. Alguien llamó a lapolicía, que llegó poco después. Según lostestigos, los agentes afirmaron que llevarían alhospital en el vehículo policial a EdwardGonzález y Freddy Colindres, que estabansemiinconscientes. Nunca se los volvió a vercon vida.

A la mañana siguiente se encontraron suscadáveres. La autopsia reveló que llevabanaproximadamente ocho horas muertos. En unaentrevista con Amnistía Internacional, unos

cinco meses después de los homicidios, el fiscalinstructor del caso afirmó que los investigadoreshabían trabajado sobre la hipótesis de queEdward González y Freddy Colindres formabanparte de una banda de extorsionistas y queprobablemente habían muerto a manos deconductores de autobús o de camión en un actode represalia. El fiscal había archivado el caso yno estaban previstas más investigaciones. En elexpediente no había registros de entrevistas contestigos ni sospechosos y ni siquiera constabaque se hubiera intentado interrogarlos. Lasnotas no indicaban que se hubieran recogidopruebas, ni siquiera que se hubiera investigadoel caso de forma activa.

Al no haber abierto el Ministerio Público unainvestigación significativa sobre los homicidiosno hay pruebas que apoyen o refuten lasacusaciones. Sin embargo, los informesconcuerdan con otras denuncias de accionessimilares perpetradas por grupos implicados enel homicidio de sospechosos de actos delictivos.

Otros dos menores del mismo grupo de amigos,Juan, de 16 años, y Francisco, de 13, fueronsecuestrados por la policía en la mismalocalidad a comienzos de 2007. Sus cadáveresfueron encontrados días después en un barrio deCiudad de Guatemala.

Pocas semanas después del homicidio deEdward González y Freddy Colindres, la prensainformó de la muerte de otro presunto miembrodel grupo, Tomás Pérez, de 17 años. Junto a sucuerpo había una nota advirtiendo a otrosjóvenes que no delinquieran. El fiscal localinstructor del caso dijo a Amnistía Internacionalque había recibido información según la cual lapolicía podía estar implicada en los homicidios,pero no había investigado la denuncia. Afirmó

que los familiares no habían aportadoinformación alguna ni denunciado el caso.

Unas semanas después de la muerte de TomásPérez, otro miembro de la banda, Erick Quinto,de 17 años, murió tiroteado.

Ninguno de los seis homicidios ha sidoinvestigado, y sus autores permanecen enlibertad. Residentes de la localidad dijeron aAmnistía Internacional que en ella operaba ungrupo clandestino, formado por ciudadanosparticulares y policías en activo y jubilados, quemataba a las personas sospechosas de realizaractividades delictivas. Activistas locales dederechos humanos que han investigadohomicidios en la zona confirmaron estainformación. A pesar de las numerosasdenuncias de la implicación de este grupo en loshomicidios perpetrados en la localidad, lasautoridades no han tomado medidas visibles nisignificativas para prevenir o investigar estoshomicidios ni para procesar y castigar a losresponsables.

Es preciso efectuar urgentemente unainvestigación rigurosa e independiente paradeterminar las circunstancias de las muertes delas seis víctimas –Edward González, FreddyColindres, Juan, Francisco, Tomás Pérez y ErickQuinto– y poner a los responsables a disposiciónjudicial. También es fundamental que lasautoridades investiguen los informes según loscuales un grupo clandestino, que opera con elconocimiento y tal vez incluso la participaciónde miembros o ex miembros de las fuerzas deseguridad, es responsable del homicidio demuchos jóvenes de la localidad. Las autoridadestambién tienen la obligación de asegurarse deque no hay más homicidios y de que sus autoresson puestos a disposición judicial.

CASO 3

Ricardo Valdez, joven de unos veinte años, quequería estudiar derecho, fue presuntamentedetenido en agosto de 2007 por una patrullamilitar cerca de su domicilio en Ciudad deGuatemala. En las proximidades del domicilio sehabía estacionado un destacamento militarpara ayudar a realizar tareas policiales en lazona. Ricardo había estado bebiendo con ungrupo de amigos del barrio y fue a comprar másalcohol para el grupo. Los testigos recuerdanque, mientras se dirigía a pie hacia un comerciode la zona, se paró a hablar con una mujer, yque entre Ricardo Valdez y la familia de la mujerse produjo una confrontación. Alguien llamó a lapatrulla militar, que estaba en las proximidades.Los solados entraron en la casa de la mujer ycomenzó una pelea. Después se vio cómo sellevaban a Ricardo Valdez en una camionetautilizada por los militares.

Algunos testigos dijeron a AmnistíaInternacional que la camioneta simplemente sefue de allí. Otros aseguran que vieron cómo, trasrecorrer una corta distancia, tiraron desde ella aRicardo Valdez, que fue recogido poco despuéspor unos hombres que conducían un automóvilsin distintivos. De lo que no cabe duda es deque a Ricardo no se le volvió a ver con vida.

Al día siguiente, unos agricultores descubrieronsu cadáver en un campo. Estaba atado de pies ymanos y le habían disparado seis veces. Elforense registró heridas de bala en la cabeza, elojo derecho, el cuello, el tórax, la rodillaizquierda y la derecha, además de abrasiones enla cara, el hombro y el muslo y contusiones enmuchas otras partes del cuerpo. Dos de lasheridas de bala tenían restos de pólvora en elorificio de entrada, señal de disparos abocajarro.

La investigación sobre el homicidio de RicardoValdez ha avanzado lentamente. Dos meses ymedio después de su muerte, los investigadoresde la policía entrevistaron a un oficial de launidad a la que presuntamente pertenecía lacamioneta vista por los testigos. El oficial, aquien no se acusaba de haber formado parte dela patrulla que actuó esa noche, afirmó que norecordaba el suceso y que todas las personas dela unidad que presuntamente habían estado depatrulla ese día habían sido trasladadas adiferentes lugares del país.

Diez meses después de la muerte de RicardoValdez, Amnistía Internacional supo que el fiscalinstructor no había recibido información sobre laidentidad de los soldados que presuntamentehabían estado de patrulla en la zona esa nocheni sobre el automóvil patrulla, a pesar de susreiteradas peticiones a los oficiales pertinentes.En marzo de 2009, transcurridos 18 meses trasel homicidio, se pidió una orden judicial paraque el Ministerio de Defensa proporcionara lainformación solicitada. A septiembre de 2009, elMinisterio aún no ha entregado la información.

La orden judicial y el hecho de que lainvestigación está abierta significan que esposible que se produzcan avances en laidentificación de sospechosos. Sin embargo,dadas las contradicciones entre los testimoniosde varios testigos, las pruebas materialesresultan especialmente importantes en estecaso. Pero pueden resultar difíciles de conseguiren la camioneta, en el caso de que ésta seaidentificada, dado el tiempo transcurrido desdeel homicidio. No obstante, la familia de RicardoValdez sigue siendo optimista y espera quealgún día se hará justicia y quienes mataron asu hijo serán llevados ante los tribunales.

Cadáveres de dos presuntos miembrosde una banda, Ciudad de Guatemala,1 de junio de 2006.



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©AP/PAPhoto/SandraSebastian

CASO 4



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UN LEGADO DE VIOLENCIALa tasa de delitos violentos en Guatemala esmuy elevada, y el número de homicidiosregistrados se ha incrementado durante losúltimos cinco años. Según el Ministerio delInterior, hubo 6.292 homicidios en 2008, loque equivale aproximadamente a 49homicidios por cada 100.000 habitantes.

En los últimos 15 años aproximadamente,por toda América Central y Estados Unidoshan brotado bandas callejeras conocidascomo maras. Muy implicadas en lacomisión de delitos, las maras estánformadas sobre todo por adolescentes yjóvenes de ambos sexos. Los estudiosindican que surgieron de la población queemigró a Estados Unidos para escapar delos conflictos armados de Centroamérica enla década de 1980 y que posteriormentefue expulsada a Centroamérica en ladécada de 1990. Al volver de EstadosUnidos, algunos de los jóvenes seencontraron ante una cultura que les eraajena y buscaron la compañía de otros ensu misma situación. Estos grupos fueron labase de las maras. Se calcula que en 2005el número de personas pertenecientes abandas en Guatemala era de 14.000, y secree que la cifra ha aumentado desdeentonces.

Otro importante factor que contribuye a lasituación crítica que atraviesa la seguridadpública en Guatemala es la abundancia delos denominados “grupos clandestinos”.Estos grupos son más bien redes delictivasen las que participan miembros y exmiembros del ejército y la policía, el sectorempresarial, las empresas de seguridadprivada, delincuentes comunes y miembrosde bandas. Son el caldo de cultivo de ladelincuencia organizada y se hanintroducido en las estructuras del Estado,donde son capaces de utilizar sus puestos ycontactos para controlar lucrativasactividades ilegales y asegurar suimpunidad. Estos grupos clandestinostienen su origen en los grupos paramilitaresy parapoliciales creados durante el conflictoarmado interno de Guatemala (1960-1996)para integrar y apoyar a las unidades deinteligencia y otras unidades especiales delejército que operaban con impunidad fuerade la ley. Estos “escuadrones de lamuerte”, formados normalmente pormilitares fuera de servicio, recibían de sussuperiores la orden de ejecutar adeterminados individuos considerados “elenemigo”, como por ejemplo dirigentessindicales o activistas de la oposición.Cuando el conflicto armado interno llegó asu fin, estos grupos, que siguierondisfrutando de impunidad y ejerciendo un

considerable poder, no se disolvieron yhasta la fecha el Estado no ha emprendidoninguna iniciativa seria para exigir cuentasa los responsables de estas gravesviolaciones de derechos humanos.

Se calcula que unas 200.000 personasfueron ejecutadas extrajudicialmente osometidas a desaparición forzada durante elconflicto armado interno de Guatemala. Dosinvestigaciones fundamentales sobre lasgraves violaciones de derechos humanosperpetradas en los años del conflicto, la dela Oficina de Derechos Humanos delArzobispado de Guatemala, de 1998, consu Informe de Recuperación de la MemoriaHistórica y la Comisión para elEsclarecimiento Histórico, auspiciada por laONU en 1999, con su informe Guatemala,memoria del silencio, llegaron a laconclusión de que el ejército guatemaltecoy sus aliados habían sido responsables dela inmensa mayoría de los abusos, incluidasdesapariciones forzadas, ejecucionesextrajudiciales y torturas. Entre muchasotras violaciones de derechos humanos, laComisión para el Esclarecimiento Históricorecopiló testimonios y documentacióndetallados sobre 23.671 casos de víctimasde ejecución arbitraria y 6.159 casos dedesaparición forzada. La Comisión calculóque las fuerzas gubernamentales y los

grupos paramilitares asociados fueronresponsables del 92 por ciento de lasejecuciones arbitrarias y del 91 por cientode las desapariciones forzadas. Hasta lafecha, los tribunales guatemaltecos handictado sentencia condenatoria en menosde cinco de estos casos de gravesviolaciones de derechos humanos, y losprocesados han sido sólo militares de bajagraduación. Ningún militar de altagraduación o alto cargo ha sido puesto adisposición judicial por ordenar, planificar ollevar a cabo las numerosas y sistemáticasviolaciones de derechos humanos de lasque fueron responsables.

Durante el conflicto armado interno, lamayoría de las víctimas de homicidios ydesapariciones fueron personas de quienesse sospechaba que simpatizaban congrupos armados de oposición. Sin embargo,también se ha denunciado el homicidio depersonas debido a su origen social o a quese las consideraba vinculadas a ladelincuencia.

En 1999, la Corte Interamericana deDerechos Humanos emitió su fallo en elcaso de cinco niños de la calle que habíanmuerto a manos de agentes de policía. LaCorte sentenció que Guatemala habíaviolado el derecho a la vida y la integridadpersonal, las garantías judiciales y losderechos del niño. En el fallo se afirma:

“En la época en que sucedieron los hechos[1990], existía en Guatemala un patróncomún de acciones al margen de la ley,perpetradas por agentes de seguridadestatales, en contra de los “niños de lacalle”; esta práctica incluía amenazas,detenciones, tratos crueles, inhumanos ydegradantes y homicidios como medio paracontrarrestar la delincuencia y vaganciajuvenil”.

Amnistía Internacional ha investigado casosde ejecuciones extrajudiciales motivadas alparecer por el origen social de la víctima osus presuntas vinculaciones con ladelincuencia. En 1990, AmnistíaInternacional publicó el informe Guatemala:Ejecuciones extrajudiciales y violación delos derechos humanos de los niños de lacalle (AMR 34/037/1990), en el que sedocumentaban las ejecucionesextrajudiciales a manos de policías, latortura y el trato cruel, inhumano odegradante que sufrían los niños de la calle,así como la falta de atención médica, laintimidación generalizada y las amenazascontra los defensores y defensoras de losderechos humanos que se ocupaban deestos temas.

RESPONSABILIDADDEL ESTADO

En 1992, Guatemala ratificó el PactoInternacional de Derechos Civiles yPolíticos, y con ello aceptó voluntariamentela obligación vinculante de respetar ygarantizar el derecho a la vida, que incluyela obligación de investigar sin demora yeficazmente todos los homicidios.Guatemala ratificó también la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos en1978, que incluye igualmente la obligaciónvinculante de respetar el derecho a la vida.

Los Principios relativos a una eficazprevención e investigación de las ejecucionesextralegales, arbitrarias o sumarias, de laONU, disponen medidas que los gobiernosdeben tomar para prevenir las ejecucionesextrajudiciales, y también para llevar a cabosin demora investigaciones minuciosas eimparciales de los homicidios cuando haymotivos para pensar que puedan haber sidoperpetrados por funcionarios públicos u otraspersonas actuando en calidad de tales,instigados por ellos o con su consentimientoo aquiescencia. Los Principios establecentambién el deber de los gobiernos degarantizar que las personas que lainvestigación señala como participantes enlos homicidios sean puestas a disposiciónjudicial.

Barrio empobrecido de la capital, 2009.Ciudad de Guatemala tiene aproximadamente3 millones de habitantes, muchos de los cualesviven en barrios marginales.



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©CERIGUA



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A comienzos de enero de 2007, los hermanosJosé y Mario Orozco fueron secuestrados juntocon Luis Méndez, uno de los hombres quetrabajaban en su garage, situado en el norte deCiudad de Guatemala. Según testigos, unautomóvil policial se detuvo ante el garage y deél salieron varios agentes, algunos uniformadosy otros no, que entraron en el local y comenzarona golpear a los tres jóvenes. Después, losarrastraron hasta el vehículo policial yarrancaron. No volvió a verse con vida a ningunode los tres jóvenes.

Los testigos alertaron a las familias de losjóvenes y les informaron del número dematrícula del vehículo policial. Los familiares sedirigieron a la comisaría de policía local yhablaron con el agente al mando. Éste secomunicó por radio con los policías asignados alvehículo policial identificado por los testigos.Veinte minutos después, los agentes regresarony afirmaron que en el momento en que los tresjóvenes habían sido agredidos y detenidos ellosno estaban por la zona. El agente al mando dijoa los familiares que no se podía hacer nadamás. No se intentó investigar la denuncia desecuestro ni verificar las afirmaciones de losagentes.

La familia de los hermanos Orozco visitóhospitales y comisarías en un desesperado

esfuerzo por localizarlos. Consiguieron unaorden judicial exigiendo que la policíapresentara a los tres jóvenes ante un juez yjustificara su arresto o detención.

Al día siguiente, los familiares supieron por losmedios de comunicación que los cadáveres dedos jóvenes habían aparecido en una autopista,a una hora de distancia de la ciudad deGuatemala. Los cuerpos, que presentabanseñales de haber sido golpeados, fueronidentificados como los de Mario Orozco y LuisMéndez. El informe de la autopsia indicó comocausa de la muerte “asfixia porestrangulamiento”. Tras identificar loscadáveres en el depósito, familiares y amigosregresaron a la zona a buscar a José Orozco,cuyo cuerpo nunca fue encontrado.

La investigación sobre este secuestro conhomicidio no ha dado hasta ahora resultadoalguno. Según supo Amnistía Internacional, nose practicaron pruebas periciales en el vehículopolicial para determinar la presencia de pruebasque indicaran si los tres hombres habían estadoen él, ni se trató de verificar la versión de losagentes presuntamente implicados. Al nohaberse llevado a cabo una investigación eficazen esta etapa crucial de la instrucción, el casoestá estancado y será mucho más difícil poner alos responsables a disposición judicial.

A pesar de las obligaciones de Guatemalaen virtud del derecho internacional de losderechos humanos, y de las medidasconcretas recomendadas en los Principios,los sucesivos gobiernos han demostradouna falta de voluntad política para investigarlas presuntas ejecuciones extrajudicialesllevadas a cabo durante el conflicto armadointerno o tras su terminación. La propiaConstitución guatemalteca establece que elderecho internacional de los derechoshumanos es vinculante, y su Código Penalprohíbe las ejecuciones extrajudiciales. Sinembargo, un marco legal nacional no essuficiente por sí sólo si no va acompañadode una clara voluntad política de prevenir ycastigar los homicidios deliberados yarbitrarios.

Amnistía Internacional cree que es precisotomar en serio estos homicidios y lasdenuncias de la implicación, la complicidado la aquiescencia de los miembros de lasfuerzas de seguridad, en particular lapolicía. Las autoridades tienen la obligaciónde garantizar que los homicidios seinvestigan sin demora y de forma eficaz,imparcial y exhaustiva, y que losresponsables son puestos a disposiciónjudicial. Hasta ahora han incumplidoclaramente estas obligaciones.

CASO 5

Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,2 millonesde personas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña paraacabar con los abusos graves contra los derechos humanos.

Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan detodos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal deDerechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.

Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económicoy credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con lascontribuciones de nuestra membresía y con donativos.

Diciembre de 2009Índice: AMR 34/010/2009

Amnistía InternacionalSecretariado InternacionalPeter Benenson House, 1 Easton StreetLondon WC1X 0DW, Reino Unido

Edición en español a cargo de:EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)Valderribas, 1328007 Madrid. España

www.amnesty.org

ACTÚA YA

Escribe al presidente Álvaro Colom:

� Expresando tu preocupación por el númerode homicidios de jóvenes y niños encircunstancias que parecen indicar que hansido ejecutados extrajudicialmente y en lasque los testigos afirman que participaronagentes de policía.

� Expresando tu preocupación por que, apesar de los esfuerzos de varios paísesdonantes, de expertos en derechos humanosinternacionales y nacionales y de agencias dela ONU, prácticamente no se está avanzandopara poner freno a estos abusos.

� Afirmando que, como jefe de Estado, es elresponsable de garantizar que los miembrosde la policía u otras fuerzas de seguridadimplicadas en operaciones policiales no setomen la justicia por su mano y no perpetren,fomenten, aprueben o consientan violacionesde derechos humanos tales como homicidios.

� Afirmando que, como jefe de Estado,también es responsable de garantizar quesobre quienes abusan de su poder y cometenviolaciones de derechos humanos, o no seaseguran de que quienes están a su mandono las cometan, recae todo el peso de la leyy son llevados ante los tribunales para querespondan de sus crímenes.

� Pidiendo ser informado de los esfuerzosque su gobierno ha hecho para poner fin alos homicidios de jóvenes en Guatemala y ala participación en ellos de miembros de lasfuerzas de seguridad, en particular policías.

Lic. Álvaro ColomPresidente de la RepúblicaCasa Presidencial, 6ª Avenida, 4-18, Zona 1Ciudad de Guatemala, GuatemalaFax +502 2221 4423 o +502 2238 3579Tratamiento: Estimado Sr. Presidente

Escribe al fiscal general, pidiéndole que:

� Se asegure de que se investigan sin demoray de manera imparcial y eficaz todos loshomicidios y los presuntos casos de torturapresentados en este informe, así como otrosexpuestos por organizaciones nacionales dederechos humanos.

� Se asegure de que estas investigaciones seajustan a las normas establecidas en losPrincipios relativos a una eficaz prevención einvestigación de las ejecuciones extralegales,arbitrarias o sumarias, de la ONU.

Lic. José Amílcar Velásquez ZárateFiscal General de la Repúblicay Jefe del Ministerio Público8ª Avenida 10-67, Zona 1,Antiguo Edificio del Bancode los TrabajadoresCiudad de GuatemalaGuatemalaFax: +502 2411 9124 o +502 2411 9326Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal General

©Centrode

AcciónLegalenDerechosHum

anos(CALDH)

Jóvenes activistas de derechos humanos exigen en Ciudad de Guatemala justicia para las víctimas de los homicidios policiales, junio de 2009.

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IMPLICACIÓN DELAPOLICÍA ENHOMICIDIOS ENGUATEMALA · IMPLICACIÓNDELAPOLICÍA ENHOMICIDIOSENGUATEMALA Índice:AMR34/010/2009 AmnistíaInternacional,diciembrede2009 7 Enenerode2008fueronhalladosloscadáveres